«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Elva Agustina Vigil Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Elva Agustina Vigil Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones IV y V al artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al tenor de la siguiente

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos sin ningún tipo de distinción o discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidad, condición social, preferencias, etc. De igual manera, señala que las autoridades tenemos el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Ésta es una era de movilidad humana sin precedentes, y la necesidad de facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables se ha vuelto cada vez más relevante.

En México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno, así como algunos migrantes se asisten en calidad de refugiados. Según información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser país el principal destino de la migración mundial actualmente.

De acuerdo con lo reportado, la Secretaría de Gobernación actualizó por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas la infografía Eventos de personas en situación migratoria irregular en México 2023. El documento destaca que durante el periodo mencionado fueron registrados 36 mil 147 eventos de personas en situación irregular en México, lo que significa un incremento de 54.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2022.

De las personas que se internaron de manera irregular en el país, 65.6 por ciento fue presentado y 34.4 canalizado por el Instituto Nacional de Migración (INM). Del total registrado, 66.2 por ciento correspondió a hombres y 33.8 a mujeres.

De las y los extranjeros en situación migratoria irregular en México, 37.0 por ciento provenía de Sudamérica: Ecuador 16.1, por ciento (5 mil 808) y Venezuela, 14.7 (5 mil 314). Las principales entidades federativas donde se detuvo a esta población fueron Chiapas (38.4 por ciento), Coahuila (10.9) y Tabasco (9.2). El 55.0 por ciento de las canalizaciones (6 mil 833) correspondió a niñas, niños o adolescentes.

En este contexto, la seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas. Utilizando procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad, en caso concreto, el pleno respeto en el ejercicio de sus derechos humanos.

Por ello, muchos migrantes buscan refugio en nuestro país, dado que vienen huyendo de situaciones peligrosas en su país de origen, llegan desplazados por motivos económicos, violencia, inseguridad, que tienen sus países. Donde México es un país de puertas abiertas y da la bienvenida a nuestros hermanos, principalmente latinoamericanos.

En México, 58 mil 642 personas solicitaron refugio durante la primera mitad de 2022, lo que significa un aumento de 14.88 por ciento respecto al mismo periodo de 2021, según un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Más de 22 mil personas, procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Guatemala, Cuba, Haití y Venezuela han solicitado asilo en México desde enero de 2021. Entre 2014 y 2019 se registró un aumento de 3000 por ciento en las aplicaciones.

De enero a octubre de 2021, el país ha recibido 108 mil 195 peticiones de asilo, su mayor registro en la historia, según la Comar. En los primeros 10 meses del año, el número de solicitudes se ha triplicado respecto al mismo periodo de 2020, cuando se contabilizaron cerca de 41 mil trámites. Además, la cifra supera en 80 por ciento el total de 171 mil 210 migrantes que buscaron la condición de refugiados en México a lo largo del sexenio pasado, según el acumulado de 2013 a 2018 por la Secretaría de Gobernación.

En 2023 se triplicó el promedio para el mes de enero: tuvimos 12 mil 863 solicitantes, otra marca histórica, varios de ellos menores y adolescentes acompañados; y solo el uno por ciento de no acompañados, precisó ante el presidente de la asociación New Comienzos, Israel Concha.

En 1980 se creó la Comar, con el objetivo de establecer con los organismos internacionales correspondientes convenios en esta materia; estudiar las necesidades y los problemas de la población refugiada, así como proporcionar protección y ayuda para buscar soluciones de carácter temporal o permanente en lo relativo al empleo y autosuficiencia económica de estas comunidades. Se puede solicitar la condición de refugiado dentro de los 30 primeros días hábiles a la llegada a México. Si en este tiempo no se hizo, se debe explicar a la autoridad los motivos, proceso que se realiza ante la Comar.

Sin embargo la mayoría de los refugiados en ese plazo, solicitan refugio a nuestro país, integrando sus expedientes, los cuales se valoran y dan una respuesta según sus circunstancias por las que llegaron al país y salieron huyendo del suyo; sin embargo muchos refugiados han omitido explicar sus acciones por las que salieron de su país de origen, en otras ocasiones más graves mintieron o no aportaron las pruebas suficientes para su ingreso en calidad de refugiados; es por ello que no existe sanción en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, por falsear declaración, cometer perjurio o no portar las pruebas suficientes por las que salieron de sus países de origen y solicitan la calidad de refugiados.

El titular de la Comar publicó en Twitter el 2 de marzo de 2023:

Tras febrero, los top 10 países de origen de los solicitantes de la condición de refugiado en México:

1          Haití                                                    8 mil 215

2          Honduras                                            5 mil 780

3          Venezuela                                           1 mil 968

4          Cuba                                                    Mil 665

5          El Salvador                                         Mil 111

6          Guatemala                                          861

7          Brasil                                                  810

8          Chile                                                   720

9          Afganistán                                         535

10        Nicaragua                                            480

México es un país abierto a la migración y de protección a refugiados, es un país amistoso y empático con este tipo de personas y su problemática. A lo largo de su historia, México ha sido por excelencia una nación generosa y ha acogido a personas de distintas nacionalidades que son perseguidas en sus países de origen o ven amenazada su existencia por distintos motivos. Destacan en este sentido los casos de españoles, chilenos y guatemaltecos que han recibido en nuestro país la condición de refugiado o asilado político.

El gobierno de México impulsa una política en materia de refugio y migración con pleno respeto a los derechos humanos. México es solidario y empático ante el escenario de violencia y marginación que impulsa a quienes se desplazan de sus lugares de origen. Por ello, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas participa en la realización de foros que permitan analizar la condición de refugiado y de distintos tipos de movilidades a través de un enfoque de derechos humanos que permita construir políticas públicas en beneficio de las y los mexicanos y quienes decidan integrarse y reconstruir su vida en nuestro país.

Por ello, sus leyes son más flexibles y amables para los refugiados, por lo que muchos de ellos se aprovechaban de que no existían sanciones en caso de omisión, falsedad de declaraciones por las que salieron de sus países, o no aportaron las pruebas suficientes. Por ello, la presente iniciativa de ley pretende adicionar dos fracciones al artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y así poder coadyuvar con la Comar en sus políticas públicas de refugio y asilo político y hacer equipo entre ley y autoridad, poderles dar herramientas para emitir sus juicios más objetivos y acordes con ley.

Por ello pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa y, a fin de otorgar mayor claridad, incluyo el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones IV y V al artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

Único. Se adicionan las fracciones IV y V al artículo 27 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:

Artículo 27. No será reconocida la condición de refugiado al extranjero respecto del cual, una vez analizada su solicitud, existan motivos fundados para considerar que se encuentra en alguno de los supuestos siguientes:

I. Que ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, de los definidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano;

II. Que ha cometido fuera del territorio nacional un delito calificado como grave, antes de su internación al mismo ;

III. Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas ;

IV. Que ha dado información falsa para actualizar alguno de los supuestos establecidos en el artículo 13 de esta ley; o

V. Que ha dado u ofrecido pruebas falsas sobre la situación que guarda en su país de origen.

En el supuesto de la fracción II se deberá atender la naturaleza del delito y que el mismo sea punible conforme a la legislación nacional y a la del país de origen o del país donde se hubiese cometido.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comité Permanente de Programas y Finanzas de la OIM, decimoséptima reunión, artículo 2, 29 de septiembre de 2015, S/17/4 (29 de septiembre de 2015).

2 https://www.gob.mx/segob/prensa/se-registra-un-incremento-de-54-6-por-ciento-de -eventos-de-personas-en-situacion-migratoria-irregular-en-mexico-enero-2023

3 https://tinyurl.com/yjjfavnr

4 Segob.

5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_178.html

6 https://twitter.com/AndresRSilva_

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023.– Diputada y diputado: Elva Agustina Vigil Hernández, Leobardo Alcántara Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente

El fenómeno que el país enfrenta respecto a la incidencia crimen organizado se ha vuelto más complejo en los últimos años. Lo anterior tiene como causas la diversificación de actividades criminales que a su vez genera una espiral de mayor violencia que aunadas a la falta de una respuesta institucional por parte del estado, genera un contexto de impunidad que a su vez alimenta el cálculo racional de los criminales para continuar realizando actividades ilícitas.

En la más reciente medición del Índice Global de Delincuencia Organizada se señala que México ocupa el cuarto lugar mundial en incidencia de este fenómeno, por debajo sólo de la República del Congo, Colombia y Myanmar.

En dicho reporte se destacan las circunstancias que México enfrenta en la presenta, destacándose que nuestro país fue declarado el país más peligroso para los periodistas en 2020.

En estos años los riesgos que enfrenta el país por su situación geográfica han sido exacerbados por los grupos criminales que no cesan de traficar con migrantes, enervantes tradicionales y emergentes como el fentanilo. Adicionalmente, las actividades criminales se han diversificado, siendo que además se ha generado una incidencia elevada de extorsiones, siendo los sectores en que este delito tuvo elevada prevalencia en 2021 los de la minería, restaurantes, hoteles y servicios de salud.

Respecto al homicidio doloso, México se encuentra estancado en una crisis de violencia. En lo que va de este gobierno se han perpetrado más de 125 mil homicidios dolosos, de los cuales casi la totalidad quedan en completa impunidad dada las insuficiencias institucionales y el diseño deficiente del aparato estatal de investigación de los delitos.

Otra crisis que el país enfrenta como resultado de la presencia creciente y consolidada del crimen organizado es el de las desapariciones por particulares. En muchos casos el Modus Operandi de este delito está íntimamente relacionado con las actividades de los grupos del crimen organizado, puesto que es la forma en que tienden a generar esquemas de violencia, coerción, homicidio y ulterior desaparición de víctimas.

En el análisis realizado de las cifras de este delito, “las fiscalías reportaron 14 mil 5 víctimas de desaparición en las denuncias recibidas, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas contabiliza 38 mil 908 reportes de personas desaparecidas (41 mil 896 tomando en cuenta todas las entidades). Es decir, las fiscalías han abierto investigación sólo en 36 por ciento de las desapariciones reportadas oficialmente en el país; además, las entidades presentan variaciones importantes respecto a estas cifras. Por ejemplo, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, estado de México, Puebla, Sinaloa y Sonora, las fiscalías reportan menos de 2 por ciento de víctimas respecto a lo que indica el RNPDNO, mientras que en Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca las cifras de víctimas de desaparición registradas en las fiscalías son más de 75 por ciento de las registradas en RNPDNO”. En México hay el reporte de 100 personas cuyo paradero es desconocido, constituyéndose uno de los más elevados a escala mundial.

Como se observa, estos tres delitos, que generan inseguridad y estado de zozobra en la sociedad, se cometen en esquemas de crimen organizado. Sin embargo, aun y cuando existan indicios objetivos de dicha interrelación, las autoridades facultadas para investigar los delitos de delincuencia organizada no intervienen en el esclarecimiento ni la judicialización de dichos ilícitos puesto que los mismos no se encuentran tipificados como delitos predicados del delito genérico de delincuencia organizada, en la ley correspondiente.

Del mismo modo, se propone la inclusión como delitos predicados los delitos cibernéticos, contenidos en el capítulo II, título noveno, del Código Penal Federal. Esta propuesta cobra sentido en tanto que derivado del desarrollo de las tecnologías de la información, diversos grupos criminales han perpetrado severos daños a la economía de los mexicanos, tanto particulares como empresas. Si bien es necesario fomentar el desarrollo tecnológico, se tiene la contraparte de criminalidad organizada, incluso internacional que en el contexto de pandemia y pospandemia ha de-sarrollado diversas formas de transgresión de la ley.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que lo anterior implica una falla grave en el sistema creado para prevenir y combatir los distintos aspectos de la delincuencia organizada. Al efecto es necesario recordar que la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacionalindica que podrá ser delito predicado todo el tipo penal que tenga una pena mínima de cuatro años.

Por lo anterior consideramos necesario y pertinente que estas conductas lesivas a la sociedad puedan ser investigadas aplicando las técnicas de investigación habilitadas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De aprobarse esta reforma, se estaría dando un paso importante en la solución de una de las contradicciones sistémicas más importantes en el ámbito de la justicia penal en relación con los delitos de alto impacto que ameritan todos los recursos y esfuerzos por parte del estado.

Adicionalmente, se propone la creación de una fuerza policial que pueda desarrollar investigaciones especializadas en materia de delincuencia organizada, dada la situación actual de anomia institucional que se atraviesa en la Guardia Nacional y cuyos resultados en la materia son prácticamente inexistentes. Se propone que el titular del cuerpo policiaco encargado de investigar los delitos de delincuencia organizada sea nombrado previa aprobación de la Cámara de Diputados, así como la obligación a cargo de dicho servidor público de comparecer por lo menos una vez en cada periodo de sesiones de la Cámara de Diputados a efecto de rendir cuentas.

A efecto de cotejar las propuestas que se impulsan respecto de la legislación vigente, se presenta a continuación el siguiente cuadro analítico:

Con fundamento en las razones expuestas se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Único. Se adicionan las fracciones XI a XIV al artículo 2o. y el artículo 8o. Bis; y se reforman los artículos 3o. y 8o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a X. ...

XI. Homicidio doloso.

XII. Extorsión, cuando se cometa mediante violencia física o psicológica.

XIII. La desaparición cometida por particulares y los delitos vinculados con la desaparición de personas, contemplados en los artículos 34, 35 y 37 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

XIV. Delitos cibernéticos contenidos en el capítulo II, título noveno, del Código Penal Federal.

Artículo 3o. Las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos del fuero común referidas en las fracciones V, VI y VII, XI, XII y XIII, así como las relativas a los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo competencia de las autoridades locales referidas en la fracción IV, todas del artículo 2o. de la presente ley, atribuibles a personas que forman parte de la delincuencia organizada, serán investigadas, perseguidas y, en su caso, procesadas conforme a las disposiciones de esta Ley siempre que el agente del Ministerio Público de la Federación ejerza la facultad de atracción o la competencia originaria, respectivamente. En estos casos, las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer tales delitos los cuales serán tipificados y sancionados conforme al ordenamiento penal de la entidad federativa aplicable en los casos de las fracciones V, VI y VII, XI, XII y XIII del artículo 2o. de esta ley; o bien, conforme a la legislación aplicable en los casos de los delitos contra la salud en su modalidad narcomenudeo referidos en la fracción IV del artículo 2o. de esta ley.

...

De las Reglas Generales para la Investigación de la Delincuencia Organizada

Artículo 8o. La Fiscalía General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando, conducción jurídica y en su caso asesoría legal a policías y peritos.

...

...

...

...

...

Artículo 8o. Bis. La investigación de los delitos señalados en esta ley se realizará por la división especializada de la entidad que desarrolle funciones de policía de investigación en el ámbito de la administración pública federal.

El titular que dirija dicha división deberá ser nombrado por el titular de la Secretaría correspondiente debiendo ser ratificado por la Cámara de Diputados. En caso de que no se ratifique, se deberá proceder con otra propuesta de designación.

Dicho servidor público deberá comparecer por lo menos una vez en cada periodo de sesiones a rendir informe de labores.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://globalinitiative.net/analysis/ocindex-2021/

2 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Zacatecas-fue-el-estado-del-pais-con-la -mayor-incidencia-de-extorsiones-al-cierre-del-2021-20220131-0126.html

3 https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cifras-oficiales-po r-desaparicion-denuncias-y-registros-rnpdno/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2023.– Diputados y diputadas: Gerardo Peña Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Jorge Arturo Espadas Galván, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de conformidad con la siguiente

La provisión de seguridad pública es una de las funciones esenciales del estado y del poder público. El monopolio de los instrumentos coercitivos es garantía del estado de derecho democrático. Actualmente nuestro país enfrenta una situación de enorme gravedad, consistente en las amenazas y riesgos de que actores no estatales, pretendan usurpar la fuerza para sus finalidades criminales. Ante esta situación es imperativo realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para reivindicar la fuerza de la ley a favor de las autoridades y un ejercicio cabal y eficaz de la misma.

Cuando se habla de seguridad pública y de prevención del delito, casi siempre se hace énfasis en aspectos inherentes a la función policial y a la aplicación de los instrumentos propios de la fuerza pública. Incluso se hace referencia a los tramos de la prosecución del delito o de la política criminal del estado. Sin embargo, es poco común analizar y procurar el impulso de los elementos no policiacos o represivos de la prevención del delito. Dada la complejidad del fenómeno de la antisocialidad que a su vez genera violencias de todo tipo, delincuencia e inseguridad, se hace indispensable que en toda organización social existan factores encaminados a la protección desde una perspectiva integral y totalizadora en que se incluyan todos los elementos que puedan ser útiles al objetivo de fortalecer la prevención de dichas amenazas.

Derivado de la importancia que tiene la prevención social del delito, como uno de los elementos indispensables en la organización del Estado, el 24 de enero de 2012 fue promulgada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y el Delito. En dicha ley se define a la prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que una parte importante de las fallas y de-saciertos de este gobierno ha sido el desdeñar la necesidad de una estrategia real para fortalecer el estado de derecho, prevenir el delito y sancionar la criminalidad respetado el debido proceso. Ante la evidente falla en garantizar la seguridad a la sociedad, es urgente hacer un llamado a la acción y a la asunción de responsabilidades.

Una de las diversas omisiones en que ha incurrido esta administración ha sido el aplicar las disposiciones legales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Conscientes de la importancia de reactivar los mecanismos de participación social y de armonizarlos con las atribuciones de los órganos del Estado responsables de los diversos tramos involucrados en esta labor fundamental, los diputados del Partido Acción Nacional proponemos la presente reforma. El objetivo general de la misma es actualizar y fortalecer aspectos de orden sustantivo, procedimental y orgánico, para dotar a la sociedad con más y mejores instrumentos para la efectiva prevención de la violencia y la delincuencia.

No solamente prevenir no cuesta mucho más que castigar, sino como afirma el criminólogo canadiense Irvin Waller, es más eficiente.

Esta iniciativa se encuentra alineada con la perspectiva de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El objetivo 5 plantea lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, lo cual sólo podrá cumplirse si se eliminan todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

El objetivo 16 se dirige a promover sociedades justas, pacíficas e incluyentes para lo cual es necesario reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad en todas partes, así como mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de los delitos.

Dentro de las medidas que se proponen en el paradigma preventivo transversal, enunciado por Waller, que debe impulsarse en nuestro país se encuentran las siguientes:

• Contratar a más funcionarios que trabajen en las calles con los jóvenes.

• Extender los planes de estudio para enseñar habilidades para la vida.

• Trabajar con las familias para generar relaciones positivas entre sus miembros y frenar la violencia de género.

• Fomentar una mejor crianza de la infancia, promoviendo siempre el interés superior de la niñez.

• Trabajar con jóvenes de alto riesgo para evitar que porten armas de fuego.

• Crear trabajos y experiencias deportivas que incluyan orientación sobre habilidades personales. Promoción de deportes organizados y más.

• Impulsar la vigilancia policial proactiva orientada a la resolución de problemas.

• Vigilancia policial proactiva, entrenamiento para padres y orientación para jóvenes, creación de empleos.

• Monitorear, evaluar, innovar y mejorar las políticas y prácticas podremos hacer de la violencia una cosa del pasado. Medición y evaluación en todos los tramos.

El Poder Legislativo tiene una importante responsabilidad en esta materia. Al proponer las reformas a la legislación destinada a establecer y regular estas tareas a cargo de todos los componentes del Estado en el ámbito de la administración, sin soslayar la importancia de la concurrencia de todos los poderes e incluso de los órganos autónomos.

Siendo que la ley que se pretende reformar tiene los alcances necesarios para normar facultades relativas a los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, es ampliamente propicio que se aproveche este instrumento para impulsar las innovaciones que se requieren en el ámbito de la prevención inteligente del delito.

Derivado de la eventual aprobación de esta reforma, cabría esperar que las diferentes instancias habilitadas por virtud de esta ley desplieguen esfuerzos específicos para adoptar las estrategias y acciones más eficaces para prevenir el delito, aplicando metodologías de enfoque basado en riesgo encaminadas a:

• Promover relaciones seguras, estables y enriquecedoras entre los niños y sus padres y cuidadores.

• Desarrollar habilidades para la vida en niños y adolescentes.

• Reducir la disponibilidad y el uso nocivo del alcohol.

• Reducir el acceso a pistolas y cuchillos.

• Promover la igualdad de género para prevenir la violencia contra las mujeres.

• Cambiar las normas culturales y sociales que promueven la violencia.

• Implementar programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas.

Derivado de la importancia de impulsar y reforzar la prevención social de la violencia y el delito, entre otros temas, esta iniciativa propone en términos particulares lo siguiente:

- Actualizar la nomenclatura de autoridades como las referidas a la Ciudad de México.

- Incluir de manera explícita la participación de órganos autónomos del Estado en materia de prevención social, así como de las áreas de la administración pública como salud, educación, deporte, desarrollo urbano, ecología, trabajo, telecomunicaciones.

- Se fomentará la participación de particulares y organizaciones de la sociedad civil en materia de fiscalización y control de las dependencias y corporaciones de seguridad pública.

- Incluir como ámbitos de prevención social del delito a los entornos familiar, la perspectiva de género, el ámbito institucional y el tecnológico, dados los riesgos que se corren en cada uno de ellos y que son diferenciados a los de otros ámbitos.

- Incluir la gestión proactiva de mecanismos alternos de solución de controversias.

- Involucrar a los Poderes Legislativos en la evaluación y seguimientos de los programas de prevención.

- Introducir metodologías de enfoque de riesgos para la realización de acciones adecuadas e idóneas en casa ámbito.

- Desarrollo de tipologías, descriptores, señales de alerta, mitigantes y resolutores.

- Establecimiento de mecanismos de denuncia e información oportuna de los riesgos de violencia y delincuencia (distintos a los canales de denuncia de delitos ya consumados), a través de canales robustos en que se garantice la respuesta pronta y la protección del anonimato.

- La disponibilidad y uso de nuevas tecnologías, incluyendo sistemas de audio y video, portación de video cámaras en uniforme. La aplicación de tecnologías de información se realizará garantizando los derechos humanos de la población.

- Disponer la inclusión de programas de cooperación internacional para la prevención social del delito dentro del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

A efecto de clarificar las enmiendas y adiciones que se proponen, las mismas se indican en el cuadro analítico que se consigna, respecto del texto vigente:

Por las razones anteriormente expuestas se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Artículo Primero. Se reforman los artículos primero, segundo, tercero, quinto, noveno, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 26, 27 y 28 y se adicionan las fracciones quinta a séptima del artículo siete, una fracción VI al artículo ocho, las fracciones XVI y XVII al artículo 15, recorriéndose fracciones las correspondientes y un segundo párrafo al artículo 27 y un último párrafo al artículo 29, para quedar como siguen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México, Alcaldías de la Ciudad de México y órganos autónomos, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a identificar, reducir y eliminar factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que las generan.

Artículo 3. ...

I. Promoción, garantía, respeto irrestricto y tutela a los derechos humanos;

II. ...

III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones de los distintos órdenes de Gobierno y órganos autónomos, incluidas las áreas y dependencias de justicia, seguridad pública, desarrollo social, salud, educación, deporte, desarrollo urbano, ecología, trabajo, telecomunicaciones, economía, cultura y derechos humanos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo;

IV. ...

V. ...

VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas tomando en cuenta conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias nacionales e internacionales;

VII. a VIIII. ...

IX. Transparencia y rendición de cuentas. Se fomentará la participación de particulares y organizaciones de la sociedad civil en materia de fiscalización y control de las dependencias y corporaciones de seguridad pública.

