INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 16 de febrero de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.

3. Que adiciona una fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

4. Que adiciona una fracción III al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

5. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de derechos de las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

6. Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de paridad de género, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

9. Que reforma los artículos 2o., 3o. y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

10. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.

11. Que reforma el artículo 90 a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Vivienda, para opinión.

12. Que reforma los artículos 28, 28-A y 28-B de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Vivienda, para opinión.

13. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

14. Que reforma los artículos 5o. y 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

15. Que reforma el artículo 234 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión.

17. Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Oaxaca, a revisar las actuaciones que integran la causa penal con perspectiva de género y se deje de revictimizar a María Elena Ríos, suscrito por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a incorporar en los libros de texto gratuitos y materiales didácticos la participación y contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia mundial y de México, suscrito por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos de la Ciudad de México, a retener las cuotas sindicales descontadas de la nómina de los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCiudad de México) a partir del 5 de junio del 2022 a la fecha, suscrito por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, en coordinación con la SRE, a realizar las acciones necesarias a efecto de que los toritos y la castillería pirotécnica del estado de México, sean elementos propuestos por México ante la Unesco para su inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez Garcia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y a la Semarnat, a través de la Conafor, a coordinarse en la implementación de un programa presupuestario permanente, para desarrollar la producción del cultivo de piñón en el país, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a diseñar e implementar un registro integral de productores agrícolas, con el objeto de contar con información precisa y actualizada del sector, que permita conocer las necesidades particulares de los productores, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE, a suscribir un programa para que nadie se quede sin medicamentos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a justificar los incrementos excesivos en las tarifas de peaje de la red federal de autopistas, asimismo, a garantizar los trabajos de rehabilitación de estas vías de comunicación y una revisión a los títulos de concesión a las empresas que las operan, suscrita por el diputado Jesús Fernando García Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a sancionar a toda aquella persona que consuma o tenga encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a diversas autoridades, a instrumentar las acciones necesarias para revisar el funcionamiento de los semáforos por los que transita ampliación de la línea 1 del Mexibus que conecta Ojo de Agua con el AIFA, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, relativo a publicar una Fe de erratas a la Declaratoria de utilidad pública, para la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4 y 6, publicadas en el DOF los días 4 y 10 de enero de 2023, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a realizar un operativo para prevenir abusos y violaciones a los derechos del consumidor durante la celebración del Carnaval de Mazatlán, a cargo del diputado Leobardo Alcántara Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a elaborar protocolos y campañas de visibilización que erradiquen la discriminación de personas LGBTTTIQA+ en el deporte y se promueva su inclusión, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Diversidad, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a fortalecer el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres del Inmujeres, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, a conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR y a la UIF, a investigar los presuntos delitos del orden federal cometidos por el C. Genaro García Luna, a fin de promover la procuración de justicia, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al INM, a hacer pública la forma de participación del venezolano Sady Loaiza en el rediseño de los libros de texto gratuitos, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al TEPJF, a designar preferentemente a personas indígenas en la integración de la Defensoría Pública Electoral y la titularidad de la misma, a cargo del diputado Alfredo Vázquez Vázquez y de la de diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, a realizar un procedimiento de verificación de cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, e implementación de medidas de seguridad, administrativas y técnicas, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotería Nacional, a emitir un billete conmemorativo de los 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, relativo a la crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal, a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para garantizar el abasto de medicinas y tratamiento para niñas y niños con cáncer, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y al estado de Morelos, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, a cargo de la diputada Jéssica Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a dar cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto, en materia de medicamentos genéricos, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2022, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Morelos, a tomar acciones sobre la protección a las y los periodistas que sufren ataques en dicha entidad, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar el acceso universal e ininterrumpido de la prueba de Tamiz metabólico neonatal, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a presentar las denuncias de hechos resultantes de los pliegos de observaciones emitidos a la UAM, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Colegisladora, a llevar a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se condena los actos criminales cometidos por la Guardia Nacional, contra niños el pasado 28 de enero de 2023, en el Municipio de Zempoala, Hidalgo, a cargo de la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales, a dar seguimiento a las denuncias con enfoque de género presentadas ante la Contraloría General, Abogacía General y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en Rectoría General de la UAM, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a realizar las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, relativo a la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a STPS y a la Secretaría de Salud, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer las campañas de salud mental en los centros de trabajo, principalmente en la plantilla laboral conformado por jóvenes, a fin de atender y prevenir el estrés laboral, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero, a realizar lo conducente, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato, a fortalecer la atención a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en la entidad, así como garantizar sus derechos consagrados en la ley, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos cuatro años, el ciberacoso contra las mujeres ha aumentado 5.1 por ciento. En 2017, 17.7 por ciento de las usuarias de internet aseguró haber sido víctima de ciberacoso, mientras que el porcentaje aumentó a 22.8 por ciento en 2021, de acuerdo a las estadísticas registradas del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Datos del Inegi a julio de 2022 señalan que del 36.7 por ciento de las mujeres que aseguraron ser víctimas de ciberacoso, casi la mitad, el 16.7 por ciento, corresponde a casos de suplantación de identidad.

La Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Son consideradas conductas que atentan contra la intimidad sexual

• Videograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento.

• Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico y plataforma digital.

Se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

En los últimos años, la difusión en las redes sociales de vídeos o fotografías íntimas de terceros ha aumentado considerablemente. Estas acciones, en ocasiones, se realizan sin pensar en el daño que se puede estar generando a un tercero, conocido o no, y sin saber que se está cometiendo un delito.

Tan sólo en 2017, 17.7 por ciento de las mujeres en México consultadas por el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) reportó haber sido víctima de acoso en redes sociales. Esta cifra se elevó a 24.2 por ciento para 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares.

De la población de 12 años y más usuaria de internet, 23.9 por ciento fue víctima de ciberacoso. La situación de acoso por internet más frecuente que experimentaron las mujeres fueron las insinuaciones o propuestas sexuales (40.3 por ciento)

De acuerdo con ONU-Mujeres, durante el contexto de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, la violencia digital por razón de género se ha agravado en contra de mujeres y niñas, afectando su desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos a la dignidad, la libertad de expresión, acceso a la información, la protección de datos personales y vida privada, así como, a la justicia.

Las medidas de resguardo y confinamiento, así como, el desarrollo de la vida escolar, laboral y social en línea, aumentaron el uso del internet entre 50 y 70 por ciento, afirma la ONU-Mujeres en el reporte “Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital. Lo que es virtual también es real”, por lo que la pandemia por Covid-19 es reconocida como “la primera gran pandemia en la era de las redes sociales”.

Por eso, esta iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Por lo expuesto someto a su consideración el presente

Decreto por el que se reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas conductas se sancionarán con una pena de seis a doce años de prisión y una multa de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2023.– Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. someto a consideración de la honorable asamblea la iniciativa con proyecto dedecretoque reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, en el delito de extorsión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, el delito de extorsión consiste al que sin derecho obligue a otra a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial. Dicho delito fue adicionado al Código Penal desde 1984.

Este delito ha venido a acrecentándose en nuestro país desde la primera década de este nuevo siglo XXI, cuando el acceso a la telefonía celular se amplió a un mayor número de sectores de la población, ya que los delincuentes comenzaron a utilizar esos aparatos de comunicación para contactar a sus posibles víctimas, mediante llamadas o mensajes de texto.

A través de la nueva comunicación vía celular, los delincuentes comenzaron a plantear supuestas situaciones de riesgo o peligro hacia la posible victima y/o familiares, tales que variaban de amenazar con algún daño físico o patrimonial, secuestros, detenciones de familiares a causa de un delito, así como actividades de organizaciones delictivas que “vendían” seguridad.

Luego los extorsionadores fueron evolucionando y comenzaron a utilizar argumentos menos agresivos, pero más elaborados; entre los que ahora se incluyeron supuestos premios obtenidos tras algún sorteo, campañas publicitaras e incluso, nombrar a funcionarios altruistas.

Posteriormente con la llegada de las redes sociales, los delincuentes aprovecharon el uso y contenido que se almacena en dichas plataformas digitales, para así poder obtener información, que les permite conocer el nivel socioeconómico de la posible víctima y su familia.

Esta situación ha facilitado el acceso de los delincuentes de poder conocer detalles personales y/o familiares de su posible víctima, como es el de saber el número de hijosque tiene y/o integrantes de su familia, lugar donde trabaja, su rutina diaria; con lo que un delincuente se hace de elementos suficientes para así poder realizar mediante amenazas o engaños, llamadas a sus víctimas en donde las obliga a realizar depósitos a cuentas de bancoo transferencias bancarias.

Extorsión y cobro por derecho de piso deja a delincuentes ganancias por 12 mil millones de pesos al año.

De 6.7 mil extorsiones en 2018 pasó a 8.8 mil extorsiones en 2021 y en mayo de 2022 se sobrepasaron mil extorsiones solamente en un mes.

A la par del crecimiento del delito de extorsión, también las encuestas han reiterado desde hace más de 20 años, que el tema de la seguridad pública es el mayor reclamo de los mexicanos.

En diciembre pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ciudadana Rosa Icela Rodríguez, acudió ante la Cámara de Diputados a comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el marco de la glosa del cuarto Informe de Gobierno. Durante la reunión con las diputadas y los diputados federales que integramos dicha comisión, solicitó a los legisladores catalogar el delito de extorsión como grave, pues en estos momentos no está considerado así y, por consiguiente, los delincuentes salen de inmediato de prisión porque supone un delito que amerita derecho a fianza.

Dada la evolución que ha tenido el delito de extorsión, que cada vez se vuelve más complejo y avanzado; y viendo el crecimiento exponencial del mismo, que a la vez vulnera la percepción de seguridad y bienestar de los ciudadanos, aunado a la fuga de inversiones, principalmente de los medianos y pequeños empresarios y por lo tanto conlleva un daño o afectación colateral en el desarrollo económico regional o nacional.

Es de suma importancia que el delito de extorsión se incluya cuanto antes en el catálogo de los delitos a que les procede la prisión preventiva, estipulado en el segundo párrafo del Artículo 19 de nuestra Carta Magna; ya que actualmente no es un delito que atenta únicamente contra el patrimonio de las víctimas, sino que ha escalado ya a afectar la paz pública del país.

Por lo expuesto y fundado someto a su consideración el presente

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 19....

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, extorsión, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eleconomista.es/nacional-eAm-mx/noticias/10596371/ 06/20/Extorsion-y-cobro-por-derecho-de-piso-deja-a-delincuentes-ganancias-por-1 2000-millones-de-pesos-al-ano.html

2 https://mexicocomovamos.mx/animal-politico/2022/08/la-otra-inseguridad-extorsio n-despojos-y-robos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2023.– Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que adiciona una fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por el que se somete a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con un sinfín de acontecimientos históricos que fueron indispensables para la construcción de esta hermosa nación. Tres sucesos se consideran como principales que son: la Independencia, la Reforma y la Revolución; y la Transformación que actualmente existe en nuestros días.

Entre los tres principales sucesos históricos, existen hechos particulares que conformaron a los principales, es decir, el Congreso Constituyente de Apatzingán, el abrazo de Acatempan, la promulgación de la Constitución de 1824, entre muchos otros, fueron hechos que ocurrieron y conformaron la época de independencia.

Asimismo, en la época de Reforma, ocurrieron hechos que conformaron este acontecimiento histórico, por ejemplo, la intervención francesa, la toma de posesión como emperador de México de Maximiliano de Habsburgo, la disolución del Senado de la República, etcétera. Pero de entre todos estos hechos históricos que fueron parte de dicha época, resalta uno en especial porque fue un hecho sin precedentes a nivel mundial, refiriéndome a la Batalla de Puebla, poniendo en alto a nuestro país.

El 5 de mayo de 1862, a las nueve horas con el disparo de un cañón mexicano, dio inicio a una de las batallas más gloriosas en la historia de la patria, el pequeño ejército mexicano junto con el pueblo indígena de zacapoaxtlas enfrentaron el ejército francés, el cual era considerado el más poderoso del mundo. 1

Del bando francés se encontraba liderado por el general Charles Ferdinand Latrille, Conde de Lorencez y por el bando mexicano, liderado por el General Ignacio Zaragoza Seguin, esta batalla fue un combate en defensa de la soberanía y la dignidad del pueblo de México.

La inesperada victoria del pueblo mexicano, fue más que una sorpresa para ejército europeo y mucho más para el viejo continente, lo que se creyó que sería una victoria contundente para Francia, resultó todo lo contrario.

El general Ignacio Zaragoza, una vez que se logró la victoria, envió un telegrama en aquel entonces, al presidente Benito Juárez, que mencionaba lo siguiente:

“...Las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria: el enemigo ha hecho esfuerzos supremos por apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante tres horas: fue rechazado tres veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla, fuerte de más de cuatro mil hombres, frente al cerro de Guadalupe, fuera de tiro. No lo bato, como desearía, porque el Gobierno sabe (que) no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo, que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque, en 600 o 700 entre muertos y heridos; 400 habremos tenido nosotros”.

Materia de esta iniciativa es proponer como día de descanso obligatorio el 5 de mayo en conmemoración a la Batalla de Puebla, ya que, la Ley Federal del Trabajo reconoce en su artículo 74 lo siguiente:

Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

En su mayoría de los días de descanso obligatorio ante la ley, son por sucesos históricos de gran relevancia de nuestro país y, por consiguiente, la batalla de Puebla debe considerarse como descanso obligatorio, en conmemoración de una victoria histórica no solo en México sino a nivel internacional.

Además, está comprobado que los días de descanso o puentes vacacionales, generar una gran derrama económica en el sector de turístico, beneficiando así al sector público y privado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción V y se recorren las subsecuentes del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona una fracción V y se recorren las subsecuentes del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I a IV (...)

V. El 5 de mayo;

VI. El 16 de septiembre;

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal;

IX. El 25 de diciembre, y

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 5 de mayo 1862, Batalla de Puebla, 2019, [en línea]

https://www.gob.mx/sedena/documentos/5-de-mayo-de-1862-batalla-d e-puebla, [consulta: 02 de febrero, 2022].

2 Cuando “las armas mexicanas se cubrieron de gloria”, 2018, [en línea]

https://www.gob.mx/segob/articulos/cuando-las-armas-mexicanas-se -cubrieron-de-gloria?idiom=es, [consulta: 02 de febrero, 2022].

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que adiciona una fracción III al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por el que se somete a consideración de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El patriarcado es la manifestación del dominio del sexo masculino sobre el femenino que se abarca en su totalidad o en parte, en la sociedad. Este fenómeno o manifestación repercute negativamente hacia la mujer en toda su esfera social, jurídica, económica, laboral, entre otras.

El “machismo” es el fenómeno sociocultural que exalta actitudes, creencias y comportamientos que promueven actitudes discriminatorias contra la mujer; violentando su dignidad.

El Instituto Nacional de Mujeres, define a la violencia contra la mujer como todo acto violento que tiene por motivo profundo la pertenencia al sexo femenino y que ocasiona como resultado daño físico, psicológico y/o sexual, ya sea en la vida pública o en el ámbito privado.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 5 fracción IV, lo que se considera como violencia contra las mujeres es:

“Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Mujeres, el machismo es:

“Un conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres, con base a:

• La polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo femenino.

• La estigmatización y desvaloración de los propiamente femenino, basado en la violencia física o psicológica, el engaño, la mentira y el fomento de estereotipos que desvalorizan a la persona”.

Para contrarrestar al patriarcado y machismo, se ha creado una corriente del pensamiento que promueve los derechos de la mujer, conocido como feminismo. Este pensamiento es un conjunto de ideologías, movimientos culturales, sociales, políticos, económicos que buscan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

Históricamente existen cuatro olas del feminismo que han abarcado diferentes acontecimientos de la historia universal, las cuales son las siguientes:

“Ola de la ilustración: se originó durante la época de la Revolución Francesa; las mujeres cuestionaron los privilegios masculinos afirmando que no son una cuestión biológica y/o natural. Aquí el movimiento no era conocido todavía como feminista.

Ola liberal sufragista: aquí el feminismo apareció por primera vez como un movimiento internacional con identidad teórica. Es en esta ola que con grandes esfuerzos se consigue el derecho al sufragio en 1918, cuando en Inglaterra se regula el voto para mujeres mayores de 30 años y poseedoras de una casa.

Ola de la liberación sexual: con el lema lo personal es político se buscaba llamar la atención sobre la opresión de la mujer en el ámbito privado. Esta ola hace referencia al profundo y generalizado cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en numerosos países del mundo occidental, desafiando los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales.

Ola de la sororidad: Este término va encaminado hacia la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género. Sororidad es un término derivado del latín soror que significa hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe entre mujeres, especialmente, en las sociedades patriarcales”.

Estas olas feministas que se fueron exponiendo en diferentes países y momentos, lograron que las mujeres del mundo comenzaran a exigir poco a poco derechos que solamente eran otorgados al hombre, por el simple hecho de serlo.

Nuestro país no fue la excepción a la segunda ola liberal sufragista, en la que mujeres británicas (en su comienzo) exigieron el derecho al voto y ser votadas en elecciones populares.

Este movimiento sufragista repercutió en varios países del mundo y el nuestro no fue la excepción ya que el 12 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que permitía que en las elecciones municipales participarán las mujeres para votar y ser votadas en igualdad de condiciones que los hombres. Pero hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres pudieron votar en una elección federal.

Por ello, y otras causas el feminismo en nuestro país, ha ido en aumento y causado revuelo en la sociedad para que las leyes sean más progresivas en relación a derechos humanos.

Aunque existe en nuestro país, una alta violencia contra la mujer como feminicidios, violencia familiar, agresiones contra la dignidad de las mujeres y muchos más casos que han persistido en nuestra sociedad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, estima que por cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación. El 40.1 por ciento ha vivido por lo menos una vez de insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo psicológico o emocional. Aunado a las mujeres solteras que aún sin tener pareja ya enfrentan situaciones de violencia.

Dicho lo anterior, este movimiento feminista no debe hacerse a un lado, sino por el contrario, apoyarlo para que se logre una verdad igualdad de género en nuestro país y en el mundo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece que:

“Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. el derecho a no ser sometida a torturas;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h. el derecho a libertad de asociación;

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.

En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose en un momento histórico de la lucha de las mujeres y el feminismo.

En la actualidad cada 8 de marzo miles de mujeres se movilizan pertenecientes a diversas organizaciones feministas, y mujeres que apoyan el movimiento y la lucha se reúnen para levantar la voz para visualizar la gran problemática que existe y hacer auge en medios de comunicación.

Materia de esta iniciativa es reconocer la lucha de las mujeres mexicanas para lograr alcanzar la igualdad de condiciones, por ello propongo que el 8 de marzo de cada año se declare como descanso obligatorio a todas las mujeres siendo una medida para que el Estado mexicano visibilice la violencia que existe hacia las mujeres, además de sensibilizar a la sociedad con el momento feminista.

Las mujeres son ejemplo de inteligencia y fortaleza, ya que ante las adversidades han logrado persistir durante los inicios de la humanidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción III, y se recorren las subsecuentes, del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona una fracción III, y se recorren las subsecuentes, del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. a II. (...)

III. El 8 de marzo;

IV. a X. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Glosario de género, 2007, [en línea]

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf, [consulta: 07 de febrero, 2023].

2 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2022, [en línea]

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf, [consulta: 07 de febrero, 2023].

3 Glosario de género, Op. Cit.

4 ¿Qué significa el feminismo? Sus luchas históricas y aún vigentes, 2019 [en línea]

http://ciencia.unam.mx/leer/926/-que-significa-el-feminismo-sus- luchas-historicas-y-aun-vigentes- [consulta: 07 de febrero, 2023].

5 Conmemoramos 64 años del voto de la mujer en México, 2019, [en línea]

https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-l a-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico, [consulta: 7 de febrero, 2023].

6 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 2018, [en línea]

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018 /violencia2018_N al.pdf, [consulta: 07 de febrero, 2023].

7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994, [en línea]

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html, [consulta: 07 de febrero, 2023].

8 La Historia del 8 de marzo, [en línea]

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2915/5.pdf, [consulta: 07 de febrero, 2023].

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los catorce días del mes de febrero de 2023.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de derechos de las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículo de la Ley General de Salud al tenor de los siguientes

Antecedentes

Para abril del 2002, en Madrid, se lleva a cabo la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, en donde ese planteó la adopción de medidas por todos los niveles de gobierno internacional y nacional 3 direcciones prioritarias el bienestar de las personas de edad y el desarrollo, la promoción de la salud y el bienestar en la vejez y el logro de entornos emancipadores.

Recordemos que se retoma una cultura de cuidado a nuestros adultos mayores, debido a que comenzó a existir olvido y maltrato hacia ellos, por lo que el gobierno pone mayor atención hacia este grupo de personas que se consideran vulnerables, además de que el proceso de envejecimiento de la población mexicana ha ido en aumento.

Como podemos observar en la gráfica anterior en los años treinta comienza una baja en la mortalidad y elevada natalidad provocando en gran crecimiento demográfico en el país, para los 70´s se mantiene una baja en la mortalidad y hay una baja en la natalidad lo que da como resultado mayor población adulta y de edades avanzadas, actualmente existen más personas mayores de 60 años que menores de 4, lo que se calcula que para el año 2050 el 42.8% de la población sean adultos mayores.

El 25 de junio del 2002 fue promulgada la Ley de las Personas Adultas Mayores la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayoras, la cual establece las bases y disposiciones para su cumplimiento regulando políticas públicas, estableciendo principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos de la administración pública.

Esta ley establece en su artículo 3º, fracción I, como:

“Artículo 3º. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;

II. al XI. ...”

Esta misma ley establece los derechos de las personas adultas mayores en donde se incluyen la integridad, dignidad y preferencia, certeza jurídica, salud, alimentación, familia, educación, trabajo, asistencia social, participación y denuncia popular.

Exposición de Motivos

La Ley General de Salud desde su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, se ha reformado 131 ocasiones en diversas materias, sin embargo, se sigue manteniendo el termino de ancianos en diversos artículos de la ley, cuando el termino correcto para referirnos a ellos es el de personas adultas mayores, sobre todo cuando existe una ley promulgada en 2002 en la que se hace referencia a los Derechos de las Personas Adultas Mayores en donde se establecen bases y disposiciones en la política pública nacional, en programas, responsabilidades e instrumentos de administración pública federal

Tal es el caso de que además de esta ley existe un programa llamado para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores por medio de la entrega de una pensión no contributiva que ayuda a mejorar las condiciones de vida y que permita el acceso a la protección social el cual es un programa

Así mismo, en la Constitución política se hace mención a personas mayores en su artículo 3º, fracción II inciso c) cuando se refiere a la educación para personas adultas, asimismo se hace mención de ellas en el artículo tercero transitorio publicado el 1 de mayo de 2020 en donde se hace mención de ellos como personas adultas mayores en la asignación del presupuesto para el programa al que constitucionalmente tienen derecho.

Del mismo modo existe el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) designado como rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, promoviendo, coordinando, apoyando, fomentando, vigilando y evaluando las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de la ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, procurando el desarrollo humano integral de este sector de la población otorgando las oportunidades necesarias para alcanzar el bienestar y una alta calidad de vida.

Como podemos observar en la Constitución, en Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, no se hace la mención de ancianos, sino como de Personas adultas Mayores, por lo que se propone modificar el termino anciano en la Ley General de Salud por el de Personas Adultas Mayores.

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, el siguiente:

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud

Único. Se reforman la fracción III del artículo 6o. y las fracciones II y V del artículo 168, y los artículos 171 y 465 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 6o. ...

I. a II. ...

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, personas adultas mayores desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. a XII. ...

Artículo 168. ...

I. ...

II. La atención en establecimientos especializados a menores y personas adultas mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

III. a IV. ...

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad sin recursos;

VI. a IX. ...

Artículo. 171. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y personas adultas mayores sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psicosomático de los individuos.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y personas adultas mayores, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

Artículo. 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate.

Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, personas adultas mayores, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- DOF (1984) Ley General de Salud

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

- DOF (2002) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf

- Página oficial del INAPAM https://www.gob.mx/inapam/es/archivo/documentos

- Página oficial de la Secretaria del Bienestar.

https://www.gob.mx/bienestar

- Instituto Nacional de las Mujeres (2015). Situación de las personas adultas mayores en México Recuperado de:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por el que se somete a consideración de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los síntomas ocasionados por el período menstrual nunca se han considerado como un motivo de incapacidad a tal grado de justificar la ausencia de una mujer en su lugar de trabajo. Muchas de las mujeres mexicanas experimentan síntomas muy fuertes antes y durante los días que comprende el sangrado como parte del ciclo menstrual, algunas trabajadoras desearían poder ausentarse de su lugar de trabajo o como mínimo tomar un descanso de sus actividades laborales, para así poder hacer frente a los síntomas y a las molestias que son propias del período menstrual.

A pesar del dolor muy fuerte que experimentan miles de mujeres a causa del ciclo menstrual en la mayoría de las ocasiones no se les ha permitido faltar a sus lugares de empleo. Se les ha dicho en muchas ocasiones “exageradas”, “estás sensible”, “son tus hormonas”, “seguramente estás en tus días”, se les dice mucho al respecto; pero muy pocas veces se les comprende. Nuestros síntomas son tan ciertos como los de cualquier otra enfermedad, y es que aun cuando la menstruación no es una enfermedad, el cúmulo de síntomas que la acompañan si alcanzan la categoría de síndrome, como lo es el síndrome premenstrual, el síndrome de ovario poliquístico, la dismenorrea o incluso enfermedades como la endometriosis que agravan los síntomas del período menstrual.

De acuerdo con la Organización Reproducción Asistida. ORG “La endometriosis es una enfermedad benigna crónica que afecta del diez al 15 por ciento de mujeres en edad reproductiva. Esta patología ginecológica consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial en otras localizaciones fuera de la cavidad uterina.

Se trata de un crecimiento anormal que ocurre sobre todo en la cavidad pélvica, tanto en el peritoneo como en los órganos que se localizan en dicha cavidad. Principalmente, el tejido endometrial puede aparecer en los ovarios de la mujer y causar un tipo de quistes llamados endometriomas. También puede localizarse tejido en las trompas de falopio o en lugares más insólitos como el intestino.

“Algunas mujeres con endometriosis sí que presentan algunas molestias, siendo la más común el dolor durante la menstruación. Los implantes endometriales responden a los cambios hormonales.

Por tanto, cuando se produce el sangrado de la menstruación, estos implantes también sangran, lo cual provoca una hemorragia que no puede salir al exterior”.

La menstruación es vivida por muchas, sufrida por tantas y subestimada por muchos. Sin lugar a dudas solo aquellas mujeres que han experimentado desde malestares, cólicos, inflamación, espasmos, náuseas, vómito ocasionado por el dolor tan fuerte e incluso el desmayo; pueden saber lo que es encontrarse en tal estado de indefensión, y es que en ocasiones los medicamentos analgésicos son incluso insuficientes para disminuir estos síntomas.

Un estudio científico realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México arrojó datos que indican que el ritmo cardiaco de las mujeres durante el período aumenta en un grado considerable, además de causar efectos en la presión sanguínea y el ritmo respiratorio. Un dato bastante relevante es el siguiente: “la investigadora Ana Leonor Rivera López titular en conjunto del proyecto Calmecac aseguró que el estudio incluso ayudará a saber cuándo se debe tener más cuidado; por ejemplo, si se planea hacer un estudio cardiaco cuando se está menstruando, tal vez no sea el mejor momento.

El ritmo cardiaco de una persona sana, en reposo puede estar entre 50 y 75 latidos por minuto en el hombre, pero en una mujer será entre 55 y 65, conforme pasa el ciclo menstrual lo que se ve es que, en la fase más alta del período, el ritmo aumentó entre 65 a 75”.

Al conjunto de malestares generados por la menstruación se le denomina “dismenorrea”.

 “Durante la menstruación ocurre algún tipo de dolor en casi el 95 por ciento de las mujeres y se considera como algo normal en la gran mayoría, sin embargo, existen casos en los que el aumento del dolor amerite tratamiento especial.

La dismenorrea (cólico menstrual) se clasifica en primaria, cuando el dolor inicia durante los años posteriores a la menarca (primera menstruación) y no tiene causa alguna que la explique, por lo general dura uno o más días para después ceder paulatinamente, se presenta en vientre y suele recorrerse a región lumbar y, o a los miembros inferiores, puede haber nausea, dolor de cabeza, cambios en hábitos intestinales y alteraciones en el estado de ánimo.; y secundaria cuando es consecuencia de algún padecimiento ginecológico, ocurre habitualmente varios años después del inicio de las menstruaciones”.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista especializada British Medical Journal(BMJ) las mujeres pierden hasta diez días de productividad laboral debido a los dolores menstruales, este estudio también busca demostrar que las declaraciones por parte de las mujeres con respecto a sus dolores menstruales han sido ignoradas y que incluso el dolor menstrual está claramente infravalorado por la sociedad y que esto podría representar grandes consecuencias a nivel laboral para las empresas.

El estudio se realizó en Netherlands (Países Bajos) en 32, 748 mujeres de entre 15 a 45 años de edad a las cuales se les realizó evaluaciones para medir su productividad y, por ende, la pérdida de esta, este estudio también reveló que los síntomas más comunes entre las mujeres son: el dolor abdominal intenso, frecuencia urinaria, dolores de cabeza, náuseas.

Con este estudio además se llegó a la conclusión de que

“A total of 13.8% (n=4514) of all women reported absenteeism during their menstrual periods with 3.4 por ciento (n=1108) reporting absenteeism every or almost every menstrual cycle. The mean absenteeism related to a woman’s period was 1.3 days per year. A total of 80.7% (n=26 438) of the respondents reported presenteeism and decreased productivity a mean of 23.2 days per year”.

Que traducido es:

“Un total de 13,8 por ciento (n=4514) de todas las mujeres reportaron ausentismo durante sus períodos menstruales con 3,4 por ciento (n=1108) reportando ausentismo todos o casi todos los ciclos menstruales. El promedio de ausentismo relacionado con el período de una mujer fue de 1,3 días por año. Un total de 80,7 por ciento (n=26 438) de los encuestados informaron haberse presentado y una disminución de la productividad una media de 23,2 días por año.

El estudio señala entonces la relación directa que existe entre la pérdida de productividad y los malestares ocasionados por el ciclo menstrual femenino. Existe una necesidad urgente de enfocarse más en el impacto de estos síntomas, el estudio pretende idealmente, crear conciencia sobre esta problemática, además de conseguir más flexibilidad para las mujeres que trabajan o van a la escuela.

Y como si esto fuera poco, muchas mujeres deben enfrentar el estigma de estar mintiendo o estar exagerando, porque esta afección está confinada solo al sexo femenino, específicamente a las mujeres en la etapa fértil, no obstante, algunas de estas mujeres no sufren de dichos dolores y padecimientos, que incluso se han enfrentado a la incredulidad de otras mujeres que no sufren los síntomas que acompañan al síndrome premenstrual o a los que acompañan los demás días del período menstrual.

Es por ello, que subestimar los dolores que las mujeres experimentan durante el período menstrual puede hasta resultar discriminatorio y misógino, los patrones deberían de dar la misma importancia a estos malestares que las mujeres experimentan mes con mes y con ello otorgar el permiso de ausentarse de su lugar de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma las fracciones XXXII y XXXIII, y adiciona una fracción XXXIV todas del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforman las fracciones XXXII y XXXIII, y se adiciona una fracción XXXIV, todas del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 134. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXXI. [...]

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter ;

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis , y

XXXIV. Otorgar permiso de un día laboral con goce de sueldo a las mujeres trabajadoras que justifiquen que, por los síntomas ocasionados por el periodo menstrual no puedan cumplir con sus obligaciones laborales;

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ¿Qué es la endometriosis? – Síntomas, diagnóstico y tratamiento, Dr. Antonio Requena Miranda (ginecólogo), Marta Barranquero Gómez (embrióloga), Saraí Arrones (embrióloga) y Zaira Salvador (embrióloga), 2022, [en línea],

https://www.reproduccionasistida.org/endometriosis/#sintomas-y-c onsecuencias, [consulta 10 de febrero, 2023].

2 Ciclo menstrual, barrera ante enfermedades, Diana Saavedra, [en línea], 2021,

https://www.gaceta.unam.mx/ciclo-menstrual-barrera-ante-enfermed ades/, [consulta el 12 de febrero, 2023].

3 ¿Ciclo menstrual?, [en línea], 2019,

https://www.pveu.unam.mx/ebentos/capsulasInf/capsulasInf2010_30. pdf, [consulta el 12 de febrero, 2023].

4 Cfr, Productivity loss due to menstruation-related symptoms: a nationwide cross-sectional survey among 32 748 women, [en línea], 2017, [consulta el 12 de febrero, 2023].

5 Ibídem.

6 Productivity loss due to menstruation-related symptoms: a nationwide cross-sectional survey among 32 748 women, [en línea], 2017, [consulta el 12 de febrero, 2023].

Dado en el Palacio de San Lázaro, a los catorce días del mes de febrero de 2023.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 138 de la Ley General de Salud al tenor de los siguientes

Antecedentes

Los laboratorios son espacios equipados con los medios necesarios para experimentos, investigaciones o trabajaos científicos o técnicos según el rubro al que se dedica, estos lugares cuentan condiciones ambientales controladas para evitar que se alteren las mediciones, existen diferentes tipos de laboratorios los químicos que se dedican al estudio de compuestos y mezclas, los de biología en donde se trabaja con materiales biológicos en todos sus niveles y los clínicos los cuales son expertos en diagnósticos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud.

Los laboratorios clínicos cuentan con 7 áreas especializadas: Uroanálisis, Química Clínica, Hematología y Coagulación, Pruebas Especiales, Inmunología, Microbiología y Radioinmunoanálisis, en cada una de las áreas se debe de llevar un estricto control interno y externo, así como contar con el personal necesario y capacitado para la atención.

Se considera que los laboratorios son uno de los primeros filtros en donde se puede diagnosticar o descartar enfermedades, padecimientos, lesiones, etc., para que posteriormente por medio de los médicos se dé un diagnóstico más certero, así como tratamiento para su atención.

Sin importar si son laboratorios públicos o privados todos son supervisados por la Secretaria de Salud, y deben de cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, la cual se encuentra vinculadas con otras normas oficiales en el ámbito laboral, seguridad e higiene, medio ambiente, requisitos de infraestructura y equipamiento entre otras.

Exposición de Motivos

La Ley General de Salud también hace mención de otras obligaciones que deben de cumplir los laboratorios clínicos además de los ya establecido en la norma 7, específicamente en su capítulo II sobre Enfermedades Transmisibles, en donde el Gobierno federal y los de las entidades federativas deben de realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles que enumeran en los artículos 134 y 136 en donde se incluyen cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales, influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones, meningocóccicas, enfermedades causadas por estreptococos, infecciosas del aparato digestivo, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla, parotiditis infecciosa, rabia, peste, brucelosis, zoonosis, fiebre amarilla, dengue, enfermedades virales transmitidas por artrópodos, paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis, oncocercosis, sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual, lepra, mal del pinto, micosis profundas, helmintiasis intestinales, extraintestinales, toxoplasmosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las consideradas por el Consejo de Salubridad General, los tratados y convenciones internacionales.

En el Titulo Décimo Octavo sobre las Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos en el Capítulo II de Sanciones Administrativas en el artículo 419 se hace mención que se sancionará con multa de hasta 2 mil UMAS a quienes incumplan con lo establecido en los artículos 137 y 138, por el impacto que estas enfermedades causan a la población.

El problema surge cuando se detectan enfermedades que no están contempladas en la ley o reconocidas por el Consejo de salubridad y que se considera pueden traer afectaciones importantes a la población, lo que provoca que se salgan de control, ya que no se atiende a tiempo y pueden llegar a convertirse en epidemia o pandemia como la que aún seguimos enfrentamos y que ha causado muchas muertes a nivel mundial.

Por lo que esta iniciativa lo que pretende es que los laboratorios y personal de salud en general den aviso a las autoridades sobre alguna detección de enfermedades que, aunque no se encuentren contempladas en la ley General de Salud en enfermedades transmisibles o consideradas por el Consejo y puedan causar afectaciones a la salud de la población en general

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Único. - Se reforma el artículo 137 y 138 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 137. Las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades afines, están obligadas a dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de enfermedades transmisibles o que consideren pueda provocar afectaciones a la población, posteriormente a su diagnóstico o sospecha diagnóstica.

Artículo 138. Están obligados a dar aviso, en los términos del artículo 136 de esta Ley, los jefes o encargados de laboratorios, los directores de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, los jefes de oficinas, establecimientos comerciales o de cualquier otra índole y, en general, toda persona que por circunstancias ordinarias o accidentales tenga conocimiento de alguno de los casos de enfermedades a que se refiere esta Ley o que se considere pueda provocar afectaciones a la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- DOF (1984) Ley General de Salud

- DOF (2012) Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Secretaría de Salud, Recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240925&fecha=27/ 03/2012#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de paridad de género, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

LEY FEDERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 3o. y 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada federal en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracciones VI, VII, VIII y XIII; 3, fracción VII, y 32, fracción VII, de la Ley Federal de Seguridad Privada; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El propósito de la presente iniciativa es armonizar la Ley Federal de Seguridad Privada a los cambios legislativos que se han producido a otras Leyes y con ello actualizar nuestro marco normativo.

La presente Ley de Seguridad Privada fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 6 de julio 2006 y entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Evidentemente los cambios legislativos a diferentes leyes que se han dado a esta Ley, no son incorporados a la misma, por lo que resulta necesaria su actualización.

Tal es el caso del artículo 2, fracción VI, en donde hay que actualizar la denominación de la Secretaría de Seguridad Pública por el de Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana cuya denominación fue actualizada por el decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Que entre otros ordenamientos reformó el Artículo 26 en cuanto a la denominación de la Dependencia y en 30 Bis, donde se establece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De igual forma en las fracciones VII y VIII hay que hacer el ajuste legal correspondiente para actualizar la denominación de dicha Dependencia del Ejecutivo Federal.

En lo que corresponde a la fracción XIII del propio artículo 2° hay que cambiar la denominación de Distrito Federal por el de Ciudad de México que deriva del decreto de reformas a distintas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de México y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

En lo que corresponde al Artículo 3, Fracción VII hay que hacer dos actualizaciones legislativas la que corresponde a la supresión de Distrito Federal para ser sustituido por el de Ciudad de México.

Asimismo sustituir la denominación de la “Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en virtud de que esta Norma fue abrogada por la vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que está en vigor desde el 2 de enero del año 2009 y en cuyo Transitorio Décimo Segundo se estableció: “ Se abroga la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se derogan la demás disposiciones que se opongan a la presente Ley”.

Para el caso del contenido del Artículo 32 Fracción VIII, se tiene que realizar el ajuste legal para sustituir “Distrito Federal” por el de “ Ciudad de México”, para estar acorde al mandato de la Reforma Constitucional en materia de Reforma Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el Artículo 6 numeral 1, Fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, fracciones VI, VII, VIII y XIII; 3, fracción VII, y 32, fracción VII, de la Ley Federal de Seguridad Privada; para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, fracciones VI, VII, VIII y XIII; 3, fracción VII, y 32, fracción VII de la Ley Federal de Seguridad Privada, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Secretaría. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

VII. Dirección General. La Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

VIII. Autorización. El acto administrativo por el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada, permite a una persona física o moral prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas.

