INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Se comunica a las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente, los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 11 de enero de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2023.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de los diputados Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz y suscrita por la diputada Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Movilidad, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.

3. Que adiciona el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.

4. Que reforma el artículo segundo transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el DOF el 6 de junio de 2012, suscrita por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, de la Cámara de Diputados.

5. Que reforma los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

6. Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 279 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, de la Cámara de Diputados.

7. Que reforma y adiciona los artículos 246 y 395 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

8. Que reforma los artículos 211 Bis 1, 211 Bis 2 y 211 Bis 3 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

9. Que deroga la fracción IV del artículo 56 de la Ley de Migración, suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Asuntos Fronterizos, y Migratorios, de la Cámara de Senadores.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía de Jalisco y al Poder Judicial de dicho estado, a que todas sus actuaciones, investigaciones y resoluciones relacionadas con denuncias de hostigamiento, acoso o abuso sexual se realicen de manera exhaustiva y con perspectiva de género, con la finalidad de garantizar a las víctimas un proceso que salvaguarde su integridad y el debido proceso, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a imponer sanciones a las empresas proveedoras de Capufe por incumplimiento de contrato, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República, a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas con el fin de analizar, evaluar y corregir la vigente estrategia nacional de seguridad pública, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo de Morelos y municipio de Cuautla, en dicha entidad, a establecer un plan de acción inmediata, para brindar apoyos a locatarios del mercado Hermenegildo Galeana, suscrito por el senador Senador Ángel García Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se cita a una reunión de trabajo a la titular de "Notimex", para que explique la situación de la agencia en los últimos 1047 días de huelga que enfrenta, a cargo de la senadora Alejandra del Carmen León Gastelúm y suscrito por el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, en coordinación con el INM y el Inmujeres, a llevar acabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a remitir un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al Embalse Marte R. Gómez, suscrito por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca, a revocar las patentes entregadas a nuevos notarios, así como a los que se encuentran en investigación por los delitos contra el patrimonio, despojo y suplantación de identidad, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a destinar un espacio en sus instalaciones en el que se inscriba una placa con el nombre de las y los senadores integrantes de cada legislatura, como reconocimiento histórico a la promulgación de leyes de México, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua, a lograr la recaptura de los reos fugados el 1o. de enero de 2023, garantizar el gobierno y seguridad del Cereso no 3 de Ciudad Juárez y a destinar los recursos de la Torre Centinela para garantizar la seguridad de las familias del estado, suscrito por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, a las entidades federativas y municipales, a implementar de manera pronta y coordinada el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, a realizar una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O'Horán, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez Garcia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a que en coordinación con las autoridades federales y municipales revisen las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado; asimismo se solicita se garantice la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la Gasera Master Gas, suscrito por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF de las 32 entidades federativas, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a intensificar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, garantizando las vacunas para la población de todas las edades, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a que instruya a servicios de agua y drenaje de Monterrey, a atender las recomendaciones realizadas por la Conagua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano, suscrito por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a instrumentar políticas públicas eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en dicha entidad federativa, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a que, a través de la Secretaría de Salud estatal, se implemente un plan de acción urgente ante el incremento de casos de rickettsiosis en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a atender la problemática de la calidad del aire en su entidad, y a cumplir o en su caso, actualizar el programa de gestión para mejorarla suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a diseñar y ejecutar acciones estratégicas, eficaces y contundentes que permitan prevenir, investigar y sancionar, la comisión de delitos de alto impacto en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a reforzar los protocolos y medidas sanitarias que prevengan y contengan el alza de contagios de covid-19 y sus variantes a nivel estatal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a prevenir, erradicar, investigar y sancionar la violencia de género contra las mujeres en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, fortalezca e implemente con prontitud las medidas necesarias que permitan reducir la incidencia delictiva en la entidad y mejorar la seguridad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco y distintas autoridades locales, a establecer y en su caso reforzar las medidas de protección para prevenir la desaparición forzada de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, así como las medidas de difusión e investigación para lograr su recuperación, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a implementar, desarrollar y reforzar las estrategias y políticas públicas tendentes a disminuir la incidencia del delito de fraude, así como a la Fiscalía Estatal a realizar de forma oportuna las investigaciones pertinentes e inicie los procedimientos legales que correspondan, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a atender el problema de falta de recolección de desechos en la zona metropolitana de Guadalajara, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a poner fin a las persecuciones políticas y resolver la crisis de derechos humanos producto de las desapariciones forzadas que se viven en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato, a reforzar e implementar líneas de acción preventivas para la erradicación de la violencia de género en esa entidad federativa, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato, a diseñar e implementar, a la brevedad, las medidas necesarias que permitan mitigar los altos niveles de pobreza laboral registrados en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato, a atender la creciente ola de violencia e inseguridad que persiste en esa entidad federativa, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Yucatán, a implementar acciones para atender la crisis financiera de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Yucatán, a implementar de manera urgente las medidas y acciones que regulen la desmedida venta de terrenos no urbanizados y lotes de inversión irregulares en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Yucatán, a diseñar e implementar las políticas públicas encaminadas a combatir, prevenir y erradicar la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Chihuahua, a informar a esta soberanía las acciones concretas para combatir la inseguridad en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Chihuahua, a solventar las observaciones realizadas por la ASF, derivadas del proceso de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2021, con relación a los montos pendientes por aclarar del fondo de infraestructura social para las entidades, así como al titular de la ASF, a fincar las responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y políticas a que haya lugar, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Chihuahua, a implementar acciones que garanticen el derecho a la movilidad de las y los chihuahuenses en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Coahuila de Zaragoza, a diseñar y ejecutar acciones urgentes en materia de seguridad pública, para garantizar la seguridad de la población, en relación con los recientes actos de violencia que se han suscitado en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Coahuila de Zaragoza, a rendir un informe sobre las irregularidades y el retraso de la obra del Metrobus Laguna, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Coahuila de Zaragoza, a llevar a cabo acciones para atender el crecimiento de la pobreza debido a las carencias sociales de la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Coahuila de Zaragoza, a aclarar las observaciones por la ASF, derivadas del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, y en su caso, iniciar los procedimientos legales pertinentes a los que haya lugar para fincar las responsabilidades conducentes por la indebida gestión de recursos públicos, deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y sancionar el posible daño a la Hacienda Pública, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Coahuila de Zaragoza y a la Secretaría de Finanzas estatal, a cumplir cabalmente con los plazos establecidos y las obligaciones de pago que deriven del refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública de la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a cumplir con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a atender la pobreza alimentaria de la comunidad mazahua que habita en dicha entidad federativa, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a informar a esta soberanía las acciones concretas que ha implementado en su gobierno para reducir los altos índices de violencia y el incremento delictivo en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a concluir la construcción de los establecimientos de salud de la entidad que se encuentran en estado de abandono e inconclusos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a que a través de las instancias locales correspondientes, implemente las medidas encaminadas a reducir la violencia feminicida en la entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a fortalecer las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad, a fin de proteger la biodiversidad y salvaguardar la integridad de la población, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno, a implementar y cumplir las reformas y adiciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, relativo a los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, publicadas en el DOF el 16 de diciembre de 2022, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

49. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ante el Pleno de la Comisión Permanente, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a realizar las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias, con la finalidad de crear un registro público nacional de agresores sexuales a menores de edad, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS y al ISSSTE, a llevar a cabo acciones tendientes a lograr una eficaz prevención y oportuna detección de la diabetes, suscrito por los diputados Ana Laura Huerta Valdovinos y Juan González Lima, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca, a investigar las irregularidades sobre documentos falsificados por parte de los hermanos Ríos Ortiz, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a atender de manera prioritaria la crisis actual del STC Metro, implementar medidas necesarias para la reparación integral del daño de las víctimas y familiares de la Línea 3 y otorgar garantías de seguridad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a respetar de manera puntual lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

55. Con punto de acuerdo, sobre la situación de violencia que atraviesa el país desde el inicio del año 2023, acrecentada por la detención de Ovidio Guzmán López, así como las acciones y estrategias tendientes a inhibir dicha situación de violencia, a cargo de los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario Plural.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

56. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a revisar la situación de hostigamiento a la cual se enfrenta la Universidad de Guadalajara, suscrito por la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a respetar la libertad de expresión del C. Guillermo Sheridan Prieto, investigador en el Centro de Estudios Literarios de la UNAM, suscrito por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

58. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de que explique las anomalías detectadas en Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

59. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, a dar celeridad a las investigaciones e identificar a los responsables de incitar y realizar el motín, en el Centro de Readaptación Social Número 3 de dicho estado, suscrito por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

60. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SICT, a comparecer ante esta soberanía, a fin de informar todo lo relacionado a la compra de la empresa Mexicana de Aviación, y sobre la situación de los ex trabajadores de la aerolínea, suscrito por el senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Consejo Consultivo del Metro, a especificar el estado que guardan las instalaciones y atender de manera inmediata las recomendaciones de la cuenta pública de la Ciudad de México, en el mantenimiento y rehabilitación de las 12 líneas, suscrito por la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los municipios del país, a considerar invertir en infraestructura de alto impacto social, suscrita por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a establecer de manera permanente el despliegue y aumento de agentes federales en la frontera norte, a fin de reforzar las acciones que permitan garantizar una migración segura y ordenada, suscrito por la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

64. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC y a la Guardia Nacional, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, a fortalecer las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras federales y estatales, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

65. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la CAEM, al Municipio de Tultepec y a la FGJEM, a investigar y aplicar las sanciones correspondientes sobre el presunto huachicoleo del agua realizado en el predio localizado en la avenida Canal, en la Colonia Paseos 2, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

66. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a emitir un acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Vigilancia y Destino de los recursos presupuestarios suficientes, para iniciar acciones de revisión y mantenimiento preventivo de todo el STC de la Ciudad de México, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

67. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a establecer las bases para conseguir la aceptación de un acuerdo migratorio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, en beneficio de nuestros hermanos migrantes, suscrito por la diputada María Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

68. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SRE, a fortalecer en coordinación con los estados fronterizos del norte del país, los programas de atención y cuidado a la población migrante asentada en dichas entidades, a cargo de la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

69. Con punto de acuerdo, por el que se lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y personas lesionadas tras el ataque armado en contra de policías el pasado 2 de enero de 2023 en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

70. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo de Nuevo León, a diseñar e implementar a la brevedad, un Plan Integral de Movilidad Urbana y de Reestructuración de Transporte Público en dicha entidad, suscrito por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

71. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a hacer públicas las acciones y resultados en el marco de la aplicación del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, suscrito por la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

72. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la SE, así como a la Conagua, a colaborar en los procedimientos de inspección y vigilancia para la protección de los cerros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para prevenir y sancionar la extracción ilegal de materiales pétreos, suscrita por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

73. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir al SIPINNA, a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer una adecuada política de estado para la infancia, suscrito por la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

74. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal y a diversas dependencias, a cumplir con sus obligaciones y garanticen el principio de máxima transparencia, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

75. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a fortalecer y articular eficazmente estrategias para prevenir y erradicar la violencia en razón de género ante el aumento de casos de feminicidios en la entidad, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

76. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo y al Poder Judicial ambos de Jalisco, a revisar la situación jurídica de los presos políticos: Javier N, Vladimir N, y Alexis N. con la finalidad de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y su libre ejercicio, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

77. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Campeche, a que a través de su Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y su Fiscalía, refuercen las acciones que permitan inhibir el incremento de delitos como el feminicidio, homicidio culposo, extorsión, robo en sus diversas modalidades y otros, a cargo de la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

78. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a restringir la explotación de agua por parte de la empresa Matrimar, con el fin de garantizar la afluencia del líquido en la Laguna de La Venadera, suscrito por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

79. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, a promover y aprobar la creación de fondos de apoyo económico para familiares y dependientes de policías, que en el ejercicio de sus funciones hayan perdido la vida, suscrito por el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

80. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México, a reformar a sus respectivos reglamentos de tránsito con visión metropolitana, para reducir los accidentes viales con motocicletas en ambas entidades, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

81. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y a la Sedema de la Ciudad de México, a realizar las investigaciones y verificar las condiciones de la elefanta Ely en el zoológico San Juan de Aragón, suscrito por la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

82. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y su homóloga en la Ciudad de México, a sustanciar las gestiones, necesarias para reconocer al centro de Coyoacán como Patrimonio Cultural de la Humanidad, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

83. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Administración del Infonavit, a proponer a la Asamblea General, la ampliación de un segundo periodo de prórroga de acceso al programa de responsabilidad compartida y se pueda realizar el cambio de su crédito a pesos, suscrito por el diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

84. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a dar cumplimiento al mantenimiento de las líneas del metro, los trenes y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público capitalino, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

85. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar campañas y programas de combate contra el virus del papiloma humano (VPH), suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

86. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar acciones, políticas, normas jurídicas y mecanismos que atiendan las recomendaciones para el tratamiento de datos personales derivado del uso de la inteligencia artificial, suscrita por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

87. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y al Gobierno de Nayarit, a reforzar las acciones en favor de los migrantes nayaritas en el exterior y en retorno, suscrito por la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

88. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua, a fortalecer las medidas y acciones pertinentes para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad en los centros penitenciarios de la entidad, a cargo del diputado Jesús Roberto Briano Borunda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

89. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a realizar protocolos de atención para prevenir y combatir prácticas indebidas en plataformas digitales de contenido para adultos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

90. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía, se pronuncia y solicita llevar a cabo diversas acciones ante el lamentable accidente de trenes, ocurrido en la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

91. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero, a realizar lo conducente, suscrito por la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

92. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que comparezcan ante esta Comisión Permanente e informen con relación al SCT, suscrita por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

93. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP, a realizar las asignaciones presupuestales necesarias para garantizar el derecho constitucional a educación superior gratuita en México, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

94. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla, a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera eficaz, con la debida diligencia y con perspectiva de género en los delitos cometidos contra la intimidad sexual de las mujeres, suscrito por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

95. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a implementar acciones dirigidas a la prestación de servicios de alojamiento turístico a través de plataformas digitales, así como asegurar que cumplan con las mínimas condiciones de protección civil, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

96. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal, a través de la Sedena, a definir una estrategia conjunta, coordinada y oportuna de prevención, ante el alarmante aumento de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

97. Con punto de acuerdo, relativo a los casos de fraude cometidos por las empresas Asesores Jurídicos Profesionales y Green Oceans en Jalisco, a fin de exhortar a la Fiscalía del estado a garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita a las víctimas involucradas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

98. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a implementar medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de Guillermo Sheridan Prieto, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

99. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP, a realizar las acciones administrativas necesarias para garantizar suficiencia presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de Hidalgo, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

100. Con punto de acuerdo, relativo a la crisis de personas desaparecidas en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

101. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a realizar un diagnóstico general del equipamiento y mobiliario urbano de dicha ciudad, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

102. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal, a través de Pemex, a contratar especialistas para identificar el origen, así como controlar y mitigar las afectaciones provocadas por la fuga de hidrocarburos en el Manantial de Mexicaltongo, en el municipio de Jilotepec, Estado de México, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

103. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las direcciones de Protección Civil y a las secretarías de Desarrollo Económico de los tres órdenes de gobierno, a fortalecer los programas de supervisión y atención permanente, sobre la situación en que se encuentra la infraestructura de todos los mercados del país, suscrito por el diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

104. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar una estrategia de seguridad permanente en Sinaloa, para salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de los habitantes, derivado de la detención de Ovidio Guzmán el pasado 5 de enero, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

105. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a ejecutar su vigilancia sobre el material impreso que se expende al público en los puestos de periódicos y revistas del país, de manera eficaz y eficiente, a fin de que, los expendedores cumplan con las especificaciones vertidas en el reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

106. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la CNDH, a garantizar los derechos humanos de los menores migrantes que se encuentran en territorio nacional, suscrito por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

107. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, al SAT, a la SSPC y a la SE, a emitir los lineamientos y reglas de carácter general del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado el 29 de diciembre de 2022, suscrito por la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

108. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y a la SICT, a llevar a cabo auditorías para determinar si los accidentes que se han suscitado durante el período del 1 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2022, se derivan de la falta de recursos para el mantenimiento del STC de la Ciudad de México, suscrito por la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

109. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sener y sus órganos descentralizados, a promover en la implementación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, y demás estrategias de diversificación de fuentes de energías limpias y renovables, suscrito por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

110. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México y a la SEP, a investigar y, en su caso, sancionar los hechos ocurridos de violencia sexual en la escuela María Raquel Ferriz el pasado 10 de enero 2023, suscrita por la senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY PARA IMPULSAR EL INCREMENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA NACIONAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 8 y 12 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento económico de un país es un objetivo difícil de lograr y complicado de mantener porque implica un equilibrio en todos los aspectos que conforman la economía, desde los técnicos hasta los políticos y sociales.

Del mismo modo, es importante mantener niveles de crecimiento económico que provean las condiciones suficientes para la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de la población, como lo son el desarrollo de infraestructura, la creación de empleo, de vivienda, servicios de salud, servicios públicos, educación, seguridad pública, entre otras.

Como podemos darnos cuenta, son múltiples y diversos los factores que inciden en el desarrollo económico y social de un país. Hay un factor que también es fundamental y determinante, sin embargo, no se le ha dado la relevancia debida, nos referimos, al nivel de inclusión, igualdad y equidad en la sociedad.

En México, de acuerdo con lo reportado por el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 2020, la población total ascendió a 126 millones 14 mil 24 personas, de las que 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 hombres; es decir, de manera oficial en nuestro país existen un total de 64 millones 540 mil 634 mujeres y 61 millones 473 mil 390 hombres. A pesar de esto, las mujeres son el grupo de población que más se enfrenta a factores de desigualdad y exclusión que se sistematizan, intensifican y multiplican cuando se trasladan a aspectos económicos.

Como muestra de lo anterior, 26 por ciento de los hogares mexicanos están compuestos por una mujer sin cónyuge y con hijos, en otras palabras, madres jefas de familia. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es desempeñado mayoritariamente por mujeres.

En el mismo sentido, las mujeres en su rol como emprendedoras enfrentan mayores desafíos y menores expectativas al momento de solicitar financiamiento para sus empresas. El principal financiamiento que las mujeres utilizan en sus emprendimientos son los recursos propios, 63 por ciento nunca ha solicitado un crédito y a 17 por ciento se lo han negado.

Un resultado que llama la atención es que 70 por ciento de las mujeres entrevistadas concuerdan en que han llegado a sentir discriminación en al menos un momento de su proceso hacia el emprendimiento. Por ejemplo, al estar en industrias dominadas por hombres, han sentido rechazo por alguna condición física, color de piel u orientación sexual, o simplemente no son tomadas en serio sólo porque “se va a embarazar”, “va a ser mamá” y, por tanto, se piensa que “no va a poder dedicarle el tiempo suficiente” al negocio. Esto ejemplifica las situaciones de discriminación y exclusión que, en el ámbito económico, viven a diario las mujeres en el país.

En materia de participación económica, liderazgo y emprendimiento, seguimos preservando techos y paredes de cristal que impiden el ingreso, avance y crecimiento de las mujeres.

Por lo anterior, consideramos necesario modificar la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional para incluir la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres.

Esta ley, publicada el 6 de mayo de 2015, de acuerdo con el artículo 1, tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 y 26, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad y la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Los principales objetivos de la referida norma, de acuerdo a su artículo tercero, son los siguientes:

I. Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal;

II. Impulsar la concurrencia y concertación de acciones entre los sectores público, social y privado, a través del Comité Nacional de Productividad y demás mecanismos institucionales, que sirvan al incremento sostenido de la productividad y la competitividad como directrices capaces de potenciar un desarrollo económico alto, sostenido y sustentable con una visión de corto, mediano y largo plazos;

III. Articular y coordinar con una óptica transversal, sectorial y regional, el diseño y ejecución de políticas, programas y proyectos orientados a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, por parte de los sectores público, social y privado;

IV. Impulsar el aumento de la productividad total de los factores en la economía nacional, así como la de sectores y regiones específicos;

V. Impulsar la creación de empleos formales y de un mayor flujo de capital y financiamiento a proyectos y actividades con potencial de elevado crecimiento productivo;

VI. Impulsar la inversión pública, privada y social en infraestructura, capital humano, capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral; el impulso al emprendimiento y al escalamiento productivo y tecnológico de empresas; la investigación y el desarrollo, así como la innovación aplicada;

VII. Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en particular de las Mipyme con las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados empresariales;

VIII. Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras trasladen su proveeduría a empresas instaladas en territorio nacional, impulsando que los proveedores sean Mipyme organizadas en cadenas productivas, para así lograr una mayor integración y un mayor valor agregado nacionales en bienes y servicios de exportación;

IX. Promover que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas nacionales, especialmente Mipyme, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

X. Fortalecer el mercado interno;

XI. Impulsar la generación de un ambiente de negocios propicio para la creación, operación y crecimiento de un sector privado productivo y competitivo en el ámbito empresarial;

XII. Fomentar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad como ejes rectores en el diseño y la ejecución de las políticas, programas y proyectos a cargo de la Administración Pública Federal;

XIII. Evaluar y dar seguimiento a la evolución del crecimiento de la productividad y la competitividad a nivel sectorial, regional y nacional; y

XIV. Establecer los mecanismos institucionales y de coordinación, para acordar compromisos e indicadores de desempeño, por parte de las dependencias y entidades, órganos autónomos, entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y los representantes de los emprendedores, los trabajadores y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, con el fin de materializar y cumplir los objetivos, las estrategias, las metas y las acciones que se adopten en el marco del Comité Nacional de Productividad.

Por ninguna circunstancia, las mujeres pueden ser excluidas o marginadas.

De acuerdo con el artículo 9 de la ley en comento, el Comité Nacional de Productividad tiene el propósito de ser el órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo federal y de la planta productiva para la concertación de acuerdos, la formulación y el seguimiento de la política nacional de fomento económico y del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del mismo ordenamiento, el comité está conformado por las siguientes autoridades:

I. El titular del Ejecutivo federal, en calidad de presidente honorario;

II. El secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá;

III. El secretario de Economía;

IV. El secretario de Educación Pública;

V. El secretario del Trabajo y Previsión Social;

VI. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

VII. Representantes de organizaciones empresariales;

VIII. Representantes de organizaciones sindicales de trabajadores; y

IX. Representantes de instituciones académicas y de capacitación para el trabajo.

Estas autoridades tienen como comité y conforme a lo establecido en el artículo 11 del mismo ordenamiento las siguientes funciones y atribuciones:

I. Analizar y concertar visiones, objetivos, estrategias, decisiones y acciones de sus integrantes respecto al incremento sostenido de la productividad y la competitividad; así como del desarrollo económico sostenible y sustentable del país y la generación del empleo a corto, mediano y largo plazos, con el propósito de democratizar la productividad y reducir las desigualdades sociales, sectoriales y regionales;

II. Proponer y concertar objetivos, estrategias, metas, compromisos, acciones e indicadores de desempeño tendientes a incrementar la productividad y la competitividad del país, en especial, de los sectores y regiones económicas seleccionadas;

III. Analizar, cuando se estime conveniente o a solicitud del titular del Ejecutivo federal, las políticas, los programas, las reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, para estimular eficazmente el incremento sostenido de la productividad y la competitividad, así como el desarrollo industrial sustentable de la economía nacional, de un sector económico específico, o bien, de una región determinada del país, y emitir las recomendaciones que estime pertinentes;

IV. Opinar sobre el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad, previamente a su aprobación;

V. Identificar sectores económicos y regiones específicas del territorio nacional que, en su consideración, deban recibir prioridad en la formulación e implementación de políticas, programas, proyectos y cambios regulatorios para potenciar su desarrollo en materia del incremento sostenido de la productividad y competitividad;

VI. Proponer mecanismos para la coordinación de acciones y esfuerzos de los sectores público, privado y social en materia de información, inversiones, producción y demás factores que promuevan el cambio estructural de la economía nacional;

VII. Proponer esquemas de coordinación y suscribir convenios con las dependencias y entidades; entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; órganos autónomos, y las comisiones estatales de productividad, respecto al diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y cambios regulatorios, necesarios para potenciar la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;

VIII. Proponer a las dependencias y entidades mecanismos de colaboración para lograr una articulación eficaz entre ellas y del Ejecutivo Federal con los sectores público, social y privado, para efecto del estudio, discusión, propuestas y directrices en la formulación de políticas, programas, reglas de operación, proyectos y regulación dirigidos a impulsar el incremento de la productividad y competitividad de la economía nacional o de un sector o región específicos;

IX. Impulsar la colaboración y la asociación tecnológica entre empresas, centros universitarios y de innovación tecnológica, particularmente en los sectores y regiones económicos seleccionados;

X. Orientar las políticas dirigidas al incremento de la productividad y la competitividad; a la creación y desarrollo de núcleos productivos de Mipymes, así como su encadenamiento productivo con grandes empresas; al impulso de la proveeduría nacional y de las compras nacionales; al aumento del valor agregado nacional en las exportaciones; al tránsito hacia una economía basada en el conocimiento, y a la creación y fortalecimiento de sistemas sectoriales y regionales de innovación;

XI. Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de las recomendaciones, acuerdos y las matrices de compromisos con indicadores de desempeño en términos del artículo 17 de esta ley;

XII. Establecer subcomités encargados del análisis, discusión y elaboración de recomendaciones y otras acciones requeridas para atender temas específicos del ámbito de su competencia considerados como prioritarios; así como subcomités encargados del diseño, elaboración e implementación de las políticas sectoriales y regionales;

XIII. Establecer los convenios y las matrices de compromisos con acciones e indicadores de desempeño a que se refiere el artículo 17 de esta ley;

XIV. Promover una relación estrecha y constante entre las instituciones de educación media superior y superior y la planta productiva de su región o de ciertos sectores específicos;

XV. Aprobar sus lineamientos de operación, así como sus programas de trabajo;

XVI. Promover la certificación de competencias de los trabajadores; y

XVII. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables.

Como hemos señalado, el Comité Nacional de Productividad es sumamente importante para el desarrollo económico del país, motivo por el cual es necesaria la presencia, opinión y voz en igualdad de condiciones de las mujeres.

Por tanto, en congruencia con el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el cual establece como objetivo general promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, consideramos necesario incluir a la Persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres en el Comité Nacional de Productividad para garantizar que, en todo momento, se cumpla la observancia de la perspectiva de género.

Para que este país alcance la productividad a la que aspira requerimos mujeres emprendedoras, empleadoras, dueñas de negocios, mujeres que ocupen puestos de alta responsabilidad. Queremos más mujeres que sean ejemplo e inspiren a nuestras niñas y adolescentes a salir adelante y seguir luchando por la construcción de un país realmente justo, equitativo e incluyente para todas y todos.

Por eso, en este reto y esfuerzo compartido, la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad debe poner el ejemplo.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1, 3, 8 y 12 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional

Único. Se reforman los artículos 1, 3, 8 y 12 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 y 26, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo de la productividad, y la implementación de una política nacional de fomento económico con perspectiva de género, que impulse el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales.

Artículo 3. Son objetivos específicos de la presente ley

I. Implementar una política nacional de fomento económico dirigida a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad; potenciar la inversión; promover los cambios en la estructura productiva del país hacia sectores económicos de elevada productividad y competitividad; fortalecer las cadenas productivas, así como a elevar el contenido tecnológico y de valor agregado en la economía nacional, el desarrollo económico y el empleo formal , atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

II. Impulsar la concurrencia y concertación de acciones entre los sectores público, social y privado, a través del Comité Nacional de Productividad y demás mecanismos institucionales, que sirvan al incremento sostenido de la productividad y la competitividad como directrices capaces de potenciar un desarrollo económico alto, sostenido y sustentable con perspectiva de género y visión de corto, mediano y largo plazos;

III. Articular y coordinar con perspectiva de género y una óptica transversal, sectorial y regional, el diseño y ejecución de políticas, programas y proyectos orientados a impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional, por parte de los sectores público, social y privado;

IV. (...)

V. Impulsar en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, la creación de empleos formales y de un mayor flujo de capital y financiamiento a proyectos y actividades con potencial de elevado crecimiento productivo;

VI. Impulsar la inversión pública, privada y social con igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, en infraestructura, capital humano, capacitación laboral, formación de competencias de emprendedores y trabajadores y el establecimiento de mecanismos que fomenten la productividad laboral; el impulso al emprendimiento y al escalamiento productivo y tecnológico de empresas; la investigación y el desarrollo, así como la innovación aplicada;

VII. a XIV. (...)

Artículo 8. La política nacional de fomento económico y el Programa Especial para la Productividad y la Competitividad deberán considerar por lo menos los aspectos siguientes:

I. a III. (...)

IV. La implementación de las políticas a que hacen referencia las fracciones I, II y III de este artículo, en términos de horizontes de corto, mediano y largo plazos y atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres;

V. a VI. (...)

Artículo 12. El Comité Nacional de Productividad estará integrado cuando menos por las personas siguientes:

I. La persona titular del Ejecutivo federal, en calidad de presidente honorario;

II. La persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá;

III. La persona titular de la Secretaría de Economía;

IV. La persona titular de la Secretaría de Educación Pública;

V. La persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. La persona directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;

VII. Representantes de organizaciones empresariales;

VIII. Representantes de organizaciones sindicales de trabajadores ;

IX. Representantes de instituciones académicas y de capacitación para el trabajo ; y

X. La persona titular de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres;

(...)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi, Censo de Población y Vivienda, Principales Resultados, 2020, página 3. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198060.pdf

2 Ibídem, página 4.

3 Aguilar, Lorena. Mujeres jefas de hogar y algunas características de los hogares que dirigen. Una visión sociodemográfica. La situación demográfica de México, 2016, página 111. Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/232091/05_Aguilar .pdf

4 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional del Trabajador Doméstico (22 de julio), 2015, página 2. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2015 /domestico0.pdf

5 Guerra Leal, Eva María. Missing middle y las opciones de financiamiento para las mujeres emprendedoras,EGADE, Business School, Tecnológico de Monterrey, 2022. Disponible en

https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/missing-middle-y-las -opciones-de-financiamiento-para-las-mujeres-emprendedo-ras#:~: text=Las%20mujeres%20emprendedoras%20en%20situaci%C3%B3n,se%20sientan%20valorad as%20y%20comprendidas

6 Ibídem.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL Y LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de los diputados Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz y suscrita por la diputada Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, Eunice Monzón García, Karen Castrejón Trujillo y Luis Edgardo Palacios Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y adiciona el artículo 37 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La constante movilidad de las personas, ya sea por motivaciones comerciales, laborales, escolares, familiares, turísticas o de cualquier otra índole, y su relación con las vías de comunicación y los medios de transporte conlleva la posibilidad de exponerse a determinados factores de riesgo que pueden derivar en algún tipo de accidente. Entre los principales factores de riesgo que influyen para que se presente un accidente de tránsito y que pueden determinar la severidad de los daños se encuentra la conducción a exceso de velocidad, así como la presencia de alcohol y otro tipo de drogas en quienes conducen un vehículo.

Conducir bajo la influencia del alcohol tiene un impacto directo en el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, así como en la severidad de las lesiones resultantes. Aunque la frecuencia de este fenómeno varía entre los países, las investigaciones realizadas durante años, han demostrado de manera contundente que existe mayor riesgo de sufrir un accidente en los conductores que han ingerido alcohol que en quienes no lo hacen.

En muchos países donde el consumo de alcohol es parte integral de la vida diaria se ha demostrado que conducir bajo los efectos de esta sustancia es la causa de casi la mitad de los muertos y heridos graves debidos a los accidentes de tránsito. En los países de ingresos medios y bajos, entre 33 y 69 por ciento de los accidentes mortales y entre 8 y 29 por ciento de los lesionados se relacionan con el consumo de alcohol.

Debido al impacto y magnitud de las lesiones asociadas a estos factores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las naciones aplicar medidas concretas para prevenir los choques en la vía pública, reducir al mínimo los traumatismos y sus consecuencias y evaluar las repercusiones de estas medidas.

Según la OMS, cada año mueren aproximadamente 1.35 millones de personas en el mundo a consecuencia de un accidente de tránsito y, si bien es un problema global, son más afectados los países subdesarrollados y en vías de desarrollo pues, aun cuando concentran 60 por ciento de los vehículos, registran 93 por ciento de las muertes.

De las principales causas de accidentes en carreteras mexicanas se mencionan las siguientes: fallas mecánicas, sueño, uso del teléfono móvil, exceso de velocidad y conducir bajo la influencia del alcohol; esta última puede provocar muchas situaciones lamentables, como casos de vehículos que dan vueltas de campana o colisiones de frente a una gran velocidad. Jamás se debe conducir ebrio bajo ninguna circunstancia.

Por lo anterior es necesario establecer y aplicar límites de alcoholemia para los conductores, con análisis del aliento aleatorios en puestos de control de sobriedad, potenciar los programas de aplicación de la ley mediante campañas de información y educación del público (por ejemplo, sobre los riesgos que entraña conducir a velocidades excesivas o bajo los efectos del alcohol y las consecuencias sociales y jurídicas de hacerlo).

Está comprobado que las pruebas de control de aliento son una medida efectiva para prevenir los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. La evidencia demuestra que el establecimiento de puntos de verificación de sobriedad y la realización de pruebas aleatorias, así como el establecimiento de límites de concentración de alcohol en sangre son las intervenciones que muestran mayor nivel de efectividad y registran un costo de implantación entre bajo y moderado.

Con la realización generalizada de análisis aleatorios del aliento (al menos a uno de cada 10 conductores al año) se logran los índices más elevados de cumplimiento de las leyes que establecen los límites de alcoholemia.

Debido a los eficientes operativos de la policía a través del programa Alcoholímetro, la cifra de los accidentes causados por el alcohol ha disminuido dramáticamente en los últimos años, pero aun así 30 por ciento de los accidentes fatales involucra de algún modo el consumo desmedido de alcohol.

Según Roy Rojas, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, del jueves al sábado se movilizan en México alrededor de 200 mil conductores bajo la influencia del alcohol y por este motivo mueren al año aproximadamente 24 mil personas (55 por día). El país ocupa el séptimo lugar respecto a personas fallecidas en accidentes de tránsito.

En 2021 en México se registraron 15 mil 20 siniestros. Participaron 23 mil986 vehículos, entre los que se incluyen 13 mil 959 vehículos ligeros, 3 mil 185 articulados, 2 mil 89 camiones unitarios, mil 468 motocicletas, mil 213 doble articulados, 508 autobuses de pasajeros, 76 minibuses y 288 vagonetas (vehículos para más de 15 y 9 pasajeros, respectivamente), 96 bicicletas y mil 104 “otros”, lo cual incluye los no identificados, los diversos y el ferrocarril. En la categoría de vehículo ligero, 77.3 por ciento corresponde a automóviles; y 22.7, a camionetas pick-up.

Según lo establecido en el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales 2021, para lograr mejoras significativas en la seguridad de la red carretera en general y mantener tendencias a la baja en las cifras de siniestralidad vial es de vital importancia trabajar de manera comprometida hacia un enfoque de sistema seguro integrado, el cual, de acuerdo con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (OMS, 2021), se deben tomar medidas eficaces en los siguientes aspectos: 1) infraestructura vial segura, 2) uso seguro de las vías de tránsito, 3) transporte multimodal y planificación del uso de la tierra, 4) vehículos seguros y 5) respuesta tras los percances.

Sin embargo y a pesar de las estadísticas, uno de los grandes errores en que incurren algunos conductores es considerar que tienen control sobre el vehículo y la vía cuando su capacidad de percepción, asociación y reacción se ve disminuida por los efectos del alcohol o algún estupefaciente. Lo mismo sucede con los peatones, motociclistas y ciclistas. Seguimos sin entender que conducir bajo los efectos del alcohol produce en muchos casos consecuencias fatales. Esto, a pesar de estar prohibido y establecido claramente en nuestra normatividad.

Los conductores particulares tienen prohibido conducir cuando tengan una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro. Los conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado tienen prohibido conducir cuando tengan una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.3 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.0 miligramos por litro.

Los conductores deben someterse a las pruebas de detección de ingesta de alcohol, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos fármacos o sustancias cuyo uso afecte su capacidad de conducir, cuando lo solicite el personal médico autorizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a cargo de la verificación o, en su caso, los elementos policiales que realicen las pruebas de detección a que se refiere este párrafo.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal es claro, éste refiere en el Artículo 93 que queda prohibido conducir en estado de alteración psicofísica, o bajo sospecha de ingestión de alcohol, de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, incluyendo medicamentos con este efecto y de todos aquellos fármacos cuyo uso afecte su capacidad para conducir. La prescripción médica no exime la prohibición.

En muchas ocasiones, cuando se produce un siniestro, los conductores se niegan a tomar las pruebas de alcoholemia, conscientes de estar excedidos de los parámetros permitidos. En estos casos la licencia de conducir también es suspendida y procesada en los tribunales hasta pasada la audiencia que confirme el rechazo y someta al conductor a las pruebas que lo declaren culpable o no del cargo por el cual fue acusado originalmente. Estas situaciones, las cuales parecen disparatadas o ajenas, son más frecuentes de lo que podemos imaginar.

De acuerdo con lo establecido en diversos manuales policiales redactados en coordinación con la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el alcoholímetro está dirigido a la detección de operadores que no son aptos para conducir vehículos destinados al autotransporte federal mediante la detección de alcohol, drogas y medicamentos con el mismo efecto, así como de enfermedades congénitas que afecten sus capacidades de conducción, además de la identificación del cansancio de acuerdo a las horas de manejo del vehículo.

Asimismo, el Operativo Alcoholimetría que se implementa, en coordinación con personal de la Secretaría de Salud, del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, los Consejos Estatales de Prevención de Accidentes, las Policías Municipales y Estatales, en puntos específicos, realizando exámenes médicos para la detección de situaciones de salud bajo el efecto de bebidas embriagantes, es decir, detección de alcohol en aire espirado, a personas que pongan en riesgo la seguridad vial.

Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7 de cada 10 accidentes de tránsito, están relacionados con el consumo de alcohol. Al encender el televisor y ver las noticias siempre nos encontramos con algún trágico accidente automovilístico. Conductores imprudentes que no se detienen ante una luz roja, que manejan a exceso de velocidad en avenidas y calles de la ciudad, que se descuidan por la utilización de celulares y, sobre todo, que exceden los niveles de alcohol permitido.

Cotidianamente hay quienes exceden el límite permitido de alcohol, a pesar de tener prohibido conducir con valores de alcohol en sangre superiores a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, lo que equivale a una copa de vino. Más grave aún es el caso de aquellos conductores de transporte público de pasajeros que no tienen permitido la ingesta de alcohol por ningún motivo en el momento que desarrollan su trabajo y aun así llegan a hacerlo.

En este tipo de escenarios las consecuencias no solo las sufren el piloto y aquellos que ocupan el vehículo, sino que también pueden salir lastimados peatones o personas que circulan en otros automóviles. Nunca sabemos si vamos a ser víctimas de un conductor imprudente que pueda poner en riesgo nuestra integridad física, ocasionar destrozos en los vehículos o, incluso, causarnos la muerte.

Un ejemplo más que claro de lo anterior fue el accidente registrado en la Autopista del Sol cerca del Parque Industrial del Ocotito en Chilpancingo el pasado 23 de octubre cuando un autobús de la línea Estrella de Oro chocó y dejó un saldo de dos personas fallecidas y 21 heridas, según reportaron medios de comunicación locales.

Las familias de las víctimas del accidente referido se tuvieron que sumar a un caso en particular de protesta para exigir la indemnización a Íker David, una de la victimas que no recibió la debida atención de la empresa, según declaraciones de uno de los familiares del menor. La empresa ofreció solo 70 mil pesos para la reparación del daño tras el accidente del autobús 1558, que fue la perdida de uno de sus brazos, teniendo que pasar 13 días para poder llegar a un acuerdo con la empresa Estrella de Oro.

De acuerdo con lo publicado en el medio de comunicación Amapola Periodismo Transgresor, en el autobús viajaban 40 pasajeros. El conductor, de nombre José Luis “N”, según algunos testigos, iba en estado de ebriedad y se denunció que a un lado de la guantera llevaba varias latas de cerveza.

Por éste y otros motivos, y ante el evidente crecimiento de accidentes viales por exceso de alcohol, es que se debe legislar de manera más puntual en la materia, buscando mayor efectividad en la seguridad de pasajeros y disminución en accidentes automovilísticos causados por consumo de alcohol.

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública, México se posiciona como el séptimo país con mayor cantidad de muertos en accidentes viales. Las cifras marcan 22 decesos de jóvenes entre 15 y 29 años al día y 24 mil decesos en promedio al año. Es así como los accidentes automovilísticos constituyen la primera causa de muerte en los jóvenes mexicanos y la quinta causa de fallecimiento entre la población en general.

Érick, Karla, Íker David, Yahir, Kevin, Joel, Juan, Teresa, Natividad y, lamentablemente, muchas víctimas más que han sido afectados por siniestros donde alguno de los conductores se encontraba bajo los influjos del alcohol agradecerán enormemente si avanza esta iniciativa cuyo propósito es que haya menos personas y familias afectadas por un conductor irresponsable.

Para mejor entendimiento de la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y adiciona el artículo 37 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 43; se reforman las fracciones II y III del artículo 45 y se adiciona la IV; y se reforman la fracción XII del artículo 49, el párrafo tercero del artículo 51, la fracción XIV del artículo 71 y la fracción VI del artículo 73 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 43. Del servicio de transporte público.

(...)

Las autoridades competentes establecerán los requisitos para que las personas prestadoras del servicio de transporte público garanticen un servicio seguro y de calidad, de acuerdo con requerimientos técnicos de seguridad para su operación con base en el principio de inclusión e igualdad, a fin de resguardar la vida, salud e integridad física de toda persona. Asimismo, deberán realizar a cada uno de sus conductores de forma aleatoria pruebas que permitan determinar la ingesta de bebidas alcohólicas o narcóticos, así como otros exámenes para garantizar que se encuentran en condiciones de salud óptimas para iniciar su jornada laboral, mediante el procedimiento que determine el sistema nacional y los lineamientos específicos.

(...)

(...)

(...)

Artículo 45. Instrumentos de control de operación del transporte.

Para una adecuada operación de los servicios de transporte, las autoridades competentes deberán definir los instrumentos que se usen para los siguientes procesos:

I. (...)

II. Control y registro vehicular y revisión físico-mecánica y de emisiones ;

III. Control y registro de conductores ; y

IV. Control de la ingesta de bebidas alcohólicas o narcóticos.

Artículo 49. Medidas mínimas de tránsito.

(...)

(...)

Por lo anterior, los reglamentos de tránsitos y demás normatividades aplicables tendrán que regirse bajo las siguientes características mínimas:

I. a XI. (...)

XII. La obligación de la Federación, de las entidades federativas y los municipios de realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente con el objetivo de evitar la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol. Para tal efecto queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre, salvo las siguientes consideraciones:

a) y b)

(...)

XIII. y XIV. (...)

(...)

(...)

Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de conducir.

(...)

(...)

Las autoridades competentes establecerán en sus respectivos reglamentos de tránsito que a las personas conductoras de transporte particular, de transporte público, de transporte de pasajeros y de transporte de carga que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, se les retire la licencia o permiso para conducir por un periodo no menor a un año y por un periodo no menor a seis meses en caso de conductores de transporte público o transporte de carga.

Artículo 71. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Corresponden a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, las siguientes atribuciones:

I. a XIII. (...)

XIV. Vigilar el cumplimiento de la regulación de los periodos de trabajo y descanso de las personas conductoras del transporte público y privado de carga y de pasajeros en el ámbito de su competencia, así como determinar la ingesta de bebidas alcohólicas o narcóticos, así como otros exámenes para garantizar que se encuentran en condiciones de salud óptimas para iniciar su jornada laboral; y

XV. (...)

Artículo 73. Secretaría de Salud.

Corresponden a la Secretaría de Salud, a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, las siguientes atribuciones:

I. a V. (...)

VI. Fijar los límites de alcohol en la sangre y aire expirado, con base en lo establecido en el artículo 49, que deberán ser los referentes en los operativos de alcoholimetría en todo el territorio nacional, asimismo, en coordinación con el sistema nacional, fijar el número y periodo de realización de las pruebas para determinar la ingesta de bebidas alcohólicas o narcóticos a personas conductoras de transporte particular, de transporte público, de transporte de pasajeros y de transporte de carga

VII. (...)

Segundo. Se adiciona el artículo 37 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 37 Bis. Los permisionarios de los vehículos de carga, pasaje y turismo deberán realizar a cada uno de sus conductores de forma aleatoria cuando así lo determine la secretaría, pruebas que permitan determinar la ingesta de bebidas alcohólicas o narcóticos, así como otros exámenes para garantizar que se encuentran en condiciones de salud óptimas para iniciar su jornada laboral mediante el procedimiento que para tal efecto establezcan la secretaría y los lineamientos específicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto las entidades federativas y los municipios contarán con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad aplicable correspondiente.

Palacio Legislativo San Lázaro, a 21 de diciembre de 2022.– Dipu- tadas y diputado: Eunice Monzón García, Karen Castrejón Trujillo, Luis Edgardo Palacios Díaz (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Movilidad, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.

LEY DE AEROPUERTOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los aeropuertos son la infraestructura esencial que se requiere para que en ellos se pueda llevar a cabo la aviación y el transporte aéreo, éstos contarán con instalaciones y servicios adecuados para recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, así como del transporte privado comercial y privado no comercial.

En este sentido, el transporte aéreo funge como una herramienta de comunicación nacional e internacional, siendo un factor determinante para ordenar el espacio físico e integrar a las distintas regiones de todo un país, de un continente y del mundo en general.

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para enero de 2022, antes de la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el país tenía un registro de 77 aeropuertos, entre los que destacan los de la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara los cuales concentran la mayoría del tránsito aéreo. En conjunto los aeropuertos nacionales movilizan aproximadamente a 8 millones de pasajeros de manera mensual, cifra que puede llegar a incrementarse significativamente durante las épocas de temporadas altas.

Los aeropuertos se han convertido en una de las puertas principales de entrada y salida para visitantes tanto nacionales como internacionales, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo entre enero a octubre de este año se registraron 46 millones 542 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, mientras que para vuelos internacionales se alcanzaron los 40 millones 873 mil usuarios.

Ante la magnitud del tráfico de pasajeros en el país, resulta fundamental garantizar la seguridad de todos los viajeros al interior de las terminales aéreas, para ello se requiere mejorar e incrementar la calidad en el trato al pasajero a la par de contar con un servicio eficiente de seguridad en las instalaciones.

Lamentablemente, el robo al equipaje y artículos personales de los pasajeros dentro de los aeropuertos del país se ha convertido en una constante y en una de las problemáticas más sentidas para los viajeros.

Diversas notas periodísticas han documentado la forma en que personal de los aeropuertos sustrae pertenencias de las maletas de los pasajeros, ya sea al momento de trasladar el equipaje a las aeronaves, o bien, cuando las maletas pasan por las bandas de seguridad. Dicha problemática no es un tema menor dado el importante flujo de personas que se presenta en los aeropuertos.

De acuerdo con cifras de la oficina de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, las cuales reportan el volumen de pasajeros en los diferentes aeropuertos del país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el que más pasajeros ha recibido durante 2022 seguido por el de Cancún y Guadalajara, como se aprecia en la siguiente tabla:

Llegada total de pasajeros por aeropuerto

Aeropuerto                                                      2022

Ciudad de México             19 millones392 mil 563

Cancún, Quintana Roo       12 millones 283 mil 43

Guadalajara, Jalisco            6 millones 199 mil 799

Fuente: Elaboración propia con datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Como se observa, el número de personas que de manera cotidiana utilizan las instalaciones y los servicios aeroportuarios no es menor. Por ello resulta fundamental que quienes están al frente de los mismos garanticen estándares mínimos de seguridad a los usuarios, de manera tal que tanto su integridad como sus pertenencias estén protegidas.

El robo de equipaje de pasajeros en los aeropuertos en el país no es nuevo: en 2018, la revista Forbes y el Consejo Ciudadano de México documentaron que el robo en equipaje y artículos personales en el aeropuerto de la Ciudad de México había aumentado 25 por ciento durante 2017, problema que no ha sido subsanado y sigue afectando a miles de usuarios diariamente. Los objetos más comúnmente sustraídos del equipaje de los pasajeros son perfumes, ropa, relojes, joyas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y electrónicos.

El pasado 24 de noviembre, Grupo Fórmula presentó una serie de videos extraídos de las cámaras de seguridad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en donde se muestra la forma en que trabajadores de las empresas de seguridad privada extraen pertenecías del equipaje de los pasajeros en los distintos puntos de revisión.

Si bien el pasado febrero se informó que la Secretaría de Marina se encargaría de la vigilancia en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es primordial que los encargados de la operación de los aeródromos civiles se hagan responsables y garanticen condiciones mínimas de seguridad para los usuarios.

En el país el turismo es una de las actividades más importantes para la economía nacional, siendo el uso de aeropuertos parte fundamental del engranaje para que los turistas lleguen a sus destinos vacacionales sin que en el trayecto se vean afectados por el robo a sus maletas. Este tipo de fenómenos hacen que los pasajeros, principalmente aquellos que viajan por razones turísticas, se queden con un mal sabor de boca que en el futuro los hará dudar si viajar al país para el caso de los visitantes extranjeros, o bien, cuestionarse incluso la posibilidad de viajar en el caso de los turistas nacionales.

Si bien se han tomado medidas a fin de combatir el robo de equipaje a pasajeros dentro de las instalaciones de los aeropuertos es pertinente fortalecer la normatividad en la materia a fin de obligar a los concesionarios a garantizar la seguridad de los usuarios y sus pertenencias al interior de los aeropuertos.

Por lo aquí expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos

Único. Se adiciona el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 46. Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad.

Los concesionarios o permisionarios estarán obligados a garantizar en todo momento la seguridad de los usuarios y sus pertenecías al interior de los aeropuertos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase Demetrio Galíndez López. Aeropuertos, Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, México 2016. Disponible en

http://www.amivtac.org/spanelWeb/file-manager/Biblioteca_ Amivtac/Libros-AMIVTAC/Aeropuertos/Aeropuertos.pdf

2 Ibídem.

3 Véase Secretaría de Turismo, Actividades aeroportuarias. Consultado el 9 de diciembre de 2022. Disponible en

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/TrasnAerea.aspx

4 Véase Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Llegadas por aeropuerto (flujo de pasajeros y vuelos). Consultado el 9 de diciembre de 2022. Disponible en

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/TrasnAerea.aspx

5 Véase “Robo de equipaje en el aeropuerto de la Cdmx”, en revista Forbes, 13 de febrero de 2018. Disponible en

https://www.forbes.com.mx/robo-de-equipaje-en-el-aeropuerto-de-l a-cdmx-aumenta-25-en-2017/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2022.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.

DECRETO POR EL CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, PUBLICADO EN EL DOF EL 6 DE JUNIO DE 2012

«Iniciativa que reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el DOF el 6 de junio de 2012, suscrita por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que el cambio climático son todos aquellos cambios de las temperaturas y los patrones climáticos a largo plazo. Estos cambios pueden ser naturales, provenientes de las variaciones del ciclo solar, o provocados por intervención del ser humano que, a partir del siglo XIX, ha sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

La quema de este tipo de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas; algunos ejemplos de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono, causante de 63 por ciento del calentamiento global y, en menor medida, el metano; no obstante, existen otras causas como son el desmonte de tierras y bosques, los vertederos de basura, la agricultura irracional y el cambio de uso del suelo.

Las emisiones de estos gases que provocan el cambio climático se generan prácticamente en todo el mundo y nos afectan a todos; sin embargo, algunos países generan mucho más que otros, se tiene documentado que los 10 países con mayores emisiones aportan 68 por ciento de las emisiones mundiales.

En este sentido, dado que estas emisiones cada día son más frecuentes, nuestro planeta se encuentra en su nivel más alto de concentración de gases de efecto invernadero desde que se tiene registro de estas emisiones, lo que ha generado que la temperatura de la Tierra sea 1.1 grados Celsius más elevada que a finales del Siglo XIX.

Este aumento de la temperatura es el lado más visible del cambio climático, pero solo es una parte, ya que las consecuencias de este fenómeno incluyen sequías intensas, escasez de agua, grandes incendios, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos y la disminución de la biodiversidad y, entre muchos otros, alteraciones que ya no se tratan de una advertencia, sino de una realidad inminente para muchas zonas del planeta.

Diversos informes de las Naciones Unidas, al igual que un gran número de científicos alrededor del mundo, coinciden en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados Celsius nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima que nos garantice habitar la Tierra; desafortunadamente son los mismos especialistas quienes señalan que para finales de siglo estaremos experimentando un aumento de temperatura cercano a los 2.8 grados Celsius.

El incremento parece no ser significativo para quienes pasa desapercibida la crisis climática por la que hoy atravesamos, no obstante, este aumento en la temperatura de la Tierra puede llegar a tener grandes afectaciones no solo en nuestra salud, sino también en cuanto a la capacidad de cultivar alimentos, en la manera de cómo vivimos y en nuestra seguridad, por mencionar algunas.

Como se ha referido, esta situación no es de reciente descubrimiento y tratamiento, incluso existen avances significativos que nos muestran el interés de las distintas naciones para poder actuar en consecuencia y al nivel de las necesidades y exigencias de la crisis climática mundial.

En 1992, durante los trabajos de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático exaltó su preocupación y el interés para frenar el acelerado crecimiento de los efectos del cambio climático.

En esta reunión sobresalieron temas para disminuir las emisiones que provocan el calentamiento global y la adaptación para prepararnos para los cambios que, desde ese entonces, ya estaba ocasionando el cambio climático.

En Berlín se llevó a cabo en 1995 la primera la Conferencia de las Partes (Cop) y desde entonces todos los años se lleva a cabo una nueva reunión para hablar, negociar y acordar de manera conjunta las acciones a las que se comprometen cada una de las partes a ejecutar para tratar el cambio climático.

A lo largo de los años han destacado dos Cop por los acuerdos alcanzados para afrontar el cambio climático; la Cop número 3, de Kioto, en 1997; y la Cop número 21, en París, en 2015.

Respecto al protocolo de Kioto, se hace la diferencia entre “países emisores”, que son los países desarrollados, con alto nivel de riqueza y con gran nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, y países en desarrollo; obligando solamente a los países considerados una potencia económica o coloquialmente identificados como ricos a reducir emisiones estableciendo objetivos para cada país y mecanismos punitivos si no se cumple lo acordado.

El Acuerdo de París, en cambio, no hace diferencia entre países, y considera injusto obligar sólo a los países desa-rrollados a reducir sus emisiones, toda vez que hay países en desarrollo como India y Brasil que tienen gran nivel de emisiones.

En el acuerdo adoptado en París, hoy ampliamente conocido como “Acuerdo de París”, los compromisos de reducción de emisiones se establecieron de manera voluntaria, no están cuantificados y no existe ningún instrumento jurídico que obligue o sancione el cumplimiento de dichos acuerdos.

En la Cop-21 se fijó disminuir las emisiones, de modo que la temperatura global no subiera por encima de 2 grados Celsius a finales de siglo, comprometiéndose los países a hacer el esfuerzo para que la temperatura no suba más allá de 1.5 grados Celsius.

El Acuerdo de París fue puesto en marcha en 2020, en Conferencias posteriores se ha trabajado en la elaboración de las reglas para su implementación. Las revisiones a los avances apuntan a que ha habido el interés de no declinar en el alcance del objetivo, sin embargo, ello no significa que, con el paso de los años, el cumplimiento de estas metas esté libre de complicaciones como lo es el asunto relacionado con la forma en la que se deben medir las emisiones y el cómo garantizar un comercio de emisiones entre países que sea transparente y que no elimine la ambición necesaria para conseguir el objetivo de los 2 grados Celsius.

Como se ha mencionado, cada año se lleva a cabo una Conferencia de las Partes, y 2022 no fue la excepción: en Sharm el Sheij, Egipto, se celebró la Cop27, la cual logró reunir a más de 45 mil participantes para seguir consolidando ideas, rutas de solución y reestructuración de metas que se adecuen a las exigencias de la crisis climática mundial.

Como parte de los trabajos en esta última reunión se insistió en la necesidad de seguir fortaleciendo la participación de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las ciudades y la sociedad civil, incluidos jóvenes y niños, quienes mostraron cómo están afrontando el cambio climático, y compartieron cómo afecta a sus vidas, dando como resultado principal un acuerdo decisivo para proporcionar financiamiento por “pérdidas y daños” a los países vulnerables duramente afectados por los desastres climáticos.

En la Conferencia celebrada del 6 al 18 de noviembre también se reafirmó el compromiso de los países participantes de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, de igual manera se reforzó la acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático, además de impulsar el apoyo al financiamiento, la tecnología y la creación de capacidades que necesitamos en los países en desarrollo.

En este rubro, retoma especial relevancia la creación de un fondo específico para pérdidas y daños; al respecto, los representantes de los gobiernos asistentes decidieron establecer nuevos acuerdos de financiamiento, así como también un fondo específico para ayudar a los países en desarrollo a responder a las pérdidas y daños; de igual manera acordaron establecer un “comité de transición” para que lleve a cabo recomendaciones sobre cómo poner en marcha los nuevos acuerdos de financiamiento y los fondos en la Cop28 del año próximo.

Ahora bien, por lo que hace la materia de adaptación, los gobiernos acordaron la forma de avanzar en el Objetivo Mundial de Adaptación, que servirá de base para la primera Evaluación Global mejorando la resiliencia entre los más vulnerables, pues si bien el financiamiento resulta un tema importante, lo cierto es que necesitamos tener un plan de acción para saber cómo ejercerlo en los ejes prioritarios para hacer eficaz su uso.

Uno de los temas a desarrollar por parte importante de los asistentes a la Cop27 fue la pertinencia de revisar si las metas planteadas, más allá de si se cumplirán o no, cumplen con las exigencias de la gravedad climática en la que hoy ya estamos inmersos. Para ello se acoraron nuevas promesas de contribuciones, por más de 230 millones de dólares, mismas que deberán ser depositadas en el Fondo de Adaptación, con la finalidad de que estas promesas sirvan para apoyar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático mediante soluciones concretas de adaptación.

Este plan busca mejorar la resiliencia de las personas que viven en las comunidades más vulnerables al clima para 2030, destacando la necesidad de una transformación mundial hacia una economía baja en emisiones de carbono.

Para lograr esta transformación se estima necesaria una inversión de entre 4 y 6 billones de dólares al año, la cual requerirá una transformación rápida y estructural del sistema financiero, de la forma en que intervienen los gobiernos, los bancos centrales, los bancos comerciales, los inversores institucionales y otros actores financieros.

Sin duda, ello indica que existe no sólo la intención, sino el compromiso para definir bases sólidas que garanticen un redireccionamiento en las políticas y acciones implementadas hasta el momento; en este sentido, vemos con agrado que durante la última COP se estableció un nuevo reto para conformar el Primer Inventario Mundial que permita hacer un balance de la aplicación del Acuerdo de París, toda vez que se evaluará de forma independiente el progreso hecho y si los objetivos son adecuados.

Lo anterior, atendiendo a los resultados arrojados en el informe hecho por ONU Cambio Climático, el cual señala que el desarrollo social y económico, así como el avance en el cumplimiento de los compromisos actuales por parte de los gobiernos nacionales sitúa al mundo en vías de un calentamiento de 2.5 grados Celsius para finales de siglo.

En concordancia, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU señaló que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse en 45 por ciento para antes del 2030 con el fin de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius.

Lo anterior es sin duda un llamado a redoblar esfuerzos que nos permitan avanzar en el cumplimiento de estas metas, pero, no sólo eso, se trata de hacer consciencia respecto la importancia de hacerlo en beneficio de nuestra propia subsistencia.

Derivado de estos trabajos y acorde a los acuerdos celebrados durante la Cop27, el gobierno de México anunció a través del secretario de Relaciones Exteriores el incremento de sus compromisos climáticos, mediante la reducción de emisiones de 22 a 35 por ciento para 2030.

Este aumento en las metas anunciado por el gobierno mexicano incrementa en 5 puntos porcentuales lo anunciado anteriormente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pretendía lograr la reducción de 30 por ciento; este incremento se suma a las acciones impulsadas por la institución, las cuales incluyen soluciones basadas en la protección de los recursos naturales, la generación de energías con baja huella de carbono y el transporte con bajas emisiones.

Para concretar lo anterior y armonizarlo con nuestro marco jurídico, consideramos necesario hacer una reforma que dé sustento legal a los compromisos anunciados. Actualmente la Ley General de Cambio Climático establece en su régimen transitorio las metas que México se comprometió a cumplir para reducir sus emisiones y, aun cuando no ha vencido el plazo para su cumplimiento, respaldamos la determinación de nuestro gobierno para hacer un nuevo esfuerzo que corresponda a la magnitud de la crisis climática que hoy atravesamos.

Este esfuerzo de armonización ha tenido varios ejercicios. En 2012, el artículo segundo transitorio de la Ley General de Cambio Climático establecía lo siguiente:

Segundo. El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir a 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas podrán alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por parte de países de-sarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye los Estados Unidos Mexicanos. Estas metas se revisarán cuando se publique la siguiente Estrategia Nacional.

Para 2018, la Ley General de Cambio Climático fue objeto de una importante reforma en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la cual modificó el mencionado artículo segundo transitorio para quedar de la siguiente manera:

Segundo. ...

Asimismo, el país se compromete a reducir de manera no condicionada un veintidós por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y un cincuenta y uno por ciento sus emisiones de carbono negro al año 2030 con respecto a la línea base. Este compromiso, asumido como Contribución determinada a nivel nacional, implica alcanzar un máximo de las emisiones nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico, la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto se reducirá en alrededor de cuarenta por ciento entre 2013 y 2030.

La reducción del veintidós por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se conseguirá a través del compromiso de los diferentes sectores participantes, de acuerdo con las metas siguientes: transporte -18 por ciento; generación eléctrica -31 por ciento; residencia l y comercial -18 por ciento; petróleo y gas -14 por ciento; industria -5 por ciento; agricultura y ganadería -8 por ciento y residuos -28 por ciento.

Las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro al 2030 se podrán incrementar hasta un treinta y seis por ciento y setenta por ciento respectivamente, de manera condicionada sujeta a la adopción de un acuerdo global que incluya temas tales como un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del cambio climático global.

Como observamos, se hicieron modificaciones que han buscado ser más realistas y posibles de cumplir, sin que ello represente un retroceso al cumplimiento del objetivo inicial; no obstante, hoy ante una realidad que demanda la puesta en marcha de acciones determinantes para poner un alto eficaz al cambio climático y sus consecuencias, resulta necesario hacer un nuevo esfuerzo para lograr el cumplimiento de las mismas en beneficio de la subsistencia en el planeta.

Por lo anterior, considero necesario adecuar la Ley con la finalidad de establecer las nuevas metas en materia de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, toda vez que, de no llevarse a cabo la actualización anunciada por el Gobierno Federal carecería de respaldo legal.

Para mayor entendimiento de la reforma plateada a continuación se muestra el cuadro comparativo:

Como ha quedado señalado, esta iniciativa propone actualizar las metas armonizándolas con los anuncios hechos por nuestras autoridades en la pasada COP27.

Creemos que más que tratarse de un ejercicio de armonización legal necesario, se trata de seguir robusteciendo nuestra legislación en materia de combate al cambio climático y sus efectos negativos contra el ambiente y la vida humana.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012

Único. Se reforman los párrafos segundo a cuarto del artículo segundo transitorio del decreto por el cual se expide la Ley General de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, para quedar como sigue:

Segundo. El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas podrán alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por parte de países desarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye los Estados Unidos Mexicanos. Estas metas se revisarán cuando se publique la siguiente estrategia nacional.

Asimismo, el país se compromete a reducir de manera no condicionada un treinta y cinco por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero y un cincuenta y uno por ciento sus emisiones de carbono negro a 2030 con respecto a la línea base. Este compromiso, asumido como Contribución determinada a nivel nacional, implica alcanzar un máximo de las emisiones nacionales al año 2026; y desacoplar las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico, la intensidad de emisiones por unidad de producto interno bruto se reducirá en alrededor de cuarenta por ciento entre 2013 y 2030.

La reducción de 35 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero se conseguirá a través del compromiso de los sectores participantes, las metas siguientes: transporte -18 por ciento; generación eléctrica -31 por ciento; residencial y comercial -18 por ciento; petróleo y gas -14 por ciento; industria -5 por ciento; agricultura y ganadería -8 por ciento y residuos -28 por ciento.

Las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de carbono negro al 2030 se podrán incrementar hasta un cuarenta por ciento y setenta por ciento respectivamente, de manera condicionada sujeta a la adopción de un acuerdo global que incluya temas tales como un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del cambio climático global.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase ¿Qué es el cambio climático? Disponible en

https://www.un.org/es/climatechange/what-is-climate-change

2 Véase ¿Qué son las COP y de qué se habla en ellas? Disponible en

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/historia_de_las_ cops_y_de_que_se_habla_en_ellas_0.pdf

3 La COP27 llega a un acuerdo decisivo sobre un nuevo fondo de “pérdidas y daños” para los países vulnerables. Disponible en

https://unfccc.int/es/news/la-cop27-llega-a-un-acuerdo-decisivo- sobre-un-nuevo-fondo-de-perdidas-y-danos-para-los-paises

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2022.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las fuentes de generación de contaminación visual que se está viviendo en los entornos urbanos y rurales, así como en las megalópolis, es el despliegue de infraestructura de redes de cableado y de antenas aéreas. Esto se debe a la falta de regulación expresa tanto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual regula que los elementos contaminantes no rebasen los límites aceptados, como en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual otorga concesiones, regula y emite los lineamientos para el funcionamiento de los Servicios de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero sin contar con una obligación expresa para que los prestadores de estos servicios retiren las redes de cableado y las antenas aéreas que se encuentran en desuso, derivando esto en una dinámica desordenada que afecta el desarrollo urbano.

Actualmente hay disposiciones en materia de prevención y control de diversas formas de contaminación contempladas en el capítulo VIII del título cuarto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, éstas se refieren al ruido, las vibraciones, la energía térmica, la luz intrusa y la contaminación visual.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y la radiodifusión.

Para promover la competencia y generar las condiciones que permitan hacer efectivos los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene entre sus facultades regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; otorgar y revocar concesiones en la materia; promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y de las redes y el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.

Aunado a lo anterior, están los Lineamientos para el Despliegue, Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objeto es promover el despliegue, el fomento de la compartición de infraestructura entre concesionarios, y el establecimiento de condiciones que permitan el acceso de concesionarios a elementos de infraestructura de otros concesionarios instalada en edificios, centros comerciales, fraccionamientos o cualquier inmueble con el propósito de que se brinden servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en mejores condiciones de competencia y libre concurrencia, y con ello, impulsar que los usuarios cuenten con más y mejores servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

También existe un convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad para dotar de cableado subterráneo e internet a pueblos mágicos y destinos prioritarios.

La importancia de una imagen agradable del espacio público en las zonas urbanas, en las megalópolis y también en el ámbito rural deriva de la influencia que ésta tiene en la manera en la cual interactuamos con nuestro entorno.

Resulta importante promover una imagen urbana agradable, limpia y adecuada en nuestras ciudades y evitar que ésta se deteriore, pues cuando esto sucede en algún espacio se presenta un efecto dominó que se extiende a otros sitios. Lo anterior fue demostrado en su momento por el estudio Teoría de las ventanas rotas, realizado en 1969 por la Universidad de Stanford, el cual señala que “si en un edificio aparece una ventana rota, y no se arregla pronto, posteriormente el resto de ventanas continuarán siendo destrozadas por el vandalismo, debido a la afectación de la imagen urbana por la contaminación visual”.

Los problemas de contaminación ambiental a los que menos atención se les presta, por considerar que son los que menos afectaciones implican, son el ruido y la contaminación visual; sin embargo, estos influyen en nuestra calidad de vida y salud, además de dificultar e incluso impedir el pleno disfrute del derecho humano a un medio ambiente sano.

La degradación visual de los espacios públicos urbanos resulta una consecuencia del crecimiento urbano, sin embargo, ésta puede evitarse si se cuenta con las herramientas de regulación adecuadas, en este sentido, el Estado debe procurar el desarrollo de elementos que permitan a la comunidad acceder al bienestar sin llegar a perturbar el entorno.

Actualmente, la contaminación visual se ha convertido en el principal elemento perturbador del espacio público, debido a la presencia de elementos atípicos, mismos que deforman el ambiente.

Ciertos tipos de contaminación son más característicos de los entornos urbanos, por ejemplo, el ruido, las vibraciones, la energía térmica, la luz intrusa y la contaminación visual.

En este caso estaremos refiriéndonos a la contaminación visual como la proliferación de elementos no arquitectónicos que alteran la estética y la imagen del paisaje tanto rural como urbano, generando una sobreestimulación visual agresiva e invasiva que afecta negativamente a quienes los perciben; dichos elementos son, por ejemplo, carteles, cables, antenas y postes, entre otros.

Hoy, el cableado de telefonía, televisión, electricidad y el soporte a la infraestructura instalados sobre calles y avenidas son parte del paisaje urbano habitual de muchas ciudades, sin embargo, el cableado no solo contamina visualmente, sino que, por falta de mantenimiento, representa un riesgo para la seguridad de la población ya que muchos de estos cables se encuentran en desuso o son conexiones informales.

La infraestructura pasiva o activa, conocida como tendido de cables aéreos, representa contaminación e inseguridad para la población y un problema de contaminación visual.

El artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente señala la prohibición de las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, así como la de generar contaminación visual cuando estos rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas. Además, el precepto citado establece la obligación de llevar a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

El artículo 156 de la misma ley señala que las normas oficiales mexicanas de la materia deben establecer procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores, pero no incluye a la contaminación visual.

Considero oportuno reformar el párrafo segundo del artículo 155 a efecto de considerar también la generación de contaminación visual como un elemento perjudicial en la construcción de obras o instalaciones, así como en la operación y el funcionamiento de las mismas y las autoridades estén obligadas a realizar acciones preventivas y correctivas para evitar sus efectos nocivos.

Estimo pertinente reformar el párrafo primero del artículo 156 para que se contemple a la generación de contaminación visual como un elemento respecto al cual las normas oficiales mexicanas deberán establecerán los procedimientos a fin de prevenirlo y controlarlo, fijando los límites de emisión respectivos.

El Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios relevantes sobre la contaminación visual, por ejemplo, la siguiente tesis:

Paisaje urbano. Constituye un bien intangible del dominio público, de conformidad con la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal.

De acuerdo con el artículo 2 de dicha legislación, el paisaje urbano es el aspecto que ofrecen las edificaciones y los demás elementos culturales que hacen posible la vida en común de los ciudadanos, así como el entorno natural en el que se insertan; en tanto que el espacio público está constituido por las calles, paseos, plazas, parques, jardines y demás lugares de encuentro de las personas, por lo que debe ser considerado un punto de convivencia que merece cuidado y preservación constante. De lo anterior se concluye que el paisaje urbano está indisolublemente vinculado al espacio público y, por tanto, constituye un bien intangible del dominio público, que cumple con una doble función: por un lado, representa un factor de bienestar individual y social y, por el otro, es un recurso económico para la ciudad mediante la concesión de su uso o aprovechamiento. De ahí que uno de los objetivos de la citada ley sea evitar la proliferación de una publicidad exterior desordenada y una saturación del paisaje urbano, pues ello se traduce en contaminación visual que afecta la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal y les impide disfrutar de un entorno armónico.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. “Época: Décima. Registro: 2001705. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, septiembre de 2012, tomo 3. Materia: Administrativa. Tesis: I.1o. (I región), 13 A (10a.). Página 1938.

Como puede verse, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en favor de evitar la contaminación visual, que afecta la calidad de vida de la población. Al no estar bien reguladas las fuentes que emiten y generan contaminación visual en el ámbito federal provoca inequidad en el acceso al ejercicio pleno del derecho al medio ambiente sano consagrado en la Carta Magna.

La contaminación visual requiere de leyes, reglamentos, lineamientos y normas oficiales que la mantengan por debajo de los límites mínimos aceptables.

Para mayor claridad respecto a lo planteado se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo aquí expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforman los párrafos segundo del artículo 155 y primero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 155. (...)

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz intrusa, ruido, vibraciones o contaminación visual, así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación visual, así como la generada por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

(...)

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor el presente Decreto, las entidades federativas, en un plazo de 180 días naturales, deberán adecuar sus legislaciones y reglamentos a efecto de dar cumplimiento a las modificaciones establecidas en este Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2022.– Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 279 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 55, fracción I, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 279 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México es una nación privilegiada que afortunadamente cuenta con una gran riqueza cultural, tan extensa e inigualable como también ancestral.

Esta riqueza cultural en todas las artes disponibles nos ha dado no solo una reconocida identidad nacional, motivo de profundo orgullo, sino que también nos ha obsequiado una destacada representatividad a nivel internacional que hasta la actualidad hemos logrado mantener.

Por ello, preservar, cuidar o fomentar todo lo referente a nuestra cultura no solo es una obligación como mexicanos, sino también una tarea permanente en la cual todos, sin excepción alguna y en corresponsabilidad desde nuestras facultades, debemos asumir, ya sea directa o indirectamente. Afortunadamente, de una u otra manera, así lo hemos hecho.

Gracias a lo anterior contamos con museos o muestras de talla internacional, tanto permanentes como provisionales, en todo nuestro territorio, los cuales no solo exhiben, sino también preservan representaciones de nuestra cultura y con ello, a la par, de toda nuestra historia.

No obstante, lo anterior y los valiosos esfuerzos que por décadas se han hecho en materia de preservación de nuestro acervo cultural, desafortunadamente, todavía prevalecen pendientes o deudas en la materia, algunas de ellas históricas.

Por un lado, cada vez son menos los recursos, tanto públicos como privados, que destinamos a la preservación o exhibición de las expresiones culturales con las que contamos.

Desafortunadamente, hemos visto cómo los recursos en todos los ámbitos de gobierno destinados a proyectos culturales y de preservación han ido disminuyendo. Lo anterior afecta no solo la preservación de las expresiones culturales que conocemos actualmente, sino también a las muchas manifestaciones que aún nos falta descubrir, rescatar, preservar y exhibir, negándonos con ello su disfrute y el propio enriquecimiento e incremento del acervo cultural de nuestro país.

Además, desde hace un tiempo a la fecha, hemos visto cómo está disminuyendo o incluso quizás hasta desapareciendo el interés de las nuevas generaciones en conocer, investigar, descubrir, disfrutar, compartir, portar, aprender y hasta difundir nuestra riqueza cultural.

Tristemente, vemos cómo se ha roto la cadena en la cual de generación en generación se trasmitía el conocimiento, la riqueza, destreza, habilidad y cultura que tanta identidad nacional nos ha dado.

Esta situación, aunque parece menor, no lo es, por el contrario, es sumamente grave porque implica que se vayan perdiendo irremediablemente todas esas mentes creativas y sus manos hábiles cuya existencia permite seguir elaborando esas representaciones culturales tan reconocidas en todo el mundo.

En este contexto, cualquier esfuerzo que se haga por detener esta inercia es imprescindible.

Requerimos seguir preservando nuestra riqueza cultural, nuestra identidad como nación y sociedad y nuestras tradiciones ancestrales, la cuales no solo condensan nuestra historia, sino también, nuestra fuente de representación y distinción ante todo el mundo. No hacerlo así ha salido muy caro y continuar con esa omisión por parte de la presente soberanía sería un error muy grave que seguramente lamentaremos tanto en el presente inmediato como en el futuro. Más aún, si nos referimos al rescate, cuidado, subsistencia y apoyo a una de las principales y más antiguas representaciones de nuestra historia y cultura, es decir, las artesanías.

De acuerdo a fuentes oficiales, las artesanías se trabajan fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos y creativos. Una de las características fundamentales de este trabajo consiste en que se desarrolla sin la ayuda de máquinas o de procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial.

La artesanía ha estado presente en toda nuestra historia, no solo como tradición y representación cultural, sino también como parte del día a día que ha forjado nuestra identidad, o bien, en la cotidianidad de nuestros ancestros e incluso como parteaguas o engranaje del comercio y economía que forjaron a nuestras más representativas culturas antiguas, todas ellas, cimiento de la sociedad mexicana actual.

Por lo anterior, tenemos la fortuna, gracias al rescate y preservación que se ha llevado a cabo, de contar con artesanías originales y representativas de todas nuestras épocas históricas y, a la par, de seguir encontrando en muchas regiones de nuestro país piezas actuales y vigentes que portan esa tradición y cultura ancestral.

Es necesario señalar que pocas son las naciones del mundo que cuentan con lo anterior, tan es así que incluso organismos internacionales han reconocido la riqueza cultural y la aportación a la historia de la humanidad como patrimonio de la misma de nuestras artesanías y de nuestros artesanos.

En 2017 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ubicó y reconoció a nuestro país como la nación número 3 en todo el mundo en cuanto a variedad y cantidad de artesanías con las que se cuenta y se realizan. México se ubica tan solo por debajo de otras dos culturas representativas y milenarias, la de India y China.

Esta situación recientemente reconocida por la ONU ha permitido una revalorización de las artesanías mexicanas a nivel mundial y un aumento significativo en el volumen de piezas que son comercializadas.

Basta señalar que las artesanías aportan poco más de 2.8 de todo el producto interno bruto (PIB) de nuestro país y son una de las mayores o principales fuentes de atracción turística en muchas regiones de nuestro territorio.

No obstante, desafortunadamente, este reconocimiento y notoriedad no es homogéneo para todas las regiones y sus artesanías.

Muchos estados de nuestro país o, mejor dicho, casi todos cuentan con artesanías representativas, las cuales les han dado notoriedad nacional e internacional tanto en aspectos culturales como también turísticos y hasta económicos.

El estado del que provengo, Jalisco, es orgullosamente un territorio sumamente rico y variado en cuanto se refiere a patrimonio cultural y elaboración de artesanías representativas no solo de la región, sino de todo el país, reconocidas incluso a nivel mundial, como ejemplo puede señalarse que 10 por ciento de las artesanías que México exporta al extranjero es elaborado por manos jaliscienses. Por ciento

Se trata de artesanías elaboradas por verdaderos maestros del arte popular, desde la cerámica de Tlaquepaque y Tonalá, los equipales de Zacoalco, los bordados de la región huichol, la artesanía de madera de Teocaltiche, la talabartería de Los Altos y Colotlán por mencionar algunas de las que se producen en el estado y son patrimonio de todos los mexicanos.

Son artesanías que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia como nación y son parte fundamental de nuestras tradiciones, así como de nuestro día a día. No obstante la importancia y representatividad de lo anterior, nuestras deudas y pendientes históricos con nuestros artesanos siguen, lamentablemente, vigentes y muy poco o casi nada se ha hecho para saldarlos.

Por eso, quienes integramos la presente soberanía debemos hacer algo y más aún en lo que se refiere a su protección ante falsificaciones, imitaciones o robos de identidad, las cuales son situaciones que representan no solo una ofensa a nuestra identidad nacional, una falta de respeto a nuestra historia y cultura, sino también un daño para nuestros artesanos por tratarse de una competencia desleal que implica pérdidas económicas a su de por sí frágil economía familiar.

Esta situación que sistemáticamente padecen nuestros artesanos en diferente grado no puede seguir siendo tolerada. No solo por cuestiones de cultura e identidad nacional o preservación de nuestro patrimonio y de nuestra historia, sino también por ser una actividad económica que da sustento a muchas familias a pesar de que su potencial ha sido desaprovechado en muchas partes de nuestro territorio.

Este problema de desprotección institucional que padecen nuestros artesanos se agrava aún más cuando escasean os recursos para la promoción, difusión, internacionalización y apoyo a nuestras artesanías.

El problema no es menor, el número de artesanas, artesanos y sus familias que estamos dejando indefensos ante falsificaciones, apropiaciones culturales, copias, imitaciones, entre muchas otras prácticas desleales, es muy grande.