Artículo 5. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley General de Víctimas.

Capítulo SegundoDe la prevención social de la violencia y la delincuencia y la atención a las víctimas

Artículo 6. ...:

I. a IV.

V. Familiar,

VI. Desde la Perspectiva de Género,

VII. Institucional y

VIII. Tecnológico.

Artículo 7. ...:

I. Programas integrales con enfoque preventivo y transformador en materia de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, y desarrollo urbano;

II. ...;

III. El fomento de la solución pacífica de conflictos privilegiando la comunicación a través del diálogo y en su caso la gestión proactiva de los mecanismos alternos de solución de controversias que correspondan, la tolerancia y el principio de no discriminación;

IV. a VI. ....

VII. Programas y acciones para la comprensión, diagnóstico, determinación y gestión de riesgos en materia de violencia y delincuencia, a través de mecanismos incluyentes y participativos.

Artículo 8. ...

I. a V. ...

VI. La denuncia e información oportuna de los riesgos de violencia y delincuencia, a través de canales robustos en que se garantice la respuesta pronta y la protección del anonimato.

Artículo 9. ...:

I. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público, de vigilancia, comunicación y denuncia, el equipamiento y mobiliario urbano, así como la gestión del aprovechamiento del entorno;

II. La disponibilidad y uso de nuevas tecnologías, incluyendo sistemas de audio y video, portación de video cámaras en uniforme. La aplicación de tecnologías de información se realizará garantizando los derechos humanos de la población.

III. La vigilancia y la aplicación de inteligencia social respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad;

IV. ...;

V. ...

VI. La recuperación de bienes y espacios públicos, con la participación de la comunidad incluyendo todos los grupos que la conforman.

Artículo 10. ...

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y vulnerabilidad, incluso desde la primera infancia;

II. a IV. ...

Artículo 11. El acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia o de la delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación integral del daño y prevención de la doble victimización, a través de:

I. a IV. ...

V. La reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la reparación del daño moral y material, las garantías de no repetición, así como medidas de satisfacción.

VI. La habilitación y gestión de mecanismos de solución alterna de conflictos.

Artículo 13. ...

I. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre la Federación, las entidades federativas, los municipios, órganos autónomos; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención;

II. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la información existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución entre los tres órdenes de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y órganos autónomos, con objeto de contribuir a la toma de decisiones;

III. Convocar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, responsables o vinculadas, cuya función incida en la prevención social a efecto de coordinar acciones;

IV. a VI. ...

Sección SegundaDel Secretariado Ejecutivo

Artículo 14. ...:

I. Elaborar en coordinación con las demás instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órganos autónomos, y con la participación de la sociedad civil, las propuestas de contenido del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y todos aquellos vinculados con esta materia;

II. a V. ...

Sección TerceraDel Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

Artículo 15. ...

I. ...

II. Elaborar su programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación del Secretario Ejecutivo y al conocimiento de las cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos Locales;

III. Recabar información sobre los delitos, factores de riesgo, tipologías, impactos y sus tendencias, los grupos de mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados;

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas y victimológicas, que incluyan tipologías, descriptores, señales de alerta y mitigantes;

VIII. ...

IX. Realizar en coordinación con otras instituciones encuestas nacionales de victimización en hogares y en el seno familiar, con la periodicidad que se estime conveniente;

X. ...

XI. Formular recomendaciones sobre la implementación de medidas de prevención de la victimización. Dichas recomendaciones se divulgarán en los medios de comunicación social, dentro de los tiempos del estado;

XII. Evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, y hacer del conocimiento de las cámaras del Congreso de la Unión de dichas evaluaciones;

XIII. ...

XIV. Promover entre las autoridades los gobiernos Federal, de los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías, la participación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XV. Garantizar el libre acceso y difundir proactivamente a la población a la información estadística en materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia;

XVI. a XXVII ...

XXVI. Impulsar el enfoque de riesgo en materia de prevención del del delito con enfoque de género.

XXVII. Impulsar la prevención de fenómenos delictivos inherentes a fenómenos trasnacionales, nuevas tecnologías y riesgos emergentes, y

XXVIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Artículo 19. En el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades de los gobiernos Federal, de los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, deberán:

I. Proporcionar información focalizada a las comunidades para enfrentar los problemas derivados de la delincuencia; siempre que no violente los principios de confidencialidad y reserva;

II. a VIII. ...

Capítulo QuintoDel Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia

Artículo 20. ...:

I. a VIII. ...

Las autoridades de los gobiernos Federal, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y las alcaldías en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas.

Artículo 23. El Centro Nacional deberá coadyuvar con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social u otras instancias gubernamentales, órganos autónomos o de la sociedad para el desarrollo de las evaluaciones respectivas.

Artículo 26. La coordinación entre los diferentes mecanismos y espacios de participación ciudadana, tanto comunitaria como local, será un objetivo fundamental del Centro Nacional, para lo cual desarrollará lineamientos claros de participación, deliberación, consulta y ejecución.

Capítulo Sexto Del Financiamiento

Artículo 27. Los programas federales, de los estados, municipios, Ciudad de México y sus alcaldías, en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos, que garantizarán los recursos necesarios para el efecto, y sujetarse a las bases que establecen la presente Ley, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales aplicables.

El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior dará lugar a responsabilidades administrativas.

Artículo 28. La Federación, los Estados, los Municipios, la Ciudad de México y sus alcaldías preverán en sus respectivos presupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia derivados de la presente Ley.

Artículo 29. ...

En la provisión de dichos recursos se incluirán programas de cooperación internacional.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Waller, Irvin, Ciencia y Secretos Para Acabar con el Crimen Violento, 2020, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, ILANUD.

2 Waller, Irvin, Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2023.– Diputados y diputadas: Gerardo Peña Flores, Jorge Arturo Espadas Galván, Olga Luz Espinosa Morales, Edna Gisel Díaz Acevedo, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública conformado por las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional, junto con el Ministerio Público, dentro de un marco de colaboración y coordinación para cumplir los fines de la seguridad pública.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es nuestro instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas en materia de seguridad pública.

Así, el párrafo noveno del vigente artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública debe ser concebida como una política de Estado, esto es, las políticas de seguridad pública deben transitar verticalmente entre los tres ámbitos de gobierno y, transversalmente, entre los tres poderes de la Unión; que las políticas de seguridad pública deben comprender la prevención y la sanción de los delitos y faltas. Se establece que su fin es la salvaguarda de la vida, de las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la actuación de los integrantes e instituciones de seguridad pública: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Por otra parte, se refiere en el párrafo décimo del mismo artículo 21, que las instituciones de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, deberán tener un carácter civil, disciplinado y profesional, excluyendo de manera clara, la participación de las instituciones de nuestras fuerzas armadas en acciones encaminadas a la preservación de la seguridad pública.

En el tema de la seguridad pública, lejos de una conjunción de soberanías o autonomías o simple suma de proyectos, las reformas constitucionales que se han suscitado desde 1994, su reforma de mayor calado de junio de 2008, y hasta la de 2019, tienden a la integración de capacidades y esfuerzos, a la interacción de todos los órdenes de gobierno en el diseño de una estrategia para la seguridad pública integral para la Nación; la operatividad y alcance de cada uno de los órganos ha sido y es aún diferenciado, ya se trate de la competencia federal, ya del actuar local o municipal, pero la exigencia social, el proyecto y la responsabilidad es compartida y única ante la Nación.

Así, las bases de coordinación y colaboración deben ir más allá de un simple reparto de funciones; más bien se deben fijar con toda claridad los parámetros generales sobre los temas específicos, de manera que, integrados en la Federación, en cada uno de sus ámbitos competenciales, constituyan una fuerza sólidamente unida, y no dispersa o difusa, en la atención a la seguridad pública.

La coordinación en el régimen federal no significa la simple distribución material o matemática de competencias o atribuciones de los órganos de gobierno, pero si constituyen parámetros equitativos y efectivos de coordinación o cooperación federalizada, precisamente, son parámetros reales y eficaces del actuar de cada uno de los órdenes de gobierno, con el respeto a su ámbito de funciones y operatividad, ni subordinación ni suprasubordinación, soberanos en sí, unidos en un proyecto nacional: el combate a la delincuencia en todos su frentes.

A casi 30 años desde sus primeros esbozos constitucionales, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no ha alcanzado los resultados esperados. El manejo político desde la Federación para aislar a las entidades federativas de fuerzas políticas contrarias a quien detenta el poder político federal, se han traducido como limitantes a la acción conjunta y concurrente entre los distintos ámbitos de responsabilidad policial en los términos previstos en la Carta Magna.

De igual manera, la falta de mecanismos consistentes en consolidar ejes de coordinación entre las distintas corporaciones de policía que operan en la República Mexicana, no ha permitido la cabal integración de los recursos disponibles para combatir la criminalidad como una sola fuerza policial cohesionada. Esta falta de coordinación también se manifiesta en la ausencia de políticas públicas compartidas y en el desarrollo desigual de los policías sobre en todo en labores de investigación de delitos.

La situación ha propiciado que la delincuencia, en particular la organizada, se haya apoderado de los espacios públicos en determinadas zonas del país con una abierta condescendencia por parte del actual Gobierno federal, provocando un clima de violencia e inseguridad que se ha traducido en el mayor número de muertes dolosas en nuestro país en toda su historia, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno para el restablecimiento de las condiciones básicas de seguridad.

Conforme a datos del Inegi, al cierre de 2020, la cantidad de personal adscrito a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública de las entidades federativas fue de 225544 que requiere potenciar su capacidad para la prevención e investigación de los delitos. Así, la incorporación de las policías no ministeriales, en cumplimiento del mandato constitucional y legal, para recibir denuncias e investigar delitos ampliaría permitirá reducir sustancialmente la cifra creciente de delitos y a reducir la impunidad.

Ese mismo estudio, arroja información importante para evidencia la necesidad de homologar la atención a nuestros policías, siendo evidente el trato desigual que se les da en las distintas entidades federativas.

La propuesta se propone en tres ejes distintos:

1. Fortalecer la capacidad de investigación de los delitos por parte de las instituciones

2. Fortalecer la participación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

3. Reconocer y fortalecer los cuerpos policiales civiles

En el primer punto, se propone fortalecer la capacidad de investigación de los delitos por parte de las fuerzas policiales atento al mandato constitucional previsto en el artículo 21, así como a la capacidad desplegada en el territorio nacional.

En el segundo eje, se propone

• Incluir a la justicia restaurativa dentro de las políticas y acciones transversales en la prevención social del delito

• Fortalecer el esquema de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, vinculando además al Sistema Nacional de Seguridad Públicas a las dependencias de los Ejecutivos federal y locales, así como a los organismos constitucionales autónomos en su labor de formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

• Incorporar a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública a los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de las mismas o los legisladores que designen en su representación, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Comisionado Presidente del Instituto Nacional Electoral, el presidente del Instituto Nacional de Geografía e Informática, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los titulares de las siguientes secretarías: Bienestar, Cultura, Educación, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente, Trabajo y Relaciones Exteriores.

• Nuevas facultades del Centro Nacional de Información para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales difunda información susceptible de ser pública con base en los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Dotar al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de nuevas facultades respecto a la prevención situacional del delito y la antisocialidad; atender la prevención con enfoque de género, y la atención a fenómenos delictivos inherentes a fenómenos trasnacionales, nuevas tecnologías y riesgos emergentes.

El tercer eje parte de la urgente necesidad de que la sociedad y el Estado procedan a un ejercicio de pleno reconocimiento a la labor desplegada por nuestra policía civil, por lo cual la iniciativa propone:

• La obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de establecer políticas, estrategias, lineamientos y acciones para garantizar la integridad, protección física y defensa jurídica de todos los individuos que formen parte de las dependencias y corporaciones del Sistema, incluyendo la homologación de las prestaciones laborales con las que cuentan nuestras policías dado el trato desigual que se advierte del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021.

• La creación del Centro Nacional de Desarrollo y Protección de la integridad física y ministerial y pericial, cuya finalidad principal es impulsar y gestionar las carreras policial, ministerial y pericial, a través del desarrollo de programas, políticas e insumos como política de estado, en coordinación con las autoridades de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno y los poderes legislativos.

• A fin de consolidar el mando civil por parte de las fuerzas policiacas, se establece el mandato a los congresos federal y locales a prever como requisito indispensable para los nombramientos de los mandos superiores de las Instituciones de seguridad pública, la pertenencia a la carrera policial, y en caso de que los mandos superiores no cuenten con carrera policial, dicha designación deberá ser confirmada por la Cámara de Diputados o el Ayuntamiento que corresponda.

A continuación se ofrece un cuadro analítico comparativo de la iniciativa de reforma y la ley vigente, a efecto de que se observen los cambios propuestos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto que adiciona y reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., 4o., 6o., 10, último párrafo, el artículo 12, el artículo 14 en sus fracciones VII, XIX, XIV, el último párrafo del artículo 15, el último párrafo del artículo 16, las fracciones XIII, XV, XVI y  XVIII del artículo 25; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3o., las fracciones XVII y XVIII al artículo 7o., dos párrafos penúltimo y último al artículo 12, la fracción XIX al artículo 14 recorriéndose la vigente, una fracción IV al artículo 19, los incisos e), f), y g) a la fracción  III y la fracción X, recorriéndose la vigente, del artículo 20, el artículo 20 Bis, el tercer párrafo al artículo 152 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue:

Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para dichos efectos, la prevención y sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos, la gestión de soluciones alternas correspondientes y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas y acciones transversales en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas y condiciones que generan fenómenos de riesgo de violencia y antisocialidad, la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad, la protección de las víctimas y procesos de justicia restaurativa.

Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la gestión de mecanismos alternos de solución de controversias, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.

En la gestión de la Seguridad Pública participarán los poderes del Estado en su integralidad así como los órganos autónomos, conforme las atribuciones específicas que tengan conferidas.

Artículo 4....

La coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y de los órganos autónomos será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 6. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

Artículo 7. ...:

I. a XVI. ...

XVII. Realizar las acciones que correspondan a efecto de propiciar esquemas de Seguridad Pública con perspectiva transversal con la participación e involucramiento de los poderes públicos, sus correspondientes dependencias, así como los órganos autónomos.

XVIII. Propiciar e impulsar los mecanismos de transparencia proactiva, publicidad e información pública para la evaluación de la eficacia de las políticas y acciones que desempeñen.

Artículo 10. ...:

I. a VII. ...

El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia, los poderes de la Federación y las entidades federativas , los órganos autónomos correspondientes y las dependencias de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

Artículo 12. ...:

I. a IX. ...

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Seguridad Pública. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente.

...

A las sesiones del Consejo deberán asistir en calidad de invitados los Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de las mismas o los legisladores que designen en su representación, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Comisionado Presidente del Instituto Nacional Electoral, el presidente del Instituto Nacional de Geografía e Informática, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Igualmente deberán asistir los titulares de las siguientes secretarías del Gobierno federal: Bienestar, Cultura, Educación, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente, Trabajo y Relaciones Exteriores.

Artículo 14. ...:

I. a VI. ...;

VII. Vigilar que en los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México, se observen las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;

VIII....;

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia, de Prevención Social del Delito, y de Recuperación de Activos en los términos de la Legislación de la materia;

X....;

XI....;

XII....;

XIII....;

XIV. Promover el establecimiento de unidades de publicidad, consulta y participación de la comunidad en las Instituciones de Seguridad Pública;

XV....;

XVI....

XVII....

XVIII....

XIX. Establecer políticas, estrategias, lineamientos y acciones para garantizar la integridad, protección física y defensa jurídica de todos los individuos que formen parte de las dependencias, entidades y corporaciones del Sistema; y

XX. Se recorre la anterior XIX.

Artículo 15. ...

...

...

Los miembros del Consejo y los miembros invitados podrán formular propuestas de acuerdos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

Artículo 16....

I. a III. ...

IV. De Desarrollo y Protección de la integridad física policial, ministerial y pericial;

...

...

Los Gobernadores y la persona que ostente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, deberán designar por oficio a sus representantes permanentes ante el Secretario Ejecutivo del Sistema, los cuales deberán ser servidores públicos con un nivel jerárquico igual o superior a Director General en las Secretarías competentes en la entidad federativa respectiva, para la aplicación de esta Ley.

Artículo 19. ...:

I. a VI. ..., e

VII. Impulsar la divulgación de la información susceptible en la Plataforma Nacional de Transparencia, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Artículo 20....:

I. a III.:

a) a d) ...;

e) Impulsar la gestión integral de enfoque basado en riesgos para cada orden de gobierno y la correspondiente la prevención situacional del delito y la antisocialidad;

f) Impulsar el enfoque de riesgo en materia de prevención del delito con enfoque de género, y

g)  Impulsar la prevención de fenómenos delictivos inherentes a fenómenos trasnacionales, nuevas tecnologías y riesgos emergentes, y

IV. a IX. ...

X. Proponer las directrices y coordinar la participación específica de los miembros invitados permanentes al Consejo Nacional en materias de su competencia para el fomento de la cultura de la legalidad, la resolución de las controversias, la prevención de la antisocialidad y el delito; y

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

Artículo 20 Bis. El Centro Nacional de Desarrollo, y Protección de la integridad física, ministerial y pericial:

I. Impulsar y gestionar las carreras policial, ministerial y pericial, a través del desarrollo de programas, políticas e insumos como política de estado, en coordinación con las autoridades de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno y los poderes legislativos.

II. Proponer al Consejo Nacional estrategias, políticas y acciones para garantizar la integridad y protección física de los servidores públicos integrantes de las dependencias y corporaciones que sean parte del Sistema Nacional;

III. Proponer acciones para garantizar la defensa jurídica de servidores públicos integrantes de las dependencias y corporaciones que sean parte del Sistema Nacional, respecto de las conductas que realicen en el cumplimiento de su deber, velando por sus derechos;

IV. Proponer y gestionar con las instancias administrativas correspondientes, los mecanismos previsionales para la cobertura de riesgos inherentes distintos a los previstos en los esquemas de seguridad social con los que cuenten los servidores públicos integrantes de las dependencias y corporaciones que sean parte del Sistema Nacional;

V. Establecer esquemas de enfoque basado en riesgo para garantizar la integridad y seguridad física de todos los participantes de procesos penales en términos de la legislación correspondiente; y

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo Nacional y su Presidente.

Artículo 25. ...:

I al XII....

XIII. Impulsar las acciones homologadas necesarias para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia, aplicando tecnologías de información;

XIV. ...

XV. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la entrega de imputados, acusados y sentenciados; el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales; el aseguramiento de bienes instrumento, objeto o producto de delitos y el desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;

XVI. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, tratados internacionales y garantías reconocidas en la legislación vigente;

XVII. ...

XVIII. Proponer programas de cooperación internacional en materia de investigación de los delitos, procuración de justicia;

XIX. ...

XX. Promover la homologación de criterios para la actuación de primeros respondientes y regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito y las demás diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la preservación del valor probatorio de los indicios.

Artículo 152. ...

...

Las empresas de seguridad privada, únicamente podrán contratar personal sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza en los términos de la presente ley y los ordenamientos aplicables.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Centro de Desarrollo y Protección Policial, Ministerial y Pericial deberá iniciar sus funciones dentro de los 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2023.– Diputados y diputadas: Gerardo Peña Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Jorge Arturo Espadas Galván, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al tenor de la siguiente

Para el Grupo Parlamentario del PAN es fundamental que se reivindique la actuación del estado mexicano en uno de los temas que corresponden esencialmente a la responsabilidad del poder público: el hacer valer el estado de derecho. Desafortunadamente el presente Gobierno federal ha renunciado a realizar su trabajo ya que ha pretendido desplegar una supuesta estrategia que se basa en la premisa de no aplicar los instrumentos del derecho. El lema absurdo de “Abrazos, no balazos” lo único que ha generado ha sido más violencia, muerte e inseguridad. Las consecuencias de la negligente actitud del gobierno han significado la desarticulación de una necesaria visión sistemática para entender y atacar el problema de la inseguridad de manera completa, en la que cada componente tanto del estado como del gobierno deben realizar sus funciones enfocándose en las tareas que deben ser consideradas prioritarias para inhibir la anomia en la que prácticamente se encuentran diversas regiones del país.

Derivado de lo anterior, esta iniciativa propone activar un abordaje integral y holístico al tema de la seguridad en el que se aborde la cuestión desde una obtusa visión policiaca y que se aleje definitivamente de la negligencia en la que irresponsablemente el Gobierno federal ha mandado la señal de dejar hacer y dejar pasar a la criminalidad.

El desiderátum de la iniciativa es el de la prevención inteligente del delito, en el que todas las áreas de la administración pública tienen atribuciones que de alinearse correctamente, partiendo del mismo diagnóstico y con indicadores objetivos, se pueden identificar los riesgos para la seguridad y desarrollar tareas de manera transversal para la mitigación de los mismos de manera temprana. En la medida en que los riesgos sean inhibidos en los ámbitos familiar, comunitarios y los entornos sociales se podrán generar procesos virtuosos de reforzamiento del tejido social. Este tipo de contextos requiere de la acción deliberada y la gestión del Gobierno federal y de sus diferentes componentes.

Temas como la salud, la economía, el empleo, la cultura, el deporte, el mismo entorno urbano, deben ser trabajados con la misma visión y las articulaciones oportunas y pertinentes para ganar terreno a las causas criminógenas. Sin embargo, si las cosas se siguen realizando como hasta ahora, en que no hay un compromiso real para otorgar seguridad a la sociedad y en la agenda del poder público se privilegian argumentos relativos a la centralización y concentración del poder, los riesgos e incidencia de fenómenos criminales de todo tipo, seguirán creciendo hasta volverse prácticamente inmanejables.

En tal virtud, la presente iniciativa hace explícitas tareas y atribuciones para que distintas dependencias del Gobierno federal, tanto de la administración centralizada como paraestatal, se responsabilicen de las mismas y coadyuven en la consecución de una finalidad común para el fortalecimiento del estado de derecho y la realización de una concepción superior de seguridad pública y efectiva prevención transversal del delito.

A efecto de identificar las propuestas que se impulsan respecto de la legislación vigente, se presenta a continuación el siguiente cuadro analítico:

Con fundamento en las razones previamente expuestas se propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se adicionan el segundo párrafo del artículo 9º, la fracción XXV y se recorre la vigente del artículo 32, la fracción XXII y se recorre la vigente del artículo 34, las fracciones XXXVII y XXXVIII, recorriéndose la vigente XXXVIII del artículo 38, la fracción XXII del artículo 40, recorriéndose la actual y las fracciones XXVIII y XXIX, recorriéndose la vigente XXIX, del artículo 41, todas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue :

Artículo 9o. ....

Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal concurrirán en la coadyuvancia y desarrollo de acciones transversales en materia de derechos humanos, seguridad pública y prevención de la violencia y el delito en el ámbito de sus facultades. Al efecto se coordinarán en términos de la legislación correspondiente y en las directrices que indique el titular del Poder Ejecutivo.

Artículo 32. ...

I. a XXIV. ...

XXV. Coadyuvar en el desarrollo de acciones en materia de prevención general de la antisocialidad a través del establecimiento de programas de enfoque basado en riesgos e intervención temprana en los ámbitos social y familiar de la población en condiciones de vulnerabilidad.

XXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 34. ...:

I. a XXXII. ...

XXXIII. Desarrollar las políticas y acciones de desarrollo económico e inclusión con enfoque transversal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

XXXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 39. ...:

I. a XXXVI. ...

XXXVII. Desarrollar las políticas y acciones de prevención social y atención a las adicciones, coordinándose con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en relación con los riesgos a la seguridad pública inherentes a dicha problemática;

XXXVIII. Coordinarse con las demás secretarías en el desarrollo de políticas de prevención social en los ámbitos familiar, social y comunitario a efecto de generar las intervenciones que correspondan; y

XXXIX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 40. ...:

I. a XXI. ...

XXII. Desarrollar las políticas y acciones en materia de primer empleo con enfoque de prevención social de la violencia y la delincuencia, coordinándose con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en términos de los ordenamientos aplicables; y

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 41. ...:

I. a XXVII. ...

XXVIII. Desarrollar en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estrategias y acciones en materia de prevención situacional del delito.

XXIX. Desarrollar acciones para el rescate, rehabilitación y uso de los espacios públicos con criterios que promuevan la sana convivencia y la prevención de la antisocialidad y el delito.

XXX. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, el 23 de marzo de 2023.– Diputados y diputadas: Gerardo Peña Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Jorge Arturo Espadas Galván, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 59 y adiciona un 59 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Roberto Carlos López García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Roberto Carlos López García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que modifica el artículo 59 y adiciona unn artículo 59 Bis, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de fortalecimiento y consolidación del gobierno y Estado abierto, en atención a lo siguiente:

I. Antecedentes

En septiembre de 2010, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, destacó la necesidad de realizar esfuerzos específicos con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas, requiriendo un mayor compromiso por parte de los Estados para promover la transparencia, combatir la corrupción y fortalecer las posibilidades efectivas de participación y control del ciudadano.

El gobierno abierto es un concepto reciente que engloba los nuevos modelos de gobernanza en el mundo. México es parte de la iniciativa internacional Open Government Partnership, Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), desde el año 2011, con lo cual asumió el compromiso de promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia y combatir la corrupción con la ayuda de nuevas y mejores tecnologías.

Un sistema de gobernanza sólo puede resultar legítimo si incorpora la nueva realidad del poder distribuido mediante nuevas formas de participación ciudadana. Es por ello, que en 2011 fue creada la Alianza para el Gobierno Abierto como un medio de colaboración entre gobiernos con el compromiso de ser abiertos, rendir cuentas y mejorar la capacidad de respuesta que tienen hacia sus ciudadanos. La Alianza inició con 8 países creciendo hasta 70 países miembros, entre ellos México, emprendiendo una iniciativa multilateral para promover en la escena internacional las políticas y estrategias de gobierno abierto a fin de impulsar la transparencia, la participación ciudadana y la innovación en el quehacer gubernamental.

Así, en México las políticas del gobierno abierto han sido de suma importancia en la agenda nacional desde el 2011, dedicando recursos en el diseño e implementación de acciones específicas que buscan aperturar los diferentes niveles de gobierno al escrutinio público, aprovechando las tecnologías y tomando como base los principios de la transparencia proactiva, la colaboración y la participación.

El Gobierno mexicano presentó en septiembre de 2011 un Plan de Acción que contiene las acciones que se comprometía a realizar en un año. Su construcción involucró una consulta amplia a Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal (APF), así como a ocho organizaciones de sociedad civil (OSC) expertas en transparencia y rendición de cuentas.

Para el año 2019, la Alianza para el Gobierno Abierto en México presentó su Cuarto Plan de Acción conformado por trece compromisos y de forma transversal a la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, destacando el compromiso de apertura institucional subnacional como elemento clave y unos de los mayores retos para que el gobierno abierto llegue a los gobiernos locales.

Así, el modelo de gobierno abierto se basa en la apertura de información generada por el gobierno para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, pero también persiguiendo como principal objetivo lograr la participación y colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos y en los diversos niveles de gobierno.

II. Exposición de Motivos

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento y consolidación de las acciones y estratégias de gobierno abierto en México, el objetivo de este proyecto de iniciativa es delinear los principios básicos y generales que permitan el avance homogéneo en todas las entidades del país de este enfoque de gobernanza incluido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La construcción de la democracia participativa del Siglo XXI constituye un reto para el gobierno mexicano, la introducción de las tecnologías de la información y la necesidad de rendir cuentas en tiempo real de la toma de decisiones son objetivos que la Cámara de Diputados puede afrontar reconociendo la relevancia que tiene la inclusión de temas de interés de la ciudadana que se transforman en necesidades sociales que pueden ser recabadas, sistematizadas y contempladas en la agenda de esta Cámara.

Materializar el gobierno abierto en México, requiere de elementos que permitan visibilizar la democracia en este poder, tomando en consideración acciones mediante las cuales las voces de este país puedan ser escuchadas, en primera instancia, es fundamental promover el principio de igualdad donde la opinión de las personas sean tomadas en cuenta y que existan mecanismos para que la Cámara atienda los intereses de las personas por igual; difundir la participación ciudadana para recabar las preocupaciones y necesidades de distintos sectores, lo que permitirá constituir un país tolerante y plural; abrir el sistema político mexicano requiere también de un debate abierto que permita que la sociedad mexicana sea atendida, siempre siguiendo la normativa vigente; y contemplar que la construcción de la democracia implica garantizar los derechos y libertades esenciales que establece la Constitución, de ahí que los gobiernos abiertos reconocen como sus pilares esenciales la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración para su instalación; y por ello, se reconoce a los gobiernos democráticos, los cuales  deben ser sensibles a los problemas y necesidades de quienes integran el pueblo.

Si bien el derecho de acceso a la información durante dieciocho años ha ido revolucionando en temas vinculados con la administración pública y la rendición de cuentas, hoy en día, la ciudadanía tiene un reto que es apropiarse de los derechos y transformarse en una sociedad colaborativa. En el modelo de la nueva gobernanza, el ciudadano se posiciona en un primer plano, donde la eficacia y eficiencia del servicio público es un requisito, y con ello se podría rebasar el modelo clásico de la administración pública, donde el papel ciudadano terminaba ejerciendo su derecho al voto.

El papel de la nueva gobernanza es fortalecer los procesos democráticos a través de la participación ciudadana en la toma de decisiones, este modelo es un mecanismo para preparar, adoptar y ejecutar las decisiones públicas en un entorno social determinado. Con esta propuesta se establece un modelo de coproducción y corresponsabilidad, siempre reconociendo que la decisión final es del Estado, ya que en sus poderes e instituciones reside su legitimidad para lo que fueron electos, el reto es construir mecanismos para involucrar a los demás actores a fin de reforzar la democracia y asegurar la construcción de decisiones en concordancia con los intereses de la sociedad, quedando sus demandas y necesidades, plasmadas, representadas e integradas en la decisión final.

Esta propuesta es una búsqueda del consenso, el diálogo y la definición de los distintos sectores que conforman la sociedad, por lo que se requiere de la construcción de redes de gobernanza que aporten al Estado bajo un esquema de responsabilidad social y política con todos los elementos que permitan la instalación de gobierno abiertos en este país.

La construcción de una democracia de calidad exige la implementación de un gobierno abierto y transparente, que permita la rendición de cuentas ante una sociedad en la que se promuevan políticas de participación ciudadana basadas en ideas de colaboración y cooperación generadoras de conocimiento, elementos que pueden ser brindados por las TIC.

La consideración en el artículo 66 y 67 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tendientes a la apertura parlamentaria basada en programas de difusión y participación ciudadana requieren de un fortalecimiento normativo que permita a esta Cámara la recopilación, sistematización y presentación de las necesidades que son planteadas a este poder del estado, para su revisión, análisis e integración de ser posible en la agenda de los integrantes de esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados.

Es importante hacer mención, que la ciudadanía tendría una ventana de oportunidad y un reto, ya que de acuerdo al Índice de Gobierno Abierto 2019 en México, el subíndice de participación ciudadana es de 0.41 (puntuación que es evaluada en una escala de 0 a 1), es decir, que el nivel de participación ciudadana está por debajo de la media. A esta consideración se suma la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (Encuci) en la que se expresa que el 65.2 por ciento de la población en México, considera que su opinión no es tomada en cuenta para la toma de decisiones.

Frente a los fenómenos de baja participación ciudadana y desconfianza, esta Cámara puede implementar mecanismos electrónicos que con claridad y puntualidad se establezca un procedimiento para hacer propuestas ciudadanas (sin que estas tengan carácter de iniciativa), explicarle al usuario cómo será sistematizada su opinión y la manera en que será empleada la información que deje en un formulario electrónico sencillo.

Si bien la responsabilidad de la Cámara en materia de gobierno abierto se establece en el artículo 67, es importante materializar estos procedimientos electrónicos, y cumplir con los pilares esenciales del término de oGov: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Con fecha 20 de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó los Lineamientos para la Implementación del Parlamento Abierto en la Cámara, y mediante estos se establecía que la sociedad tendría el apoyo técnico del Comité de Participación Ciudadana y Parlamento Abierto, en ese momento se planteó como una prioridad el tema del parlamento abierto, enfocándose al apoyo técnico para el diseño de iniciativas ciudadanas.

Para implementar correctamente acciones y mecanismos de gobierno abierto, es importante partir de sus principios constitutivos y definir claramente líneas generales para su diseño e implementación.

La propuesta es incluir en el citado marco jurídico, los principios de gobierno abierto y lineas generales para que los sujetos observen de manera obligatoria con la finalidad de impulsar acciones y mecanismos de apertura gubernamental, el cual estará sustentado en los compromisos nacionales e internacionales que nuestro país ha establecido en esta materia y así consolidar y formar un nuevo modelo de gobernanza que ayude a elevar la calidad de vida de los mexicanos.

I. Cuadro comparativo de la propuesta

II. Proyecto de decreto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 59 y se adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Único: Se modifica el artículo 59 y se adiciona un artículo 59 Bis, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de gobierno abierto, para quedar como sigue:

Artículo 59. Los organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones coadyuvarán, con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de gobierno y estado abierto, basados en los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación para el desarrollo sostenible y bienestar social.

Artículo 59 Bis. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, así como los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en materia de gobierno y Estado abierto deberán:

I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente y fomentar la rendición de cuentas;

II. Generar las condiciones que permitan la inclusión de la participación de ciudadanos y grupos de interés en la toma de decisiones;

III. Diseñar e implementar planes de acción, programas o mecanismos de interacción y co-creación entre gobierno y sociedad;

IV. Desarrollar herramientas, mecanismos o plataformas digitales que permitan la interacción ciudadana; y

V. Implementar políticas de apertura gubernamental encaminadas al desarrollo sostenible y bienestar social.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2023.– Diputados y diputadas: Roberto Carlos López García, Edna Gisel Díaz Acevedo, Jesús Fernando García Hernández, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2007, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ciria Yamile Salomón Durán, diputada federal por el Distrito 02 del estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al Artículo Décimo Transitorio del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, al tenor de la siguiente:

En México, la dignificación y mejoría de las condiciones laborales de las y los trabajadores del campo y la ciudad es resultado de la Revolución de 1910. Las luchas y conquistas plasmadas en los artículos 3o., 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, mismas que dieron origen al denominado “Constitucionalismo Social” que nos hizo merecedores de prestigio y reconocimiento internacional, establecieron como máxima del Estado mexicano salvaguardar y proteger tres pilares básicos del bienestar de las familias: el derecho a la educación, a la tierra, y a un trabajo decoroso y digno.

En el ámbito laboral, los logros y avances que se han presentado en materia de “Seguridad Social” -que es considerada como un derecho humano por la  Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948- han sido paulatinos desde 1917 y han tenido diversos hitos, tales como la expedición de la Ley del Seguro Social en 1943 que dio origen del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS); la reforma del artículo 123 constitucional para incorporar un apartado B, a fin de garantizar los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; o la promulgación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en 1984, pero todos se sostienen sobre la base de una triada indispensable: las contribuciones del trabajador, el patrón y el propio Estado con el propósito de alcanzar el bienestar de las y los trabajador y sus familias.

A decir verdad, en materia de seguridad social existen innumerables retos por superar para que sus propósitos y alcances sean auténticamente universales, integrales y, sobre todo, de calidad, tanto para el trabajador como para sus familiares derechohabientes. Sin embargo, uno de los que mayores desafíos presenta con el ánimo de garantizar el bienestar y futuro de las personas una vez que alcancen la tercera edad es, sin duda alguna, el sistema de pensiones.

Para nadie es ajeno que México vive un proceso de envejecimiento generalizado de su población, como lo hace patente el “índice de envejecimiento”, que mide la cantidad de personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. En efecto, conforme crece nuestra población en su número total, su base piramidal se estrecha cada vez más, dado que contamos con un menor número personas jóvenes y un mayor porcentaje de adultos mayores. De hecho, se estima que para el año 2050, en México uno de cada cuatro mexicanos estará dentro del segmento etario de la tercera edad.

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el segundo trimestre de 2022 en México residían 17 millones 958 mil 707 personas de 60 años y más, lo que representa el 14 por ciento de la población total del país. Lamentablemente, de este gran segmento social, mismo que crece año con año, alrededor del 70 por ciento trabaja de manera informal, es decir, no tienen derecho a la Seguridad Social. Y sólo el 30 por ciento de los adultos mayores en México están pensionados y jubilados y el pago que reciben por parte del Gobierno federal alcanzará un monto de 1.7 billones de pesos en 2023.

Ahora bien, “en México subsisten más de mil sistemas, modelos o esquemas de pensiones, contando cada una con sus propias tasas de cotización, tasas de reemplazo, incentivos, condiciones” y beneficios diferentes conforme a sus esquemas de reparto, todos los cuales engloban pensiones y jubilaciones a cargo de organismos públicos e instituciones federales, pensiones a cargo de las entidades federativas, de los municipios y de universidades e instituciones de educación superior.

En efecto, del 30 por ciento de la población adulta mayor que está pensionada y jubilada en México, 75 por ciento corresponde al IMSS; sólo 10.3 por ciento al Issste; y el resto está distribuido dentro de los sistemas de pensiones de empresas del Estado, universidades, bancos, estados, municipios y el sistema judicial.

No debemos perder de vista que, al cierre del año 2020, y de acuerdo con cifras oficiales del Inegi, a nivel nacional se reportaron 1 mil 583 mil 355 servidoras y servidores públicos adscritos a las instituciones de la Administración Pública Federal; 2 millones 422 mil 505 servidoras y servidores adscritos a las administraciones públicas estatales y 1 millón 76 mil 446 servidoras y servidores públicos adscritos a las administraciones públicas municipales.

Dicho de otra forma, estamos hablando de un universo de poco más de 5 millones de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, es decir, de personas productivas y en servicio, pero que, en caso de no haber optado por la acreditación de Bonos de Pensión del Issste o no haber aceptado las “cuentas individuales”, que dependen directamente del ahorro que realice cada persona trabajadora, tendrán eventualmente la posibilidad de pensionarse bajo los supuestos contemplados por la Ley del Issste, siempre y cuando las instituciones en las que presten sus servicios celebren los convenios respectivos en esta materia con el Issste.

En este sentido, el propósito central de esta iniciativa es reformar el Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, a efecto de que los servidores públicos que hayan decidido, en su momento, subsistir en el régimen de pensión vitalicia puedan mejorar las condiciones del cálculo de su cuantía de pensión, bajo la claridad de lo que se define como “cálculo integral” debido a la subsistencia de una serie de lagunas en la ley que ponen en un estado de indefensión y vulnerabilidad a los burócratas al llegar a la tercera edad.

Es un hecho que, luego de la desindexación constitucional del Salario Mínimo en el año 2016, cuando comenzaron a calcularse las pensiones de conformidad con Unidad de Medida y Actualización (UMA), se dio paso a que se presentasen ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como ante los Tribunales de Justicia Laboral de los Estados una serie de demandas, quejas e inconformidades, e incluso amparos por parte de los trabajadores que vieron afectados sus ingresos al momento de pensionarse, todo lo cual llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que determinó mediante jurisprudencia y por conducto de su Segunda Sala que la UMA (cuyo valor es menor al salario mínimo) no puede aplicarse para determinar la cuantía para el pago de un pensión.

A pesar de esta conquista laboral en materia de seguridad social para los pensionados -y aunque hasta el momento no existe una cifra oficial del número de laudos laborales que ha tenido que atender el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los Tribunales de Justicia Laboral de los Estados-, es un hecho que cada día continúan presentándose innumerables controversias ante estos tribunales, así como quejas ante la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado por parte de los trabajadores en contra del Estado en sus distintos órdenes de gobierno e instituciones, pues consideran que la cuantía del pago de su pensión es insuficiente para cubrir aspectos esenciales como lo es la salud, la vivienda y la alimentación, y todos aquellos que le permitan subsistir con dignidad en la tercera edad después de una vida de servicio y entrega.

Desde la óptica legislativa, esta controversia deriva de las interpretaciones jurídicas que en diversos momentos los tribunales y sus juzgadores han dado respecto a la diferencia entre el “salario base” y el “salario tabular”. En la actualidad, se ha establecido por los tribunales que:

“...el artículo 17 de la Ley del Issste en vigor, no debe interpretarse en el sentido de que al salario tabular una vez más se le tengan que añadir los conceptos de “sueldo”, “sobresueldo” o “compensación” (además de los quinquenios y la prima de antigüedad), porque dichos conceptos ya integraron el llamado “sueldo tabular” desde hace años; sino que, debe entenderse que, para efectos del salario base de cotización, únicamente debe considerarse el valor consignado en el tabulador regional, como sueldo base o sueldo bruto, porque los conceptos antes referidos ya están inmersos en éste (o compactados en él); esto, desde la reforma hecha en mil novecientos ochenta y cuatro al artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la denominación “sueldo tabular” prevista en la vigente Ley del Instituto demandado, que resulta acorde con el contenido de la Ley que regula a los trabajadores del Estado”.

En síntesis, todo lo anterior significa que, de conformidad con la interpretación exegética del artículo 17 de la Ley del Issste que abrogó a la de 1984, los jueces consideran que cualquier otra prestación que el trabajador del Estado perciba con motivo de su empleo se excluye del “salario tabular”, porque la nueva ley del Issste incorporó los antiguos conceptos de “sueldo”, “sobresueldo” o “compensación” dentro del salario tabular actual.

De modo que cualquier otra “compensación” y/o “percepción” distinta del sueldo que se paga a un trabajador de gobierno, bajo sus distintas denominaciones, no puede considerarse para determinar la cuantía del pago de su pensión, dado que se considera que la llamada “compensación garantizada” se incluye dentro del concepto de “compensación” que se incluyó en el “sueldo tabular” desde los años ochenta del siglo pasado, dado que los descuentos que se le realizan como parte de sus cuotas y aportaciones no lo incluyen como base para su cotización ante el Issste.

Respecto a la ambigüedad de la denominada “compensación garantizada” que reciben los servidores públicos del Estado, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha argumentado que:

“[...] en los manuales de percepciones [de los servidores públicos del Estado], aparece que a los trabajadores burócratas se les cubre en algunos casos y dependiendo de su nivel, una prestación denominada ‘compensación garantizada’ en otros casos se cubre otra identificada como ‘de apoyo’; sin embargo, no siempre dichas prestaciones son consideradas para calcular el monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social, pues expresamente en dichos manuales se establece el salario base para el cumplimiento de esa obligación impositiva [...]”, y que  “[...] si no hay uniformidad en la forma de enterar las cuotas y aportaciones, sino que cada dependencia acorde con su normatividad interna en ocasiones considera la compensación garantizada y en otras no, esa particularidad obliga a que para realizar el cálculo de la pensión jubilatoria, se deba atender a la forma en que la dependencia o entidad que inscribió al asegurado al régimen de seguridad social lo hizo, pues cuando en dicho entero se incluya el concepto de compensación garantizada, la Institución de Seguridad Social estará obligada a calcular la mencionada prestación incluyéndolo, pero si la dependencia o entidad con apoyo en su normatividad interna no lo consideró como parte de las prestaciones sobre las que cubra las cuotas y aportaciones al tantas veces mencionado instituto, entonces, no podrá considerarse para el cálculo de la pensión jubilatoria [...]”.

Por todo lo anterior, y con el firme propósito de que los trabajadores del Estado puedan gozar de una mayor tranquilidad al momento del cálculo de su cuantía de pensión, se considera preciso adicionar el Artículo Décimo Transitorio del Decreto que reformó la Ley del Issste en el año 2007, a efecto de que establecer con mayor claridad y precisión qué tipo de prestaciones se incorporarán dentro de la cuantía de pensión y no dejar al libre albedrío de las dependencias o instituciones gubernamentales o a sus diseños presupuestales, la incorporación o no de la compensación garantizada dentro de las cuotas o aportaciones que realiza el trabajador, a efecto de que cumplan efectivamente con el pago de sus aportaciones y ello les brinde certeza jurídica respecto al cálculo de la cuota de pensión que le corresponderá al trabajador.

Esta adición no sólo podrá contribuir a disminuir el número de conflictos entre servidores públicos y el Estado, sino que además promoverá un incremento de las aportaciones de Seguridad Social por parte de los trabajadores, lo que dará viabilidad al sistema de pensiones.

Además, se colma la laguna jurídica que permite discrecionalmente a las dependencias o instituciones públicas de todo el país, conforme a su propia normatividad, determinar cuáles son los conceptos adicionales al sueldo tabular o base salarial para la determinación de las contribuciones de los trabajadores. De modo que tengan la posibilidad de mejorar sus cotizaciones y, por tanto, asegurar un retiro laboral con mayor dignidad y decoro y, sobre todo, que le permita mantener los mínimos estándares de calidad de vida que tenía antes de separarse del servicio público.

Al considerarse lo que hemos definido como el “cálculo integral”, éste se sujeta a los propios límites inferior y máximo que se tienen actualmente en la Ley para el cálculo de las pensiones, lo cual garantiza que, independientemente de los montos de compensación que se consideren en este nuevo esquema, siempre habrá límites para su cálculo, dado que muchas de las ocasiones el salario base es ínfimo en comparación de la compensación garantizada que recibe el servidor público, todo lo cual contrarresta la vieja práctica propia del outsourcing donde al trabajador se le tenía dado de alta con el salario mínimo.

Asimismo, la propuesta del nuevo texto normativo advierte que la actualización de los montos de pago también deberá estar sujeto y corresponder con el reajuste de los niveles de sueldo asignados en los tabuladores regionales, mismos que siempre deberán ser incrementados de conformidad con las remuneraciones que reciban los servidores públicos en correspondencia con las partidas presupuestales que se aprueben para tal efecto.

Finalmente, se contempla también el esquema de escalafón, donde los trabajadores al servicio del Estado sindicalizados habrán de comprobar la regularidad de su permanencia y ascenso para evitar cualquier práctica indebida que les permita acceder a una cuantía de pensión que no corresponda con su promoción o grado de escalafonario.

Por todo lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa se somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Decreto que adiciona una fracción VI al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción VII al Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, para quedar como sigue:

Primero a noveno (...)

Régimen de los trabajadores que no opten por el bono

Décimo. (...)

