«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, diputada a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo prescrito en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción de colegiaturas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Encuesta Nacional sobre Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través del comunicado de prensa número 709/22, de fecha 29 de noviembre de 2022, consigna que en México “De las y los alumnos inscritos de 3 a 29 años, 89.7 por ciento cursó el ciclo escolar 2021-2022 en escuelas públicas y 10.3 por ciento en escuelas privadas. En educación superior, la población inscrita en escuelas privadas fue mayor al resto de los niveles educativos (25.6 por ciento)”.

“De la población de 3 a 29 años que se inscribió en los ciclos escolares 2020-2021 y 2021- 2022, 1.5 por ciento (444.3 mil) cambió de tipo de sostenimiento de escuela: 54.1 por ciento lo hizo de escuela pública a privada y 45.9 por ciento de privada a pública. En el primer caso, 40.3 por ciento señaló que su principal motivo fue la búsqueda de educación con mejor calidad. Siguió la población que lo hizo por motivos personales, con 26.9 por ciento. De la población que cambió de escuela privada a pública, 33.0 por ciento fue por motivos personales y 30.8 por ciento por el alto costo de la escuela o por estar pagando sin aprovechar la totalidad de las actividades”.

Otro dato interesante, que indica esta encuesta es que “El nivel de educación básica en las escuelas privadas fue el que mostró más asistencia presencial al mes. En este sentido, de las y los inscritos en primaria en escuelas privadas, 70.6 por ciento asistió 11 días, o más, de forma presencial. Por su parte, el porcentaje en las escuelas públicas fue 44.5 por ciento. En secundaria, la asistencia presencial de 11 días o más en escuelas privadas fue de 65.5 por ciento y de 42.3 por ciento en escuelas públicas”. Ello se debe, en gran medida, a la prevalencia de la pandemia por Covid-19, que se encontró vigente durante el periodo de realización de la misma.

En cuanto a las herramientas didácticas utilizadas, la encuesta revela que “Tanto en las escuelas públicas como en las privadas, el material escrito o impreso fue el más utilizado (92.5 y 87.0 por ciento, respectivamente). Los medios audiovisuales se usaron con más frecuencia en las escuelas privadas que en las púbicas (83.8 por ciento frente a 61.7 por ciento, respectivamente)”. En lo que cabe a las herramientas tecnológicas “En escuelas públicas y privadas, la herramienta que más se utilizó fue el correo electrónico o redes sociales, con 67.6 y 73.4 por ciento, respectivamente. Las plataformas virtuales fueron el segundo medio más utilizado en escuelas privadas, con 52.9 por ciento. En las públicas, el segundo medio fue la enseñanza de manera presencial, con 42.7 por ciento”.

Si bien la encuesta puede tener resultados algo sesgados por el periodo en el cual se recabaron los datos (2021), periodo inicial de la post pandemia por Covid-19, lo cierto es que aún en plena pandemia, por mandato constitucional, el derecho a la educación debió ser universal y de excelencia, y obligatoria tratándose de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior.

En este contexto, miles de familias mexicanas hacen un sacrificio enorme año tras año para integrar a sus hijos al sistema educativo privado, con el fin de allegarles las mejores herramientas educativas que ofrece el mercado, así como para hacer frente a la escasez, casi inexistencia, de escuelas de tiempo completo que, en la educación inicial, preescolar y básica, constituye un requisito esencial para que las madres puedan desarrollar alguna actividad laboral.

Las escuelas de tiempo compartido “optimizan el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias: lectura y escritura, matemáticas, arte y cultura, recreación y desarrollo físico, así como los procesos de la inclusión y convivencia escolar. También extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación. Estas escuelas brindan un servicio educativo en los mismos 200 días lectivos que los demás planteles, durante una jornada extendida de entre 6 y 8 horas”.

Cabe recordar que desde 2020 el presupuesto asignado para este tipo de establecimientos fue en disminución y que el programa del Gobierno federal La Escuela es Nuestra, no tuvo el impacto educativo ni presupuestal esperado. Por el contrario, el Gobierno federal eliminó la partida presupuestal de las escuelas de tiempo compartido en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, mismo que fue aprobado por la mayoría del Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados.

Si bien la Cámara de Diputados contempló en el PEF 2023 la asignación presupuestal para este tipo de escuelas, la organización Mexicanos Primero ha advertido que con las reglas de operación publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), los recursos que se otorgan al servicio de horario extendido serán insuficientes puesto que de “el total de los recursos que reciben las escuelas por parte del programa, las comunidades escolares solamente tienen permitido utilizar 21 por ciento del dinero para establecer un horario extendido y en cambios, para la infraestructura y el servicio de alimentación, se permite el uso del 100 por ciento... Esta limitación vuelve inoperante al componente de horario extendido en la mayoría de las escuelas, ya que los recursos no serán suficientes. Además, es contraria a lo establecido por el artículo décimo tercero transitorio del PEF para 2023, el cual establece que al componente de horario extendido le corresponde hasta 21 por ciento del presupuesto total destinado a LEEN, no de lo que recibe cada escuela”.

Asimismo, dentro de las razones de las familias para escoger un sistema privado en desmedro de educación pública, es posible encontrar la prexistencia de condiciones neurológicas, discapacidad física o mental, así como enfermedades de los educandos que no encuentran una respuesta educativa satisfactoria en el contexto público.

Cualesquiera sean las razones por la que los padres optan por un sistema de educación privada, lo cierto es que la familia completa asume una carga impositiva irracionalmente gravosa.

Por otra parte, deberá considerarse que el programa del Gobierno federal de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuyo principal objetivo es “disminuir el nivel de deserción escolar mediante el otorgamiento de becas educativas a niños, jóvenes y adultos que se encuentren inscritos en escuelas públicas y en una situación de vulnerabilidad.”, otorga un apoyo económico de $840.00 pesos mensuales entregados bimestralmente por familia ($1,680.00 pesos bimestrales), por todo lo que dura el ciclo escolar, 10 meses, tratándose de estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, menores de 15 años; apoyo económico de $840.00 pesos mensuales entregados bimestralmente por familia ($1,680.00 pesos bimestrales), en el caso de alumnas y alumnos que cursan la educación media superior en instituciones públicas de modalidad escolarizada (también por 5 bimestres); apoyo económico por un monto mensual de $2,450.00 (10 meses del ciclo escolar), respecto de alumnas y alumnos en condición de pobreza o vulnerabilidad, que vivan en zonas con altos índices de violencia, así como a estudiantes de origen indígena y afrodescendientes, que estén inscritos en alguna institución prioritaria de educación superior del Sistema Educativo Nacional.

Aún cuando se entiende el establecimiento de estas ayudas con el fin de equiparar las desigualdades bases de los estudiantes a lo largo y ancho del país, no es menos cierto que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos y que, por lo tanto, el estado debe garantizar y proteger el efectivo ejercicio de todos los derechos humanos, entre estos el de educación, respecto de todas las mexicanas y mexicanos, con prescindencia de cualquier consideración que conlleve un sesgo discriminatorio.

De igual modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 3, fracción II, letra i) que la educación sea “de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”. Siendo los padres quienes tienen la rectoría educativa de sus hijos, priorizando el interés superior de la niñez y adolescencia, no se entiende por qué no existen deducciones tributarias para aquellas familias que asumen el oneroso costo de un sistema educativo privado, en cualquiera de sus niveles.

A este respecto, deberá tenerse presente que el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no considera el ítem de pagos de servicios educativos privados como deducibles personales a la hora de calcular para el impuesto anual, sin perjuicio de lo cual sí considera para dichos efectos “Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura” (fracción VII). En este sentido, donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición.

Aunado a lo anterior, deberá considerarse que, conforme al Inegi, la inflación tuvo un repunte en enero de 7.91 por ciento (mayor a la de diciembre de 2022 que se ubicó en 7.86 por ciento), lo que demuestra que el alza inflacionaria está lejos de darle un respiro a las alicaídas finanzas de las familias mexicanas. No olvidemos que 2022 terminó con una inflación anual de 7.82 por ciento, el mayor cierre en 22 años.

De la misma forma, resulta necesario destacar que, aun cuando el salario mínimo ha tenido un incremento de 22 por ciento y 20 por ciento durante los últimos 2 años (2022 y 2023, respectivamente), la clase media trabajadora del país, que es la que consume servicios educativos privados, no ha tenido un reajuste real en la percepción de sus salarios puestos que éstos han sido en beneficio único y exclusivo del segmento de la población que, efectivamente, recibe el sueldo mínimo. Ahora, ¿cuántas personas en México reciben un sueldo mínimo? La respuesta es confusa a la luz de las siguientes consideraciones: “La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que la medida beneficiaría a 6.4 millones de trabajadores. Los datos disponibles no son tan claros. Por un lado, tenemos el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del empleo formal. De los más de 21 millones de trabajadores registrados ante el Seguro Social, únicamente 47 mil 284 reportaron ganar hasta un salario mínimo en octubre de este año. Por rangos de salarios, la mayor parte de la población ocupada en el sector formal reporta ganar entre uno y dos salarios mínimos, aproximadamente 12 millones de trabajadores.

Esos datos, a pesar de ser registros administrativos, tampoco reflejan la realidad con precisión porque una práctica común entre los empleadores es registrar a los trabajadores con un salario menor al que verdaderamente perciben, pagándoles otro tipo de compensaciones. Además, aunque los registros del IMSS señalen los ingresos en rangos de salarios mínimos eso no significa que los contratos laborales, en sí, estén referenciados a esa unidad, por lo que de darse aumentos en el mínimo no necesariamente se ajustarían los contratos en esa proporción”.

Conforme el estudio Cuantificando la clase media en México, realizado por el Inegi, durante 2020, en México la clase media corresponde a “47 millones 201 mil 616 personas, mientras que la clase baja continúa siendo la más numerosa con 78 millones 536 mil 236 personas... En el ámbito urbano, la clase media gana 23 mil 451 pesos mensuales en promedio; mientras que en un entorno rural gana 18 mil 569 pesos. La clase baja obtiene hasta 12 mil 977 pesos mensuales en las ciudades y apenas 9 mil 313 pesos mensuales en el campo. En México, la clase alta sólo se encuentra en entornos urbanos”.

A través de las consideraciones precedentes, es posible advertir que el panorama económico para todas las familias mexicanas es totalmente adverso. Cualquiera sea el estrato social al que se pertenece, el ciclo del nivel educativo, o la elección del sistema educativo, nuestras familias se encuentran en una simbiosis de pierde/pierde. Sea por la inexistencia de una oferta educativa pública factible para el desarrollo de una actividad lucrativa por parte de los sostenedores familiares, por el incremento imparable de la inflación, por los aún persistente efectos económicos, políticos y/o sociales de la pandemia, o la deficiencia misma del sistema de educación pública nacional (en cuanto a conocimientos, herramientas y pedagogías, entre otros), las políticas públicas siguen perpetuando la desigualdad y arbitrariedad en el trato de nuestros educandos, exacerbando la polarización social y lacerando, mes con mes, el presupuesto familiar de miles de familias mexicanas.

Por ello resulta vital importancia que los legisladores, en nuestro ámbito de competencias y atribuciones, canalicemos mecanismos que permitan aminorar la debacle económica en la que se encuentra sumido el país.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto incluir, expresamente, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un estímulo fiscal para las personas físicas, consistente en la deducción del cien por ciento de los pagos por servicios de enseñanza en los términos descritos en la propuesta de decreto, y bajo las condiciones en él establecidas las que, básicamente, tiene que ver con el grado de parentesco del contribuyente y el educando, la forma de pago del servicio, el concepto del mismo (se incluye el pago de inscripción o reinscripción, matrícula, por ser éste un requisito básico para acceder a los servicios educativos privados, en cualquiera de sus niveles), y el tipo de institución privada que podrá otorgar el servicio educativo que está sujeto a este beneficio tributario, en los términos de la Ley General de Educación.

No debemos olvidar que la recaudación de impuestos es el instrumento más importante de política fiscal de un país, y que en la eficiencia del mismo, se debate no sólo lo el monto de lo recaudado sino, también, la eficiencia y eficacia de su inversión.

Finalmente, sin perjuicio que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe la gratuidad en materia educativa, la realidad del contexto nacional es que a consecuencia de la pandemia y de las malas políticas públicas de los últimos sexenios, han orillado a miles de familias mexicanas a demandar servicios educativos privados, en todos sus niveles. Las familias hacen lo que sea para invertir en servicio educativos, en el afán que sus hijos tengan una mejor calidad de vida, tanto en el presente como en el futuro. Para el estado invertir en educación, en cualquiera de sus formas, significará, a largo plazo, asegurar un crecimiento económico y social que tenga un impacto real en el PIB nacional y en una sociedad en la que impere el bienestar social.

El cuadro que a continuación se presenta, sintetiza en qué consiste la adición de una fracción IX, al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta propuesta:

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo prescrito en el párrafo primero, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción de colegiaturas

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX; y se reforma el párrafo final del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. Los pagos por servicios educativos realizados a instituciones privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez, por la impartición de enseñanza básica, media superior y superior, en los términos de la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta, y que hayan tenido por objeto cubrir, únicamente, los servicios correspondientes a los programas y planes de estudio autorizados para el nivel educativo de que se trate, como las cuotas de inscripción o reinscripción, por ser éstas requisito básico anual para la prestación del servicio.

Para los efectos de esta fracción, los pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. De esta forma, el contribuyente comprobará, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones educativas privadas residentes en el país.

Asimismo, las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza del alumno, de inscripción o reinscripción, en su caso.

Los pagos por servicios de enseñanza referidos en esta fracción serán deducibles al 100%.

...

...

...

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, o de 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción V y IX de este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-mas-sobre-las-escuelas-de-tiempo-comple to

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reglas-de-operacion-de-la-Escuela-es-N uestra-dificultaran-operacion-de-escuelas-de-tiempo-completo-alerta-Mexicanos-P rimero-20230110-0095.html

3 https://becas-mexico.mx/2020/becas-para-el-bienestar-benito-juarez/

4 https://www.gob.mx/conasami/es/articulos/incremento-a-los-salarios-minimos-para -2022?idiom=es

5 https://imco.org.mx/cuantas-personas-ganan-el-salario-minimo-en-mexico/

6 https://www.radioformula.com.mx/economia/2022/12/29/dime-cuanto-ganas-te-dire-q ue-clase-social-perteneces-segun-el-inegi-723321.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Eduardo Zarzosa Sánchez, Fabiola Rafael Dircio, Jazmín Jaimes Albarrán, Miguel Sámano Peralta, Olga Luz Espinosa Morales, Sergio Barrera Sepúlveda, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa qu reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para establecer el estímulo fiscal de alimentación y salud como parte del plan emergente contra la inflación, suscrita por la diputada Patricia Terrazas Baca y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer el estímulo fiscal de alimentación y salud como parte del Plan Emergente contra la Inflación.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los términos expuestos en la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

La Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares de 2020 identificó que el gasto en salud se incrementó por parte de los mexicanos en 40.5 por ciento. En 2018 sólo 16.2 por ciento de la población señaló que no tenía acceso a servicios de salud, para 2020, el porcentaje de la población se elevó a 28.2 por ciento sin acceso a servicios de salud (https://imco.org.mx/los-gastos-de-los-mexicanos).

Por otro lado, el aumento en la inflación de los últimos dos años y que persiste afecta de manera negativa a quienes menos tienen, en los últimos años los precios de los alimentos han sido mayores a la inflación general.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad las familias mexicanas con menores ingresos destinan 50 por ciento de su ingreso para alimentos, en cambio, las familias más ricas, sólo 28 por ciento.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de las encuestas nacionales de ocupación y empleo, el salario promedio mensual de la población ocupada en su rango más alto se encuentra en 9 mil 311.80 pesos para el sector formal y de tan sólo 4 mil 544.10 pesos para quienes laboran en el sector informal.

Gráfica 4 Ingreso Laboral real promedio de la población ocupadaSegún situación de formalidadTercer trimestre 2021-Tercer Trimestre 2022(pesos a precios de 2020)

Fuente: Elaborado por Coneval con base en ENOE y la ENOE nueva edición.

Esta situación afecta indudablemente a los mexicanos que menos recursos tienen, en el periodo de enero de 2019 a diciembre de 2022 los principales alimentos sufrieron un incremento de 18 a 130 por ciento, como se puede observar en la tabla que se acompaña y que se obtuvo de la información que recaba la Procuraduría Federal del Consumidor.

Productos como el huevo han incrementado su precio 40 por ciento en la ciudad en donde se tiene el menor precio y en 118 por ciento en las ciudades en donde el precio del huevo se compra más caro. Lo mismo sucede con el aceite de canola, que tanto en su menor y mayor precio, éste se ha incrementado en más de cien por ciento.

En la actual administración la inflación se ha descontrolado, a pesar de los programas que se han implementado para controlarla, tales como el Paquete contra la Inflación y la Carestía y el decreto publicado el 6 de enero 2023 por el que se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan facilidades administrativas a diversas mercancías de la canasta básica y de consumo básico de las familias.

En los dos años previos y el inicio de 2023, la inflación general ha estado cercana a 8 por ciento anual, sin embargo, los alimentos han incrementado su precio en un porcentaje mucho mayor.

En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, quienes concluyen que la disminución de los productos que integran lo que se denomina la Canasta Profeco sólo ha logrado contener, en algunos productos, marginalmente la inflación (https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/boleco/2023/becefp0032023.pdf), tal como se puede observar en la tabla preparada por el citado centro en donde se observa el incremento desmesurado de los precios a nueve meses de que el Gobierno federal implementó sus programas.

Por lo anterior, es necesario implementar apoyos destinados a la mayoría de la población, máxime que sólo 2 por ciento de los mexicanos gana más de 18 mil pesos mensuales, lo cual, indudablemente nos muestra una gran brecha laboral y de ingresos.

En consecuencia, los mexicanos que menos ganan y que destinan más de 50 por ciento de su ingreso para alimentos en adición a los gastos de medicamentos, requieren que el Estado de manera subsidiaria implemente programas de apoyo, no sólo presupuestales sino de estímulos fiscales.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera que debe promoverse la compra de alimentos y medicinas no sólo en las grandes tiendas de autoservicio, sino en todos los comercios propiedad de emprendedores mexicanos que encontramos en las esquinas de las colonias y pueblos del país.

Por ello, proponemos la incorporación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta de un Capítulo XIII al Título VII De los Estímulos Fiscales, denominado Del estímulo fiscal para impulsar la alimentación y la salud, para incorporar al marco tributario un estímulo fiscal equivalente a 20 por ciento de los gastos en alimentación y salud que realicen las mexicanas y mexicanos, el cual será acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta que determinen en sus pagos provisionales, así como contra las retenciones por sueldos y salarios calculadas por los patrones y en su declaración anual, teniendo como límite mensual de 6 mil pesos.

Para tales efectos, los trabajadores y los contribuyentes personas físicas que tributen en otros regímenes fiscales, deberán realizar dichos gastos en establecimientos que emitan un comprobante fiscal digital por internet, de tal suerte que se impulsa a los comerciantes que están en la informalidad a sumarse a la formalidad y contribuir al gasto público.

Por otro lado, se pretende que se tenga derecho al estímulo fiscal para alimentación y salud al cien por ciento de los gastos realizados en establecimientos que no pertenezcan a las grandes cadenas de autoservicio y será de 70 por ciento cuando los comprobantes fiscales digitales que se presenten sean emitidos por dichas cadenas de autoservicio.

Mediante esta propuesta se apoya de manera inmediata a los mexicanos que participan con el pago de sus impuestos en el gasto público y que no son beneficiados por ningún programa gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capítulo XIII al Título VII De los Estímulos Fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, denominado Del estímulo fiscal para impulsar la alimentación y la salud, con los artículos 216 a 219

Primero: Se adiciona un capítulo XIII Del estímulo fiscal para impulsar la alimentación y salud al Título VII De los Estímulos Fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con los artículos 216 a 219 para quedar como sigue:

Título VIIDe los Estímulos Fiscales Capítulo I al Capítulo XII Capítulo XIIIDel Estímulo Fiscal para Impulsar la Alimentación y Salud

Artículo 216. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas del Impuesto Sobre la Renta que tributen en los Capítulos I, secciones I y II del Capítulo III y Capítulo III del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que realicen gastos para alimentación y salud para sí mismos o para sus ascendientes o descendientes en línea recta.

El estímulo fiscal consiste en aplicar un crédito fiscal equivalente a 20 por ciento de las erogaciones que realicen para la adquisición de alimentos y medicamentos en un mes calendario hasta un monto mensual equivalente a 6 mil pesos.

Para los contribuyentes que tributen en el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el estímulo fiscal consistirá en disminuir del impuesto sobre la renta que se determine en los términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el crédito fiscal equivalente al 20 por ciento de los gastos mensuales realizados en la adquisición de alimentos y de medicamentos en beneficio propio y de sus ascendientes y descendientes en línea recta.

Para tales efectos, el contribuyente deberá solicitar el comprobante fiscal digital por internet en la compra de alimentos y medicinas realizadas a residentes en México y proporcionar a la persona que esté obligada a realizarle las retenciones dentro de los primeros cinco días siguientes al mes en que se realizaron las erogaciones.

Quienes hagan los pagos a que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, deberán calcular, con base en los comprobantes citados en el párrafo anterior, el importe equivalente a 20 por ciento de los gastos erogados por el empleado, dicho importe deberá disminuirlo del Impuesto Sobre la Renta que determine a cargo del trabajador, en caso de que el monto determinado conforme a este párrafo sea mayor al impuesto sobre la renta del trabajador, no se deberá realizar retención alguna. La diferencia no disminuida podrá disminuirse en las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador que se determine en los meses siguientes hasta agotarse.

Para efectos del párrafo anterior, el monto máximo a disminuirse en un mes calendario será de 6 mil pesos, la parte mensual que exceda al citado monto no podrá disminuirse en el futuro. Para tener derecho al cien por ciento del estímulo fiscal, los comprobantes fiscales digitales deberán ser emitidos por contribuyentes que no estén catalogados como grandes cadenas de autoservicio, al efecto, el Servicio de Administración Tributaria deberá difundir los nombres de los contribuyentes que se consideren como grandes cadenas de autoservicio.

Cuando los comprobantes fiscales digitales por internet hubieren sido emitidos por las grandes cadenas de autoservicio sólo se tendrá derecho a 70 por ciento del estímulo fiscal a que se refiere el segundo párrafo de este artículo.

Artículo 217. Los contribuyentes que tributen en las secciones I y II del Capítulo III y en el Capítulo III del Título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el estímulo fiscal a que se refiere este capítulo podrá disminuirse del impuesto sobre la renta a su cargo en el pago provisional al que estén obligados a realizar en los términos de su correspondiente capítulo.

Cuando el pago provisional sea menor a 6 mil pesos, no existirá impuesto sobre la renta a pagar, y la diferencia existente entre el monto acreditado contra el pago provisional y el límite mensual del estímulo, podrá disminuirse en los meses siguientes o en la declaración anual del ejercicio de que se trate.

Artículo 218. Para efectos de la declaración anual del ejercicio en que se realicen los gastos de alimentos y medicamentos, los contribuyentes mencionados en los artículos 2016 y 2018 podrán disminuir la suma del estímulo fiscal aplicado en cada uno de los meses del ejercicio de que se trate contra el Impuesto Sobre la Renta anual que les corresponda.

Para los efectos del artículo 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las personas obligadas a realizar el cálculo del impuesto anual, deberán de disminuir del Impuesto sobre la renta anual calculado a cargo de los trabajadores la suma del estímulo fiscal que se hubiera disminuido en las retenciones a cargo de los trabajadores durante el ejercicio de que se trate.

Artículo 219. El estímulo fiscal a que se refiere este capítulo no será un ingreso acumulable para el contribuyente.

Cuando en un ejercicio, el crédito fiscal determinado sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los cinco ejercicios fiscales siguientes hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no acredite la diferencia pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a acreditarlo en ejercicios posteriores.

El estímulo fiscal a que se refiere este capítulo podrá aplicarse conjuntamente con otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicando en el Diario Oficial de la Federación el presente decreto, el Servicio de Administración Tributaria contará con un plazo de 15 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para publicar la lista de contribuyentes que se consideran como grandes tiendas de autoservicio, y que serán aquellas que tengan ingresos acumulables en el ejercicio fiscal de 2021 mayores a 100 millones de pesos.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público substanciará y resolverá los procedimientos presupuestarios a que da lugar el presente proyecto en términos de las disposiciones en la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente a la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Elizabeth Pérez Valdez, Fabiola Rafael Dircio, Jazmín Jaimes Albarrán, Miguel Sámano Peralta, Olga Luz Espinosa Morales, Sergio Barrera Sepúlveda, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 66, 68, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa, con la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa rescata la propuesta presentada en la LXIV Legislatura por las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán, Dulce María Sauri Riancho y el diputado René Juárez Cisneros, propuesta que hoy continua vigente y que a la luz de la reciente discusión en materia de las constitucionalidad y convencionalidad que se está realizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la figura de la prisión preventiva oficiosa y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se encontró al Estado Mexicano como responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva, resulta necesario volver a retomar dicha iniciativa para que sea turnada a las Comisión de Puntos Constitucionales y sea considerada en la discusión que estoy segura este Poder Legislativo deberá realizar para avanzar en la progresividad y defensa de los derechos humanos de nuestro país.

De igual forma, se rescata la iniciativa del diputado César Camacho Quiroz de la LXIII Legislatura, para eliminar del texto constitucional la figura del arraigo, misma que en su momento fue dictaminada en la Cámara de Diputados el 26 de abril del 2018 y cuyo proceso legislativo quedo inconcluso.

En 2019 se realizaron varias reformas al artículo 19 constitucional con la finalidad de ampliar el catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa. Si bien el planteamiento de dicha reforma era incorporar únicamente los delitos de uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, durante la discusión en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados se incorporaron más delitos a dicha lista. Así, desde la reforma del 2008 hasta la nueva redacción aprobada en 2019 los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa han ido en aumento como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Recientemente la revisión de una acción de inconstitucionalidad respecto de las reformas para sancionar los delitos de defraudación fiscal y compraventa de facturas como delincuencia organizada haciéndolos susceptibles de prisión preventiva oficiosa generó que el ministro Luis María Aguilar presentará ante el Pleno de la (SCJN) un proyecto que busca establecer la inaplicabilidad de dicha figura y determinar que ésta es contraria de derechos humanos y atenta contra el principio de presunción de inocencia.

Esta discusión se dio en un contexto en donde en nuestro país 4 de cada 10 presos están en prisión preventiva, es decir, más de 92.000 personas están en prisión a la espera de recibir una sentencia. Diversas organizaciones señalan que el uso de la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una regla en nuestro país abriendo la puerta a la impunidad y a la violación reiterada de los derechos humanos de las personas acusadas.

Ante los tiempos violentos y de inseguridad en los que vivimos por el fracaso de la política de seguridad pública y en donde el crimen organizado avanza cada vez más, esta medida cautelar ha sido defendida por el propio Poder Ejecutivo el cual incluso desde la conferencia mañanera amago con señalar a los ministros que voten a favor de la inaplicabilidad de esta figura.

Desafortunadamente, durante la discusión en la SCJN no se alcanzaron los votos para expulsar del marco constitucional la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, por lo que dicho proyecto fue desechado, sin embargo, las y los ministros votaron por mayoría que los delitos fiscales no son una ataque a la seguridad nacional de México por lo que no se les puede aplicar prisión preventiva oficiosa, pero si la prisión preventiva justificada al analizar cada caso en concreto.

Sin duda alguna este debate se transforma en un intento de corregir el rumbo del país en materia de derechos humanos y que si bien no alcanzó los votos requeridos, la semilla ha sido sembrada y corresponde dar la batalla ahora desde el Poder Legislativo para expulsar esta medida del texto constitucional y transitar a la prisión preventiva justificada.

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs México

El pasado 27 de enero fue publicada la sentencia de la CIDH sobre el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs México, en la que se declaró que el estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

De conformidad con la sentencia “Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada. Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas”.

En ese sentido, la sentencia de la CIDH abordó el análisis de la figura del arraigo y de la prisión preventiva.

• Con respecto al arraigo, La CIDH consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada. Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

• En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

Debido a las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación:

a) Dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal;

b) Adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva;

c) Realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial;

d) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional;

e) Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y

f) Pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.

En consecuencia, y derivado de la importancia de esta sentencia, considero fundamental rescatar los argumentos vertidos en la iniciativa presentada por mis compañeras las diputadas Mariana Mier y Terán, la diputada Dulce María Sauri y mi coordinador Rene Juárez integrantes de la legislatura pasada los cuales están más vigentes que nunca y que estoy segura servirán para impulsar y abonar en el debate ineludible que tendremos que tener próximamente en el Congreso en torno a la revisión de la prisión preventiva oficiosa.

Argumentos vertidos en la iniciativa presentada en la LXIV Legislatura en materia de prisión preventiva justificada.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que la prisión preventiva oficiosa es una medida claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Estado mexicano es parte y, de igual forma, dicha medida tiene un carácter punitivo que agudizaría la trasgresión al bloque de constitucionalidad que nos rige, toda vez que la prisión preventiva oficiosa no solamente viola y vulnera derechos, sino que además afecta el buen funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de seguridad pública.

En el contexto de una crisis de seguridad, como la que afecta diversas entidades federativas, resulta ingente para el Estado garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos. En este sentido es que el derecho de acceso a la justicia cobra una importancia mayúscula dado que, en sí mismo, constituye un derecho multigarante, es decir, un derecho que garantiza otros derechos.

Este fue el espíritu que albergó las modificaciones constitucionales que dieron origen al sistema de justicia penal acusatorio que, entre otras cosas y por vez primera en nuestro texto fundamental, consignó el principio de presunción de inocencia como uno de los pilares elementales de los derechos humanos. No obstante, el recrudecimiento de la violencia en el territorio nacional obligó a los legisladores a establecer un régimen de excepción para determinados delitos, principalmente relacionados con la delincuencia organizada, que le permitieran al Estado y a las instituciones de procuración e impartición de justicia actuar de manera inmediata para evitar mayores daños a la sociedad.

Este régimen de excepción contempló, entre otras cosas, el establecimiento de un catálogo de delitos que pudieran ser investigados y procesados teniendo bajo prisión preventiva a quien el Ministerio Público considerara como probable imputado, para lo cual, desde el texto constitucional se ordenó a la autoridad judicial que la dictase de manera oficiosa. Señala el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara a esta reforma que:

...por cuanto hace a las medidas cautelares, la más drástica, es decir la prisión preventiva, suele ser empleada como regla, el mismo muestreo arroja una cifra alarmante: 82 por ciento de los procesados lo está por delitos patrimoniales y por montos menores de 5 mil pesos. Ello, además de la evidente afectación que genera al imputado, también se traduce en la afectación de su entorno social más cercano y a la inevitable vulneración de otras importantes garantías...

En cuanto a la prisión preventiva, se pretende que sólo pueda aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos...