De acuerdo a registros oficiales, desde 2017, tenemos al menos 12 millones de mexicanas y mexicanos que se dedican a la elaboración de artesanías regionales. Esto es, sin duda, un número significativo de familias que encuentran en la artesanía su sustento familiar, a pesar de que constantemente se enfrentan a problemas derivados de la pérdida en la rentabilidad de su oficio.

Son al menos 12 millones de personas con sus familias que no cuentan con el merecido reconocimiento social y económico a su labor, trabajo y aportación a nuestra historia y representatividad nacional y tampoco cuentan con suficientes apoyos institucionales para preservar su labor, mantener la tradición y comercializar sus artesanías de mejor manera.

Lo anterior, a pesar de que son ellos, junto con sus familias, quienes directamente y activamente están preservando una de nuestras más arraigadas tradiciones como lo es la elaboración de artesanías, pero, además, esta labor y encomienda es también menospreciada por la sociedad, ya que no valoramos en su justa dimensión lo que significa que las y los artesanos hereden a las futuras generaciones sus habilidades y conocimientos, que tanto prestigio nos han dado.

Sumado a lo anterior, es triste mencionar que más de la mitad de los 12 millones de artesanos que hay en el territorio nacional son doblemente invisibilizados y menospreciados, de hecho, hablamos de 70 por ciento de este total. Ese 70 por ciento del total de nuestros artesanos son mujeres, nos estamos refiriendo al menos a 8 millones de mujeres artesanas que intentan subsistir y sacar adelante a sus familias a través de sus artesanías.

Todos sabemos que ser mujer en este país es muchas veces estar expuesta al rezago, discriminación y desigualdad en diversas esferas de la vida cotidiana.

Además, tenemos un dato no solo desalentador, sino también representativo del declive que está teniendo en nuestro país la artesanía: al menos 10.9 por ciento de nuestras artesanas y artesanos se ven obligados a tener una actividad laboral adicional. Esto significa que el ingreso por la comercialización de sus artesanías es insuficiente para sostener a sus familias, por lo cual se ven obligados a buscar empleos adicionales para completar su sustento.

Igualmente, tenemos otros indicadores que dan cuenta de la precariedad, el abandono y la desprotección a su oficio y sus artesanías.

Por ejemplo, 80 por ciento de nuestras artesanas y artesanos, a pesar de tener en promedio entre 43.9 años en el caso de las mujeres y 43.1 años en el caso de los hombres, se encuentran en el sector informal, es decir, en la plenitud de su vida, de sus capacidades y con una familia que mantener y sacar adelante, pero carecen de toda la protección social y apoyo a su oficio que indiscutiblemente deberían de tener.

Como podemos darnos cuenta, el problema es grave y nos obliga a hacer algo urgentemente para preservar la riqueza nacional y cultural que tenemos en nuestras manos de artesanas.

Requerimos no solo ofrecer a nuestras artesanas y artesanos apoyos en cuanto se refiere a condiciones de calidad, certidumbre y mejores prácticas para la comercialización de sus artesanías.

No olvidemos que la artesanía en nuestro país ha perdido no solo el apoyo institucional, sino también el social y con ello le ha sido arrebatada la rentabilidad que le permitía subsistir a quienes se dedican a este oficio e incluso el interés de heredarla de generación en generación.

Antes de eso, requerimos urgentemente proteger a nuestras artesanas y artesanos de esa competencia desleal que representa la falsificación, imitación, copia o apropiación ilegal de la identidad de su trabajo.

Requerimos proteger la propiedad artesanal de nuestro país y prevenir los actos que atenten contra ella o que constituyan competencia desleal relacionada con ésta, así como establecer las sanciones y penas respecto de ello.

La herramienta para llevar a cabo esta tarea ya la tenemos, pero la desaprovechamos por exceso de normatividad, lo cual no hace otra cosa que obstaculizar el progreso y el bienestar de las y los artesanos. Esa herramienta la encontramos en la declaración de la denominación de origen de una artesanía, que es un mecanismo de protección para nuestras artesanías, incluso a nivel internacional.

Por eso presento esta iniciativa, la cual plantea reformar la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con la finalidad de establecer la obligación institucional de proteger la propiedad artesanal y además señalar que en el caso de que la solicitud de protección de la denominación de origen se refiera a una artesanía será obligatoria la continuación de oficio del trámite correspondiente.

Si no damos este paso, jamás vamos a poder rescatar a nuestras artesanas y artesanos del olvido y el abandono en que se encuentran. Nunca vamos a poder reposicionar a la actividad artesanal como fuente de ingreso y sustento familiar de cuando menos 12 millones de artesanas y artesanos.

Jamás vamos a tener la capacidad de ofrecer espacios adecuados y dignos para que no solo se exhiban nuestras artesanías nacionales, sino también se difundan, promuevan y comercialicen de manera directa y a un mejor precio.

Es valioso cualquier intento o esfuerzo de reconocimiento y apoyo a nuestros artesanos y nuestras artesanías para devolverle a este importante e invaluable oficio ancestral la rentabilidad que le corresponde y también le urge recuperar.

Las artesanas y artesanos de este país merecen que protejamos, rescatemos y apoyemos la consolidación de su oficio y su manera de ganarse la vida y de mantener a sus familias.

La artesanía en nuestro país requiere de nuestra ayuda urgente para subsistir y continuar siendo fuente de representación y orgullo nacional.

Estamos obligados a cuidarlas y protegerlas de esa competencia desleal que representa para nuestras artesanías nacionales la imitación o falsificación, ya sea realizado por parte de personas desde el interior de nuestro país o, peor aún, desde el extranjero que, aprovechándose del desinterés institucional que prevalece, sacan indebidamente provecho de lo que no les pertenece.

Por lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 279 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y III del artículo 2 y se adiciona un último párrafo al artículo 279 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:

I. Proteger [RTF bookmark end: Artículo_2] la propiedad industrial y artesanal mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas;

II. ...

III. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial y artesanal o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;

IV. a V. ...

Artículo 279. El solicitante tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo anterior.

La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Si lo considera pertinente, el instituto podrá continuar de oficio la tramitación de la declaración en los términos del presente capítulo.

En el caso de que la solicitud de la protección de la denominación de origen se refiera a una artesanía, será obligatoria la continuación de oficio del trámite.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/inaes/articulos/artesanias-orgullo-de-mexico? idiom=es

2 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/12/11/mexico-tercer-lugar-nivel-mu ndial-en-elaborar-artesanias-27435.html

3 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/12/11/mexico-tercer-lugar-nivel-mu ndial-en-elaborar-artesanias-27435.html

4 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/12/11/mexico-tercer-lugar-nivel-mu ndial-en-elaborar-artesanias-27435.html

5 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/12/11/mexico-tercer-lugar-nivel-mu ndial-en-elaborar-artesanias-27435.html

6 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2017/12/11/mexico-tercer-lugar-nivel-mu ndial-en-elaborar-artesanias-27435.html

7 https://datamexico.org/es/profile/occupation/trabajadores-artesanales

8 https://datamexico.org/es/profile/occupation/trabajadores-artesanales

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, de la Cámara de Diputados.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 246 y 395 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 55, fracción I, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 246 y 395 del Código Penal Federal, al tenor de los siguientes:

Considerandos

La propiedad es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes. De acuerdo a la ley, ese derecho lo debe proteger el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

Este derecho en ocasiones se ve afectado por el delito de despojo, que es la usurpación o la ocupación ilegítima de un bien inmueble ya sea predio, lote o inmueble que por derecho corresponde a otra persona, que pretende ocupar el sujeto activo, hacer uso o ejercer un derecho real que corresponde a otro por medio del engaño, la furtividad o la violencia. En los últimos años se han agudizado de forma gradual los actos de despojo realizados a través de falsificación de documentos, robo de identidad, escrituración de predios y fraudes procesales mediante contratos privados de compra-venta en algunas ocasiones con el apoyo de notarios y de jueces corruptos.

Actualmente, los notarios realizan enajenación de bienes, otorgamiento de poderes a través de casos de suplantación de identidad, alteración de testimonios o escrituras, creación de documentos apócrifos a partir de archivos depositados en registros de notarías y en registros públicos de la propiedad.

Sin embargo, la realidad es preocupante, según lo demuestran diversas investigaciones al respecto como el “Cuaderno de Investigación número 69” de 2020, elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Senado de República, del cual se destacan los siguientes datos:

En tanto, en los totales anuales a escala nacional en el número de delitos de despojo han mostrado un incremento anual constante en los últimos años al pasar de 20 mil 281 casos denunciados en 2015 a 27 mil 597 en 2019.

En suma, durante este periodo se denunciaron 118 mil 893 ilícitos de esta variedad.

En el periodo 2015 a 2019, las entidades federativas con mayor número de delitos de despojo denunciados fueron: Ciudad de México (17 mil 653); estado de México (14 mil 553); Jalisco (9 mil 417); Veracruz (6 mil 316); y Baja California (5 mil 724).

Como puede apreciarse, el tema de seguridad jurídica vinculado con la vivienda está siendo vulnerado por los altos índices del delito de despojo. Esta situación refleja la falta de eficacia jurídica para la persecución del delito y como consecuencia el aumento del mismo, en muchos casos derivado de la impunidad.

Exposición de Motivos

Actualmente el delito de despojo está considerado en el catálogo de delitos patrimoniales, por lo que el bien jurídico tutelado es el patrimonio en la esfera jurídica del sujeto pasivo, por lo tanto, se ve afectado por un tercero al ser despojado de éste, como titular de los derechos reales, ya sea como propietario o legal poseedor.

Si bien es cierto que un número importante de los despojos denunciados son cometidos entre particulares, lo cierto es que una parte de estos se realiza con el apoyo de notarios, jueces y abogados. Además, la falta de regularización en los títulos de propiedad hace a muchos inmuebles blanco directo de quienes ven en este tipo de situaciones la oportunidad de hacerse ilegalmente de un predio o edificación.

Cabe precisar que en la actualidad el Ministerio Público le resta valor probatorio a los documentales exhibidos por los despojados, con los cuales buscan acreditar el proceso de adquisición de una vivienda, con lo que se acreditaría el delito de despojo al momento en que el bien es ocupado por una persona distinta, sin embargo, se hace caso omiso a estos documentos y por tanto no se persigue el delito.

Como podemos observar, realmente existe una inadecuada percepción sobre la investigación y la sanción del delito de despojo entre particulares, aún más cuando existe contubernio con autoridades para la comisión de este delito. En este contexto, resulta necesario precisar que jurídicamente el bien jurídico que se protege es la posesión, por lo cual es primordial la continuidad de las investigaciones por parte del Ministerio Público hasta la judicialización de los casos.

Ante esta situación jurídica lo que se protege con el tipo penal de despojo “ no es el patrimonio, sino el derecho real de posesión”. Lo cual resulta equivocado, por lo que es incongruente el hecho de que el denunciante hubiera sido despojado de su propiedad cuando se encontraba en posesión del mismo, en ese tenor, se está ante una figura jurídica totalmente distinta.

Tal situación jurídica ha provocado que el proceso que lleva a cabo el Ministerio Público, antes de la judicialización de la carpeta de investigación, se entorpezca o se haga más lento, lo cual en algunos casos implica que sea prácticamente imposible llevar la carpeta a la instancia judicial, lo que se traduce en la pérdida irremediable del bien como patrimonio del afectado, pero no solo por la acción del despojante, sino por la inadecuada regulación del delito de despojo en nuestros marco jurídico.

La situación se agrava cuando durante la secuela procesal correspondiente el que realizó el despojo permanece en posesión del bien, es decir, el presunto delincuente sigue en posesión del objeto material del delito, lo cual es incongruente.

Cabe precisar que la propiedad es un derecho que se tiene sobre una cosa o bien, mientras que la posesión es el hecho de detentar la cosa o bien, lo cual no implica que quien lo detenta sea el dueño.

Ahora bien, el propietario legal que no tenga la posesión, no implica que el poseedor sea el dueño, independientemente de que la posesión otorga el derecho como es la presunción de propiedad, en ese tenor, en el tipo penal de despojo el objeto del delito es tanto la propiedad como la posesión de un inmueble, cosa o bien.

De ahí que el objeto del delito de despojo no requiere que el propietario habite el inmueble para acreditar la propiedad del mismo, por lo tanto, no implica que el presunto tenga derechos dudosos o litigiosos respecto del bien inmueble, lo cual no quiere decir que la concurrencia del primero desvirtué al segundo, ya que el delito incriminado que tutela el ius possessionis es momentáneo sobre el ius possidendi que es el “derecho a poseer”, el cual corresponde a quien sea propietario o titular de un derecho real, mientras no se decida en el juicio.

En los casos de despojo en donde están inmersos notarios, jueces y abogados son estos quienes falsifican las escrituras en actos jurídicos como la inscripción de los inmuebles en los libros notariales con escrituras de los terrenos con fechas retroactivas para posteriormente inscribir los documentos falsos en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro para concretar el delito de despojo.

De explorado derecho sabemos que las documentales públicas dentro de un proceso judicial o administrativo hacen valor probatorio pleno, lo cual implica que los documentos notariales son prueba plena en los procedimientos, en este sentido, en caso del delito de despojo los documentos notariales son fundamentales al momento de resolver todo tipo de conflictos en los que alguna de las partes pretenda sustentar su hecho con base en pruebas documentales públicas notariales.

Últimamente se da la participación ilegal de notarios en el delito de despojo de bienes inmuebles en todo el país con la participación ilegal de fedatarios públicos incentivando en mayor medida la comisión de estos ilícitos en detrimento de la propiedad.

En ese tenor y a sabiendas que la función notarial es pieza fundamental en el engranaje de la comisión de un delito que va en aumento de forma exponencial, es necesario que se sancione incluso con la revocación de la patente notarial.

Objeto de la reforma

Se propone reformar los artículos 246 y 395 del Código Penal Federal, con la finalidad de aumentar la pena a quien cometa el delito de despojo, en virtud de que en algunos estados la sanción es menor que la que se aplica en la Ciudad de México, así mismo, se pretende implementar una medida cautelar que ordene la desocupación del inmueble y la restitución del mismo a quien acredite la propiedad del bien.

Tomando en consideración la participación de fedatarios públicos en el delito de despojo es necesario que éste tenga una sanción específica en la ley de carácter penal aparte de la prisión, por lo que se considera oportuna la revocación y renuncia definitivamente de la patente de notario en el caso de falsificación de cualquier tipo de documento.

Evidentemente, al existir una falta grave y deficiencias en el ejercicio de la función notarial se está contraviniendo el orden público, en contra de la sociedad en que se actúa y, por tanto, atentando contra el principio de certeza jurídica al realizar falsificaciones de cualquier tipo de documentos. Esta medida de revocar la patente e inhabilitarlo para el ejercicio de la función notarial se aplicará a efecto de tutelar la misma.

Derivado de lo anterior, se propone lo siguiente:

Establecer en el artículo 246 que también incurrirá en la pena señalada en el artículo 243 el Notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o de fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos. Además, se le revocará la patente de notario y se le inhabilitaría para el ejercicio de la función notarial de manera definitiva.

Igualmente es necesario reformar el artículo 395 con la finalidad de armonizar la penalidad ya que existe desigualdad jurídica, toda vez que la penalidad por el despojo en cualquier estado de la República Mexicana es de tres meses a cinco años, a diferencia de la Ciudad de México que es de dos a nueve años.

Por lo que respecta a la aplicación de la medida cautelar, sirve de fundamento lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales el cual señala lo siguiente:

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

IX. La separación inmediata del domicilio;

Esta media jurídica es de carácter preventivo, como sería el caso de la medida cautelar del arraigo del presunto responsable hasta la integración de la carpeta de investigación, lo cual conlleva a establecer una equidad jurídica entre las partes y más en el hecho de que se defiende la posesión y no la propiedad del legítimo poseedor de los derechos reales, pues resulta ilegítimo que quien es acusado de despojo continué con la posesión del objeto que originó el delito mientras se restituyen los bienes a quien legítimamente reclame el derecho de la propiedad o la posesión, por lo cual esta medida sería de carácter preventivo a efecto de que los presuntos desistan de cometer el delito de despojo, en tanto se reúnen los elementos suficientes para castigar el delito, además se evitaría que el afectado tramite por cuenta separada ante los tribunales civiles la restitución del inmueble, lo que no sólo daña el principio de justicia pronta y expedita, sino la idea de la buena administración de justicia.

En tal razón, al no ser un acto privativo o definitivo, la medida cautelar de la desocupación del inmueble materia del despojo no resulta violatoria de la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional ni vulnera el principio de igualdad procesal, en cambio, se justifica pues evita la prolongación de una conducta antisocial.

En el caso de la desocupación del bien inmueble se nombrará como depositario a una persona de confianza por parte del agraviado, dicha medida es racional y adecuada porque se refiere a la custodia del bien y a la protección de los derechos del legítimo propietario.

Es imprescindible que desde el momento en que se dicte el auto de sujeción a proceso el juez decrete la “medida cautelar de la separación inmediata del bien inmueble”, interrumpiendo así la ilegalidad del hecho delictivo.

La medida cautelar es con el fin de erradicar el delito de despojo de bienes inmuebles en la cadena de ilegalidades donde no solo participa el notario, sino también los jueces, abogados y particulares, quienes, a sabiendas del delito que están cometiendo, acuden a formalizar con fe pública un acto jurídico para tener el dominio de un bien de forma ilegal.

Considerando que actualmente intervienen o participan fedatarios, autoridades judiciales y profesionales del derecho, con la finalidad de despojar al sujeto pasivo de un bien inmueble, es necesario reformar el párrafo segundo del artículo 395 en comento, ya que se contempla que para el caso donde intervengan un grupo de más de cinco personas, resulta jurídicamente improcedente, toda vez que el mismo Código Penal Federal respecto al delito de Asociaciones delictuosas señala:

Artículo 164. Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.

E concordancia con lo establecido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aunque el tipo penal de despojo no encuadra dentro de los supuestos del artículo 2, se propone una modificación para lograr la homologación de las leyes en aras de una mejor aplicación del derecho, cuando intervengan en la comisión del delito de despojo tres o más personas.

En atención al incremento del delito de despojo en todo el país es necesario reformar el párrafo tercero del precepto citado, ya que actualmente se aplica mayor penalidad cuando el hecho delictivo se comete en la Ciudad de México, siendo jurídicamente inequitativo.

Por tanto, es necesario aplicar la penalidad de tres a seis años en todo el país, considerando al despojo como un delito que va en incremento.

Por lo expuesto y debidamente fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 246 y 395 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 246 y se reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, para quedar como sigue.

Artículo 246. También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243:

I. ...

II. El notario y cualquier otro funcionario público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos;

Además, se le revocará la patente de notario y se le inhabilitará para el ejercicio de la función notarial de manera inmediata y definitiva.

III. a VIII. ...

Artículo 395. Se aplicará la pena de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización:

I. a III. ...

Al momento de que el juez dicte el auto de sujeción a proceso, el afectado podrá solicitar como medida cautelar la desocupación del inmueble, el cual quedará bajo resguardo de un depositario de su confianza hasta que se acredite la legítima propiedad del poseedor o del tercero, restituyendo la propiedad a quien legalmente haya acreditado ser el legítimo propietario.

La pena será aplicable, aun cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudoso o esté en disputa.

Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores tres o más personas, además de la pena señalada en este artículo, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.

A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos en todo el territorio nacional, se les aplicará una sanción de tres a seis años de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento o la absolución del inculpado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma los artículos 211 Bis 1 a Bis 3 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Gina Gerardina Campuzano González, y las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 211 Bis 1; el artículo 211 Bis 2; y el artículo 211 Bis 3 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, en cuestiones de ciberseguridad, nuestro país está por debajo de países como Kenya, Sri Lanka, Brasil, Panamá, Chile o Nigeria. De acuerdo con el National Cibersecurity Index 2022, el índice de seguridad cibernética de México es de 37.66 puntos sobre 100, lo que ubicó al país en la posición 84 de 160 a nivel mundial.

Estas cifras alarman tanto a dependencias gubernamentales como a las empresas. De acuerdo, con el estudio “El estado de Ransomware 2022”, de Sophos, indicó que, de 200 organizaciones en México, 74 por ciento fue víctima de ransomware, pagando un promedio de 482 mil 446 dólares. Sólo en 2021, este tipo de ataque creció 600 por ciento en México.

Recordemos que en la década de los 90 del siglo pasado, la cantidad de computadoras y sistemas que dependían de su conexión a internet eran muy pocos, sobre todo en países como el nuestro. Sin embargo, en sólo 25 años, prácticamente todas las actividades esenciales del mundo de lo privado y de lo público dependen en buena medida de lo que ocurre en la red.

De acuerdo con el Informe Global de Riesgos 2022, del Foro Económico Mundial, los ataques cibernéticos están considerados como la quinta amenaza o riesgo más importante a nivel internacional. Según sus datos, hay al menos 100 intentos cada minuto, por vulnerar algún sistema informático en el planeta; pero lo peor es que la intensidad de la búsqueda, ataques y vulnerabilidades detectadas crecen exponencialmente todos los años.

Asimismo, de acuerdo con la empresa de seguridad informática Eset, dos de cada tres personas afirman estar preocupada por incidentes relacionados con malware; sólo 10 por ciento de las personas que han sido encuestadas por la empresa protege a sus dispositivos móviles con alguna solución de seguridad; 60 por ciento de los usuarios de internet están preocupados por el robo de información. Al menos 50 por ciento de las personas que fueron encuestadas en 2022 sufrió algún incidente de ciberseguridad y alrededor de 60 por ciento asegura que el presupuesto asignado a su seguridad informática no es el suficiente.

Parece ser que, por lo que está ocurriendo en nuestro país, el gobierno de la República se encuentra justamente en el último de los supuestos expresados por usuarios individuales de todo el mundo. Con la enorme diferencia de que lo que se encuentra en juego en este caso es nada menos que la seguridad del Estado mexicano, así como la protección de servicios críticos para la población.

Hay muchas áreas súper sensibles del gobierno que hoy se encuentran en la red. Por ejemplo, cabe preguntarse si existe suficiente seguridad informática en el conjunto de instituciones del Sector Salud (IMSS; ISSSTE, y la Secretaría de Salud), en el resguardo de los expedientes clínicos digitales de sus pacientes. Lo mismo ocurre con los datos de que dispone Compranet de todas las personas que prestan servicios o venden productos para el sector público. ¿O qué decir de la aeronáutica civil, cuyos radares, por ejemplo, podrían en algún momento ser hackeados?

La lista de espacios de riesgos es altísima. Por ello preocupa enormemente el hackeo masivo filtrado por “Gucamaya”, respecto de varios “terabites” de información, nada menos que de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya había habido alertas sobre la debilidad en el desempeño y seguridad informática de este gobierno con la caída del ya mencionado Compranet; y ahora también, con lo que parece ser un nuevo hackeo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la República, donde se han suspendido servicios y trámites “hasta nuevo aviso”.

De acuerdo con datos de Forti Guard Labs, en los primeros seis meses de 2022 México enfrentó al menos 80 millones de intentos de ciber ataques; esto hace un promedio de 444 mil casos por día, o bien, 7 mil 400 intentos de ciber ataques cada minuto. En ese sentido, la empresa IQ Sec asegura que México se encuentra poco preparado para enfrentar con éxito estas amenazas en el corto plazo y por ello urge a una mejor regulación, pero también al desarrollo de una cultura de mayor prevención que permita prevenir, mitigar y revertir los ataques informáticos que ocurren a diario.

Al respecto es importante pensar, por ejemplo, en la edad que tienen los equipos informáticos con los que trabaja nuestro gobierno. Porque de ello depende el tipo de software que se usa. En efecto, por lo que sabemos a través de las disposiciones presupuestarias y administrativas del gobierno de la República, la compra, renta o renovación de equipos de cómputo es una de las áreas que han sufrido mayores recortes. Y si esto es así, a medida en que los equipos envejecen, no sólo se tienen menores capacidades de trabajo, sino que las vulnerabilidades se incrementan de manera muy relevante pues, al tener software envejecido, las posibilidades de que sea hackeado se incrementan exponencialmente, y eso lo sabe incluso cualquier hacker novato.

México contaba, en la extinta Policía Federal, con una sólida división de policía cibernética; pero con su paso a la Guardia Nacional, no se sabe bien a bien si sus capacidades se mantuvieron o incluso mejoraron; si el personal adscrito a esa división se protegió y se trasladó en buenas condiciones laborales, porque lo que sabían y saben, es sumamente delicado para la seguridad del Estado y su población.

Como puede verse, los frentes que se abren en este tema son inmensos; porque el uso intensivo del internet se aceleró tremendamente con la pandemia, con lo que ello implica, para bien, pero también en términos de riesgos y amenazas, sobre todo en ámbitos que entran en el ámbito de lo infame, como la explotación sexual infantil o la trata de personas. Y ante todo ello, urge una auténtica política de Estado en la materia.

Como legisladores debemos analizar, reformar y actualizar la Ley, para fortalecer y establecer mayores sanciones, que permitan prevenir, mitigar y revertir los ataques informáticos que ocurren a diario, para que el Estado mexicano pueda perseguir este tipo de actos en contra de sus instituciones, y brindar mayor seguridad informática para el Estado y su población.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se reforme el artículo 211 Bis 1, con el objeto de establecer que al que sin autorización vulnere, modifique, destruya, amenace o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de siete meses a tres años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Asimismo, se considera necesario reformar el artículo 211 Bis 2, para establecer que el que sin autorización vulnere, modifique, destruya, amenace o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.

Por último, se propone reformar el artículo 211 Bis 3, para establecer que al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente vulnere, modifique, amenace, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de trescientos a novecientos días multa.

En Acción Nacional como legisladores coincidimos en que conforme avanza la tecnología, también deben avanzar las estrategias de ciberseguridad y contar con un marco regulatorio sólido, que de mayor protección y preservación de la información, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones.

Por las consideraciones expuestas, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal

Único. Se reforman los artículos 211 Bis 1; el artículo 211 Bis 2; y el artículo 211 Bis 3; todos del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 211 Bis 1. Al que sin autorización vulnere, modifique, destruya, amenace o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de siete meses a tres años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de nueve meses a tres años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa.

Artículo 211 Bis 2. Al que sin autorización vulnere, modifique, destruya, amenace o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa.

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de nueve meses a tres años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cinco a doce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, destitución e inhabilitación de cinco a once años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Las sanciones anteriores se duplicarán cuando la conducta obstruya, entorpezca, vulnere, obstaculice, amenace, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia, o recaiga sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes.

Artículo 211 Bis 3. Al que, estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente vulnere, modifique, amenace, destruya o provoque pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a nueve años de prisión y de trescientos a novecientos días multa.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos cincuenta días multa.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de seguridad pública, indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le impondrá pena de cinco a doce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá además, hasta una mitad más de la pena impuesta, destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ginger Jabbour, México sin antivirus: hay falta de inversión en ciberseguridad, Tecnología, Expansión, consultado el 22 de noviembre de 2022 en

https://expansion.mx/tecnologia/2022/08/18/ciberseguridad-en-mex ico-falta-de-inversion#:~: text=En%20cuestiones%20de%20ciberseguridad%2C%20M%C3%A9xico,de%20160%20a%20nive l%20mundial.

2 Ibídem.

3 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, La seguridad informática no es un juego, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 21 de noviembre de 2022 en

https://www.mexicosocial.org/seguridad-informatica/

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, La seguridad informática no es un juego, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 21 de noviembre de 2022 en

https://www.mexicosocial.org/seguridad-informatica/

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, La seguridad informática no es un juego, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 21 de noviembre de 2022 en

https://www.mexicosocial.org/seguridad-informatica/

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Saúl Arellano, investigador del PUED-UNAM, La seguridad informática no es un juego, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 21 de noviembre de 2022 en

https://www.mexicosocial.org/seguridad-informatica/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

LEY DE MIGRACIÓN

Iniciativa que deroga la fracción IV del artículo 56 de la Ley de Migración, suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos, y Migratorios, de la Cámara de Senadores.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LA FISCALÍA Y AL PODER JUDICIAL DE JALISCO, A QUE TODAS SUS INVESTIGACIONES Y RESOLUCIONES SE REALICEN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía del estado de Jalisco y al Poder Judicial local, a que todas sus actuaciones, investigaciones y resoluciones relacionadas con denuncias de hostigamiento, acoso o abuso sexual se realicen de manera exhaustiva y con perspectiva de género, con la finalidad de garantizar a las víctimas un proceso que salvaguarde su integridad y el debido proceso, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Recientemente diversos medios de información, organizaciones y colectivos en defensa de los derechos de las mujeres han exigido la libertad de la ciudadana Laura Lucia Bervera Rivera quien fue detenida después de denunciar el 24 enero del 2022 al Director General de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), por hostigamiento, acoso y abuso sexual ante la Unidad para la Investigación de Delitos en contra de las Mujeres y en Razón de Género de la Fiscalía del Estado de Jalisco y a quien se le señala tener vínculos con el gobierno del Estado.

De conformidad con los medios de información, después de que la Laura Lucia Bervera realizará la denuncia por acoso sexual, ésta no fue atendida, sin embargo, el 28 septiembre de 2022, 8 meses después de que denunciara a su agresor y superior jerárquico en la empresa donde ella laboraba, se le acusó por el delito de administración fraudulenta y fraude genérico dentro de la misma empresa, es decir, de haber otorgado créditos de manera irregular; sin embargo, dentro del testimonio de la misma víctima se ha explicado que esto es imposible, ya que el manual de procedimientos de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), establece que la única figura que puede hacer estos procedimientos es el Comité de Créditos.

Lamentablemente se ha destacado que, dentro de la detención de Laura por supuesto delito, no se ha respetado su debido proceso como víctima de violencia por parte de las instituciones que debían garantizar su acceso a la justicia, así como su seguridad como víctima de violencia de género. Pues de acuerdo con información del colectivo Fortaleza el operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco se realizó con exceso de violencia sin exhibir una orden de aprehensión acusada sorpresivamente de administración fraudulenta y fraude genérico. Declarando Laura que se le ha “Violado la impa3cialidad de la impartición de justicia y que ha sido discriminada por su condición de mujer, al evitar el acceso a una justicia expedita”.

Narrando que desde el inicio comenzaron fallas en su proceso con tratos crueles, relatando que “Ninguna p4rsona en condición de ciudadanía recibe este tipo de tratos si no es porque existe una orden directa para realizarlos, es decir, la cadena de mando es la que determina dichas acciones ” .Encontrando que dentro de las acciones realizadas por Laura, denunció en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que fue obligada a desvestirse sin una explicación dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito I; que se le negó el acceso a recibir atención médica tras sufrir un desmayo, producto de no haber recibido agua o alimento durante más de 14 horas posteriores a su detención; de no haber sido informada en tiempo de los delitos que se le imputan; de no tener acceso a una representación legal oportuna; así como de otras violaciones.

En este sentido, Denisse Montiel, Codirectora del Centro para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización defensora de los derechos humanos de personas víctimas de tortura y desaparición en Jalisco, explicó que lo sucedido a Laura Lucía deja en evidencia “la institucionalización de la violencia” dentro de los procesos de investigación e, incluso, de fabricación de culpables que prevalecen en las dependencias de procuración de justicia y seguridad pública del Estado.

Encontrando que diversos colectivos y organizaciones han compartido sus posicionamientos en el que se exige la libertad de Laura, tales como el Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM) quienes han manifestado su “indignación y rechazo ante la suma de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Laura Lucía, mujer que tras denunciar por hostigamiento y acoso sexual al director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), fue privada de su libertad señalada de cometer fraude dentro de la misma empresa”, compartiendo en voz de Dalia Souza “Externamos nuestra indignación y rechazo en contra de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de Laura Lucía, quien pasó de ser víctima de acoso sexual a estar privada de la libertad en el Reclusorio Femenil del Estado, por el abuso del poder de la persona a la que denunció y sus influencias”

De igual forma, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), a través de su presidenta nacional, Sofía Pérez Gasque emitió un pronunciamiento para exigir a las autoridades jaliscienses garantías en el caso de Laura, quien denunció acoso sexual de un superior en la empresa Operadora de Servicios Mega, y fue puesta en prisión, donde ha sufrido actos de tortura, pidiendo claridad en los procesos legales entorno.

Estando actualmente Laura detenida en Jalisco, sin posibilidad de llevar su proceso en libertad, pues de acuerdo con El Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos Humanos, el juez negó esta medida, debido a que existe un riesgo de fuga. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del Estado de Jalisco; así como, al Poder Judicial de dicho estado, para que todas sus actuaciones, investigaciones y resoluciones relacionadas con denuncias de hostigamiento, acoso o abuso sexual se realicen de manera exhaustiva, con perspectiva de género y atendiendo en todo momento las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y los protocolos de actuación en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, niñas y de género, con la finalidad de garantizar a las víctimas un proceso que salvaguarde su integridad y el debido proceso, evitando que éstas sean objeto de denuncias posteriores realizadas por sus agresores y con ello se vulneren sus derechos.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso de Laura Lucia Bervera Rivera y revise la violación a sus derechos humanos y al debido proceso cometidas por las autoridades del estado de Jalisco, por realizar la denuncia de acoso sexual en contra de su superior jerárquico en la empresa donde laboraba y se revisen las omisiones de las autoridades de llevar a cabo las medidas precautorias previstas en la ley en caso de que se realicen denuncias de acoso y abuso sexual por parte de las mujeres.

Notas

1 Laura fue privada de su libertad tras denunciar a su agresor. Obtenido de:

https://www.zonadocs.mx/2022/12/11/laura-fue-privada-de-su-liber tad-tras-denunciar-a-su-agresor/

2 Ibid.

3 Pronunciamiento en el caso de Laura, denunció hostigamiento sexual. Obtenido de:

https://twitter.com/fortalezamh/status/1602490774142197760?ref_s rc=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602490774142197760%7Ctwgr%5E42 eafaf7d03959ae1b5cd003d9eeae908448f3ed%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F www.milenio.com%2Fpolitica%2Fcomunidad%2Flaura-lucia-jalisco-organizaciones-pid en-libertad

4 Op cit.

https://www.zonadocs.mx/2022/12/11/laura-fue-privada-de-su-liber tad-tras-denunciar-a-su-agresor/

5 Feministas exigen #LibertadParaLaura mujer privada de la libertad tras denunciar a su agresor. Obtenido de:

https://vocesfeministas.mx/feministas-exigen-libertadparalaura-m ujer-privada-de-la-libertad-tras-denunciar-a-su-agresor/

6 Pronunciamiento Cladem Jalisco, caso Laura Lucía Rivera. Obtenido de:

https://twitter.com/clademjal/status/1602745902820515841?cxt=HHw WgoCjrYW6jL4sAAAA

7 Ibid.

8 Mujeres empresarias exigen proceso imparcial para Laura. Obtenido de:

https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=191498

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 3 de enero de 2023.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SFP, A IMPONER SANCIONES A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE CAPUFE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a imponer sanciones a las empresas proveedoras de Capufe por incumplimiento de contrato, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Cuarto de las Reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV Legislatura, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a imponer sanciones a las empresas proveedoras de Capufe por incumplimiento de contrato, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Caminos y Puentes Federales (Capufe) es la encargada de dar el servicio de los puentes y carreteras de México, permitiendo que sean seguras y de calidad, servicio que se da por el pago de las cuotas en casetas de peajes, esta entidad se encuentra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Existen funcionarios que siguen realizando malas prácticas dentro del servicio público, tal es el caso que se dio a conocer el pasado mes de diciembre dentro de Capufe el Órgano Interno de Control encontró contratos con tres compañías que prestan servicios que presentan incumplimientos como renovación de equipos de peaje y plazas de cobro con sobreprecios y pagos indebidos y que aun así se firmó un convenio modificatorio con las tres compañías: Proyectos y Sistemas Informáticos, SA de CV, Actica, S de RL de CV y Aystel Telecomunicaciones, SA de CV, la modificación amplía los plazos de entrega sin justificar el por qué, perdonando los atrasos y ampliando el contrato.

Me refiero como tal al contrato 4500026743, que se firmó en octubre del 2017, por la cantidad de $1,249,728,509.48 para la “adquisición de Equipos de Peaje e Informáticos para Plazas de Cobro, Centros Locales de Control, Centros Liquidación Regional, Fibra Óptica y Equipos ITS y los Servicios de Instalación, puesta a punto y Capacitación para el Eje Carretero México-Irapuato, lo cuales debían de cumplir con el plazo de entrega al 31 de diciembre del 2018, y los cuales no fueron sancionados por incumplimiento.

Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 uno de los Ejes transversales es el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, que busca garantizar la eficiencia de la administración pública, lo cual no coincide con la decisión tomada de haber ampliado lo contratos con estas tres compañías dentro de Capufe, y el haber tomado la decisión de no sancionar a las empresas cuando fue claro un incumplimiento en la auditoria que se realizó a la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Operación y Delegación Regional III, Zona Centro Norte, a la clave de programa Clave 210 Adquisición para la Renovación de los Equipos de Peaje e informáticos para Plaza de Cobro, Centros Locales de Control, (CLC), Centros Liquidación Regional (CLR), Fibra Óptica y Equipos ITS, y los Servicios de Instalación, Puesta a Punto y Capacitación para el Eje Carretero México-Irapuato, por parte del Órgano Interno de Control de Capufe que se encuentra a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de 2019.

Dentro de las observaciones dadas por el Órgano Interno de Control se hace mención de lo siguiente:

“1. Formalización improcedente del Convenio Modificatorio Número 5500008777 y modificación indebida a los plazos máximos para la conclusión de la prestación de los servicios del Contrato 4500026743.

2. Proyecto con atraso durante 15 meses de ejecución: Servidores Público omitieron aplicar las penas convencionales correspondientes por $124,972,850.95.

3. Pagos indebidos de sobreprecios por $22,618,155.99, integrado por Fibra Óptica y equipos de CLC, conceptos pagados no considerados en el contrato $9,528,573.88 y facturas pendientes de pago con sobreprecio por $23,199,763.88.

4. Equipos de cómputo, telefonía, mobiliario, dispositivos ITS y equipos de control de tránsito en carriles sin operar, equipos de control de tránsito pendientes de instalar y licenciamiento de Software pendiente de entrega a Capufe.

5. Pago indebido de $229,632.00 por concepto de Servicios de Mantenimiento Preventivo durante el periodo de acompañamiento (sin costo) a equipos de peaje instalados en Oficinas Administrativas y Carriles Modernizados, en el tramo carretero México-Irapuato.

6. Adjudicación indebida y pago de $44.9 mdp por supervisión, verificación y gestión del Proyecto por 5 meses, a la Empresa Conip, Contratista, SA de CV, debiendo ser desechada su Proposición Técnica y declarar desierta la Licitación Pública Nacional Electrónica Número LA-009J0U001-E76-2018.

Como bien podemos observar las anomalías presentadas para este contrato son varias, además del incumplimiento por parte de las empresas también existe omisión por parte de los servidores públicos a cargo de realizar estas contrataciones y modificaciones afectando el presupuesto de la dependencia que representan.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente           

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a penalizar a las empresas que incumplieron con el contrato 4500026743 de Capufe.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a sancionar a los servidores públicos de Capufe que omitieron la penalización del contrato 4500026743, así como a los que firmaron el convenio modificatorio de ampliación.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a realizar una investigación en contra de los servidores públicos de Capufe que firmaron contrato y convenio modificatorio con las empresas Proyectos y Sistemas Informáticos, SA de CV, Actica, S de RL de CV, y Aystel Telecomunicaciones, SA de CV.

Bibliografía

- Página Oficial de Capufe.

https://www.gob.mx/capufe

- Página Oficial de la Secretaria de la Función Pública

https://www.gob.mx/sfp/que-hacemos

- Alatriste, Alejandro (2022) Capufe entregó contrato ventajoso a empresas que incumplieron. EmeEquis. Recuperado de:

https://www.m-x.com.mx/investigaciones/capufe-entrego-contrato-v entajoso-a-empresas-que-incumplieron?utm_source=twitter &utm_medium=capufe&utm_id=investigaciones

- OIC (2019), Auditoría 9 en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Secretaria de la Función Pública

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

MESAS DE TRABAJO PARA ANALIZAR, EVALUAR Y CORREGIR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA VIGENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y al Senado de la República a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas, a fin de analizar, evaluar y corregir la vigente estrategia nacional de seguridad pública, a cargo del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, s enador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente p roposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, así como al Senado de la República, a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas en seguridad pública y ciudadana con el fin de analizar evaluar y corregir la vigente Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Exposición de Motivos

I. Desde hace cerca de 15 años, México ha vivido niveles de violencia sin precedentes sin que la situación del país sea atendida a través de políticas públicas integrales basadas en una visión social, con perspectiva de género, de reinserción y legalización de las drogas que atiendan las causas genéricas de la inseguridad y violencia en el país.

En este sentido, el artículo 69 de la Constitución mandata al Ejecutivo federal a presentar ante la Cámara de Senadores la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP), así como a informar anualmente sobre el estado que guarden los avances en materia de seguridad pública, estableciendo así una nueva corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en una de las principales funciones que está cargo del Estado: la seguridad pública.

Por tanto, el 16 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. La ENSP establece las acciones específicas que el Gobierno federal dirigirá hacia la estructuración de un nuevo paradigma en materia de seguridad para el periodo 2019-2024.

Para el presente sexenio, el Ejecutivo federal planteó de inicio cambios profundos al modelo policial, la prevención del delito, la focalización de la seguridad en regiones, nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad, la estrategia de combate al mercado ilícito de hidrocarburos entre otros, pese a esto, a cuatro años de implementación, los resultados no se sostienen por sí mismos.

II. Los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ejecutivo federal presentados dentro de su Tercer Informe se encuentran lejos de ser una política de seguridad pública articulada y operante en los términos que prevé la Constitución y demás tratados internacionales en materia de seguridad pública.

En primer lugar, porque el planteamiento actual de la Estrategia no ha logrado reducir los índices delictivos más preocupantes a nivel nacional. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la presente administración suma 121 mil 655 asesinatos, lo que incluye 118 mil 192 homicidios dolosos y 3 mil 463 feminicidios, para una tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes que ha aumentado en 70.5 por ciento durante los últimos 6 años. Tan solo mayo de 2022 fue el mes más violento de lo que va del año con 2 mil 833 homicidios dolosos, sobrepasando los asesinatos ocurridos en marzo de 2022, cuando se registraron 2 mil 657 homicidios dolosos; estos datos representan un alza del 17.5 por ciento a tasa mensual y un promedio de 2 mil 896 personas asesinadas cada mes durante el presente sexenio. La presente administración que concluye en 2024 será indudablemente el sexenio más violento de la historia moderna del país.

De igual forma, si se comparan los primeros 40 meses de gobierno de los tres sexenios anteriores, durante la presente administración el número de homicidios dolosos se elevó en más de un 60 por ciento a diferencia del periodo 2012-2018, y en más del doble en comparación con el sexenio de 2006-2012, lo que nos habla de una Estrategia de Seguridad pública que no ha logrado disminuir la tasa de homicidios ni atender sus causas estructurales.

En conjunto, las cifras demuestran que los niveles de violencia en el país se mantienen altos, a pesar de que desde el inicio de la presente administración, e incluso antes, el presidente de la República prometió pacificar el país con un nuevo paradigma de seguridad.

Por otro lado, dentro del Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública no se reportan avances sustanciales en términos de la implementación del nuevo modelo policial. Es preciso recordar que dentro de la ENSP se enuncia la importancia de desarrollar e invertir en las policías municipales, dada su proximidad social y conocimiento del territorio, por el contrario entre el 1 de diciembre de 2018 hasta el 19 de mayo de 2022 se han registrado por lo menos 1 mil 555 policías asesinados en México, lo que demuestra que el riesgo de ser policía en este país ha aumentado de manera considerable sin que se homologuen el riesgo con mejores prestaciones laborales y de seguridad social.

En ese contexto, los avances presentados de la ENSP están lejos de representar progresos en materia de capacitación, aumento del estado de fuerza o incluso en materia de acortar las brechas salariales de las y los policías del país. De igual forma, se sigue observando la precariedad de las policías locales, solo en 15 de las 32 entidades federativas se cumple con la meta de remunerar adecuadamente las labores policiales. En materia de capacitación, el Tercer Informe reporta un avance en la emisión de Certificados Únicos Policiales, del 31 por ciento a nivel federal, a nivel estatal del 82 por ciento y a nivel municipal del 77 por ciento de elementos certificados.

En términos de acciones afirmativas y de la política de reinserción social, la política de amnistía se muestra como un fracaso procesal e institucional, de las 2 mil 221 solicitudes que se tienen registradas, solo 38 recibieron el beneficio de la amnistía. De igual forma, el sistema penitenciario y la política de reinserción no han logrado distanciarse de las directrices de administraciones pasadas: el 44 por ciento de las personas privadas de su libertad se encuentra recluida sin sentencia alguna (3 por ciento más que en 2019).

La política de combate a las drogas del Gobierno federal se ha mantenido muy lejos de la prevención y disminución del consumo de las drogas, tal y como se estableció en el ENSP aprobado, enfocándose en los decomisos. A su vez, las acciones reportadas versan sobre campañas en medios de comunicación y redes sociales, sin reportar los avances sustantivos en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

De acuerdo con el Informe, la Guardia Nacional (GN) se sigue mostrando como unos de los principales pilares de la estrategia de seguridad del actual gobierno, sin embargo, la información proporcionada es insuficiente para analizar a profundidad los efectos de su despliegue y de su rol como nueva corporación de seguridad federal. Pese a esta carencia de información y publicidad de los datos, es posible concluir que, en materia de capacitación y profesionalización, los avances resultan más que insuficientes.

En materia de emisión de Certificados Únicos Policiales, de sus 113 mil elementos la Guardia Nacional solo ha capacitado a 33 mil elementos (29.7 por ciento), mientras que en materia de capacitación continua en derechos humanos y perspectiva de género, solo el 43 por ciento de sus elementos se encuentra capacitado. En 2022 el estado de fuerza se incrementó en 5 por ciento, para un total de 104 mil 839 elementos operativos de la Guardia Nacional desplegados en el país, pese a la proporción del despliegue, se reporta que la GN realizó únicamente 1 mil 602 operativos, deteniendo en flagrancia a 491 personas relacionados con delitos de alto impacto.

Desde el punto de vista presupuestario, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en su nota informativa 4036/2022, haciendo uso de las Cuentas Públicas DE 2020 y 2021 así como de la matriz de resultados del programa presupuestario catalogado como Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos, concluyó lo siguiente:

“No es posible constatar dicha eficiencia, ni el impacto directo que el gasto Federal está generando en la reducción de la inseguridad y violencia del país, dado que los indicadores que se reportan en la Cuenta Pública, de ningún modo proporcionan de forma sencilla y fiable elementos que permitan medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa federal, monitorear y evaluar los resultados de los programas”.

Por lo tanto, y como se expuso también en lo respectivo a los indicadores del tercer informe de la ENSP, se trata de indicadores que carecen de elementos cuantitativos que permitan evaluar la aplicación del gasto, y la ejecución de diversas políticas en materia de seguridad pública.

Se considera además que es de suma importancia señalar que de los Objetivos específicos contemplados dentro de la ENSP, para la consecución de algunos de los más importantes y apremiantes, no se reportan acciones específicas realizadas. Dentro de este supuesto, no se reportan ni avances o acciones para limitar las adjudicaciones directas; investigar y clausurar las empresas denominadas fantasma; monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones; reducir las diferencias de salarios entre agentes del ministerio público federal, y los miembros de las instituciones policiales; tipificar como delitos los incumplimientos graves de recomendaciones de las comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos; utilizar métodos pacíficos y de confianza previa para el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.

La gravedad de la falta de información proporcionada aumenta cuando, de la revisar la implementación de la ENSP durante su cuarto año, se hace notar que no hay acciones implementadas relativas a reorientar los recursos actualmente destinados a combatir el trasiego hacia programas masivos y personalizados de reinserción y desintoxicación; adoptar de modelos de justicia transicional, cultura de paz y de recuperación de confianza en la autoridad o para la regulación del consumo de estupefacientes actualmente prohibidos como mecanismo de incidencia significativa de las adicciones.

Del mismo modo, es importante realizar ciertos matices con aquellos avances que se han reportado dentro del mismo Informe de la ENSP. Por ejemplo, dentro de la implementación de la política de amnistía, de las 2 mil 221 solicitudes que se tienen registradas desde la implementación de la política, solo 38 recibieron el beneficio de la amnistía. En segundo lugar, a pesar de tener como eje principal la eliminación del modelo prohibicionista, en tres años de gobierno no se ha aprobado la regulación y despenalización del cannabis, y para la consecución de la reinserción y rehabilitación de las adicciones, las acciones reportadas versan sobre campañas en medios de comunicación y redes sociales, sin reportar los avances sustantivos en la prevención y rehabilitación del consumo de drogas.

Este panorama se agrava frente a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, los cuales señalan que el 16 de mayo de 2022 México rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas desde que se creó el registro en el año 1964. Ya el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) en el contexto de su visita a México realizó una serie de recomendaciones en el sentido de garantizar condiciones mínimas para una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas eficaz y efectiva, una de estas referente al abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública.

Entre las consideraciones hechas por la CED se menciona que el enfoque de seguridad pública adoptado por el Estado desde los años noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 que ha sido caracterizado por la militarización para combatir la delincuencia, ha resultado insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos.

En ese sentido, el Comité insta al Estado mexicano a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública. Debe recordarse que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad., por lo que se deben fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado mexicano establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.

Por último, los hechos presentados en el 3er Informe de la ENSP pueden ser contrastados con la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad, así como con distintos casos de violencia suscitados en todo el país. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU 1T de 2022), realizada por el Inegi, donde se da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública, en marzo de 2022 el 66.2 por ciento de la población consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Percepción que se ha mantenido significativamente sin cambios desde septiembre de 2020. De manera desagregada, para el mismo mes reportado, el 71.1 por ciento de las mujeres y 60.4 por ciento de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad.

Por todo lo anterior, es posible concluir que los avances específicos en la consecución de la mayoría de los objetivos generales o de las estrategias específicas descritas en la ENSP, al no contrastar los datos y acciones presentados con líneas base, son insuficientes. De esto deviene la necesidad de realizar un análisis minucioso, exhaustivo y objetivo de las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad para el periodo que comprende la actual administración.

III. Estas deficiencias analizadas devienen de una mala legislación sobre la formulación de la ENSP. Al analizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se identificó que en ninguno de sus artículos se hace referencia a la definición, diseño, formulación, análisis, aprobación, implementación y evaluación de la ENSP, tan sólo el artículo 7, fracciones II y III, establece que los tres órdenes de gobierno deben coordinarse para formular y ejecutar las políticas, programas y estrategias en materia de seguridad pública. Derivado del análisis se encontraron diversas omisiones legislativas relacionadas con la ENSP, puntualmente se omite lo siguiente:

-No existe definición de Estrategia Nacional de Seguridad Pública;

-Carece de perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos;

-No hay colaboración de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, de otras dependencias de la administración pública federal y local, ni del sector social y académico, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que esta formule la Estrategia; en consecuencia, el documento es elaborado de manera unilateral y con una visión acotada;

-Faltan elementos mínimos que debe contener la Estrategia como: diagnóstico basado en indicadores, plazos y metas para cumplir objetivos, mecanismos para fortalecer a las policías de los tres órdenes de gobierno y mecanismos de coordinación con las entidades federativas;

-No existe un plazo y aspectos mínimos que el Senado de la República debe de considerar en su análisis y aprobación, y en su subsecuente evaluación, ni de participación social en esta evaluación.

Todo lo anterior abona a que la vigente estrategia sea más un documento político plagado de buenas intenciones que de un documento técnico, serio, bien estructurado y con directrices y acciones específicas para la implementación de la política pública en materia de seguridad pública.

IV. El Estado mexicano tiene la obligación de proteger, en sus funciones de seguridad pública, la vida y la integridad de las personas. Esta es una de las responsabilidades fundamentales y necesarias para dar garantía de que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social, es imprescindible la protección a su integridad física. Pese a esta responsabilidad, lo que se observa es que las acciones ejecutadas por el actual Gobierno Federal resultan insuficientes para la consecución de estos objetivos.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe diseñar nuevas metodologías que permitan evaluar los efectos de los programas sociales, y de las acciones descritas en materia de prevención de la violencia y los delitos sobre la incidencia delictiva a nivel local, estatal y nacional. Es decir, se debe reevaluar si en definitiva, con haciendo uso de datos y criterios cuantitativos, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha funcionado. Con base en ello, debe corregirse y modificarse, los datos técnicos, la percepción ciudadana, evaluaciones de personas expertas en la materia y los eventos de violencia presenciados durante los cuatro años de la presente administración así lo demandan.

Por todo esto, en Movimiento Ciudadano estamos firmemente convencidos de que México necesita corregir su estrategia de seguridad pública. Por un lado, exigir a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas el máximo grado de transparencia y rendición de cuentas; garantizar su respeto irrestricto a los derechos humanos y frenar su expansión y tendencia militar; y por otra parte, fortalecer a las policías locales, y avanzar hacia su profesionalización y eficiencia mientras que se coadyuva este fortalecimiento institucional de las policías con políticas públicas integrales. Con toda responsabilidad llamamos de nueva cuenta a un urgente cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, ante el fracaso rotundo y que los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión se comprometan a devolverle la paz y seguridad a las y los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, así como al Senado de la República, a establecer mesas de trabajo en conjunto con la academia, sociedad civil y personas expertas en seguridad pública y ciudadana con el fin de analizar evaluar y corregir la vigente Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Notas

1 DOF, 2019, 1 DOF, 2019,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha =16/05/2019#gsc.tab=0

2 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2022,

https://www.gob.mx/sspc/documentos/100360?tab=

3 https://drive.google.com/file/d/1_ynT020NnENL1cH1qomDWfNZ ySGUBLA3/view

4 https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2022/notacefp0362022. pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Senador Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO DE MORELOS Y DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, A BRINDAR APOYOS A LOCATARIOS DEL MERCADO HERMENEGILDO GALEANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Morelos y al municipio de Cuautla a establecer un plan de acción inmediata, para brindar apoyos a locatarios del mercado Hermenegildo Galeana, suscrita por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe,Ángel García Yáñez, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 fracción I y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, establezcan un plan de acción inmediata, para brindar apoyos a locatarios del Mercado “Hermenegildo Galeana”, así como la reconstrucción del mismo mercado municipal, afectado por el reciente incendio que se dio en las primeras horas del 3 de enero, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. En México, es muy común encontrar mercados, ya que son una de las mejores maneras de conocer a un país, cuentan con una gran relevancia comercial, cultural y social, desde la gran época prehispánica, hoy en día existen muchas familias que sigue siendo su base económica y viven del comercio en estos lugares, en donde se destaca la gastronomía, costumbres, tradiciones, artesanías y en la manera en cómo las comunidades interactúan.

Los mercados nacen con el propósito de convertirse en herramienta y punto de encuentro que permita a consumidores, comerciantes y gestores, públicos o privados, reencontrarse en esos espacios cívicos y de convivencia llamados mercados municipales.

Los mercados municipales son lugares o estructuras públicas destinadas a operaciones comerciales, marcadas por la actividad constante entre vendedores y consumidores, también sirven como articuladores sociales, es decir, son espacios que se usan como referencia territorial y comercial, estrechamente vinculados a la región la ciudad o el barrio, entre otros.

Segunda. Mencionando lo anterior, Morelos es un estado turístico, una de sus ramas más importantes para establecer una buena economía, donde demasiadas personas dependen de esta actividad económica que se prolifera en los mercados municipales, negocios y comercios.

En el caso de la ciudad de Cuautla, Morelos, es la segunda ciudad más importante del estado de Morelos. Las principales actividades económicas en el municipio son la agricultura, ganadería, industria y comercio a través de sus mercados municipales.

Tercera. Lamentablemente, el pasado 03 de enero del presente año, en la Ciudad de Cuautla Morelos, se registró un incendio en el mercado “Hermenegildo Galeana”, el cual afecto más del 70 por ciento de dicho mercado, ocasionando pérdidas graves en la economía de las familias locatarias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos aseguró que no hay personas lesionadas y hasta el más reciente informe hay más del 70 por ciento de afectación en el mercado, dato que será confirmado en las próximas horas.

Bajo esta tesitura, expreso mi enorme preocupación ante este acontecimiento en mi estado, es esencial que de manera inmediata se tomen acciones de apoyo y seguimiento a los locatarios de dicho mercado y continuidad a esta situación, ya que a causa de esto se han visto afectados de manera moral y económicamente, perdiendo gran parte de su patrimonio en este incendio.

Por lo expuesto anteriormente, someto ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.— La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, establezcan un plan de acción inmediata, para brindar apoyos económicos a locatarios del Mercado “Hermenegildo Galeana”.

Segunda.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, inicien con la reconstrucción del Mercado “Hermenegildo Galeana”.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado libre y soberano de Morelos y al presidente municipal de Cuautla, Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, establezcan un sitio idóneo para el establecimiento temporal de locatarios a fin de seguir sus actividades económicas.

Cuarto.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente al fiscal general del estado de Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue y esclarezca los hechos que dieron pie al incendio del Mercado “Hermenegildo Galeana” y se deslinden responsabilidades.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días de enero de 2023.– Senador Ángel García Yáñez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

POR EL QUE SE CITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A LA TITULAR DE "NOTIMEX"

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a una reunión a la titular de Notimex para que explique la situación de la agencia en los últimos 1047 días de huelga que enfrenta, a cargo de la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum y suscrita por el senador Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Alejandra del Carmen León Gastélum y Noé Fernando Castañón Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y XIV y 276, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, cita a una reunión de trabajo a la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, en su carácter de directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano "Notimex".

Consideraciones

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, posterior a la reforma del 2 de junio de 2006, ha quedado constituida como un organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión. Esto, con el objetivo de contar con una agencia eficaz en el cumplimiento de recabar y difundir información oficial y verificable que dote de certeza a las noticias que la sociedad mexicana y el mundo deben conocer, lo que permitió que Notimex se convirtiera en un referente informativo de América Latina gracias a la capacidad y profesionalismo de una extensa red de periodistas y profesionales de la comunicación.

Desgraciadamente, con la llegada de la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, la otrora prestigiosa agencia se ha visto aquejada por un sin número de señalamientos de desmantelamiento operacional y técnico impulsado por la directora general de la agencia.

Este desmantelamiento llegó al punto de causar despidos masivos de periodistas y trabajadores sin ninguna justificación legal, así como la vulneración del contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex). Lo cual desencadenó que el pasado 21 de febrero de 2020 estallara una huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que, a la fecha y con mas de mil días desde que el conflicto laboral iniciase, no se ha logrado resolver por la pasividad del Gobierno federal en turno.

Aun y cuando el conflicto laboral permanece, se ha declarado en reiteradas ocasiones tanto por integrantes de la huelga, así como por el titular de la Coordinación General de Comunicación Social y vocero del gobierno, el ciudadano Jesús Ramírez Cuevas, que el presupuesto de la Agencia sigue siendo ejercido, lo que indica que se emplearon los recursos públicos de los ejercicios fiscales de 2020, 2021, y 2022 sin que esto se traduzca en servicios informativos, por lo que se desconoce con certeza el uso y destino del recurso público que se les destina por parte de los mexicanos.

Esta situación, vulnera las leyes vigentes en la república además de diversos acuerdos internacionales de los cuales México es parte, como lo son los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo.

A pesar de ello, la ciudadana Sanjuana Martínez ha continuado con los agravios que a continuación se enlistan:

-Desconoce la huelga asegurando que es ilegal, a pesar de que la autoridad laboral mexicana la declaró legalmente existente.

-Desconoce a la representación sindical, a pesar de que fue validada ante las autoridades.

-Ha desacatado no sólo las resoluciones en materia laboral, sino lo ordenado por el propio presidente López Obrador, quien ha instruido en diferentes momentos que se resuelva el conflicto de forma inmediata.

-Sigue operando de forma alterna, sin respetar la huelga ni los ordenamientos de las autoridades o del propio órgano superior de Notimex, que le mandató parar.

-Ha hecho una campaña enorme de difamación y criminalización hacia las y los trabajadores en Huelga, acusándolos de secuestro, robo, corrupción, etcétera.

-Interpuso denuncias administrativas y penales contra la secretaria general del SutNotimex, Adriana Urrea, por desvío de recursos, por uso ilegal del servicio público, para llevarla a la cárcel y evitar continuar con el movimiento. Hasta ahora de 3 procesos abiertos, se lograron desechar dos a favor de la dirigente sindical.

-Ha hecho un uso indebido de funciones y tráfico de influencias, porque pidió la intervención de diferentes instituciones para afectar la huelga y/o amedrentar y acosar a los huelguistas. Los oficios que demuestran esto fueron exhibido en medios de comunicación. Entre ellos, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Dado este escenario, es imperiosa la intervención del Poder Legislativo ante esta penosa situación, ya que la pasividad de las autoridades del Poder Ejecutivo mantienen en vilo a cientos de familias cuyo ingreso se ha visto comprometido, además que pudiese existir daños a la hacienda pública por el ejercicio discrecional de recursos que la Dirección General de Notimex pudiese estar ejerciendo de forma opaca y discrecional, por lo que pudiese incurrir en responsabilidades administrativas la actual titular de la Agencia de Noticias del Estado mexicano.

Por lo expuesto y fundado solicitamos a esta soberanía que someta a consideración, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia ante el pleno de la honorable Cámara de Senadores a la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Notimex”, Sanjuana Martínez Montemayor, a una reunión de trabajo para que explique la situación de la Agencia en los últimos 1047 días de huelga que enfrenta Notimex, así como el uso y ejercicio de los recursos asignados a la Agencia durante el periodo de huelga.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Notimex” a sesionar y buscar una solución a la huelga y al conflicto laboral en el que se encuentra la Agencia, privilegiando el diálogo y la generación de acuerdos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, a que, conforme a sus atribuciones, atienda el conflicto laboral y la huelga de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano “Notimex”.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita respetuosamente al ciudadano Jesús Ramírez Cuevas a profundizar en sus declaraciones del día 30 de diciembre de 2022 con respecto al ejercicio de los recursos asignados a la Agencia de noticias del Estado Mexicano.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Senadora y senador: Alejandra del Carmen León Gastelum y Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE SALVAGUARDE LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES Y NIÑAS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, en coordinación con el INM y el Inmujeres, a llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 Reglamento del Senado de la República; someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres, lleve a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes durante su paso por el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Primera. Las mujeres han tenido un papel destacado entre las personas migrantes, sobre todo en años recientes. En las últimas décadas ha sido posible su identificación y análisis, lo que ha visibilizado su importancia.

La composición por sexo de las personas migrantes tiene que ver con las relaciones de género en el país de destino, pero también con otros factores como el tamaño de las poblaciones y las estructuras de edad de lugar de origen.

Segunda. A partir de los años setenta se incorpora la perspectiva de género en los estudios migratorios, observándose un cambio sustancial en el proceso migratorio de México hacia Estados Unidos, debido a la presencia creciente de mujeres, quienes han dejado sus hogares y sus familias en busca del llamado “sueño americano”, y de un trabajo que les permita mejorar sus condiciones de vida para ellas mismas y sus familias.

Las mujeres de origen latinoamericano ya no sólo migran en función de acompañar a su esposo, padre o al hermano, sino que han adquirido un papel más activo en el fenómeno migratorio y desean insertarse en el mercado laboral para mejorar su calidad de vida.

Tercera. De acuerdo con ONU-Mujeres, las mujeres migrantes constituyen aproximadamente 20 por ciento de la población migrante en tránsito irregular por México, es decir, alrededor de 30 mil mujeres al año.

La Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur (Emif Sur) en el año 2017 calcula que en promedio una quinta parte de los desplazamientos correspondieron a mujeres. Sin embargo, existen diferencias por nacionalidad: las mujeres representaron el 14 por ciento del flujo de Honduras, el 21.8 por ciento de Guatemala y el 28.4 por ciento de El Salvador.

Por otro lado, indicó que el 99 por ciento de la composición del flujo femenino que cruzó a México no contaba con ningún tipo de permiso para entrar a este país, por otro lado, el 54.4 por ciento declaró que México era su país de destino final y el restante 45.6 por ciento, Estados Unidos.

Cuarta. Sin embargo, las mujeres migrantes también se han convertido en víctimas de la violencia de género, la discriminación, racismo y xenofobia tanto en los países de tránsito, en el cruce fronterizo, así como en el país de destino. De acuerdo con Woo (2017 ), las mujeres migrantes en tránsito por su condición de migrantes indocumentadas y sexo poseen una doble vulnerabilidad, tanto por su situación migratoria y por su condición de género; un mayor grado de vulnerabilidad implica un mayor nivel de daños recibidos al enfrentar los riesgos y peligros del camino.

Quinta. A lo largo del tránsito por México, las personas migrantes tienen que hacer frente a diversos tipos de riesgos en relación con personas y cosas (delincuentes, trenes de carga, etcétera) en encuentros o situaciones (en las que quedan expuestos a los peligros) que tienen un potencial de perjudicarles físicamente o de frustrar sus viajes.

Para reducir los riesgos y evitar los peligros, la información disponible sobre los mismos resulta fundamental, pero además hay que tener en cuenta que estos se perciben y afrontan conforme son construidos socialmente en relación con los roles de género.

Como se mencionó anteriormente, las mujeres migrantes enfrentan riesgos diferenciados de muchos tipos, por ejemplo: mayor riesgo de vivir violencia sexual y por consiguiente embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y por supuesto el riesgo a contraer covid-19, por mencionar algunos.

Sexta. México es un país en el que convergen las cuatro dimensiones de la migración: origen, tránsito, destino y retorno, y en cada una de ellas, el género atraviesa los motivos por los cuales se opta por migrar.

Séptima. La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), presentó la publicaci5n ‘Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México’, herramienta gráfica digital que contiene estadísticas migratorias primarias que muestran las tendencias, magnitudes y características de los diversos flujos de mujeres visitantes y migrantes que concurren en nuestro país.

Se destaca, el incremento del 31 por ciento de mujeres documentadas con una Tarjeta de Residente Temporal (TRT) por primera vez; al pasar de 15 mil 396 en 2021 a 20 mil 176 en el periodo de enero-septiembre de 2022.

Con respecto a las mujeres documentadas como residentes permanentes por reconocimiento de refugio, en el periodo mencionado, destacan los países de Honduras con 7 mil 868, Venezuela con mil 579 y El Salvador con 924.

Octava. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, de enero a septiembre de 2022, se reportaron 26 mil 825 devoluciones de mexicanas desde Estados Unidos, un incremento de 46.8 por ciento con respecto a 2021, cuando se reportaron 18 mil 270 eventos.

De ellas, 23 mil 930 (89.2 por ciento) son mayores de 18 años y dos mil 895 (10.8 por ciento) menores de edad. De las mujeres devueltas por Estados Unidos, 16% son de Oaxaca, 15.2 por ciento de Guerrero, 10.1 por ciento de Chiapas, 9.9 por ciento de Puebla y 9.3 por ciento de Veracruz, entre otras entidades.

Mismas que durante su retorno a México viven diversos tipos de abuso y desprotección, al esperar el regreso a sus países de origen o su carta de residentes en el territorio nacional.

Novena. Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRD consideramos necesario salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, así como garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de las Mujeres, lleve a cabo las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres y niñas migrantes que transitan por el territorio nacional, así como para garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos.

Notas

1 Consultado de:

https: l/mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/empoderamiento-economico/mujeres-trabaj adorasmiq rantes#:-: text= Las%20mu jeres%20miqrantes%20constituyen%20aproximadamente.tr%C3% A 1 nsito%20viajan%20princi palmente%20por%20carretera.

2 Consultado de:

https://www.revistadiariosdelterruno.com/peraza-noriega-lizarrag a-salas/

3 Consultado de:

https://www.revistadiariosdelterruno.com/peraza-noriega-lizarrag a-salas/

4 Consultado de:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-migrantes-vulnera bilidad-y-violencia-al-buscar-un-mejor-proyecto-de-vida

5 Consultado de:

https://www.gob.mx/segob/prensa/publica-la-upmrip-el-documento-m igracion-y-movilidad-internacional-de-mujeres-en-mexico

6 Consultado de:

https://www.24-horas.mx/2023/01/02/mujeres-migrantes-las-que-mas -violencia-sufren-por-autoridades/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de enero de 2023.– Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA CONAGUA, A REMITIR UN INFORME QUE CONTENGA UN ANÁLISIS SOBRE LA VIABILIDAD DE REESTRUCTURAR LOS ACUERDOS EN MATERIA DE TRASVASE DE AGUAS AL EMBALSE MARTE R. GÓMEZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a remitir un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al embalse Marte R. Gómez, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, remita a esta soberanía un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al embalse Marte R. Gómez; así como el procedimiento de compensación del Distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, del estado de Tamaulipas, ante la escasez de lluvias, sequía y desabasto de agua existente en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León ,al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En septiembre de 2015, 193 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como guía de referencia para la sostenibilidad económica, social y ambiental a implementarse durante los siguientes quince años, y como programa de acciones concretas para erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en todas sus dimensiones, crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles y sobre todo, para el cambio climático.

La agenda consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentra el ODS número 6 denominado “Agua Limpia y Saneamiento”, como herramienta de planificación y seguimiento, con el propósito de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Como problemas actuales, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la supervivencia de la raza humana, de la flora y de la fauna, así como para la seguridad alimentaria, sumado a esto, las temporadas de sequía en los últimos veintidós años se han hecho más largas y atípicas, con afectaciones para casi todos los países del mundo, y con crisis extremas en aquellos que son más pobres.

De no implementar acciones eficaces para contrarrestar la falta de accesibilidad al recurso hídrico y para disminuir afectaciones por las sequías y desertificación, para el año 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente vivirá en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce.

En la meta 6.6 del ODS 6, se proponía que para el 2020, se debía contar con mecanismos para proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos bosques, montañas, humedales, ríos, acuíferos y lagos, aspecto sumamente importante para hacer frente a los efectos perjudiciales de la sequía y desertificación.

Los efectos adversos de las sequías y de la falta de agua es cada vez más palpable en muchos países del mundo, por ello, el 20 de mayo de 2022, derivado de la Decimoquinta sesión de la Conferencia de las Partes conocida como COP15, de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), se publicó el estudio denominado “Drought in numbers 2022 ”, traducido al español “La Sequía en números 2022” en el que se reveló que el número y duración de las sequías han aumentado un 29 por ciento desde el año 2000, por lo que se propone alcanzar un compromiso mundial en materia de preparación y resiliencia ante la sequía en todas las regiones del mundo.

De acuerdo a información del documento, la humanidad se encuentra ante una encrucijada, por el aumento de la duración de las sequías, así como de sus impactos negativos que afectan a la población y a los sistemas ecológicos de los que depende la supervivencia de la vida humana y de todas las demás especies, y dando como posible solución, la recuperación de suelos, ya que esto es un factor causante de la alteración de los ciclos del agua y de la pérdida de la fertilidad de los distintos tipos de tierra, creando sistemas ecológicos eficaces.

Si bien el fenómeno de sequía ha existido durante millones de años en nuestro mundo, en gran parte del Siglo XX y en lo que va del Siglo XXI, el clima ha tenido diversos cambios a consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, tendiendo a que las sequías se incrementen en cuanto a su duración como parte de la alteración a los modelos climáticos, por ello, ahora tenemos estaciones inestables, incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones, lo que provoca un déficit alarmante de agua.

El aumento global de temperatura que supera los dos grados centígrados, afecta de manera drástica los ecosistemas, la disponibilidad del agua y de los alimentos, lo que deteriora el bienestar y la salud de la población, teniendo cada año por lo menos cuatro meses de sequía, por lo que la reiteración de dicho fenómeno disminuye los volúmenes almacenados en los embalses y de los niveles de agua subterránea, con los efectos negativos y perjudiciales en materia socioeconómica y ambiental para la mayoría de países del mundo y México es uno de ellos.

En el territorio mexicano también vivimos una severa crisis por escasez de agua, sequía y desertificación, que se ha sentido con mayor fuerza en el año 2022, pese a esta situación, todavía un gran número de personas no tienen conciencia de que nuestro país enfrenta un gran riesgo por la falta de este vital líquido, resultando imperante el uso racional y eficiente del agua por ser un recurso sumamente valioso.

En diversos estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav), el Sistema Nacional de Información del Agua, el Centro de Información del Agua y la Red del Agua UNAM, entre otros, evidencian que México en menos de diez años enfrentará “ El Día Cero”, que será cuando la sequía terminará con el suministro libre del agua para pasar al racionamiento obligatorio del líquido.

También dichos estudios hacen constar que el 77 por ciento de los cuerpos y corrientes hídricos del país sufren algún grado de contaminación, uno de cada cinco acuíferos padece sobre extracción, contaminación, alteración de los flujos de agua subterránea o intrusión salina, así como que numerosas cuencas y regiones del territorio nacional, especialmente el norte y centro son más vulnerables a eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones.

De acuerdo al reporte de Monitor de Sequía en México, correspondiente a la primera quincena del mes de julio de 2022, muestra que 769 municipios tienen algún tipo de sequía a nivel nacional, a pesar de que hubo lluvias en distintos puntos del país, solo sirvieron para reorganizar las sequías que se incrementaron en los estados del centro, centro-norte y noreste, además de que en dicho mes el 48 por ciento del territorio mexicano sufrió sequía que es 28 por ciento más en comparación con el mismo periodo del 2021.

En el 2022, ocho de las 32 entidades federativas sufrieron sequía entre extrema a moderada, por lo que mil 546 de los 2 mil 463 municipios de México enfrentaron escasez de agua de acuerdo a información generada por la Comisión Nacional del Agua.

Así, las sequías golpearon fuerte al 93.3 por ciento de las localidades de Nuevo León, así como de Baja California y Coahuila con afectaciones severas y extremas, mientras que Querétaro y Aguascalientes tuvieron el 84 por ciento de sus localidades con sequías extremas y moderadas.

Ante dicha crisis por la escasez del agua, el 12 de julio de 2022, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de Carácter General de inicio de emergencia por concurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022, para implementar medidas de preventivas y de mitigación de la sequía, ya que esta destruye los ecosistemas, ocasiona erosión, pérdida de suelos, degrada el paisaje, disminuye el suministro y la calidad del agua.

Ante dicha escasez de agua generada por las sequías, diversas entidades federativas de México tienen estrés hídrico, que se origina cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad, dicho término se define en el indicador 6.4.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como la razón entre el total de agua dulce extraída por los principales sectores económicos y el total de recursos hídricos renovables, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de agua.

El Estrés Hídrico representa una amenaza para el desarrollo sostenible de México y de los demás países afectados por escasez de agua y sequías, ya que afecta el medio ambiente, frena el desarrollo económico y social al afectar a los sectores de la población más vulnerables y actualmente afecta al 25 por ciento de la población mundial, y de no mitigarse dicho fenómeno, para el 2030, 700 millones de personas podrían ser desplazadas debido a la escasez de agua.

Las sequías y el Estrés Hídrico pueden propiciar que en el 2028, México viva el Día Cero de la crisis de agua, y esta afirmación se sustenta en el hecho de que del año 2015 al año 2020, los 653 acuíferos disponibles en el territorio nacional perdieron una tercera parte de su agua, por ello, el 50 por ciento actualmente están secos, situación sumamente preocupante ya que el 40 por ciento del agua extraída de los acuíferos es para consumo humano.

En nuestro país, del total del agua, el 76 por ciento se destina a la agricultura, 14 por ciento en abastecimiento urbano para las ciudades, un 5 por ciento para la industria autoabastecida y un 5 por ciento para las termoeléctricas, estos porcentajes exigen que se implemente a nivel federal y en cada entidad federativa, políticas públicas enfocadas a tener una producción agrícola eficiente y racional.

En el 2022, la presa Cerro Prieto del estado de Nuevo León llegó a su nivel de agua más bajo, y estaba considerada como una de las principales fuentes de agua, por lo que dicha entidad, es una de muchas que se están quedando sin agua, sobre todo porque en dicho estado, el 60 por ciento del vital líquido que se usa proviene de agua superficial de las presas y el 40 por ciento proviene de acuíferos cuya principal fuente de recarga es la lluvia por medio de la filtración.

Ante dicha situación de emergencia, el 29 de julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales público en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para uso público urbano y doméstico en los municipios afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento y por sequía en el estado de Nuevo León.

La ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León, es la segunda ciudad más grande del país, y en el 2022 sufrió una grave crisis de escasez que afectó a cinco millones de habitantes, muchas colonias de dicho municipio estuvieron hasta 75 días sin agua, incluso en redes sociales se dejó evidencia de tal situación, ya que en tiendas departamentales no había agua a la venta, lo que desató que existieran hasta brotes de violencia entre la gente por tener acceso al vital líquido.

La escasez de agua desde julio del 2022, desató el enojo de la población de Nuevo León, pero lo que les provocó más indignación a las y los Neoleoneses, fue que el 27 de noviembre del mismo año, se inició el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de la Presa El Cuchillo hacia la Presa Marte R. Gómez en el estado de Tamaulipas, derivado de un Convenio de Colaboración entre el Distrito de Riego 026, la Conagua y Drenaje de Monterrey suscrito en el año 1996.

El acuerdo obliga a que Nuevo León entregue en el mes de octubre de cada año a Tamaulipas entre 180 a 200 millones de metros cúbicos de agua mediante trasvase de la Presa El Cuchillo que se encuentra en el municipio de China, Nuevo León hacia la Presa Marte R. Gómez, que se ubica en los municipios de Camargo y Miguel Alemán, Tamaulipas, haciendo notar que ambas presas se encuentran en el Río San Juan.

El trasvase se acordó entre ambas entidades federativas para solucionar el conflicto que se generó cuando se construyó la Presa El Cuchillo en 1994, ya que el agua del Río San Juan ya no podía llegar al Distrito de Riego 026 de Tamaulipas.

Como antecedente de estos sucesos, el 2 de julio de 1952, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Presidencial que estableció veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de aguas del Río San Juan, en los Estados de Tamaulipas y de su cuenca tributaria, aguas arriba de la Presa Marte R. Gómez.

El 9 de octubre de 1989, el Ejecutivo federal, el Ejecutivo estatal de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, celebraron el Acuerdo de Coordinación, con el propósito de realizar el proyecto, construcción y operación de las obras del “Programa Monterrey”.

El 6 de septiembre de 1990, el Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, celebraron el Acuerdo de Coordinación para el aprovechamiento de la Cuenca del Rio San Juan, con la finalidad de satisfacer la demandas de agua para usos urbanos e industriales de la Ciudad de Monterrey, así como preservar los usos múltiples del Distrito de Riego 026, en el Estado de Tamaulipas.

El 19 de enero de 1996, el Comité Hidráulico del Distrito 026 y los Gobiernos de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas, con colaboración de la Comisión Nacional del Agua (CNA), suscribieron una minuta que reflejó los consensos logrados en relación al apreciamiento de las aguas del Rio San Juan, y el 13 de noviembre del mismo año, se reunieron nuevamente, a efecto de evaluar los avances de las acciones y acordaron continuar atendiendo lo compromisos adquiridos en este Acuerdo de Aguas entre ambos estados, tomándose entre otros los siguientes acuerdos:

1. “El gobierno del estado de Nuevo León y la Comisión Nacional del Agua, realizarían en 1997, la construcción del Emisor necesario para conducir las aguas residuales tratadas, provenientes de la Ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, a la Presa Marte R. Gómez, en el estado de Tamaulipas (...)”

2. “La Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Tamaulipas elaborarían un programa calendarizado de inversiones por un monto de 200 millones de pesos de 1996, a cargo del Gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, para llevarse a cabo durante los años 1997, 1998 y 1999, destinadas a eficientar el uso de las aguas del Distrito de Riego 026 bajo Río San juan, mediante la rehabilitación, el mejoramiento de infraestructura y la utilización de tecnología moderna.”