I. a VI. (...)

VII. El cálculo integral para el pago de la cuantía de pensión a que tienen derecho los trabajadores al servicio del Estado o sus familiares beneficiarios, se hará con base en el Sueldo Básico del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado, más la Compensación Garantizada o de Apoyo, y Prestaciones Básicas que determinen las disposiciones aplicables, siempre y cuando éstas se paguen al trabajador de manera regular, ordinaria y permanente y se cumpla con el pago de Cuotas y Aportaciones para el retiro, con excepción de aquellas que se refieren a vales de despensa, seguro de separación individualizado, prima quinquenal, estímulo de productividad recaudatoria operativo, compensaciones, viáticos, gastos de representación, gratificaciones, percepciones adicionales por servicios especiales u otras prestaciones con conceptos semejantes.

El cálculo integral para la cuantía de la pensión tendrá como límite inferior un salario mínimo vigente en la Ciudad de México y como límite superior el equivalente a diez veces dicho salario.

La actualización de los montos del pago de la cuantía de pensión deberá realizarse en el mismo porcentaje de los niveles de sueldo asignados en los tabuladores regionales para cada puesto y será constante y proporcionalmente directa con la entrada en vigor del aumento de las remuneraciones de los servidores públicos.

Los servidores públicos sujetos a escalafón comprobarán la regularidad escalafonaria de sus percepciones siendo necesaria la justificación de una permanencia mínima de seis meses en cada grado de escalafón.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular  en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”. Véase: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Hechos concretos sobre la Seguridad Social, Ginebra, Suiza, 6 de junio de 2003.

2 Consúltese Conapo, Proyecciones de la población de México y las entidades federativas 2016-2050, México, Conapo, 2019.

3 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, México, septiembre de 2022.

4  El requerimiento para el pago de pensiones crecerá a un ritmo de 7.8% real anual, alcanzando el orden de 4.4% del PIB en el 2022. Vid. Afore Principal, “Las pensiones de los sistemas públicos de reparto: ¿la próxima crisis en México?”, 18 de septiembre de 2020.

5 El referido monto del PIB contempla la erogación de la llamada “Pensión No Contributiva” que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador logró establecer durante su administración y que hoy es un derecho constitucional, a partir de los 65 años de edad para indígenas y afromexicanos, y de 68 años en adelante para todos los mexicanos, a quienes se les pagan dos mil cuatrocientos veinticinco pesos mensuales pagaderos bimestralmente durante el año 2022.

6 Víd. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Pensiones en México, 100 años de desigualdad, México, 2017, p. VII.

7 Consúltese: Inegi, Censo Nacional de Gobierno Federal 2021; Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021; y Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2021, México, abril de 2022.

8 “A diferencia entre una pensión con la Unidad de Medida y Actualización y una con Salario Mínimo es de casi 20%, tomando como base una pensión promedio de 5 salarios mínimos: la pensión mensual en UMA sería de 12,673.5 pesos mientras que con base en el salario mínimo sería de 15,402 pesos, es decir, una diferencia en pesos de 2,728.5 pesos”, Gerardo Hernández, “Jubilados recibirían 20% más de pensión tras fallo de la Corte” en El Economista, 25 de septiembre de 2019.

9 Consúltese el Amparo Directo 32/2015, a cargo del ministro Eduardo Medina Mora I., 25 de noviembre de 2015.

10 SCJN, Contradicción de Tesis 28/2009, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2023.– Diputadas y diputado: Ciria Yamile Salomón Durán, Eunice Monzón García, Leobardo Alcántara Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado federal a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el propósito de hacer efectiva la protección a la privacidad y a la autodeterminación informativa de las persona s, con base en la siguiente

Los datos personales constituyen hoy día un activo de enorme valor en el ámbito comercial, dado que su tráfico en el mercado negro ha perfilado un lucrativo negocio que violenta abiertamente la legislación por la que se ordena regular su tratamiento legítimo, controlado e informado; cuyo propósito está en garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Violenta, en principio, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo documento, el artículo 12 establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”: cuando determina asimismo que “toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

A partir de esta declaración, los países han promulgado leyes en materia de protección de datos personales, que en esencia tienen por objeto proteger la información de las personas en manos de particulares, procurando el derecho a la privacidad, buscando evitar así, entre otras afectaciones, el uso indiscriminado que ahora ocurre por causas comerciales.

En el caso de nuestra nación, el ordenamiento en la materia tiene como principios fundamentales el que “los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Garantiza además como derechos para el titular de la información, el que este pueda acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos, a cancelarlos para efectos de la supresión del dato y a oponerse en todo momento y por causa legítima al tratamiento de sus datos. De resultar procedente este último derecho, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular.

Para el cumplimiento de los preceptos, el ordenamiento define las figuras: responsable, como aquella persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales y al encargado como la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate esta información por cuenta del responsable.

Ambas figuras están obligadas a mantener la confidencialidad de los datos personales, así como a darles el uso para el propósito autorizado por los particulares y a no transferirlos a terceros sin el consentimiento debido, entre otras disposiciones.

La legislación en esta materia responde en alguna medida, al hecho de que la demanda de bienes y servicios que trae consigo la expansión comercial en sí, deriva entre otras cosas, en la recolección de bases de datos personales y su concentración en poder de grupos económicos; donde y dado el valor que se otorga a esta información de carácter confidencial, no en pocos eventos termina siendo entrecruzada y transmitida a un mercado ilegal que va en perjuicio de la privacidad e interés particular de las personas.

Se trata de un atractivo mercado que apunta a seguir en aumento, gracias al caudal de ganancias que representa para negociantes; que apoyados en la denominada “revolución tecnológica de la información”, utilizan esta herramienta que les permite la interacción, así como el acceso a la información por un número cada vez mayor de personas; muchas de las cuales son perfiladas como clientes potenciales.

Entre otros recursos, el uso de tecnologías modernas ha favorecido a diversos y variados propósitos. Uno de estos, el que la información quede sujeta a las reglas de la oferta y la demanda que el mercado impone.

Las herramientas tecnológicas que la modernidad ha traído, representan acortar distancia y ahorrar tiempo, donde la información de carácter personal que las empresas recaban y concentran se vuelve un activo de gran valor; en el que las bases de datos particulares pasan a ser una mercancía que vale y mucho, merced a la cotización que alcanza para un mercado negro que ha ido en franca expansión.

Apoyados en el uso de recursos tecnológicos y con un apetito voraz, crece el número de organizaciones de carácter mercantil que están a la caza de la recolección, entrecruzamiento y transmisión de datos personales. Unas, con el propósito de ampliar su mercado bajo artilugios y otras más ofertando bienes y servicios que no siempre resultan ser reales.

Las personas que de buena voluntad proporcionan sus datos personales a entidades diversas, entre las que están las de tipo comercial, suelen ser ajenas a imaginar el valor que esta información alcanza y los fines a los que será destinada en un mercado negro que no se detiene por las prohibiciones legales, mucho menos por limitaciones escrupulosas.

Circula en la red una cantidad enorme de información, que concentrada por negocios particulares y sumada a las bases de datos de carácter confidencial que ya se tienen, les significa a estos definir perfiles y clasificar clientes potenciales; a los cuales se ofertan bienes y servicios específicos de manera arbitraria, ya que no se tiene el debido consentimiento de las personas, estando ausente la ética comercial en muchos de los casos.

Amén del tráfico ilegal al que la información de bases de datos es sometida, muchas empresas arman estrategias de mercado, desdeñando el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable, con el único afán de hacer crecer sus negocios, a través de prácticas de acoso que rayan en el terrorismo.

Son negociaciones tanto de carácter real y otras más ficticias que operan en los espacios virtuales y telefónicos, sorprendiendo a particulares en días y horas impropios para ofertarles un sinfín de bienes y servicios: con actitudes insistentes y hasta de amenazas que atentan contra la privacidad e integridad psicológica de las personas.

Realizan llamadas telefónicas, envían correos electrónicos y muestran en las páginas de la red de internet de computadoras u ordenadores mensajes que orillan a los usuarios a dar pulsaciones que los llevan a caer en trampas comerciales, no sólo para venderles determinados productos o servicios, sino también para requerirles con trucos cibernéticos datos personales y hasta información de carácter sensible.

Suelen ocurrir casos en los que, al darle pulsación a determinadas páginas de la red y a mensajes disfrazados de claridad. el usuario termina cayendo en trampas que lo llevan a proporcionar datos personales, autorizando el acceso indebido por parte de los particulares a esta información que de manera ilegal es compartida.

Las bases de datos en manos de particulares no sólo identifican a individuos, sino que la combinación de la información general y hasta de carácter sensible, les sirve a comerciantes para elaborar perfiles de índole variada, cuyo listado se convierte en mercancía sumamente atractiva para un tráfico ilegal especializado, según consta en casos denunciados.

Los perfiles son definidos a partir de que en las bases de datos se almacena información de las personas, que contiene entre otros elementos: el género, edad, domicilio, número de contacto telefónico, cuenta de correo electrónico, ingresos económicos promedio, tipo de transacciones e historiales de pago; lo cual permite conocer de estas tanto sus preferencias como hábitos de consumo, que resultan en factor clave para los propósitos mercantiles.

La gente se ve sorprendida cuando recibe mensajes vía internet y telefónica, así como llamadas de empresas y negocios que desconocen y con los que por lógica no guardan relación comercial alguna; ante lo cual se preguntan de dónde o como fueron obtenidos sus datos de carácter personal, cuya privacidad debería estar resguardada y no circulando en poder de manos ajenas y extrañas.

Las personas reciben inesperadamente ofertas de productos y servicios variados con atractivas condiciones de artilugio, solicitándoles las entidades comerciales validación de datos que pasan a engrosar listados para servir a propósitos mercantilistas, volviéndose la situación un círculo vicioso que representa afectaciones a la economía de la gente.

Son evidentes así situaciones de flagrante violación legal, donde tanto encargados como responsables del tratamiento de datos personales, además de omitir el cumplimiento de la confidencialidad que la legislación ordena; en otros casos no atienden solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición, además de que omiten comunicar avisos de privacidad a los particulares.

Con el argumento de dar cumplimiento a lo que la legislación ordena, algunas empresas disfrazan los mensajes de avisos de privacidad a sus clientes, sin haberles precisado ni abundar en detalles acerca de la finalidad que tendrá la información proporcionada por los usuarios.

Resultando así que a los datos personales se les dé un tratamiento diferente al que la Ley ordena y garantiza, ya que la información que fue recabada con métodos de engaño y fraude; es violentada en su elemental derecho a la privacidad cuando es transferida a terceros.

Frente a los hechos, es imperativo garantizar la salvaguarda de la injerencia de terceros en los datos de carácter personal en manos de particulares, no sólo por la vinculación que entrañan con la esfera privada de las personas, sino porque su transferencia indebida da paso a la eventual comisión de fraudes y extorsiones; en perjuicio de la economía de muchas gentes y en favor de negociantes sin escrúpulos.

La presente iniciativa propone una adición al artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de manera que la venta o transferencia indebida de base de datos que configuren en mercado negro de esta información, constituyan una infracción explicita a este ordenamiento.

Ello representaría una medida expresa, de suerte qué en estricta aplicación de la Ley, se evite el que los datos personales sean utilizados indebidamente, para garantizar así la privacidad y que la información en manos de particulares reciba el tratamiento acordado entre las partes de conformidad con los principios dispuestos.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como como sigue:

Artículo 63. ...

I. a X . . .

XI. La venta o transferencia indebida de bases de datos que configuren un mercado negro de esta información.

XII. a XX . . .

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente de consulta

https://repo.unlpam.edu.ar/bitstream/handle/unlpam/1319/e_fertra 421.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2023.– Diputados: Jesús Fernando García Hernández, Leobardo Alcántara Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de medicamentos gratuitos y suficientes, de conformidad con la siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto reza que:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Es decir, el derecho a la salud universal, con una garantía progresiva, que cada quién acceda y retribuya en la medida posible y de acuerdo con su riqueza, que sea cuantitativa, es decir, con más espacios de atención, y cualitativa, que significa que sea de calidad, con acceso a la atención, tratamiento y seguimiento de problemas de salud.

Así lo establece también la Organización Mundial de la Salud (OMS) al establecer que:

El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.

Sin embargo, es bien sabido y reconocido que garantizar el derecho a la salud en nuestro país ha sido un gran reto ante la falta seria de la coordinación institucional, una gran ausencia presupuestal y económica, leyes y acciones políticas que ensalcen y garanticen de manera firme el derecho a la salud de la población a través de herramientas y programas medibles y crecientes.

Lo anterior queda evidenciado con el porcentaje de inversión del producto interno bruto en el rubro, se tienen datos que arrojan que nuestro país mientras su población crecía hasta alcanzar los 127 millones de personas, el gasto en salud pública registró una contracción, al pasar de 2.8 por ciento, en 2012, a 2.5 por ciento para 2021.

Con esos datos el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que el nivel del gasto público en salud está por debajo de las recomendaciones internacionales.

Por ellos no es de extrañar que la población que presenta carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2 por ciento en 2018 a 28.2 por ciento en 2020.

El 29 de noviembre de 2019 se hicieron reformas a la Ley General de Salud para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, como un organismo descentralizado que tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Así, se suponía que el Sistema Nacional de Salud garantizaría el acceso a servicios médicos para la población mexicana, aún sin contar con un sistema de seguridad social. A casi 3 años de esos cambios el Instituto aún no funciona y no hay un sistema o mecanismo que sea eficiente en la atención médica para personas con seguridad social y mucho menos para quienes no cuentan con la misma.

Un problema recurrente en el acceso a servicios de salud, además de la calidad de los mismos, es la inexistencia de tratamientos y medicamentos en el sector salud, inexistencia que incluso se llega a extender por más de un año, dejando a pacientes sin la posibilidad de gozar de su derecho a la salud.

Según el “Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México”, elaborado por el colectivo “Cero Desabasto”, entre 2019 y 2020 en el IMSS de 430 millones de recetas, no fueron surtidas parcial o totalmente poco más de 40 millones de recetas, representando 9 por ciento del total de recetas expedidas, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Adicionalmente, un artículo publicado por The Lancet, el 24 de julio de 2021, alertaba sobre el problema de desabasto de medicinas en el país, estableciendo tres principales causas.

La primera de ellas era la cancelación de compras consolidadas de medicamentos que pararon a 100 por ciento la adquisición de medicamentos por un largo tiempo para instituciones públicas de salud; la segunda era la destrucción del ecosistema de compras públicas y abasto de medicamentos, mediante el cual se garantizaba la existencia de medicamentos y su eventual compra.

La destrucción de la cadena de contratación, compra y suministro, detenida por supuestos “casos de corrupción”, llevó a que las farmacéuticas nacionales no participaran de licitaciones públicas y con ello tuvieran que recortar su planta laboral, sustituyendo los mecanismos de compras gubernamentales transparentes por adjudicaciones directas que han tenido el problema de no contar con cadenas de suministro, es decir, se compran pero no se distribuyen los materiales y medicamentos.

La tercera causa es la política de austeridad disfrazada de ahorros; así, el 29 de mayo de 2021 el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el marco de la compra de medicamentos realizada por la UNOPS había generado un ahorro por 11 mil 800 millones de pesos a México por la compra de medicamentos cuando realmente no se compraron los medicamentos necesarios y por lo tanto no se atendió la totalidad de las necesidades que se tenían de medicamentos a 2021.

Muestra de ello es que a 2021 existen poco más de 4 mil denuncias contra instituciones públicas de salud por la no proveeduría de medicamentos, no solo del catálogo básico sino también de especialidades, destacando la falta de medicamentos oncológicos.

“En 942 días, el colectivo Cero Desabasto —que agrupa a 68 organizaciones de la sociedad civil— registró 6 mil 413 reportes de falta de algún medicamento, vacunas o material de curación en instituciones públicas que son parte del Sistema Nacional de Salud, es decir 6.8 por día en promedio.”

La institución de salud pública con más reportes —54 por ciento del total— es el IMSS. Le siguen el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con 21 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con 14 por ciento. El 11 por ciento restante corresponde a los servicios estatales de salud, Hospitales de Alta Especialidad, Institutos Nacionales de Salud y otros subsistemas federales. Ahora bien, 27 por ciento de estos reportes se concentran en la Ciudad de México, 10 por ciento en el Estado de México, 9 por ciento en Jalisco y 4 por ciento en Michoacán, siendo estas las entidades con mayor cantidad de casos.

Es meritorio el señalamiento de que las afectaciones en carencia de medicamentos es un problema que se acentúa en poblaciones indígenas, cálculos proporcionados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, en México un indígena tiene más posibilidades de morir por falta de atención medica que cualquier otro poblador del país.

En su momento la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Salud reconocieron que en los pueblos originarios son más frecuentes las enfermedades transmisibles, que ya no predominan a nivel nacional.

Asimismo, que un niño indígena tiene 2.5 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años que un niño no indígena y la esperanza de vida es entre 2 y 3 años menor que poblaciones no indígenas.

Por parte del Ejecutivo se reconoció que uno de los retos es mantener el otorgamiento de servicios médicos en zonas geográficas apartadas y dispersas, así como la falta de sensibilización sobre la existencia de estos grupos minoritarios y con mayor carga a la exclusión, con la finalidad de realizar acciones que permitan la equidad, inclusión e igualdad, pero sobre todo lograr una cobertura médica, incluidos medicamentos, para la atención oportuna y en su caso preventiva.

Cada día que pasa una o un paciente sin sus tratamientos significa la pérdida de calidad de vida, por una falta de previsión y garantía por parte del gobierno de un producto que debería ser proveído con prontitud a las personas, siendo obligación del gobierno establecer los mecanismos de compra y traslado de medicamentos necesarios para garantizar el acceso a medicamentos.

Las usuarias y los usuarios de servicios médicos públicos deben de gozar de la garantía de medicamentos, no importando si el gobierno tiene o no la capacidad de compra consolidada, de distribución o de planeación de compra; los tratamientos deben de estar disponibles en el momento que se ocupen, por lo anterior es que presento la siguiente iniciativa que tiene por finalidad garantizar la proveeduría de medicamentos a las y los pacientes que así lo requieran, sin importar si hay existencia o no del mismo en los almacenes y bodegas de la institución tratante.

La iniciativa plantea adicionar un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 27 de la Ley General de Salud, como a continuación se muestra:

Con la propuesta planteada se persigue el objetivo de dotar de los medicamentos a los derechohabientes, pues existe en el sector público un alto porcentaje de carencia.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 27 de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción VIII del artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a VII. ...

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud .

En el caso de no existir disponibilidad de medicamentos y/u otros insumos esenciales en las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federales como locales, estos deberán ser adquiridos con cargo a la institución para ser entregados al paciente máximo 24 horas después de ser recetados por el médico tratante.

IX. a XI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud y las instituciones públicas de salud deberán de hacer las previsiones necesarias para garantizar lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27, estableciendo en sus Programas Operativos Anuales las condiciones necesarias para garantizar la proveeduría de medicamentos a las usuarias y los usuarios de servicios públicos de salud.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo cuarto, párrafo cuarto, consultado en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.who.int/

3 https://www.forbes.com.mx/

4 Mapeo de Desabasto de Medicamentos en México, Informe de Transparencia en Salud 2019 — 2020, elaborado por el colectivo “Cero Desabasto”, consultado en:

https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Informe+de+Transparenc ia+en+Salud+2019-2020.pdf

5 Nunca se comprobó con documentos la existencia de casos de corrupción en las compras consolidadas, ni existieron denuncias formales.

6 https://www.gob.mx/insabi/prensa/109-mexico-logra-ahorros-en-compra-de-medicame ntos-por-mas-de-11-mmdp

7 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/26/falta-de-medicamentos-duplicaci on-2021-cero-desabasto

8 https://contralacorrupcion.mx/el-desabasto-de-medicamentos-existe-y-reconocerlo -es-el-primer-paso-para-solucionarlo/

9 https://www.animalpolitico.com/indigenasysalud/aqui-no-hay-medico-ni-clinica-ni -medicinas.html

10 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2023.– Diputadas y diputado: Fabiola Rafael Dircio, Edna Gisel Díaz Acevedo, Estefanía Rodríguez Sarabia Leslie, Marcelino Castañeda Navarrete (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

En México los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, representan un conjunto social pluriétnico y multicultural, todas ellas son portadoras de identidad, riqueza cultural y cosmovisiones que han desarrollado históricamente a nuestra población, mantiene vivas nuestras raíces, por la vigencia en su cultura, sus tradiciones, su historia, su lengua, parte fundamental de nuestra riqueza cultural proporcionándonos un sentido de pertenencia a todos los mexicanos, creando un eslabón invisible que nos une a nuestro pasado otorgándonos un sentido de pertenencia.

Como sabemos, nuestra historia no inicia ni termina en 1519 con la llegada de los españoles al Continente americano. Nuestra historia nace antes de la era cristiana, en donde las sociedades indígenas tuvieron un desarrollo independiente del mundo occidental durante miles de años. Vivían con sus propias costumbres, leyes, estratificación social y desarrollo científico.

Sin embargo, es a partir de esta colonización que surge la dominación y el sometimiento de los grupos originarios, los españoles buscaban erradicar toda forma latente de origen indígena, condenándolos a comunidades aisladas, quienes, a pesar de la imposición de la Corona, mantenían sus tradiciones en muchas de las ocasiones de forma oculta o disimulada; estas comunidades fueron excluidas de toda forma de integración social, esto sin lograrlo. Pese a ello, la situación de los grupos dominados ha persistido hasta la actualidad, ahora siendo una dominación mestiza, provocando un rezago social y económico.

Esta continua dominación los aparto del desarrollo económico y social, con carencias en materias de salud, educación, vivienda, desarrollo, entre otros; convirtiéndose en sociedades dominadas a los intereses de otros.

Por décadas, los derechos indígenas han exigido una defensa y protección basada en esa diversidad y pluralidad cultural, pero al mismo tiempo, han reclamado que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan participar activamente en la tomar de decisiones generando mejores condiciones de vida, con mayores oportunidades y la satisfacción plena en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos como personas, pueblos y comunidades indígenas.

En nuestro país de acuerdo a datos presentados por el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2018-2024, se estima que hay 68 pueblos indígenas, lo cual representan 7.4 millones de hablantes de lengua indígena, que representan 6.5 por ciento de los habitantes mayores de tres años en el país; 12 millones de personas viven en hogares indígenas, representando 10.6 por ciento de la población nacional; así como 25.7 millones de personas se autoadscriben como indígenas, lo que representa 21.5 por ciento de la población nacional; existiendo 64 mil 172 localidades con población indígena.

Ahora bien, esta población actualmente ha permanecido en una situación de discriminación estructural y política, de acuerdo con datos registrados por la Encuesta Nacional, sobre Discriminación en México (ENADIS 2017), se reconoce que poco más de 49.3 por ciento de la población indígena y afromexicana, está convencida que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas y 40.03 por ciento supone que la razón de su discriminación está directamente relacionada con su pertenencia étnica, además 20.9 por ciento asume que su principal problemática es la carencia de empleo y 16.1 por ciento considera que es la falta de recursos económicos.

Otro aspecto importante de mencionar es que dentro de las y los jóvenes en el país son los indígenas los que representan menor grado de escolaridad, cerca de 1 por ciento se encuentra en los grupos de entre 16 y 19 años y de 20 y 24 años de edad.

En este mismo orden de ideas podemos deducir que son las comunidades indígenas y afromexicanas las que representan mayores niveles de rezago, sobre todo en el ámbito educativo, esto ha vulnerado considerablemente la inserción de las comunidades a la sociedad, limitando a su vez los derechos sus derechos políticos, vulnerando su representatividad.