Es decir, el legislador, aun reconociendo que la prisión preventiva vulnera diversos derechos humanos decidió incluir este catálogo. Como consecuencia, nuestro país ha sido objeto de diversas recomendaciones y observaciones por parte de organismos, nacionales e internacionales, de derechos humanos para limitar, o incluso desaparecer esta figura. Estas observaciones han presentado una constante: la prisión preventiva oficiosa constituye, en los hechos, una pena sin juicio que vulnera:

a) “El derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, dado que “al ser una medida de aplicación automática por el tipo de delito por el que se procesa a la persona y sin atender a las circunstancias concretas, trastoca la naturaleza de la prisión preventiva, transformándola de una media cautelar de naturaleza procesal a una medida punitiva. La prisión preventiva oficiosa, al anticipar la barrera de punición del derecho penal en función del delito motivo del proceso, de facto convierte a la prisión preventiva en una pena anticipada, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Materialmente hablando, no hay una distinción entre la privación de la libertad por motivo de la prisión preventiva y la privación por motivo de una sentencia condenatoria; por lo tanto, la imposición mecánica de la prisión preventiva atendiendo al tipo de delito es violatoria del principio de presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal”.

b) La independencia judicial, así lo ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que “cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por lo tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque se está ‘codificando’ por vía legislativa el debate judicial; y por tanto, limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo con las características del caso específico”.

c) El derecho a la integridad personal, dado que la prisión preventiva oficiosa provoca un incremento en el número de personas que se encuentran en prisión, provocando hacinamiento y vulnerando sus derechos a la salud, al agua, a una buena alimentación entre otros, situación que, en nuestro país, es por demás alarmante.

d) El principio de igualdad ante la ley, “que redunda en el menoscabo del ejercicio de derechos en el marco del procedimiento penal... ya que la distinción que la genera no encuentra fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que puede considerarse que, desde un criterio estricto de convencionalidad, la prisión preventiva oficiosa constituye una práctica discriminatoria”.

La vulneración de estos derechos conlleva, en términos de la arquitectura institucional que México ha diseñado en términos de seguridad pública y ciudadana, una desviación de los principios fundamentales de la elaboración de políticas públicas al establecer salidas falsas que no permiten la elaboración de un diagnóstico acertado y la construcción de políticas que, de manera eficiente, realmente coadyuven en la resolución de los problemas de seguridad y, consecuentemente, de procuración de justicia.

La prisión preventiva oficiosa promueve desviaciones dentro de la dinámica interna de las instituciones de procuración e impartición de justicia, al establecer incentivos negativos hacia la actuación profesional de sus integrantes. Esta situación habría sido ya advertida por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando señaló:

“El grupo de trabajo nota que el artículo 19 de la constitución actual requiere que los jueces impongan prisión preventiva automática en aquellos casos de “delitos graves que determine la ley, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”. El grupo de trabajo considera que este requisito es demasiado amplio, contrario al requisito del artículo 9, párr. 3 [del pacto internacional], al que el Comité de Derechos Humanos ha hecho referencia, donde indicó que los factores relevantes para determinar si es razonable y necesario imponer una prisión preventiva no deben incluir expresiones vagas ni estándares indeterminados como la “seguridad pública”.

Lo anterior nos lleva a confirmar que, si con anterioridad ya se afirmaba que las disposiciones constitucionales relativas a la prisión preventiva oficiosa resultaban inconvencional, una ampliación del catálogo contenido en este artículo únicamente contribuirá al agravamiento de la situación.

Como lo ha sostenido el ministro Arturo Zaldívar, “en un verdadero estado de derecho no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia, por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en la que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria”.

La libertad personal es uno de los derechos humanos más valiosos pues entraña la posibilidad de que las personas organicen, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus opciones y convicciones.

En razón de lo anterior, históricamente se ha considerado que su restricción es una medida razonable de reacción estatal para prevenir o castigar la lesión de otros bienes jurídicos, en el entendido de que esa simple amenaza podría incidir en la decisión de las personas frente a la posibilidad de cometer algún ilícito. Sin embargo, el modelo descrito ha demostrado ser ineficaz para cumplir con ese objetivo, por lo que un nuevo paradigma, fundamentado en los derechos humanos, ha impulsado, con poco éxito, minimizar las restricciones a la libertad para privilegiar la reinserción frente a la restricción.

En efecto, respecto al tema de prisión preventiva el Estado mexicano recibió una primera recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) desde 1998, en la cual se estableció que dicha medida cautelar, como regla de aplicación general en los procesos penales, es contraria a las normas de la Convención Americana, porque viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Por ello se consideró que el texto constitucional, vigente en ese momento y hasta el día de hoy —que restringe la prisión preventiva a los casos de delitos sancionados con pena corporal—, no era un régimen alentador ni protector.

El órgano internacional recomendó que la prisión preventiva debía restringirse a los casos particulares donde así lo aconsejen las condiciones individualizadas, junto con la amenaza fundada contra la sociedad y el orden público. Pero que en todo caso, mencionó, debe tenderse a la agilización de los procesos penales, al mejoramiento de las condiciones de los centros de detención y a una revisión periódica de la detención.

Esa recomendación se encuentra reforzada con los criterios interpretativos brindados por diversos órganos internacionales. Así, el Comité de Derechos Humanos ha expresado que en ciertas circunstancias la detención preventiva puede ser incongruente con la presunción de inocencia, por ejemplo, cuando se aplica automáticamente o cuando su duración es excesiva.

Como sociedad, nos encontramos preocupados por la situación actual de violencia, inseguridad e impunidad que enfrenta el país, así como por la latente restricción de derechos a la que equivocadamente —pero de manera frecuente— se recurre con la finalidad de brindar seguridad, desarrollando la presente iniciativa en aras de atender ambos reclamos sociales.

La crítica situación de violencia e impunidad que vive el país requiere acciones urgentes. En ese sentido, si bien desde hace más de una década en México se ha trabajado en la construcción de un sistema de justicia penal más efectivo, justo y transparente, todavía estamos frente a un sistema en proceso de maduración que ha empezado a reflejarse en beneficios para la ciudadanía.

A más de 11 años de reformas constitucionales en materias de seguridad y justicia penal (2008) y, a más de tres años de la entrada en vigor en todo el país del sistema acusatorio (2016), la sensación generalizada de la ciudadanía es que el sistema no ha cumplido con las expectativas ciudadanas y no ha arrojado los resultados esperados.

Sin duda, el sistema de justicia penal aún es incipiente y es necesario fortalecerlo, para lo cual, se han desplegado soluciones desde diferentes ámbitos: capacitación a operadores; innovaciones de la gestión institucional; difusión de derechos de la ciudadanía y conocimiento del sistema de justicia o, incluso, ajustes complementarios al marco normativo. Para cada área de oportunidad que aún tiene el sistema de justicia penal acusatorio es necesario evaluar objetivamente la problemática para estar en condiciones de realizar los ajustes que sean necesarios.

No obstante los esfuerzos realizados, sigue vigente la preocupación respecto a la llamada “puerta giratoria”, que se refiere a que quienes delinquen son detenidos pero salen libres por violaciones al debido proceso o a sus derechos humanos; a que la víctima es a quien se le deja la carga de la prueba al momento de enjuiciar al delincuente; que el sistema es demasiado laxo y, en general, diversas autoridades han justificado los brotes de violencia e inseguridad por motivo de las fallas y mal funcionamiento del sistema acusatorio.

Sin duda, la “puerta giratoria” ha sido la idea que más ha permeado en la ciudadanía, en los medios de comunicación y en el discurso de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y de los tres poderes con el fin de ilustrar estas deficiencias. La “puerta giratoria” desafortunadamente ha sido una interpretación simplista —a problemáticas más complejas— que construye, cada vez más, la idea de ineficiencia del sistema, siendo este el escenario más propicio para proponer medidas de corte populista penal, por ejemplo, el incremento a las penas, la tipificación de nuevos delitos, abrir las posibilidades a las hipótesis de flagrancia así como proponer la incorporación de nuevos tipos penales en el catálogo del artículo 19 constitucional, es decir, imponer a más delitos prisión preventiva oficiosa o prisión en automático.

Desafortunadamente, ninguna de las medidas punitivas es ni será una ruta viable para combatir la impunidad, reducir la criminalidad, asegurar que quienes cometan delitos cumplan con una condena, ni mucho menos para garantizar seguridad a la ciudadanía.

Durante los últimos años, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han presentado iniciativas para incorporar más tipos penales al catálogo del artículo 19 constitucional, tales como: delitos en materia de hidrocarburos, delitos electorales, hechos de corrupción, en materia de armas de fuego y explosivos, feminicidio, violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, entre otros.

Es también desafortunado el hecho que a esta reforma se le ha identificado como la reforma de los “delitos graves”; en ello también es fundamental señalar que el artículo 19 constitucional tiene como propósito establecer los delitos de prisión preventiva oficiosa y no la categoría de “delitos graves”, lo cual, también ha creado una idea equivocada de la reforma y falsas expectativas en la ciudadanía sobre el combate a estos fenómenos delincuenciales. Otra cuestión que también ha sido tergiversada respecto a la medida cautelar de prisión preventiva es que solo se puede imponer en los delitos del catálogo del artículo 19 constitucional, pero la realidad es que la prisión preventiva puede imponerse en todos los delitos que tengan como pena la prisión lo cual tiene fundamento en el propio artículo 19 y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Si bien el sistema de justicia penal —en su fase de investigación inicial— tiene un problema de “puerta giratoria”, éste no corresponde al problema que atañe a las medidas cautelares, como la prisión preventiva. El problema de ingreso y egreso inmediato de las personas que son detenidas, no debería atenderse por la vía de las medidas cautelares —que deben ser decisiones judiciales— sino por la vía de las decisiones que toma el Ministerio Público desde el momento en que el primer respondiente pone a un detenido a su disposición.

En pocas palabras, el problema de la “puerta giratoria” se encuentra en las decisiones que toma el Ministerio Público, no en las resoluciones que hace el juez en audiencia respecto a las medidas cautelares.

El problema de la detención y puesta a disposición: la puerta giratoria

La percepción de impunidad en la ciudadanía, así como el problema de entrada y salida inmediata de las personas que ingresan en el sistema, es en efecto la puerta giratoria. Esta expresión se ha utilizado para describir la situación que prevalece en varias fiscalías del fuero local, debido a que cuando una persona es detenida en flagrancia y la policía pone a dicha persona a disposición del Ministerio Público, sucede que el Ministerio Público discrecionalmente decide a cuáles personas retiene y presenta en audiencia inicial y a cuáles libera por el supuesto de que posteriormente serán citadas para comparecer a la audiencia.

La decisión del Ministerio Público de presentar ante el juez o liberar a las personas detenidas tiene como parámetro el ejercicio de los derechos humanos de las mismas, sin embargo, la autoridad ministerial cuenta también con un alto grado de discrecionalidad, carece de criterios normativos o institucionales, al igual que de controles y contrapesos. No existe disposición alguna o mecanismo que, por un lado, provea al Ministerio Público de una guía para orientar la toma de decisiones sobre liberar o llevar ante el juez a los detenidos.

Por otro lado, tampoco hay mecanismos o lineamientos específicos que puedan evaluar estas decisiones. En algunos estados, la liberación de imputados en sede ministerial ha llegado a ser incluso de 86 por ciento. Un hecho aún más grave, es que, en la mayoría de estos casos la persona detenida y después liberada no es llamada por el Ministerio Público para comparecer a audiencia, no se inicia proceso penal alguno, el asunto queda archivado y peor aún, se obstaculiza en su totalidad el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas. Sin duda se reconoce el clamor de la ciudadanía y el descontento ante el sistema de justicia existiendo esta problemática.

En otras palabras, una vez que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público, deberá decidir en un plazo de retención no mayor a cuarenta y ocho horas de acuerdo con la Constitución, si libera a la persona o la lleva ante el juez de control y hace ejercicio de la acción penal. Se insiste, más allá del plazo establecido en la Constitución, no existen parámetros específicos que orienten la decisión del Ministerio Público dando, en efecto, lugar a la citada problemática de la puerta giratoria.

La interpretación que se ha dado a esta disposición de plazo constitucional con relación al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales consiste en que si el Ministerio Público o fiscal imputará por un delito de los no previstos en el artículo 19 constitucional, o solicitará una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, invariablemente dejará en libertad al imputado y lo citará para que después se presente ante el juez, aun cuando la detención haya sido en flagrancia, en vez de que la detención de inmediato sea objeto de control judicial.

Esta interpretación ha propiciado que personas detenidas al momento de cometer un delito sean liberadas como consecuencia de esta potestad del Ministerio Público, que consiste en poder imputar (judicializar) o no un delito del catálogo del artículo 19 constitucional y para el resto de los delitos igualmente decidir por sí mismo, sin control judicial, si va a pedir o no medida cautelar de prisión preventiva. En el fuero federal el porcentaje de judicialización es de 10.7 por ciento.

La prisión preventiva oficiosa: una falsa salida

El sistema de justicia penal, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, debe garantizar la libertad personal contenida en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que se refiere a los “derechos a la libertad y seguridad de la persona y la inmunidad frente al arresto o detención arbitraria”, así como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que se refiere a las “garantías judiciales”, donde se establece el derecho a la presunción de inocencia en tanto no se establezca la culpabilidad del imputado mediante una sentencia condenatoria.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas claramente ha señalado que “la prisión preventiva es una medida cautelar aceptada en el derecho internacional y que puede imponerse en el marco del procedimiento penal, a fin de evitar ciertos riesgos procesales”; esto es, el peligro de fuga, el riesgo para la víctima u obstaculización para el desarrollo del proceso. Así pues, como medida cautelar, es dable que la prisión preventiva se imponga bajo los principios de proporcionalidad y necesidad, en tanto el juez de control evalúe las condiciones socio ambientales del imputado y así decida cuál sería la medida cautelar más adecuada para el caso concreto.

El 13 de febrero de 2019, en Sucre, Bolivia, durante el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano fue llamado a comparecer ante dicha comisión para tratar el tema de prisión preventiva oficiosa y la preocupación nacional e internacional que se suscitó respecto a las iniciativas presentadas en la LXIV Legislatura, que lejos de eliminar dicha medida amplían el catálogo de delitos objeto de la misma y compromete al Estado mexicano por incumplimiento de estándares internacionales y observaciones en la materia ante instancias internacionales.

En la sesión citada, se expuso que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia; el derecho a audiencia; la contradicción; la progresividad; la inmediación y la independencia judicial, por mencionar algunos.

Además, el abuso de la utilización de la prisión preventiva tiene un alto costo por varios de sus efectos perniciosos, tales como

• Criminaliza la pobreza: casi 40 por ciento de la población privada de libertad se encuentra en espera de un juicio y 73 por ciento de ella son personas de escasos recursos.

• Agrava la sobrepoblación penitenciaria, actualmente la saturación se halla en 124 por ciento de su capacidad y se agudiza en 5 por ciento por cada delito de prisión automática que se adicione.

• Obstaculiza la justicia, entorpece la investigación criminal.

• Implica un elevado impacto presupuestal: 2 mil millones de pesos anuales por cada delito que se adiciona como susceptible de prisión preventiva oficiosa.

El artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, entre otras, como posibles medidas cautelares, además de la prisión preventiva: la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; la prohibición de salir sin autorización del país, de una localidad o del ámbito territorial que fije el juez; el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; la separación inmediata del domicilio; la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; la colocación de localizadores electrónicos; y el resguardo en el domicilio del imputado.

Una figura que ha sido por demás novedosa en el marco de la implementación de la reforma procesal penal ha sido la correspondiente a las Unidades de Medidas Cautelares federal y locales que además de evaluar el riesgo que representa la libertad de un imputado durante el proceso, también tienen entre sus responsabilidades el seguimiento a las medidas que no impliquen prisión preventiva. Debemos recordar que el sistema de justicia penal acusatorio ofrece una amplia gama de medidas que permiten monitorear al imputado para que no altere pruebas o dañe a las víctimas y se asegure su presencia en la continuación del proceso.

La creación de las unidades de medidas cautelares permite cumplir el principio de presunción de inocencia (ya que un imputado puede estar en libertad hasta que no se demuestre lo contrario en juicio bajo una medida cautelar diversa a la prisión), y nos garantiza que el imputado estará presente llegado el momento en que se le juzgue públicamente o, en su caso, contar con elementos que justifiquen la aplicación de la prisión preventiva para cualquier delito.

A efectos de ofrecer un marco general del estado actual del funcionamiento del sistema de medidas cautelares vale la pena realizar los siguientes señalamientos:

a) Cumplimiento de las medidas cautelares no privativas de la libertad

En los estados donde se ha tomado con mayor compromiso el cumplimiento de la disposición legal que obliga a la creación de las unidades de medidas cautelares y el derecho a la presunción de inocencia, los niveles de cumplimiento de medidas cautelares distintas de la prisión oscilan entre el 82 y el 97 por ciento. Ello nos hace constatar que una vez vinculados a proceso, estando en libertad, las personas imputadas tienen un alto nivel de cumplimiento de las medidas cautelares y no es en esta instancia donde ocurre la “puerta giratoria”.

La misma Organización de los Estados Americanos ha señalado que las “medidas alternativas” a la prisión preventiva constituyen opciones procesales que permiten que la persona se encuentre en libertad mientras afronta el proceso penal y son herramientas fundamentales para reducir el hacinamiento carcelario, la desintegración comunitaria, social o personal; hacen utilizar de manera más eficiente los recursos públicos.

La utilización de la prisión preventiva tiene un efecto pernicioso de más amplio espectro. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016, 70.3 por ciento de la población privada de la libertad en ese año tenía dependientes económicos cuando fue detenida y 64.1 tenía hijos dependientes. Quizás un porcentaje importante de estas personas podrían haber afrontado su proceso en libertad o bajo una medida cautelar no privativa de la libertad si hubiesen sido escuchadas por el juez de control, pues se debe reconocer que cuando se priva de la libertad a una persona también se afecta su entorno social y familiar.

b) Imposición de la medida de prisión preventiva justificada

Se identifica como “prisión preventiva justificada” a la medida cautelar de prisión preventiva que se impone de acuerdo con los estándares de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el debido proceso penal, es decir, aquella medida de prisión preventiva que se resuelve e impone caso por caso bajo los principios de razonabilidad y necesidad.

Así pues, contrariamente a la percepción y a los dichos respecto a que “los jueces no imponen prisión preventiva justificada” o que “los jueces liberan a los imputados”, las estadísticas del Poder Judicial de la Federación dan cuenta de lo contrario. En su cuarto informe respecto al funcionamiento del sistema acusatorio, presentado en junio de 2018, se reportó respecto a la imposición de prisión preventiva justificada que en delitos de armas fue impuesta en 70.66 por ciento, en delitos contra la salud en 88.05 y en robo de hidrocarburos en 41.46. Esto es, en los casos en los que el Ministerio Público pidió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, ésta fue otorgada e impuesta por los jueces de control federales.

De acuerdo con estas cifras, a pesar de que la prisión preventiva oficiosa sólo contempla actualmente a los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud; los jueces en pleno uso de las facultades que actualmente les concede el Código Nacional de Procedimientos Penales terminan imponiendo dicha medida cautelar en la gran mayoría de los casos.

En resumen, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el cumplimiento a las medidas cautelares no privativas de la libertad no representan un problema significativo para el sistema de justicia penal. Como se ha mencionado, el problema no se encuentra en sede judicial sino en sede ministerial y es ahí donde se hacen necesarios los ajustes normativos. Por lo anterior, es fundamental reconocer que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa o automática en la Constitución, abrió un falso debate contra el Poder Judicial a quien se acusaba de “dejar a los delincuentes” en libertad al no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en casos “graves”.

Se debe recordar que este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa o automática del artículo 19 constitucional fue una concesión a la implementación del sistema acusatorio que debía ser eliminada después del periodo de transición de la reforma, el cual culminó en 2016, sin embargo, la figura permanece y es una reminiscencia del sistema inquisitivo.

La tentación de algunos sectores para que se consideraran dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa o automática otros delitos como el de portación de armas, o los relacionados con robo de hidrocarburos ha estado latente. No obstante, en el debate informado se termina por reconocer que esta medida legislativa es equívoca y anticipada considerando que la implementación en todo el país recién cumplió 3 años y no se habían creado las unidades de medidas cautelares a lo que estados, la Ciudad de México y la Federación están obligados constitucionalmente desde junio de 2016, y que fue hasta un año después, en julio de 2017, que finalmente se cumplió con el mandato y se establecieron en su totalidad, siendo la más reciente la del ámbito federal. A partir de entonces, el Gobierno federal cuenta con una oficina que evalúa el riesgo que representa la libertad de una persona durante su proceso. Actualmente es necesario revisar la calidad de los servicios que presta dicha oficina federal para potenciar sus funciones.

Lamentablemente, en los últimos años, se ha apoyado en la incorporación de más tipos penales al catálogo de delitos del 19 constitucional, desconociendo el origen de esta disposición y bajo la creencia que eliminarán la puerta giratoria, combatirán la delincuencia o por lo menos “enviarán un mensaje a la ciudadanía” en atención a sus preocupaciones de seguridad. Sin embargo, el gran problema de la prisión preventiva oficiosa es que priva de la libertad a las personas en automático, sin importar sus condiciones de vida, por ejemplo, si tienen trabajo, arraigo en el lugar, dependientes económicos y no garantiza el combate a la delincuencia.

Como se ha visto, esta medida no es eficiente para combatir la delincuencia ni los problemas de seguridad, medidas como esta, violan el principio de progresividad de los derechos humanos pues genera retrocesos y restringe la presunción de inocencia y el debido proceso penal. Por ejemplo, el homicidio doloso desde la reforma de 2008 ha estado en el catálogo del artículo 19 constitucional y lejos de haber disminuido la incidencia de dicho delito esta ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. En 2017 la tasa fue de 20.27 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras que 2018 cerró con 23.1, esto es un total de 34 mil 202 homicidios dolosos.

Antes que reformar la Constitución para aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, lo cual además ha sido observado por diversas instancias internacionales, la solución que puede hacer más efectivo el procedimiento penal en estos y otros delitos es eliminar la facultad discrecional del Ministerio Público de decisión sobre si solicita o no medida cautelar de prisión preventiva y sustituirla por la obligación de hacerlo.

Particularmente, el uso de esta facultad por parte del Ministerio Público preocupa para ciertas conductas delictivas tales como uso de programas sociales con fines electorales; de corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; y de delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Finalmente, a efecto de que el Ministerio Público se encuentre en posibilidades de solicitar la audiencia inicial en la que se habrá de pedir la vinculación a proceso del imputado, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada será necesario que dicho órgano investigador realice los actos necesarios para darle suficiencia a la solicitud ante el órgano jurisdiccional. Lo anterior implica igualmente la eficaz concurrencia de los cuerpos de policía de investigación que intervengan, de los peritos que aporten los datos de prueba mínimos para la satisfacción de los requisitos señalados en la Constitución, así como de las unidades de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso.

Estas últimas tienen la responsabilidad de proveer los estudios de riesgo necesarios para que se sustenten las hipótesis que deben ser acreditadas ante el órgano jurisdiccional de la audiencia correspondiente en relación a la insuficiencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Por lo anterior, se plantea la reforma al artículo 19 constitucional para que delitos que lesionan gravemente a la sociedad y al estado de derecho, puedan ser judicializados de manera ineludible. La propuesta va dirigida a establecer la obligación del Ministerio Público de solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a las personas que son vinculadas a proceso por los tipos penales referidos en el segundo enunciado del párrafo dos del artículo en mención.

Con esta modificación se evitaría la imposición automática de la prisión preventiva, estableciendo medidas legales para que, en el proceso penal, tratándose de los delitos previstos en la disposición constitucional, se deba solicitar obligatoriamente de manera fundada y motivada la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva por el Ministerio Público, solicitud a la cual el órgano jurisdiccional deberá dar respuesta, mediante un análisis individualizado.

Al tiempo, se atendería por un lado la preocupación del Ejecutivo federal por contar con herramientas que le permitan atender la emergencia ante la grave crisis de seguridad y de procuración de justicia y el llamado de diversos organismos internacionales y nacionales, respecto a la necesidad de implantar procesos de persecución e investigación de delitos, más garantistas y respetuosos de los derechos humanos.

Asimismo, se establece en los artículos transitorios de esta reforma la obligación a las autoridades correspondientes para garantizar el funcionamiento cabal de todas las dependencias que habrán de ministrar la información necesaria para que deba ser allegada al órgano jurisdiccional para que éste pueda emitir la resolución que corresponda al pedido de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Eliminación de la figura del arraigo

Por lo que respecta a la eliminación de la figura del arraigo, es preciso mencionar que en pasadas legislaturas el Grupo Parlamentario del PRI a presentado diversas propuestas para eliminar del texto constitucional esta medida cautelar, ejemplo de ello fue la iniciativa presentado por el entonces coordinador del Grupo Parlamentario el diputado César Camacho Quiroz

En su iniciativa el diputado César Camacho argumenta que “El arraigo penal es una figura que debe estar sometida al análisis de convencionalidad y constitucionalidad, ya que su aplicación no es aislada, por el contrario, se encuentra cercada por otros derechos y principios rectores que rigen nuestra Constitución; como los que consagra el propio artículo 1º (después de la importante reforma de 2011 en materia de derechos humanos), que establece el principio de interpretación conforme y el principio pro-persona. Lo anterior, implica que todas las normas que afecten derechos humanos deberán ser interpretadas conforme a la propia Constitución y a los tratados de los que México es parte (por. ej. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos o Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura), y que en todo momento se debe favorecer la protección más amplia de las personas respecto de afectaciones arbitrarias.”

Adicionalmente menciona que “Resulta que el arraigo colisiona con la propia Constitución y es inconvencional, ya que si bien los derechos humanos aceptan ciertas restricciones, éstas tienen que ser a la luz de los principios antes mencionados, además de los de proporcionalidad y razonabilidad específicamente. Estos últimos no se cumplen en la aplicación del arraigo penal, porque el hecho de que primero se detenga para después investigar, presupone la inexistencia de una motivación adecuada, si no es que nula, lo que se traduce en que se pueda privilegiar un injustificado acto de molestia perpetrado sobre una persona por encima de otras medidas cautelares ordinarias de restricción de la libertad que sí respetan el debido proceso.”

En este sentido sostiene que dicha medida vulnera el principio de presunción de inocencia, de la libertad personal y del debido proceso resaltando que la aplicación de este tipo de anticipación de penas o penas precondenatorias carentes de controles de legalidad ubica a las personas en un limbo jurídico y, en consecuencia, en una situación vulnerable a ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Recordando también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre este tema en nuestro país, externando que:

La CIDH ha manifestado anteriormente su preocupación sobre la existencia de la figura de arraigo, y ha exhortado al Estado a eliminarla de su normativa interna. Durante los últimos años, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre la utilización del arraigo para detener a personas sospechosas en casas particulares, hoteles e instalaciones militares, sin el respeto de las garantías judiciales, y propiciando que las personas privadas de libertad se enfrenten al riesgo de ser sometidos a malos tratos, e incluso tortura. Asimismo, esta Comisión advierte que diversos órganos de Naciones Unidas, y organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional, han señalado que el arraigo fomenta el uso de la detención como medio de investigación vulnerando derechos como la libertad personal y las garantías personales, además de que propicia un clima en el que las personas privadas de libertad corren el riesgo de ser sometidos a malos tratos y tortura. En consecuencia, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, el Comité contra la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, y la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados han solicitado al Estado mexicano su eliminación.

Por todo lo anterior, considero necesario retomar las iniciativas antes señaladas con la intención de impulsar en la Comisión de Puntos Constitucionales el debate de ambos temas a la luz de las recientes discusiones sobre las medidas cautelares que implican la vulneración del principio de presunción de inocencia y del debido proceso.

Sin duda alguna, es un tema complicado que debe ser revisado con mucho cuidado por el Poder Legislativo, pero sobre todo debe ser acompañado por una reforma integral al sistema penal de nuestro país y de los recursos suficientes para que las víctimas de los delitos sujetos a estas medidas cautelares y la seguridad de las familias mexicanas tampoco se ponga en riesgo. Sin duda alguna, estas propuestas implican una profunda reflexión y la suma de voluntades en todos los niveles de gobierno y de los poderes del estado Mexicano para dotar al sistema de justicia de mejores mecanismos para salvaguardar los derechos humanos de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de las medidas cautelares de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa

Único. Se deroga el párrafo octavo del artículo 16 y se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

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Se deroga

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Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El Ministerio Público deberá solicitar al juez la prisión preventiva, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. En estos casos, el juez, caso por caso, en un análisis individualizado y con base en los elementos aportados por el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, resolverá sobre la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La obligación a cargo del Ministerio Público consistente en solicitar al juez la medida cautelar de prisión preventiva justificada iniciará su vigencia en un plazo de treinta días. En dicho plazo las fiscalías, procuradurías e instancias policiacas y periciales tomarán las providencias necesarias para que las investigaciones correspondientes contengan la información suficiente para la procedencia de la vinculación a proceso y la medida cautelar que se trate.

Segundo. Los Poderes Ejecutivos o Legislativos, federal o de las entidades federativas, según corresponda, dispondrán lo necesario para que las unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso que tengan adscritas se encuentren en plenitud de funcionamiento para proveer de la información a las partes en los procedimientos de investigación a más tardar dentro de los treinta días posteriores al inicio de la vigencia del presente decreto.

Tercero. Derivado de la entrada en vigor del presente decreto, las personas que estén enfrentando su proceso en prisión preventiva tendrán el derecho a solicitar su revisión ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, la cual deberá dar vista al Ministerio Público.

Cuarto. El Congreso de la Unión dispondrá de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las reformas legales conducentes.

Quinto. La legislación secundaria contemplará el procedimiento de responsabilidad y las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la obligación de solicitar la prisión preventiva o su solicitud de manera deficiente.

Notas

1 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_470_esp. pdf

2 https://elpais.com/mexico/2022-09-05/claves-de-una-sesion-historica-puede-la-su prema-corte-eliminar-la-prision-preventiva-oficiosa.html#:~: text=La%20prisi%C3%B3n%20preventiva%20oficiosa%20es,vaya%20directo%20a%20la%20c %C3%A1rcel.

3 https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_470_esp.pdf

4 Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH_CP-08/2023 Español

5 Los principales tratados que se contravienen con esta medida como lo es, por un lado, el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por otro, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que lo dispone en el artículo 9.3. Asimismo, lo establecido en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, en el principio trigésimo sexto.

6 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2401-VIII, martes 11 de diciembre de 2007.

7 Observaciones de la ONU-DH sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa, páginas 3-4.

8 Caso J. vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 27 de noviembre de 2013, párrafo 137.

9 Observaciones de la ONU-DH sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa, página 8.

10 Organización de los Estados Americanos (OEA). Los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Disponible en:

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp Párrafo 64.

11 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de noviembre de 2007. Serie C, número 170, párrafo 52.

12 CIDH, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en México, 24 de septiembre de 1998, párrafos 233 a 235.

13 Comité de Derechos Humanos (2000), Observaciones finales: Argentina, CCPR/CO/70/ARG, párrafo 10; Comité de Derechos Humanos (2006), Observaciones finales: Italia, CCPR/C/ITA/CO/5, párrafo 14.

14 http://www.hchr.org.mx/images/Prisi por cientoC3 por ciento B3nPreventivaOficiosa.pdf

15 Nuevo León, Baja California Sur, San Luis Potosí y Chihuahua.

16 Organización de los Estados Americanos, Guía práctica para reducir la prisión preventiva, página 22.

17 Observaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas, Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México, párrafos 250, 251 y 252 (10 mujeres víctimas de violencia sexual por agentes del Estado estuvieron en prisión preventiva oficiosa por los delitos de ataques a las vías de comunicación, secuestro equiparado y delincuencia organizada).