IX. a XII. ...

XIII. Entidades Federativas. Los Estados y la Ciudad de México.

XIV. a XVII. ...

Artículo 3. La aplicación, interpretación y efectos, en el ámbito administrativo de la presente Ley, corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y tiene los fines siguientes:

I. a VI. ...

VII. Procurar políticas, lineamientos y acciones, mediante la suscripción de convenios con las autoridades competentes de los Estados, Ciudad de México y Municipios, para la mejor organización, funcionamiento, regulación y control de los servicios de seguridad privada, en el marco de las normas que se contienen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 32. Son obligaciones de los prestadores de servicios:

I. a VI. ...

VII. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de la autoridad competente de la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios;

VIII. a XXXII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a los catorce días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADPATRIMONIAL DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada federal en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el artículo 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, fracción II, segundo párrafo, 31, 33, 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La vigente Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004, y en su cuerpo normativo aparecen disposiciones legales que contrastadas con el Marco Jurídico vigente no están actualizadas, por lo que nuestra responsabilidad como Legisladores es hacer de manera oportuna los cambios legales que resultan indispensables para que nuestro sistema legal sea armónico.

En tal virtud propongo que el artículo 14, fracción II, párrafo segundo, sea modificado a efecto de sustituir la voz “salarios mínimos” por la de Unidad de Medida y Actualización, misma que deriva de la reforma constitucional a los artículos 26, 41 y 123 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 y en el que se creó la Unidad de Medida y Actualización.

Al efecto en el artículo transitorio tercero de dicho decreto de reformas estableció: “A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”, por lo que en opinión de la iniciante resulta indispensable efectuar el ajuste a lo que se establece en el ya citado mandato constitucional.

 Para el caso del artículo 31 en sus dos párrafos propongo la sustitución de la denominación de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por el de Ley General de Responsabilidades Administrativas en virtud de que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y entró en vigor un año después, esto es, el 19 de julio de 2017 y en su régimen transitorio en el artículo tercero, párrafo séptimo, se estableció la obligación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El ajuste a la denominación de la vigente Ley Federal de Responsabilidades Administrativas se debe hacer, también, en los artículos 34 y 35 en virtud de que ahí se mantiene la denominación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, misma que como ya se comentó fue abrogada al entrar en vigor la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Adicionalmente para el caso del artículo 33 hay que actualizar la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por el que corresponde y está vigente de la Ley Federal de Justicia Administrativa.

Lo anterior en virtud de que el 20 de mayo de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma a distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción y que entre oros artículos modificó el artículo 73, fracción XXIX, vigésimo novena-H, en donde se le otorgó a las Cámaras del Congreso de la Unión la facultad para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y que, en su artículo transitorio quinto, segundo párrafo estableció la abrogación de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Por las razones antes señaladas resulta necesario efectuar las adecuaciones legales presentadas en esta iniciativa.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 14, fracción II, segundo párrafo, 31, 33, 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

Artículo Único. Se reforman los artículos 14, fracción II, segundo párrafo, 31, 33, 34 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, para quedar como siguen:

Artículo 14.- Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la siguiente forma:

I. ...

II. ...

La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá del equivalente a 20 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, por cada reclamante afectado; y

III....

Artículo 31.- El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se determine su responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.

La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Además, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: Los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la misma, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional y su relación con la producción del resultado dañoso.

Artículo 32.- ...  

Artículo 33.- Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el Estado haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos, a través del recurso de revocación, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 34.- La presentación de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados.

Artículo 35.- Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas se adicionarán, según corresponda, al monto de los recursos previstos para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos federales.

Artículo Segundo.-...

Artículo Tercero.-...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 90 a la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 a la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 29 de septiembre, esta honorable Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo 4 de nuestra Constitución, motivadas por una iniciativa presentada por quien suscribe. El objetivo de estas reformas fue plasmar en nuestra carta fundamental el concepto de vivienda adecuada y, en congruencia con ello, se propone hoy modificar la fracción VIII del artículo 90 de la Ley General de Educación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo, en su artículo 22 señala el derecho de toda persona para satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales, inherentes a su dignidad e indispensables para el libre desarrollo de su personalidad.

En su artículo 25, apartado 1, prevé que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en su artículo 11, a la vivienda como un derecho que debe garantizarse a todas las personas y considero que los maestros y maestras son, indudablemente, sujetos de dicho derecho, por ser agentes fundamentales del proceso educativo y como reconocimiento a su contribución para la transformación social.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), en su artículo 11, numeral 1, establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, en este caso, como integrante del poder legislativo propongo adecuar la Ley General de Educación.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en la Observancia General,  y que brinda orientación especializada a los Estados Partes con relación a las diversas obligaciones a las que están sujetos en virtud de un tratado internacional, ha establecido el derecho a la vivienda directamente vinculado a otros derechos humanos, por lo que es importante no solo considerar el derecho a la vivienda a secas, sino que resulta imprescindible para la preservación de todos los derechos la consideración correcta de vivienda adecuada.

El Comité considera que la adecuación de vivienda puede determinarse por factores sociales, económicos, culturales y climatológicos, por lo que es importante identificar aspectos que, con independencia del contexto deben considerarse, y por ello plantea siete elementos para una vivienda adecuada, en razón de contar con atributos cuantificables, siendo los siguientes:

a) Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas deben gozar de un grado de seguridad de tenencia que les garantice protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas.

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener diversos servicios que se consideran indispensables tanto para la salud como para la seguridad, comodidad y nutrición. Por lo tanto, las personas deberían de tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia, en relación a la infraestructura, es este elemento significativo para la atención de personas con discapacidad, se requiere una atención particular, con proyectos ajustados a sus necesidades. Y para ello debe armonizarse la normatividad a efecto de hacer efectivo el derecho a una vivienda con los elementos necesarios para considerarse adecuada.

c) Gastos soportables. Implica la obligación para que los Estados adopten medidas que garanticen que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en términos generales, conmensurados con los niveles de ingreso. Para ello, los Estados deben crear subsidios de vivienda para aquellos que no pueden costearse una, así como formas y niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda.

d) Habitabilidad. Las viviendas adecuadas deben ofrecer un espacio que sea adecuado para sus habitantes y que los proteja del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.

e) Asequibilidad. Los grupos en situación de desventaja deben tener un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. De ahí que deba garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en esta esfera a: los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas que suelen producirse desastres y otros grupos de personas.

f) Lugar. Una vivienda adecuada deberá encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención a la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales.

g) Adecuación cultural. La manera y los materiales utilizados para la construcción de las viviendas deben permitir la adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.

En nuestra nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, el derecho a una vivienda adecuada es un elemento esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales, pues su acceso es necesario para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales, asimismo, de conformidad con lo establecido con el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC) antes mencionado, considera que una vivienda debe reunir las siguientes características:

a) Debe garantizarse a todas las personas;

b) No debe interpretarse en un sentido restrictivo;

c) Para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y,

d) Los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.

La Primera Sala, al describir los elementos del derecho a una vivienda digna y decorosa, tomó en cuenta lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas interpretó en su Observación General No. 4, respecto del derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Incluso señala que el artículo 4o. constitucional busca que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea, sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo.

De igual manera, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un llamado amplio e incluyente a todos los actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia para involucrarse en el cumplimiento de los 17 ODS, con miras a lograr un futuro de bienestar sostenido donde nadie se quedé atrás.

Una vivienda adecuada contribuye de forma significativa al avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la vivienda promueve condiciones para aliviar la pobreza extrema, y otras dimensiones de pobreza al garantizar que todas las personas, en particular las pobres y las vulnerables, como las personas adultas mayores, a que tengan el mismo derecho a recursos económicos y acceso a los servicios básicos y al reducir las situaciones, exposición y vulnerabilidad a fenómenos climáticos.

Cobra importancia por tanto que la vivienda cuente con instalaciones adecuadas para la provisión de agua y saneamiento, pues contribuye directamente a lograr el acceso universal y equitativo al agua potable de forma asequible, a mejorar los servicios de saneamiento e higiene adecuados y la calidad del agua reduciendo su contaminación. Por eso es que la vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y la calidad de vida de las personas.

El documento Vivienda y ODS en México elaborado por ONU-Hábitat y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el marco del Acuerdo Específico de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, configura como resultado de la necesidad de generar acciones para mejorar las condiciones y servicios básicos de los asentamientos humanos, establecida en la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat I), así como del compromiso de los gobiernos para lograr el pleno goce del derecho a la vivienda adecuada identificándola como un componente fundamental para satisfacer las crecientes necesidades de la urbanización (Hábitat II), y además, la importancia de acciones para hacer efectiva la Nueva Agenda Urbana, (NAU), que ubica a la vivienda adecuada en el centro del desarrollo sostenible como un instrumento para lograr la urbanización incluyente, planificada y sostenible y una fuerza transformadora para afrontar retos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Considero que el objetivo principal de dicho documento es abatir problemáticas que mantienen en rezago el sector habitacional, relacionados con la exclusión social, la desigualdad económica y la degradación ambiental, la desconexión y falta de consolidación de zonas periféricas, favorecida por una fallida política de expansión urbana.

El documento establece orientaciones estratégicas y para su implementación, ONU-Hábitat ha desarrollado propuestas y líneas de acción con ámbitos de intervención que facilitan la comprensión y el involucramiento de los diferentes actores del sector, y las modificaciones legislativas necesariamente habrán de contribuir en el camino emprendido.

Así pues, considero importante ubicar la Agenda 2030 como el instrumento que nos compromete como Estado miembro de las Naciones Unidas y que representa el más acabado Plan de Acción en favor de las personas y de nuestro planeta, en busca de paz y prosperidad entre los pueblos, coincido con los redactores del documento: “La Nueva Agenda Urbana”, y la retomo como la declaratoria emanada de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) de 2016, que reconoce a la vivienda adecuada y sostenible como el instrumento que permite el logro de otros derechos humanos y que al llevar a cabo las acciones necesarias, podremos afrontar los problemas como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que nosotros mismos hemos propiciado, y que los gobiernos anteriores han omitido atender.

Por ello es que debemos poner en el centro a las personas y a los derechos humanos en la corrección de lo realizado y en la planificación de una urbanización incluyente y sostenible, y es mi convicción que la adecuación de la norma en materia de derechos humanos para las maestras y maestros debe ser armonizada de tal manera que logremos una legislación encaminada a obtener los mejores y mayores derechos para todas las personas.

Desde esta óptica resulta de relevancia fundamental la conceptualización en la norma de la vivienda adecuada, que brinde sostenibilidad a la urbanización y criterios claros de lo que significa.

Es clara entonces la motivación por la cual presento esta iniciativa, pues establecer en la Ley General de Educación, la conceptualización de la vivienda adecuada nos sitúa en el camino de los cambios legislativos que requiere nuestra nación de cara al cumplimiento de la Agenda 2030.

En consecuencia, propongo, reformar fracción VIII del artículo 90, de la Ley General de Educación, a efecto de sustituir el término vivienda digna, por el de vivienda adecuada y hacer posible el ejercicio pleno de este derecho para maestras y maestros, para quedar como sigue:

La propuesta que pongo a consideración de esta soberanía pone el acento en el derecho a la vivienda adecuada como la acción legislativa que nos permitirá mayores elementos de medición del acceso a un desarrollo habitacional que ponga en el centro el derecho de los maestros y maestras.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 90 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 90 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 90. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda adecuada; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas en París 1948

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pd f

2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, Aprobada en la Novena conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948,

https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_de rechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf

3 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, Entrada en vigor internacional: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, entrada en vigor para México a partir del 23 de junio de 1981,

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Comité se creó en virtud de la Resolución Ecosoc 1985/17* del 28 de mayo de 1985 para llevar a cabo las funciones de seguimiento asignadas al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) en la Parte IV del Pacto.

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

5 Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/ cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html

6 Organización de las Naciones Unidas, Elementos de una vivienda adecuada, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-vivienda-ad ecuada

7 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido no se agota con la infraestructura básica adecuada de aquélla, sino que debe comprender el acceso a los servicios públicos básicos. Tesis aislada, Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, p. 583

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i dius=2009348&Tipo=1#:~: text=DERECHO%20FUNDAMENTAL%20A%20UNA%20VIVIENDA,en%20la%20tesis%20aislada%201a.

8 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales. Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Tesis aislada, Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, p. 801

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i dius=2006171&Tipo=1#:~: text=El%20art%C3%ADculo%2011%2C%20numeral%201,las%20medidas%20apropiadas%20para %20asegurar

9 Organización de las Naciones Unidas, Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible,

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/#:~: text=La%20Agenda%20de%20Desarrollo%202030,el%20planeta%20y%20la%20prosperidad.&text=Los%20ODS%20est%C3%A1n%20formulados%20para,cambio%20clim%C3%A1tico%20a %20nivel%20mundial.

10 Secretaría de Gobierno, Jefatura de la Oficina de Presidencia, Agenda 2030 en México: vivienda Sostenible,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574044/Agenda_203 0_en_Me_xico_-_vivienda_sostenible.pdf

11 Organización de las Naciones Unidas, Contribución de la vivienda al cumplimiento de la Agenda 2030,

https://onuhabitat.org.mx/index.php/contribucion-de-la-vivienda- al-cumplimiento-de-la-agenda-2030

12 Convenio ONU-Hábitat, Infonavit, en el marco de colaboración específica con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. VIVIENDA_Y_ODS.pdf (publicacionesonuhabitat.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de febrero de 2023.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Vivienda, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma los artículos 28, 28-A y 28-B de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28, 28-A y 28-B de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vivienda adecuada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 29 de septiembre, esta honorable Cámara de Diputados aprobó modificaciones al artículo 4 de nuestra Constitución, motivadas por una iniciativa presentada por quien suscribe. El objetivo de estas reformas fue plasmar en nuestra carta fundamental, el concepto de vivienda adecuada.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en su artículo 22 el derecho de toda persona para satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales, inherentes a la dignidad de las personas e indispensables para el libre desarrollo de su personalidad.

En su artículo 25, apartado 1, prevé que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en su artículo 11, a la vivienda como un derecho que debe garantizarse a todas las personas y considero que los trabajadores y trabajadoras son, indudablemente, sujetos de dicho derecho, por ser agentes fundamentales del desarrollo económico del país, como reconocimiento a su contribución para la transformación social.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (PIDESC), en su artículo 11, numeral 1, establece que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, en este caso, como integrante del poder legislativo propongo adecuar la Ley General de Educación.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en la Observancia General, y que brinda orientación especializada a los Estados Partes con relación a las diversas obligaciones a las que están sujetos en virtud de un tratado internacional, ha establecido el derecho a la vivienda directamente vinculado a otros derechos humanos, por lo que es importante no sólo considerar el derecho a la vivienda a secas, sino que resulta imprescindible para la preservación de todos los derechos la consideración correcta de vivienda adecuada.

El Comité considera que la adecuación de vivienda puede determinarse por factores, sociales, económicos, culturales y climatológicos, por lo que es importante identificar aspectos que, con independencia del contexto deben considerarse y por ello plantea siete elementos para una vivienda adecuada, en razón de contar con atributos cuantificables, siendo los siguientes:

a) Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas deben gozar de un grado de seguridad de tenencia que les garantice protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas.

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Los habitantes de la vivienda adecuada deben contar con una provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

c) Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos.

Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018).

d) Habitabilidad. Las viviendas adecuadas deben garantizar la seguridad física de sus habitantes y proporcionarles un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

e) Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad.

f) Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.

g) Adecuación cultural. La manera y los materiales utilizados para la construcción de las viviendas deben permitir la adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.

En nuestra nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, el derecho a una vivienda adecuada es un elemento esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales pues su acceso es necesario para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales, asimismo, de conformidad con lo establecido con el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 antes mencionado, considera que una vivienda debe reunir las siguientes características:

a) Debe garantizarse a todas las personas;

b) No debe interpretarse en un sentido restrictivo;

c) Para que una vivienda se considere “adecuada” requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite, esencialmente, una infraestructura básica adecuada, que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, acceso al agua potable, electricidad, y drenaje; y,

d) Los Estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el pacto internacional de referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de las cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento, cuando las condiciones de las viviendas no sean adecuadas o sean insalubres.

La Primera Sala, al describir los elementos del derecho a una vivienda digna y decorosa, tomó en cuenta lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas interpretó en su Observación General No. 4, respecto del derecho de toda persona a una vivienda adecuada. Incluso señala que el artículo 4o. constitucional busca que los ciudadanos obtengan lo que debe entenderse por una vivienda adecuada, lo cual no se satisface con el mero hecho de que las personas tengan un lugar para habitar, cualquiera que éste sea; sino que para que ese lugar pueda considerarse una vivienda adecuada, debe cumplir necesariamente con un estándar mínimo.

De igual manera, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un llamado amplio e incluyente a todos los actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia para involucrarse en el cumplimiento de los 17 ODS, con miras a lograr un futuro de bienestar sostenido, donde nadie se quedé atrás.

Una vivienda adecuada contribuye de forma significativa al avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la vivienda promueve condiciones para aliviar la pobreza extrema, y otras dimensiones de pobreza al garantizar que todas las personas, en particular las pobres y las vulnerables, como las personas adultas mayores, a que tengan el mismo derecho a recursos económicos y acceso a los servicios básicos y al reducir las situaciones, exposición y vulnerabilidad a fenómenos climáticos.

Cobra importancia por tanto que la vivienda cuente con instalaciones adecuadas para la provisión de agua y saneamiento, pues contribuye directamente a lograr el acceso universal y equitativo al agua potable de forma asequible, a mejorar los servicios de saneamiento e higiene adecuados y la calidad del agua reduciendo su contaminación. Por eso es que la vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y la calidad de vida de las personas.

El documento Vivienda y ODS en México elaborado por ONU-Habitat y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el marco del Acuerdo Específico de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, configura como resultado de la necesidad de generar acciones para mejorar las condiciones y servicios básicos de los asentamientos humanos, establecida en la Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat I), así como del compromiso de los gobiernos para lograr el pleno goce del derecho a la vivienda adecuada identificándola como un componente fundamental para satisfacer las crecientes necesidades de la urbanización (Hábitat II), y además, la importancia de acciones para hacer efectiva la Nueva Agenda Urbana, (NAU), que ubica a la vivienda adecuada en el centro del desarrollo sostenible como un instrumento para lograr la urbanización incluyente, planificada y sostenible y una fuerza transformadora para afrontar retos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Considero que el objetivo principal de dicho documento es abatir problemáticas que mantienen en rezago el sector habitacional, relacionados con la exclusión social, la desigualdad económica y la degradación ambiental, la desconexión y falta de consolidación de zonas periféricas, favorecida por una fallida política de expansión urbana.

El documento establece orientaciones estratégicas y para su implementación ONU-Hábitat ha desarrollado propuestas y líneas de acción con ámbitos de intervención que facilitan la comprensión y el involucramiento de los diferentes actores del sector, y las modificaciones legislativas necesariamente habrán de contribuir en el camino emprendido.

Así pues, considero importante ubicar la Agenda 2030 como el instrumento que nos compromete como Estado miembro de las Naciones Unidas y que representa el más acabado Plan de Acción en favor de las personas y de nuestro planeta, en busca de paz y prosperidad entre los pueblos, coincido con los redactores del documento: “La Nueva Agenda Urbana”, y la retomo, como la declaratoria emanada de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) de 2016, que reconoce a la vivienda adecuada y sostenible como el instrumento que permite el logro de otros derechos humanos y que al llevar a cabo las acciones necesarias, podremos afrontar los problemas como el cambio climático, la pobreza, la desigualdad y la exclusión, que nosotros mismos hemos propiciado, y que los gobiernos anteriores han omitido atender.

Por ello es que debemos poner en el centro a las personas y a los derechos humanos en la corrección de lo realizado y en la planificación de una urbanización incluyente y sostenible, y es mi convicción que el marco jurídico nacional en materia de derechos humanos para las personas trabajadoras debe ser armonizado de tal manera que logremos una legislación encaminada a lograr los mejores y mayores derechos para todas las personas, entre ellos una vivienda que pueda tener elementos cuantificables para su evaluación y no criterios subjetivos como son los adjetivos de digna y decorosa.

Desde esta óptica, resulta de relevancia fundamental la conceptualización en la norma de la vivienda adecuada, la cual brindará sostenibilidad a la urbanización y criterios claros de lo que significa.

Es clara entonces, la motivación por la cual presento esta iniciativa, ya que al establecer en la Ley Federal del Trabajo referencias a la vivienda adecuada y no a una vivienda digna y decorosa, nos situará en el camino de los cambios legislativos que requiere nuestra nación de cara al cumplimiento de la Agenda 2030.

En consecuencia, propongo reformar los artículos 28, 28-A y 28-B de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de sustituir el término vivienda digna y decorosa, por el de vivienda adecuada y hacer posible el ejercicio pleno de este derecho para personas trabajadoras, quedando como sigue:

La propuesta que pongo a consideración de esta soberanía pone el acento en el derecho a la vivienda adecuada como la acción legislativa que nos permitirá mayores elementos de medición del acceso a un desarrollo habitacional que ponga en el centro el derecho de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 28, 28-A y 28-B de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforman las fracciones I, inciso b), del artículo 28; III del artículo 28-A y II, inciso a), del artículo 28-B, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 28.-...

I....

a)...

b) Las condiciones de vivienda adecuada e higiénica que disfrutará el trabajador, mediante arrendamiento o cualquier otra forma;

c)...

d)...

II. a V....

Artículo 28-A. ...

I. a II....

III. Las condiciones para la repatriación, la vivienda adecuada, la seguridad social y otras prestaciones se determinarán en el acuerdo;

IV. a V....

Artículo 28-B....

I....

II....

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como de las relativas a vivienda adecuada, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar discriminación de cualquier tipo; y

b)...

III....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas en París 1948

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pd f

2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, Aprobada en la Novena conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948,

https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_de rechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf

3 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, Entrada en vigor internacional: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, entrada en vigor para México a partir del 23 de junio de 1981,

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Comité se creó en virtud de la Resolución Ecosoc 1985/17* del 28 de mayo de 1985 para llevar a cabo las funciones de seguimiento asignadas al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) en la Parte IV del Pacto.

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

5 Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/ cescr/00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html

6 Organización de las Naciones Unidas, Elementos de una vivienda adecuada, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

https://onuhabitat.org.mx/index.php/elementos-de-una-vivienda-ad ecuada

7 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido no se agota con la infraestructura básica adecuada de aquélla, sino que debe comprender el acceso a los servicios públicos básicos, Tesis aislada, Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, p. 583

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i dius=2009348&Tipo=1#:~: text=DERECHO%20FUNDAMENTAL%20A%20UNA%20VIVIENDA,en%20la%20tesis%20aislada%201a.

8 Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido a la luz de los tratados internacionales, Tesis: 1a. CXLVIII/2014 (10a.), Tesis aislada, Primera Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, p. 801

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i dius=2006171&Tipo=1#:~: text=El%20art%C3%ADculo%2011%2C%20numeral%201,las%20medidas%20apropiadas%20para %20asegurar

9 Organización de las Naciones Unidas, Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible,

https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/#:~: text=La%20Agenda%20de%20Desarrollo%202030,el%20planeta%20y%20la%20prosperidad.&text=Los%20ODS%20est%C3%A1n%20formulados%20para,cambio%20clim%C3%A1tico%20a %20nivel%20 mundial.

10 Secretaria de Gobierno, Jefatura de la Oficina de Presidencia, Agenda 2030 en México: vivienda Sostenible,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/574044/Agenda_203 0_en_Me_xico_-_vivienda_sostenible.pdf

11 Organización de las Naciones Unidas, Contribución de la vivienda al cumplimiento de la Agenda 2030,

https://onuhabitat.org.mx/index.php/contribucion-de-la-vivienda- al-cumplimiento-de-la-agenda-2030

12 Convenio ONU-Habitat, Infonavit, en el marco de colaboración específica con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. VIVIENDA_Y_ODS.pdf (publicacionesonuhabitat.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Vivienda, para opinión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Francisco Favela Peñuñuri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XI al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación es determinante para la competitividad y desarrollo de un país ya que permite la difusión de los avances tecnológicos para beneficiar a la sociedad, la difusión del conocimiento y estudios científicos, culturales, artísticos, etc., así mismo permite alcanzar mejores niveles de empleo, crecimiento económico y nivelar las desigualdades económicas y sociales.

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de producción, bajo su experiencia han mostrado una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países y la fortaleza de sus sistemas educativos y la investigación científica y tecnológica.

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3o. que la educación es un derecho básico del cual gozan todas las personas; corresponde al Estado velar por una educación laica, gratuita y obligatoria para los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, misma que les proporciona las habilidades, conocimientos, destrezas y los aprendizajes necesarios para de-sarrollarse en diversos ámbitos.

Para ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP), es la institución encargada de administrar los diferentes niveles educativos del país desde su creación en el año 1921.

El sistema educativo mexicano se clasifica en tres niveles correspondientes a la educación básica, media superior y superior; los cuales contemplan estudios desde preescolar hasta doctorado, además de diplomados y educación continua con la finalidad de crear programas de formación para el trabajo y la vida.

México ante la necesidad de superar rezagos acumulados, satisfacer la demanda de servicios educativos y elevar la calidad de la educación ha realizado varias estrategias de modernización educativa para contrarrestar el alto índice de alumnos no educados tanto en poblaciones urbanas como rurales.

Ahora bien, actualmente el idioma inglés es la lengua más hablada como segundo idioma a nivel mundial, usada en diferentes contextos político, económico, social y cultural permitiéndole a millones de personas alrededor del mundo comunicarse de forma efectiva. Su influencia ha permitido avances tecnológicos, acuerdos internacionales, intercambios culturales, negocios comerciales o estudios científicos.

México al igual que otros países del continente americano tiene como principales socios comerciales a Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, países que tienen como principal lengua el inglés, además representan nuestra principal afluencia de turistas, sin embargo, el porcentaje de atención el su idioma es bastante bajo.

Es preciso mencionar que la enseñanza del idioma inglés en el país ha sido una preocupación desde el Siglo XIX y ésta ha sido modificada conforme a las diversas políticas lingüísticas adoptadas por el gobierno en turno.

En el año 1867 surgió la Ley de la Instrucción Pública, misma que contemplaba desde la educación secundaria para el sexo femenino entre otras enseñanzas los idiomas francés, italiano e inglés.

Mientras que para el grado de preparatoria el plan de estudios contemplaba el estudio de lenguas extranjeras como el griego, francés, inglés, alemán e italiano y el latín.

Posteriormente en el año 1896, el Plan de estudios debía cubrirse en siete u ocho años, el esquema educativo del país se conformaba sólo de primaria y preparatoria. La enseñanza secundaria que abarcaba tres años y vista como la ampliación de la primaria, y la preparatoria con uno o dos años de duración para el estudio de carreras universitarias.

En este periodo se decretó que una de las materias obligatorias debía ser el inglés, puesto que los obreros que lo hablaban obtenían un mejor salario, sin embargo, hacia 1891 cuando la escuela formo parte de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública se suprimieron algunas clases especiales entre ellas el inglés.

Para 1908 se declaró obligatoria “una lengua viva extranjera”. El programa para la enseñanza del inglés fue elaborado en 1906. Se estableció que en las clases el profesor hablaría sólo en inglés y obligaría a los alumnos a contestarles en el mismo idioma.

Pocos estados ofrecieron clases de inglés, Solo Chihuahua y Sonora declararon el inglés y francés como obligatorios en la primaria superior, Coahuila las determinó voluntarias, Tabasco declaró indispensable la enseñanza de ambos idiomas, Morelos y Puebla sólo el inglés, en Chiapas y Guadalajara se enseñaba francés.

En las escuelas de oficios el inglés era obligatorio por ser útil para los obreros que podían trabajar en las compañías extranjeras y de este modo podían tener mayores ingresos.

Sin embargo, tras buscar la igualdad y rescatar la identidad nacional, los idiomas extranjeros desaparecen de la currícula, el inglés no es considerado ni siquiera como optativa y en el caso del francés se disminuyó su enseñanza.

Fue hasta el año de 1936 cuando se modificó el Plan de estudios de secundaria; este plan era parecido al anterior. Sin embargo, suprimía las materias optativas. El inglés retornaba de nuevo a ser de carácter obligatorio. Este plan estuvo vigente hasta 1940.

En 1945, Se modifican los contenidos curriculares, el enfoque deja de ser socialista. Los niveles de educación eran muy bajos, sobre todo en el área rural. Asistir a la escuela era considerada un lujo más que una necesidad de aprendizaje. El idioma inglés continúa impartiéndose en la educación secundaria de manera obligatoria.

Es hasta 1993 que derivado de la creciente globalización e intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se busca que los estudiantes adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales tales como la lectura y la escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las matemáticas a la realidad, aspectos relacionados con la preservación de la salud, con la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así como historia y la geografía de México, además de adquirir el aprecio y disfrute de las artes y del ejercicio físico y deportivo. Se pasa de 650 horas a 800 horas escolares en la primaria.

La lengua extranjera, continúa siendo obligatoria para los tres años de secundaria, sin embargo, de nueve horas semanales disminuye a seis horas semanales y se adopta una materia nueva que es de tipo estatal, por lo que cada entidad seleccionaría el contenido y programa del mismo.

Para el año 2006 a consecuencia de los resultados del Programme for International Student Assessment se reestructura el plan de estudios y el idioma inglés pasa de las seis horas semanales a nueve horas a la semana como en años previos. Esta modificación tiene su origen en la necesidad de que los estudiantes adquieran un nivel competente de adquisición del idioma ante los retos del mundo globalizado, conforme al plan de estudios 2006.

Para el año 2007 se planteó como objetivo el Gobierno Federal “elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, para ello se incorporó la asignatura de inglés a los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria y ajustar los contenidos del nivel secundaria. Siendo este uno de los mejores planes, sin embargo, por la falta de administración presupuestaria se canceló el mismo.

En la actualidad se han intentado implementar una serie de planes de tal suerte que el idioma inglés sea la segunda lengua para los estudiantes de nuestro país, sin embargo, como se ha observado desde el Siglo XIX no ha existido una consistencia respecto a la inclusión del mismo en los modelos educativos atribuyendo a esto el fracaso.

De acuerdo con la edición 2022, del Índice de Dominio del Inglés en la que se analizan los datos de dos millones de hablantes no nativos de inglés de 111 países y regiones, México se colocó en el lugar 88, siendo el penúltimo lugar a nivel Latinoamérica, mostrando de este modo que el dominio del idioma es muy bajo, cifra que indica que aproximadamente solo el 5 por ciento de la población mexicana tiene la oportunidad y habilidad de hablar inglés.

Del mismo modo, en el estudio realizado por ABA English en el que participaron 7 000 personas, dentro de las cuales 668 eran mexicanas, se revelo que el 63 por ciento de los mexicanos perdió oportunidades laborales debido al bajo manejo del inglés, se destacó que la pérdida de oportunidades es más común entre los 20 y los 44 años de edad con un 79 por ciento.

La SEP, reconoció que el 79 por ciento de los alumnos desconoce totalmente la lengua inglesa y que le 97 por ciento de los alumnos de las escuelas públicas no alcanza el nivel de comprensión básica de este idioma debido al rezago educativo y a la falta de implementación y seguimiento de buenas estrategias.

Por otra parte, en septiembre de 2015 los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México aprobaron la Agenda 2030 como una hoja de ruta que pone un horizonte en común con el fin de orientar acciones multisectoriales a favor de las personas, la prevención del planeta, la prosperidad económica en disminución de igualdades, así como fomentar la paz y las alianzas.

En ella se contemplan 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 230 indicadores globales dentro de los cuales se contempla en el objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” mismo que considera aumentar el número de jóvenes con competencias técnicas y profesionales necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento, mediante educación de alta calidad.

Finalmente, esta estrategia es una opción viable para mejorar la enseñanza de lenguas extranjeras y contribuir con la mejora en competitividad a nivel laboral, profesional empresarial etc., y con ello contribuir a mejorar la vida de la población mexicana.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de calidad que brinde las competencias necesarias para la vida laboral y personal para los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes de la sociedad mexicana en un mundo globalizado y en constante interacción con las lenguas extranjeras específicamente con el inglés, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XI al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona la fracción XI al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a X. ...

XI. El Estado garantizará la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en todas las escuelas de educación pública del país, como materia obligatoria para los niveles básico, medio superior y superior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educativonacional

3 http://articulosdrangeles.blogspot.com/2017/10/breve-resumen-historico-de-la-en senanza.html

4 https://www.ef.com.es/epi/

5 https://www.abaenglish.com/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2023.– Diputado Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma los artículos 5o. y 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción  I, artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 y la fracción VII del artículo 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos señala que: “Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a los previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen tramites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos, dichas oficinas se coordinara con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo...”

Asimismo el artículo 209 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, nos señala en su fracción I que la Junta Directiva es un órgano de gobierno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la cual le corresponde aprobar el estatuto orgánico y los reglamentos necesarios para la operación del instituto propuesto por el director general, según lo establece la fracción VI del artículo 214 del mismo ordenamiento legal en comento.

El miércoles 30 de noviembre de 2022, la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, celebro una sesión extraordinaria, en donde se aprobó el Acuerdo 3.02.E.2022, el cual contiene el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el cual señala en su articulo 58 de dicho Estatuto que la Dirección será responsable de supervisar la operación de las oficinas de representación.

En ese tenor, se destaca que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se encuentra anacrónica en este momento, ya que no contempla aún la figura de oficinas de representación, tal como lo contempla desde el 30 de noviembre de 2018, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por lo que es de suma importancia reformar la Ley antes mencionada, a fin de armonizarla y homologarla con las demás normativas vigentes y así dotar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de una seguridad jurídica certera en la prestación de sus servicios y actos administrativos en las entidades federativas de la República Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo se reformen el artículo 5 y la fracción VII del artículo 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para queda como sigue:

Decreto se reforma el artículo 5 y 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 y la fracción VII del artículo 214 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como a continuación se establece:

Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del Pensionissste, de sus oficinas de representación y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades previstos en esta ley.

Artículo 214. Corresponde a la junta directiva:

I. a VI. ...

VII. Establecer o suprimir oficinas de representación del instituto en las entidades federativas.

VIII. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 234 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, licenciado Francisco Favela Peñuñuri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 234 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Declaración y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de Drogas, las drogas sintéticas plantean una de las problemáticas más graves alrededor del mundo. Los estimulantes de tipo anfetamínico son las drogas de mayor consumo después del cannabis y los opioides, ya que sus niveles de consumo a menudo superan los de la heroína o la cocaína.

En la actualidad, el crecimiento del mercado de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) cambia con bastante rapidez de un año a otro. En tan solo dos décadas, el mercado mundial de drogas sintéticas ha cobrado un enorme impulso a nivel mundial, pasando de 30.2 millones de usuarios en la década de 1990 a 50 millones de consumidores en el año 2017.

Regiones como América del Norte, y África Occidental, Central y Septentrional están experimentando crisis continuas relacionadas con el uso generalizado con fines no médicos de fármacos opioides y opioides sintéticos fabricados de forma ilícita, dicha expansión ha cambiado del mercado de drogas de origen vegetal a drogas polifacéticas planteando de este modo nuevos retos a los responsables de las políticas contra la droga.

El fentanilo es un opioide sintético, 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Hoy en día los grupos criminales en el país, se han enfocado cada vez más en la producción de dogas sintéticas. Si bien la mayoría están destinadas a países como Estados Unidos, un porcentaje permanece en las ciudades del noroeste de México.

Desde hace algunos años la situación se está extendiendo, de acuerdo con el reporte titulado “Impacto del fentanilo ilícito se siente a ambos lados de frontera México-EEUU”, en 2020 se contabilizaron un total de 1 735 muertes por sobredosis en México; sin embargo, el reporte advierte que la cifra puede no reflejar la realidad debido a la crisis forense que vive el país, aunque estos decesos aún están lejos de las cifras reportadas por Estados Unidos.

Así mismo, un diagnóstico realizado sobre el consumo de fentanilo en el país, con datos de 1 000 centros públicos y privados para el tratamiento de adicciones de nuestro país, halló que el número de personas que habían consumido la sustancia paso de 24 en un periodo de 2013 a 2018 a 98 del 2019 al 2020.

El fentanilo, así como otros opioides sintéticos es mezclado frecuentemente con otras drogas como la heroína, la cocaína, MDMA (éxtasis) y metanfetaminas que llegan a ocasionar diversas facetas en las personas que las consumen como: felicidad extrema, confusión, náuseas, paros respiratorios, pérdida del conocimiento, coma e incluso la muerte.

En los últimos años en México los grupos criminales como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han ganado una posición dominante en la producción de drogas sintéticas, controlan los puertos de México para la importación de precursores químicos desde la India, China y países europeos como España.

La propagación y el uso de diversos nombres callejeros al fentanilo permite ocultar el verdadero contenido; actualmente se distribuye bajo nombres como China White, Dance Fever, Apache, China Girl, Goodfellas, Murder 8, etcétera, a adolescentes, jóvenes y adultos, violando el derecho a la vida, al desarrollo integral y a la salud.

El fentanilo requiere de productos químicos básicos para su producción. Tales como la N-fenetil-4-piperidinona (NPP) y la 4-anilino-N-fenitilpiperidina (4-ANPP). Esos productos están regulados en China e India, las principales fuentes de estos productos, y en México, su destino principal. Sin embargo, los cárteles han encontrado la forma de que estas regulaciones no los detengan.

En China, la industria farmacéutica es tan grande que, a pesar de las regulaciones, los productores de drogas pueden obtener químicos. El problema con India es que ahí las regulaciones son todavía menores, por lo que algunos productores de estupefacientes han tomado a este país como fuente principal de químicos.

En México se controlan dos precursores, la N-fenetil-4-piperidinona y la 4-anilino-N-fenitilpiperidina, aun así, su tráfico es difícilmente detectable debido a que se necesitan cantidades pequeñas para producir el fentanilo.

Además, del problema de las drogas sintéticos, el reporte concluye que México sigue siendo la fuente principal de heroína y metanfetamina que llega a Estados Unidos, además de ser la ruta principal de cocaína desde Sudamérica.

En México las incautaciones de estas drogas son demasiado bajas en comparación con la amenaza que representan.

En lo que respecta a los precursores del fentanilo, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), por la aparición de la N-(1-bencil-4-piperidil)- propionanilida (también conocida como benzilfentanilo) y la 4-anilinopiperidina (también conocida como “4-AP”), que últimamente se detectan cada vez con mayor frecuencia, a través incautaciones realizadas y/o mediante la elaboración de perfiles de drogas.

Sin embargo, pese al control que tiene el país la Ley vigente no contempla dichas sustancias que ya se encuentran en manos del crimen organizado para producir entre otros opioides el Fentanilo.

Con base en lo anteriormente expuesto y fundamentado someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 234 de la Ley de Salud

Único. Se reforma el artículo 234 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 234 para los efectos de esta Ley, se consideran estupefacientes.

...

4-Anilinopiperidina (4-anilino-N-fenetilpiperidina)

...

Propionanilida (N-(1-bencil-4-piperidil)) o benzilfentanilo

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

N otas

1 Ibíd., págs. 12 y 13 Oficina de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas y de Prevención del Delito, Global Illicit Drug Trends 1999

2 https://nida.nih.gov/sites/default/files/drugfacts-fentanyl-sp.pdf

3 Fourneau, E., Process for the manufacture of phenyl-methyl-amino-propanol (synthetic ephedrine).

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero de 2023.– Diputado Francisco Favela  (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Carolina Dávila Ramírez, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las Naciones Unidas en su Resolución A/C.3/73/L.5/Rev.1 del 1ro de noviembre de 2018 en que se proclama el 4 de enero como Día Mundial del Braille, afirma que el uso del braille por las personas con discapacidad visual garantiza la comunicación de información importante y representa competencia, independencia e igualdad; siendo un requisito previo fundamental para la realización plena de los derechos humanos de las personas ciegas y con deficiencia visual promover sus derechos humanos y libertades fundamentales en el contexto del acceso al lenguaje escrito.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la importancia de la accesibilidad a la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, enmarcando a la accesibilidad como uno de los principios generales de la propia Convención.