De acuerdo con la Asamblea Extraordinaria de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, realizada el 11 de septiembre de 2001, considera de vital importancia la democracia representativa, basada en los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas; basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Así la Carta Democrática Interamericana, mencionó el derecho de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos.

El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán; los estados pueden y tienen que establecer e impulsar la participación política, y éstos deben ser razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa en donde se garantice la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo.

Así en el artículo 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y para hacer efectivo ese derecho al que deben de tener acceso, entre otros, elegir y ser elegidos.

En este último aspecto, si bien la representación democrática en México mantiene todas las condicionantes anteriormente mencionadas en los diferentes ordenamientos internacionales, toda vez que contamos con representantes que vigilan y formulan leyes en beneficio de la ciudadanía en general, los grupos indígenas deberían tener representantes que a su vez trabajen en la modificación de algunos ordenamientos jurídicos claves para la inserción en el reconocimiento de los derechos de los indígenas, así como acciones afirmativas en donde participen activamente y su voz sea escuchada para implementar mejoras reales en sus comunidades.

Adicionalmente en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, de derechos y oportunidades, así como participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

El análisis expuesto anteriormente y fundamentado en los diferentes tratados internacionales de los que México es parte, nos revela que es necesario e impostergable que nuestro país impulse la participación de los pueblos indígenas y afromexicanos, con acciones afirmativas donde puedan ejercer sus derechos al ser partícipes activos en la toma de decisiones en nuestro país, esto se puede lograr al impulsar las reformar necesarias que permitan su inclusión, es inexcusable promover su inserción en la toma de decisiones que afectan directamente su forma de vida, que si bien ha avanzado a lo largo de las décadas, lo ha hecho de forma limitada, lenta y pausada.

Por ello, presento a esta soberanía la modificación al artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando impulsar una democracia real y efectiva que permita minimizar la heterogeneidad que divide a los mexicanos, rezagando a los pueblos indígenas y afromexicanos, que han sido considerados en reiteradas veces mexicanos de segunda, luego entonces el objetivo de la presente iniciativa es la de igualar las oportunidades a través de un ejercicio pleno de la democracia, donde los diputados que conforman nuestro Congreso, sean constituidos con una participación proporcional de la población indígena que habita nuestro país, con base en datos que proporcione el Censo Nacional de Población, con el fin de que su representación sea plena, tratando de saldar la deuda histórica existente con los pueblos indígenas y afromexicanos, donde ahora se les permita en relación a su representatividad ser incluidos en las decisiones de gobierno.

Con la presente reforma se pretende garantizar los espacios en las curules que serán destinadas a ocupar las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país; considerando que una verdadera democracia se crea a partir de la participación de todos los ciudadanos que conformamos esta gran nación.

Son las comunidades indígenas y afromexicanas que conocen en carne propia sus demandas sus necesidades más apremiantes y los mecanismos que los ayudan a crear un verdadero consenso que les ayude a resolver sus problemáticas y mejorar sus condiciones en donde logren sus consensos.

Este tema en esta 4 Transformación emitió el Instituto Nacional Electoral en 2020 la importancia de incluir a las comunidades indígenas en las planillas respetando sus derechos políticos y sociales basadas en el acuerdo sentencia del TEPJF. En fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los expedientes SUP-RAP-121/2020 y acumulados cual modificó el Acuerdo INE/CG572/2020 a efecto de que este Consejo General determine los veintiún distritos en los que deberán postularse candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, según la acción afirmativa indígena.

Por lo anterior antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 52. ...

En ambos principios sin excepcionalidad, se considerará la participación de hombres y mujeres pertenecientes a pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos; basado en el Censo General de Población que será el porcentaje de representación de las curules.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://michaelcantero.wordpress.com/2012/04/12/importancia-y-valor-de-los-grup os-indigenas/

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/Programa-Nacional-de-los- Pueblos-Indigenas-2018-2024.pdf. Pag.4

3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/ DISCRIMINAC_NAL.pdf

4 https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

5 https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/Documento s/Derechos-politicos.pdf

6 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha=27/01/2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2023.– Diputada y diputado: Blanca Carolina Pérez Gutiérrez, Leobardo Alcántara Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Antolín Guerrero Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la siguiente

En México, con una gran riqueza cultural, hay 16 millones 933 mil 283 indígenas, quienes representan 15.1 por ciento de la población. Aunque hay en la actualidad un trabajo y una lucha por los pueblos indígenas, el país se sigue enfrentando a numerosos desafíos.

Existe 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, que juntas reúnen 364 variantes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elaboró el censo 2020, en el cual el 6.1% de la población nacional de tres años de edad en adelante, se registró como hablante de alguna lengua indígena, lo que representa alrededor de 7.36 millones de personas.

En 2010, año del Censo, el mismo sector de población registrada fue de 6.6 por ciento. Incluso, el Censo 2020 indicó que en México habitan 11.8 millones de personas en hogares indígenas: 5.7 millones hombres y 6.1 millones mujeres.

En cuanto a los idiomas originarios, el náhuatl continúa siendo el más hablado, con 22.5 por ciento de los hablantes de una lengua indígena, representado por 1.65 millones de personas; sigue el maya, con 774 mil hablantes (10.6).

Igualmente, 2.0 por ciento de la población nacional indicó pertenecer a un pueblo afrodescendiente. De esa proporción, 7.4 por ciento confirmó hablar una lengua indígena. Sin embargo, los problemas de subregistro de población indígena se agravaron por la temprana suspensión de recolección de datos del censo, debido a la pandemia de Covid-19. Por ello, fuera de los datos censales, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indica que 25 millones de personas se identificaron como pertenecientes a un pueblo indígena.

Los pueblos indígenas son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados.

La tierra en que viven y los recursos naturales de los que dependen están inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual, constantemente requiere estar representado por sus líderes y organizaciones tradicionales, que son distintas o están separadas de aquellas de la sociedad o cultura dominante.

Numerosos pueblos indígenas aún mantienen un idioma distinto del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en que residen; sin embargo, también muchos han perdido sus lenguas nativas o están al borde de la extinción debido al desalojo de sus tierras y a la reubicación en otros territorios, hoy en día se hablan más de 4 mil lenguas de pueblos indígenas en el mundo, aunque en realidad la mitad de las lenguas del mundo se puede extinguir.

Por tal motivo es importante que siga la protección y cuidar las tradiciones, costumbres y riquezas de los pueblos indígenas y afromexicanos, derivado que existe la “Declaración de los Pueblos Indígenas” fue aprobada por mayoría de la Asamblea General, en Nueva York, el 13 de septiembre de 2007, por 144 votos a favor, 4 votos en contra y 11 abstenciones.

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de su Cuarta Visitaduría General, especializada en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas de México, es una obligación primordial contribuir a la difusión de este instrumento, con el objetivo de que al llegar a la mayor cantidad posible de mexicanos y mexicanas se difunda el conocimiento de los derechos de los integrantes de la diversidad de la nación pluricultural mexicana.

La declaración, cuya elaboración ocupó dos décadas de negociaciones, beneficia a más de 370 millones de personas en el orbe, es de especial importancia porque responde a demandas históricas fundamentales de las comunidades autóctonas del mundo, entre ellas: el derecho a la autonomía o autogobierno en los temas relacionados con sus asuntos internos y locales, al control del manejo de sus tierras y recursos naturales, a la consulta informada sobre las acciones de los gobiernos que afecten directamente a estos pueblos y a la preservación de su cultura y tradiciones.

Si bien ante la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas existe la protección como autoridad ante los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en su ley menciona a la letra lo siguiente:

... Artículo 27.El Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en adelante Mecanismo, es la instancia de formulación y coordinación de las políticas públicas transversales para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como de su desarrollo integral, intercultural y sostenible. Tendrá por objeto proponer, definir y supervisar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y acciones institucionales e interinstitucionales, con pertinencia social, económica, cultural y lingüística...

Con ello, la interpretación a ley como autoridad responsable la Institución en cuidar de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para la coordinación de las políticas públicas en donde la propuesta del decreto es continuar con las lenguas indígenas, tradiciones, usos y costumbres.

En la necesidad de reformar en su artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preservar el parentesco consanguíneo, con la intención de ampliar el número de indígenas y afromexicanos, no sólo por el hecho de saber y conocer de las tradiciones o lenguas y poder pertenecer a una de ellas, deberán contar con el parentesco consanguíneo de primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado, lo cual debe ser precisado en la ley.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son los que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, se establece que debe existir el parentesco consanguíneo en primer, segundo, tercer y cuarto grado.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena las que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo los que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desa-rrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Inegi, Censo de Población y Vivienda de 2020. México, Inegi, 2021. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Cens o2020_Principales_resultados_EUM.pdf

2 “En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: Inali”. Inali, 8 de febrero de 2019. Disponible en

https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50. html

3 https://www.iwgia.org/es/mexico/4149-mi-2021-mexico.html

4 https://www.un.org/es/events/indigenousday/pdf/indigenousdeclaration_faqs.pdf

5 https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

7 Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2023.– Diputados: Antolín Guerrero Márquez, Salvador Caro Cabrera, Leobardo Alcántara Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 7o. y 10 de Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, suscrita por la diputada Laura Patricia Contreras Duarte y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Laura Patricia Contreras Duarte, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 7 y un párrafo al artículo 10 de Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, al tenor de la siguiente

El tema del cáncer en niñas, niños y adolescentes es un tema de suma importancia ya que el cáncer es un grupo de enfermedades relacionadas. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo comienzan a dividirse sin detenerse, extendiéndose a los tejidos cercanos.

En general, se forman nuevas células a medida que se necesitan, reemplazando las células viejas que mueren. A veces, este proceso no resulta como se espera pues se forman nuevas células cuando no las necesita, y las células viejas no mueren cuando deberían, en consecuencia, las células adicionales pueden formar un tumor.

Los tumores pueden ser benignos o malignos, los tumores benignos no son cancerosos mientras que los tumores malignos son cáncer; las células cancerosas pueden invadir tejidos cercanos y también pueden separarse y extenderse a otras partes del cuerpo.

Estudios revelan que los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero hay diferencias ya que el cáncer infantil puede ocurrir repentinamente sin síntomas tempranos. Frecuentemente y algunos tipos se pueden curar.

En muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores de 1 año, el cáncer infantil más común es la leucemia y algunos de los otros tipos comunes de cáncer en niños incluyen tumores cerebrales, linfoma y blando. Afortunadamente en los últimos años se han registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil y un claro ejemplo de esto es en la leucemia aguda, una enfermedad que hasta hace 30 años es considerada inevitable ya que en la actualidad está siendo el tipo de cáncer más frecuente y que cuenta con una sobrevida de 5 años superior al 70 por ciento de la población con este tipo de cáncer, lo que implica que la mayoría de los pacientes puedan curarse definitivamente.

En este sentido también se han logrado progresos similares en el tratamiento de los tumores sólidos ya que desde que se utilizan de forma combinada métodos de radioterapia, cirugía y quimioterapia se ha incrementado de forma significativa la supervivencia a largo plazo en tumores infantiles. Ya que los niños son muy diferentes a las personas adultas, es importante tomar distintas acciones cuando se detecte cualquier signo o síntoma diferente de lo normal. En resumen, aunque el cáncer pediátrico no es prevenible el objeto de lograr una detección temprana es fundamental y es logrado por los profesionales de la salud porque hacen una historia clínica meticulosa y un buen examen médico.

Por tal razón existen datos claves en el tema del cáncer los cuales son los siguientes:

• El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo ya que cada año se diagnostica una cifra de 280,000 mil niños de entre 0 a 19 años con cáncer.

• En América Latina y el Caribe se estima que al menos 29,000 mil niñas, niños y adolescentes menores de 19 años resultan afectados por el cáncer anualmente, de ellos cerca de 10,00 fallecen a causa de esta enfermedad.

• El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores distintos ya que se desarrollan en este grupo de población y entre estos los más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como lo son el neuroblastoma y el tumor de Wilms.

• Las defunciones evitables debidas a los canceres infantiles en los países de ingresos medianos y bajos se producen a consecuencia de la falta de diagnóstico, diagnósticos incorrectos o tardíos, las dificultades para acceder a la atención sanitaria o el abandono del tratamiento.

Causas del cáncer en los niños

A diferencia de lo que ocurre en el cáncer en adultos, se desconocen las causas de la inmensa mayoría de los casos de cáncer infantil y en este caso se han realizado muchos estudios para tratar de determinarlo ya que a esas edades hay muy pocos cánceres causados por factores ambientales o ligados al modo de vida ya que las medidas de prevención del cáncer en los niños deben centrarse en los comportamientos que impedirán que más adelante, cuando sean adultos sufran cánceres prevenibles.

Algunas infecciones crónicas, como el VIH, el virus de Epstein-Barr o el parásito del paludismo, constituyen factores de riesgo de cáncer infantil por lo que estos factores tienen especial relevancia en los países de ingresos bajos o medianos. Existen otras infecciones que pueden elevar la probabilidad de que los niños padezcan cáncer en la edad adulta, por lo que es importante vacunarlos, por ejemplo, contra la hepatitis B para prevenir el cáncer hepático y contra el virus del papiloma humano para prevenir el cáncer cervicouterino.

En este aspecto, el aplicar otras medidas como la detección precoz o el tratamiento de infecciones crónicas que pueden desembocar en cáncer se desprende de los datos revelados ya que alrededor de un 10% de los niños que padecen cáncer tienen una predisposición de carácter genético y por ello se realizan investigaciones más a fondo para conocer los factores que influyen en la aparición de cáncer en los niños.

Tipos de cánceres

Leucemia

La leucemia es un tipo de cáncer en la sangre que se encuentra normalmente en los huesos donde se forman distintas células sanguíneas y esto ocasiona que con frecuencia la leucemia se pueda describir de distintas formas como lo puede ser de manera aguda o crónica lo que consiste en que la aguda trata de un crecimiento rápido mientras la crónica tiene un crecimiento lento y en estos casos cuando la leucemia se manifiesta suelen aumentar significativamente los glóbulos blancos que son los encargados de combatir las distintas infecciones que se pueden presentar en el cuerpo humano.

Linfoma

Es un cáncer que se manifiesta en las células del sistema inmunitario y los dos principales linfomas son el linfoma de Hodgkin y el segundo de ellos es el linfoma no Hodgkin, el primero tiene cura mientras que el segundo de ellos depende del tipo específico de la enfermedad, como tal no existe causa alguna de la aparición de este tipo de cáncer, se manifiesta cuando existe un crecimiento de uno o varios grupos de ganglios en el cuello, en las axilas o en las ingles y, en muchas ocasiones, vienen acompañados con una pérdida notoria de peso, sudoración excesiva y fiebre frecuente.

Tumores cerebrales

Los tumores cerebrales son una masa o bulto de células, este tipo de tumores puede variar de distintas medidas y en este sentido, el tumor cerebral puede afectar de manera muy considerable el funcionamiento del sistema nervioso de las personas y sus principales síntomas son dolor de cabeza o migraña, náuseas, vomito, dificultad para ingerir alimentos así como daños notables en la vista.    

Rabdomiosarcoma

El rabdomiosarcoma es un cáncer que se da por el crecimiento anormal de células musculares inmaduras y que se forma principalmente en tejidos blandos específicamente en el tejido muscular del esqueleto, puede manifestarse a cualquier edad y las principales zonas del cuerpo donde se manifiesta son en la zona de cabeza, cuello, en la vejiga y también en brazos y piernas, las causas de este tipo de cáncer se desconocen.

Neuroblastoma

El neuroblastoma es una enfermedad en la que se forman células malignas cancerosas y sus apariciones son más frecuentes en glándulas suprarrenales y alrededor de ellas las cuales tienen orígenes similares y en algunos casos algunas formas de neuroblastomas desaparecen por sí solas mientras que otras requieren de varios tratamientos para su desaparición y las principales causas del presente tumor se desconocen ya que expertos hacen mención que se cree que hay un defecto en los genes que puede ser parte del problema y también se hace mención que la mitad de este tumor está presente desde el nacimiento de la persona.

Neuroblastoma (tumor de Wilms)

Este es un tipo de cáncer de riñón, por lo general el tumor de Wilms se manifiesta en niños de la edad de 5 años, pero en otras ocasiones también puede llegar a afectar a niños mayores y en muy raros casos a adultos mayores, sus principales síntomas son la manifestación de dolores abdominales, fiebre, anorexia, náuseas y vómito. Este es uno de los principales canceres que tienen cura gracias al empleo de quimioterapias o técnica quirúrgica.

Cáncer de tiroides

El cáncer de tiroides es aquel que se encuentra dentro de las glándulas tiroides y en muchas de las ocasiones este tipo de cáncer no produce ningún síntoma al principio, pero después de un cierto tiempo es cuando ya se empieza a manifestarse por lo cual los primeros síntomas se ven reflejados por un bulto o nódulo, que posiblemente puede ser asintomático en la cara anterior del cuello, sobre la garganta y este tipo de canceres hay indicios que esta al alza.  

Cáncer de huesos

Este tipo de cáncer es un cáncer que es poco común y este cáncer se da en las células de los huesos y este ocurre cuando las células empiezan a crecer y el principal de los signos que presenta es cuando se tiene un intenso dolor de huesos que este es un dolor muy constante y este tipo de dolores es más constante en las noches ya que las personas están descansando por lo cual este tipo de cáncer puede provocar una hinchazón que esta no se produce al instante si no al trascurrir de las semanas y cuando existe este tipo de cáncer la persona cuando sufre algún tipo de fractura en donde se encuentra el tumor manifiesta un dolor muy intenso y repetitivo en la zona.

Tratamiento

En este aspecto, es fundamental el contar con un diagnóstico correcto para poder prescribir un tratamiento adecuado para el tipo de cáncer y su grado de extensión por lo que los tratamientos habituales como lo son las quimioterapias, la cirugía y la radioterapia son los principales tratamientos que existen para el cáncer. La quimioterapia es un tratamiento en donde se utilizan medicamentos potentes y este tipo de medicamentos sirven para eliminar todas las células cancerígenas mientras que otro de los tratamientos es la radioterapia la cual consiste en un tratamiento en el que se utilizan altas dosis de radiación, este tipo de radiaciones sirven para destruir células cancerosas y así reducir tumores, otro de los principales es la cirugía la cual juega un papel importante ya que es de suma importancia para su diagnóstico y atención y tratamiento en canceres que se detectan a tiempo.

No obstante, cabe hacer mención que la cura del cáncer infantil es posible ya que el 80% de los casos de los niños que presentan este tipo de enfermedad se cura ya que cuando el niño recibe atención oncológica y es aquella atención de calidad para pacientes que padecen de esta enfermedad es por esta razón y por la gran atención que se les da y la procuración del tratamiento por que llegan a curarse, sin demeritar el gran esfuerzo que realizan los médicos así como la incansable lucha que hacen los familiares así como también la persona que lo padece.  

Diagnóstico a tiempo del cáncer

El diagnóstico del cáncer es de suma importancia ya que cuando es detectado en una fase temprana, es más probable a que la persona que lo padezca pueda encontrar una cura, es por ello la importancia de su detección oportuna ya que desde que se sabe de dicha enfermedad se debe de atender de manera inmediata para que se puedan aplicar los tratamientos necesarios ya que estos ayuda a que el metabolismo del cuerpo humano de la persona responda de manera inmediata al tratamiento por lo que eso eleva las probabilidades de que se pueda superar la enfermedad y que todo el esfuerzo realizado por los doctores, los padres de familia y los niños que lo padecen se vean recompensados con su cura.

Cuidados paliativos

Este tipo de cuidados consiste principalmente en la atención del cáncer ya que con esto lo que se pretende es el ofrecer una mejor calidad de vida de todas aquellas personas que llegan a sufrir una enfermedad que llegue a poner en peligro su vida, en este sentido este tipo de cuidados tiene como objetivo principal el evitar o tratar los síntomas de la enfermedad lo antes posible además de tratar cualquier problema y por lo cual los niños reciben los cuidados paliativos en distintos lugares los cuales pueden ser hospitales o clínicas.

En este sentido, se pueden realizar distintos programas de cuidados paliativos que se dispensen fuera de los centros de salud, así como también a domicilio para así proporcionar el apoyo psicosocial a los pacientes y familiares.

Dónde reciben el tratamiento los niños que tienen cáncer

Las niñas, niños y adolescentes con cáncer suelen recibir tratamiento en un centro oncológico infantil, que es un hospital, o una unidad dentro de un hospital, que se especializa en el diagnóstico y el tratamiento de pacientes hasta los 20 años de edad en este sentido los profesionales en la salud cuentan con experiencia basta para proporcionar una atención adecuada y completa a las niñas, niños y adolescentes con cáncer.

En este aspecto, los centros oncológicos infantiles también cuentan con la facultad de participar en estudios clínicos para la mejora en la supervivencia de niños con cáncer ya que en los últimos 50 años fueron posibles gracias a los avances en los tratamientos evaluados en los estudios clínicos y cuya eficacia se comprobó.

La instituciones educativas en temas de niños niñas y adolescentes con cáncer

Las instituciones educativas juegan un papel de suma importancia ya que la comprensión de las autoridades educativas ante grave situación como lo es el cáncer infantil es de suma relevancia ya que muchas escuelas ante esta grave situación no muestran el apoyo necesario a sus alumnos, así como también a los padres de familia ya que cuando algún niño sufre de esta enfermedad no les proporcionan el apoyo en el sentido de facilitar todas las herramientas necesarias para que el alumno pueda salir o pueda no asistir a las instalaciones de la institución por el motivo de que recibirá su tratamiento, es por ello esta grave problemática que se vive en la actualidad ya que el apoyo de todas las partes es fundamental para la reincorporación de los alumnos a sus clases de manera cotidiana y así mismo que no exista ningún tipo de discriminación hacia su ellos.

Reincorporación de niñas, niños y adolescentes a la escuela

El regreso de las niñas, niños y adolescente a las instituciones educativas es uno de los momentos más difíciles y en estos casos se debe ir viendo cómo se sienten los menores por la cuestión de que es iniciar de nuevo para ellos una nueva etapa de su vida y el temor que tienen por la reacción que tal vez tengan sus compañeros de escuela al saber de la enfermedad que algunos de sus compañeritos padecen o padecieron, es por ello, de suma importancia que sin importar la edad de los niños los padres de familia puedan platicar de estos temas con sus hijos para que ellos tengan un conocimiento basto sobre el tema y que cuando sus compañeros retomen de nuevos sus actividades escolares no exista algún tipo de discriminación hacia ellos y esto provoque el sufrimiento y por tal motivo no quieran retomar de nuevo sus actividades.

Lo que las escuelas deben de saber sobre el tema del cáncer en niñas, niños y adolescentes

Es fundamental que el personal docente, directivos, personal médico, (si es que lo hay) se puedan reunir para informarse sobre la importancia que tiene el tema ya que puede ser de mucha utilidad para que todos tengan un conocimiento más amplio y cuáles pueden ser sus pros y sus contras y qué esperar de esta enfermedad.

Si bien los profesionales contra el cáncer estarán involucrados en encontrar la mejor solución a esta grave enfermedad para así salvaguardar la integridad del menor y poder curarlo y es por este motivo la importancia de que tanto las autoridades educativas como los maestros deben de involucrarse a fondo sobre el tema en general y así puedan comprender dicha enfermedad y la gravedad que tiene.