18 Gaceta Parlamentaria, número 4750-VIII, jueves 30 de marzo de 2017. (3435)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Alan Castellanos Ramírez, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Eduardo Zarzosa Sánchez, Elizabeth Pérez Valdez, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Fabiola Rafael Dircio, Frinné Azuara Yarzábal, Jazmín Jaimes Albarrán, Jorge Álvarez Máynez, Luis Alberto Martínez Bravo, María Elena Serrano Maldonado, Miguel Sámano Peralta, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, suscrita por los diputados Jasmine María Bugarín Rodríguez y Mario Alberto Torres Escudero, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena, respectivamente

Los que suscriben, diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez y diputado Mario Alberto Torres Escudero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del Grupo Parlamentario de Morena, respectivamente, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los cambios y avances que se producen en el mundo lo han convertido en un lugar en donde la movilidad de personas aumenta día con día. Por diferentes razones, cada vez más personas salen de su país de origen hacia otro. Esta migración puede deberse a diversos factores.

En el caso de las y los mexicanos que regresan a México desde otros países, el retorno puede ser forzado o por deportación, y una vez que se encuentran en territorio nacional con sus hijas e hijos nacidos en el exterior es indispensable que el Estado mexicano les reconozca su derecho a la identidad y con ello su derecho a la nacionalidad mexicana, lo cual se logra a través de la inserción del registro o certificado de nacimiento extranjero en los Libros del Registro Civil mexicano, acreditándose de manera plena, entre otros datos personales, el nombre, la filiación, la edad, fecha y lugar de nacimiento, así como la nacionalidad, por ser el acta de nacimiento el documento público que hace prueba fehaciente de la nacionalidad mexicana de su titular en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 3 de la Ley de Nacionalidad.

Los derechos a la identidad y a la nacionalidad constituyen derechos fundamentales para que toda persona tenga reconocida su personalidad jurídica y pueda de manera libre e informada desarrollarse y ejercer con plenitud el resto de los derechos humanos que en este país deben respetarse, promoverse, protegerse y garantizarse sin distinción, en condiciones de igualdad y no discriminación.

En este sentido, deben realizarse modificaciones legislativas que permitan a las y los mexicanos nacidos en el extranjero, a quienes les asiste el derecho a tener la nacionalidad mexicana por nacimiento, así como el reconocimiento a su derecho a la identidad, obtener en México el registro de su nacimiento para obtener, a su vez, un acta de nacimiento mexicana y la Clave Única de Registro de Población (CURP) en caso de que no se hayan registrado previamente en los consulados de México en el exterior, siendo este grupo de personas aquellas que no cuentan con registro de su identidad jurídica y que retornan a México, ya sea de manera forzada o voluntaria, el principal grupo de población a quien impactaría la presente proposición legislativa.

El retorno de personas migrantes ha estado siempre presente en las relaciones binacionales, sin embargo, este fenómeno se intensifica en momentos en que las medidas de control y seguridad son reforzadas en los países receptores.

A partir de lo registrado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), 12 millones de personas mexicanas nacidas en el país viven fuera de México, aunque es fundamental aclarar que existe población mexicana residente en el exterior y que no se encuentra contabilizada en los registros del gobierno mexicano; la mayoría de esta población radica en los Estados Unidos de América. Esta circunstancia hace necesario reconocer a la población binacional y generar mecanismos para que las personas nacidas en el exterior con madre o padre mexicanos puedan acreditar y gozar de su nacionalidad mexicana y el acceso a los derechos que les corresponden.

La problemática surge cuando en el procedimiento para realizar la inserción del certificado o acta de nacimiento extranjera en los libros de los registros civiles en México se solicita su legalización como requisito indispensable, ya sea a través de la apostilla o del procedimiento conocido como legalización consular o en cadena, trámites que se realizan en el lugar donde hayan sido emitidos. Este requisito es complejo de cumplir cuando la madre o padre han sido repatriados o deportados del país donde fue emitido el certificado de nacimiento de sus hijas e hijos, y, al no poder satisfacerlo, se les deja en un estado de indefensión para realizar la inscripción del registro de nacimiento en México, pues esto tiene como consecuencia que no se les reconozca su derecho humano y constitucional a la identidad, situación que les impide, a su vez, acreditar con la documentación necesaria su nacionalidad mexicana dentro del territorio nacional.

Así, exigir sistémicamente el requisito de presentar el certificado o acta de nacimiento legalizada, a través de la apostilla o de la legalización en cadena, sin considerar las dificultades que enfrentan los padres o madres de personas nacidas en el exterior que no tengan una estancia migratoria regular, principalmente en países como Estados Unidos, para realizar el procedimiento de legalización de los certificados de nacimiento de sus hijas e hijos, cuando estos son menores de edad, les impide tener por reconocido un derecho humano tan básico y fundamental para el libre desarrollo de la personalidad y para el ejercicio pleno de los demás derechos como lo es el derecho a la identidad y, con ello, el derecho a la nacionalidad mexicana.

La estadística de hijas e hijos de mexicanos nacidos en el exterior que en 2016 radicaban en México y que no contaban con un registro de su nacimiento en el país ascendía a 250 mil, de acuerdo con cifras del Instituto de Mujeres en la Migración y del Grupo de Trabajo sobre Identidad y Educación del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Para atender esta situación, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, puso en marcha el programa “Soy México - Registro de la Población México Americana”, el cual permite consultar y validar los certificados de nacimiento estadounidenses a fin de inscribir dichos nacimientos en México, obtener el acta de nacimiento mexicana y la CURP. Desde el inicio del programa y hasta el 18 de noviembre del 2022 se habían consultado los certificados de nacimiento de 130 mil 415 niñas, niños y adolescentes con derecho a la nacionalidad mexicana. No obstante el éxito de este programa, el cual se encuentra vigente y en operación a la fecha, se requieren medidas que impliquen una solución de fondo al problema, tal como lo propone la presente iniciativa.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 1 millón 169 mil 883 personas nacidas en otro país, de las cuales 779 mil 818 son mexicanos por ascendencia o ya tienen la nacionalidad, mientras que los 390 mil 65 restantes son personas extranjeras residentes. A partir del ejercicio realizado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identificación de Personas de la Secretaría de Gobernación, se estima que hay 306 mil 109 niñas, niños y adolescentes mexicanos por ascendencia reconocida; 169 mil 575 niñas, niños y adolescentes mexicanos por ascendencia sin reconocer y 12 mil 428 niñas, niños y adolescentes mexicanos por ascendencia con reconocimiento no especificado.

El énfasis de este diagnóstico se centra en las niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero que no cuentan con un acta de nacimiento mexicana. La población potencial derivada de los datos obtenidos en el Censo antes referido es de 182 mil 003 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 96.9 por ciento nació en Estados Unidos y, por lo tanto, 176 mil 382 niñas, niños y adolescentes pudieran beneficiarse del Programa “Soy México”, pero se beneficiarían más directa y contundentemente si prosperara la reforma propuesta en la presente iniciativa.

Aunado a lo anterior, aunque materialmente no se le niega la nacionalidad a ninguna persona con derecho a ésta, formalmente, para que la misma sea reconocida con los documentos probatorios a los que hace referencia el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, existe de facto una imposibilidad real para las personas nacidas en los Estados Unidos o en cualquier otro país que no hayan registrado su nacimiento ante los consulados de México en el exterior y no cuenten con sus certificados o partida de nacimiento extranjera debidamente legalizadas para obtener los documentos probatorios de su identidad en territorio nacional, representando esto una compleja carga en el cumplimiento de obligaciones para los ascendientes de personas nacidas en el extranjero, pues su situación migratoria les imposibilita realizar el trámite directamente en los Consulados de México en el exterior, dada la restricción que pudieran tener para ingresar al país de donde fueron deportados.

Eliminar dichos obstáculos y complicaciones, es decir, eliminar la legalización de los certificados o partidas de nacimiento extranjeras para que las personas con derecho a la nacionalidad mexicana puedan acreditar con la documentación necesaria dicha nacionalidad e inscribir su registro de nacimiento ante el Registro Civil mexicano es una deuda histórica que esta Cámara en la presente legislatura puede atender.

Al respecto, México cuenta con la normatividad que permite a este cuerpo legislativo realizar la reforma propuesta en esta iniciativa con base en el principio de pertenencia e identidad nacional, mediante el cual cada país busca reconocer a aquellos que son sus connacionales por derecho de sangre. Lo anterior se establece en el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“ Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano;

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.”

A partir de este principio, toda persona nacida en el extranjero, de padre o madre mexicanos, es mexicana. Aunado a ello, el artículo 37 de nuestra Carta Magna establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, por lo que resulta fundamental garantizar este derecho a cada persona.

“ Artículo 37.

A) Ninguna persona mexicana por nacimiento podrá ser privada de su nacionalidad.”

México ha sido parte del Convenio por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, conocido también como Convención de La Haya, vigente desde el 14 de agosto de 1995. El objetivo de esta adhesión fue la simplificación del sistema de “legalizaciones en cadena” para sustituirlo por un solo trámite: “la apostilla”.

La referida convención enuncia que la apostilla no puede exigirse entre países y para los documentos respecto de los cuales se hubiera dispensado el requisito de legalización, ya sea por mutuo acuerdo, por legislación, reglamento o usos en vigor del Estado en que deba surtir efectos el documento. Lo anterior se observa textualmente en el artículo 3, segundo párrafo, de la Convención de La Haya:

“...

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo anterior {La apostilla} no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos vigentes en el Estado donde se exhibe el documento, o un entendimiento entre dos o más Estados contratantes, la hayan abolido, simplificado o cuando exoneran al documento mismo de ser legalizado.”

Existe el antecedente de la dispensa de la apostilla tanto en la reforma legislativa realizada en 2017 a la Ley General de Educación como en el Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública y sus normas escolares, donde se reconoció que es viable dispensar la apostilla para eliminar barreras que impiden el acceso a derechos plenos.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los menores son seres humanos con derechos de pleno desarrollo y por ello resulta esencial establecer un modelo que garantice el pleno acceso a todos los derechos esenciales que contribuyan a su desarrollo individual y social. Ante este objetivo es fundamental propiciar avances en el cumplimiento de los derechos, considerando como eje el interés superior de la niñez y parte de esa garantía se da a través de la agilización de trámites que refieren a la salvaguarda de toda la población mexicana.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 4o. el derecho de toda persona a la identidad y a ser registrada inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo que el Estado mexicano debe garantizar dichos derechos.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho a la identidad de todos los menores en México, determinando en su artículo 19 que, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

Por otro lado, en la mayoría de los trámites administrativos en México se requiere algún tipo de documento que acredite la identidad y la nacionalidad de las personas, este documento es, en primera instancia, para quienes nacen en territorio mexicano, el acta de nacimiento y para quienes nacen en el exterior es el acta de nacimiento mexicana que se obtiene a través del procedimiento de inserción del acta extranjera, mediante el cual se asigna la CURP otorgada por los registros civiles. Sin estos documentos no se puede acceder a derechos, programas, y beneficios que el Estado mexicano proporciona.

El Estado mexicano debe brindar la posibilidad de ejercer el derecho de gozar de la nacionalidad mexicana, facilitando el procedimiento y eliminando cualquier barrera que impida en los hechos el acceso a la nacionalidad mexicana.

Se vuelve entonces necesario que el gobierno ayude a todas las personas mexicanas a gozar plenamente de sus derechos empezando por el derecho a la identidad y el reconocimiento a la nacionalidad.

La propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles contenida en esta iniciativa busca eliminar el requisito por el cual se considera que para que sean válidos los certificados o actas de nacimiento emitidos en el exterior, al ser documentos públicos que surten efectos en un país diferente, deben ser legalizados (legalización en cadena o apostilla para el caso de que el documento sea emitido o recibido entre los países firmantes de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961). Lo anterior, con el fin de facilitar a las personas mexicanas nacidas en el exterior su acceso a sus derechos en México al contar con un registro de nacimiento en nuestro país y poder obtener su CURP.

En el siguiente cuadro obra la propuesta de adición al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se plantea:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 546. Para que hagan fe en la República los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes conforme a las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial para surtir efectos legales, no requerirán de legalización.

No se requerirá de la legalización consular o de la apostilla que deba emitir la autoridad competente, en los certificados o actas de nacimiento expedidos por autoridades de otro país, cuando se solicite la inscripción o inserción del registro de nacimiento ante los registros civiles del país, de personas con derecho a la nacionalidad mexicana, nacidas en el exterior, siempre y cuando no se haya realizado la inscripción de su nacimiento ante los Consulados de México en el exterior o no sea posible su verificación electrónica ante la autoridad emisora de dichos documentos. Para realizar la inscripción o inserción se deberá presentar el certificado de nacimiento extranjero y el acta de nacimiento del padre o madre mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cifras de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación con corte al 18 de noviembre de 2022.

2 Diagnóstico. Niñas, Niños y Adolescentes nacidos en Estados Unidos de madre, padre o ambos mexicanos, sin registro de nacimiento en México y que pudieran acceder a la doble nacionalidad. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, noviembre de 2021

3 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Jasmine María Bugarín Rodríguez, Ana Laura Huerta Valdovinos, Elizabeth Pérez Valdez, Félix Durán Ruiz, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Edgardo Palacios Díaz, Ma. Elena Serrano Maldonado, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Mario Alberto Torres Escudero, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Norma Angélica Aceves García, Roberto Antonio Rubio Montejo, Sergio Barrera Sepúlveda (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa que reforma los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde los albores de la humanidad, el derecho penal ha sido uno de los temas más sensibles y más álgidos de las sociedades, a efecto de no dejar sin castigo aquellas conductas que se han considerado como delictivas, las cuales han atentado con la adhesión y tranquilidad del núcleo social.

Durante el devenir histórico, el derecho penal ha pasado por diversas etapas o fases, reconocidas por diversos autores, como lo son de la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, la humanitaria y la científica.

En la etapa de venganza privada, la manera de castigar los principales delitos: homicidio y lesiones, se dio entre particulares aplicando la ley del Talión o la ley de “ojo por ojo, diente por diente”, en el que la víctima u ofendido tenía la atribución de restituirse en la misma medida en que había sido dañado, sin embargo, se cometían excesos al momento de la “venganza”.

En la fase de la venganza divida, las instituciones teocráticas comienzan a tener gran importancia para la humanidad, siendo dichas instituciones las que comienzan a tener el monopolio para juzgar y castigar los delitos, los cuales eran considerados como pecados, con lo cual se dio paso de la venganza privada a la divina.

En la etapa de la venganza pública se comienzan a organizar instituciones de la sociedad para investigar y castigar los delitos, se deja a un lado a las instituciones eclesiásticas para dar paso a los tribunales previamente establecidos, los cuales juzgan a nombre de la colectividad, imponiendo penas crueles e inhumanas, creyendo que salvaguardaban el interés de la sociedad.

En el período humanitario se buscó erradicar la excesiva crueldad de las penas, por lo cual los sistemas penales tuvieron una tendencia humanista en la que la pena fuera proporcional al delito cometido, ello dignificando y respetando los derechos de los infractores.

En la etapa científica se profundiza el humanismo y las explicaciones científicas respecto al delincuente, se considera que el castigo no es suficiente, pese a ser humanizado, sino que se requiere un estudio del sujeto activo del delito así como de la víctima, a efecto de saber el porqué del crimen, para así evitarlo; además de la pena, también se introduce el tratamiento para la reinserción.

En México, con la llegada de la Corona española se implementó un sistema de derecho penal inquisitivo de corte romano-germánico, en el cual las facultades de acusar y juzgar recaían en un Ministerio Público y en un juez, los cuales actuaban de manera conjunta, motivo por el cual la intervención del juzgador no era neutral.

En el sistema penal inquisitivo, por lo general, se une “la función acusadora y enjuiciadora en un solo sujeto, eliminado la necesidad de que exista un acusador para poder juzgar, quedando tal función asumida por el órgano enjuiciador. El objetivo, en este último caso, es garantizar la persecución de los delitos aun a costa de sacrificar en esa configuración primigenia imparcial”.

Asimismo, el proceso penal inquisitivo, como era contemplado en México, conforme al articulo 1o. del abrogado Código Federal de Procedimientos Penales, constaba de los procedimientos siguientes:

I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;

II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;

III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;

IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el Tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;

V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos;

VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas.

En ese sentido, los principios del Sistema Penal Inquisitivo son los siguientes:

1. Inmediatez. Bajo este principio, las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues por su cercanía con los hechos son generalmente las veraces, por no haber existido tiempo suficiente para que quien las produce reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos. Este criterio jurídico, que da preferencia a las deposiciones iniciales, tiene su apoyo en el principio lógico de contradicción y cabe aplicarlo no sólo en tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por los testigos, sino también por la ofendida.

2. Oficiosidad. La doctrina tradicional, distingue como requisitos de procedibilidad a la denuncia, la acusación, la querella, la declaratoria de perjuicio, u otro requisito análogo, que impide hincar una investigación si éste no se ha cubierto.

Bajo el esquema de un sistema de enjuiciamiento penal de corte inquisitivo, al ser la investigación de posibles delitos una función exclusiva del estado, todos los delitos son de persecución oficiosa, no requiriendo ninguna formalidad para comenzar una investigación criminal, siendo permitidas inclusive la delación, la denuncia anónima y la pesquisa.

3. Secrecía. Otro principio rector en este sistema de enjuiciamiento penal, es el de la secrecía de las actuaciones practicadas, que en su forma más radical se llegó a mantener hasta el momento en el cual se sentenciaba al sujeto, pues en una sola diligencia se le hacia saber su responsabilidad penal en el hecho que se le incriminaba, la pena que se le impondría y el porqué de la misma.

4. Escritura. Este sistema se caracterizó también por utilizar la escritura como medio de hacer constar las actuaciones judiciales, lo cual se entiende para la época en la cual se desplegó, donde la escritura era el único medio existente, pero esto no solo era lo característico de este sistema de enjuiciamiento, sino que mas aun se rigió por el uso de formalismos y formalidades muy exigentes para que tuvieran validez las actuaciones, de manera excesiva que hacia incomprensibles las constancias para la mayoría de las personas que eran analfabetas.

5. Unidad de parte. Si entendemos que el procedimiento penal, en este sistema de enjuiciamiento se veía como una función preponderante del Estado, cuyo objetivo único y ultimo era descubrir la verdad histórica de los hechos, no existía división procesal de partes, ya que se concentraban en el Juez todas las funciones del triangulo procesal, pues era él, el encargado de recabar todas las pruebas tendientes al esclarecimiento de los hechos y así fincar responsabilidades o absoluciones, por lo que no importaba tener una parte acusadora, y menos aun a un defensor, pues si el sujeto era culpable entonces no lo merecía y si por el contrario era inocente, eso eventualmente se descubría en juicio y por ende no lo necesitaba.

6. Sistema de valoración de tasado legal. En este sistema de enjuiciamiento penal, el Juez tenía muy poco margen de valoración de la prueba, pues la misma legislación era la que le imponía valor probatorio a los diversos medios de convicción, otorgándoles valor probatorio, pleno y semi-pleno, partiendo de varios requisitos de forma que debían reunir tales medios de convicción para su validez, siendo la prueba reina la confesión, imperando el principio general de “A confesión dada relevo de prueba”, que significa que si el indiciado confesaba el delito que se le imputaba no era necesario recabar mas elementos de prueba respecto de su culpabilidad.

7. De tipicidad: en el que la conducta delictiva tiene que estar descrita en la ley, para que pueda considerarse como tal y por ende, pueda ser punitiva

8. De legalidad: no puede existir pena sin ley.

Por otra parte y en sentido contrario, el sistema penal acusatorio es de corte anglosajón y surge en contraposición del Inquisitivo, el cual las partes se convierten en verdaderos contendientes y el Juzgador es un tercero neutral que se limita a la fijación de la pena; asimismo el Ministerio Público tiene obligación de demostrar los elementos delitos y la responsabilidad de la persona que lo cometió.

En el sistema penal acusatorio el procedimiento es contradictorio, es decir, la actividad procesal depende de las intervención de las partes, las cuales están en una igualdad funcional y con el cabal respeto a sus derechos humanos.

Asimismo, se introducen mecanismos de solución al conflicto jurídico, la acción penal deja de ser exclusiva del ministerio público al contemplarse la acción penal privada en las modalidades y requisitos que determina la propia ley.

Por lo cual, el sistema acusatorio y oral tiene los principios siguientes:

1. Principio de oralidad: radica en que todo lo argumentado por las partes y el juzgador deberán de ser expresados de manera verbal, permitiendo una comunicación clara durante las audiencias.

2. Principio de publicidad: radica en que la sociedad deberá de conocer de manera trasparente todo lo relacionado con el proceso, sus resultados y conclusión.

3. Principio de inmediación: se refiere a la obligación de que el juzgador tenga el conocimiento directo de las declaraciones y pruebas desahogadas, para que con ello pueda dictar una mejor sentencia.

4. Principio de contradicción: consiste en la posibilidad de las partes, de sustentar sus argumentos mediante el ofrecimiento y discusión de pruebas, y la formulación de alegatos.

5. Principio de concentración: se refiere a que los actos llevados acabo dentro del proceso deberán de hacerse en presencia de las partes y el juzgador, de manera sucesiva y continuada.

6. Principio de continuidad: los actos procesales deberán hacerse sin fragmentarse, para que no incidan en la percepción de las partes y el juzgador.

7. Presunción de inocencia: el imputado tendrá el derecho de que en todo momento del proceso se le considere inocente, en tanto no se demuestre fehacientemente su culpabilidad.

Por otro lado, la estructura del juicio oral, por lo general, es la siguiente:

1. Fase inicial.

2. Fase probatoria.

3. Fase final.

En esa guisa, la etapas procedimentales del juicio oral son las siguientes:

1. Etapa de investigación.

2. Etapa intermedia.

3. Etapa de juicio oral.

4. Etapa de ejecución.

Las partes que intervienen en el juicio oral son las siguientes:

1. El Juez: que es la persona facultada por el Estado para juzgar, no investiga ni procesa, su posición debe ser neutral con respecto a las demás partes; entre sus obligaciones está la de decretar la legalidad de la detención, dictar el auto de vinculación, dirigir las audiencias, recibir las pruebas, hacer la valoración de los datos de prueba, emitir sus resoluciones, entre otras.

2. Ministerio Público: es el órgano del Estado facultado constitucionalmente para realizar la investigación de los delitos y ejercer la acción penal (salvo el caso de la acción penal privada); además de tener la carga de la prueba de las conductas que se consideran delictivas.

3. Víctima u ofendido: es el sujeto pasivo del delito, el cual “ve afectado sus bienes jurídicos o disminuido su capacidad de disposición de aquellos, como consecuencia de una conducta infractora de una norma jurídico-penal, pudiendo ser el agente culpable o inculpable”.

4. La defensa: es el profesional del derecho, que de manera conjunta coordinada con el imputado, de manera adversarial, combate las pretensiones del Ministerio Público.

5. Imputado o acusado: La persona sospechosa de la criminalidad, a la que se le atribuye la realización de una conducta catalogada como delictiva; pero a la que siempre se le debe respetar el principio de presunción de inocencia hasta en tanto no sea condenada por sentencia firme.

Las diferencias entre el sistema penal inquisitorio y el acusatorio son las siguientes:

En el 2008 en México se llevó a cabo la reforma de los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 18 de junio de 2008, mediante la cual se cambiaba el paradigma del sistema penal inquisitivo para dar lugar la sistema penal acusatorio y oral, al establecer lo siguiente:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.”

Una de las innovaciones de la reforma al sistema jurídico penal, específicamente la del artículo 21 de la Carta Magna, fue la de implementar el ejercicio de la Acción Penal Privada, la cual facultó a todo ciudadano, víctima u ofendido de los delitos, para instar ante el Juez de Control, la acción penal en aquellos delitos perseguibles por querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la a la privativa de la libertad o cuya punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión.

Lo anterior fue la excepción al monopolio de la acción penal que hasta entonces ejercía el Ministerio Público, con lo cual se buscó ampliar los derechos de las víctimas u ofendidos dentro del nuevo sistema de justicia penal, al mismo tiempo que disminuiría la carga de labores de los Agentes del Ministerio Público.

En la acción penal privada, el ciudadano acude directamente ante la autoridad judicial a ejercitar la acción penal, ello con los elementos de prueba que estime pertinentes al caso y sin necesidad de acudir al Ministerio Público a iniciar su carpeta de investigación.

En ese sentido fue en la ley secundaria, precisamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se establecieron las fases y los requisitos formales y materiales para iniciar las acción penal priva, ello conforme a su Título X, Capítulo III artículos del 426 al 432.

Asimismo, la ley exige al ciudadano que ejerza la acción penal privada, que los elementos de pruebas cumplan las mismas formalidades exigidas al Ministerio Público en las carpetas de investigación, así como en la comprobación de los elementos constitutivos de delito para su consignación.  Algunos de los delitos por lo cuales se puede ejercitar la Acción Penal Privada son: lesiones, peligro de contagio, despojo, estupro, robo, abigeato abuso de confianza, fraude, daño en los bienes, entre otros.

Las maneras de la terminación de la Acción Penal Privada, puede ser por:

1) Desistimiento: en el que la víctima u ofendido podrá retirar su demanda antes de que se admitida, sin ningún efecto; si la demanda se retira posterior a su admisión producirá el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria.

2) Abandono de la acción: la cual se producirá por la inasistencia injustificada del ciudadano que ejerce la acción a la audiencia de juicio, con lo cual el Juez decreta el sobreseimiento.

3) Muerte del accionante: en caso de fallecimiento de la víctima u ofendido, podrá ejercer la acción privada sus herederos.

No obstante, que el ejercicio de la acción penal privada fue una gran innovación en el sistema penal mexicano, el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempló en sus artículos 431 y 432, los siguiente:

“Artículo 431. Admisión

En la audiencia, el Juez de control constatará que se cumplen los requisitos formales y materiales para el ejercicio de la acción penal particular.

De no cumplirse con alguno de los requisitos formales exigidos, el Juez de control prevendrá al particular para su cumplimiento dentro de la misma audiencia y de no ser posible, dentro de los tres días siguientes. De no subsanarse o de ser improcedente su pretensión, se tendrá por no interpuesta la acción penal y no podrá volver a ejercerse por parte del particular por esos mismos hechos.

(...)

(...)

(...)

Artículo 432. Reglas generales

Si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal, por ninguna causa podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos (...).”

De lo anterior se infiere que, cuando el particular no cumple con los requisitos materiales y formales para ejercer la acción privada, será prevenido para que los subsane dentro del término de tres días, pero en caso de que no lo haga o se cuando se decrete la improcedencia de la acción penal, el ciudadano no podrá volver a intentarla o acudir al Ministerio Público para que investigue los mismos hechos.

Derivado de lo anterior, se considera que la actual redacción de los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aleja del espíritu de la reforma constitucional de 2008, en la cual se buscaba un mejor acceso a la justicia penal, así como a combatir los índices de impunidad.

Ello es así, en razón de que en muchos casos, al ejercitarse la acción penal privada, la víctima u ofendido es mal asesorado por el profesional del derecho que consulta, por lo cual el Órgano Judicial declara la improcedencia de la misma y al no poder acudir nuevamente a platearla o en su defecto al Ministerio Público, para que haga la investigación correspondiente, se le estaría violando su derecho efectivo al acceso a la justicia.

Por ende, el objetivo de la presente iniciativa es modificar los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que el particular al que la Autoridad Judicial le haya decretado la improcedencia de la acción penal privada, pueda acudir ante el Ministerio Público, a presentar la querella correspondiente, aportando nuevo elementos de prueba, a efecto de que se pueda consignar; con ello, se garantizará su derecho al acceso a la justicia y se evitara la impunidad derivada de un mal asesoramiento por parte del profesional del dereco que no conozca a materia penal.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma los artículos 431 y 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo Único. Se reforman el párrafo segundo, artículo 431, y el párrafo primero, artículo 432, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 431. Admisión

(...)

De no cumplirse con alguno de los requisitos formales exigidos, el Juez de control prevendrá al particular para su cumplimiento dentro de la misma audiencia y de no ser posible, dentro de los tres días siguientes. De no subsanarse o de ser improcedente su pretensión, se tendrá por no interpuesta la misma y no podrá volver a ejercerse esta vía por parte del particular, dejando a salvo sus derechos para que ejercite la acción penal ante el Ministerio Público.

(...)

Artículo 432. Reglas generales

Si la víctima u ofendido decide ejercer la acción penal privada, y en caso de que la misma se tenga por no interpuesta, podrá acudir al Ministerio Público a solicitar su intervención para que investigue los mismos hechos, siempre y cuando aporte nuevos elementos de prueba.

(...)

(...)

Artículo Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Armenta Deu, Teresa, Sistemas Procesales Penales, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 22.

2 Diario Oficial de la Federación, tomo LXXXV, número 52, 30 de agosto de 1934.

3 Benavente Chorres, Hesbert y Pastrana Berdejo, Juan David, El Juicio Oral Penal, Flores Editor y Distribuidor, S.A. de C.V., primera edición, México, 2009, p.117.

4 https://sistemadejusticiapenal.jalisco.gob.mx/acerca/Diferencias

5 Diario Oficial de la Federación, Primera Sección, pp. 6, 7 y 8, de fecha 18 de junio de 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero del 2023.– Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal, y en nombre de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El artículo 4o. Constitucional reconoce el derecho a la salud de las y los mexicanos, asimismo, este derecho se ha refrendado como un compromiso asumido mediante diversos Tratados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo tanto, es una obligación del Estado mexicano asegurar y garantizar por todos los medios el acceso de los mexicanos, particularmente de los niños, niñas y adolescentes, a los servicios de la salud.

El día 7 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, misma que establece dentro de las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud, las medidas necesarias para la atención integral y universal de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer.

En el artículo transitorio segundo de la Ley anteriormente referida, se establece además un término de seis meses para que el Ejecutivo Federal expidiera los reglamentos y elabore guías de atención para el correcto funcionamiento de la ley expedida; así como un plazo de ciento ochenta días, en su transitorio tercero, para que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud, establezca las disposiciones de carácter general para la operación de los mecanismos de la Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

Dentro del régimen transitorio también se estableció que la Secretaría de Salud debía realizar modificaciones a la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones administrativas relativas al Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud que permitieran la recopilación, integración y disposición de la información necesaria para los efectos del Decreto.

Pese a estas disposiciones, a más de un año y cinco meses de la entrada en vigor de la Ley General para la Detección oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, no se ha cumplido a cabalidad con la totalidad de la implementación de los Transitorios de la Ley, afectando con ello la capacidad del Gobierno Federal para atender la grave problemática de los menores con cáncer y sus familias.

II. El cáncer infantil resulta una de las principales causas de mortalidad en niñas, niños y adolescentes a nivel global, por ello, esta enfermedad debe ser una de las máximas prioridades de la salud pública en el país. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedades de niños y niñas de entre 5 y 14 años, siendo los más comunes las leucemias, el cáncer en el sistema nervioso central y los linfomas. A su vez, el 5 por ciento de la totalidad de los cánceres registrados ocurren en el grupo de población antes mencionado, por lo que su detección oportuna y temprana es muy importante, ya que también son quienes tienen las mayores probabilidades de curarse.

Para poner en perspectiva la problemática pública, de acuerdo con las estimaciones hechas por “Globocan 2018”, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo de los cuales más de 200,000 ocurren en niños y adolescentes. Los cambios demográficos, epidemiológicos y nutricionales en la población mexicana incrementan la susceptibilidad en la población de presentar diversos factores de riesgo para el cáncer, como ejemplo de esto, se estima que cerca del 30 por ciento de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgo relacionados con el comportamiento y hábitos alimentarios.

Para México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 14 años, cobrando más de 2 mil vidas anuales. De manera general, la Secretaría de Salud señala que, durante 2018, se diagnosticaron 191 mil casos de cáncer, de los cuales 85 mil 754 fueron niños, niñas y adolescentes fallecen, el 45 por ciento del total de los casos nuevos anuales.