3. “La Presa “El Cuchillo-Solidaridad” para la ciudad de Monterrey, y su zona metropolitana, se construirá con recursos del gobierno de Nuevo León, una vez que se concluyan y operen las obras mencionadas en el instrumento.”

4. “La Comisión Nacional del Agua, analizará durante el mes de noviembre de cada año, con base en la información al 31 de octubre, la disponibilidad total del agua, y determinará en el mes de noviembre, los volúmenes a usar de la Presa El Cuchillo, para asegurar el abastecimiento de la Ciudad de Monterrey y su Zona Metropolitana, el Acueducto Regional China —Los Aldama-Arcabuz y para el uso de riego en los Distritos de Riego 026 bajo Río San Juan Tamaulipas y 03, Las Lajas, en Nuevo León, (...)”.

Para el caso de que el Distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, no recobre el volumen total convenido, se procederá a compensar este déficit a los usuarios, bajo el siguiente procedimiento:

I. Con datos al 31 de octubre de cada año, en el mes de noviembre se determinará el volumen no entregado, este se dividirá entre una lámina promedio de 80 centímetros, con lo cual se obtendrá la superficie que dejaría de regarse.

II. Para calcular el monto a compensar, se tomará como referencia el precio de una tonelada de maíz cosechado en el ciclo correspondiente en las áreas regadas del propio Distrito 026 y se multiplicará por el número de hectáreas no regadas, y la cantidad que resulte en dos parcialidades iguales, una en el mes de febrero y a la segunda en mayo.

III. La Comisión Nacional del Agua determinará, con base en las condiciones específicas de cada caso, el origen de la fuente de compensación.”

Derivado de estos acontecimientos, el pasado 27 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua, abrió las compuertas de la Presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, Nuevo León, para trasvasar 200 millones de metros cúbicos de agua al embalse Marte R. Gómez, del Estado de Tamaulipas, y así cumplir con el convenio celebrado con los agricultores del Distrito de Riego 026, que utilizarán el líquido durante el ciclo agrícola 2022-2023.

Según autoridades de la Comisión Nacional del Agua, antes del trasvase, la Presa El Cuchillo almacenaba 756.5 millones de metros cúbicos, por lo cual solo quedaron 556.5, millones de metros cúbicos, es decir a solo el 49.5 por ciento de su capacidad de almacenamiento, que es de 1,123 mil millones de metros cúbicos.

Dicho organismo destacó que la correcta administración de las presas La Boca y Cerro Prieto, en Nuevo León, permitirán prolongar el aprovechamiento de su líquido hasta que se reciban las lluvias esperadas en la entidad para mediados de 2023.

Sin embargo, de acuerdo al Registro Histórico de lluvias, el Estado de Nuevo León, ha tenido un promedio de precipitación media histórica anual en los últimos 18 años de 608 mm, que lo ubica entre los diez estados de la Republica junto con Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Querétaro, Sonora y Zacatecas, que menos precipitación han tenido en este mismo periodo.

Recordemos que el 2 de enero del 2022, el Gobierno del estado de Nuevo León emitió una declaratoria de Emergencia ante la situación de sequía que se vivió en la entidad, debido a que las fuentes de abastecimiento de agua potable no presentaron la capacidad suficiente de llenado para lograr cubrir las necesidades de agua de distintos municipios, ya que de acuerdo con datos oficiales el volumen total de llenado de las presas en promedio fue de 44.1 por ciento; y de forma particular las Presas Cerro Prieto con un nivel del 9.88 por ciento, La Boca del 25.28 por ciento y El Cuchillo con el 53.98 por ciento, mismo que por cierto, quedó al mismo nivel actual una vez realizado el trasvase de 200 millones de metros cúbicos de agua al embalse Marte R. Gómez.

Es importante mencionar que en junio del 2021, la ausencia de lluvias avivó el problema del embalse del Río San Juan entre Tamaulipas y Nuevo León por el acceso al agua. La situación crítica llegó al extremo durante ese mes, que el entonces gobernador electo Samuel García señaló que no haría entrega de agua al estado vecino, aunque se debe señalar que este río está bajo la administración de la Comisión Nacional del Agua y corresponde a esta dependencia determinar el uso y aprovechamiento para los estados colindantes.

Podemos apreciar que la falta de agua es un problema que lleva muchos años, y se debe principalmente a la escasez de lluvias, por lo que sin ese proceso no se pueden alimentar las presas de Nuevo León ni de Tamaulipas, y es en temporadas de calor en donde la sequía se agudiza más.

Es importante hacer referencia al párrafo quinto del acuerdo de carácter general de inicio por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022, en el que se menciona “Que nuestro país está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse en cualquier zona del territorio y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua almacenados en las presas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable, por lo que la estrategia más importante para enfrentar sus efectos, consiste en que los usuarios implementen acciones preventivas y de mitigación, y en caso de ser necesario, la Comisión Nacional del Agua ordene medidas transitorias para garantizar el uso doméstico y público urbano ante dicho fenómeno natural en sus modalidades severa, extrema o excepcional. (...)”

Por cómo se han dado las cosas, ante el aumento de sequía en la parte noreste del país, se evidencia que el acuerdo firmado en 1996, es prácticamente imposible de cumplir, esto de acuerdo a los datos históricos de las precipitaciones en el estado de Nuevo León y sobre todo, por la escasez de lluvias sufrida en el 2022, que fue de 438 milímetros anual, por lo que no tenemos la certeza que en los años venideros se tengan lluvias más abundantes que permitan contar con suficientes excedentes en las presas para cumplir con dicho acuerdo, lo que nos llevaría a hacer un replanteamiento del mismo, sobre todo en lo relativo al trasvase de agua al embalse Marte R. Gómez, del estado de Tamaulipas.

Dicha incertidumbre en materia de precipitaciones pluviales, pone en inminente riesgo de desabasto a la Zona Metropolitana de Monterrey, por lo cual no se puede seguir dando agua de la Presa El Cuchillo, lo que implica pagar desde otras presas, como es el caso de la Presa Salinillas, que está al norte del estado de Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, y que ya ha trasvasado agua en 2006 y 2007 para saldar la deuda de agua con Tamaulipas y Estados Unidos.

En este mismo sentido, las condiciones demográficas, así como las necesidades de la población de este recurso vital han cambiado. Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):

“La población del estado ha tenido una tendencia de expansión por al menos 30 años, pues entre 1990 y 2015 aumentó 39.47 por ciento, lo que se traduce en dos millones de nuevos habitantes (Inegi). Esta tendencia se espera que continúe hacia 2030 cuando se habrá duplicado la población de 1990 llegando a más de seis millones de habitantes (gráfica 2). Esto habla de un crecimiento acelerado de la población, en donde se percibe un 9.54 por ciento de crecimiento quinquenal promedio”.

Hoy más que nunca es imprescindible, que para proteger con el derecho humano de acceso al agua potable y sanidad consagrado en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los compromisos internacionales. Ante el hecho de que Nuevo León y otros estados de la República mexicana seguirán siendo afectados por sequía y escasez de agua, es que resulta necesario replantear el Acuerdo de colaboración entre el Distrito de Riego 026 de Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua y Drenaje de Monterrey de Nuevo León, ya que no se puede preferir otorgar agua potable para zonas de riego que para el consumo humano a la supervivencia de la población.

Y así, realizar una evaluación sobre los acuerdos realizados y la mejor manera de satisfacer las necesidades de la población y de la producción agrícola, sin menoscabar la protección de los derechos de todos los sectores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, remita a esta soberanía un informe que contenga un análisis sobre la viabilidad de reestructurar los acuerdos establecidos en materia de trasvase de aguas al embalse Marte R. Gómez; así como el procedimiento de compensación del Distrito de riego 026 Bajo Río San Juan del estado de Tamaulipas, ante la escasez de lluvias, sequía y desabasto de agua existente en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Notas

1 El informe “DROUGH IN NUMBERS 2022”, restoration for readiness and resilience¸ se puede consultar en la página de la Convención para el Combate a la Desertificación de las Naciones Unidas en el siguiente apartado:

https://www.unccd.int/resources/publications/drought-numbers

2 Del 11 a 13 de octubre de 2022 se llevó a cabo el Congreso “Agua para el bien común”, organizado por el CONACYT y CIMAV donde abordaron la crisis hídrica en México y posibles soluciones, por lo que se puede consultar la información del comunicado de dicha institución en el siguiente sitio:

https://conacyt.mx/abordan-crisis-hidrica-en-mexico-y-posibles-s oluciones-en-congreso-agua-para-el-bien-comun-organizado-por-conacyt-y-cimav/

3 El Monitor de Sequía en México es un reporte que se emite quincenalmente desde 2014, elaborado por Sistema Meteorológico Nacional y la CONAGUA mediante el cual se detecta el estado actual y evolución de la sequía, permite emitir mapas de sequía en escala de tiempo y se puede consultar en el siguiente link:

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/mon itor-de-sequia-en-mexico#:~: text=El%20Monitor%20 de%20Sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico%20consta%20de%20un%20Reporte,de%20la%20cont abilidad%20de%20municipios

4 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la Asamblea de las Naciones Unidas se puede consultar en el siguiente apartado:

https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN &utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_ca mpaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=CjwKCAiAnZCdBhBmEiwA8 nDQxVGMw1zyVcdyW0fdIOMeJAu_GdZn0lDK6YcmJ1GRgw18YlMgGXcVcxoCYC8QAvD_BwE

5 HYPERLINK “https://www.sadm.gob.mx › SADM”

https://www.sadm.gob.mx › SADM

6 HYPERLINK

“http://dgeiawf.semarnat.gob.mx › ibi_apps › WFServlet” http://dgeiawf.semarnat.gob.mx › ibi_apps › WFServlet

7 Diario Oficial de la Federación - 12/07/2022.

8 Disponible en: https://participa.conl.mx/pub/demografia/release/4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de enero de 2023.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE OAXACA, A REVOCAR LAS PATENTES ENTREGADAS A NUEVOS NOTARIOS, ASÍ COMO A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN INVESTIGACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al estado de Oaxaca a revocar las patentes entregadas a nuevos notarios, así como a los que se encuentran en investigación por los delitos contra el patrimonio, despojo y suplantación de identidad, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo Décimo Cuarto de las Reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV Legislatura, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Oaxaca a revocar las Fiat entregadas a nuevos notarios, así como a los que se encuentran en investigación por los delitos contra el patrimonio, despojo y suplantación de identidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 1 de diciembre de 2022, entró en funciones el nuevo gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, conforme lo especifica la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el primer párrafo de su artículo 69, que a la letra dice:

“Artículo 69. El gobernador rendirá la protesta de Ley el primero de diciembre del año de su renovación y enseguida tomará posesión de su encargo, que durará seis años. Nunca podrá ser reelecto para otro período constitucional.”

En anterior gobernador Alejandro Murat Hinojosa ocupó este lugar del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre del 2022, sin embargo durante su administración se dieron una serie de irregularidades dentro del Registro Civil en complicidad de notarios de esta entidad federativa, como la de delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público, falsificación de documentos, fraude específico y suplantación de identidad, relacionados con el despojo de bienes en Oaxaca poder venderlas y obtener ganancias de manera fraudulenta.

Los malos manejos de los notarios, en complicidad con el Registro Civil de Oaxaca, se hicieron evidentes con el proceso judicial que han estado enfrentado los hermanos Gómez Consatti, en donde un juez pidió se les restituyeran sus identidades, en donde se les alteraron sus identidades en la Base Nacional de Datos, a quienes se les hizo una reposición de actas de nacimiento y les deben sr resarcidos los daños de manera integral.

A principios del pasado mes de noviembre presenté un punto de acuerdo en esta Cámara de Diputados en donde solicité que el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se abstuviera de otorgar nuevas patentes a notarios, hasta que se aclararan las más de 200 carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que fueron abiertas antes y durante su periodo de gobernador las cuales no han sido resueltas, esto debido a que el nombrar notarios es facultad de los gobernadores en Oaxaca como bien lo menciona la Constitución de Oaxaca en su artículo 79, en donde se mencionan sus facultades:

“Artículo 79. Son facultades del gobernador:

I. al XXI. &

XXII. Otorgar patentes de notario, con sujeción a la Ley respectiva;

XXIII. al XXVIII. ...

Esta solicitud se hizo debido a que en comparecencia el 30 de agosto de 2022 el fiscal general de Oaxaca ante el Congreso del estado aceptó que hay 1467 carpetas de investigación abiertas por despojo de inmuebles, delitos contra el patrimonio, suplantación de identidad y que, de estas más de 200 carpetas de investigación son contra notarios, denuncias que van desde suplantación de identidades a despojo de inmuebles en la entidad, lo que hace evidente que no todos los notarios en el estado son confiables.

Sin embargo, el pasado lunes 19 de diciembre de 2022 se dio a conocer por el consejero jurídico del actual gobernador, en conferencia de prensa, que durante el gobierno de Alejandro Murat se otorgaron 30 Fiats, de los cuales 14 se entregaron los últimos días del mes de noviembre, es decir días antes de que terminara su encargo como gobernador, esto a pesar del exhorto y de la gran cantidad de denuncias en contra de notarios en el estado de Oaxaca que su mismo fiscal dio a conocer.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente           

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, a retirar la patente a los 30 nuevos notarios que les fueron entregados durante el periodo del anterior gobernador Alejandro Murat.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, retirar la patente a los notarios involucrados en las carpetas de investigación que se encuentran abiertas actualmente en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca hasta que se resuelvan.

Bibliografía

- Periódico Oficial del Estado, (1922) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Recuperado de:

https://www.oaxaca.gob.mx/cocitei/wp-content/uploads/sites/48/20 19/07/CONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-LIBRE-Y-SOBERANO-DE-OAXACA.pdf

- Gaceta Parlamentaria (2022) Por el que exhorta al gobierno de Oaxaca a suspender las nuevas patentes a notarios hasta que se aclaren las carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía General local. Recuperado de:

http://gaceta.diputados.gob.mx/

- Conferencia de prensa (2022) Palacio de Gobierno de Oaxaca. Recuperado de:

https://fb.watch/hzm0y6WVIR/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A INSCRIBIR UNA PLACA CON EL NOMBRE DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DE CADA LEGISLATURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a destinar un espacio en sus instalaciones en el que se inscriba una placa con el nombre de las y los senadores integrantes de cada legislatura, como reconocimiento histórico a la promulgación de leyes de México, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

El suscrito senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

La historia de México está marcada por una serie de hechos y sucesos que hasta el día de hoy impactan la vida de las y los mexicanos, hablar de leyes en México es citar a revolucionarios, a intelectuales y grandes pensadores del que hacer de la política, que sentaron la bases para promover y promulgar las hoy conocidas leyes de reforma.

Si bien el territorio que hoy conocemos como México ya tenía sus antecedentes en la resolución te toma de decisiones desde la época prehispánica, las primeras formas de representación institucional se daban de carácter colectivo y la clara evidencia de ello la tenemos en Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopac, ya que para esa época ya contaban con un gobierno por representación de cada uno de los señoríos vinculados y reunidos en una asamblea denominada Tlahtocanechicolli.

Al respecto del Senado mexicano, un antecedente importante lo podemos localizar durante el desarrollo de las Cortes de Cádiz, que culminarían en la Constitución que regiría tanto para la monarquía española como a los territorios que se encontraban bajo su dominio. En el proceso de los debates de la Constitución de Cádiz, distintos proyectos incluían la existencia de un poder legislativo integrado por dos Cámaras.

Ya para el año de 1810, con el movimiento de la Independencia en nuestro país y concretamente con la convocatoria de José María Morelos y Pavón a realizar un Congreso Constituyente, se comenzaron a discutir con mayor intensidad, las formas que adoptaría la organización de los poderes en la nación, lo que vendría a conformar la Constitución de Apatzingán en 1814. En ella, se esbozaba instituir la representación nacional dándole a cada provincia un número igual de representantes en el Congreso.

En 1823 se convocó a un Congreso Constituyente, en el que fue cobrando fuerza la idea de que el Poder Legislativo debería estar compuesto por dos Cámaras: una integrada con base en el número de habitantes y otra formada por igual número de representantes de los nacientes estados. Diputados y Senadores, respectivamente.

Fray Servando Teresa de Mier difundió la importancia del Senado y fue Miguel Ramos Arizpe quien contribuyó en forma decisiva al establecimiento del bicameralismo en México, formulando el proyecto de Acta Constitutiva de la Federación que contenía las bases a las que debía ceñirse el Congreso para redactar la Constitución. Misma en la que se establecía la división de poderes, separando al Legislativo y al Judicial como independientes y autónomos.

Para ello, la Constitución de 1824, en el artículo 7, se dispuso al Poder Legislativo como Congreso General integrado por dos Cámaras Diputados y Senadores.

En octubre de 1835 la Constitución de 1824 fue abrogada y sustituida por las Leyes Constitucionales que, con un sistema centralista, mantuvieron la existencia de la Cámara Alta, pero deformada en un organismo aristocratizante y nulo. La Constitución de 1857 fue terminante y llevó a la supresión del Senado, teniendo estipulado en su artículo 51 que el poder Legislativo fuese unicameral.

En 1867 el presidente Benito Juárez propuso al Congreso nuevamente el restablecimiento de la Cámara de Senadores para propiciar un equilibrio adecuado del poder en un sistema federalista, sin que su planteamiento prosperara.

Pasaron once años para que, durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejeda, nuevamente se presentara la propuesta. Afirmaba que en una República Federal son necesarias dos Cámaras que combinen en el Poder Legislativo los elementos popular y federal.

Estos argumentos rindieron sus frutos cuando el 13 de noviembre de 1874 el Senado de la República fue restaurado e inició sus trabajos a partir de la apertura del Congreso el 16 de septiembre de 1875.

A partir de entonces la función del Senado ha tenido diversos cambios, la revolución de 1910 llevaría de nueva cuenta a una reorganización del poder político, pero en la conformación del Congreso Constituyente de 1917, se reafirmó la necesidad de contar con un Poder Legislativo Bicameral y con ello, se validó la existencia del Senado de la República.

Con la nueva Constitución de 1917, la Cámara de Senadores se compondría de dos miembros por cada estado y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa. La Legislatura de cada estado era quien declaraba electo al que hubiere obtenido la mayoría de los votos emitidos. Asimismo, por cada senador propietario, se elegía a un suplente. El periodo de ejercicio de los senadores era de cuatro años. La Cámara de Senadores se renovaba por mitad cada dos años.

Posteriormente, en 1933 fue introducida una ampliación al periodo del encargo de los senadores, para quedar en seis años.

No fue hasta 1993 se daría otra reforma que consideró una nueva conformación del Senado de la República, éste se integraría con cuatro senadores de cada estado y el Distrito Federal, de los cuales tres serían electos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno sería asignado a la primera minoría.

Actualmente la Constitución establece que en nuestro país el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, el cual a su vez se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, los cuales son elegidos de entre las fórmulas de candidatos registrados por cada partido político en cada uno de los estados y en la Ciudad de México. En este sentido, dos serán elegidos por mayoría relativa que son los candidatos que obtuvieron el mayor número de votos (64 senadores); uno será asignado a la primera minoría que se deriva de la fórmula de candidatos que hayan ocupado el segundo lugar en número de votos (32 senadores); los restantes serán elegidos mediante listas votadas en una sola circunscripción plurinominal y que serán asignados a los partidos políticos a partir del resultado de la votación obtenida en la elección de conformidad con la legislación electoral aplicable (32 senadores).

Para mí, es importante hacer referencia que los poderes Legislativo y Ejecutivo somos elegidos por el pueblo, y trabajamos para ellos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se han vivido cambios culturales estructurales y coyunturales, que solo pueden ser posibles gracias a la promulgación y renovación leyes, por una parte, hemos visto como México ha consagrado el respeto a la vida, a la dignidad humana, todos y cada uno de ellos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, considero importante reconocer a las y los legisladores que han hecho historia y han contribuido a forjar el México que hoy conocemos, aunque claro nos falta mucho por avanzar, estoy seguro de que ciudadanas y ciudadanos con valores, principios y con ganas de servir a su patria, continuarán con la transformación del país.

Si bien, es necesario aclarar y entender dos cosas, la primera que las y los integrantes de esta Cámara Alta somos pueblo, somos ciudadanos que venimos a representar a las comunidades y regiones de cada uno de nuestros estados, y que a veces puede haber divergencia en los ideales un interés en común nos une, que le vaya bien a México; por otro lado, es necesario hacer hincapié en que estos puestos son transitorios y que solo ocupamos el puesto por un breve tiempo.

A veces cuando proponemos leyes o reformas los resultados los veremos en varios años, pero el objetivo siempre será el mismo servir a nuestra patria.

A través de la presente, reconoceremos a esos hombre y mujeres que han luchado por este país, es una manera de rendir homenaje aquellos que hoy ya no están con nosotros, pero su legado aún continúa, es una manera de escribir la historia legislativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito senador del Grupo Parlamentario de morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Mesa Directiva para que se destine un espacio en Senado de la República en el que se inscriba una placa con el nombre de las y los senadores integrantes de cada legislatura, como reconocimiento histórico a la promulgación de leyes de México.

Notas

1 Historia del Senado en México - Rotativo General, consultado el 20 de diciembre de 2022.

2 Historia del Senado en México - Rotativo Digital, consultado el 20 de diciembre de 2022.

3 Historia del Senado en México - Rotativo Digital, consultado el 20 de diciembre de 2022.

4 https://rotativodigital.com.mx/historia-del-senado-enmexico/#:~: text=Fray%20Servando%20Teresa%20de%20Mier%20difundi%C3%B3%20la%20importancia,de b%C3%ADa%20ce%C3%B1irse%20el%20Congreso%20para%20redactar%20la%20Constituci%C3% B3n., consultado el 20 de diciembre de 2022.

5 https://rotativodigital.com.mx/historia-del-senado-en-mexico/#:~: text=Fray%20Servando%20Teresa%20de%20Mier%20difundi%C3%B3%20la%20importncia,deb %C3%ADa%20ce%C3%B1irse%20el%20Congreso%20para%20redactar%20la%20Constituci%C3%B 3n. Consultado el 20 de diciembre de 2022.

6 Historia del Senado en México - Rotativo Digital, consultado el 20 de diciembre de 2022.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil veintitrés.– Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»

Se remite a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para su atención.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, A LOGRAR LA RECAPTURA DE LOS REOS FUGADOS EL PASADO 1 DE ENERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al estado de Chihuahua a lograr la recaptura de los reos fugados el 1 de enero de 2023, garantizar el gobierno y seguridad del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, y a destinar los recursos de la Torre Centinela para garantizar la seguridad de las familias del estado, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, correspondiente a la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la regla Quinta, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta y Décima Séptima de las Reglas que Regirán las Sesiones y Trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV Legislatura, y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las autoridades del estado de Chihuahua a lograr la recaptura de los reos fugados el 1 de enero de 2023, garantizar el gobierno y seguridad del Cereso número 3 de Ciudad Juárez y a destinar los recursos de la Torre Centinela para la garantizar la seguridad de las familias del estado, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La seguridad es uno de los pilares de la sociedad, que permite a las personas vivir libres de amenazas como lo son la violencia o el delito. Para su consecución, el Estado asume las capacidades para proteger la integridad y los derechos humanos de las y los ciudadanos.

Si bien la materia de seguridad ha sido uno de los rubros más problemáticos a nivel nacional, el Gobierno federal ha emprendido una estrategia que involucra acciones coordinadas de distintas instituciones a fin de amainar la ola de violencia desatada, entre otros factores, por la guerra contra el narco iniciada en el periodo del presidente Calderón.

En Chihuahua, sin embargo, hemos vivido la violencia y la inseguridad desde hace décadas y Ciudad Juárez, desgraciadamente ha sido ejemplo del crimen, la violencia y la impunidad, situación que se ha recrudecido en los últimos meses, con los hechos suscitados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3, de Ciudad Juárez.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante 2021 el Cereso número 3 de Ciudad Juárez tuvo la peor evaluación de los 11 centros penitenciarios analizados en Chihuahua. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 arrojó las siguientes problemáticas:

a) Hacinamiento y sobrepoblación (tiene capacidad para albergar a 3 mil 125 personas y, en 2021 tenía 3 mil 500 internos;

b) Insuficiencia de vías para remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos;

c) Condiciones deficientes para garantizar una estancia digna;

d) Autogobierno derivado de la insuficiencia de personal de seguridad y custodia;

e) Actividades ilícitas;

f) Deficiente separación entre procesados y sentenciados;

g) Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y capacitación;

h) Insuficiencia de programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, entre otros.

Sin embargo, la evaluación de la CNDH no es una cuestión nueva o desconocida por las autoridades, toda vez que ese centro penitenciario ha presentado problemáticas de violencia en distintos momentos:

-En julio de 2011 murieron 17 internos durante una riña dentro del Cereso No. 3, encabezada por grupos delictivos rivales, los Mexicles y los Aztecas;

-El 5 de noviembre de 2019, tuvo lugar un operativo de cateo que derivó en cuatro días de violencia, 26 asesinatos y 37 vehículos calcinados, entre ellos de transporte público;

-El “jueves negro” de Ciudad Juárez, ocurrido el 11 de agosto de 2022, inició con un motín en el Cereso número 3 que desbordó la violencia dentro del penal hacia las calles de la ciudad, ese día 11 personas fueron asesinadas; y,

-El 1 de enero de 2023 hombres armados llegaron al penal en autos blindados con la intención de apoyar en la fuga de reos. Tras horas de violencia, el resultado del motín fue de 17 personas asesinadas, 7 internos y 10 oficiales, 13 personas heridas y 27 reos fugados.

Como lo detalla la CNDH, el autogobierno de los grupos delictivos, la violencia y el atropello a los derechos humanos son el pan de cada día en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, desafortunadamente, la incapacidad del gobierno de Chihuahua ha permitido que esas condiciones se extiendan a las calles de nuestra ciudad, hacia la sociedad civil, hacia la gente de bien que hoy son víctimas de grupos delincuenciales ante la mirada omisa, indolente y cobarde de las autoridades, quienes se solidarizan con las familias de las víctimas pero que no hacen nada para combatir esta violencia.

La gobernadora María Eugenia Campos se pronunció más de 9 horas después de lo sucedido para convocar a una Mesa de Seguridad, como también lo hizo el jueves negro. Una vez más queda de manifiesto que las declaraciones de la gobernadora no van más allá de un posicionamiento mediático, de lo contrario, cómo explicar que a menos de 6 meses del jueves negro, las autoridades federales encontraron celdas de lujo en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, una caja fuerte con un millón 702 mil 174 pesos, presuntamente provenientes de la venta de droga en las instalaciones, 84 dispositivos móviles, una decena de armas largas, cuatro cortas, 82 cartuchos de diversos calibres, 285 bolsas de crystal (4 kg), 38 bolsas de cocaína (40 gr), 68 bolsas con marihuana (16.2 kg), 69 bolsas de heroína (1.5 kg), 8 pastillas de fentanilo, y 40 gramos de cocaína.

Lo anterior evidencia la incompetencia de las autoridades o su colusión, desde el más alto rango, con los grupos delictivos.

Asimismo, debe destacarse que el Congreso del estado -cuyo grupo mayoritario es el Partido Acción Nacional- desestimó la solicitud de comparecencia al titular de la Fiscalía General del Estado, Roberto Javier Fierro Duarte, que era necesaria dadas las circunstancias del jueves negro. El argumento de los diputados panistas fue que “no era tiempo de comparecencias, debido a que los funcionarios están enfocados en brindar resultados ante los recientes hechos de violencia.”

Las autoridades y los poderes del Estado han demostrado su incapacidad para dar solución a un problema complejo con múltiples aristas, como lo es la violencia desatada en el Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, por el contrario, han intentado dilatar la información, impedido la rendición de cuentas y abonado a la violencia que ha rebasado el ámbito penitenciario y se ha reflejado, lamentablemente, en nuestra ciudad.

A pesar de que la gobernadora, el fiscal y las autoridades involucradas evadan su responsabilidad, señalando que: “no permitamos que estos hechos hagan decaer la esperanza, estamos haciendo la diferencia en materia de seguridad”, o “la situación está bajo control, y seguimos con un detallado monitoreo de los hechos”. Es evidente que no es así, como tampoco lo fue el jueves negro.

Nuevamente, la realidad supera el discurso panista, puesto que a pesar de su voto en contra del la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, son el Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional quienes han logrado llevar orden en el Cereso número 3, y es la federación quien está lista colaborar en el traslado de reos de alta peligrosidad pese a las dilaciones de las autoridades locales.

Si bien la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales es necesaria, no debe pasar inadvertido que: “la responsabilidad de lo que sucede en el penal, de las medidas de seguridad, del despliegue que se tiene en la parte interna, es responsabilidad del estado. Son los que establecen las condiciones de seguridad de este penal”, como lo ha señalado el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

De acuerdo con los hallazgos de las autoridades federales, además de las armas y de los más de 20 kilogramos de drogas -enumerados líneas arriba-, se encontraron 10 celdas VIP, es decir, con acceso a utilitarios que están prohibidos en los centros penitenciarios, como los son pantallas y celulares, lo que da cuenta de la colaboración de las autoridades penitenciarias con los internos.

De tal suerte que, lo ocurrido en los últimos seis meses en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez expone la indiferencia de las autoridades locales a los hechos de violencia, su omisión para cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad no sólo de las personas privadas de la libertad sino también de la población, así como la corrupción y complicidad de las autoridades penitenciarias con los grupos delincuenciales.

La cúspide de estos actos, por demás irresponsables, es la indolencia de las y los diputados panistas del Congreso del estado, que en su momento descartaron llamar a comparecer al Fiscal General del Estado y que hoy deben asumir esa decisión ante la sociedad juarense.

Una vez más, el discurso de las autoridades locales es desmentido por una realidad que nos duele. Ciudad Juárez sigue siendo muestra de esa violencia que caracteriza a nuestro estado, y pone de manifiesto la inexistencia de una estrategia o un plan de seguridad que ha sido sustituido por un edificio de concreto, fierro y ladrillo, la Torre Centinela, la cual, no resolverá nada.

El costo de esta obra, de acuerdo con el secretario de Hacienda de Chihuahua, José Jesús Granillo, será de 4 mil 200 millones de pesos, lo que, dadas las condiciones de violencia que vive el estado, sería conveniente destinarlo a tareas de seguridad para garantizar la seguridad de las familias, no a una obra que poco o nada incidirá en la protección de las familias.

Es por ello que, como representante de Ciudad Juárez, acudo a esta asamblea para que, de manera urgente, se exhorte a la gobernadora y al titular de la Fiscalía General del Estado, a imponer las medidas necesarias y actuar sin dilaciones para lograr la captura de los reos fugados, garantizar la seguridad al interior del centro penitenciario con apego irrestricto a los derechos humanos y tomar medidas extraordinarias a fin de que las colonias aledañas al Cereso número 3, así como la población en general, tengan garantizada su seguridad y la de sus familias; asimismo, se hace un llamado a las autoridades locales a efecto de sancionar a servidores públicos coludidos con los grupos delictivos que han desatado actos violentos dentro y fuera del Cereso número 3; de igual manera, se exhorta al Ejecutivo estatal a destinar los 4 mil 200 millones de pesos que costará la Torre Centinela para reforzar la seguridad en el estado, ante la urgencia y la necesidad de proteger a las familias de nuestro estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, en mi condición de diputada federal, acudo a esta honorable Comisión Permanente a presentar proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, a imponer las medidas necesarias y actuar sin dilaciones para lograr la captura de los 27 reos fugados del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3; a garantizar la seguridad al interior del centro penitenciario, con apego irrestricto a los derechos humanos, y realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias que viven en colonias aledañas al Cereso número 3, así como de la población en general.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, para que, de manera coordinada, se investigue y se impongan sanciones ejemplares a los funcionarios y servidores públicos que hayan colaborado con los grupos delictivos para violentar las normas que rigen la vida de las personas privadas de la libertad; así como a quienes hayan participado en la fuga, motín y hechos violentos suscitados el 11 de agosto de 2022 y el 1 de enero de 2023 dentro y fuera del Cereso número 3.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a garantizar las condiciones de gobernabilidad en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez, y a aplicar de manera estricta los protocolos para la atención y control de incidentes violentos y motines.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a valorar la suspensión de la obra de la Torre Centinela para que, en su caso, los 4 mil 200 millones de pesos que costará su construcción se destinen a acciones que garanticen la seguridad de las familias del estado de Chihuahua.

Nota

1 Consultado en: https://radionet.com.mx/torre-centinela-se-pagara-en-plazos-esto-costara

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES A IMPLEMENTAR EL PROTOCOLO NACIONAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales, a las entidades federativas y municipales a implementar de manera pronta y coordinada el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las niñas y niños y adolescentes, en cualquiera de sus expresiones, atenta directamente al disfrute de una vida plena en condiciones dignas que garanticen su desarrollo integral, pues al violentarles, se amenazan de forma frontal las condiciones necesarias para lograr su bienestar y el libre desarrollo de la personalidad, poniendo en entredicho la obligación del Estado y sociedad de garantizar su sano desarrollo, su crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Pese a lo anterior, el objetivo siempre será que todos los niños, niñas y adolescentes tengan derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia, por lo cual debemos reconocer que el trabajo por hacer en la materia todavía es arduo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre las adolescentes de 15 a 18 años, el 26.1 por ciento declaró haber sufrido violencia durante la niñez, dentro de los cuales 20.4 por ciento padeció violencia física, 10.5 por ciento violencia emocional y 5.5 por ciento violencia sexual.

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres se observó que en lo que respecta al maltrato físico lo padecen tanto niñas (42.2 por ciento) como niños (45.3 por ciento), pero característicamente, son las niñas (61.8 por ciento) y los niños (56.9 por ciento) de 2 a 4 años quienes reciben más castigos físicos que otros grupos de edad.

Lamentablemente, dentro de la forma en cómo se concibe la disciplina en México, se identificó en la misma encuesta, que los castigos físicos severos son padecidos sin distinción en edades tempranas, pues se reportó que el 2 por ciento para las niñas y 4.1 por ciento para los niños de 1 a 2 años de edad han sufrido castigos físicos severos; cifras que son de 2.2 por ciento y 7.3 por ciento respectivamente en las edades de 3 a 4 años; 5.5 por ciento en niñas y 9 por ciento en niños de rango de edad de 5 a 9 años; y 5.9 por ciento y 7.1 por ciento de 10 a 14 años.

Por su parte, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó sobre casos de sospecha de violencia interfamiliar, en los que en 2018 con una tasa de incidencia por cada cien mil habitantes se estimaba que 2.25 de las niñas y 2.35 de los niños menores de un año padecían violencia, de igual forma se valoraba que 6.30 en las niñas y 3.55 en los niños entre 1 y 4 años eran víctimas de este maltrato; mientras que 12.78 en las niñas y 9.23 en los niños de entre 5 y 9 años y 58.72 y 13.28 de niñas y niños de entre 10 y 14 años. De manera detalla, se ha detectado que, en México de cada diez agresiones en materia de violencia sexual, ocho son realizadas por parientes o personas cercanas; y tan solo de enero a octubre del 2020 se registraron 3,581 casos de egresos hospitalarios por violencia sexual donde 3 mil 325 eran niñas y 256 niños.

En el ámbito internacional, se enmarcan situaciones similares pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. UNICEF en su informe Ocult6s a Plena Luz un Análisis Estadístico de la Violencia Contra los Niños, se estimó que alrededor de 6 de cada 10 niños y niñas del mundo (unos 1.000 millones) de 2 a 14 años de edad sufrieron de manera periódica castigos corporales a manos de sus cuidadores, además de encontrar que casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años del mundo (unos 70 millones de niñas) dijeron haber sido objeto de alguna forma de violencia física desde los 15 años de edad.

Por su parte, el Observatorio de la Infancia Andalucía, destacó que 60 por ciento de niños y niñas del mundo de 2 a 14 años sufren de manera periódica castigos físicos (corporales) a manos de sus cuidadores. Así como 120 millones de niñas de todo el mundo han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas y otras agresiones sexuales en algún momento de sus vidas y que casi la mitad de todas las niñas adolescentes de 15 a 19 años que mencionaron haber sido objeto de violencia física o sexual también dijeron que nunca se lo había contado a nadie.

Ante tales datos, es casi imposible no preocuparse por las afectaciones que niñas y niños expuestos a estas situaciones pueden sufrir, pues se ha señalado que las y los niños que han sido objeto de abusos y violencias tienen dificultades de aprendizaje y desempeño escolar, además de tener bajos niveles de autoestima y sufrir depresión, suscitando en la posibilidad de adoptar conductas de alto riesgo y comportamientos autodestructivos. Puesto que desde la vista médica se ha señalado que el maltrato causa estrés, el cual se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. En donde en los casos extremos de estrés se puede alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales.

En este aspecto, cualquier tipo de violencia contra niñas y niños, desde el ámbito del marco jurídico legal vigente, atenta contra garantías como la vida libre de violencia e integridad personal, así como la vida en paz, supervivencia y desarrollo, todos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde se menciona la obligación de las autoridades para prevenir y sancionar este delito contra las y los niños.

"Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II. ...

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV. a la VII.

VIII. El castigo corporal y humillante.

...

...

...

Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.

Por tal motivo, y con la convicción de que la eliminación de la violencia es una responsabilidad que todos compartimos, se celebra el aviso por el que se dio a conocer el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de noviembre del 2022.

Toda vez que se ve como una herramienta que con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Sesión Ordinaria del 10 de noviembre de 2020, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen los procedimientos de coordinación interinstitucional que deben llevar a cabo las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, para la protección inmediata y de emergencia de niñas, niños y adolescentes, desde la detección de un hecho de violencia en contra de dicha población.

Destacando que dentro del procedimiento plasmado se considera en primer lugar la detección de violencias que permita dar un registro y canalización de los casos en que sea observada violencia en contra de la niñez, para posteriormente atender de manera inmediata según corresponda la autoridad correspondiente y referirse a la restitución de los derechos afectados lo más efectivamente posible. Considerando que, para terminar con esta terrible realidad, hay que contar con la planificación acertada que fortalezca los procesos y mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la protección de las y los niños, viendo como pieza clave la interinstitucionalidad planteada en el protocolo, la cual permitirá cooperar a las diferentes instituciones involucradas en el procedimiento y dirección de las denuncias de casos de caso de violencia infantil.

Siendo el último objetivo de esta proposición dar visibilidad al aviso de conocimiento del Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, pues su muy oportuna elaboración y estructuración debe ser reconocida, difundida activamente y sobre todo atendida a la brevedad. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades federales, a las entidades federativas y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, den seguimiento e implementen de manera pronta y coordinada el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, toda vez que dicho documento permite constituir un procedimiento general para la atención inmediata de un caso de violencia y protección de niñas, niños y adolescentes, considerando la restitución de los derechos por las autoridades correspondientes.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/e ndireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

2 UNICEF México. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, Disponible en:

https://www.unicef.org/mexico/media/1001/file/UNICEF_ENIM2015.pd f

3 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Maltrato infantil, Disponible en:

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Maltrato_inf antil.pdf

4 Ídem.

5 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Qué es, cómo prevenir y cómo actuar ante la violencia sexual infantil?, Disponible en:

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/que-es-como-prevenir-y-como -actuar-ante-la-violencia-sexual-infantil?idiom=es

6 Organización Mundial de la Salud (OMS). Maltrato infantil, Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltre atment

7 UNICEF. Ocultos a plena luz. Un análisis estadístico de la violencia contra los niños, Disponible en:

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/informeocultosbajola luz.pdf

8 Observatorio de la Infancia en Andalucía. MALTRATO INFANTIL, Disponible en:

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7 309_d_CyD-MaltratoInfantil.pdf

9 Organización Mundial de la Salud (OMS). Maltrato infantil, Op. Cit.

10 Diario Oficial de la Federación (DOF). Aviso por el que se da a conocer el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia, Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5672644&fecha =29/11/2022#gsc.tab=0

11 Estrategia Nacional para la Prevención y Atención de las Violencias en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Protocolo nacional de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/766781/Protocolo_ Nacional_NNA-VF-MAR2021.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 3 de enero de 2023.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE YUCATÁN, A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS DE DISCRIMINACIÓN POR MOTIVO DE PREFERENCIA SEXUAL QUE LLEVARON A QUE JULISSA CHUC FUERA SEPARADA DE SUS HIJOS EN MÉRIDA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán a realizar una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O‘Horan, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura, números quinto, sexto, séptimo, décima quinta y vigésima sexta, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humaos del Estado de Yucatán para que en el ámbito de sus competencias, se realice una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O'Hor; asimismo, se resuelva hacer del conocimiento de las autoridades competentes, los actos u omisiones en el que incurrieron las autoridades o los servidores públicos por estos hechos y se determine, en su caso, la existencia de responsabilidades y sanciones en consecuencia, bajo las siguientes:

Consideraciones

A Julissa Choc Hass le fueron arrebatados su hija recién nacida y su hijo de 6 años, por parte de autoridades del estado de Yucatán presuntamente por sus preferencias sexuales. Fueron más de 50 días en los que los infantes estuvieron separados de su madre y en medio de los festejos de navidad ante las presiones por las manifestaciones de protesta realizadas y el impacto mediático generado por este hecho fue que el 24 de diciembre Julissa Choc pudo reunirse con sus hijos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la población LGBTI+ asciende a cinco millones de personas. Yucatán es uno de los estados que cuentan con el mayor porcentaje de población LGBTI+ con un 8.3 por ciento del total nacional.

Al respecto, el antropólogo Armando Rivas Lugo había señalado en mayo de 2020 que la mayor prueba de que la homofobia estaba vigente en el estado de Yucatán era el rechazo al matrimonio igualitario, haciendo mención la votación en secreto por parte del Congreso del estado en abril de 2019 cuando se rechazaron reformas que habrían permitido el matrimonio igualitario en la entidad. El 25 de agosto de 2021 el tema se sometió nuevamente a debate, dando como resultado 20 votos a favor frente a 5 en contra. La modificación del artículo 94 de la Constitución del estado, reconoce que el matrimonio no solo es entre hombre y mujer, también la unión de dos personas del mismo sexo.

La abogada defensora de Julissa Chuc, la licenciada Dariana Quintal Narváez, ha denunciado ante medios de comunicación que sobre el modus operandi del gobierno de Yucatán para el presunto tráfico de menores: "[...] El modus operandi es el siguiente: la procuraduría cita a una familia bajo el argumento de que los padres han sido denunciados de manera anónima por maltrato infantil. Cuando están en las oficinas, el personal de la defensa del menor dice que se va a llevar a los infantes a una supuesta área de psicología para investigar la situación, pero cuando trasladan a los niños, las autoridades les dicen a los progenitores que no les van a regresar a sus hijos porque los maltratan [...]"

De acuerdo con la abogada, hay evidencia de que en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF Yucatán drogan a los niños cuando empiezan a tener ansiedad y que hay denuncias de violaciones los menores en el lugar por parte de los custodios del centro.

Aunado a las organizaciones de la sociedad civil, vecinas y vecinos de Julissa Chuc Hass también apoyaron a la víctima con una carta con 67 firmas donde afirman que es una mujer trabajadora, sin vicios y que trata con cariño a su hijo de 6 años.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto del artículo 1, expone que "[...] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas [...]".

Por su parte, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en su artículo 111, señala:

"La comisioón deberá hacer del conocimiento de las autoridades superiores competentes, los actos u omisiones en que incurran las autoridades o los servidores públicos, durante y con motivo de las investigaciones que realice, para el efecto de que le sean aplicadas las sanciones administrativas que correspondan. La autoridad superior deberá informar a la comisión sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas.

La comisión solicitará al órgano de control interno correspondiente, en cualquier caso, el inicio del procedimiento de responsabilidades que deba instruirse en contra del servidor público respectivo."

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo afirmamos que ha sido una gran conquista el que todas las personas tengamos derechos iguales, independientemente de nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Estos derechos han sido reafirmados por el Congreso de la Unión para que nadie pueda ni tenga el derecho a lastimar, rechazar o discriminar por la orientación sexual o identidad de género.

Para ello, aún nos queda un largo camino de educación y tolerancia que la sociedad debe recorrer para prevenir la discriminación contra esta comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para que en el ámbito de sus competencias, se realice una investigación de manera pronta y expedita respecto de los hechos de discriminación por motivo de preferencia sexual que llevaron a que Julissa Chuc fuera separada de su hija recién nacida y de su hijo de 6 años luego de ser atendida en el Hospital General Agustín O'Hor; asimismo, se resuelva hacer del conocimiento de las autoridades competentes, los actos u omisiones en el que incurrieron las autoridades o los servidores públicos por estos hechos y se determine, en su caso, la existencia de responsabilidades y sanciones en consecuencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a intervenir para interrumpir los actos de discriminación que diversos funcionarios del gobierno de dicho estado han proferido en contra de Julissa Chuc Hass.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán para que se desarrollen campañas preventivas, a fin de luchar en contra de todos los tipos de discriminación, principalmente por homofobia, para garantizar que lo antes expuesto no vuelva a pasar.

Notas

1 El Universal. "Por una severa omisión de cuidados": autoridades retienen a hijos de Julissa Chuc, rechazan discriminación. Disponible en:

https://acortar.link/x0hkCA. COnsultado el 4 de enero de 2023.

2 sdpnoticias. "Mujer denuncia que DIF Yucatán le quitó a sus hijos por discriminación". Disponible en:

https://acortar.link/x0hkCA Consultado el 4 de enero de 2023.

3 Ibid

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://acortar.link/rPDmnN. Consultado el 4 de enero de 2023.

5 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Disponible en: https://acortar.link/pJ194y Consultado el 4 de enero de 2023.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, EN COORDINACIÓN CON DIVERSAS AUTORIDADES, A REVISAR LAS INSTALACIONES DE LOS EXPENDIOS DE COMBUSTIBLES, Y GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS DE LA EXPLOSIÓN REGISTRADA EL PASADO 1 DE ENERO EN LA GASERA MASTER GAS

«Proposición punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades federales y municipales, revisen las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado; asimismo se solicita que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la gasera Master Gas, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con carácter de urgente resolución por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades federales y municipales revisen las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado de Nuevo León; asimismo, se solicita que se garantice la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la gasera Master Gas, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, así como el seguimiento de los procesos y la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 1 de enero de 2023, ocurrió una explosión en la empresa Master Gas, ubicada en la colonia Los Naranjos, dentro del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, misma que dejó un saldo, de acuerdo a las fuentes periodísticas, de 16 pipas transportadoras de gas licuado de petróleo, el incendio de un camión tipo plataforma y alrededor de mil familias evacuadas de sus domicilios a consecuencia de la fuerte explosión.

Las notas periodísticas refieren que si bien, no hubo muertes que lamentar, si hubo daños en domicilios de las zonas aledañas, donde las autoridades tuvieron que desalojar cerca de 650 domicilios, lo que serían cerca de mil 800 personas evacuadas de las colonias Los Naranjos, Unidad Laboral, Arboledas del Mezquital, Aquiles Serdán y Fomerrey 30; asimismo se detalla que, según los empleados, "la empresa cree que el incendio y explosión se originó en la pirotecnia de los alrededores, que habría alcanzado una pipa y luego se extendió a las demás, que incluyó una plataforma y un automóvil."

De acuerdo con un boletín informativo del municipio de San Nicolás de los Garza, se informa que protección Civil municipal colocó sellos de suspensión y además se informó que se inició a un procedimiento administrativo para determinar las causas del incendio y explosión registrado a las 18: 00 horas del día 1 de enero de 2023.

"La empresa gasera Master Gas permanecerá cerrada y suspendida hasta no concluir con las investigaciones que se están desarrollando dentro del procedimiento administrativo para determinar las causas y posibles sanciones que arrojen en las inspecciones".

Asimismo, se informó que al corte de las 11: 30 horas del 2 de enero de 2023, autoridades municipales han contabilizado 30 casas con afectaciones que van desde vidrios rotos, marcos de ventanas y puertas, hasta cuarteaduras, además de tener registro de daños en postes de alumbrado público y de un vehículo particular con afectaciones. La noticia de esta explosión es muy lamentable por la afectación que causa a las personas en su patrimonio por lo que las autoridades deben llevar a fondo las investigaciones y la empresa Master Gas asumir los costos de las afectaciones causadas.

Lamentablemente, en México se tienen antecedentes de este tipo de tragedias que han enlutado a miles de familias, basta recordar:

19 de noviembre de 1984.- La explosión en cadena de varios depósitos de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el barrio de San Juanico, del estado de México, dejó medio millar de muertos, según cifras oficiales.

22 de abril de 1992.- 210 muertos tras un incendio en un barrio de Guadalajara por varias explosiones en cadena después de una fuga de gas en el alcantarillado.

19 de diciembre de 2010.- Una explosión en una toma clandestina de San Martín Texmelucan, en el central estado de Puebla, dejó 29 personas fallecidas.

31 de enero de 2013.- Explosión por acumulación de gas metano en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México dejando un saldo de 33 personas muertas y 101 lesionados.

7 de mayo de 2013.- Explosión de un camión cisterna cargado con gas en una autopista cercana a la zona metropolitana de la Ciudad de México, dejando un saldo de 20 muertos, la mitad de ellos menores, además de 36 heridos y 45 viviendas afectadas.

3 de abril de 2015.- Explosión de un camión cisterna de Pemex, saldo, 19 muertos en el sur del estado de Tabasco.

El 20 de abril de 2016 .- Explosión en un complejo petroquímico en el Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, dejó un saldo de 32 muertos y más de 100 heridos.

18 de enero de 2019.- Explosión de toma clandestina de combustible de un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó un saldo de 137 muertos.

21 de marzo de 2019.- Explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Milpa Alta, Ciudad de México.

15 de junio de 2019.- Cuatro mujeres calcinadas, 20 personas con heridas leves y daños materiales incuantificables es el resultado de la explosión de una pipa de gas en el centro del municipio de Tepatitlán, Jalisco.

14 de agosto de 2019.- Explosión de una pipa de gas en el municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, dejando 1 muerto.

16 de noviembre de 2020.- Explosión de una pipa de gas en autopista Tepic-Guadalajara, dejó un saldo de 13 muertos.

01 de noviembre de 2021.- Explosión de una pipa de gas en San Pablo Xochimehuacan, en Puebla capital, dejó un saldo de 184 viviendas afectadas y 8 heridos de gravedad.

15 de agosto de 2022.- Explosión de pipa de gas en la carretera escénica, Acapulco, dejó un muerto y tres heridos.

10 de septiembre de 2022.- Choque entre pipa y autobús deja 18 muertos en Tamaulipas.

20 de octubre de 2022.- Explosión de una pipa de combustible tras chocar contra un tren en Aguascalientes la explosión dejó un saldo de 50 vehículos y 120 viviendas dañadas.

De lo anterior se aprecia que existen diversos accidentes que involucran a pipas de gas en todo el país, y si bien, las medidas implementadas en el estado de Nuevo León ante el suceso referido y en materia de protección civil resultaron efectivas, también lo es que en el territorio nacional es fundamental no cesar en los esfuerzos y continuar fortaleciendo la política pública en materia de prevención de desastres, en particular lo concerniente a explosiones e incendios, como se aprecia en el referido historial de accidentes, situación que hace necesario poner atención y revisar los protocolos y la actuación de las autoridades en materia de protección civil.

Importante mencionar que de conformidad con los artículos 26 y 33, fracciones XII, XXI, XXII y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción IV, 4, fracción XXVIII y 5, párrafo segundo, 56, fracción VI, 131 y demás aplicables de la Ley de Hidrocarburos; artículo 2, fracción XIV, 3, 5, 87 a 93 y demás aplicables del Reglamento de Gas Licuado de Petróleo; así como la NOM007-SESH-2010 y otras normas oficiales mexicanas y acuerdos complementarios, corresponde a la Secretaría de Energía la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de las obras, instalaciones, vehículos y accesorios que los titulares de los permisos para el transporte y distribución de Gas L.P. están obligados a mantener en todo conforme a lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

Ante los referidos sucesos en el estado de Nuevo León, resulta imperante que las autoridades federales, estatales y municipales en cumplimiento con la referida legislación aplicable realicen cuanto antes la revisión de las instalaciones de todos los expendios de combustibles que permitan prevenir cualquier eventualidad de riesgo.

Además de lo anterior se requiere que la Secretaría de Energía, en cumplimiento de sus atribuciones legales, informe a la opinión pública sobre los resultados relativos de la aplicación de normas oficiales mexicanas que se han realizado mediante las visitas de verificación sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de obras de las empresas con permiso para transportar y distribuir gas LP en el territorio nacional en las 32 entidades federativas y en especial de la empresa Master Gas, en el estado de Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con carácter de urgente resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León a que en coordinación con las autoridades federales lleven a cabo todas las diligencias que garanticen la reparación integral del daño a las víctimas de la explosión registrada el 1 de enero de 2023 en la gasera Master Gas, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza de dicha entidad, así como el seguimiento de los procesos y la determinación de las responsabilidades civiles, penales y administrativas de quienes resulten involucrados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que, en el ámbito de su competencia y en apego a sus atribuciones legales, remita un informe a esta soberanía sobre los resultados relativos a la aplicación de normas oficiales mexicanas sobre el cumplimiento de las condiciones de seguridad, operación, instalación y mantenimiento de obras, instalaciones y vehículos de las empresas con permiso para transportar y distribuir gas LP en el territorio nacional, y en especial de la empresa Master Gas, en el estado de Nuevo León.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales que de conformidad con la Ley General de Protección Civil realicen cuanto antes una revisión exhaustiva de las instalaciones de todos los expendios de combustibles en el estado de Nuevo León, que permitan anticiparse y prevenir cualquier eventualidad de riesgo, los escenarios y los posibles efectos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE IMPLEMENTEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN O ABANDONO Y PARA DECRETAR SU SUSCEPTIBILIDAD DE ADOPCIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al DIF de las 32 entidades federativas, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el Código Civil Federal en su artículo 492 y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 30 Bis 1. Se considerará como expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. Distinguiendo que que cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará como Abandonado.

En este sentido y de acuerdo con datos y estadísticas de la Organización Aldeas Infantiles se estima que en México hay más de 1 millón de niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres, por situaciones de violencia intrafamiliar, de género, desnutrición, pobreza, explotación sexual comercial, narcotráfico, consumo de drogas, migraciones, entre otras. Calculando que más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales.

Por lo que se expresa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto constitucional en su párrafo noveno el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Retomando que en la Convención sobre los Derechos del Niño, convención que México ratificó 1990, se estipula de manera explícita en su artículo 20 que "los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado." Además de declarar en su articulo 39 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados".

En este sentido, se manifiesta la obligación que el Estado mexicano tiene en garantizar la protección de las niñas y niños que se encuentren en situación de abandono o expósito, así como el de reconocer su derecho a vivir en familia, toda vez que este se encuentra plasmado en la Ley General de Niñez y Adolescencia, en su artículo 22, identificando particularmente a las niñas y niños que sufren una vulneración a dicho derecho, a fin de restituirlo inmediatamente. Pues de acuerdo con la normatividad plasmada en la ley en comento, en el artículo 30 Bis 1, párrafo quinto, una vez transcurrido el término de sesenta días naturales, las personas menores de edad que se encuentren bajo acogimiento residencial de los Centros de Asistencia Social procederán a ser considerados susceptibles a adopción, puesto que la procuraduría de protección correspondiente levantará un acta circunstanciada publicando la certificación referida, buscando la restitución de su derecho a vivir en familia.

Con fecha 7 de septiembre del 2022 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Documento, que por sus objetivos se alinea con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, estableciendo como fin "Fortalecer los entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, homologar procedimientos de adopción y regularizar los Centros de Asistencia Social, para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral".

Puesto que dicha emisión de los lineamientos refleja la coordinación institucional necesaria para proteger a las y los niños que se encuentren en dichas situaciones, considerando como esencial promover la homologación de los procedimientos en comento en los Sistemas Estatales para el Desarrollo integral de la Familia de las 32 entidades, a fin de una pronta restitución del derecho de las niñas y niños a vivir en familia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de las 32 entidades federativas, para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, implementen los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción; a fin de promover la homologación de los requisitos y procedimientos para la certificación de dichas situaciones.

Notas

1 Código Civil Federal. Obtenido de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf

2 Aldeas Infantiles SOS. Obtenido de:

https://www.aldeasinfantiles.org.mx/conocenos/datos-y-estadistic as#:~: text=Se%20estima%20que%20m%C3%A1s%20de,violencia%20intrafamiliar%20y%20procesos %20judiciales.

3 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Obtenido de:

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

4 EXTRACTO del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la certificación de casos de niñas, niños y adolescentes en situación de exposición o abandono y para decretar su susceptibilidad de adopción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Obtenido de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5663704&fecha =07/09/2022#gsc.tab=0

5 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024. PRONAPINNA 2024. Obtenido de:

https://www.gob.mx/sipinna/documentos/programa-nacional-de-prote ccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-2021-2024-pronapinna-2024

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 3 de enero de 2023.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A INTENSIFICAR LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a intensificar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional, garantizando las vacunas para la población de todas las edades, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La temporada invernal se caracteriza por registrar las menores temperaturas originando enfermedades virales como la gripe, influenza o incluso covid-19, mismas que tienden a propagarse con mayor facilidad durante esta temporada invernal, generando un gran número de contagios entre las personas.

Con base en lo anterior, las autoridades sanitarias cada año llevan a cabo la implementación de jornadas de vacunación para evitar la propagación de enfermedades virales, tales como la llamada "Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional", la cual se lleva a cabo del 3 de octubre del 2022 y culminará el próximo 31 de marzo del 2023.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sumó a la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, con la que busca aplicar un estimado de 15.3 millones de vacunas en la población derechohabiente y en general que acude a las unidades médicas del Régimen Ordinario y de IMSS-BIENESTAR; Asimismo, se informó que la población objetivo son "personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones, como son niñas y niños de 6 meses de edad hasta los 4 años, 11 meses y personas de 60 años o más, además de personas con factores de riesgo de complicaciones, como mujeres embarazadas, o con exposición a contagio, como el personal de salud."

A pesar que nuevamente se lleva a cabo a jornada de vacunación contra la influenza, en el presente año se ha observado un aumento de los casos de contagios por esta enfermedad en comparación con años anteriores, toda vez que en temporadas invernales de años anteriores, se llegaban a presentar cerca de 200 casos de influenza en promedio, y actualmente se han rebasado ya los 900 casos registrados de influenza, es decir que se ha cuadriplicado el nivel de contagios en comparación con los años pasados, afectando principalmente a las y los jóvenes con rango de edad de 25 a 29 años.

Cabe señalar que esta cifra es aún más alta si se toma en cuenta lo reportado por la Dirección General de Epidemiología (DGE), que ha informado que del 2 de octubre al 23 de diciembre del presente año, se han confirmado por laboratorio un total de 6 mil 455 casos positivos de influenza, representando un 4.2 por ciento de casos confirmados de un total de 153 mil 613 posibles casos de esta enfermedad respiratoria viral, reportados en las Unidades Monitoras en tan solo esta temporada invernal, razón por la cual se deduce que existe una posibilidad de 93 mil casos de influenza activos al día de hoy.

En ese sentido, se puede observar que la actual estrategia de las autoridades sanitarias para llevar a cabo la disminución en la propagación de casos de infl4enza en la población mexicana, ha sido ineficiente, lo anterior debido principalmente al reducido número de vacunas contra la influenza y a las declaraciones del propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien recientemente a través de la conferencia matutina, solicitó el abstenerse de vacunarse a la población que no está en riesgo de enfermedad grave.

Lo anterior resulta preocupante por dos razones, la primera de ellas es el solicitarle a la población el abstenerse de vacunarse, a pesar que la salud y el acceso a servicios de salud, es uno de los derechos humanos con el que contamos todas las personas y que se encuentra garantizado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales y los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país forma parte; La segunda razón, es porque dentro de la población vulnerable no se toma en cuenta a las y los jóvenes a pesar de ser la población más afectada ante la influenza, e incluso el subsecretario de salud señaló que en anteriores años "las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician de la vacuna contra la influenza". Adicionalmente, cabe señalar que hasta el momento la cobertura de vacunación contra la influenza ha alcanzado solo el 62 por ciento de la población objetivo, la cual como se mencionó anteriormente, no incluye a quienes afecta dicha enfermedad, es decir, las y los jóvenes.

Por su parte, distintos virólogos del país, han alertado que la temporada de influenza puede ser aún más crítica de lo que ya se ha vivido como consecuencia de la falta de vacunas para l6 población, señalando su preocupación ante la compra de las autoridades sanitarias de solo el 25 por ciento de las dosis de vacunas que se requieren ante esta problemática, cuando se debería vacunar al menos al 60 0 65 por ciento de la población mexicana y no solo escoger a ciertos sectores de población, ya que el objetivo principal debería ser el evitar que esta enfermedad siga reproduciéndose en nuestra población. Asimismo, respecto de lo señalado por parte del subsecretario de salud, referente a la no inmunización de jóvenes debido a que no se encuentran en riesgo, advierten que la edad no exime de evitar la infección del virus de influenza.

Con base en lo anteriormente señalado, la tarea del sector salud debe ser siempre el prevenir las enfermedades, lo cual no se está reflejando actualmente, el solicitar que un grupo etario no se vacune implica que el Gobierno federal está vulnerando el derecho humano a la salud de las y los ciudadanos, específicamente el de las y los jóvenes al invitarlos a no vacunarse, lo cual visiblemente se debe considerar una discriminación en razón de edad, por parte del subsecretario de salud, la cual se encuentra prohibida de acuerdo con el quinto párrafo de nuestra Constitución Política:

"Artículo 1. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Adicionalmente el artículo cuarto del mismo ordenamiento jurídico garantiza que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". En ese sentido, es indispensable que la actual administración no atente contra el derecho a la salud de las personas, y revise su política de austeridad presupuestal ante esta problemática, ya que no se debe visibilizar la compra de vacunas como un gasto, sino con una inversión que garantizará los derechos de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, para que se intensifique la Campaña Nacional de Vacunación contra la Influenza Estacional, se garanticen las vacunas para la población de todas las edades y se realicen acciones tendientes a prevenir y atender los casos en las Entidades Federativas con mayor número de casos de influenza.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para que se abstenga de discriminar a las y los jóvenes mexicanos que pretenden vacunarse contra la influenza, y en su lugar, fomente la vacunación en dicho grupo poblacional.

Notas

1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Arranca IMSS jornada nacional de vacunación contra la Influenza Estacional en población de riesgo, Disponible en:

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202210/526#:~: text=El%20Seguro%20Social%20se%20sum%C3%B3,31%20de%20marzo%20de%202023.&tex t=Se%20aplicar%C3%A1n%2015.3%20millones%20de,R%C3%A9gimen%20Ordinario%20e%20IMS S%2DBIENESTAR.

2 Ídem.

3 Eje Central. La influenza, desatada en México, Disponible en:

https://www.ejecentral.com.mx/la-influenza-desatada-en-mexico/

4 Ídem.

5 Hugo López-Gatell. López-Gatell pide a los jóvenes... no vacunarse, Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/12/14/lopez-gatell -pide-a-los-jovenes-no-vacunarse/

6 Ídem.

7 La Razón. Ven insuficiente vacunar a 25% de población contra influenza, Disponible en:

https://www.razon.com.mx/mexico/ven-insuficiente-vacunar-25-pobl acion-influenza-511335

8 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9 Ídem.

Dado en el salón de Palacio Legislativo de la Comisión Permanente, el día 3 de enero de 2023.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE EL ABASTO DE AGUA PARA EL USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a que instruya a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a atender las recomendaciones realizadas por la Conagua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con carácter de urgente resolución por el que se exhorta al titular del gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a que instruya a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a atender las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano de las y los neoloneses hasta en tanto no se concluya con la construcción de la Presa Libertad y del segundo acueducto en la entidad; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el pasado 12 de julio del presente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022." Posterior a esta publicación de declaratoria de emergencia, el monitor de sequía en México de la Comisión dio a conocer en el mes de agosto del presente que de la totalidad existente de municipios en el país (2,471) 770 se encuentran en algún nivel de sequía y 972 están en la etapa previa a algún nivel de sequía, los datos referidos encuentran sustento en el siguiente mapa satelital.

Además de lo anterior, resulta de gran importancia mencionar que en ocasión del Informe del proceso regional de América Latina y el Caribe de la CEPAL, para la aceleración del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento para la revisión de mitad de período del Decenio Internacional para la Acción, "Agua para Desarrollo Sostenible 2018-2028" y la Conferencia del Agua de Naciones Unidas 2023, durante la participación del estado mexicano se presentaron numerosos desafíos relacionados con la materia debido a que solo el 64 por ciento de la población mexicana tiene acceso a agua potable gestionada de forma segura y menos del 52 por ciento de las aguas son tratadas; asimismo, se señaló que existen cuencas en déficit y sobreexplotación de acuíferos.

En este orden de ideas, el pasado 25 de octubre de 2022, en ocasión del "Informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas", se dio a conocer que, sobre la sequía, al 15 de octubre de 2022 se observó una mejora de áreas con condiciones anormalmente secas y/o de sequía en el norte y centro del país, con respecto a lo reportado en el pasado mes de septiembre, no obstante, se indicó que aún permanecen áreas con sequía moderada a severa en el país.

En referido informe, se precisa que el almacenamiento de los 210 principales embalses de México, que en conjunto tienen la capacidad de almacenar el 92 por ciento del agua de los embalses del país, la Subdirección General Técnica de Conagua informó que al 24 del mes de octubre del presente el almacenamiento es 896 mm3 menos que lo registrado históricamente en dicha fecha.

Como se aprecia, el problema para garantizar el derecho humano al agua año con año se incrementa, situación que en el estado al que represento, Nuevo León, cada día es mucho más complicado que las personas tengan el vital líquido para satisfacer sus necesidades básicas de consumo e higiene, situación que se agrava con el acuerdo que obliga a Nuevo León a destinar gran parte de este recurso hídrico al estado de Tamaulipas.

En este tenor, conviene precisar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea3General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua.

El artículo I.1 establece que "el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna".

 La Observación número 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

"El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica.

En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia: a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales debido a la salud, el clima y las condiciones de trabajo. b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua. ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos".

Por su parte el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,..." en este sentido conviene citar los preceptos internacionales que contemplan el referido derecho, contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen que:

Artículo 11. 1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Si bien el derecho está previsto de forma expresa, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como órgano facultado para la interpretación del Pacto, en su Observación General número 4 reconoce que:

"Así pues, el concepto de adecuación es particularmente significativo en relación con el derecho a la vivienda, puesto que sirve para subrayar una serie de factores que hay que tener en cuenta al determinar si determinadas formas de vivienda se pueden considerar que constituyen una "vivienda adecuada" a los efectos del Pacto. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, aun así, es posible identificar algunos aspectos de ese derecho que deben ser tenidos en cuenta a estos efectos en cualquier contexto determinado. Entre esos aspectos figuran los siguientes:

b) Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de dese-chos, de drenaje y a servicios de emergencia."

En este orden de ideas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo sexto, que:

"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines."

Por su parte el artículo 27 constitucional establece en su párrafo quinto que:

Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.

En este contexto adquiere principal relevancia señalar que durante el periodo de 2020-2022, nuestro país ha vivido la segunda sequía más severa registrada en México, de acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta situación se ha agravado tras el déficit de lluvias en 2020, con una precipitación de 3 por ciento menor a la de 2019, y como consecuencia por la pandemia de Covid-19, se generó "una demanda adicional de agua", de acuerdo con la Conagua. Así, los factores humanos como la demanda y gestión del agua han incrementado el impacto de la sequía en Nuevo León.

Además de lo anterior, es importante mencionar que desde el año de 1996 los gobiernos de las entidades federativas de Nuevo León y Tamaulipas se obligaron a entregar entre 180 a 200 millones de metros cúbicos por vía de trasvase de la presa "El Cuchillo" hacia la presa Marte R. Gómez.

Situación, como ya lo he referido en párrafos que anteceden, se agrava ante la sequía que se vive en Nuevo León, no solo por los bajos niveles en las presas a consecuencia del cambio climático y situaciones de mayor demanda por la pandemia, sino porque Nuevo León tiene la obligación de trasvasar de 180 a 200 millones de metros cúbicos al estado de Tamaulipas.

Al respecto conviene, de manera cronológica enumerar la situación histórica que ha prevalecido en lo que por muchos años ha sido denominada como "la guerra del agua" a saber:

El 9 de octubre de 1989, el gobernador de Nuevo León, Jorge Treviño, y el presidente Salinas de Gortari firmaron el "Acuerdo de coordinación especial para la realización y operación del proyecto Monterrey IV", cuyas obras se realizaron entre 1990 y 1994.

Tamaulipas manifiesta su inconformidad, alegando que el 2 de julio de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo que establece veda por tiempo indefinido para el otorgamiento de concesiones de aguas del río San Juan, en el estado de Tamaulipas y de toda su cuenca tributaria, aguas arriba de la presa Marte R. Gómez".

El 6 de septiembre de 1990, Tamaulipas, Nuevo León y el Gobierno federal llegaron a un acuerdo en que las partes se comprometían a fomentar el uso "racional" del agua en la cuenca, que sirviera al Área Metropolitana de Monterrey y a los usuarios del distrito de riego número 026 de Tamaulipas.

En enero de 1996, el gobierno de Tamaulipas hizo públicos reclamos sobre las aguas de El Cuchillo, en virtud de acuerdos que la Comisión Nacional del Agua había realizado con los agricultores del Distrito de Riego 026 de Tamaulipas el mes anterior, donde se esperaban 160 mm3 para irrigar el distrito.

El 4 de enero de 1996. En respuesta el gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, expresó que no se iba a ceder ni un milímetro de agua.

El 5 de enero de 1996. El titular de la Conagua, Guillermo Guerrero Villalobos, quien en visita a la ciudad declaró que se liberarían 200 mm3 de El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez.

El 6 de enero de 1996. Un funcionario de la Conagua abrió las compuertas de la presa El Cuchillo hacia Tamaulipas a las 12: 30, el funcionario declaró "si pierdo el puesto no me importa, las compuertas ya están abiertas".

En misma fecha. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey interpuso un amparo para detener la liberación del agua.

El 6 de enero de 1996. El Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión de la acción a las 16: 20 horas. Las compuertas de la presa El Cuchillo se cerraron a las 22: 30 horas, sin embargo, esta se revocó en favor de Tamaulipas, dos semanas después.

Tamaulipas alegó daños por el cierre de las compuertas para los agricultores del Distrito de Riego 026 de 400 mil toneladas de maíz y sorgo, señalando que interpondrían una demanda el 8 de enero.

El 8 de enero de 1996. La Conagua advertía a Nuevo León que si no entregaba el agua a Tamaulipas, debía indemnizar con 72 millones de pesos a los agricultores de los distritos 026 y 031.

El 18 de enero de 1996. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey se desistió del amparo, como parte de un trato de Sócrates Rizzo para obtener recursos de la Secretaría de Hacienda.

El 18 de abril de 1996, tras la tensión entre el estado y la federación, Sócrates Rizzo renunció de su cargo.

El 24 de julio de 1996. Benjamín Clariond, gobernador interino, señala que la solución es la construcción de un acueducto de la planta tratadora Dulces Nombres a la presa Marte R. Gómez.

Nuevo León argumentó que con un nuevo acuerdo se haría un reglamento para controlar el sistema hídrico que garantizara el abasto para Monterrey y los distritos 031 de Nuevo León y 026 de Tamaulipas.

Tamaulipas argumentó que con el nuevo acuerdo se establecía el compromiso de construir una nueva presa para abastecer el distrito 026, además de la cantidad de agua prevista en un inicio.

El nuevo acuerdo preveía el cierre de tomas clandestinas por parte de Conagua, situación que resultó muy complicada, además de las protestas de los agricultores del distrito 031, por dejarlos sin el recurso del río Pesquería.

El 30 de octubre de 1996. Se da a conocer que el nuevo convenio establecerá que, si el 1 de enero de cada año la captación alcanza un nivel arriba de los 315 millones de metros cúbicos, el excedente se irá a la presa Marte R. Gómez.

El 12 de noviembre de 1996 se firmó el Acuerdo donde se estableció:

- Una vez al año se enviará agua de la presa El Cuchillo a Tamaulipas.

- Las aguas tratadas se liberarán a Tamaulipas.

- El Gobierno federal pagará el revestimiento del canal.

- Aguas tratadas para Tamaulipas por 6 metros cúbicos por segundo, 189 millones de metros cúbicos al año.

- La Conagua hará las obras necesarias para garantizar la llegada del líquido.

En este orden de ideas, conviene precisar que el día 3 de febrero del presente año, el gobierno del estado de Nuevo León emitió la Declaratoria de Emergencia por Sequía en la entidad, suspendiendo todas las actividades que impliquen un uso excesivo de agua. En el comunicado se reitera que las presas no cuentan con el volumen mínimo requerido para soportar los meses de primavera y verano del presente año, además, se instruye a Agua y Drenaje de Monterrey para que fortalezca las medidas que resulten idóneas para la estricta aplicación del programa de vigilancia permanente para verificar el cuidado y el uso del agua en todos los sectores.

Ante esta situación el gobierno de Nuevo León diseñó un plan de acción para perforar pozos acuíferos y con ello mitigar los efectos que ha traído la sequía y esta declaratoria de emergencia emitida por el estado; asimismo, y con la finalidad de complementar la estrategia, implementó el uso racionado del agua, mediante el "Plan Agua Para Todos" a partir del 22 de marzo del presente, el cual consiste en sectorizar la Zona Metropolitana de Monterrey en 7 áreas, las cuales contarán con agua por un espacio de cuatro horas (entre las 5 y 9 de la mañana), y un día a la semana en el que el servicio se reducirá al máximo.

Lamentablemente a pesar de las medidas implementadas, el estado de Nuevo León no ha podido garantizar el uso sostenible del agua en donde el escenario que se prevé generará deterioros importantes en la salud y calidad de vida de las personas, mayormente si en próximos meses se debe cumplir con el convenio que obliga a esta entidad a trasvasar en 2022 la cantidad de 359 millones de metros cúbicos del vital líquido, dejando a la presa "El Cuchillo" con apenas 141 millones de metros cúbicos.

Ante esta situación que pone en riesgo el derecho humano al agua de las y los neoloneses, el pasado 27 de septiembre de 2022 en ocasión de la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, mostré al secretario de Gobernación una pancarta para detener el trasvase de la presa "El Cuchillo".

Cuando el funcionario leyó el cartel con la solicitud de no enviar más agua a Tamaulipas, el secretario de Gobernación dijo:

"Fíjese que yo coincido con usted, no es viable el trasvase de El Cuchillo, porque entonces los casi 12 mil millones de pesos que se van a invertir en estos siguientes ocho meses para la construcción del segundo acueducto, del acueducto El Cuchillo II, pues prácticamente quedaría sin agua.

Entonces, se tiene que buscar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y los neoleoneses.

Y créame que tomo nota. Y tenga usted y los neoleoneses la seguridad que el gobierno de la República hará lo mejor para que haya agua suficiente para la zona metropolitana de Monterrey, para los, creo que son 20 municipios y para que no se afecte a los pobladores de Tamaulipas"

Lo anteriormente referido consta en la versión estenográfica contenida en el diario de los debates de la Cámara de Senadores, misma que puede ser consultada en la liga electrónica https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2022_9_27/2257.

Posteriormente y a pesar de las declaraciones del secretario de Gobernación y los compromisos esgrimidos desde la tribuna de este Senado de la República, en fecha 22 de noviembre de 2022 durante la sesión 1570, el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) aprobó el trasvase de un volumen de 200 millones de metros cúbicos de 'El Cuchillo' a la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas; posteriormente el 25 de noviembre de 2022 el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, anunciaron el acuerdo para garantizar el trasvase de agua entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas; el referido trasvase dio inicio el pasado 27 de noviembre de 2022 a 12: 00 horas y concluyó, según el comunicado de prensa número 0903-22, el 8 de diciembre de 2022 a las 10: 00 horas, mediante el cual se da a conocer que se trasvasó la cantidad de 200 millones de metros cúbicos (mm3) a la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas dejando a la presa "El Cuchillo", es un almacenamiento de 556 mm3 , es decir en un 49.5 por ciento de su capacidad de llenado.

Conviene señalar que en fecha 30 de noviembre del presente, durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniera María Luisa Albores, y en donde estuvo presente el director general de la Comisión Nacional del Agua, manifesté nuevamente la preocupación de las y los neoloneses ante el trasvase de agua y la escases del vital líquido que se vive en la entidad; producto de las manifestaciones realizadas en dicha comparecencia, recibí invitación del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, titular de la Conagua, para sostener una reunión en sus oficinas.

Derivado de ello, el pasado 7 de diciembre de 2022 el Director General de la Conagua manifestó su preocupación debido a que la emergencia hídrica en el estado de Nuevo León aún no termina y es gravedad considerable si no se continúa con las recomendaciones que la Conagua ha realizado a Servicios de Agua y Drenaje de Nuevo León; durante la reunión, se hizo especial énfasis en la necesidad de mantener la medidas de emergencia, de racionalizar y de ser necesario suspender parcialmente la extracción de agua de las presas La Boca y Cerro Prieto, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de secarlas nuevamente en los próximos meses.

Conviene señalar que las medidas que Conagua considera de gran relevancia es la urgencia de agilizar la construcción de la Presa Libertad, así como continuar con la perforación de los pozos profundos, además de ello se requiere limitar la extracción de agua de la presa de la Boca y de Cerro Prieto, pues se corre el riesgo de tener nuevamente un desabasto generalizado.

Al respecto conviene precisar que de un análisis realizado por el promovente a las sesiones de la Comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones 2022 CIASI - Conagua Acciones para el abastecimiento de agua para uso público urbano - Zona Metropolitana de Monterrey, mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

Operativos de apoyo de distribución y suministro de agua potable a la población vulnerable

Por lo que resulta de gran relevancia que Agua y Drenaje del estado de Nuevo León atienda las recomendaciones de la Conagua que permita garantizar el derecho humano al agua de las y los neoloneses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, al titular del gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, instruya a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a atender las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua que permita garantizar el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano de las y los neoloneses.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a limitar y, en su caso, suspender parcialmente la extracción de agua de la presa Rodrigo Gómez "La Boca" y de la Presa José López Portillo "Cerro Prieto", con el fin de salvaguardar el agua de ambas presas hasta en tanto no se concluya la construcción de la Presa Libertad y entre en operación el segundo acueducto; asimismo se le solicita continuar con la perforación de pozos de agua profundos con el objeto de satisfacer la demanda del líquido de la población neolonesa.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a continuar con la buena disposición de las Cámaras Industriales mediante los convenios de donación de los pozos de agua de su propiedad acordados para su incorporación a la red de suministro del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/ 07/2022#gsc.tab=0

2 https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/informe_del_ proceso_regional_de_america_latina_y_el_caribe_para_la_aceleracion_del_cumplimi ento_del_ods_6_.pdf

3 https://www.gob.mx/conagua/prensa/informe-semanal-del-comite-tecnico-de-operaci on-de-obras-hidraulicas-318044

4 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

5 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 &Lang=S

6 Disponible en: https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_gral es_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20Cult.html#GEN15

7 https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3%ADa/Monitor%20d e%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%ADa/MSM20210430.p df

8 https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2022_9_27/ 2257

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de enero de 2023.– Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A INSTRUMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a instrumentar políticas públicas eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres es una pandemia que continúa, pues no considera estatus social o región específica.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), gracias a las políticas públicas emprendidas por el Gobierno federal en 2022 se tuvo una marcada disminución de los casos de feminicidio a nivel nacional, pasando de 899 feminicidios cometidos de enero a noviembre de 2021 a 858 cometidos en los mismos meses de 2022.

Sin embargo, pese a que Nuevo León es uno de los estados más desarrollados del país, su alto índice de feminicidios y de violencia contra las mujeres y niñas ha sido una constante, ocupando el segundo lugar en la comisión de estos delitos el año pasado, concluyendo con una tasa de 85 feminicidios de enero a noviembre de 2022, superando el máximo histórico de 79 feminicidios que se alcanzó en la entidad en 2018.