Cómo pueden ayudar las instituciones educativas

• Que el maestro más cercano debe intentar averiguar sobre el tratamiento que les permitirá ser más eficaces a la hora de querer comprender lo que le está pasando con los alumnos y cómo ayudarlos para que en este sentido no se sienta que se encuentra solo en la escuela.

• Si los maestros se dan cuenta de que los alumnos tienen conceptos erróneos sobre la enfermedad, debe aclarárselos y contactar a especialistas sobre el tema para que se aseguren, en la medida de los posible, de que estén mejor informados.

 • La posibilidad de que los alumnos cuenten con todo el apoyo necesario en el aspecto del regreso a sus actividades escolares para que se sientan seguros y no tengan ningún temor de recibir algún tipo de discriminación por parte de sus compañeros.

Por lo anterior, propongo adicionar una fracción VIII al artículo 7 y así mismo un párrafo al artículo 10 de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia para efecto de recibir el apoyo por parte de estudiantes, docentes y directivos con el fin de que de que los alumnos que hayan sufrido esta enfermedad puedan regresar a sus clases con normalidad sin recibir ningún tipo de discriminación alguna y así contribuir a una educación inclusiva.

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 7 y se recorre la subsecuente y un párrafo al artículo 10 de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia

Artículo Único. - Se adiciona una fracción VIII al artículo 7 y se recorre la subsecuente y un párrafo al artículo 10 de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Son derechos de las personas a que se refiere el artículo anterior, entre otros:

I. a VII. ...

VIII. Recibir el apoyo de los estudiantes, docentes y directivos del plantel educativo al que asista para su reintegración escolar a fin de lograr una adecuada educación inclusiva.

IX. Recibir cuidados paliativos cuando sea necesario.

Artículo 10.-  ...

La Secretaría de Educación Pública establecerá lineamientos para que las autoridades educativas cuenten con elementos para orientar, capacitar y apoyar a estudiantes, docentes y directivos de escuelas, públicas y privadas, a fin de evitar la discriminación por motivos de salud y lograr una educación inclusiva en favor de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá emitir los lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este decreto, en un plazo no mayor a noventa días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2023.– Diputadas: Laura Patricia Contreras Duarte, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 estableció la obligatoriedad del Estado Mexicano de garantizar todos los derechos a las y los ciudadanos, desde el principio de máxima protección y de progresividad. Ello significa que, en México, los derechos no pueden restringirse, sino que, por el contrario, únicamente deben ser ampliados; atendiendo a los estándares internacionales.

Esto significó un cambio de paradigma en la conformación del Estado, pues, ante todo, el gobierno tiene la obligación de promover y garantizar la efectiva protección de los derechos de todas las personas. Así, entre los derechos que deben ser atendidos y garantizados desde un marco de máxima protección se encuentra el del derecho a la salud, el cual se encuentra previsto en el artículo 4 de la Constitución, párrafo tercero que a la letra refiere:

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Este derecho, considerado uno de los ejes fundamentales del Estado de bienestar, implica una serie de obligaciones para el Estado, entre las que se encuentra, la posibilidad de contar con un servicio de salud accesible, oportuno, aceptable, asequible y con atención de calidad. Se trata de garantizar el bienestar de las personas a través de la conformación de servicios que permitan atender de manera integral y gratuita las necesidades fundamentales de todos los ciudadanos.

Con base en tales principios, el Seguro Social actualmente atiende a 11.6 millones de beneficiarios, los cuales, tienen derecho a la atención médica. En este sentido, si bien es cierto que se han generado esfuerzos importantes por atender la salud física de las personas, lo cierto es que México sigue estando muy rezagado en materia de salud mental. Según datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, actualmente, cerca del 30 por ciento de la población nacional se encuentra afectado por trastornos mentales; sin embargo, apenas una de cada cinco recibe tratamiento. Esto es porque existen diversos prejuicios que dificultan su efectiva atención.

Así, al abordar las causas de la deficiencia en materia de salud, tenemos que atravesar por rubros que nos hablan de barreras y discriminaciones. El entorno económico del individuo, la exposición a la violencia y hasta la situación migratoria impactan de manera directa en su estado de salud. Y no sólo eso, sino que también es necesario establecer una policía pública que permita señalar a la salud mental como una necesidad en el marco de la salud en México, “del presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2 por ciento a la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que se invierta entre el 5 y el 10 por ciento. Además, el 80 por ciento del gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación”.

Diversos instrumentos internacionales como la declaración de Caracas, La Declaración de Madrid y los Principio Básicos para la Atención de la Salud Mental nos definen el concepto. En México el Artículo 72 de la Ley General de Salud se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Cuando se padece una enfermedad de salud mental, es crucial saber que hay alguien que te puede ayudar y claro tener un sistema sostenido que provea de medicamentos, ayuda terapéutica para que los efectos del tratamiento prescrito sean eficaces. El mundo es desigual cuando no se cuenta con ello.

En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, por su condición de etapa formativa, se debe procurar por todos los medios disponibles aminorar los factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial en la edad adulta.

Entre el 10 y 20 por ciento de los jóvenes en el mundo, el monstruo de la depresión y el suicidio los persigue; en México, según el Inegi, el suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años y también en el bloque de 15 a 24 años y ello es motivo bastante, para que los tomadores de decisiones nos volquemos hacia su prevención.

Nuestros compañeros de la Legislatura LXIV, en febrero de este mismo año, realizaron un trabajo fuerte en torno al tema de salud mental, que incluye parlamento abierto con expertos y usuarios de los servicios de salud de alta especialidad; sin embargo, al final la bancada del presidente hizo lo que con todos los asuntos que se llevaron a parlamento abierto: oídos sordos; y terminaron aprobando solos, un dictamen que deja derrotada la idea de tener un sistema de nacional para procurar la salud mental de los mexicanos, porque va contra los derechos humanos y porque no asigna un solo peso para su operación.

Sin embargo, retomando la idea que dio origen a la reforma arriba planteada, es que nos permitimos proponer elevar a rango constitucional la creación del Sistema de Salud para el Bienestar Mental y establecer la obligación anual de proporcionar recursos económicos suficientes para su implementación, operación y mejora constante.

Al desarrollo de esta iniciativa, estamos pensando en un sistema de salud mental que apoye a principalmente a las familias que lidian día a día con problemas tan graves como estos:

• Trastornos mentales agudos o crónicos agudizados;

• Enfermedad psiquiátrica severa, con riesgo de daño a sí mismas o a otras personas;

• Trastornos del comportamiento como de conducta, emocionales y psicóticos agudos, sin abuso ni dependencia a sustancias adictivas y;

• Patología dual, es decir, que tienen un trastorno mental y uno del comportamiento (conductual, emocional y/o psicótico agudo), además de que presentan abuso o dependencia a sustancias adictivas.

Cuando hablamos de salud mental, no hay ninguna enfermedad fácil. Actualmente, en nuestro país, solo existe un hospital psiquiátrico especializado en la atención a niñas, niños y adolescentes, Hospital Psiquiátrico Infantil Doctor Juan N. Navarro, en Ciudad de México; ¿Es eso suficiente?

Los números son claros, hasta antes de la pandemia, en la región de las Américas entre el 19 y el 24 por ciento de la población adulta sufría algún trastorno mental, en México el 6.4 por ciento de la población padecía depresión, lo que la hace la enfermedad mental más común entre los mexicanos; todos estos datos se multiplicaron frente a la zozobra del covid-19.

Independientemente de los números, ¿Necesitamos un Sistema específico para el cuidado de la Salud Mental que asegure el acceso a servicios y medicamentos apropiados? Un día al cuidado de un adolescente con tendencias suicidas, un día en la contención de un niño con trastorno oposicionista de- safiante, un día en el seno de una familia con padres determinados a las sustancias adictivas, un día al resguardo de un abuelo con demencia, un solo día al cuidado de un adulto joven con esquizofrenia; ¿Qué tal, ser tú mismo quién lo padezca? Busquen ahí, y encontraran la respuesta.

Una vez expuestas las múltiples razones que sustentan nuestra propuesta, es que determinados que sea nuestro artículo 4o. Constitucional el que ampare en su contenido la especificación de un Sistema de Salud Mental que, siendo distinto al sistema de salud tradicional, sea una herramienta que ayude al estado mexicano a garantizar el pleno goce de este derecho fundamental para el ser humano.

Los invito a que seamos valientes y aceptemos que nuestros adultos jóvenes, adolescentes y niños están dando, nos guste o no, una batalla contra las enfermedades mentales y sus causas. Apoyémoslos.

Por lo que todo ello armonizado, se propone la siguiente modificación al Texto Constitucional:

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el cuarto párrafo del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

..

...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un Sistema de Salud Física y un Sistema de Salud Mental para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El honorable Congreso de la Unión, tiene un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto a fin de que emita las modificaciones legales que permitan materializar lo aquí ordenado.

Tercero. El Ejecutivo federal tiene un plazo de hasta 180 días para que emita las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo ordenado por el presente decreto.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán ser contemplados y actualizados anualmente agregándolos al presupuesto autorizado de los ejecutores del gasto correspondientes.

Notas

1 http://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/ INCYTU_18-007.pdf

2 OMS, Salud Mental del Adolescente. Disponible para su consulta en la dirección electrónica:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-m ental-health

3 Inegi, Características de las defunciones registradas en 2020. Disponible para su consulta en la siguiente dirección electrónica:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf

4 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Votaciones, 17 de febrero del 2021. Disponible para su consulta en el siguiente enlace:

http://gaceta.diputados.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de marzo de 2023.– Diputadas y diputados: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Leobardo Alcántara Martínez, Mariela López Sosa, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Olga Luz Espinosa Morales, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 64 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Steve Esteban del Razo Montiel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción III al artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de fórmulas lácteas, al tenor de la siguiente

La presente iniciativa tiene como objetivo garantizar el sano desarrollo de la niña o niño en su etapa de lactante, sobre todo a los que tienen características de salud especiales que los hacen doblemente vulnerables y a los cuales tenemos la obligación de garantizar lo más básico indispensable que es la alimentación.

Esta iniciativa responde a la inquietud en torno al tema que en su momento la Ex Senadora Lorena Cuellar Cisneros presento el jueves 30 de abril de 2015 y que se publicó en la Gaceta: LXII/3SPO-134/54599, la cual no encontró eco, sin embargo, derivado a que es un tema sumamente sensible decidí retomarlo por el compromiso social que tenemos como legisladores con la niñez mexicana.

Con base en lo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable es la lactancia materna. La lactancia materna y amamantamiento, incentivando que sea el alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, se encuentra ya contemplado en el artículo 64, fracción II, de la Ley General de salud, al igual que la ayuda alimentaria directa, la instalación de lactarios en los centros de trabajo tanto públicos como privados.

La leche materna no sólo es símbolo de un desarrollo y crecimiento saludable, sino también es el vínculo de confianza, protección y psicoemocional que se le brinda a temprana edad al recién nacido, ayudando a superar el trauma posparto del neonato.

Si bien la mayoría de los recién nacidos puede recibir la lactancia de forma adecuada, también es cierto que existen ciertas circunstancias que impiden este proceso natural, tal es el caso de los niños prematuros o con insuficiencia ponderal al nacer, circunstancias patológicas como madres infectadas con VIH, aspectos económico- sociales que presentan algunas mujeres que por desnutrición lejos de nutrir están afectando no solo su salud, sino la del lactante, madres prematuras, madres con discapacidad física o mental, casos de problemas por alcohol o drogas, privación de la libertad, son circunstancias que impiden la lactancia materna y en dichos casos debemos de intervenir para garantizar la alimentación del neonato.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición informa que sólo 28.6 por ciento de los menores de 6 meses recibe lactancia materna exclusiva, 42.9 de los menores de 1 año consumen fórmula infantil y cerca de 30 por ciento de los de entre 6 y 11 meses no consumen una diversidad de alimentos adecuada para su edad y requerimientos nutrimentales.

Como podemos observar el consumo de fórmulas lácteas es muy alto, lo cual ha motivado quizá a que su mercado represente un gran ingreso para las diferentes industrias productoras por su alto consumo, aun con la amplia gama de marcas, que van desde leches adicionadas con vitaminas y/o minerales, leches a base de proteínas vegetales, leches para neonatos que sufren alergias y que son elaboradas con base de soya, otras especiales para prematuros, algunas fórmulas lácteas con menor cantidad de lactosa, otras sin lactosa, para lactantes con reflujo, otras muy especializadas para alergias a la caseína, para errores en el metabolismo, etc., al parecer los diferentes tipos de fórmulas han sido bien identificados por la industria farmacéutica y de fórmulas lácteas, toda vez que tienen en su catálogo de productos, una solución para cada problema de salud relacionado con la nutrición y enfermedades de los recién nacidos, lactantes e infantes.

Lamentablemente el costo de este tipo de fórmulas lácteas es muy elevado, de tal modo que los precios resultan muy difíciles de pagar para la mayoría de las personas y que oscilan en costos entre 435.50 y 725.50 pesos los 400 gramos, cantidad que en lactantes según los meses de edad dura de 3 a 8 días. Estos precios tan elevados generan una merma fuerte al gasto familiar y dejan en un estado de indefensión a los menores en etapa lactante con necesidades especiales derivadas de sus condiciones de salud.

Por ese motivo deben tomarse acciones que garanticen el acceso a los neonatos, lactantes e infantes con necesidades especiales en lactancia, para que puedan tener un acceso a una alimentación digna, que en muchos de los casos graves representa la diferencia entre la vida o la muerte y en todos los casos una merma en la nutrición y el sano desarrollo del menor en tema de salud.

En mérito de lo anterior, la presente iniciativa es prioritaria toda vez que el compromiso que tenemos con los menores en edades lactantes es un compromiso que nos involucra a todos los sectores de gobierno, pero sobre todo en este tema sensible se genera una necesidad imperiosa el garantizar el acceso a este tipo de productos derivado del carácter urgente de las necesidades especiales y específicas de este grupo población.

El apoyo a las familias que sufren la merma de la salud de un hijo, sabemos que no solo abarca necesidades alimentarias, sino también que se deben de cubrir honorarios y gastos médicos, de rehabilitación e incluso adaptación de espacios para cubrir las necesidades de salud del lactante, motivo por el cual al generar esta iniciativa uno de los objetivos primordiales es también desahogar el gasto que erogan las familias con este tipo de problemática pero sobre todo garantizar el acceso a los alimentos y al sano desarrollo del menor.

El proporcionar la información necesaria a los padres para saber, conocer y aplicar cada una de las recomendaciones de las necesidades que su hijo con características en tema de lactancia requiere, debe ser garantizado también por parte de las diferentes instituciones de salud pública, ya que esa es la única forma de garantizar que el menor lleve los cuidados en casa que requiere, además de fomentar los hábitos alimenticios que su condición física demanda.

Por ello es necesario trabajar en mecanismos que, de forma eficaz, accesible y asequible, garanticen el acceso de las fórmulas lácteas a los sectores más vulnerables de nuestra población.

Ley General de Salud

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Único. Se adiciona el párrafo segundo de la fracción III del artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán

I. a II Bis. ...

III. Mecanismos de acceso para que las niñas y los niños de sectores vulnerables que requieran fórmulas lácteas, por necesidades especiales de salud, así como el puntual suministro y atención especializada que el neonato, lactante e infante requiera en el tema de alimentación.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 28 de febrero de 2023.– Diputados y diputada: Steve Esteban del Razo Montiel, José Miguel de la Cruz Lima, Leobardo Alcántara Martínez, Olimpia Tamara Girón Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Paulo Gonzalo Martínez López, diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y modifica los artículos 2, fracción XIII, 4 Bis, 21, fracción XII, y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar al tenor de la siguiente

El derecho a la seguridad urbana y a la protección civil es un derecho humano fundamental que tiene como objetivo garantizar que todas las personas que viven en zonas urbanas puedan disfrutar de un entorno seguro y protegido. Este derecho se relaciona con la obligación de los Estados de proteger a sus ciudadanos y residentes de los peligros que puedan presentarse en las ciudades, ya sean naturales o causados por la acción humana.

En este sentido, la seguridad urbana se refiere a la prevención y control de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física, psicológica y emocional de las personas, como la delincuencia, la violencia, el tráfico de drogas y la explotación laboral, entre otros. La protección civil, por su parte, se enfoca en la prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres naturales, como terremotos, inundaciones, incendios, huracanes, entre otros.

El derecho a la seguridad urbana y a la protección civil está reconocido en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, lo que incluye la seguridad en el entorno urbano.

Para garantizar el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, los Estados deben adoptar medidas preventivas, como políticas públicas de seguridad ciudadana y planes de emergencia, así como promover la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la implementación de medidas de prevención y protección. También deben asegurarse de que los servicios de emergencia, como la policía, los bomberos y los equipos médicos, estén debidamente capacitados y equipados para actuar en caso de emergencias y desastres.

Además, los Estados deben garantizar que todas las personas tengan acceso a la información necesaria para estar preparados ante situaciones de emergencia y desastres, así como a servicios de apoyo y protección en caso de sufrir algún tipo de violencia o delito. También deben asegurarse de que los derechos de las personas afectadas por desastres naturales sean protegidos y respetados, en particular los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza.

En resumen, el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil es un derecho humano fundamental que tiene como objetivo garantizar que todas las personas que viven en zonas urbanas puedan disfrutar de un entorno seguro y protegido. Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas preventivas y de protección, promover la participación de la sociedad civil, garantizar el acceso a la información y servicios de apoyo, y proteger los derechos de las personas afectadas por desastres naturales.

De hecho el derecho a la seguridad urbana y a la protección civil en nuestro sistema jurídico mexicano adquirió una nueva dimensión a partir del establecimiento de aquel nuevo paradigma en materia de derechos humanos de junio de 2011 que, trasladado al caso concreto en palabras de Jesús Gabriel Flores Tapia se tradujo en “la obligación de la autoridad para desarrollar y aplicar políticas públicas encaminadas a garantizar la vida y la integridad de las personas, sus bienes y el medio ambiente, que son los bienes jurídicos protegidos por la protección civil”.

Hecho que no puede verse de manera aislada, sino que debe leerse en clave de una constitucionalización del derecho a la seguridad urbana y a la protección civil que por largo tiempo fueron relegados a un campo de la mera legalidad, en desmedro de su estudio con un enfoque constitucional que diera lugar a su plena eficacia en los textos constitucionales y así garantizar su salvaguarda como parte de la norma fundamental.

En este sentido, nuestro país como puede verse no fue ajeno a este proceso de constitucionalización, el cual debe ser entendido de acuerdo con Riccardo Guastini como aquel “proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales. Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales”.

Como muestra de este proceso de constitucionalización del derecho a la seguridad ciudadana y la protección civil cabe resaltar el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México que estableció lo siguiente:

 “Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

Dicho esto, puede verse que de este proceso de constitucionalización del derecho a la seguridad urbana y protección civil se desprende que toda persona tiene el derecho a contar con un entorno seguro que, en el caso de la obra pública se manifiesta en la tarea de las autoridades de atender aquellas fallas o accidentes en la infraestructura, lo cual en el ámbito de competencia del Poder Legislativo debe materializarse en la creación de leyes que garanticen una obra pública de calidad.

Ello como parte de una obligación que encuentra correspondencia en el artículo 134 de nuestra Constitución Federal que, de manera expresa señala lo que a continuación se transcribe:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

Es decir, generar un ambiente propicio para una obra pública de calidad es parte del catálogo de derechos previstos en nuestra Constitución que enlazados con el derecho a la seguridad urbana y la protección civil desembocan en un compromiso legislativo que tiene como ideal regulativo generar las condiciones para ciudades seguras.

Pero ¿qué significa en los hechos este entorno seguró Un entorno en donde la ciudadanía pueda transitar por caminos, puentes u otras vías de comunicación, hacer uso de recintos públicos como escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, etc.  sin temor de que se produzcan fallas en las estructuras de las obras públicas que pongan en peligro sus vidas.

Lo cual, necesariamente, pasa por un adecuado control en la gestión integral de riesgos, concepto que en nuestra legislación encuentra su raíz de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, fracción XXVIII, de la Ley General de Protección Civil que, en su parte sustantiva establece lo que a continuación se detalla:

“Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.”

Por ello, cuando se aplican esta clase de conceptos a la obra pública y, en especial a su legislación aplicable que es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se debe tomar en cuenta la necesidad de impulsar remedios legislativos que nos permitan pasar de una cultura reactiva a una cultura de la prevención basada en un enfoque proactivo.

En este sentido, esta iniciativa tiene como propósito darle una centralidad al control de calidad de los materiales y procedimientos constructivos empleados en la obra pública como un mecanismo que elimine los riesgos de posibles fallas en sus estructuras y, al mismo tiempo eleven su calidad.

Esto es que, en el corto, mediano y largo plazo se generen ahorros al Estado y en consecuencia, a la sociedad que reclama por mejores servicios, pero acompañando esta exigencia con la ejecución de recursos del estado en condiciones de eficiencia, eficacia y honradez.

Esto resulta crucial porque no dimensionar la inclusión del control de calidad dentro del costo total de la obra pública acompañando el costo directo e indirecto calculados de acuerdo a los tabuladores que se especifiquen en la normatividad aplicable, implica en la práctica que se le dé un rol secundario a un aspecto que no puede ser dejado de lado, ya que su debido cuidado y cumplimiento salva vidas humanas y de igual forma genera ahorros importantes para el Estado mexicano.

Más cuando la falta de un adecuado control de calidad de la obra pública en México ha sido una problemática recurrente en el país, que ha generado pérdidas económicas significativas. Si bien es difícil determinar con precisión el monto exacto de las pérdidas, diversos estudios han estimado que los costos asociados a la falta de control de calidad en la obra pública en México son muy elevados.

En primer lugar, la falta de control de calidad puede generar costos directos asociados a la necesidad de realizar reparaciones o retrabajos en la obra, lo que implica un aumento en los costos de construcción.  En este sentido, un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de 2017, estimó que los costos por obras mal construidas en México pueden llegar a representar hasta el 50 por ciento del costo total de la obra.

Además, la falta de control de calidad puede generar costos significativos, asociados a la necesidad de realizar mantenimiento y reparaciones de la obra en un futuro corto y más aún costos de operación y costos de oportunidad por no poder hacer uso de la infraestructura afectada. En este sentido, la falta de control de calidad puede generar daños en la estructura de la obra, que pueden requerir reparaciones costosas a largo plazo. Asimismo, una obra pública de mala calidad puede tener un impacto negativo en la economía local, ya que puede generar desconfianza y afectar la imagen y reputación del gobierno y las empresas constructoras.

En segundo lugar, la falta de control de calidad en la obra pública puede generar costos sociales y económicos significativos. En este sentido, una obra pública de mala calidad puede generar riesgos para la seguridad de las personas que la utilizan, lo que puede generar costos sociales en términos de pérdidas humanas o lesiones. Además, una obra pública de mala calidad puede afectar el desarrollo económico de la región, ya que puede generar desconfianza y afectar la inversión y el turismo.

En tercer lugar, la falta de control de calidad puede generar costos asociados a la corrupción y la falta de transparencia en la asignación de contratos de obra pública. En este sentido, la falta de control de calidad puede generar incentivos para que las empresas constructoras utilicen materiales de baja calidad o realicen obras de menor calidad, con el fin de maximizar sus ganancias. Además, la falta de control de calidad puede generar prácticas corruptas, como la asignación de contratos de obra pública a empresas amigas o a través de procesos poco transparentes, lo que puede generar costos económicos y sociales significativos.