Por esto, la importancia de detectar el cáncer en fases tempranas es tan grande que de ello puede depender la vida o la muerte de las y los niños. De acuerdo con datos de la OMS, en México, aproximadamente el 75 por ciento por ciento de los casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes se diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no solo incrementa los costos y dificultades del tratamiento, sino que reduce las posibilidades de cura.

Esta realidad se traduce en que la tasa de supervivencia nacional en niños, niñas y adolescentes con cáncer sea del 57 por ciento, en comparación con la de países desarrollados, donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es mayor al 80 por ciento. Asimismo, para ampliar el panorama nacional, los cánceres más frecuentes reportados son: el de mama, con 27 mil 500 casos por año; seguido del de próstata con 25 mil; colón, 15 mil; tiroides 12 mil; cervicouterino, 7 mil 870 y de pulmón con 7 mil 810. A su vez, el cáncer de mama ocasiona 7 mil defunciones al año, el de próstata 6 mil 900; colón, 7 mil; tiroides, 900; cervicouterino, 4 mil, y pulmón, 6 mil 700. Estos datos sirven para contextualizar la dimensión y grave problemática que representa el cáncer en todos los grupos etarios.

En este sentido, es importante recalcar que un gran número de defunciones por cáncer infantil pueden ser evitables ya que se derivan de la falta de diagnóstico, diagnósticos incorrectos y principalmente, diagnósticos tardíos. He aquí la relevancia de obtener un diagnóstico a tiempo, de actuar de manera preventiva y de regular dicha actuación en los órganos correspondientes, así como de garantizar la calidad del tratamiento.

No obstante, el tratamiento contra este padecimiento puede ser costoso, lo que termina por ser determinante y perjudicial sobre la salud de las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

En este sentido, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, un niño con leucemia requiere de tratamientos cuyo costo es de alrededor de un millón de pesos por cada año de tratamiento. Otros datos señalan que el tratamiento de un menor a 18 años puede llegar a costar cerca de 250 mil pesos, y para un joven de entre los 18 y los 21 años de edad, el costo se eleva hasta alcanzar los 400 mil pesos.

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer estima que el tratamiento para el cáncer infantil cuesta alrededor de 9 mil pesos semanales en promedio, lo que resulta en 468 mil pesos anuales. Para un caso específico, los costos de atención promedio en el Hospital Infantil Teletón de Oncología varían desde los 300 mil pesos hasta los dos millones de pesos. Asimismo, la amplia necesidad de servicios de salud y procedimientos quirúrgicos puede elevar, en caso de requerir terapia intensiva, hasta 22 mil pesos diarios.

A los costos por hospitalización e insumos se le deben de agregar el costo por medicamentos lo que eleva la cifra que deben pagar por los padecimientos. Algunos de estos medicamentos oscilan entre los 250 pesos y los 400 pesos, otros, como la vincristina, cuestan alrededor de 900 pesos la dosis para dos semanas, o el cardioxane, que ronda los 6 mil 259 pesos.

Del análisis de lo anterior se desprende la necesidad de implementar las acciones conducentes para garantizar que efectivamente ningún niño, niña o adolescente con cáncer en nuestro país se quede sin tratamiento.

Por otra parte, es preocupante que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), hasta el 2018, la población de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y los 19 años fue de 44 millones 700 mil, pero de ellos 26 millones 500 no cuentan con ningún tipo de seguridad social. En el mismo sentido, con datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, las tasas de incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 nacional, 111.4 en niños y 68.1 en adolescentes.

Los esfuerzos deben ir orientados a facilitar las revisiones constantes, a brindar concientización y educación respecto al tema y con ello lograr diagnósticos tempranos que faciliten acceder a tratamientos exitosos, sin dejar de lado todo el andamiaje legal necesario para que una vez detectada la enfermedad en el menor, se le pueda brindar un tratamiento adecuado, amplio e integral que abone a una recuperación progresiva y de calidad.

III. Es importante señalar los esfuerzos llevados a cabo en algunas entidades federativas. En primer lugar, el 15 de febrero de 2022, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la estrategia de Cobertura Universal y Atención Integral para niñas, niños y adolescentes diagnosticados con algún tipo de cáncer, dentro de la cual se plantea incrementar la expectativa de vida de las y los pacientes, brindarles tratamiento de manera holística, lo que incluye la compra transparente de medicamentos, la creación de infraestructura como el Centro Integral de Atención Infantil (CIAI), la prestación de servicios integrales para pacientes y familiares, y dar seguimiento médico basado en una lista nominal de más de 1,700 menores que actualmente tienen la enfermedad en la entidad. En Jalisco, adicionalmente, el 17 de febrero de 2022, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local propuso una iniciativa de Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Jalisco.

Por su parte, el 04 de enero de 2022, en Nuevo León, el Gobernador Samuel anunció un Programa de Cobertura Universal con inversión de 230 millones de pesos con lo que se garantizará en lo sucesivo y de manera progresiva, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los infantes. De igual forma, el 21 de enero de 2022, se inauguró en el estado la primera área de Cobertura Universal de Cáncer Infantil, en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital de Alta Especialidad de Medicina Avanzada (HAEMA), en el Hospital Universitario, un área de 15 cuartos y 20 camas donde se atenderá inicialmente a 83 menores de edad.

Es importante que, en coadyuvancia con el ordenamiento general, se expidan leyes locales que tengan por objeto establecer lineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento así como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia y la adolescencia, para contribuir en la disminución de la mortalidad, con estándares de calidad, seguridad y control que garanticen el derecho a la salud consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones Generales en materia de salud y detección oportuna del cáncer.

De igual forma, la problemática expuesta tiene relación directa con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente con la meta global fijada por la OMS en la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, la cual busca lograr una supervivencia de, como mínimo, el 60 por ciento de los niños con cáncer en todo el mundo para el año 2030, cifra que representa aproximadamente el doble de la tasa de curación actual.

Por ello, el estándar mínimo de toda ley, sea de carácter general o local en materia de detección de cáncer, debe tener por objetivo disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad, contribuir en la información, concientización y detección oportuna del cáncer en niños y niñas, brindar atención complementaria a quienes no cuenten con seguridad social, ofrecer acompañamiento psicológico e implementar acciones encaminadas a la atención y rehabilitación, definiendo las atribuciones en cada uno de las entidades de la república del Sistema Estatal de Salud.

IV. Desde Movimiento Ciudadano entendemos la necesidad de fortalecer el andamiaje jurídico para la atención del cáncer en las niñas, niños y adolescentes. Por ello, mediante la presente iniciativa se busca atribuir los gastos en que se incurran con motivo de tratamiento del cáncer en la infancia y adolescencia al sistema de salud, para que toda persona, independientemente de su condición económica o sus ingresos, pueda acceder a una atención adecuada.

Por todo lo anterior, se considera necesario reformar la Ley General de Salud y la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, modificación que se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia

Artículo Primero. Se reforma la fracción V del artículo 5 y la fracción II del artículo 12, y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 2, y una fracción III al artículo 5, recorriéndose las subsiguientes de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, para quedar como sigue:

Artículo 2. [...]

[...]

[...]

Las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás dependencias competentes, adoptarán todas las medidas administrativas y presupuestales necesarias que garanticen a niñas, niños y adolescentes con sospecha o diagnóstico de cáncer el acceso sin costo alguno a los servicios de atención médica especializada, tratamientos y medicamentos necesarios.

Artículo 5. Son principios rectores de esta Ley:

I. [...]

II. [...]

III. Continuidad asistencial y de tratamiento;

IV. La no discriminación;

V. La universalidad y gratuidad;

VI. La progresividad;

VII. La interdependencia, y

VIII. La indivisibilidad.

Artículo 12. Para efectos de esta Ley, el Centro tendrá las siguientes atribuciones:

I. [...]

II. Proponer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud las políticas y estrategias nacionales, con el fin de favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno del cáncer en la infancia y la adolescencia y evaluar su impacto; incluido el diseño de campañas de comunicación masiva de carácter permanente con el objeto de crear conciencia social e informar a la población sobre los principales signos y síntomas de cáncer en la infancia y la adolescencia;

III. a XV. [...]

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. [...]

I. a XXVI. [...]

XXVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación ;

XXVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad , y

XXIX. Adoptar todas las medidas administrativas y financieras necesarias que garanticen a niñas, niños y adolescentes que lo requieran el acceso sin costo alguno a los servicios de atención médica especializada, tratamientos y medicamentos.

[...]

[...]

[...]

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la publicación del presente Decreto, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en esta Ley.

Tercero. Las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar tres meses de la entrada en vigor del presente decreto, realizará las adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de éste.

Notas

1 DOF, 2021, Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia.

http://dof.eob.mx/notadetalle.pho?codigo=5609564&fecha=07101 /2021.

2 International Agency for Research on Cancer. Globocan: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2018. Lyon, France: IARC; 2018 Dec Available from:

http://globocan.iarc.fr/

3 Organización Mundial de la Salud - ENT Perfiles de países 2018.

https://www.who.int/cancer/prevention/es/

4 The Global Cancer Observatory 2020.

https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico -fact-sheets.pdf

5 Cáncer Infantil en México. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. 15 de abril de 2019. Consultado en:

https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-m exico-130956

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Taygete Irisay Rodríguez González, Jorge Álvarez Máynez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Salomón Chertorivski Woldenberg (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Bernardo Ríos Cheno, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Bernardo Ríos Cheno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y fracción I, numeral I, del artículo 6, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, y se recorre el subsecuente para ser el cuarto, al artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“Mente sana en cuerpo sano” (Mens sana in corpore sano), primero Platón (La República) y después Juvenal (Sátiras) refirieron este aforismo que por siglos ha servido de guía para señalar que el tener un cuerpo sano, no solo libre de enfermedades sino también ejercitado y fuerte, serviría para tener una mente igualmente sana, lucida, que permitiera a la persona estar en posibilidad de desarrollar su intelecto y aprender y asimilar conocimientos de una mejor manera.

Partiendo de ese axioma, el desarrollo de las actividades físicas y la práctica de juegos y deportes hacían énfasis en el fortalecimiento físico del cuerpo, se deba prevalencia al desarrollo corporal, a las características físicas, a estereotipos que indicaban que un cuerpo musculoso, atlético, bien desarrollado era sinónimo de salud y fortaleza.

Eventualmente, cuando empezaron a desarrollarse los deportes organizados, a través de “ligas”, asociaciones y agrupaciones que organizaban encuentros deportivos primero a niveles regionales y después nacionales, tanto de deportes o “juegos” originarios de los lugares y culturas donde se practicaban, como de aquellos “importados” y aprendidos de migrantes que traían consigo los juegos y deportes practicados en sus lugares de origen, la propagación de la idea del cuerpo sano se amplió a casi todas las latitudes del orbe.

Posteriormente, a finales del siglo XIX, con la realización de las primeras olimpiadas de la era moderna, la idea de la práctica de deportes organizados y profesionales tuvo un crecimiento exponencial, de ahí que muchos de los principales y más famosos clubes u organizaciones deportivas profesionales tuvieron su nacimiento entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX en diferentes disciplinas deportivas y en diversas naciones (en Estados Unidos de América clubes de beisbol, en Europa clubes de futbol soccer o de rugby, por ejemplo), pero también organizaciones (posteriormente federaciones) internacionales de una disciplina deportiva practicada a nivel aficionados. Pero todos ellos esencialmente dedicados a la práctica de deportes basados en la actividad física.

Por otra parte, a la par del desarrollo de las actividades físicas como deportes se daba el perfeccionamiento y surgimiento de juegos enfocados en el desarrollo intelectual y en actividades que, en esencia, no requerían de una actividad física como tal, estos juegos se enfocaban en el ejercicio mental, a incentivar en quienes los practicaban habilidades intelectuales y en muchas ocasiones se usaban también con fines de educación de estrategias (generalmente de tipo militar) y para incentivar la destreza mental.

Así, se desarrolló a lo largo de los siglos la lógica de cultivar y fortalecer el cuerpo, concentrándose en el aspecto meramente físico, considerando que, por añadidura, el desarrollo de una mente sana correría aparejado y que, en consecuencia, no había porque ejercitar algo que no era susceptible de notarse a simple vista. Esta idea se vio reforzada recientemente con el encierro y aislamiento a que millones de personas se vieron obligados a consecuencia de la pandemia provocada por la propagación del SARS-Cov2-Covid19.

La mayoría de las culturas conocidas hasta la actualidad contaron y cuentan con juegos que cumplían esos fines, cultivar el trabajo intelectual, favorecer el desarrollo mental, mejorar las capacidades cognitivas. El ajedrez, las damas, el dominó, el póker, son solo algunos de los juegos que hoy en día son considerados como deportes, por ejemplo, en el caso del ajedrez incluso ha sido bautizado como “deporte ciencia”.

En esencia, los juegos mentales son mecanismos que permiten al cerebro ejercitarse a través del desarrollo de procesos mentales necesarios para la solución de los retos que suponen los diferentes efectos planteados por las actividades a desarrollar al practicar dichos juegos. Por ello se ha considerado a los juegos mentales verdaderos deportes que ayudan a mantener ejercitado al cerebro e incentivan el mejoramiento de procesos mentales.

Por otra parte, no debemos olvidar que el cerebro es un musculo y como tal necesita ejercitarse para evitar que su funcionamiento regular se vea afectado o, incluso, limitado y, precisamente, la forma en que el cerebro humano se ejercita es mediante la práctica constante de los deportes mentales que, además, se ha demostrado científicamente son benéficos para el desarrollo de la inteligencia humana, las habilidades intelectuales de los individuos, facilitan la captación de nuevos conocimientos y ayudan a prevenir problemas de salud mental, en especial en condiciones extremas de convivencia social, como las que recientemente se vivieron con motivo del confinamiento y aislamiento al que una gran parte de la población mundial se vio afectada en menor o mayor medida.

Así, el aforismo “mente sana en cuerpo sano” refleja hoy un equilibrio entre la salud física y la salud mental, pues diversas investigaciones han comprobado que la salud física es un elemento primordial que ayuda al sano desarrollo del cerebro al generar el consumo de hormonas producidas en el musculo cerebral (endorfina, dopamina, noradrenalina, entre otras) y previene enfermedades mentales como el Párkinson, el Alzheimer y la depresión; en tanto, los ejercicios mentales ayudan a acelerar la recuperación muscular después de la práctica deportiva intensa, como correr un maratón, participar en un partido de tenis o de futbol soccer, ayuda a la concentración para la ejecución de actividades deportivas como los clavados o la gimnasia y, en general, mejora el rendimiento físico.

Entre los deportes mentales se encuentra el póker, por ejemplo, juego de cartas en el que se buscas derrotar hasta a 3 oponentes, se basa en el desarrollo de capacidades de análisis, control y valoración de escenarios e incentiva la actividad cerebral y “enseña” a controlar emociones como la ansiedad, el enojo, la frustración e, incluso, la euforia; en efecto, de acuerdo a estudios realizados en años recientes, la práctica del póker sirve a las personas no solo para mejorar su rendimiento intelectual, sino también como catalizador de emociones tanto positivas como negativas, ayuda a aprender a controlar la toma inconsciente e irracional de decisiones e incentiva el autocontrol de las personas.

Al tratarse de un juego de probabilidades, el póker requiere una concentración total de los participantes e implica un desgaste físico considerable, por lo que los participantes requieren contar con una preparación física adecuada previa a la participación en una competencia formal, lo que corrobora lo antes expresado respecto al equilibrio entre la actividad física y la actividad mental, lo que permitirá al jugador de póker estar en condiciones óptimas para intervenir en una competencia tan demandante como lo llegan a ser los torneos formales de póker, ya sea a nivel amateur o profesional.

Por éstas y otras razones, en un dictamen técnico emitido por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la Conade en 2017, el póker es considerado deporte mental.

Considerandos

Visto lo anterior resulta evidente la necesidad de adecuar el marco normativo a efecto de dar el pleno reconocimiento en la legislación nacional a los deportes mentales, lo anterior a efecto de que las respectivas organizaciones sean aceptadas por las autoridades deportivas y las actividades oficiales de las respectivas disciplinas deportivas cuenten con la promoción necesaria a todos los niveles, se fomente e incentive la participación de la población en estos deportes y no sean estigmatizados como actividades secundarias de entretenimiento.

En efecto, como ya se ha señalado, los deportes mentales pueden tener una importante influencia en el mejoramiento de la educación de niños y adolescentes, primordialmente, pero también en el resto de la población, incluso de la que ya no esté en edad escolar.

Otro aspecto a considerar es el relativo a la infraestructura necesaria para la práctica de estas disciplinas deportivas, mismas que no necesitan instalaciones especiales ni grandes espacios, en la mayoría de ellas basta con contar con un mobiliario básico consistente en una mesa y algunas sillas, pueden practicarse tanto en espacios abiertos y cerrados y en horarios abiertos y amplios. Todas estas condiciones son propicias para facilitar la difusión de la práctica de estos deportes entre la población en general y apoyar la realización de torneos de diferentes niveles, locales, regionales y nacionales, así como la participación en competiciones internacionales.

Por lo anterior se plantean la siguiente reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que se describe en el siguiente cuadro comparativo para facilitar la comprensión de la importancia del planteamiento que nos ocupa.

La propuesta considera incluir en la ley que nos ocupa un párrafo en el que se reconoce la existencia de los deportes mentales, haciendo una referencia de algunos de ellos y señalando una definición genérica de “deporte mental”.

Al efecto, en el artículo materia de esta propuesta legislativa, se agregaría un párrafo y se recorrería el párrafo subsecuente, de forma que la porción normativa quedaría integrada por cuatro párrafos y no por los tres actuales. Esta propuesta se describe en el siguiente cuadro comparativo que se incorpora con fines meramente ilustrativos y para facilitar a la comisión dictaminadora su labor de estudio y análisis:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el subsecuente para ser el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Único. Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el subsecuente para ser el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 88. La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país como factor fundamental del desarrollo armónico e integral del ser humano. La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, involucrando la participación de los sectores social y privado, para realizar las acciones generales siguientes:

I. Difundir programas y actividades que den a conocer los contenidos y valores de la cultura física y deportiva;

II. Promover, fomentar y estimular las actividades de cultura física con motivo de la celebración de competiciones o eventos deportivos;

III. Promover, fomentar y estimular las investigaciones sobre la cultura física y los resultados correspondientes;

IV. Promover, fomentar y estimular el desarrollo de una cultura deportiva nacional que haga del deporte un bien social y un hábito de vida;

V. Difundir el patrimonio cultural deportivo;

VI. Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza cultural deportiva; y

VII. Las demás que dispongan otras leyes u ordenamientos aplicables.

Los deportes mentales son competencias basadas en un tipo particular de habilidad intelectual en contraposición al ejercicio o deporte físico, entre los que se encuentran, a manera enunciativa y no limitativa, el ajedrez, póker, damas, bridge, billar; la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias deberán apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México correspondientes.

Los juegos tradicionales y autóctonos y la charrería serán considerados como parte del patrimonio cultural deportivo del país y la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias deberán preservarlos, apoyarlos, promoverlos, fomentarlos y estimularlos, celebrando convenios de coordinación y colaboración entre ellos y con las asociaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fuente: https://www.com.org.mx/olimpismo/ Consultada el 23 de agosto de 2022.

2 Fuente: https://www.uchile.cl/noticias/176421/cuerpo-sano-y-mente-sana-la-actividad-fis ica-como-aliada-de-la-salud- Consultada el 24 de agosto de 2022.

3 Fuente: https://www.deportesaludable.com/salud/deportes-mentales-los-juegos-de-mesa-y-e ntretenimiento-ejercitan-tu-cerebro/ Consultada el 24 de agosto de 2022.

4 Ídem.

5 Fuente: https://theconversation.com/una-mente-sana-en-un-cuerpo-sano-y-viceversa-150136 Consultada el 25 de agosto de 2022.

6 Fuente: http://deportemental.com/como-reacciona-el-cerebro-humano-jugando-al-poker/ consultada el 25 de agosto de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Bernardo Ríos Cheno, Brenda Ramiro Alejo, Lidia Pérez Bárcenas, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Miguel Ángel Pérez Navarrete, Pedro David Ortega Fonseca, Wilberth Alberto Batun Chulim (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, en materia de nuevos mecanismos de mejora regulatoria, a cargo de la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Flor Ivone Morales Miranda, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción

Durante décadas en México se ha generado una gran producción de normas jurídicas y administrativas, que a su vez ha ocasionado un fenómeno de sobrerregulación que consiste en la existencia excesiva de normas difíciles de ser conocidas a su profundidad por parte de la ciudadanía.

En ese sentido, se detectó la necesidad de impulsar una reforma que incluyera los criterios básicos para generar normas claras y trámites y servicios simplificados para procurar los mayores beneficios sociales e incentivar la economía, la productividad, la eficiencia y el bienestar general de la sociedad.

El surgimiento y desarrollo de la política regulatoria para apoyar una reforma regulatoria sistemática y progresiva ha sido un elemento fundamental en la reforma del sector público en los países de la OCDE durante los últimos veinte años.

El objetivo de la reforma regulatoria responde a la necesidad de garantizar que las normas y los marcos regulatorios se justifiquen, sean de buena calidad y “adecuados para su propósito”.

Como parte integral de una gobernanza pública eficaz, la política regulatoria ayuda a configurar la relación entre el Estado, los ciudadanos y las empresas. Una política regulatoria eficaz apoya el desarrollo económico, la consecución de objetivos sociales más explícitos como el bienestar social y la sustentabilidad ambiental, y fortalece el estado de derecho.

Antecedentes

El 18 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mejora Regulatoria. Dicha ley deriva de la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en febrero de 2017 y mediante la cual se facultó al Congreso para expedir una ley en la materia.

Al respecto, la reforma constitucional establece lo siguiente: “ Las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia”.

En este mismo sentido, el artículo 73 fracción XXIX-Y de la CPEUM dispone que el Congreso tiene facultad para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.

Hasta antes de mayo de 2018, la mejora regulatoria se regía por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y era aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada y de los organismos descentralizados de la administración pública federal, a excepción de los actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

¿Qué es la mejora regulatoria?

De acuerdo con la Conamer, la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad.

Con la implementación de la política de mejora regulatoria, se busca elevar los niveles de productividad y crecimiento económico en entidades federativas y municipios del país, mediante la disminución de obstáculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento que realizan sus actividades.

Avances en la política de mejora regulatoria

Actualmente, se cuenta con una Comisión Nacional de Mejora Regulatoria encargada de ejecutar la política pública para la generación de normas claras y trámites y servicios simplificados, que permitan el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano.

En México, ya contamos con una Estrategia y un Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, que constituye la herramienta tecnológica para compilar todos los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones e inspectores del país, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio.

Dicho catálogo permite a la ciudadanía consultar, en un solo portal electrónico, toda la información de los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones e inspectores del país.

La inscripción y actualización al Catálogo Nacional es de carácter permanente y obligatorio para todas las autoridades públicas del país y la información que estos inscriban es vinculante.

Problemática actual

Si bien es cierto, en nuestro país ya contamos con importantes avances para una estrategia efectiva de mejora regulatoria, también es cierto que esta ley requiere una revisión integral para colmar las lagunas legales que se detecten. En ese sentido, en nuestra calidad de legisladores y como parte del aparato institucional del Estado, es nuestra labor encauzar todos los esfuerzos para el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico nacional, en virtud de que ese proceso de corrección derivará en normas claras y trámites y servicios simplificados para la población mexicana.

Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto lo siguiente:

1.- Incluir en el glosario la definición de “ Costos de Cumplimiento para los Particulares” y establecer los supuestos en los que las regulaciones y propuestas regulatorias presentan costos de cumplimiento para los particulares.

2.- Incluir en el glosario de la Ley la definición del término “ Mejora Regulatoria” entendido como la política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

3.- Establecer que la Estrategia comprenderá un programa de investigación aplicada, vinculado con los hallazgos del diagnóstico sobre mejora regulatoria, que será coordinado por la Conamer, en coadyuvancia con el Observatorio, y con la participación del sector académico.

4.- Establecer como atribución de la Conamer, promover el desarrollo de investigación aplicada en las materias relacionadas a la Mejora Regulatoria e implementar estrategias y campañas de difusión en medios de comunicación masiva que permitan dar a conocer al público en general, las herramientas, procesos, objetivos, alcances y resultados de la Mejora Regulatoria.

5.- Establecer que el Comisionado que presida la Conamer deberá tener al menos 40 años cumplidos.

6. Establecer la obligatoriedad de que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos constitucionales autónomos (de los 3 órdenes de gobierno), y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, deberán diseñar e implementar su propio Sistema de Mejora Regulatoria, con estrategias, herramientas, procedimientos y programas acordes a la naturaleza y mandatos de cada uno de estos Poderes u organismos.

7. Aumentar el número de integrantes del Observatorio a 8 ciudadanos y establecer que serán nombrados por el Consejo Nacional, a través de convocatoria pública mediante un procedimiento de máxima transparencia, justo y equitativo. Asimismo, se establece la posibilidad de permanecer en su encargo durante 3 años con posibilidad de reelección por un periodo más; eliminando la limitante de que podrán ser removidos únicamente por faltas administrativas graves.

8. Establecer que los integrantes del observatorio deberán quedar conformados por cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres; de los cuales tres serán para empresarios, dos para ciudadanos representantes de organizaciones no gubernamentales y tres para académicos, investigadores o consultores en materia de mejora regulatoria o afines.

9. Establecer los requisitos para ser integrante del observatorio, ya sea tratándose de personas empresarias, investigadores, académicos y representantes de la sociedad civil.

10. Establecer la obligación de la Conamer, de incorporar, en los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, las opiniones de las autoridades competentes.

11. Establecer 8 supuestos de faltas administrativas en las que incurrirán los servidores públicos que incumplan y transgredan las obligaciones de:

1) Omitir la actualización del Catálogo Nacional;

2) Omitir el envío de propuestas regulatorias a las autoridades de mejora regulatoria;

3) Omitir la difusión oficial;

4) La obligación de no exigir documentos adicionales a los previstos en el Catálogo Nacional;

5) La obligación de respetar los plazos de consulta pública.

12. Establecer expresamente el derecho de los interesados afectados por las omisiones o contravenciones a la ley, de interponer recurso de revisión o promover las vías judiciales correspondientes.

13.- Incluir en el glosario el concepto de “Inventario o Acervo Regulatorio”, entendido como el documento electrónico que contiene datos e información respecto al conjunto de Regulaciones, Trámites y/o Servicios vigentes clasificados conforme al orden de gobierno respectivo y al área de política pública correspondiente.

Asimismo, se propone establecer que, la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria deberá comprender las metodologías para el diagnóstico periódico del Inventario o Acervo Regulatorio, que contengan, a su vez y al menos: a) el Levantamiento del Inventario o Acervo Regulatorio; b) la Revisión y análisis del Inventario o Acervo Regulatorio; y c) la Depuración con la finalidad de mejorar, simplificar y actualizar el Inventario o Acervo Regulatorio.

Justificación de las propuestas de reforma y adición

1. Actualmente, la Ley General de Mejora Regulatoria no prevé una definición respecto a lo que debe entenderse por “ Costos de cumplimiento para los particulares”. Este concepto resulta la clave fundamental para la aplicación de las herramientas y directrices de la mejora regulatoria. La Ley hace referencia a este concepto en seis ocasiones, en los artículos 65, 71, 77, 78 y 83, sin embargo, omite definirlo.

El concepto de costos de cumplimiento para los particulares fue definido por la Conamer (antes Cofemer) desde el año 2003, actualmente, este concepto se encuentra definido en la Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio 2010.

Debido a la relevancia de este concepto en la implementación de la política de Mejora Regulatoria, en todos los niveles de gobierno, es importante otorgarle la visibilidad adecuada para su aplicación, en el apartado de definiciones de esta ley general.

2. De acuerdo con la Conamer, el propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. Sin embargo, actualmente no se ha definido el término “Mejora Regulatoria” en sentido estricto, por lo que se propone incluir la definición formulada por la propia Conamer.

3. Resulta necesario que la estrategia de mejora regulatoria incluya un programa de investigación coordinado por la Conamer en coadyuvancia con el Observatorio y con la participación del sector académico, en razón de que, sólo a partir de un diagnóstico se podrá mejorar la política pública de mejora regulatoria.

La Conamer cuenta con información y evidencia suficiente para que a través de investigación aplicada se puedan mejorar sus herramientas y en general, sus intervenciones de política pública.

De ahí la importancia que Conamer dedique recursos para establecer programas de investigación aplicada, los cuales a través de la evidencia científica permitan mantener en constante mejora los marcos teóricos y métodos de aplicación de la política.

En este sentido adicional a integrar a la Estrategia un programa de investigación aplicada en materia de mejora regulatoria se propone dejar una función específica para la Conamer de promover el desarrollo de este tipo de investigaciones.

4. Resulta fundamental la difusión en medios de comunicación para dar a conocer al público cuales son las herramientas, y trámites y servicios simplificados de los que pueden disponer, con los menores costos posibles.

La Conamer cuenta con múltiples herramientas destinadas a hacerle la vida más sencilla a los ciudadanos y empresas. Sin embargo, estas herramientas no suelen ser socializadas de manera correcta, de ahí que la sociedad suela desconocerlas.

La OCDE (2010) ha hecho énfasis en la importancia del ciclo de gobernanza regulatoria y de la comunicación gubernamental en materia de mejora regulatoria para tener mejores impactos.

Para cerrar esta brecha, se ha propuesto como parte de las funciones de la Conamer el establecer estrategias y campañas en medios comunicación masiva que permitan dar a conocer las herramientas de Mejora Regulatoria y sus resultados, entre otros.

5. Se considera necesario incrementar a cuarenta años la edad de la persona que presida la Conamer en razón de que se requiere mayor experiencia laboral y profesional especializado en el campo de la evaluación de impacto regulatorio.

6. No obstante los Poderes Legislativo y Judicial, así como, los organismos constitucionales autónomos cuentan con autonomía normativa y presupuestaria, resulta fundamental que desarrollen su propio sistema de mejora que permita la generación de normas claras y trámites y servicios simplificados para procurar los mayores beneficios para la sociedad.

En 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos propuso que la Mejora Regulatoria se aplique con una perspectiva de gobierno entero.

Como lo hemos señalado previamente, la reforma constitucional de 2017 obliga a “ las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, a implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General en la materia” (artículo 25 constitucional, último párrafo).

Por su parte, la LGMR obliga por un lado a las autoridades del Poder Ejecutivo a aplicar la ley y sus preceptos, mientras que los “ Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos con Autonomía Constitucional y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales” solo quedan obligados a otorgar información para el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios. Esta obligación es sumamente limitada a la luz de la reforma constitucional.

Por lo anterior, se propone que, de manera adicional al otorgamiento de información para el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, se establezca para estos poderes la obligación de desarrollar sus propios sistemas de mejora regulatoria individuales e independientes, con sus propias reglas y procedimientos, tal como sucede al día de hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con su propio Sistema de Mejora Regulatoria.

7. Resulta de suma importancia que el Observatorio contemple la participación de 8 integrantes (y no solo 5 como actualmente se establece) para contemplar al sector empresarial y académico; así como, a organizaciones no gubernamentales, para que pueda el observatorio pueda dar cabal cumplimiento a la esencia para la que fue creado, en aras del bienestar general de la sociedad.

El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria actualmente está integrado por cinco personas. De las cuales 3 son empresarios, adicionalmente forma parte del observatorio un investigador, y una consultora del Banco Mundial, especialista en economía digital. De los cinco integrantes, solo uno es mujer. El liderazgo del Observatorio es ejercido por el Consejo Coordinador Empresarial.