Nuevo León tiene las tasas más altas en feminicidios con 2.80 casos por cada 100 mil mujeres, rebasando así la media nacional, la cual se encuentra en 1.29 feminicidios por cada 100 mil mujeres.

Casos como el de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez, Jhoana Ligues Jáuregui y María Fernanda Contreras visibilizan la grave crisis de violencia contra las mujeres en Nuevo León, producto de la falta de políticas públicas eficaces y de la creciente impunidad a nivel estatal.

En la entidad gobernada por Movimiento Ciudadano, los municipios de Juárez, Guadalupe y General Escobedo se encuentran entre los primeros 10 municipios a nivel nacional con mayor incidencia del delito de feminicidio. Mientras que otros 5 están considerados dentro de los 100 municipios con delitos de feminicidio, es decir, es un total de 8 municipios neoloneses que están entre los 100 con más incidencia de feminicidios a nivel nacional.

De enero a noviembre de 2022, Nuevo León fue catalogada como la tercera entidad federativa con mayores delitos de violencia familiar, con un total de 21 mil 21 casos registrados. Respecto a la incidencia delictiva casi duplica la media nacional de 193 denuncias de violencia familiar por cada cien mil habitantes, con un total de 364.9.

Respecto de los delitos de violación, las cifras no son diferentes, pues Nuevo León continúa ocupando el tercer lugar a nivel nacional con un total de mil 531 casos, sólo por debajo del Estado de México con 3 mil 231 denuncias por violación simple y equiparada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Nuevo León registró 255 feminicidios en grado de tentativa en 2022, es decir, en casi 300 ocasiones se intentó privar de la vida a una mujer. Registrándose en mayo y junio las cifras más altas con 35 y 34 de estos delitos por mes respectivamente.

El 18 de noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey, así como un plan de seguridad, prevención y justicia para garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia en Nuevo León, el cual es responsabilidad del ejecutivo estatal en coordinación con los municipios enunciados.

Sin embargo, la falta de políticas públicas eficaces que permitan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Nuevo León continúa siendo una constante, mostrando la ineficiencia del gobernador Samuel García Sepúlveda para atender la problemática.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instrumente políticas públicas eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en dicha entidad federativa.

Notas

1 Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_tFijRx b/view

2 Disponible en:

https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/transparencia/total-de-ac tos-delictivos-denunciados-por-tipo/

3 Disponible en:

https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-vio lencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-nuevo-leon

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN URGENTE ANTE EL INCREMENTO DE CASOS DE RICKETTSIOSIS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León, a que, a través de la Secretaría de Salud estatal, se implemente un plan de acción urgente ante el incremento de casos de rickettsiosis, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La rickettsiosis es un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género Rickettsia. En México se han identificado tres especies epidemiológicas predominantes causantes de diferentes cuadros clínicos:

- Rickettsia rickettsii agente etiológico de la fiebre manchada de las Montañas Rocosas que se trasmite por la garrapata y su principal reservorio es el perro.

- Rickettsia prowazekii agente del tifus epidémico, su vector principal es el piojo de cuerpo humano.

- Rickettsia typhi, causante del tifus murino o endémico, los roedores son su principal reservorio y los principales vectores son las pulgas de rata y gato.

Se ha detectado que la Rickettsia rickettsii o bien la Fiebre manchada de las montañas rocosas (FMMR) es la de mayor impacto e interés en la salud pública de México.

El principal vector y reservorio de esta enfermedad es la garrapata Rhipicephalus sanguineus, su transmisión ocurre a través de la picadura de la garrapata infectada y se ha documentado que existen otros mecanismos de infección como el contacto directo en heridas abiertas con los tejidos o fluidos de la garrapata, la inhalación de aerosoles contaminados y en menor frecuencia por transfusión sanguínea.

De acuerdo con los Lineamientos para la Vigilancia por Laboratorio de las rickettsiosis emitidos por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud:

"El cuadro clínico de las rickettsiosis se caracteriza por la presencia inicial de fiebre, mialgias, artralgias, postración, cefalea y escalofríos, posteriormente se presentan alteraciones del sistema gastrointestinal como lo es vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal. Entre el tercer y quinto día suele aparecer una erupción maculo-papulosa en extremidades o tronco que se propaga rápidamente a gran parte del cuerpo. En el quinto o sexto día, o poco después, del 40 al 60 por ciento de los pacientes presentan un exantema petequial (erupción cutánea).

En la etapa final se pueden presentar alteraciones neurológicas tales como delirio, parálisis y convulsiones. Estos casos frecuentemente terminan en decesos".

Las condiciones de higiene de las viviendas, la pobreza y la convivencia con animales domésticos son algunos de los determinantes asociados a la adquisición de la enfermedad.

En México se ha registrado la presencia clínica de esta enfermedad desde 1930 y se ha llevado a cabo una vigilancia epidemiológica continúa, a partir de los brotes de rickettsiosis en Baja California (2009) y en Coahuila (2012) se ha incrementado la vigilancia epidemiológica en los últimos años.

En 2012, Nuevo León fue el segundo estado en presentar el mayor número de casos reportados (129 casos).

Ante este contexto, durante el pasado mes de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León informó que se detectaron al menos 54 casos positivos y se han realizado estudios a 553 personas que han presentado síntomas de la enfermedad.

A través del sistema de vigilancia de la entidad se trabaja para identificar y disminuir el riesgo ante el incremento de casos de rickettsiosis. La Secretaría de Salud estatal ha informado que los signos y síntomas de esta infección surgen entre 3 y 14 días, y son: fiebre de 39 grados centígrados, dolor de cabeza, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náusea, vómito, anorexia, y dolor abdominal.

Nuestro marco constitucional establece que la protección de la salud es un derecho para todas y todos los mexicanos, en ese sentido y dado que la rickettsiosis puede implicar un problema grave de salud pública, es que el gobierno del estado de Nuevo León debe implementar un plan de acción que considere medidas de prevención para la población, así como emitir e informar a ésta de manera permanente sobre las medidas de saneamiento básicas para evitar el contagio y la propagación de la rickettsiosis.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, a través de la Secretaría de Salud estatal se implemente un plan de acción urgente ante el incremento de casos de rickettsiosis en la entidad, así como se contemple la atención oportuna y se otorgue el tratamiento adecuado a la población afectada, e informe a la ciudadanía sobre las medidas básicas para evitar el contagio y la propagación de la rickettsiosis.

Notas

1 Vigilancia Epidemiológica Semana 46, 2010,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13058/sem46.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/694561/LVL_rickettsiosis_200122. pdf

3 Vigilancia Epidemiológica Semana 46, 2010,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13058/sem46.pdf

4 https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/alerta-por-enfermedades-re spiratorias-esta-vigente-salud-nl

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DEL AIRE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a atender la problemática de la calidad del aire en su entidad, y a cumplir o, en su caso, actualizar el programa de gestión para mejorarla, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación del aire es una de las mayores amenazas medioambientales que perjudican a la salud de la población. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año la mala calidad del aire causa la muerte prematura de 7 millones de personas en el mundo. En la población infantil, la exposición a una mala calidad del aire puede desencadenar afectaciones en su crecimiento, mermar la función pulmonar, ocasionar infecciones respiratorias y agravar problemas de asma.

En la población adulta, la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares son padecimientos que provocan la muerte prematura derivada de la contaminación del aire exterior, asimismo diversos estudios han revelado que las enfermedades neurodegenerativas y la diabetes también surgen en pacientes que viven en entornos contaminados.

La relación entre la salud, el medio ambiente y la calidad de aire es cada vez más estrecha y esto ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En 2019, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente exhortó a las naciones a tomar medidas urgentes para mejorar la calidad de aire a fin de que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

La OMS establece directrices en materia de calidad del aire a escala mundial sobre los umbrales y límites de los contaminantes atmosféricos clave que generan riesgos para la salud.

Las directrices son aplicables en todo el mundo y se basan en una evaluación llevada a cabo por expertos a través de pruebas científicas sobre:

- La materia particulada;

- El ozono (O3);

- El dióxido de nitrógeno NO2); y

- El dióxido de azufre (SO2).

La materia particulada (PM) es un indicador común de la contaminación del aire. Afecta a más personas que ningún otro contaminante. Los principales componentes de la materia particulada son los sulfatos, los nitratos, el amoníaco, el cloruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Consiste en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire.

Las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (PM10) pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones, aunque las partículas que tienen un diámetro de 2.5 micrones o menos (PM2.5) resultan aún más dañinas para la salud. La PM2.5 puede atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a la materia particulada aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.

En este sentido, la zona metropolitana de Monterrey ha llamado la atención en los últimos años por altos niveles de contaminación en el aire debido a diversos factores como el aumento de las actividades antropogénicas, el aumento del parque vehicular y las condiciones de sequía.

De acuerdo con el Informe Nacional de la Calidad de Aire 2020, publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el monitoreo de la calidad de aire en el estado de Nuevo León estuvo conformado por la información de 14 estaciones de monitoreo ubicadas en el área metropolitana de Mont3rrey.

Los datos más relevantes de este informe son:

- En todas las estaciones de monitoreo se incumplió con las normas de salud ambiental para PM10. Y M2.5.

- En todas las estaciones se rebasaron los límites máximos de ozono.

- No es posible medir el cumplimiento de la norma oficial mexicana (NOM) para dióxido de azufre por insuficiencia de datos.

Ante esto, el informe destaca que 45 por ciento del año 2020 se rebasó la norma para PM10, y 22 por ciento se rebasaron los niveles de ozono; en general, el número de días en que se incumplió al menos una norma de salud ambiental fue de 207.

Con base en el último reporte mensual del Estado de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, el cual utiliza indicadores actualizados por la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Nuevo León, la calidad del aire sigue siendo preocupante. En noviembre de 2022, 16 días estuvieron sobre la norma PM10 mientras que en mayo de 2022 (mes de mayor temperatura y concentración de contaminantes) 26 días estuvieron sobre la norma PM10..

Actualmente, el gobierno del estado de Nuevo León puso en marcha el Programa de gestión para mejorar la calidad de aire, no obstante, las cifras registradas en su monitoreo indican que las acciones deben fortalecerse, ya que la salud de la población está en riesgo.

De acuerdo con el programa de gestión mencionado, la zona metropolitana de Nuevo León enfrenta retos importantes para la mejora de la calidad de aire, los cuales requieren de una serie de políticas públicas en materia de transporte, industria y actualización de datos para contar con más información y monitorear la cantidad de contaminantes presentes en el aire.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente políticas públicas que mejoren la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Nuevo León, a cumplir y, en su caso, actualizar el Programa de gestión para mejorar la calidad de aire del estado de Nuevo León, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Notas

1 https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire

2 https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-environment

3 Disponible en: Informe2020.pdf (inecc.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A EJECUTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR, LA COMISIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a diseñar y ejecutar acciones estratégicas, eficaces y contundentes que permitan prevenir, investigar y sancionar, la comisión de delitos de alto impacto en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La estrategia de seguridad pública fallida del gobierno del estado de Nuevo León, encabezada por Samuel Alejandro García Sepúlveda, ha provocado una ola de violencia e inseguridad que le ha arrebatado la tranquilidad a la población neoleonesa.

El terror que han sembrado las células del crimen organizado en la entidad no es un tema menor, ante este escenario, la ciudadanía, así como diversos colectivos y organizaciones civiles, han alzado la voz para exigir al gobierno estatal el fortalecimiento de la seguridad.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a noviembre de 2022, la tasa de homicidios dolosos perpetrados en el estado de Nuevo León por cada cien mil habitantes se ubica en 21.35, cifra superior a la tasa por cada cien mil habitantes a nivel nacional que se registra en 19.12.

Y es que resulta alarmante que durante el periodo referido se registraron mil 235 homicidios dolosos en la entidad.

En contraste, las propias cifras proporcionadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, respecto a la estadística de homicidios en esa entidad, señala que durante 2022 se han registrado mil 320 homicidios dolosos, es decir, un incremento de 251 casos comparando las cifras de 2021 y 2022.

Por otra parte, no es novedad que los lamentables casos de feminicidio perpetrados en la entidad se han intensificado, siendo 85 los casos registrados por el SESNSP en la entidad del 1 enero al 30 de noviembre de 2022. Resulta lamentable que la violencia feminicida no frene en Nuevo León, lo que evidencia la descoordinación, indiferencia e incapacidad de las autoridades estatales.

Asimismo, los datos del SESNSP revelan que los municipios del país con mayor incidencia delictiva en cuanto a feminicidios se encuentran en Nuevo León y en el Estado de México.

Basta recordar los casos de feminicidio que estremecieron a Nuevo León, como los de Jhoana Ligues Jáuregui, María Fernanda Contreras, Yolanda Martínez Cadena o el de Debanhi Escobar Bazaldúa, para comprender la magnitud del problema y exigir al gobierno en turno que garantice la seguridad e integridad de las niñas y mujeres neolonesas.

Cabe señalar que Monterrey es considerado como uno de los 50 municipios prioritarios por la Estrategia Nacional de Seguridad, debido a que se han registrado 219 casos de homicidio doloso de enero a noviembre de 2022, lo que representa un aumento de 4.8 por ciento de casos en comparación con el mismo periodo de 2021.

Lo anterior contrasta con la tendencia a la baja en los homicidios cometidos en los 50 municipios prioritarios, los cuales presentan una disminución promedio de 11.9 por ciento al comparar las cifras registradas de enero a noviembre de 2021 y 2022.

Aunado a lo anterior, la comisión de otros ilícitos como el robo de vehículos no ha sido contenida por las autoridades estatales, pues de acuerdo con el SESNSP, el número de casos relacionados es de 3 mil 233 solamente durante el periodo de enero a noviembre de 2022.

El robo a casa habitación en Nuevo León se ha registrado una incidencia de 4 mil 43 casos durante el mismo periodo, y se han registrado 22 casos de secuestro en su modalidad extorsiva en la entidad.

Otros datos que revelan el estado crítico de inseguridad en el que se encuentra Nuevo León se pueden consultar en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 la cual mide la percepción de las y los habitantes del país sobre la seguridad en el lugar en donde habitan y llevan a cabo sus actividades cotidianas, publicada en septiembre del año pasado.

Dicha encuesta muestra que la incidencia delictiva medida mediante la tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más en 2021 en el estado de Nuevo León fue de 34 mil 99, cifra superior a la tasa nacional que se ubica en 30 mil 786; en tanto que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes fue de 23 mil 106.

A partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, se estima que 26.9 por ciento de los hogares en el estado de Nuevo León tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2021. Igualmente, a través de la Envipe se estima que, en 2021, en el estado de Nuevo León, se denunció solamente 6.9 por ciento de los delitos, de los cuales el ministerio público o fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 78.4 por ciento de los casos. Lo anterior significa que, del total de delitos, se inició una carpeta de investigación en 5.4 por ciento de los casos.

Esta situación no ha sido revertida, y derivado de la tendencia actual es posible que la Envipe 2023 refleje cifras superiores respecto a las víctimas y la comisión de delitos de alto impacto.

Las y los habitantes del estado de Nuevo León saben que la seguridad pública se ha deteriorado en la entidad en los últimos años.

La endeble estrategia de seguridad pública generada por las autoridades locales, quienes siguen confiando en una estrategia reactiva y no en un verdadero esquema que atienda las causas de la inseguridad, ha traído nulos resultados.

Es así como, ante la exigencia social, resulta un tema prioritario para las y los neoleoneses tener un gobierno local que sea capaz de afrontar con entereza las causas de la inseguridad, y que genere verdaderas condiciones para vivir en un estado en paz, seguro y sujeto al imperio de la ley.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que de manera inmediata diseñe y ejecute acciones estratégicas, eficaces y contundentes que permitan prevenir, investigar y sancionar, la comisión de delitos de alto impacto en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, a garantizar la seguridad de las y los neoleoneses ante la ola de violencia que atraviesa la entidad.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, en el ámbito de sus competencias, a crear mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales y municipales, a fin de ejecutar las medidas de seguridad que permitan afrontar mitigar los altos índices de violencia registrados en la entidad.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Incidencia Delictiva del Fuero Común. Corte informativo al 30 de noviembre de 2022. Publicado el 20 de diciembre de 2022. Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlV X/view

2 Ídem.

3 Estadística de homicidios en Nuevo León, disponible en:

https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios -en-nuevo-leon/

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Incidencia Delictiva del Fuero Común. Corte informativo al 30 de noviembre de 2022. Publicado el 20 de diciembre de 2022. Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDao XYNNQtIAZlVX/view

5 Informe de Seguridad, SEDENA, SSPC, MARINA, GN; presentado el martes 20 de diciembre de 2022, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/786526/CPM_Inform e_de_Seguridad__20dic22.pdf

6 Ídem

7 Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlV X/view

8 Ídem

9 Ídem

10 ENVIPE 2022, resultados generales, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/en vipe2022_presentacion_nacional.pdf

11 ENVIPE 2022, resultados Nuevo León, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/en vipe2022_nl.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A REFORZAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS QUE PREVENGAN Y CONTENGAN EL ALZA DE CONTAGIOS DE COVID-19 Y SUS VARIANTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a reforzar los protocolos y medidas sanitarias que prevengan y contengan el alza de contagios de covid-19 y sus variantes a nivel estatal, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la época invernal la probabilidad de contraer infecciones respiratorias aumenta, debido a que, en los hogares, oficinas, escuelas y algunos establecimientos comerciales permanecen sin ventilación y la distancia entre las personas disminuye, facilitando así el contagio de los agentes virales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la titular de la Coordinación de Programas Médicos del Primer Nivel de Atención, doctora Eréndira Medina Pérez, señaló que "en esta época las enfermedades respiratorias y sus complicaciones se incrementan hasta en 20 por ciento", también mencionó que las enfermedades más comunes son: rinofaringitis, laringitis y bronquitis con cuadros agudos, asma bronquial, neumonía, influenza en adultos y actualmente el virus de SARS-CoV-2 causante del covid-19.

El pasado 13 de diciembre de 2022, durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell, informó que la epidemia de Covid-19 en México llevaba seis semanas de incremento en los casos de contagio, debido a las bajas temperaturas, aunque la cifra es menor a las reportadas en años anteriores.

También, en dicha conferencia se informó que los niveles de ocupación hospitalaria a nivel nacional siguen siendo bajos: 4 por ciento en camas generales y 2 por ciento en camas con ventilador; mientras que la tasa de mortalidad se mantiene con un promedio de 1 fallecimiento diario.

Por otro lado, el Informe Técnico Semanal Covid-19 México indicó que a la semana epidemiológica número 51 con corte al 26 de diciembre de 2022, los estados de la República con más casos confirmados acumulados son: la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, sumando 64 por ciento de los casos acumulados en el país.

No obstante, en el caso particular del estado de Nuevo León, se concentran 404 mil 250 casos a nivel estatal, mientras que del martes 13 al lunes 26 de diciembre de 2022, se concentraron 1 mil 414 casos activos, presentando una aceleración inusual de contagios: "los casos nuevos pasaron de un promedio diario de 71 a 259; las defunciones de 0 a 2; la ocupación hospitalaria de 919 a 2 mil 27, y el porcentaje de positividad del 8 al 13 por ciento", informó la doctora Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud estatal.

Esta situación coloca a Nuevo León como una de las entidades con constantes registros de casos de Covid-19, presentándose en diversas variantes, de las que detectadas la variante BQX, mejor conocida como "perro del infierno".

Si bien las autoridades de salud estatales indicaron que la estrategia a seguir para frenar el repunte de contagios era retomar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los espacios cerrados, esto no ha sido suficiente.

Por lo que es necesario continuar atendiendo la emergencia sanitaria, especialmente con acciones preventivas para contener la propagación del virus, así como para evitar las complicaciones que pueden generar las diversas enfermedades respiratorias derivadas de la temporada invernal, en especial la enfermedad del Covid-19.

De ahí que resulta imprescindible que las autoridades del estado de Nuevo León, en ejercicio de sus atribuciones refuercen las acciones para mitigar el aumento desmedido de contagios por Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce los protocolos y medidas sanitarias que prevengan y contengan el alza de contagios de Covid-19 y sus variantes a nivel estatal.

Notas

1 Consultar en:

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202212/650

2 Consultar en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/788055/Informe_Te cnico_Semanal_Covid-19_2022.12.27.pdf

3 Consultar en:

https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/refuerza-se cretaria-de-salud-medidas-preventivas-ante-incremento-de

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a prevenir, erradicar, investigar y sancionar la violencia de género contra las mujeres en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El contexto de violencia que viven las mujeres y niñas en el estado de Jalisco es alarmante. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a noviembre de 2022, Jalisco se colocó en el noveno lugar nacional en el delito de feminicidio con 31 presuntos delitos, es decir, una tasa del 0.71 por cada 100 mil mujeres.

Cabe destacar que según cifras del SESNSP, Zapopan es el municipio con el mayor número de feminicidios en Jalisco, con una tasa de 0.94 feminicidios por cada 100 mil mujeres, es decir, de enero a noviembre de 2022, se cometieron 7 feminicidios.

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), que es el principal referente sobre la situación de la violencia que viven las mujeres en el país, señala que durante 2021 en Jalisco las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un incidente de violencia psicológica (31 por ciento), económica (18 por ciento), patrimonial, física (11 por ciento), sexual (26.5 por ciento) o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora.

Además, dicha encuesta señala que Jalisco ocupa el octavo lugar entre las entidades con mayor prevalencia de violencia en el trabajo a lo largo de la vida laboral, visibilizada como discriminación perpetrada por compañeras y compañeros de trabajo.

De las mujeres asalariadas de 15 años y más, 24.5 por ciento experimentó alguna situación de discriminación laboral por razones de género en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Las principales situaciones de discriminación laboral que vivieron las mujeres son menos oportunidades de ascender que un hombre, recibir un pago menor que lo que recibe un hombre por hacer el mismo trabajo y se les ha impedido o limitado realizar determinadas tareas o funciones porque están reservadas para hombres.

Respecto a la violencia en la comunidad, Jalisco ocupa el cuarto lugar entre las entidades federativas con mayor prevalencia de violencia en el ámbito comunitario a lo largo de la vida. La violencia sexual es la más frecuente, ya que 47.3 por ciento de las mujeres ha experimentado este tipo de violencia a lo largo de la vida y 23.5 por ciento en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta.

En cuanto a la violencia contra las mujeres en la familia, Jalisco ocupa el lugar 11 entre las entidades con mayor prevalencia de violencia en el ámbito familiar en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, siendo de tipo psicológico (9.0 por ciento) la violencia que más experimentaron las mujeres.

En el contexto de una relación de pareja, Jalisco ocupa el lugar 18 entre las entidades con mayor prevalencia de violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de la relación. La violencia que más experimentaron las mujeres por parte de la pareja actual o última a lo largo de la relación fue también de tipo psicológico (36.7 por ciento). Asimismo, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, la violencia psicológica fue la más frecuente (20.1 por ciento).

Cabe destacar que la ENDIREH 2021 demuestra que las mujeres continúan sin denunciar o solicitar apoyo en caso de vivir violencia en los distintos ámbitos, el principal motivo de no denunciar de las mujeres en Jalisco que han experimentado violencia física y/o sexual declarado en los ámbitos escolar (47.9 por ciento), comunitario (48.1 por ciento), laboral (36.6 por ciento) y familiar (46.9 por ciento) fue "Porque se trató de algo sin importancia que no les afectó". En la relación de pareja, el principal motivo de no denunciar de las mujeres que vivieron violencia física o sexual fue "por venganza".

Asimismo, la ENDIREH 2021 señala que de las mujeres de 15 años o más en Jalisco, 11.6 por ciento experimentó abuso sexual durante la infancia, siendo la persona agresora más común un tío o tía; una persona no familiar (vecino o conocido); y un primo o prima. Resulta importante destacar que Jalisco entre las entidades federativas ocupa el lugar 14 con mayor prevalencia de violencia en la infancia.

Resulta necesario subrayar que de las 32 entidades federativas, Jalisco ocupa el lugar 23 con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 60 años o más en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, la prevalencia de violencia ejercida por parte de algún familiar o personas con quienes viven las mujeres de 60 años y más fue de 13.1 por ciento.

Por otra parte, las mujeres con discapacidad en Jalisco de 15 años y más, 75.0 por ciento ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de la vida y 43.8 por ciento en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, la violencia que experimentaron más frecuentemente las mujeres con alguna discapacidad en la relación de pareja es la psicológica, tanto a lo largo de la relación actual o última (41.1 por ciento).

Las mujeres con discapacidad experimentaron mayor violencia a lo largo de la vida en el ámbito comunitario (52.0 por ciento), escolar (45.1 por ciento) y laboral (36.3 por ciento) que las mujeres sin discapacidad ni limitación (49.0 por ciento, 30.2 por ciento y 27.2 por ciento, respectivamente).

En el ámbito de la violencia obstétrica en Jalisco, en los últimos 5 años, 29.1 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea, experimentaron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Jalisco ocupa el lugar 25 entre las entidades que reportan mayor proporción de maltrato en la atención obstétrica contra las mujeres de 15 a 49 años.

Respecto a los medios digitales, en Jalisco, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a través de medios digitales a lo largo de la vida es mayor en el ámbito comunitario (8.7 por ciento), mientras que el ámbito escolar es de 7.6 por ciento.

Por todo lo anterior es que es urgente que las autoridades en el estado de Jalisco emprendan acciones tendientes a prevenir, erradicar y castigar la violencia de género contra las mujeres.

La violencia de género contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos que impacta en todos los ámbitos de su vida. La violencia de género no sólo afecta el ámbito familiar de las víctimas, sino que rompe el tejido social de la comunidad.

Por mencionar un ejemplo de lo anterior, la violencia extrema contra las mujeres como el feminicidio, no sólo tiene como consecuencia la muerte violenta de las mujeres, sino que en los casos en los que las víctimas son madres, el feminicidio provoca la orfandad de niñas, niños y adolescentes hijos de estas mujeres, quienes al no tener algún familiar que se haga cargo de ellos, quedan en total estado de indefensión y desamparo, colocándolos como probables víctimas de otros delitos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que, en el ámbito de sus atribuciones, diseñe e implemente políticas públicas encaminadas a prevenir, erradicar, investigar y sancionar la violencia de género en contra de las mujeres en la entidad.

Notas

1 https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-muje res-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019?idiom=es

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/ 14_jalisco_resultados.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA Y MEJORAR LA SEGURIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, a fortalecer e implementar con prontitud las medidas necesarias que permitan reducir la incidencia delictiva en la entidad y mejorar la seguridad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos veinte años la inseguridad y la violencia en el territorio nacional han sido de las problemáticas que mayormente han afectado diversas regiones del país, ocasionando el quebrantamiento del tejido social y la obstaculización del desarrollo local y nacional.

Es de mencionar que una de las principales causas para el aumento de la violencia e inseguridad se ha debido en gran medida a las deficientes políticas públicas en materia de seguridad que han implementado diversos gobiernos estatales y municipales.

Ejemplo de lo anterior es el estado de Jalisco, el cual, en los últimos cuarenta años, se ha visto sumergido en un ambiente tenebroso y hostil, mismo que ha permitido que los grupos delincuenciales mantengan el poder y control de ciertas áreas de la entidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, se tuvo registro que dentro de las cinco actividades delictivas más comunes en el estado de Jalisco se encontraban: el consumo y venta de drogas ilegales; el robo y asalto frecuente; y el disparo de armas de fuego.

De conformidad con las mismas cifras, se estimó que, al menos 31.6 por ciento de los hogares en el estado de Jalisco tuvo una víctima de delito durante 2021. Asimismo, la encuesta arrojó que 62 por ciento de la población de 18 años y más consideraba la inseguridad y el crimen organizado como el problema que mayor daño ocasionaba a la entidad federativa.

Ahora bien, durante 2022 el estado de Jalisco fue escenario de diversos hechos violentos, mismos que exhibieron con meridiana claridad el crudo espectro de adversidad y violencia que impera en la entidad. Por mencionar algunos, se encuentra la balacera ocurrida en la Plaza Andares del municipio de Zapopan o el reciente asesinato de tres personas en el municipio de Tonalá.

Todo lo expuesto con anterioridad, ha ocasionado que autoridades federales, medios locales y nacionales lleguen a colocar al estado de Jalisco dentro de los primeros lugares de las entidades federativas consideradas como las más peligrosas para vivir.

De ahí que surge la importancia y necesidad de promover el presente punto de acuerdo, el cual tiene como principal finalidad el exigir por parte de las autoridades estatales y municipales la pronta y eficaz atención en la implementación de políticas públicas en materia de seguridad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, ciudadano Enrique Alfaro Ramírez, para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco, así como en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, fortalezca e implemente con prontitud las medidas necesarias que permitan reducir la incidencia delictiva en la entidad y mejorar la seguridad en favor de las y los jaliscienses.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/ envipe2021_hgo.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/ envipe2022_jal.pdf

3 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/10/03/balacera-en-plaza-andares-es to-sabemos-del-empresario-blanco-del-cjng-en-zapopan/

4 https://www.informador.mx/jalisco/Seguridad-en-Jalisco-Asesinan-a-tres-personas -a-balazos-en-Urbi-Quinta-en-Tonala-20221219-0123.html

5 https://politica.expansion.mx/estados/2022/10/22/jalisco-paraiso-para-carteles- esta-es-su-radiografia-de-violencia-y-criminal

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO A PREVENIR LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LOGRAR SU RECUPERACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y distintas autoridades locales, a establecer y, en su caso, a reforzar las medidas de protección para prevenir la desaparición forzada de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, así como las medidas de difusión e investigación para lograr su recuperación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño y de lo dispuesto en el párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, en "todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos".

Por lo que resulta primordial que las autoridades, en sus tres niveles de gobierno, adopten acciones para prevenir, proteger y sancionar las violaciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en los casos de desaparición forzada, que constituye uno de los delitos que más vulnera su integridad física y emocional, y la de sus familias (dejándoles secuelas difíciles de superar); delito que, además se vincula con otras conductas delictivas de gravedad.

No obstante, conforme al último informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim): La infancia cuenta en México-2022 niñez y desapariciones: cómo la desaparición afecta a niñas, niños y adolescentes en México, en nuestro país ha aumentado el número de desapariciones forzadas de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe de Redim, con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO), en todo el territorio nacional, cada día desaparecieron 17 personas de entre 0 y 17 años durante 2021 (no localizadas o localizadas); cifra que, al desagregarla por género y edad, refleja que, en su mayoría, desaparecen más mujeres que hombres (55 por ciento) y que las cifras son más elevadas entre los mayores de 12 años (74.5 por ciento).

El informe reporta que en 2021, a nivel nacional, 87 mil 436 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas desaparecidas y una de cada cinco de estas personas (17 mil 593 en total) continuaban desaparecidas o no localizadas en agosto de 2022.

Redim revela que durante el año 2021, el mayor número de niñas, niños y adolescentes desaparecieron en el Estado de México (22.2 por ciento), Tamaulipas (10.1 por ciento) y Jalisco (7 por ciento); lo que en el caso de esta última entidad, ha ido en incremento y equivale a mil doscientos treinta y un menores desaparecidos.

Por lo que esas tres entidades concentran 39.3 por ciento de los casos que se registraron en las 32 entidades del país, puesto que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes han desaparecido allí.

El informe expone las fallas que prevalecen en los procesos de búsqueda, principalmente por parte de las fiscalías e instituciones públicas, pues al momento en que se reportan las desapariciones y localizaciones de niñas, niños y adolescentes, omiten registrar detalles de la desaparición y del cautiverio, que son relevantes en la investigación del delito, para identificar a los presuntos responsables.

El estudio detectó que en algunos estados como Jalisco, las alertas de búsqueda no se emiten o no se emiten adecuadamente, y que tampoco se aplican correctamente los protocolos de búsqueda.

Ante la complejidad de los delitos que involucran las desapariciones de las personas menores de edad, el Estado mexicano tiene la obligación de ampliar las investigaciones para conocer qué sucede mientras las víctimas estaban desaparecidas. Sin embargo, de acuerdo con el trabajo Infancia Cuenta 2022, de Redim, las investigaciones por desaparición se "cierran" una vez que son localizados los menores, por lo que se desconoce qué ocurre mientras están desaparecidos.

Es de destacar que en materia de Alertas Amber y las fichas de búsqueda de Protocolo Alba (focalizado en la desaparición de niñas y adolescentes) en el estado de Jalisco, se encontró que de enero de 2015 a mayo de 2021, sólo se habían emitido 178 Alertas Amber, que representan 22.1 por ciento de las 804 desapariciones reportadas en ese periodo, lo cual revela omisiones imperdonables por parte de las autoridades responsables de la difusión de las cédulas de búsqueda de los menores.

Redim presentó esta información en el marco de la presentación del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y emitió diversas recomendaciones a la sociedad civil y los gobiernos de nuestro país, especialmente a los gobiernos de las entidades federativas con mayor incidencia de desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes (Estado de México, Tamaulipas y Jalisco), de las cuales destacan:

- Registrar correctamente los datos de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos y, en su caso, corregir los errores de los datos contenidos en el RNPDNO, para evitar imprecisiones y duplicidades que compliquen su búsqueda.

- Establecer mecanismos intergubernamentales para que el RNPDNO tenga información certera y actualizada, para integrar una red de búsqueda eficaz y efectiva.

- Realizar campañas nacionales y locales para la difusión del problema y sensibilización con las medidas de protección, de investigación y recuperación de las niñas, niños y adolescentes.

- Emitir en tiempo y forma las Alertas Amber y las fichas de búsqueda de Protocolo Alba, a través de los medios con mayor difusión nacional, estatal y municipal.

- En el caso de recuperación de menores, darles seguimiento a las investigaciones, a fin de detener a todos los involucrados y prevenir casos futuros de delitos de desaparición forzada.

Medidas que en el caso del estado de Jalisco y de conformidad con el artículo 17o. del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables, deberán atenderse a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y las autoridades administrativas y judiciales locales correspondientes.

Conforme a los datos expuestos en el Informe de Redim y a casi tres años de la presentación de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lejos de disminuir el número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, se observa un incremento de esas conductas delictivas.

Asimismo, se observa el incumplimiento de los lineamientos del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes -PANNA-, (homologado del Protocolo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas), que establece la necesidad de brindar ayuda y protección con enfoques de derechos humanos 0y pedagogía, a las víctimas y sus familias, así como a las autoridades buscadoras, a fin de enfrentar la dura situación de una desaparición.

En virtud de que la desaparición forzada de los menores de edad se perfila como uno de los más graves problemas en el estado de Jalisco, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ambos del estado de Jalisco, a que de forma coordinada establezcan y, en su caso, refuercen las medidas de protección y difusión para prevenir la desaparición forzada de las niñas, niños y adolescentes en la entidad, asimismo lleven a cabo la difusión oportuna, a través de los medios de mayor difusión nacional, estatal y municipal, de las Alertas Amber y Alba, a fin de localizar a los menores de edad desaparecidos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Jalisco, y a las autoridades administrativas y judiciales locales involucradas en la investigación y recuperación de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para que actualicen permanentemente sus bases de datos y refuercen las acciones de coordinación interinstitucional con las autoridades homólogas federales, estatales y municipales de todo el país, a fin de darle un seguimiento eficaz a las investigaciones correspondientes y sancionar a los responsables.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Jalisco, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del estado del Estado de Jalisco, y a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, a brindar apoyo psicoemocional a las niñas, niños y adolescentes víctimas de desaparición forzada y a sus familias, con enfoques de derechos humanos y pedagogía.

Notas

1 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

2 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-presenta-investigacion-infancia-cuenta -2022-ninez-y-desapariciones/

3 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-presenta-investigacion-infancia-cuenta -2022-ninez-y-desapariciones/

4 https://www.debate.com.mx/guadalajara/Al-menos-58-ninos-que-han-sido-desapareci dos-en-Jalisco-fueron-localizados-muertos-20220429-0384.html

5 Sólo ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos son localizados con vida.

6 https://www.zonadocs.mx/ninez-y-adolescencia-desaparecida-en-jalisco-una-crisis -inadvertida/#:~: text=De%20acuerdo%20con%20 los%20registros,Bryan%20Carrillo%20de%2018%20a%C3%B1os.

7 https://www.debate.com.mx/guadalajara/Jalisco-ocupa-el-tercer-lugar-nacional-en -ninas-ninos-y-adolescentes-desaparecidos-20220418-0326.html

8 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Codigo%20de%20Asi stencia%20Social%20del%20Estado%20de%20Jalisco_0.pdf

9 http://www.alejandroencinas.mx/home/presentacion-de-la-estrategia-integral-para -atencion-a-victimas-de-desaparicion-en-jalisco/

10 https://www.gob.mx/sipinna/documentos/protocolo-adicional-para-la-busqueda-de-n inas-ninos-y-adolescentes-panna-sistema-nacional-de-busqueda-de-personas

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS TENDENTES A DISMINUIR LA INCIDENCIA DEL DELITO DE FRAUDE, ASÍ COMO A LA FISCALÍA ESTATAL A INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE CORRESPONDAN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a implementar, desarrollar y reforzar las estrategias y políticas públicas tendentes a disminuir la incidencia del delito de fraude, así como a la Fiscalía Estatal a realizar de forma oportuna las investigaciones pertinentes e inicie los procedimientos legales que correspondan, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 250 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco considera que comete el delito de fraude, el que, engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro o beneficio indebido, para sí o para otro.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte en noviembre de 2022, Jalisco se ubicaba como la tercera entidad en el país con mayor incidencia del delito de fraude, con 7 mil 996 delitos de este tipo reportados de enero a noviembre.

A la fecha se han detectado diversos casos de fraudes con grandes repercusiones en la entidad federativa como aquellos cometidos por la inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) que asciende a más de mil millones de pesos con alrededor de mil 234 víctimas.

Un caso similar a la estafa de AJP, fue el perpetuado por la financiera Green Oceans Inc. (GO) que a la fecha suma 126 víctimas, con un monto total defraudado de 153 millones 937 mil 954 pesos aproximadamente.

En agosto pasado un grupo de personas denunció ante diputados locales de Jalisco el fraude del que habían sido víctimas, perpetuado por GO, alegaron que las denuncias públicas habían sido presentadas hacía más de un año, pero hasta ese momento las autoridades de Jalisco han hecho caso omiso.

Incluso existe un grupo en redes sociales denominado Defraudados por Green Oceans Inc., cuyo objetivo es buscar que más personas que hayan sido víctimas del fraude perpetrado puedan unirse y denunciar ante la Fiscalía estatal a los presuntos responsables.

Además de los casos anteriores, también está el dado a conocer en noviembre pasado: el de la supuesta empresa Bicentenario Grupo Financiero, la cual ofreció a, por lo menos, 20 víctimas financiarles la compra de vehículos a precios económicos a partir de un enganche; poco después desapareció.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el estado de Jalisco arrojó que el fraude es el delito más frecuente en la entidad por cada 100 mil habitantes para la población de 18 años y más, incluyendo el fraude bancario y al consumidor.

La Envipe estimó que el fraude en el estado de Jalisco representó una tasa de 7 mil 430 por cada 100 mil habitantes, durante 2021.

No obstante, la respuesta de las autoridades de seguridad pública de la entidad federativa ha sido escasa o nula frente al alza indiscriminada de los delitos de fraude, generando que los índices de impunidad en el estado sean muy elevados.

A pesar del incremento sostenido del delito de fraude en Jalisco, de 2015 a octubre de 2022, sólo 55 personas habrían sido privadas de la libertad por estar relacionadas con las defraudaciones.

El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, refiriéndose a la grave situación de fraudes, señaló que "es un tema entre particulares, no es un asunto en el que el gobierno tenga mayor injerencia ...", a esta declaración también se sumó la de Ricardo Sánchez Beruben, coordinador general estratégico de seguridad en Jalisco.

Sin lugar a dudas, preocupa en gran medida a las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la indolencia de las autoridades de Jalisco ante el alza en la incidencia del fraude en la entidad y la ineficiente respuesta institucional que se ha dado, lo que continúa exponiendo a las y los ciudadanos jaliscienses a ser víctimas de este delito.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a implementar, desarrollar y reforzar las estrategias y políticas públicas pertinentes para reducir la incidencia del delito de fraude en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía del estado de Jalisco para que, con base en sus atribuciones y competencias, realice las investigaciones pertinentes relacionada a los delitos de fraude denunciados en la entidad y, en los casos que resulte oportuno, inicie los procedimientos legales a los que haya lugar, garantizando la procuración de justicia pronta y expedita.

Notas

1 https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNN QtIAZlVX/view,

2 https://www.milenio.com/politica/comunidad/caso-fraude-ajp-afectados-claridad-c aso

3 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/26/estados/denuncian-fraude-de-la-empr esa-financiera-green-oceans-en-jalisco/

4 https://www.informador.mx/economia/Fraudes-Cae-el-duenode-financiera-fraudulent a-20221222-0030.html

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/ envipe2022_jal.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A ATENDER LA FALTA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a atender el problema de falta de recolección de desechos en la zona metropolitana de Guadalajara, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los servicios públicos que el gobierno está obligado a brindar a la ciudadanía son una prerrogativa que permite acceder al ejercicio de sus derechos fundamentales, como es el caso de la recolección de desechos, un servicio público que coadyuva a garantizar el ejercicio de los derechos a un ambiente sano y salud.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho de todos los individuos a disfrutar del mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

En el marco jurídico nacional, el derecho al medio ambiente está tutelado en el artículo 4 constitucional en el cual se establece que: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar".

En relación con la competencia de las autoridades estatales y municipales respecto a la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, el inciso c) del artículo 115 constitucional determina que es responsabilidad de los municipios, sin embargo, en la misma fracción en su penúltimo párrafo ordena que "los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos".

La coordinación para la prestación de los servicios públicos entre las autoridades estatales y municipales también está considerada en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en la fracción XVIII del artículo 50 prevé la facultad y obligación de celebrar convenios con municipios respecto de la prestación de servicios públicos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 2020, Jalisco se posicionó como la tercera entidad a nivel nacional, que más residuos sólidos urbanos genera por día con 7.6 toneladas, después de la Ciudad de México y del Estado de México. En 2017 el estado tuvo un porcentaje de cobertura de recolección de 94 por ciento.

El problema de la recolección de desechos se ha acentuado en la zona metropolitana de Guadalajara, por el incumplimiento de la obligación contractual de la empresa Caabsa Eagle, respecto de la recolección de basura, de conformidad con los contratos firmados desde 2006.

Las protestas ciudadanas han sido ampliamente documentadas por diversos medios informativos como El Informador:

" ...los habitantes de Tonalá han padecido el manejo caprichoso y arbitrario de parte de la empresa Caabsa Eagle, quien contra lo que ha declarado públicamente, ha descuidado el servicio de recolección en la cabecera y las colonias más pobladas de ese municipio. Ante ello, los tonaltecas han reportado que el servicio de recolección de basura ha dejado de funcionar, por lo que las bolsas con residuos se han ido amontonando en las calles generando malos olores y proliferación de bichos".

La estación de radio de la Universidad de Guadalajara ha documentado incluso la desesperación del presidente municipal de Tlajomulco ante la falta de cumplimiento de la empresa Caabsa Eagle:

"...El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, llegó con tres camiones de basura a las instalaciones de la empresa Caabsa Eagle, ubicada en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, donde depositó los desechos en los espacios de estacionamiento, en protesta del incumplimiento de recoger, trasladar y depositar la basura que se produce en colonias de Tlajomulco".

En el caso de Tonalá, otro medio también expuso la problemática a la que se enfrentan 570 mil habitantes de ese municipio:

"Un grave problema de recolección de basura padece el municipio de Tonalá, Jalisco, debido a un pleito judicial con la empresa Caabsa Eagle, que cuenta con la concesión de recolección y destino de los desechos que se generan en la zona metropolitana de Guadalajara".

El modelo privatizador de los servicios públicos ha demostrado su fracaso en perjuicio de los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Al ser un problema que rebasa a los municipios en lo particular, es necesario que el gobierno del estado asuma sus responsabilidades y solucione el serio problema en materia de recolección de desechos que afecta a la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de sus facultades constitucionales atienda el problema de falta de recolección de desechos que afecta la zona metropolitana de Guadalajara.

Notas

1 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-economic-social-and-cultural-rights

2 http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ ex=D3_RSM02_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDA D=*&NOMBREANIO=*

3 Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales página 30, consultado en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-m ayo-2020.pdf

4 https://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/arboles/contrat osintegros/8VIfadendumalcontratodeconcesionconcaabsaeagle18octubre2013.pdf

5 https://www.informador.mx/ideas/Basura-el-fracaso-de-la-privatizacion--20221207 -0030.html

6 https://udgtv.com/noticias/incumplir-contrato-tlajomulco-arroja-basura-frente-c aabsa-eagle/

7 https://lasillarota.com/estados/2022/12/8/tonala-se-ahoga-en-basura-habitantes- protestan-edil-pide-guardar-desperdicios-405117.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A PONER FIN A LAS PERSECUCIONES POLÍTICAS Y RESOLVER LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS PRODUCTO DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a poner fin a las persecuciones políticas y resolver la crisis de derechos humanos, producto de las desapariciones forzadas que se viven en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En Jalisco prevalece una severa crisis de derechos humanos, producto de la desaparición forzada de personas, aunada a la persecución política por parte del gobierno de la entidad.

Jalisco ostenta el lacerante primer lugar en desapariciones y fosas clandestinas en México, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La entidad concentra el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas y el mayor número de denuncias de personas desaparecidas.

Datos de la CNB señalan que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020, 3 mil 724 personas fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas en Jalisco, lo que representa 22.62 por ciento del total nacional de de-sapariciones en ese periodo.

Aunado a lo anterior, el Comité Universitario en Análisis en Materia de Personas desaparecidas, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, señaló que durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, se han registrado 6 mil 419 personas desaparecidas, de un total de 13 mil 600 personas reportadas desde 1964.

Es decir, casi la mitad del total de las desapariciones forzadas en la entidad se han presentado durante los cuatros años que Alfaro Ramírez ha estado al frente del gobierno estatal.

El gobierno del estado de Jalisco se ha caracterizado por la violación sistemática a los derechos humanos y por intentar coartar la libertad de expresión de las y los jaliscienses. Así lo refrenda la recomendación 82/2021 "Sobre el caso de las violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y legalidad, libertad personal, integridad y seguridad personal, a la reunión, asociación y libertad de expresión de personas que los días 4, 5 y 6 de junio de 2020, se manifestaron por la muerte de P1 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco", emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el organismo, dicha recomendación se sustenta en la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, libertad personal, integridad, seguridad personal, de reunión, asociación y libertad de expresión por parte del gobierno de Jalisco.

Pero lejos de preocuparse y ocuparse, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha decidido minimizar la grave situación que vive la entidad, al decir que las personas desaparecen por voluntad propia, así lo señaló durante su cuarto Informe de Gobierno, al declarar que de todas las personas desaparecidas sólo el 10 por ciento, una de cada 10, desa-pareció porque se haya cometido un delito, "tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia", aseguró.

Además del desdén, el actuar del gobernador de Jalisco se ha caracterizado por perseguir y denostar a quien no coincide con su forma de gobernar. Así lo demuestran las amenazas veladas que profirió hacia la rectora del plantel CU-Valles de la Universidad de Guadalajara, María Luisa García Bátiz, quien, en un momento que quiso dialogar con el mandatario y exponerle las necesidades de la institución, éste terminó amenazándola, hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales.

Este tipo de persecuciones han ocasionado que la comunidad estudiantil declare a Enrique Alfaro Ramírez "persona non grata" debido a la serie de golpeteos que ha hecho el gobernador en contra de la Universidad, la cual abiertamente ha criticado su proceder.

Asimismo, el pasado 27 de diciembre de 2022, activistas que se han pronunciado en contra de la privatización de espacios públicos, se manifestaron en contra del "uso excesivo y discrecional del poder por parte del gobierno del estado, a cargo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, por silenciar la crítica y criminalizar la protesta social".

Alfaro ha sido acusado de emprender una persecución política en contra de activistas como Javier Armenta, por la defensa que hiciera del Parque Resistencia Huentitán, en Guadalajara, donde se pretende construir un amplio complejo inmobiliario, destruyendo áreas verdes y espacios públicos que benefician a la población.

Las imputaciones de persecución por parte del gobernador, las han hecho incluso periodistas como es el caso de la reportera María Luisa Estrada, quien, en días pasados, durante una de las conferencias de prensa del Presidente de la República, acusó al mandatario Enrique Alfaro de ejercer persecución política en contra de quienes denuncian abusos por parte del gobierno estatal.

Resulta urgente que en Jalisco cesen las acciones represoras por parte del gobierno y se ponga especial atención al terrible problema de la desaparición forzada de personas que existe en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a poner fin a las persecuciones políticas que caracterizan a su gobierno y resolver la crisis de derechos humanos producto de las desa-pariciones forzadas que se viven en la entidad.

Notas

1 https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/busqueda/

2 http://www.cucsh.udg.mx/noticia/jalisco-primer-lugar-en-desapariciones-y-fosas- clandestinas-en-mexico

3 La Recomendación 82/2021 CNDH se puede consultar en:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-11/R EC_2021_082.pdf

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/02/enrique-alfaro-gobernador-d e-jalisco-dice-que-90-de-desapariciones-son-por-voluntad-propia/

5 Boletín de la Universidad de Guadalajara "Amenaza Gobernador Enrique Alfaro a universitarios en CUValles". Se puede consultar en:

https://udg.mx/es/noticia/amenaza-gobernador-enrique-alfaro-univ ersitarios-en-cuvalles

6 Boletín de la Universidad de Guadalajara "FEU propone declarar al Gobernador Enrique Alfaro "persona non grata" en la UdeG". Se puede consultar en:

https://www.udg.mx/es/noticia/feu-propone-declarar-al-gobernador -enrique-alfaro-persona-non-grata-en-la-udeg.

7 https://hagamosjalisco.mx/2022/12/27/enrique-alfaro-criminaliza-la-protesta-soc ial-en-jalisco-y-usa-al-poder-judicial/

8 Conferencia de prensa de la Presidencia de la República. 30 de diciembre de 2022.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Gx7NSu7Q9oA

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUANAJUATO, A REFORZAR E IMPLEMENTAR LÍNEAS DE ACCIÓN PREVENTIVAS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a reforzar e implementar líneas de acción preventivas para la erradicación de la violencia de género en esa entidad federativa, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversos colectivos y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, así como la plataforma Por la Paz y la Justicia en el estado de Guanajuato, expusieron el pasado 25 de noviembre de 2022 la importancia de contar con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en dicho estado, acto que tendría la finalidad de atender y erradicar de manera coordinada la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres guanajuatenses, y así poder mejorar su calidad de vida.

En marzo de 2022 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida para el estado de Guanajuato y ese mismo mes fue admitida por la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con el objetivo de "formular las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales [...] en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres". Sin embargo, a pesar de los avances administrativos por atender la emergencia en el estado los casos de violencia continúan en aumento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Censo de Población y Vivienda 2020, indicó que Guanajuato es el sexto estado con mayor población, contando con un total de 6 millones 166 mil 934 habitantes, de los cuales 51.41 por ciento son mujeres y 48.59 por ciento hombres, reforzando la necesidad de enfocar políticas públicas gubernamentales para una población a la que históricamente se le han violado sus derechos humanos.

En este tenor, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 reveló diversos datos de mujeres de 15 años en adelante sobre experiencias de violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial en diversos ámbitos de su vida familiar, escolar, laboral, de pareja y en la comunidad, exponiendo graves resultados para las guanajuatenses, como a continuación se describe:

. 68.1 por ciento de las encuestadas ha sufrido a lo largo de su vida violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial; mientras que 44.4 por ciento la comenzó a sufrir en los últimos 12 meses de 2021.

- Psicológica: 49.4 por ciento a lo largo de su vida, 29.7 por ciento los últimos 12 meses;

- Física: 32.7 por ciento a lo largo de su vida, 10.6 por ciento los últimos 12 meses;

- Sexual: 48.6 por ciento a lo largo de su vida, 25.0 por ciento los últimos 12 meses; y

- Económica o patrimonial: 27.1 por ciento a lo largo de su vida, 17.8 por ciento los últimos 12 meses.

- Resalta que en la comunidad es el ámbito en donde las adolescentes y mujeres sufren con más frecuencia algún tipo de violencia, 43.5 por ciento a lo largo de su vida y 22.8 por ciento en el transcurso del 2021.

Los datos anteriores reflejan y se viven en el estado de Guanajuato llegando al extremo de manifestaciones de violencia feminicida, la cual se define en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como "la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas".

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en noviembre de 2022, respecto a la incidencia de violencia contra las mujeres en el estado de Guanajuato, éste se encuentra ubicado en el lugar 14 de 32, con 20 casos de presuntos feminicidios, siendo el municipio de León el que presentó ocho delitos a la alza, ubicándose en el lugar 14 de 100; mientras que el municipio de Celaya se ubicó en el lugar 72 de 100, presentando tres casos.

En cuanto a las presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso, Guanajuato se ubica en el primer lugar a nivel nacional, concentrando 382 casos de mujeres a las que les fue arrancada la vida.

De la misma forma, en la clasificación de presunto homicidio culposo, se ubica al estado en el primer lugar a nivel nacional, presentando 485 casos, es decir, 14.95 mujeres por cada 100 mil.

El estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional respecto a las llamadas de emergencia al número 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar, sumando 57 mil 455 llamadas, es decir, 907.5 llamadas por cada 100 mil habitantes.

Por todo lo anterior, es de suma importancia el seguimiento a la petición de activación de la AVGM que presentó la CNDH, pues ésta debe continuar su procedimiento, que consiste en la admisión de la diligencia, conformación del grupo de trabajo para su atención, integración del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, investigación de dicho grupo de trabajo, dictaminación y finalmente la declaratoria.

La situación en Guanajuato es grave, el gobierno estatal debe reforzar sus protocolos de atención, prevención y erradicación de la violencia de género y sus diversas manifestaciones, así como establecer un enfoque multidimensional y homologado, para no esperar a atender un caso, sino a prevenir que suceda, como se marca en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) en su artículo primero:

"La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para que refuerce los protocolos y establezca líneas de acción preventivas homologadas con los tres órdenes de gobierno, a fin de garantizar a las mujeres guanajuatenses el pleno acceso a una vida libre de violencia.

Notas

1 https://plataformapazyjusticia.blogspot.com/

2 https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos

3 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/ 11_guanajuato.pdf

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

6 https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_ tFijRxb/view

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUANAJUATO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS NECESARIAS QUE PERMITAN MITIGAR LOS ALTOS NIVELES DE POBREZA LABORAL REGISTRADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a diseñar e implementar, a la brevedad, las medidas necesarias que permitan mitigar los altos niveles de pobreza laboral registrados en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los compromisos más importantes del Gobierno federal es garantizar que las y los trabajadores mexicanos tengan acceso a salarios dignos que les permitan contar con una mayor capacidad de compra de insumos de la canasta básica y recuperar los niveles de poder adquisitivo de las familias, derivado de la crisis económica que dejó a su paso la emergencia sanitaria.

Al respecto, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha implementado diversas medidas orientadas a cumplir con dichos objetivos, como lo es la suscripción del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, un proyecto respaldado por los productores, distribuidores y empresas de alimentos para bajar los precios de 24 productos de la canasta básica, así como el aumento sustancial del salario mínimo que, de 2019 a 2022 aumentó de 102.03 a 172.87 pesos; y en 2023 aumentó 20 por ciento más, fijándose en 207.44 pesos.

A pesar de los esfuerzos que ha emprendido el Gobierno federal, en el estado de Guanajuato no se han logrado materializar estos avances, pues los índices de pobreza laboral en la entidad no han disminuido desde 2019, por el contrario, han aumentado considerablemente.

Lo anterior se comprueba con los datos más recientes publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los cuales muestran que el incremento más significativo de pobreza laboral se registró en Guanajuato, en donde la población local en esta situación aumentó 4.62 puntos porcentuales, al comparar el índice registrado durante el segundo trimestre de 2019, el cual fue de 33.33 por ciento, y el mismo periodo de 2022, fijándose en 37.96 por ciento.

Lo anterior resulta alarmante, dado que los índices de pobreza laboral reflejan el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al costo de la canasta alimentaria, comprometiendo así su acceso a una alimentación sana, servicios de salud, educación e incluso transporte.

La pobreza laboral es un problema que expone a miles de guanajuatenses a un estado de vulnerabilidad, obstaculiza su desarrollo integral y genera una dependencia a las prerrogativas derivadas de los programas sociales y de otros ingresos como remesas o empleos informales para solventar sus gastos, ya que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

De ahí que, resulta indispensable que el gobierno de Guanajuato actúe de inmediato para detectar los factores que originan el retroceso en la erradicación de la pobreza laboral en la entidad, pues a pesar de las medidas que el Gobierno federal ha llevado a cabo, éstas no se ven materializadas en la remuneración de las y los trabajadores guanajuatenses.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato, a diseñar e implementar a la brevedad las medidas necesarias que permitan mitigar los altos niveles de pobreza laboral registrados en esa entidad federativa.

Nota

1 Indicadores_pobreza_laboral_nacional_y_estatal_Agosto_2022.pdf (coneval.org.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUANAJUATO, A ATENDER LA OLA DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD PERSISTENTE EN ESA ENTIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a atender la creciente ola de violencia e inseguridad que persiste en esa entidad federativa, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es "el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo".

Además, la OMS identifica en la violencia una de las principales causas de lesiones, discapacidades, problemas de salud y la muerte.

Por esta razón, los dirigentes de cada nación enfocan sus esfuerzos para erradicar la violencia, identificando sus causas, fomentando la prevención y sancionando a quienes incurren en ella.

De manera histórica y, en particular desde la llegada de las administraciones panistas, nuestro país ha sufrido una ola de violencia derivada de políticas públicas que beneficiaron a unos cuantos grupos delictivos manteniendo su operatividad en regiones del país, recibiendo armamento y tolerando su operación a lo largo del territorio nacional.

En el mismo sentido, debemos resaltar que las instituciones públicas encargadas de impartir justicia fueron corrompidas bajo el manto de la impunidad, compadrazgo y la falta de ética para servir desde un cargo público.

En cambio, con la llegada de la Cuarta Transformación se está avanzando con una estrategia de seguridad, en coordinación con los gobiernos de los estados y funcionarios federales comprometidos a defender al pueblo, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su apartado "No puede haber paz sin justicia":

"Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; fin de la Guerra contra las drogas y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, garantía de no repetición y reconciliación nacional, y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia policial".

En la actualidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), se muestra la percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia.

Los resultados de dicha encuesta arrojan que la población de 18 años y más, de acuerdo con su efectividad, consideran a la Marina Armada de México y al Ejército como las autoridades más afectivas en tareas de seguridad, seguidas de la Fiscalía General de la República, dejando en último lugar las instituciones estatales y locales.

El Poder Ejecutivo federal está haciendo bien las cosas, pues hoy no existe impunidad ni protección para funcionarios que actuaron de manera desleal al pueblo de México.

Como un ejemplo claro de la complicidad de las administraciones panistas con el crimen organizado, está la operación "Rápido y furioso", acto criminal que tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos de América (EUA) a México.

Para este caso, de acuerdo con el comunicado publicado el 20 de diciembre de 2020 por la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevó a cabo una ardua investigación que resultó en la presunta responsabilidad de Joaquín "G", quien durante un largo lapso fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas. Asimismo, se lograron órdenes de aprehensión en contra de Genaro "G", ex secretario de Seguridad Pública federal; así como de Luis "C", quien fue coordinador de Inteligencia de dicha Policía, quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad.

De manera lamentable, el estado de Guanajuato ha vivido un incremento sustancial en la violencia e inseguridad. En este sentido, existe una gran preocupación entre las y los habitantes guanajuatenses, quienes bajo la administración de extracción panista de Diego Sinhue Rodríguez, han vivido en un ambiente de terror, miedo y desconfianza ante la nula estrategia para combatir la inseguridad que impera en la entidad.

De acuerdo con la información publicada el 20 de diciembre de 2022 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva del fuero común en Guanajuato presentó un total de 129 mil 743 delitos, destacando 3 mil 203 homicidios; 12 mil 501 lesiones; y 47 mil 271 delitos contra el patrimonio.

Las cifras anteriores ubican al estado de Guanajuato como el más violento e inseguro durante el año 2022, dejando claro que, como en el pasado, las estrategias panistas de seguridad no dan resultados.

Guanajuato es un ejemplo claro de estrategias equivocadas. Por esta razón, como representantes electos por el pueblo de México, no podemos ser ajenos ante el dolor que sufre la región del Bajío, y es importante que, desde la máxima tribuna del país se haga un llamado enérgico para crear las condiciones necesarias que eviten la ola de violencia en esta entidad federativa.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Guanajuato, ciudadano Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a implementar una estrategia que garantice la seguridad de los habitantes de todos los municipios de esa entidad federativa.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al fiscal general del estado de Guanajuato, ciudadano Carlos Zamarripa Aguirre, a hacer efectiva la procuración de justicia en dicha entidad federativa ante la creciente ola de violencia en la que viven sus habitantes.

Notas

1 Puede consultarse en:

https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia#:~: text= La%20violencia%20es%20el%20%E2%80%9Cuso,muerte%2C%20privaci%C3%B3n%20o%20mal%20 desarrollo. Puede consultarse en:

2 Puede consultarse en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha =12/07/2019#gsc.tab=0

3 Puede consultarse en:

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/

4 Puede consultarse en:

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-010-22-fgr-informa

5 Puede consultarse en:

https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlV X/view

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE YUCATÁN, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ATENDER LA CRISIS FINANCIERA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a implementar acciones para atender la crisis financiera de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El arte y la cultura son factores intangibles que contribuyen al desarrollo integral del ser humano. El núcleo del sector cultural está conformado por el conjunto de obras y manifestaciones artísticas que constituyen la esencia del valor cultural, entendido como un significado inconmensurable, que combina y valora la forma de expresión de la belleza, el esfuerzo intelectual o el talento del creador; y el alcance de la obra como seña de identidad individual o colectiva.

Asimismo, la industria cultural es un sector que contribuye al desarrollo y crecimiento de una comunidad. Desde el punto de vista económico, esta actividad ha de considerarse como un recurso, una oferta fija, que incluso puede estar sometida a condiciones de sostenibilidad, como es el caso de muchos ejemplos del patrimonio cultural.

Asimismo, el turismo es una actividad fundamental para toda economía nacional y local. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el producto interno bruto (PIB) turístico de nuestro país se incrementó 19.8 por ciento durante el segundo trimestre de 2022. Fungiendo como un sector que contribuye a la recuperación de la actividad económica por medio de la generación de empleos, venta de productos y servicios, entre otros. Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el sector turístico representa la primera fuente de empleo para los jóvenes, es decir, 20.7 por ciento. Asimismo, representa una fuente de ingreso para las mujeres, quienes conforman 58.2 por ciento de la población total.

Yucatán es un estado que condensa ambas actividades: la cultural y la turística. Esta entidad cuenta con zonas arqueológicas como la de Chichén Itzá, además de las áreas ecológicas de Celestún, Parque X´kekén, Uaymitún y El Corchito, destinos que son frecuentados por visitantes nacionales y extranjeros.

No obstante, el gobierno del estado de Yucatán ha dejado de lado al sector cultural, muestra de ello es la crisis económica que vive la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY).

La Orquesta goza de una historia y prestigio a nivel nacional, si bien su historia se remonta al año 1898, cuando el pianista Ricardo Río Díaz tuvo la idea de efectuar conciertos sinfónicos y organizó una orquesta bajo la dirección de José Cuevas Pachón. No fue hasta el año de 1975, cuando Carlos Tello Solís, propuso al gobierno de Yucatán retomar el proyecto de una orquesta, mismo que fue aceptado y el 15 de septiembre de ese mismo año la nueva Orquesta Sinfónica de Yucatán ofreció su primer concierto en el salón de la Historia del Palacio de Gobierno.

En 2001 se constituyó el Patronato para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, AC, con el fin de apoyar al Instituto de Cultura de Yucatán en el mantenimiento, impulso y permanencia de la orquesta, a la vez de fomentar el desarrollo en la educación musical.

Sin embargo, una crisis se visibilizó con el incendio del teatro José Peón Contreras, ubicado en la Capital yucateca, hecho suscitado el 1 de noviembre de 2022, presuntamente por un cortocircuito que se originó en la planta alta del recinto. El teatro es sede de la OSY, lo que además evidencia el mal estado en que se encuentran los inmuebles culturales a cargo del gobierno del estado.

En tanto que el teatro se mantenga cerrado, la OSY ofrece conciertos en el auditorio del Palacio de la Música, lo que representa dos problemas: primero, en este espacio cabe menos de la mitad de asistentes; segundo, la Orquesta ofrecía dos conciertos por semana, mismos que se tuvieron que reducir a uno. No hay que perder de vista que la OSY se mantiene por las aportaciones del gobierno, de su patronato y de la taquilla.

Por su parte, el Gobierno del estado asignó para 2023 al Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (Figarosy) la cantidad de $12,871,389 pesos lo que cubre únicamente 47 por ciento del total de la nómina, que se calcula en $27,782,939 pesos. Es decir, que después de junio de 2023, todo el personal del Figarosy no podrá recibir su sueldo, lo que haría imposible que el proyecto artístico continúe. Se tiene que tomar en cuenta que las y los músicos que integran la OSY son trabajadores del gobierno, por lo que gozan de todos los derechos establecidos por la ley.

Esta crisis sólo es una muestra del abandono por parte del gobierno estatal al sector cultural, dado que en diciembre del año anterior, por iniciativa del gobernador, el Congreso de Yucatán, en comisiones, aprobó por mayoría el proyecto de dictamen para extinguir y liquidar la Casa de las Artesanías. Es decir, la visión que impera es la empresarial sobre la social.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Yucatán, ciudadano Mauricio Vila Dosal, a que, a través de las instancias correspondientes, implemente acciones para atender la crisis financiera de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Notas

1 Luis César Herrero Prieto, La contribución de la cultura y las artes al desarrollo económico regional, (en línea), dirección URL:

https://tinyurl.com/2mmjra2g.

2 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE YUCATÁN, A REGULAR LA DESMEDIDA VENTA DE TERRENOS NO URBANIZADOS Y LOTES DE INVERSIÓN IRREGULARES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a implementar de manera urgente las medidas y acciones que regulen la desmedida venta de terrenos no urbanizados y lotes de inversión irregulares en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el documento Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, más de 500 mil hectáreas ejidales han sido privatizadas en la península de Yucatán.

"Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Entre 1994 y 2018, y aunado a ese proceso, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial".

Basta con realizar una sencilla búsqueda en internet de terrenos en venta en Yucatán, para encontrar un considerable número de anuncios y publicaciones que muestran terrenos no urbanizados y lotes de inversión en venta. Muchos a precios sumamente accesibles, sin embargo, no todos cuentan con dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), liberación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o con un manifiesto de impacto ambiental (MIA).

Lamentablemente, muchos de estos lotes en venta no cumplirán promesas de venta y se estima que se puedan generar pérdidas superiores a los 2 mil 500 millones de pesos anuales, generando burbujas inmobiliarias.

Diversas empresas ofrecen lotes y terrenos sin ofrecer certeza jurídica, pues no cuentan con permisos de construcción y funcionamiento, o los terrenos se encuentran en zonas alejadas de los centros urbanos y, debido a sus condiciones, la urbanización no llegará a estas zonas en décadas.

Incluso, algunos de los terrenos en venta se encuentran en procesos ejidales, por lo que únicamente se vende una promesa de compraventa en cuanto termine el proceso de regularización que permita ofrecer los títulos de propiedad. O bien, son terrenos subdivididos en medio de zonas inaccesibles y sin servicios, con la esperanza de que algún día puedan ser urbanizados.

Este fenómeno ha provocado que el precio de la tierra se incremente hasta en cien por ciento en una década, ante la alta demanda y nula regulación por parte de autoridades estatales, pues actualmente no existe un límite geográfico ni legal.

Sin embargo, la ONU Hábitat señala que bajo la expansión urbana sin control y sin planeación, la distribución de infraestructura será desigual, lo que generaría falta de vivienda adecuada, proliferación de asentamientos precarios, pobreza, desempleo, inseguridad y enfermedades por falta de saneamiento y acceso a servicios básicos.

Lamentablemente, el gobierno estatal no ha puesto un alto a la venta desmedida de este tipo de terrenos, abriendo un vacío que algunos grupos inmobiliarios y desarrolladores utilizan para cometer fraudes, generando a su vez una burbuja inmobiliaria en la entidad que encarece el costo de la tierra, además del daño al patrimonio ejidal o los posibles daños medioambientales por no contar con los respectivos dictámenes de Semarnat.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a implementar de manera urgente las medidas y acciones que regulen la desmedida venta de terrenos no urbanizados y lotes de inversión irregulares en la entidad.

Notas

1 Disponible en:

https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2020_22_TresDecadasP rivatizacion.pdf

2 Ibidem

3 Disponible en:

https://www.poresto.net/yucatan/2022/10/8/fraude-en-la-venta-de- lotes-de-inversion-en-yucatan-dejan-millonarias-perdidas-denuncian-354920.html

4 Disponible en:

https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/08/06/la-venta-sin- control-de-terrenos-no-urbanizados-en-merida-alerta-al-sector

5 Disponible en:

https://onuhabitat.org.mx/index.php/ciudades-compactas-story

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE YUCATÁN, A IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A COMBATIR LA DESAPARICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Yucatán a diseñar e implementar las políticas públicas encaminadas a combatir, prevenir y erradicar la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La desaparición de personas es un delito que afecta gravemente a niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con la organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las niñas, niños y adolescentes son afectados por el delito de desapariciones perpetrado por diversos actores y tipos de modus operandi, mediante el secuestro, la trata de personas y la explotación sexual.

Es importante destacar que otro de los factores que inciden en la desaparición de niñas, niños y adolescentes, es el reclutamiento por parte de la delincuencia organizada, que encuentra en la pobreza, la desigualdad social, la deserción escolar, la falta de acceso a la escuela, el consumo de drogas y la falta de oportunidades para niñas, niños y adolescentes; las condiciones para reclutarles e integrarles a organizaciones criminales.

La investigación realizada por la organización Redim, señala que algunas de las desapariciones surgen producto de las violencias que se viven dentro del hogar, como aquellas que pueden producirse por la sustracción a manos de uno de los padres o madres.

Por otro lado, de acuerdo con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, las desapariciones de niñas, niños y adolescentes a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, se agudizaron en el contexto de la pandemia a causa del coronavirus.

Asimismo, se reportan desapariciones que tenían por objetivo la trata y la explotación sexual.

Retomando la investigación realizada por Redim, las entidades federativas donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidos, son: el Estado de México (3,740 casos); Tamaulipas (1,704 casos) y Jalisco (1,231 casos). En estas tres entidades se concentra 40.8 por ciento de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 11 de abril de 2022.

Sin embargo, preocupa el aumento de casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes en Yucatán. Desde el año 2020, en la entidad han ido en aumento las alertas Amber, que son una herramienta eficaz de difusión que ayuda a la pronta localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de no localización, o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.

Las alertas Amber activadas por la Fiscalía General del estado de Yucatán, han aumentado por 30 casos anuales en promedio, correspondiendo la mayoría de ellas a niñas y adolescentes mujer de entre 10 y 17 años de edad.

De acuerdo con dicha dependencia, durante 2021 se activaron un total de 31 alertas estatales, una prealerta estatal y una alerta nacional.

Durante el año 2022, la Fiscalía estatal emitió un total de 93 alertas Amber, de las cuales dos fueron publicadas el 29 de diciembre pasado y, del total de esta cifra, 59 corresponden a mujeres y 34 a hombres. Es decir, más de 63 por ciento de las alertas emitidas en 2022 se debieron a la desaparición de una niña o adolescente mujer. De dichas alertas, 26 siguen activas.

Resulta sumamente preocupante el aumento en los delitos de desaparición en el estado de Yucatán, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes se ven vulnerados por la falta de seguridad y políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de dicho delito en la entidad.

Las niñas, niños y adolescentes son el futuro de México, es deber de las autoridades protegerles y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Si bien su desaparición es preocupante, lo son aún más los delitos de los que pueden ser víctimas después de sufrir una desaparición, como la trata de personas, la explotación sexual o el reclutamiento por organizaciones criminales.

Por ello, resulta necesario exhortar a las autoridades de Yucatán para que implementen las acciones necesarias para combatir, prevenir y erradicar las desapariciones de niñas, niños y adolescentes en la entidad; a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Yucatán, ciudadano Mauricio Vila Dosal, a diseñar e implementar políticas públicas encaminadas a combatir, prevenir y erradicar la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del estado de Yucatán, ciudadano Juan Manuel León León, a que fortalezca las acciones tendientes a agilizar la activación e investigaciones derivadas de la Alerta Amber en esa entidad federativa.

Notas

1 https://derechosinfancia.org.mx/v1/redim-presenta-investigacion-infancia-cuenta -2022-ninez-y-desapariciones/#:~: text=En%20 total%2C%20desde%20que%20se,2022%20(17%2C593%20en%20 total)

2 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Co mite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

3 http://www.alertaamber.gob.mx/swb/alertaamber/PreguntasFrecuentes

4 https://yucatan.quadratin.com.mx/sucesos/aumentan-casos-de-alerta-amber-en-los- ultimos-3-anos-en-yucatan/

5 http://www.fge.yucatan.gob.mx/noticias/apoyo-ciudadano-clave-en-la-eficacia-de- alerta-amber

6 https://yucatan.quadratin.com.mx/sucesos/aumentan-casos-de-alerta-amber-en-los- ultimos-3-anos-en-yucatan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA LAS ACCIONES CONCRETAS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a informar a esta soberanía las acciones concretas para combatir la inseguridad en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Chihuahua es el estado más grande del país, tiene 67 municipios, así como diversos cruces de frontera importantes, y en todo su territorio se llevan a cabo una gran cantidad de actividades turísticas, agrícolas, ganaderas, industriales y de servicios.

En cuanto a la actividad industrial, los censos económicos que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportan que, en 2019 había en el estado de Chihuahua un total de 133 mil 240 establecimientos, con 1 millón 279 mil 444 personas ocupadas en ellos. Sobre los establecimientos, 92.4 por ciento son tamaño micro (0 a 10 personas ocupadas); 7.1 por ciento son Pymes (11 a 250 personas) y 0.5 por ciento grandes (251 personas y más).

También el Inegi reportó que, en 2020 Chihuahua aportó 3.6 por ciento del PIB nacional, ubicándolo en el noveno lugar.

Desafortunadamente, este aparente panorama de prosperidad se ve opacado por la inseguridad que priva en Chihuahua y que tiene sometidos a sus ciudadanos y a la actividad económica.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (Envipe) que realiza el Inegi, muestra un panorama sobre el verdadero estado de inseguridad que priva en Chihuahua.

La Envipe 2022 estima que 26.8 por ciento de los hogares en el estado de Chihuahua tuvieron al menos una víctima de delito durante 2021. Esto representa que 312,673 hogares fueron víctimas de un total de 1 millón 164 mil 594 hogares.

Los delitos que aumentaron son la extorsión, con 5,438 delitos en 2021; el robo total o parcial de vehículo, pues en 2021 se registraron 3,608 delitos y en 2020 fueron 3,263 delitos de este tipo.

También la Envipe 2022 arroja que, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares en Chihuahua representó un monto de 8 mil 555.1 millones de pesos.

Por lo que se refiere a la cifra negra de delitos, es decir que no son denunciados, en 2021 la Envipe registró que en Chihuahua fue de 92.3 por ciento.

Por su parte, 57.2 por ciento de la población de 18 años y más, considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja a Chihuahua, según la Envipe 2022.

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que, Chihuahua tiene una tasa de homicidios dolosos de 41.26 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca en el deshonroso lugar número 6 a nivel nacional.

Mientras tanto, el Gobierno de la Cuarta Transformación hace su parte y apoya a los ciudadanos de Chihuahua. Un ejemplo es el siguiente: para julio de 2021, el estado de fuerzas federales asignadas a Chihuahua ascendió a 5,982 personas.

La Secretaría de la Defensa Nacional tiene presencia en Chihuahua, con la sede de dos Zonas Militares, así como la sede de la Región Aérea del Noroeste con 3,440 efectivos militares.

Respecto al Índice de Riesgo por Crimen Organizado (IRCO), elaborado por Consultores Lantia, se señaló que, al segundo trimestre de 2022 Chihuahua fue la séptima entidad federativa con mayor riesgo en un nivel crítico.

El Grupo Parlamentario de Morena está realmente consternado por el estado de inseguridad que se vive en el estado de Chihuahua y que merma la posibilidad de mejores condiciones de vida que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de su población.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Gobernadora del estado de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, a informar a esta soberanía cada una de las acciones implementadas, así como sus resultados, para combatir la inseguridad en esa entidad federativa.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Boletín de prensa 312/20. Inegi presenta los resultados definitivos de los censos económicos 2019. Chihuahua. 16 de julio de 2020. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ OtrTemEcon/CenEconResDef2019_Chih.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Información por Entidad. Chihuahua. Economía. Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Recuperado de

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/econo mia/pib.aspx?tema=me&e=08

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Septiembre de 2022. Chihuahua. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/en vipe2022_chih.pdf

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022). Incidencia Delictiva del Fuero Común. Chihuahua. Corte Informativo al 30 de noviembre de 2022. Publicado el 20 de diciembre de 2022. Recuperado de

https://drive.google.com/file/d/1EjxMmpoSM6ov-7RJjDaoXYNNQtIAZlV X/view

5 Jorge Monroy (2021). El Economista. 18 de julio de 2021. Despliegue militar aumenta 5.27% en 2021. Recuperado de

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Despliegue-militar-aume nta-5.27-en-2021-20210718-0006.html

6 Lantia Intelligence (2022). Plataforma de Datos. Índice de Riesgo por Crimen Organizado. Estado de Chihuahua Segundo Trimestre de 2022. Recuperado de

https://lantiaintelligence.com/account/dashboard

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, A SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ASF, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2021

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a solventar las observaciones realizadas por la ASF, derivadas del proceso de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2021, con relación a los montos pendientes por aclarar del fondo de infraestructura social para las entidades, así como al titular de la ASF, a fincar las responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y políticas a que haya lugar, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), correspondiente a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, surgió en el año 1998 para atender múltiples demandas de desarrollo social por parte de los gobiernos locales. Con ello, se adicionó al capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, denominado "De los Fondos de Aportaciones Federales", incluyendo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), dividido en dos: el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM), y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

El FISE tiene como objetivo principal realizar obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en cada entidad.

El proceso de gestión del FISE se inicia con la determinación anual de los recursos del fondo en el PEF, los cuales deberán ser entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las entidades federativas, durante los 10 primeros meses del año, de manera ágil y directa.

Por su parte, las secretarías de Finanzas de los estados, o sus equivalentes, reciben y transfieren los recursos del Fondo al ente o entes ejecutores, en su caso, para ser administrados, registrados y ejercidos de acuerdo con la normativa aplicable; a fin de asignar eficiente y eficazmente los recursos a la población objetivo del Fondo.

El ejercicio adecuado de los recursos del FISE permite contribuir solidariamente con las entidades federativas y los municipios para fortalecer su capacidad de atención a las necesidades de provisión de infraestructura social básica para la población en pobreza extrema; sin embargo, algunos gobiernos locales al ejercer dichos recursos incumplen con la normatividad, dando paso a diversas irregularidades, como es el caso del estado de Chihuahua, durante la actual administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno del Estado de Chihuahua infringió las normas, principalmente la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, ya que la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos del FISE no fue específica en los casos del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y de los municipios de Batopilas de Manuel Gómez Morín, Morelos y Urique.

De igual forma, el Gobierno del Estado de Chihuahua fue objeto de observaciones por parte del órgano de fiscalización con cuantificación monetaria por un importe total de 38 millones 118 mil 385.82 pesos pendientes de aclaración, debido a que:

- Cinco obras públicas por contrato a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado no se encuentran en operación por falta de energía eléctrica.