En particular, el artículo 9 de la Convención establece la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas que aseguren el acceso de las personas con discapacidad a la información y las comunicaciones con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y plena.

En nuestro país, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad identifica como un sistema de comunicación el sistema de escritura braille y reconoce en el artículo 16 el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal. Sin embargo, en el propio texto de la ley no se hace ninguna referencia a la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual fuera de lo referente al acceso a libros, materiales impresos y educación.

En la actual legislación el derecho a la accesibilidad está acotado a un tema de infraestructura, acceso y desplazamiento en espacios físicos, sin darle la atención requerida al acceso a la información y las comunicaciones de las personas con discapacidad visual.

Por lo tanto, reconociendo la obligación del Estado Mexicano de adoptar medidas que garanticen el acceso a la información de las personas con discapacidad, la presente iniciativa tiene por objeto implementar el etiquetado en sistema de escritura braille a los diversos productos que deben expenderse empacados o envasados para dar mayor autonomía y accesibilidad a las personas con discapacidad visual, en alineación con el Objetivo 10: Reducir la desi-gualdad en y entre los países y el Objetivo 12: Producción y consumo responsables de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las Naciones Unidas reconocen que el braille es un medio de comunicación que consiste en una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos (Resolución A/C.3/73/L.5/Rev.1).

Alrededor del mundo se han dado ejemplos de empresas y gobiernos que han implementado el sistema de escritura braille en sus etiquetados, desde 2015 se expidió en la Unión Europea la UNE-EN ISO 17351 que exige a todos los países miembros incluir el etiquetado braille en todos los medicamentos, señalado las características que debe contener este etiquetado.

Por su parte, España publicó, el 25 de febrero del presente año, en el Boletín Oficial del Estado la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (Ley 4/2022) que obliga al etiquetado braille de los bienes y productos de consumo.

Esta Ley incluye una disposición sobre etiquetado inclusivo que establece que “el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables” (CERMI, 2022).

El Ministerio de Consumo de España, que está trabajando en la reglamentación del etiquetado braille, ha señalado que este etiquetado deberá dar la información mínima básica, la dinámica y extensiva, sin embargo, asociaciones como la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) ha expresado la complejidad de incluir toda esta información en sistema de escritura braille ante el espacio limitado en la superficie de los envases, por lo tanto se debe limitar a la información más importante como nombre del producto, lo relativo a alergias y fecha de caducidad.

Como complemento al sistema braille, se está considerando la utilización de códigos de respuesta rápida (QR) en el etiquetado para dar mayor información a las personas con discapacidad visual, el código estaría señalizado en relieve con líneas continuas o puntos para reconocer su ubicación. Esta tecnología inclusiva ha sido retomada por empresas y diseñadores informáticos para crear las herramientas necesarias que permitan leer el código QR por el teléfono móvil y que este reproduzca en audio la información que contiene, aunque algunos diseños aún se encuentran en proceso de desarrollo, contar con estas herramientas ayudaría no sólo a las personas con discapacidad visual sino también al resto de los consumidores a tener mayor información sobre los productos que se adquieren.

En el sector privado, empresas como Vinos Enate, Hero Baby, Esnaloa, Biferdil y Natura, entre otras, han incluido el sistema de escritura braille en sus etiquetas; por otro lado, iniciativas particulares como la de Gabriela Quintero en Sonora han incluido este tipo de etiquetado sobre los productos que distribuye y comercializa en su emprendimiento, inspirada en la campaña realizada por Coca-Cola en el año 2015 que entregó una edición limitada de botellas con nombres escritos en braille a la Selección Argentina de Fútbol Sala para Ciegos llamada “Los Murciélagos” e hicieron una segunda campaña con el Comité Internacional ProCiegos IAP y Cinépolis en Ciudad de México.

Un antecedente importante en la materia de etiquetado es el relativo a los medicamentos. El 12 de abril del 2018 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que adiciona una fracción X al artículo 7 y recorre las actuales fracciones de la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer que la Secretaría de Salud emitiría los lineamientos respectivo para que todos los productos farmacéuticos tengan integrado en el Sistema de Escritura Braille el componente activo del medicamento, el nombre comercial y la fecha de caducidad del mismo, esta minuta está pendiente en Comisiones del Senado.

Esta reforma deriva de la iniciativa presentada por el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, que originalmente proponía facultar a la Secretaría de Economía para establecer lineamientos para que todos los productos de consumo elaborados en México tuvieran integrado en sistema de escritura braille, la marca del producto, así como el contenido del envase. El dictamen de la comisión argumentó que esta modificación implicaría un aumento en el costo de elaboración de los productos que se traduciría en un incremento para el consumidor final, por lo tanto, debía acotarse únicamente a productos farmacéuticos por considerar que estos pueden representar un riesgo a la salud.

A pesar de no existir una disposición oficial en la materia, existen en el mercado diversos medicamentos que actualmente cuentan con un sistema de escritura braille en su empaque, este hecho aunado a un avance en los sistemas de producción y de tecnologías de la comunicación permitiría hacer viable la implementación de un etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille no sólo para medicamentos, sino para otros productos que de uso o consumo.

En el Censo 2020 realizado por el INEGI se pudo identificar que en nuestro país hay 20, 838,108 personas con alguna discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental (16.5 por ciento de la población), de las cuales 12 millones 272 mil 653 personas tienen algún nivel de discapacidad visual, lo que representa 61 por ciento del total de este universo.

En este sentido podemos entender la discapacidad visual como una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial y se puede medir a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. La pérdida o deterioro de la percepción visual afecta gravemente la autonomía de quien la padece y vulnera su calidad de vida.

La limitación en la autonomía y las barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad visual se hacen más evidente en acciones tan cotidianas como ir al supermercado o comprar en cualquier autoservicio, no se trata únicamente de un tema de consumo autónomo sino de un tema de seguridad y bienestar para la persona usuaria de estos servicios. En este caso, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad visual no son físicas sino de acceso a la información al no poder identificar, sin necesidad de ayuda, los productos y bienes que pretende adquirir.

Derivado de lo anterior, es necesario que la Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus competencias, emitan las normas oficiales mexicanas (NOM) que regulen técnicamente las características que debe llevar este etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille.

Las NOM en la materia deberán considerar la información mínima de identificación a incluir, las posibles técnicas de impresión a usar (golpe en seco, moldeado, braille sólido), las dimensiones dentro y entre las celdas braille, la altura de los puntos de la celda, la disposición de la información, las distancias entre el relieve propio del diseño y el relieve del sistema braille, y la implementación de códigos de respuesta rápida (QR) señalizados en relieve que puedan ampliar la información proporcionada a las personas con discapacidad visual.

El etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille permitirá garantizar el derecho de acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual, otorgándoles mayor autonomía y seguridad en sus labores cotidianas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de ésta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille.

Artículo Primero. Se adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. La Secretaría de Economía en coordinación con la Secretaría de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirá las Normas Oficiales Mexicanas en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille y códigos de respuesta rápida (QR);

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a los artículos 210, 212, 218, 228 y 281 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 210....

...

Para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual, los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas impresas en sistema de escritura braille con los datos necesarios para su identificación y códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la materia.

Artículo 212. ...

...

...

...

...

Las etiquetas o envases para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir en sistema de escritura braille los datos necesarios para su identificación y códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.

Artículo 218. ...

...

Todos los envases de bebidas alcohólicas deberán ostentar en sistema de escritura braille la leyenda “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” y los datos necesarios para su identificación, así como códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.

Artículo 228. ...

Las leyendas precautorias a las que hace referencia el presente artículo deberán rotularse en sistema de escritura braille y contar con códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad visual.

Artículo 281. ...

Las etiquetas a las que hace referencia el presente artículo deberán contener las advertencias necesarias en sistema de escritura braille y contar con códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Economía, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá actualizar la normas oficiales mexicanas aplicables, o en su caso emitir una nueva en la materia.

Tercero. Las etiquetas y envases de los productos materia de la presente reforma, deberán empezar a producirse, atendiendo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de las normas oficiales mexicanas respectivas.

Bibliografía

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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N18/356/43/ PDF/N1835643.pdf?OpenElement

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https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-boe-publica-la-le y-que-obliga-al-etiquetado-braille-de-los-bienes-y-productos

• Comisión Braille Española (2021). Etiquetado en Braille de Productos de Consumo. CBE. Recuperado el 20 de septiembre 2022, de sitio web:

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https://marketingactual.es/publicidad/publicidad/hero-baby-modif ica-su-packaging-para-anadir-etiquetas-escritas-en-braille

• Grupo Lappí

https://www.grupolappi.com/es/blog/tecnologia/eliminando-barrera s-con-las-etiquetas-en-braille/

• Organización Nacional de Ciegos Españoles

https://www.once.es/

• Vinos ENATE https://www.enate.es/vinos/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Carolina Dávila Ramírez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; numeral 1 del artículo 77 y el 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 3 y reforma el artículo 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Exposición de Motivos

Hasta 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), recibió mil tres denuncias asociadas a desvíos y malos manejos de recursos públicos que le han hecho llegar la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Desde el año 2000 a finales del año 2018, la ASF logro reintegrar a la Federación 146 mil 398.5 millones de pesos que habían sido desviados o ejercidos de manera irregular, pero aún tenía pendientes 487 mil 875.8 millones de pesos por aclarar o recuperar.

Por lo anterior, y con el objetivo de transparentar los recursos obtenidos por los funcionarios públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas les permite a los servidores públicos presentar su declaración patrimonial de manera confidencial o pública, la cual, debe ser presentada   60 días naturales después de que el funcionario asume su cargo.

La declaración patrimonial es el instrumento de ley que obliga a los servidores de la administración pública a realizar un informe pormenorizado de su patrimonio, para en caso de detectarse casos injustificados de incremento o enriquecimiento, iniciar el procedimiento respectivo para determinar daños al erario público y fincar las responsabilidades, los funcionarios públicos deben presentar, año con año, su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública.

La declaración debe contener las propiedades que posee un funcionario y lo cual deben coincidir con el salario que percibe. La utilidad de este documento va más allá de saber cuántas casas y automóviles tiene un servidor público, o cuál es el monto al que asciende su ingreso anual, por el contrario, este es uno de los indicadores para saber que no incurre en actos de corrupción, si sus posesiones aumentaran de manera irregular, habría razones para cuestionar cómo adquiere bienes que antes no estaban a su alcance, si su ingreso sigue siendo el mismo.

En la declaración inicial y de conclusión se debe declarar todo el patrimonio del servidor público, es decir, todos sus bienes inmuebles; casas, departamentos, terrenos y muebles, e inversiones, sin importar la fecha de adquisición o contrato, tanto de él como de su cónyuge, concubina o concubinario y/o de sus dependientes económicos, así como los ingresos percibidos, los adeudos y gravámenes, que tenga a la fecha en que se inicia o concluye el encargo.

Sin embargo, nos enfrentamos a cambios que revolucionan e impactan la vida de los ciudadanos y funcionaros, antes conferíamos valor a bienes tangibles (oro, sellos, obras de arte), y ahora lo hacemos cada vez más a bienes intangibles que no vemos, ni podemos tocar, como son los activos virtuales.

La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), en su artículo 30 las define como:

Artículo 30. Para efectos de la presente Ley, se considera activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas .

Los activos digitales o virtuales, según lo establecido por el Banco de México es:

“(i) una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, y que es unívocamente identificable, incluso de manera fraccional, almacenada electrónicamente,

Respecto a la primera parte de la definición, se considera que no existe un bien subyacente ni un activo ajeno que respalde el valor de un activo virtual uno a uno. El valor está definido por la oferta y demanda, la cual depende de la confianza de los compradores en la tecnología que le da seguridad y operatividad al activo virtual...”

También el Banco Santander México, define a los activos digitales como:

“...un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.”

Actualmente vivimos el auge de los activos virtuales (criptomonedas) y la aceleración de la transición hacia la economía digital, potenciada por la pandemia de Covid-19, lo cual, han orillado a distintos bancos centrales del mundo a explorar la posibilidad de lanzar sus propias monedas digitales.

El Banco de México (Banxico) no es la excepción: anunció que en 2024 pondría poner en circulación su propia moneda virtual, permitiéndole al país avanzar en la inclusión financiera.

El objetivo de esta iniciativa es visualizar la nueva problemática que enfrentamos, debido a que los funcionarios públicos no están obligados a declarar un activo virtuales, ya que su principal característica, es que, son instrumentos no regulados ni centralizados. Asimismo, estos no requieren de intermediarios, son códigos digitales únicos, identificables e intransferibles de manera electrónica.

Por ello, es necesario establecer medidas que nos permitan cubrir los vacíos en el ámbito de la transparencia, evitando la evasión de dichos bienes en la declaración de los funcionarios públicos.

Iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción XXVIII al artículo 3 y reforma el artículo 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo Primero: Se adiciona francción XXVII al artículo de La Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XXVII.

XXVIII. Activos virtuales: recursos de carácter intangible, utilizados como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos .

Artículo Segundo: Se adiciona reforma el artículo 35 de La Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue:

Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles y activos virtuales, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/1–-que-es-un-activo-virtua.html

2 https://mundopld.com/2021/09/28/lavado-de-dinero-y-criptomonedas-una-herramient a-mas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero 2023.– Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rubrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE OAXACA, A REVISAR LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN LA CAUSA PENAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DEJAR DE REVICTIMIZAR A MARÍA ELENA RÍOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Oaxaca a revisar las actuaciones que integran la causa penal con perspectiva de género y se deje de revictimizar a María Elena Ríos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62 numeral 3 y 79 numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia que sufren la mayoría de las mujeres en México y específicamente en Oaxaca, por el solo hecho de ser mujeres, es una realidad cotidiana a la que se enfrentan todos los días, ya sea en la casa, el trabajo, la escuela o la calle, convirtiéndose en una de las más grandes pandemias que afectan a nuestra sociedad porque menoscaba, restringe y/o anula el goce pleno de sus derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales.

Las mujeres durante siglos le han gritado al mundo que son seres humanos, que tienen la misma dignidad y que merecen vivir una vida libre de violencia, sin que ese reclamo haya sido atendido y garantizado de manera eficiente.

En México, según cifras oficiales, 11 mujeres al día son víctimas de feminicidio, 80% cometido por parejas sentimentales o familiar cercano y en casi todos ellos, quedan impunes. En Oaxaca, de acuerdo a las cifras oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), al mes de noviembre de 2022, se registraron 44 presuntos feminicidios, 114 homicidios dolosos de mujeres, 6584 casos de violencia familiar, 700 violaciones y 293 casos de acoso u hostigamiento sexual; cifras que se tornan aún más preocupantes si tomamos en consideración que estas sólo representan los casos que lograron ser denunciados.

Pese a los avances legislativos diseñados para frenar y revertir los índices de violencia de género contra las mujeres, siguen siendo víctimas de todos y cada uno de los tipos de violencia conocidos, reconocidos y los que aún no logramos nombrar, continúan siendo violentadas en todos los ámbitos de la vida y NO podemos seguir así.  Mientras la impunidad impere, la violencia contra las mujeres seguirá en aumento.

No debemos, no podemos y no queremos seguir mirando y ver que el deplorable Sistema de Justicia revictimiza a las víctimas directas e indirectas; sus voces deben oírse fuerte y claro, deben hacerse valer y como siempre lo hemos hecho, desde el Partido del Trabajo ponemos a disposición de las causas de las niñas, adolescentes y mujeres nuestras manos, nuestras voces y nuestras capacidades para lograr la paz, la justicia y la vida libre de violencia que se merecen, que nos merecemos todas y todos en Oaxaca.

Por todo ello, exigimos que el Ministerio Público apele la determinación del juez Teódulo Pacheco Pacheco, para que el imputado Juan Antonio Vera Carrizal continúe el procedimiento en reclusión; para que la Sala Penal correspondiente del Poder Judicial del estado de Oaxaca, de manera inmediata y con perspectiva de género, verifique la inexistencia de causas que justifiquen válidamente que dicho procesado enfrente el proceso en arraigo domiciliario y se revoque dicha determinación judicial que ilegalmente le fue concedida, por lo que dicha Sala debe revisar las actuaciones que integran la causa penal y garantizar a María Elena Ríos Ortiz el acceso a la justicia de manera pronta y expedita; asimismo, para que el Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca revise las actuaciones del juez Teódulo Pacheco Pacheco y sea destituido a la brevedad, en caso de que así proceda.

Finalmente, solicitamos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca brinde el acompañamiento a la víctima María Elena Ríos Ortiz para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca atienda de inmediato esta situación.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que, a través del ministerio público, apele la determinación del juez Teódulo Pacheco Pacheco, a efecto de que el imputado Juan Antonio Vera Carrizal, continúe el procedimiento en reclusión.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca para que la Sala Penal correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de manera inmediata y con perspectiva de género, revise las actuaciones que integran la causa penal y garantice a María Elena Ríos Ortiz el acceso a la justicia de manera pronta y expedita y se revoque dicha determinación judicial.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Oaxaca para que a través del Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca revise las actuaciones del juez Teódulo Pacheco Pacheco y, en caso de que así proceda, sea destituido a la brevedad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca brinde el acompañamiento a la víctima María Elena Ríos Ortiz para que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Poder Judicial del estado de Oaxaca atiendan de inmediato esta situación.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 2 de febrero de 2023.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE INCORPORE EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS, LA PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIONES DE LAS MUJERES A LO LARGO DE LA HISTORIA MUNDIAL Y DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a incorporar en los libros de texto gratuitos y materiales didácticos la participación y contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia mundial y de México, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Maribel Martínez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62 numeral 3 y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Planteamiento del Problema

La escuela, en todos sus niveles y modalidades educativas, constituye, después de la familia, el agente socializador más importante de la sociedad. Desafortunadamente, ahí se reproducen estereotipos, ya sea por acción o por omisión, que contribuyen enormemente a fomentar y preservar la desigualdad de género.

Tal y como señalan la investigadora Isabel Reinoso Castillo y el investigador Juan Carlos Hernández Martín, el sexismo trae consecuencias negativas tanto para los hombres como para las mujeres, ya que limita las posibilidades de unas y otros como personas, además de que les niega determinados comportamientos que suelen considerarse como típicamente “femeninos” o “masculinos”; ejemplo de ello son expresiones que comúnmente utilizamos, tales como “lloras como niña” o “ese juego es de niños”.

Otro de los estereotipos ampliamente difundidos es la división de roles sexuales en el hogar, donde los hombres asumen la responsabilidad de proveer y las mujeres de desempeñar las tareas domésticas y de cuidado.

Así pues, el sexismo no es un problema relacionado con la condición biológica, sino un problema de construcción sociocultural y existen diferentes vías a través de las cuales se puede reproducir, como son la organización escolar y las prácticas pedagógicas, el lenguaje, el programa de estudios y los libros de texto.

Argumentos

México es un país con elevados índices de criminalidad y violencia. Por ello, la seguridad y la administración de justicia se han transformado en unas de las preocupaciones más importantes para la población y en las principales demandas dirigidas al Estado.

Estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo revelan que un mayor nivel educativo contrarresta la delincuencia al asociarse a mayores expectativas de ingresos por actividades legales, incrementando el salario que una persona espera recibir, ello en virtud de que la educación posee un componente cívico que, presumiblemente, aumenta la cantidad de valores que posee un individuo, haciendo menos factible su deseo de delinquir.

No obstante, esta condición no va ligada a la disminución de la violencia contra las mujeres en razón de género, ello principalmente porque la escuela, conjuntamente con la familia como importantes instituciones y agentes de socialización, tienen el encargo social de educar las relaciones entre los seres humanos que en ella se forman y, al mismo tiempo, constituyen vías a través de las cuales se trasmiten, reproducen y perpetúan estereotipos de género.

Sin lugar a dudas, esta situación puede ser revertida desde la misma escuela, ya que, con la reforma a la Constitución Política y la creación de la Ley General de Educación en el año 2019, se estableció que los planes y programas de estudio “... y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía , el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”, lo cual debe ser reforzado con organización escolar no sexista, prácticas pedagógicas, lenguaje incluyente, programas de estudios, libros de texto y materiales didácticos que no convaliden los roles y estereotipos de género y reivindiquen la participación y las contribuciones de las mujeres en la consolidación de nuestra patria, de las ciencias y de las humanidades.

Es decir, se requiere de libros de texto y materiales didácticos adaptados a esta nueva necesidad de inclusión, no discriminación y reconocimiento de las mujeres, en virtud de que estos son elementos determinantes en la superación de estos lastres de discriminación y violencia contra las mujeres en razón de género que padecemos en la sociedad mexicana.

Constituye una necesidad la incorporación de la perspectiva de género en los centros escolares, porque todavía es ahí, a través de los libros de textos y del plan de estudios, que se producen prácticas sexistas que invisibilizan a las mujeres y las sitúan en una posición de inferioridad frente a los hombres, por ejemplo: aún se les dice a las y los niños en el preescolar, cuando se aborda el tema de la familia, que las madres son las encargadas de su cuidado, de los abuelos y abuelas, así como de las personas enfermas o con alguna discapacidad; de las labores domésticas y de cuidados del hogar, mientras que los padres son quienes salen a trabajar y proveer lo necesario para que los miembros de la familia vistan, coman, vayan a la escuela y tengan donde vivir, cuando la realidad de las cosas, hoy día, es que no todas las familias son así, ya que se les impone a muchas mujeres, madres de familia, la doble carga de cuidar de su familia y salir a trabajar para contribuir con los ingresos económicos.

Aunado a lo anterior, se invisibiliza a las mujeres que han contribuido a forjar nuestro México, por citar algunos ejemplos:

1. En el libro de texto de cuarto grado, donde se habla del virreinato, se explica al alumnado a cerca de la organización social de la época, señalando las diferencias sociales o calidades de las personas, la organización política, así como el hecho de que la iglesia católica abrió escuelas, seminarios y universidades, pero lo que NO dicen es que dentro de la división social y de clases o calidades, las mujeres no podían asistir a esas escuelas y menos a las universidades, cuando mucho, mujeres de la clase alta y media sabían leer pero no escribir y que ninguna ,mujer podía participar en política.

2. En este mismo libro se hace una escueta referencia a Sor Juana Inés de la Cruz y a Josefa Ortiz de Domínguez, a quien además se le nombra con su nombre de casa, en un papel de subordinación, omitiendo su nombre completo, María Josefa Crescencia Ortiz Téllez- Girón; además, se omite señalar la importantísima participación de mujeres como María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador (Leona Vicario), María Fermina Rivera, Mariana Rodríguez del Toro, Antonia Nava y María Gertrudis Teodora Bocanegra Lazo Mendoza, por citar sólo a algunas de las cientos de mujeres que participaron en la gesta independentista como correos, espías, transportadoras de armas, las que curaban a los enfermos y heridos, las que empuñaban armas, las que pusieron sus fortunas a disposición de la causa, las que alimentaban a las tropas y a todas aquellas mujeres que fueron fusiladas o murieron en la batalla.

3. En el libro de texto de quinto año de primaria también se omite de manera importante la participación de las mujeres en los procesos históricos, tal es el caso del grupo de zacatecanas que en 1824 escribió al Congreso Constituyente manifestando su interés en participar en la toma de decisiones; o que en 1856, 81 mujeres solicitaron al Congreso Constituyente (Constitución Federal de 1857), el reconocimiento de sus derechos políticos, argumentando que la legislación vigente no exceptuaba de manera explícita el derecho de las mujeres al voto; tampoco se habla del papel decisivo y fundamental de Margarita Eustaquia Maza Parada, quien no sólo fue esposa de don Benito Juárez García, sino que además coordinó los esfuerzos de la sociedad civil para aportar recursos a la lucha contra la intervención extranjera, recursos utilizados para sostener bancos de sangre y hospitales, así como para ayudar a familiares de las víctimas de la guerra, tampoco se habla de su destacado papel como diplomática representante del gobierno de México en los Estados Unidos, labor que sirvió para evitar que se reconociera el imperio de Maximiliano y sí se reconociera el gobierno republicano de Juárez; en este mismo sentido, en el capítulo donde se reseña el papel de los periódicos de la época se omite hablar de Laurena Wright González, escritora y creadora del periódico Violetas del Anáhuac o de publicaciones como La Siempreviva, Las Hijas del Anáhuac y La Mujer Moderna, entre otras.

La socióloga Clotilde Proveyer señala que: “La perspectiva de género supone una toma de posición política frente a la opresión de género; es una visión crítica explicativa y alternativa de lo que acontece en el orden de género, permitiendo analizar las profundas y complejas causas de dicha opresión y de los procesos históricos que la originan y la reproducen”.

Coincido con ella, la educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad, sobre la base de la igualdad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, sin discriminación, ni exclusión, pero también para modificar las formas en que se relacionan las personas de ambos sexos entre sí, forjando una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia en razón de género.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, incorpore en los libros de texto gratuitos y materiales didácticos, la participación y contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia mundial y de México.

Notas

1. Ejemplos extraídos de la ponencia de la Lcda. Soledad Jarquín Edgar durante los Conversatorios denominados “Mujeres y Política”, Oaxaca, 2022.

2. Libros consultados de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, disponible en:

https://www.conaliteg.sep.gob.mx/primaria.html

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados a 2 de febrero de 2023.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE RETENGAN LAS CUOTAS SINDICALES DESCONTADAS DE LA NÓMINA DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PARTIR DEL 5 DE JUNIO DE 2022

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Administración y Finanzas a retener las cuotas sindicales descontadas de la nómina de los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México a partir del 5 de junio de 2022 a la fecha, suscrita por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo que se dispone en el Artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta  al Gobierno de la Ciudad de México, y también a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a retener las cuotas sindicales descontadas de la nómina de las y los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx) a partir del 5 de junio del 2022 a la fecha, así como exhortar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México a generar una investigación sobre el uso y destino del recurso de las mismas cuotas sindicales antes señaladas; bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Revolución Industrial fue un proceso de transformación económico, social, político y tecnológico que inició en 1760 y trajo consigo nuevas formas de vivir, de relacionarse y organizarse en sociedad; un producto de esta fue la sustitución del personal laboral por maquinas, así como el reemplazo de talleres por fábricas, cuestión que permitió el cambio de producción que se movería de los espacios locales a internacionales. Se lograban grandes producciones a costa del sufrimiento del personal, de la fatiga excesiva, la explotación y la disciplina imperante. Las posibilidades de buscar beneficios para la clase obrera eran extremadamente limitadas, debido a que se enfrentaba al hecho de ser fácilmente remplazada y a la ilegalidad que implicaban las asociaciones. Sin embargo, el personal trabajador no se detuvo y en el Siglo XIX después de huelgas con características de motín, coaliciones de obreros y formaciones de sociedades de resistencia, el sindicalismo que ya existía en hecho, busco existir en derecho.

El sindicalismo en México tiene una gran historia de logros y luchas en el ámbito laboral del país, los cuales han estado permeados de diferentes adversidades, desde la fundación de la primera asociación de tipo profesional de obreros en 1872, la cual llegó a contar con 8000 trabajadores, los cuales en su gran mayoría eran artesanos y obreros de hilados y tejidos, hasta la actualidad con la creación de nuevas organizaciones laborales producto de los nuevos esquemas de trabajo emanadas de la modernización tecnológica que acontecemos.

El propósito del sindicalismo siempre fue la de proteger los derechos de las y los trabajadores, generando una fuerza colectiva que lograra hacer un contrapeso contra los intereses particulares de los empleadores, en ese sentido cabe señalar lo que menciona el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.

De lo anterior podemos reconocer que la esencia propia de los sindicatos siempre ha sido legitima y ha buscado objetivos genuinos que ponen por delante los intereses fundamentales de la clase trabajadora. Tan solo en 2017 la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) por medio de la Dirección General de Registro de Asociaciones, mencionaba que a nivel nacional se mantenía un registro de 3,347 agrupaciones de trabajadores, de las cuales 1,086 se ubicaban en la Ciudad de México.

Entre las agrupaciones laborales más destacadas en la capital se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx) el cual existe desde el 14 de diciembre de 1937 y forma parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Actualmente cuenta con un total aproximado de 120,000 agremiados los cuales están distribuidos en 40 secciones sindicales que, a su vez, tienen trabajadoras y trabajadores que ocupan diferentes funciones en labores correspondientes al personal de servicio del Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, es importante señalar que, las y los Secretarios Generales de cada sección perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx), concluyeron el tiempo establecido de sus encargos como representantes de sus secciones sindicales entre los meses más álgidos de la pandemia por lo que, bajo la justificación de no poder convocar a elecciones sindicales por cada una de sus secciones, pidieron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una ampliación de la Toma de Nota, la cual les fue concedida y a su vez ha concluido la última de las prórrogas en el mes de junio del presente año 2022.

Aunado a lo anterior, en el mismo mes de junio del 2022, el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Dr. Plácido Humberto Morales Vázquez, señaló en un comunicado que las condiciones sanitarias actualmente son propicias para continuar con el proceso de renovación de las dirigencias sindicales, como lo establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en función misma de los aplazamientos vencidos, señalando que el pasado 5 de junio del año 2022, venció la última ampliación concedida por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, constatando que ya no se concederán más prórrogas.

Sin embargo, a pesar de la finalización del tiempo concedido de prórroga, así como del periodo establecido por los Estatutos y leyes que rigen al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx) en cada una de sus 40 secciones, los Secretarios Generales que ya vencieron su cargo, siguen disponiendo y administrando los recursos económicos que derivan principalmente de las cuotas sindicales descontadas del salario de las y los trabajadores quincena tras quincena, aun cuando no pueden seguir ejerciendo legalmente las funciones de representación de sus secciones.

Cabe destacar que, el 17 de diciembre del año 2022, el medio periodístico “ La Jornada”, publicó una entrevista con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Plácido Morales Vázquez, precisó que “las dirigencias pueden seguir con la representación de los trabajadores de forma fáctica, pero no pueden negociar prestaciones con la parte patronal hasta en tanto no cuenten con el reconocimiento oficial.” Lo anterior pone en una situación de riesgo no solo la negociación colectiva entre las y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx), si no, también vulnera los propios derechos laborales que tienen cada una y uno de los integrantes de dicho sindicato, al no tener representación oficial y legitima ante la autoridad del Gobierno de la Ciudad de México. Así mismo, en la misma publicación periodística señala el Magistrado Plácido Morales Vázquez que “seis secciones han elegido a sus dirigentes, pero sólo cuatro cuentan con el documento que avala la representación”, por lo que sigue habiendo una carencia de procedimientos oficiales de elección respecto a las dirigencias de las 40 secciones del Sutgcdmx.

En esa línea, es de vital importancia primeramente la suspensión de las cuotas sindicales descontada del salario de las y los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx), hasta no tener una resolución respectiva a las nuevas dirigencias de las 40 secciones del mismo, así como también, la restitución y retención de los recursos derivados de las mismas cuotas descontadas a las y los trabajadores que fueron retenidos en las fechas de culminación de los cargos de representación de cada una de las secciones respectivas, para esto, si es necesario, emitir una solicitud de investigación por parte de las autoridades judiciales correspondiente para dar seguimiento del destino y uso de estos recursos que ilegalmente han sido entregados por parte de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX, al Sutgcdmx, en agravio del patrimonio de las trabajadoras y trabajadores, toda vez que, al no contar ya con las facultades asignadas al adquirir el cargo de Secretarios Generales, los ahora exsecretarios no pueden seguir haciendo uso, para ningún fin, de estos recursos. En razón de lo anterior, es importante destacar lo que menciona el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala lo siguiente:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

En ese sentido las y los trabajadores del sector público al servicio del Estado, se encuentran en su derecho de formular peticiones y que a su vez estas mismas sean atendidas por las autoridades correspondientes, es así, que en uso de ese derecho, por medio del presente se les da voz ante los agravios y perjuicios cometidos a su persona, a la legalidad que los rige, al honor y lo valores que conforman al  Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx), sumado a esto mismo, se cita lo que señala el artículo 38 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice lo siguiente:

Artículo 38.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los trabajadores cuando se trate:

...

II.- Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado previamente, de una manera expresa, su conformidad;

Tal cual se expresa en lo anterior, el cobro de cuotas sindicales y demás usos económicos que administre y haga uso las dirigencias sindicales, tendrán que ser avalados primordialmente por las y los trabajadores del sector público al servicio del Estado, y haberse manifestado con anterioridad en conformidad, al tratarse de dirigencias que vencieron sus encargos, estos mismo no podrán disponer de estos recursos, de ser así la decisión habría sido tomada en conformidad de las mismas trabajadoras y trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (Sutgcdmx). En función de lo anterior, es importante señalar lo que menciona el artículo 9 de los Estatutos Generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que refiere lo siguiente:

Artículo 9.- La soberanía del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México reside original y esencialmente en sus miembros y su funcionamiento y organización reside en una democracia directa y representativa para la elección de sus directivas en los casos que así se determine, siendo la autoridad máxima el Congreso, que se integrará por tres representantes de cada una de las secciones que lo conforman, los acuerdos que se emiten de éste son de observancia obligatoria para todos los miembros del mismo.

En virtud de lo anterior, son las y los trabajadores del mismo Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales determinarán el funcionamiento, organización y determinación que se llevará a cabo por la misma asociación, la máxima autoridad será siempre el Congreso del sindicato, conformada por representantes de cada sección, en este sentido, quien habría deliberado la decisión del cobro de cuotas sindicales fuera de los periodos de representación de sus Secretarios Generales, habría sido el mismo Congreso interno, al no ser así no había razón de hacer este cobro y mucho menos su uso, representando una falta estos mismos estatutos y la estructura propia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Así mismo, se rescata lo que menciona el artículo 10 de Estatutos Generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en relación a lo siguiente:

Artículo 10.- Entre las Secciones que integran el Sindicato, no existirán relaciones de jerarquía ni desigualdad, y deberán regirse bajo los principios de lealtad, integridad y tolerancia hacia la institución y hacia todos sus miembros.

Conforme a lo anterior, el Sindicato como cada una de sus Secciones, deberán tener por obligación y deber, los principios de lealtad, integridad y tolerancia, hacia sus miembros indiscriminadamente de ser cargos directivos, de manera imparcial la lealtad e integridad deberá permear todas las acciones de sus agremiados, lo que nos resulta una falta grave que los propios exsecretarios a sabiendas de la culminación de sus encargos así como de la finalización de las prórrogas concedidas, sigan haciendo uso de recursos que ya no les corresponden. Sumado a eso mismo, el artículo 21 fracción IV, señala lo siguiente:

Artículo 21.- Son derechos de los miembros del Sindicato:

...

IV.- Ser defendido y representado ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y Tribunales competentes;

Es por lo anterior que los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México están en su derecho al buscar quien los represente y defienda ante las injusticias que se están cometiendo al interior de su mismo sindicato, y las autoridades respectivas dar solución ante las peticiones que son señaladas. Así mismo, el artículo 56 fracción I y VII, mencionan lo siguiente:

Artículo 56.- Son obligaciones y derechos de los miembros del Sindicato que ocupen un puesto de representación de cualquier índole:  

I.- Desempeñar con la honestidad, honradez, rectitud, eficiencia y eficacia el cargo para el cual le fue conferido por elección democrática.  

...

VII.- Evitar que se aproveche el cargo conferido por los integrantes del sindicato, haciendo uso de la representación sindical con la finalidad de obtener beneficios personales.

En ese tenor, los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que ocupen cualquier cargo de dirección interno a su sindicato, deberán servir en función de los valores como la honestidad, la honradez, rectitud, entre otros, que pongan ante todo el interés superior de sus agremiados, el beneficio mutuo de las y los trabajadores, como también desarrollarse con la misma confianza que se les fue otorgado su cargo. En función de los anterior, el mismo artículo 56 fracción II de los Estatutos Generales del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, menciona:

Artículo 56.- Son obligaciones y derechos de los miembros del Sindicato que ocupen un puesto de representación de cualquier índole:  

...

II.- Rendir de manera periódica de conformidad con lo que establecen los Estatutos, los informes correspondientes de acuerdo a las funciones desempeñadas de manera cuantitativa y cualitativa, debiendo para cada caso, dejar constancia de la información entregada y recibida por medio del acuse correspondiente. Los informes antes mencionados deberán ser presentados al Consejo General de Delegados de los trabajos realizados, para lo cual deberá presentarse el avance de acuerdo al plan de trabajo durante el ejercicio Fiscal que se trate.

Es entonces, que los miembros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México deberán presentar informes en los que se señalen las funciones de-sempeñadas por medio de sus cargos de representación, como lo son los secretarios generales de cada sección, sin embargo, al haber culminado sus funciones, no presentaron más informes, pero sí siguieron disponiendo los recursos de sus agremiados.

Por tal motivo es importante que de manera expedita se de resolución de lo que evidentemente con las disposiciones legales señaladas, es una contradicción de funciones en los que pueden estar envueltos en delitos como usurpación de funciones y fraude. De no responder ante la demanda que las y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México ejercen de manera íntegra y legitima por medio de este servidor, el Gobierno de la Ciudad de México, así como también su Secretaria de Administración y Finanzas quien es la autoridad encargada de la retención de las cuotas sindicales respectivas, descontadas quincenal o mensualmente del salarios de sus afiliados en las fechas señaladas, habría una clara colusión, por acción u omisión, entre los exsecretarios que han dispuesto y mal versado estos recursos y las propias autoridades que dicen regirse por valores de imparcialidad y honestidad, y en la realidad no defender los derechos de su propio personal de trabajo.

La demanda social existe, está presente y visible hoy más que nunca, frente a la grandes adversidades económicas, políticas y sociales que enfrenta nuestra capital, falta la voluntad legislativa para garantizar los derechos laborales, porque hoy más que nunca que hay una crisis a la democracia representativa en cada sector del país, somos las y los legisladores los que debemos impulsar estos principios democráticos en el sindicalismo y regresarles la legitimidad y la esencia misma por la que fueron creados, es primordial que se tomen acciones efectivas que se traduzcan en una mejor calidad de vida para todas las personas en la Ciudad de México, sin excepción alguna. No podemos fallar en nuestra labor y con el compromiso que asumimos al protestar por este cargo legislativo.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de esta H. asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, así como, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México a retener las cuotas sindicales descontadas de la nómina de las y los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), en sus 40 secciones sindicales, efectuadas a partir del 5 de junio del 2022 a la fecha.

Segundo.- La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México a generar una investigación sobre el uso y destino de las cuotas sindicales descontadas de la nómina de las y los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), en sus 40 secciones sindicales, efectuadas a partir del 5 de junio del 2022 a la fecha.

Notas

1. https://elpulsolaboral.com.mx/sindicatos/12381/stps-da-nuevo-registro-sindical- a-125-organizaciones

2. https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/17/capital/solo-6-secciones-del-sutgcd mx-han-renovado-sudirigencia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro; a 2 de febrero de 2023.– Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO PARA QUE LA PIROTÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SEA PROPUESTA ANTE LA UNESCO PARA SU INSCRIPCIÓN COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura, en coordinación con la SRE, a realizar las acciones necesarias a efecto de que los Toritos y la Castillería Pirotécnica del Estado de México sean elementos propuestos por México ante la Unesco para su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, se realicen las acciones necesarias a efecto de que los Toritos y la Castillería Pirotécnica del Estado de México sean elementos propuestos por México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para su inscripción en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, bajo las siguientes

Consideraciones

I. México es uno de los países del mundo con mayor riqueza cultural e histórica. Fiestas indígenas, artesanías, comidas, trajes regionales y música son solo algunos ejemplos de los elementos que hacen de nuestro país uno de los más atractivos a nivel internacional. En este contexto se inscribe el arte pirotécnico, con casi 400 años de práctica artesanal transmitida de generación en generación por las y los artesanos pirotécnicos del país, con saberes propios de la identidad de las diversas comunidades de nuestro país.