A la fecha se observa que dos son los temas en los que el Observatorio se ha concentrado, por un lado, en el desarrollo e implementación del Subindicador Nacional de Mejora Regulatoria y por el otro, recientemente han desarrollado un indicador que buscará medir el avance en la implementación de la estrategia nacional de mejora regulatoria. Si bien estos son estudios valiosos, resulta relevante reforzar el Observatorio con nuevos miembros que permitan otorgarle nuevas perspectivas a los trabajos del mismo, y no solo una perspectiva empresarial.

Por ello se plantea incrementar de cinco a ocho los miembros del Observatorio, así como integrar cuotas para empresarios, académicos o investigadores y representantes de la Sociedad Civil Organizada. Así como cuotas de género.

Adicionalmente, se propone que la selección de los integrantes del Observatorio sea a través de una convocatoria pública y mediante un proceso de máxima transparencia.

8. La paridad de género es la política transversal del gobierno más trascendental para garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres como lo mandata el artículo cuarto constitucional.

9. Incluir requisitos para ser integrantes del observatorio, contribuye a fijar criterios para una mejor selección de quienes habrán de representar los diferentes sectores de la iniciativa privada.

10. Atender las observaciones, comentarios y opiniones de las autoridades competentes, contribuirá a un verdadero mejoramiento en los procesos de simplificación de normas, trámites y servicios.

Los acuerdos de coordinación para la revisión de las regulaciones son importantes para la mejora regulatoria. De manera particular, los acuerdos con la Comisión Federal de Competencia Económica toman relevancia dada la Recomendación del Consejo sobre la evaluación de la competencia de la OCDE de 2009, la cual hace referencia a la participación de las autoridades en materia de competencia económica en las primeras etapas de elaboración de las regulaciones, a fin de detectar oportunamente aquellas disposiciones que pudieran afectar la competencia y la libre concurrencia en los mercados.

Este nuevo artículo busca que la Conamer tenga las herramientas para materializar las opiniones de otras autoridades respecto de las propuestas regulatorias y así garantizar los objetivos de esta ley, en específico los referentes a los artículos 7, fracción X; artículo 8, fracción III, y artículo 68 de esta misma ley general.

11. Se estima necesario contemplar determinadas sanciones administrativas en caso de que los servidores públicos no cumplan con lo que mandata la ley; con la finalidad de generar mayores mecanismos para garantizar su cumplimiento.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo que contuvo el procedimiento de mejora regulatoria del 2000 al 2018, preveía sanciones muy puntuales respecto del incumplimiento de ciertas disposiciones de la mejora regulatoria.

La Ley General de Mejora Regulatoria dejó en términos muy generales estas sanciones e incumplimientos, sin que realmente pueda quedar claro cómo se podría estar contraviniendo la Ley General de Mejora Regulatoria y las sanciones a esos incumplimientos.

En este sentido, a fin de asegurar que la mejora regulatoria pueda estarse cumpliendo y no se convierta en simulación, esta iniciativa retoma las sanciones estipuladas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, e incluye algunos otros incumplimientos.

12. Si bien existen diversas instancias ante las cuales se pueden hacer exigibles los derechos relativos a la mejora regulatoria, se considera necesario incluir en esta ley la posibilidad expresa de interponer los recursos que por la vía administrativa y judicial sean aplicables a fin de garantizar dichos derechos.

13. Como lo hemos mencionado previamente, la finalidad de la mejora regulatoria es la simplificación de trámites, servicios y regulaciones. En ese sentido, para poder simplificar y mejorar, se requiere depurar aquellas sobrerregulaciones que obstaculizan las actividades de la ciudadanía. Y, a su vez, para estar en condiciones de depurar, se requiere hacer una revisión precisa, exhaustiva y detallada de todos aquellos instrumentos que convergen en una misma rama de actividades.

Evidentemente, el primer paso que debe establecerse es constituir un inventario o acervo regulatorio que contenga la información y datos que permiten establecer cuántos instrumentos jurídicos existen, cuáles y de qué tipo, a qué áreas de política pública corresponden, quiénes son los responsables de su administración y cumplimiento, qué actividades y/o mercados regula o afecta y, en general, cuáles son las características que los distinguen.

Entonces, conocer el inventario o acervo regulatorio es una condición indispensable para la revisión, depuración y, por lo tanto, mejora regulatoria ya que es la base que proporciona los insumos de información que permitirán llevar a cabo la revisión en al menos tres momentos:

El primero consiste precisamente en hacer el levantamiento del inventario, a través de recabar información que permita conocer qué instrumentos regulatorios componen el acervo, cuántos son, de qué tipo y cuáles son sus características. De esta manera, el inventario quedará como un registro ordenado y sistemático de la información relativa a los instrumentos regulatorios vigentes.

El segundo momento es la revisión del acervo que comprende al menos cinco componentes básicos: 1) la determinación de su alcance, 2) la definición de los responsables que la llevarán a cabo, 3) el establecimiento de los atributos y criterios con que será analizada la regulación, 4) los métodos de dicho análisis y la identificación de los hallazgos, y 5) la manera en que deben ser presentados para que sean de utilidad para la mejora del acervo.

Finalmente, el tercer momento es la depuración, que consiste en implementar las recomendaciones derivadas de la revisión con 2 finalidades: 1) mejorar el acervo con acciones de desregulación, simplificación y actualización y 2) establecer mecanismos que permitan mantener lo ya mejorado.

Para una mejor apreciación de la propuesta, a continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria

Artículo Único. Se reforman y adicionan las fracciones VIII, XI y XIV al artículo 3o, recorriéndose las fracciones subsecuentes; se reforman y adicionan las fracciones VIII y XII del artículo 22, recorriéndose la fracción subsecuente; se reforman y adicionan las fracciones XII y XV del artículo 24, recorriéndose las fracciones subsecuentes; se reforma la fracción IX del artículo 25; se reforma el artículo 26; se reforma el artículo 30 y se le adicionan las fracciones I y II; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 32, y se adicionan nuevos párrafos segundo y cuarto, recorriéndose el párrafo subsecuente; se adiciona el artículo 32 Bis; se adiciona el artículo 68 Bis; se reforma y adiciona el artículo 93, recorriéndose el artículo subsecuente; y se adiciona el artículo 95, todos de la Ley General de Mejora Regulatoria, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. a VII....

VIII. Costos de Cumplimiento para los Particulares: Las regulaciones y propuestas regulatorias presentan costos de cumplimiento para los particulares cuando:

a) Crean nuevas obligaciones para los particulares o hacen más estrictas las obligaciones existentes;

b) Crean o modifican trámites (con excepción de aquellos cuya modificación simplifica y facilita el cumplimiento de obligaciones de los particulares);

c) Reducen o restringen derechos o prestaciones para los particulares;

d) Establecen definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares; o

e) Modifican la estructura de un mercado a través de nuevas atribuciones a órganos reguladores o dependencias gubernamentales.

IX. Estrategia: ...

X. Expediente para Trámites y Servicios: ...

XI. Inventario o Acervo Regulatorio: Documento electrónico que contiene datos e información respecto al conjunto de Regulaciones, Trámites y/o Servicios vigentes clasificados conforme al orden de gobierno respectivo y al área de política pública correspondiente;

XII. Ley: ...

XIII. Medio de Difusión: ...

XIV. Mejora Regulatoria: Política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

XV. Observatorio: ...

XVI. Padrón: ...

XVII. Propuesta Regulatoria: ...

XVIII. Regulación o Regulaciones: ...

...

XIX. Reglamento: ...

XX. Servicio: ...

XXI. Sistema Nacional: ...

XXII. Sujeto Obligado: ...

...

XXIII. Sujeto Obligado de la Administración Pública Federal: ...

XXIV. Trámite: ...

Artículo 22. La Estrategia comprenderá, al menos, lo siguiente:

I. a VII. ...

VIII. Las metodologías para el diagnóstico periódico del Inventario o Acervo Regulatorio, que contengan, al menos, lo siguiente:

a) Levantamiento del Inventario o Acervo Regulatorio, a través del cual se recaban datos e información que permita conocer la totalidad de los instrumentos regulatorios vigentes.

b) Revisión y análisis del Inventario o Acervo Regulatorio, a través del cual se identifique plenamente el alcance, los responsables, criterios y métodos de análisis, identificación de los hallazgos y recomendaciones de mejora y simplificación.

c) Depuración, a través de la cual se implementen las recomendaciones derivadas de la revisión y análisis con la finalidad de mejorar el Inventario o Acervo Regulatorio, mediante acciones y mecanismos de simplificación, mejoramiento y actualización;

IX. a XI....

XII. Los criterios para revisar, actualizar y mejorar el Inventario o A cervo R egulatorio nacional;

XIII. a XVIII....

XIX. Un programa de investigación aplicada, vinculado con los hallazgos del diagnóstico sobre mejora regulatoria, que será coordinado por la Comisión, en coadyuvancia con el Observatorio, y con la participación del sector académico.

XX. Las demás que se deriven de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 24. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito nacional:

I. a XI. ...

XII. Promover el desarrollo de investigación aplicada en las materias relacionadas a la Mejora Regulatoria;

XIII. Crear, desarrollar, proponer y promover Programas Específicos de Simplificación y Mejora Regulatoria;

XIV. Procurar que las acciones y Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados se rijan por los mismos estándares de operación; y

XV. Implementar estrategias y campañas de difusión en medios de comunicación masiva que permitan dar a conocer al público en general, las herramientas, procesos, objetivos, alcances y resultados de la Mejora Regulatoria, y

XVI. Las demás atribuciones que establezcan esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 25....

IX. Proponer a los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal la revisión de su inventario o a cervo r egulatorio y de sus trámites y servicios;

Artículo 26. La Comisión Nacional estará presidida por una persona comisionad a, quien será designad a por el titular del Ejecutivo federal, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Economía.

El Comisionado deberá contar con título profesional en materias afines al objeto de la Comisión Nacional, tener al menos cuarenta años cumplidos y haberse desempeñado en forma destacada en cuestiones profesionales del sector empresarial, de servicio público o académicas relacionadas con el objeto de la Comisión Nacional.

Artículo 30. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos con autonomía constitucional, de los órdenes federal o local y los Organismos con Jurisdicción Contenciosa que no formen parte de los poderes judiciales, atendiendo a su presupuesto, deberán :

I. Designar, dentro de su estructura orgánica, una instancia responsable encargada de aplicar lo establecido en el Capítulo I del Título Tercero de esta ley en relación con el Catálogo, o bien, coordinarse con la Autoridad de Mejora Regulatoria del orden de gobierno al que pertenezcan.

Lo previsto en la fracción anterior no será aplicable para procesos jurisdiccionales.

II. Diseñar e implementar su propio Sistema de Mejora Regulatoria, con estrategias, herramientas, procedimientos y programas acordes a la naturaleza y mandatos de cada uno de estos Poderes u organismos. Para ello, cada Poder u organismo deberá emitir sus propias reglas de mejora regulatoria, observando los preceptos y buenas prácticas regulatorias en la materia, según corresponda.

Los Sistemas de Mejora Regulatoria de los Poderes u organismos indicados, serán independientes del Sistema Nacional de Mejora de Mejora Regulatoria previsto en esta Ley.

Artículo 32. El Observatorio estará integrado por ocho ciudadanos de probidad y prestigio. Salvo los casos de empleos, cargos o comisiones en instituciones académicas o de investigación científica, los integrantes no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local, municipal o de las alcaldías, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de sus actividades en el Observatorio.

Lo anterior, a excepción de aquellos servidores públicos adscritos a instituciones o temas a los que no les aplique la mejora regulatoria y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Los integrantes del Observatorio serán nombrados por el Consejo Nacional , a través de Convocatoria Pública mediante un procedimiento de máxima transparencia, justo y equitativo, durarán en su encargo tres años, con posibilidad de reelección por un periodo más, y serán renovados de manera escalonada.

Los integrantes del observatorio deberán quedar conformados por cincuenta por ciento mujeres y cincuenta por ciento hombres. Asimismo, de los ocho nombramientos que integran el Observatorio, tres serán para empresarios, dos para ciudadanos representantes de organizaciones no gubernamentales y tres para académicos, investigadores o consultores en materia de mejora regulatoria o afines.

...

Artículo 32 Bis. Los requisitos para ser integrante del Observatorio son los siguientes:

I. Para representantes de personas empresarias: Ser empresario de micro, pequeña, mediana o gran empresa con al menos cinco años de experiencia en su ramo, o ser representante o presidente de alguna cámara empresarial a nivel nacional;

II. Para personas investigadoras, académicas o consultoras: Demostrar experiencia verificable de al menos cinco años en investigación o trabajos relacionados con el objeto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la evaluación de impacto regulatorio, mejora del ambiente de negocios, simplificación de trámites, administración digital, estudio de cargas administrativas, derecho administrativo, políticas públicas, administración pública o materias afines;

III. Para las personas representantes de la sociedad civil: demostrar al menos cinco años de experiencia en causas como la protección del consumidor, la protección y defensa de derechos sociales y derechos humanos y pertenecer activamente a una organización no gubernamental con trabajos a nivel nacional;

IV. Tener más de treinta años de edad, al día de la designación;

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento; y

VII. Los demás requisitos que se señalen en la convocatoria correspondiente.

Artículo 68 Bis. La Comisión Nacional deberá incorporar, como parte integral de los procesos de revisión y diseño de las Regulaciones y Propuestas Regulatorias, las opiniones de las autoridades en las materias de competencia económica, comercio exterior, derechos humanos y cualquier otra que corresponda.

Para ello, la Comisión Nacional deberá efectuar, gestionar y mantener acuerdos de colaboración con las autoridades competentes a fin de garantizar que éstas puedan emitir una opinión técnica de acuerdo con sus atribuciones, y que el regulador pueda atender los comentarios que esas autoridades tengan respecto de las propuestas regulatorias y regulaciones, durante el proceso de mejora regulatoria ex ante o ex post.

Artículo 93. Incurrirá en Falta administrativa el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. El titular de la unidad administrativa o servidor público responsable que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por más de cinco ocasiones continuas no lleve a cabo el registro de altas, bajas o modificaciones en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, respecto de trámites y servicios a realizarse por los particulares, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación;

II. El titular de la unidad administrativa o servidor público responsable que, en un mismo empleo, cargo o comisión, que por más de tres ocasiones continuas no envíe a la Autoridad de Mejora Regulatoria las propuestas regulatorias o regulaciones y los análisis de impacto regulatorio correspondientes, para efectos de lo dispuesto en los artículos 71 y 77 de la presente Ley;

III. El titular de la unidad administrativa o servidor público responsable que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por más de tres ocasiones continuas no envíe a la Autoridad de Mejora Regulatoria, la Agenda Regulatoria, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de la presente Ley;

IV. El servidor público responsable del medio de difusión oficial que por más de cinco veces continuas incumpla lo previsto en el artículo 76 de la presente ley;

V. El servidor público que, en un mismo empleo, cargo o comisión, exija por más de cinco veces continuas trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en los Registros de Trámites y Servicios o en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, en contravención a lo dispuesto en el artículo 48 de la presente Ley;

VI. El servidor público competente de la Autoridad de Mejora Regulatoria que, en un mismo empleo, cargo o comisión, a solicitud escrita de los interesados, por más de cinco ocasiones continuas, no ponga a disposición de estos la información prevista en el artículo 73 de la presente ley, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se reciba la solicitud correspondiente;

VII. El servidor público competente de la Autoridad de Mejora Regulatoria que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por más de tres ocasiones continuas no otorgue los plazos de consulta pública establecidos en el artículo 73 de la presente ley; y

VIII. El servidor público competente de la Autoridad de Mejora Regulatoria que, en un mismo empleo, cargo o comisión, por más de cinco ocasiones continuas contravenga lo establecido en los artículos 71 al 75 de la presente ley.

Artículo 94. Las Autoridades de Mejora Regulatoria deberán informar a las autoridades que resulten competentes en la investigación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, de los incumplimientos que tenga conocimiento.

Artículo 95.- Los interesados afectados por las omisiones o contravenciones a esta ley, por parte de los Sujetos Obligados y de las Autoridades de Mejora Regulatoria, podrán interponer recurso de revisión o promover las vías judiciales correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes:

1 https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Mexico-Revisiones-en-Reforma-Regulat oria-2013.pdf

2 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/ocderecomiendaamexicoestablecerventa nillasdigitalesdetramitessiguiendoelejemplodeyucatan.htm

3 ¿Qué es la Mejora Regulatoria? | Comisión Nacional de Mejora Regulatoria | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

4 El ABC de la Mejora Regulatoria para las entidades federativas y los municipios: “Guía práctica para funcionarios, empresarios y ciudadanos”, Editorial: Centro de la OCDE en México para América Latina, OCDE 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Flor Ivone Morales Miranda, Brenda Ramiro Alejo, Daniel Murguía Lardizábal, Héctor Ireneo Mares Cossío, Lidia Pérez Bárcenas, Pedro David Ortega Fonseca, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en relación con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Quinta Legislatura federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en relación con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Contextos mundial y regional

La Organización Mundial de la Salud señala, por un lado, desde un punto de vista biológico, que el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última estancia la muerte.

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas asegura que la población a nivel mundial está experimentando un aumento en el número y la proporción de personas adultas mayores, ya que según el informe Perspectivas de la población mundial 2019en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años, más que la proporción registrada en 2011 equivalente a una entre cada once personas. En este sentido, el envejecimiento de la población está por de convertirse en una de las transformaciones más significativas del Siglo XXI, lo que genera consecuencias para diferentes sectores de la sociedad, como lo son el mercado laboral, el mercado financiero y la demanda de bienes y servicios (vivienda, transportes, protección social), así como para la estructura familiar y los lazos intergeneracionales.

De acuerdo con el estudio Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, perspectiva regional y de derechos humanos,de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a escala mundial, entre 2015 y 2030, la población de 60 años y más se elevará de 900 millones a más de 1,400 millones de personas, lo que significa un aumento del 64 por ciento en quince años, siendo el grupo de edad que más crecerá, ya que pasará de 12.3 por ciento de la población a escala mundial a 16.4 en 2030.

En la región de América Latina y el Caribe se estima que en 2037 la proporción de personas adultas mayores sobrepasará a la proporción de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años. Así, la población de 60 años y más en la región, compuesta en la actualidad por unos 76 millones de personas, tendrá un incremento exponencial que podrá alcanzar una cifra de 147 millones de personas en 2037 y 264 millones en 2075.

Contexto nacional

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el segundo trimestre de 2022 se estimó que había 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más (adultas mayores), quienes, de acuerdo con diversos estudios, enfrentan las siguientes problemáticas:

a. Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 2018

• Tres de cada 10 personas de 65 años o más no recibían ingresos por pensión por jubilación o por programas sociales.

• Las transferencias monetarias, principalmente las pensiones por jubilación y los apoyos por programas sociales, fueron el principal ingreso de la población de 65 años o más.

• La población de 65 años o más experimenta, en promedio, menos carencias sociales que el resto de las personas; sin embargo, la desigualdad en el ingreso provoca que haya ciertos sectores con mayor incidencia de pobreza, por ejemplo, quienes no reciben ingresos de pensión por jubilación.

• Las mujeres en edad avanzada ameritan especial atención, ya que son más propensas a carecer de pensión por jubilación y depender de los apoyos de pensión vía programas sociales.

• 1.7 millones de personas de 60 años o más viven solas.

• En cuanto a sus condiciones laborales, para el segundo trimestre de 2019 que 21.7 por ciento de los adultos mayores que viven solos y están ocupados, no reciben prestaciones, 15.7 por ciento reciben aguinaldo y solo 13.4por ciento tienen vacaciones con goce de sueldo.

• Asimismo, por cuestiones de edad, las personas adultas mayores presentan limitaciones y deficiencias para desarrollarse en su vida diaria, a tal grado que, por grupo de edad, la mayor incidencia de discapacidad está presente en personas mayores de 60 años de edad.

b. La publicación Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), establece las problemáticas siguientes:

• Ausencia en la cobertura total de la población de personas adultas mayores al servicio de salud pública, ya que el 20 por ciento de la población de este grupo no está afiliada a alguna institución de servicio de salud.

• El analfabetismo, ya que de acuerdo con datos del Censo de 2020 del Inegi hay 2.4 millones de adultos mayores que no saben leer ni escribir, lo que es equivalente a 16por ciento de la población de este grupo.

• Falta de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo formal, el 29 por ciento de la población adulta mayor tiene una actividad económica, de ellos el 47 por ciento trabaja por cuenta propia.

• La vulnerabilidad ante la vejez y sus aspectos físicos, sociales, éticos, legales y de derechos humanos.

El Conapo señala en el estudio La situación demográfica de México 2015 que la población envejece a un ritmo diferente en cada entidad federativa debido a su contexto social, cultural y económico particular, identificando tres etapas de transición demográfica:

• Transición moderada: Entidades federativas con tasas de fecundidad elevada: Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

• En plena transición: Entidades federativas con tasas de fecundidad y mortalidad intermedias: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Querétaro.

• Transición avanzada: Entidades federativas que muestran los niveles más bajos de natalidad: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Como uno de los resultados sobresalientes, el citado estudio del Conapo indica que la población mexicana adquiere alguna deficiencia causante de discapacidad a los 73.8 años, en promedio. Para el caso de los hombres, esto ocurre 1.8 años antes que en las mujeres.

Finalmente, el Informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas mayores en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arroja los hallazgos siguientes:

a. Es indispensable construir indicadores y datos estadísticos sobre las características de la población adulta mayor para un adecuado diseño e implementación de políticas públicas que incorporen una perspectiva de atención integral y del enfoque de ciclo de vida.

b. Aunque el Estado dispone de indicadores y proyecciones demográficas que evidencian la composición y evolución de ese sector social, no se ha elaborado un diagnóstico exhaustivo que incluya la valoración del contexto particular de los subgrupos, para conocer en qué medida tienen acceso al ejercicio y garantía de sus derechos.

c. En general, parece existir un distanciamiento casi absoluto de la política pública con el trabajo que debe realizarse con las familias y las comunidades en que viven las personas mayores; un limitado número de instituciones cuentan con algunos programas o cursos para la preparación de las personas que han asumido el cuidado de sus abuelos(as), padres/madres, hermanos(as) u otros familiares mayores de 60 años.

d. Es necesario fortalecer la capacitación y sensibilización en materia de derechos de las personas mayores a los servidores públicos en los tres niveles de gobierno, y crear las condiciones más adecuadas para favorecer su independencia, bienestar y participación en todos los ámbitos en que se desenvuelven.

e. Es prioritario para México invertir en la atención e investigación gerontológica y geriátrica, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta por parte de las instituciones de salud.

f. Es alarmante la incidencia de delitos patrimoniales contra las personas mayores, tanto de los que se ejecutan a través de la coacción o de los vínculos de confianza o parentesco que unen las personas responsables con las víctimas.

Acciones implantadas en México

La protección de los derechos de las personas adultas mayores en México ha tenido una evolución paulatina, en 1979 el Estado Mexicano creó el Instituto Nacional de la Senectud (Insen), actualmente Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), mismos que prestaban servicios como asistencia jurídica, atención médica y apoyos en especie gratuitos. Posteriormente durante el sexenio de 1982-1988, se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de las personas mayores, de esa forma el Insen presentó un catálogo de programas y servicios asistenciales.

Posteriormente, el 16 de agosto de 1999 en el Estado de Yucatán se expidió la primera ley en materia de protección a personas mayores de sesenta años, a su vez en el año 2000 en el entonces Distrito Federal se expidió la Ley de derechos de las personas adultas mayores, con la particularidad de que dicha ley incluyó el concepto “personas adultas mayores” haciendo énfasis en la diversidad presente en sus condiciones particulares. Se instruyó además el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Desde 2001, el Estado mexicano ha implementado diversas estrategias, acciones y programas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores, ya que, se han establecido líneas de acción en el Programa Nacional de Desarrollo, destacando programas de apoyo económico, servicios de acceso a la salud integral y especializados, créditos para vivienda, preferencia de atención en servicios, accesibilidad en trasporte y asistencia, entre otros más.

El 25 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que ha contribuido a la construcción de un marco jurídico que favorece a las condiciones óptimas de salud, educación, vivienda, desarrollo integral y de seguridad social de las personas adultas mayores en México, además de tener por objeto el mejorar la calidad de vida, mediante políticas y programas que garanticen un tránsito digno de la persona en el proceso de envejecimiento, respetando su independencia, capacidad de decisión y participación activa en procesos productivos, actividades de cualquier índole que les permitan sentirse incluidos y libres de discriminación por razones de edad.

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Ante la urgencia generada a raíz del envejecimiento de la población en el mundo, el 16 de diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución número 46/91, que reconoce, por un lado, el aumento constante de población adulta mayor en el mundo y por otro lado, la diversidad de situaciones en las que pueden vivir estas personas. También propone diferentes acciones a los gobiernos de los Estados, entre las que destacan el acceso al trabajo, a una vivienda digna, a cuidados, a atención prioritaria, médica y especializada, a programas, a participar y ser escuchados en sus comunidades, con el fin en común de coadyuvar a los Estados a generar respuestas políticamente iguales a la diversidad de necesidades en con las que viven las personas adultas mayores.

Consecuentemente, se inició un proceso de elaboración de instrumentos declarativos y no vinculantes sobre aspectos relacionados con el envejecimiento y los derechos de las personas mayores.

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estableció el 7 de junio de 2011, un grupo de trabajo encargado de preparar un proyecto de convención para la promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores. Así, la Asamblea General de la OEA aprobó en su cuadragésima quinta sesión, celebrada el 15 de junio de 2015, en Washington, DC, Estados Unidos de América, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma que constituye el primer instrumento jurídico especifico en la materia para promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas adultas mayores.

El preámbulo de la convención reitera el propósito de consolidar dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad y de justicia social, en el que impere el respeto a los derechos humanos, apegado a su universalidad, indivisibilidad, progresividad y su interrelación, erradicando cualquier tipo de discriminación a las personas adultas mayores:

la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano (...) la persona en medida de que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política en sus sociedades.

Entre los principios generales de la convención se encuentran:

• La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

• La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

• La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

• La autorrealización.

• La solidaridad y el fortalecimiento a la protección familiar y comunitaria.

• El enfoque diferencial para el goce de los derechos de la persona mayor.

• El respeto y valorización de la diversidad cultural; y

• La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.

Entre los derechos protegidos que establece la convención se encuentran

• Igualdad y no discriminación por razones de edad.

• Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.

• Derecho a la independencia y a la autonomía.

• Derecho a la participación e integración comunitaria.

• Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

• Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

• Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.

• Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.

• Derecho a la libertad personal.

• Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información.

• Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación.

• Derecho a la privacidad y a la intimidad.

• Derecho a la seguridad social.

• Derecho al trabajo.

• Derecho a la salud.

• Derecho a la educación.

• Derecho a la cultura.

• Derecho a la vivienda.

• Derecho a un medio ambiente sano.

• Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.

• Derechos políticos.

• Derecho de reunión y de asociación.

• Derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley.

• Derecho al acceso a la justicia.

Con esta estructura, la convención busca priorizar en la agenda pública de los Estados integrantes, el tema del envejecimiento desde un enfoque diferencial, promoviendo el desarrollo y aplicación de políticas y legislación capaz de asegurar el pleno goce de los derechos de la persona adulta mayor.

La convención entró en vigor el 11 de enero de 2017, al haberse cumplido los requisitos establecidos en el artículo 37, quedando abierta a la adhesión de todos los Estados miembro de la OEA que no la hayan ratificado, como lo era el caso de México, que como ya se mencionó anteriormente, el contexto demográfico del Estado mexicano se encuentra en una transición de envejecimiento acelerado, es por ello que, la vinculación a esta convención resulta relevante e indispensable en vistas de escenarios futuros.

En virtud de ello, el 23 de noviembre de 2022 fue remitido el comunicado en que el presidente de la República somete a la aprobación de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Convención Interamericana de sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El 13 de diciembre de 2022 fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y remitido al Ejecutivo federal, el dictamen por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, adoptada en Washington, DC, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015.

Finalmente, el 10 de enero de 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015”, con lo que dicho instrumento internacional ha entrado en vigor para el país.

De acuerdo con la adopción del Estado mexicano a dicha Convención es importante armonizar las leyes necesarias, a fin de establecer un marco normativo en los tres niveles de gobierno mexicano que permita la promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores.

Reformas de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Con la firma y aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores por el país, desde el Congreso de la Unión estamos obligados a realizar el trabajo legislativo para armonizar el marco jurídico nacional a las obligaciones y estándares adquiridos en el instrumento internacional.

Al respecto, la citada convención interamericana es muy clara cuando señala en el artículo 4, incisos c) y d), la obligación de los Estado parte para contribuir a la plena inclusión, integración y participación en la sociedad, de las personas adultas mayores, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 1 de la convención, “Ámbito de aplicación y objeto”:

Si el ejercicio de los derechos y las libertades mencionados en esta convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Es necesario, como primer paso del proceso de armonización de la Convención, adicionar y reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que es la especialista en la materia y tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, mediante la regulación de la política nacional, así como de los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en su planeación y aplicación.

Para tal efecto, de la revisión de la Convención se proponen las reformas siguientes:

• Adecuar el objeto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores al propósito y alcance de la Convención.

• Adicionar el principio de “Enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor”.

• Se armonizan los 27 derechos contenidos en la Convención a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

• Se adicionan las acciones y medidas que deberán realizar las autoridades del Estado mexicano para garantizar los derechos de las personas adultas mayores.

• Se señala que no se considerarán discriminatorias las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de las personas adultas mayores, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural.

• Se enumeran las atribuciones que deberán realizar la Federación, las autoridades estatales, así como los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el adecuado cumplimiento de la ley.

Asimismo, se aprovecha para actualizar términos de instituciones que han cambiado y no se han modificado en ley, adicionar a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como para hacer algunos ajustes de redacción con lenguaje incluyente.

a. En cuanto a la propuesta de hacer una redistribución de atribuciones entre la Federación, las autoridades estatales, así como los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, señalo lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el artículo 40, establece que nuestro país es una república federal, constituida por entidades federativas que tienen delegadas las funciones políticas que le son encomendadas por la población que las conforma y la Federación sólo es el consenso de dichas funciones.

La entidad federativa se ha definido como la “unidad delimitada territorialmente que en unión de otras entidades conforman a una nación. En los sistemas federales las entidades pueden participar en las actividades gubernamentales nacionales y actuar unilateralmente, con un alto grado de autonomía, en las esferas autorizadas en la Constitución, incluso en relación con cuestiones decisivas y, en cierta medida, en oposición a la política nacional, ya que sus poderes son efectivamente irrevocables”.

Debido a esa conformación, desde el punto de vista jurídico, en nuestro país existen diversos tipos de leyes:

• Nacionales, a partir de las que obliga tanto a la Federación como a las entidades federativas y se coloca como una legislación única para todo el país (ejemplo: Código Nacional de Procedimientos Penales);

• Federales, que operan de manera exclusiva en el fuero federal y su alcance está limitado en las materias que de conformidad con la Constitución federal son exclusivas de las entidades federativas;

• Generales, cuyas disposiciones obligan a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal); y

• Estatales, que son de alcance estricto de una porción de territorio y en caso de ser producto del mandato establecido en una ley general, debe estar totalmente armonizada y adecuada para cumplir su objeto.

Las leyes generales son ordenamientos con carácter vinculante, que puedan obligar a la Federación, entidades federativas y municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a legislar al respecto y a alinearse a diversas directrices.

Como se ha explicado, desde 2002 en México contamos con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que de conformidad con su artículo 1 es de observancia general en el país. Sin embargo, en el desarrollo de la misma no se establece con claridad las atribuciones que le corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno, como puede observarse en el Capítulo II, del título cuarto de la ley, “De la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios”, que a la letra señala:

Artículo 11. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 12. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualquiera de los tres niveles de gobierno que lo suscriban.