- Una obra pública para la construcción de 11 comedores escolares a cargo del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa y de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, no está concluida ni en operación.

En tal virtud, es claro que el gobierno de Chihuahua, durante la actual administración de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISE, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio, no se cumplieron sus objetivos y se registraron recursos pendientes de aclaración por un monto de 38 millones 118 mil 385.82 pesos.

Con el ánimo de fortalecer la cultura de la transparencia y erradicar de forma definitiva la corrupción del país, no deben ser tolerados actos administrativos que permitan que el gasto federal sea ejercido de manera irregular. En virtud de ello, resulta imprescindible que el gobierno de Chihuahua aclare a esta Soberanía y a la sociedad, los montos pendientes detectados por el órgano fiscalizador y, en caso de ser necesario, éste inicie los procedimientos legales correspondientes en contra de las personas servidoras públicas involucradas en el daño patrimonial generado al erario.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, a solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021, sobre los montos pendientes por aclarar del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a que, de resultar procedente, se inicien los procedimientos legales correspondientes, a efecto de fincar las responsabilidades administrativas, resarcitorias, penales y políticas a que haya lugar, por el posible daño patrimonial ocasionado al erario público federal.

Notas

1 Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

2 Disponible en:

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/202 1_ficha_GF_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, A GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chihuahua a implementar acciones que garanticen el derecho a la movilidad de las y los chihuahuenses en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo 17, que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

En este tenor, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022, sostiene como principios que deberán considerar las entidades federativas en materia de movilidad, los siguientes: accesibilidad, calidad, confiabilidad, diseño universal, eficiencia, equidad, habitabilidad, inclusión e igualdad, movilidad activa, multimodalidad, participación, perspectiva de género, progresividad, resiliencia, seguridad, seguridad vehicular, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, transversalidad, uso prioritario de la vía o del servicio.

Desafortunadamente, estas novedosas actualizaciones al marco jurídico para garantizar el derecho a la movilidad están lejos de ser puestas en práctica por parte de las autoridades estatales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el caso de Chihuahua, donde la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, anunció el pasado 6 de diciembre de 2022 que se prevé un aumento en la tarifa del transporte público.

De acuerdo con la gobernadora, el motivo del ajuste tarifario responde a que, en los últimos quince años, únicamente se ha registrado un incremento de 4.50 pesos, lo cual es insuficiente para costear los gastos de operación, las refacciones y el mantenimiento de los camiones.

Conforme al Artículo 157 de la Ley de Transporte del estado de Chihuahua, las tarifas del transporte público colectivo y masivo se establecerán con base en los estudios y análisis especializados y técnicos que se lleven a cabo, de acuerdo a cada tipo o modalidad del servicio de transporte, los cuales serán elaborados por la Secretaría.

Conforme a dicha Ley, los estudios y análisis especializados y técnicos deben contener, por lo menos, los siguientes aspectos: estimación de la demanda de cada ruta, inventario de los vehículos, longitud del recorrido, estudios de mercado, costos administrativos, análisis de la estructura de costos, análisis de sensibilidad en la tarifa, diagnóstico del servicio, y planes o compromisos para el mejoramiento del servicio.

Por lo tanto, es importante que la posibilidad de un aumento en las tarifas sea analizada conforme a lo que estipula la propia legislación local, así como tomando en cuenta las disposiciones federales en materia de movilidad.

Chihuahua es un estado con un sistema de transporte público deficiente. Ejemplo de ello son los casos de sus dos principales centros urbanos: Chihuahua y Ciudad Juárez, donde los ciudadanos no cuentan con un transporte que cumpla con eficiencia "en los servicios ofrecidos al usuario, en términos de accesibilidad, higiene, comodidad, seguridad, frecuencia de paso, tiempo de recorrido y sustentabilidad ambiental". Es de subrayar que dicho principio rector de calidad debe ser considerado por el Ejecutivo estatal al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones en materia de transporte, como lo estipula el artículo 9 de la Ley de Transporte del estado de Chihuahua.

En la capital del estado, distintos vehículos de transporte público cuentan con recargos, placas extemporáneas e infracciones. Es común que la gente deba esperar lapsos prolongados bajo temperaturas extremas, como ocurre en el caso del "Juárez Bus", una ruta en Ciudad Juárez que no cuenta con suficientes unidades para los usuarios.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Chihuahua existen más de 697 mil usuarios del transporte público, quienes resultarían afectados de concretarse el incremento en la tarifa del pasaje.

Las y los chihuahuenses tienen el derecho a exigir un transporte público de calidad que garantice su movilidad.

Por ello, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, ciudadana María Eugenia Campos Galván, para que, a la brevedad, implemente acciones que garanticen el derecho a la movilidad de las y los chihuahuenses en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Notas

1 En línea:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 En línea:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf

3 En línea:

https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/habra-aumento-al-transp orte-publico-maru-20221207-2000753.html

4 En línea:

https://www.eldiariodechihuahua.mx/local/habra-aumento-al-transp orte-publico-maru-20221207-2000753.html

5 En línea:

https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosL eyes/1526.pdf

6 En línea:

https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosL eyes/1526.pdf

7 En línea:

https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosL eyes/1526.pdf

8 En línea:

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/camiones -en-circulacion-cuentan-con-recargos-e-infracciones-por-mas-de-30-mil-pesos-937 8391.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a diseñar y ejecutar acciones urgentes en materia de seguridad pública, para garantizar la seguridad de la población, en relación con los recientes actos de violencia que se han suscitado en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad ciudadana es un elemento clave para el bienestar y la estabilidad de una sociedad y de los individuos; es la protección que debe brindar el gobierno contra el delito y la violencia a efecto de garantizar que sus ciudadanos puedan vivir de manera segura y protegida. Una protección que, entre otras cosas, permite el desarrollo económico de la sociedad, misma que, lamentablemente, brilla por su ausencia en Coahuila de Zaragoza.

El gobernador de dicha entidad federativa presume que ésta es la tercera más segura del país, cuando en realidad lo que hizo fue utilizar de manera tramposa la información publicada por el Inegi en la Presentación Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022.

Uno de los objetivos de la Envipe es medir la percepción de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar donde viven y realizan sus actividades cotidianas.

La información utilizada por el gobernador de Coahuila se localiza en el resultado de "Percepción sobre seguridad pública" de la Envipe, en el que se evidencia el grado de inseguridad percibido por las personas que habitan la entidad. Entre marzo y abril de 2022, 50.4 por ciento de la población encuestada consideró insegura su entidad.

Además, la Envipe registra para el estado de Coahuila una tasa de incidencia delictiva de 24.4 mil delitos por cada 100 mil habitantes, situando a la entidad en el lugar 13 de las 32 entidades federativas. Información que fue omitida deliberadamente por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo tercero determina que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En tanto que, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 establece que:

"La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución".

El artículo 108 de la Constitución del estado de Coahuila de Zaragoza establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, del estado y de los municipios, cuya finalidad es salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y, comprende la prevención especial y general de los delitos, su investigación y persecución. Asimismo, en la fracción X del artículo 84 establece como obligación del gobernador proteger la seguridad de las personas, los bienes y derechos de los individuos, y al efecto, mantener el orden, la paz y la tranquilidad pública en todo el estado, haciendo respetar las garantías individuales.

Sin embargo, las y los coahuilenses no gozan de tranquilidad ni de paz. Basta recordar que el 25 de agosto de 2022 decenas de hombres armados viajaron a bordo de aproximadamente 30 vehículos para enfrentarse con elementos de la policía estatal en el municipio de Hidalgo. El Ejército tuvo que intervenir para evitar lo que apuntaba a ser una catástrofe.

También sirve de ejemplo el tiroteo registrado el primero de diciembre en un centro comercial de Torreón, mismo que puso en grave peligro las vidas de las personas que hacían sus compras; así como el enfrentamiento ocurrido en el municipio de Villa Unión en octubre del año pasado, o el enfrentamiento cerca de la presa Don Martín en el municipio de Juárez, en donde nuevamente tuvieron que intervenir las fuerzas federales para proteger a los coahuilenses ante la ausencia del gobierno estatal, que es el principal responsable de la seguridad ciudadana en la entidad.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que, de enero a noviembre de 2022, en Coahuila se registraron 59 mil 655 delitos, muy por arriba de entidades como Sinaloa (28 mil 054), Sonora (30 mil 964), Durango (24 mil 655), Michoacán (41 mil 703) y San Luis Potosí (51 mil 373), lo que desmiente contundentemente el falso discurso del gobernador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, debido a los recientes actos de violencia que se han suscitado en la entidad, exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza a que diseñe y ejecute acciones urgentes en materia de seguridad pública, para garantizar la integridad, el patrimonio y la vida de las y los coahuilenses.

Notas

1 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2 https://www.forbes.com.mx/sicarios-30-camionetas-se-enfrentan-policias-coahuila

3 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/policiaca/pareja-agrede-a-policias-y-se-desa ta-tiroteo-en-centro-comercial-7551696.html

4 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/local/no-se-va-a-permitir-la-entrada-de-deli ncuentes-a-coahuila-mars-9090557.html

5 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/policiaca/agentes-de-par-enfrentan-a-grupo-a rmado-cerca-de-la-presa-don-martin-en-coahuila-9304378.html

6 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-299891?stat e=published

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS IRREGULARIDADES Y EL RETRASO DE LA OBRA DEL METROBUS LAGUNA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a rendir un informe sobre las irregularidades y el retraso de la obra del Metrobús Laguna, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las y los ciudadanos laguneros han esperado más de 6 años una obra en materia de movilidad. Fue en noviembre del año 2016 que la administración del entonces gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdés, informó sobre el proyecto del Metrobús Laguna: una mega obra para la ciudadanía de los estados de Coahuila y Durango. Esta obra vial, en teoría, beneficiaría a 180 mil usuarios del transporte público de la zona metropolitana de La Laguna diariamente.

La obra también fue anunciada en Torreón por el otrora presidente municipal, Miguel Ángel Riquelme Solís, hoy gobernador del estado.

A pesar de que la obra se inauguró el pasado 1 de octubre de 2022, se trata de un trabajo incompleto, con muchas deficiencias y cuya conclusión demoró más de lo previsto. Apenas el día 15 de diciembre de 2022, llegó a la Laguna la primera de 380 unidades que se requieren para que el Metrobús Laguna opere a su máxima capacidad. Es una clara muestra de que no existe entrega de obra y de que ésta es un elefante blanco del gobierno priista.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme, anunció que solicitaron de nueva cuenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Banobras otra prórroga, con la finalidad de entregar la obra en octubre de 2023, de modo que se cumplirían más de 7 años de su entrega. Además, se han hecho observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de alrededor de 800 millones de pesos, debido a los cambios de presupuesto y excesivos gastos de supervisión.

Esta obra ha recibido recursos públicos federales, por eso es que la ASF ha estado atenta a la fiscalización, seguimiento y revisión del destino de dichos recursos. La auditoría 690-DS-GF del órgano fiscalizador, publicada en 2021, señala que se han incumplido dos plazos de terminación en 2016 y 2018, y que en las verificaciones físicas del 23, 24 y 25 de marzo de 2021, se constató que "la mayor parte de los trabajos realizados en los tramos 1, 2 y 3, como el pavimento de concreto hidráulico, las estaciones abiertas, los puentes peatonales, los semáforos, el alumbrado, las jardineras y otros elementos construidos, se encuentran en uso, lo que ha ocasionado desgastes, deterioros y accidentes; algunas estaciones y puentes están grafiteadas y ha habido robo y vandalismo de cámaras de vigilancia, celdas solares, lámparas, luminarias y cableado, entre otros".

Además, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Laguna (PIMUS) elaborado por la empresa Transconsult, SA de CV, consideraba una inversión de mil 647 millones de pesos sin IVA para el proyecto; sin embargo, en la última actualización de factibilidad económica (febrero de 2021), se contempla una inversión total de 2 mil 762 millones de pesos (para obras en ambos estados) de origen estatal, federal, municipal y privado. No obstante, según datos de la Secretaría de Hacienda (clave de cartera: 14093110002), hasta diciembre de 2021, se habrían invertido 3 mil 298 millones de pesos: 804 millones del estado, 31.2 millones del municipio, mil 889.9 millones de privados y 572.7 millones del fideicomiso (Banobras).

Este tipo de proyectos llenos de irregularidades, retrasos corrupción y con falta de compromiso, son muestra de lo que los gobiernos priistas han hecho y siguen haciendo en los estados donde gobiernan, por ello desde es el Congreso Federal estamos vigilantes de poner un alto a los abusos en perjuicio del erario público y de la ciudadanía que, es la más afectada. De ahí que seguiremos trabajando para ponerle fin a la corrupción rampante del gobierno de Coahuila y ponerle un alto al mal uso de los recursos públicos.

Desde la bancada de Morena hemos vigilado de cerca esta obra y no dejaremos de hacerlo hasta que se cumpla con su entrega y se subsanen sus deficiencias, así como fincar las responsabilidades a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza a que a la brevedad rinda un informe pormenorizado del estatus que guarda la obra del Metrobús Laguna y anuncie una fecha pronta para su conclusión y operación.

Notas

1 https://www.elsoldelalaguna.com.mx/local/metrobus-laguna-cuando-lo-inauguran-y- cual-es-su-ruta-mapa-8012483.html

2 https://www.telediario.mx/comunidad/llega-a-torreon-la-primera-unidad-del-metro bus-laguna

3 https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/metrobus-coahuila-basura-jca

4 Ídem

5 https://aristeguinoticias.com/2211/mexico/el-interminable-metrobus-de-la-laguna -una-deuda-de-cinco-anos-con-los-ciudadanos/

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020a/Documentos/Auditor ias/2020_0690_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A ATENDER EL CRECIMIENTO DE LA POBREZA DEBIDO A LAS CARENCIAS SOCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a llevar a cabo acciones para atender el crecimiento de la pobreza debido a las carencias sociales de la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye aspectos ligados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social.

En México el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lleva a cabo una medición oficial multidimensional de la pobreza, que además de considerar la insuficiencia de los recursos económicos, incluye varias dimensiones que le permiten dirigir y priorizar las acciones de política social.

Los informes de pobreza y evaluación emitidos por el Coneval señalan que una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una de las seis carencias sociales: rezago educativo, en cuanto a acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Adicionalmente, cuando el ingreso que obtiene está por debajo de la línea de pobreza por ingresos.

Asimismo, señalan que se considera pobreza moderada a la población que, a pesar de estar en situación de pobreza, no cae en la categoría de pobreza extrema y, se considera en condición de pobreza extrema a la población con tres o más carencias sociales y con un ingreso inferior al valor de la línea de pobreza extrema por ingresos, la cual se refiere al valor de la canasta alimentaria por persona al mes.

De acuerdo con el Informe de Pobreza y Evaluación 2020 Coahuila, 22.5 por ciento de la población de la entidad vivía en situación de pobreza; es decir, 691 mil 100 personas aproximadamente. De este total, 21 por ciento (646 mil 600 personas) estaba en situación de pobreza moderada y 1.4 por ciento de la población en situación de pobreza extrema (alrededor de 44 mil 500 personas).

Conforme las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020 presentado por el Coneval la población en situación de pobreza en Coahuila aumentó de 778 mil 100 personas en 2018 a 812 mil 100 personas en 2020. Adicionalmente, la población en pobreza extrema incrementó de 46 mil 700 personas en 2018 a 81 mil personas en 2020.

De igual forma, las estadísticas de medición de pobreza 2020, señalan que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos en 2018 fue de 6.6 por ciento, mientras que para 2020 fue de 8.9 por ciento; es decir, el número de personas incrementó de 200 mil 500 en 2018 a 282 mil 700 en 2020.

La población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos ha aumentado, en 2018 fue de 40.1 por ciento y en 2020 fue de 40.2 por ciento, lo equivalente a 1 millón 222 mil 600 en 2018 a 1 millón 273 mil personas en 2020.

Si bien el porcentaje de pobreza en Coahuila es de 19.4 por ciento menor que el nivel nacional (41.9 por ciento), existe una gran cantidad de población vulnerable por carencias sociales: aproximadamente 27.4 por ciento; es decir, 840 mil 700 personas presentaron al menos una carencia y 11.3 por ciento de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 346 mil personas no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas.

En cuanto a las carencias sociales, de 2018 a 2020 se ha identificado lo siguiente:

- Rezago educativo: en 2018 existían 434 mil 400 personas con rezago educativo y para 2020 incrementó a 454 mil 600 personas.

- Acceso a los servicios básicos de salud: en 2018 se reportaron 402 mil 700 personas que no contaban con accesos a servicios básicos de salud, en 2020 esta cifra fue de 686 mil personas.

- Acceso a la seguridad social: en 2018, 784 mil 700 personas no tenían acceso a la seguridad social y, en 2020, esta cifra ascendió a 895 mil 200 personas.

El marco constitucional establece el reconocimiento de los derechos humanos, entre otros, a la educación, a la salud y a la vivienda, por lo que, con la finalidad de identificar las problemáticas económicas y sociales que están afectando a diversos segmentos de la población del estado de Coahuila, se exhorta respetuosamente al gobierno de la entidad a que lleve a cabo acciones para reorientar la política pública con la finalidad de que sean atendidas las carencias sociales que presenta la entidad, como el rezago educativo, la falta de acceso a los servicios de salud y seguridad social, entre otras.

En tal virtud, se considera urgente que, a través de acciones puntuales, se atienda a los sectores de la población más vulnerables bajo una perspectiva integral, a fin de generar mecanismos de coordinación que permitan reducir los índices de pobreza en el estado de Coahuila.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, a que, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de la entidad, lleve a cabo acciones encaminadas a reorientar la política pública con la finalidad de atender el incremento en la pobreza debido a las carencias sociales que presenta dicho estado, como son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y el acceso a la seguridad social.

Notas

1 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza _y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Coahuila_2020.pdf

2 Comunicado 09, Dirección de Información y Comunicación Social, Coneval.

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Document s/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf

3 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Coahuila/Paginas/principal.as px

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A ACLARAR LAS OBSERVACIONES DE LA ASF, DERIVADAS DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza a aclarar las observaciones devenidas por la ASF, derivadas del Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021 y, en su caso, iniciar los procedimientos legales pertinentes a los que haya lugar para fincar las responsabilidades conducentes por la indebida gestión de recursos públicos, deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y sancionar el posible daño a la Hacienda Pública, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el contexto nacional actual es una exigencia para los gobiernos de las entidades federativas el fortalecimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos, asimilándolos como aspiración común de la sociedad y una guía para resolver los problemas de rezago económico y social que aquejan al país.

Lo anterior dado que, al fortalecer los Derechos Humanos, se brinda sentido a la planeación gubernamental y se promueven objetivos de desarrollo que redundan en el bienestar de la población.

En México, la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos reformuló el paradigma normativo, permitiendo su impulso y protección. Asimismo, abrió la posibilidad de creación de nuevos instrumentos que coadyuven a cerrar las brechas sociales.

De esta forma, es responsabilidad conjunta de todas las instituciones del Estado y niveles de gobierno respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, como el derecho a la salud, definido por la Organización Mundial de la Salud como: "el grado máximo de salud que se pueda lograr", que exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas.

Este derecho se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4, y en diversos Instrumentos Internacionales en la materia de los que México es Parte, así como otros dispositivos normativos de corte secundario, y regido bajo los principios de interpretación conforme descritos en el artículo primero de la Carta Magna.

Igualmente, el derecho fundamental a la salud se encuentra regulado en las 32 Constituciones de las entidades federativas y reglamentadas con las leyes correspondientes.

Cebe precisar que además del mandato legal, la garantía para el cabal ejercicio de los Derechos Humanos debe aparejarse a estrategias públicas pertinentes y claras de distribución del ingreso y ejercicio del gasto público, en aras de dotar de viabilidad dichos los preceptos normativos.

Lo anterior debe vincularse al ejercicio ordenado, transparente, eficaz y eficiente de los recursos públicos, ya que, de no llevarse a cabo en esos términos, se demerita, entorpece y afecta el cumplimiento de los objetivos presupuestarios y con ello el acceso a los derechos fundamentales de la población.

En ese tenor de ideas, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla dentro del gasto federalizado, a los recursos transferidos a las entidades federativas por las dependencias y entidades públicas para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

Así, las secretarías de finanzas de las entidades federativas reciben y transfieren los recursos de aportaciones federales al ente o entes ejecutores, para ser administrados y ejercidos de conformidad con lo mandatado en las leyes aplicables, con el fin de ejercer el gasto público de manera ordenada, eficaz y transparente.

Ahora bien, de acuerdo con la información de carácter contable, presupuestario y programático, devenida del Informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 desarrollado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, específicamente los servicios de salud de la entidad, infringieron la normativa, principalmente la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y, la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lo anterior se desprende de la Auditoría de Cumplimiento 2021-E-05003-19-0693-2022, número 693, que permitió la revisión por parte de la ASF al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, llevadas a cabo por los servicios de salud del estado de Coahuila, así como ayudó a verificar la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2021.

Al respecto, el Gobierno de Coahuila de Zaragoza no acreditó el origen y destino del aumento presupuestario que resultó de la diferencia del presupuesto devengado de ingresos menos el estimado por 824 millones 787 mil pesos. Esto significa que el gobierno del estado reportó la asignación global de recursos para servicios personales aprobada en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, con un crecimiento real de 37.2 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio fiscal 2020.

Igualmente, se identificaron recursos pagados en exceso respecto del límite permitido en la asignación global de servicios personales por 442 millones 990 mil pesos. Asimismo, la ASF identificó ingresos de libre disposición para el ejercicio fiscal 2021, de los que la entidad fiscalizada no presentó evidencia de que se destinaron para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado, sin incurrir en penalidades y que representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública al cierre del ejercicio inmediato anterior.

Tampoco presentó evidencia que permitiera demostrar que los ingresos de libre disposición se hayan destinado al pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones y, en su caso, el remanente para inversión pública productiva, ni la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes por 23 millones 465 mil pesos.

Según se desprende del dictamen emitido a la auditoría de cumplimiento de mérito, en atención a los hallazgos determinados por la ASF, la entidad fiscalizada remitió información con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada, la misma no reunió las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar o justificar lo observado.

En ese contexto, el gobierno del estado de Coahuila, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, ya que no se apega a la normativa que regula su ejercicio, afectando con ello el acceso y el derecho a la salud de las y los coahuilenses.

De todo lo anterior se concluye que los Servicios de Salud del Estado de Coahuila de Zaragoza no realizaron una gestión adecuada del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ni cumplieron con el objetivo de ésta.

Con el fin de fortalecer los esquemas que combatan la corrupción, brinden transparencia, y que permitan el ejercicio ordenado, eficaz y eficiente de los recursos públicos, al tiempo que se permite a la población acceder a los derechos fundamentales reconocidos en la CPEUM, no debe pasarse por alto ningún ejercicio irregular del gasto público.

Resulta necesario que el gobierno de Coahuila brinde información suficiente para aclarar las observaciones detectadas por la ASF y, en su caso, finque las responsabilidades conducentes por la mala gestión de los recursos públicos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado Coahuila de Zaragoza, ciudadano Miguel Ángel Riquelme Solís, a aclarar las observaciones derivadas de la Auditoría de Cumplimiento 2021-E-05003- 19-0693-2022, número 693 practicada por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2021, y en su caso, iniciar los procedimientos legales a los que haya lugar, a efecto de fincar las responsabilidades conducentes por la indebida gestión de los recursos públicos, así como deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y sancionar el posible daño a la hacienda pública.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health#:~: text=La%20Constituci%C3%B3n%20de%20la %20OMS,de%20salud%20de%20calidad%20suficiente.

2 https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplificados/ 2021_ficha_GF_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y A LA SECRETARÍA DE FINANZAS ESTATAL, A CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Coahuila de Zaragoza y a la Secretaría de Finanzas estatal a cumplir cabalmente con los plazos establecidos y las obligaciones de pago que deriven del refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública de la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La deuda pública, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno, que se utilizan para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados.

Durante 2021, la deuda pública del Gobierno Federal se mantuvo en una trayectoria sostenible, sin que se rebasaran los techos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión. Para ello, la actual administración implementó una estrategia proactiva de manejo del portafolio de deuda, que contribuyó a que ésta, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), continuara en una senda estable aun después de haber experimentado una de las crisis más extensas y profundas de los últimos años.

Como reconocimiento a la conducción de la deuda pública, el Gobierno de México recibió el 25 de abril de 2022 el premio "Bono Nicho de Mercado" otorgado por la revista International Financing Review (IFR), en el marco de la operación realizada en 2021 con Taiwán en el mercado Formosa.

No obstante, en lo concerniente a la deuda pública subnacional, de manera particular, el estado de Coahuila de Zaragoza ha generado un quebrantamiento a sus finanzas públicas, ya que se encuentra entre las 6 entidades federativas que presentan los mayores niveles de endeudamiento a septiembre de 2022, con un saldo de 38 mil 057 millones de pesos (mdp).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2020 (INEGI), en el estado de Coahuila habitan 3 millones 146 mil 771 personas, lo que significa que la deuda per cápita, o deuda por habitante del estado, asciende a 12 mil 093 pesos.

En ese sentido, es importante destacar que durante el sexenio comprendido de 2006 a 2010, durante la administración del entonces gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el saldo de la deuda subnacional tuvo un incremento nominal de 7 mil 847.10 mdp y una variación real de 1 mil 512.62 por ciento, hecho que condujo a investigaciones oficiales por uso indebido de recursos públicos y presentación de documentos falsos.

Cabe señalar que, durante el período que transcurrió del 4 de enero al 30 de noviembre del 2011, en lugar de Humberto Moreira asumió el cargo Jorge Torres López como gobernador interino. Jorge Torres ocupó los puestos de tesorero municipal, contralor, secretario de desarrollo social y secretario de finanzas, todos durante la administración municipal y estatal que encabezó Humberto Moreira.

La administración de Jorge Torres mantenía la misma política de gobierno de su antecesor, hasta que el 1 de diciembre de 2011 ocupó el cargo como gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez, hermano de Humberto Moreira Valdés, concluyendo el ejercicio fiscal del 2011 a su cargo con una mega deuda pública de 36 mil 509.6 mdp.

Con relación a lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre el Saldo de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, señala que de 2008 a 2011, el estado de Coahuila7fue la segunda entidad en presentar las variaciones reales con los montos más altos, teniendo una variación real de 1,639.2 puntos porcentuales.

De igual modo, al analizar los saldos de la deuda pública de las entidades federativas incluidos los municipios, conforme a lo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2008 y 2011, se tiene que 10 entidades federativas concentraban 76.5 por ciento del total de la deuda, de la siguiente forma: Coahuila (18.5 por ciento); Nuevo León (11.0 por ciento); Veracruz (10.0 por ciento); Jalisco (6.4 por ciento); Chihuahua (5.9 por ciento); Distrito Federal (5.7 por ciento); Quintana Roo (5.5 por ciento); Tamaulipas (5.2 por ciento); Michoacán (4.5 por ciento), y Chiapas (3.8 por ciento).

Por su crecimiento al cierre de 2011, Coahuila incrementó su deuda en 19.9 veces respecto de 2008. En términos de deuda per cápita al cierre de 2011, la más elevada en el país correspondió al estado de Coahuila con 12 mil 997.4 pesos.

Asimismo, se identificó que el estado de Coahuila fue la entidad que presentó el mayor incremento en el saldo de la deuda en términos reales, pasando de 8 mil 267.1 mdp en 2010 a 36 mil 509.6 mdp en 2011, aumentando 28 mil 242.5 mdp en tan sólo un año.

Sin embargo, el presupuesto aprobado del estado de Coahuila para cubrir el pago de la deuda en 2011 fue de 190 mdp, mientras que el pago de la deuda para el ejercicio fiscal 2012 fue de 4 mil 627.9 mdp, lo que equivale únicamente a 12.7 por ciento del total de la deuda del año 2011.

En ese sentido, el presupuesto aprobado para cubrir el pago de la deuda en el estado de Coahuila para el año 2020, fue de 4 mil 104.9 mdp, de los cuales 3 mil 375.1 mdp fueron destinados tan sólo a los intereses generados de la deuda pública, dejando disponibles únicamente 729.8 mdp para cubrir el saldo, mientras que para el año 2021 el presupuesto para el pago de la deuda fue de 3 mil 748.2 mdp, de los cuales 2 mil 149 mdp fueron destinados al pago de intereses, dejando libres para el pago del saldo tan sólo 1.6 mdp.

Es importante mencionar que el pasado 21 de diciembre de 2022, el Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza aprobó el dictamen de la Comisión de Finanzas por el que se autoriza al estado de Coahuila de Zaragoza al Refinanciamiento y/o Reestructuración de la Deuda Pública Estatal, el cual establece realizar el refinanciamiento bancario de la mega deuda pública de la entidad con fecha de vencimiento al año 2048.

A este respecto, las y los legisladores no podemos ser ajenos a los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como del uso responsable y eficiente de los recursos públicos; por ello resulta importante dar seguimiento al ejercicio de refinanciamiento de la deuda que presenta el estado de Coahuila de Zaragoza, que de manera irresponsable han generado los ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional durante sus administraciones, quebrantado así las finanzas públicas del estado y situando a los ciudadanos en una posición vulnerable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís y al titular de la Secretaría de Finanzas del estado, a que cumplan cabalmente con los plazos establecidos y las obligaciones de pago que deriven del refinanciamiento y/o reestructuración de la mega deuda pública de la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dé seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos y a las obligaciones de pago del refinanciamiento y/o reestructuración de la mega deuda pública del estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de evitar la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.

Notas

1 Disponible en:

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2021/cefp0242021 .pdf

2 Disponible en:

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-41-finanzas-publica s-y-deuda-publica-a-abril-de-2022

3 Disponible en:

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_F INANCIERA/2022

4 Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2 020_pres_res_coah.pdf

5 Disponible en:

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_F INANCIERA/2022

6 Disponible en:

https://www.conago.org.mx/gobernadores/historicos

7 Disponible en:

https://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditor ia/1._Analisis_de_Deuda_Publica_Agosto_2012.pdf

8 Ibíd.

9 Ibíd.

10 Disponible en:

https://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/docs/presupuestoegres os/2011.pdf

11 Disponible en:

http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx/ArchivosPO/104-EXT-01-ENE-20 12.PDF

12 Disponible en:

https://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/ pre_ejercicio_fiscal_2020.pdf

13 Disponible en:

http://www.coahuilatransparente.gob.mx/periodico/documentos_peri odico/PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%202021.pdf

14 Disponible en:

https://www.congresocoahuila.gob.mx/congreso/TG/dictamenes/Dicta men_20221221.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A CUMPLIR CON LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a cumplir con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 30 de junio del presente año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remitió de manera formal a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF, la primera entrega de Informes Individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2021.

Dicha entrega incluye 57 auditorías, de las cuales 7 corresponden a auditorías de desempeño; 22 a auditorias combinadas de cumplimiento y desempeño relacionadas con el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, así como con el Control Interno y Gobernanza, y 28 a auditorías de cumplimiento.

Dentro de los informes individuales de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021, se encuentra el informe de la Auditoría de Cumplimiento Auditoría De Cumplimiento: 2021-A-15000-19-0803-2022, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples.

Antes de mencionar los resultados de la auditoría en comento, es importante señalar que el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) tiene dos objetivos: la asistencia social y la infraestructura educativa.

Dicho fondo representa 0.8 por ciento de la recaudación federal participable y establece que las aportaciones otorgadas mediante el fondo "se destinarán en un 46 por ciento al otorgamiento de desayunos escolares; apoyos alimentarios; y de asistencia social a través de instituciones públicas, con base en lo señalado en la Ley de Asistencia Social.

Asimismo, se destinará 54 por ciento restante a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel", según la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Cabe destacar que el FAM es un fondo de alta relevancia en la composición del Ramo General 33, por ser el único recurso etiquetado para la asistencia social alimentaria en las entidades federativas. Por su parte, el componente del FAM destinado a infraestructura educativa, es un complemento de las estrategias de financiamiento de la educación básica, media superior y superior en el país.

No obstante, en la Auditoría de Cumplimiento: 2021-A-15000-19-0803-2022 realizada por la ASF, se detectaron diversas inobservancias parte del gobierno del Estado México, respecto del uso de los recursos del FAM.

Al respecto, el informe refiere que, el gobierno del estado de México infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como de operación de los recursos del Ramo General 33.

Lo anterior debido a la poca eficiencia en la transferencia de los recursos del fondo, ya que se identificaron atrasos de hasta 107 días hábiles, después del plazo establecido.

A la par, el referido informe señala que el Gobierno del estado de México carece de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del FAM, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades señaladas por parte de la ASF determinadas en la auditoría.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza, a que cumpla con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como con los lineamientos correspondientes e informe a la brevedad sobre el uso y destino de los recursos federales transferidos a dicha entidad, particularmente, lo correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, continúe fortaleciendo las auditorías de cumplimiento y desempeño realizadas al gobierno del estado de México, a fin de que cumpla cabalmente con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas correspondientes, a efecto de prevenir y sancionar el posible uso indebido de recursos públicos y actos de corrupción, cometidos por las personas servidoras públicas de dicha entidad.

Notas

1 Disponible en:

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/ recibe-comision-primera-entrega-de-informes-individuales-de-fiscalizacion-de-la -cuenta-publica-2021#:~: text=La%20Comisi%C3%B3n%20de%20Vigilancia%20de,de%20la%20Federaci%C3%B3n%20(ASF ).

2 Disponible en:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021a/Documentos/Auditor ias/2021_0803_a.pdf

3 Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf (Artículo 39)

4 Ibídem (Artículo 40).

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A ATENDER LA POBREZA ALIMENTARIA DE LA COMUNIDAD MAZAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a atender la pobreza alimentaria de la comunidad mazahua, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Crisis económicas, especulación en los mercados, guerras y pandemias, son algunos ejemplos de los problemas que atraviesa una sociedad globalizada que, a su vez demanda políticas públicas que garanticen el desarrollo de cada individuo.

Asimismo, el creciente número de habitantes a nivel mundial ha generado un incrementado sustancial de asentamientos humanos que demandan bienes y servicios para garantizar sus necesidades básicas y en particular, su alimentación.

Conscientes de la importancia que tiene el acceso a los alimentos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO, canaliza esfuerzos internacionales para poner fin al hambre, teniendo como objetivo lograr la seguridad alimentaria para todos, así como garantizar el acceso regular a los alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana.

De acuerdo con la FAO el concepto de Seguridad Alimentaria ha llevado un proceso de análisis y diagnóstico, surgiendo en la década de 1970, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional, continuando en la década de 1980 con la adición del acceso, tanto económico como físico culminando en la década de 1990 con un concepto vigente que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, reafirmando la Seguridad Alimentaria como un derecho humano.

"La Seguridad Alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana".

En nuestro país, el acceso a la alimentación es un derecho estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera puntual, el segundo párrafo del artículo 4 de nuestra carta magna señala: "Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará."

En el mismo sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable contiene un capítulo dedicado a la Seguridad y Soberanía Alimentaria destacando el artículo 178 que a la letra menciona:

"El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional."

Bajo el ordenamiento jurídico nacional vigente, la administración federal actual ha tenido a bien establecer en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 una estrategia enfocada en el rescate agrario, la producción nacional y la autosuficiencia alimentaria, destacando los siguientes programas: Programa Producción para el Bienestar; Programa de apoyo a cafetaleros y cañeros del país; Programa de Precios de Garantía para los cultivos de maíz, frijol, trigo panificable, arroz y leche; Crédito ganadero a la palabra; y Distribución de fertilizantes químicos y biológicos.

Entendiendo el contexto internacional y con el objetivo de aminorar la inflación que afecta a todas las regiones del mundo, el pasado 3 de octubre de 2022 el Ejecutivo Federal encabezó la firma del Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic) con la iniciativa privada, con el objetivo de reducir en 8 por ciento el precio de 24 productos de la canasta básica, al ubicarse en mil 039 pesos hasta el 28 de febrero de 2023, así como el establecimiento de otras medidas como contener los precios de los energéticos a través de estímulos fiscales al IEPS.

Pese a los grandes esfuerzos del Ejecutivo Federal, en entidades federativas como el estado de México aún encontramos grandes rezagos en la pobreza alimentaria, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se puede definir como:

"Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta".

En el caso particular del estado de México, las responsabilidades de coordinación del gobernador Del Mazo han dejado ver una clara ineficiencia en ofrecer las condiciones necesarias para incorporar a las comunidades marginadas del estado a los grandes esfuerzos que ha tenido el Ejecutivo Federal, destacando la región sur del estado y la zona indígena mazahua, población que además de no contar con los servicios básicos, durante los últimos años ha sufrido problemas de abasto de alimentos que componen la canasta básica.

Familias mazahuas no se dan abasto para hacer rendir los recursos para comprar productos como arroz, jitomate y aceite, destacando que uno de sus principales problemas es la incomunicación de localidades inmersas en el municipio de San José del Rincón donde 24 por ciento de su población es identificada en situación de pobreza extrema según datos de Coneval.

Desde septiembre de 2017, fecha en que el actual gobernador tomó protesta, esta región no ha sido de interés de la administración estatal lo que implica una falta absoluta de estrategia para atender a los sectores menos favorecidos, destacando las pésimas vías de comunicación, la baja calidad de vida de sus habitantes, que carecen de condiciones para fomentar la creación de puntos de venta como mercados, centrales de abasto o comercio para abastecer a estas comunidades.

La importancia de la situación antes descrita ha sido abordada por diversos medios de comunicación, como lo es El País, en su artículo titulado "La carencia alimentaria en la región mazahua del estado de México: Tenemos que salir adelante con el maicito".

En el cuerpo de esta investigación se hace mención a las pocas oportunidades laborales en la región, el mal pago de los jornaleros y el gasto que se hace en altas tarifas de transporte para trasladarse a lugares donde cuenten con la venta de productos de la canasta básica, dejando desprotegidos a sus habitantes quienes solo cuentan con la escaza producción local o los apoyos de organizaciones sociales de banco de alimentos.

Como representantes de las y los mexicanos no podemos ser ajenos ante la problemática del pueblo mazahua o "jñatjo" representado por 132 mil 710 personas hablantes de su lengua, asentado en la región noroccidental y centro-occidental del estado de México, mayoritariamente en 13 municipios rurales que son: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria, comunidades indígenas que sufren carencias ante la indiferencia de su gobernador.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, ciudadano Alfredo del Mazo Maza, a crear una estrategia para erradicar la pobreza alimentaria de los habitantes de la región mazahua que habitan en dicha entidad federativa, específicamente en los municipios de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria.

Notas

1 https://www.fao.org/about/es/

2 https://www.fao.org/3/at772s/at772s.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/07/2019#gsc.tab=0

5 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/acuerdo-contra-la-inflacion-reduce-8-prec io-de-la-canasta-basica-presidente-lopez-obrador? idiom=es

6 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx#:~: text=Pobreza%20alimentaria%3A%20Incapacidad%20para%20obtener,los%20bienes%20de% 20dicha%20canasta.

7 https://www.gob.mx/canastabasica

8 https://elpais.com/mexico/2022-06-29/la-carencia-alimentaria-en-la-region-mazah ua-del-estado-de-mexico-tenemos-que-salir-adelante-con-el-maicito.html?event_lo g=oklogin

9 https://cedipiem.edomex.gob.mx/ubicacion_mazahua

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A INFORMAR DE LAS ACCIONES PARA REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE VIOLENCIA Y EL INCREMENTO DELICTIVO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a informar a esta soberanía las acciones concretas que ha implementado en su gobierno para reducir los altos índices de violencia y el incremento delictivo en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de México que conocemos hoy ha sido construido por el trabajo de las mujeres y hombres de una pujante sociedad, con una gran riqueza cultural y económica. Tiene una extensión de 22 mil 351 kilómetros cuadrados y una población de 16 millones 992 mil 418 habitantes, distribuidos en 125 municipios.

En su territorio se despliegan corredores turísticos, industriales, zonas arqueológicas, ecoturismo, pueblos mágicos y pueblos indígenas de habla otomí, nahua, mazahua, matlatzinca y tlahuica, principalmente.

Los Censos Económicos 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojan que en el estado de México existen 624 mil 472 establecimientos y 2 millones 527 mil 280 trabajadores, asimismo la actividad económica del estado de México aporta 9.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que coloca el estado de México en segundo lugar a nivel nacional.

Sin embargo, las cifras antes citadas contrastan con los altos índices de violencia e inseguridad que imperan en la entidad federativa. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Inegi, señala que durante 2021 la mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida se registró en el estado de México representando 78.7 por ciento del total. Esto es sólo la punta de lanza.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (Envipe) que realiza el Inegi nos muestra que 47.5 por ciento de los hogares del estado de México tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2021.

La misma Envipe 2022 señala que la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes en el estado de México fue de 45 mil 501 víctimas, mientras que la tasa nacional fue de 30 mil 786 víctimas.

El robo o asalto en calle o transporte público fue el delito con más incidencia, con 18 mil 287 casos, seguido de la extorsión con 7 mil 469 y el fraude con 7 mil 259 casos.

Asimismo, de acuerdo con la Envipe 2022, se estima que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares del estado de México representó un monto de 49 mil 894 millones de pesos y de los cuales se denunció sólo 10.7 por ciento. Y la cifra negra de delitos, es decir los delitos que no fueron denunciados, asciende a 92.8 por ciento.

La ciudadanía no se equivoca, por ello 71.6 por ciento de los habitantes de la entidad considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja al estado de México, de acuerdo con la Envipe 2022.

A pesar de las altas cifras de delitos que se comenten en el estado de México, a las autoridades de dicha entidad no les preocupa esta situación, caso contrario, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha puesto de su parte para revertir la inseguridad rampante que impera en el estado de México, al mantener la presencia de la Guardia Nacional con 32 Coordinaciones Regionales y 9 mil 385 elementos operativos.

La ciudadanía del estado de México puede estar segura de que el Gobierno de la Cuarta Transformación está preocupado por su seguridad y con acciones lo demuestra, sin embargo, los hechos han demostrado que el gobierno del estado de México no mantiene el mismo interés por proteger a las y los ciudadanos que habitan en dicha entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a informar a esta soberanía las acciones concretas que ha implementado en su gobierno para reducir los altos índices de violencia y el incremento delictivo en la entidad.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Información por entidad. Estado de México. Resumen. Recuperado de

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/defaul t.aspx?tema=me&e=15

2 Gobierno del Estado de México (2023). Pueblos indígenas del Estado de México. Recuperado de

https://edomex.gob.mx/indigenas_edomex

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Información por entidad. Estado de México. Establecimientos y trabajadores. Recuperado de

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/econom ia/ue.aspx?tema=me&e=15

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Información por entidad. Estado de México. Aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional. Recuperado de

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/econom ia/pib.aspx?tema=me&e=15

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (s/f). Sistemas de consulta. Tableros estadísticos. Violencia contra las mujeres. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#:~: text=Durante%202021%2C%20la%20mayor%20prevalencia,prevalencia%20es%20Chiapas%20 (48.7%20%25).

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (Envipe). Principales resultados. Estado de México. Septiembre de 2022. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/en vipe2022_mex.pdf

7 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2022). Informe Anual de Actividades 2021. Guardia Nacional. 2 de febrero de 2022. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/701439/Informe_GN _2021_compressed.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO E INCONCLUSOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a concluir la construcción de los establecimientos de salud de la entidad que se encuentran en estado de abandono e inconclusos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Al inicio de la actual administración federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a la población que se recibió un sistema de salud en completo estado de abandono, con más de 300 establecimientos de salud inoperantes e inconclusos a pesar de haberse destinado millones de pesos para su funcionamiento.

Durante el tiempo en que operó el Seguro Popular la mayoría de los servicios médicos y asistenciales prestados fueron subcontratados a través de organizaciones médicas privadas, y en muchos casos, éstas transfirieron a las y los pacientes a otras sedes particulares por no contar con la capacidad para brindar la atención médica requerida.

Todas estas subrogaciones causaron un boquete financiero en el sistema de salud, ya que los gobiernos neoliberales optaron por despilfarrar los recursos públicos pagando a terceros para que brindaran la atención médica en lugar de invertir en la infraestructura pública de salud, equipamiento de unidades médicas y contratación de personal.

Fue por ello que la calidad en la atención médica prestada por el Seguro Popular fue deteriorándose, heredando a la actual administración federal cientos de hospitales inoperantes, un enorme déficit de médicos especialistas en el territorio nacional y millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a los servicios de salud.

Ejemplo de lo anterior es el estado de México, pues en los municipios de Ecatepec, Tlanepantla Acolman, Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Zumpango, Zinacantepec, Lerma, Coacalco, Aculco y Chicoloapan abundan hospitales que se encuentran en obra negra, los cuales recibieron una inversión de cientos de millones de pesos y no se concluyeron.

En el caso de Chicoloapan, en 2013 el Gobierno estatal anunció la construcción de un hospital en esa localidad, el cual contaría con medicina interna, ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía general, área de urgencias, psicología, medicina preventiva, sala de expulsión, quirófano, rayos X, laboratorios y 18 camas para hospitalización. Al respecto, en el último Informe de Gobierno del entonces titular del Ejecutivo local Eruviel Ávila, se reportó una inversión de 140 millones de pesos para dicho hospital, mismo que actualmente se encuentra abandonado y saqueado.

Asimismo, está documentado el abandono del Instituto de Oncología en Ecatepec, mismo que recibió una inversión superior a los 800 millones de pesos y que debía inaugurarse hace 5 años, sin embargo, hasta la fecha se encuentra en obra negra.

Por ello, el Gobierno de la Cuarta Transformación puso en marcha un plan de rescate a los establecimientos de salud abandonados, logrando así hasta el mes de agosto de 2022 la recuperación, rehabilitación y conclusión de 199 establecimientos de salud, de los 394 que se recibieron en total abandono.

No obstante, es necesario que las entidades federativas contribuyan en la rehabilitación y conclusión de las unidades médicas abandonadas en sus respectivos territorios, pues las y los ciudadanos son afectados directamente por estos casos de corrupción. Al respecto, en el caso de Chicoloapan, los pobladores de este municipio se organizaron y recabaron más de 60 mil firmas para exigir a las autoridades que se retomen los trabajos de construcción y se pueda concluir la construcción del referido hospital.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México a concluir la construcción de los establecimientos de salud de la entidad que se encuentran en estado de abandono e inconclusos.

Notas

1 Disponible en:

https://adnoticias.mx/los-hospitales-abandonados-del-edomex-1025 764/

2 Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/hospitales-abandonado s-y-saqueados-en-el-estado-de-mexico

3 https://www.gob.mx/insabi/prensa/084-gobierno-federal-ha-concluido-199-de-394-e stablecimientos-de-salud-que-estaban-abandonados?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR MEDIDAS ENCAMINADAS A REDUCIR LA VIOLENCIA FEMINICIDA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a que a través de las instancias locales correspondientes, implemente las medidas encaminadas a reducir la violencia feminicida en la entidad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El feminicidio es un problema complejo, sus condiciones se extienden a factores sociales, económicos, familiares e incluso políticos; algunas autoras como Diana Russel lo han definido como crímenes perpetrados contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Es así que el feminicidio es la expresión última de la violencia.

Al respecto, Nelson Arteaga Botello y Jimena Valdés Figueroa, en su estudio "Contextos socioculturales de los feminicidios en el Estado de México: nuevas subjetividades femeninas" explican que la mayoría de los feminicidios perpetrados en el Estado de México se encuentran dosificados de forma diferencial en función de ciertos contextos sociales: las mujeres que viven en condiciones enmarcadas por la marginación, la pobreza y la exclusión educativa tienen mayores probabilidades de morir asesinadas por su condición de género que las mujeres en condiciones de vida más favorables. Al menos en el Estado de México, esto representa una diferencia entre la violencia de género y el feminicidio: mientras que la primera atraviesa el conjunto de la sociedad, la segunda se localiza en los sectores sociales ubicados en la base de la estructura social. Más aún, en las mujeres de entre 15 y 30 años se incrementa sensiblemente el riesgo de ser víctima de este tipo de homicidio.

De acuerdo con datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el periodo de enero a noviembre de 2022 el Estado de México encabezó el índice de feminicidios a nivel nacional con un total de 131; de esta cifra se desprende que 17 víctimas se encuentran en el rango de 0 a 17 años de edad. Aunado a ello, los municipios de Ecatepec de Morelos y Valle de Chalco ocupan los lugares 8 y 9 respectivamente en los 100 municipios con más incidencia de feminicidios.

Por otro lado, diversas fuentes oficiales del gobierno del Estado de México han publicado los 11 municipios de la entidad con alerta de género, los cuales son: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

Cabe señalar que los familiares de las víctimas de este delito en su búsqueda por obtener justicia reciben tratos denigrantes por parte de las autoridades; Ejemplo de ello es el caso de las señoras Lidia Florencio e Irinea Buendía, quienes llevan años encabezando un proceso judicial y protestas públicas con el fin de obtener justicia por el feminicidio de sus hijas Diana y Mariana, y que fueron desalojadas de manera violenta durante la madrugada del 7 de diciembre de 2022 por policías estatales y municipales, durante su permanencia en un plantón.

Por su parte la organización Amnistía Internacional ha documentado las siguientes deficiencias en las investigaciones de feminicidios que se llevan a cabo en el Estado de México:

1. En las investigaciones, las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos.

2. Las autoridades no investigan de forma suficiente.

3. La perspectiva de género no se aplica correctamente.

Adicionalmente, esta organización documentó que las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas por las autoridades durante el desarrollo del proceso judicial, lo que en sí mismo representa el ejercicio de una violencia institucional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para que a través de las instancias locales correspondientes implemente las medidas encaminadas a reducir la violencia feminicida en la entidad.

Notas

1 Russell, Diana. "Introduction. The politics of feminicide". En Feminicide in Global Perspectiva, coordinado por Diana Russell y Roberta Harmes, 3-11. Nueva York: Columbia University Press, 2001.

2 Nelson Arteaga Botello y Jimena Valdés Figueroa, Contextos socioculturales de los feminicidios en el Estado de México: nuevas subjetividades femeninas, (en línea), dirección URL:

https://tinyurl.com/2pkb9bes.

3 Información sobre violencia contra las mujeres, (en línea), dirección URL:

https://drive.google.com/file/d/1ZuMlwIDDk51ngfbJQExGmJtN_tFijRx b/view

4 Disponible en:

http://alertadegenero.edomex.gob.mx/municipios_alerta

5 México: Juicio a la Justicia: Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México, (en línea), dirección URL:

https://tinyurl.com/2e8g947s

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A FORTALECER LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a fortalecer las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad, a fin de proteger la biodiversidad y salvaguardar la integridad de la población, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fuego es un elemento esencial que forma parte de la dinámica natural de los ecosistemas, ya que permite llevar a cabo procesos de restauración e incluso, sustitución de especies vegetales secas (FAO, 2001).

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) refiere que un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta a los bosques, las selvas y la vegetación de las zonas áridas y semiáridas; en este caso, el fuego representa una amenaza para las comunidades vegetales y animales, además aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y, desde luego, representa un riesgo para la sociedad.

De esta manera el fuego deja de ser un elemento que puede equilibrar el funcionamiento de los ecosistemas y se convierte en un riesgo latente. Los incendios forestales se vinculan con actividades antropogénicas, desde acciones ilícitas (tala ilegal), crecimiento descontrolado de asentamientos humanos, fragmentación del paisaje e introducción de plantas exóticas (Programa del Manejo del Fuego, 2020-2024).

La importancia de prevenir y controlar de manera oportuna los incendios forestales, se basa en la protección de los bosques y selvas pues estos hábitats, además de albergar la flora y fauna silvestres fungen como sistemas naturales de captación y almacenamiento de carbono y ofrecen materia prima para el desarrollo de diversas actividades económicas (Semarnat, 2018).

Actualmente, la Conafor, organismo público descentralizado, lleva a cabo acciones de capacitación, prevención, combate, investigación y monitoreo de los incendios forestales de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece que el Programa de Manejo del Fuego es el instrumento de planeación que permitirá una gestión integrada del fuego al definir los objetivos y alcances de la prevención, detección, combate e información relacionada con los incendios forestales y contemplará, de igual manera, la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El Estado de México tiene una superficie forestal de 1 millón 65 mil 367 hectáreas, 84 por ciento de la vegetación forestal de su territorio corresponde a bosques, principalmente coníferas (Probosque, s/a).

Los bosques del Estado de México tienen un alto valor ecológico en el territorio nacional, debido a la protección que brindan contra la erosión del suelo y permiten la proliferación de diversas especies de fauna y flora silvestres. La mayor amenaza de estos ecosistemas (riesgo extensivo) es la deforestación derivada del cambio de uso de suelo con fines agropecuarios. Esta es una cuestión preocupante, porque en la región central del país es en donde se asienta la mayor densidad de población humana, lo cual significa que es muy probable que este problema continúe y se agrave.

Cada año en el Estado de México se registran diversos siniestros causados por incendios, muchos de estos provocados, lo que implica un alto riesgo para la conservación de los bosques de la entidad. (La diversidad biológica del Estado de México, 2009).

De acuerdo con la Conafor durante el periodo del 1 de enero al 29 de diciembre de 2022 se han registrado 6 mil 715 incendios forestales en todo el país, siendo el Estado de México la entidad federativa donde más siniestros ocurrieron, dando un total de mil 46 incendios que afectaron a una superficie de 9 mil 467 hectáreas.

De acuerdo con los registros de la Conafor publicados por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) de enero a abril del 2022 revelan que los municipios con mayor incidencia de incendios fueron Valle de Bravo, Ocuilan e Ixtapaluca con 83, 53 y 46 incendios respectivamente.

El artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que corresponde a las entidades federativas llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, así como promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por incendio.

En este sentido, es crucial que el gobernador del estado de México a través del ejercicio de sus atribuciones fortalezca las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad ya que no sólo ponen en riesgo la subsistencia de la biodiversidad que habita en la región sino también representa un peligro para la vida e integridad de la población mexiquense y la continuidad de las actividades económicas que dependen de estos ecosistemas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de México, Alfredo del Mazo Meza, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, fortalezca las medidas de prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad, a fin de proteger la biodiversidad y salvaguardar la integridad de la población.

Notas

1 FAO. 2001. Los incendios forestales y la diversidad biológica. Disponible en: Diversidad Biológica Forestal - Unasylva 209 (fao.org)

2 Semarnat-Conafor. Programa de manejo del fuego 2020-2024. Disponible en: Programa_de_Manejo_del_Fuego_2020-2024.pdf

3 Semarnat. 2018. Disponible en: Funciones e importancia de los bosques | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

4 Aprovechamiento forestal maderable | Probosque (edomex.gob.mx)

5 Ceballos, G. et al. 2009. La diversidad biológica en el Estado de México: estudio de estado. Conabio. Disponible en: 15099.pdf (biodiversidad.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 5 de enero de 2023.– Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A IMPLEMENTAR Y CUMPLIR LAS REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno a implementar y cumplir las reformas y adiciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, relativo a los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, publicadas en el DOF el 16 de diciembre de 2022, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Arturo Roberto Hernández Tapia, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno a implantar y cumplir las reformas y adiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, relativo a los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La salud es un derecho humano fundamental, por lo que debe estar al alcance de todos los mexicanos.

La primera causa de muerte prevenible a escala mundial sigue siendo el consumo de tabaco y la exposición a su humo. Hay actualmente más de mil millones de fumadores en el mundo. De ellos, 127 millones (11.4 por ciento) viven en la región de las Américas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada seis segundos muere una persona a causa del consumo de tabaco. La mitad de los fumadores actuales, podrían morir por una enfermedad derivada del consumo de tabaco; por lo que es una de las causas de 7 millones de muertes al año a escala mundial, de las cuales casi 1 millón corresponden a personas que nunca fumaron, pero que convivían con fumadores activos.

Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco matará a más de 8 millones de personas al año en 2030.

El humo de tabaco de segunda mano, es la mezcla del humo que exhala el fumador y el humo que emana el cigarrillo encendido. El humo que se emana del cigarrillo encendido, tiene una mayor concentración de tóxicos ya que se produce a altas temperaturas y no pasa por ningún tipo de filtro.

El humo de la combustión y el de segunda mano son nocivos y tóxicos para cualquiera que lo respire, se conforma de partículas y gases generados por la combustión del tabaco, papel y aditivos. Al consumirse libera una mezcla de más de 7 mil sustancias químicas, de las cuales al menos 250 provocan daños comprobados a la salud y de esas, al menos 60 son cancerígenas.

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el humo de tabaco de segunda mano como un carcinógeno del grupo A, es decir, consideran que forma parte de un grupo de sustancias que, se ha demostrado, pueden causar cáncer en el ser humano, y que no existe un nivel inocuo de exposición al humo de tabaco. Cuando estas sustancias químicas entran a las partes profundas de los tejidos del cuerpo, pueden causar daños. Su cuerpo debe defenderse para reparar los daños causados cada vez que fuma.

Se estima que anualmente mueren en el país poco más de 49 mil personas por enfermedades atribuibles al tabaquismo. De estas muertes 5 mil 659 corresponden a personas no fumadoras pero que estuvieron expuestas al humo de tabaco.

Una de las maneras de proteger a la población de las consecuencias por la exposición al humo de tabaco es estableciendo espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco (Protocolo de Reconocimiento de Espacios 100 por Ciento Libres de Humo de Tabaco, Comisión Nacional contra las Adicciones, Secretaría de Salud, gobierno de México, 2019. Consúltese en https://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/archivos/Protocolo%20de%20ELHT%202019. pdf).

Ante ello, solicito a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno a implementar y cumplir las reformas y adiciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, relativo a los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, y atiendan urgentemente este exhorto.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a todas las dependencias de los tres niveles de gobierno a implantar y cumplir las reformas y adiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, relativo a los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE SOLICITA LA COMPARECENCIA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México ante el pleno de la Comisión Permanente, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, diputada a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se solicita la comparecencia de la ciudadana jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el pleno de la Comisión Permanente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los servidores públicos del país tenemos la obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las personas que habitamos este país, lo cual conlleva, conforme a nuestro texto constitucional, la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones, en los términos que establezca la ley.

Es justamente en el marco de esta obligación constitucional que tenemos como representantes de la sociedad, que debemos realizar acciones inmediatas que permitan garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que, en este caso, habitan la Ciudad de México, y que ante la necesidad de trasladarse a realizar sus labores cotidianas se ven en la necesidad de utilizar el transporte público.

Durante los últimos años de la administración de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo Metro ha sufrido una serie de accidentes constantes, que van desde incendios en vagones de los trenes, cortos circuitos, hasta otros de mayor gravedad, como lo fue el incendio del Puesto Central de Control el 9 de enero de 2021; el choque entre dos trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1, el 10 de marzo de 2020; el desplome de la Línea 12 ocurrido el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 víctimas fatales y 65 heridos, y el más reciente, el ocurrido el fin de semana entre las estaciones Potrero y La Raza, en el que lamentablemente perdió la vida una joven de 18 años y aproximadamente 106 personas heridas, por la falta de mantenimiento y de atención en dicho sistema de transporte.

La situación que guarda hoy en día el Sistema de Transporte Colectivo Metro es insostenible. Es claro que existe una serie de omisiones que han dado como resultado el mal funcionamiento del Sistema, que podríamos decir, es el más importante para el sistema de movilidad de la Ciudad de México, ya que en él se transportan anualmente, aproximadamente 837 millones 473 mil 413 usuarios, según cifras del año 2021, y diariamente, cerca de 4.6 millones de pasajeros se movilizan en este medio.

Pese a ello, se han dado a conocer diversos datos en los que se observa una disminución en el presupuesto asignado en la Ciudad de México para su mantenimiento, ya que, conforme a cifras más recientes, para este año se le asignaron 18 mil 847 millones de pesos, presupuesto menor en al menos 900 millones de pesos al asignado para 2022, que correspondió a 19 mil 769 millones de pesos.

No está por demás recordar que la Ciudad de México es la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión, por lo cual, esta Comisión Permanente, al ser parte del Poder Legislativo federal y al estar integrada por representantes de la sociedad, debemos realizar todas aquellas acciones inmediatas que contribuyan, precisamente, a prevenir e investigar la serie de accidentes que trastocan diversos derechos de las personas que lo utilizan, como lo son la vida, la seguridad, su derecho a la movilidad y su derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Ante ello, es necesario conocer de primera fuente, toda la información existente respecto de la operatividad de dicho Sistema de Transporte Colectivo, del presupuesto asignado y requerido para su mantenimiento, de las acciones tomadas ante los accidentes ocurridos, así como para propiciar que aquellas acciones u omisiones de las autoridades correspondientes que han generado los accidentes documentados, sean debidamente sancionados.

Debemos además, contribuir a la debida observancia del principio de seguridad, previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, conforme al cual, se debe proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible, así como del de transparencia y rendición de cuentas, para garantizar la máxima publicidad y acceso a la información relacionada a la seguridad vial, así como sobre el ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa en la materia, por parte de las autoridades competentes.

Por tanto, la comparecencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ante esta soberanía, servirá como un primer acercamiento para el Poder Legislativo, a efecto de que desde este Poder se revisen de manera urgente las condiciones en las que opera el Sistema de Transporte Colectivo Metro, dada la competencia que en la materia tiene desde los ámbitos presupuestal y legislativo sobre la movilidad y seguridad vial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita, con el carácter de urgente u obvia resolución, la comparecencia de la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de proporcionar a esta soberanía la información detallada sobre el funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, utilización del presupuesto asignado, así como del accidente ocurrido el 7 de enero de 2023 en la Línea 3 de dicho sistema.

Segundo. Se exhorta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, a realizar las acciones conducentes para la realización de la comparecencia aprobada.

Nota

1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion. Consultado el 9 de enero de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

CREACIÓN DE UN REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DE AGRESORES SEXUALES A MENORES DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a realizar las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias, con la finalidad de crear un registro público nacional de agresores sexuales a menores de edad, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez, diputada federal indígena del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que realice las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias, con la finalidad de crear un registro público nacional de agresores sexuales a menores de edad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ya no está en el ámbito privado del silencio, en el que el problema de la salud pública cobra cada vez más importancia para la sociedad, no solo por su frecuencia, con la que tristemente ocurre, sino por la nueva fuerza que ha cobrado la denuncia de esta conducta a nivel nacional e internacional, la concientización de la sociedad ante este problema el cual exigen las acciones correctas. El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (NNyA) está considerado como una de las peores formas de maltrato infantil a nivel mundial, en la que se utiliza al niño como objeto sexual por parte de su agresor. Lo que el menor vive como un atentado a su integridad física y/o psíquica, que puede afectar tanto su desarrollo psicoemocional como su respuesta ante la sociedad en la edad adulta.

Actualmente, ya no se puede ignorar la realidad del abuso sexual en las familias, donde desgraciadamente se llevan a cabo la mayoría de estas agresiones sexuales. La protección elemental de la infancia en México se ha deteriorado cada vez más. Cada año 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México, poniéndolo en primer lugar en abuso sexual a NNyA entre los países miembros de la OCDE. Es muy importante hacer espacios libres de abuso sexual para todas las personas en espacial para NNyA.

De acuerdo con la organización para la infancia Aldeas Infantiles, seis de cada 10 de estas violaciones se producen en casa y en el 90 por ciento de los casos el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia. Se sabe que sólo un 6 por ciento de los abusos sexuales son cometidos por alguien desconocido por la víctima. Muchos padres suponen que sus niños les dirán a ellos o a otro adulto de confianza si alguien les está abusando sexualmente. Sin embargo, por las amenazas y manipulación por parte del agresor la mayoría de las veces las víctimas guardan silencio.

Además, 6 de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia sexual a lo largo de su vida. Las adolescentes de 12 a 17 años representan el 80 por ciento de las desapariciones de personas menores de 18 años en México. En 2020, fueron víctimas de feminicidio 112 niñas y adolescentes (de 0 a 17 años), esto representó el 11.5 por ciento del total de feminicidios en el país, con un incremento de casi 18 por ciento respecto a 2019.

Los abusadores a menudo intimidan o desalientan al niño para que no hable. Los abusadores usan la confianza de sus víctimas prometiéndoles que mantendrán el abuso en secreto o amenazándolas si denuncian. Y cuando son acusados, los perpetradores niegan el abuso. A menudo son muy persuasivos, tanto que puede generar serias dudas sobre si debe creerle o no a su hijo. Por lo que es necesario crear una red de información que ayude a los padres y/o tutores para poder encontrar alguna persona que anteriormente fue algún acosador, para crear un espacio donde los NNyA se sientan seguros y sin riesgo.

Cada vez más en las esferas públicas, se avanza en lograr un reconocimiento público del abuso sexual con una especificidad propia, que no se queda en el terreno del maltrato infantil ni en el de la violación. Ya que, puede darse el abuso sexual sin maltrato físico y sin que intervengan los órganos genitales. Es necesario tener en cuenta esto, ya que permite entender todas las formas que existen de violentar a los NNyA es tan amplia que hay respecto a esta conducta. Junto con las leyes específicas para denunciar y detener el abuso a menores, se les ofrece un acompañamiento adecuado a las víctimas, rehabilitar a los agresores y desarrollar una educación sexual profesional en todos los niveles de nuestra sociedad (en la familia, en las escuelas, etc.). La violencia que las NNyA enfrentan diario visibiliza los riesgos de violencia que enfrentan relacionados con su edad, desarrollo y crecimiento, por lo que es necesario identificar necesidades de protección para las NNyA.

El abuso NNyA se encuentra contemplado en diversos instrumentos y declaraciones, tales como la Declaración de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño, que se ha vuelto parte del marco jurídico nacional en el 1994. Este tratado reconoce al niño como sujeto de derechos. Por otro lado, la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, garantiza el pleno y efectivo goce de esos derechos, debiendo el Estado tener presente el interés superior del niño, y garantiza su protección en contra de cualquier forma de violencia o maltrato.

En el presente punto de acuerdo, se busca la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales a Menores tiene como objetivo principal la protección y respeto a los derechos de las mujeres, niñas, niños y jóvenes y la eliminación de la violencia sexual contra estos sectores con atención prioritaria la identificación de los condenados y condenadas por delitos sexuales contra menores, como mecanismo eficaz de prevención y protección para hacer frente al factor del riesgo de reincidencia y repetición de conductas de violencia sexual, en beneficio de las víctimas o potenciales víctimas de dicha violencia.

Se busca crear un sistema de información de carácter público que contiene los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal, se exhibirá quienes cumplen sentencias condenatorias por delitos como abuso en contra de la libertad sexual de los menores. A través de esta iniciativa se buscará organizar, elaborar, implementar, administrar, mantener actualizado y evaluar al registro de agresores sexuales.

Este registro contendrá la información de personas con condenas por delitos de naturaleza sexual hacia menores de edad, contiene fotografía reciente, nombre, edad (en su caso, alias de la persona), nacionalidad y el delito o delitos de los que fue acusado. Esta herramienta contendrá datos al que tendrá acceso el público en general. También los titulares de servicios públicos y aquellos autorizados por las autoridades judiciales, tendrán acceso a características específicas, descripción del delito o delitos condenados y perfil genético.

La información podrá ser consultada por la ciudadanía a través del portal institucional de la Secretaría de Gobernación y será replicada en los portales del sistema para el desarrollo integral de la familia DIF y en la página web de la Secretaría de Educación Pública. Esta iniciativa podría ser el establecimiento de un mecanismo de prevención y Protección de niños, niñas y jóvenes, que permita tanto a las autoridades como a la sociedad hacer frente a delitos sexuales de acuerdo con el marco legal vigente

Con la creación del Registro Nacional de Agresores Sexuales a Menores buscará facilitar la exploración de los autores de los delitos sexuales en la aplicación de nuevas tecnologías al servicio de la seguridad y la justicia. Se espera establecer un incentivo real y contundente que inhiba la comisión o repetición de conductas violentas hacia los menores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Con pleno respeto de la soberanía, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que realice las gestiones jurídicas, presupuestarias y organizacionales necesarias con la finalidad de crear un registro público nacional de agresores sexuales a menores de edad.

Notas

1Berlinerblau, V. UNICEF. (2016). Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos (1.a ed.). Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/file s/2018-04/proteccion-AbusoSexual_contra_NNyA-2016.pdf

2Peña Gutiérrez, F. (2018). Efectos en las personas que han vivido el abuso sexual en su infancia y procesos de recuperación, aceptación y manejo de la experiencia. Departamento de Psicología, Educación y Salud DPES - Trabajos de fin de maestría en Desarrollo Humano.

https://riselearningnetwork.org/wp-content/uploads/2019/08/Efect osenlaspersonasquehanvividoelabusosexualensuinfanciayprocesosderecuperaci%C3%B3 naceptaci%C3%B3nymanejodelaexperiencia-sep-1.pdf

3México, primer lugar en abuso sexual infantil. (2019, 24 agosto). Senado de la República. Recuperado 1 de mayo de 2022, de

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletine s/45796-mexico-primer-lugar-en-abuso-sexual-infantil.html

4 INEGI. (2020, noviembre). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (568/20).

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Violencia2020_Nal.pdf

5 Op Cit.

6 UNICEF. (2020). Proteger a las niñas y a las adolescentes de cualquier forma de violencia. Recuperado 2 de mayo de 2021, de

https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-la-ni%C3%B1ez-y-ad olescencia/proteger-las-ni%C3%B1as-y-las-adolescentes-de-cualquier-forma-de

7Comportamiento de los abusadores. (2018, 23 mayo). Abierto y a Menudo. Recuperado 3 de mayo de 2022, de

https://www.abiertoyamenudo.org/Informese/Comportamiento-de-los- abusadores/

8 Peña Gutiérrez, F. (2018). Efectos en las personas que han vivido el abuso sexual en su infancia y procesos de recuperación, aceptación y manejo de la experiencia. Departamento de Psicología, Educación y Salud DPES - Trabajos de fin de maestría en Desarrollo Humano.

https://riselearningnetwork.org/wp-content/uploads/2019/08/Efect osenlaspersonasquehanvividoelabusosexualensuinfanciayprocesosderecuperaci%C3%B3 naceptaci%C3%B3nymanejodelaexperiencia-sep-1.pdf

9 UNICEF. (2022). Texto de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recuperado 1 de mayo de 2022, de

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convenc ion

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL IMSS Y AL ISSSTE, A LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR UNA EFICAZ PREVENCIÓN Y OPORTUNA DETECCIÓN DE LA DIABETES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y al ISSSTE a llevar a cabo acciones tendentes a lograr una eficaz prevención y oportuna detección de la diabetes, suscrita por los diputados Ana Laura Huerta Valdovinos y Juan González Lima, del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, diputada Ana Laura Huerta Valdovinos y diputado Juan González Lima, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que afecta la producción de una hormona llamada insulina en el páncreas lo que trae consigo una alteración en la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

La mayoría de los alimentos que consumimos se convierten en azúcar o glucosa, la cual es liberada en el torrente sanguíneo y en un cuerpo sin diabetes el páncreas produce una hormona llamada insulina, es la que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía, pero en el cuerpo de una persona con diabetes el páncreas no produce una cantidad suficiente de insulina o simplemente no la produce.

Esta insuficiencia en la cantidad de insulina o la no producción de la misma por parte del páncreas provoca que quede demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Dependiendo si es una insuficiencia o falta de producción de la insulina por parte del páncreas, la diabetes se clasifica en Tipo 1 o Tipo; la Tipo 1 es cuando por una reacción autoinmunitaria el cuerpo se ataca a sí mismo impidiendo que el cuerpo produzca insulina.

Aproximadamente del 5 al 10 por ciento de las personas que tienen diabetes están dentro de este tipo de diabetes.

En este tipo de diabetes los síntomas asociados a la enfermedad aparecen rápidamente y es principalmente diagnosticada en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Las personas que tienen diabetes tipo 1, deben recibir insulina todos los días para sobrevivir. En la actualidad, no se puede prevenir la diabetes tipo 1.

Por su parte la diabetes Tipo 2 el cuerpo no usa la insulina adecuadamente y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales, el 90 al 95 por ciento de las personas con diabetes padecen este tipo de diabetes.

Los síntomas asociados a este tipo de diabetes se observan mediante un proceso que evoluciona a lo largo de los años y muchas veces la persona no siente ningún síntoma.

El Tipo 2 generalmente se presenta en personas adultas, aunque es cada vez más frecuente en los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes y a diferencia de la diabetes Tipo 1, esta se puede prevenir o retrasar con cambios de estilo de vida saludables, como bajar de peso si tiene sobrepeso, tener una alimentación saludable y hacer actividad física regularmente.

Otro tipo de diabetes pero que solo se presenta en las mujeres es la gestacional, que aparece en mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes.

La diabetes gestacional generalmente desaparece después de que nace el bebé, pero aumenta el riesgo de que la madre padezca diabetes tipo 2 más adelante en la vida y en el caso del bebe, este tendrá mayor probabilidad de que sea niño o adolescente obeso y que al igual que la madre, presente diabetes tipo 2 en algún momento de su vida.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el número de personas con diabetes es superior a los 422 millones, de los cuales el 12 por ciento se encuentran en países de Oriente Medio y el Norte de África, seguidos por países de la región del Pacífico Occidental, del Sureste Asiático y de América del Norte cada uno con el 11 por ciento de la población mundial con diabetes, y según las estimaciones esta tendencia seguirá al menos hasta el año 2045 tal y como lo muestra la siguiente gráfica.

Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/634960/numero-de-diabeticos-en-todo-el-mun do-por-region/

La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en países de ingresos altos donde los sistemas de salud tienen una mejor y mayor atención en la prevención de enfermedades.

Otro dato importante dado a conocer por la OMS señala que la diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

De igual forma la mortalidad prematura por diabetes creció en un 5 por ciento y desde 2019 la diabetes está dentro de las diez causas más importantes de muerte, provocando más de 1.5 millones de defunciones al año.

En cuanto al costo económico de atender y padecer diabetes, el último Atlas de la Diabetes Federación Internacional de Diabetes (FID) el gasto anual en salud en todo el mundo destinado a esta enfermedad se estimó en 760 mil millones de dólares. Pronosticando que para el 2030 y el 2045, el gasto llegará a los 825 y 845 mil millones de dólares respectivamente.

Este impacto económico no solamente afecta a los sistemas de salud, sino también a los bolsillos de las familias cuando la atención médica tiene que ser financiada por las personas con diabetes.

El mismo informe de la FID señala que el gasto promedio en salud por persona en adultos con diabetes de entre 20 y 79 años de edad, en la región de América del Norte y el Caribe, fue cercano a los 7 mil dólares.

Además, el gasto en salud relacionado con la diabetes fue mayor en las mujeres quienes se vieron en la necesidad de gastar poco más de 382 mil millones de dólares en comparación con los casi 378 mil millones de dólares que gastaron los hombres.

Para nuestro el informe señala que, el gasto total en salud relacionado con la diabetes en adultos de 20 a 79 años de edad fue de 17 mil millones de dólares.

Por su parte el Inegi, en México hay 12 millones de personas que padecen esta enfermedad crónico-degenerativa, mientras que sin diagnosticar son más de 4 millones de mexicanos, lo que nos coloca como el sexto país a nivel mundial con mayor número de personas diabéticas, solo detrás de China, India, Estados Unidos, Pakistán y Brasil.

Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/612458/paises-con-mayor-numero-de-personas -con-diabetes/atista

Cuando la persona con diabetes cuenta con el apoyo de alguna institución médica que pueda disminuir sus gastos, se calcula que el gasto mensual para tratar la diabetes es de 2 mil pesos como mínimo.

En caso de que la persona no cuente con ningún apoyo externo, puede llegar a costarle su tratamiento más de 7 mil pesos al mes.

Al año, una persona que padece esta enfermedad puede llegar a gastar desde 24 mil hasta 90 mil pesos, pero si en la familia hay más de una persona con diabetes, los costos aumentan considerablemente.

Derivado de lo anterior es que se debe buscar la manera de que los servicios de seguridad social en nuestro país garanticen la atención de dicha enfermedad, pero sobre todo la prevención y oportuna detección de la diabetes, lo que permitirá tener pacientes mejor controlados y con una mejor calidad de vida, lo que se traducirá en una mayor expectativa de vida para las personas diabéticas.

Por otro lado, una política de salud encaminada hacía la prevención y oportuna detección también se traducirá en menores costos relacionados a los insumos que se deben adquirir por parte de los sistemas de seguridad social para la atención de las personas que padecen diabetes. Tal y como se señala en el artículo de la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social titulado “Evolución de la epidemia de diabetes mellitus tipo 2 en población derechohabiente del IMSS” en el cual se señala que la estimación del gasto por detección de prediabetes y atención médica para evitar complicaciones, generaría un ahorro del 60 por ciento del gasto que actualmente tiene que hacer el instituto solamente para el caso de la diabetes Tipo 2.

En el caso Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la diabetes Tipo 2 es la primera causa de muerte y octava de morbilidad en las unidades médicas, generándole al Instituto este tipo de padecimiento un gasto superior a los 3 mil millones de pesos por concepto de tratamientos, lo que posiciona al tratamiento de esta enfermedad en el cuarto lugar de los padecimientos más costosos para el Instituto solo después de los padecimientos cardiovasculares, el cáncer e insuficiencia renal. Es por ello que la medicina preventiva se debe convertir en una prioridad para el ISSSTE como para el IMSS.

Reconocemos el interés de las autoridades para atender de mejor manera posible a los pacientes que padecen de diabetes, pero resulta necesario redoblar esfuerzos para lograr una eficaz prevención y oportuna detección para lograr reducir la carga económica y poder otorgar una mejor atención a los pacientes.

En virtud de ello, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social a llevar a cabo acciones tendientes a lograr una eficaz prevención y oportuna detección de la diabetes, incluyendo la incorporación de áreas especializadas en diabetes dentro de las clínicas o Unidades de Medicina Familiar del Instituto.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a llevar a cabo acciones tendientes lograr una eficaz prevención y oportuna detección de la diabetes, incluyendo la incorporación de áreas especializadas en diabetes dentro de las unidades o Clínicas de Medicina Familiar del Instituto.

Notas

1  Véase: Evolución de la epidemia de diabetes mellitus tipo 2 en población derechohabiente del IMSS. Disponible en:

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_me dica/article/view/390/877

2  Véase: Registra actualmente el ISSSTE más de 1 millón 700 derechohabientes con diabetes; índice mayor que la media nacional: LARP. Disponible en:

https://www.gob.mx/issste/prensa/registra-actualmente-el-issste- mas-de-1-millon-700-derechohabientes-con-diabetes-indice-mayor-que-la-media-nac ional-larp

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero de 2023.– Diputada Ana Laura Huerta Valdovinos (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE OAXACA, A INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES SOBRE DOCUMENTOS FALSIFICADOS POR PARTE DE LOS HERMANOS RÍOS ORTIZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Oaxaca a investigar las irregularidades sobre documentos falsificados por parte de los hermanos Ríos Ortiz, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimo cuarto de las Reglas que Regirán las Sesiones y Trabajos de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca a investigar las irregularidades sobre documentos falsificados por parte de las hermanas Ríos Ortiz, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como bien se sabe, el 9 de septiembre de 2019, fue agredida la saxofonista María Elena Ríos, por un ataque con ácido sulfúrico, lo que le provocó quemaduras graves en cara y cuerpo, esta agresión fue hecha por su expareja sentimental y autor intelectual Juan Antonio Vera Carrizal, debido a estas lesiones la saxofonista estuvo internada en la Ciudad de México en el Centro Nacional de Investigación y Atención hasta el 21 de enero de 2021, este evento conmociono a la nación, ya que organizaciones civiles, el gobierno local y federal, así como la sociedad en general se mantuvo al pendiente de este caso.

Se le dio la mayor atención posible, desde medios de comunicación, atención médica, se le abrieron la puertas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República así como por parte del Gobierno para que su vida regresara a la normalidad, sin embargo, el pasado mes de diciembre de 2022, se dio a conocer que aprovechándose del apoyo prestado a María Elena Ríos se le han detectado irregularidades en documentos personales presentados por ella y su hermana Silvia para obtener beneficios personales.