En conclusión, el control de calidad es parte integral del valor económico de la obra, y no como un gasto implícito más en la administración del contratista, la falta de un adecuado control de calidad de la obra pública en México ha generado pérdidas económicas significativas.

Por ello, es necesario tomar medidas para mejorar la calidad de la obra pública y reducir los costos asociados a la falta de control de calidad. Estas medidas pueden incluir la implementación de procesos de control de calidad más rigurosos, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la asignación de contratos de obra pública, y la sanción de las prácticas corruptas y poco transparentes.

Siguiendo esta línea argumentativa las afectaciones al erario por la falta de implementación de un adecuado control de calidad en las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, tienen una referencia obligada en el informe de la Auditoría Superior de la Federación ASF en el período 2011-2016 en donde se destaca que el país destina del 15.0 al 20.0 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación  para el desarrollo de los proyectos de inversión física, los cuales son generadores de desarrollo económico y el medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno nacional, estatal o municipal referentes al acceso a los servicios básicos de salud, educación, agua potable y saneamiento, energía eléctrica y comunicaciones, señalando en el documento las siguientes cifras:

• Una afectación en el 17.4 por ciento de contratos del Presupuesto de Egresos lo que se traduce en alrededor de $203,654 millones de pesos -estimado promedio- anualmente al erario federal en fallas por ejecución.

• Del 17.4 por ciento de contratos por fallas de ejecución el 12.5 por ciento de ellos -alrededor de $25,455 millones de pesos estimado promedio- en pérdidas al erario federal, corresponden por incumplimientos de especificaciones de construcción y normas de calidad de materiales y equipos.

Por esa razón, la presente iniciativa en un plano específico busca incorporar en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionado con las mismas, una nueva definición del concepto de control de calidad como parte de su inclusión a los costos totales (costo directo más costo indirecto más costo por control de calidad) siguiendo los parámetros basados en los tabuladores establecidos en la normatividad aplicable para su cálculo.

Esto, sin olvidar como elemento disruptivo la necesidad de que estas nuevas definiciones se incluyan como parte de un derecho a la seguridad urbana y la protección que engloba un derecho más amplio como la generación de ciudades seguras.

Para cumplir con este propósito se propone en esta iniciativa las siguientes adiciones y modificaciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en los siguientes términos:

• La adición de una fracción XIII al artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en donde se define el control de calidad de la siguiente manera:

Artículo 2.

...

XIII. Control de calidad: conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto. Comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción se está ejecutando correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste será corregido.

• La adición de un artículo 4 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en donde se reconozcan los costos por control de calidad dentro del costo total, entre otros aspectos, teniendo como base objetiva los tabuladores previstos en la normatividad reglamentaria, tal como se propone a continuación:

“ Artículo 4 Bis. En todos los conceptos que integran la obra pública, en correspondencia con el derecho a una seguridad urbana y protección civil, se entenderá como costo total la sumatoria de los costos directos, los costos indirectos, los costos por control de calidad, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, los cuales se regularán en su cálculo de acuerdo con los tabuladores previstos en la normatividad reglamentaria que deriva de la presente ley.”

• La modificación de la fracción XII del artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en donde se especifica lo relativo a la supervisión, los costos directos, los costos indirectos, los costos por control de calidad, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, tal como a continuación se detalla:

Artículo 21.

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato donde se especifiquen lo relativo a:  la supervisión, los costos directos, los costos indirectos, los costos por control de calidad, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales; en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos y costo por el control de calidad.

• La adición de un último párrafo al artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en donde su redacción responde a la necesidad de evitar que el licitante al ganar una licitación, ya como contratista de la obra haga modificaciones en la plantilla del personal y los especialistas con los que realizará los trabajos respectivos.

De lo contrario, se atentaría contra el criterio de competencia y libre concurrencia, pues de no establecer una restricción expresa, en los hechos se abriría la puerta para que de manera preponderante y en desmedro del control de calidad el contratista opte por un precio más bajo de los servicios que puede ofrecer un especialista como el laboratorio de control de calidad que sin haber formado parte de la licitación, substituya a otro que sí cumplió con los requisitos de esta.

Recordando que la redacción que se propone tiene su base legal en los artículos 31, fracción XVI y XXIII, 38 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como en los dispositivos 24 y 29 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones.

Por esa razón se deben clausurar los incentivos para que el contratista modifique la plantilla de especialistas como el laboratorio de control de calidad en la obra sin autorización y sin previo aviso, lo cual de permitirse vulneraría el criterio de competencia y libre concurrencia, pues no existe una verificación de que el personal que el contratista pudiera llegar a presentar en remplazo de los especialistas con los que licitó, tenga no solo la experiencia técnica, sino siquiera la profesión compatible con los trabajos objeto del contrato.

Luego entonces como se puede observar esta propuesta de adición de un último párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas tiene como propósito elevar el control de calidad que se efectúa a las obras públicas que se construyen en nuestro país, tal como se desarrolla a continuación:

Artículo 53.

...

Los contratistas presentarán a las dependencias y entidades los especialistas y laboratorios de control de calidad con los que licitó, los cuales no podrán ser cambiados sin la autorización expresa de la dependencia y con la debida justificación.

Artículo único. Se adiciona y modifica los artículos 2 fracción XIII, 4 Bis, 21 fracción XII y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para quedar como sigue, tal como se presenta en el cuadro de referencia y así evidenciar los cambios propuestos ante esta H. LXV Legislatura mediante la presentación de la iniciativa anunciada:

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Artículo único. Se adicionan y modifican los artículos 2 fracción XIII, 4 Bis, 21 fracción XII y 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para quedar como sigue, tal como se presenta en el cuadro de referencia y así evidenciar los cambios propuestos ante esta H. LXV Legislatura mediante la presentación de la iniciativa anunciada:

Artículo 2.

...

XIII. Control de calidad: conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto. Comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción se está ejecutando correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste será corregido.

Artículo 4 Bis. En todos los conceptos que integran la obra pública, en correspondencia con el derecho a una seguridad urbana y protección civil, se entenderá como costo total la sumatoria de los costos directos, los costos indirectos, los costos por control de calidad, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales, los cuales se regularán en su cálculo de acuerdo con los tabuladores previstos en la normatividad reglamentaria que deriva de la presente ley."

Artículo 21.

XII. La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato donde se especifiquen lo relativo a:  la supervisión, los costos directos, los costos indirectos, los costos por control de calidad, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales; en caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos y costo por el control de calidad.

Artículo 53.

...

Los contratistas presentarán a las dependencias y entidades los especialistas y laboratorios de control de calidad con los que licitó, los cuales no podrán ser cambiados sin la autorización expresa de la dependencia y con la debida justificación.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2023.– Diputado y diputada: Paulo Gonzalo Martínez López, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y General de Protección Civil, en materia de control y vigilancia de pirotecnia, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a la Ley General de Protección Civil.

La pirotecnia es parte de la cultura mexicana, además, dicho sector da empleo a más de 200 mil familias en México. No obstante, con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los accidentes asociados a la pirotecnia dejaron 391 muertos y mil 801 heridos entre 2003 y 2019, es decir, en promedio, anualmente la pirotecnia ocasionó la muerte de al menos 24 personas y dejó más de 112 heridos.

Por ejemplo, de acuerdo con reportes periodísticos, durante los festejos de inicio del año 2023, ocurrieron al menos 15 accidentes en Guerrero, entre ellos, el incendio de un vehículo en el municipio de Eduardo Neri, así como incendios en lotes baldíos y viviendas de los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Técpan, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Buena Vista de Cuellar.

Para contrarrestar los riesgos, se requiere el fortalecimiento de las medidas de prevención contra accidentes, así como los mecanismos de coordinación entre las dependencias que tienen atribuciones en la materia.

En tal sentido, la iniciativa que presento consiste en reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer que, en el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios pirotécnicos, la Secretaría de la Defensa Nacional se apoyará de las autoridades de protección civil de estados y municipios.

En correspondencia, se propone reformar la Ley General de Protección Civil para establecer que es facultad de los sistemas estatales y municipales de protección civil coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios pirotécnicos. Lo anterior debido a que los artificios de pirotecnia son de uso civil y están relacionados con las tradiciones y costumbres de la población mexicana.

De la misma forma, se plantea establecer en la Ley General de Protección Civil, la obligación del Ejecutivo federal de emitir la norma oficial mexicana que regule los riesgos asociados a la pirotecnia. Cabe destacar que desde 2006 existe en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (antes Programa Nacional de Normalización) la propuesta de emitir dicha norma, sin que a la fecha se haya concretado.

Esta iniciativa busca respetar las celebraciones tradicionales populares y festividades religiosas de este país, pero a la vez promueve la implementación de medidas de seguridad para evitar tragedias.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a la Ley General de Protección Civil, en materia de regulación de pirotecnia

Artículo Primero: Se adiciona un párrafo tercero al artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se recorren los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 37. Es facultad exclusiva del Presidente de la República autorizar el establecimiento de fábricas y comercios de armas.

...

En el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios de pirotecnia, la Secretaría de la Defensa Nacional se apoyará de los sistemas estatales y municipales de protección civil.

...

...

Artículo Segundo: Se adiciona la fracción X al artículo 7, así como un artículo 77 Bis a la Ley General de Protección Civil

Artículo 7. Corresponde al Ejecutivo federal en materia de protección civil:

I. - IX. ...

X. Emitir y mantener actualizada la Norma Oficial Mexicana para gestionar los riesgos asociados a la pirotecnia, así como realizar las respectivas evaluaciones de la conformidad.

Artículo 77 Bis. Las Unidades Estatales y Municipales de Protección Civil deberán coadyuvar con la Secretaría de la Defensa Nacional en el control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales de artificios pirotécnicos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la participación de la Secretaría de Economía, deberá emitir la Norma Oficial Mexicana para gestionar los riesgos asociados a la pirotecnia, contando para ello con 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rva l=1&urlredirect=/deja-pirotecnia-391-muertos-entre-2003-y-2019/ar2080751

2 https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/inicia-el-ano-con-incendio-en-v iviendas-y-accidentes-de-autos-en-guerrero-9406130.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.– Diputados: Carlos Sánchez Barrios, Leobardo Alcántara Martínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la diputada Sonia Murillo Manríquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Sonia Murillo Manríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

El papel de la mujer en la familia y en la construcción del tejido social se ha ido transformando en los últimos 40 años. Poco a poco ha destacado en el ámbito laboral, económico y social; sin embargo, el tener que cuidar a los hijos muchas veces limita sus posibilidades de acceder a un empleo y apoyar con el sustento del hogar.

Ante esta realidad, en 2007 el Gobierno federal en turno puso en marcha el programa Guarderías y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, como una propuesta de política pública para facilitar a las madres el poder salir a trabajar y de esta forma no descuidar a los hijos.

Dicho programa de estancias fue planteado como una propuesta para generar empleos directos para las responsables de las estancias y sus auxiliares; pero fundamentalmente se buscaba propiciar mejores condiciones para que las madres trabajadoras o padres solos pudieran salir a buscar un empleo.

Por tanto, el objetivo de este programa fue facilitar a las mamás su integración al mercado laboral y el desempeño de su trabajo. Las estancias infantiles surgieron con la finalidad de proporcionar el cuidado de menores de cuatro años para mujeres que no tuvieran acceso a guarderías del sistema de seguridad social.

En un país donde 56.5 por ciento de las mujeres económicamente activas no tiene acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca servicios de cuidado infantil, el programa de estancias infantiles llenaba un verdadero vacío.

Para 2008 había sobrepasado al IMSS como principal proveedor de servicios de guardería y en 2017 atendía a 24 por ciento de la población que recibía estos servicios públicos en el país (incluyendo guarderías del IMSS e ISSSTE, escuelas preescolares y DIF, entre otros).

Esto logró aumentar la probabilidad de que una beneficiaria estuviera empleada, incrementar el número de horas laboradas a la semana. Desafortunadamente, con todo y los resultados comprobables que tuvo este programa de estancias infantiles a lo largo de los años que se mantuvo operando, a inicios de 2019, el presidente López Obrador anunció que, en aras de erradicar la corrupción e irregularidades en el funcionamiento del PEI, cambiaría su operación para, en efecto, convertirlo en un programa distinto, el presidente anunció que anularía el subsidio a las guarderías, es decir, el dinero que antes se utilizaba para subsidiar el costo de atender a las mismas ahora “se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios” a las beneficiarias, para que ellas decidieran si querían seguir haciendo uso de las estancias, si preferían buscar cuidado por otras vías, o si asumían el cuidado dentro del hogar y utilizaban el dinero para cubrir otras necesidades.

Lo que no se consideró fue entre otras cosas que en el país las mujeres son pilares económicos en las 32 entidades, esto debido a su alta participación laboral en diversas actividades económicas, principalmente en el comercio, que es el sector que más aporta a la economía mexicana.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre de 2019, en México, las mujeres representaban más de 50 por ciento de los ocupados en comercio, servicios sociales, restaurantes, y servicios de alojamiento.

En total se registraron 55.68 millones de personas de población ocupada De esa cifra 39.6 por ciento corresponde a mujeres y 60.4 a hombres. No obstante, en el comercio, minorista y mayorista, de los 10.92 millones de ocupados, 53.1 perteneció al género femenino.

Otros sectores con preponderancia femenina fueron servicios sociales (64.7 por ciento de una población ocupada que ascendió a 4.36 millones de personas), restaurantes y servicios de alojamiento (59.3 por ciento de 4.43 millones) y servicios diversos (56.6 por ciento de 5.73 millones). Mientras, en la construcción se presentó su participación más baja, con 3.7 por ciento de 4.26 millones de ocupados; es decir, por cada 100 habitantes que laboran en dicho sector, alrededor de 4 son mujeres.

En Baja California Sur, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2021, residen 406 mil 770 mujeres; de ellas, 88.1 por ciento realiza actividades relacionadas con el comercio y los servicios. Tal es la aportación del género femenino en la entidad que 55 de cada 100 mujeres mayores de 15 años son económicamente activas.

Con toda la importancia que representan las mujeres en el ámbito laboral y económico para mi Estado y para nuestro país, en febrero de 2019 el Gobierno federal anunció acciones en materia de política social, modificando el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras.

De ser un subsidio al funcionamiento y costo de guarderías para menores, se convirtió en un programa de transferencias monetarias, pues las estancias cubrían necesidades de cuidado infantil para la población sin seguridad social, facilitaban la inserción laboral femenina, y promovían cierta corresponsabilidad en las labores de cuidado.

Desde una visión simplista y sin mayor análisis, el cambio tiene muchas repercusiones, ya que facilita el desembolso de recursos si fiscalizar ni revisar de forma adecuada pues ya no se tienen que inspeccionar estancias ni asegurar que el dinero se esté utilizando específicamente para los cuidados.

De la misma manera, otorgar el dinero a las familias, sin condiciones para su uso, les puede permitir tomar decisiones que se ajusten mejor a sus necesidades particulares, y no necesariamente para la educación de las niñas y niños.

En Acción Nacional, un país en el que las mujeres siguen siendo las principales encargadas del cuidado de niñas y niños y donde suelen tener menores salarios y trabajos más precarios, es factible suponer que, la decisión de cómo utilizar este dinero no vaya dirigida a sostener la participación de las madres en el mercado laboral ni a mejorar la calidad de los cuidados para la primera infancia y como era de esperarse que se realizaran múltiples críticas provenientes de diversos grupos sociales ante esta decisión del ejecutivo, entre otras cosas se denunciaban la austeridad machista de una medida que, por ahorrar dinero, deslindaba al Estado de sus responsabilidades de proveer protección social a la población y circunscribía el cuidado infantil a donde se le ha querido mantener: con las mujeres, en el hogar.

En otras críticas, se resaltaba que el programa no sólo cumplía una función necesaria al ofrecer servicios de cuidado a mujeres que no tenían acceso a ellos, sino que además lo hacía para poblaciones desaventajadas económicamente y más desiguales en la distribución de trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, poniendo en duda, el compromiso del presidente de poner primero a los pobres.

El retiro de los subsidios que sostenían la operación de las estancias ha resultado en el cierre de muchas de ellas, con consecuencias patentes para la vida cotidiana de las mujeres y menores que antes las utilizaban.

Incluso para quienes siguen recibiendo el beneficio, estos cierres han aumentado la dificultad de encontrar una guardería accesible, y hoy poco se sabe sobre lo que efectivamente ha ocurrido con el programa.

Una comparación entre los padrones de beneficiarias de diciembre 2018 y octubre 2019 muestra una reducción drástica en el número de madres apoyadas por el gobierno. Es decir, ha cambiado no sólo la forma de otorgar el beneficio sino, también, su alcance y cobertura.

Su cobertura disminuyó en más de la mitad. Mientras que, a finales de 2018 se atendía a 321 mil 726 mujeres a escala nacional, 10 meses después eran sólo 169 mil 742 beneficiarias. Esto implica más de 156 mil menores de cuatro años que ya no se sabe si, o cómo están siendo cuidados. Evidentemente, esta reducción es mucho mayor a la que se daría naturalmente como resultado de que las niñas y los niños cumplan los cuatro años y dejen de ser elegibles para el beneficio. Además, es un recorte que se extendió a lo largo del país, para octubre de 2019, se atendían 7 mil 590 mujeres menos que en diciembre del año anterior; en promedio, 474 mujeres en cada alcaldía se quedaron sin él.

No se puede negar que, las estancias infantiles presentaban deficiencias e irregularidades en su funcionamiento, requerían una preparación constante por parte de las personas cuidadoras, se encontraban en espacios que no habían sido creados con esa finalidad y que, en algunos casos, habían mostrado corrupción. Sin embargo, cubrían una necesidad concreta para miles de familias. Cuando el presidente anunció que el programa cambiaría de diseño, también se comprometió a seguir entregando los recursos, sólo que, ahora, de forma directa.

Las cifras demuestran que esto no fue cierto. No sólo cambió la forma de entregar los recursos, sino también el número de mujeres que los recibían y, por ende, el número de niños y niñas cuyo cuidado era cubierto.

Lo que sí se concluye es que muchas mujeres y menores ya no reciben cuidado infantil por parte del Estado y, como consecuencia, han tenido que distribuir estas responsabilidades de nuevas maneras, probablemente dentro del hogar y en los hombros de madres, niñas o abuelas.

Este nuevo esquema de transferencias y no de estancias infantiles es un problema de varias aristas.

La primera es que se pierden dos empleos, no sólo uno. Tanto el de las mujeres que están quedándose en casa en vez de salir al mercado laboral como el de quien cuidaría de sus hijas e hijos a cambio de un pago.

El segundo problema es el costo de oportunidad de las cuidadoras. Un tercio de los hogares en México están encabezados por una mujer y cuatro de cada diez mujeres trabajan o buscan empleo. Cuando niñas y niños no se quedan a cargo de la madre sino de otras personas, generalmente son mujeres quienes lo hacen, eso provoca que renuncien a estudiar o trabajar. Es decir: aun con los mil 600 pesos bimestrales que hoy ofrece el programa, hay una pérdida de bienestar porque una mujer se queda en casa.

El tercer problema es la pobreza en los hogares con más mujeres. Puesto que las mujeres no viven aisladas de los hombres, en las familias con más mujeres la pobreza es una amenaza latente debido a la brecha salarial. En promedio, por cada hombre en pobreza laboral hay 1.2 mujeres, en detrimento de los hogares con más mujeres.

Por lo anterior, la Ley General de Desarrollo Social debe velar por programas adecuados para la prestación de servicios para la atención infantil como las estancias, ya que son un recurso valioso para las mujeres trabajadoras en México, que les permiten conciliar su vida laboral y familiar y mejorar su desarrollo personal y profesional. Por ello la presente iniciativa tiene por objeto garantizar dichos programas para las madres de familia trabajadoras, que no cuentan con seguridad social, y por ende con el servicio de guarderías y estancias infantiles.

Los servicios de guarderías a través de las estancias y centros de desarrollo infantil, forman parte de una tarea del Estado relacionada con los derechos laborales, de la infancia y de las madres.

Con base en el marco legal, tradicionalmente fue el Instituto Mexicano del Seguro Social la institución sobre la cual recaía el trabajo del Estado para atender las necesidades de cuidado infantil en la modalidad de guarderías que la población asegurada demandaba. En el decenio de 1980 (1983), la Ley del ISSSTE recogió la obligación del Estado de brindar el servicio de estancias infantiles.

El entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, decretó (2007) el establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, como una instancia de coordinación, a través de la cual se daría seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, acorde al marco de operación de cada programa.

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007 con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permita aumentar la oferta.

Diversos estudios que se realizaron durante los primeros años de operación del programa, concluyeron que el programa de Estancias Infantiles había contribuido de manera importante para facilitar el desempeño laboral de las mujeres, sobre todo en la obtención de una plaza de trabajo por el tiempo que ganan al tener un espacio seguro, confiable donde dejar a sus hijos, y para mejorar el bienestar de las familias beneficiadas porque los niños crecen más sanos, mejor nutridos y con un desarrollo armónico.

Gracias a esta política pública, de 34 por ciento de mujeres que no trabajaban antes de entrar en el programa, 82.9 por ciento consiguió empleo al ingresar. El principal motivo por el que no habían trabajado antes fue, para 72.2, que no tenía dónde dejar a los hijos y hoy sí cuenta con un lugar seguro y confiable para ello.

El incremento del ingreso del hogar una vez incorporados al programa es de 16.5 por ciento, lo que representa una mejoría en la economía familiar. El análisis cuantitativo de las encuestas nos demuestra que las mejorías de la situación económica de las familias beneficiarias no son tan significativas como para aquellas que no contaban con un trabajo y que lograron tenerlo, por tanto, la mejoría económica es significativa en ese segmento. En el caso de las que ya trabajaban, la mejoría económica podemos definirla como marginal.

Ello confirma los beneficios del programa se desprende del análisis del estudio cualitativo, esto es de las entrevistas a profundidad y con ello, sin lugar a dudas, queda demostrado que el programa ha sido un factor determinante para la mejoría en el bienestar de estas mujeres solas trabajadoras o de sus familias. Para ellas ha significado una tranquilidad psicológica y moral del poder tener a sus niños bien cuidados, bien alimentados, bien protegidos; lo cual les permite dedicarse completamente a las actividades que ellas realizan, desempeñarse con mayor eficacia en su trabajo, compenetrarse más en este, lo que sin duda redunda en su desempeño laboral.

En conclusión, el desarrollo humano debe ser visto como una cadena con muchos eslabones que deben atenderse durante el curso de vida a través de distintos sectores, de manera coordinada, con entrega de servicios estandarizados multifocales de alta calidad bien integrados de acuerdo a las necesidades de los niños y sus familias. Es por esto que la sociedad civil debe continuar trabajando arduamente de forma coordinada para seguir fortaleciendo la voluntad política y el financiamiento del gobierno, para que esto suceda en beneficio de los niños y niñas mexicanos.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adiciona la fracción VI, con lo que se recorre el orden de las subsecuentes, al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público

I. a V. ...

VI. Los programas adecuados para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil; en favor de mujeres trabajadoras, madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no cuentan con un esquema de seguridad social, y se encuentren en situación de carencia o pobreza;

VII. Los programas de abasto social de productos básicos;

VIII. Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa;

IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía; y

X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La aprobación del presente decreto se sujetará al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2023.