Artículo 13. La Federación, las entidades federativas y los municipios integrarán los instrumentos de información para cuyo efecto el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases de datos.

Artículo 14. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, concurrirán para

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley;

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores; y

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

Se propone adicionar en la ley la distribución de competencias y atribuciones necesaria, no sólo para cumplir requisitos de un ordenamiento legal con alcance general, sino para que todos los órdenes de gobierno tengan claridad de sus responsabilidades y fortalezcan sus acciones en favor del cumplimiento de la convención, de la ley y de la garantía de los derechos de las personas adultas mayores.

Por lo descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en relación con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Único. Se adicionan las fracciones VII al artículo 4o. y I a XXVII del artículo 5o., los artículos 5o.1 a 5o.27, el artículo 6 Bis, un segundo párrafo al artículo 8o., las fracciones IV a XIX del artículo 14, los artículos 14 Bis, 14 Ter, 14 Quáter y 15 Bis; y se reforman el primer párrafo y la fracción II del artículo 1o., los artículos 11 a 13, las fracciones II y III del artículo 14, el artículo 15, el primer párrafo del artículo 16, los artículos 17, 17 Bis, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y la fracción I y segundo párrafo del artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas mayores , a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los derechos, principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas , los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional; y

III....

Artículo 4o. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley

I. a IV....

V. Atención preferente. Es la que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores ;

VI. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales ; y

VII. Enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

Artículo 5o. Para efectos de la presente ley son derechos de las personas adultas mayores, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes:

I. Igualdad y no discriminación por razones de edad;

II. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez;

III. Derecho a la independencia y a la autonomía;

IV. Derecho a la participación e integración comunitaria;

V. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia;

VI. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

VII. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud;

VIII. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo;

IX. Derecho a la libertad personal;

X. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información;

XI. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación;

XII. Derecho a la privacidad y a la intimidad;

XIII. Derecho a la seguridad social;

XIV. Derecho al trabajo;

XV. Derecho a la salud;

XVI. Derecho a la educación;

XVII. Derecho a la cultura;

XVIII. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte;

XIX. Derecho a la propiedad;

XX. Derecho a la vivienda;

XXI. Derecho a un medio ambiente sano;

XXII. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal;

XXIII. Derechos políticos;

XXIV. Derecho de reunión y de asociación;

XXV. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias;

XXVI. Igual reconocimiento como persona ante la ley; y

XXVII. Acceso a la justicia.

Derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad

Artículo 5o.1. Queda prohibida la discriminación por edad en la vejez.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán enfoques específicos en sus políticas y planes sobre envejecimiento y vejez, en relación con las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas.

Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez

Artículo 5o.2. Las personas adultas mayores tienen derecho a que se les preserve la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán realizar las medidas necesarias para garantizar a las personas adultas mayores el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.

Para efectos de lo anterior, tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan acceso a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos y eviten el aislamiento.

Derecho a la independencia y a la autonomía

Artículo 5o.3. Las personas adultas mayores tienen derecho a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán programas, políticas o acciones para asegurar

I. El respeto a la autonomía de las personas adultas mayores en la toma de sus decisiones;

II. Que las personas adultas mayores tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; y

Que las personas adultas mayores tengan acceso progresivamente a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su inclusión y para evitar su aislamiento o separación.

Derecho a la participación e integración comunitaria

Artículo 5o.4. Las personas adultas mayores tienen derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para que las personas adultas mayores tengan la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad, y puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades, para lo cual:

I. Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de las personas adultas mayores en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos; y

II. Promoverán la participación de las personas adultas mayores en actividades intergeneracionales como elementos claves del desarrollo social.

Asegurarán que las instalaciones y los servicios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas adultas mayores.

Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia

Artículo 5o.5. Las personas adultas mayores tienen derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier otra condición.

Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato, a las que hace referencia el artículo 3º Bis de la presente ley.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometen a

I. Adoptar administrativas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los actos de violencia contra las personas adultas mayores, así como aquellas que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos;

II. Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención;

III. Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de las personas adultas mayores, así como fomentar su acceso a dichos servicios e información sobre los mismos;

IV. Establecer y fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de las personas adultas mayores.

V. Informar y sensibilizar a la sociedad sobre las diversas formas de violencia contra las personas adultas mayores y la manera de identificarlas y prevenirlas;

VI. Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de las personas adultas mayores sobre las diversas formas de violencia, a fin de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y maltrato;

VII. Desarrollarprogramasdecapacitacióndirigidosalosfamiliaresypersonasqueejerzantar eas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad doméstica;

VIII. Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra las personas adultas mayores, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención de esos casos; y

Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que afectan la dignidad e integridad de las mujeres adultas mayor.

Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

Artículo 5o.6. Las personas adultas mayores tienen derecho a no ser sometidas a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán todas las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes hacia las personas adultas mayores.

Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud

Artículo 5o.7. Las personas adultas mayores tienen derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de sus derechos.

Con la finalidad de garantizar el derecho de las personas adultas mayores a manifestar su consentimiento informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación, en el ámbito de la salud, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces que deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, accesible, clara, oportuna, y presentada de manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de las personas adultas mayores.

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de las personas adultas mayores.

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de conformidad con la legislación nacional.

Las personas adultas mayores tienen derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente tratamientos médicos o quirúrgicos y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los riesgos de dicha decisión.

Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo

Artículo 5o.8. Las personas adultas mayores tienen derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar medidas tendientes a desa-rrollar un sistema integral de cuidados que tenga en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la dignidad e integridad física y mental de las personas adultas mayores, para lo cual deberán

I. Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de las personas adultas mayores;

II. Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o agravar la condición existente; y

III. Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de las personas adultas mayores, incluyendo la adopción de medidas para

a. Garantizar el acceso de las personas adultas mayores a la información, particularmente sobre sus derechos y el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado de largo plazo;

b. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan;

c. Promover la interacción familiar y social de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones afectivas;

d. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de las personas adultas mayores; y

e. Proteger la integridad de las personas adultas mayores y su privacidad e intimidad en las actividades que desarrolle.

Derecho a la libertad personal

Artículo 5o.9. Las personas adultas mayores tienen derecho ala libertad y seguridad personal.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán que las personas adultas mayores disfruten del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias de su libertad.

Para efectos de lo anterior deberán garantizar que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad con la legislación nacional y asegurarán que las personas adultas mayores que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso, tengan todas las garantías del debido proceso, así como a los programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción social.

Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información

Artículo 5o.10. Las personas adultas mayores tienen derechoa la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas destinadas a garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación

Artículo 5o.11. Las personas adultas mayores tienen derecho ala libertad de circulación, a la libertad para elegir su residencia y a poseer una nacionalidad, sin discriminación por razones de edad.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas destinadas a garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio efectivo de dichos derechos.

Derecho a la privacidad y a la intimidad

Artículo 5o.12. Las personas adultas mayores tienen derecho a la privacidad y a la intimidad, así como a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, así como en cualquier tipo de comunicación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos.

Derecho a la seguridad social

Artículo 5o.13. Las personas adultas mayores tienen derecho a la seguridad social que las proteja para llevar una vida digna.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán progresivamente que las personas adultas mayores reciban un ingreso para una vida digna, a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos de protección social.

Derecho al trabajo

Artículo 5o.14. Las personas adultas mayores tienen derecho al trabajo digno y decente, así como a la igualdad de oportunidades y de trato.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de las personas adultas mayores y asegurar que cuenten con todas las garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales.

Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para promover el empleo formal de las personas adultas mayores, programas de capacitación y certificación de conocimientos, así como políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a sus necesidades y características.

Derecho a la salud

Artículo 5o.15. Las personas adultas mayores tienen derecho asu salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación de las personas adultas mayores, a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. Para hacer efectivo este derecho, se comprometen a tomar las siguientes medidas:

I. Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional y con los usos y costumbres;

II. Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para fomentar un envejecimiento activo y saludable;

III. Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de las personas adultas mayores;

IV. Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de enfermedades;

V. Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para las personas adultas mayores;

VI. Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutricional de las personas adultas mayores;

VII. Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para atender a las personas adultas mayores con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-degenerativas y las demencias;

VIII. Promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y técnica especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos;

IX. Formular, adecuar e implementar políticas referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, en relación con la atención integral de las personas adultas mayores;

X. Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén disponibles y accesibles para las personas adultas mayores, así como para apoyar a sus familias;

XI. Garantizar a las personas adultas mayores el acceso a la información contenida en sus expedientes personales; y

XII. Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus capacidades, el acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de las personas adultas mayores, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.

Derecho a la educación

Artículo 5o. 16. Las personas adultas mayores tienen derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas en la Ley General de Educación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de las personas adultas mayores y se comprometen a

I. Facilitar a las personas adultas mayores el acceso a los tipos, niveles, modalidades y demás opciones educativas señalados en la Ley General de Educación;

II. Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y accesibles para las personas adultas mayores que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, motivaciones e identidad cultural;

III. Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eliminar las barreras y las dificultades de acceso a los bienes y servicios educativos en el medio rural;

IV. Promover la educación y formación de las personas adultas mayores en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para minimizar la brecha digital, generacional y geográfica e incrementar la integración social y comunitaria;

V. Diseñar e implementar políticas para erradicar el analfabetismo de las personas adultas mayores, en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad; y

VI. Fomentar y facilitar la participación activa de las personas adultas mayores en actividades educativas.

Derecho a la cultura

Artículo 5o. 17. Las personas adultas mayores tienen derecho asu identidad cultural, a participar en la vida cultural y artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de otros productos de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.

Para tal efecto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. Reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho a la propiedad intelectual de las personas adultas mayores;

II. Promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de las personas adultas mayores a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles;

III. Fomentarán programas culturales para que las personas adultas mayores puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual;

IV. Impulsarán la participación de las organizaciones de personas adultas mayores en la planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales; y

Incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes de las personas adultas mayores a las diferentes expresiones artísticas y culturales.

Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte

Artículo 5o. 18. Las personas adultas mayores tienen derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el deporte.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los intereses y las necesidades de las personas adultas mayores, quienes podrán participar en su establecimiento, gestión y evaluación.

Derecho a la propiedad

Artículo 5o. 19. Las personas adultas mayores tienen derecho aal uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

Ninguna persona adulta mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la legislación.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a las personas adultas mayores el ejercicio del derecho a la propiedad.

Derecho a la vivienda

Artículo 5o. 20. Las personas adultas mayores tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que las personas adultas mayores tengan acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.

Las medidas deberán tener especialmente en cuenta

I. La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a las personas adultas mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad; y

II. Las necesidades específicas de las personas adultas mayores, particularmente las que viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas pertinentes.

Derecho a un medio ambiente sano

Artículo 5o. 21. Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. A tal fin, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas

I. Fomentar el desarrollo pleno de las personas adultas mayores en armonía con la naturaleza; y

II. Garantizar el acceso de las personas adultas mayores, en condiciones de igualdad, a todos los servicios públicos básicos.

Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal

Artículo 5o. 22. Las personas adultas mayores tienen derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal.

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de las personas adultas mayores, para que pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Estas medidas deberán incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, entre otras cosas, en

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; y

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

Asimismo, las autoridades señaladas en el presente artículo deberán adoptar medidas pertinentes para:

I. Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

II. Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas adultas mayores;

III. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que enfrenta las personas adultas mayores;

IV. Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas adultas mayores, para asegurar su acceso a la información;

V. Promover el acceso de las personas adultas mayores a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor costo posible;

VI. Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a las personas adultas mayores;

VII. Promover que en los servicios de transporte público o de uso público para que haya asientos reservados para las personas adultas mayores, los cuales deberán ser identificados con la señalización correspondiente; y

Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de fácil lectura, comprensión y adecuados para las personas adultas mayores.

Derechos políticos

Artículo 5o.23. Las personas adultas mayores tienen derecho a la participación en la vida política y pública, en igualdad de condiciones con los demás, y a no ser discriminados por motivo de edad.

Las personas adultas mayores tienen derecho a votar libremente y ser elegidas.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán a las personas adultas mayores una participación plena y efectiva en su derecho al voto y adoptarán medidas pertinentes para

I. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

II. Proteger el derecho de las personas adultas mayores a emitir su voto en secreto en elecciones y referendos públicos, sin intimidación;

III. Garantizar la libre expresión de la voluntad de las personas adultas mayores como electora y a este fin, cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le preste asistencia para votar; y

IV. Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los procesos de toma de decisión en todos los órdenes de Gobierno las opiniones, aportes y demandas de las personas adultas mayores y de sus agrupaciones y asociaciones.

Derecho de reunión y de asociación

Artículo 5o.24. Las personas adultas mayores tienen derecho areunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias agrupaciones o asociaciones, de conformidad con la legislación nacional.

Para tal fin, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover la creación y fortalecimiento de las agrupaciones o asociaciones, formadas por personas adultas mayores.

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Artículo 5o.25. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de las personas adultas mayores en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres.

Para efectos de lo anterior, las autoridades competentes señaladas, adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de las personas adultas mayores en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de emergencias y desastres, y promoverán su participación en los protocolos de protección civil.

Igual reconocimiento como persona ante la ley

Artículo 5o.26. Las personas adultas mayores tienen derecho al reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, en igualdad de condición.

Para tal efecto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de las instancias competentes, adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas adultas mayores al apoyo que requieran para el ejercicio de su capacidad jurídica, a partir de salvaguardias, adecuadas y efectivas, que asegurarán que

a) Se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de las personas adultas mayores;

b) No exista conflicto de intereses ni influencia indebida;

c) Sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias, con base en el grado en que se afecten a los derechos e intereses de las personas adultas mayores; y

d) Se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente.

Asimismo, las autoridades señaladas deberán tomar todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones, a

I. Ser propietaria y heredar bienes;

II. Controlar sus propios asuntos económicos;

III. Tener acceso a préstamos bancarios, hipotecas y demás modalidades de crédito financiero; y

IV. No ser privada de sus bienes de manera arbitraria.

Acceso a la justicia

Artículo 5o.27. Las personas adultas mayores tienen derecho al tratamiento preferencial y a tener acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones, a través de la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Para ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de las instancias competentes, desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover

I. Mecanismos alternativos de solución de controversias; y

II. Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

Artículo 6o. El Estado garantizará los derechos humanos y libertades fundamentales a las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará

I. a III. ...

Artículo 6o. Bis. Para garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores, el Estado realizará las acciones y tomará las medidas suficientes, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberá

I. Adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a los derechos de las personas adultas mayores, tales como aislamiento, abandono y todas las que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes que atenten contra su seguridad e integridad;

II. Adoptar medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente ley;

III. Fortalecer todas las medidas administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos;

IV. Adoptar las medidas necesarias, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad sus derechos económicos, sociales y culturales;

V. Promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores y su desarrollo integral;

VI. Promover la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en particular de las personas adultas mayores, en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas; y

VII. Promover la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que le permitan formular y aplicar políticas públicas que aseguren el ejercicio y disfrute de los derechos de las personas adultas mayores.

Artículo 8. ...

No se considerarán discriminatorias las medidas afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de las personas adultas mayores, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural.

Artículo 11. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 12. Cuando las disposiciones de esta ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas , los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se aplicarán y ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualesquiera de los tres niveles de gobierno que lo suscriban.

Artículo 13. La Federación, las entidades federativas , los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, integrarán los instrumentos de información para cuyo efecto el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases de datos.

Artículo 14. ...

I. ...

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores;

III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica;

IV. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente ley;

V. Impulsar el conocimiento de los derechos de las personas adultas mayores, así como la cultura de respeto, promoción y protección de los mismos, de conformidad con los principios rectores de esta ley;

VI. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables;

VII. Adoptar medidas de protección especial de derechos de personas adultas mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos;

VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de las personas adultas mayores de su entorno familiar;

IX. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones afirmativas para garantizar a las personas adultas mayores la igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser discriminados;

X. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de las personas adultas mayores, víctimas de cualquier forma de violencia;

XI. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia;

XII. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, atención y rehabilitación de las personas adultas mayores con discapacidad, en términos de la legislación aplicable;

XIII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor conciencia respecto de las personas adultas mayores con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad;

XIV. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de las personas adultas mayores en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen;

XV. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno;

XVI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XVII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de las personas adultas mayores;

XVIII. Garantizar la protección de los derechos de las personas adultas mayores y asegurar que las violaciones a los mismos sean atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; y

XIX. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 14 Bis. Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. Garantizar en el ámbito de su competencia el cabal cumplimiento de la presente ley y de los tratados internacionales aplicables;

II. Aplicar el programa nacional a que se refiere esta ley;

III. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del programa nacional;

IV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en la materia, con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen;

V. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, en la ejecución de los programas federales;

VI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno;

VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la presente ley en el ámbito federal;

VIII. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad competente, la autorización para operar los centros de asistencia social, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos previstos en esta ley;

IX. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la condición migratoria de las personas adultas mayores migrantes; y

X. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 14 Ter. Corresponden a las autoridades locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en consideración el programa nacional para la adecuada garantía y protección de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Elaborar el programa local y participar en el diseño del programa nacional;

III. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que tengan trato con personas adultas mayores;

IV. Promover, en coordinación con el gobierno federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las personas adultas mayores;

V. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad;

VI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley;

VII. Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta ley;

VIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en la materia, con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen;

IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, en la ejecución de los programas estatales;

X. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre protección de derechos de las personas adultas mayores, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

XI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas la información necesaria para la elaboración de éstas;

XII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente ley;

XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; y

XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 14 Quáter. Corresponde a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del programa local;

II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de las personas adultas mayores en el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos;

III. Promover la libre manifestación de ideas de las personas adultas mayores en los asuntos concernientes a su municipio;

IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y las personas adultas mayores que deseen manifestar inquietudes;

V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la autoridad que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda recibirla directamente;

VI. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de personas adultas mayores;

VII. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente ley;

VIII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores, en la ejecución de los programas municipales; y

IX. Las demás que establezcan los ordenamientos locales.

Artículo 15. En su formulación y ejecución, el Plan Nacional de Desarrollo deberá ser congruente con los principios, objetivos e instrumentos de los programas de atención a las personas adultas mayores, integrados en la política nacional respectiva.

Artículo 15 Bis. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del programa nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con la presente ley.

El programa nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al programa nacional.

El programa nacional y los programas locales deberán incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Bienestar

I. a III. ...

Artículo 17. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública cumplir lo señalado en el artículo 15.6 de esta ley, para lo cual deberá, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a VIII. ...

Artículo 17 Bis. Corresponde a la Secretaría de Cultura cumplir lo señalado en el artículo 15.17 de esta ley, para lo cual deberá, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a IV. ...

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud cumplir lo señalado en el artículo 15.15 de esta ley, para lo cual deberán, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a X. ...

Artículo 19. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cumplir lo señalado en el artículo 15.14 de esta ley, para lo cual deberá, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a VII. ...

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplir lo señalado en el artículo 15.22 de esta ley, para lo cual deberá de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a V. ...

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social cumplir lo señalado en el artículo 15.20 de esta ley, para lo cual deberá, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. y II. ...

Artículo 22. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia cumplir lo señalado en el artículo 15.8 de esta ley, para lo cual deberá, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a VIII. ...

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Turismo cumplir lo señalado en el artículo 15.18 de esta ley, para lo cual deberá, de manera enunciativa mas no limitativa, garantizar a las personas adultas mayores lo siguiente:

I. a III. ...

Artículo 30....

a. Secretaría de Bienestar, que lo presidirá;

b. Secretaría de Gobernación;

c. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

d. Secretaría de Educación Pública;

e. Secretaría de Salud;

f. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

g. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

h. Instituto Mexicano del Seguro Social;

i. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y

k. Secretaría de Cultura.

Los representantes propietarios designarán a sus suplentes, quienes deberán tener un nivel mínimo de Dirección General.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México celebrarán convenios y programas especiales para cumplir con el presente decreto.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones a las que se refiere el presente Decreto.

Notas

1 OMS (2022). Envejecimiento y salud: comprender el envejecimiento. Extraído de

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-h ealth#:~: text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,%C3%BAltima%20instancia%2C%20a%20la%20muer te

2 Naciones Unidas (2022). Desafíos globales: envejecimiento. Extraído de

https://www.un.org/es/global-issues/ageing

3 Sandra Huenchuan. Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Perspectiva regional y de derechos humanos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, página 13.

4 Ibídem.

5 Inegi (2022). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Extraído de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022 /EAP_ADULMAY2022.pdf

6 Visto en

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf Consultado el 9 de septiembre de 2021.

7 Inegi (2021). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Extraído de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_ADULMAYOR_21.pdf

8 Informe Especial sobre la situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, páginas 81 y 82.

9 Ibídem, páginas 219 a 228.

10 CNDH (2019). Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en México. Ciudad de México, página 17. Extraído de file:///F:/Iniciativas%20(Adultos%20mayores)/INFORME_PERSONAS_MAYORES_2019.pdf

11 CNDH (2019). Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en México. Ciudad de México, página 18-19. Extraído de file:///F:/Iniciativas%20(Adultos%20mayores)/INFORME_PERSONAS_MAYORES_2019.pdf

12 Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de paso en el Distrito Federal; contemplándose en diferentes condiciones:

a) Independientemente: aquella persona apta para desarrollar actividades físicas y mentales sin ayuda permanente parcial;

b) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales aún permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda permanente parcial;

c) Dependiente absoluto: aquella con una enfermedad crónica o degenerativa por la que requiera ayuda permanente total o canalización a alguna institución de asistencia;

d) En situación de riesgo o desamparo: aquellas que por problemas de salud, abandono, carencia de apoyos económicos, familiares, contingencias ambientales o desastres naturales, requieren asistencia y protección del gobierno del Distrito Federal y de la sociedad organizada.

13 Órgano encargado de consulta, asesoría y evaluación de acciones y propuestas, orientación, planeación y promoción necesarias para fortalecer la plena integración y desarrollo para las personas adultas mayores.

14 CNDH (2019). Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores en México, Ciudad de México, páginas 41-80. Extraído de

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-02/I NFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf

15 Diario Oficial de la Federación (25 de junio de 2002). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. México, páginas 7-11. Extraído de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=752473&fecha= 25/06/2002#gsc.tab=0

16 CNDH (2018). Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, segunda edición, Ciudad de México. Extraído de

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/ma terial/ley-derechos-adultos-mayores.pdf

17 Asamblea General de las Naciones Unidas (1991). Resolución 46/91. Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Extraído de

https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf

18 OEA (07/06/2011), AG/RES.2654(XLI-O/11). Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Extraído de

https://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/documentos/adulto/AG%20 RES.%202654%20_XLI-O%2011_%20Proteccion%20 de%20los%20Derechos%20Humanos%20de%20las%20Personas%20Mayores.pdf

19 OEA (2023). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Extraído de

https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamer icanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

20 Artículo 37: Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor. La presente convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después que entre en vigor, todos los Estados miembros de la organización que no la hayan firmado estarán en posibilidad de adherirse a la convención. Esta convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. [...]

21 Secretaría de Gobernación (23 de septiembre de 2022). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas, México. Extraído de

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/130864

22 Senado de la República (13 de diciembre de 2022). Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Desarrollo y Bienestar Social, y de Organismos Internacionales, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores, LXV/2PPO-75-3150/ 131512. México. Extraído de file:///F:/Iniciativas%20(Adultos%20mayores)/Exposici%C3%B3n%20de%20motivos/Gac eta%20del%20Senado.html

23 Visto en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676647&fecha =10/01/2023#gsc.tab=0 Consultado el 30 de enero de 2023.

24 Capítulo III

Deberes Generales de los Estados Parte

Artículo 4. Los Estados parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin

a) y b) ...

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias, y de cualquier otra índole, incluso un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos;

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco necesario de la cooperación internacional, hasta el máximo de sus recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las obligaciones aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

25 Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional; y

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

26 Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

27 Camargo González, Ismael. “El Régimen Interior de las Entidades Federativas”, en Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, página 63.

28 Visto en:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=94 tomado el 11 de septiembre de 2021.

Pleno de la Cámara de Diputados, a 9 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Norma Angélica Aceves García, Frinné Azuara Yarzábal, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aguirre, María Elena Serrano Maldonado, Jaime Bueno Zertuche, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Pedro David Ortega Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración esta iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano tiene la obligación de respetar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como generar todos los medios necesarios para su desarrollo integral y bienestar.

El artículo 5o. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes menciona: “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad”.

El artículo 4o., párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñez”.

En México “residen poco más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En términos relativos, la cifra representa 30.4 por ciento de la población total”, según el Censo de Población y Vivienda de 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En razón de ello, la situación de las niñas, niños y adolescentes derivada de la coyuntura de la pandemia SARS-Covid19 y los efectos de la violencia estructural, han agravado la condición de vulnerabilidad las niñas, niños y adolescentes.

Actualmente, los efectos de la pandemia por Covid-19 han dejado en México a 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

En materia de la situación de orfandad, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señala:

(...) a la fecha, el gobierno de México no ha dado a conocer un registro oficial de niñas, niños y adolescentes que, como resultado de la muerte de su padre o madre o incluso los dos, viven en orfandad. Aunque en abril de 2021, en el Senado de la República, los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, estimaron que en el país había unos 185 mil niños huérfanos por el Covid-19. De acuerdo con registros de gobierno de Ciudad de México, en la capital del país han fallecido 37 mil 851 personas y se tiene detectado que al menos 3 mil 101 menores perdieron a uno.

Ahora bien, otro de los factores que transgreden los derechos de la niñez y la adolescencia, es el problema estructural de la violencia, la cual ha tenido como consecuencia que niñas, niños y adolescentes queden huérfanos, es decir, “sólo por eventos criminales en el país, se han contabilizado entre 30 mil y 40 mil huérfanos como consecuencia de la violencia”.

En razón de lo anterior, es prioritario armonizar la legislación para “adoptar todas las medidas en las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”, a fin de atender el interés superior del niño de conformidad con el artículo 3o., párrafo primero, de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Es por ello, que es un tema central homologar la normatividad referente al Seguro Social, con el objeto de proteger los derechos de la niñez y adolescencia, ya que en términos del aumento de la situación de orfandad de niñas, niños y adolescentes amerita revisar las medidas necesarias para resguardar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Lo anterior, se relaciona porque actualmente el Seguro Social otorga la pensión de orfandad a las niñas, niños y adolescentes que han perdido a su mamá o papá o ambos. Sin embargo, las condiciones para tener acceso a la pensión no son las adecuadas y no garantiza la protección de sus derechos para su bienestar integral.

El artículo 134 de la Ley del Seguro Social menciona:

(...) Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera el padre o la madre, y alguno de estos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.

El instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de alcanzar el huérfano, la edad de dieciséis años, y hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio.

El huérfano mayor de dieciséis años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión; salvo que no pueda mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece.

Sin embargo, las y los adolescentes quedan altamente vulnerables para seguir con su desarrollo integral, ya que, la condición de desempeñar un trabajo remunerado a la edad de los dieciséis años cancela el derecho de recibir la pensión, esto excluye y transgrede el interés superior de las y los adolescentes conforme a los tratados internacionales de que México es parte.

Además, que las condiciones o los espacios laborales en los que pueden incidir las y los adolescentes, no son los más viables e idóneos puesto que, quedan limitados para acceder a trabajos remunerados que les favorezcan para cubrir sus necesidades.

En específico, para simplificar lo anterior, la misma Ley Federal de Trabajo en el artículo 175 menciona lo siguiente:

Título Quinto Bis

Trabajo de los Menores, los trabajos que tienen derecho y a cuáles tienen prohibido.

... Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años: I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche; II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio; III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta ley. (sic)

En consecuencia, vinculando los hechos de la exclusión del derecho a la pensión por situación de orfandad por motivos de contar con un trabajo remunerado a los dieciséis años de edad y la prohibición de las personas menores de edad para los espacios laborales en las que pueden incidir las y los adolescentes, definitivamente quedan limitados, quebrantados y condicionados sus derechos.

Por lo cual, es prioritario analizar la ponderación de los derechos humanos, en este caso la interrupción de la pensión por situación de orfandad para coadyuvar al desarrollo integral de las y los adolescentes de dieciséis años de edad, a fin de cubrir sus necesidades y acceder a sus derechos humanos, es transgredido por el hecho de que puedan acceder a un trabajo que les remunere, sin prestar atención sobre las condiciones y espacios laborales en las que pueden desa-rrollarse las y los adolescentes menores de edad.

Finalmente, es necesaria la armonización legislativa para las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, porque sus problemáticas se agravan de manera considerable y menoscaban la satisfacción de sus derechos humanos.

Por ello, la presente iniciativa propone reformar el artículo 134 de la Ley del Seguro Social con el objeto de regular la edad que se prorrogará a dieciocho años y que no estará condicionado a perder la pensión si este desempeñe un trabajo remunerado.

Con el objeto de lograr una adecuada comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se presenta el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, conforme a lo siguiente:

Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciocho años, cuando muera el padre o la madre y alguno de estos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.

El Instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de alcanzar el huérfano, la edad de dieciocho años, y hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio.

El huérfano mayor de dieciocho años que desempeñe un trabajo remunerado no estará condicionado a su derecho a percibir esta pensión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

4 Expansión,

<https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/21/voces-el-cov id-19-ha-dejado-a-131-000-ninos-huerfanos-en-mexico-estima-the-lancet> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

5 Biblioteca Senado.

6 El Economista,

<https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-ninos-huerfanos- de-Mexico-20220212-0001.html> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

7 Ley del Seguro Social,

<https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/LSS.pdf> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

8 Ley Federal del Trabajo, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf> Fecha de consulta: 2 de febrero de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Pedro David Ortega Fonseca, Andrea Chávez Treviño, José Miguel de la Cruz Lima, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Alma Griselda Valencia Medina, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Martha Alicia Arreola Martínez, Alejandra Pani Barragán, Wilbert Alberto Batun Chulim, María de Jesús Páez Guereca, Miguel Ángel Pérez Navarrete, María Guadalupe Román Ávila, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Martha Rosa Morales Romero, Martha Rosa Morales Romero, Steve Esteban del Razo Montiel, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Olimpia Tamara Girón Hernández, Brenda Ramiro Alejo, Lidia Pérez Bárcenas, Héctor Ireneo Mares Cossío, Félix Durán Ruiz, Catalina Díaz Vilchis, María Sierra Damián (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III, V, VI, VIII, IX Y X; y se adiciona una nueva fracción XII, recorriéndose la subsecuente, todas del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

Desafortunadamente en nuestro país, los temas de violencia contra la mujer no dejan de ser noticia en el día a día, situación que además de preocupar a los autores de esta iniciativa nos ocupa, por lo cual nos hemos abocado en esta ocasión la búsqueda relevante de fortalecer el marco legal municipal, toda vez que se trata del primer contacto de gobierno o autoridad que se suele tener en la sociedad.

Al efecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Artículo 1 señala que dicha ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De manera particular la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 50 establece el marco de competencia los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México:

Artículo 50. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;

VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley;

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XI. Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y

XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Es aquí donde encuentra la razón de ser de la presente iniciativa, la cual persigue fortalecer el marco legal de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de una reforma a diversas fracciones del artículo antes transcrito.

Es importante manifestar que el fortalecer los sistemas legales que abonen a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer no solo obedece a situaciones y necesidades de carácter local, es decir, se deben atender los aspecto que regulan los instrumentos normativos de carácter internacional, y para ello haremos debe hacerse referencia en primer lugar a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’), aprobada por el Pleno de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en fecha 9 de junio de 1994, y cuyo Decreto de aprobación en nuestro país pue publicado en el Diario oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1996.