Se da a conocer estas irregularidades por parte del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, (FBI por sus siglas en inglés), después de que las hermanas intentaran tramitar su visa a Estados Unidos con documentos falsos, por este hecho se alertaron a instituciones bancarias que cuentan con sucursales en la región mixteca de Oaxaca.

También se informó que existe una demanda por pensión alimenticia en donde el menor de edad afectado está registrado 2 veces, a nombre de las dos hermanas respectivamente con fechas diferentes, se descubrieron documentos clonados y firmas falsificadas en otros supuestamente expedidos por universidades como la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la Universidad del Golfo de México y la Universidad Regional del Sureste (URSE).

Además de que se sabe que por la agresión causada a María Elena registro como víctima indirecta a su hermana ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal para así obtener un pago mensual de $150,000; dentro de las facultades de la Comisión de Atención a Víctimas es el de acompañar víctimas a recuperar su proyecto de vida y contribuye de forma integral en la atención de todas las victimas ya que dentro de sus programas existen ayudas y subsidios para apoyo a víctimas, como es el caso de María Elena.

Con todos estos actos que se han puesto al descubierto podemos darnos cuenta del nivel de corrupción que existe dentro de las instituciones que deben de resguardar nuestros datos personales como el Registro Civil de Oaxaca, que desde hace varios años llevo denunciando con delitos de robo de identidad y falsificación de documentos dentro de sus instalaciones y con el apoyo de notarios de la entidad.

Además de existir impunidad en el caso de las hermanas Ríos Ortiz, en donde si ya se identificaron las diversas faltas en las que están incurriendo no se esté haciendo nada al respecto y que en este caso mejor las autoridades de otro país estén actuando al respecto en lugar de las propias, a pesar de que se dieron a conocer públicamente documentos sobre los delitos referidos cometidos por las hermanas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realice las investigaciones respectivas por los delitos de robo de identidad y falsificación de documentos de los que se acusan a las hermanas Ríos Ortiz.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a investigar la veracidad de la documentación con la que se encuentran inscritas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno Federal.

Bibliografía

- Página Oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

https://www.gob.mx/ceav

- Red Informativa Oaxaca (2022) Hermanas Ríos Ortiz defraudan y falsifican documentos para actos de extorsión. Recuperado de:

https://www.facebook.com/100064108114093/posts/pfbid02xsz5CZ8vAa pvNvvVecTbgNfNqAbAAf5K2DpbJGNYB79khfcES1cxNGZNt3dmq1iKl/?mibextid=Nif5oz

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A ATENDER DE MANERA PRIORITARIA LA CRISIS ACTUAL DEL STC METRO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a atender de manera prioritaria la crisis actual del STC Metro, implementar medidas necesarias para la reparación integral del daño de las víctimas y familiares de la Línea 3 y otorgar garantías de seguridad, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. A lo largo de varias décadas, el metro de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los sistemas de transporte más importantes para la ciudad y sus habitantes, esto debido a la conectividad de sus diversas líneas que permiten a las personas usuarias desplazarse desde distintos puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Origen - Destino de la Zona Metropolitana del Valle de México, misma que fue realizada en 2017, dio como resultado que el Sistema Colectivo Metro, ocupaba el segundo lugar en frecuencia de uso dentro del abanico de transporte público que ofrece la Ciudad, dando servicio a más de 4 millones de personas por día.

Luego de la llegada del covid-19, dichas cifras fueron modificadas, sin embargo; el Metro de la Ciudad de México sigue siendo uno de los medios de transporte con mayor afluencia de pasajeros. Incluso datos del Gobierno de la Ciudad de México, reflejan que durante el 2022, el Metro registró aproximadamente 2 millones 760 mil viajes diarios, y la Jefa de Gobierno aseguró que el 75 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México se mueven en transporte público.

Lo anterior, refleja la evidente necesidad de invertir en el Metro de la Ciudad de México para mejorar las condiciones de viaje de quienes lo utilizan. No obstante, a lo largo de los años hemos visto una escasa inversión por parte de los gobiernos en turno. Desafortunadamente, el metro de la Ciudad de México en los últimos tres años se ha enfrentado a una grave crisis debido a la falta de mantenimiento e inversión, misma que es visible debido a una serie de sucesos que han puesto en riesgo la vida de las y los usuarios, así como de los trabajadores de dicho sistema, sin que esto haya significado un interés por parte del gobierno local para dar solución a dicha problemática.

A continuación, se enlistan algunos de los incidentes y tragedias ocurridas en las instalaciones del metro de la Ciudad de México en pasados meses y años:

Metro Tacubaya (Marzo 2020)

El 10 de marzo de 2020 alrededor de las 23: 30 horas, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya  correspondiente a la línea 1, dejando a una persona fallecida y al menos 41 personas lesionadas.

De acuerdo con el peritaje que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el accidente fue consecuencia de una serie de errores humanos, omisiones en la operación de los procedimientos de seguridad y aseguró que este hecho “se pudo haber evitado.”

Incendio en Centro de Control 1 (Enero 2021)

El 9 de enero de 2021, en el Centro de Control 1 del Metro, ocurrió un incendio en el que murió una policía y resultaron más de 30 personas lesionadas. Este accidente provocó la suspensión del servicio en seis líneas lo que ocasionó un caos de movilidad, afectando la vida cotidiana de miles de personas.

Sobre el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el incendio había ocurrido por un corto circuito en un embobinado de un transformador y que había iniciado dos carpetas de investigación por los delitos de homicidio culposo y daños por el incendio.

Desplome Línea 12 (Mayo 2021)

El 3 de mayo de 2021 a las 22: 11 horas, colapsó una trabe de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, que dejó a 26 personas fallecidas, 104 lesionadas, así como diversas afectaciones en materia de movilidad, y que a casi dos años de lo ocurrido, aún no hay responsables de la tragedia y ninguna persona ha sido procesada por dicho desplome, siendo que la tragedia fue de una dimensión inédita en nuestro país e, incluso, del conocimiento mundial.

Incendio Línea 2 (Julio 2022)

Este acontecimiento demostró una vez más la falta de atención al Metro de la Ciudad de México, ya que se registró un incendio en las vías de la Línea 2, mismo que de acuerdo a las autoridades fue ocasionado por un cortocircuito en la subestación ubicada entre Xola y Villa de Cortes, por lo que las y los usuarios afectados se mantuvieron atrapados en los vagones del metro por más de una hora, hasta que los servicios de Protección Civil llegaron al lugar de la explosión para desalojar a las y los pasajeros.

II. Lamentablemente, las tragedias no han dejado de ocurrir; el pasado sábado 7 de enero de 2023, aproximadamente a las 9: 15 de la mañana ocurrió el choque de dos trenes entre las estaciones Potrero y La Raza en la Línea 3 del Metro. Como consecuencia de este choque, falleció una joven estudiante de la UNAM de 18 años de edad y 59 personas más recibieron lesiones por lo que tuvieron que ser trasladados a hospitales de la Ciudad de México. Según las autoridades de la Ciudad de México, el choque ocasionó que cuatro personas quedaran “prensadas” entre el fierro de ambos vagones.

Cabe mencionar, que cuando sucedió este choque, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, no se encontraba en la Ciudad de México pues había viajado a Michoacán, presuntamente, a impartir una conferencia. Luego de su llegada a la Ciudad de México, ofreció una conferencia de prensa sin dar mayores detalles de lo ocurrido y sin permitir preguntas de los periodistas y familiares que se encontraban ahí.

Posteriormente y tras el lamentable accidente, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron a la zona y abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro, sin que hasta el momento haya un informe detallado de lo que ocurrió.

Cabe destacar que en meses posteriores y en reiteradas ocasiones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había reconocido que la Línea 3 del Metro necesita una modernización similar a la que se realiza en la Línea 1 del Metro, cuyo servicio fue suspendido parcialmente en 2022 y cuyas obras aún se encuentran en la primera etapa y en espera de que entre en funcionamiento este año.

“La Línea 3, por ejemplo, es una Línea también muy antigua que requiere su modernización, a lo mejor ya no nos da tiempo a nosotros, pero va a requerir -a la siguiente administración- pues dejarlo -ya dependerá de quien llegue-, pero dejarle el proyecto de lo que significa la rehabilitación de la Línea 3, que es una de las líneas que requiere hoy una mayor inversión, aun así, como el caso de la Línea 1.”

A pesar de reconocer públicamente de las necesidades y la urgencia de realizar un mantenimiento adecuado a las líneas ya detectadas por sus fallas en el Metro de la Ciudad de México y de una urgente atención por parte de la autoridades, hoy se tienen personas lesionadas y pérdidas humanas que pudieron ser evitadas.

A su vez, es importante recordar que las autoridades de la Ciudad de México ya tienen conocimiento de las condiciones en las que opera la línea 3, además de los antecedentes de la línea 12 que debieron servir como experiencia para evitar este tipo de tragedias derivadas de la  negligencia gubernamental de otorgar seguridad a  millones de usuarias y usuarios que a diario utilizan este transporte tan importante para la Ciudad de México.

III. Cabe destacar que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece el derecho a la movilidad en su artículo 13, apartado E, mismo que dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.”

Por su parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la movilidad se encuentra referido en el artículo 4, que a la letra dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”.

Por otro lado, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, contempla que toda política en la materia deberá atender los siguientes principios:

- Accesibilidad. Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales y eliminar obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas.

- Calidad. Garantizar que los sistemas de movilidad, infraestructura, servicios, vehículos y transporte público cuenten con los requerimientos y las condiciones para su óptimo funcionamiento con propiedades aceptables para satisfacer las necesidades de las personas.

- Confiabilidad. Ofrecer certeza a las personas usuarias de los servicios de transporte de que los tiempos de recorrido, los horarios de operación y los puntos de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, con el objetivo de que éstas puedan planear de mejor manera sus recorridos.

- Diseño universal. A fin de incluir a todas las personas independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de cada centro de población.

- Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles, tanto de personas usuarias como de bienes y mercancías, optimizando los recursos ambientales y económicos disponibles.

- Equidad. Reconocer condiciones y aspiraciones diferenciadas para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades, tanto para mujeres y hombres, así como otros grupos en situación de vulnerabilidad.

- Habitabilidad. Generar condiciones para que las vías cumplan con las funciones de movilidad y creación de espacio público de calidad.

- Inclusión e Igualdad. Atender de forma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad.

- Movilidad activa. Promover ciudades caminables, así como el uso de la bicicleta y otros modos de transporte no motorizados, como alternativas que fomenten la salud pública, la proximidad y la disminución de emisiones contaminantes.

- Multimodalidad. Ofrecer múltiples modos y servicios de transporte para todas las personas usuarias, los cuales deben articularse e integrarse entre sí y con la estructura urbana, para reducir la dependencia del vehículo particular motorizado.

- Participación. Establecer mecanismos para que la sociedad se involucre activamente en cada etapa del ciclo de la política pública.

- Perspectiva de género. Visión científica, analítica y política que busca eliminar las causas de la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género y que promueve la igualdad entre hombres y mujeres.

- Progresividad. Garantizar que el derecho a la movilidad y sus derechos relacionados, estén en constante evolución, de manera progresiva y gradual.

- Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor.

- Seguridad. Proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.

- Seguridad vehícular. Promover la protección que brinda un vehículo de motor a las personas pasajeras y usuarias vulnerables, y demás usuarias de la vía, contra el riesgo de muerte o lesiones graves en caso de siniestro.

- Sostenibilidad. Satisfacer las necesidades de movilidad procurando los menores impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras.

- Transparencia y rendición de cuentas. Garantizar la máxima publicidad y acceso a la información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa.

- Transversalidad. Instrumentar e integrar las políticas, programas y acciones en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

- Uso prioritario de la vía o del servicio. Concientizar a personas usuarias de la vía y transporte público sobre la necesidad que tienen las personas con discapacidad y las personas con movilidad limitada, de usar en determinadas circunstancias, las vías de manera preferencial con el fin de garantizar su seguridad.

A su vez, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece lo siguiente:

“Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;

II. Ciclistas;

III. Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros;

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros;

V. Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías; y

VI. Usuarios de transporte particular automotor.”

IV. En Movimiento Ciudadano hemos exigido en repetidas ocasiones, a través de diversos instrumentos legislativos que no haya impunidad, ni excusas, ni protegidos y que se dé pronta justicia antes las diversas tragedias ocurridas en el Metro de la Ciudad de México. Asimismo, en la Bancada Naranja hemos exigido transparencia en las investigaciones, una verdadera rendición de cuentas, certeza de acceso a justicia a víctimas y familiares de las mismas, así como la creación de una Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con el colapso de la Línea 12, en la Cámara de Diputados. Esta misma Comisión Especial, fue solicitada en el Congreso de la Ciudad de México, misma que ha sido rechazada de manera contundente.

En la Bancada Naranja, de nueva cuenta alzamos la voz para evidenciar la falta de interés por parte del Gobierno de la Ciudad de México, a la crisis que vive actualmente el Metro de la Ciudad de México, mismo que se encuentra en total abandono presupuestal, lo que provoca una mínima inversión en su operación y funcionalidad.

Reiteramos que daremos puntual seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades correspondientes para que ofrezcan justicia a las víctimas de la Línea 3 y las anteriores tragedias; para que se termine con toda omisión, silencio y opacidad, y que dichos sucesos no queden en el olvido, y exista memoria de que algo así no debe ocurrir de nueva cuenta.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la  jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que en el marco de sus atribuciones y competencias, atienda de manera prioritaria la crisis que atraviesa el metro de la Ciudad de México, debido a la falta de mantenimiento e inversión en sus instalaciones y operación del mismo, a través de un plan emergente de mantenimiento preventivo y correctivo que permita garantizar el derecho a la movilidad de todas las personas usuarias del metro de la Ciudad de México en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso de la Ciudad de México, para que en términos del artículo 13, fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, solicite de manera inmediata la comparecencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; y de Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo México, con el objetivo de que ambos funcionarios presenten un informe detallado respecto a la situación actual que guarda el metro de la Ciudad de México; así como a presentar un informe detallado de lo ocurrido en la Línea 3 del metro de la Ciudad de México, el pasado 7 de enero.

Tercero. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a implementar las medidas necesarias que propicien la reparación integral del daño en favor de las víctimas y sus familiares, derivado de los hechos ocurridos el 7 de enero de 2023 en la Línea 3 del metro de la Ciudad de México, así como a otorgar garantías de seguridad y de no repetición con la finalidad de proteger la integridad física de las y los usuarios del dicho transporte público.

Cuarto.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la Ciudad de México a realizar de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer de inmediato las causas que ocasionaron el choque de dos trenes en la Línea 3 del metro de la Ciudad de México, así como a impartir justicia rápida y expedita a víctimas y familiares.

Notas

1  INEGI. Encuesta Origen Destino ZMVM. INEGI. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resul tados_eod_2017.pdf

2  Ídem.

3  Gobierno de la Ciudad de México. “Foro Transformando el Transporte 2022” Gobierno Ciudad de México. Recuperado de:

https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/foro-transformando-el-tran sporte-2022/

4  Estos son los accidentes más graves del Metro de la CDMX. El Financiero. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/05/04/estos-son-los-ac cidentes-mas-graves-del-metro-de-la-cdmx/

5  ídem

6  ídem

7  Línea 3 del metro de la CDMX reanudará servicio hasta nuevo aviso, Periodico El Financiero, 9 de enero de 2023, recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2023/01/08/linea-3-del-metr o-cdmx-servicio-de-indios-verdes-a-tlatelolco-se-reanudara-hasta-nuevo-aviso/

8 Constitución Política de la Ciudad de México. Recuperado de:

https://infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitu cion_%20Politica_CDMX.pdf

9  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

10  DOF. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha =17/05/2022#gsc.tab=0

11  “Proposición con punto de acuerdo, para solicitar la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con el colapso de un tramo de vía de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, ocurrido el 3 de mayo de 2021, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano” Recuperado de:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/09/asun_4 220500_20210923_1631646704.pdf

12  Redacción. “Congreso CDMX rechaza la creación de la Comisión Especial de la L12”. El Universal. Recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/congreso-cdmx-rech aza-la-creacion-de-la-comision-especial-de-la-l12

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A RESPETAR DE MANERA PUNTUAL LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a respetar de manera puntual lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 49, señala que:

Artículo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Que la jerarquía del artículo constitucional anteriormente enunciado radica en fortalecer la autonomía y respeto total al principio de división de poderes, pues este compone la columna vertebral de un sistema democrático,

Se enaltece que con ello se evita el abuso y uso institucional de una sola persona.

Desde los estudios antiguos se fijó que esta forma estructural organizaba y fortalecía al Estado de manera democrática e inclusiva, dividiendo funciones en distintas esferas, lo que favorecía para acotar la concentración del poder en una persona.

En México, la separación de poderes establecido en el orden constitucional permite una convivencia democrática de pesos y contrapesos para evitar que un poder invada esferas de competencia abusando de los otros.

Cuando se tiene un sistema constitucional donde se establecen las divisiones de los tres poderes y no se cumplen, es porque la propuesta democrática es desviada por el poder Ejecutivo para afianzar el poder personal, a través del acotamiento del poder de los otros dos.

En últimas fechas desde el Poder Ejecutivo se han emitido distintos comentarios que hacen pensar en la inexistencia o vulneración la división de poderes, lo que pone en riesgo nuestra democracia y por ende el bien común de la sociedad mexicana.

Se han vertido desde la tribuna de la Cámara de Diputados, en reiteradas ocasiones, que esta Cámara que conforma en un Poder Legislativo se está convirtiendo en una fiel oficialía de partes al servicio del Poder Ejecutivo.

Con ello se ha roto y vulnerado la independencia y se castiga fuertemente a quienes pensamos distinto, basta para ellos recordar la infamia y calumnias a través de panfletos cuando no se apoyó la reforma energética.

Hemos comprobado que ante las erradas estrategias del ejecutivo y que son aprobadas por el legislativo sin un verdadero análisis y discusión, como se ha dado notoria carga y, es ahí donde destaca la importancia del Poder Judicial de la Federación, como un poder autónomo.

Hace unos días, desde la denominada mañanera, el ejecutivo federal manifestó que tenía la simpatía de unos ministros y que unos más propuestos por el propio ejecutivo se han deslindado.

Lo aterrador es que con desvergüenza y sin pudor se está hablando de un acto que atenta contra la constitución y la división de poderes.

Que, es urgente que a los poderes Legislativo y Judicial se les den las garantías de autonomía que marca la Constitución, que es amenazante que desde el Ejecutivo se hagan esas aseveraciones y daños a la independencia, a la democracia y autonomía que permiten una libertad y autonomía institucional a favor de los y las habitantes de este país.

Por lo anteriormente señalado y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la suscrita pone a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, depositado en la máxima figura de presidente constitucional, para que se apegue y respete de manera puntual lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Notas

1 www.diputados.gob.mx.

2 www.elnoticieroenlinea.com/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE ATRAVIESA EL PAÍS DESDE EL INICIO DEL AÑO 2023, ACRECENTADA POR LA DETENCIÓN DE OVIDIO GUZMÁN

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la situación de violencia que atraviesa el país desde el inicio del año 2023, acrecentada por la detención de Ovidio Guzmán López, así como las acciones y estrategias tendentes a inhibir dicha situación de violencia, a cargo de los senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria y Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario Plural

Los suscritos, senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria y Gustavo Enrique Madero Muñoz, integrantes del Grupo Parlamentario Plural ante la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 110, numerales 1 y 2, 175, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la situación de violencia que atraviesa el país desde el inicio del año 2023, acrecentada por la detención de Ovidio Guzmán López, así como las acciones y estrategias tendientes a inhibir dicha situación de violencia.

Solicito su amable apoyo para que la presente proposición con punto de acuerdo sea inscrita de urgente resolución en el orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura, a realizarse el miércoles 11 de enero del año en curso en modalidad presencial y pueda ser presentada en tribuna por el senador Gustavo Enrique Madero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Si bien la violencia en nuestro país ya es crecientemente epidémica desde que en 2006 inició un paradigma militarizante de la seguridad pública, resulta de especial conmoción que en lo que va de la primera quincena del año 2023, esta se haya recrudecido para alcanzar un punto de inflexión: 397 homicidio en la primera semana del año.

Múltiples hechos de violencia se han registrado en varias entidades de la República mexicana en los escasos días del nuevo año, los cuáles de manera enunciativa mas no limitativa enumeraremos en lo subsecuente, enfocándonos en los que causaron un especialmente alto nivel de violencia:

1. El 1 de enero del presente año, la bienvenida fue el asalto al Centro de Readaptación Social No. 3 (Cereso 3) de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, el saldo fue el asesinato de 7 personas internas y 10 custodios de la penitenciaria, según reporta el diario español El País. La refriega inició alrededor de las 7: 00 de la mañana cuando varios hombres armados llegaron a las afueras del Cereso 3 en vehículos blindados, abrieron fuego en contra de las personas que custodiaban la entrada a la penitenciaria. Mientras se desencadenaba un intercambio y cruce de balazos afuera del penal, al interior inició el motín.

Este diario reportó que la Fiscalía de Justicia del estado de Chihuahua confirmó que hubo otras 13 personas heridas entre familiares que esperaban entrar a la visita. Tanto el asalto como el motín tuvieron como objetivo la “liberación” de un grupo de personas pertenecientes a la banda delincuencial local Los Mexícles, relacionada con la banda delincuencial de Sinaloa/Pacífico, se fugaron para decirlo con todas sus letras 27 presos de enorme peligrosidad uno de ellos, fue el líder de la banda local, ahora fallecido en el operativo de su recaptura Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz (a) El Neto.   En la fuga, aprovecharon para realizar diversas acciones en contra de otros grupúsculos criminales antagónicos.

1. El temor se apoderó de la ciudad y de las y los ciudadanos a quién la autoridad llamaba a no salir de sus casas, dejando a las personas en desprotección.  Como parte de le espiral violenta, otras dos mujeres fallecieron al ser incendiado el local en el que trabajaban y cuatro personas más fueron acribillados a las puertas de una pizzería, entre ellos, el locutor de radio, Alan González y tres compañeros.

Valga abundar en el operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigación, la Fiscalía de Distrito zona Norte y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad para la recaptura de las personas prófugas de la justicia, especialmente, como ya comentamos, la de Piñón de la Cruz quien murió la madrugada del jueves 5 de enero tras enfrentar a agentes estatales y federales en Ciudad Juárez, Chihuahua.

2. Ciudad Juárez no fue la única ciudad sometida por la violencia en la primera semana del año, también hubo varios enfrentamientos armados que aterrorizaron a las poblaciones de Tijuana, Tecate, Mexicali, Guanajuato y Guadalajara. En apenas una semana el crimen organizado puso en jaque a varias de las entidades federativas que ya de por sí han sufrido violencia durante varios años en el país.

3. El 5 de enero del año, fue detenido en la comunidad de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, el hijo Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo, Ovidio Guzmán López en un operativo planificado producto de un trabajo de inteligencia de varios meses en que colaboró la Agencia Central de Inteligencia estadunidense con el grupo de élite que había realizado el primer Culiacanazo en 2019, según reportó en su columna en el periódico Reforma, Peniley Ramírez.

Guzmán López ha sido denunciado como uno de los mayores productores y distribuidores fentanilo más relevantes y líder de una célula de la banda de Sinaloa llamada Los Menores o Los Chapitos, conformada por los descendientes de los líderes mayores del grupo criminal.

Su detención, que en esta ocasión sí se concretó, produjo varios bloqueos en diversos puntos de Culiacán, así como múltiples enfrentamientos en diversos puntos de la ciudad, vehículos y tráileres robados e incendiados para impedir el paso y con ello bloquear las salidas de Culiacán, cerraron negocios, escuelas y de diversas oficinas de gobierno, paralizando en su totalidad la ciudad.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, como en cada entidad federativa en que las autoridades son incapaces de contener la violencia institucional y criminal que se genera cuando hay enfrentamientos armados, solicitó a la población de la capital del estado que no salieran de sus domicilios hasta reportar mejores condiciones de seguridad.

Los actos de sabotaje y violencia no sólo ocurrieron en el estado de Sinaloa, sino que se manifestaron también en Sonora, entidad en la que el grupo delincuencial Sinaloa ejerce una fuerte influencia.

Otros objetivos de la delincuencia organizada para intentar, como lo hicieron el jueves 17 de octubre del 2019 impedir la detención de uno de sus líderes, fueron aviones de la Fuerza Aérea Mexicana entre ellos un Casa C-295, el cual habría tenido que iniciar una estrategia de emergencia para aterrizar sin un motor, así como otro avión que aterrizo en el aeropuerto Internacional de Culiacán y que en cuanto arribo fue atacado.

Vale recordar que con el conocido coloquialmente como el Culiacanazo de 2019, también fueron cruentas las acciones y amenazas de los delincuentes pertenecientes a la banda Sinaloa que se enfrentaron con las fuerzas del Estado para impedir la detención de este hijo de Guzmán Loera, pero aquel operativo fracasado y que representó una afrenta al Ejército mexicano dado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó soltar al delincuente bajo el argumento plausible de evitar un baño de sangre.

No se puede regatear el operativo que condujo a la detención efectiva de Ovidio Guzmán López en esta segunda ocasión, fue una reivindicación a la labor de inteligencia y colaboración del Ejército, aunque haya contradicciones que han sido señaladas por la periodista Ramírez. Ahora es fundamental que se proporcione información precisa de si existen o no en nuestro país, carpetas de investigación sobre la actividad delictiva acreditada por las instancias de procuración de justicia federal y locales. Al momento, sólo se sabe que fue detenido para efectos de extradición a solicitud de autoridades ministeriales estadunidense.  No hay claridad sobre las imputaciones ministeriales mexicanas.

4. Estos hechos violentos están lejos de ser los únicos que se han dado para bienvenir el año 2023.  El 6 de enero, en varias comunidades del Municipio de Coyuca de Catalán en el Estado de Guerrero hubo también enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.

Un medio de comunicación local reportó:

De este enfrentamiento fueron privados de la vida Salvador Navarro Peñaloza, alias “El Zarco”, jefe de una célula de La Familia Michoacana, de dos de sus hermanos, así como de un hermano de Eusebio Echeverría Tabárez, presidente municipal de Coyuca de Catalán.

El año 2023 se inauguró como terminó:  un nivel de violencia incontenible en todo el territorio por lo que habría preguntarse retóricamente para no dejar: ¿quién está a cargo de contener la violencia y salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos?

Esta pregunta resulta de urgente respuesta porque se le ha apostado por el gobierno federal obradorista no sólo a profundizar el paradigma militarizante de la seguridad iniciado por su alter ego, Felipe Calderón, continuado por quién parece protegido por el obradorato, el señor Enrique Peña Nieto, sin que haya ninguna evidencia de que la militarización de la seguridad ha tenido éxito en reducir el trasiego de drogas, en recuperar territorios ocupados por las redes macrocriminales de la clase política de antaño y la nueva de la 4ta en connivencia con las bandas delincuenciales de alto impacto y sus grupúsculos generadores de niveles de barbarie inconcebible en sociedades democráticas y civilizadas.

Violentar a la Constitución para entregarle no sólo la seguridad sino más de 226 tareas civiles a las Fuerzas Armadas no ha dado ningún resultado. Es muy lamentable ver que ante cada nuevo hecho de violencia extrema en las entidades federativas, salen a conferencia la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a usar lugares comunes como que “no vienen a ganar una guerra” y acto seguido darle la palabra jefe de la institución de la guerra, al verdadero responsable de la inexistente estrategia de seguridad pública, ya no soñemos seguridad ciudadana, el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval para que intente explicar ahora que pasó.

En razón de que hay servidores públicos para el adorno y titulares de secretarias que, en franca violación Constitucional, son los verdaderos responsables de las tareas civiles de preservar la seguridad, consideramos que ya no deben negarse a la obligación de rendir cuentas al pueblo de México, y por consiguiente a la soberanía de la República ahora representada en la Comisión Permanente sobre la situación de violencia en el país, así como de las estrategias de seguridad para hacerles frente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 110, numerales 1 y 2, 175, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la situación de violencia que atraviesa el país desde el inicio del año 2023, acrecentada por la detención de Ovidio Guzmán López, así como las acciones y estrategias tendientes a inhibir dicha situación de violencia, de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a la titular y titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Comandante de la Guardia Nacional y al Fiscal General de la República un informe escrito a presentar en un plazo de una semana para posteriormente ser invitados a una reunión con el pleno de esta Comisión representante de la soberanía de la República a fin de que expliquen a detalle:

I. Las acciones delincuenciales e institucionales que han derivado en la ola de violencia que ha habido en el territorio nacional en lo que va del año 2023.

II. Las circunstancias y labores del operativo ejecutado para lograr la detención de Ovidio Guzmán López, así como que también se informe sobre las condiciones de su eventual extradición a los Estados Unidos de América.

III. Que informen sobre la estrategia nacional de seguridad pública a implementar para enfrentar la terrible ola de violencia que suscita en todo el territorio nacional en lo que va del año 2023.

IV. ¿Cuáles son las imputaciones ministeriales que existen en las carpetas de investigación que se encuentren asentadas en la Fiscalía General de la República respeto de la presunción de la comisión de delitos contra la salud y otros, cometidos por Ovidio Guzmán López?

Notas

1 El Universal, “397 asesinatos en una semana; inicio violento de 2023 en el país”, en periódico El Universal, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/dias-de-muerte-van-casi-4 00-homicidios, Consultado el 9 de enero del 2023.

2 El País, “Un ataque a un penal de Ciudad Juárez y un motín dejan 17 muertos y 25 fugados”, en Periódico El País, Internacional, Noticias México, Madrid, España, 2023, Disponible en:

https://elpais.com/mexico/2023-01-01/un-motin-en-un-penal-de-ciu dad-juarez-permite-la-fuga-de-una-veintena-de-presos.html, Consultado el 9 de enero de 2023

3 Ídem.

4 Ibídem.

5 El Financiero, “Muere ‘El Neto’, líder de ‘Los Mexícles’, tras enfrentamiento contra la policía en Ciudad Juárez”, en periódico el Financiero, Estados, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/05/muere-el-neto -lider-de-los-mexicles-tras-enfrentamiento-contra-la-policia-en-ciudad-juarez/, Consultado el 9 de enero del 2023.

6 El País, “Un ataque a un penal de Ciudad Juárez y un motín dejan 17 muertos y 25 fugados”, en Periódico El País, Internacional, Noticias México, Madrid, España, 2023, Disponible en:

https://elpais.com/mexico/2023-01-01/un-motin-en-un-penal-de-ciu dad-juarez-permite-la-fuga-de-una-veintena-de-presos.html, Consultado el 9 de enero de 2023.

7 La Jornada, “Detienen a Ovidio, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, en Culiacán”, en periódico La Jornada, Política, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/05/politica/detienen-a- ovidio-guzman-en-culiacan/, Consultado el 9 de enero del 2023.

8 Ramírez Peniley; “La cacería de Ovidio” en Periódico Reforma. 8 de enero 2023. Consultada en tuiter @penileyramirez

9 Cfr. Ídem.

10 Cfr. Ídem.

11 La Jornada, “Detienen a Ovidio, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, en Culiacán”, en periódico La Jornada, Política, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/05/politica/detienen-a- ovidio-guzman-en-culiacan/, Consultado el 9 de enero del 2023.

12 Cfr. Expansión Política, “Atacan dos aeronaves en aeropuerto de Culiacán”, en Expansión Política, Estados, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://politica.expansion.mx/estados/2023/01/05/atacan-dos-aero naves-en-aeropuerto-de-culiacan, Consultado el 9 de enero del 2023.

13 Cfr. Aristegui Noticias, Así fue el ‘Culiacanazo’: el primer intento fallido de detener a Ovidio Guzmán, en Aristegui Noticias, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://aristeguinoticias.com/0501/investigaciones-especiales/as i-fue-el-culiacanazo-el-primer-intento-fallido-de-detener-a-ovidio-guzman/, Consultado el 9 de enero del 2023.

14 Cfr. La Opinión, “Reportan muerte de ‘El Zarco’, líder de La Familia Michoacana y dos de sus hermanos”, en La Opinión, México, Ciudad de México, México, 2023, Disponible en:

https://laopinion.com/2023/01/07/reportan-muerte-de-el-zarco-lid er-de-la-familia-michoacana-y-dos-de-sus-hermanos/, Consultado el 9 de enero del 2023.

15 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, a los once días del mes de enero de dos mil veintitrés.– Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria y Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL CONGRESO DE JALISCO, A REVISAR LA SITUACIÓN DE HOSTIGAMIENTO A LA CUAL SE ENFRENTA LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Jalisco a revisar la situación de hostigamiento a la cual se enfrenta la Universidad de Guadalajara, suscrita por la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por el artículo 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En un régimen democrático el respeto a la libre manifestación y el derecho a la defensa del medio ambiente son acciones que no deberían tener como respuesta actos de reprensión por parte de ninguna autoridad.

La detención y posterior encarcelamiento de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, es un acto que reprobamos porque da cuenta de la represión y el modo de condenar la defensa del medio ambiente y los bienes de una sociedad.

El hostigamiento a la comunidad de la UdeG no inició hace unas semanas, sino que se ha recrudecido en el último año y la muestra más condenable es quitarles la libertad a tres jóvenes por pretender preservar un bien colectivo que es una reserva natural, parte de esa universidad, dista mucho de ante una manifestación de ideas, hacer un uso indebido de la fuerza del Estado.

Los derechos constitucionales de estos jóvenes les permiten manifestarse, sin que esto implique violar su debido proceso y acusarles de despojo de forma violenta.

Las autoridades del estado de Jalisco deben intervenir tras el encarcelamiento de estos alumnos, que al igual que otros de sus compañeros y compañeras instalaron un plantón para defender esa reserva natural.

Ante la detención y el haber internado a estos jóvenes en el penal de Puente Grande, ya han alzado la voz diferentes asociaciones universitarias y diversas federaciones estudiantiles del país, me uno a esas voces para pedir respeto al debido proceso y a todos los derechos de una sociedad para manifestarse.

Por eso a través de este punto de acuerdo solicito la intervención de diferentes autoridades para revisar el procedimiento judicial al cual se les sometió y saber cuál fue la actuación de la Fiscalía del gobierno de Jalisco para que un juez determinara vincular a proceso a esos tres estudiantes.

Llamo a todas y todos los legisladores que son parte de la Comisión Permanente a votar en favor de este punto de acuerdo, para que con base en información exhaustiva se apliquen criterios apegados a derecho y no se mantenga un criterio de represión en aras de privilegiar intereses de grupo.

Por ello, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Congreso del estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise la situación de hostigamiento a la cual se enfrenta la Universidad de Guadalajara.

Segundo.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, al Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise el que se haya cumplido el debido proceso en el caso de Javier Armenta, Iván Cisneros y José Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara, vinculados a proceso por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas el pasado 6 de enero.

Tercero.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, medien ante las autoridades del estado de Jalisco para dar solución a la situación descrita que afecta a la comunidad de la Universidad de Guadalajara.

Dado en el Senado de la República, a 11 de enero de 2023.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A RESPETAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL CIUDADANO GUILLERMO SHERIDAN PRIETO, INVESTIGADOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS LITERARIOS DE LA UNAM

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a respetar la libertad de expresión del ciudadano Guillermo Sheridan Prieto, investigador en el Centro de Estudios Literarios de la UNAM, suscrita por la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del PAN

Lilly Téllez, senadora de la República por el estado de Sonora en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a respetar la libertad de expresión del ciudadano Guillermo Sheridan Prieto, investigador en el Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ejerce lícitamente su actividad profesional, así como a no atacarlo, y a garantizar el derecho de acceso a la información de las personas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La libertad de expresión es un pilar fundamental de todo sistema democrático, entendida como el derecho humano que tienen todas las personas de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley”.

2. Al respecto, el artículo 6o., párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan lo siguiente:

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

3. Por su parte, el artículo 7o. constitucional señala que:

“es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito”.

4. Es importante también destacar, en el presente asunto, la parte contenida en el artículo 3o. constitucional, fracción VII, que dice: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.

5. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

6. Por su parte, la libertad de prensa, como parte del ejercicio de la libertad de expresión, es el derecho que ejercen los medios de comunicación —impresos y electrónicos—, los periodistas, así como los académicos que publican sus artículos e investigaciones como su derecho de expresarse libremente por cualquier medio para informar a la sociedad, sin que puedan ser censurados previamente por sus opiniones y sin que se les ataque por brindar la información producto de su trabajo. Es también la libertad académica, misma que se rige por dichas consideraciones.

7. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1983, proclamó el 3 de mayo de cada año como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en cumplimiento de una recomendación aprobada en la vigésimo sexta reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1991 y como un reconocimiento a su importancia en el mundo.

8. Esa fecha “brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión”.

9. Tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa “constituyen el núcleo del mandato de la Unesco y considera que estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible”.

10. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria durante el 182 periodo ordinario de sesiones, celebrado del 6 al 17 de diciembre de 2021 y manifestó que:

“...la libertad académica es un derecho humano independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos que incluyen la protección del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia y de religión, el derecho a los beneficios de la cultura y el progreso científico, así como los derechos laborales y sindicales, todos estos reconocidos en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —“Protocolo de San Salvador”-, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer —“Convención de Belem do Pará”—, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, entre otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales”.

11. Tengamos presente que un elemento esencial de toda democracia es el disenso. La pluralidad de opiniones en una sociedad es necesaria al igual que la crítica y, además, permite que los gobernantes conozcan lo que la ciudadanía piensa sobre determinados temas que, inclusive, puede ayudarlos para la toma de decisiones o para que modifiquen o fortalezcan las políticas públicas.

12. Los gobernantes y las autoridades de todas las esferas de gobierno deben de contribuir al respeto y a la protección del ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad académica y del derecho de acceso a la información; derechos que se encuentran reconocidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales, así como por el 3o.

13. Lamentablemente en nuestro país, el derecho de la libertad de prensa se ha convertido en un riesgo para quienes desean ejercerla, porque los periodistas no solamente se deben de cuidar de la posibilidad de sufrir algún atentado en el que se ponga en peligro su integridad física o su propia vida, sino que también son objetos de una serie de ataques por parte del presidente de los Estados Unidos Mexicanos que les ocasiona, en principio, un daño moral. La realidad ya incluye a los académicos que difunden sus trabajos en los medios de comunicación.

14. Resulta inconcebible que, desde el Poder Ejecutivo federal, que es quien debería de salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión tanto de las personas como de los medios de comunicación, de los periodistas y de los académicos, además del derecho de acceso a la información de las personas, sea el que los ataque todos los días, fomentando un linchamiento público cuya única responsabilidad que tienen es la de ejercer legal y legítimamente su actividad laboral de investigar y de informar a la sociedad.

15. No es suficiente que el presidente de la República, so pretexto de ejercer su libertad de expresión, diga que respeta la libertad de prensa pero al mismo tiempo ataque a los medios de comunicación, a los periodistas y analistas que escriben sus columnas de opinión, publican reportajes de investigación o emiten sus posturas sobre la forma de gobernar de la presente administración federal al decirles en forma constante que son “chayoteros”, “conservadores”, “prensa fifí”, “hampa del periodismo”, “prensa vendida”, “les pagan para atacarme”, “adversarios”, “periodismo tendencioso”, entre otros adjetivos.

16. En el caso de los medios de comunicación y de los periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador es constante en sus ataques durante sus conferencias de prensa en Palacio Nacional que, más que ser ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, pareciera que son juicios sumarios en contra de quienes no comparten su forma de pensar y de gobernar. Ahora, ya lo extiende a los académicos. Por ejemplo, resalto las palabras que ha pronunciado en contra del investigador Guillermo Sheridan Prieto:

• 4 de enero de 2023.

“Pues ya se ha hablado mucho, (Guillermo Sheridan Prieto) es toda una intelectualidad vinculada al conservadurismo. Antes se encargaban de legitimar la corrupción, de legalizar la corrupción, tenían el papel de alcahuetes del régimen, recibían muchas prebendas, eran como sociedades de grupos de intelectuales orgánicos manejados unos por Krauze y otros por Héctor Aguilar Camín, esto desde Salinas, que los cooptó a todos.

Y entonces, como había ciertas diferencias porque los de Nexos, de Aguilar Camín, venían supuestamente de una corriente de pensamiento progresista, pues no podían unirse al grupo que en ese entonces encabezada el finado Paz, que al fallecer queda como heredero de ese grupo Krauze, se apropia del legado intelectual de Paz.

Por eso es el pleito que se va dando entre Paz y Carlos Fuentes, que eran muy buenos amigos, pero se habla de que por las intrigas de Krauze se produce una ruptura en esa amistad. El mismo Fuentes lo declara, de manera muy fuerte dice que todo iba muy bien hasta que se atravesó una cucaracha, Fuentes era duro cuando cuestionaba, le gustaba mucho utilizar la palabra, el término ‘achichincle’. Bueno, así se constituye ese grupo y a ese grupo pertenece Sheridan.

Entonces, Salinas los maneja a los dos, a los dos grupos, y va cooptando tanto a los intelectuales abiertamente de derecha, que pertenecían a los cercanos a Paz, como a los de Héctor Aguilar Camín, que no quiero mencionar, porque es muy lamentable la forma cómo los cooptaron.

[...]

Y de ahí viene Sheridan. Nada más basta... ¿Por qué no lo pones otra vez a Sheridan?, para darnos una idea, independientemente si da clases o no clases, si cobra sin trabajar, si es titulado o no es titulado. Miren esto, porque esto muestra la decadencia intelectual a la que llegamos, a la que nos llevó la política neoliberal, que no fue nada más crisis en lo económico, en lo social o en lo político, o en lo moral, fue también esto. ¿Dónde están los intelectuales que defienden al puebló

Miren, este intelectual famosísimo contestándome:

‘Según un periódico —es que es una joya esto, es igual como lo de los rieles— según un periódico, AMLO declaró hoy: Le tengo un profundo amor y admiración al pueblo de México’. Pues claro, son mis convicciones, me siento orgulloso, son mis ideales, es mi humanismo.

‘Y dijo que es gente muy noble y muy buena’. Y es cierto, no estoy diciendo ninguna mentira.

‘Lo mejor que tenemos en México’. Siempre he dicho que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo, muy contrario a lo que piensan los conservadores, muy contrario. Por siglos, el pensamiento conservador siempre ha sostenido que el pueblo es flojo, es indolente, que no sabe.

Dice él: ‘No estoy de acuerdo’. Aclaro, así como él, piensan millones, así como él piensa, el señor del que hablaba yo hace unos días que me vio en el avión, pero ellos no lo ven como algo raro o irracional, ellos lo ven como algo normal, por eso con ellos no hay que debatir, hay que ser respetuosos y decirles: Siga usted su camino, ahí la lleva.

[...]

Ahora sí, regresamos con Sheridan. Dice:

‘No estoy de acuerdo. El mexicano es por lo general ignorante, violento, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario, golpea a sus hijos, a las mujeres, idolatra el ruido, tira basura, nunca ha respetado el derecho ajeno, se pasa los altos, evade impuestos —estaba pensando en sus jefes— compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer transas —ya estaba pensando en los de arriba o en Krauze en una de esas— desprecia la ley, no sabe aritmética elemental, ni tirar penaltis. Lo mismo puede decirse de la clase baja. Tenerle amor y admiración a eso es masoquismo o demagogia.’

Soy masoquista y soy demagogo, que me apunten en la lista.

Estos son.

Y por el lado de Aguilar Camín, pues es lo mismo. Entonces, su enojo con nosotros, además de lo ideológico, que no es lo principal porque ellos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero, lo que les molesta es de que ya no reciben dinero del gobierno, porque ya se habían acostumbrado.

Este Sheridan con Krauze hacen una revista, Letras Libres, y tiraban 10 mil ejemplares y el gobierno les compraba nueve mil, y las vendían carísimas; y libros, daban cursos, información, y es el mismo esquema de Aguilar Camín y su equipo, editaban libros, contenidos de libros a la medida. Entonces, ese es el asunto de fondo.

El caso de Aguilar Camín, se lleva a gente que había estado en la izquierda, en posturas de avanzada, defendiendo causas justas, economistas, y los jala a todos. Y cuando empieza la campaña Salinas, él va en la comitiva, porque hacen acto publicitario y salen de la estación de Buenavista en tren, y ahí están las fotos, Salinas y los intelectuales.

Los cooptó a todos, y no sólo fueron intelectuales, sino de las ciencias sociales, fueron artistas, científicos, no dejó nada. Algunos sí, no se dejaron, me consta de algunos. Ya murió, por ejemplo, Luis Javier Garrido, ese se mantuvo independiente; Monsi, que ya también falleció, también se cuidaba, aunque tenía amigos en los grupos, pero no se dejó acarrear.

¿Qué sucede?

Viene el pleito Salinas-Zedillo, después de que Salinas les da todo, y se le hace fácil a Héctor Aguilar Camín cambiar de bando, chaquetear, cambiar de chaqueta, y se vuelve zedillista y se le lanza a Salinas, al que lo había encumbrado.

Por eso cuando dicen ‘hay que buscar el acuerdo con los intelectuales, con los empresarios, con los de arriba’, pues sí, hay que gobernar para todos, pero no se puede poner el futuro de un país, la transformación de México en manos de gente que nada más son leales al dinero.

En cambio, el pueblo raso es derecho, es leal, es agradecido, solidario. A nosotros son los que nos han sacado a flote, el pueblo, no los medios de información, no los empresarios, no los intelectuales.

[...]

Bueno, pero entonces, regresando a Sheridan, no hay que molestarse tanto, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal; ahora ya no tienen ni la importancia política ni la creatividad de antes, porque también, como decía ese crítico ruso, Belinsky, ‘cuando un hombre se entrega por entero a la mentira —decía— pierde hasta la imaginación y el talento’. El que se corrompe, si fue un buen escritor, al paso del tiempo ya deja de ser un buen escritor, se pierde la imaginación y el talento, o sea, sí afecta.

Entonces, esa es la intelectualidad orgánica que se tiene y esa la estamos enfrentando ahora, pero en el campo, en el terreno de las ideas.

Lo mismo a la prensa del antiguo régimen que está en contra de nosotros, pues los del Reforma. Pero no es nada personal, ni con Claudio X. González papá, se lo dije, hace como un mes que lo vi, que estuvimos así, que me habló que por qué se polarizaba, le digo: No, si no se polariza, se politiza.

Y con toda franqueza les hice ver que para transformar se necesitaba una base social y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso.

Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad.

Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Y el ejemplo muy doloroso que tenemos los mexicanos es el caso del asesinato del presidente Madero, un hombre bueno, un santo, que quería que se estableciera una auténtica democracia en nuestro país, que se garantizaran las libertades, se adelantó muchísimo a su tiempo, pero predicaba en el desierto y con lo que podía llevar a cabo su plan, y no era fácil, la condición era el que se apoyara con los campesinos, con el zapatismo, para afianzarse y enfrentar al antiguo régimen porque, imagínense, 34 años de poder el Porfiriato. ¿Cómo se enfrenta esó Una cosa muy complicada en todos los sentidos.

El conservadurismo estaba, pero en su apogeo, el militarismo, la represión, el autoritarismo, el clasismo, el racismo, entonces sí era algo muy complicado. Sólo con esa alianza podía, y no iba a ser fácil, hacer realidad su sueño democrático.

Entonces, nosotros hemos aprendido eso, y es una lección para todo el que quiera llevar a cabo una política de transformación: se necesita contar con base social de apoyo, de respaldo; si no, no funciona.

Entonces, es tu respuesta a lo de Sheridan”.

17. Las libertades de expresión, de prensa y académica, así como el derecho a la información cuentan con protección constitucional y convencional, por ello es importante que el presidente de la República las respete y garantice en favor de los medios de comunicación, de los periodistas y de todas las personas.

18. El Estado tiene un deber de neutralidad frente a todo tipo de opiniones y no debe de ejercer una censura previa, ni posterior; a menos que se actualicen los supuestos del primer párrafo del artículo 6o. constitucional mencionado en el numeral 2 del presente apartado de consideraciones.

19. Justo por eso, no es suficiente que el presidente López Obrador manifieste que respeta a los medios, a los periodistas y a los académicos cuando al mismo tiempo realiza una serie de ataques en su contra que incrementan la polarización entre la sociedad. El titular del Poder Ejecutivo federal debe de gobernar de forma incluyente para los 127 millones de mexicanos y no solamente para los 30 millones de ciudadanos que votaron por él en las elecciones federales de 2018.

20. Los legisladores federales debemos de promover que en nuestro país existan personas que en el ejercicio lícito de su actividad profesional y laboral representen todas las opiniones y pensamientos de la sociedad mexicana y que fomente la discusión de los temas de interés público, como parte de una auténtica República democrática e informada.

21. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a respetar la libertad de expresión del ciudadano Guillermo Sheridan Prieto, investigador en el Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ejerce lícitamente su actividad profesional, así como a no atacarlo y a garantizar el derecho de acceso a la información de las personas.

Notas

1 Libertad de expresión, Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/libertad-de-expresion

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma del 18 de noviembre de 2022.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 La Declaración Universal de Derechos Humanos:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

6 Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO:

https://es.unesco.org/commemorations/worldpressfreedomday

7 Ídem.

8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, pág. 4:

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios_Libertad_Ac ademica.pdf

9 Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 4 de enero de 2023:

https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografic a-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-4-de-ene ro-de-2023?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Senadora Lilly Téllez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EXPLIQUE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de que explique las anomalías detectadas en el STC Metro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los resolutivos aplicables de las Reglas Básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como nunca antes en la historia del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, los usuarios habían padecido tantos graves incidentes como en la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que inició desde finales de 2018.

Al derrumbe de la línea 12 del metro de la Ciudad de México entre las estaciones Tezonco y Olivos provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso de construcción que dejó 26 muertos el pasado mayo del año 2021 y cerca de 100 personas heridas, se le suma en menos de dos años una nueva tragedia ocurrida el pasado sábado 7 de enero en la línea 3 del metro, entre las estaciones Potrero-La Raza, en la que un convoy impactó a otro en la parte trasera donde falleció una persona y hubo 106 lesionados que tuvieron que recibir atención médica en diferentes unidades de salud, de los cuales, 21 todavía permanecen hospitalizados y, de éstos, al menos 3 requerirán de una cirugía en los próximos días.

La persona fallecida tras el accidente fue Yaretzi Adriana Hernández de 25 años, estudiante de artes visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A estos dos accidentes se le suman otros choques e incendios provocados por la falta de inversión para el mantenimiento y modernización de trenes e instalaciones fijas, lo que provoca constantes fallas en el servicio que ocupan cerca de 5 millones de personas diariamente.

Frente a las evidencias, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ya no puede pretextar una campaña orquestada en su contra respecto a los accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Tan solo en el periodo de 2019 a 2022, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum han ocurrido 431 accidentes en las 12 líneas del metro, el más fuerte de ellos, el colapso de la línea 12 del metro registrado el 3 de mayo de 2021.

A continuación, tan solo alguno de ellos entre los que se encuentran los más graves:

10 de marzo de 2020. En la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, un corte de energía dejó inoperantes los frenos de un convoy del metro, lo que generó una colisión entre dos trenes y tuvo como consecuencia la muerte de una persona y 41 lesionados.

9 de enero de 2021. El incendio del “cerebro del metro” en el Puesto Central de Control 1 (PCC1) del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), fue ocasionado por un corto circuito en uno de los transformadores. El saldo fue una persona muerta que era integrante de la Policía Bancaria e Industrial y 31 lesionados, además de la suspensión del servicio en seis líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro durante varios días.

Cabe señalar que el Comité de Transparencia del Metro decidió prorrogar por tres años los detalles de lo sucedido aquel día, es decir, “casualmente” hasta que termine el gobierno de la actual Jefa de Gobierno. Dicha información reservada contiene los equipos había y que resultaron dañados, los reportes de maniobras, fallas y averías; los reportes diarios de trabajo, manuales y reglamentos de operación, los instructivos para la atención de accidentes relevantes, las fotografías después del accidente, los dictámenes parciales y anexos del incendio que consumió el PCC 1, así como los dictámenes posteriores al incendio.

10 de febrero de 2021. Se desalojó y sacó de circulación un tren de la Línea 3 del Metro que generó un incendio al interior de la estación Indios Verdes. Sin que se reportara ningún lesionado.

28 de abril de 2021. Usuarios de la línea 8 del metro fueron desalojados de un tren averiado en medio del túnel, obligando a los pasajeros a salir a caminar a oscuras en la estación entre las estaciones Atlalilco y Escuadrón 201.

3 de mayo de 2021. La tragedia por el desplome de la estructura que conectaba las estaciones Olivos y Tezonco en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México cobra la vida de 26 muertos y decenas de heridos muchos de ellos de gravedad.

4 de julio de 2022. Un corto circuito en la subestación de distribución del Metro, entre las estaciones Xola y Villa de Cortés de la línea 2, generó un incendio que causó pánico entre los usuarios y en la que hubo que desalojar a mil 300 personas que fueron movilizadas con transporte emergente.

11 de julio de 2022. Se anuncia el cierre de la línea 1 del metro por obras de mantenimiento y remodelación con una duración de 8 meses (hasta febrero de 2023) en una primera fase. Esto ha ocasionado graves problemas de movilidad para millones de usuarios que han tenido que utilizar otros medios de transporte, invertir mayor tiempo en sus desplazamientos y gastar más de sus bolsillos para poder llegar al trabajo o a la escuela para poder cumplir con las actividades cotidianas.

7 de enero de 2023. Una nueva tragedia en la línea 3 del metro, entre las estaciones Potrero-La Raza, en la que un convoy impactó a otro en la parte trasera dejando prensadas a varias personas. El saldo, una persona fallecida y 106 lesionados.

Según datos del portal La Silla Rota obtenidos vía transparencia, de los 612 accidentes ocurridos en los últimos ocho años, el 70% han sido con la actual Jefa de Gobierno.

Por si fuera poco, luego del accidente que prendió nuevamente las alarmas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) el pasado sábado 7 de enero, el cual dejó múltiples heridos y una joven fallecida tras el choque de vagones en la línea 3, se anunció que, a partir del día 9 de enero del año que transcurre, permanecerán cerradas múltiples estaciones correspondientes a cinco líneas distintas por lo que se prevén semanas caóticas por el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con revelaciones del líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Sntstc), Fernando Espino Arévalo, 7 de cada 10 trenes que circulan en las 11 líneas necesitan de urgente mantenimiento.

Es evidente que, sin la inversión necesaria para el mantenimiento de los trenes y las instalaciones del metro, nos encontramos frente a una bomba de tiempo que pone en riesgo a millones de usuarios cada vez que ocupan el servicio debido a que el periodo de utilidad máxima de los trenes está llegando a su final.

A lo largo de varias estaciones del metro, trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Sntstc) han desplegado mantas donde advierten que la seguridad de los usuarios depende del puntual mantenimiento a los trenes y las instalaciones, ya que existe un déficit presupuestal de al menos 3 mil 500 millones de pesos al presupuesto del metro. Lo que equivale a decir a los ciudadanos úsese bajo su propio riesgo.

En otras mantas y cartulinas se lee que “Los trabajadores del Metro utilizamos celulares personales para la comunicación con el puesto central de control; también compramos nuestras herramientas a trenes e instalaciones filas”.

“Amigo usuario, exijamos juntos las herramientas de trabajo necesarias para poder brindarle un servicio eficiente y seguro”.

La realidad es que la austeridad se ha convertido en austericidio, ya que la falta de inversión en el mantenimiento y modernización del metro ya han costado vidas humanas. El Gobierno de la Ciudad de México es el único responsable de las condiciones en que trabaja actualmente el metro y el riesgo que implica para millones de usuarios utilizar este transporte colectivo para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

Cabe destacar que Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (Sntstc) a lo largo de la actual administración ha reiterado en diferentes ocasiones e instancias la necesidad de aumentar el presupuesto para el mantenimiento y compra de refacciones y herramientas esenciales para brindar mantenimiento a los trenes y las instalaciones fijas. Sin embargo, como respuesta Claudia Sheinbaum desde que asumió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ha disminuido sustancialmente el presupuesto anual del metro en cada ejercicio fiscal a partir del año 2018, además de cambiar cifras y desaparecer subejercicios, para mayor ilustración, anexo una tabla elaborada y publicada en la cuenta de twitter de @Juan_OrtizMX

Mientras tanto, aparecen bardas, mantas y anuncios espectaculares con la etiqueta o el hashtag #EsClaudia a lo largo y ancho del país, en alusión a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para promocionar su candidatura presidencial hacia el 2024 en franca violación a la ley por la promoción personalizada y actos anticipados de campaña a través de millonarios recursos que se presumen provienen de recursos públicos.

A pesar de la promoción burda y violatoria de la ley electoral, la jefa de Gobierno no se ha deslindado de esta campaña publicitaria cumpliendo con un deber como funcionaria pública en sus aspiraciones políticas hacia la campaña presidencial tal y como se lo ha exigido la autoridad electoral.

Es preocupante que sigamos en esta inercia y que los temas elementales como la seguridad y el transporte siga siendo una preocupación para los pobladores de la Ciudad de México. Aún más, cuando aún no existen sanciones por lo sucedido en la línea 12 del metro y, por lo que se vislumbra, tampoco lo habrá en el accidente ocurrido el sábado 7 de enero de 2023 en la línea 3 del metro.

Es lamentable que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se haya limitado a informar en conferencia de prensa que había removido de su puesto al Subdirector de Operaciones del Metro, Alberto García Lucio, tras el choque de dos trenes que se presentó entre las interestaciones Potrero y La Raza de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT), para sustituirlo por el ingeniero Francisco Echavarri Hernández, como si eso fuera suficiente para solucionar el grave problema por el que a traviesa dicho Sistema.

Las aspiraciones políticas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aunado a la negligencia de varias dependencias gubernamentales de la Ciudad de México, no pueden estar por encima de la seguridad de los usuarios del metro ya que representa el principal medio de transporte para millones de personas.

Basta ya de irresponsabilidades y que las autoridades volteen a ver a otro lado cuando se habla de la delicada situación que se vive en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), ya que las omisiones de parte de las autoridades han ocasionado la muerte de una persona que se suma al fallecimiento de otras 26 personas en el desplome de la línea 12 del metro en menos de dos años.

Los funcionarios públicos involucrados en estas dos tragedias no pueden evadir su responsabilidad, por lo que se deben tomar acciones contundentes de cara a la sociedad. Es urgente evitar futuras tragedias en metro por falta inversión en el mantenimiento y modernización del metro de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de que explique las anomalías detectadas en Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), así como las resoluciones que tomará su gobierno en el corto plazo, a fin de evitar más accidentes que pongan en riesgo la vida de los habitantes de la Ciudad de México que utilizan cotidianamente el metro para realizar sus actividades diarias.

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a destinar mayores recursos presupuestales que permitan implementar un programa integral en materia de mantenimiento y modernización de la red del metro que permita garantizar la integridad y la vida de los usuarios de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a emprender una investigación objetiva, pronta y expedita de todos aquellos servidores públicos responsables que, por acción u omisión, han sido responsables de accidentes fatales en los últimos dos años con el objetivo de hacer justicia a las víctimas y sus familias.

Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que instruya a los funcionarios de las diferentes dependencias involucradas a brindar apoyo y el acompañamiento necesario para que las víctimas y familiares que perdieron a un ser querido o que se vieron afectados en su salud tras el accidente del pasado sábado 7 de enero en la línea 3 del metro, puedan contar con la asesoría legal necesaria para activar el seguro con el que cuenta el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México para cubrir daños por responsabilidad civil y, de igual forma, para reclamar la reparación del daño provocado a partir de una actividad administrativa irregular de parte del Gobierno de la Ciudad de México al tratarse de una responsabilidad patrimonial del Estado.

Quinto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), envíe un informe pormenorizado sobre los criterios que han llevado a determinar a las autoridades de la Ciudad de México disminuciones sistemáticas al presupuesto para el mantenimiento y modernización del metro, así como un diagnóstico integral de las condiciones de toda la infraestructura de dicho sistema con el objetivo de detectar los puntos críticos que se presentan en sus equipos e instalaciones fijas y que requieren de una intervención urgente para no poner en riesgo la integridad y la vida de los usuarios.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE CHIHUAHUA, A DAR CELERIDAD A LAS INVESTIGACIONES E IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DEL MOTÍN, EN EL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 3

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Chihuahua a dar celeridad a las investigaciones e identificar a los responsables de incitar y realizar el motín en el Centro de Readaptación Social número 3, suscrita por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que dé celeridad a las investigaciones e identifique a los responsables de incitar y realizar el motín, así como a aquellas personas que privaron de la vida a 17 personas, así como a 13 personas heridas durante los hechos ocurridos en el Centro de Readaptación Social Número 3 del estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Instrumenta la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de los diversos sectores sociales y los tres órdenes de gobierno.

Además, supervisa que el lugar, así como las instalaciones, se encuentren en buenas condiciones para que sean funcionales, es decir, que tengan los servicios básicos, como luz y agua, así como todo lo necesario para que puedan vivir dignamente.

Es necesario destacar que la autoridad es la encargada de procurar que las personas privadas de su libertad reciban alimentos de calidad, atención médica, psicológica y, en su caso, psiquiátrica; educación, alguna actividad laboral, recreativa y deportiva. Y otras más, como el contacto con sus familiares y seres queridos.

Todo esto con el fin de beneficiar a la sociedad, rehabilitando a las personas que egresan de los centros penitenciarios, para fortalecer su reinserción social de forma integral. Con el objetivo de prevenir y evitar la comisión de nuevos delitos.

Ahora bien, ¿qué tan cierto es esto en la realidad? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre de 2021, reportó que la infraestructura penitenciaria nacional tiene un total de 319 centros, de los cuales 15 son federales, 251 estatales y 53 especializados en adolescentes.

Desafortunadamente, las condiciones de gobernabilidad, derivado de una ola de violencia que tuvo su origen y auge en sexenios pasados, sigue causando conflictos en la actualidad.

El pasado 1 de enero se reportó un violento enfrentamiento en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3 de Ciudad Juárez. De acuerdo con la Fiscalía del estado, sujetos armados arribaron al centro penitenciario a bordo de vehículos blindados, donde dispararon contra oficiales de seguridad. En el patio del centro los esperaba un grupo de 24 convictos.

Lamentablemente, durante este enfrentamiento, 17 personas fueron asesinadas, 10 de ellas eran oficiales a cargo de la seguridad del Centro y 7 personas forman parte de la población de reclusos que purgaban una pena de privación de la libertad por diversos delitos. Además de ello, por efecto de estos hechos violentos se reportó la fuga de 30 convictos-

Un punto para destacar es la sobrepoblación que tenía el Cereso Número 3, toda vez que tenía 4 mil presos, lo que superaba en un 23 por ciento la capacidad de la cárcel. Ante ello, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua reconoció que esta sobrepoblación se debe a que la impartición de justicia no está siendo ni tan pronta ni expedita.

La situación del Cereso Número 3 de Chihuahua solo demuestra la terrible realidad que se tienen en algunos centros penitenciarios de nuestro país, donde la autoridad no tiene ningún interés por atender los problemas que existen dentro de ellos o incluso, son parte de la corrupción que se lleva a cabo.

El hecho ocurrido en Chihuahua no fue un hecho aislado. El 8 de octubre del año pasado se fugaron ocho internos del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas en el estado de Zacatecas. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo Marín, detalló que la fuga se dio presumiblemente por integrantes de la delincuencia organizada que impactaron desde afuera dos camionetas contra el muro perimetral, haciendo un boquete por el que escaparon.

Además, tenemos el caso que se dio en la madrugada del 1 de diciembre de 2021, un comando armado ingresó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tula de Allende, en Hidalgo, para liberar a nueve personas. En ese entonces, los presuntos delincuentes ingresaron al penal a bordo de camionetas, después de que incendiaron vehículos frente al Cereso, en los hechos violentos dos policías resultaron heridos.

Ante esta situación, se deben aplicar protocolos para la atención y control en caso de que se lleven a cabo incidentes violentos. Así como, la evaluación de todas las autoridades y trabajadores de los centros.

Ya no podemos permitirnos ignorar lo que pasa, no podemos permitir más corrupción y mucho menos, ser indiferentes con lo que pasa en los Centros de Readaptación y Reinserción Social. Es momento de vigilar el respeto total a los derechos humanos, de contar con lugares aptos para que las personas privadas de su libertad encuentren una profesión, deporte o algo que les apasione, dejando de lado la vida delictiva y en específico, brindar una verdadera reinserción social.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos consternados por la situación de extrema violencia que se llevó a cabo en el Centro de Readaptación Social Número 3 del estado de Chihuahua. Esta situación no puede volver a ocurrir.

Es tiempo de hacer un análisis profundo y exhaustivo sobre la situación que atraviesan los Centros de Readaptación Social, tanto en el ámbito federal como estatal, pero también de las condiciones de desarrollo y la integridad de las personas privadas de su libertad, así como de las personas encargadas de mantener el orden y seguridad al interior de estos centros.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que dé celeridad a las investigaciones e identifique a los responsables de incitar y realizar el motín, así como a aquellas personas que privaron de la vida a 17 personas, así como a 13 personas heridas durante los hechos ocurridos en el Centro de Readaptación Social Número 3 del estado de Chihuahua.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la persona titular de la Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del estado de Chihuahua para que brinden a esta soberanía un informe pormenorizado de los hechos ocurridos el 10 de enero de 2023 así como se integre al informe con las acciones que se llevarán a cabo para evitar futuros hechos de violencia y violencia extrema, la fuga de reos y recuperar la gobernabilidad de los Centros de Readaptación Social en el Estado de Chihuahua.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a realizar un diagnóstico de la situación de los Centros de Readaptación Social tanto Federales como Estatales para que realmente sean lugares donde se respeten los derechos humanos y se cumpla con el objetivo central de ser espacios de rehabilitación y readaptación social.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a redoblar esfuerzos para vigilar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad dentro de los centros penitenciarios federales y estatales; y en su caso, realizar las recomendaciones necesarias para garantizar la protección y respeto de sus derechos humanos.

Notas

1 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ¿Qué hacemos?, disponible:

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/que-hacemos, consultado el 9 de enero de 2023.

2 Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, Reinserción social, disponible:

https://www.secgob.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reinsercion-so cial, consultado el 9 de enero de 2023.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, disponible:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2022/doc/cn sipef 2022 resultados.pdf, consultado el 9 de enero de 2023.

4 El Financiero, Fuga de reos en Chihuahua: Mueren 14 personas tras balacera en Cereso de Ciudad Juárez, disponible:

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/01/01/fuga-de-reos- en-chihuahua-mueren-14personas-tras-balacera-en-cereso-de-ciudad-juarez/, consultado el 9 de enero de 2023.

5 Infobae, Chihuahua recapturó a uno de los 30 reos fugados del penal de Ciudad Juárez, disponible:

https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/05/chihuahua-reca pturo-a-uno-de-los-30-reos-fugadosdel-penal-de-ciudad-juarez/, consultado el 9 de enero de 2023.

6 Ibíd.

7 La Jornada, Se fugan 8 reos “peligrosos” de la cárcel de Cieneguillas, disponible:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/09/estados/se-fugan-8-r eos-peligrosos-de-la-carcel-decieneouillas/ consultado el 09 de enero de 2023.

8 Infobae, Paso a paso, la insólita fuga de nueve reos del penal de Tula, Hidalgo: utilizaron coches bomba, disponible:

https://www.infobae.com/america/mexico/2021 / 12/01 /paso-a-paso-la-insolita-fuga-de-nueve-reosdel-penal-de-tula-hidalgo-utilizaron -coches-bomba/, consultado el 09 de enero de 2023.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés.– Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL TITULAR DE LA SICT, A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA, A FIN DE INFORMAR LO RELACIONADO A LA COMPRA DE LA EMPRESA MEXICANA DE AVIACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SICT a comparecer ante esta soberanía, a fin de informar todo lo relacionado a la compra de Mexicana de Aviación, y sobre la situación de los ex trabajadores de la aerolínea, suscrito por el senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Marco Antonio Gama Basarte, senador de la República por el estado de San Luis Potosí, al honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, a la brevedad, comparezca ante esta soberanía a fin de informar todo lo relacionado a la compra de la empresa Mexicana de Aviación, así como cuál será la situación de los ex trabajadores de la aerolínea, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La compañía Mexicana de Aviación, SA de CV, más conocida como Mexicana o Mexicana de Aviación, se fundó en el año 1921, era la aerolínea Mexicana más antigua, tenía sus cuarteles generales en la Torre Mexicana de Aviación en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Aparte de sus rutas comerciales nacionales, ofrecía varios destinos internacionales en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y Europa. Su centro de operaciones principal fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con centros secundarios en el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Esta empresa de aviación arrastraba problemas financieros desde agosto de 2010, cuando más de 8 mil trabajadores dejaron de operar en la compañía por falta de liquidez, un mes después de ese mismo año, Mexicana de Aviación no encontró otra alternativa y entró en concurso mercantil, razón por la cual iniciaron las negociaciones con los acreedores para tratar de reducir la deuda y evitar la quiebra.

Con fecha tres de abril de dos mil catorce, se declaró de plano en estado de quiebra a la empresa concursada Compañía Mexicana de Aviación, sociedad anónima de capital variable, por encontrarse en la hipótesis prevista por la fracción II de los artículos 167 y 168 de la Ley de Concursos Mercantiles, de conformidad con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de mayo de 2014.

A lo largo de los últimos meses, el gobierno y los ex trabajadores de Mexicana de Aviación sostuvieron una serie de reuniones para negociar la compra de la marca y de otros bienes que se encuentran en el concurso mercantil; en un primer tiempo, el gobierno ofrecía 600 millones de pesos, posteriormente la oferta creció a 700 millones de pesos, y finalmente cerró en 816 millones de pesos.

El pasado 6 de enero de este año, el gobierno de México concretó la compra de la marca Mexicana de Aviación por 816 millones de pesos, con el objetivo de crear una empresa aérea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, con este objetivo se desconoce cuál será la situación de los ex trabajadores, además de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam), han señalado que los recursos de la venta al gobierno de la marca y algunos activos de Mexicana de Aviación sólo alcanzarán para cubrir parcialmente las liquidaciones de quienes trabajaron en la aerolínea antes de la quiebra.

Es un tema que debe ser explicado por los responsables de esta transacción, es obligación de los servidores públicos rendir cuentas de manera democrática toda vez que la transparencia fortalece los actos de gobierno, la omisión de la información es resultado de la corrupción que ha marcado al actual gobierno.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, a la brevedad, comparezca ante esta soberanía a fin de informar todo lo relacionado a la compra de la empresa Mexicana de Aviación, así como cuál será la situación de los ex trabajadores de la aerolínea.

Nota

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345111&fecha=19/ 05/2014#gsc.tab=0

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2023/01/06/asi-quebro-m exicana-de-aviacion-la-marca-que-hoy-compro-elgobierno/

https://aerolineasmexicanas.mx/lista-de-aerolineas-mexicanas/mex icana-de-aviacion-historia-y-datos

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/1/6/el-gobierno-compra- la-marca-mexicana-de-aviacion-por-816-millones-depesos-299877.html

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/08/politica/venta-de-me xicana-de-aviacion-cubre-parcialmente-lasliquidaciones/?from=homeonline&blo ck=ultimasnoticias

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los once días de enero de dos mil veintitrés.– Senador Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ATENCIÓN INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS 12 LÍNEAS DEL METRO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Consejo Consultivo del Metro a especificar el estado que guardan las instalaciones y atender de manera inmediata las recomendaciones de la cuenta pública de la Ciudad de México, en el mantenimiento y rehabilitación de las 12 líneas, suscrita por la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México data del año de1969 fecha en que se inauguró con una ruta inicial que iba de Zaragoza, a Chapultepec.

Que, en el año de 1970, inició con operaciones de Taxqueña a Tacuba.

A casi 54 años vale la pena reconocer que este sistema de transporte puso a la vanguardia a la Ciudad de México, que su funcionamiento y puesta en marcha respondió al crecimiento de la Ciudad, facilitando el traslado dentro de su periferia para atender las necesidades existentes de la población de ese entonces y de ahora.

En la actualidad se tiene estimado que el metro traslada alrededor de 837 millones 473 mil 413 pasajeros, esto con cifras de 2021, distribuidas en las 12 líneas que atraviesan la Ciudad de México.

Por ello es que, el Sistema de Transporte Colectivo Metro es reconocido como el principal transporte público con el que cuentas millones de pasajeros en la Ciudad de México.

Este importante medio de comunicación y traslado de pasajeros puede mover en cada viaje a mil 530 personas, de las cuales 360 van sentadas y mil 170 paradas, sin embargo, se deduce que en horarios denominadas como horas pico, este número llega a ser sobrepasado.

De acuerdo con el conteo del 2019 de Transporte Urbano de Pasajeros difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Metro llega a transportar alrededor 69 millones de personas mensualmente, lo que significa que diariamente es utilizado por 2 millones 294 mil 447 personas.

Este medio de transporte público no ha sido ajeno a los sucesos negativos pues en el año de 1975 registró su primer accidente en el que hubo 31 personas fallecidas y 70 heridas esto tras un choque en la estación Viaducto.

Fue 40 años después que en el año de 2015 el mes de mayo de ocurrió otra colisión de trenes que dejó a 12 personas heridas.

Es relevante señalar que a partir de esta fecha los accidentes han sido más recurrentes, algunos por errores humanos y otra importante realidad es la falta de mantenimiento.

En el año de 2016 se descarrilaron los dos últimos vagones de un tren que circulaba de la terminal de la Línea 5, Politécnico, hacia Instituto del Petróleo.

Para el año 2020 se registró una colisión entre dos trenes en la Línea 1, un tren que estaba llegando a la estación Observatorio empezó a moverse en reversa impactando violentamente contra otro tren que se encontraba detenido en la parada de Tacubaya.

El año de 2021 entre las estaciones Olivo y Tezonco, un tramo de las vías elevadas se desplomó, causando la muerte de 26 personas y dejando 100 lesionados.

El accidente más reciente en este año 2023, que ocurrió en un túnel de la Línea 3, entre las estaciones de Potrero y La Raza y que se producto por el alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque, dejando un saldo de una persona fallecida y 59 lesionados.

Destacando la importancia que este sistema de transporte tiene para los usuarios de la Ciudad de México y el Estado de México, así como para los millones de visitantes que de manera cotidiana fluctúan en la ciudad capital, es importante tener al día la operación al 100 por ciento bajo estándares de alta calidad y seguridad.

Por ello es que debe atenderse las observaciones de la Cuenta Pública de la Ciudad de México la cual detalló que, el mantenimiento preventivo de 2021 de todas las líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro a penas se cumplió en poco más de la mitad de lo programado.

La Cuenta Pública dio a conocer que, lo que respecta a las actividades de conservación se cumplió con apenas el 56.65 por ciento en 2021 y que en el año de 2020 esta cifra de cumplimiento fue del orden de 54.36 por ciento.

El informe, de manera puntual dice: “El estado actual de la infraestructura del organismo, dadas sus características de antigüedad, uso y diversidad hacen necesario enfrentar diversos retos en materia de mantenimiento”.

Asimismo, se refiere a las instalaciones con recomendaciones como:

“tienen, en algunos casos, más de 50 años de operación ininterrumpida, observan distintos grados de deterioro y deficiencias en la infraestructura civil de las estaciones, siendo indispensable llevar a cabo su rehabilitación”.

Es importante resaltar que en lo que se relaciona con el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo este alcanzo un 54.36 por ciento.

Que los datos anteriormente citados son parte obvia de que le Sistema de Transporte Colectivo Metro, no está cumpliendo con su visión, que reza:

“Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.”

Por lo anteriormente señalado y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita pone a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que a través de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Consejo Consultivo del Metro, se estudien, analicen y hagan recomendaciones específicas del estado que guardan las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en sus 12 líneas de operación, y den a conocer los resultados obtenidos y las acciones inmediatas a realizar.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para que se atienda de manera inmediata las recomendaciones de la Cuenta Pública de la Ciudad de México en referencia al mantenimiento y rehabilitación de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Nota

1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS, A CONSIDERAR INVERTIR EN INFRAES-TRUCTURA DE ALTO IMPACTO SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los municipios del país a considerar invertir en infraestructura de alto impacto social, suscrita por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los municipios del país para que en el ámbito de sus atribuciones consideren invertir al menos 25 por ciento de su presupuesto en infraestructura de alto impacto social, a la luz de las siguientes

Consideraciones

La inversión es uno de los elementos económicos esenciales y necesarios para lograr el crecimiento, el desarrollo y la consecución del bienestar social. La que realizan los gobiernos es una de las más importantes pues esta tiene dos dimensiones fundamentales, la primera es la de satisfacer necesidades sociales y la segunda es la de impulsar el desarrollo social y económico nacional, estatal o local.

Lograr esto requiere identificar las distintas necesidades sociales de manera concreta y específica, a fin de entender las dimensiones multifactoriales que las detonan y darles soluciones acordes. Esto solo puede ser posible llegando al nivel más inmediato de la gente, lo cual en términos de órdenes de gobierno le corresponde a los municipios.

Los municipios son el primer contacto del ciudadano ante una demanda o solicitud de servicio, son los que integran las especificidades de cada territorio, colonia, pueblo o localidad en su quehacer de gobierno, son quienes tienen una mayor flexibilidad para identificar claramente elementos sociales como las zonas de marginación, los tipos de violencia más presente, los principales problemas ecológicos, sociales y/o económicos; y también son quienes identifican las potencialidades, los recursos naturales, humanos y sociales existentes, las capacidades acumuladas, los mercados más próximos o rentables, en fin, que los municipios son el orden de gobierno que tiene la mayor capacidad y flexibilidad para atender de manera más concreta, enfocada y eficiente las diferentes dimensiones del qué hacer de la política pública.

Para lograr generar y mantener las políticas y la provisión de servicios públicos eficientes se requiere de mantener funcionales la infraestructura urbana y sectorial así como sistemas de producción de bienes y servicios públicos. Es por ello que es necesario que los municipios inviertan de manera constante y sustantiva en diferentes áreas que permitan fortalecer la seguridad pública, el medio ambiente, la educación, la salud, la capacitación, la creación de empleos, la movilidad, la cultura, etcétera, y no se queden solo en la pavimentación de calles y obras de relumbrón como sinónimo de inversión pública.

Culturalmente las presidencias municipales tienden a gastar sus recursos de manera prioritaria en obras de embellecimiento y revestimiento de calles, que si bien son necesarias no son sustantivas ni productivas per se, pues hay actividades y necesidades de inversión e infraestructura igual o más prioritaria por ejemplo plantas de tratamiento de agua, infraestructura y servicios de rastros municipales o centros de tratamiento de basura.

Así, por ejemplo, en 2020 la inversión municipal se concentró en obra pública en bienes de dominio público que representó 92 por ciento del total. En ella dominaron la inversión en diversas obras públicas en bienes de dominio público con 34.56 por ciento y que van desde pintura de fachadas y arreglo de parques y jardines hasta inversiones mayores; la inversión en división de terrenos y construcción de obras de urbanización con 19.27 por ciento, así como construcción de vías de comunicación con 14.64 por ciento. Estas dos últimas juntas representan más de un tercio de lo que invirtieron los municipios. Como se ve, las inversiones se enfocan en urbanización y embellecimiento de los espacios comunes, pero no en creación de nuevos servicios o mejoramiento de los existentes.

En contraparte, para escuelas apenas se destinó 2.13 por ciento y para hospitales 0.10 por ciento de la inversión de ese año, de nuevo la inversión municipal no se destina a la creación o mejoramiento de servicios y bienes públicos.

Así, los municipios realicen inversión pública productiva y genere nuevos y mejores servicios públicos es fundamental para contribuir a que mejoren las comunidades, los índices de desarrollo humano, el medio ambiente, la productividad económica de las unidades privadas que operan en cada municipio y en general para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Sin embargo, la inversión pública de todos los niveles de gobierno se ha reducido en la última década y es muy dispar entre ellos, pues la federación ha participado con 82 por ciento de la inversión pública nacional, mientras que los estados y los municipios lo hacen con apenas 9 por ciento cada uno.