II. En nuestra región se tiene registro que las culturas prehispánicas tenían formas de manipular el fuego para fines ceremoniales. El historiador Carlos Martínez Marín describe que la primera festividad religiosa con cohetería fue en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1629 para celebrar la beatificación de San Felipe de Jesús.

III. En la actualidad, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la Licenciada Laura Velázquez Alzúa, el arte pirotécnico genera una derrama económica de más de 17 mil millones de pesos al año y beneficia a más de 200 mil familias mexicanas que dependen de esta actividad; asimismo, desde el Gobierno federal se tiene el registro de la fabricación de arte pirotécnico en 28 estados de la República, donde sólo el Estado de México produce más del 60 por ciento, y es el municipio de Tultepec el principal elaborador de fuegos artificiales en el país.

IV. En México impera la producción artesanal ante la producción de tipo industrial, en este contexto, de acuerdo con el especialista en arte pirotécnico, el Dr. Gabriel H. Angelotti Pasteur, más del 99 por ciento de los productores de pirotecnia en México son artesanos tradicionales.

V. El Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, autoridad en la materia en el Gobierno del Estado de México, apunta que en la entidad, en 62 de sus municipios se practica dicha actividad, dentro de los cuales destacan Acambay, Aculco, Amecameca, Atlautla, Axapusco, Calimaya, Capulhuac, Chalco, Donato Guerra, Huixquilucan, Jiquipilco, Jocotitlán, Melchor Ocampo, Ozumba, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Tenango del Valle, Teoloyucan, Texcaltitlan, Toluca, Tultepec, Villa del Carbón. Entre estos municipios, Tultepec se posiciona por desarrollar la mayor producción de pirotecnia artesanal de México y es auto-declarada “La capital de los fuegos artificiales”.

VI. Entre la gran variedad que existe de producciones pirotécnicas artesanales en el Estado de México destacan por su originalidad los Toritos y la Castillería Pirotécnica, en donde el Gobierno del Estado de México en el Decreto número 95 se describe que “...los castillos pirotécnicos son construidos por una estructura de metal o de madera, oscilando en su mayoría por cubos de madera que se van ensamblando o apilando entre sí, hasta llegar a la altura requerida la cual se ubica entre los 15 y 35 metros de altura aproximadamente, dicha estructura va anclada a la superficie por cuerdas resistentes para evitar su caída y se le colocan diferentes piezas realizadas de madera, metal y vara, las cuales pueden ser figuras de diferentes formas y tamaños y en las que se colocan diferentes artificios pirotécnicos conocidos como luces o lumbreras, expulsores, silbatos, mecha pirotécnica, chisperos, fanales y demás efectos pirotécnicos...”; asimismo, se señala que los toritos pirotécnicos “...constan de una estructura principalmente de varas, madera y alambre a la que se le da la figura de un toro, para posteriormente forrarla con diferentes tipos de papel (bond, cartón, periódico, papel de china, etc.) y decorarla con diferentes colores y adornos. En la figura del toro se coloca una segunda estructura de madera de altura variada en la cual se colocan los mismos artificios que a un castillo pirotécnico, pero en menor cantidad, y este se caracteriza por llevar ruedas con impulsores en sus diferentes costados...”.

VII. Los toritos y la castillería pirotécnica son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Se consideran un arte porque son elaborados por las propias manos de los maestros pirotécnicos, artesanos de los pueblos y barrios del Estado de México; se fundamentan en una tradición y técnicas sustentables de fabricación que son transmitidas de generación en generación y coadyuvan a la unión de las comunidades de nuestros pueblos y barrios, así mismo son columna vertebral de festejos cívicos y rituales religiosos. Se entiende por artesano, a “aquel individuo portador de una cultura, que mediante el dominio de una técnica predominantemente manual y con el apoyo de algunas herramientas primarias, transforma la materia con la finalidad de crear objetos socialmente útiles”.

VIII. La inscripción de un elemento en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoce la importancia y la singularidad de éste a nivel internacional, lo que contribuye a su preservación y promoción sostenible a largo plazo; ayuda a preservar y proteger el elemento cultural inmaterial, ya que promueve la sensibilización sobre su importancia y el conocimiento sobre su conservación y transmisión; asimismo, puede ser un motor para el desarrollo sostenible, al promover el turismo y la economía local; en suma, es una oportunidad para que un país reconozca y proteja su patrimonio cultural inmaterial y promueva su importancia a nivel internacional.

IX. El Artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco define al patrimonio cultural inmaterial como “[...] “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. [...]” Se manifiesta en los siguientes ámbitos:

“[...]

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales. [...]”

X. Los toritos y la castillería pirotécnica son elementos artísticos que se manifiestan en los ámbitos que contempla la definición de patrimonio cultural inmaterial desarrollado por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, tanto por su peculiaridad, unidad, rareza y antigüedad; a su vez, representan todo un fenómeno pirotécnico en donde además del artesano pirotécnico intervienen otros protagonistas de importancia: las comunidades de los barrios y los pueblos, así como el espacio donde este arte es utilizado, en torno a actos festivos y rituales religiosos.

XI. En el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

XII. A partir de la entrada en vigor del “Decreto Promulgatorio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), adoptada en París, Francia, el diecisiete de octubre de dos mil tres”, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2006, al día de hoy, gracias a los mecanismos legales creados a partir de esta disposición gubernamental para el respeto, conservación y fomento del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, 10 elementos y manifestaciones culturales de México forman ya parte, al día de hoy, de las Listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; y una, del Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda.

XIII. El decreto señalado en el considerando anterior representa la adhesión del Estado mexicano a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial mediante la cual se promueven los mecanismos legales y los programas para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial o intangible de nuestro país y, que si bien, existen algunos ordenamientos jurídicos que cubren parcialmente estos fines (desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta la Ley General de Cultura y Derechos Culturales) no hay uno específico para proteger estos elementos de nuestro patrimonio cultural inmaterial relacionados con el arte pirotécnico, lo que implica que muchas veces no se distinga entre los diferentes productos pirotécnicos y se ponga en una misma canasta a los productos industriales y los que son de fabricación artesanal. O lo que es peor, se criminaliza al artesano pirotécnico de nuestro país que posee no solo una relevancia cultural sino económica y que realiza su trabajo de manera sustentable, con protocolos de seguridad y prevención de accidentes.

XIV. En el Artículo 15 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales se establece que  “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento.” Por su parte, en el Artículo 16 del mismo ordenamiento se señala que “Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios.”

XV. La fracción XI del Artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Cultura le corresponde “Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar y participar en la celebración de convenios de intercambio en materia cultural y proyectar la cultura mexicana en el ámbito internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;”

XVI. En México existen ejemplos de buenas prácticas en la materia, a nivel general año con año el Ejecutivo Federal incluye el arte pirotécnico como uno de los principales revestimientos en los festejos del Grito de Independencia del 15 de septiembre en el Zócalo de la Capital de la República; o el caso de Tultepec, en el Estado de México destaca la Feria Internacional de la Pirotecnia, realizada los primeros días del mes de marzo. Las quemas de pirotecnia en estos eventos se desarrollan siempre en acompañamiento y coordinación de los responsables de las áreas de protección civil locales y federales, así como de la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional, de principio a fin de las jornadas respectivas, con ello se ha garantizado la seguridad de las familias que acuden desde diversas partes del país, pero también desde el extranjero. Por si esto no fuera suficiente, desde el Poder Legislativo del Estado de México el pasado 13 de septiembre de 2022, se aprobó declarar a los Toritos y la Castillería Pirotécnica Mexiquense como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, para preservar el arte pirotécnico y en reconocimiento a la expresión de creatividad, peculiaridad, rareza y antigüedad que les confiere un valor universal único, al talento de artesanas y artesanos pirotécnicos en la entidad.

XVII. En cuanto a la imperante necesidad de salvaguardar estas manifestaciones culturales de arte pirotécnico, debe reconocerse que además se enfrentan otros riesgos como la criminalización del gremio pirotécnico en general y de su trabajo. Quienes se encuentran en constante ataque con base en prejuicios, más que en racionalidades basadas en la evidencia científica, sin reparar en que muchos de los fenómenos adversos al bienestar general son originados por otras fuentes ajenas a los fuegos artificiales, nos referimos a la contaminación ambiental, a su impacto en las y los niños con Síndrome del Espectro Autista, o al bienestar de los animales de compañía; sin que por parte de ciertas autoridades locales que criminalizan este arte se brinden las herramientas necesarias para que los artesanos pirotécnicos puedan ser partícipes de una política pública integral que no los destine al clandestinaje. De esta manera, al ser poco entendido su trabajo artesanal, muchas veces este desconocimiento ocasiona miedos y prejuicios que llevan a algunas autoridades locales a realizar acciones tendientes a prohibir una actividad lícita (regulada a través de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos) ocasionando no solo desempleo sino el aumento del clandestinaje y, con ello, la distribución de productos realmente peligrosos y sin protocolos de prevención de accidentes, lo que verdaderamente pone en riesgo la vida y la integridad de las familias mexicanas que tienen el derecho a disfrutar del patrimonio cultural del país manifestado en el arte pirotécnico . La prohibición local de pirotecnia, regulada por la normatividad federal, sustentable y tradicional, provoca de manera paralela aumento del clandestinaje y con ello el registro de accidentes. Para poner de relieve esta problemática, de enero de 2007 a diciembre de 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional destruyó 457 mil 738 toneladas de material pirotécnico clandestino.

XVIII. Lo que esta proposición con punto de acuerdo plantea es muy sencillo de entender: coadyuvar a la protección, fomento y desarrollo sostenible -bajo los más altos estándares de prevención de accidentes- el arte pirotécnico en su modalidad de Toritos y Castillería Pirotécnica mexiquense, en el marco de las tradiciones que identifican nuestra cultura nacional.

XIX. Ha lugar a formular un exhorto respetuoso la Secretaría de Cultura para que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realicen las acciones necesarias a efecto de que los Toritos y la Castillería Pirotécnica del Estado de México sean elementos propuestos por parte del Estado Mexicano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para su inscripción en laLista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El incorporar estos elementos artísticos en la Lista descrita supone reconocer la importancia que tienen y la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza cultural que contienen, esto ante los embates de la globalización, de la modernidad y de la creciente tendencia a la uniformidad urbana que prácticamente ha absorbido ya a muchos de nuestros pueblos y barrios.

XX. México es uno de los países de América Latina con el mayor número de manifestaciones inscritas y reconocidas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No obstante, aún tenemos una gran riqueza patrimonial inmaterial que no ha sido inscrita, ni reconocida, y en el caso de la artesanía pirotécnica en su modalidad de los Toritos y la Castillería Pirotécnica mexiquense su reconocimiento es de suma prioridad por los argumentos antes expuestos, mismos que están íntimamente relacionados con prácticas comunitarias de gran relevancia cultural, económica y social.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, se realicen las acciones necesarias a efecto de que los Toritos y la Castillería Pirotécnica del Estado de México sean elementos propuestos por México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para su inscripción en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Notas

1. Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. “Historia de la Pirotecnia”. Disponible en:

https://cutt.ly/YV48ynE Consultado el 1 de febrero de 2023.

2. Gobierno de México. “Trabaja SSPC con productores para evitar accidentes por pirotecnia”. Disponible en:

https://cutt.ly/OV48hvU Consultado el 1 de febrero de 2023.

3. Ibid.

4. Angelotti Pasteur, Gabriel (2004). Artesanía prohibida de cómo lo tradicional se convierte en clandestino. Conaculta INAH. p. 214

5. Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. “Actividad Pirotécnica” Disponible en:

https://cutt.ly/fMcCBtA. Consultado el 1 de febrero de 2023.

6. Gaceta del Gobierno. Estado de México. Decreto Número 95. Disponible en:

https://cutt.ly/aMcVaL5. Consultado el 1 de febrero de 2023.

7. Angelotti Pasteur, Gabriel (2004). Artesanía prohibida de cómo lo tradicional se convierte en clandestino. Conaculta INAH. p. 26

8. UNESCO. El texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Disponible en:

https://cutt.ly/zMxLOAX. Consultado el 1 de febrero de 2023.

9. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://cutt.ly/fMxKSNr. Consultado el 1 de febrero de 2023.

10. DOF: 28/03/2006. Disponible en:

https://cutt.ly/DMxKaSh. Consultado el 1 de febrero de 2023.

11. Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Disponible en:

https://cutt.ly/GMxC6hk. Consultado el 1 de febrero de 2023.

12. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en:

https://cutt.ly/hMcVYgy. Consultado el 1 de febrero de 2023.

13. Poder Legislativo del Estado de México. “Pirotecnia mexiquense es ahora patrimonio cultural”. Disponible en:

https://cutt.ly/SV7bBBJ Consultado el 1 de febrero de 2023.

14. El Sol de San Luis. “Prohibir la venta de pirotecnia podría dar paso a la clandestinidad: PC”. Disponible en:

https://cutt.ly/kpemhTL. Consultado el 1 de febrero de 2023.

15. El Universal. “Los chinos le pegan a la pirotecnia mexicana”. Disponible en:

https://cutt.ly/4peW6vJ. Consultado el 1 de febrero de 2023.

16. UNESCO. Las listas del PCI y el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia. Disponible en:

https://cutt.ly/qMclxXp. Consultado el 1 de febrero de 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2023.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE PIÑÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y a la Semarnat, a través de la Conafor, a coordinarse en la implementación de un programa presupuestario permanente, para desarrollar la producción del cultivo de piñón en el país, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, a coordinarse en la implementación de un programa presupuestario permanente, para desarrollar la producción del cultivo de piñón en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pino piñonero ( Pinus pinea) es una especie arbórea perenne que pertenece a la familia de las pináceas, llega a medir entre 8 y 25 metros de altura, con una vida de 40 años.

Las copas del pino piñonero tienen una forma ancha y plana; tienen como fruto una piña dentro de la cual se encuentra el piñón recubierta de una cascara dura, cabe hacer mención que, el piñón es la semilla del pino.

La germinación del pino piñonero es compleja, para tener un mayor éxito se hace uso de la germinación estratificada durante 90 días a una temperatura de entre 4 y 5 grados centígrados, siendo lo más óptimo sembrarlos en semilleros a finales de la estación invernal. Deben permanecer mínimo dos años en ambiente controlado para su posterior plantación en el lugar donde deberá crecer cada pino.

El pino piñonero se adapta a zonas secas, climas tropicales y semitropicales; soporta las altas temperaturas y es resistente a los climas fríos; además de poder desarrollarse en terrenos pobres con un amplio  margen de altitudes –desde el nivel del mar hasta los 1,700 metros de altura. Se trata de una especie de pino que necesita de luz y se desarrolla muy bien en suelos arenosos ácidos o neutros, sin dejar de mencionar que soporta suelos con substratos ligeramente calizos.

En México, se produce piñón en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla (en su Sierra Nororiental), Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y Yucatán.

El piñón tiene diversos usos, tiene un amplio uso como ingrediente en la repostería y gastronomía por su inigualable sabor, cremosidad y alto contenido de nutrientes; 32% de proteínas y 42% de lípidos, así como vitaminas B1 y B2. Asimismo, es importante señalar que su consumo reduce el riesgo de enfermedades coronarias, debido a su alto contenido de ácido linolénico.

Por otro lado, también se utiliza la resina y la corteza del pino piñonero para extraer taninos; los cuales, son metabolitos secundarios que ayudan a conservar las pieles animales posterior al proceso de curtido.

Es importante señalar, que en nuestro país, ya existe la tecnología para producir biocombustible a partir de la biomasa y el aceite de las semillas de piñón; se trata de una alternativa de producción de biocombustibles amigables con nuestro medioambiente.

El piñón siempre ha sido un producto de alto valor comercial debido a su legendario uso en la preparación de alimentos en las regiones donde proliferan bosques de pinos, por tal razón, suele ser muy importante en la gastronomía mediterránea y de otras regiones del orbe, incluida la de nuestro país.

Además de lo anterior, la razón más importante de su alto costo es la poca cantidad de especies de pinos que producen el piñón comestible; también, su cosecha debe realizarse trepando a los pinos para tomar las piñas aún verdes, evitando con ello que se descomponga la semilla o sea consumida por la fauna del lugar; sin dejar de mencionar que, el piñón es un producto que no resiste su almacenamiento pues se arrancia con mucha facilidad.

Aunado a lo anterior, la creciente demanda de piñón en los mercados internacionales, ocasiona que la oferta sea muy inferior a su demanda, particularmente en otoño e invierno, épocas del año donde se incrementa sustancialmente su consumo, en todo el mundo.

Debemos tener claro que el piñón es un producto forestal no maderable, que contribuye económicamente al ingreso de muchos pequeños productores agrícolas en el país, que se dedican principalmente a la agricultura de temporal de granos básicos y quienes tienen como actividad complementaria la cosecha y venta del piñón.

El hecho de que la gran mayoría de los productores son de pequeña escala, ocasiona que, tanto la cosecha como la comercialización se realicen de forma desordenada, impidiendo conseguir mejores ganancias.

En términos generales los productores de piñón reciben poco más del 20% del precio final que se alcanza en el mercado al menudeo; lo cual, es debido al alto costo del pelado, selección y almacenamiento del producto.

Normalmente, el productor entrega el piñón sin pelar ni seleccionar, como consecuencia los intermediarios asumen dicho costo, mermando así las ganancias de los productores.

Al respecto, debemos tener en cuenta que al tratarse de pequeños productores no les resulta costeable pelar y seleccionar su producto, por lo que prefieren castigar su ganancia y vender al precio que les ofrecen.

En vista de lo expuesto, es que la presente proposición con Punto de Acuerdo, busca exhortar a las Secretarias de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, para que se coordinen en la creación e implementación de un programa presupuestal  permanente, encargado de crear la condiciones necesarias y óptimas para impulsar el desarrollo en la producción de piñón en nuestro país.

Como ya se dijo, es un recurso forestal no maderable de alto valor comercial, por tal razón, el implementar siembra de pinos piñoneros no solo contribuye a la conservación del medio rural, además contribuye a mejorar las condiciones económicas y sociales de las localidades donde se cosecha.

Asimismo, el programa que se propone deberá tener como ejes el financiamiento para la adquisición de maquinaria para el pelado, selección y almacenamiento del piñón, con la finalidad de poder garantizar mejores precios de venta a los productores.

En este sentido, el programa que se propone para apoyar a los productores de piñón, deberá incluir:

• Recursos financieros y asistencia técnica para la plantación de pinos piñoneros.

• Recursos financieros y apoyos de gestión para la adquisición de la maquinaria necesaria para el pelado, clasificación y almacenamiento de la producción de piñón, con la finalidad de conseguir mejores precios de venta

• Apoyo para gestionar ante las autoridades competentes los registros de marcas y permisos sanitarios y de exportación, con la finalidad de posibilitar la creación de pequeñas empresas o cooperativas que se encarguen directamente de la comercialización del piñón que se produzca en sus localidades en los mercados nacionales e internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal a trabajar en la creación e implementación de un programa presupuestal permanente para fomentar y desarrollar el cultivo y la producción del piñón en nuestro país.

Referencias

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/726309/Pi_on.pdf

https://www.elfinanciero.com.mx/tech/investigadores-mexicanos-de sarrollan-biocombustible-a-partir-del-pinon/

https://meditts.com/propiedades-pinones/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero 2023.– Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SADER, A IMPLEMENTAR UN REGISTRO INTEGRAL DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE PERMITA CONOCER LAS NECESIDADES PARTICULARES DE LOS PRODUCTORES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a diseñar e implementar un registro integral de productores agrícolas, con objeto de contar con información precisa y actualizada del sector, que permita conocer las necesidades particulares de los productores, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a diseñar e implementar un registro integral de productores agrícolas, con el objeto de contar con información precisa y actualizada del sector, que permita conocer las necesidades particulares de los productores, para optimizar el diseño y ejecución de las políticas públicas y programas que requieren de manera diferenciada los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país se carece de un padrón integral de productores agrícolas, dicha situación no contribuye a la planeación e implementación de políticas públicas adecuadas y focalizadas para las necesidades de la vocación productora de cada una de las regiones del país, menos aún, atiende las carencias particulares que tienen los pequeños, medianos y grandes productores del país.

Si bien, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realiza cada 10 años el Censo Agrícola-Ganadero, con el objetivo de brindar un panorama del comportamiento de las unidades de producción agrícola y ganadera en el país, este ejercicio de encuesta, no puede cumplir con el objetivo de un auténtico registro.

El INEGI recaba, durante el censo, datos sobre la forma en que están organizadas las unidades productivas, el uso del suelo, la infraestructura con la que cuentan, la cantidad de hombres y mujeres que participan en los procesos de producción, la tenencia de la tierra, la superficie sembrada, la disponibilidad de agua, la cría y explotación de animales y la tecnología empleada, entre otros datos más.

Toda la información recopilada en el Censo Agrícola-Ganadero es muy relevante y de gran utilidad, para la implementación de programas y políticas públicas a cargo de secretarías y organismos públicos relacionados con el sector; sin embargo debemos tener en cuenta, que al tratarse de un censo, el INEGI debe confiar en la buena voluntad de las respuestas del encuestado; por tal razón el censo otorga un panorama vago del sector.

Por otra parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) cuenta con el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, mismo que tiene como finalidad garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y evitar triangulaciones; con lo cual, los productores no pueden acceder a los recursos de los componentes si no están inscritos en dicho padrón.

Como se puede observar, la única finalidad del Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, es tener un registro de los productores que reciben algún tipo de apoyo o programa gubernamental, quedando fuera del listado aquellos productores que no han solicitado o recibido algún apoyo.

De igual manera, el Gobierno federal cuenta con el Registro Agrario Nacional, mismo que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y tiene a su cargo el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal.

Asimismo, existe el Registro Nacional Agropecuario que es un órgano técnico responsable de los servicios registrales relativos a la organización de los productores agrícolas y ganaderos, así como de las inscripciones en materia de variedades vegetales.

Si bien todos los registros y padrones antes mencionados, son de gran utilidad para el desarrollo y control de la actividad del sector agrícola del país, ninguno de ellos cumple con la amplitud y especificidad que debe tener un padrón de productores agrarios.

Un auténtico padrón debe tener registro de todos los pequeños, medianos y grandes productores del campo, con el fin de conocer el nivel de productividad, tipo de producción, situación de formalidad, apoyos gubernamentales o fiscales que se reciben, y demás datos de cada uno de los productores; lo anterior, para contar con un diagnóstico actualizado que permita identificar las necesidades reales de cada región y productor del país.

Con un registro nacional de productores agrícolas, se podría facilitar el apoyo a los productores agrarios de autoconsumo, pequeño, mediano y grandes, atendiendo de mejor manera las necesidades y particularidades de cada uno de ellos y sobre todo, se garantiza la creación de políticas públicas y programas que verdaderamente atiendan con eficiencia y prontitud las necesidades del sector agrario nacional.

En este sentido, un adecuado registro de productores permitirá mejorar el sistema de entrega de apoyos, al posibilitar que se entreguen los subsidios y programas a los productores que más lo necesitan, eliminando con ello la subjetividad en la asignación de los beneficiarios.

Igualmente, permitirá la entrega eficiente y equitativa de semillas y fertilizantes, así como prestar, de manera más adecuada, la asistencia técnica que cada región o cultivo requiere para aumentar su productividad.

Asimismo, se posibilita que los productores puedan comercializar sus productos mediante programas de crédito que les permita financiar la maquinaria necesaria para el embalado y transporte de su producción a los mercados tradicionales y digitales.

En razón de lo antes expuesto es que la presente proposición con punto de acuerdo, exhorta a la SADER a diseñar e implementar un padrón integral de productores agrícolas, con el objeto de contar con información precisa y actualizada del sector, que permita atender de manera diferenciada por tamaño de productor, tipo de cultivo y región, para crear políticas y programas diferenciados para atender las necesidades particulares de cada región y productor del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a diseñar e implementar un registro integral de productores agrícolas, con el objeto de contar con información precisa y actualizada del sector, que permita conocer las necesidades particulares de los productores, para optimizar el diseño y ejecución de las políticas públicas y programas que requieren de manera diferenciada los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas del país.

Referencias

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid os/espanol/bvinegi/productos/metodologias/est/sm_agricola.pdf

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2047405&fecha =23/10/2001#gsc.tab=0

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2047405&fecha =23/10/2001#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero 2023.– Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO AL ISSSTE, A SUSCRIBIR UN PROGRAMA PARA QUE NADIE SE QUEDE SIN MEDICAMENTOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE a suscribir un programa para que nadie se quede sin medicamentos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General del ISSSTE a suscribir un programa para que nadie se quede sin medicamentos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1925 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro la cual tenía como principal objetivo el de recaudar el fondo de pensiones y otorgarlas, posterior a esto en 1947 se crean las leyes que regula a esta Dirección y le manejo que se le deben de dar a los recursos, para el 13 de diciembre de 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para administrar los seguros, prestaciones y servicios, su ley fue publicada en 1983 y en 2007 fue abrogada y publicada una nueva ley, la cual establece las siguientes prestaciones y servicios para los trabajadores al servicio del Estado.

Dentro de la ley se enumeran las siguientes, préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, préstamos personales, servicios sociales, servicios culturales, seguridad social, y establece como obligatorio la atención a la salud, riesgos de trabajo, retiro cesantía, vejes, invalidez y vida.

Por lo que podemos observar que la atención médica para los derechohabientes del ISSSTE es obligatoria, ya que así lo enmarca su ley, esta atención medica incluye los medicamentos para atender los padecimientos, sin embargo, desde hace ya varios años, los gobiernos neoliberales empezaron a subrogar todos los servicios que el ISSSTE prestaba, para compañías de sus amigos y familiares, lo que volvió al ISSSTE un cascaron, cuando el gobierno de la 4T llega al poder se da cuenta de esto comienza a retomar que los servicios sea dados por el instituto y no por terceros, de igual manera se dan cuenta de las mafias que tenían las instituciones de salud con algunas farmacéuticas por lo que se pidió apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para poder adquirir insumos médicos sin sobre precios y con ahorros, en 2021 se da a conocer por el Secretario de Salud Jorge Alcocer que adquirir 950 claves, 639 de medicamentos y 311 de material, significa un volumen de mil 729 millones de piezas, entre 816 millones de medicamentos y 912 millones de material de curación.

Estos insumos médicos son repartidos entre las diversas instituciones médicas incluyendo al Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) e ISSSTE, sin embargo, se da a conocer por diferentes medios que sigue habiendo insuficiencia en medicamentos, que también se conjunto con la pandemia que se sigue enfrentado en el país.

En el este caso del IMSS en 2015 estableció un programa llamado “Tu receta es tu vale” el cual es una estrategia para lograr el abasto oportuno y completo de medicamentos a sus derechohabientes, el cual por el momento solo se aplica en clínicas de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

Para que este programa entre en funcionamiento comienza cuando la Unidad de Medicina Familiar no cuente con el o los medicamentos participantes y el medicamento participe en el programa, se solicita al personal de la farmacia la activación de una receta electrónica en su sistema y un sello con la leyenda “Vale de Medicina” con el fin de convertirse en receta-vale, estas pueden ser canjeadas en las Unidades Médicas de Alta Especialidad, en los Centros de Canje y Farmacias Reforzadas.

Lo anterior ha ayudado a que los derechohabientes del IMSS de los estados en donde el programa está activo no se queden sin medicamento y puedan seguir sus tratamientos médicos, vía que deberían de seguir el ISSSTE que al verse afectado por la pandemia y su reestructuración para fortalecerlo se han visto afectado en el suministro de medicamentos, y así evitar manifestaciones por falta de medicamentos en sus Unidades Médicas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente  

Punto de Acuerdo

Único.- La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Doctor Pedro Zenteno, a realizar un programa de canje de medicamentos para que ningún derechohabiente se quede sin medicamentos en la institución.

Bibliografía

- Página Oficial de ISSSTE. https://www.gob.mx/issste

- Programa “Tu receta es tu vale” IMSS. Recuperado de:

http://www.imss.gob.mx/vales/preguntas-frecuentes#:~: text=% C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20programa%20%E2%80%9CTu,de%20medicamentos%20a%20sus%20 derechohabientes

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, A JUSTIFICAR LOS INCREMENTOS EXCESIVOS EN LAS TARIFAS DE PEAJE DE LA RED FEDERAL DE AUTOPISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a justificar los incrementos excesivos en las tarifas de peaje de la red federal de autopistas, asimismo a garantizar los trabajos de rehabilitación de estas vías de comunicación y una revisión a los títulos de concesión a las empresas que las operan, suscrita por el diputado Jesús Fernando García Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Las y los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, justifique el porqué de los incrementos excesivos en las tarifas de peaje de la red federal de autopistas. Asimismo, a garantizar con prontitud trabajos de rehabilitación de estas vías de comunicación y una revisión a los títulos de concesión a las empresas que las operan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El repentino incremento excesivo a las tarifas de peaje en la red de autopistas federales que cruzan los estados de la república, ocurrido a inicios de la presente semana, causó el enojo de los usuarios, quienes acusaron que dicha medida no tiene justificación, dadas las condiciones físicas de estas rúas, donde abundan tramos de circulación en pésimas condiciones, que constituyen un peligro para la seguridad de automovilistas y un riesgo de daño para el buen estado de las unidades motoras.

No es novedad las condiciones lamentables que presentan algunos tramos carreteros de estas vías de comunicación. Es el caso de las autopistas que cruzan las entidades de Sinaloa, Sonora, Nayarit y Oaxaca; por cuya situación los usuarios han presentado sus quejas en casetas de cobro, donde dependientes se limitan únicamente a recibir el reclamo justificado de automovilistas, que no se explican el porqué del cobro, cuando las carreteras presentan mal estado de conservación.

En un intento por explicar las razones que han llevado a este aumento en las tarifas de la red de autopistas federales de cuota, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha informado que la medida se debe a una actualización, cuyo incremento está en proporción a la inflación del 7.82 por ciento, del periodo diciembre de 2021 al mismo mes del 2022.

Sin embargo, este incremento ha sido mayor para el caso de los tramos de autopistas federales que cruzan los estados de Sinaloa y Nayarit, donde el aumento que las concesionarias a cargo aplican por uso de peaje, supera con mucho la proporción en relación al índice inflacionario.

Como ejemplo: está el caso de la caseta Costa Rica-la Cruz, entre los municipios de Culiacán y Elota, Sinaloa, cuyo peaje pasó de 168 a 236 pesos. Esto es, 68 pesos más, lo cual representa un incremento del 40.47 por ciento. Está también la caseta de Mármol, entrada a Mazatlán, donde el costo de 146, aumentó a 204 pesos; 58 pesos más que representan un 39.72 por ciento. Asimismo, la caseta de Trapichillo en Nayarit, sobre la autopista Tepic-Villa Unión, que pasó de un cobro de 125 a 165 pesos; 40 pesos más que arroja un incremento del 32 por ciento.

La llamada actualización, según el informe oficial, tiene como propósito mantener el equilibrio económico que se requiere por concepto de administración, operación, conservación y mantenimiento de las propias autopistas.

Un despropósito aún más grave si se tiene en referencia el mal estado que presentan enormes tramos de las autopistas. Reflejo ello de una errónea administración en cuanto al mantenimiento de la red carretera, qué por seguridad de usuarios y unidades motrices, debiera ser el principal de los objetivos a satisfacer por bien del servicio que se ofrece y por el cual precisamente se cobran las tarifas de peaje.

Si bien es válido el aumento a la cuota de peaje, en razón de su indexación al índice inflacionario, éste debe ocurrir en tal proporción, siempre y cuando se garanticen condiciones físicas en las autopistas, que atiendan en principio la seguridad vial y el mantenimiento de las unidades motoras, donde conductores no tengan que estar circulando sorteando desniveles, zanjas, baches, lagunas con desprendimiento de carpeta asfáltica y trabajos de mantenimiento en días y a horas de alta circulación.

Usuarios advierten que los incrementos desproporcionados en las cuotas de peaje en carreteras de la red federal de autopistas, son una medida que vulnera y mucho la economía de todas aquellas personas que se ven en la necesidad de transitar por estas rúas; lo cual tendrá efectos negativos en la comercialización de productos diversos, que en el plazo inmediato generará asimismo una espiral inflacionaria que afectará a otras actividades económicas y dañará el poder adquisitivo de la población en su conjunto.

Hacemos nuestras las voces que demandan la intervención inmediata de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que la dependencia, a través del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lleve a cabo una revisión inmediata a la medida que determinó de manera unilateral el incremento desproporcionado a las tarifas de peaje en carreteras de la red federal de autopistas. Así también, a garantizar trabajos de mantenimiento efectivo a las rúas diversas y una revisión a los títulos de concesión correspondientes.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que, a través del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, realice una revisión profunda al incremento excesivo que registran las tarifas de peaje en la red federal de autopistas concesionadas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, a través del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ordene a las empresas concesionarias de la red federal de autopistas, garanticen el buen estado físico y de circulación segura de las carreteras en concesión.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, a través del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lleve a cabo una revisión a los títulos de concesión otorgados a las empresas que operan la red federal de autopistas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, María de Jesús Rosete Sánchez, José Alejandro Aguilar López, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Pedro Vázquez González, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Ana Karina Rojo Pimentel, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, María de Jesús Páez Guereca, Esther Martínez Romano, Luis Enrique Martínez Ventura, Araceli Celestino Rosas, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, Armando Reyes Ledesma, Reginaldo Sandoval Flores, Margarita García García, Alfredo Femat Bañuelos, Alberto Anaya Gutiérrez, Lilia Aguilar Gil, Irma Yordana Garay Loredo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SANCIONAR A LA PERSONA QUE CONSUMA O TENGA ENCENDIDO CUALQUIER PRODUCTO DE TABACO O NICOTINA EN LOS ESPACIOS DE CONCURRENCIA COLECTIVA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a sancionar la persona que consuma o tenga encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México es uno de los países más importantes en el mundo cuando hablamos de cultura, siendo reconocido internacionalmente como uno de los países con más riqueza cultural, histórica, lingüística, ancestral y gastronómica, entre otros elementos que hacen destacar a nuestro país.

La civilización maya, al ser una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica, cuyo sistema de escritura numérica la hizo destacar no solo en el mundo prehispánico, sino en el mundo moderno con el uso del calendario y el estudio de los astros y demás fenómenos espaciales; es sin lugar a dudas un referente de la cultura a nivel internacional.

Civilizaciones también, como la Olmeca, Azteca, Mexica, Tolteca, Mixteca, Teotihuacana, Zapoteca, Huasteca y entre otras, que no por ser omitidas carecen de importancia o relevancia en la historia del país.

Entre los muchos elementos que conforman la herencia cultural que nos han dejado estas civilizaciones, uno de los aspectos más importantes es sin duda los centros ceremoniales, las ruinas de grandes ciudades y asentamientos que datan de la época precolombina, cuyo significado es no solo algo inmaterial, sino que viene a formar parte del tesoro material de nuestra nación.

El deber de cuidar de este patrimonio cultural es menester del Estado mexicano, además de que nuestro país cuenta con diversos centros que han sido reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] como patrimonio mundial; se trata de 33 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO: 27 de ellos son bienes culturales, 5 naturales y uno mixto:

- Centro histórico de México y Xochimilco

- Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán

- Centro histórico de Puebla

- Ciudad prehispánica de Teotihuacán

- Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque

- Sian Ka’an

- Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes

- Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá

- Centro histórico de Morelia

- Ciudad prehispánica de El Tajín

- Santuario de ballenas de El Vizcaíno

- Pinturas rupestres de la sierra de San Francisco

- Centro histórico de Zacatecas

- Primeros monasterios del Siglo XVI en las laderas del Popocatépetl

- Ciudad prehispánica de Uxmal

- Zona de monumentos históricos de Querétaro

- Hospicio cabañas de Guadalajara

- Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan

- Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes)

- Ciudad histórica fortificada de Campeche

- Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco

- Antigua ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche

- Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro

- Casa taller de Luis Barragán

- Islas y áreas protegidas del Golfo de California

- Paisajes de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila

- Campus central de la Ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México

- Reserva de biosfera de la mariposa monarca

- Villa protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco

- Camino Real de Tierra Adentro

- Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles centrales de Oaxaca

- Reserva de Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar

- Sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque

- Archipiélago de Revillagigedo

- Valle de Tehuacán- Cuicatlán- Hábitat originario de Mesoamérica.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo [Sectur], a nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de sitios inscritos en esta lista y ocupa el primer lugar en todo Latinoamérica.

Es por ello que, el cuidado de estos sitios va desde su mantenimiento, promoción, supervisión y protección, hacer valer las leyes y normas que regulan el orden en estos lugares. Incluso se podría hablar de un conjunto de trabajos que asegurarán el correcto funcionamiento de estos sitios.

La Ley General para el Control del Tabaco en su artículo 6 fracción X Bis establece que:

Espacio de concurrencia colectiva: Todo espacio destinado al acceso público para el desarrollo de actividades deportivas, artísticas, culturales y de entretenimiento, tanto del ámbito público como privado, independientemente si está cubierto por un techo y confinado por paredes o que la estructura sea permanente o temporal.

Dicho lo anterior, en nuestro país, lugares culturales que cuentan con espacios abiertos como lo son, las zonas arqueológicas, centros históricos, parques nacionales, inter alia; se interpreta conforme al artículo 6 fracción X Bis, como espacios de concurrencia colectiva.

Y conforme a la disposición del artículo 6 fracción X de la misma ley, establece que:

Espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco y emisiones: Aquella área física con acceso al público, todo lugar de trabajo, de transporte público o espacio de concurrencia colectiva, en los que por razones de orden público e interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o de nicotina.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en su Artículo 65 Bis señala que:

Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva.

Se consideran espacios de concurrencia colectiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 6, fracción X Bis, de la Ley, los siguientes: patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos o lugares donde permanezcan o se congreguen niñas, niños y adolescentes, parques de desarrollo urbano, deportivos, playas, centros de espectáculos y entretenimiento, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hoteles, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, sitios o lugares de culto religioso, lugares de consumo o servicio de alimentos o bebidas, paraderos de transporte, y demás espacios que establezca la Secretaría en términos de la ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

No obstante, con las nuevas modificaciones a dicha ley y a su reglamento, en diversos espacios de concurrencia colectiva no se ha respetado la normatividad, poniendo en riesgo la salud de quienes visitan o hacen uso de estos espacios.

Según un artículo publicado por la American Cancer Society, dondequiera que el humo alcance las células vivas, causa daño. Incluso los fumadores que no inhalan el humo respiran las grandes cantidades de humo que salen de sus bocas y de la punta encendida del cigarrillo, cigarro o pipa.

Ellos están en riesgo de padecer cáncer de pulmón y otras enfermedades causadas por el humo de segunda mano.

Humo de corriente principal: el humo que exhala un fumador.

Humo de corriente indirecta: proviene del extremo de un cigarrillo encendido, pipa o cigarro (puro), o del tabaco que se quema al fumar hookah. Este tipo de humo tiene concentraciones más elevadas de agentes que causan cáncer (carcinógenos) y es más tóxico que el humo que el fumador exhala. Además, contiene partículas más pequeñas que el humo que exhala el fumador. Estas partículas más pequeñas facilitan su acceso a los pulmones y las células del cuerpo.

Los fumadores pasivos son aquellos expuestos al humo de segunda mano. Las personas que no fuman y que respiran el humo de segunda mano reciben nicotina y químicos tóxicos de la misma forma que lo hacen los fumadores. Cuanto más se expone al humo de segunda mano, mayor serán los niveles de estos químicos dañinos en su cuerpo.