En su parte introductoria la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’), reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos, consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales.

Asimismo, la Convención, afirma en el mismo apartado introductorio que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

En este sentido, el artículo 1o. de la Convención Intera-mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, describe a violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

De igual manera, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, conviene citar los siguientes artículos:

“Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

...

c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; ...

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;

c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;...”

De lo transcrito, se advierte la obligación del Estado Mexicano para realizar los ajustes legales y administrativos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, siendo ello motivo para el impulso de la presente.

Por lo tanto, el Estado Mexicano, pero —sobre todo— las autoridades y las personas servidoras públicas tienen la ineludible obligación de observar los postulados y principios que se encuentran en cada uno de los artículos de la multicitada Convención, de tal suerte que en su Capítulo III se establecen los deberes que asumen los Estados firmantes, siendo entre otros:

• La condena a todas las formas de violencia, contra la mujer,

• Adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia,

• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Sabemos de igual forma que actualmente el Estado Mexicano cuenta en su haber con una serie de leyes encaminadas a la prevención, protección y resarcimiento de aspectos relacionados con la violencia contra la mujer, sin embargo, para hacer frente a tan lamentable situación, es necesario estar en permanente revisión y en su caso, adecuación del conjunto normativo en favor de la mujer, por ello y de una revisión a las cifras en materia de percepción de seguridad recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se aprecia lo urgente que resulta la adecuación y perfeccionamiento del marco jurídico para la protección de las mujeres. De ahí la necesidad de empezar a generar formas y acciones para educar, capacitar y concientizar a los servidores públicos -en este caso de los municipios y de las demarcaciones de la ciudad de México- para que cuenten con los conocimientos y elementos que los encaminen a materializar los logros que persiguen las tratados, leyes, normas y políticas públicas que buscan la protección de las mujeres frente a la violencia.

Es así que, a través de estos antecedentes de carácter nacional e internacional, se ha logrado consolidar en nuestro país diversos instrumentos legales en favor de las mujeres y de manera particular, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 6 la descripción de los distintos tipos de violencia contra la mujer, contemplado así dicho artículo la violencia física, patrimonial, económica, sexual y demás análogas.

Establecidas las distintas facetas de la violencia contra las mujeres y el marco normativo, señalamos que los efectos de la presente iniciativa, van encaminados al fortalecimiento de las atribuciones de los municipios y de las demarcaciones de la ciudad de México, mediante la reforma a diversas fracciones del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

En este tenor y para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente:

Decreto por el que se reforman las fracciones III, V, VI, VIII, IX y X; y se adiciona una nueva fracción XII, recorriéndose la subsecuente, todas del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman las fracciones III, V, VI, VIII, IX y X; y se adiciona una nueva fracción XII recorriéndose la subsecuente, todas del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 50. Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación por lo menos una vez al año a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V. Apoyar e incentivar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres. Estos programas podrán ser impartidos en escuelas secundarias y preparatorias, con el apoyo y coordinación de los entes públicos encargados de la educación de su entidad federativa;

VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley;

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; debiendo crear comisiones especiales en los Ayuntamientos de los municipios y en los Consejos de las alcaldías de la Ciudad de México a efecto de supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas encaminadas a prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres; mediante campañas permanentes;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; con los sectores social, educativo y privado;

XI. Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres;

XII. Capacitar a sus elementos de policía y al personal de justicia administrativa en materia de derechos humanos de las mujeres. La capacitación deberá ser anual y preferentemente a través de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, y

XIII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/Material_d ifusion/convencion_BelemdoPara.pdf

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4906643&fecha=12/12/1996#gsc .tab=0

3 Disponible en

https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/

4 Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Dado en el salón de sesiones el día 8 de febrero de 2023.– Diputadas: Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Fabiola Rafael Dircio, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para crear una tarifa social asequible, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Víctor Gabriel Varela López, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1, 77, numeral 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de la Comisión Federal de Electricidad, y de la Industria Eléctrica, con la petición de que se consulte al pleno sobre la dispensa del trámite de dictamen y se proceda a su discusión inmediata, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 29 de octubre de 2019, en la LXIV legislatura, planteé ante el pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa, que la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Energía, a la cual el jueves 16 de enero de 2020 se dio prórroga de 45 días, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5377-V, el martes 1 de octubre de 2019.

Planteamiento del problema

El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extinguía el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, manifestando dentro de sus argumentos los elevados costos que implicaba para el Estado sostener a Luz y Fuerza del Centro, contrario a los resultados que esta compañía reportaba de 2003 a 2008, los cuales se mostraban inferiores a organismos o empresas que presentaban el mismo servicio a nivel internacional.

Ante estas circunstancias el entonces gobierno federal, señalaba las ineficiencias operativas y financieras que implicaban el mal funcionamiento del organismo descentralizado, por lo cual, anteponiendo el cuidado y uso de los recursos de las ciudadanas y los ciudadanos y buscando garantizar a todo el país los mismos estándares de la calidad en la prestación de servicio público de energía eléctrica, se decretaba en su artículo 1, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

En 2013 se dio por segunda ocasión en la historia del país una discusión significativa en materia de reforma energética. Recordando que la primera reforma energética fue en 1938, impulsada por entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la cual se mantenía la propiedad exclusiva de la nación los minerales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, para el aprovechamiento y control del país y se contaba con la Comisión Federal de Electricidad, la cual tenía como objeto el generar, transmitir y distribuir electricidad, con menores costos técnicos y económicos y a un costo mínimo para los ciudadanos el país.

A diferencia de la visión de la primera reforma energética, en 2013, el Ejecutivo federal realizó una propuesta de reforma energética, que consistía esencialmente en permitir a las empresas privadas invertir en petróleos de México, a través de contratos para extraer parte de las riquezas de la nación, así como realizar la refinación, transporte y almacenamiento. Uno de sus principales lemas para esta reforma, recordemos bien, era el preservar la seguridad energética del país, asegurar precios accesibles del abasto energético tanto privados como a la población, además de lograr hacer de Pemex una empresa pública productiva e impulsar su competitividad. De la misma forma, el entonces Presidente de la República, señalaba para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reforzar sus innovaciones tecnológicas, las familias mexicanas tendrían un beneficio concreto por la baja de las tarifas eléctricas y se lograría expandir la red de transmisión a todo el país.

En este sentido, dicha reforma propuso la reforma del artículo 27 constitucional, para que el Estado celebre contratos con particulares para llevar a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, así como el artículo 28, párrafo cuarto, de la Carta Magna, en el cual se mantenía en propiedad y control del gobierno federal, sobre los organismos y empresas productivas del Estado que se establecieran. De esta forma, la CFE supuestamente aprovecharía la tecnología, la reducción de costos y pérdidas de energía, permitiendo bajar los precios de la luz.

Esta reforma energética trajo consigo un importante debate nacional, que se concretizo en una reforma impulsada por los grupos políticos en el poder y empresarios del país que obtuvieron beneficios directos de esta reforma, en un acto intimidatorio, a la sombra, sin debate y bajo el resguardo y uso de la fuerza pública para evitar escuchar las voces de expertos y expertas, así como de la población que mostraban los peligros de aprobar una reforma de esa dimensión sin tomar en cuenta las necesidades y los efectos negativos que tendría el sector energético, así como en los servicios que recibimos directamente todas y todos los mexicanos.

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía concretando un proyecto de reforma tendencioso que a casi cinco años de su aprobación no ha logrado su propósito.

En 2014 se publicó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mediante la comisión es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión.

Contrario a lo señalado en la reforma energética en materia de la disminución de las tarifas del suministro de la energía eléctrica, se observó un fenómeno de incremento progresivo en sus tarifas de uso doméstico principalmente, en las cuales se crean nuevas tarifas como es la 1F y la DAC, se suprimen subsidios, así como se dispone un catálogo de límite mínimo y máximo en el uso de la energía eléctrica dependiente de la inflación. Un ejemplo claro es que tan sólo en el presente año 2018 se han emitido 9 oficios sobre los cargos de tarifa DAC, servicio doméstico de alto consumo, en los cuales se ha modificado los precios para este rango de tarifa.

Ante la sustitución de la Compañía Luz y Fuerza del Centro por parte de la Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar el suministro y cobro de energía eléctrica en el valle de México, que comprende zonas de Hidalgo, Cuernavaca y Ciudad de México, se presentaron variaciones irregulares en los recibos emitidos a los usuarios por el uso del suministro de energía, los cuales se han dado a conocer como “recibos locos”, en los cuales se han establecidos cargos estrepitosamente elevados por montos que van desde 300 mil hasta 4 mil pesos, en usuarios que habitan en zonas consideradas de alta y baja marginalidad en los últimos 9 años.

Lo anterior trae como efecto, un impacto negativo en la economía de la población, así como el incremento de deudas, que las usuarias y los usuarios niegan ante esta compañía, además de no contar con las capacidades para cubrir dichos montos. Este fenómeno se observa en distintas partes de la ciudad, tan sólo en el año 2017 la Procuraduría del Consumidor (Profeco) recibió 47 mil 576 quejas interpuestas por usuarios de la CFE tan sólo en la Ciudad de México. Ante la negativa de esta última de corregir cobros erróneos o cuotas extraordinarias, sin recibir ninguna explicación sobre el aumento. Asimismo, en lo que va del año, la Profeco indico que el 50 por ciento de quejas es en contra la CFE en todo el país, de los cuales 90 por ciento es por el cobro desmedido del servicio eléctrico; este fenómeno no es aislado, ya que en los últimos cinco años se ha repetido esta situación, lo cual señala las irregularidades y alteraciones en sus tarifas de cobro de la compañía.

En agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia resolvió procedente que la CFE, pudiera ser demandada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando sean afectados los derechos de un consumidor, si considera que el cobro es injusto e incurre en actos inconstitucionales.

Para 2016, con la intención de minimizar esta problemática, el encargado de despacho de la CFE, Jaime Hernández Martínez en conjunto con el procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, firmaron un convenio para agilizar y resolver quejas de los usuarios de CFE sobre consumo de energía eléctrica. Este convenio ha consistido en la instalación de 48 módulos y 8 líneas telefónicas en las delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicios de la Procuraduría, para atender las quejas relacionadas con el cobro del servicio.

Sin embargo, ante el obvio encarecimiento del suministro y el avance de la privatización que ha ido Ejecutando la CFE, ha producido distintas movilizaciones y organizaciones sociales en todo el país por la defensa de los llamados “recibos locos”. Uno de los principales movimientos que ha luchado sin descanso contra estas irregularidades es el Colectivo de Ciudadanos en Defensa de la Energía Eléctrica. Éste nació en Iztapalapa en 2012 y ha logrado su ampliación en el valle de México a través de la Coordinadora de Comités de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica Zona Oriente. Estos colectivos son claro ejemplo de la problemática que se vive en el país sobre los altos cobros de luz y la resistencia de los ciudadanos por una negativa a pagar recibos exorbitantes sin ninguna justificación por parte de la comisión y ante los actos intimidatorios que ha realizado la CFE violando los derechos por parte de trabajadores de la misma compañía, ante la necesidad del servicio de usuarios desesperados por no contar con el servicio.

Es así como el Cocidee, ha logrado una lucha principalmente jurídica anteponiendo cuatro puntos en particular.

En este sentido se propone la presente iniciativa, bajo la necesidad que cada uno de los habitantes del país tiene de contar con el suministro eléctrico como derecho humano para satisfacer las necesidades humanas básicas, a través de una tarifa social en la energía eléctrica domestica, que otorgará justicia social a través de políticas sociales y económicas con la premisa de servicios públicos como derecho humano.

Por tanto, si partimos de que el Estado debe considerar la energía eléctrica como un derecho humano a nivel Constitucional que garantice el desarrollo social del bienestar común y una vida adecuada, toda vez que esta dota de una mejor condición de vida, igualdad y dignidad, al igual que el derecho al agua, a la salud, la educación y la vivienda, a través de lograr un equilibrio de su gasto y costo en función de las zonas y comunidades según su grado de marginalidad. Es menester legislar y realizar modificaciones necesarias para garantizar este derecho.

Argumentos que sustentan la iniciativa

En este orden de ideas, se exponen a continuación la propuesta de reforma y adiciones a la normatividad energética aplicable, a fin de establecer que la Secretaría de Energía, Desarrollo Social, Hacienda y Economía, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, regulen y establecer una tarifa social fija en el pago por el suministro de energía eléctrica en uso doméstico, en la cual aquellas personas que habitan o se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad pague un precio más bajo.

Si observamos el servicio público, a través de la definición que da el jurista Jorge Fernández Ruiz, se entiende el servicio público de energía como aquella actividad técnica destinada a satisfacer las necesidades de carácter general consistente en general, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica, cuyo cumplimiento, uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el poder público, con sujeción a un régimen público, para el aprovechamiento indiscriminado de toda persona. Tomando en cuenta lo señalado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030, en el cual establece que la energía eléctrica es un insumo primario para la realización de actividades productivas, de transformación y servicios en el país , otorgándole a la energía eléctrica el valor de un bien final indispensable para los consumidores, garantizar este abasto, representa el acceso a bienes y servicios sociales básicos, como son la salud, la alimentación, el acceso a la información, a la educación y al pleno desarrollo que garantiza el bienestar y calidad de vida de la población.

Asimismo, tomando en cuenta que el Sistema de Información Energética establece que 98.58 por ciento de la población cuenta con servicio de energía eléctrica y que para esta población no debe presentar una condición material impositiva de sacrificar el alcance de otros derechos como es la alimentación, educación o salud por mencionar algunos que ha surgido por los altos cobros del suministro de energía eléctrica en el país.

Pues debe considerarse el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para el disfrute y satisfactor esencial de las necesidades humanas básicas, considerando los principios básicos de universalidad, inalienable, indivisibilidad, igualdad, con un alcance de exigibilidad jurídico, mismo que el Estado está obligado a asumir y reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien la Ley de la Industria Eléctrica señala el principio de universalidad del suministro eléctrico, se ve limitada al no manifestar claramente lo correspondiente al servicio del suministro eléctrico, por lo cual considero menester atender los principios señalados en la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, en la cual se manifiesta que el progreso científico y tecnológico mejoran las condiciones de vida de los pueblos y las naciones, por lo tanto el Estado deberá garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología como lo es la electricidad sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población, a efecto de que contribuya con la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencia religiosa.

En esta tesitura, se proponen las siguientes adhesiones a la Ley de la Industria Eléctrica.

Se propone modificar y adicionar el segundo párrafo del artículo 1, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1. ...

Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio universal de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del acceso universal del servicio público, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.

Se propone adicionar al segundo párrafo del artículo 2, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. ...

El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional, por lo cual el Estado garantizará la universalidad y protección del acceso a la energía eléctrica, por considerarse como satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir.

Se propone adicionar la fracción I, del artículo 6, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:

I. Garantizar el derecho humano de la energía eléctrica, a través de la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional;

Asimismo, se proponen reformas de los artículos 4o. y 5o. de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin, el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá garantizar el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica de manera universal, actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional.

...

Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar y garantizar de manera universal, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.

...

B) Establecer una tarifa social fija por parte de las autoridades competentes, en el pago por el suministro de energía eléctrica en uso doméstico, en la cual aquellas personas que habitan o se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad pague un precio más bajo.

Que como lo mencioné, el Estado está obligado a garantizar el bienestar social, a través de los instrumentos que permitan lograr garantizar los derechos contenidos en nuestra carta magna, trabajando en transformar la visión arcaica de la institución gubernamental sobre los intereses de la población, por lo cual, en este proceso histórico de transformación para el país, es necesario afianzar la visión del resguardo de los derechos a todas y todos sin ningún tipo de discriminación.

Con esta visión y en vísperas de la toma de posesión de un nuevo gobierno, la ideología social debe estar más presente y lograr alcanzar cambios trascendentales para el presente y futuro del país. Ello que obliga al servidor público estar al nivel de lo que la población exige, transformando y creando la visión política y el quehacer a forma de hacer gobierno para lograr una mejora en la gestión pública y la creación de políticas públicas integrales, de carácter universal con una visión social palpable en cada habitante.

Las condiciones elementales de asegurar el desarrollo de las personas y su dignidad humana, deben ejercerse desde las dimensiones sociales y colectivas que requiere el país, atendiendo la universalidad, que considera a todos los seres humanos poseedores de estos derechos, inalienables; es decir, sin ser transferibles, indivisibles e interdependientes implicando que todos los derechos humanos están vinculados para garantizar la satisfacción básica para vivir.

De esta forma, al ser los derechos humanos trasversales el Estado está obligado a generar los servicios públicos dignos que garanticen a cada persona la protección individual y de sus hogares a servicios y asistencias básicos.

De esta manera, todo derecho de la persona es inviolable y el Estado deberá resguardar su derecho, reconocimiento y respeto de su dignidad. Por lo tanto, atendiendo al tema que nos ocupa en la presente iniciativa, el hecho de que la población no tenga una certeza real sobre los montos tarifarios por el uso de la energía eléctrica implica una afectación directa contra su dignidad y las necesidades humanas básicas en su entorno individual como familiar, por lo que el Estado debe cubrir y solucionar los daños sufridos contra su dignidad humana.

Esto es, no se trata de gratuidad sin sentido, se trata de una asequibilidad para todas y todos. Por lo que se plantea establecer tarifas sociales accesibles en general, atendiendo el principio pro persona, donde el Estado debe prestar los servicios públicos respetando los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, todos interdependientes y reconocidos como derechos humanos.

Para lograr lo anterior, se propone que el Estado establezca una tarifa de grupos y zonas atendiendo el nivel de marginalidad en el país, para llevar el suministro eléctrico de manera adecuada, oportuna, con precios asequibles sin menoscabo de la economía familiar. Instruyendo a las dependencias competentes a instrumentar una tarifa eléctrica social, considerando el nivel de marginalidad y grupos vulnerables que habitan en estas zonas.

Por lo anterior se propone modificar los artículos 116 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, de la siguiente forma:

Artículo 116. La secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad, garantizando la universalidad del suministro eléctrico a toda la población al menor costo para el país, en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.

Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo Social, instrumentarán acciones y programas en conjunto para crear apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, por medio de la creación de una tarifa social asequible, que garantice el derecho humano al suministro de energía eléctrica por considerarse un satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir de toda la población, contemplando las zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de Usuarios del Suministro Básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.

...

Artículo 140. La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros:

I. Garantizar el derecho humano al suministro eléctrico de los usuarios finales, promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la universalidad y continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales;

...

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de la Industria Eléctrica, y de la Comisión Federal de Electricidad

Primero. Se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 6, 116 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio universal de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del acceso universal del servicio público, de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes.

Artículo 2. ...

El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional, por lo cual, el Estado garantizará la universalidad y protección del acceso a la energía eléctrica, por considerarse como satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir.

Artículo 6. El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:

II. Garantizar el derecho humano de la energía eléctrica, a través de la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional;

...

Artículo 116. La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad, garantizando la universalidad del suministro eléctrico a toda la población al menor costo para el país, en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.

Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social, instrumentara acciones y programas en conjunto para crear apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, por medio de la creación de una tarifa social asequible, que garantice el derecho humano al suministro de energía eléctrica por considerarse un satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir de toda la población, contemplando las zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad.

...

Artículo 140. La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros:

I. Garantizar el derecho humano al suministro eléctrico de los usuarios finales, promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la universalidad y continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución y proteger los intereses de los Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales;

...

Segundo. Se reforma y adiciona la Ley de la Comisión Federal de Electricidad respecto a los artículos 4 y 5.

Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin, el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.

En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá garantizar el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica de manera universal, actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional...

...

Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar y garantizar de manera universal, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La creación de un programa de cancelación de adeudos por montos impagables, que debe emitir el Consejo de Administración de la CFE.

2 La creación de una Tarifa para grupos y zonas de alta marginalidad, la cual deriva de la participación de diversas instancias federales como lo son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Desarrollo Social y la propia Comisión Federal de Electricidad.

3 El reconocimiento de los usuarios afectados del servicio que brinda el Estado, sin negativas a pagar, por un servicio asequible, aceptable y justo.

4 Una defensa jurídica ante diversas instancias como lo son la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Regulatoria de Energía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que en el ámbito de sus competencia coadyuven a que el Gobierno haga efectivo el derecho humano a recibir energía como un satisfactor esencial de las necesidades humanas básicas.

Referencias

1 Gobierno de la República. Reforma Energética. México.

http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf (Visto el 29 de agosto de 2018).

2 Diario Oficial de la Federación. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Estados Unidos Mexicanos, 11 de agosto de 2014.

3 Primer párrafo del artículo 2. De la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

4 Boletín de Prensa. Firman CFE y Profeco convenio para agilizar y resolver quejas de usuarios de CFE sobre consumos de Energía Eléctrica. Ciudad de México, 22 de julio de 2016.

https://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa16/julio16/bol00074.php (Visto el 29 de agosto de 2018).

5 “Servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes.” Otero Salas, Filiberto. El servicio público de energía eléctrica en México y las actividades no consideradas como tal. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2654/11.pdf

6 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Víctor Gabriel Varela López, Brenda Ramiro Alejo, Félix Durán Ruiz, Jorge Álvarez Máynez, Juan Ángel Bautista Bravo, Lidia Pérez Bárcenas, María Guadalupe Román Ávila, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Martha Alicia Arreola Martínez, Martha Azucena Camacho Reynoso, Pedro David Ortega Fonseca, Rocío Natalí Barrera Puc, Salomón Chertorivski Woldenberg, Steve Esteban del Razo Montiel (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Víctor Gabriel Varela López, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1; 77 numeral 1 y 2, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la petición de que se consulte al pleno la dispensa del trámite de dictaminación y se proceda a su discusión inmediata, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En fecha 11 de octubre de 2018, en la LXIV legislatura presente, ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa, misma que la mesa directiva turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Energía a la cual se le dio prorroga de 90 días, otorgada el jueves 28 de febrero de 2019, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; esta misma fue desechada el miércoles 31 de julio de 2019, con base en el artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publicado en la gaceta parlamentaria con el número 5106-IV el martes 4 de septiembre de 2018.

Exposición de Motivos

El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extinguía el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, manifestando dentro de sus argumentos los elevados costos que implicaba para el Estado sostener a Luz y Fuerza del Centro, contrario a los resultados que esta compañía reportaba de 2003 a 2008, los cuales se mostraban inferiores a organismos o empresas que presentaban el mismo servicio a nivel internacional.

Ante estas circunstancias el entonces gobierno federal, señalaba las ineficiencias operativas y financieras que implicaban el mal funcionamiento del organismo descentralizado, por lo cual, anteponiendo el cuidado y uso de los recursos de las ciudadanas y los ciudadanos y buscando garantizar a todo el país los mismos estándares de la calidad en la prestación de servicio público de energía eléctrica, se decretaba en su artículo 1, la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.

Es en 2013, cuando se da por segunda ocasión en la historia del país una discusión significativa en materia de reforma energética. Recordando que la primera reforma energética fue en 1938, impulsada por entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la cual se mantenía la propiedad exclusiva de la nación los minerales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, para el aprovechamiento y control del país y se contaba con la Comisión Federal de Electricidad, la cual tenía como objeto el generar, transmitir y distribuir electricidad, con menores costos técnicos y económicos y a un costo mínimo para los ciudadanos el país.

A diferencia de la visión de la primera reforma energética, en 2013, el Ejecutivo federal realizó una propuesta de reforma energética, que consistía esencialmente en permitir a las empresas privadas invertir en petróleos de México, a través de contratos para extraer parte de las riquezas de la nación, así como realizar la refinación, transporte y almacenamiento. Uno de sus principales lemas para esta reforma, recordemos bien, era el preservar la seguridad energética del país, asegurar precios accesibles del abasto energético tanto privados como a la población, además de lograr hacer de Pemex una empresa pública productiva e impulsar su competitividad. De la misma forma, el entonces presidente de la República señalaba para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reforzar sus innovaciones tecnológicas, las familias mexicanas tendrían un beneficio concreto por la baja de las tarifas eléctricas y se lograría expandir la red de transmisión a todo el país.

En este sentido, dicha reforma propuso la reforma del artículo 27 constitucional, para que el Estado celebre contratos con particulares para llevar a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica. Así como el artículo 28, en su párrafo cuarto de nuestra Carta Magna, en el cual se mantenía en propiedad y control del gobierno federal, sobre los organismos y empresas productivas del Estado que se establecieran. De esta forma, la CFE supuestamente aprovecharía la tecnología, la reducción de costos y pérdidas de energía, permitiendo bajar los precios de la luz.

Esta reforma energética trajo consigo un importante debate nacional, que se concretizo en una reforma impulsada por los grupos políticos en el poder y empresarios del país que obtuvieron beneficios directos de esta reforma, en un acto intimidatorio, a la sombra, sin debate y bajo el resguardo y uso de la fuerza pública para evitar escuchar las voces de expertos y expertas, así como de la población que mostraban los peligros de aprobar una reforma de esa dimensión sin tomar en cuenta las necesidades y los efectos negativos que tendría el sector energético, así como en los servicios que recibimos directamente todas y todos los mexicanos.

Es el 20 de diciembre de 2013, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía concretando un proyecto de reforma tendencioso que a casi cinco años de su aprobación no ha logrado su propósito.

Para 2014, se publica la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mediante la comisión es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión.

Contrario a lo señalado en la reforma energética en materia de la disminución de las tarifas del suministro de la energía eléctrica, se observó un fenómeno de incremento progresivo en sus tarifas de uso doméstico principalmente, en las cuales se crean nuevas tarifas como es la 1F y la DAC, se suprimen subsidios, así como se dispone un catálogo de límite mínimo y máximo en el uso de la energía eléctrica dependiente de la inflación. Un ejemplo claro es que tan sólo en el presente año 2018 se han emitido 9 oficios sobre los cargos de Tarifa DAC Servicio Doméstico de Alto Consumo, en los cuales se ha modificado los precios para este rango de tarifa.

De esta forma, ante la sustitución de la Compañía Luz y Fuerza del Centro por parte de la Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar el suministro y cobro de energía eléctrica en el valle de México, que comprende zonas del estado de Hidalgo, Cuernavaca y la Ciudad de México, se presentaron variaciones irregulares en los recibos emitidos a los usuarios por el uso del suministro de energía, los cuales se han dado a conocer como “recibos locos”, en los cuales se han establecidos cargos estrepitosamente elevados por montos que van desde los 300 mil pesos hasta los 4 mil pesos, en usuarios que habitan en zonas consideradas como alta y baja marginalidad en los últimos nueve años.

Lo anterior trae como efecto, un impacto negativo en la economía de la población, así como el incremento de deudas, que las usuarias y los usuarios niegan ante esta compañía, además de no contar con las capacidades para cubrir dichos montos. Este fenómeno se observa en distintas partes de la ciudad, tan sólo en el año 2017 la Procuraduría del Consumidor (Profeco) recibió 47 mil 576 quejas interpuestas por usuarios de la CFE tan sólo en la Ciudad de México. Ante la negativa de esta última de corregir cobros erróneos o cuotas extraordinarias, sin recibir ninguna explicación sobre el aumento. Asimismo, en lo que va del año, la Profeco indico que el 50 por ciento de quejas es en contra la CFE en todo el país, de los cuales el 90 por ciento es por el cobro desmedido del servicio eléctrico; este fenómeno no es aislado, ya que en los últimos cinco años se ha repetido esta situación, lo cual señala las irregularidades y alteraciones en sus tarifas de cobro de la compañía.

Dato importante es que, en agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia resolvió procedente que la CFE, pudiera ser demandada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando sean afectados los derechos de un consumidor, si considera que el cobro es injusto e incurre en actos inconstitucionales.

Para 2016, con la intención de minimizar esta problemática, el encargado de despacho de la CFE, Jaime Hernández Martínez en conjunto con el procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, firmaron un convenio para agilizar y resolver quejas de los usuarios de CFE sobre consumo de energía eléctrica. Este convenio ha consistido en la instalación de 48 módulos y 8 líneas telefónicas en las delegaciones, subdelegaciones y unidades de servicios de la Procuraduría, para atender las quejas relacionadas con el cobro del servicio.

Sin embargo, ante el obvio encarecimiento del suministro y el avance de la privatización que ha ido Ejecutando la CFE, ha producido distintas movilizaciones y organizaciones sociales en todo el país por la defensa de los llamados “recibos locos”. Uno de los principales movimientos que ha luchado sin descanso contra estas irregularidades es el Colectivo de Ciudadanos en Defensa de la Energía Eléctrica (Cocidee), este Colectivo nace en Iztapalapa desde el año 2012 y ha logrado su ampliación en el valle de México a través de la Coordinadora de Comités de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica Zona Oriente (Cocudezo). Estos colectivos son claro ejemplo de la problemática que se vive en el país sobre los altos cobros de luz y la resistencia de los ciudadanos por una negativa a pagar recibos exorbitantes sin ninguna justificación por parte de la comisión y ante los actos intimidatorios que ha realizado la CFE violando los derechos por parte de trabajadores de la misma compañía, ante la necesidad del servicio de usuarios desesperados por no contar con el servicio.

Es así como el Cocidee ha logrado una lucha principalmente jurídica anteponiendo cuatro puntos en particular.

En este sentido se propone la presente iniciativa, bajo la necesidad que cada uno de los habitantes del país tiene de contar con el suministro eléctrico como derecho humano para satisfacer las necesidades humanas básicas, a través de una tarifa social en la energía eléctrica doméstica, que otorgará justicia social a través de políticas sociales y económicas con la premisa de servicios públicos como derecho humano.

Por lo tanto, si partimos de que el Estado debe considerar la energía eléctrica como un derecho humano a nivel Constitucional que garantice el desarrollo social del bienestar común y una vida adecuada, toda vez que esta dota de una mejor condición de vida, igualdad y dignidad, al igual que el derecho al agua, a la salud, la educación y la vivienda, a través de lograr un equilibrio de su gasto y costo en función de las zonas y comunidades según su grado de marginalidad. Es menester legislar y realizar modificaciones necesarias para garantizar este derecho.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Establecer a rango constitucional el derecho humano a toda persona.

Si observamos el servicio público, a través de la definición que da el jurista Jorge Fernández Ruiz , se entiende el servicio público de energía como aquella actividad técnica destinada a satisfacer las necesidades de carácter general consistente en general, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica, cuyo cumplimiento, uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el poder público, con sujeción a un régimen público, para el aprovechamiento indiscriminado de toda persona. Tomando en cuenta lo señalado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030, en el cual establece que la energía eléctrica es un insumo primario para la realización de actividades productivas, de transformación y servicios en el país , otorgándole a la energía eléctrica el valor de un bien final indispensable para los consumidores, garantizar este abasto, representa el acceso a bienes y servicios sociales básicos, como son la salud, la alimentación, el acceso a la información, a la educación y al pleno desarrollo que garantiza el bienestar y calidad de vida de la población.

Asimismo, tomando en cuenta que el Sistema de Información Energética establece que 98.58 por ciento de la población cuenta con servicio de energía eléctrica y que para esta población no debe presentar una condición material impositiva de sacrificar el alcance de otros derechos como es la alimentación, educación o salud por mencionar algunos que ha surgido por los altos cobros del suministro de energía eléctrica en el país.