Si bien la inversión pública federal tiene efectos multiplicadores de impacto regional y de beneficio social, ella por si no tiene el alcance suficiente para llegar a todos los municipios o satisfacer las necesidades específicas de todas las personas del área de impacto pues su naturaleza es distinta, quienes deberían de cubrir estas necesidades son en particular los municipios.

La inversión municipal vista por Estados ha variado mucho, en el periodo 2013-2020 municipios de estados como Chiapas y Oaxaca invirtieron más de 50 por ciento de sus ingresos, mientras que otros no llegaron a 10 por ciento y aun dentro de cada Estado, la inversión de cada municipio varia tanto en monto como en tiempo pues puede haber algunos que llegan a invertir más de 60 por ciento del ingreso en un año mientras que en otro año no llegan a 10 por ciento. Esto nos da cuenta de la necesidad que los municipios aumenten su participación en la inversión pública total nacional y lo realicen de manera estable, continua y sustentable.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la autonomía de los tres órdenes de gobierno, exhorta respetuosamente a los municipios del país a considerar destinar al menos 25 por ciento de su presupuesto total a obras que tengan una influencia directa en el desarrollo de sus territorios, procurando que la misma genere infraestructura de alto impacto que permita y detone el desarrollo social, económico y productivo de sus comunidades.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

REFORZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR UNA MIGRACIÓN SEGURA Y ORDENADA EN LA FRONTERA NORTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INM a establecer de manera permanente el despliegue y aumento de agentes federales en la frontera norte, a fin de reforzar las acciones que permitan garantizar una migración segura y ordenada, suscrita por la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

En el marco de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte que se está llevando a cabo los días 9, 10 y 11 de enero del presente año en la Ciudad de México, con la asistencia de los mandatarios Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América (EUA), Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, junto con el presidente de México, el Instituto Nacional de Migración previo a esta reunión realizó un despliegue de agentes federales de esta dependencia para atender la migración.

La región fronteriza vive una de las peores crisis migratorias, donde se han roto récord en la llegada de migrantes y deportaciones. La visita de Joe Biden, en días pasados, a esta zona, es una de las primeras en lo que va de su mandato, con lo que se pretende que existan cambios significativos en la migración.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno federal número 008/2023, al tiempo y de manera estratégica, se da la visita del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, en compañía de más de 200 agentes federales de Migración, supuestamente para “reforzar las acciones que permitan resguardar a esta población, a la que se le ha auxiliado de manera especial cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad”, algo que se le había pedido durante años y que no se había atendido.

De manera reiterada se había solicitado se redoblarán esfuerzos y se diera una mayor presencia de personal para la atención de migrantes ante la crisis migratoria que vivimos, particularmente en Ciudad Juárez, sin que se tomaran acciones urgentes, sin embargo, a unos días de la cumbre antes mencionada, se desplegó un número considerable de personal del Instituto, lo que hace pensar que se está atendiendo la situación sólo por el hecho de quedar bien con los gobiernos de EUA y Canadá. Es por ello que se solicita que el personal que ya se encuentra en la frontera en estos días, se quede permanentemente y atienda a los migrantes.

Aunado a lo anterior, a través de otro comunicado con número 004/2023 nuestro país resaltó que recibía “con agrado el anuncio de nuevas acciones por parte de EUA para una migración ordenada, segura, regular y humana”, bajo el nuevo modelo de permisos humanitarios ampliando hasta 360 mil nacionales bajo la nueva vía a ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, con lo que se les indica que este acceso será exclusivamente por vía aérea y no a través de la frontera terrestre con nuestro país, la realidad es que para nuestro país esto no ha evitado que sigan llegando las caravanas de migrantes a la frontera norte.

Es así que “El 5 de enero de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” anunció una forma segura y ordenada para que los ciudadanos de los países antes mencionados, “que tienen personas de apoyo que residen en EUA sean considerados para un proceso que les permitiría, si están autorizados por razones humanitarias urgentes y beneficio público significativo, viajar por vía aérea y residir temporalmente en EUA, así como solicitar autorización de empleo”.

La intención de nuestro país vecino, como se señala en un comunicado, es la de “recibir al menos a 20 mil refugiados de América Latina y El Caribe en el año fiscal 2023 y 2024, poniendo a EUA en camino a más del triple de admisiones de refugiados del hemisferio occidental sólo en este año fiscal”.

Sin embargo, sin ningún plan efectivo y haciendo caso omiso a la crisis migratoria, México sigue sin dar respuesta a las demandas de los gobiernos estatales y municipales establecidos en las fronteras, quienes se ven desbordados ante la llegada de miles de personas que requieren recursos para su atención, bajo esta dinámica nuestro país admitirá a 30 mil migrantes deportados al mes de EUA por haber cruzado de manera irregular.

Estados fronterizos de ambas naciones han expuesto la emergencia en que viven porque los servicios humanitarios proporcionados por las organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos estatales y municipales han quedado en diversas ocasiones sin la capacidad de atención.

Ante ello, diversos medios de comunicación así como la ciudadanía, prevén que la llegada de los agentes federales en estos días del Instituto Nacional de Migración sea sólo una simulación ante la llegada de los mandatarios de diversos países y que los agentes sólo estarán presentes durante los días o algunas semanas después de la presente cumbre, aparentando que se está atendiendo de manera ordenada a los migrantes, cuando en los hechos han sido dejados a su suerte.

Las deportaciones hacia nuestro país crecen exponencialmente y las políticas públicas para atender la migración no se ven, es por lo anterior que pedimos a este gobierno dejar de simular acciones que sólo responden a intereses políticos del momento y no sociales y que atiendan con más recursos y personal a las ciudades que viven estas realidades.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Comisión Permanente, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Migración a que se establezca de manera permanente el despliegue y aumento de agentes federales en la frontera norte, a fin de reforzar las acciones que permitan garantizar una migración segura y ordenada.

Notas

1 https://www.gob.mx/inm/prensa/encabeza-comisionado-del-inm-operativo-en-zona-fr onteriza-de-ciudad-juarez-323150

2 https://www.gob.mx/inm/prensa/mexico-recibe-con-agrado-el-anuncio-de-nuevas-acc iones-por-parte-de-estados-unidos-para-una-migracion-ordenada-segura-regular-y- humana

3 https://www.uscis.gov/es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SSPC Y A LA GUARDIA NACIONAL A FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGURIDAD EN LOS CAMINOS Y CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a la Guardia Nacional, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, a fortalecer las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras federales y estatales, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscrito, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis de violencia que azota a nuestro país resulta alarmante y de gran preocupación para todas las y los mexicanos, pues día con día los grupos delincuenciales se adueñan de las calles, caminos y carreteras en gran parte del territorio nacional.

Es inaceptable que la población tenga que enfrentarse a cierres en carreteras ocasionados por grupos de delincuentes, que tienen como finalidad afectar el patrimonio de las personas que transitan por estas vialidades, ya sea desde el despojo de sus pertenencias, aprovechando el transito que se encuentra detenido, o que sean perseguidas familias migrantes a través de los caminos y carreteras por criminales durante la temporada decembrina, con el mismo objetivo.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de enero a octubre de 2022 se cometieron 7 mil 188 robos a transportistas de carga en la red carretera de México, 100 menos que en 2021.

Los robos masivos son cada vez más frecuentes y ocurren a cualquier hora, sobre todo en carreteras de Veracruz, Puebla y Querétaro, pues los delincuentes hacen uso de artimañas para instalar falsos retenes, simular accidentes, aprovechan el lento avance en algunos tramos o detonan armas de alto poder con el objetivo de detener por completo la circulación de decenas de conductores y luego robar sus pertenencias, entre otros ílicitos.

Basta señalar que el 23 de mayo del 2022 se reportó un asalto masivo en Querétaro, específicamente en el kilómetro 27 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí a la carretera México-Querétaro en el que 300 automovilistas fueron víctimas de un grupo de seis jóvenes armados.

Mientras que en Veracruz se estima que se registra un asalto al día, y en la autopista 150 D que conecta este estado con la Ciudad de México y en la que circulan 60 mil vehículos por día es una de las más peligrosas. Particularmente en los tramos de Puebla-Esperanza, Cumbres-San Cristóbal Córdoba y Cuitláhuac-La Tinaja.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) durante los últimos dos años reportó pérdidas por más de 95 mil millones de pesos a causa de robos, secuestros y extorsión en cuanto a tráilers y trenes de carga que surten la canasta básica en el centro del país.

La empresa Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial señala que el robo carretero al transporte de carga no cesa, ya que es muy lucrativo para grupos delincuenciales y que tan sólo en el primer semestre del 2022 se registró un promedio de 35.3 robos diarios en cualquier carretera del país.

Asimismo, indica que las carreteras más peligrosas son la Puebla-Córdoba, autopista Matehuala-Monterrey, Morelia-Lázaro Cárdenas, autopista México-Cuernavaca, la parte de Matamoros a Reynosa y el tramo de Querétaro a Irapuato.

A mediados del mes de diciembre de 2022 usuarios de la autopista 57 México-Querétaro han reportado haber sido víctimas, o que fueron testigos, de asaltos perpetrados a la altura del kilómetro 76 entre este municipio y la entrada a Tula, Hidalgo, donde los presuntos delincuentes colocan piedras en los cuatro carriles de la vialidad en el sentido al norte.

En el estado de Puebla, los robos a transporte público en el municipio de Amozoc incrementaron 35 por ciento en los últimos tres años, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, ya que entre enero y noviembre del año de 2022, se contabilizaron 21 carpetas de investigación por dicho delito, de las cuales el 60 por ciento de los casos los ladrones utilizaron la violencia para despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

En el estado de Aguascalientes a mediados del mes de diciembre de 2022 se encendió una alerta luego de que se denunciara que en la carretera 36 a la altura de la comunidad de los Cuervos, hombres armados están despojando de sus vehículos a los conductores que transitan por la zona.

A principios del mes de diciembre de 2022 se reportaron varios bloqueos en carreteras de los Altos de Jalisco en el límite con Zacatecas, pues a través de redes sociales circularon fotografías de los bloqueos en diversos puntos carreteros en municipios de Mexticacán, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán, Teocaltiche y Cañadas de Obregón, todo a consecuencia del enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada y policías municipales en Valparaíso, Zacatecas.

En la autopista del Sol se ha señalado que hay presencia de delincuentes que usan retornos ‘hormiga’ para huir tras atracos y robos, esto como consecuencia de denuncias realizadas en redes sociales por ciudadanos afectados que alertaron sobre el modus operandi que tienen los delincuentes para robar a automovilistas y luego huir sin dejar rastro.

A esta grave problemática de inseguridad hay que sumarle los altos índices de accidentes vehiculares que se presentan en todas las carreteras del país año con año, y que han ido en aumento a consecuencia de una nula educación vial que existe, especialmente cuando se habla de los vehículos de carga.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de este año, suman en el país un total de 11 mil 412 carpetas abiertas por muertes en accidentes de tránsito; 785 casos más en comparación con el mismo periodo de 2021, el año que hasta el momento ostenta el récord con 12 mil 975 casos en 12 meses completos.

Ante el panorama nada alentador para la seguridad de las y los mexicanos en los caminos y carreteras de nuestro país, es necesario que las fuerzas de seguridad pública trabajen en mejorar las condiciones de tránsito dentro de todo el territorio nacional con el objeto de disminuir las altas cifras de delitos y violencia que prevalecen y que representan un grave problema.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional para que en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas fortalezcan las acciones de seguridad en todos los caminos y carreteras federales y estatales ante la creciente ola de violencia y delincuencia que se vive en todo el territorio nacional.

Notas

1 Latinus, Transportistas denuncian nula vigilancia y falta de estrategia para abatir la delincuencia en carreteras estatales y federales. Consultado a través de:

https://latinus.us/2022/12/25/transportistas-denuncian-nula-vigi lancia-falta-estrategia-abatir-delincuencia-carreteras-estatales-federales/

2 Líder empresarial, Asalto masivo Querétaro: Conoce las carreteras más inseguras de México. Consultado a través de:

https://www.liderempresarial.com/asalto-masivo-queretaro-conoce- las-carreteras-mas-inseguras-de-mexico/

3 Proceso, Diciembre, mes de los asaltos, dicen traileros: Cárteles imponen su ley en las carreteras federales. Consultado a través de:

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/12/24/diciembre-mes-d e-los-asaltos-dicen-traileros-carteles-imponen-su-ley-en-las-carreteras-federal es-299176.html

4 La Silla Rota, El kilómetro 76 el más riesgoso de la México-Querétaro, por los asaltos. Consultado a través de:

https://lasillarota.com/metropoli/2022/12/30/el-kilometro-76-el- mas-riesgoso-de-la-mexico-queretaro-por-los-asaltos-407906.html

5 Diario Contrarréplica Puebla, Al alza, robos al transporte público en Amozoc. Consultado a través de:

https://puebla.contrareplica.mx/nota-Al-alza-robos-al-transporte -publico-en-Amozoc-2022291216

6 El Heraldo de México, Refuerzan seguridad en carretera 36 donde han reportado robos de vehículos a conductores. Consultado a través de:

https://heraldodemexico.com.mx/aguascalientes/2022/12/13/refuerz an-seguridad-en-carretera-36-donde-han-reportado-robos-de-vehiculos-conductores -465918.html

7 Diario de México, Reportan bloqueos en carreteras y quema de vehículos en los límites de Jalisco y Zacatecas. Consultado a través de:

https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/reportan-bloqueos-en-ca rreteras-y-quema-de-vehiculos-en-los-limites-de-jalisco-y

8 Milenio, Ladrones usan retornos ‘hormiga’ para huir tras atracos y robos en la Autopista del Sol. Consultado a través de:

https://www.milenio.com/estados/ladrones-crean-salidas-huir-auto pista-sol

9 Animal Político, Precaución en Navidad: muertes y lesiones por accidentes en carreteras, en camino a romper récord en 2022. Consultado a través de:

https://www.animalpolitico.com/2022/12/carreteras-muertes-lesion es-accidentes-2022/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE INVESTIGUE Y APLIQUEN SANCIONES SOBRE EL PRESUNTO HUACHICOLEO DEL AGUA REALIZADO EN EL PREDIO LOCALIZADO EN LA AVENIDA CANAL, EN LA COLONIA PASEOS 2, MUNICIPIO DE TULTEPEC

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, a la CAEM, al municipio de Tultepec y a la FGJEM a investigar y aplicar las sanciones correspondientes sobre el presunto huachicoleo del agua realizado en el predio localizado en la avenida Canal, en la colonia Paseos 2, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos, y en el acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura, números quinto, sexto, séptimo, décima quinta y vigésima sexta, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Agua, a la Comisión del Agua del estado de México, al gobierno municipal de Tultepec y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias se investigue y, de ser el caso, se apliquen las sanciones correspondientes sobre el presunto huachicoleo del agua realizado en el predio localizado en la avenida Canal, en la Colonia Paseos 2 (frente a la Unidad de Estudios Superiores, Tultepec). Para mayor precisión en las coordenadas GPS: Latitud 19.669016, Longitud -99.134689, bajo las siguientes:

Consideraciones

El agua es un elemento esencial para la vida y desempeña muchas funciones importantes en el mundo natural y en la vida humana. Es un componente vital de todos los seres vivos. Además, el agua es un recurso natural que se utiliza de muchas maneras, como para riego, producción de energía, limpieza y refrigeración. También es un medio para transportar nutrientes y desechos a través del cuerpo y es esencial para la regulación de la temperatura corporal. El agua es un recurso valioso y escaso, por lo que es importante conservarla y utilizarla de manera sostenible.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el especialista Adam Loch, reveló junto a otros científicos en un artículo titulado el “Gran Robo de Agua” publicado en la revista científica Nature, que a nivel mundial entre el 30 y el 50 por ciento de agua en el mundo se obtiene de manera ilegal. El robo de agua tiene múltiples consecuencias negativas para las comunidades. En primer lugar, puede llevar a la escasez de agua, especialmente en áreas donde el suministro de agua es limitado.

Es una problemática común en regiones donde el agua es escasa y el acceso al agua potable es limitado. Esta actividad ilegal puede causar problemas de salud pública, ya que el agua robada puede no estar tratada adecuadamente, y puede también causar problemas ambientales, ya que la extracción ilegal de agua puede agotar los acuíferos o causar erosiones.

El fenómeno del huachicoleo de agua, como lo conocemos en México, afecta a diversas entidades de nuestro país. El huachicoleo se refiere a la práctica de robar combustible o lubricantes de tuberías de petróleo o gas, o de tanques de almacenamiento. El término “huachicol” proviene del náhuatl, y se ha utilizado en México para describir la actividad ilegal de robar combustible. Por su parte, el huachicoleo del agua se refiere a la extracción ilegal de agua de pozos o acueductos, o la captación de agua de lluvia o de ríos sin autorización.

En correspondencia con lo señalado en líneas anteriores, la venta de agua potable se ha disparado no solo por su escasez, sino también por las fallas en las redes hidráulicas, falta de conexión a los servicios, pozos dañados, mala calidad del vital líquido recibido por las redes públicas, por una alta demanda por parte de la población y por corrupción.

De manera particular, vecinos del Municipio de Tultepec, en el Estado de México, han denunciado en diversos medios y en repetidas ocasiones el huachicoleo de agua. Uno de los sitios denunciados donde presuntamente se realiza el huachicoleo del agua es en el predio localizado en la avenida Canal, en la Colonia Paseos 2 (frente a la Unidad de Estudios Superiores, Tultepec). Para mayor precisión en las coordenadas GPS: Latitud 19.669016, Longitud -99.134689.

Los vecinos señalan el flujo de por lo menos 250 pipas de agua al día en la ubicación descrita y se presume su destino es para la venta ilegal del preciado líquido. Mientras tanto, los habitantes de la zona sufren de la falta de agua potable para su subsistencia.

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto del Artículo 4, expone que “[...] Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. [...]”

Mientras que en el inciso a) del numeral III del artículo 115, se especifica que: “[...] Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; [...]”

Por su parte, en los Artículos 145 Ter y 145 Quárter del Código Penal del Estado de México se señala:

“Artículo 145 Ter. A quien distribuya o suministre agua potable a través de pipa u otro medio de almacenamiento, sin contar con el permiso de distribución o la evaluación correspondiente, expedidos por la autoridad competente, con la finalidad de obtener un beneficio económico, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientas unidades de medida y actualización.

Artículo 145 Quáter. A quien distribuya agua potable a través de pipa, y la extraiga u obtenga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada, se le impondrá de uno a tres años de prisión y de veinticinco a cien unidades de medida y actualización.”

Después de revisar diferentes efectos del huachicoleo del agua, no se vislumbra un panorama alentador a nivel nacional, especialmente en el Estado de México, por su escasez y los distintos factores que agudizan e impiden su abastecimiento.

El tema de las tomas clandestinas de agua resulta sumamente preocupante y desde el Honorable Congreso de la Unión merece toda nuestra atención, para contribuir en el combate en contra de aquellas organizaciones criminales que buscan sacar provecho de las personas que necesitan desesperadamente satisfacer sus necesidades de agua.

Por lo tanto, es importante que desde los tres niveles de gobierno se tomen medidas para combatir el huachicoleo de agua y garantizar un suministro de agua seguro y sostenible para todos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión de Agua del Estado de México, al Gobierno Municipal de Tultepec y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, se investigue y de ser el caso, se apliquen las sanciones correspondientes sobre el presunto huachicoleo del agua realizado en el predio localizado en la avenida Canal, en la Colonia Paseos 2 (frente a la Unidad de Estudios Superiores, Tultepec). Para mayor precisión en las coordenadas GPS: Latitud 19.669016, Longitud -99.134689.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión de Agua del Estado de México, a los organismos operadores y oficinas de agua potable de los 125 municipios del Estado de México y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, se implementen operativos para la detección de los distintos sitios donde se realiza el robo de agua en la entidad y, de ser el caso, se apliquen las sanciones correspondientes.

Notas

1 BBC News. “El gran robo de agua”: el estudio que afirma que entre el 30% y el 50% del agua en el mundo se obtiene de manera ilegal (y las consecuencias que trae para millones de personas”. Disponible en:

https://acortar.link/nOPfJp Consultado el 10 de enero de 2023.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://acortar.link/rPDmnN Consultado el 10 de enero de 2023.

3 Ibíd.

4 Código Penal del Estado de México. Disponible en:

https://acortar.link/jEPvCt Consultado el 10 de enero de 2023

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA Y DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS SUFICIENTES PARA INICIAR ACCIONES DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL STC DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo para la creación de la Comisión Especial de Vigilancia y destino de los recursos presupuestarios suficientes, para iniciar acciones de revisión y mantenimiento preventivo de todo el STC de la Ciudad de México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La construcción de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México inició en el año 2008, esta comprende 23 kilómetros entre las estaciones Mixcoac y Tláhuac al sur de la ciudad trayendo el beneficio a más de 400 mil usuarios diarios. Sin embargo, desde su inauguración en el año 2012, esta ha sobresalido no por lo que su construcción podría representar, es decir como un avance para la mejora del servicio de transporte público, sino más bien por las diversas polémicas que se han generado derivado de los fallos y desperfectos que esta ha presentado durante los 9 años de servicio caracterizados por cierres, deterioros y reparaciones.

El 3 de mayo de 2021, alrededor de las 22 horas entre las estaciones de Olivos y Tezonco, se registró el colapso de un tramo de una vía elevada de la línea 12 del Metro de Ciudad de México. En aquella época, de acuerdo a declaraciones emitidas por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México la Línea 12 del metro quedará cerrada hasta nuevo aviso, pues se deberá realizar una revisión en la estructura de la misma.

La construcción de la obra se concretó a través de un contrato para la realización de la obra civil y electromecánica entre el gobierno del entonces Distrito Federal encabezado por Marcelo Ebrard y los consorcios constructores de ICA, Alstom y Carso, por la cantidad de 15 mil 290 millones de pesos por la obra, la cual sería entregada en diciembre de 2011. Empero, las cifras y las fechas cambiaron ya que el proyecto no estuvo listo en tiempo y forma y el costo de la infraestructura se elevó a más de 24 mil millones de pesos.

En este sentido, vale la pena señalar a tan solo un año y medio de que comenzara a funcionar la Línea 12, los problemas de esta obra comenzaron a notarse, ya que para marzo de 2014 se tuvieron que cerrar 11 de las 20 estaciones de dicha línea del metro, lo anterior derivado de múltiples fallas técnicas en dicha construcción, esto de acuerdo con un diagnóstico realizado por una empresa especializada en la materia, en el cual dijeron que esta obra presentaba una serie de fallas en la planeación, diseño y construcción, derivando así en la sobrecarga de las vías y causando un deterioro prematuro a esta.

Por otro lado, el lamentable accidente ocurrido en mayo 2021 puso en evidencia diversos cuestionamientos acerca de los problemas por los que atraviesa el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, ya que no es la primera vez que se pone entredicho la falta de mantenimiento y la inseguridad de las instalaciones, ademas de los múltiples recortes presupuestarios a los que se han reflejado en diversos medios de comunicación por parte de quienes laboran en el metro de la Ciudad de México de la falta de equipo o del mínimo mantenimiento preventivo para su adecuado funcionamiento.

En el caso específico de la línea 12, se han tenido diversas críticas, ello debido a las fallas que ha presentado, las cuales han existido casi desde su apertura, y que culminaron en el cierre de un tramo de la vía a tan solo un año y medio de su inauguración. Pues en marzo de 2014, la línea 12 tuvo que cerrar 11 estaciones, esto derivado por problemas técnicos en la construcción. Las cuales, de acuerdo con un diagnóstico realizado por una empresa especializada en la materia, presentaban una serie de fallas en la planeación, diseño y construcción, derivando así en la sobrecarga de las vías y causando un deterioro prematuro a estas.

Asimismo, el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 dejó nuevamente a la vista los problemas de origen que presentaba la línea 12, ya que gracias a este se detectaron vicios ocultos y fallas en la estructura, de entre las cuales se encontraba una columna ubicada en el tramo Nopalera-Olivos, misma que se localiza cerca de la sección de la vía colapsada. Es decir que ya desde hace varios años se ha evidenciado de nula intervención para solucionar los problemas por los que atraviesa el metro de la Ciudad de México.

Lo anterior, debió ser una suficiente evidencia del mal estado de la Línea 12 y su antecedente para que las autoridades correspondientes hicieran todo lo posible para revisar a cabalidad los problemas que se podrían tener o las nuevas fallas que esta enfrentaría, debería ser una regla y no la excepción el que se hiciera una revisión integral de todas las líneas del metro en aras de evitar más accidentes y que ha tendido pérdidas humanas por este simple hecho.

La omisión por parte de las autoridades continúa hasta la fecha ante tales fallas trajo como consecuencia que la noche del 3 de mayo del 2021 alrededor de las 22: 25 horas, una estructura de la Línea 12 ubicada entre las estaciones Olivos y Tezonco sobre Avenida Tláhuac, se desplomó ocasionando que uno de los trenes que circulaba en dicha zona con decenas de usuarios cayera sobre la vialidad encima de un automóvil en el que viajaban dos personas. Aproximadamente una hora más tarde se suspendió el servicio en toda la Línea 12 y llegaron los servicios de emergencia para realizar los trabajos de rescate de personas lesionadas y de los cuerpos de personas que perdieron la vida. Recientemente no existe servicio en esta línea donde ocurrieron estos hechos.

Ante ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado de diversos exhortos desde mayo de 2021 y septiembre de 2021 en esta materia tan sensible y que hoy nuevamente y a pesar de la evidencia que nos dejó durante los últimos meses no hemos sido capaces de aprendizaje de dar un puntual seguimiento ante la falta de planeación y las múltiples fallas, incendios, cortocircuitos, olor a quemado, retraso de las líneas para poner la lupa de los problemas estructurales que hoy iniciando el año 2023 nuevamente ocurrió un accidente en la Línea 3 que abarca de la estación Universidad-Indios Verdes.

II. En la mañana del pasado sábado 7 de enero se registró un choque entre trenes registrado en la Línea 3 del Metro, entre las estaciones Potrero y La Raza, que dejó como saldo un muerto y 57 personas hospitalizadas. La jefa de gobierno detalló que todavía hay 22 personas hospitalizadas: 17 en el hospital San Ángel Inn; 2 en el Hospital 1 de octubre del ISSSTE; 2 en el Hospital Rubén Leñero del gobierno de la ciudad y 1 en el Hospital Toxicológico, ya que padece problemas de adicciones.

Posteriormente y tras el lamentable accidente, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron a la zona y abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro. A pesar de que ya en meses posteriores y en reiteradas ocasiones, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, había reconocido que la Línea 3 del Metro necesita una modernización similar a la que se realiza en la Línea 1 del metro, cuyo servicio fue suspendido parcialmente en 2022 y cuyas obras aún se encuentran en la primera etapa y en espera de que entre en funcionamiento este año.

“La Línea 3, por ejemplo, es una Línea también muy antigua que requiere su modernización, a lo mejor ya no nos da tiempo a nosotros, pero va a requerir -a la siguiente administración- pues dejarlo -ya dependerá de quien llegue-, pero dejarle el proyecto de lo que significa la rehabilitación de la Línea 3, que es una de las líneas que requiere hoy una mayor inversión, aun así, como el caso de la Línea 1.”

A pesar de reconocer públicamente de las necesidades y la urgencia de realizar un mantenimiento adecuado a las líneas ya detectadas por sus fallas en el metro de la Ciudad de México y de urgente atención por parte de la autoridades. Hoy se tienen personas lesionadas y una persona fallecida a pesar de que ya tenía antecedente y conocimiento de la condición de la línea 3, además de la línea 12 que pudo servir como experiencia para evitar este tipo de accidentes ante la negligencia de poder otorgar seguridad de millones de pasajeras y pasajeros que hacen uso diario de este transporte tan importante para la Ciudad de México, a pesar de que ya se habían denunciado fallas en el servicio tanto en redes sociales por las y los usuarios y del propio personal que labora por la falta de herramientas, mantenimiento y refacciones en este transporte. Hechos de esta línea como fue el incendio en metro Viveros en octubre de 2022, el olor a quemado en la estación Niños Héroes en diciembre de 2022.

Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja creemos necesario que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados integre el acuerdo correspondiente para la creación de una Comisión Especial para establecer la vigilancia y el destino en materia presupuestaria para iniciar acciones de revisión y mantenimiento preventivo de todo el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, además de que ya se había hecho la propuesta desde septiembre de 2021 y que hasta la fecha continúa en estatus de pendiente y con turno a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que emita el acuerdo correspondiente y que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para la creación de la Comisión Especial de Vigilancia y destino de los recursos presupuestarios suficientes para iniciar acciones de revisión y mantenimiento preventivo de todo el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, ante los hechos relacionados de la Línea 12 y actualmente de la Línea 3.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, destinen los recursos presupuestarios suficientes para emprender acciones de revisión y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, y que estas se realicen a través de un órgano autónomo, técnico y especializado que ejecute diagnósticos y genere recomendaciones de cartera de inversión en infraestructura.

Tercero.- La Comisión Especial dará puntual seguimiento a las investigaciones y los avances relacionados con el incidente del 3 de mayo de 2021, donde colapsó un tramo de vía de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México y a los hechos ocurridos el pasado 7 de enero de 2023 a la línea 3 de la Cámara de Diputados, se integrará por el número de diputadas o diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política y de manera proporcional a la representación de cada una de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados.

Cuarto.- La Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Notas

1  “La línea 12 del Metro: una tragedia anunciada”, Animal Político, 2014, recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-l inea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/

2  Animal Político, “Vecinos denunciaron y especialistas lo advirtieron: había fallas y daños en la Línea 12 del Metro”, 2021, recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-hi storia- denunciasfallasirregularidades/#:~: text=La%20L%C3% ADnea%2012%20present% C3%B3%20un,reporte%20de%20e l%20diario%20Reforma.

3  Accidente en la línea 12: al menos 24 muertos y 79 heridos tras el desplome de un tramo del metro de Ciudad de México, BBC News, 04 de mayo de 2021, recuperado de:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56976696

4  Animal Político, “Gobierno de CDMX dará un millón de pesos a familiares de víctimas de la Línea 12”, 3 de julio de 2021, recuperado de

https://www.animalpolitico.com/2021/07/gobiern-cdmx-dara-un-mill on-vcti mas-linea-12/

5 https://www.forbes.com.mx/el-tramo-cerrado-de-linea-3-del-metro-podria-reabrirs e-la-tarde-de-este-lunes/

6  Línea 3 del metro de la CDMX reanudará servicio hasta nuevo aviso, Periodico El Financiero, 9 de enero de 2023, recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2023/01/08/linea-3-del-metr o-cdmx-servicio-de-indios-verdes-a-tlatelolco-se-reanudara-hasta-nuevo-aviso/

7  Usuarios del metro denunciaron fallas en la linea 3 previo al accidente, Periodico el Financiero, 7 de enero de 2023, recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2023/01/07/choque-en-linea- 3-del-metro-usuarios-denunciaron-estas-fallas-previo-al-accidente/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

EXHORTO A LA SRE, A ESTABLECER LAS BASES PARA CONSEGUIR LA ACEPTACIÓN DE UN ACUERDO MIGRATORIO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a establecer las bases para conseguir la aceptación de un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América y Canadá, en beneficio de nuestros hermanos migrantes, suscrita por la diputada María Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Macarena Chávez Flores, diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si iniciamos por atender el significado de la palabra diáspora tomaremos en cuenta que este vocablo de origen griego habla del fenómeno en el que personas por alguna razón son expulsadas de su lugar de origen y en otros casos abandonan su tierra por propia voluntad.

El caso de México es distinto, pues nuestros hermanos migrantes no viajan fuera de nuestro país por gusto o por ocio, la realidad es que nuestros paisanos ven a nuestros vecinos países del norte con esperanza y como una solución a los problemas económicos que conlleva una economía estancada y carente de oportunidades de trabajo.

La Secretaría de Gobernación mexicana utiliza por autoría de su Unidad de Política Migratoria en su página oficial, el concepto de “La diáspora mexicana” con tintes más románticos que realistas y señala en su publicación dentro de la citada página que el fenómeno en México en relación con la migración hacia Estados Unidos y Canadá es solamente rebasado por fenómeno similar en la India. Proporciona además datos que hablan de cifras en el rango de los 13.0 millones de personas migrantes tan solo en 2017, por citar un año, las cuales están por debajo de las cifras de la India, la que se ubica en los 15.6 millones y que sigue siendo alarmante pues no se han logrado abatir las cifras de baja tasa de empleo, de oportunidades y de condiciones para el crecimiento económico de los ciudadanos mexicanos lo que crea las condiciones necesarias para qué los mexicanos sigan teniendo necesidad de salir a otro país a buscar el sueño americano. Es absurdo que el gobierno mexicano utilice tonos, más de festejo para referirse al fenómeno de la migración de mexicanos y que haga poco para incrementar las fuentes de empleo y el crecimiento económico.

Las penurias, los riegos y los abusos que vive cualquier persona que decide abandonar a su familia y a su hogar por buscar empleo allende las fronteras, constituyen temas que llama la atención de los grupos de defensa de los derechos humanos, pues tanto la incapacidad del gobierno mexicano en crear oportunidades y empleos, así como el nulo compromiso de la cancillería mexicana en la defensa de los mexicanos en el extranjero son contemplados como actos y omisiones por parte del Estado Mexicano.

No necesitamos recibir más gente, esto en referencia a migrantes del sur y de otras regiones que buscan oportunidades en nuestro país, pero no por ello México cerrará sus fronteras, lo que nuestro país necesita es que, ante los nulos resultados de una serie de políticas económicas fallidas por parte del Jefe del ejecutivo y su gabinete, se trabaje por parte de nuestros representantes; el presidente, el secretario de relaciones exteriores y el embajador mexicano, en un acuerdo provechoso para nuestros paisanos, el cual asegure las mejores condiciones posibles y de respeto a los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.

México necesita un mayor flujo laboral y abrir canales para la migración regular e incrementar el turismo del trabajo para hacer frente al fenómeno migratorio y aprovechar así la alta demanda de trabajadores que sigue habiendo en Estados Unidos, a grandes rasgos, la anterior afirmación resume todos los argumentos de la presente proposición con punto de acuerdo.

Por otra parte, es necesario contemplar que el llamado título 42 implementado en tiempos de Trump, hace más difícil llegar a un acuerdo, pues mientras que esta fue una medida pensada para otorgar poderes a los funcionarios federales fronterizos  estadounidenses en cuanto a su facultad de expulsar de forma más rápida a personas indocumentadas quienes pudieran representar un riesgo a la salud, y que su calidad de medida excepcional adoptada durante la pandemia, ha sido mantenida por órganos judiciales norteamericanos, puede tomar una mayor importancia debido a los repuntes en las estadísticas de la pandemia que aún nos aqueja.

El gobierno mexicano debe replantearse las políticas que hasta ahora mantiene, pues negociar con los integrantes del TLCAN requiere una visión más global y actual en lo económico y en lo político.

El tan necesario acuerdo migratorio se ha mantenido de forma recurrente desde gobiernos anteriores en la mesa de negociaciones de esta cumbre tripartita a partir de 2005 y hasta los tiempos actuales, por lo tanto, es necesario que el equipo del presidente haga un trabajo arduo y comprometido con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá por conseguir la aceptación de un acuerdo migratorio, el cual será firmado dado el caso, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y los presidentes de los otros dos países, lo cual deberá ser realmente para conveniencia de todos, pero sobre todo, para nuestros connacionales sin dejar de lado los intereses de los otros países participantes.

Por lo tanto y basando este texto en los argumentos expuestos, es que someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del primer receso de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura, exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que en conjunto con el titular de la cancillería mexicana Marcelo Ebrard Casaubond y el embajador Esteban Moctezuma Barragán trabajen en proponer y establecer las bases para conseguir la aceptación de un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América y con Canadá en beneficio de nuestros hermanos migrantes.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Macarena Chávez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEGOB Y A LA SRE, A FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y CUIDADO A LA POBLACIÓN MIGRANTE ASENTADA EN LA FRONTERA NORTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y a la SRE a fortalecer en coordinación con los estados fronterizos del norte del país, los programas de atención y cuidado a la población migrante asentada en dichas entidades, a cargo de la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Cecilia Sánchez García, senadora de la República por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1 fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en coordinación con los estados fronterizos en el norte del país y en el ámbito de sus atribuciones y  competencias, fortalezcan de manera urgente los programas de atención y cuidado a la población migrante asentada en los estados fronterizos del norte de México tanto de la comunidad proveniente de Centroamérica, así como de la comunidad deportada de Estados Unidos, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El fenómeno migratorio es dinámico, dada la naturaleza de movilidad del ser humano. Por ende, la migración no está exenta de problemáticas, cambios e imprevistos que puedan menoscabar el bienestar de las personas migrantes. México, derivado de su posición geográfica, extensión y desarrollo se ha convertido en un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes. Es importante destacar, que en los últimos años este fenómeno se ha transformado adquiriendo proporciones masivas, con singulares repercusiones, demográficas, económicas, políticas y sociales.

Migrar es un derecho humano y la migración es un fenómeno extendido en todas las latitudes. Se trata de una característica inherente a la especie humana que ocurre de manera heterogénea. Entre la población migrante existen diferentes perfiles, nacionalidades y motivaciones de salida, que comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros.

Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino (casi siempre, Estados Unidos). Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.

De conformidad con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2019 el número de personas migrantes internacionales ascendió a 272 millones en todo el mundo, en comparación con las 258 millones registradas en 2017.

Esta situación ha cambiado a causa de las políticas migratorias restrictivas para ingresar a Estados Unidos, por lo que México se está convirtiendo, cada vez más, en un país destino para migrantes de América Latina y El Caribe.

Del mismo modo, la migración de retorno se ha incrementado. Durante el 2019, el número reportado de repatriaciones de connacionales desde los Estados Unidos fue de 211.2417.

La magnitud de esta migración constituye un singular desafío para las autoridades debido a la complejidad que la caracteriza. En diversos medios de comunicación se han documentado múltiples casos de secuestro a migrantes, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en años anterior presentó el documento titulado Informe especial sobre los casos de secuestro contra migrantes, el personal de la CNDH pudo detectar tanto la reiterada incidencia de narraciones de secuestro de que son víctima los migrantes, expresada por los propios interesados, como la insuficiente actuación de las autoridades migratorias y de las encargadas de la seguridad pública y de la persecución de los delitos.

Al advertir la alta incidencia de secuestros en contra de los migrantes, así como su tendencia creciente, este organismo nacional emprendió esta investigación con la finalidad de llamar la atención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que pongan mayor y particular cuidado en el grave problema que se presenta en gran parte del territorio nacional, en especial en aquellos sitios en donde existe importante presencia de migrantes, como son las fronteras norte y sur del país, y en las rutas de desplazamiento que adopta la migración.

Esta situación muestra claramente que la frecuencia y magnitud de los secuestros de migrantes implica una actividad delictiva de enormes proporciones, que representa altos ingresos a la delincuencia.

Durante mucho tiempo, los migrantes han sido víctimas frecuentes de la delincuencia en la zona fronteriza. Los riesgos son lo suficientemente altos como para que, en vez de permitir que los deportados mexicanos caminen desde el puente de la frontera hasta el centro estatal de recepción de migrantes ubicado a varias cuadras de distancia los funcionarios los transporten en camionetas que después son interceptadas por grupos delictivos.

De igual forma, las cifras señaladas revelan que la actuación de las autoridades competentes en la materia no ha correspondido a la gravedad y frecuencia del delito, pues la comisión de éste ha permanecido constante o se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad.

Como se indica en el informe de la CNDH, dan cuenta que de esos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito, tal parece que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado.

En este sentido, la Constitución Mexicana, en su artículo primero, acoge la normativa internacional en materia de derechos humanos y consagra los atributos y principios que concretan la efectiva protección de todos los derechos, para todas las personas, extendiendo su protección como una garantía para quien se encuentre en nuestro territorio, inclusive de paso.

Los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero de la Constitución constitucionales, relativos a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, establecen que nadie podrá 19 ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Con lo anterior, resultan gravemente violados en el caso de los migrantes que han sido secuestradas, tanto por la privación de la libertad de la cual son sujetos como por las afectaciones a su dignidad e integridad personales que padecen durante su cautiverio y por la exigencia de un rescate. Igualmente, grave es la omisión de las autoridades competentes para atender y resolver estos casos y la problemática general que representa el secuestro de migrantes.

En el mismo sentido, el derecho internacional en materia de los derechos humanos protege la seguridad e integridad personales. Los artículos 2, 3, 5, 7 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mencionan el derecho a la vida, libertad, dignidad, igualdad acceso a la justicia y, del mismo modo, nadie puede ser sometido a tortura y a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violaciones que ocurren con frecuencia en el caso de los secuestros de migrantes

Por ello, la migración se manifiesta como un fenómeno recurrente y cotidiano. Su complejidad y escala fueron abordadas en la Agenda para el Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas. Ante esta presencia del tema un programa mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016 adoptó por consenso la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, un documento que reitera el compromiso de la comunidad internacional con los derechos y la protección de migrantes y refugiados.

En esta Declaración, 193 Estados Miembros buscan generar acciones positivas que comprometan a la comunidad internacional a proveer, de forma urgente, de una vida digna a los refugiados. En ella los Estados reconocen una responsabilidad compartida para gestionar grandes movimientos de refugiados y migrantes, de forma humana, sensible, compasiva y centrada en la gente, y se comprometen además a abordar las causas de estos desplazamientos masivos de población y a colaborar en beneficio de la generación de formas de cooperación.

En este sentido, este flujo migratorio de sur a norte y la aprehensión y deportación de inmigrantes de norte a sur, presenta su mayor problema en los municipios de los estados mexicanos fronterizos a lo largo de los 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, que se concentra principalmente la mayor problemática, en los municipios de Laredo, Matamoros en Tamaulipas, Ciudad Juárez en Chihuahua, como en Tijuana y Mexicali en el Estado de Baja California, municipios donde se realizan los retornos de población aprehendida por autoridades norteamericanas.

Por todo lo anterior, se estima necesaria una revisión y en su caso reestructuración de la política migratoria adoptada por las autoridades de nuestro país, que sea congruente y conforme a los estándares internacionales y los principios establecidos en la Constitución Política y la ley en la materia. Asimismo, es urgente que en coordinación con en el Instituto Nacional de Migración refuerce las acciones necesarias para erradicar cualquier práctica que pueda vulnerar los derechos de las personas migrantes, así como para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los migrantes sea cual fuere su situación jurídica, poniendo especial énfasis en aquellos que se consideren parte de un grupo vulnerable.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en coordinación con los estados fronterizos en el norte del país y en el ámbito de sus atribuciones y competencias, fortalezcan de manera urgente los programas de atención y cuidado a la población migrante asentada en los estados fronterizos del norte de México tanto de la comunidad proveniente de Centroamérica, así como de la comunidad deportada de Estados Unidos, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional.

Notas

1 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Personas_migrantes.pd f

2 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2009_ migra.pdf

3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2009_ migra.pdf

4 https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/sdg_es.pdf

Dado en el salón de Sesiones, a los 11 días de enero de dos mil veintitrés.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CON RELACIÓN AL ATAQUE ARMADO EN CONTRA DE POLICÍAS EL PASADO 2 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y personas lesionadas tras el ataque armado en contra de policías el pasado 2 de enero de 2023 en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con carácter urgente resolución por el que la Comisión Permanente lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y personas lesionadas tras el ataque armado en contra de policías el pasado 2 de enero de 2023 en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León; y se solidariza con las víctimas y familiares de las víctimas; asimismo, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a trabajar de manera coordinada con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las instituciones policiales de la entidad, las instituciones de seguridad pública del estado y de los municipios, así como con la Guardia Nacional, para implementar acciones y programas encaminados a combatir, prevenir y detener el aumento de la violencia creciente en Nuevo León, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, en virtud de que su cumplimiento deriva en garantizar la tranquilidad, el bienestar, la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, en todo el territorio nacional, y particularmente en el estado de Nuevo León, hemos sido testigos del desbordamiento de la inseguridad, violencia y homicidios crecientes, situación que impide garantizar la paz, tranquilidad, bienestar e integridad de las personas, es decir, los mexicanos nos encontramos frente a una crisis de seguridad pública, sin que las autoridades puedan garantizar la integridad de la población.

Ejemplo de ello es la masacre ocurrida el lunes 2 de enero en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, la cual dio como resultado tres elementos policiacos muertos y dos delincuentes abatidos.

Al respecto, fuentes periodísticas informaron que a las 14: 15 horas se recibió el reporte oficial de que la policía de Salinas Victoria había sido atacada a balazos por individuos que, al parecer, al verse sorprendidos habrían abierto fuego con armamento de uso exclusivo del Ejército.

Además del saldo de tres policías sin vida, dos estatales y uno municipal, y dos delincuentes abatidos, se dio a conocer que otros dos policías de Fuerza Civil y un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) resultaron lesionados en el lugar de los hechos. Asimismo, tras el enfrentamiento se logró detener a un hombre de los que se encontraban armados, y de otros cuatro delincuentes, uno de ellos menor de edad.

Desafortunadamente, este hecho no resulta ser un acontecimiento aislado, pues de acuerdo con datos del Informe de incidencia delictiva fuero común, publicado el 31 de agosto de 2022 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2018 a agosto de 2022, se tiene registro de 157 mil 50 víctimas de homicidio doloso.

De la misma manera, la violencia contra las mujeres ha persistido de manera significativa, pues de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se tiene un registro de 2015 a 2022 de 18 mil 46 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Para el caso de Nuevo León, de enero a agosto de 2022 se llevaron a cabo 967 homicidios dolosos, cifra que representa un incremento de 31 por ciento contra el mismo periodo de 2021.

Mientras que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, el estado de Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional con 70 feminicidios, destacando que de enero a agosto de 2022 el delito de feminicidio tuvo un incremento de 100 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021.

Esta ola de violencia afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la población, como a los migrantes, menores de edad, personas de la diversidad sexual, indígenas y mujeres, sin soslayar a los elementos policiacos quienes se exponen a las embestidas de la delincuencia organizada a costa de su integridad.

Al respecto no puede omitirse lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Por su parte, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León establece en su artículo 25 que:

“EI Estado, en ejercicio de la función de seguridad pública, deberá en todo momento salvaguardar la integridad y derechos de las personas, e igualmente preservará las libertades, el orden y la paz públicos.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por Jos principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Estas prerrogativas no sólo no encuentran su cumplimiento en la cotidianeidad de los ciudadanos, sino que las cifras registradas en los cuatro primeros años de esta administración federal sobrepasan en más de 984 muertes por homicidio doloso a las de la administración pasada, por lo que podemos asegurar que esta administración es y será la más sangrienta que se tenga registro.

Es así como los aspectos que anteceden demuestran que hasta el momento no están dando resultados las estrategias para recuperación de la paz, el restablecimiento de la seguridad pública, la prevención del delito y la procuración e impartición de justicia. Por lo cual, ante las inquietudes y demandas de los neoloneses, que reclaman soluciones al problema de la inseguridad pública y con el objeto de que puedan vivir sin temor a sufrir algún menoscabo en su integridad personal o en su patrimonio a manos de la delincuencia, someto a consideración de esta Comisión Permanente, con carácter de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y personas lesionadas tras el ataque armado en contra de policías el pasado 2 de enero de 2023, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León; y se solidariza con las víctimas y familiares de las víctimas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia y ante el inocultable incremento delictivo que se vive en México, ordene a que todos los elementos de la Guardia Nacional realicen las funciones para las que efectivamente fue creada e inmediatamente se emprendan acciones en favor de la seguridad pública.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Nuevo León a trabajar de manera coordinada con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, las instituciones policiales de la entidad, las instituciones de seguridad pública del estado y de los municipios, a fin de garantizar la seguridad de los neoloneses y cumplir los fines de la seguridad pública.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del gobierno del estado de Nuevo León a fortalecer las instituciones de seguridad pública y a mejorar sus sistemas de inteligencia policiaca, para contrarrestar el incremento de la violencia que se vive hoy en el estado de Nuevo León.

Notas

1 https://amp.milenio.com/policia/atacan-balazos-policias-salinas-victoria-nuevo- leon

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO DE NUEVO LEÓN, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA Y DE REESTRUC-TURACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Nuevo León a diseñar e implementar, a la brevedad, un Plan Integral de Movilidad Urbana y de Reestructuración de Transporte Público, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Marcela Guerra Castillo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 a 60, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a diseñar e implantar con la brevedad un plan integral de movilidad urbana y de reestructuración de transporte público para resolver la crisis de movilidad y de transporte público que se vive actualmente en la entidad, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

En los centros urbanos convergen personas que transitan, se trasladan, conviven, laboran, estudian y desarrollan todos los aspectos de su vida, derivado de dichas actividades, las ciudades y sus periferias requieren que los diversos servicios públicos y particulares sean prestados en las mejores condiciones.

Derivado de esta necesidad, surge el derecho a la movilidad voluntaria que se refiere al “libre desplazamiento en condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e infraestructura”, cuya realización permite que las personas de las distintas ciudades o centros urbanos puedan cubrir sus necesidades básicas en todo lo relacionado con su desplazamiento para proveerse de alimentos, abastecimiento de mercados, acudir a los centros hospitalarios y de salud, llegar a su fuente de empleo y a escuelas o centros de estudios, trasladarse a sus hogares y en general, para obtener cualquier tipo de satisfactor, bienes o servicios y requieren para ello de contar con servicios de transporte público eficientes.

Corresponde al Estado la obligación de proporcionar la infraestructura, así como mecanismos necesarios y en condiciones adecuadas, para garantizar el libre tránsito, desplazamiento y movilidad de las personas, y para que pueda contar con transportes públicos o concesionados eficientes, seguros y que cumplan con las disposiciones de protección ambiental, ya que el contar con servicios de calidad tiene un impacto directo en el derecho de todo individuo a vivir con dignidad y al desarrollo de su personalidad.

Actualmente existe la meta mundial de que todas las personas tengan garantizado su acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como a que se les proporcionen sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles y a contar con una cultura y seguridad vial.

En septiembre de 2015, 193 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como guía de referencia para la sostenibilidad económica, social y ambiental a implementarse durante los siguientes quince años, y como programa de acciones concretas para erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en todas sus dimensiones, crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles y, sobre todo, para el cambio climático.

La agenda consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el marcado con el número 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”, con el que se pretende que para 2030 se logre que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y en cuanto al tema de la movibilidad y servicios efectivos de transporte público, se tiene dentro de dicho objetivo de sostenibilidad, la meta 11.2, por la que se pretende que a 2030 se proporcione acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la aplicación del transporte público, prestando atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.

Derivado de la suscripción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las naciones que decidieron adoptar dichas metas y líneas de acción integraron en su legislación disposiciones para reconocerlas y para reglamentarlas, como fue el caso de la movilidad sostenible, que se elevó al rango de derecho humano.

México fue uno de los países que el 18 de diciembre de 2020 integró a su Constitución Política, en el párrafo decimoséptimo del artículo 4o., el derecho a la movilidad que tiene toda persona en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y facultó al Congreso de la Unión para expedir el 22 de mayo de 2022 la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ante la importancia de garantizar el ejercicio pleno de dicha actividad.

La Constitución Política de Nuevo León ya prevé el derecho a la movilidad en su artículo 49, además de reconocer el derecho de todos los Neoleoneses a contar con un transporte público de calidad, digno, eficiente, accesible, inclusivo y con altos niveles de cobertura territorial, obligando al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho mediante la conformación e implementación de un sistema integral de movilidad centrado en favorecer al usuario, incentivando el trasporte de bajas emisiones contaminantes y generando los estímulos necesarios para incentivar la oferta y demanda de este servicio.

De igual forma, el gobierno del estado y los ayuntamientos tienen la obligación de fomentar la cultura de la movilidad sostenible a través de programas y políticas públicas y el Congreso estatal a expedir las leyes que resulten necesarias para garantizar el derecho de la movilidad sostenible, por ello, el 8 de enero de 2020 se expidió la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.

En el artículo 4 de la Ley Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León se determina que la movilidad es el derecho humano para realizar el efectivo desplazamiento propio, de pasajeros y bienes, mediante un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en dicho ordenamiento y a la accesibilidad como el derecho de acceso de las personas, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunidades, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto de zonas urbanas como rurales.

Mientras que en la fracción XLII del artículo 8o. de dicha ley se establece que la movilidad sostenible se entiende como el desplazamiento de personas o bienes, que se realiza a través de modos de transporte de bajo o nulo consumo de carbono, y que privilegian la calidad de vida y el bienestar colectivo, así como la creación de espacios públicos que favorezcan la convivencia ciudadana con los mínimos efectos negativos al medio ambiente; y en la fracción LVI establece que el Sistema Estatal de Movilidad es el sistema de planeación y operación del personal, infraestructura y vehículos que integran la red de movilidad en el estado.

Por su parte, corresponde al Poder Ejecutivo estatal a través de sus dependencias públicas, aplicar la ley, formular, conducir y evaluar la política de movilidad, mejorar la infraestructura para la movilidad, así como fomentar y coordinar las acciones para estructuración y mejoramiento del servicio público de transporte para que el mismo sea prestado en condiciones de modernidad, eficiencia, seguridad y alta calidad para el traslado de personas, bienes, mercancías y objetos, como lo establecen los artículos 9 y 11 de la Ley Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.

Es decir, todo un sistema normativo dota de atribuciones y obligaciones al gobierno de Nuevo León para garantizar a su población que pueda contar con una movilidad sostenible, con un sistema de transporte óptimo y una infraestructura urbana eficiente.

De acuerdo con datos del Inegi de 2022, Nuevo León se caracterizó por ser el estado que creció 32 por ciento más que la media nacional, que fue de 4.6 por ciento, su producto interno bruto creció 6.1 por ciento y es el líder en contribución a la economía nacional por su sector de manufacturas y construcción, aportando 11.4 por ciento del total nacional, generando 8.3 por ciento del PIB nacional.

Respecto a índices y guías que reportan cuáles son las mejores ciudades de México para vivir, el índice de calidad de vida realizado por el gabinete de comunicación estratégica en 2019, así como el índice de Paz en México y a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ambos efectuados en 2021, revelan que San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Guadalupe y Monterrey, todos municipios de Nuevo León cuentan con población con una buena calidad de vida.

Si bien hay muchos elementos que evidencian que los neoleoneses son gente muy trabajadora, emprendedora y comprometida con la productividad y el desarrollo de Nuevo León, dichos aspectos se ven opacados por la crisis de movilidad y de transporte que actualmente sufre dicha entidad federativa y que ya tiene más de un año que se ha recrudecido.

Si bien el Poder Ejecutivo establece en el eje 2 del Plan Estatal de Desarrollo para Nuevo León 2022-2027 la meta de la movilidad sustentable y la reingeniería del transporte público e infraestructura de movilidad, con la intención de optimizar avenidas, calles y semáforos, así como implementar rutas de transporte troncal, sustituir unidades de transporte público e inhibir el uso de automóviles particulares y evitar congestionamientos, dichas acciones poco o nada se han materializado.

La presente administración de Nuevo León no ha atendido el fondo del problema de movilidad y de transporte público ineficiente e insuficiente, por ello, es común que la población de la zona metropolitana de Monterrey integrada por 13 municipios se queje diariamente por las largas filas de espera en rutas urbanas con unidades en pésimas condiciones e insuficientes, un Metrorrey en malas condiciones, con falta de mantenimiento y con estaciones fuera de servicio por problemas estructurales, con validadores que no funcionan, así como por la saturación vehicular y el colapso vial que cada día va en aumento.

En 2022 se incrementaron los costos de todos los servicios de transporte y no así su eficiencia y suficiencia, tan solo la zona metropolitana de Monterrey requiere de por lo menos 3 mil unidades nuevas de camiones, pero el gobierno estatal sólo adquirió mil a la armadora china Ankai y sólo han llegado 120 a la entidad federativa.

El Metrorrey, que podría ser una opción de transporte para aliviar la falta de camiones, no lo es ante la interrupción del servicio y el cierre de seis estaciones de la Línea Dos por fallas estructurales que posiblemente requieran de reconstrucción, y aunque no se hubiera tenido que hacer dicho cierre, dicho tipo de transporte no tiene la capacidad suficiente para hacer frente a la demanda que existe en el área metropolitana, por lo que se requiere la construcción de más líneas.

El Transmetro y la Ecovía también son insuficientes y qué decir de tomar taxi o hacer uso de plataformas móviles de vehículos particulares que ponen tarifas dinámicas por horas pico, que no están al alcance de todos por sus costos y que afectan los bolsillos de los usuarios, además de que contribuyen al aumento del parque vehicular lo que provoca tráfico y saturación vial.

Urge la reestructuración de rutas de transporte público, infraestructura y vías de comunicación eficientes que permitan enfrentar y resolver la crisis de movilidad y transporte que vive la zona metropolitana de Monterrey.

Nuevo León está catalogado como la segunda entidad federativa con más inversión extranjera directa y por ser uno de los estados de más importancia para la relación bilateral México-Estados Unidos, porque es un centro industrial y motor económico, por ello, su población se merece una movilidad y transporte público de vanguardia, eficiente y de calidad.

Resulta necesario que el gobernador constitucional de Nuevo León elabore e implante con la mayor brevedad un plan integral de movilidad urbana y de reestructuración de transporte público, que incluya el mejoramiento de infraestructura de la zona metropolitana de Monterrey para así poder resolver el fondo de la crisis de movilidad y de transporte público que se vive actualmente en la entidad y que de no realizar acciones inmediatas, dicha problemática puede tener efectos más perjudiciales social y económicamente para la población de dicha entidad.

Ante dicha problemática y derivado de los argumentos expuestos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con total respeto de la división de poderes, formula atento exhorto al gobernador constitucional de Nuevo León para que a través de la Secretaría de Movilidad y Pla-neación Urbana diseñe e implante con la mayor brevedad, con eficiencia técnica y financiera, un plan integral de movilidad urbana y de reestructuración de transporte público para resolver de fondo la crisis de movilidad y de transporte público que se vive actualmente en dicha entidad para evitar que aumenten los efectos perjudiciales que social y económicamente se están generando a su población.

Notas

1 Esta definición de movilidad voluntaria se obtuvo del artículo “Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá, DC”, de Fridole Ballén Duque, para la publicación Prolegómenos: Derechos y Valores, año X, número 20, julio-diciembre de 2007, página170.

2 La información de Nuevo León generada en 2022 por el Inegi se puede consultar en

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=19#collapse-Re sumen

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE HAGAN PÚBLICAS LAS ACCIONES Y RESULTADOS EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos a hacer públicas las acciones y resultados en el marco de la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Laura Lynn Fernández Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para dar contexto del presente punto de acuerdo que nos ocupa, resulta fundamental entender ¿qué es el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas?, y con base en datos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal lo define como “la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor”.

Dicho Mecanismo fue creado con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, en el ejercicio de sus labores en pro de la defensa de sus derechos y de la libertad de expresión, misma que es un derecho fundamental parte de las garantías individuales y se encuentra protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6o y 7o., que a la letra dicen.

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7o.. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.” (Sic)

Ahora bien, en el marco de lo mandatado por la Carta Magna, para garantizar y proteger la libertad de expresión y a las personas que hacen uso de este derecho, como forma de vida y profesión, el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, su Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y a su vez la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, ha intentado dar protección a los comunicadores y periodistas que por ejercer la misma son víctimas de amenazas persecución y en algunos casos han desencadenado consecuencias fatales, siendo estas personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

Derivado de lo anterior resulta pertinente entender el significado de periodismo y periodista, siendo los siguientes:

Periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio.

Periodista es aquella persona que se dedica en forma más o menos profesional al periodismo a través de cualquier medio, ya sea prensa escrita, radio, televisión y/o medios digitales. La labor del periodista está asociada con la investigación de noticias o problemáticas de interés público y actualidad a través de diversas fuentes verificables para su difusión. La figura del periodista es amplia y, de acuerdo con su medio de desempeño, puede ocupar el rol de reportero, editor, redactor, fotógrafo, diseñador, técnico y otros.

El ejercicio del periodismo en México en los últimos años ha vuelto una profesión cuyo ejercicio es muy peligroso, ya que la mayoría de estas personas se denuncian por medio de investigaciones en la mayoría de los casos muy bien documentadas, demandas sociales, actividades ilegales, actos de corrupción en los que se han visto envueltos diversas autoridades y funcionarios de todos los niveles de la administración pública y la iniciativa privada.

Como antecedente cabe mencionar que en el año de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, posteriormente en el año de 2010, fue renombrada como Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), siendo esta la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión; institución que depende de la Fiscalía General de la República y que tiene el objetivo de brindar atención a las víctimas del delito; Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos; promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información; proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.

Tras estos importantes avances por parte del gobierno federal, que se fueron presentando a través de varios sexenios, por virtud de los cuales se crearon organismos gubernamentales en pro de salvaguardar la libertad de expresión y los derechos humanos de los periodistas, aún falta mucho por hacer, con base en información publicada por la organización denominada “Artículo 19”, desde el año 2000 al 2022, se tienen registrados 157 periodistas asesinados en México, derivado de su labor como comunicadores, en lo que va de la presente administración se tienen documentados 37 homicidios causados en contra de periodistas, sin que a la fecha se haya informado respecto del avance o resolución sobre alguno.

A continuación, y como sumo respeto enuncio los nombres de los periodistas que han sido víctimas de la delincuencia durante el presente sexenio:

Cabe mencionar que, los homicidios cometidos en contra de los periodistas Rubén Pat Cauich, José Guadalupe Chan ocurridos en el año de 2018 y Francisco Romero en el año de 2019, mismos que eran ciudadanos del estado de Quintana Roo, se suscitaron estando bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dicho Mecanismo se creó con el objeto de implementar y operar las medidas de prevención, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, asimismo, es la instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

Desafortunadamente tras los lamentables homicidios que fueron causados en los años de 2018 y 2019 en contra de periodistas Quintanarroenses, mismos que contaban con el amparo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se deja de manifiesto que dicho mecanismo en el contexto actual ya carece de eficiencia, por lo que resulta fundamental que de forma inmediata se revisen los protocolos que tienen, para garantizar no solo la protección de los derechos humanos de las personas objetivo sino también la vida misma, cabe mencionar que este mecanismo funciona por medio del fideicomiso 10232, del cual según el comunicado del fecha 2 de abril de 2020, con relación al decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado el antes citado día, en el Diario Oficial de la Federación, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas advierte que no existe riesgo alguno para la permanencia y operación del Fideicomiso 10232 del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante el Fideicomiso del Fondo para la Protección), lo anterior en virtud de que está mandatado en la ley.

Sin embargo, en los informes publicados por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, desde el año de 2018 no se ha publicado información relacionada con el uso, aplicación y ejecución de los recursos del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio del ahora llamado Fideicomiso del Fondo para la Protección, por lo que resulta de suma importancia que de forma inmediata se dé a conocer esta información.

No omito señalar el intento de homicidio cometido el pasado mes de diciembre de 2022, en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, donde según investigaciones fue baleado en su camioneta mientras se encontraba en tránsito por calles de la Ciudad de México, sin embargo dicho delito solo quedó en un intento, el periodista aclaró que no tiene enemigos personales, no tiene ningún conflicto que pudiera motivar el ataque y no había recibido amenazas por lo que se puede concluir que lo quisieron matar por su trabajo periodístico.

Este caso no es distinto a los delitos cometidos en contra de todos los periodistas que fueron enunciados en el presente documento, lo preocupante es que siguen ocurriendo y no parece haber indicios de que se detengan, se investiguen, persigan y erradiquen, no omito señalar que la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que México, con 11 asesinatos de periodistas en 2022, llegó a su cuarto año consecutivo siendo el país sin guerra más letal del mundo para los periodistas, incluso por arriba de Ucrania.

Derivado de lo anterior, podemos concluir que aún falta mucho por hacer para garantizar los derechos humanos y la vida de periodistas, ya que a pesar de que existen denuncias y evidencias la presente administración, no ha cumplido con la obligación de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, para que hagan pública las acciones y resultados que se han obtenido en el marco de la aplicación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, derivado de los delitos y agresiones que se han cometido en contra de periodistas durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 a diciembre del 2022.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, ambos de la Secretaría de Gobernación, para que hagan públicas la información relacionada a la aplicación de los recursos del Fideicomiso 10232 del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hoy Fideicomiso del Fondo para la Protección, así como el número de personas que cuentan con la protección del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de los años del 1 de diciembre de 2018 a diciembre de 2022.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, ambos de la Secretaría de Gobernación, para que se creen políticas públicas actualizadas al contexto nacional y se revise el protocolo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de periodistas en legítimo ejercicio de la garantía individual de libertad de expresión.

Notas

1 https://www.gob.mx/segob/documentos/conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion -de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas

2 https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidad-para-la-defensa-de-los-derechos-human os

3 http://www.sicom.cat/blog/definicion-de-periodismo/

4 https://www.definicionabc.com/comunicacion/periodista.php

5 https://articulo19.org/sobre-articulo19/

6 https://articulo19.org/periodistasasesinados/

7 https://www.gob.mx/segob/acciones-y-programas/mecanismo-de-proteccion-para-pers onas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas-81609

8 https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/es/articulos/comunicado-sobre-el-fide icomiso-10232-del-mecanismo-de-proteccion?idiom=es

9 https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidad-para-la-defensa-de-los-derechos-human os

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Laura Lynn Fernández Piña (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A PREVENIR Y SANCIONAR LA EXTRACCIÓN ILEGAL DE MATERIALES PÉTREOS EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a la SE, así como a la Conagua, a colaborar en los procedimientos de inspección y vigilancia para la protección de los cerros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para prevenir y sancionar la extracción ilegal de materiales pétreos, suscrita por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, así como a la Comisión Nacional del Agua, a colaborar conforme a sus atribuciones legales y con respeto de la esfera competencial del gobierno local en los procedimientos de inspección y vigilancia para la protección de los cerros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de prevenir, detener y, en su caso, sancionar a las personas que realizan extracción ilegal de materiales pétreos afectando el equilibrio del ecosistema local, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La sobreexplotación de recursos naturales es una de las conductas que más afecta a la conservación de los ecosistemas, en razón de que daña de manera irreversible el equilibrio ecológico de una zona como consecuencia de la extracción uso o aprovechamiento de un recurso natural en forma excesiva, con la finalidad de obtener un beneficio económico o en especie.

En muchas ocasiones, esta conducta se realiza de manera furtiva, ya sea para sobrepasar los límites que establece el permiso que ampara la explotación de recursos naturales o como sucede en la mayoría de los casos, porque no se cuenta con permiso alguno para realizar tal explotación, lo que inevitablemente conduce al deterioro de la zona explotada, a la extinción de especies y al agotamiento de los materiales explotados, en ocasiones, con consecuencias permanentes.

Debido a la riqueza natural de la república, así como a la amplitud de su extensión geográfica, existen en nuestro país, diversas zonas susceptibles de sufrir esta clase de explotación desmedida, cuyos riesgos se incrementan en áreas naturales que colindan con asentamientos humanos y que provocan la extracción ilegal de recursos renovables y no renovables, ya sea para beneficio propio o con la finalidad de explotación comercial, destacando dentro de los últimos, a los materiales pétreos, que se clasifican de la siguiente manera:

· Naturales. Localizados en yacimientos naturales, para utilizarlos sólo es necesario que sean seleccionados, refinados y clasificados por tamaños. Comúnmente se hallan en yacimientos, canteras o graveras.

· Artificiales. Se localizan en macizos rocosos, para obtenerlos se emplean procedimientos de voladura con explosivos, posteriormente se limpian, machacan y clasifican y con ello se procede a utilizarlos.

· Industriales. Son los que han pasado por diferentes procesos de fabricación, tal como productos de desecho, materiales calcinados, procedentes de demoliciones o algunos que ya han sido manufacturados y mejorados.

De manera que la extracción ilegal de materiales pétreos de alta demanda como arena, piedra, grava, cal, carbón mineral, azufre o fluorita y cualquier otro tipo de material utilizado en la construcción, se convierte en el objetivo de personas que buscan obtener algún beneficio económico, por la fácil colocación en el mercado, en alguna de las siguientes actividades:

• Extracción preparación, despalme o descapote;

• Cargado y acarreo;

• Trituración y clasificación; y

• Embarque y comercialización.

En muchos casos, la extracción de estos materiales se realiza por microempresas, y el transporte, acopio y venta de material, es realizado por pequeños y medianos establecimientos. muchos de los cuales ni siquiera cuentan con la preparación, la instrumentaria y los permisos requeridos para realizar la explotación de tales materiales; ejemplo de lo anterior se encuentra en la minería social en donde

... la mayoría de las empresas tienen sus actividades en comunidades ejidales bajo las reglas del mismo ejido o mediante un contrato temporal, sin que éste se encuentre dado de alta ante el Registro Agrario Nacional o con los esquemas de los programas de la Procuraduría Agraria, lo cual es de suma importancia ya que el registro de ese convenio respalda legalmente los acuerdos entre el productor y la comunidad.

Destacando además que los riesgos de sobreexplotación, así como los peligros a la vida humana y a los ecosistemas se incrementan cuando se trata de minas abandonadas, toda vez que las mismas continúan siendo minadas por las comunidades aledañas, sin control alguno, lo que impacta seriamente el bienestar colectivo en beneficio de unos cuantos.

En el caso de San Cristóbal de las Casas Chiapas, “la extracción, desde hace más de siete décadas, de 38 millones 278 mil 975 metros cúbicos de materiales pétreos —equivalentes a 23 millones 924 mil 359 toneladas— de 52 bancos de arena y grava de cerros del oriente de San Cristóbal de las Casas ha ocasionado un deterioro ambiental irreversible”, según palabras de Miguel Ángel Vázquez Sánchez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, en entrevista concedida pare el periódico La Jornada el 9 de junio de 2017; siendo lasobreexplotación de los bancos de arena y grava la más grave de la zona, que de acuerdo a la nota de referencia, desde 1940 ha provocado que las formaciones geológicas queden expuestas y produzcan procesos graves de erosión, lo que afecta a los humedales de la zona, a sus especies endémicas y a la población que ahí habita, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la zona.

Banco de arena sobreexplotado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Foto Moysés Zúñiga Santiago. Disponible en https://jornada. com.mx/2017/06/09/estados/028n1est

Si bien la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado un papel destacado en la prevención y combate de estos delitos a escala nacional, como se desprende del boletín de prensa de la propia dependencia, la extracción y explotación de materiales pétreos continúan realizándose día con día, como documenté en mis redes sociales el pasado 5 de diciembre:

Disponible en https://twitter.com/PatyArmendariz/status/15997671720 45119488?t=MpUao0d0KeaLSGXJ0RclZA&s=08

Por lo anterior se estima prudente hacer un llamado a las autoridades en la materia, para de forma colaborativa con la autoridad local, realicen operativos en la zona para supervisar y en su caso sancionar a las personas físicas o morales que sobreexplotan los cerros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para la extracción de materiales pétreos.

En virtud de lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, así como a la Comisión Nacional del Agua, a colaborar conforme a sus atribuciones legales y en respeto de la esfera competencial del gobierno local en los procedimientos de inspección y vigilancia para la protección de los cerros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de prevenir, detener y, en su caso, sancionar a las personas que realizan extracción ilegal de materiales pétreos afectando el equilibrio del ecosistema local.

Notas

1 Secretaría de Economía. (2013) Estudio de la cadena productiva de los materiales pétreos, Análisis, México,

https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_c omercio/cadena_productiva_materiales_petreos.pdf

2 Ídem.

3 Secretaría de Economía. (2013) Estudio de la cadena productiva de los materiales pétreos, Análisis, México,

https://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_c omercio/cadena_productiva_materiales_petreos.pdf

4 Henríquez, Elio.(2017) “Daño irreversible por sobrexplotación de materiales pétreos en San Cristóbal”, en La Jornada, México,

https://jornada.com.mx/2017/06/09/estados/028n1est

5 Procuraduría Federal de la Defensa del Ambiente, 2017, Clausura la Profepa mina de extracción de materiales pétreos en ANP Nevado de Toluca, México, boletín de prensa, México,

https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-mina-de-extra ccion-de-materiales-petreos-en-anp-nevado-de-toluca-estado-de-mexico

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A INSTRUIR AL SIPINNA, A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA A FIN DE ESTABLECER UNA ADECUADA POLÍ-TICA DE ESTADO PARA LA INFANCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir al SIPINNA a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer una adecuada política de Estado para la infancia, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, que representan 35 por ciento de la población y de cuyo bienestar hoy, depende el desarrollo presente y futuro del país.

Sin embargo, de acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana 2021, muestra que México sigue siendo un país en el que existen condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Con base en la información oficial disponible, puede sostenerse que no existe un solo ámbito de derechos en el que el país haya tenido un buen desempeño. Lo más preocupante de esta situación se encuentra en que se trata de una cuestión histórica, estructural y sistémica.

Los hallazgos que se tienen en la investigación muestran cómo, al menos desde 2008, cuando se llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza y hasta el año 2020, de forma constante, 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país se identificó en esa condición.

En este nuevo cálculo del Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, se construye una estimación que permite mostrar el estancamiento que se registra en todas las dimensiones para las que existe información desagregada a nivel estatal, construyendo un comparativo para los últimos cinco años completos para los que se dispone de datos: 2016-2020.

Este índice muestra claramente las dramáticas condiciones en que vivía la niñez mexicana, justo al inicio de la pandemia de la Covid-19 y del confinamiento obligado; por lo que en posteriores mediciones, podrá compararse con toda precisión cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el grado de cumplimiento de sus derechos.

Sin duda, todos los gobiernos, en al menos las últimas cuatro décadas, han sido omisos o han tenido fallas graves en esta materia. Sin embargo, en la actual administración, la niñez es simplemente inexistente, tanto en el discurso como en las acciones de gobierno. La oferta pública se ha reducido, por un lado, al otorgamiento de becas, que han mostrado su ineficacia en el combate a la pobreza, reducción de desigualdades o incremento de la matrícula y permanencia escolar; y por el otro, a acusar a las niñas y niños de ser peligrosos golpistas por exigir sus medicamentos y no morir por enfermedades que podrían ser curables.

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) relativos a la medición de la pobreza en 2020 muestran uno de los efectos más perversos —quizás no deseados y por supuesto no previstos— de la política de transferencias monetarias que ha implementado el gobierno de la República: entre los años 2018 y 2020, el porcentaje de personas adultas mayores en condiciones de pobreza se redujo de 43.2 por ciento a 37.9 por ciento, es decir, poco más de cinco puntos porcentuales. Sin embargo, entre la población infantil, el porcentaje pasó, en los mismos años, de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento, es decir, 2.3 puntos porcentuales más.

Sin duda alguna, en México la pobreza tiene rostro de infancia. Y es que, además, debe considerarse que desde 2008 y hasta 2020, no ha habido un solo año en que al menos 50 por ciento de quienes eran niños o adolescentes en ese periodo, se encontraban en condiciones de pobreza. Más doloroso aún es que, según los propios datos oficiales, puede estimarse que 90 por ciento de las niñas y niños que hablan alguna lengua indígena están en condiciones de pobreza.

Siendo todas las dimensiones que se miden en este instrumento graves, hay tres que quizá revelan las condiciones más atroces que enfrenta la niñez mexicana. La primera de ellas es la relativa al hambre. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 había casi un millón de hogares donde, en los últimos tres meses previos al levantamiento de la información, una niña o niño comió sólo una vez al día o no comió en todo el día.

El segundo de los datos dolorosísimos del Índice es el relativo a la tasa de mortalidad por homicidios intencionales. Para dimensionarla hay que ponerla en perspectiva: en México los feminicidios son una emergencia nacional, cada día se registran al menos tres casos, que implican una tasa de 1.3 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Pues bien, para el caso de las niñas, niños y adolescentes, el promedio diario es de 3.8 asesinatos; pero dado el tamaño de la población infantil y adolescente, la tasa es de 3.6 casos por cada 100 mil en el grupo de edad, es decir, prácticamente tres veces más que la tasa de feminicidios, frente a lo que es sintomático que el país no haya visibilizado la magnitud de la tragedia y que no haya reaccionado en consecuencia.

El tercero de los indicadores que muestran la crisis por la que atraviesa nuestro país, es el relativo al trabajo infantil. Según la medición ampliada del Inegi, habría alrededor de 3 millones de niñas y niños que trabajan en México. De esa cifra, prácticamente 90 por ciento lo hace en condiciones peligrosas para su edad y prohibidas por la ley.

No tenemos tiempo que perder. Y mientras en la mayoría de los espacios públicos la agenda diaria es sobre cómo se modifica o no la ley para tener mayor rentabilidad electoral para unos u otros partidos, la niñez mexicana literalmente se desangra, muere de hambre, de enfermedades evitables o es explotada y víctima de la violencia.

“Otro de los problemas es que hay un castigo en el presupuesto para las infancias. Si a las niñas, los niños y los adolescentes los siguen castigando con la falta de presupuesto y políticas públicas, qué podemos esperar de un país como el nuestro que los abandona de manera cotidiana”.

Es entonces que no se puede dejar a la niñez desamparada, en todos los sectores, sin hacer nada, sin presupuesto, sin programas, es necesario más presupuesto. Como sabemos en diciembre de 2014 se publicó la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ordena la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 125, LGDNNyA).

En México hay casi 1 millón de hogares donde las niñas o niños comen una sola vez al día, la tasa de homicidio en su contra es de 3.6 por cada 100 mil (la de feminicidio 1.3), hay 3 millones en trabajo infantil, 90 por ciento en condiciones peligrosas.

De acuerdo con el Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la organización destacó una falta de acciones efectivas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, quienes conforman 30.4 por ciento de la población mexicana.

Otra de las violencias a las cuales están expuestas las niñas, niños y adolescentes es al reclutamiento por parte de organizaciones criminales, expuso la titular de Redim. Cuestionada sobre un video que circula en redes sociales donde se observa a menores de edad armados en el marco del operativo militar realizado el pasado jueves 5 de enero en Culiacán, Sinaloa —que culminó en la detención del capo Ovidio Guzmán López—, la organización apuntó que entre 250 y 400 mil personas menores de 17 años están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

En este último punto, la Redim sumó los efectos que la presencia del crimen organizado y el incremento generalizado de la violencia en México ha tenido en la niñez: durante los primeros 11 meses de 2022 se registraron mil 116 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en México (257 feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, 859 homicidios dolosos de niños y adolescentes hombres), un incremento de tres por ciento con respecto al año anterior. La cifra total de homicidios de personas menores de 17 años fue de 2 mil 330, lo cual también representó un aumento de 4.1 por ciento en un año.

Asimismo, de acuerdo con el Balance Anual 2022 analiza el caso particular del Estado de México, donde se identificó que el feminicidio, la trata de personas y/o el secuestro con fines de explotación, explotación sexual o explotación sexual con fines comerciales, se convirtió en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres. En estos casos impera la impunidad, pues sólo 6 por ciento de las personas procesadas por este delito obtuvieron sentencia, recuperó el reporte.

Es entonces que hacen falta acciones efectivas y presupuesto, de acuerdo con el análisis de Redim, el presupuesto asignado para 21 programas federales para la atención de niñas, niños y adolescentes —un monto total de 899.5 mil millones de pesos— no incrementó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “lo cual implica que en estos programas se podría observar un decremento en términos reales de los recursos asignados”.

Es por ello que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes implementen una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer una adecuada política de Estado para la infancia, fortaleciendo los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para garantizar una política nacional adecuada de Estado para la infancia, por lo que me permito proponer, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer una adecuada política nacional de Estado para la infancia, fortaleciendo los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; a fin de prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia contra este grupo de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema.