Notas

1 Rosales, R. (11 de marzo de 2020). “Mujeres, pilares económicos en las entidades del país”, en El Economista,

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mujeres-pilares-economic os-en-las-entidades-del-pais-20200311-0028.html

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición. Cifras durante el tercer trimestre de 2021, Baja California Sur,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ enoe_ie/enoe_ie2021_11_BCS.pdf

3 Ramírez, S. (2021). “Estancias infantiles X”, en Nexos,

https://www.nexos.com.mx/?p=57772

4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2016). Guarderías y estancias infantiles en México, carpeta temática número 53. Cámara de Diputados,

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio /CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Carpetas-Informativas/Carpeta-No.-53-Guarderi as-estancias-infantiles-en-Mexico.-Informacion-estadistica

5 Lezama, R. (2009). El impacto del programa Estancias Infantiles Sedesol en el desempeño laboral de las madres trabajadoras. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Consultado en

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/629027/ 33068001077148.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.– Diputadas: Sonia Murillo Manríquez, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada Sonia Murillo Manríquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Sonia Murillo Manríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

El papel de la mujer en la familia y en la construcción del tejido social se ha ido transformando, los últimos 40 años. Poco a poco ha destacado en el ámbito laboral, económico y social; sin embargo, el tener que cuidar a los hijos muchas veces limita sus posibilidades de acceder a un empleo y apoyar con el sustento del hogar.

Ante esta realidad, en 2007, el Gobierno federal en turno puso en marcha el Programa Guarderías y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras (PEI) como una propuesta de política pública para facilitar a las madres el poder salir a trabajar y de esta forma no descuidar a los hijos.

Dicho programa de estancias fue planteado como una propuesta para generar empleos directos para las responsables de las estancias y sus auxiliares; pero fundamentalmente se buscaba propiciar mejores condiciones para que las madres trabajadoras o padres solos pudieran salir a buscar un empleo.

Por tanto, el objetivo de este programa fue facilitar a las mamás su integración al mercado laboral y el desempeño de su trabajo. Las estancias infantiles surgieron con la finalidad de proporcionar el cuidado de menores de cuatro años para mujeres que no tuvieran acceso a guarderías del sistema de seguridad social.

Las estancias infantiles juegan un papel importante en el desarrollo personal y profesional de las mujeres trabajadoras en México. De hecho, estas estancias proporcionan una solución práctica y eficaz para las madres trabajadoras que necesitan dejar a sus hijos en un ambiente seguro y estimulante durante sus horas de trabajo.

Algunas de las formas en que las estancias infantiles pueden ayudar a las mujeres trabajadoras en su desarrollo personal y profesional:

• Permite a las mujeres trabajadoras continuar con su carrera: Las estancias infantiles brindan una solución para las madres trabajadoras que desean continuar con su carrera y mantener un equilibrio entre su vida laboral y familiar.

• Mejora la calidad de vida: Al tener la seguridad de que sus hijos están en un ambiente seguro y adecuado, las mujeres trabajadoras pueden concentrarse en su trabajo y mejorar su calidad de vida.

• Desarrollo cognitivo y social de los niños: Las estancias infantiles están diseñadas para proporcionar un ambiente estimulante y seguro para los niños, lo que les ayuda a desarrollar sus habilidades cognitivas y sociales.

• Fortalecimiento de la economía: Las estancias infantiles también pueden tener un impacto positivo en la economía al permitir a las mujeres trabajadoras participar en el mercado laboral y aumentar su nivel de ingresos.

Las estancias infantiles son un recurso valioso para las mujeres trabajadoras en México, ya que les permiten conciliar su vida laboral y familiar y mejorar su desarrollo personal y profesional.

En un país donde 56.5 por ciento de las mujeres económicamente activas no tiene acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca servicios de cuidado infantil, el programa de estancias infantiles llenaba un verdadero vacío.

Para 2008 había sobrepasado al IMSS como principal proveedor de servicios de guardería y en 2017 atendía a 24 por ciento de la población que recibía estos servicios públicos en el país (incluyendo guarderías del IMSS e ISSSTE, escuelas preescolares y DIF, entre otros).

Esto logró aumentar la probabilidad de que una beneficiaria estuviera empleada, incrementar el número de horas laboradas a la semana. Desafortunadamente, con todo y los resultados comprobables que tuvo este programa de estancias infantiles a lo largo de los años que se mantuvo operando, a inicios de 2019, el presidente López Obrador anunció que, en aras de erradicar la corrupción e irregularidades en el funcionamiento del PEI, cambiaría su operación para, en efecto, convertirlo en un programa distinto, el presidente anunció que anularía el subsidio a las guarderías, es decir, el dinero que antes se utilizaba para subsidiar el costo de atender a las mismas ahora “se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios” a las beneficiarias, para que ellas decidieran si querían seguir haciendo uso de las estancias, si preferían buscar cuidado por otras vías, o si asumían el cuidado dentro del hogar y utilizaban el dinero para cubrir otras necesidades.

Lo que no se consideró, entre otras cosas, fue que en el país las mujeres son pilares económicos en las 32 entidades, esto debido a su alta participación laboral en diversas actividades económicas, principalmente en el comercio, que es el sector que más aporta a la economía mexicana.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre de 2019, en México las mujeres representaban más de 50 por ciento de los ocupados en comercio, servicios sociales, restaurantes, y servicios de alojamiento.

En total se registraron 55.68 millones de personas de población ocupada, cifra de la cual 39.6 por ciento corresponde a mujeres y 60.4 a hombres. No obstante, en el comercio, minorista y mayorista, de los 10.92 millones de ocupados, 53.1 perteneció al género femenino.

Otros sectores con preponderancia femenina fueron servicios sociales (64.7 por ciento de una población ocupada que ascendió a 4.36 millones de personas), restaurantes y servicios de alojamiento (59.3 por ciento de 4.43 millones) y servicios diversos (56.6 por ciento de 5.73 millones). Mientras, en la construcción se presentó su participación más baja, con 3.7 por ciento de 4.26 millones de ocupados; es decir, por cada 100 habitantes que laboran en dicho sector, alrededor de 4 son mujeres.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2021 revelan que en Baja California Sur residen 406 mil 770 mujeres, de las que 88.1 por ciento realiza actividades relacionadas con el comercio y los servicios. Tal es la aportación del género femenino en la entidad, que 55 de cada 100 mujeres mayores de 15 años, son económicamente activas.

Con toda la importancia que representan las mujeres en el ámbito laboral y económico para mi Estado y para nuestro país, en febrero de 2019 el Gobierno federal anunció acciones en materia de política social, modificando el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras.

De ser un subsidio al funcionamiento y costo de guarderías para menores, se convirtió en un programa de transferencias monetarias, pues las estancias cubrían necesidades de cuidado infantil para la población sin seguridad social, facilitaban la inserción laboral femenina, y promovían cierta corresponsabilidad en las labores de cuidado.

Desde una visión simplista y sin mayor análisis, el cambio tiene muchas repercusiones, ya que facilita el desembolso de recursos si fiscalizar ni revisar de forma adecuada pues ya no se tienen que inspeccionar estancias ni asegurar que el dinero se esté utilizando específicamente para los cuidados.

De la misma manera, otorgar el dinero a las familias, sin condiciones para su uso, les puede permitir tomar decisiones que se ajusten mejor a sus necesidades particulares, y no necesariamente para la educación de las niñas y niños.

En Acción Nacional, un país en el que las mujeres siguen siendo las principales encargadas del cuidado de niñas y niños y donde suelen tener menores salarios y trabajos más precarios, es factible suponer que, la decisión de cómo utilizar este dinero no vaya dirigida a sostener la participación de las madres en el mercado laboral ni a mejorar la calidad de los cuidados para la primera infancia y como era de esperarse que se realizaran múltiples críticas provenientes de diversos grupos sociales ante esta decisión del ejecutivo, entre otras cosas se denunciaban la austeridad machista de una medida que, por ahorrar dinero, deslindaba al Estado de sus responsabilidades de proveer protección social a la población y circunscribía el cuidado infantil a donde se le ha querido mantener: con las mujeres, en el hogar.

En otras críticas, se resaltaba que el programa no sólo cumplía una función necesaria al ofrecer servicios de cuidado a mujeres que no tenían acceso a ellos, sino que además lo hacía para poblaciones desaventajadas económicamente y más desiguales en la distribución de trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, poniendo en duda el compromiso del presidente de poner primero a los pobres.

El retiro de los subsidios que sostenían la operación de las estancias ha resultado en el cierre de muchas de ellas, con consecuencias patentes para la vida cotidiana de las mujeres y menores que antes las utilizaban.

Incluso para quienes siguen recibiendo el beneficio, estos cierres han aumentado la dificultad de encontrar una guardería accesible, y hoy poco se sabe sobre lo que efectivamente ha ocurrido con el programa.

Una comparación entre los padrones de beneficiarias de diciembre 2018 y octubre 2019 muestra una reducción drástica en el número de madres apoyadas por el gobierno. Es decir, no sólo ha cambiado la forma de otorgar el beneficio, sino también el alcance y cobertura del mismo.

Su cobertura disminuyó en más de la mitad. Mientras que, a finales de 2018, se atendía a un total de 321 mil 726 mujeres a escala nacional, 10 meses después eran sólo 169 mil 742 beneficiarias. Esto implica más de 156 mil menores de cuatro años que ya no se sabe si, o cómo están siendo cuidados. Evidentemente, esta reducción es mucho mayor a la que se daría naturalmente como resultado de que las niñas y los niños cumplan los cuatro años y dejen de ser elegibles para el beneficio. Además, es un recorte que se extendió a lo largo del país, para octubre de 2019, se atendían 7 mil 590 mujeres menos que en diciembre del año anterior; en promedio, 474 mujeres en cada alcaldía se quedaron sin él.

Las estancias infantiles presentaban deficiencias e irregularidades en su funcionamiento, requerían una preparación constante por parte de las personas cuidadoras, se encontraban en espacios que no habían sido creados con esa finalidad y que, en algunos casos, habían mostrado corrupción. Sin embargo, cubrían una necesidad concreta para miles de familias. Cuando el presidente anunció que el programa cambiaría de diseño, también se comprometió a seguir entregando los recursos, sólo que, ahora, de forma directa.

Las cifras demuestran que esto no fue cierto. No sólo cambió la forma de entregar los recursos, sino también el número de mujeres que los recibían y, por ende, el número de niños y niñas cuyo cuidado era cubierto.

Lo que sí se concluye es que muchas mujeres y menores ya no reciben cuidado infantil por parte del Estado y, como consecuencia, han tenido que distribuir estas responsabilidades de nuevas maneras, probablemente en el hogar y en los hombros de madres, niñas o abuelas.

Este nuevo esquema de transferencias y no de estancias infantiles es un problema de varias aristas.

La primera es que se pierden dos empleos, no sólo uno. Tanto el de las mujeres que están quedándose en casa en vez de salir al mercado laboral como el de quien cuidaría de sus hijas e hijos a cambio de un pago.

El segundo problema es el costo de oportunidad de las cuidadoras. Un tercio de los hogares en México están encabezados por una mujer y cuatro de cada diez mujeres trabajan o buscan empleo. Cuando niñas y niños no se quedan a cargo de la madre sino de otras personas, generalmente son mujeres quienes lo hacen, eso provoca que renuncien a estudiar o trabajar. Es decir: aún con los 1600 pesos bimestrales que hoy ofrece el programa, existe una pérdida de bienestar porque una mujer se queda en casa.

El tercer problema es la pobreza en los hogares con más mujeres. Puesto que las mujeres no viven aisladas de los hombres, en las familias con más mujeres la pobreza es una amenaza latente debido a la brecha salarial. En promedio, por cada hombre en pobreza laboral hay 1.2 mujeres, en detrimento de los hogares con más mujeres.

Por lo anterior, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil debe de velar por programas adecuados para la prestación de servicios para la atención infantil como las estancias, ya que son un recurso valioso para las mujeres trabajadoras en México, que les permiten conciliar su vida laboral y familiar y mejorar su desarrollo personal y profesional. Por ello la presente iniciativa tiene por objeto garantizar dichos programas para las madres de familia trabajadoras, que no cuentan con seguridad social, y por ende con el servicio de guarderías y estancias infantiles.

Los servicios de guarderías a través de las estancias y centros de desarrollo infantil forman parte de una tarea del Estado relacionada con los derechos laborales, de la infancia y de las madres.

Con base en el marco legal, tradicionalmente fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la institución sobre la cual recaía el trabajo del Estado para atender las necesidades de cuidado infantil en la modalidad de guarderías que la población asegurada demandaba. En el decenio de 1980 (1983), la Ley del ISSSTE recogió la obligación del Estado de brindar el servicio de estancias infantiles.

El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, decretó (2007) el establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, como una instancia de coordinación, a través de la cual se daría seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, acorde al marco de operación de cada programa.

El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007 con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permita aumentar la oferta.

Diversos estudios que se realizaron durante los primeros años de operación del programa, concluyeron que el programa de Estancias Infantiles había contribuido de manera importante para facilitar el desempeño laboral de las mujeres, sobre todo en la obtención de una plaza de trabajo por el tiempo que ganan al tener un espacio seguro, confiable donde dejar a sus hijos, y para mejorar el bienestar de las familias beneficiadas porque los niños crecen más sanos, mejor nutridos y con un desarrollo armónico.

Gracias a esta política pública, de 34 por ciento de mujeres que no trabajaban antes de entrar al programa, 82.9 por ciento consiguió empleo al ingresar. El principal motivo por el que no habían trabajado antes fue, para 72.2 por ciento, que no tenía dónde dejar a sus hijos y hoy si cuentan con un lugar seguro y confiable donde dejarlos.

El incremento del ingreso del hogar una vez incorporados al programa es de 16.5 por ciento, lo que representa una mejoría en la economía familiar. El análisis cuantitativo de las encuestas demuestra que las mejorías de la situación económica de las familias beneficiarias no son tan significativas como para aquellas que no contaban con un trabajo y que lograron tenerlo y por tanto, la mejoría económica es significativa en ese segmento. En el caso de las que ya trabajaban, la mejoría económica podemos definirla como marginal.

Lo que confirma los beneficios del programa se desprende del análisis del estudio cualitativo, esto es de las entrevistas a profundidad y con ello, sin duda, queda demostrado que el programa ha sido un factor determinante para la mejoría en el bienestar de estas mujeres solas trabajadoras o de sus familias. Para ellas ha significado una tranquilidad psicológica y moral de poder tener a los niños bien cuidados, bien alimentados, bien protegidos, lo cual les permite dedicarse completamente a las actividades que realizan, desempeñarse con mayor eficacia en su trabajo y compenetrarse más en éste, lo que redunda sin duda en su desempeño laboral.

En conclusión, el desarrollo humano debe ser visto como una cadena con muchos eslabones que deben atenderse durante el curso de vida a través de distintos sectores, de manera coordinada, con entrega de servicios estandarizados multifocales de alta calidad bien integrados de acuerdo a las necesidades de los niños y sus familias. Por esto, la sociedad civil debe continuar trabajando arduamente de forma coordinada para seguir fortaleciendo la voluntad política y el financiamiento del gobierno, para que esto suceda en beneficio de los niños y niñas mexicanos.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma y adicionael artículo 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Único. Se reforma la fracción IX del artículo 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 31. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VIII. ...

IX. Promover que la cobertura de los centros de atención cuidado y desarrollo integral infantil se amplíe en favor de madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no cuentan con un esquema de seguridad social, y se encuentren en situación de carencia o pobreza, a través de esquemas diversificados y regionalizados;

X. a XII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La aprobación del presente decreto se sujetará al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2023.

Notas

1 Rosales, R. (11 de marzo de 2020). “Mujeres, pilares económicos en las entidades del país”, en El Economista,

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mujeres-pilares-economic os-en-las-entidades-del-pais-20200311-0028.html

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición, cifras durante el tercer trimestre de 2021, Baja California Sur,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ enoe_ie/enoe_ie2021_11_BCS.pdf

3 Ramírez, S. (2021). “Estancias infantiles X”, en Nexos. Consultado en

https://www.nexos.com.mx/?p=57772

4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2016). Guarderías y estancias infantiles en México, carpeta temática número 53. Cámara de Diputados,

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio /CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Carpetas-Informativas/Carpeta-No.-53-Guarderi as-estancias-infantiles-en-Mexico.-Informacion-estadistica

5 Lezama, R. (2009). El impacto del programa Estancias Infantiles Sedesol en el desempeño laboral de las madres trabajadoras, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Consultado en

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/629027/ 33068001077148.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de marzo de 2023.– Diputadas: Sonia Murillo Manríquez, Olga Luz Espinosa Morales, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Mauricio Cantú González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

1. Problemática

El aire es una condición fundamental que hace posible la vida de los seres humanos y de otros seres vivos. Este elemento se conforma de la mezcla de gases tales como el nitrógeno (78 por ciento), el oxígeno (21 por ciento) y otros gases inertes (1 por ciento). En su estado puro y limpio, permiten un adecuado desarrollo de las funciones vitales de nuestro organismo.

De esta forma, el aire en buen estado permite un nivel de vida adecuado, a través de un medio ambiente sano; mientras que el aire al deteriorarse dificulta una vida saludable. Es decir, el término calidad del aire, se usa en el marco de la gestión ambiental para referirse al estado del aire que rodea a los seres humanos . Dicha calidad, por lo tanto, debe ser garantizada de forma que permita el sano desarrollo de las funciones vitales que hacen posible la vida.

Al igual que con la regulación contra el humo de tabaco en espacios públicos, garantizar niveles nulos o bajos de partículas contaminantes PM 10 y PM 2.5 es de suma relevancia para la salud de los seres humanos y demás especies.

La contaminación del aire es uno de los principales retos para los sistemas de salud en todo el mundo. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 13 millones de muertes al año en el mundo se deben a causas ambientales evitables.

El altísimo nivel de concentración de ozono y de partículas finas expone a las y los mexicanos de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares, efectos adversos en los sistemas inmunológico, endócrino y reproductivo, anomalías congénitas y secuelas en el desarrollo neurológico de por vida y en el peor de los casos, cáncer.

En la Carta Magna se establecen los derechos y obligaciones que tenemos las y los mexicanos, así como también las responsabilidades que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de estos derechos. El artículo 4° constitucional en su párrafo quinto, establece que todas las personas en nuestro país tienen derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Sin embargo, no se establece la obligación expresa el derecho humano al acceso a aire limpío y puro. Para el Grupo Parlamentario de Morena, es indispensable garantizar el derecho de todo el Pueblo mexicano a respirar aire limpio.

Es por ello, que es preciso comentar que existe un vasto respaldo de argumentos jurídicos conducentes al tema:

2. Argumentos que lo sustentan

En México, nuestro marco jurídico aplicable en materia ambiental es muy extenso y en virtud de que se trata de una materia recurrente, con fundamento en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está compuesto por normativa de carácter federal, estatal y municipal, por lo tanto, debemos plasmar el derecho humano a respirar aire puro, y asimismo obligar a las autoridades a garantizar los parámetros de aire fijados por la Organización Mundial de la Salud.

No obstante lo anterior, existe un instrumento jurídico marco, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno en la materia.

Existen otros instrumentos jurídicos relevantes en materia ambiental en nuestro país, como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, entre otras.

A pesar del extenso número de leyes, aún no existe en nuestra Constitución Política el derecho a respirar un aire puro y limpio.

Las nuevas directrices de la OMS recomiendan niveles de calidad del aire respecto de cinco contaminantes, para los que se dispone de los datos más recientes en cuanto a sus efectos sobre la salud. Cuando se actúa sobre estos contaminantes clásicos partículas en suspensión (PM), ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO2), también se incide en otros contaminantes perjudiciales.

Los riesgos para la salud asociados a las partículas en suspensión de diámetro igual o inferior a 10 y 2,5 micras (µm) (PM10 y PM2,5., respectivamente) son de especial relevancia para la salud pública. Tanto las PM2.5 como las PM10 son capaces de penetrar profundamente en los pulmones, pero las PM2.5 pueden incluso entrar en el torrente sanguíneo, lo que afecta principalmente al sistema cardiovascular y respiratorio, así como a otros órganos. Las PM son generadas principalmente por la combustión en diferentes sectores, como el transporte, la energía, los hogares, la industria y la agricultura.

Todo lo expuesto, deriva en la propuesta de la presente Iniciativa, consistente en adicionar un párrafo al artículo 4o. constitucional, en el sentido que se ilustra en el siguiente cuadro:

3. Cuadro comparativo

El reconocimiento de un aire limpio como un derecho humano, logrará que las preocupaciones ambientalistas se inserten dentro de las prioridades políticas y sociales, y además lo convierte en una condición reclamable por la sociedad mexicana.

Es decir , el derecho a respirar un aire puro, se convertirá en un “derecho llave” que resulta básico para la satisfacción de otros derechos fundamentales. Por tanto, la garantía del derecho humano a respirar aire limpio, dará como resultado el fortalecimiento de toda una estructura de derecho que fomenta la toma de decisiones a favor de la protección ambiental que favorece la calidad de vida de nuestro país.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado deberá garantizar el derecho a respirar aire limpio libre de contaminantes, que no represente riesgo alguno para la salud y se encuentre dentro de los parámetros de aire fijados por la Organización Mundial de la Salud.

El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1. Cambio, E. Y., General, C., de Contaminación, Y., & Ambiental, S. 2.1. 1.1 Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, México.

2. Bayarsaikhan, T. (2022). El 99 por ciento de la población mundial respira Aire Contaminado|Noticias Onu, United Nations.

3. En Ingles, WGZL, & de Enfermería, YGEE, título: Enfermedades causadas por la contaminación ambiental.

4. Artículo 4o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

5. Humanos, C. (2019). El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar.

6. Rodríguez, S. (2021). Calidad del aire ambiente, inhalación de contaminantes y consultas en los servicios de urgencia.

Notas

1 Sánchez, M., & Rosa, A. (2022). Salud y medio ambiente. Revista de la Facultad de Medicina (México), 65(3), 8-18.

2 Torres, E. F., & Pérez, N. G. (2022). México ante el cambio climático y la materialización del derecho a un medio ambiente sano.: Una contribución a la calidad del aire. ENERLAC. Revista de energía de Latinoamérica y el Caribe, 6(1).

3 Muñoz, Y. S., Ramírez, A. D. H., Martínez, L. D. G., Balderas, C. I. P., & de la Peña Arellano, L. A. (2022). Sistema de monitoreo de partículas suspendidas para determinar la calidad del aire utilizando herramientas IOT (Suspended particulate matter monitoring system to determine air quality using IOT Tools). Pistas  Educativas, 44(143).

4 Pauly, J., & Pallagst, K. M. (2022). “Infraestructura verde en la Ciudad de México recomendaciones para mejorar la calidad del aire y las condiciones climáticas”. Ra Ximhai: revista científica de sociedad, cultura y desarrollo sostenible, 18(3), 267301.

5 Zavatti, J. (2022). Conflictos ambientales, salud y desarrollo. Límites y confianza. Revista de Salud Ambiental, 22(Especial Congreso), 117-118.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2023.– Diputados y diputadas: Mauricio Cantú González, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, José Miguel de la Cruz Lima, Leobardo Alcántara Martínez, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Olga Leticia Chávez Rojas, Olga Luz Espinosa Morales, Olimpia Tamara Girón Hernández (rúbricas).»