Pues debe considerarse el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para el disfrute y satisfactor esencial de las necesidades humanas básicas, considerando los principios básicos de universalidad, inalienable, indivisibilidad, igualdad, con un alcance de exigibilidad jurídico, mismo que el Estado está obligado a asumir y reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien, la Ley de la Industria Eléctrica señala el principio de universalidad del suministro eléctrico, se ve limitada al no manifestar claramente lo correspondiente al servicio del suministro eléctrico, por lo cual considero menester atender los principios señalados en la Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, en la cual se manifiesta que el progreso científico y tecnológico mejoran las condiciones de vida de los pueblos y las naciones, por lo tanto el Estado deberá garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología como lo es la electricidad sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población, a efecto de que contribuya con la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencia religiosa.

Si atendemos el control de convencionalidad aplicado actualmente en el país, mediante el cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados internacionales celebrados por México son el ordenamiento para garantizar y reconocer los derechos humanos contenidos en el artículo 1 y 133 de la Constitución, se propone adicionar un párrafo decimonoveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4o.. ....

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Toda persona tiene derecho al acceso del suministro de energía eléctrica. El Estado garantizará, protegerá y promoverá los medios y coordinación institucional para establecer una tarifa social justa que beneficie a las zonas socioterritoriales con mayor vulnerabilidad en el país, por considerarlo como un satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir.

Si tomamos en cuenta que los Estados cuando firman un tratado internacional realizar las acciones necesarias para hacer cumplir en todo su territorio la medida adoptada, incluyendo las adecuaciones a la normatividad organización e implementación de políticas públicas que garanticen la concretización de estos ordenamiento, es menester el reformar y adecuar también la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de lograr una armonización en las leyes vigentes que rigen la materia del servicio de energía eléctrica y los beneficios directos a la población.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano

Único.- Se adiciona un párrafo decimonoveno recorriéndose en lo subsecuente al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

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Toda persona tiene derecho al acceso del suministro de energía eléctrica. El Estado garantizará, protegerá y promoverá los medios y coordinación institucional para establecer una tarifa social justa que beneficie a las zonas socioterritoriales con mayor vulnerabilidad en el país. Por considerarlo como satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir.

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Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La creación de un programa de cancelación de adeudos por montos impagables, que debe emitir el Consejo de Administración de la CFE.

2 La creación de una tarifa para grupos y zonas de alta marginalidad, la cual deriva de la participación de diversas instancias federales como lo son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Desarrollo Social y la propia Comisión Federal de Electricidad.

3 El reconocimiento de los usuarios afectados del servicio que brinda el Estado, sin negativas a pagar, por un servicio asequible, aceptable y justo.

4 Una defensa jurídica ante diversas instancias como lo son la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Regulatoria de Energía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que en el ámbito de sus competencia coadyuven a que el Gobierno haga efectivo el derecho humano a recibir energía como un satisfactor esencial de las necesidades humanas básicas.

Notas bis

1 Gobierno de la República. Reforma Energética. México.

http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf (Visto el 29 de agosto de 2018).

2 Diario Oficial de la Federación. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Estados Unidos Mexicanos, 11 de agosto de 2014.

3 Primer párrafo del artículo 2. De la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

4 Boletín de Prensa. Firman CFE y Profeco convenio para agilizar y resolver quejas de usuarios de CFE sobre consumos de Energía Eléctrica. Ciudad de México, 22 de julio de 2016.

https://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa16/julio16/bol00074.php (Visto el 29 de agosto de 2018).

5 “Servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes.” Otero Salas, Filiberto. El servicio público de energía eléctrica en México y las actividades no consideradas como tal. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2654/11.pdf

6 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Víctor Gabriel Varela López, Alma Griselda Valencia Medina, Brenda Ramiro Alejo, Félix Durán Ruiz, Héctor Ireneo Mares Cossío, Jorge Álvarez Maynéz, Juan Ángel Bautista Bravo, Juan Guadalupe Torres Navarro, Lidia Pérez Bárcenas, María Guadalupe Román Ávila, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Martha Alicia Arreola Martínez, Pedro David Ortega Fonseca, Raymundo Atanacio Luna, Rocío Natalí Barrera Puc, Salomón Chertorivski Woldenberg, Steve Esteban del Razo Montiel, Wilbert Alberto Batun Chulim (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 85 y 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Lidia Pérez Bárcenas, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, VII, X y XII del artículo 85, y la fracción X del artículo 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La trata de personas en México es un tema lacerante para la sociedad, la problemática ha sido atacada con el establecimiento de normas que combaten este tipo de crímenes tanto a nivel internacional como nacional. En el mundo se recuerda cada 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de personas.

Como lo indica al “Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México 2021” publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México señala que desde noviembre del año 2000 la Organización de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional se adopta la Convención para prevenir y combatir delitos que comenten organizaciones criminales.

Se establecen protocolos para organizarse operativamente contra la delincuencia organizada que están en los países, fortaleciendo la colaboración lo que se refuerza con la cooperación internacional en los cruces de frontera ampliando la actuación de los países extraterritorialmente y fortaleciendo el combate a las operaciones ilícitas de las organizaciones.

Existen tres protocolos firmados en el año 2000 los cuales son: el primero aborda cuestiones de Tráfico ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; el segundo protocolo previene, reprime y sanciona la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el tercero va contra la fabricación y el tráfico ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas, componentes y municiones.

México firmó la Convención el 13 de diciembre de 2000, y fue aprobada por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de diciembre de 2002. La Convención fue publicada en el DOF, el 11 de abril de 2003, entrando en vigor el 29 de septiembre del mismo año, esto posibilitó que tanto la Convención como los Protocolos, fueran parte integral del sistema jurídico mexicano y, con ello de obligación para su cumplimiento.

El protocolo que previene y sanciona la trata de personas, también se conoce como como el Protocolo de Palermo, México lo ha suscrito y ratificado desde 2003, lo central del mismo es que define que se entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación comprende la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

México incorpora al sistema jurídico de la trata de personas a través del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y ahora T-MEC, el trabajo forzoso e infantil y con ello sancionando este tipo de trabajos que es una de las finalidades de la trata de personas.

En el contexto nacional desde el 14 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a los artículos 19, 20 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para considerar el tema de trata de personas.

Después de la reforma constitucional y como consecuencia del proceso legislativo, se aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012); abrogó la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas (2007); y reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Federal de Procedimientos Penales (2014), del Código Penal Federal (1931), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (1995), de la Ley de la Policía Federal (2009) y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2009).

Así, derivado del artículo 73, fracción XXI, se publicó el 14 de junio de 2012, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La Ley General delimita las competencias, de prevención, tipos penales, persecución y sanción del delito y del delincuente, atención, asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas, facultades y obligaciones de diversas autoridades, políticas públicas, entre diversas disposiciones.

La participación del Gobierno Federal se da a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (CI/Comisión Intersecretarial).

El objetivo central de la Comisión es definir y coordinar la ejecución de una Política de Estado en materia de trata de personas y demás cuestiones previstas en la Ley General; también la de impulsar y coordinar en todo el país la vinculación interinstitucional para prevenir y sancionar los delitos; así como inspeccionar y vigilar los programas, acciones y tareas; evaluar y observar la rendición de cuentas y transparencia sin afectar aquellas atribuciones que les correspondan a otras instancias. Esto se encuentra establecido en el artículo 84 de la Ley General (2012).

La Comisión Intersecretarial está integrada por los titulares de las 15 dependencias siguientes: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Seguridad Pública (ahora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana); Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar); Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Turismo; Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), esta se derogó; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (ahora Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas); Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto Nacional de Migración, e Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ello, en términos del artículo 85 de la Ley General.

El caso específico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no es integrante de la Comisión Intersecretarial, solo es participante con derecho a voz, pero sin voto, que está establecido en el artículo 86 de la Ley General.

Sin embargo, no se cuenta con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como una institución importante en la obtención y administración de los ingresos públicos, y que para el caso de los recursos que se obtienen por actividades de origen ilícito es quién administra dichos recursos.

La Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el instrumento institucional que permite prevenir e investigar las operaciones financieras y económicas de carácter ilícito y de financiamiento al terrorismo, con su creación mediante su publicación en el DOF el 7 de mayo de 2004, derivado de las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

El ámbito de la competencia de la UIF está establecido en el artículo 400 Bis para Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y del artículo 139 quáter de Financiamiento al terrorismo ambos del Código Penal Federal.

La importancia que tiene la unidad de inteligencia en el combate a las actividades ilícitas de trata de personas es porque puede identificar, mediante investigaciones sobre dichas operaciones, recursos relacionados con esa actividad, contribuyendo a perseguir eficazmente la persecución del delito.

La Unidad de Inteligencia Financiera puede detectar comportamientos y tendencias que se presenten sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con la finalidad de que permitan diseñar mecanismos de control y seguimiento, así como de alertas de aquellas actividades que signifiquen la transferencia de recursos de un lugar a otro o entre personas.

La red de personas físicas, por ejemplo, de relación familiar que contactaba a mujeres en el extranjero, principalmente sudamericanas y las invitaba a México mediante engaños al ofrecerles trabajos para prestar servicios de modelaje.

Se han identificado en años recientes el modus operandi de la una red de personas, en su mayoría unidas por un parentesco consanguíneo y por afinidad, que para obtener recursos económicos engañaba y ejercía violencia física en contra de mujeres y niñas para someterlas a explotación sexual.

Aquí es donde la UIF previene y detecta actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ha utilizado su marco legal de actuación para incluir el tema de trata de personas y contribuir a su combate.

De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) de han registrado 225 mil víctimas de trata de personas que comprenden los años de 2003 a 2016, de los cuales tres cuartas partes eran mujeres y niñas y la mayoría tenían fines de explotación sexual. La mayor parte de las víctimas son mujeres adultas representando el 49%, seguidas de las niñas con un 23%. Se ubica que la explotación sexual es el principal tipo de explotación en mujeres y niñas, mientras que en el caso de hombres y niños son los trabajos forzados.

La explotación sexual es la principal causa de trata de personas en todo el mundo, aunque en el caso de África predominan los trabajos forzados.

Con datos de la misma UNODC para el año 2020 las víctimas de trata de personas se estimaban, tan solo en ese año, en 50 mil víctimas en 148 países, cifra que ha aumentado desde 2003 donde apenas se obtuvieron datos de solo 39 países.

En el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2020, publicado el 02 de febrero, entre 2004 y 2018, la proporción de niñas víctimas de trata de personas pasó a una participación porcentual del 10 al 19% y la de niños del 3 al 15%, que en conjunto suman el 34% de las víctimas a nivel mundial. Se ha identificado que, a nivel global, siete de cada diez niñas víctimas han sido reclutadas con fines de explotación sexual; mientras que entre los niños se ha observado que la forma de explotación más usada son los trabajos forzados del 66%.

De acuerdo al Informe el perfil de las víctimas y de sus diferentes formas de explotación se observa que a escala global el 50% de las víctimas padece explotación sexual, mientras el 38% es sometido a trabajos forzados. Hay, también diversas formas de explotación por trata de personas como son la participación obligada en actividades criminales, la mendicidad, los matrimonios forzados, la venta de bebés y la extracción de órganos.

Los efectos del Coiv-19, aminoraron un poco la creciente tendencia a la trata de personas, sin embargo, obedeció a que disminuyeron las actividades sociales y de relaciones económicas en el mundo, afectando a las actividades ilícitas de explotación humana.

Con datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) las cifras se magnifican, porque incluye, aparte de la esclavitud moderna y explotación sexual, el concepto de trabajo forzado, lo que amplía el panorama de diversos niveles de explotación por trata de personas a través de actividades no consentidas de trabajos diversos.

Los datos del Informe Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna de la OIT publicado en septiembre de 2022, en donde se registran a 49,6 millones de personas viven en condiciones de esclavitud, de los cuales 27,6 millones están en situación de trabajo forzoso y en matrimonio forzoso se encuentran 22 millones de personas.

Las personas que están en situación de trabajo forzoso, 27,6 millones de personas, se subdividen en aquellas que son explotadas en el sector privado y que alcanzan 17,3 millones; 6,3 millones se encuentran en situación de explotación sexual comercial forzosa, y existen 3,9 millones en situación de trabajo forzoso impuesto por entidades estatales.

La situación es más dramática en el caso de las mujeres y las niñas, que alcanzan los 4,9 millones de las personas en situación de explotación sexual comercial forzosa, y 6 millones de las personas en situación de trabajo forzoso en diversos sectores de la actividad comercial y económica.

Identifican en el Informe de la OIT que el 12% de las personas en situación de trabajo forzoso son niños y más de la mitad de los niños son víctimas de la explotación sexual comercial.

Por región que tiene el mayor número de personas en situación de trabajo forzoso es Asia Pacífico y los Estados Árabes con 15.1 millones de personas, le sigue Europa y Asia Central con 4 millones, África con 3.8 millones, el continente Americano con 3.5 y los Estados Árabes con 886 mil personas.

Si se observa el problema desde quienes son los generadores de la trata de personas y de acuerdo con la ONU y su Oficina de combate contra la Droga y el Delito, los perfiles de los delincuentes y de los flujos de la trata de personas a nivel mundial, identifica, para 2020, 534 flujos de recursos en el mundo, tanto regionales como subregionales.

La forma en la que operan los delincuentes es a través de cuatro tipos de estructuras de acuerdo con la forma de la asociación entre traficantes y grupos del crimen organizado. Las operaciones de estos grupos del crimen organizado tienen que ver con la trata de personas como actividad principal de sus actividades delictivas; y como derivado de dichas actividades se han encontrado traficantes individuales que se asocian para trabajar juntos en este tipo de delitos, que incluso ha corrompido instituciones cuyos fines son el establecimiento de la paz en conflictos regionales, situación que ilustra la gravedad de la trata de personas y la explotación sexual, y que debe combatirse en todas sus formas.

En el caso de México las cifras son escasas y dificultan tener una perspectiva amplia de la trata personas y de su incidencia delictiva en la sociedad. Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han señalado que falta homologar las cifras y estadísticas en la materia, y hacer un desglose de los 20 tipos penales para la modalidad de trata de personas. Esta falta de datos ha restringido la aplicación de políticas públicas integrales que permitan prevenir y sancionarlas, así como dar una adecuada atención a las víctimas de ese delito.

La misma CNDH en 2019 informó que las entonces procuradurías y fiscalías generales identificaron a 5 mil 245 víctimas de los delitos de trata de personas, 85% de las cuales son niñas y mujeres, y 15% niños y hombres; la mayoría de las víctimas identificadas el 73%, son mayores de edad y mientras el 27% corresponde a niñas, niños y adolescentes, que es básicamente una población infantil menor de 18 años. De acuerdo a las cifras de cada 100 víctimas, 84 son mexicanas, y de ellas el 50% se ubicaron en la misma entidad de origen, lo que comprueba que, en México ha aumentado el reclutamiento y la explotación locales.

Las víctimas de trata de personas de origen extranjero representan 13% y son de procedencia, en su mayoría de Centro y Sudamérica, cerca del 70% de las víctimas de trata son explotadas sexualmente y un 17% para explotación laboral.

Entre las fuentes de cifras se tiene también al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que ofrece datos del periodo de 2015 a mayo de 2022, indicando que se han abierto un total 5 mil 561 carpetas de investigación del fuero común por el delito de trata de personas.

A pesar de estos avances de las cifras, son insuficientes. Los casos específicos se viven en diferentes partes de la República y no se cuentan con datos reales aproximados. Para el periodo señalado se registraron en la Ciudad de México 1,484 carpetas de investigación. Le siguió el Estado de México 739 indagatorias, Chiapas con 376, Coahuila con 363, Chihuahua con 301, Nuevo León 286 y Baja California 280, tan solo estas entidades federativas sumaron 3 mil 829 casos. Sin embargo, esto no contempla que los generadores de trata de personas provengan de otras entidades como se ha documentado en trabajos periodísticos.

La trata de personas como esclavitud humana genera recursos económicos que se traducen en altas ganancias a nivel global, la Organización mundial del Trabajo, estimó para 2005 por el trabajo forzoso alrededor de 44.000 millones de dólares, de los cuales 32.000 millones eran producto de la trata de personas. Las ganancias están divididas en las categorías de explotación sexual forzosa, trabajo doméstico, agricultura y entre otras actividades económicas.

Para 2012 la cifra se elevó a 150 mil millones de dólares anuales, la mayor parte son generadas en Asia de las cuales dos terceras partes provienen de la explotación sexual forzada, siendo alrededor de 99 mil millones de dólares anuales.

En México no hay datos claros sobre las ganancias económicas sobre la trata de personas con diversos fines incluida la explotación sexual, en un foro que se realizó en 2021, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que por posibles actividades de trata con fines de explotación sexual se bloquearon mil 410 cuentas bancarias a 116 personas, por un monto de 144 millones 197 mil 710 pesos. Son cifras económicas aisladas que no logran dimensionar la problemática real de la trata de personas en el país y que pueden magnificarse dado las redes de trata de personas que no solamente están establecidas en México, sino que cruzan el continente sudamericano y el norte del continente particularmente el mercado estadounidense.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha avanzado en el desarrollo de tipologías en materia de Trata de Personas, el objetivo es apoyar en la detección de los principales comportamientos y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, para establecer mecanismos de control y al mismo tiempo alertar de transferencias entre personas con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado y clasificado a una red criminal en los años de 2019 y 2020, dicha red está conformada por personas físicas que en su mayoría tienen una relación familiar y cuya forma de operar era la de establecer contactos con mujeres en el extranjero, principalmente sudamericanas trayéndolas al país con engaños al ofrecer trabajos generalmente de modelaje, aunque esta forma de operar se hace extensiva a mujeres y niñas del interior de la república mexicana, aprovechando el alto grado de vulnerabilidad por las condiciones precarias de sus condiciones de vida y familiares, también la mayoría de las victimas unidas por un parentesco consanguíneo y por afinidad, y aprovechando esa condición los generadores de explotación obtenían recursos económicos engañando y ejerciendo violencia física y psicológica en contra de mujeres y niñas para someterlas a explotación sexual.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene experiencia al prevenir y detectar dichos actos, omisiones u operaciones, que favorecen, prestan ayuda, cooperan para cualquier especie para la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El actuar de la UIF en el marco de sus atribuciones ha incluido el tema de trata de personas contribuyendo al combate.

Con datos de la UIF la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca que desde 2017 hasta mediados de 2021 se han registrado 1,083 casos relacionados con lavado de dinero a través de la Trata de Personas, la desagregación de esos casos específicamente 530 son de trata de personas, 482 por explotación sexual, 28 por explotación laboral, 19 por tráfico de órganos, 2 por adopción ilegal y 21 por corrupción de menores.

Con respecto a la participación por Estado de la República se identificó, por parte de la UIF, que 338 estuvieron localizados en la Ciudad de México; 106 en el estado de Tamaulipas; 60 en Quintana Roo; 58 en Puebla; 55 en Baja California; 52 en el Estado de México; 52 en Chiapas; 48 en Jalisco; 36 en Nuevo León; 28 en Michoacán; y 250 en diversos estados.

La UIF ha adelantado su trabajo en torno al tema de la Trata de Personas, ha establecido lineamientos, acuerdos, protocolos relacionadas con operaciones financieras y económicas en materia de trata de personas, destacan así la Guía anti trata para quienes realizan actividades vulnerables, Guía anti trata para sistema financiero y Guía anti trata para el sector de seguros.

Es por ello que en la presente iniciativa se propone integrar en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea considerada en la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que tiene por objeto coordinar los esfuerzos que realizan diversas dependencias del Gobierno Federal para combatir los delitos provenientes de la esclavitud moderna.

Por ello al incorporarse a la SHCP y a la UIF como parte de la Comisión Intersecretarial en el libro segundo de la política de estado, título primero, de la comisión intersecretarial y el programa nacional, establecido en la Ley General, actualmente la SHCP participa solo a título de invitada, lo que no le permite contar con un marco jurídico que le dé una mayor participación de acción en las diferentes actividades que realiza, y sobre todo que tenga una efectiva incidencia en la política pública para combatir la de trata de personas en un área central como son los aspectos financieros y económicos provenientes del lavado de dinero.

También en la presente iniciativa se hace indispensable actualizar la denominación de las instituciones que integran la Comisión intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de incluir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de la Secretaría de Seguridad Pública; a la Secretaría de Bienestar, en reemplazo de la Secretaría de Desarrollo Social, y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en lugar de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, a fin de darle certidumbre a las dependencias.

El incorporar como integrantes, con voz y voto, a otras instituciones que, por la naturaleza de sus funciones y la relevancia de sus actividades, contribuyen al combate a los delitos en materia de trata de personas, como es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene facultades para identificar y denunciar delitos vinculados con recursos de procedencia ilícita, entre ellos, los asociados con la trata de personas, es fundamental en la integración de la Comisión Intersecretarial de la Ley General.

La actualización permitirá que la denominación de las instituciones que integran dicha Comisión asegure que no se evadan las responsabilidades que se han transferido de una institución a otra, y que se eviten ambigüedades sobre qué instituciones tienen obligaciones derivadas de dicha ley. Además, la inclusión de nuevos actores en la Comisión, como es el caso de la SHCP, fortalecerá el combate a los delitos de trata de personas, toda vez que es el tercer delito más lucrativo en nuestro país, y que dicha Secretaría, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, podría detectar y presentar denuncias por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita proveniente de la trata de personas.

La presente iniciativa responde al interés superior dar certidumbre al manejo de los recursos de procedencia ilícita obtenidos con la trata de personas y garantizar el debido destino de estos cuando las autoridades han tomado medidas para sancionar el delito.

A fin de tener claridad sobre la iniciativa propuesta se presenta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el propuesto:

Fundamento legal

Con base en los motivos expuestos y con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, párrafo 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, VII, X y XII del artículo 85, y la fracción X del artículo 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del presente:

Decreto

Artículo Único. Se reforman las fracciones IV, VII, X y XII del artículo 85, y la fracción X del artículo 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes instituciones:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

III. Secretaría de Relaciones Exteriores;

IV. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Salud;

VII. Secretaría de Bienestar;

VIII. Secretaría de Educación Pública;

IX. Secretaría de Turismo;

X. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XI. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

XIII. Instituto Nacional de las Mujeres;

XIV. Instituto Nacional de Migración, y

XV. Se deroga.

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Artículo 89. Las instituciones integrantes de la Comisión tendrán las siguientes obligaciones:

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X. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en sus atribuciones y por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, diseñará y ejecutará las acciones para identificar los delitos vinculados con recursos de procedencia ilícita asociados con la trata de personas.

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XV

Artículo Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 CNDH, (2010). Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición de justicia. Quinta Visitaduría General. Programa contra la Trata de Personas. México.

2 Se establece en el artículo 3 del documento de la Oficina contra la Droga y el Delito, 2004, p. 44.

3 De acuerdo a como lo reconoce la CHDH su Diagnóstico 2021.

4 Tomado de

https://www.epdata.es/datos/trata-personas-mundo-datos-graficos/ 427.

5 Datos tomados de:

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/2021/02/04/una-tres- victimas-trata-ninas-ninos-revela-la-nueva-edicion-del-informe-mundial-trata-pe rsonas-unodc/

6 Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)

7 Cabe destacar que este flagelo de la Trata de Personas y explotación sexual ha llegado a corromper a instituciones mundiales de alta responsabilidad en conflictos regionales como son el caso de los Cascos Azules, como se documenta en diversos reportajes como el de

https://elpais.com/diario/1996/12/05/internacional/849740404_ 850215.html; y también se puede consultar en

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/09/110905_misiones_paz_ violaciones_mr.

8 Kanter Coronel, Irma. (2022). Trata de personas en México algunas cifras, en Mirada Legislativa, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México.

9 Es el caso de Tlaxcala que ha recibido atención por las personas que han sido detenidas por los delitos de trata de personas, al respecto se ha documentado en el libro de Evangelina Hernández (2015). Tierra de Padrotes. Tenancingo, Tlaxcala, un velo de impunidad, editorial Tusquets editores, México.

10 Buscaglia, Eduardo (2015). Lavado de Dinero y Corrupción Política, editorial Penguin Random House, México.

11 OIT Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso, Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso, Ginebra, Suiza.

12 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/29/politica/estiman-en-30-mil-mdd-las- ganancias-anuales-por-la-trata-de-personas/

13 Este tipo de conductas se han denunciado en diversos trabajos articulados en el siguiente libro: Cacho. Lydia et. Al. (2016). La ira de México. Siete Voces contra la Impunidad, editorial Penguin Random House, México.

14 Comisión de Derechos Humanos. Diagnóstico 2021.

15 Al respecto la propuesta de integrar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, es una recomendación de la Auditoria Superior (ASF) de la Federación misma que se retoma en el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cuenta Pública para 2020, como propuestas legislativas derivadas de la revisión de la misma; también en el Diagnóstico de la CNDH para 2021 hace la propuesta de integrar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Ley General.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 2 de febrero de 2023.– Diputadas y diputados: Lidia Pérez Bárcenas, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Laura Huerta Valdovinos, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Bernardo Ríos Cheno, Brenda Ramiro Alejo, Daniel Murguía Lardizábal, Luis Edgardo Palacios Díaz, Héctor Ireneo Mares Cossío,  José Miguel de la Cruz Lima, María Guadalupe Román Ávila, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Miguel Ángel Pérez Navarrete, Olimpia Tamara Girón Hernández, Otoniel García Montiel, Pedro David Ortega Fonseca, Rocío Natalí Barrera Puc, Steve Esteban del Razo Montiel, Wilberth Alberto Batun Chulim (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara los municipios de Hidalgo La Misión, Capital Mundial del Chile Rayado; y Zimapán, Capital Gastronómica del Chile Rayado, a cargo del diputado Otoniel García Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Otoniel García Montiel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declaran los municipios de Hidalgo La Misión Capital Mundial del Chile Rayado; y Zimapán, Capital Gastronómica del Chile Rayado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Por su ubicación geográfica, el país posee una diversidad de flora, fauna y climas. Se caracteriza por ser un país rico en recursos naturales, en su mayoría necesarios para el desarrollo productivo de sus pueblos.

Entre las grandes contribuciones de México al mundo se destaca la gran diversidad de plantas domesticadas como el chile, que han sido diversificadas a lo largo de nuestra historia por pueblos autóctonos para darle diversos fines, como lo son los medicinales, ornamentales, bebidas estimulantes o como condimento.

Hoy se conocen al menos 200 variedades criollas y 64 variedades domesticadas en México para usos gastronómicos y sus bastas formas de consumo: crudo, cocido, asado, frito, en salsas, moles, consomés, rellenos, e incluso en postres; sin dejar de lado sus bondades medicinales que nos legaron los pueblos antiguos mexicanos.

El chile rayado es una variedad del chile jalapeño, que ha sido adaptado ancestralmente en las montañas de la Sierra Gorda de Hidalgo, de manera específica en La Misión, localizado al norte de Hidalgo, a una altitud de mil 460 metros sobre el nivel del mar.

Se le llama así debido a las líneas características que presenta, conocidas como corchosidad, que pueden ser abundantes que pueden llegar a cubrir 100 por ciento de la superficie del producto.

En La Misión, municipio de Hidalgo, se recolectan anualmente cuarenta toneladas de chile rayado, cuando se tiene una producción nutrida, pues su siembra es una actividad que realiza gran parte de la población de la zona. Su proceso de deshidratación es una ardua labor que permite que tenga un sabor ahumado, lo que lo hace muy codiciado.

Mide entre cinco y siete centímetros, es color rojo con rayas horizontales y verticales; de ahí deriva su nombre, es propiamente un jalapeño su proceso de cultivo inicia con la siembra en la parte baja de las montañas, posteriormente la planta es secada y trasplantada entre las milpas de maíz para protección de plagas y fauna local, una vez madurado el chile se realiza la cosecha en los meses de julio y agosto.

Después de cosechar los chiles, tradicionalmente se deshidratan en un horno de leña, a fuego lento, por largos periodos de tiempo, para, de esta manera, obtener un color café oscuro con un sabor ahumado. Esta parte del proceso lleva aproximadamente entre 3 a 4 meses, dependiendo las cantidades que se cosechen.

El chile rayado tiene propiedades anticancerígenas, analgésicas, antiinflamatorias y antimicrobianas; actúa como expectorante y mejora los problemas respiratorios; refuerza el sistema inmunológico y funciona como antioxidante; disminuye los niveles de colesterol en la sangre, favorece la circulación y previene padecimientos cardiovasculares; incrementa el gasto energético debido a su efecto termogénico; estimula la formación de colágeno, favorece procesos de cicatrización y problemas de la piel; estimula la función de los folículos pilosos, el crecimiento y aspecto saludable del cabello.

Por esa razón, este producto es tan codiciado. El precio por kilogramo ronda 400 y 500 pesos, según la época del año por lo que representa una actividad primaria en cuanto a su producción en el municipio, ya que es fuente de ingresos para los habitantes del municipio. Cabe mencionar que los chiles pueden llegar a durar 24 meses en encierro, conservando intacto su sabor.

Su explotación gastronómica se suele dar en Zimapán, Hidalgo pueblo mágico y municipio más grande el estado que se localiza a una hora con treinta y cinco minutos de la capital hidalguense, Pachuca de Soto.

Debido a su cercanía con el municipio de La Misión, se ha tenido como referencia gastronómica ya que Zimapán es la puerta hacia los municipios que se encuentran ubicados en la Sierra Gorda, así como al Valle del Mezquital, es por ello la importancia de Zimapán como municipio estratégico para el comercio y usos gastronómicos del chile rayado que se utiliza para una de las principales preparaciones como lo son las enchiladas huastecas, variedades de salsas que acompañan platillos como la barbacoa, chicharrón, chalupas, entre otros.

Por todo lo expuesto, resulta imperativo que el Poder Legislativo realice las acciones necesarias para que los municipios La Misión y Zimapán, Hidalgo, sean nombrados Capital Mundial del Chile Rayado y Capital Gastronómica, que a su vez serán un impulso para la protección, fortalecimiento de su producción y comercialización de este producto; así como el reconocimiento a su elaboración artesanal, historia y potencial económico que puede llegar a presentar.

Decreto por el que se declaran los municipios de Hidalgo La Misión Capital Mundial del Chile Rayado; y Zimapán, Capital Gastronómica del Chile Rayado.

Único. El Congreso de la Unión declara los municipios de Hidalgo La Misión Capital Mundial del Chile Rayado; y Zimapán, Capital Gastronómica del Chile Rayado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/las-64-variedades-de-chile-en-mexico?idio m=es#:~: text=Entre%20los%20m%C3%A1s%20conocidos%20est%C3%A1n,de%20una%20u%20otra%20regi %C3%B3n.

2 https://www.tierrablanca.org/blogs/noticias/posts/chile-rayado-del-estado-de-hi dalgo

3 https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/2021/cartografia/Chile%20pas illa.pdf

4 https://gourmetdemexico.com.mx/gourmet/cultura/chile-rayado-tesoro-picoso-hidal go/

Referencias bibliográficas

https://www.tierrablanca.org/blogs/noticias/posts/chile-rayado-d el-estado-de-hidalgo

https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/pdf/2021/cartogra fia/Chile%20pasilla.pdf

https://gourmetdemexico.com.mx/gourmet/cultura/chile-rayado-teso ro-picoso-hidalgo/

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Libroloschilesdemexicoversion final.pdf

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/las-64-variedades-de-chile-en-mexic o?idiom=es#:~: text=Entre%20los%20m%C3%A1s%20conocidos%20est%C3%A1n,de%20una%20u%20otra%20regi %C3%B3n

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Otoniel García Montiel, Olimpia Tamara Girón Hernández, José Miguel de la Cruz Lima, Noemí Salazar López, Martha Robles Ortíz, Janicie Contreras García, Rocío Natalí Barrera Puc, Catalina Díaz Vilchis, Verónica Collado Crisolia, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, María Sierra Damián, Martha Alicia Arreola Martínez, Felíx Durán Ruiz, Héctor Chávez Ruiz (rúbricas).»