“As a result of advances in chemical analytical techniques and an expanded understanding of the mechanisms by which environmental agents are genotoxic, the number of known carcinogens in tobacco smoke increased to 69 in the year 2000 summarizes representative levels of carcinogens found in sidestream and secondhand cigarette smoke, but includes only 30 compounds that have been evaluated by IARC  (International Agency for Research on Cancer) and that have fulfilled certain other criteria: sufficient evidence of carcinogenicity in either laboratory animals or humans and published data on levels found in sidestream or secondhand smoke. Field studies on the carcinogenic composition of secondhand smoke cannot comprehensively evaluate all of the potential carcinogens in secondhand smoke”.

Que se traduce como: “Como resultado de los avances en las técnicas analíticas químicas y una mayor comprensión de los mecanismos por los cuales los agentes ambientales son genotóxicos, la cantidad de carcinógenos conocidos en el humo del tabaco aumentó a 69 en el año 2000. Resume los niveles representativos de carcinógenos que se encuentran en el humo del cigarrillo secundario y de segunda mano, pero incluye solo 30 compuestos que han sido evaluados por la IARC (por sus siglas en inglés) Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, y que han cumplido con otros criterios: evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales de laboratorio o humanos y datos publicados sobre los niveles encontrados en el humo secundario o humo de segunda mano. Los estudios de campo sobre la composición cancerígena del humo de segunda mano no pueden evaluar exhaustivamente todos los carcinógenos potenciales del humo de segunda mano”.

Además, otros estudios que demuestran que los componentes del cigarrillo y otros productos derivados de la nicotina y el tabaco contienen elementos altamente tóxicos.

“Cigarette smoke is a complex aerosolconsisting of thousands of chemicals (Cal EPA, 2005b). It consists of gasses and volatile chemicals in which particulate matter (PM) is suspended. The gas phase consists of air, carbon dioxide, carbon monoxide, and many other chemicals, including nicotine, carbonyls (such as acetaldehyde, formaldehyde, and acrolein), hydrocarbons (such as benzene, toluene, and some polycyclic aromatic hydrocarbons [PAHs]), nitrogen oxides, pyridine, ammonia, nitrosamines, and hydrogen cyanide (Cal EPA, 2005b). The particulate phase, “tar,” consists of thousands more chemicals, including alkaloids, larger PAHs, tobacco-specific nitrosamines, polonium-210, nickel, cadmium, arsenic, and lead. Some compounds, such as cresols and PAHs, are partitioned between vapor and particulate phases.”

Traducido como:  “El humo del cigarrillo es un aerosol complejo que consta de miles de sustancias químicas (Cal EPA, 2005b). Se compone de gases y productos químicos volátiles en los que se suspende la materia particulada (PM). La fase gaseosa consta de aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono y muchas otras sustancias químicas, incluida la nicotina, carbonilos (como acetaldehído, formaldehído y acroleína), hidrocarburos (como benceno, tolueno y algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos [HAP]), óxidos de nitrógeno, piridina, amoníaco, nitrosaminas y cianuro de hidrógeno (Cal EPA, 2005b). La fase de partículas, “alquitrán”, consta de miles de sustancias químicas más, incluidos alcaloides, PAH más grandes, nitrosaminas específicas del tabaco, polonio-210, níquel, cadmio, arsénico y plomo. Algunos compuestos, como los Cresoles y los PAH, se reparten entre las fases de vapor y partículas.”

E incluso estudios que sustentan y comprueban que el riesgo de padecer enfermedades cardiopulmonares y respiratorias no es solo para la persona que fuma, sino para aquellos que inhalan el humo proveniente del cigarro o incluso del sujeto fumador.

“About 85 percent of secondhand smoke is composed of sidestream smoke emerging from the burning tip of the cigarette and the remainder is exhaled in mainstream smoke (the smoke inhaled by a smoker when puffing on a cigarette) (Kritz et al., 1995). The measured sidestream emissions of chemicals are quite similar among a wide range of cigarette brands and styles, including regular, unfiltered, filtered, and “low tar, low nicotine” cigarettes. Although the composition of sidestream and mainstream smoke are qualitatively similar, there are substantial quantitative differences in composition between mainstream and sidestream smoke because the chemicals emitted in tobacco smoke change with temperature, oxygen concentration, pH, and the extent of combustion. Those factors are different in mainstream and sidestream smoke (Jenkins et al., 2000).”

Traducido como: “Alrededor del 85 por ciento del humo de segunda mano se compone de humo lateral que emerge de la punta encendida del cigarrillo y el resto se exhala en el humo principal (el humo que inhala un fumador cuando fuma un cigarrillo) (Kritz et al., 1995). Las emisiones secundarias medidas de sustancias químicas son bastante similares entre una amplia gama de marcas y estilos de cigarrillos, incluidos los cigarrillos regulares, sin filtrar, filtrados y “bajos en alquitrán, bajos en nicotina”. Aunque la composición del humo de la corriente secundaria y de la corriente principal es cualitativamente similar, existen diferencias cuantitativas sustanciales en la composición entre el humo de la corriente principal y la corriente secundaria porque los productos químicos emitidos en el humo del tabaco cambian con la temperatura, la concentración de oxígeno, el pH y el grado de combustión. Esos factores son diferentes en el humo principal y secundario¨.

Según la American Cancer Society (ACS) por sus siglas en inglés; Fumar causa aproximadamente 30 por ciento de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos, incluyendo alrededor del 80 por ciento de las muertes por cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre ambos hombres y mujeres, y uno de los cánceres más difíciles de tratar.

Fumar no aumenta solamente el riesgo de cáncer de pulmón, sino que también es un factor de riesgo para los cánceres de:

- Boca

- Laringe

- Faringe (garganta)

- Esófago

- Riñón

- Cuello uterino

- Hígado

- Vejiga

- Páncreas

- Estómago

- Colon y recto

- Leucemia mieloide

Esta misma Asociación asegura que los cigarrillos, los cigarros (puros), las pipas y los productos de tabaco sin humo causan cáncer. Y que además no existe una manera segura de consumir tabaco.

En tanto, los datos de la Organización Panamericana de la Salud [OPS] señalan que, en México, son los hombres adultos los que más consumen tabaco, con un 19.9 por ciento, mientras que la prevalencia entre las mujeres es de 6.2 por ciento. Asimismo, sostiene que, al retomar datos de la encuesta más reciente en la materia de 2011 , México ocupa el tercer sitio con el mayor número de jóvenes consumidores de cigarro, con un 19.8 por ciento de prevalencia.

La agencia OPS recuerda que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo en seis de las ocho principales causas de muerte en el mundo, así como para las cuatro enfermedades no transmisibles más prevenibles y prevalentes: cardiovasculares, diabetes, cáncer y afecciones respiratorias crónicas.

Asimismo, advirtió sobre la nueva amenaza que implica el uso de los cigarrillos electrónicos, pues el estudio también advierte sobre la alta disponibilidad y accesibilidad de nuevos productos que pueden contener nicotina, como los cigarrillos electrónicos y alerta sobre las afirmaciones engañosas que usa la industria del tabaco para ganar consumidores e introducirse en nuevos mercados.

Por lo tanto, lugares como las zonas arqueológicas, parques nacionales, museos y demás destinados a la cultura y a las artes son por ende aquellos lugares que la ley determina como espacios de concurrencia colectiva, el valor que estos lugares representa para las y los mexicanos y para aquellas personas de otra nacionalidad que los visitan es sin lugar a dudas incalculable, deben de ser lugares seguros para la realización de las actividades a las que están destinados, por ello la importancia de hacer válidas las normas recientemente aprobadas que prohíben el uso, consumo y publicidad del tabaco, para así garantizar el derecho constitucional a gozar de  un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que, además ,señala nuestra Constitución, el Estado debe ser garante de dicho derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, a que sancione a toda aquella persona que consuma o tenga encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los espacios de concurrencia colectiva.

Notas

1  Lista del Patrimonio Mundial, 2018, [en línea]

https://whc.unesco.org/es/list/?iso=mx&search=&, [consulta: 07 de febrero, 2023].

2  Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, [en línea]

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CiudadesPatrimonio.a spx, [consulta: 07 de febrero, 2023].

3  Ley General para el Control del Tabaco, 2022, [en línea]

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCT.pdf, [consulta: 07 de febrero, 2023].

4  Ídem.

5  Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, 2022, [en línea]

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGCT.pdf, [consulta: 07 de febrero, 2023].

6  Cfr, Riesgos para la salud la fumar tabaco, 2018, [en línea]

https://www.cancer.org/es/saludable/mantengase-alejado-del-tabac o/riesgos-para-la-salud-debido-al-tabaquismo/fumar-tabaco.html, [consulta: 07 de febrero, 2023].

7  American Cancer Society. Cancer Prevention & Early Detection Facts & Figures, 2018, [en línea],

https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-fa cts-and-statistics/cancer-prevention-and-early-detection-facts-and-figures/canc er-prevention-and-early-detection-facts-and-figures-2019-2020.pdf, [consulta: 02 de febrero, 2023].

8  IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Tobacco Smoke and Involuntary Smoking, 2004, [en línea]

https://monographs.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/06/mono8 3.pdf, [consulta: 02 de febrero, 2023].

9  Cigarette Smke, Bacteria. Mold Microbial Toxins, and Chronic Lung Inflammation, 2011, [en línea]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136185/, [consulta: 02 de febrero, 2023].

10  Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular Effects: Making Sense of the Evidence, 2010, [en línea]

https://nap.nationalacademies.org/read/12649/chapter/4, [consulta: 02 de febrero, 2023].

11  México es el tercer país con más fumadores jóvenes en las Américas: OPS, 2022 [en línea]

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-es-el-tercer-pai s-con-mas-fumadores-jovenes-en-las-Americas-OPS-20220815-0121.html, [consulta 07 de febrero, 2023].

12  Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de febrero de 2023.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE REVISE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMÁFOROS POR LOS QUE TRANSITALA  AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL MEXIBUS, QUE CONECTA OJO DE AGUA CON EL AIFA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a instrumentar las acciones necesarias para revisar el funcionamiento de los semáforos por los que transita la ampliación de la línea 1 del Mexibus, que conecta Ojo de Agua con el AIFA, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado federal Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al titular de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado de México, al titular de la Secretaría de Movilidad, y al titular del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), para que en el ámbito de sus atribuciones instrumenten las acciones necesarias para realizar una exhaustiva revisión del funcionamiento de los semáforos por los que transita la ampliación de la Línea 1 del Mexibús que conecta Ojo de Agua con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Exposición de Motivos

En los últimos años se ha vuelto frecuente el aumento de problemas de viabilidad y transporte público en diversos estados de la República Mexicana; ante tales problemas se ha optado por la creación de nuevos mecanismos que permitan el transporte masivo y eficiente de miles de pasajeros lo cual es una medida que consideramos muy acertada.

Es así como el Mexibús es un sistema de autobús de tránsito rápido (BRT) encuentra en el Estado de México y tiene conexión de diversos municipios del Estado con la Ciudad de México; por lo cual cada día transporta a miles de pasajeros de la zona metropolitana del país.

Si bien consideramos este proyecto como un gran aporte en el transporte y viabilidad de pasajeros, en muchas ocasiones su efectividad no se puede concretar de manera satisfactoria como en el caso de la ampliación del “Mexibús Línea 1” en el que debido a la falta de sincronización en diversos semáforos se generan más problemas que soluciones.

Esto se vuelve un inconveniente que atañe no solo al gobierno del estado de México, sino de casi todos los estados, puesto que; no en todos se cuenta con un inventario de semáforos actualizado y asimismo tampoco se cuenta con un monitoreo de mínimo cada año para comprobar su vida útil y la sincronización entre los mismos.

Es notorio que en la mayoría de los estados se carece de una creación y en su caso una actualización de documentos, investigaciones, programas y políticas públicas que tengan como objeto de estudio el tránsito en ciudades concurridas y crecientes, la movilidad urbana y la seguridad en el transporte público.

La falta de sincronización en los semáforos que recorren la ampliación de la Línea 1 del “Mexibús” se ha vuelto un problema de escala mayor en el Estado de México puesto que ha generado un significativo aumento de tráfico en la zona, así como de accidentes viales que ponen en riesgo a peatones, usuarios del servicio y a conductores.

Lo anterior, sin contar con los embotellamientos, y las restricciones en señalamientos y vueltas que se dan por las diversas obras como lo son la nueva implementación de más estaciones de la ampliación de la Línea 1 del Mexibús.

En ese tenor, consideramos que para resolver este problema necesario obtener verdaderos estudios y políticas de viabilidad para concretar un diagnóstico más acertado, que permita que los semáforos tanto vehiculares como peatonales funcionen eficazmente a fin de disminuir riesgos innecesarios para los peatones y para los vehículos, así como para los usuarios y pasajeros del servicio de mexibús.

Asimismo, y como beneficio, al tomar estas medidas se disminuye la necesidad de la imposición de elementos policiales, se deduce el tiempo de espera de vehículos y por ende la acumulación de emisiones de carbono que contaminan el ambiente y dañan la salud de los ciudadanos.

En ese sentido, y siguiendo los lineamientos de la cuarta transformación de beneficiar a los usuarios del transporte público y a los que menos tienen; consideramos que es menester coadyuvar autoridades federales y estatales para lograr un transporte eficaz, rápido y seguro que transporte a miles de usuarios de la Ciudad de México al AIFA.

Por lo anteriormente expuesto un servidor presentó a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Dirección de Seguridad Pública en el Estado de México, al titular de la Secretaría de Movilidad, y al titular del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), para que en el ámbito de sus atribuciones instrumenten las acciones necesarias para realizar una exhaustiva revisión del funcionamiento de los semáforos por los que transita ampliación de la Línea 1 del Mexibús que conecta Ojo de Agua con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero del 2023.– Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, RELATIVO A PUBLICAR UNA FE DE ERRATAS A LA DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 1, 2, 3, 4 Y 6

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a publicar una fe de erratas a la declaratoria de utilidad pública para la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4 y 6, publicadas en el DOF los días 4 y 10 de enero, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus competencias, se publique una Fe de erratas a la Declaratoria de utilidad pública de la superficie de 137,642,0796 metros cuadrados, ubicada en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México, para la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4 y 6, en virtud de que, entre las ubicaciones señaladas de los Centros de Transferencia Modal que se construirán, la poligonal del ejido de Teyahualco forma parte del municipio de Tultepec -y no del municipio de Tultitlán- como se indica erróneamente en las publicaciones de dicha declaratoria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 4 y 10 de enero de 2023, bajo las siguientes:

Consideraciones

Los límites territoriales a menudo son una fuente de controversia entre diversos municipios en el Estado de México. Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, en el Poder Legislativo del Estado de México, ha señalado que actualmente se revisan siete documentos que involucran a 20 municipios con disputas en los límites territoriales en donde múltiples comunidades buscan la urgente definición de saber con certeza a cuál pertenecen.

A propósito de este tema, el pasado 4 y 10 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de utilidad pública de la superficie de 137,642,0796 metros cuadrados, ubicada en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México, para la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4 y 6. (Primera y Segunda publicación, respectivamente). Lo anterior, con motivo de la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano de la estación Lechería a la de Santa Lucía en el Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles”.

A saber, el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

 “[...] VIII.- Construir las vías férreas, patios y terminales de carácter federal para el establecimiento y explotación de ferrocarriles, y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación;[...]”

Sin embargo, de las estaciones de pasajeros y Centros de Transferencia Modal anunciados por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la Declaratoria citada, algunas se ubicarán dentro del territorio del municipio de Tultepec, y una de ellas está señalada erróneamente que estará en el municipio de Tultitlán de acuerdo con las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de los días 4 y 10 de enero de 2023, con las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) que corresponden a la calle Guadalupe y calle 1, que forman parte del ejido de Teyahualco, en el municipio de Tultepec, Estado de México.

Al respecto, el presidente Municipal de Tultepec señaló en una entrevista que tres de las seis estaciones del Tren Suburbano que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles están en Tultepec, asimismo indicó que es importante que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lo reconozca “si no, nos veremos obligados a establecer una controversia constitucional, porque están reconociendo territorio nuestro a favor de Tultitlán”.

En vista de ello, el Ayuntamiento de Tultepec envió el oficio PMT/01/0022/2023 al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, fechado el 17 de enero, donde por ejemplo señalan que la poligonal del ejido de Teyahualco forma parte de Tultepec, por lo que resulta “inexacta la georreferenciación”, por lo que piden a la SICT “hacer la fe de erratas que corresponde y publicarla en el mismo DOF”.

El error descrito viene no solo a agudizar posibles conflictos sociales que pudieran retrasar los trabajos para la urgente conectividad con el AIFA, sino a generar incertidumbre entre la población que habita los municipios de Tultitlán y Tultepec, en términos de la continuidad histórica de sus habitantes que durante décadas han mantenido una identidad y de la cual deriva precisamente su situación actual en el municipio respectivo.

En definitiva, resulta urgente que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes actúe con rapidez para aclarar el error en la Declaratoria de utilidad pública antes mencionada para seguir tendiendo puentes para escuchar, dialogar y consensuar con la población de los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México, y que esto permita garantizar la conectividad desde y hacia el Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles” priorizando siempre el bienestar del pueblo de México.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus competencias, se publique una Fe de erratas a la Declaratoria de utilidad pública de la superficie de 137,642,0796 metros cuadrados, ubicada en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, Estado de México, para la construcción de los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4 y 6, en virtud de que, entre las ubicaciones señaladas de los Centros de Transferencia Modal que se construirán, la poligonal del ejido de Teyahualco forma parte del municipio de Tultepec -y no del municipio de Tultitlán- como se indica erróneamente en las publicaciones de dicha declaratoria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 4 y 10 de enero de 2023.

Notas

1  Milenio. “En Edomex hay 20 municipios con conflictos territoriales”. Disponible en:

https://acortar.link/mWgJup Consultado el 12 de febrero de 2023

2  DOF: 10/01/2023

3  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en:

https://acortar.link/mDXHMK Consultado el 12 de febrero de 2023

4  El Universal. “Tultepec: tres estaciones del Suburbano están en el municipio”. Disponible en:

https://acortar.link/8JhMs3  Consultado el 12 de febrero de 2023

5  Ibid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de febrero de 2023.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A LA PROFECO, A REALIZAR UN OPERATIVO PARA PREVENIR ABUSOS A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DE MAZATLÁN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco a realizar un operativo para prevenir abusos y violaciones a los derechos del consumidor durante la celebración del carnaval de Mazatlán, a cargo del diputado Leobardo Alcántara Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Leobardo Alcántara Martínez, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones realice un operativo a fin prevenir abusos y violaciones a los derechos del consumidor durante la celebración del Carnaval de Mazatlán, bajo las siguientes:

Consideraciones

El carnaval de Mazatlán es sin lugar a duda uno de los festejos de mayor tradición y relevancia para nosotros los mazatlecos porque forma parte de nuestra cultura e identidad que nos distingue y que nos hace únicos.

La celebración del carnaval de Mazatlán se remonta prácticamente a la llegada de los primeros pobladores en el Siglo XIX y se realizaba días previos al comienzo de la cuaresma. Es hasta el año de 1898 en el que esta celebración pasó de ser un evento organizado improvisadamente por los habitantes del pueblo a un festejo con una estructura formal encabezado por una Junta creada para dicho propósito.

Como lo señala Enrique Vargas, Cronista Oficial de Mazatlán, lo que hace único al carnaval de Mazatlán y que lo distingue de otros carnavales en el resto del país y del mundo es que la diversión se ofrece a ritmo de banda y de tambora que es el ritmo característico de la región.

La edición 125 del carnaval de Mazatlán se llevará a cabo del 16 al 21 de febrero de 2023, la temática de este año es “Deja vú, Sueños de un Carnaval, en este sentido, las carrozas, disfraces y decoraciones estarán inspiradas en cuatro seres míticos:  Margot (el hada terrestre), Anjana (el hada de los sueños), Fauno (el dios de los campos y bosques) y Lorelei (el hada de la fiesta).

Los festejos del carnaval inician con la coronación del Rey del Carnaval, posteriormente con la coronación de la Reina de los Juegos Florales el día 17 de febrero, ese mismo día se realizarán eventos de música clásica y danza, para cerrar con un concierto de Gloria Gaynor.

El día 18 de febrero se llevará a cabo la coronación de la Reina del Carnaval y por la noche se realizarán los tradicionales eventos de la quema del mal humor y el combate naval. Asimismo, el 19 y 21 de febrero se tiene programada la realización del desfile del Carnaval que es uno de los eventos más importantes y que este año regresa a su ruta original.

Además, de su relevancia cultural, el carnaval representa un detonante para la actividad económica de la región, se estima que el año pasado se recibieron a más de 860 mil visitantes y se espera que este año tenga una derrama económica de 700 millones de pesos.

En este sentido, resulta prioritario garantizar la seguridad de las y los mazatlecos, así como de las y los turistas nacionales e internacionales que nos visitarán en los próximos días.

Al respecto, en días recientes el presidente municipal Édgar González Zatarain de Mazatlán presentó el Plan Operativo del Carnaval Internacional Mazatlán 2023 y de igual forma el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya señaló que se trabaja en un operativo para el Carnaval de Mazatlán.

No obstante, consideramos que es necesaria la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones en materia de seguridad pública no sólo en el municipio de Mazatlán sino en las principales vías de acceso terrestre a este destino.

Recordemos que los principales asistentes al carnaval de Mazatlán provienen no solo del estado de Sinaloa sino también de Durango, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit y Jalisco.

De igual forma, es importante realizar operativos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar abusos y alzas injustificadas en los costos de servicios y productos.

El objetivo es claro: que la celebración de la edición 125 del carnaval de Mazatlán sea un evento inolvidable no sólo para las y los mazatlecos sino para el turismo que nos visita.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones realice un operativo para prevenir abusos y violaciones a los derechos del consumidor durante la celebración del carnaval de Mazatlán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa y a la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, establezcan acciones para garantizar la seguridad y patrimonio  de las y los turistas que utilizarán vías de acceso terrestre para asistir a la celebración del carnaval de Mazatlán.

Notas

1  Vega, Enrique, Historia del Carnaval,

<http://carnavalmazatlan.com/es/historia/historia-del-carnava l/> Consultado el 13 de febrero de 2023.

2 Ibíd.

3 <https://www.eluniversal.com.mx/destinos/cuando-es-el-carnaval-de-mazatlan-p recios-y-actividades> Consultado el 13 de febrero de 2023.

4 Ibíd.

5 700 millones de pesos, la derrama económica que deja el Carnaval en el Puerto,

<http://carnavalmazatlan.com/prensa/2023/02/700-millones-de-p esos-la-derrama-economica-que-deja-el-carnaval-en-el-puerto/>

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 14 días del mes de febrero del 2023.– Diputado Leobardo Alcántara Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

PROTOCOLOS Y CAMPAÑAS DE VISIBILIZACIÓN QUE ERRADIQUEN LA DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS LGBTTTIQA+ EN EL DEPORTE Y SE PROMUEVA SU INCLUSIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a elaborar protocolos y campañas de visibilización que erradiquen la discriminación de personas LGBTTTIQA+ en el deporte y se promueva su inclusión, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III,  del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo en materia de no discriminación de las personas LGBTTTIQA+ en el deporte, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En su artículo cuarto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, además que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. La misma norma fundamental, en su artículo primero, garantiza a todas las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, imponiendo a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de dichos derechos sin discriminación.

Sin embargo, este derecho fundamental no es gozado de la misma manera por todas las personas, siendo este el caso de la comunidad LGBTTTIQA+, quienes debido a la discriminación histórica que enfrentamos nos vemos excluides de todo tipo de actividades deportivas.

De acuerdo con el artículo “El colectivo LGTBI en el deporte como objeto de investigación sociológica” el deporte históricamente ha sido un lugar de dominación masculina, que se caracteriza por su heterosexualidad, desarrollo físico y poca afectividad y donde el deporte es uno de los pilares de la dominación androcéntrica, hostil a la participación de gays y lesbianas.

Una revisión llevada a cabo en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, mediante la cual se analizaron los datos de diversas publicaciones, reporta estadísticas alarmantes:

• De 93,079 adultos LGBT (mayores de 18 años) de 28 países, casi la mitad (42 %) confesaron que evitan los clubs deportivos por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por su orientación sexual o identidad de género.

• En referencia al deporte recreativo, las personas trans prefieren los deportes y actividades individuales que los deportes de equipo.

• En el ámbito profesional, tanto los entrenadores y entrenadoras como el colectivo de deportistas pueden sufrir discriminación si se identifican como persona LGBT o no se comportan según los mandatos de género propios de su sexo.

• En las sesiones de educación física, las personas estudiantes-deportistas LGTBIQ+ tienen el doble de probabilidades que sus homólogos heterosexuales de ser acosados, ignorados o excluidos deliberadamente de las actividades deportivas de equipo. Este hecho genera que la población LGTBIQ tenga entre dos y tres veces más de probabilidad de sufrir ansiedad y depresión y casi el 14 % intentará autolesionarse o suicidarse.

La cadena alemana Deutsche Welle, realizó una publicación titulada Homofobia en el deporte: la discriminación sigue ganando el partido donde la idea central es que “Los jugadores y jugadoras no se atreven a decir que sienten atracción por personas del mismo sexo, pues “temen que puedan ser considerados deportistas de segunda categoría, o levantar sospechas sobre sus capacidades técnicas”” y que “si la salida del clóset de un deportista profesional sigue siendo noticia es precisamente porque son pocos, [...] los que se atreven a hablar públicamente de su orientación sexual o identidad de género”. Lo que hace esta publicación tan interesante y me lleva a citarla en este documento, es que recoge testimonios de diversas personas que han “salido del closet” en el ámbito deportivo y han sufrido consecuencias negativas por ello, pero además, recoge la importancia de la visibilidad, de la necesidad de que con educación, sensibilización y política, “algún día las puertas del deporte profesional estarán abiertas para las personas LGBTI”.

México es un país que lamentablemente se encuentra afectado por una cultura altamente machista, sobre todo en lo relacionado con el ámbito deportivo, donde los atletas de las minorías sexo diversas se ven enfrentados a críticas y burlas si revelan esa condición o incluso cuando no son parte de esta comunidad, pero sus expresiones de género no coinciden con lo que esa cultura machista y patriarcal considera socialmente aceptable.

Es necesario decir que en el caso de las personas trans, este contexto es todavía más violento, no solo en el ámbito social sino también en el ámbito de las autoridades, donde muchas veces se ven impedides de participar en actividades deportivas a nivel profesional porque su identidad de género no corresponde al sexo de nacimiento, con lo que se enfrentan a la decisión de hacer su transición de género y tener que abandonar el deporte profesional para siempre o no hacer la transición y vivir las consecuencias de no poder alcanzar su realización personal.

Se debe promover una cultura de inclusión deportiva, que fomente la noción de que las personas LGBTTTIQA+ no somos diferentes de ninguna otra persona y que tenemos los mismos derechos, por lo que nuestra orientación sexual y/o expresión de género no deben ser una limitante para cualquier práctica deportiva.

Haciendo una revisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que se busca:

1. Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

2. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas; y

3. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.

Para el cumplimiento de lo anterior, el ordenamiento legal contempla el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), como órgano colegiado que estará integrado por las Dependencias, Organismos e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Nacionales y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil reconocidos por esta Ley, para la eficaz y eficiente promoción, fomento y estímulo de la cultura física y de la práctica del deporte en todas sus manifestaciones.

Dentro de las atribuciones del SINADE se encuentran:

• Ejecutar las políticas para fomentar, promover y estimular el desarrollo y ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte en el ámbito nacional;

• Establecer los mecanismos para la planeación, supervisión, ejecución y evaluación de los programas, organismos, procesos, actividades y recursos de los integrantes del SINADE;

• Proponer planes y programas que contribuyan a fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, considerando el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad hacia las personas con discapacidad;

• Promover mecanismos de integración institucional y sectorial para fomentar, promover y estimular el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte.

Asimismo, la Ley contempla una Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, creada para el combate de la violencia y discriminación en el deporte, un órgano colegiado integrado por representantes de CONADE, de los Órganos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones Deportivas Nacionales, del COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de las Comisiones Nacionales del Deporte Profesional, esta tiene entre sus facultades:

• Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la violencia, así como de propiciar la cultura de paz con el fin de conseguir que el deporte sea un referente de integración y convivencia social;

• Fomentar programas y campañas de divulgación en contra de la violencia y la discriminación a fin de retribuir los valores de integración y convivencia social del deporte

En función de todo lo anterior, es que considero que el Estado Mexicano cuenta con una estructura organizacional con facultades bien definidas que le permitirían promover la inclusión de las personas LGBTTTIQA+ en el deporte y que en virtud de la generalidad de esta ley que deriva de un mandato constitucional, podrían coordinar estos esfuerzos en los tres niveles (federal, estatal y municipal) y con entes privados.

El 19 de febrero, se conmemora a nivel internacional el Día contra la homofobia en el deporte, este día fue elegido en memoria del nacimiento del futbolista inglés Justin Fanashu, quien en 1990 declaró públicamente su homosexualidad y quien lamentablemente se suicidó en 1998 derivado del acoso recibido por su sexualidad.

Es por ello, que no quiero dejar pasar este día, para exhortar a las autoridades deportivas a que hagan lo necesario para que estas acciones sean erradicadas de manera definitiva del ámbito deportivo, protejamos la vida de las personas LGBTTTIQA+ y su derecho a la actividad deportiva sin miedo.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta a la persona titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que promueva al interior del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la elaboración de protocolos y campañas de visibilización y sensibilización que erradiquen la discriminación de personas LGBTTTIQA+ en el deporte y promuevan su inclusión.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta a la persona titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, de acuerdo con las facultades legales de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte, promueva que las campañas de divulgación que lleven a cabo contemplen la erradicación de la violencia y discriminación que se ejerce contra las personas LGBTTTIQA+.

Notas

1. Moscos, J. y Piedra, J. El colectivo LGTBI en el deporte como objeto de investigación sociológica. Estado de la cuestión. España, 2019, Revista Española de Sociología, Consultable en:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElColectivoLGTBIEnElD eporteComoObjetoDeInvestigaci-7365730.pdf, [consulta: 10 de 02 de 2023].

2. Rovira-Front y Villanova-Soler. Salud mental y contexto deportivo: una revisión sistemática.  [en linea], Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Consultable en:

https://www.redalyc.org/journal/5516/551669887001/html/, [consulta: 10 de 02 de 2023].

3. DW. Homofobia en el deporte: la discriminación sigue ganando el partido, [en línea], Alemania, Consultable en:

https://www.dw.com/es/homofobia-en-el-deporte-la-discriminaci%C3 %B3n-sigue-ganando-el-partido/a-53972599, [consulta: 10 de 02 de 2023].

4. Ídem.

5. Ídem.

6. Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Diversidad, para dictamen.

EXHORTO A LA SHCP, A FORTALECER EL FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES DEL INMUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a fortalecer el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres del Inmujeres, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión y Diputadas y Diputados Federales del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como al titular Rogelio Ramírez de la O, a que, fortalezca el programa “Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)” del Instituto Nacional de las Mujeres, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Antecedentes

La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

Según cifras reportadas en 2021, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México vivían 128 millones de personas, 65.5 millones eran mujeres (51.2 por ciento), de las cuales más de 50.5 millones (77.1 por ciento) tenían 15 años y más de edad.

La mayor parte de las mujeres han sufrido violencia. Del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

Las entidades federativas donde las mujeres de 15 años y más han experimentado mayor violencia a lo largo de su vida son: Estado de México (78.7 por ciento), Ciudad de México (76.2 por ciento) y Querétaro (75.2 por ciento), mientras que la entidad federativa con menor prevalencia es Chiapas.

De acuerdo con la Endireh 2021, la prevalencia de violencia (de cualquier tipo a lo largo de la vida) contra las mujeres de 15 años y más en México, muestra que aquellas que experimentan mayor violencia son: las que residen en áreas urbanas (73.0 por ciento); de edades entre 25 y 34 años (75.0 por ciento); quienes cuentan con un nivel de escolaridad superior (77.9 por ciento) y las que se encuentran separadas, divorciadas o viudas (74.0 por ciento).

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento), la violencia física (34.7 por ciento) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 por ciento).

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es uno de los documentos de política pública más importantes de nuestro país, elaborado por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Analizando previamente los datos de las mujeres que sufren violencia, es necesario exigir que se garanticen los recursos suficientes para el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) en beneficio de las mujeres mexicanas. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) debe aumentar la cantidad destinada a las mujeres y a la equidad de género para que el Instituto ejecute  más políticas públicas. El Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) desglosa los recursos que las Secretarías y otras Instituciones asignan para la igualdad entre mujeres y hombres.

El Instituto Nacional de las Mujeres ( INMujeres) es la institución con la experiencia suficiente para ayudar al resto de las instituciones de la Administración Pública Federal a imprimir esta perspectiva de género en las políticas públicas. No obstante, su presupuesto fue limitado en 2022 con poco más de 873 millones de pesos, que es solo 0.8 por ciento mayor que el aprobado para 2021.

Este organismo, promueve y encauza el cumplimiento de la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres e impulsa la erradicación de la violencia contra las mujeres. Su objetivo institucional es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres.

Mediante esta institución es cómo se puede mejorar la calidad de vida de las mujeres por medio de ejecutar políticas públicas para beneficiarlas, para ello es necesario que se destinen más recursos al Instituto Nacional de las Mujeres.

Las políticas públicas que ejecuta el Instituto Nacional de las Mujeres son:

- Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024

- Bolsa de Trabajo INMUJERES

- Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)

- Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para las entidades federativas.

- Programa “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

- Campañas Nacionales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

- Suplemento TODAS: la revista que promueve la igualdad de género mediante la investigación referente a la situación de las mujeres.

- MujerExportaMx: ruedas de negocios para fomentar a las empresarias.

El programa social que queremos fortalecer es el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), ya que que convoca a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), para que impulsen proyectos con perspectiva de género e interculturalidad, con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos, que contribuyen a la erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo en adolescentes, a través de prevención y atención.

El embarazo adolescente y la violencia sexual son problemáticas que se deben atender desde múltiples perspectivas y con acciones interinstitucionales, intergubernamentales e interdisciplinarias muy bien coordinadas.

- El embarazo, también implica una problemática de salud pública, al traer complicaciones en las niñas y adolescentes, con consecuencias durante el embarazo y el parto que pueden ocasionar la muerte, esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que nos dice que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos.

De acuerdo con los datos que muestra la estadística de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 se registró un total de 2,162,535 embarazos en México, de los cuales el 17.5 por ciento (378,444) corresponden a madres menores de 20 años. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 2018, hay 2.3 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años por cada 1,000 de este grupo de edad.

Para formar parte del programa, el Instituto lanza una convocatoria con bases de Participación de FOBAM, en la que participan las 32 entidades federativas. Su presupuesto para el programa en 2022 fue de 5,496,474.18 millones de pesos. Mientras que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) pueden acceder al monto máximo de 549,647.49 pesos. Por ello es que se busca fortalecer el programa mediante la ampliación presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como al titular Rogelio Ramírez de la O, a que, fortalezca el programa “Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM)” del Instituto Nacional de las Mujeres.

Notas

1  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de  2023 de

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

2  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de  2023 de

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

3   Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2023. Mujeres. Recuperado el 09 de febrero de  2023 de

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

4   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 2023. Presupuesto de Egresos de la Federación.  Recuperado el 10 de febrero de 2023 de

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/q gp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf

5  Gobierno Federal. 2023. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Recuperado el 10 de febrero de  2023 de

https://www.gob.mx/inmujeres

Salón de sesiones, a 15 de febrero de 2023.– Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Carolina Dávila Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de ésta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica, caracterizada por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación.

Referirnos al espectro autista es hablar de un grupo de particularidades, ya que existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con este trastorno.

Datos de la Organización Mundial de la Salud señalan que uno de cada 160 niños vive con TEA, en México esa relación es de uno por cada 115, es decir, en nuestro país 400 mil niñas y niños aún viven con el fantasma del estigma que durante décadas ha sido el trastorno del espectro autista.

En el año 2007 la Asamblea General de la ONU instauró el 2 de abril como Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de destacar la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en todos los aspectos sociales.

En la Resolución aprobada por la Asamblea se recalcó que en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los niños con discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y digna, en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten su autonomía y faciliten su participación activa en la comunidad, así como su goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niño.

Por otro lado, se invita a todos los Estados Miembros a que observen debidamente el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo con miras a aumentar la conciencia pública sobre ese trastorno; y alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para concienciar a toda la sociedad, incluso a nivel familiar, sobre la situación de los niños con autismo.

En 2007 México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con su Protocolo Facultativo, por lo cual nuestro país reconoce que los niños y niñas con discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y las libertadas fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, teniendo las personas con discapacidad y sus familias el derecho a recibir protección y asistencia por parte del Estado.

En el marco normativo nacional, el artículo 10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista establece los derechos de las personas con esta condición y sus familias, entre los cuales se encuentran gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución y recibir el apoyo y protección de sus derechos por parte del Estado.

Aceptar la invitación de la ONU para adoptar medidas de concientización sobre el TEA implica tomar acciones de visibilidad sobre los niños, niñas y adolescentes que viven con este trastorno, sus familias y el personal especializado que coadyuva a su adecuado desarrollo y atención.

Una forma de tomar acción es iluminar de azul los diferentes edificios gubernamentales a lo largo del país ya que el color azul es uno de los símbolos más representativos del autismo. La explicación más aceptada es que el azul es el color del mar, haciendo un paralelismo entre el mar y las personas con autismo por dos motivos: ambos suelen ser calmados y tranquilos, pero en ocasiones pueden descontrolarse; y ambos albergan un mundo interior muy rico que todos quisiéramos conocer.

Desde el año 2008, diferentes edificios públicos y monumentos emblemáticos de México y el mundo se han iluminado de azul en conmemoración a este Día Mundial, sin embargo, no se ha logrado que todos los Congresos locales iluminen cada año sus edificios sedes para visibilizar el TEA en nuestro país.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a los Congresos locales de las treinta y dos entidades federativas para que el próximo 2 de abril iluminen de color azul sus edificios sedes para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Segundo. Se exhorta, respetuosamente, a los Congresos locales de las treinta y dos entidades federativas para que el próximo mes de abril realicen diversas actividades y campañas informativas sobre el Trastorno del Espectro Autista en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, febrero de 2023.– Diputada Carolina Dávila Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

EXHORTO A LA FGR Y A LA UIF, A INVESTIGAR LOS PRESUNTOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL COMETIDOS POR EL C. GENARO GARCÍA LUNA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la UIF a investigar los presuntos delitos del orden federal cometidos por el ciudadano Genaro García Luna, a fin de promover la procuración de justicia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I.   Impunidad en México

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022 elaborada por el Inegi, refiere que durante 2021 en México existieron 22.1 millones de personas víctimas de algún delito lo que implica una tasa de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes.  Según esta la Envipe 2022, en 2021 se cometieron al menos 28.1 millones de delitos lo que significó un costo nacional estimado de 278 mil millones de pesos.

Por su parte, de acuerdo con la organización Impunidad Cero, en nuestro país, en promedio, el 93.6 por ciento de los delitos que se cometen no se denuncian y de cada 100 delitos que se denuncian sólo 14 son resueltos.   Durango es el estado en donde existe más impunidad ya que el 97 por ciento de las denuncias no se resuelven.   Por su parte, en Veracruz el 96 por ciento de las denuncias no se resuelven.

Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91 por ciento de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad. Además, según el Índice Global de Impunidad 2020, México cuenta con sólo 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes mientras que los demás países de este índice registran 17.83 jueces por cada 100,000 habitantes. En otras palabras, existen muy pocas personas juzgadoras en nuestro país. Lo anterior ha generado que México ocupe el lugar 60 de 69 países que integran el Índice Global de Impunidad 2020.

Por su parte, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del poder judicial.   Como resulta evidente, la impunidad es uno de los principales problemas de nuestro país.

II. Antecedentes de Genaro García Luna

Genaro García Luna desempeñó diversos cargos en la Administración Pública Federal de nuestro país, especialmente en labores de inteligencia y seguridad  pública. del más alto nivel. García Luna comenzó su carrera en labores de seguridad pública en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) , órgano desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gasto adscrito a la Secretaría de Gobernación en donde desempeñó múltiples cargos.

En 1999 García Luna  se incorporó a la Policía Federal Preventiva, la cual hoy está extinta.

En el 2000 fue designado como el Coordinador de Inteligencia para la Prevención dentro de la Policía Federal Preventiva. Posteriormente, en el año 2001 fue nombrado como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

De 2006 a 2012 fungió como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Durante dicha administración, en junio de 2009, con la puesta en marcha del Nuevo Modelo de Policía, se creó oficialmente la Policía Federal de lo cual los primeros cinco años de la gestión de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Después de su salida del Gobierno Federal, Genaro García Luna se desempeñó como director de GLAC Consulting, empresa dedicada a la consultoría en temas de seguridad, política y economía.

El 10 de diciembre de 2019 fue detenido en Dallas, Texas García Luna acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa para operar libremente en México y por falsedad de declaraciones. Actualmente Genaro García Luna, está siendo juzgado en Estados Unidos de América.

III. Vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico y juicio en Estados Unidos de América

A mediados de enero de 2023 comenzó en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn el juicio de Genaro García Luna. Dentro de este caso, se han desahogado varios testimonios clave que afirman que García Luna sostenía estrechos vínculos con grupos de delincuencia organizada mientras fungía como alto funcionario en materia de seguridad pública.

El primer testigo en este caso fue Sergio Villarreal alias “El Grande”. En su declaración admitió haber tenido nexos con el exfuncionario desde hace más de 20 años cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Vicente Fox, además, precisó que García Luna tenía una participación importante con este grupo criminal ya que admitió haber sido testigo de la entrega de sobornos hacia el funcionario. Asimismo, “El Grande” señaló que a partir de 2004, la facción de los Beltrán Leyva y García Luna se reunían en promedio una vez al mes en una casa de seguridad cerca de Perisur en la Ciudad de México para entregar sobornos a García Luna de hasta 1 millón de dólares para permitir las operaciones del cártel de Sinaloa.

“El Grande” colaboró durante años con el cártel de Los Beltran Leyva y declaró en contra de Luis ángel Cabeza de Vaca quien era jefe de la policía del Estado de Morelos y que  incluso le facilitó un helicóptero para poder escapar de operativos en su contra en 2008.

Otro de los testimonios clave es Oscar Nava Valencia alias “El Lobo” quien fue ex integrante del Cártel de Sinaloa y fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2011 por delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud. El 30 de Enero declaró haber pagado cerca de 10 millones de dólares en sobornos a García Luna por permitir las operaciones ilícitas y por coordinar envíos de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia al aeropuerto de la Ciudad de México.

De igual manera señaló que en 2006 diversos narcotraficantes pagaron 2.5 millones de dólares por permitir que “hubiera seguridad para todos.”   Otro de los nexos con el narcotráfico es Harold Poveda Ortega alias “El Conejo” que fue considerado uno de los mayores proveedores de cocaína del Cártel de los Beltrán Leyva y fungió como enlace entre la agrupación delictiva colombiana “ Él Cártel del Norte del Valle” y el “Cártel de Sinaloa” con el fin de producir más de dos toneladas de cocaína en México.

“El Conejo” fungió como el enlace entre el Cártel del Norte del Valle, agrupación delictiva colombiana y el Cártel de Sinaloa a fin de introducir mensualmente más de dos toneladas de cocaína a México. Durante el Juicio de García Luna declaró haber ofrecido un pago de 500 mil dólares a dos comandantes de la Policía Federal para que liberaran a dos integrantes de su familia después de una mansión del De-sierto de los Leones. Asimismo, “El Conejo” declaró que fue obligado a tocar balas, armas y paquetes de cocaína que no eran suyos para construir pruebas.

Otro de los testigos que ha destacado es Jésus Zambada alias “El Rey” hermano Ismael Zambada “El Mayo” conocido principalmente por ser líder de una facción importante del Cártel de Sinaloa. Este personaje se encargaba del transporte de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos mediante barcos, submarinos y aviones. De igual manera controlaba el narcomenudeo en estados como Guerrero, Oaxaca y la zona metropolitana de la Ciudad de México, además declaró que había entregado a García Luna en 2005 y 2007 maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos   y de igual manera haber sobornado al general Gilberto Toledano más de 100 mil dólares por órden del Chapo Gúzman.

“El Rey” también declaró haber pagado personalmente sobornos al comandante de la PGR de la Ciudad de México, a la entonces policía Federal de Caminos, a la Policía Judicial Federal, a autoridades militares y a la propia INTERPOL. Recalcó que los sobornos mensuales para funcionarios de la Ciudad de México ascendían a más de 300 mil dólares por mes.

El líder de la Organización de la organización “Los Valencia”, Óscar Valencia Nava ha declarado frente al juicio en EE.UU. en contra de Genaro Garcia Luna quien recalco los diversos sobornos Multimillonarios que se realizaron para que el en ese entonces para el jefe máximo de la seguridad en México, cuyo objetivo era  presuntamente ayudar a los narcotraficantes en diversas ocasiones.

Uno de los testimonios clave es Edgar Veytia alias “El Diablo” que se desempeñó como Fiscal General del Estado de Nayarit de 2013 a 2017 y fue uno de los hombres de mayor confianza de Roberto Sandoval, detenido actualmente por operaciones con recursos de procedencia ilícita, declaró que García Luna goza de una credibilidad más que dudable e inclusive acusó al ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos por proteger cárteles de la droga a cambio de sobornos, en su testimonio mencionó haberse reunido con García Luna y su mano derecha “Cardenas Palomino” .

Finalmente, la fiscalía proporcionó la información ante el juicio que, a cambio de dinero García Luna por lo que permitió que el Cártel de Sinaloa tuviera operaciones con impunidad en México y ayudó a los traficantes a transportar drogas de manera segura y sin la intervención de las fuerzas de la ley hacia Estados Unidos, inclusive llevó ataques contra carteles rivales. Durante las cuales se presentaron diversas pruebas y a decenas de testigos, entre ellos ex miembros del Cártel de Sinaloa y otros narcotraficantes.

IV.  Necesidad de juzgar a García Luna en México

Es fundamental que el C. Genaro García Luna sea juzgado en México por los delitos que cometió en nuestro país. Por ello, exhortamos a la persona titular de la Fiscalía General de la República a que investigue y persiga los presuntos delitos del orden federal cometidos por el ciudadano Genaro García Luna a fin de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.

De igual manera a fin de combatir la impunidad que existe en México y la corrupción sistemática se exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que implemente un programa de reparación integral del daño a las víctimas que el indebido actuar del ciudadano Genaro García Luna podría haber ocasionado; a garantizar la no repetición de actos de corrupción de altos funcionarios en materia de seguridad; así como a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar el problema sistemático de corrupción que enfrenta México.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Fiscalía General de la República a que investigue los presuntos delitos del orden federal cometidos por Genaro García Luna a fin de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a que investigue los presuntos delitos del orden federal cometidos por el Genaro García Luna a fin de promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia.

Tercero.   La Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana  a que implemente un programa de reparación integral del daño a las víctimas que el indebido actuar de Genaro García Luna podría haber ocasionado; a garantizar la no repetición de actos de corrupción de altos funcionarios en materia de seguridad; así como a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar el problema sistemático de corrupción que enfrenta México.

Cuarto. La Cámara de Diputados, respetuosamente, exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública  a que implemente un programa de reparación integral del daño a las víctimas que el indebido actuar de Genaro García Luna podría haber ocasionado; a garantizar la no repetición de actos de corrupción de altos funcionarios en materia de seguridad; así como a tomar las medidas necesarias a fin de erradicar el problema sistemático de corrupción que enfrenta México.  

Notas

1  INEGI. (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE). INEGI. Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2 022/ENVIPE/ENVIPE2022.pdf >

2  ídem. p.1

3  Impunidad Cero. (2023). El tamaño de la impunidad en México. Impunidad Cero. Recuperado de:

<https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/ >

4  ídem.

5  ídem.

6  Le Clercq y Rodríguez. (2021). índice global de impunidad. Escalas de impunidad en el mundo. Recuperado de:

<https://www.udlap.mx/cesij/files/indices-globales/0-IGI-2020 -UDLAP.pdf >

7  impunidad y Acceso a la Justicia, retomado de:

https://pbi-mexico.org/es/themes/impunidad-y-acceso-la-justicia# :~: text=Según%20el%20Índice%20Global%20de,México%20quedan%20en%20la%20impunidad.

8  Expansión Política. (2023). ¿Quién es Genaro García Luna?  Expansión Política. Recuperado de: <??

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/17/quien-es-gerardo -garcia-luna>

9  ídem.

10  El financiero. (2023). Óscar Nava Valencia, El Lobo que dominaba el narcotráfico en Michoacán. El financiero.  Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/30/quien-es-el- lobo-oscar-nava-valencia-narco-genaro-garcia-luna/

11   El financiero. (2023). Juicio a Genaro García Luna: ‘El Lobo’ Valencia afirma que le entregó 10 mdda cambio de protección. El Financiero. Recuperado de:

<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/30/juicio-a -genaro-garcia-luna-el-lobo-valencia-afirma-que-le-entrego-10-mdd-a-cambio-de-p rotección/

12  ídem.

13  El Universal. ¿Quien es Jesus “El Rey” Zambada , el testigo clave en el juicio de Genaro García Luna. Recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/quien-es-jesus-el-rey-zamb ada-el-testigo-clave-en-el-juicio-de-genaro-garcia-luna?amp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA FORMA DE PARTICIPACIÓN DEL VENEZOLANO SADY LOAIZA, EN EL REDISEÑO DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y al INM a hacer pública la forma de participación del venezolano Sady Loaiza, en el rediseño de los libros de texto gratuitos, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo tercero constitucional al respecto señala que:

(La educación) será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

Nuestra norma suprema no deja a duda el carácter de la educación, al señalar que la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica. Lo que implicaría la no intervención de extranjeros en el diseño de libros y demás materiales que determinan lo nacional de la educación

En congruencia con lo anterior, la Ley General de Educación establece:

Artículo 9. Las autoridades educativas, ...realizarán entre otras, las siguientes acciones, proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos

Artículo 2. Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la Secretaría en los términos de esta Ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto.

Artículo 84. ...Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos

Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso; así como autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria.

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México, garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione;

Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria;

Esta ley es particularmente precisa al señalar que las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto. Asimismo, que la elaboración de libros de texto son mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

En lo particular, la presente proposición pretende exhortar a diversas dependencias de la Administración Pública Federal garantice la consulta, que no haya la intervención de extranjeros en el diseño de los libros de texto.

Segunda. De acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Mtro. Sady Arturo Loaiza Escalona fue Director de la Biblioteca Nacional y del Sistema Nacional de Bibliotecas de Venezuela y destaca en su labor la creación de salas de pensamiento crítico, las cátedras de escritura creativa, programas de investigación, así como las actividades para personas con discapacidad visual. Fue miembro de ABINIA (Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica) y de IFLA (Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios) además de desempeñarse como coordinador de la plataforma de pensamiento, patrimonio y memoria del Ministerio para la Cultura de Venezuela.

Es desde enero de 2022 es subdirector en la SEP y encabeza el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos; además, funge como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos.

De la nota en el periódico Reforma, titulada “De Venezuela a la SEP: ¿quién es Sady Loaiza, el chavista que rediseña los libros de texto?”, se pude leer que en 2016 participó en el reparto de “Morrales Hugo Chávez” con los colores de la bandera del país sudamericano, a estudiantes del colegio José Ignacio Cabrujas; asimismo, participó en miles de marchas y campañas de defensa del chavismo y del régimen de Nicolás Maduro.

Está misma fuente afirma que Loaiza Escalona llegó a la SEP por invitación de Marx Arriaga Navarro, Dirección General de Materiales Educativos, con quien actualmente rediseña los textos gratuitos de primaria y secundaria. Loaiza y Arriaga actualmente escriben textos en ediciones de la Dirección General de Materiales Educativos, como sucede en “Un libro sin recetas, para la maestra y el maestro”.

Tercera. Con respecto a este asunto, la Constitución General de la República prevé en el artículo 33. “...Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.”

El trabajo del ciudadano venezolano Loaiza al ser subdirector de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, esta directamente relacionado con el diseño de los libros de texto y materiales pedagógicos.

El señor Loaiza ejerce el cargo de subdirector sin que se conozca su estatus migratorio.

Al respecto la Ley de Migración prevé que son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano la complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales.

Asimismo, el artículo 40 de esta Ley prevé que los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:

Visa que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.

Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada y realizar actividades remuneradas.

Visa de visitante para realizar trámites de adopción, que autoriza al extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se inscriba en el Registro Civil la nueva acta del niño, niña o adolescente adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La expedición de esta autorización, sólo procederá respecto de ciudadanos de países con los que los Estados Unidos Mexicanos hayan suscrito algún convenio en la materia.

Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo no mayor a cuatro años.

Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que se llevarán a cabo en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, y realizar actividades remuneradas conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 52 de esta Ley.

Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer de manera indefinida.

¿Qué tipo de visa tiene el señor Loaiza?, ¿está vigente su visa?, ¿hasta dónde llega su intervención en la Secretaría de Educación Pública?

Cuarta. Por otra parte, la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o. establece que los trabajadores serán de confianza o de base. Son trabajadores de confianza los directores generales y los subdirectores generales; los directores y subdirectores adjuntos; los directores y subdirectores de división.

Es decir, el ciudadano venezolano es trabajador de confianza para la ley.

El estatus del señor Loaiza como trabajador burocrático en su calidad de subdirector estaría violando la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en el artículo 21, fracción I:

“La persona titular de la Dirección General será designada por la presidenta o el presidente de la República, o a su indicación a través de la coordinadora o coordinador de sector por el órgano de gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos: I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

Por lo que se refiere a la Ley Federal del Trabajo, en relación al asunto que nos ocupa, en su artículo 7o. prevé que, en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos

Por lo que se puede desprender de lo motivado en la presente proposición es necesario que el ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona deje de interferir en el diseño y elaboración de los libros de texto gratuito por lo que se pudiera presumir una intervención en política en nuestro país.

Por lo motivado, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que haga pública las actividades que realiza el ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona con respecto de los libros de texto, que pudiese constituir una injerencia al sistema educativo nacional en el diseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta al Instituto Nacional de Migración refiera a esta Cámara haga público suficientemente y veraz sobre el tipo de visa y vigencia con la que ingreso y permanece en territorio nacional el ciudadano venezolano Sady Arturo Loaiza Escalona con el objeto de determinar la legalidad de las actividades que realiza como subdirector en la Secretaría de Educación Pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL TEPJF, A DESIGNAR PREFERENTEMENTE A PERSONAS INDÍGENAS EN LA INTEGRACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ELECTORAL Y LA TITULARIDAD DE LA MISMA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al TEPJF a designar preferentemente a personas indígenas en la integración de la Defensoría Pública Electoral y en la titularidad de la misma, a cargo de los diputados Alfredo Vázquez Vázquez y Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben diputado Alfredo Vázquez Vázquez y diputada Evangelina Moreno Guerra, integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Introducción

En nuestro país, la constitucionalización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se presentó de manera acotada con la reforma de 1992 cuando en el artículo 4o. constitucional se reconoció por primera vez la diversidad pluricultural del Estado mexicano. Posteriormente, en 2001, se aprobó la Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígena, enmarcada por las fuertes movilizaciones de mayor reconocimiento, modificando sustancialmente la condición jurídica de los pueblos indígenas, destacando la incorporación del principio de la libre determinación en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna. Reforma constitucional con candados jurídicos que imposibilitan hoy en día el pleno ejercicio de distintos derechos ya reconocidos en la propia legislación nacional e internacional.

A ello debemos agregar que, con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales en materia indígena, tanto del sistema universal como del sistema interamericano en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, deben ser considerados tal y como lo expresa el artículo 1o. Constitucional.

Sin embargo, a pesar de dicho cuerpo normativo de carácter constitucional y convencional en materia indígena, actualmente los pueblos y comunidades indígenas presentan una serie de barreras y desafíos que hacen nugatorio el ejercicio de sus derechos. Sobre ello, se da cuenta en el Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas sobre su visita a México en 2017, el cual señala los grandes retos en materia de derechos humanos que enfrentan las y los indígenas de nuestro país, como son: tierras, territorios y recursos naturales; megaproyectos y consulta; violencia y acceso a la justicia; la participación política, la falta de indígenas en espacios de toma de decisiones, entre otros.

Sin lugar a duda, es de sobra conocido que la agenda indígena es muy amplia y todos los temas revisten importancia para los pueblos indígenas, por ello, una vez aclarado esto, el presente punto de acuerdo se limita a plantear sucintamente sobre el estado actual de la representación política indígena y su acceso a la justicia electoral en el ámbito federal.

2. La subrepresentación política de los pueblos indígenas y su acceso a la justicia electoral

En los últimos años, las instituciones del Estado mexicano mediante acciones afirmativas o compensatorias pretenden superar la poca presencia que tienen los pueblos indígenas en los órganos de deliberación política, como son los casos del Poder Legislativo federal y los congresos locales. Claro ejemplo del primero, son las candidaturas indígenas vía acción afirmativa implementadas para las diputaciones federales en los comicios federales de 2018 y 2021, que cabe mencionar, hubo complejidades en cuanto a su instrumentalización por el tema de la usurpación de candidaturas indígenas.

Estas acciones afirmativas indígenas o cuotas en el ámbito político-electoral, permiten a los pueblos y comunidades indígenas tener la oportunidad de acceder a cargos de elección popular, sin que ello implique una discriminación en contra del grueso de la población por la brecha existente. No obstante, la lucha de los pueblos indígenas para ser parte en los procesos deliberativos no ha sido fácil, lo que ha obligado a tener que judicializar sus derechos político-electorales ante los órganos jurisdiccionales competentes.

Por otro lado, no debemos soslayar el avance significativo que se tiene en la tutela de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, persiste una serie obstáculos para acceder a una verdadera justicia electoral intercultural, puesto que existe un desconocimiento sobre la forma en que los pueblos indígenas ejercen y recrean su derecho a la participación y representación política. En suma, una gran parte de los operadores jurídicos siguen apelando al monismo jurídico y a las lógicas jurídicas de un Estado etnocentralista, siguen con su interpretación monocultural y no consideran las visiones del “otro”.

En este mismo sentido, ante legislaciones acotadas el reconocimiento de los derechos indígenas y ante la necesidad de recurrir a la vía jurisdiccional para hacer valer sus derechos, el servicio público de defensa jurídica que presta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una pieza clave para salvaguardar de los derechos políticos indígenas, por ello, debe fortalecerse y renovarse, hoy día se requiere de una Defensoría Pública incluyente y plural, cercana a los pueblos y comunidades indígenas, así como al resto de grupos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, es preferible que los miembros de los pueblos indígenas integren y presidan las instituciones que atañen a sus derechos e intereses, sobre todo, si se toma en cuenta que el mosaico cultural se integra por 68 pueblos indígenas y el afromexicano y, que de acuerdo con datos oficiales del INEGI aproximadamente 25 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población total del país.

En cuanto a la prestación del servicio de defensoría pública, en agosto de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reformó su Reglamento Interno, a fin de crear una nueva Defensoría Pública Electoral, el cual extiende sus servicios a otros grupos en situación de vulnerabilidad para la protección de sus derechos político-electorales. Entre otros cambios relevantes, es el procedimiento de selección de la persona titular de la Defensoría Pública Electoral a través de concurso público, que también será aplicable para la designación de las y los defensores que pretendan integrarla, sin embargo, con independencia de los esquemas de profesionalización necesarios para ocupar esos cargos públicos, es deseable que esos espacios sean ocupados por los miembros de los pueblos indígenas, como parte de su lucha histórica y legítima en la reivindicación de sus derechos como “pueblo”.

Asimismo, este planteamiento tiene su fundamento en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al señalar que los espacios institucionales de toma de decisiones en el que se tratan o resuelven asuntos indígenas deberían participar o estar al frente de ellos, las personas indígenas. De no ser así, estaríamos hablando de la vigencia en el Poder Judicial del indigenismo, es decir, de la práctica mediante la cual personas no indígenas, ocupan los espacios, deciden y piensan en nombre de los indígenas. Dicha práctica denota, además de racismo, la persistencia de un fenómeno que los indígenas de México luchan por erradicar.

Finalmente, es importante destacar que durante los meses de enero a marzo de 2023 se llevará a cabo el proceso de selección de las y los defensores que integrarán la nueva Defensoría Pública Electoral en términos de la Convocatoria emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno del H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que designe preferentemente a personas indígenas en la integración de la Defensoría Pública Electoral y en la titularidad de la misma.

Notas

1. Cfr. Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, 2018. Disponible en

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/doc_ pub/2018-mexico-a-hrc-39-17-add2-sp.pdf (consultado el 07/02/2023).

2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2022. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5661787&fecha =19/08/2022#gsc.tab=0 (Consultado el 05/02/2023).

3. Convocatoria disponible en:

https://www.te.gob.mx/formulario/registroDefensoria2022/convocat oria (Consultado el 05/02/2023).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputado y diputada: Alfredo Vázquez Vázquez, Evangelina Moreno Guerra (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE NUEVO LEÓN, A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León a realizar un procedimiento de verificación de cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, e implementación de medidas de seguridad, administrativas y técnicas, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien el impuesto predial es la contribución más importante para la hacienda pública de 2455 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lograr su recaudación sigue siendo uno de los grandes retos que enfrenta la mayoría de las administraciones locales en nuestro país.

La importancia del pago del impuesto predial durante el primer bimestre de cada año o ejercicio fiscal, obedece al destino de los recursos a servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; calles, parques, jardines y su equipamiento y, seguridad pública en materia de policía preventiva y tránsito.

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en México, el total de los ingresos de los municipios no supera el 20 por ciento del total de sus ingresos; las asignaciones federales y estatales, en suma, representan el 71.5 por ciento de los ingresos municipales totales. En términos del índice de Información Presupuestal Municipal 2018 del IMCO, solo el 1.6 por ciento del total de los ingresos por impuestos es recaudado por los gobiernos municipales, mientras que el Gobierno federal recauda 94.2 por ciento del total. De cada 10 pesos que se recaudan a través del impuesto predial en el país, 3.7 provienen de la CDMX y, los municipios que más recaudan el impuesto sobre el patrimonio como porcentaje del producto interno bruto (PIB), estatal son los de los estados de Querétaro, Quintana Roo y Baja California Sur.

Como puede observarse la mayoría de las administraciones municipales y alcaldías presentan dificultades para hacer efectivo el cobro de este tipo de impuesto progresivo; sin embargo, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, en cada ejercicio fiscal implementan diversas estrategias fiscales que traducidos en diversos porcentajes de descuento tienen como finalidad incentivar el pronto pago y la regularización del mismo.

El municipio de Ahome, Sinaloa, aprobó un descuento del 80 por ciento  para pensionados, jubilados y personas con alguna discapacidad y, 50 por ciento para propietarios de casa habitación, más el 10 por ciento adicional por pronto pago durante los meses de enero y febrero. Guanajuato, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; el 20 por ciento para quienes paguen durante el primer mes del año; descuentos de hasta el 50 por ciento para las personas de la tercera edad, con discapacidad, jubilados y pensionados; descuentos del 10 y 15 por ciento respectivamente para quienes paguen en febrero y marzo de 2023; por citar algunos ejemplos del ejercicio fiscal 2023.

De manera contrastante, las y los habitantes del municipio de Santa Catarina, Nuevo León; han compartido en diversos medios de comunicación digital que, a partir del 29 de septiembre de 2022, han recibido notificaciones de cobro por concepto de adeudo del impuesto predial de la Secretaría de Tesorería y Finanzas Municipal, a través del área de cobranza administrativa, en los términos siguientes:

Aunado a lo anterior, el 11 de enero de 2023, el pleno del Congreso del estado de Nuevo León, aprobó la Ley de Ingresos de los Municipios del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 4, en la misma fecha. La reforma en comento, adquiere particular relevancia debido a que a la modificación de fondo del artículo 3º que durante el ejercicio 2022, otorgó atribuciones a los presidentes municipales para hacer efectivo el cobro de recargos por mora a los contribuyentes en materia de impuestos y contribuciones. en los términos siguientes:

Ley de Ingresos de los Municipios del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2022.

Artículo 3. La falta de pago puntual de cualesquiera de los impuestos, derechos, contribuciones diversas o aprovechamientos, dará lugar a la imposición de un recargo del 1.2 por ciento (uno punto dos por ciento) por cada mes o fracción que se retarde el pago, independientemente de la actualización y de las sanciones a que haya lugar. Si el pago se efectúa en forma espontánea el recargo será del 1 por ciento (uno por ciento) por cada mes o fracción.

 A partir de la entrada en vigor de la reforma en comento, el artículo 3º establece sobre el otorgamiento de prórroga, lo siguiente:

Ley de Ingresos de los Municipios del estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023.

Artículo 3. Cuando se otorgue prórroga para el pago de impuestos, derechos, contribuciones diversas o aprovechamientos, en los términos del Código Fiscal del Estado, se causarán intereses a razón del 0.8 por ciento (cero punto ocho por ciento) mensual sobre saldos insolutos, del monto total de los créditos fiscales por los cuales se haya otorgado la prórroga y durante el tiempo que opere la misma.

De manera paralela a la serie de escritos enviados a los domicilios de las personas contribuyentes con fines intimidatorios, de amedrentamiento y terrorismo fiscal; se confirma la falta de confidencialidad de los datos personales de contribuyentes y por ende, el incumplimiento en la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; previsto en los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Nuevo León.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Nuevo León, determina en el artículo 54 como atribuciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, las siguientes:

...

...

...

...

V. Conocer e investigar de oficio o por denuncia, los hechos que sean o pudieran ser constitutivos de infracciones a esta Ley y demás disposiciones de la materia y, en su caso, determinar e imponer las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad con lo señalado en la presente Ley;

VI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables;

VII. Establecer un listado que contenga la referencia de los sistemas de datos personales en poder de los sujetos obligados y evaluar la actuación de los sujetos obligados, debiendo publicar la metodología que servirá para tal efecto;

...

...

...

Por lo que, ante la alta vulnerabilidad en el tratamiento de los datos personales por parte de la autoridad municipal de Santa Catarina, considero urgente la intervención de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León, para evaluar la actuación de la Tesorería Municipal de Santa Catarina, respecto de su responsabilidad en el manejo y tratamiento de datos personales de contribuyentes con de adeudos de impuesto predial.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión , exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice un procedimiento de verificación de cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales, e implementación de medidas de seguridad, administrativas y técnicas por parte de la Tesorería Municipal de Santa Catarina en el tratamiento de datos personales del padrón de contribuyentes de impuesto predial y, en su caso, determine las sanciones correspondientes.

Notas

1  Artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Investigación Índice de Información Presupuestal Municipal. Novena Edición, Instituto Mexicano de la Competitividad, 20 de marzo de 2018.

https://imco.org.mx/indice-informacion-presupuestal-municipal/

3 Inicia con éxito el programa de descuentos en pago de impuesto predial, 02 de enero de 2023.

https://www.ahome.gob.mx/inicia-con-exito-el-programa-de-descuen tos-en-pago-de-impuesto-predial/

4 Otorgan descuento del 20% por pago puntual de impuesto predial 2023, 24 de diciembre de 2022,

https://www.guanajuatocapital.gob.mx/noticias/otorgan-descuento- del-20-por-pago-puntual-de-impuesto-predial-2023/

5  Invita Ayuntamiento a cumplir con el pago Predial 2023, 3 enero de 2023, Tesorería Municipal, Coordinación Central de Política Fiscal, H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

https://cocoso.tuxtla.gob.mx/2023/01/03/invita-ayuntamiento-a-cu mplir-con-el-pago-predial-2023/#:~: text=El%20Ayuntamiento%20de%20Tuxtla%20Guti%C3%A9rrez,descuento%20del%2020%20po r%20ciento.

6 https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/paquete_fiscal/l ey_de_ingresos_de_los_municipios_del_estado_de_nuevo_leon_para_el_ejercicio_fis cal_2023/

7 https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/paquete_fiscal/ ley_de_ingresos_de_los_municipios_del_estado_de_nuevo_leon_para_el_ano_2022/

8  Ibidem.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de febrero de 2023.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A LA LOTERÍA NACIONAL, A EMITIR UN BILLETE CONMEMORATIVO DE LOS 200 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional a emitir un billete conmemorativo de los 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo a la historia de México, el 5 de enero de 1531 la corona española dispuso que a los territorios que ésta había conquistado en nuestro país se les nombrara provincias o reinos, es así, como al territorio que actualmente ocupa el estado de Jalisco se le llamo Provincia de Nueva Galicia. La cual comprendía en ese tiempo 22 alcaldías y 13 corregimientos.

La Provincia de Nueva Galicia estaba gobernada en ese tiempo por una Junta Provincial, la cual estaba formada por miembros prominentes de la sociedad, como ciudadanos distinguidos, representantes de la iglesia y militares.

Posteriormente el 4 de diciembre de 1786, el emperador Carlos III expidió una ley mediante la cual se establecían las intendencias en lugar de las provincias, motivo por el cual la provincia de Nueva Galicia se llamaría Intendencia de Nueva Galicia.

El 16 de junio de 1823, la Diputación Provincial de Guadalajara se proclamó a favor de la adopción de la república federal como forma de gobierno. Es por ello que el 16 de junio de 1823, es la fecha en la que se conmemora el nacimiento del Estado “Libre y Soberano” de Jalisco.

El territorio que comprendía el recién proclamado Estado Libre y Soberano de Jalisco, se formaba de 28 alcaldías: Guadalajara, Acaponeta, Ahuacatlán, Autlán, La Barca, Colima, Cuquío, Compostela, Colotlán y el Nayarit y el Corregimiento de Bolaños, Etzatlán, Hostotipaquillo, Lagos, Mascota, Real de San Sebastián, San Blas, Santa María del Oro, Sayula, Sentispac, Tomatlán, Tula, Tepactitlán, Tepic, Tlajomulco, Tequila, Tonalá, Tuxcacuesco, Zapotlán el Grande y Zapopan.

Una vez que Jalisco logró su autonomía, y esta fue reconocida por el Congreso nacional, los miembros de la diputación provincial promovieron por medio de sus representantes en la ciudad de México el federalismo, aquí destacó la labor del futuro primer gobernador constitucional de Jalisco, el diputado Prisciliano Sánchez Padilla.

El estado de Jalisco representa actualmente el 4.01 por ciento del territorio nacional y se conforma por 125 municipios, de acuerdo con el Inegi, cuenta con una población de 7,844,830 habitantes, siendo ésta el 87 por ciento urbana y 13 por ciento rural. Jalisco representa a nivel nacional una de las principales economías de nuestro país.

Por lo anteriormente mencionado, es imprescindible conmemorar en su justa dimensión el pasaje histórico de la formación del estado de Jalisco, pues como se ha señalado reiteradamente por diferentes personajes de la vida pública nacional, historia de la que nos sentimos orgullosos.

Consideramos que una forma de recordar y honrar tan significativo episodio en la historia de nuestro país, es mediante la emisión de un billete de lotería conmemorativo a esta fecha, el cual sería uno de los varios testimonios que, sin lugar a dudas, contribuirán a recordar y honrar este trascendente suceso en la vida de nuestro País.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente, a la titular de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, directora general de Lotería Nacional, a que emita un billete de lotería conmemorativo por los 200 años de la fundación del estado libre y soberano de Jalisco.

Notas

1 https://www.jalisco.gob.mx/es/jalisco/historia

2 Ibíd

3 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Jal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

RELATIVO A LA CRISIS DE IDENTIFICACIÓN DE CUERPOS DE PERSONAS LOCALIZADAS EN SITIOS DE INHUMACIÓN CLANDESTINA, EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina, en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo relativa a la crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina en el Estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy día, en el Estado de Jalisco se vive una crisis de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestina, la cual ha crecido durante la actual administración estatal, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de la entidad.

Esta institución señala que la autoridad responsable, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ha disminuido sus procesos de identificación humana, ya que durante 2022 se han reconocido menos cuerpos de personas fallecidas en comparación con años anteriores, frente a un incremento en el número de personas localizadas en fosas clandestinas.

Ante ello, diversas organizaciones de la Sociedad Civil se han pronunciado al respecto, por ejemplo, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), reconociendo que “ Jalisco atraviesa por fallas importantes en los procesos para el tratamiento, identificación y disposición final de los cuerpos y restos de personas fallecidas sin identificar”.

En términos cuantitativos, puede observarse lo anterior descrito, ya que los datos proporcionados por el Gobierno de Jalisco señalan que, durante 2022, se localizaron 301 cuerpos de personas sin identificar en más de 41 fosas clandestinas, un incremento del 44.71% en comparación con 2021, al registrarse en ese año, un total de 280 casos. Este acumulado de dos años (2021-2022), representa únicamente el 40.4% del total entre el período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2023, ya que, durante el periodo de tiempo comprendido, se han registrado mil 435 personas fallecidas en 128 sitios de inhumación clandestinos, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Sin embargo, si se realiza un comparativo entre el número de personas que han sido localizadas en contraste con las que han logrado ser identificadas, por parte del IJCF, se aprecia que la diferencia entre estas dos variables ha ido creciendo año con año.

Por ejemplo, al cierre de 2022, de las 301 personas localizadas, únicamente se lograron identificar 133 cuerpos, cifra equivalente al 44.18% del total; por el contrario, para 2021, de los 280 cuerpos hallados en 23 fosas clandestinas, se identificaron 166 personas, es decir, el 55.35%, mientras que, para 2020 y 2019, fue del 54.22% y el 40%, respectivamente, cifras que muestran una tasa decreciente en el número de personas identificadas.

En términos generales, se observa que solo 1 de cada 2 personas localizadas en fosas clandestinas es identificada, ya que de las mil 435 personas registradas solamente 727 logran ser reconocidas, información por la cual se colige que en la entidad se desarrolla la existencia de una crisis forense, puesto que las actuales acciones del Gobierno del Estado han sido rebasadas, producto del incremento en los niveles de violencia y desapariciones en la entidad.

Esto resulta preocupante, dado que el número de personas que se localizan van a la baja a pesar de que se le ha destinado más personal y recursos para la identificación de cuerpos al Instituto Jalisciense de las Ciencias Forenses.

Tal y como puede apreciarse en la tabla anterior, se observa como el presupuesto destinado al IJCF ha incrementado de manera significativa, de 2018 a 2023, un 88.4% en términos reales; no obstante, las acciones de identificación de cuerpos decrecieron, tal y como se ha expuesto. Hechos que evidencian fallas estructurales profundas en las labores de los servicios periciales para la identificación de personas en fosas clandestinas.

Muestra de ello, es lo expresado dentro del “Plan Institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza”, el cual indica que, debido a factores como la sobrecarga laboral del personal administrativo y operativo, la resistencia a la homologación de procesos, la falta de homologación de competencia técnica y administrativa, la falta de una base de datos estadística para la toma de decisiones, la falta de trabajo paralelo entre direcciones del Instituto que podrían colaborar de manera conjunta, así como restricciones administrativas, han sido algunas de las amenazas existentes que impiden la operación óptima del IJCF.

Aunado a ello, destaca el inicio de operaciones en 2022 del Centro de Identificación Humana del Estado de Jalisco que, debido a factores como contar con una infraestructura sin concluir, sus acciones no logran traducirse en más identificaciones de cuerpos que en el año 2021 o años anteriores.

Esta crisis forense que se vive en el Estado de Jalisco y las deficiencias en los procesos de identificación de cuerpos, hoy día, representan el síntoma de una problemática de gobernabilidad estructural que afecta sobre todo a las víctimas y sus familiares, puesto que la actual administración del Gobierno del Estado de Jalisco ha modificado en el transcurso de los años su modelo de atención a las familias y colectivos que denuncian esta crisis.

Destacan, por ejemplo, las declaraciones del 2019, donde pese al hallazgo de múltiples fosas clandestinas, el ejecutivo estatal negó la existencia de una crisis forense; incluso las emitidas durante su tercer informe de gobierno en materia de seguridad en 2021, al negar de nueva cuenta una crisis dentro del IJCF, así como las emitidas por el coordinador del gabinete estatal de seguridad en 2022, Ricardo Sánchez Beruben, quien rechazó que en el IJCF existiera la falta de insumos o deficiencias en sus procesos.

En resumen, lo expuesto permite determinar que las acciones del Gobierno del Estado de Jalisco son insuficientes y poco eficientes para detener y controlar esta situación de emergencia, como se ha mencionado con anterioridad, producto de los diferentes tipos de violencia que suscitan en la Entidad, donde el Comité de Análisis sobre Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) concluye que el Estado ha sido rebasado.

Es por lo anteriormente expuesto, que se requiere por parte del Gobierno del Estado de Jalisco la creación, diseño e implementación de nuevas políticas públicas a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de las autoridades encargadas de la búsqueda, identificación, investigación y atención de las víctimas localizadas en sitios de inhumación clandestina, y que permita que el personal encargado, realice su trabajo con base en criterios técnicos y científicos, sin influencias o injerencias, que dificulten el trabajo óptimo de sus operaciones.

Y en segunda instancia, es que se considera pertinente la creación e instalación de mesas de diálogo donde se aborde esta crisis de identificación de personas, que tenga como integrantes principales a las familias afectadas y organismos de la Sociedad Civil que existen en la Entidad y que denuncian esta situación, con el propósito de discutir las estrategias y los recursos pertinentes para desplegar una política en materia de identificación de personas eficiente para atender la crisis existente en el Estado. Así como que se garantice que el IJCF cuente con un personal multidisciplinario, con capacidad técnica y humana, para realizar acciones de identificación humana de personas localizadas en sitios de inhumación clandestinas que se adapten a las necesidades dentro contexto de la crisis forense que se vive en el Estado de Jalisco.

En virtud de lo anterior y de la importancia de atender y dar solución al problema de la crisis de identificación de personas en sitios de inhumación clandestina, es que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice de forma pronta y expedita la creación, diseño e implementación de políticas públicas que permitan combatir, de forma eficaz y eficiente, el rezago de identificación de cuerpos de personas localizadas en sitios de inhumación clandestinos, lo que a su vez permita que las autoridades encargadas en la búsqueda, identificación e investigación de personas sin identificar realicen sus actividades con base en criterios técnicos y científicos que se adapten a las necesidades del contexto de la crisis forense que se vive en el Estado de Jalisco.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, convoque a mesas de diálogo para atender el rezago de identificación de cuerpos localizados en sitios de inhumación clandestina, que tengan como integrantes principales a las familias de las víctimas y organismos de la sociedad civil que existen en la entidad, con el objetivo de discutir las estrategias necesarias para desplegar una política en materia de identificación de personas que atienda de forma eficiente la crisis forense existente en el Estado.

Notas

1. Fosas comunes clandestinas.

2. Fuente:

https://fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx/registro- estatal-de-fosas-clandestinas/

3. Fuente:

https://www.cepad.org.mx/infodh/crisis-forense/#section-crisis-f orense-en-jalisco

4. Fuente:

https://fiscaliaenpersonasdesaparecidas.jalisco.gob.mx/registro- estatal-de-fosas-clandestinas/

5. Persona identificada: Persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente mediante uno o varios elementos específicos característicos de su identidad física

6. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (2019). “Plan Institucional del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza”, Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 29 de octubre de 2019: Disponible en:

https://cutt.ly/b94YQ7K

7. Fuente:

https://udgtv.com/noticias/familias-y-expertos-con-informacion-a -medias-de-centro-de-identificacion-humana-en-jalisco/

8. Fuente:

https://www.lja.mx/2019/09/desde-aguascalientes-niega-alfaro-cri sis-forense-en-jalisco/

9. Fuente:

https://udgtv.com/noticias/familias-de-desaparecidos-ofendidas-a lfaro-niega-crisis-forense-en-jalisco/

10. Fuente:

https://www.informador.mx/jalisco/IJCF-Hay-una-crisis-forense-en -Jalisco-Esto-dicen-autoridades-20221128-0162.html

11. Fuente:

https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=193253

12. Fuente:

https://www.informador.mx/ideas/Mesa-para-los-desaparecidos-2023 0202-0023.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE REALICEN LAS REASIGNACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE MEDICINAS Y TRATAMIENTO PARA NIÑAS Y NIÑOS CON CÁNCER

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para garantizar el abasto de medicinas y tratamiento para niñas y niños con cáncer, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I; y 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para garantizar el abasto de medicinas y tratamiento para niñas y niños con cáncer, así como al gobierno de las 32 entidades de la federación a atender las demandas y exigencias de sus familias, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

En los últimos años en México, se ha presenciado la constante denuncia de familiares de pacientes con cáncer, sobre la falta de medicamentos para el tratamiento de dicha enfermedad. Esto se ha agravado con el paso del tiempo. La falta de cualquier medicamento es una situación lamentable que debe de ser atendida por las autoridades responsables.

Esta situación desfavorable afecta a cientos de familias en México, lo que representa un grave riesgo y un problema de salud pública que debe ser atendido. Esto se agrava cuando se trata de enfermedades que pueden afectar la calidad de vida de las personas, e incluso provocar la muerte.

Es necesario reconocer que hay sectores de la población más vulnerables ante estas enfermedades, como lo son las y los niños mexicanos. Sobre los pacientes infantiles de cáncer, se ha presenciado una campaña para hacer ver el problema que existe hoy en día, que es la falta de medicamentos para el correcto tratamiento de esta enfermedad.

Fruto de esta escasez, en octubre de 2022, la fundadora de la asociación civil “Antes de Partir” Mariana Hernández aseguró que el desabasto de medicinas para pacientes con cáncer ha sido motivo de marcas y críticas. Esta situación ha hecho que los tipos de cáncer curables, se conviertan en cáncer terminal.

La falta de medicamentos provoca la cancelación o cambios en los tratamientos de los pacientes. Lo cual agrava la situación de salud de los pacientes. Se trata de una enfermedad que desgasta física y psicológicamente no solo a los pacientes sino también a sus familias.

El cáncer infantil es algo que se debe atender de manera urgente, como prioridad del Gobierno federal. En el marco del día internacional del cáncer infantil, es necesario que se lleven a cabo las reasignaciones presupuestales pertinentes, para priorizar la atención de esta enfermedad y el abasto de medicamentos para las niñas y niños que padecen cáncer.

Es necesario dejar de tirar los recursos públicos en obras no prioritarias, para voltear a ver las necesidades reales de la población.

Por este motivo se considera fundamental que, se realicen reasignaciones correspondientes a la adquisición de medicamentos para garantizar el adecuado tratamiento de esta enfermedad, especialmente para niñas y niños.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se realicen las reasignaciones presupuestales que se consideren, para garantizar la suficiencia de medicamentos con cáncer.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno federal y al gobierno de las 32 entidades federativas, a atender todas las demandas de los pacientes de cáncer y sus familiares, sobre el desabasto de medicamentos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura el 16 de febrero de 2023.– Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA CFE Y AL ESTADO DE MORELOS, A FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COORDINACIÓN E IMPLEMENTAR ACCIONES RELATIVAS A SOLUCIONAR EL CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y al estado de Morelos a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Ccomisión Ffederal de Electricidadeletricidad, al gobierno del estado de Mmorelos, así como a los diversos gobiernos municipales del estado de Morelos, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, así como para garantizar este derecho humano y su libre acceso”, en los siguientes términos:

Antecedentes

1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido los Derechos Humanos como: “ Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.

Los Derechos Humanos se rigen bajo los principios de universalidad, inalienabilidad (no se pueden enajenar), irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. En México, los Derechos Humanos están consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que es Estado Parte. Entre estos, se encuentra el Derecho al Agua, considerado dentro de la clasificación de segunda generación con un contenido social de carácter colectivo.

3. De acuerdo con el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante ratificado por el Estado Mexicano, los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar un nivel de vida adecuado, que nos asegure, entre otras, la salud y el bienestar.

Para lograr este objetivo, es fundamental garantizar el acceso al agua potable, como medio indispensable para su cumplimiento.

4. El agua es un recurso natural necesario para tener un nivel de vida digno y con salud que coadyuva a las condiciones de existencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.

5. Mediante decreto publicado el 8 de noviembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos (en adelante SAPAC), como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo se encuentra incorporado al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Estado de Morelos, en términos del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental Estatal y el Ayuntamiento de Cuernavaca.

6. De 2017 a 2022 se ha acumulado un adeudo histórico del SAPAC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) superior a los 280 millones de pesos por consumo de energía eléctrica.

Como parte de los acuerdos, la Directora General del SAPAC se comprometió a pagar en tiempo y forma, el consumo de energía eléctrica que se genere en la actual administración.

Asimismo, en marzo de 2022, en cumplimiento de los acuerdos sostenidos, SAPAC realizó un pago de 18 millones de pesos a CFE con la finalidad de evitar el corte de energía eléctrIca y así evitar una crisis de agua.

7. El 27 de enero de 2023, al SAPAC tuvo que cubrir un pago de 9 millones de pesos a la CFE, sin embargo, solo se recaudaron 3 millones de pesos. Dada esta situación CFE se ha pronunciado en suspender de energía eléctrica al SAPAC.

Consideraciones

1. Por lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia, se encuentra el Derecho Humano al Agua, México forma parte de diversos tratados internacionales en los que se reconoce:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 25, numeral 1).

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo XI).

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 11 y 12).

2. En noviembre de 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales , adoptó la observación general N° 15, en la que se estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna.

3. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua limpia y el saneamiento, son esenciales para la realización de los demás derechos humanos.

La resolución 64/292, a través de la que se hace este reconocimiento, exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a propiciar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, por medio de recursos financieros, capacitación y transferencia de tecnologías.

4. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación  el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.

Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.

De las modificaciones realizadas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica, y en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.

En ese sentido, el Estado Mexicano tiene la obligación de observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que sea parte.

5. El párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¿, establece que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”

Como ya ha quedado establecido, el derecho humano al agua debe de ser garantizado por el estado para asegurar, entre otras: a) un nivel de vida adecuado; b) Satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene; y c) reducir el riesgo de enfermedades.

6. En el año 2015, nuestro país se comprometió a cumplir con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030.

Dentro del Objetivo 6 denominado “Agua Potable y Saneamiento”, las instituciones del Estado Mexicano están comprometidas con lograr que todas las personas tengan accesos al agua potable, que contribuya a tener una mejor calidad de vida, con salud digna y reduzca las condiciones de pobreza.

7. Actualmente, en el municipio de Cuernavaca se ha vulnerado el libre acceso al suministro de agua potable a través del corte del citado suministro de dicho recurso natural.

Estos cortes se han dado por la falta de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento, por la falta de pago de las administraciones municipales anteriores, situación que vulnera el derecho de los cuernavaquenses a disfrutar de un sistema de abastecimiento y una adecuada gestión del agua.

8. Existen antecedentes de la implementación de mecanismos para la condonación de deudas históricas por concepto de consumo de energía eléctrica:

a) Convenio entre el gobierno del Estado de Tabasco y la CFE para reducir la deuda de usuarios domésticos, impulsado por intervención de Legisladores Federales de distintos grupos parlamentarios de 2018 a 2021.

b) Artículo Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, en el que se establece la condonación de adeudos a los organismos públicos prestadores de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a implementar los mecanismos y programas necesarios para condonar al cien por ciento el adeudo histórico por consumo de energía eléctrica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuernavaca, estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno municipal de Cuernavaca, Morelos, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, a continuar explorando la implementación de mecanismos y acciones en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, relativas a solucionar el corte del suministro de agua, garantizar el derecho humano al agua y su libre acceso, a través de la reanudación del servicio de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad; al gobierno del estado de Morelos, a través del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del estado de Morelos, y; a los gobiernos municipales de Morelos, en su caso, a través de sus Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones que garanticen el derecho humano al agua y su libre acceso.

Notas

1  Naciones Unidas. Disponible en:

https://www.un.org/es/global-issues/human-rights#:~: text= Los%20derechos%20humanos%20son%20derechos,religi%C3%B3n%20o%20cualquier%20otra% 20condici%C3%B3n. Consultada: 08 de febrero de 2023.

2  Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-economic-social-and-cultural-rights Consultada: 12 de febrero de 2023.

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general N° 15 (2002). El Derecho al agua. Disponible en

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023.

4  Rubicela Morelos Cruz. Diciembre, 2022. Periódico La Jornada. Disponible en

https://www.jornada.com.mx/2022/12/04/estados/022n1est Consultada: 08 de febrero de 2023.

5  Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Marzo, 2022.  Comunicado disponible en

https://www.jornada.com.mx/2022/12/04/estados/022n1est Consultada: 08 de febrero de 2023.

6  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general N° 15 (2002). El Derecho al agua. Disponible en

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023

7  Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 64/292 emitida el 28 de julio de 2010.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S Consultado: 08 de febrero de 2023.

8  Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0 Consultada: 12 de febrero de 2023.

9  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023.

10  Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ Consultada: 13 de febrero de 2023.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COFEPRIS, A DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO EN MATERIA DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la Cofepris a dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto, en materia de medicamentos genéricos, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, publicado en el DOF el 30 de marzo de 2022, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los medicamentos genéricos son aquellos creados para ser igual a uno de marca ya comercializada en cuanto a su dosificación, seguridad, potencia, vía de administración, calidad, características de rendimiento y uso previsto, por esta razón un medicamento genérico funciona igual y proporciona el mismo beneficio clínico que su versión de marca. Actualmente México es el segundo mercado más grande de América Latina en materia de medicamentes genéricos y el principal exportador de estos en la región.

En los últimos años el uso de medicamentos genéricos ha tenido un crecimiento importante entre la población. De acuerdo con algunas estimaciones 9 de cada 10 medicamentos que se consumen en nuestro país son genéricos, de estos, el mercado privado representan el 72% del volumen total, mientras que en el mercado público el 28 %.

Este consumo de medicamentos genéricos obedece principalmente a la gran desigualdad económica y social que existe en nuestro país, lo que dificulta el acceso a los servicios de salud y medicamentos tan necesarios para garantizar una mayor calidad de vida. Se estima que entre 2018 y 2020 la población con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones de habitantes.

Con el fin de dar más opciones de acceso de medicamentos a la población país, el entonces senador Américo Villareal Anaya, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 225, 226 y 226 bis 1 de la Ley General de Salud para establecer la obligación por parte del emisor de la receta médica de prescribir los medicamentos en su denominación genérica y, si lo desea, indicar la denominación distintiva.

Con esta esta propuesta se buscaba contribuir a mejorar la economía de los hogares mexicanos ante la problemática que implica el tener acceso a los medicamentos destinados para tratar enfermedades y así cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, acerca de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”.

La iniciativa fue aprobada y turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República el 21 de octubre de 2021 a la Cámara de Diputados, cuya Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Salud el 28 de octubre del mismo año. El 16 de febrero, en el marco de la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Salud se aprobó por unanimidad el dictamen de la minuta con proyecto de decreto. En la sesión ordinaria del primero de marzo de 2022 se aprobaron las reformas propuestas por 482 votos a favor y se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. El 30 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En el transitorio segundo del Decreto se estableció lo siguiente “El Ejecutivo federal adecuará los reglamentos y acuerdos que permita proveer en la esfera administrativa lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto”. El plazo establecido se cumplió el pasado 27 de septiembre de 2022 y para entonces no se habían realizado las adecuaciones señaladas en el Decreto.

A la fecha han transcurrido poco más de 136 días más y siguen sin realizarse los cambios, es decir, el Ejecutivo se encuentra en una falta que es necesario atender, toda vez que los artículos transitorios no solamente forman parte del sistema jurídico, sino como parte del mismo “regulan los actos relacionados con la aplicación de otras normas y la establecen como obligatoria, prohibida o permitida”, por lo tanto, al no cumplirlos se está faltando a la norma.

Con el fin de exhortar a las autoridades correspondientes de cumplir con este mandato, es que se presenta este punto de acuerdo, cuyo cumplimiento pleno es necesario para garantizar la salud y el acceso a la misma, tal como lo garantiza nuestra Constitución Política.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos genéricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2022.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que realice las acciones necesarias para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos genéricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2022.

Notas

1. INEFAM con datos de IQVIA y Grupo Knobloch.

2. DOF. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647317&fecha =30/03/2022#gsc.tab=0

3. Los artículos transitorios. Documento Disponible en:

https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-de-n uevo-leon/derecho/articulos-transitorios/17299365

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días de febrero de 2023.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES DE MORELOS, A TOMAR ACCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN A PERIODISTAS QUE SUFREN ATAQUES EN DICHA ENTIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del estado de Morelos a tomar acciones sobre la protección a las y los periodistas que sufren ataques, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I; y 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Morelos, a la Comisión Estatal de seguridad pública, a la fiscalía general y a la fiscalía especializada en combate a la Corrupción, todas del estado de Morelos, a tomar acciones sobre la protección a las y los periodistas que sufren ataques en el estado de Morelos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El periodismo en México vive una de sus peores crisis de los últimos años. Del año 2000 al 2022 la organización artículo 19 documentó 157 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 145 son hombres y 12 son mujeres.

Las cifras sobre los ataques a la prensa y los periodistas asesinados son de gran magnitud y las acciones de protección al periodismo han sido insuficientes y resultan vacías, si desde las más altas esferas del poder público se lanzan ataques, descalificativos, amenazas y denostaciones contra los periodistas y el ejercicio de su profesión y derecho a la libertad de expresión.

De acuerdo con el balance anual que publicó Reporteros Sin Fronteras (RSF), durante 2022 en México fueron asesinados 11 periodistas por alguna relación con su actividad profesional; tres periodistas más que en Ucrania, un país que está en guerra.

Con estas cifras México se sitúa por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo.

Dado el contexto de violencia es de importancia dar seguimiento a todos los casos de periodistas que en el ejercicio libre de su profesión sean amenazados o vulnerados por cualquier persona, más si dichas amenazas son ejercidas por un miembro del poder público.

Así toma relevancia el caso de la fotoperiodista Rosa Eugenia Linares, un reflejo de la persecución que sufren algunas mujeres periodistas en el ejercicio de su profesión y la discriminación de las madres con hijos con algún tipo de discapacidad.

Desde el pasado 2 de julio de 2022, solicitó la protección del Estado y la esfera de derechos con la que cuenta cada mexicano, debido a que recibió amenazas vía telefónica presuntamente por parte del presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, donde se le exigía eliminar una fotografía publicada en las redes sociales de la periodista donde presuntamente se involucraba al hijo del presidente municipal o de lo contrario, iba a conocer lo que era que se le secuestrara a un hijo.

A pesar de la denuncia de estos hechos, el actuar de las autoridades ha sido insuficiente y a destiempo. Por ejemplo, al solicitar que se le otorgaran las Medidas de Protección a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, esta resolvió siete meses después qué, el Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Morelos, atendiera las medidas de seguridad otorgadas para la periodista.

Dichas medidas están fundamentadas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales que enlistan que deberá contar con protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio donde se encuentre en el momento de solicitarlo, entre otras, para salvaguardar la integridad física y psicológica de la denunciante.

Ante el escenario de violencia que aqueja a la prensa en nuestro país es necesario dar la atención puntual y oportuna a cada caso en el que se presuma un atentado en contra de quienes por su profesión como periodistas pudieran estar en riesgo. Hoy, la vida de esta periodista y de su hijo menor edad con discapacidad podría estar en riesgo.

Datos del diario El país, detallan que en durante 2022 fue el año más letal en la historia contemporánea de México al registrar 17 asesinatos a periodistas. Asimismo, organizaciones como “artículo 19” señalan que México es el país más peligroso del mundo para ejercer esta profesión aunado a la impunidad para perseguir y castigar estos delitos.

Es momento que desde esta soberanía se señalen las deficiencias de las autoridades encargadas de proteger a nuestros periodistas, quienes son pilar fundamental del ejercicio del derecho a la información de la sociedad y de la libertad de expresión que ejercen como profesionales y como ciudadanos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo para que, en uso de sus facultades y atribuciones, se garanticen las libertades de expresión y prensa de las y los periodistas, así como la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la labor periodística.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que, en uso de sus facultades y atribuciones, garantice la seguridad e integridad de la periodista Rosa Eugenia Linares, así como de su hijo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de la Fiscalía General y de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, ambas del estado de Morelos, para que garanticen los derechos de la periodista Rosa Eugenia Linares en su calidad de víctima con motivo de las denuncias interpuestas en contra del presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Luis Arredondo López.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos investigue la presunta violación de derechos humanos en contra de la periodista Rosa Eugenia Linares por parte de autoridades del estado de Morelos.

Nota

1  Diario El País 2023.- México vive su momento más letal para los periodistas.- Página web:

https://elpais.com/mexico/2022-12-18/mexico-vive-su-momento-mas- letal-para-los-periodistas-desde-que-hay-registros.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, LXV Legislatura, el 16 de febrero de 2023.– Diputado Luis Mendoza Acevedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL E ININTERRUMPIDO DE LA PRUEBA DE TAMIZ METABÓLICO NEONATAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar el acceso universal e ininterrumpido de la prueba de tamiz metabólico neonatal, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El tamiz metabólico neonatal ha sido una prueba obligatoria que se realiza a los recién nacidos, desde 1998. Sirve para detectar padecimientos de tipo congénito o metabólico y así puedan ser tratados para prevenir daños irreversibles.

Se ha establecido claramente la importancia en la eficacia de los servicios sanitarios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas, la cual depende de la existencia de un conjunto de servicios clínicos y de diagnóstico especializados en un sistema de atención primaria.

La prueba de tamiz se trata de obtener unas cuantas gotas de sangre en los primeros días del recién nacido, y se manda a analizar a laboratorios para detectar datos que indiquen alguna enfermedad metabólica. Los resultados se obtienen después de siete días. De haber un resultado anormal, se le hacen pruebas confirmatorias que lleven a un diagnóstico lo más pronto posible.

Existen siete pruebas de tamiz en México:

1) Escala de Desarrollo Integral del Niño

2) Evaluación del Neurodesarrollo del Neonato (Evanene)

3) Valoración Neuroconductual del Desarrollo del Lactante (Vanedela)

4) Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI)

5) Prueba de Tamiz del Neurodesarrollo Infantil (PTNI)

6) Cartillas de Vigilancia para identificar alteraciones en el Desarrollo del Lactante (CVDL)

7) Indicadores de riesgo del Perfil de Conductas de Desarrollo (Indipcdr)

En el año 2018 hubo más de un millón de nacimientos de los cuales el programa de tamiz neonatal no cubrió en su totalidad con las pruebas para todos los recién nacidos en ese año. En ese mismo año se detectaron más de 17 mil casos sospechosos de enfermedades metabólicas.

Los programas de tamiz neonatal constituyen una prioridad de la atención de la salud pública para la detencción de enfermedades en recién nacidos. Donde la eficacia del diagnóstico se debe a la aplicación de las pruebas dentro del periodo recomendado.

Dada la importancia de la realización oportuna de las pruebas de tamiz metabólico neonatal, es primordial que el Estado mexicano pueda garantizar su aplicación efectiva con cobertura universal.

Sin embargo, aún no hay una plena garantía para la oportuna aplicación de los programas. Como desafortunado ejemplo, en 2019 se presentó una cancelación de la prueba que suministraba la Secretaría de Salud en 12 estados debido a problemas con la licitación de insumos; en respuesta la Comisión Nacional De Derechos Humanos solicitó que se garantizara que los servicios de tamizaje neonatal  se aplicarán sin interrupción a todos los bebés en las unidades del sistema nacional de salud.

Esta situación dejó de manifiesto la descoordinación de los sistemas de salud federal y estatal, los cuales no definieron el origen de los recursos para otorgar el servicio, así como la desatención hacia la cadena de suministros y la logística.

Otro punto a considerar es la atención sanitaria que se otorga a la población vulnerable, misma que zonas marginadas suelen carecer de clínicas especializadas en cuidados de gestación materna y tienden al desconocimiento de los cuidados neonatales. Esta población es más susceptible de sufrir algún daño o lesión en sus derechos humanos por las condiciones de precariedad en que se encuentra.

Para 2023, en las previsiones de gasto programable de la Secretaría de Hacienda, en el apartado de programas sociales, se tiene contemplado una meta del 93 por ciento de cobertura de personas recién nacidas con prueba de tamiz metabólico neonatal.

Este exhorto va en sentido de aplicar acciones encaminadas en aumentar la meta de cobertura, así como de emprender medidas para que las interrupciones presentadas en 2019 no vuelvan a repetirse.

La adecuada y oportuna atención sanitaria de los recién nacidos, en particular los de la población vulnerable de nuestro país, debe ser una prioridad inaplazable de protección de los derechos humanos. Que debe consolidarse en programas presupuestales, logísticos, de convenios de participación sanitaria federales y estatales, a fin que se garantice una cobertura universal.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, en el ámbito de sus facultades y atribuciones a promover acciones encaminadas a garantizar el acceso universal e ininterrumpido de la prueba de tamiz metabólico neonatal.

Notas

1  Martínez. Ángel, Cepeda Ana. (2018) Tamiz neonatal en México Revista científica, tecnológica y humanística. Número 52. Enero-marzo 2018. Disponible:

http://www.cienciacierta.uadec.mx/articulos/cc53/Tamiz.pdf

2  Ibídem

3  Ibídem.

4  Ibídem.

5 Vanguardia mx. (2019)  Piden al gobierno de AMLO garantizar la aplicación del tamiz neonatal. NACIONAL. 5 abril 2019. Disponible:

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/piden-al-gobierno-de -amlo-garantizar-la-aplicacion-del-tamiz-neonatal-HRVG3451402

6  CNDH. (2022) III. GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y OTROS TEMAS. INFORME DE ACTIVIDADES 2022. Disponible

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=23

7  SHCP. (2022) Previsiones de Gasto Programable para 2023. p.52 Disponible:

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/8uLX2rB7/PPEF2023/m o2h2PK/docs/exposicion/EM_Capitulo_3.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF, A PRESENTAR LAS DENUNCIAS DE HECHOS RESULTANTES DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES EMITIDOS A LA UAM

Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a presentar las denuncias de hechos resultantes de los pliegos de observaciones emitidos a la UAM, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A LA COLEGISLADORA, A LLEVAR A CABO LAS DESIGNACIONES DE MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL, Y DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a llevar a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a que lleve a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentran pendientes, bajo las siguientes:

Consideraciones

A partir de la reforma constitucional y legal en materia electoral, aprobada y publicada  en el año 2014, el proceso de integración de las instituciones jurisdiccionales electorales de las entidades federativas quedó a cargo de la Cámara de Senadores; ello, de conformidad con lo señalado en los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 106, párrafo 2, 108 párrafo 1, y 109 párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por otra parte, en cuanto a la integración de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo TEPJF), la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparten la responsabilidad de desahogar el procedimiento de designación de las personas que se incorporen a las magistraturas de las respectivas salas regionales, tal y como lo disponen los artículos 99, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11 fracción XXIV, y 179 incisos a), b) y c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, la Cámara de Senadores, entre los años 2014 a 2020, había llevado a cabo los respectivos procedimientos de designación de las personas integrantes de las salas regionales, y de los Tribunales Electorales de las 32 entidades federativas, cumpliendo los plazos y formalidades constitucionales y legales que permitieron que los respectivos órganos jurisdiccionales electorales cumplieran con las atribuciones a ellos conferidas.

Sin embargo, esta regularidad se ha visto interrumpida desde el año 2021 en cuanto a la designación de magistradas y magistrados electorales locales y, en el año 2022, respecto a las personas  integrantes de cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que hasta la fecha el Senado de la República no ha concluido con los respectivos procesos de designación, no obstante que, en el caso de los Tribunales Electorales Locales, emitió convocatorias y llevó a cabo los procedimientos respectivos, en tanto que, para las salas regionales, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cabal cumplimiento a sus responsabilidades constitucionales y legales enviando a la Presidencia de la Cámara de Senadores, en  abril de 2022, las ternas correspondientes a las cinco salas regionales.

De tal forma, si bien la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, como ya fue señalado, acordó las respectivas convocatorias públicas para ocupar el cargo de magistrada y magistrado de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en de septiembre y noviembre, a la fecha, y no obstante que, en su momento, la Comisión de Justicia llevó a cabo las etapas señaladas en las convocatorias referidas, la propia Junta de Coordinación Política ha sido omisa en presentar, ante el pleno del Senado de la República, los acuerdos que contengan los nombres de las personas elegibles para cubrir las vacantes de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados de Baja California Sur, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

En su momento, la regularidad de los nombramientos de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de los estados y de magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF, había permitido que dichos órganos jurisdiccionales realizaran sus funciones constitucionales y legales con la legitimidad y certeza imprescindibles en una materia tan delicada como lo es la relativa a la garantía del ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos, la debida actuación de los órganos administrativos electorales y el correcto desarrollo de las diferentes etapas de los procesos electorales, garantizando que los principios rectores de la función electoral -certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad- fuesen observados en su totalidad.

En este orden de ideas, debe considerarse que el acceso de los ciudadanos a las funciones del servicio público, en el caso de la materia del presente punto de acuerdo, al ejercicio de la función jurisdiccional electoral, se trata de un derecho fundamental reconocido en los artículos 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7, inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, por lo que se estima la existencia de una posible vulneración de los derechos fundamentales de las personas que atendieron a las respectivas convocatorias para incorporarse al servicio público, al no haberse concluido con los respectivos procesos de designación de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral y magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF.

No es óbice señalar que, el incumplimiento de la obligación constitucional de la Cámara de Senadores de llevar a cabo la designación de magistradas y magistrados electorales, tanto de los órganos jurisdiccionales locales como de las salas regionales del TEPJF, puede generar sospechas que lleguen a vulnerar la independencia, imparcialidad y objetividad de los respectivos órganos jurisdiccionales electorales, ello en virtud de que se están creando las condiciones que pueden llevar a especular que el retraso en dichos nombramientos obedece a intereses de los actores políticos para “colocar” a personas afines en tan importantes instituciones, con el claro objetivo de influir en las decisiones jurisdiccionales electorales en futuros procesos electorales, por ello, resulta apremiante que el Senado de la República dé cabal cumplimiento a su obligación constitucional de continuar y concluir los procesos de designación de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y magistradas y magistrados de las salas regionales del TEPJF.

En este contexto, resulta importante señalar que, incluso, esta situación atípica ha llevado a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a plantear la instalación de una mesa de trabajo con el objetivo de destrabar más de 138 nombramientos pendientes en ese órgano legislativo, entre los que se encuentran los que son objeto del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a que lleve a cabo las designaciones de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, y magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se encuentran pendientes.

Notas

1  Fuente:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-04-06-1/asse ts/documentos/Oficio_Magistrados_Regionales.pdf consultada el 30 de enero de 2023.

2  Fuente:

https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientosLXV/ MLE2021/Convocatoria_MLE2021.pdf consultada el 30 de enero de 2023.

3  Fuente:

https://comisiones.senado.gob.mx/justicia/docs/nombramientosLXV/ MMOJMETJ/Acuerdo_MMOJMETJ.pdf consultada el 30 de enero de 2023

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de febrero de 2023.– Diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

SE CONDENA LOS ACTOS CRIMINALES CONTRA NIÑOS, COMETIDOS POR LA GUARDIA NACIONAL, EL PASADO 28 DE ENERO DE 2023, EN ZEMPOALA, HIDALGO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena los actos criminales cometidos por la Guardia Nacional contra niños el pasado 28 de enero de 2023, en el municipio de Zempoala, Hidalgo, a cargo de la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Taygete Irisay Rodríguez González, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena los actos criminales que la Guardia Nacional perpetró contra niños el pasado 28 de enero de 2023 en el municipio de Zempoala, Hidalgo; de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El 28 de enero de 2023, en el municipio de Zempoala, Hidalgo, unos elementos de la Guardia Nacional que iban ese día a bordo de la patrulla 15646 marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta en la cual viajaba una familia. Dado que en la zona se tenía registro de numerosos asaltos por parte de patrullas apócrifas, los ocupantes de la camioneta hicieron caso omiso de dicha señal, y prosiguieron su camino; ante lo cual los elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego en contra de la camioneta, impactando a uno de sus ocupantes. El conductor de la camioneta prosiguió su camino hasta llegar a una gasolinera, en la cual salió a pedir ayuda; la patrulla de la Guardia Nacional los siguió, y al alcanzar a la camioneta en la gasolinera descendieron dos de sus elementos. Al percatarse de que el ocupante que habían herido había resultado ser un niño de 9 años, los elementos de la Guardia Nacional regresaron a la patrulla y se dieron a la fuga. Media hora después se presentó otra patrulla de la misma corporación, cuyos elementos acudieron a prestar apoyo a la madre del menor y a llevárselo al Hospital General de Tulancingo para su intervención médica.

En una entrevista con el noticiero Milenio, el abuelo del menor lesionado manifestó que sintió desconfianza de la señal de alto que dio la patrulla de la Guardia Nacional, por motivo de que ésta tenía apagadas sus luces distintivas y se encontraba en un lugar oscuro; que al arribar los elementos con él, el señor cumplió exactamente sus indicaciones a la vez que manifestó que traían niños, que habían herido a su nieto, los increpó por haberles disparado, y les pidió ayuda para pedir una ambulancia; que los elementos que los atacaron no les prestaron ayuda, y que ésta la prestaron otros elementos de la Guardia Nacional que arribaron posteriormente; que después de ingresar al Hospital General de Tulancingo, el niño fue trasladado al Centro Médico La Raza en la Ciudad de México; que, a pesar de encontrarse estable al momento de la entrevista, la bala que impactó al niño se encontraba alojada en su hígado y le había afectado una costilla, y que ésta no había sido extraída; y que la familia ya había puesto la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, ante lo cual la Procuraduría de Hidalgo había informado que había abierto una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa por parte de guardias nacionales.

En Movimiento Ciudadano, desde el principio hemos advertido que la Guardia Nacional no es más que un capricho de los poderes en turno para militarizar el país y perpetuarse en el poder a costa de nuestra vida, libertad, seguridad, y nuestro derecho a vivir en paz bajo una autoridad civil. No sólo lo decimos nosotros; lo dicen los hechos. Tan sólo del 30 de enero al 14 de febrero del 2023, una búsqueda sencilla en medios electrónicos arrojó que, durante ese periodo, miembros de la Guardia Nacional han sido encontrados vendiendo municiones y equipo militar en redes sociales, permitiendo el robo de cables en el Metro de la Ciudad de México que recientemente se les ha encomendado vigilar, cometiendo delitos sexuales que al día 13 de febrero sumaban 60 desde la creación de dicha corporación, y que ser aprehendido por la Guardia Nacional implica un 39 por ciento de probabilidad de ser atado, asfixiado o golpeado; ante lo cual, la Presidencia de la República no ha atinado más que a descalificar dichos reportajes y tacharlos de falsos y mentirosos, haciendo caso omiso de la dura realidad: que la Guardia Nacional, lejos de traernos seguridad, ha demostrado ser un peligro para todos, y para los más importantes de nuestro país que son nuestras niñas y nuestros niños.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena los actos criminales perpetrados por elementos de la Guardia Nacional el pasado 28 de enero de 2023 contra niños que viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso de los hechos ocurridos el pasado 28 de enero de 2023 contra niños que viajaban a bordo de una camioneta en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso de los hechos ocurridos el pasado 28 de enero en el municipio de Zempoala, Hidalgo, los investigue, y en su caso finque las responsabilidades correspondientes a  los elementos de la Guardia Nacional que participaron en dichos hechos.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al titular de la Guardia Nacional a revisar los protocolos de acción de sus elementos, y que éstos reciban la capacitación necesaria para garantizar que no cometan actos como los que perpetrados contra las niñas y los niños de México el pasado 28 de enero en el municipio de Zempoala, Hidalgo.

Quinto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al Presidente de la República para que se asegure de que el niño que fue herido por elementos de la Guardia Nacional el pasado 28 de enero en el municipio de Zempoala, Hidalgo, reciba la mejor atención médica que le permita recuperarse de las lesiones que dichos elementos le causaron.

Notas

1  García Navarro, A. (29 de enero de 2023). Denuncian que Guardia Nacional disparó a una familia; un menor resultó lesionado. Obtenido de El Financiero:

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/29/denuncian-que -guardia-nacional-disparo-a-una-familia-un-menor-resulto-lesionado/

2  Anselmo “N”. (31 de enero de 2023). Investigan agresión de Guardia Nacional a vehículo con familia en la México-Tuxpan. (Milenio TV, Entrevistador). Obtenido de

https://www.dailymotion.com/video/x8hq5ub

3  Mayen, B. (30 de enero de 2023). Elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos por vender cartuchos y equipo en redes sociales. Obtenido de InfoBAE:

https://www.infobae.com/mexico/2023/01/30/elementos-de-la-guardi a-nacional-fueron-detenidos-por-vender-cartuchos-y-equipo-en-redes-sociales/

4  Sosa, I. (2 de febrero de 2023). Roban cables en STC con todo y la Guardia Nacional. Obtenido de periódico Reforma:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/roban-cables-en-stc- con-todo-y-la-guardia-nacional/ar2546171?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7 a7279703b767a783a–

5  Cortés, J. C. (13 de febrero de 2023). Registra la Guardia Nacional 60 quejas por delitos sexuales. Obtenido de El Universal:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/registra-la-guardia-nacion al-60-quejas-por-delitos-sexuales

6  López Portillo, E. (9 de febrero de 2023). Guardia Nacional, peor evaluada que el Ejército. Obtenido de Universidad Iberoamericana:

https://ibero.mx/prensa/guardia-nacional-peor-evaluada-que-el-ej ercito-ernesto-lopez-portillo

7  Escobar, D. (8 de febrero de 2023). “Inventan notas para pegarle a la Guardia Nacional por su trabajo en el Metro”: García Vilchis. Obtenido de Proceso:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/2/8/inventan-notas-para -pegarle-la-guardia-nacional-por-su-trabajo-en-el-metro-garcia-vilchis-301739.h tml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

SE DÉ SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO PRESENTADAS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS, EN RECTORÍA GENERAL DE LA UAM

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y locales a dar seguimiento a las denuncias con enfoque de género presentadas ante la Contraloría General, Abogacía General y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en Rectoría General de la UAM, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021. El objetivo de la ENDIREH es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja).

Durante el segundo semestre de 2020 casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia sexual, violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación.

En México el 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida; la violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9 %).

Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, el 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentó, al menos, una situación de violencia.Destaca la violencia psicológica como la más alta (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %).

La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %),seguido del laboral (20.8 %).

La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral refuerza su exclusión del espacio profesional afectando de manera negativa; limitando su capacidad de decisión autónoma debido a que no tienen posibilidades de obtener recursos por cuenta propia.

De acuerdo con la ENDIREH 2021, a nivel nacional, de las mujeres que alguna vez en su vida han participado en el mercado laboral, 27.9 % experimentó algún incidente de violencia, mientras que en 2016 la cifra fue de 26.6 por ciento. En el trabajo, las principales personas agresoras reportadas a lo largo de la vida laboral fueron las y los compañeros de trabajo (34.2 %), seguido por las y los jefes o patrones (21.7 %) y las y los supervisores capataces o coordinadores (10.7 %).

Para detener y reducir las violencias que viven las estudiantes y las trabajadoras en el ámbito universitario, se requiere la intervención de las autoridades de las instituciones universitarias, quiénes por un lado, tienen la responsabilidad legal de garantizar espacios incluyentes, seguros y libres de violencia y por otro, al ser quienes deciden arbitrariamente sobre las reglas cotidianas que rigen las relaciones universitarias, son quienes han modificado el ambiente y la dinámica universitaria, de forma que no garantizan los derechos de quienes habitan las universidades.

Por lo tanto, se requiere una variedad de intervenciones por parte de distintos actores, como en este caso son: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, entre otros, incluyendo a las mismas autoridades encargadas de la vigilancia de las instituciones de educación superior, pues la UAM tiene un vacío para responder eficazmente ante situaciones de violaciones de Derechos Humanos de su comunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el “acceso a la justicia no se agota en la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades los hechos”, pues resulta necesario “que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad.”

Sabemos que las instituciones de educación superior fungen como centros de formación, pero también es importante reconocer que tienen otras facetas, como centros de trabajo, centros deportivos o centros culturales, por mencionar algunos.

La violencia ejercida contra las mujeres, en general se debe de eliminar y como legisladores de la sexagésima quinta legislatura, de la paridad y la inclusión, es menester que se refuerce la actual estrategia de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, hacer un uso eficiente de los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de las órdenes de protección y las medidas precautorias establecidas en diversas leyes generales, tanto como las medidas establecidas en pactos internacionales o en convenciones para las mujeres que ya han sido violentadas física y emocionalmente. Acelerando así la modificación y la eliminación de prácticas culturales, actitudes y comportamientos individuales, sociales e institucionales que discriminan a las personas por su género y permiten perpetuar el orden social de género persistente, el cual replica de distintas maneras la desigualdad y discriminación que padecen en mayor grado las mujeres.

Se tiene el conocimiento de casos de mujeres trabajadoras administrativas de la Contraloría General adscrita al Patronato en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que fueron despedidas injustamente por denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y laboral, así como por denunciar el grado alarmante de corrupción que se está dando en la Contraloría General de la UAM. Cuyo titular es ENRIQUE JOSÉ GARCINI ELIZONDO, que aparte de ser un funcionario universitario PRO- CORRUPCIÓN, violador de derechos laborales y de la mujer, practica el nepotismo al instalar a su cuñado el arquitecto MARIO DE JESÚS RANGEL BARAJAS como jefe de auditorías de obras de la UAM.

Asimismo, se tiene conocimiento de casos de mujeres adscritas al área de la Abogacía General de la UAM, que fueron despedidas injustamente por denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y laboral. Cuyo titular es JUAN RODRIGO SERRANO VÁZQUEZ, funcionario universitario, que ha actuado como juez y parte, que ha abusado de su autoridad y funciones, encubridor y violador de derechos laborales y de la mujer.

Finalmente, del caso de una mujer adscrita a la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya titular es María Guadalupe Huacuz Elías, quien se autonombra destacada feminista y que en los hechos ha demostrado ser una funcionaria universitaria obediente que subordina su actuar a lo que arbitrariamente le dicte la Abogacía General o la Rectoría General, omisa en sus funciones, pues lejos de defender a las mujeres, le ha impedido o dificultado el acceso a la justicia.

La violencia en contra de las mujeres trabajadoras ejercida en las instalaciones de la Rectoría General de la UAM, representa la misoginia en la Universidad, aquella que tanto ha presumido combatir el actual Rector General, José Antonio De los Reyes Heredia, pues a las mujeres que tengan la valentía de denunciar la violencia de la que son objeto, les son ignoradas sus denuncias previas y se les orquestan imputaciones falsas, donde hacen pasar a los agresores y victimarios como víctimas de esas mujeres que previamente los denunciaron, rescindiéndoles la relación laboral sin responsabilidad laboral para la Universidad, es decir, sin otorgarles siquiera sus derechos laborales adquiridos como son sus partes proporcionales y finiquito.

Las echan sin sus recursos económicos ya devengados a los que tienen derecho, bajo supuestas injurias a sus agresores y supuestas faltas de probidad, dictadas arbitrariamente y en abuso de poder por JUAN RODRIGO SERRANO VÁZQUEZ, Abogado General, pues éste no cuenta con atribuciones estipuladas en su normativa o legislación universitaria para acusar, encuadrar o determinar conductas que sean susceptibles de constituir faltas administrativas no graves y/o graves, ni para prevenir, detectar, sancionar y erradicar prácticas corruptas, ni posee la autoridad para dictar sentencia de culpabilidad respecto de conductas o faltas administrativas, ni de imponer sanciones o medidas a empleados y/o funcionarios, pisoteando la dignidad de las mujeres y dejándolas en la total indefensión.

Estos funcionarios y/o servidores públicos opacos que no presentan declaraciones patrimoniales, son los encargados de impartir justicia en la UAM y se han adjudicado para sí la autonomía que pertenece a la universidad, para ser intocables y violentar a las mujeres, operando bajo la máxima impunidad, pues su discurso es: “La Universidad no tiene área de Responsabilidades Administrativas.

Se están violentando variados derechos establecidos en la constitución, leyes generales, en la legislación universitaria de la UAM, protocolos y en pactos internacionales.

Esto, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo primero se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además de atentar contra la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus artículos 1-4, 6, así como por lo dispuesto por el capítulo II de la violencia Laboral, entre otras leyes federales como la Ley General de Victimas, la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará) y demás aplicables en la materia.

Antecedentes

Anteriormente se presentó la Proposición con punto de acuerdo de Urgente u obvia resolución mediante el cual se Exhorta a diversas Autoridades federales y locales, para dar seguimiento a las denuncias con enfoque de género presentadas ante La Contraloría general, Abogacía general y de la Defensoría de los Derechos Universitarios en rectoría general de la UAM, con publicación en la Gaceta parlamentaria, año XXVI, número 6187-VI, de fecha jueves 5 de enero de 2023, correspondiente a la Gaceta de la Comisión Permanente del primer receso del segundo año de ejercicio de la LXV legislatura, con turno a la Segunda Comisión de Trabajo, misma proposición que por no atenderse en los tiempos reglamentarios no culminó en su dictamen, por lo que, no generó exhorto ni resolutivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.-  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, Rector general de la UAM, así como a la Contraloría General, Abogacía General y la Defensoría de los Derechos Universitarios, a conducirse conforme a los lineamientos establecidos en las políticas para la Rectoría General de la UAM 2021-2025, así como por lo establecido por la Legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana, las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género, en relación a la protección de las mujeres y de un espacio universitario libre de violencia.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX a dar seguimiento a las denuncias presentadas por ex auditoras de la UAM el 18/08/2022 y conducirse conforme a los lineamientos establecidos en relación a la protección de las mujeres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Victimas.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Junta Federal 14 Bis, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a brindar atención y seguimiento a los expedientes 219/2022, 261/2022, 517/2020, 61/2022 de conformidad con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres, así como por lo establecido por la Ley General de Victimas.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar seguimiento a la denuncia admitida el 01/09/2022 por la Cuarta Visitaduría General, Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por ex auditoras de la UAM y a conducirse conforme a lo dispuesto por la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará), así como por lo dispuesto por el marco jurídico nacional en la materia.

Nota

1. INEGI, Comunicado de prensa número 485/22 del 30 de agosto de 2022, página 1/36, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ endireh/Endireh2021_Nal.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXHORTO A LA CFE, A DAR SOLUCIÓN AL ADEUDO DE ELECTRICIDAD DEL POZO DE AGUA UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a realizar las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, realice las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al municipio de Puebla; al tenor de los siguientes:

Considerandos

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

En tal sentido, es deber del Estado garantizar el acceso al agua de todas las personas, toda vez que es un derecho humano del que gozamos.

Sin embargo, alrededor de 30 mil habitantes de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al Municipio de Puebla, Puebla, actualmente no cuentan con servicio de agua potable dado un adeudo de más de doce millones de pesos que el Comité de Agua de dicha Junta Auxiliar tiene con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que sin luz eléctrica los pozos de agua son inoperantes.

Desde hace más de seis años, el Comité de Agua de la Junta Auxiliar dejó de atender los pagos de electricidad, lo que ha vuelto el adeudo impagable.

Ante esta situación los únicos perjudicados son los habitantes de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, motivo por el cual es necesaria la intervención de las diversas autoridades con la finalidad de garantizar el acceso de agua de los ciudadanos.

Por tal motivo, se hace un exhorto respetuoso a la Comisión Federal de Electricidad para que realice las acciones administrativas y legales necesarias  que permitan dar una solución a la problemática del agua, así como que lleguen a un acuerdo con el Comité de Agua de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, restableciéndoles el servicio eléctrico que permita el funcionamiento de los pozos, y por ende el suministro de agua, garantizando el derecho humano de los ciudadanos.

Por lo que, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, realice las acciones administrativas y legales necesarias a efecto de dar solución al adeudo de electricidad del pozo de agua ubicado en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al municipio de Puebla.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que de acuerdo a sus atribuciones realice las denuncias correspondientes para que se lleve a cabo las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer las presuntas irregularidades.

Tercero. Se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Electricidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, realice mesas de trabajo con las autoridades correspondientes a efecto de dar solución a la problemática del adeudo en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente al municipio de Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de febrero del 2023.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

RELATIVO A LA RED DE CORRUPCIÓN ENCABEZADA POR GENARO GARCÍA LUNA, EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Bárcenas, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El combate a la corrupción es una de las principales estrategias del actual gobierno para transformar de raíz el régimen de impunidad que nos heredaron los gobiernos anteriores. Casos como los Amigos de Fox, el llamado Pemexgate, la Estela de Luz, Odebrecht, la Estafa Maestra y Agronitrogenados, que han indignado a la sociedad, pusieron en evidencia que la corrupción era el distintivo del régimen mismo.

Estos hechos escandalosos involucraron a altos funcionarios que utilizaron el poder público en beneficio propio y de particulares. No obstante, cada día salen a la luz nuevas evidencias de cómo se realizaban negocios y se amasaban fortunas en las más altas esferas gubernamentales durante la etapa neoliberal.

El gobierno de la República está decidido a enfrentar la corrupción porque es la generadora de injusticias, atraso económico, desigualdades y porque mina las bases de nuestra democracia.

Segunda. El martes 17 de enero del año en curso dio inicio en Estados Unidos el juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalado por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva durante el sexenio del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. El Departamento de Justicia estadounidense afirma que el ex funcionario colaboró con el Cártel de Sinaloa y es responsable del traslado ilegal a aquel país de por lo menos 52 toneladas de cocaína. De acuerdo con las autoridades del vecino del norte, es acusado de cuatro delitos, tres por conspiración y tráfico de drogas y uno por falsear declaraciones.

Durante el juicio los testigos presentados por la fiscalía han declarado toda clase de atrocidades cometidas por el crimen organizado, al amparo de las fuerzas policiales al mando de García Luna, de la forma en que operaban conjuntamente delincuentes y funcionarios del gobierno; de los millones de dólares que circulaban para comprar a las autoridades mexicanas, quienes permitieron su crecimiento y expansión; de la protección de que gozaba el Chapo Guzmán por instrucciones del exfuncionario de Felipe Calderón y de Vicente Fox.

De acreditarse los hechos revelados por los testigos que presentó la fiscalía contra García Luna, se confirmará lo que muchos han planteado: durante los sexenios inmediatos anteriores la delincuencia organizada controló segmentos importantes del Estado mexicano y doblegó a las más altas autoridades del país.

En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en el que detalló los delitos con los que abrieron una carpeta de investigación en contra del exsecretario: “Conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros”.

El juicio contra Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York de Brooklin se encuentra en curso. Estamos en espera de su desenlace.

Tercera. El 9 de febrero de 2023 se reveló una nueva trama de corrupción encabezada por Genaro García Luna. En el marco de la conferencia matutina del Presidente de la República, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó datos relevantes sobre el juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, estados Unidos (EU), en contra de García Luna y de una serie de personas y de empresas que formaron parte de esa red de corrupción.

Señaló que durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos.

Indicó que bajo auspicio del exfuncionario calderonista, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, cifra que arroja una revisión de la UIF aún inconclusa.

Precisó que estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos, en territorio norteamericano, en el estado de Florida.

Pablo Gómez informó que el actual gobierno de México, por conducto de la dependencia a su cargo, identificó la red de corrupción de García Luna, así como su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos.

En consecuencia, dijo, incluyó en la lista de personas bloqueadas a quienes participaron en esta confabulación y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019 por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.

Así, nuestro gobierno presentó una demanda civil el 21 de septiembre de 2021 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil, precisó Gómez, es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York.

Detalló que, en cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los delitos de peculado y contrataciones indebidas, cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años; incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público.

Como ya se mencionó, en dicha conferencia dio a conocer que la UIF tiene un listado de contratos que se llevaron a cabo y que fueron instrumentos para la comisión de delitos de corrupción. Los recursos, producto de estos contratos, son los que están en este momento en el juicio civil de Florida.

El titular de la UIF dio conocer una lista de personas demandadas ante el tribunal de Florida. Además, informó que hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción, así como una serie de inmuebles asegurados judicialmente en el procedimiento civil contra la red de corrupción, presuntamente organizada por García Luna. A ellos se suma otra lista todavía parcial de automóviles de lujo que son parte del juicio, comprados, indicó Pablo Gómez, con este dinero defraudado al pueblo de México.

También reveló que se han encontrado contratos fraudulentos con los que se extrajeron ilegalmente recursos del gobierno de la Ciudad de México en la pasada administración.

Finaliza diciendo, para el asunto que nos interesa, que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida.

Cuarta. El Sistema Nacional Anticorrupción es una instancia de coordinación entre diversas autoridades públicas de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Por ello mismo, la labor de investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es fundamental para erradicar ese flagelo que mina las bases de nuestra convivencia democrática y afecta el bienestar de la población.

Esclarecer los hechos de corrupción expuestos por el titular de la UIF es de vital importancia para impedir que en el futuro las finanzas públicas sean saqueadas como pudo haber ocurrido con la red creada y encabezada por Genaro García Luna.

Como lo ha sostenido Morena durante la actual legislatura, la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan, más aún cuando se trata de un asunto donde están involucrados altos funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que dé a conocer los contratos que conforman la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, y que son parte del juicio de carácter civil que se lleva a cabo ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida en Estados Unidos de América.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades mexicanas competentes a que hagan público el destino que darán a los activos recuperados, en su caso, y adquiridos con recursos del erario mexicano, que forman parte del juicio de carácter civil que se lleva a cabo en el estado de Florida, en Estados Unidos de América, derivado de los hechos de corrupción llevados a cabo por la red creada por Genaro García Luna.

Notas

1. https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/04/donde-y-cuando-sera-el-juicio -contra-genaro-garcia-luna/

2. https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/19/que-hizo-genaro-garcia-luna

3. Ibid.

4. https://lopezobrador.org.mx/2023/02/09/version-estenografica-de-la-conferencia- de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-908/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

FORTALECIMIENTO A LAS CAMPAÑAS DE SALUD MENTAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO, PRINCIPALMENTE EN LA PLANTILLA LABORAL CONFORMADA POR JÓVENES, A FIN DE ATENDER Y PREVENIR EL ESTRÉS LABORAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a STPS y a la Ssa, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a fortalecer las campañas de salud mental en los centros de trabajo, principalmente en la plantilla laboral conformada por jóvenes, a fin de atender y prevenir el estrés laboral, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Salud, así como a sus homologas en las entidades federativas a fortalecer las campañas de salud mental en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformado por jóvenes, a fin de atender y prevenir el estrés laboral, con base en las siguientes

Consideraciones

Hoy en día el escenario laboral se encuentra marcado por la globalidad y la inestabilidad generada por las diversas condiciones socioeconómicas en que está inmerso el mercado laboral ocasionando que en algunas ocasiones los trabajadores experimenten frustración y un alto nivel de tensión emocional, produciendo un aumento en los niveles de estrés laboral y desgaste profesional.

Ante tal situación diversos especialistas han manifestado la importancia del estudio del estrés laboral y el burnout. Selye ha definido al estrés como la respuesta inespecífica del organismo a toda exigencia hecha sobre él, esta respuesta produce un estado de desequilibrio corporal, ocasionado un estímulo. Así mismo, el estrés laboral, es considerado como la relación existente entre el sujeto y el entorno, que es evaluado como amenazante o desbordante de su capacidad de afrontamiento y que pone en peligro su bienestar. Es conocido que el estrés altera la salud, los mecanismos fisiológicos-neuroendocrinos, se adoptan estrategias de afrontamiento inadecuadas, alteraciones fisiológicas con funciones de coping, y alteración de los procesos psicológicos.

En el ámbito laboral se observan fusiones empresariales, reingeniería de recursos humanos y desarrollo tecnológico exigiendo reducción de costes y aumento de la productividad y satisfacción del cliente, estas presiones laborales en ocasiones impregnadas por otras cuestiones sociales generan una mayor sobrecarga en el aumento de las demandas emocionales, influyendo en la conducta de los trabajadores, en su bienestar personal y desarrollo de su trabajo.

Al estrés laboral, se le ha definido como una variable dependiente del efecto conjunto de las demandas del trabajo y los factores moderadores de las mismas, particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión del trabajador. Para la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, define al estrés laboral como “las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador”.

El estrés laboral que padecen los trabajadores incluye ejecución de tareas de forma repetitiva, rol ambiguo y conflictivo, malas relaciones con los jefes, supervisores y compañeros, expectativas no satisfechas, competencia personal, identidad profesional, entre otros, disminuyendo la satisfacción laboral, desarrollando actitudes negativas, disminución del rendimiento laboral produciendo una baja en la cantidad y calidad del trabajo. Así mismo, las altas demandas laborales y la disminución de la capacidad de tomar decisiones representan factores de riesgo para la aparición del estrés.

En tanto el Burnout, se presenta cuando el trabajador está agotado, exhausto, desbordado a raíz de un proceso de desgaste profesional o proceso disfuncional de deterioro, es decir, hace referencia al proceso de pérdida lenta, pero considerable, del compromiso y la implicación personal en las labores que realiza el trabajador. El síndrome de burnout es considerada como una respuesta al estrés laboral crónico que surge al trabajar bajo condiciones difíciles conllevando consecuencias muy negativas para el trabajador y la empresa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el no contar con una red de apoyo en el trabajo desencadenó que 15.4% de empleados tengan síntomas de depresión, así mismo, señala que la ansiedad severa está presente en el 19.3% de los empleados.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare), 2021, diciembre 2021, disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enbiare/2021/doc/e nbiare_2021_presentacion_resultados.pdf

El deterioro de la salud mental de los trabajadores aumenta los índices de deserción, rotación y retrasos, ante esta situación es importante que las diversas autoridades del trabajo y del sector salud, con la participación de los patrones fortalecer los diversos programas cuyo objetivo sea atender, prevenir, reducir y eliminar dicho estrés. En este aspecto, se han expresado diversos métodos de afrontamiento ante el estrés laboral: abordar el problema, poner distancia ante el problema, descarga emocional, prevenir consecuencias, aprender de las situaciones, apoyo familiar y respuestas o reacciones pasivas. Así mismo técnicas y estrategias para modificar los niveles de los procesos cognitivo-conductuales que faciliten el control del estrés.

Al interior de la Psicología se han desarrollado una serie de estrategias para afrontar el estrés laboral, entre las técnicas más utilizadas se encuentran: Técnicas de relajación y meditación, consistentes en hacer que la persona sea capaz de identificar el estado de tensión de cada parte de su cuerpo mediante ejercicios físicos de contracción-relajación; el aprendizaje de formas adecuadas de respiración; Técnicas de biofeedback, el objetivo es la práctica de ejercicio físico y hábitos saludables, este técnica proporciona mayores beneficios para la salud; Técnicas cognitivas y autocontrol, resultan eficaces en la superación de las experiencias estresantes y reducción de los efectos negativos.

El estrés en los centros de trabajo no facilita la integración y el desarrollo de los trabajadores ocasionando que experimenten frustración y un alto nivel de tensión emocional. Dentro de los agentes estresantes, se encuentran la sobrecarga de trabajo, la ausencia de descansos, largas horas de trabajo, tareas rutinarias con escaso significado y la no utilización de las habilidades del trabajador, la baja participación en la toma de decisiones, escasos niveles de comunicación y apoyo, y la ausencia de políticas para enfrentar el estrés, la inseguridad laboral, la ausencia de oportunidades de promoción profesional y desarrollo.

Dentro de la prevención del desgaste profesional es importante destacar el entrenamiento de los trabajadores a encontrar soluciones a los diversos problemas y toma de decisiones, detectando las diferentes alternativas y elección de la respuesta más adecuada y verificando su idoneidad. Así mismo, aumentar la resiliencia, resistencia y recuperación de los empleados ante el estrés. Por tal motivo, el apoyo que brinden las autoridades será crucial para el buen desempeño y desarrollo profesional del trabajador, no olvidar que las personas pasan una gran parte de su tiempo en su centro de trabajo, por tal motivo, las relaciones interpersonales con sus compañeros son de suma relevancia para su equilibrio físico y mental.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Salud, a coordinarse a fin de fortalecer los programas y campañas de salud mental para la atención y prevención del estrés laboral en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformada por los jóvenes.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de soberanía, exhorta a las homologas de las entidades federativas de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Salud, a coordinarse a fin de fortalecer los programas y campañas de salud mental para la atención y prevención del estrés laboral en los centros de trabajo principalmente en la plantilla laboral conformada por los jóvenes.

Notas

1. Selye, H., The Stress of Life, McGraw-Hill, Ney York, 1956.

2. Lazarus, R. S., y Folkman, S., Estrés y procesos cognitivos, Martínez Roca, Barcelona, 1986.

3. Cox, T., Stress, McMillan, Londres, 1978.

4. Holroyd, K. A., y Lazarus, R. S., “Stress, Coping and Somatic Adaptation”, en Goldberger y Breznitz, Handboock of Stress, Free Prees, Nueva York, 1982

5. Domínguez E, Ullíbarri M, y Zabaleta I., “Reduction of working hours as a policy of work sharing in the face of an economic crisis”, en Applied Economics Letters, No. 18, 2011, p. 683.

6. Turner, N., Chmiel, N., Sandy Hershcovis, M., y Walls, M., “Life on the line: Job demands, perceived co-worker support for safety, and hazardous work events”, en J Occup Health Psychol, No. 15, 2010, pp. 482-493

7. Gardell, B y Johansson, C., Working Life, John Wiley and Sons, Chichester, 1981, pp. 74-94

8. Moreno Jiménez, B., Oliver, C., y Aragoneses, A., El burnout, una forma específica de estrés laboral, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 271-284

9. Dewe, P. J., y Guest, D. E., “Methods of coping with stress al work. A conceptual analysis and empirical study of measurement issues”, en Journal of Organizational Behavior, No.1, 1990, p.135.

10. Labrador, F. J., El estrés. Nuevas técnicas para su control, Temas de Hoy, Madrid, 1992.

11. Leiter, MP, Maslach, C., “Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout”, en Emotional and physiological processes and positive intervention strategies, JAI Press/ Elsevier. Oxford, UK, 2004. p. 91-134.

12. Schaufeli WB, Enzmann D., The burnout companion to study and practice: A critical análisis, Taylor y Francis Ltd, London, 1998.

13. Taris, TW, Stoffelsen, JM, Bakker, AB, “Differences in burnout risk between jobs and individuals: About the role of job autonomy”, en Tijdschrift voor Psychologie, No. 30, 2002, pp. 17-29.

14. Lee RT, Ashforth BE., “On the meaning of Maslach’s three dimensions of burnout”, en J Appl Psychol, No. 75, 1996, pp. 743-747.

15. Atkinson W., “Turning Stress into Strength”, en HR Magazine, enero, No. 56, 2011, pp. 49-52.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A LEGISLAR EN MATERIA DE VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas, que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero, a realizar lo conducente, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las Entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero a realizar lo conducente, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a votar es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna, en este sentido, es oportuno señalar que uno de los principios de los derechos fundamentales es que son universales, en razón a estar dirigidos a todo individuo independientemente del lugar en donde se encuentre o su status social salvo las causas criminales establecidas por la propia ley fundamental.

El derecho electoral se define como “el conjunto de normas que regulan la emisión, remisión y computo del voto ciudadano tendiente a elegir o destituir autoridades o a participar en decisiones gubernativas; la formación y operación de organizaciones políticas; la integración y funcionamiento de las autoridades electorales y los métodos de resolución de conflictos de carácter electoral”

En este contexto, el concepto de sufragio conlleva el derecho de participación electoral, consistente en la posibilidad de participar por medio de las elecciones en la decisión ya sea para elegir a un representante popular o a quien habrá de ocupar un cargo en el gobierno, o bien aprobar o rechazar propuestas sometidas a un referéndum, consulta popular, plebiscito, o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana, asimismo la emisión del voto en el extranjero.

Para Dieter Nohlen en el concepto de voto en el extranjero, están inmersas las disposiciones y procedimientos que permiten a los electores de un país que están temporal o permanentemente en el extranjero ejercer sus derechos de votación.

En tanto Jorge Carpizo Mac Gregor, menciona que el voto de los nacionales en el extranjero es un mecanismo de sufragio que se instrumentó durante la segunda guerra mundial, a fin de que los militares que se encontraban en el extranjero en los campos de batalla pudieran sufragar. A partir de la década de los años setenta se fue ampliando a otros sectores diversos de los militares al grado de que los países lo fueron incluyendo en sus legislaciones.

Nuestro país es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento internacional que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en ella, sin distinción alguna, ni por opinión o condición política, o de cualquier otra índole o condición social. En su artículo 21 plasma que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”

Así mismo, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México también es parte, establece que: “los Estados parte se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio, los derechos reconocidos en el Instrumento, sin distinción alguna por opinión política o de otra índole, de origen nacional o social, de forma específica, el derecho al voto lo consagra estableciendo que, todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José), señala el deber de México al ser parte del instrumento internacional, “de respetar los derechos y libertades reconocidas en el documento y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de opinión política o cualquier condición social.” En este sentido su artículo 23 establece los Derechos políticos de los ciudadanos, al mencionar que: 1. “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2) La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Ante la suscripción de los instrumentos internacionales, en nuestro país se inicia la etapa de legislar en materia del derecho del voto de sus nacionales en el extranjero, independientemente de su situación legal en el país en que residan, esta situación se asumió como una obligación del Estado proporcionar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno del derecho político-electoral de votar de todo ciudadano mexicano.

El voto de los mexicanos residentes en el extranjero fue posible por primera vez en la elección presidencial de 2006, ya que en 1996, se reformo la fracción III del artículo 36 constitucional, eliminando la obligación del ciudadano de votar en su distrito electoral, argumento central para no otorgar en ley la posibilidad de recibir el voto emitido desde el extranjero. Posteriormente la reforma electoral de 2014, modificó varias disposiciones relativas al voto de mexicanos en el extranjero, siendo los cambios en rubros como la credencialización; la habilitación para votar no sólo por presidente de la República, sino también por senadores y gobernadores del estado de origen; y el método de emisión del voto, el cual podrá ser en persona o electrónico.

El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: “1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto. 3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares.”

Es oportuno recordar que anterior a la promulgación de la reforma electoral de 2014, algunas entidades federativas ya reconocían el derecho de sus ciudadanos a votar desde el extranjero, siendo Michoacán la primera en hacerlo en 2007, posteriormente Chiapas en 2012, así como la Ciudad de México (Distrito Federal) en 2012, a partir de la reforma de 2014, las entidades federativas que han legislado en la materia han sido Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, y recientemente Sinaloa en 2022.

Ante esta situación es imperante que ante futuros procesos electorales las entidades federativas que aún no han legislado en materia del voto de mexicanos en el extranjero procedan a realizarlo con el objetivo de garantizar el derecho plasmado en nuestra Carta Magna, a sus ciudadanos que residen en un país fuera de nuestras fronteras a elegir a sus gobernadores. Permitirles el voto extraterritorial es reconocerles el derecho a participar en elecciones locales, así mismo se convierte en un indicador de la participación política de más sectores de la sociedad, a través de la existencia de un marco jurídico que haga efectivos los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad.

En este ejercicio de voto de mexicanos en el extranjero, hay que mencionar que, para las elecciones presidenciales, en 2006, el número de ciudadanos registrados fue de 40,876, y la votación recibida fue de 32,621. En la elección de 2012, los ciudadanos inscritos para votar en el extranjero se incrementaron a 59,115, casi 45% más que en 2006. Y en 2018, hubo un registro de 181,256 con 98,470 votos recibidos.

Los derechos políticos-electorales posibilitan la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, Fix-Fierro los clasifica en tres dimensiones, “la primera se refiere al voto activo, la facultad de expresar una preferencia política ya sea a un candidato para la elección de un cargo o para aprobar o rechazar alguna ley o política pública; la segunda se refiere al voto pasivo, a la condición del ciudadano de ser susceptible de ser elegido o designado para un cargo público; y la tercera es la relacionada con la asociación política que implica la posibilidad de que el ciudadano pueda organizarse con otros y poder participar activamente en los asuntos públicos de una comunidad política.

Desde este enfoque la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero, mediante el ejercicio de emitir su voto en las elecciones de carácter federal como estatal, es una forma de expresar su participación en la toma de decisión, la cual se cristaliza jurídico-formal vinculándose de forma transfronteriza en los espacios, instituciones, y normas que posibilitan influir en la conformación política de lo estatal y de lo nacional. Por lo tanto, su voto no sólo se vincula con el desarrollo del sistema político electoral sino con una serie de procesos complejos de participación política más allá de las fronteras nacionales, en donde el asociacionismo migrante, las protestas transnacionales y las múltiples ciudadanías son algunas de las formas que están reconfigurando los Estados nacionales y subnacionales.

En América Latina, el primer país en adoptar el voto en el extranjero fue Colombia en 1962, seguido por Brasil en 1965, a la fecha, son varios países que en su legislación se establece algún mecanismo de voto extraterritorial, Barbados en 1971, Puerto Rico en 1977, República Dominicana en 1977, Perú en 1979, Argentina en 1991, Venezuela en 1993, Belice en 1998, Honduras en 2001, Ecuador en 2002, México en 2005, Bolivia en 2009, Bahamas en 2011, El Salvador en 2013, Paraguay en 2013, Chile en 2015, Costa Rica en 2016, República Dominicana en 2016, Guatemala en 2016, Nicaragua en 2016 y Panamá en 2018.

Por último, es relevante exponer la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, plasma que el derecho al voto se encuentra jurídicamente al nivel de un derecho fundamental.

. Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional. Tesis P./J. 83/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 984.

Por tal motivo, debemos procurar por todos los medios posibles hacer realidad el ideal de que todo mexicano que quiera votar, independientemente del sitio donde se encuentre pueda hacerlo de forma efectiva, permitiendo consolidar nuestro sistema democrático, fortaleciendo el nexo con los compatriotas que se encuentran fuera del país, reafirmando sus sentimientos de pertenencia a la nación.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de soberanía, exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero a realizar las reformas legislativas correspondientes en sus Constituciones locales y legislación secundaria, a fin de reconocer y garantizar el derecho fundamental de sus ciudadanos a elegir a sus gobernantes con ello fortalecer y consolidar la participación ciudadana en su estado de derecho democrático.

Notas

1. Andrade Sánchez, J. Eduardo, Derecho electoral, Oxford, México, 2011, p. 8

2. Nohlen, Dieter y Grotz, Florian, “Marco legal y panorama de la legislación electoral”, en Voto en el Extranjero. El manual de IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Instituto Federal Electoral, México, 2007, p. 77.

3. Carpizo Mac Gregor, Jorge, El voto de los mexicanos en el extranjero, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1998, p. 73

4. Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

5. Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disponible en

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Professional Interest/ccpr_SP.pdf

6. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Marco Normativo, disponible en

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataP ersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf

7. El sufragio denominado transnacional por Alarcón, se pueden precisar que es utilizado para elegir una entidad supranacional; en procesos nacionales internos de carácter local, y para procesos nacionales externos. Alarcón Olguín, V., Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, pp. 20-35, 2016.

8. Cámara de Diputados, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf

9. Instituto Nacional Electoral, Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero a nivel local, disponible en

https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico

10. Segundo párrafo de la fracción I del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y el artículo Único transitorio del Decreto 590, disponible en

https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx: 3001/pdfs/leyes/Ley_9.pdf

11. Cordourier Real, C. R. y Aguilar López, J., “Participación ciudadana y sociedad civil en el proceso de democratización en México”, Universidad de Guanajuato, México, 2018, p.12.

12. Instituto Federal Electoral, Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero 2006, diciembre 2006, disponible en

https://portalanterior.ine.mx/documentos/votoextranjero/libro_bl anco/index.htm, Instituto Federal Electoral, Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Proceso electoral 2011-2012, disponible en

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54193/Informe+Final +del+VMRE+VERSI ON+FINAL+nov12.pdf/20e722 b2-188b-417d-81e7-f0a54753e7cb, Instituto Nacional Electoral, Histórico Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, disponible en https://votoextranjero.mx/web/vmre/historico

13. Fix-Fierro, H., Los derechos políticos de los mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006

14. Alarcón Olguín, V., Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, pp. 20-35, 2016.

15. Castilla Peniche, Rafael Alberto, “La implementación del voto de los mexicanos en el extranjero”, en García Ochoa, Juan José, Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior, Cámara de Diputados Congreso de la Unión, LIX Legislatura, México, 2005, p. 142.

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUANAJUATO, A FORTALECER LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a fortalecer la atención a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos en la entidad, así como garantizar sus derechos consagrados en la ley, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Antecedentes

Guanajuato demoró en garantizar los derechos de las víctimas.

En Guanajuato, la atención a las víctimas se ha desfasado considerablemente de los avances normativos que se han logrado a nivel nacional y para acreditarlo basta revisar las leyes de la entidad para corroborar que, en Guanajuato, las víctimas han sido ignoradas durante años y que esa situación se mantiene en la actualidad.

Como es bien sabido, antes de la expedición de la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, en el país cada entidad federativa tenía su propia regulación sobre los derechos de las víctimas.

En realidad, esta etapa previa tenía como característica el prácticamente nulo desarrollo de estos derechos, aunque sí existían leyes que los regulaban de manera precaria.

En Guanajuato se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 30 de mayo de 2006, la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, que estuvo vigente hasta el 27 de mayo de 2020, fecha en que fue abrogada.

Este simple hecho muestra claramente el desfase que existe en la materia en Guanajuato, pues mientras desde el 9 de enero de 2013, la Federación y las demás entidades federativas se regían por la Ley General de Víctimas y las leyes locales armonizadas con ésta, en Guanajuato no se expidió una ley que armonizara la legislación local con la general, durante más de siete años.

Esto tiene consecuencias graves que rebasan el objetivo de esta proposición con punto de acuerdo, pero basta decir que la ley vigente durante el periodo de 2006 al 2020 en Guanajuato, solo reconocía a las víctimas de delitos y no así a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Esto quiere decir, en concreto, que en Guanajuato, para efectos de la norma victimal, no se reconoció la existencia, de las víctimas de violaciones a derechos humanos, sino hasta el mes de mayo de 2020, lo que muestra el rezago en la protección de los derechos de estas víctimas en la entidad.

Pero, además, la ley vigente de 2006 a 2020 tampoco preveía la existencia de una Comisión Ejecutiva especializada para la atención de las víctimas de delitos.

Visto así, Guanajuato, históricamente, se muestra como uno de los peores escenarios en materia de protección a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos: sin normas jurídicas armonizadas y sin instituciones garantes.

Después de muchos años de exigencia por parte de las víctimas, sus organizaciones y colectivos, en plena pandemia, el 27 de mayo de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, la nueva Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.

Pero no fue hasta el 8 de octubre de 2020, casi cinco meses después de que se publicara la nueva ley, que se designó al primer titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).

Con este tardío nombramiento prácticamente se desperdició todo el año 2020 en materia de creación y consolidación de la CEAIV y, por ende, el inicio de sus funciones reales se postergó hasta el año 2021.

Esto es inaceptable en una entidad que presenta un alto índice de violencia y que eso repercute en la existencia de miles de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos que es urgente atender.

A poco más de dos años de su creación, la CEAIV está rebasada

La falta de planeación y el desdén con el que el Gobierno del Estado de Guanajuato ha tratado a las víctimas durante las últimas dos décadas, ha provocado que, a poco más de dos años de haber iniciado realmente sus funciones, la CEAIV esté rebasada y que su titular, Sergio Jaime Rochín del Rincón, empiece a buscar culpables de la crisis que enfrenta la CEAIV, fuera de la institución.

El 9 de febrero de 2023, se publicó en medios de comunicación del Estado, que el titular de la CEAIV afirmó que, si sigue la violencia en Guanajuato, el recurso del Fondo de Atención nuevamente será insuficiente y que solicitó al Congreso del Estado que “se revise, que la CEAIV no atienda a las víctimas de todo tipo de delitos, sino de los más graves”.

Esto, a pesar de que para este año se destinaron poco más de 40 millones de pesos para el Fondo Estatal de Atención a Víctimas y 19.4 millones de pesos para la operación de la CEAIV.

El titular de la CEAIV consideró que la institución debería atender solo a las víctimas de homicidio, feminicidio, desaparición, desaparición forzada, lesiones graves, abuso sexual infantil, y tortura, por mencionar algunos, pues no se da abasto para cubrir la atención para todas las víctimas que por ley le corresponde, pues tiene solo 19 abogados.

De acuerdo con el titular de la CEAIV, “la situación hizo crisis porque recibió a mediados del año pasado una cantidad muy grande de personas que eran representadas jurídicamente por la Fiscalía del Estado.”

Lo que es claro ante estos hechos es que la CEAIV no cuenta con los recursos humanos, materiales ni financieros para hacer frente a una crisis humanitaria que se ha desatado debido a la violencia que azota a Guanajuato.

Además, muestra la incapacidad de la CEAIV para garantizar la atención de todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a derechos humanos en la entidad, pretendiendo crear víctimas de primera y de segunda categoría, sin reconocer que todas las víctimas son importantes. Pero esta crisis no es nueva. Ya en octubre de 2022 corrieron rumores de que el comisionado Rochín del Rincón renunciaría a la CEAIV por la falta de apoyo por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato a la institución.

En ese entonces, diversos colectivos de víctimas hicieron pública su inconformidad con el trabajo de la CEAIV y con el casi inexistente compromiso del Gobierno del Estado de Guanajuato con las víctimas:

“Buscadoras enviaron un mensaje directo al Gobierno del Estado que encabeza Diego Sinhue Rodríguez, a quien califican como un político que se olvidó de las víctimas.

‘Creo que el Gobierno del Estado es el responsable de las fallas de la Comisión de Atención a Víctimas. Es imposible que un grupo de 20 personas pueda atender a miles y miles de víctimas en el estado, y un tema que va creciendo todos los días. Estamos hablando que hay pocos abogados que tratan, desde la perspectiva de Hasta Encontrarte y diciendo que vamos a respetar la opinión de otros colectivos, desde Hasta Encontrarte los abogados han hecho lo mejor que han podido, pero no tienen capital humano’, comentó Bibiana Mendoza.

La buscadora de Irapuato declaró que solo una promesa ha cumplido Diego Sinhue Rodríguez: el de no volverse a reunir con las víctimas. La advertencia, dijo Bibiana Mendoza, la lanzó el gobernador durante una reunión privada que sostuvieron cuando estaba el plantón en el Teatro Juárez, en marzo de 2021.

‘Tanto Jaime Rochín como los integrantes de la comisión de víctimas pareciera que tienen la obligación de estar suplicando al Gobierno que pueda liberar el recurso para hacer las transferencias de apoyos alimentarios, para poder hacer llegar los apoyos a las familias’, compartió Paula Rojas.

Aunque la mayoría de los colectivos ven en el gobernador el principal freno para que la CEAIV funcione, también hay otras víctimas que responsabilizan directamente a Jaime Rochín, al asegurar que el comisionado está más preocupado por atender conferencias o dar clases que por atender el cargo público.”

En estas circunstancias, es claro que el Gobierno del Estado de Guanajuato se ha olvidado de las víctimas en un estado plagado de víctimas.

Es urgente fortalecer a la CEAIV

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo plantea que esta Soberanía no cierre los ojos y oídos ante la crisis que están viviendo las víctimas en Guanajuato y que se emita un respetuoso exhorto al gobernador del Estado de Guanajuato para que, a través de la Secretaría Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y de la CEAIV, de manera urgente, se adopten las medidas y políticas necesarias para lograr lo siguiente:

1. Dotar a la CEAIV de recursos presupuestales, materiales y humanos que garanticen la atención digna y eficaz para las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos de fuero común en la entidad;

2. Construir mecanismos de coordinación para que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato coadyuven con la CEAIV, en la atención a las víctimas en la entidad;

3. Emitir una política pública estatal de atención a víctimas que reconozca la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas en la entidad, así como que reconozca la crisis institucional que está atravesando la CEAIV, que funja como hoja de ruta para mejorar la atención a las víctimas;

4. Garantizar que la CEAIV entregue los apoyos a las víctimas en tiempo y forma, con apego a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato;

5. Que la CEAIV garantice la atención de todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a derechos humanos en la entidad, pues no existen víctimas de primera y de segunda categoría; todas son importantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guanajuato para que, a través de la Secretaría Gobierno, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas y de las dependencias y entidades que sean competentes, de manera urgente, se adopten las medidas y políticas necesarias para lograr lo siguiente:

1. Dotar a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de recursos presupuestales, materiales y humanos que garanticen la atención digna y eficaz para las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos de fuero común en la entidad;

2. Construir mecanismos de coordinación para que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Guanajuato coadyuven con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, en la atención a las víctimas en la entidad;

3. Emitir una política pública estatal de atención a víctimas que reconozca la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas en la entidad, así como que reconozca la crisis institucional que está atravesando la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, que funja como hoja de ruta para mejorar la atención a las víctimas;

4. Garantizar que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas entregue los apoyos a las víctimas en tiempo y forma, con apego a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato;

5. Que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas garantice la atención de todas las víctimas de todos los delitos y de todas las violaciones a derechos humanos en la entidad, pues no existen víctimas de primera y de segunda categoría; todas son importantes.

Notas

1. ‘Si violencia persiste, Fondo Estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato será insuficiente’: Jaime Rochín. Periódico Correo. Disponible en

https://www.periodicocorreo.com.mx/vida-publica/si-violencia-per siste-fondo-estatal-de-atencion-a-victimas-de-guanajuato-sera-insuficiente-jaim e-rochin-20230209-67877.html

2. Ídem

3. En Guanajuato rebasa carga de trabajo a Comisión Estatal de Atención a Víctimas, solo tienen 19 abogados y son insuficientes. AM. Disponible en

https://www.am.com.mx/guanajuato/2023/2/10/en-guanajuato-rebasa- carga-de-trabajo-comision-estatal-de-atencion-victimas-solo-tienen-19-abogados- son-insuficientes-646813.html

4. Sin apoyo, Rochín renuncia a la comisión de atención a víctimas antes de terminar periodo. PopLab. Disponible en

https://poplab.mx/v2/story/Sin-apoyo-Rochin-renuncia-a-la-comisi on-de-atencion-a-victimas-antes-de-terminar-periodo

5. Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.