Notas

1 Mauricio Ramos, Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, UNICEF, México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Saúl Arellano, Índice de los Derechos de la Niñez, 2022, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 03 de enero de 2022 en

https://www.mexicosocial.org/indice-de-los-derechos/

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.mexicosocial.org/politica-de-estado-para-la-infancia /

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.mexicosocial.org/politica-de-estado-para-la-infancia /

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, Menores Migrantes, Problema “Invisible”, Reporte Índigo, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en

https://www.reporteindigo.com/reporte/infancias-y-jovenes-migran tes-los-eternos-olvidados/

14 Ibídem.

15 Tamara Mares Rivera, Periodista por la UNAM, Crecen homicidios, extorsiones, lesiones y trata de menores en un año, alerta Redim, Sin Embargo, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.sinembargo.mx/06-01-2023/4308511

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Tamara Mares Rivera, Periodista por la UNAM, Crecen homicidios, extorsiones, lesiones y trata de menores en un año, alerta Redim, Sin Embargo, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.sinembargo.mx/06-01-2023/4308511

19 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL Y A DIVERSAS DEPENDENCIAS, A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES Y GARANTICEN EL PRINCIPIO DE MÁXIMA TRANSPARENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a diversas dependencias a cumplir con sus obligaciones y garanticen el principio de máxima transparencia, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del GPPRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como sabemos, la corrupción es uno de los principales problemas que se presentan en el mundo y que afecta a nuestra sociedad; de acuerdo con “SemMéxico”, la corrupción nos cuesta alrededor de 9 mil 500 millones de pesos; asimismo, en el 2021, más del 57 por ciento de la población consideró la corrupción como el problema más importante de nuestro país, solo por detrás de la inseguridad, razón por la cual es primordial la transparencia, la participación de la sociedad y la coordinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con los 32 organismos garantes, integrantes en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

En nuestro país, en el periodo de enero a noviembre del 2022, se registró un incremento de 48 por ciento los recursos de impugnación en contra de diversas instituciones públicas, pasando de 16 mil 670 en el año 2021, a 24 mil 740 en el 2022, por lo que los 10 sujetos obligados con el mayor número de recursos interpuestos son:

• Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con 5 mil 329 recursos de impugnación;

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 1 mil 656 recursos de impugnación;

• Telecomunicaciones de México (Telecom), con 1 mil 407 recursos de impugnación;

• Secretaría de Salud, con 717 recursos de impugnación;

• Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), con 607 recursos de inconformidad.

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con 553 recursos de impugnación;

• Secretaría de Educación Pública (SEP), con 537 recursos de impugnación;

• Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 493 recursos de impugnación;

• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con 444 recursos de impugnación, y

• Fiscalía General de la República (FGR), con 422 recursos de impugnación.

Lo anterior, sin duda, es un foco rojo que debe ser atendido de manera urgente, sobre todo si revisamos las cifras de los primeros tres años de gobierno en donde se reportó que el INAI recibió casi 37 mil quejas de ciudadanos inconformes con las respuestas que recibieron a solicitudes de transparencia enviadas a dependencias e instituciones federales. Se trata del sexenio con el promedio anual más alto de quejas desde que se creó el sistema de transparencia.

Cabe señalar que de acuerdo con el “Informe País 2020”, se observaron discrepancias de información entre: los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); los datos publicados en los informes de las instituciones públicas; los portales especializados como Compranet o la Plataforma Digital Nacional, y los datos que se encuentran en los micrositios de los sujetos obligados. Lo anterior, demuestra nuevamente la baja calidad y seguridad de la información en nuestro país, así como las áreas de oportunidad y los desafíos que se presentan en materia de transparencia. La cifra supera a la de los tres sexenios pasado.

Adicionalmente, es importante mencionar que en esta administración se han duplicado las negativas de proporcionar información a la ciudadanía clasificándola como “información confidencial” o “información reservada”, Santiago Alamilla menciona que en los tres primeros años de esta administración, las negativas a proporcionar información pública se duplicaron comparadas con las que se dieron en el mismo periodo del sexenio anterior, al pasar de 6 mil 938 entre 2007-2009 a 14 mil 128 en 2019-2021, según información obtenida a través de la plataforma nacional de transparencia del INAI.

Alamilla resalta también que inclusive para los primeros seis meses de 2022, existen ya 2 mil 147 negativas a entregar información bajo el pretexto de estar clasificada o reservada y denuncia “que a partir del año pasado, la administración pública federal niega la información bajo los conceptos “información confidencial”, “información reservada”, “información parcialmente reservada” e “información parcialmente confidencial”; retirando el concepto “negativa”, pero en la práctica se traduce en dejar de proporcionar la información que se les pide”.

Inclusive la clasificación de la información de “seguridad nacional” ha sido la estrategia de este gobierno para poder avanzar en sus megas obras, es decir, han construido toda una política de opacidad a costa de la transparencia y del derecho a la gente a conocer información pública. Tal es el caso del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería Olmeca de Dos Bocas.

Arturo Daen y Samedi Aguirre en su artículo “Información bajo llave: Gobierno de AMLO reserva documentos de proyectos y casos clave” exhiben que existen muchos casos más de información reservada por el gobierno como datos de muerte por Covid, acuerdo sobre armas, agentes de la DEA en México, explosión de Tlahuelilpan o los datos del avión presidencial.

Y tal vez uno de los casos más preocupantes es el relacionado con los contratos de vacuna Covid, pues pese a que todos los procesos de contratación son públicos por mandato legal; por tratarse de recursos públicos; el gobierno federal determinó que lo conducente era reservar por cinco años los acuerdos y contratos suscritos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics para la obtención de vacunas contra el Covid-19.

Lo anterior porque tanto la Secretaría de Salud como la de Relaciones Exteriores determinaron clasificar como información reservada los contratos con dichas empresas justificando esta decisión en por motivos de confidencialidad acordados con las empresas que las desarrollan. Privilegiando así la opacidad en un tema tan delicado como es la salud de las familias mexicanas.

De acuerdo con él con el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción que elaboró Americas Society, y en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, nuestro país junto con Guatemala, Brasil y Argentina son los países que retrocedieron en materia de transparencia en el año 2019. Asimismo, hemos tenido un avance apenas visible en esta materia, por lo cual somos el país peor evaluado de entre los que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Debemos visibilizar la importancia que tienen las herramientas de acceso a la información, y es que estas sirven como un mecanismo de control ciudadano, que funciona para revelar casos de interés público y relevancia nacional, que está al alcance de todos los ciudadanos, por lo cual es necesario que el (INAI), de acuerdo con sus funciones, pueda garantizar que los sujetos obligados señalados anteriormente y que cuentan con diversos recursos de impugnación en su contra, puedan entregar la información pública a quien la solicite.

No debemos olvidar que toda persona cuenta con el derecho humano a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla, sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Asimismo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:

“ Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la ley federal, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta ley.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, particularmente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Telecomunicaciones de México, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Educación Pública, al Servicio de Administración Tributaria y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que son las dependencias con el mayor número de quejas y medios de impugnación en su contra en materia de transparencia y de acceso a la información pública, para que de manera urgente cumplan con sus obligaciones y garanticen el principio de máxima transparencia constitucional y el derecho de las y los ciudadanos al acceso a la información pública.

Notas

1 SEM México. En 2022 la corrupción a México le costó nueve mil 500 millones de pesos, Disponible en:

https://www.semmexico.mx/en-2022-la-corrupcion-a-mexico-le-costo -nueve-mil-500-millones-de-pesos/

2 El Economista. Impugnaciones ante el Inai registran alza de 48%, Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Impugnaciones-ante-el-I nai-registran-alza-de-48-20230101-0053.html

3 https://www.animalpolitico.com/2022/01/amlo-quejas-transparencia-inai-dependenc ias/

4 La Jornada. En 2022, casi se duplicaron las impugnaciones ante el INAI, Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/01/politica/en-2022-cas i-se-duplicaron-las-impugnaciones-ante-el-inai/?from=homeonline&block=ultim asnoticias

5 https://www.m-x.com.mx/investigaciones/con-amlo-se-disparan-las-negativas-a-dar -informacion-por-estar-reservada-o-clasificada

6 https://www.m-x.com.mx/investigaciones/con-amlo-se-disparan-las-negativas-a-dar -informacion-por-estar-reservada-o-clasificada

7 https://www.animalpolitico.com/elsabueso/gobierno-amlo-reserva-documentos-casos -proyectos-clave/

8 SEM México. En 2022 la corrupción a México le costó nueve mil 500 millones de pesos, Op. cit.

9 Ídem.

10 INAI. ¿Qué es el INAI?, Disponible en:

https://home.inai.org.mx/?page_id=1626#:~: text=Garantizar%20en%20el%20Estado%20mexicano,una%20sociedad%20incluyente%20y%2 0participativa.

11 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Derecho de acceso a la información, Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/noticia/derecho-de-acceso-la-informacion #:~: text=es%20el%20derecho%20de%20toda,justificar%20su%20uso%5B6%5D.

12 Cámara de Diputados. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

Dado en la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A FORTALECER ESTRATEGIAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO ANTE EL AUMENTO DE CASOS DE FEMINICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a fortalecer y articular eficazmente estrategias para prevenir y erradicar la violencia en razón de género ante el aumento de casos de feminicidios en la entidad, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura, números quinto, sexto, séptimo, décima quinta y vigésima sexta, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con puntos de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de México para que, ante el aumento de casos de feminicidios en la entidad, se fortalezcan y se articulen de manera eficaz las estrategias para prevenir y erradicar la violencia en razón de género, bajo las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema global que afecta a millones en todo el mundo cada año. Esta violencia suele ser perpetrada por alguien cercano a la víctima, como la pareja, un familiar o un conocido, y puede tener consecuencias graves o incluso fatales para la salud física y mental de la víctima.

El feminicidio es una forma extrema de violencia contra la mujer y se refiere al asesinato de mujeres en razón de género. Este es un problema grave cada vez más agudizado en México, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias, así como para la sociedad en su conjunto.

Para poner de relieve el asunto, entre enero y septiembre de 2022, México registró 695 casos de feminicidio, mientras que en el noveno mes del año se registraron 78 casos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el Estado de México sigue a la cabeza con 101 casos, seguido de Nuevo León con 79 y Veracruz con 55.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quince municipios del Estado de México se encuentran en la lista de las 100 localidades con mayor número de feminicidios a nivel nacional. Ecatepec y Valle de Chalco se ubican en los lugares octavo y noveno, respectivamente, con nueve feminicidios registrados de enero a noviembre de 2022. Le siguen Tlalnepantla de Baz en el lugar 13 con ocho feminicidios, así como Naucalpan de Juárez y Toluca de Lerdo en las posiciones 28 y 29, respectivamente, con seis delitos de este tipo en el mismo periodo de referencia.

No obstante, de acuerdo con la experta en el tema en cuestión, la doctora Blanca Ivonne

Olvera, profesora de Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó recientemente a los medios de comunicación que existe una cifra negra en este ámbito, pues el 93 por ciento de los estos crímenes no se denuncian. Los casos de feminicidio casi se han duplicado en los últimos siete años, explicó.

Por mencionar un solo ejemplo, tal es el caso que no fue expuesto en medios de comunicación, se trata de la ciudadana Leslie Sarahí Luna Hernández, persona con discapacidad motriz que fue privada de la vida el pasado 25 de octubre de 2022 en la colonia La Palma, Tultepec. Según la versión de los vecinos, fueron detenidos el padre y la madrastra de la joven. Cabe destacar que su estado de discapacidad fue producto de las agresiones físicas que recibió en el pasado por parte de su pareja sentimental.

Por lo que resulta urgente que se atienda con urgencia, perspectiva de género y discapacidad el lamentable hecho delictivo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 325 del Código Penal Federal vigente, un feminicidio ocurre cuando una mujer es privada de la vida por razones de género, si se presentan los siguientes signos de violencia:

“Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Asimismo, la violencia feminicida se encuentra definida en el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

“Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación penal sustantiva.”

La violencia en contra de las mujeres y las niñas es una realidad que afecta a nuestro país y nos preocupa cada vez más. Para combatirla, son cruciales la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, así como la asistencia a las víctimas de dicha violencia.

Esa violencia no solo viola gravemente los derechos humanos, destruye familias y comunidades y obstaculiza el desarrollo, sino que también impone enormes costos sociales, económicos y productivos a las personas, las familias, las comunidades y a la sociedad en general.

Corresponde a las Fiscalías de las entidades federativas investigar las muertes de mujeres violentadas desde una perspectiva de género e implementar medidas de protección a las víctimas.

Si bien nuestro país ha recorrido un largo camino, con avances sustantivos en materia de alertas de violencia de género contra las mujeres, así como la identificación y tipificación del comportamiento de los principales delitos que afectan a mujeres y niñas en el país, aún queda mucho trabajo por hacer.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que, ante el aumento de casos de feminicidios en la entidad, se fortalezcan y se articulen de manera eficaz las estrategias para prevenir y erradicar la violencia en razón de género.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que, en coordinación con Secretaría de Seguridad del Estado de México, se emprendan las estrategias necesarias para garantizar justicia y seguridad de las mujeres y las niñas, debido al incremento de feminicidios en la entidad.

Notas

1 Milenio. “De enero a septiembre se registraron casi 700 feminicidios en México”. Disponible en:

https://acortar.link/VHn5kq. Consultado el 10 de enero de 2023.

2 Debate. “Edomex tiene 15 de los 100 municipios con más feminicidios en 2022, le siguen NL y CDMX.” Disponible en:

https://acortar.link/VMeb8N Consultado el 10 de enero de 2023.

3 El Heraldo. “La cifra negra en feminicidios y violencia contra las mujeres obstaculiza la solución a estos crímenes”. Disponible en:

https://acortar.link/xzwUwx Consultado el 10 de enero de 2023.

4 Código Penal Federal. Disponible en:

https://acortar.link/ptJvTl Consultado el 10 de enero de 2023.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO Y AL PODER JUDICIAL DE JALISCO, A REVISAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PRESOS POLÍTICOS: JAVIER N, VLADIMIR N, Y ALEXIS N

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y al Poder Judicial de Jalisco a revisar la situación jurídica de los presos políticos Javier N, Vladimir N y Alexis N, con la finalidad de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y su libre ejercicio, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada federal a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 8o. señala: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

2. Que en su artículo 10 expresa: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

3. Que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define las condiciones para el acceso a la justicia garantizando el derecho humano de acceso a la justicia, esto a través del debido proceso, entendido este como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito.

4. El pasado 5 de enero de 2023 tras una audiencia plagada de irregularidades se les dictó prisión preventiva oficiosa a tres estudiantes la Universidad de Guadalajara (UdeG) tras citarlos a declarar en el caso, que se les acusa, de los supuestos cargos de despojo de tierras y aguas en detrimento de una inmobiliaria.

5. Javier N, Vladimir N y Alexis N, como consecuencia de su libre manifestación de ideas y de asociación pacifica en ejercicio de su libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos, derivada de su legitima preocupación por el espacio público, así como por su comunidad, ciudad y por consecuente organizarse para defender un predio que fue adquirido con la finalidad de la construcción de un parque.

Predio que fue adquirido con recursos públicos por el ayuntamiento de Guadalajara con la finalidad de destinarse como parque siendo aprobado por el congreso la compra de dicho para la finalidad en mención, es decir la construcción de un parque.

A más de 15 años de dicha compra y tras estos años de defensa del espacio público y el derecho humano y constitucional del acceso a un medio ambiente sano realizado por las y los vecinos de la comunidad de Huentitán en Jalisco, con la única finalidad de recuperar lo que ellos consideran que debería ser un mercado.

6. El gobierno del estado en contubernio con particulares ha iniciado un proceso judicial el cual ha estado viciado desde su origen en contra de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) antes mencionados.

7. La inoperancia de las autoridades y la ausencia de obras públicas para el cumplimiento del proyecto para el que fue adquirido el predio son un claro ejemplo de la desatención por parte de las autoridades y una clara falta a la misión de la autoridad en materia de atención a las demandas sociales de la población.

8. Las y los vecinos de la comunidad de Huentitán junto con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, solo hicieron patente el derecho constitucional que tiene de reunión y manifestación, mediante una protesta como cualquier ciudadano lo tiene además de hacer pública su opinión y exigir sobre el destino de los recursos públicos.

9. La raíz de este problema es social y pública al ser un predio municipal al que se hace referencia. Por lo que no es correcto que se pretenda a través de un discurso político desde el gobierno local que se defina como un tema entre particulares. Esta problemática refiere al derecho a libre manifestación y al principio de la participación ciudadana, de mecanismos de democracia directa como es el gobierno abierto, presupuestos participativos, entre otros.

10. El Poder Judicial del estado de Jalisco al dictar prisión preventiva oficiosa a tres estudiantes, está faltando al debido proceso, pues la misma  Suprema Corte de Justicia, en pasados meses y como producto de una serie de solicitudes, debatió la aplicabilidad de la prisión preventiva oficiosa y su viabilidad como medio para alcanzar la justicia; resolviendo que este mecanismo debería solo ser utilizado para casos excepcionales y que la prisión preventiva oficiosa debería dejar de ser un medio y que debería  ser sustituida  por aquella denominada justificada significando así  que el ministerio publico debiera  solicitarla al juez; previa justificación de la misma y sustentada en  alguna de las tres hipótesis siguientes: que se necesita que esas personas lleven su juicio en prisión por su peligrosidad puesto que pueden hacer un daño a la sociedad,  porque pueden presionar a la autoridad estando en libertad o porque pueden fugarse.

11. Ninguna de las hipótesis que prevé la ley para dictar prisión preventiva se cumplen en el caso; de los tres estudiantes citados, que lo único que han hecho es intentar sembrar arboles con la finalidad de crear el parque que el gobierno no ha realizado, cumpliendo la promesa a la ciudadanía, durmiendo 144 noches fuera de su casa en un parque eso no los hace peligrosos, por lo que la hipótesis de fuga se desecha al presentarse a la audiencia, siendo inaplicable la medida de prisión preventiva oficiosa.

12. El desahogó de la audiencia se realizó en privado, con la asistencia de cuatro ministerios públicos y 5 testigos de la empresa contra 3 estudiantes, observando la fuerza desmedida del aparato de justicia, en un en claro acto de autoritarismo.

13. Por lo antes descrito, manifestamos nuestra solidaridad con los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara, detenidos injustamente por el gobierno de estatal de Jalisco, tras protestar en defensa de una reserva propiedad de la comunidad de Huentitán. Exigimos la aplicación de la justicia y apego al debido proceso y a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Jalisco y al Poder Judicial de esa entidad a revisar la situación jurídica de los presos políticos Javier N, Vladimir N, y Alexis N, con la finalidad de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y su libre ejercicio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CAMPECHE, A REFORZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN INHIBIR EL INCREMENTO DE DELITOS COMO EL FEMINICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Campeche a que a través de su Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y su Fiscalía, refuercen las acciones que permitan inhibir el incremento de delitos como el feminicidio, homicidio culposo, extorsión, robo en sus diversas modalidades y otros, a cargo de la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Cecilia Sánchez García, senadora de la República por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II y 276 numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Campeche para que a través de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado y en coordinación con la Fiscalía General del estado de Campeche refuercen las acciones que permitan inhibir el incremento de delitos como el feminicidio, homicidio culposo, extorsión, robo en sus diversas modalidades y otros, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, en sus conclusiones señala que los actuales índices de violencia y criminalidad en el hemisferio han posicionado a la seguridad ciudadana como una de las principales demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. Asimismo, menciona que las sociedades enfrentan cotidianamente renovados desafíos que permitan el respeto por los derechos de todas las personas integrantes de la sociedad.

Las diferentes formas de violencia tienen como antecedentes diversas manifestaciones entre las que se destacan el crimen organizado, la presencia de armas de fuego en manos de particulares, el abuso de sustancias psicoactivas, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, niños y adolescentes, la violencia contra la población indígena y población afrodescendiente, la violencia contra los adultos mayores y la violencia relacionada con la delincuencia juvenil.

Segunda. Campeche se ha distinguido por formar parte del grupo de entidades federativas más seguras para vivir en nuestro país, así tenemos que Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala, son los lugares con bajo índice delictivo a pesar de la ola de violencia que se ha ido expandiendo en la República Mexicana, se menciona que a inicios del 2022 estas entidades se mantuvieron como las más seguras al concentrar 56 homicidios dolosos de los 4,697 que acumulan los meses de enero y febrero, al concentrar solo el 1 por ciento de ese delito, por ello, las convierte en las zonas más seguras para vivir y visitar.

Tercera. Cifras oficiales de la Plataforma de Incidencia Delictiva y del Observatorio Nacional Ciudadano e innumerables notas informativas se ha señalado el aumento de delitos durante el año pasado en Campeche lo que ha representado el 57.65 de tasa por cada 100 mil habitantes. Los municipios con mayores incidencias delictivas tenemos Campeche registró 331 delitos sólo con carpetas de investigación; Carmen 195, Escárcega 89, Calkiní 29, Champotón 26, Candelaria 18; Hopelchén 12 y los sectores con menores incidencias denunciadas son Tenabo con 8, Palizada 5, Hecelchakán y Calakmul tuvieron solo 4.

Respecto de enero y febrero de 2022 se contabilizaron los delitos del fuero común al igual que de alto impacto tuvieron un repunte, ya que los casos de homicidios dolosos subieron 33.33 por ciento, los feminicidios de enero a febrero 200 por ciento, homicidios culposos en comparación con el 2021 representa 63.64 más mientras las víctimas de extorsión pasaron de 1 caso en enero a 14 en febrero del año antepasado.

El delito de robo en su agravante de violencia pasó de 36 víctimas a 158, lo que aumentó 338.89 por ciento, entre las variantes de delitos el robo de autos fue de 52 casos a 73, las denuncias por robo a negocio y casa habitación pasaron de 28 a 131 y de 29 a 210 carpetas de investigación. La capital del Estado se ha señalado como el sitio más inseguro en delitos sexuales con 18 denuncias, Carmen tuvo 14, Champotón 6, Escárcega 4, Candelaria 3, Calakmul 2, Calkiní y Hecelchakán solo 1 incidencia cada una, mientras Hopelchén, Palizada y Tenabo se mantuvieron en 0, cuya tasa es de 5.30 por cada 100 mil habitantes.

Cuarta. Vivir con inseguridad es uno de los problemas que se está acrecentando en Campeche, algunas pobladoras manifiestan sentirse inseguras al caminar solas por las calles de la ciudad, al sentir como estas se han transformado en escenarios de múltiples robos y agresiones a personas, incluso sienten la ausencia de la policía y las autoridades, pues “siempre que hay algo llamamos a la policía, pero estos llegan 30 minutos o una hora después, si acaso, ya que en otras ocasiones ni viene”.

Ante la falta de credibilidad hacia las autoridades, varios vecinos se organizan para vigilar la colonia y ya advierten a la policía de no meterse cuando linchen a un delincuente, pues ya están cansados de ser víctimas y que estos se aprovechen de que la mayoría son adultos mayores o mujeres solas. Sin embargo, hay quienes señalan que el aumento de la delincuencia no es culpa de la policía, sino que se debe a la falta de valores familiares y de “mano dura” contra los delincuentes.

También reconocen que no existe la cultura de la denuncia, pues esperan que la policía los detenga sin que exista quien presente la acusación correspondiente, dando lugar a que los delincuentes sean detenidos y posteriormente liberados por falta de está, lo que ocasiona que los malhechores aprovechen la oportunidad para salir y reincidir en la comisión del delito, incluso aprovechan los huecos legales para recuperar su libertad.

Quinta. Ante la agudización de los delitos en Campeche por delitos dolosos por arma de fuego en diciembre y tres más desde inicios de dicho mes integrantes de la asociación Más Vida, Más Familia están pidiendo al gobierno de la entidad cambiar la estrategias de seguridad, pues las actuales no han funcionado a más de un año de la administración; además, la asociación aseguró que juntarán firmas para exigir la renuncia de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Por otra parte, la presidenta de la asociación consideró “inmoral” el viaje de la funcionaria estatal a un país europeo, con toda su familia, mientras los ciudadanos campechanos viven con el temor de ser los siguientes (en ser agredidos) cuando salen al trabajo o a cualquier actividad de la casa o laboral. Asimismo, precisó “inmoral y una burla a los campechanos, lo dijimos desde un principio, entregarle a una familia el control de la seguridad del estado será algo difícil”.

En conferencia de prensa Nictehá Aguilera Silva, la presidenta nacional de la asociación Más Vida, Más Familia, dijo que realizarán la implementación de cuatro puntos de acción debido a la gravedad del tema de inseguridad en Campeche, siendo el primero la solidarización con los familiares de las personas desaparecidas en la ciudad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Campeche para que a través de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de dicha entidad y en coordinación con la Fiscalía General del estado de Campeche refuercen las acciones que permitan inhibir el incremento de delitos como el feminicidio, homicidio culposo, extorsión, robo en sus diversas modalidades y otros.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Campeche para que en coordinación con la Fiscalía General del estado promuevan la cultura de la denuncia a través de campañas publicitarias en diversos medios de comunicación con la finalidad de incentivar entre los ciudadanos la confianza hacia sus autoridades.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Contraloría del estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias, con la finalidad de esclarecer posibles conductas indebidas respecto de la responsabilidad que tiene Marcela Muñoz Martínez como titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Referencias

http://cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadvi.sp.htm

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/05/estados-mas-segu ros-mexico-2022

https://www.poresto.net/campeche/2022/4/8/campeche-pierde-seguri dad-primer-bimestre-del-2022-el-mas-peligroso-en-25-anos-328067.html

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/207559/campeche-piden-camb io-en-estrategia-de-seguridad-y-destitucion-de-marcela-munoz

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los once días del mes de enero de 2023.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A RESTRINGIR LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POR PARTE DE LA EMPRESA MATRIMAR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a restringir la explotación de agua por parte de la empresa Matrimar, a fin de garantizar la afluencia del líquido en la Laguna de la Venadera, suscrita por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Víctor Oswaldo Fuentes Solís, senador por el Estado de Nuevo León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León, para que restrinja la explotación de agua por parte de la empresa Matrimar, con el fin de garantizar la afluencia del líquido en la laguna de La Venadera, asimismo se solicita implemente acciones a fin de reubicar las instalaciones de la empresa Matrimar, establecida en torno al Área Natural Protegida Sierra de Picachos, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León que respectivamente establecen que:

“ Artículo 4.- ... Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 2 establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a los que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Constitución Política de Nuevo León

“ Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a una alimentación sana y suficiente que propicie un desarrollo físico e intelectual. La Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y garantizará el acceso a la sana alimentación a través de políticas públicas, así mismo determinará la participación del Estado y Municipios en la materia. Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un ambiente sano para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadanía, velarán por la conservación de los recursos naturales, así como su aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad de vida, tanto como defender y restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos objetivos de orden superior.”

En este sentido, es menester señalar que la Sierra Picachos es el Área Natural Protegida más grande de Nuevo León, con una superficie de 175,305 hectáreas protegidas. Se encuentra ubicada al norte de la Zona Metropolitana de Monterrey, en los municipios de Higueras, Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, Marín, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria, en Nuevo León, México. Pertenece a la Sierra Madre Oriental, Sierras y Llanuras Coahuilenses.

Entre sus bondades destaca la absorción de carbono de 2 millones 758 mil 880 toneladas por año, una captación de agua superior al 50% de la que se presenta en la zona metropolitana y una fauna, que se compone de aproximadamente 85 especies de aves, osos, pumas, tortugas de tierra y del lobo mexicano, entre las que sobresalen animales como el oso negro, pumas, guajolotes silvestres, murciélagos, el pájaro coa, el águila real, e incluso, el lobo gris mexicano, especie clasificada en peligro de extinción. En cuanto a plantas algunas clases de pinos y encinos, la tenaza y el orégano, este último utilizado como ingrediente en la cocina tradicional neoleonesa.

La sierra a su vez sirve como un paradero para especies migrantes que viajan de norte a sur y viceversa. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) ha catalogado a esta zona como una Región Prioritaria para la Conservación. Son 175,305 hectáreas protegidas.

La parte baja de la sierra está repleta de matorrales submontanos, resguardando a comunidades de “ barretales”, que según indica la CONABIO, son las mejor conservadas del país.

Asimismo, es necesario hacer la precisión que Sierra Picachos se encuentra resguardada únicamente de manera parcial como Área Natural Protegida Estatal, habiendo el Ejecutivo del Estado de Nuevo León delimitado un área de protección en el año 2000, misma que se incrementó en el año 2021, para contar a la fecha con 175,305 hectáreas protegidas, las cuales son de gran trascendencia para la supervivencia de los Municipios de Cerralvo, Dr. González, Los Herrera, Melchor Ocampo y los Ramones, donde de acuerdo con el INEGI se aglutinan alrededor de 18 mil habitantes, y que es donde se encuentra la pedrera Matrimar, por lo que esta puede seguir operando y causando devastación a los ecosistemas de la sierra.

Ahora bien, conviene mencionar que en recientes fechas los habitantes del ejido Comunidad Benavides Grande y Benavides Olivares se han visto involucrados en una problemática con la pedrera Matrimar, la cual se ubica en la sierra de Picachos, a quien acusan de despojo de 400 hectáreas pues, presuntamente, de las 700 hectáreas que ocupa dicha pedrera en la Sierra de Picachos, 400 pertenecen a dicho ejido, cuya asamblea asegura que nunca cedió, vendió ni avaló que la pedrera se extendiera dentro de sus límites territoriales.

Un ejido es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; y también se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio en el artículo 27 de la Carta Magna.

Es así como diversos medios de comunicación manifiestan que el consejo ejidal ya denunció desde el 2019 dicha “invasión” ante el Tribunal Agrario federal número 20 y ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en donde demandan que los dueños de la empresa les restituya el predio y lo remedien ambientalmente.

Al respecto, Aristeo Benavides, uno de los principales activistas que han luchado contra la pedrera de Matrimar e integrante de dicha asamblea ejidal, señaló que en los oficios presentados ante la Sedatu y el tribunal agrario, cuya causa es 395/2019, denuncia que el dueño de la pedrera, José Santos Martínez Gutiérrez, ingresó a su nieta, Zannia Mayela Osuna Martínez, como integrante del consejo ejidal de Benavides Grande y Benavides Olivares; con ayuda del presidente municipal, Zacarías Martínez, quien es su familiar; con la finalidad de regularizar la ocupación de las tierras ejidales. Sin embargo, Aristeo Benavides sostiene que Osuna Martínez no tiene ascendencia del ejido y, por lo tanto, no debe ser integrante de este.

De la misma manera, el activista exige que se establezca un remedio a las afectaciones ambientales ocasionadas por Matrimar, la cual, de acuerdo con diversos medios de comunicación, rebasó los límites de partículas permitidos según reportes realizados a la empresa en 2017 y 2018, por parte de la exsecretaría de Desarrollo Sustentable de la entidad federativa.

En citados reportes, se encontró que se rebasaba el límite de partículas permitidas de PM10 y PM 2.5:

• El límite permitido para PM10 que es de 75 microgramos por metro cúbico (µg/m³) para ese tipo de establecimientos, se rebasó más de 300% y en PM2.5 que es de 45 µg/m³ se rebasó hasta 203%.

• El primero de los reportes se realizó del 15 al 20 de mayo de 2017 y se encontró que los niveles de PM10 sobrepasaron el límite permitido hasta un 363%, pues se emitieron 347.2 µg/m³.

• Y en los reportes del 1 al 3 de agosto de 2017, se registró una emisión de 223.3 µg/m³, 198% más que las emisiones permitidas.

• En el reporte del 21 al 23 de noviembre de 2017 el contaminante PM10 se rebasó 266%, pues se emitieron 275.1 µg/m³.

• Asimismo, del 6 al 8 de febrero de 2018, PM10 se rebasó un 77%, al registrarse 133.1 µg/m³.

Aunado a lo anterior, dicha explotación está afectando la cuenca hidrológica Agualeguas-Los Ramones, pues diariamente Matrimar usa hasta 130 mil litros de agua de los arroyos Mojarras, Pescados y Sardinas. Además, está dañando los mantos acuíferos de la sierra de Picachos, la cual es una “fábrica de agua”, pues hay estudios que indican que al año absorbe y produce 52 millones 200 mil metros cúbicos de agua, lo cual agrava la situación de los neoleoneses que hoy se encuentran padeciendo una situación de situación grave de sequía, como lo constata la Declaratoria de Emergencia por Sequía emitida el 3 de febrero del año en curso.

A ello se suman las afirmaciones del sacerdote José Manuel Guerrero Noyola, “Padre Chema”, quién también es integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Arquidiócesis de Monterrey, en donde señala que el agua de la laguna de La Venadera, que surte al Arroyo Mojarras que baja de la Sierra Picachos, es apropiada por la pedrera Matrimar, afectando a los municipios de Doctor González, Los Ramones, Los Herreras, Cerralvo, entre otros. El párroco insiste que, desde la administración estatal, tienen a dichas comunidades en el abandono, de acuerdo con el archivo periodístico.

Por ello, surge la imperante necesidad de que el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León realice una revisión exhaustiva respecto de la situación de la empresa pedrera Matrimar, a fin de garantizar la seguridad de la tenencia y el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y, particularmente, el derecho al agua de todos los neoleoneses, ante el incierto panorama que se vive producto de la sequía hidrológica que afecta la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León para que, en virtud de la escasez de agua que afecta a la entidad, restrinja la explotación de agua por parte de la empresa Matrimar, con el fin de garantizar la afluencia del líquido en la laguna de La Venadera, ubicada en dicha entidad federativa.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León para que realice las acciones necesarias a fin de reubicar las instalaciones de la empresa Matrimar, que se encuentra establecida en torno al Área Natural Protegida Sierra de Picachos.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en coordinación con el Gobierno del estado de Nuevo León, implemente las acciones necesarias a fin de garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra para los pobladores de las comunidades de Benavides Grande y Benavides Olivares, de dicha entidad federativa.

Notas

1. http://www.ran.gob.mx/ran/indic_bps/NOTA_TECNICA_SOBRE_ LA_PROPIEDAD_SOCIAL_v26102017

2. https://www.elhorizonte.mx/local/acusan-a-pedrera-matrimar-por-despojo-de-400-h ectareas/4066669

3. Ibídem.

4. https://www.elhorizonte.mx/local/simulan-proteger-sierra-picachos-y-favorecen-p edrera/v-4064678

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

CREACIÓN DE FONDOS DE APOYO ECONÓMICO PARA FAMILIARES Y DEPENDIENTES DE POLICÍAS QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, HAYAN PERDIDO LA VIDA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las 32 entidades federativas a promover y aprobar la creación de fondos de apoyo económico para familiares y dependientes de policías que, en el ejercicio de sus funciones, hayan perdido la vida, suscrita por el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 2 de enero de 2023, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, se registró un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad de este municipio e integrantes del crimen organizado.

Como resultado de este enfrentamiento, tres elementos de la policía de Salinas Victoria lamentablemente perdieron la vida a causa del fuego cruzado.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, los delincuentes que sostuvieron este enfrentamiento con policías municipales y estatales provenían de Tamaulipas y a los cuales se les había estado dando seguimiento para su detención en una futura ocasión.

No obstante, el lamentable suceso se dio como resultado de un patrullaje de rutina, por lo que al enfrentamiento tuvieron que acudir fuerzas de seguridad estatal para dar apoyo y respaldo a los elementos que sorprendieron a los integrantes de las células delictivas que se encontraban en Salinas Victoria.

Este tipo de situaciones y hechos, no son casos aislados o exclusivos de los estados del norte del país, por el contrario, cada vez se ha visto con mayor frecuencia enfrentamientos entre integrantes de distintas células delictivas y elementos de las fuerzas de seguridad civil estatales y federales donde estos últimos arriesgan la vida para preservar la paz y la seguridad de millones de familias mexicanas.

De igual forma, es de conocimiento de distintas corporaciones de seguridad, que las células delictivas cada vez son más sofisticadas en operación y armamento, toda vez que, se ha observado que el equipamiento con el que cuentan estas células es de mayor potencia e incluso igualan a las de las fuerzas militares, por lo que la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad estatal y municipal en varias ocasiones queda rebasada.

Como resultado de lo anterior, en los primeros días de este año, al menos 2 policías nuevoleoneses han perdido la vida por culpa de estas organizaciones criminales.

Respecto a la vulnerabilidad en la que muchas ocasiones se enfrentan los elementos de seguridad y protección ciudadana, es necesario voltear a ver y reconocer que las y los policías estatales y municipales también son padres, madres, hijas o hijos de familias y de cuyo trabajo y salario dependen más de una persona.

En este sentido, el hecho de que una o un policía pierda la vida no solo se refiere una sola persona, por el contrario, se trata de dejar en estado de vulnerabilidad a su familia y/o dependientes.

Reconocemos que actualmente el Estado Mexicano cuenta con instrumentos especiales para el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad de los estados y municipios como son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública o el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, mediante los cuales se destinan fondos para el equipamiento y profesionalización de las y los policías de las entidades federativas.

No obstante, son pocos los casos en los que el estado cuenta con un fondo especial para la atención de familiares y dependientes de las y los policías que en el cumplimiento de sus funciones pierden la vida a manos del crimen organizado en nuestro país.

Como ejemplo de lo anterior, el congreso local de mi entidad recientemente aprobó la creación de un Fondo de Apoyo Económico y Educativo especialmente diseñado para las y los familiares y dependientes de las y los policías fallecidos en el ejercicio de sus funciones, lo cual, da certeza y seguridad para que la familia siga contando con un medio de subsistencia en el lamentable caso de que la o el integrante de la familia que sea policía, pierda la vida.

Al igual que en Nuevo León, se vuelve necesario que cada vez en más estados se opté por contar con mecanismos de esta naturaleza en favor y beneficio de las y los policías que día a día velan por la integridad y seguridad de las y los mexicanos.

Es por ello, que desde el H. Congreso de la Unión hacemos un llamado a los Congresos de los Estados para que en la medida de sus respectivas funciones y presupuestos aprueben la creación de fondos de apoyo económico para las y los familiares de policías que en el ejercicio de su profesión pierdan la vida a manos del crimen.

La crisis de violencia que vive nuestro país es una situación que nos debe preocupar y ocupar a todos, y en la medida de lo posible y desde nuestra trinchera optemos siempre por blindar y apoyar a nuestras corporaciones de seguridad estatales y municipales para que sigan velando por nuestra integridad y protección.

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos interesa que, sin importar el color del gobierno en turno en los estados y municipios, se brinden más herramientas y mecanismos de apoyo a las corporaciones de seguridad, para que las y los policías de México sigan cuidando a la ciudadanía de las manos del crimen que azota y afecta en cada rincón de nuestro país.

La seguridad de las y los mexicanos es un asunto y responsabilidad de todas y todos quienes integramos los poderes del Estado.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de las 32 Entidades Federativas de México, para qué en la medida de sus respectivas funciones y capacidades presupuestales promuevan y aprueben la creación de fondos de apoyo económico para familiares y dependientes de policías que en el ejercicio de sus funciones hayan perdido la vida.

Suscrito el 11 de enero de 2023, en el salón de sesiones de la Comisión Permanente.– Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, A REFORMAR SUS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO PARA REDUCIR LOS ACCIDENTES DE MOTOCICLETAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México a reformar a sus respectivos reglamentos de tránsito con visión metropolitana, para reducir los accidentes viales con motocicletas en ambas entidades, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos y en el acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del segundo año de la LXV Legislatura, números quinto, sexto, séptimo, décima quinta y vigésima sexta, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con puntos de acuerdo por la cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se realicen reformas a sus respectivos reglamentos de tránsito con visión metropolitana con el objetivo de reducir los accidentes viales con motocicletas en ambas entidades, y se tome en cuenta la participación de la población usuaria de este medio de transporte, bajo las siguientes:

Consideraciones

Ante el acto fallido de pretender reformar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, sin brindar argumentos basados en la evidencia científica por parte de las autoridades locales, para que las motocicletas con cilindradas menores a 600 centímetros cúbicos no pudieran circular en los carriles centrales de vías de acceso controlado, el diálogo se impuso ante el conflicto generado por el error descrito, generando coincidencias entre los usuarios de motocicletas y el gobierno de la ciudad que, de implementarse, serían en beneficio de la población.

Al respecto, el 18 de noviembre de 2022 se dio a conocer en diferentes medios de comunicación que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que se llevarán a cabo modificaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, con el objetivo de proteger y evitar el incremento de accidentes con motocicletas en la Ciudad de México. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en conjunto con la Secretaría de Movilidad publicaron un comunicado conjunto para anunciar la estrategia “Salvar Vidas” en materia de seguridad vial. Entre las acciones anunciadas se encuentra:

“[...] En materia de uso de motocicleta en la ciudad, el titular de la Semovi destacó que se reformará el reglamento de tránsito para que este tipo de vehículos no puedan circular en los carriles centrales de vías de acceso controlado en caso de tener un cilindraje menor a los 600 centímetros cúbicos. [...]”

Mientras que en países de Europa se está desincentivando el uso de cilindradas grandes en motocicletas por cuestiones de cuidado del medio ambiente, en la Ciudad de México se pretendía lo contrario con la propuesta descrita.

Hoy en día, el uso de la motocicleta no solo es una opción más para que los hombres viajen, sino que cada vez más mujeres utilizan este medio, no solo para el entretenimiento, sino también para las necesidades de las actividades diarias. Sin embargo, hasta el día de hoy, los gobiernos carecen de un plan para abordar este complejo fenómeno.

Según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito matan a 1.2 millones de personas al año y son la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo, para el caso de México ascienden a más del 23% de todas las muertes por tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, de 2018 a 2021 se registró un incremento del 107 por ciento respecto al número de muertes de motociclistas por accidentes de tránsito en la Capital de la República.

Mientras que en el Estado de México Godwin González Estrada, titular del Servicio de Urgencias del Estado de México, destacó que, en los dos últimos años, el número de servicios por emergencia en moto que realiza la institución se incrementó entre 40 a 50 por ciento.

Esta falta de planificación, unida al aumento del número de motocicletas y la falta de cultura vial, ha provocado un aumento exponencial de los accidentes viales.

No obstante, resulta necesario tomar en consideración que andar en motocicleta puede tener algunos beneficios para la salud, aunque también existen riesgos asociados a esta actividad. Algunos de los posibles beneficios de andar en motocicleta son:

Ejercicio cardiovascular: Andar en motocicleta puede ser una actividad cardiovascular beneficiosa, ya que involucra el uso de grandes grupos musculares y puede aumentar la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo.

Reducción del estrés: Algunas personas pueden encontrar que andar en motocicleta es una forma efectiva de reducir el estrés y liberar tensiones.

Mayor sensación de libertad: Andar en motocicleta puede proporcionar una mayor sensación de libertad y de conexión con el entorno, lo que puede mejorar el bienestar psicológico.

Es importante tener en cuenta que andar en motocicleta también conlleva ciertos riesgos, como el peligro de accidentes y lesiones graves. Por lo tanto, es importante tomar medidas de seguridad adecuadas, como el uso de equipo de protección y el respeto a los reglamentos de tránsito, para minimizar estos riesgos.

Por parte de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, se requiere de un enfoque integrado y coordinado para disminuir y prevenir los accidentes de tránsito por el flujo de vehículos que hay entre las dos entidades, por lo que resulta impostergable que en lugar de abordar los problemas de manera aislada se implemente una visión metropolitana en busca encontrar soluciones a nivel del área metropolitana en materia de movilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se realicen reformas a sus respectivos reglamentos de tránsito con visión metropolitana con el objetivo de reducir los accidentes viales con motocicletas en ambas entidades, y se tome en cuenta la participación de la población usuaria de este medio de transporte.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno del Estado de México para que en el ámbito de sus competencias se lleven a cabo adecuaciones a la infraestructura vial de sus entidades para garantizar un manejo seguro a los usuarios de vehículos motorizados de dos ruedas así como desplegar nuevas señalizaciones de tránsito y campañas con un fuerte acento en la prevención de accidentes de tránsito y con la responsabilidad de cuidar la vida de todos (motociclistas, peatones, ciclistas y automovilistas).

Notas

1 La Prensa. “Nuevo reglamento de tránsito CDMX: Qué cambia para los motociclistas”. Disponible en:

https://cutt.ly/jM0dHsg. Consultado el 22 de noviembre de 2022.

2 Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comunicado conjunto: “Presentan Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Movilidad estrategia para salvar vidas en materia de seguridad vial”. Disponible en:

https://cutt.ly/YM0hdNS. Consultado el 21 de noviembre de 2022.

3 El Heraldo. “Edomex: hay 896 mil motos más que hace 20 años, los accidentes y los delitos se han disparado.” Disponible en:

https://acortar.link/Jf5xID Consultado el 23 de enero de 2023.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA PROFEPA Y A LA SEDEMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA ELEFANTA ELY EN EL ZOOLÓGICO SAN JUAN DE ARAGÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa y a la Sedema de la Ciudad de México a realizar las investigaciones y verificar las condiciones de la elefanta Ely en el zoológico San Juan de Aragón, suscrita por la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ely es un elefante africano hembra de casi 40 años de edad, quien llegó al zoológico de San Juan de Aragón en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México en agosto de 2012, luego de ser comprada a un circo por la Secretaría del Medio Ambiente del entonces Distrito Federal; a su arribo al lugar, fue diagnosticada con varios padecimientos crónicos, incluyendo un problema osteoarticular en una de sus patas debido a una lesión que no se trató correctamente, así como dermatitis, fracturas en varias uñas y una talla menor al promedio de las hembras de su especie, entre otros problemas médicos.

Durante el mes de agosto de 2022, diversos colectivos y activistas en favor de los animales señalaron en medios informativos, así como en redes sociales, denunciaron y exhibieron las condiciones en las que vive la elefanta, así como el comportamiento que tuvo el 31 de diciembre de 2022 donde se puede observar su cabeza contra la pared, así como un comportamiento apático, no propio de su especie.

De acuerdo con la denuncia ciudadana de la activista Diana Valencia, de la asociación civil “Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes”, se ha solicitado a las autoridades del gobierno de la ciudad tomar las medidas necesarias para que la elefanta Ely sea trasladada a un santuario donde tenga buenas condiciones.

En este sentido es importante mencionar que la organización AnimaNaturalist ha considerado a Ely como la elefanta más triste del mundo por haber llevado una vida llena de explotación y soledad. Por lo cual es primordial que la elefanta sea trasladada a un santuario, donde el paquidermo pueda convivir con otros elefantes garantizando así la sanidad y bienestar animal, de conformidad con lo establecido en nuestra legislación nacional, así como en la legislación de la Ciudad de México.

De igual forma no podemos omitir que la explotación y tortura animal representa un verdadero problema para nuestro país, tanto en animales domésticos como aquellos ejemplares que se encuentran bajo el cuidado del hombre; ejemplo de ello es el caso del “Refugio Black Jaguar White Tiger” en el que se encontraron en deplorables condiciones a jaguares, leones y tigres; o el caso de la osa polar Yupik, quien murió sola en el zoológico de Morelia en 2018 porque las autoridades no autorizaron su traslado a un cautiverio de osos.

Es por ello que solicitamos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que realicen un diagnóstico de salud de la elefanta Ely ante los posibles padecimientos crónicos que sufre, y en su caso se autorice su traslado a un santuario para su adecuada vigilancia, protección y bienestar animal.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar las investigaciones correspondientes y verificar las condiciones en las que vive la elefanta Ely en el zoológico San Juan de Aragón en la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que, con base en sus respectivas atribuciones, realicen un diagnóstico de las condiciones de salud en las que se encuentra la elefanta Ely ante los posibles padecimientos crónicos que sufre, y en su caso, se autorice su traslado al santuario para su adecuada vigilancia.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SUSTANCIAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RECONOCER AL CENTRO DE COYOACÁN COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y su homóloga en la Ciudad de México a sustanciar las gestiones necesarias para reconocer al centro de Coyoacán como Patrimonio Cultural de la Humanidad, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Manuel Alejandro Robles Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que se exhorta a las Secretarías de Cultura del gobierno de la república y de Ciudad de México a sustanciar las gestiones necesarias para reconocer el centro de Coyoacán como patrimonio cultural de la humanidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La historia de Coyoacán data de la época precolombina, su “origen se remonta a 1332, año en que a lo largo de una franja de pedregal originada por el volcán Xitle, fueron asentándose varios núcleos de población. Entre ellos destacan Copilco, Los Reyes, y Xotepingo. Estos poblados se agrupaban en torno a Coyohuacán: “lugar de quienes tienen o veneran coyotes”. En su etapa prehispánica, Coyoacán se desarrolló a lo largo del camino que iba de Churubusco a Chimalistac y en el cual confluían otras vías diagonales, una desde Mixcoac y otra desde Tenochtitlán, que se desprendía de la Calzada Iztapalapa. Bernal Díaz del Castillo informa que Coyoacán contaba, al momento de la conquista, con más de 6 mil casas. En 1521, Hernán Cortés estableció en Coyoacán su cuartel general y fundó aquí el primer ayuntamiento de la cuenca de México” (Presidencia de la República, 1997).

Segunda. Pese a su importancia histórica y ser una zona con gran patrimonio cultural, el alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar se empeña en realizar obras que ponen en riesgo el valor histórico y patrimonial del centro de Coyoacán; esto, sin autorización de ninguna autoridad competente.

Tercera. Desde hace varios meses, vecinos del centro de Coyoacán han denunciado que el alcalde panista Giovanni Gutiérrez “implementó líneas de acción de una “propuesta de proyecto integral de conservación, restauración y actualización del centro histórico” de la demarcación, sin contar con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).” (Sánchez, 2022)

Cuarta. El INAH tiene catalogados en el centro de Coyoacán varios edificios como monumentos con un valor histórico, como el puente de San Antonio Panzacola, ubicado en la calle de Francisco Sosa sin número; que data del Siglo XVIII; la Hacienda de Cortés, situado en la calle Manuel Fernández Leal 48 y 70, que data del siglo XIX; la Fonoteca Nacional, ubicada en Francisco Sosa 383, cuyo origen se remonta al siglo XVIII; y la Casa grande del rancho de San Antonio Panzacola, que se encuentra en la calle Francisco Sosa 409 y que data del siglo XVIII, entre otras.

Quinta. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen en los artículos 33 y 35 respecto a los bienes con un valor estético e histórico lo siguiente:

Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos. Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional. La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca. La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.

Los artículos 37 y 41 establecen:

Artículo 37. El presidente de la República, mediante decreto, hará la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de esta ley y su reglamento.

Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

Sexta. El artículo 2o. de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México señala:

Se consideran patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México los elementos y manifestaciones materiales e inmateriales de la actividad humana y del entorno natural a los que se reconoce por tener un valor excepcional con significado social, y que requieren ser salvaguardados.

El artículo 28 de la ley en cita establece que el patrimonio cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor especial o excepcional, artístico, histórico o estético, para un grupo social, comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su identidad cultural.

El artículo 31 clasifica el patrimonio cultural en

I. Patrimonio cultural arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos.

II. Patrimonio cultural artístico: Es el constituido por bienes muebles e inmuebles artísticos, con valor estético que podrán contar con cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales o técnicas utilizadas;

III. Patrimonio cultural histórico: Es el constituido por los bienes muebles, inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por la Federación;

IV. Patrimonio cultural urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura; así como, los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, todo lo que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio.

V. Patrimonio científico y tecnológico: Conjunto de elementos materiales e inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica; y

VI. Paisaje urbano histórico: La zona urbana resultante de una estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico.

Séptima. Derivado de lo argumentado consideramos que no hay impedimento para que las autoridades enunciadas en el rubro del presente punto de acuerdo procedan a sustanciar las gestiones necesarias para reconocer el centro de Coyoacán como patrimonio cultural de la humanidad por su valor cultural, urbano, estético y arquitectónico.

Por lo fundado y motivado en lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del gobierno de la República a sustanciar las gestiones necesarias para reconocer el centro de Coyoacán como patrimonio cultural de la humanidad.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura de Ciudad de México a sustanciar las gestiones necesarias para reconocer el centro de Coyoacán como patrimonio cultural de la humanidad.

Bibliografía

Presidencia de la República (10 de abril de 1997). Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. Obtenido de Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán:

https://paot.org.mx/centro/programas/delegacion/coyoacan.pdf

Sánchez, Á. B. (2022). “‘Obras en el centro de Coyoacán, sin aval del INAH’, acusan vecinos”, en La Jornada, 24. Obtenido de

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/14/capital/obras-en-el- centro-de-coyoacan-sin-aval-del-inah-acusan-vecinos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

AMPLIACIÓN DE UN SEGUNDO PERIODO DE PRÓRROGA DE ACCESO AL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, DEL INFONAVIT, Y SE PUEDA REALIZAR EL CAMBIO DE SU CRÉDITO A PESOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de Administración del Infonavit a proponer a la Asamblea General la ampliación de un segundo periodo de prórroga de acceso al programa de responsabilidad compartida y se pueda realizar el cambio de su crédito a pesos, suscrita por el diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Héctor Israel Castillo Olivares e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir del 6 de febrero de 2019, en el marco de las acciones de apoyo a las personas trabajadoras que pagan créditos de vivienda en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se presentó el Programa de Responsabilidad Compartida (PRC), de reestructuración crediticia con la finalidad que los créditos no aumenten anualmente por la actualización del salario mínimo y a partir de 2016, por la actualización de la Unidad Mixta Infonavit (UMI). Con la entrada en vigor de dicho PRC, se proyectó un beneficio para al menos, 194 mil 875 trabajadores; con descuentos a los saldos totales de 55 por ciento; con una tabla fija de 8.5 por ciento quienes tendrían acceso al monto total de adeudo, así como la tabla de pagos a aplicar, entre otros beneficios, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Contar con un crédito tradicional vigente en veces el salario mínimo.

2. Ganar hasta 4 salarios mínimos ($410.72 diario o hasta $706.88 en la zona libre de la frontera norte).

3. Ser mayor de 40 años.

4. Haber cumplido por lo menos con 24 meses de pago continuos anteriores a la publicación del presente programa.

5. Que su crédito tenga una antigüedad de 15 años o más, es decir que haya sido otorgado en el año 2004 o anterior a este.

6. Que el adeudo actual sea de 1.5 veces mayor al de su crédito inicial.

7. Número de seguridad social, número de crédito, nombre completo, correo electrónico y teléfono celular.

Una vez que se introducen los datos en el portal: micuenta.infonavit.org.mx, el Infonavit, informa si se cumple o no con los requisitos para acceder al beneficio del programa, en caso de ser beneficiado, los cambios se reflejan directamente en el estado de cuenta.

Desde su implementación en marzo de 2019, el PRC ha tenido como eje central ayudar a las personas trabajadoras que pagan sus créditos y que enfrentan dificultades para solventarlos debido, al incremento de los intereses del crédito y el desempleo, entre otros factores. Asimismo, fortalecer la coordinación de dependencias del sector, como la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda adecuada, asequible y cercana a los centros de trabajo.

Ahora bien, el 7 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, mediante la cual se estableció el incremento de 20 por ciento de los salarios mínimos a partir del 1 de enero de 2023, en las dos áreas geográficas zona libre de la frontera norte y resto del país; es decir: las personas trabajadoras deben percibir mínimamente 207 pesos diarios.

Como parte de los efectos del aumento al salario mínimo, se tiene prevista la actualización de los saldos conforme a la Unidad Mixta Infonavit (UMI), entre el 11 y el 13 de enero de 2023. Lo anterior, debido a la alta demanda de personas acreditadas (332 mil) quienes, a partir de diciembre de 2022, han solicitado la conversión de su financiamiento de veces salario mínimo (VSM) a pesos a través del PRC, con el que se pretende evitar incrementos en el saldo y en la mensualidad de los créditos en VSM, ante los efectos de la inflación general de cierre de 2022, que registró una variación de 0.38 por ciento y se ubicó 7.82 por ciento de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),su mayor nivel en 22 años y que no logrará contener el alza de precios generalizado en alimentos.

En este contexto y con independencia del comunicado del Infonavit del 1 de enero de 2023, por el cual se extiende la prórroga para la conversión de créditos, sin aumentar los saldos de los financiamientos hasta el próximo 10 de enero de 2023, en acuerdo con los sectores de los trabajadores y empresarial; la prórroga mencionada resulta insuficiente debido a que la plataforma Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), ha sido rebasada por la demanda de personas usuarias, quienes después de hacer largas filas en calles aledañas a las oficinas del Infonavit, los funcionarios solicitan la realización de la cita en la mencionada app y que pese a marcar error, es un requisito indispensable para tener acceso al Programa Responsabilidad Compartida.

Tratándose de la delegación del Infonavit en el Estado de Nuevo León, los trabajadores que desean asesoría sobre el programa Responsabilidad Compartida del Infonavit se quejan que después de hacer larguísimas filas, los funcionarios les piden hacer el trámite en la app, ésta marca error, y no los atienden si no obtienen cita en la mencionada aplicación. En la delegación del Infonavit hay un salón para unas 500 personas, con unos 20 funcionarios atendiendo al público, al acercarse, piden el número de cuenta y la clave que sólo tiene el beneficiario.

Aunado a lo anterior, las proyecciones del primer trimestre de 2023 del Banco de México, ubican en 8.1 por ciento la inflación; lo que generará un esquema de desventaja en los créditos en veces salario mínimo, debido a que éstos se actualizan anualmente con base en la inflación o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que afectará gravemente la economía familiar al incrementarse, la mensualidad a pagar y el capital deudor del crédito.

En un escenario de crisis económica generalizada como el que enfrentamos, resulta inadmisible que las personas trabajadoras con créditos en el Infonavit, tengan una carga excesiva en términos de intereses y plazos eternos por la adquisición de una vivienda que lo único que genera es una capitalización negativa en la economía de las familias mexicanas.

Por lo que en mi carácter de diputado federal por el Distrito 1 en Santa Catarina y San Pedro Garza García, Nuevo León, considero indispensable no sólo garantizar la ampliación del horario de atención del Programa Responsabilidad Compartida sino la ampliación de un segundo periodo de prórroga para que las personas trabajadoras puedan realizar el cambio de su crédito a pesos y obtener los beneficios del Programa de Responsabilidad Compartida.

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Consejo de Administración del Infonavit, tiene atribuciones para proponer a la asamblea general, la aprobación de políticas de crédito que beneficien a mayor cantidad de personas trabajadoras. Por lo que someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para que proponga a la asamblea general, la ampliación de un segundo periodo de prórroga de acceso al Programa de Responsabilidad Compartida y las personas trabajadoras puedan realizar el cambio de su crédito a pesos.

Notas

1 Plan de apoyo del Infonavit alivia deuda de los trabajadores, 06 de febrero de 2019,

https://lopezobrador.org.mx/2019/02/06/plan-de-apoyo-del-infonvi t-alivia-deuda-de-los-trabajadores/

2 Índice Nacional de Precios al Consumidor diciembre de 2022, Comunicado de prensa núm. 11/23,  09 de enero de 2023 página 1/10, INEGI,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ inpc_2q/inpc_2q2023_01.pdf

3 Flores Lourdes, “Usuarios se quejan por errores para cambiar créditos del Infonavit en Nuevo León”, El Economista, 04 de enero de 2023,

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mal-funcionamiento-de-la -aplicacion-del-Infonavit-dificulta-el-cambio-de-VSM-a-pesos-usuarios-en-Nuevo- Leon-20230104-0050.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE DÉ CUMPLIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DEL METRO, LOS TRENES, Y SE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO CAPITALINO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a dar cumplimiento al mantenimiento de las líneas del metro y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público capitalino, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Sue Ellen Bernal Bolnik, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a que de manera inmediata proceda a dar cumplimiento al mantenimiento de las líneas del Metro, los trenes y garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público capitalino, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace meses el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, advirtió la falta de mantenimiento, herramientas y refacciones necesarias para las líneas del metro y el riesgo que conlleva la falta de los mismos para los usuarios, solicitando la implementación de presupuesto, programas y sistemas con los niveles tecnológicos adecuados para garantizar la seguridad para la operación óptima de los trenes que circulan y que han rebasado, en exceso, el kilometraje previsto en las fichas técnicas así como la rehabilitación de trenes que se encuentran estacionados fuera de servicio.

Lamentablemente, existe un antecedente de 3 accidentes que se han registrado en el Metro capitalino desde que la actual aspirante a la candidatura presidencial de Morena tomó las riendas de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Uno de los accidentes que más impacto tuvo se registró el 3 de mayo del 2021 en la línea 12 del Metro, que tuvo como consecuencia un estimado de 27 fallecidos y 79 personas hospitalizadas.

Este sábado 7 de enero, dos trenes del Metro, correspondientes a la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad) y de la Línea 2 (Taxqueña-Cuatro Caminos) chocaron entre las estaciones La Raza y Potrero, lo cual dejó un saldo de 1 persona fallecida, y según los datos de las autoridades capitalinas, se informó que el número total de heridos fue de 106, sin embargo, solo 57 fueron hospitalizados.

Es de resaltar que, el recorte presupuestal y la falta de mantenimiento en el Metro capitalino es la principal causante de dichas tragedias. Aunado a ello, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, lejos de atender las demandas de la población que representa, se encuentra de gira por diversas entidades del país, promocionando su imagen como aspirante a la sucesión presidencial que habrá de llevarse a cabo en el 2024, por lo que la población que ocupa el sistema de transporte debe andar con la sosobra y el miedo de subirse a un transporte que cada vez tiene más fallas y accidentes. Es responsabilidad de la Jefa de Gobierno el brindar el mantenimiento que necesita el Metro sin embargo, el pasado 7 de enero, la mandataria capitalina se encontraba en “su campaña ilegal” situandose poco antes de llegar a Morelia, Michoacán donde daría una conferencia sobre los éxitos de su gobierno al frente de la capital mexicana cuando ocurrió el accidente en la línea verde del Metro.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México, informe a esta soberanía, las acciones que ha implementado para cumplir con el mantenimiento que requieren las líneas del Metro, los trenes y sus instalaciones.

Segundo. La Comisión Permanente del h. congreso de la unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que destine los recursos presupuestales necesarios, para dar el mantenimiento que requieren las líneas del Metro, los trenes y con ello, garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público capitalino.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que investigue y, en su caso, se sancione a los responsables del accidente ocurrido el pasado 7 de enero en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Notas

1 https://latinus.us/2023/01/08/sindicato-metro-cdmx-advirtio-falta-mantenimiento -trenes-alto-riesgo-usuarios/

https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/08/semanas-atras- sheinbaum-defendio-funcionamiento-del-metro-mas-que-problemas-ha-tenido-una-cam pana-en-contra/

https://politico.mx/pri-pan-y-prd-acusan-negligencia-de-sheinbau m-en-nuevo-accidente-en-la-linea-3-del-metro-cdmx

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2023/1/7/tras-choque-en -el-metro-sheinbaum-vuela-de-morelia-la-cdmx-299898.html

https://cdmx.info/tardo-mas-de-40-minutos-en-llegar-ayuda-para-r escatar-victimas-de-choque-en-metro/

https://www.reforma.com/van-3-accidentes-del-metro-con-sheinbaum /gr/ar2532321?md5=b6e1996fcb755fadb10eef4d2daa051e&ta=0dfdbac11765226904c16 cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=prom ocion_suscriptor

https://www.reforma.com/critican-la-falta-de-inversion-en-el-met ro/gr/ar2532314?md5=7a5bee997a1c84afbd5e8b7d4d7cf15a&ta=0dfdbac11765226904c 16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=pr omocion_suscriptor

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 11 de enero de 2022.– Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE COMBATE CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implementar campañas y programas de combate contra el virus del papiloma humano, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el paso del tiempo se han desarrollado diversas enfermedades que acongojan al mundo entero, actualmente, desafortunadamente existen diversas enfermedades que, de seguir en aumento podrían terminar ocasionando otra pandemia, lo tal, es importante dar a conocer la importancia de la salud, como cuidarnos y que hacer en caso de contraer el virus.

La pandemia del Covid-19 nos ha mostrado el grado de vulnerabilidad que, como seres humanos tenemos frente a diversos virus y bacterias. Es impresionante el colapso que el mundo entero sufrió frente a una infección respiratoria.

Debido a la expansión del virus y las primeras olas infecciosas registradas, en los países de mayor desarrollo, fue inevitable la caída económica a nivel mundial.

En razón de los anterior, todas y todos hemos estado pendientes al Covid-19 y a sus evoluciones. Sin embargo, existen otras enfermedades, que, de no corregir su tendencia, estas podrían llegar a convertirse en futuras pandemias.

El VPH, en un grupo diverso de virus en el ADN, pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae, que representa una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes a lo largo del mundo y en México. Actualmente se estiman alrededor de 600,000 casos nuevos de infecciones a nivel global, y alrededor de 300,000 fallecimientos anuales por esta enfermedad.

Estudios realizados por diversas instituciones, en varios países del mundo arrojaron que, una de cada diez mujeres se encuentra en alto riesgo oncológico por VPH. Se estima que esta muestra de mujeres se encuentra en edad de entre 30 y 60 años de edad, analíticamente seria este grupo poblacional el principal portador del virus. Desafortunadamente, esta prevalencia es máxima entre las mujeres jóvenes y decrece progresivamente con la edad. Las prevalencias en la población masculina son en general más elevadas y no decrecen significativamente con la edad.

Las personas que se infectan por VPH y eliminan la infección espontáneamente nunca sabrán que la han pasado. Sin embargo, en una pequeña proporción de los casos, las infecciones no se resuelven y pueden acabar originando una enfermedad grave, potencialmente mortal si no se trata bien y a tiempo. El intervalo entre la infección y la enfermedad suele durar años, durante los cuales tampoco al no presentar molestia alguna es poco probable que sean detectadas y atacadas con los tratamientos correspondientes.

El cáncer más importante causado por el VPH es el del cuello uterino (también llamado de cérvix). Pero al VPH se le atribuyen también fracciones importantes de los tumores de vulva (50 por ciento) y vagina (80 por ciento), de pene y escroto (40 por ciento), de canal anal (80 por ciento) y de amígdala y orofaringe (40 por ciento) en ambos sexos.

Debido a que este virus en algunos casos no presenta síntomas como antes ya se mencionó, es el principal motivo por el cual sea esparcido de forma tan exuberante; por lo que ahora si bien es reconocido como un problema significativo para la salud pública del país.

En México, con fundamento en expuesto por el Instituto Mexicano del Virus del Papiloma Humano IMVPH, se estima que desafortunadamente 7 de cada 10 mexicanos sexualmente activos son portadores del algún tipo de VPH.

Actualmente solo algunos tipos de sepas pueden ser curables, pero, generalmente suelen ser solo tratamiento que controlen dicho virus.

Una de la forma más confiable para combatir el contagio de este virus es evitar el contacto oral, anal o genital; para las personas que son sexualmente activos el uso correcto y constante del condón puede disminuir el riesgo de transmisión.

Con base a lo anterior y al artículo 4to constitucional párrafo IV, que a su letra dice:

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la misma que definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Y la Ley General de Salud y todos los artículos dispuestos por la misma.

Debemos hacer conciencia de lo frágiles que somos como seres vivos, así como debemos sensibilizar a la población que el VPH, es una enfermedad con la que no juega, evitemos más propagaciones inconscientes, por un México más consiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente campañas y programas de combate contra el virus del papiloma humano.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud Pública para que, remita a esta Soberanía un informe pormenorizado de la evolución de contagios del virus del papiloma humano en México de 2020 al 2022.

Notas

1 Hay otra pandemia en curso que no deberíamos ignorar: la del virus del papiloma | El Economista, consultado el 06 de enero de 2023.

2 Hay otra pandemia en curso que no deberíamos ignorar: la del virus del papiloma | El Economista, consultado el 06 de enero de 2023.

3 Hay otra pandemia en curso que no deberíamos ignorar: la del virus del papiloma | El Economista, consultado el 06 de enero de 2023.

4 Hay otra pandemia en curso que no deberíamos ignorar: la del virus del papiloma | El Economista, consultado el 06 de enero de 2023.

5 Hay otra pandemia en curso que no deberíamos ignorar: la del virus del papiloma | El Economista, consultado el 06 de enero de 2023.

6 Instituto Mexicano del virus del papiloma Humano, Consultado el 06 de enero de 2023. 7 Virus del Papiloma Humano (VPH) o papilomavirus | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx), Consultado el 06 de enero de 2023.

7 Virus del Papiloma Humano (VPH) o papilomavirus | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx), consultado el 06 de enero de 2023.

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (www.gob.mx), consultada el 06 de enero de 2023.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los once días del mes de enero del año dos mil veintitrés.– Senador de la República Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y A SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A ATENDER LAS RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DERIVADO DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a sus homólogos en las entidades federativas a implementar acciones, políticas, normas jurídicas y mecanismos que atiendan las recomendaciones para el tratamiento de datos personales derivado del uso de la inteligencia artificial, suscrita por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a las personas Titulares de los Poderes Ejecutivos de todas las Entidades federativas, así como a todas las Legislaturas de las mismas, para que se implementen acciones, políticas, normas jurídicas y mecanismos que atiendan las Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; conforme a los siguientes

Antecedentes

La inteligencia artificial está en todos lados, todo el tiempo

Es un hecho innegable que la inteligencia artificial (IA) es un elemento indispensable para la vida actual. Los procesos productivos, de maquiladoras, de procesamiento de datos, la seguridad pública, la impartición de justicia e incluso el entretenimiento, están siendo mejorados y perfeccionados a través del uso de la IA.

Conforme la IA avanza, la necesidad de contar con bases de datos cada vez más grandes y detalladas se va convirtiendo en un presupuesto indispensable para las organizaciones, dependencias e instituciones que utilizan esta tecnología. La IA funciona gracias a las bases de datos y, en una gran cantidad de casos, estas bases de datos contienen millones de datos personales.

En México, la IA se encuentra presente cuando tomamos una fotografía con el teléfono móvil que es mejorada con software de IA; o cuando pagamos impuestos en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT); o cuando ordenamos una pizza interactuando con un robot conversacional ( Chatbot) o, incluso, cuando tomamos un vuelo en el que se utilizan E-Gates con programas de reconocimiento facial.

La IA ya está en todas partes y a todas horas y los gobiernos Federal y de las entidades federativas e incluso de los municipios, están utilizando cada vez más frecuentemente la IA para mejorar sus procedimientos internos, así como sus trámites y su atención al público.

Pero esto, evidentemente, implica un reto considerable en términos de protección de datos personales.

Por ello, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), emitió en el mes de mayo de 2022, un documento intitulado “Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial”, el cual está disponible en la siguiente dirección electrónica https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPublico/Recomend acionesPDP-IA.pdf

Las Recomendaciones del INAI

Estas Recomendaciones del INAI se dan en un contexto nacional que es muy significativo. Por un lado, la IA está creciendo en su uso en todo el país, especialmente en el sector gubernamental, pero también está creciendo la conciencia de que no existe un marco normativo suficientemente consolidado para regular el avance de esta tecnología.

Por ello, el INAI emitió estas Recomendaciones que incluyen temas muy importantes para abrir el debate y para empezar a garantizar los derechos de las personas, especialmente los relacionados con datos personales, frente al uso de la IA.

La IA está aquí para quedarse y debemos aprovecharla para continuar avanzando tecnológicamente y para generar desarrollo, pero sin una adecuada regulación que proteja derechos, la IA también puede representar un riesgo considerable para varios segmentos poblacionales, especialmente aquellos que han sufrido por condiciones históricas de discriminación o rezago social.

Entre los temas que se tocan en las Recomendaciones del INAI se encuentran los siguientes:

1. La IA y sus implicaciones en la seguridad pública y la procuración de justicia;

2. La IA en el sector educativo;

3. El E-Government;

4. La privacidad desde el diseño, como mejor práctica, en el desarrollo de productos y servicios de IA;

5. La protección de la información personal en el análisis masivo de datos para la IA;

6. La protección de datos personales en las tecnologías de realidad virtual y aumentada;

7. La IA y cómputo en la nube;

8. El trinomio: cómputo en la nube, IA y protección de datos personales;

9. El uso de robots dispositivos con IA en actividades de los sectores público y privado.

Es claro que cada uno de estos tópicos identificados por el INAI en sus Recomendaciones son muy extensos y que deben tratarse de manera especializada por cada una de las autoridades competentes en cada rama, por lo que la regulación debe ir desarrollándose de forma armónica, haciendo compatible el uso de IA con la protección de los derechos de las personas y de sus datos personales.

Del documento elaborado y publicado por el INAI, se advierten diversas explicaciones claras sobre los conceptos básicos relacionados con la IA, pero también se aclaran múltiples puntos que son causa de debates profundos en la materia.

Además, el documento recupera los valores o principios para la administración responsable de la IA, emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que son los siguientes:

1. La IA debe beneficiar a las personas y al planeta impulsando el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar;

2. Los sistemas de IA deben diseñarse respetando el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la diversidad, y deben incluir los mecanismos apropiados –como, por ejemplo, permitir la intervención humana cuando sea necesario– para garantizar una sociedad justa y equitativa;

3. Debe existir una transparencia y divulgación responsable en torno a los sistemas de IA, para garantizar que las personas entiendan sus resultados y puedan desafiarlos;

4. Los sistemas de IA deben funcionar de manera sólida y segura a lo largo de su ciclo de vida y los riesgos potenciales deben evaluarse y gestionarse continuamente; y

5. Las organizaciones e individuos que desarrollan, despliegan u operan sistemas de IA deben ser responsables de su correcto funcionamiento, con base en los principios anteriormente descritos.

Además, las Recomendaciones del INAI retoman también las cinco recomendaciones que la OCDE emitió a los gobiernos del mundo en el año 2019, que se basan en los principios anteriores, las cuales son:

1. Facilitar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, con el objetivo de estimular la innovación en IA de manera segura y fiable;

2. Fomentar los ecosistemas de IA accesibles con infraestructura y tecnologías digitales, y mecanismos para compartir datos y conocimientos;

3. Asegurar un marco de políticas que abra el camino para el despliegue de sistemas de IA fiable;

4. Capacitar a las personas con habilidades necesarias para la IA y apoyar a los trabajadores para una transición justa; y

5. Cooperar a través de las fronteras y los sectores para avanzar en la administración responsable de IA fiable.

Posteriormente, las Recomendaciones del INAI desarrollan cada uno de los rubros, explicando claramente los usos e implicaciones de la IA en las diversas materias mencionadas en párrafos que anteceden, y explican también cuál es la relación que existe entre el uso de la IA y la protección de datos personales.

Al respecto, las Recomendaciones del INAI establecen textualmente, lo siguiente:

“La IA guarda relación con la protección de datos personales, puesto que estos últimos forman parte del insumo principal para el funcionamiento de algunos sistemas, por ejemplo: la capacidad para recabar datos, trazar perfiles, compartir información a través de componentes como receptores de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) para geolocalización, altavoces, cámaras para detección de rostro, micrófonos para la entrada y salida de audio, etcétera.

En sí, los datos personales son una categoría jurídica de información que se rige por reglas especiales que deben observarse también en la industria de la IA y que son esenciales para su tratamiento porque se han convertido en un insumo crucial para el funcionamiento de algunos sistemas, pues, en efecto, la IA involucra la recolección, almacenamiento, análisis, procesamiento o interpretación de enormes cantidades de información (big data) que es aplicada para la generación de diversos resultados, acciones o comportamientos por parte de las máquinas.

De este modo, surge el interés de que el uso de información de carácter personal para el desarrollo de la IA sea respetuoso de los derechos humanos y del marco jurídico aplicable al tratamiento de datos personales.

Así, cuando un software, producto o dispositivo con IA requiere, en alguna etapa de su desarrollo o funcionamiento, de datos personales, los responsables de los mismos deben respetar la regulación especial sobre la materia.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que la IA implica un serio desafío para el derecho de la persona a la protección de sus datos personales, al punto de ponerlo en riesgo de volverse letra muerta, carente de proyección en la práctica. Cuanto mayor sea la cantidad de datos personales recolectados por sistemas de IA, mayor será la probabilidad de afectar a la persona titular y que resulte más complicado que la anonimización contribuya a protegerlo, considerando que puede ser sorteada por la reidentificación facilitada por el Big Data.

Por reidentificación entendemos “[...] la probabilidad [...] de que se reidentifique a un individuo en un conjunto de datos determinado mediante la conversión de datos anonimizados en datos personales a través del uso de la comparación de datos o de técnicas similares”.

En ese sentido, es indispensable que los desarrolladores de productos o servicios que utilicen IA o responsables del sector público y privado que hagan uso de estas tecnologías para el tratamiento de datos personales dentro de los ámbitos de validez de las leyes de la materia, observen el marco legal aplicable en materia de protección de datos personales, para garantizar en todo momento el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones correspondientes.”

Finalmente, las Recomendaciones del INAI proponen preguntas concretas que tienen la finalidad de facilitar el diagnóstico de situaciones concretas en las que se utilizan programas o mecanismos de IA, con la finalidad de que en dicho uso se garantice que no se violen los principios de licitud; de lealtad; de información; de consentimiento; de finalidad; de proporcionalidad; de calidad; de responsabilidad; de seguridad y de confidencialidad.

Estas Recomendaciones son, sin duda alguna, una herramienta indispensable para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno que están utilizando o que planean usar programas de IA en sus procedimientos y trámites, garanticen a la población que dicho uso es acorde con los derechos humanos de las personas usuarias y, especialmente, con la protección de sus datos personales.

Propuesta

En este contexto, la presente proposición con punto de acuerdo tiene el objetivo de que esta Comisión Permanente emita los respetuosos exhortos que a continuación se detallan:

1. Al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, en el ámbito de su competencia y a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, implemente acciones, políticas, normas jurídicas, lineamientos y mecanismos que atiendan las Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que el uso de programas de inteligencia artificial en sus procedimientos y trámites se lleve a cabo en estricto respeto de los derechos humanos de las personas usuarias y protegiendo debidamente los datos personales de las mismas.

2. A las personas titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, así como a las Legislaturas locales de las mismas, para que, en sus respectivas competencias, implementen acciones, políticas, leyes, normas jurídicas, lineamientos y mecanismos que atiendan las Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que el uso de programas de inteligencia artificial en los procedimientos y trámites estatales y municipales, se lleve a cabo en estricto respeto de los derechos humanos de las personas usuarias y protegiendo debidamente los datos personales de las mismas.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, en el ámbito de su competencia y a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, implemente acciones, políticas, normas jurídicas, lineamientos y mecanismos que atiendan las Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que el uso de programas de inteligencia artificial en sus procedimientos y trámites se lleve a cabo en estricto respeto de los derechos humanos de las personas usuarias y protegiendo debidamente los datos personales de las mismas.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, así como a las Legislaturas locales de las mismas, para que, en sus respectivas competencias, implementen acciones, políticas, leyes, normas jurídicas, lineamientos y mecanismos que atiendan las Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial, emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con la finalidad de que el uso de programas de inteligencia artificial en los procedimientos y trámites estatales y municipales, se lleve a cabo en estricto respeto de los derechos humanos de las personas usuarias y protegiendo debidamente los datos personales de las mismas.

Notas

1. Recomendaciones para el Tratamiento de Datos Personales derivado del uso de la Inteligencia Artificial. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. México, mayo de 2022, P. 16

2. Ídem

3. Ibidem, P. 32

Dado en el salón de sesiones de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SRE Y AL GOBIERNO DE NAYARIT, A REFORZAR LAS ACCIONES EN FAVOR DE LOS MIGRANTES NAYARITAS EN EL EXTERIOR Y EN RETORNO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y al gobierno de Nayarit a reforzar las acciones en favor de los migrantes nayaritas en el exterior y en retorno, suscrita por la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a reforzar las acciones en favor de los migrantes nayaritas en el exterior y en retorno, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante el 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la frontera entre México y Estados Unidos registró más de 2.76 millones de indocumentados, un número que marca el récord de flujo migratorio entre Estados Unidos y Latinoamérica, dejando a millones de migrantes y refugiados en un estado de vulnerabilidad y un futuro lleno de incertidumbre, creando una crisis humanitaria en Centroamérica y México.

En los últimos años un estimado de más de 82.4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares ya sea por conflictos dentro de su país o persecuciones, 26.4 millones de estas personas son refugiadas, con más de la mitad siendo menores de 18 años. En México en los últimos 3 años se ha notado un crecimiento en las solicitudes de asilo creando una enorme problemática.

La problemática se puede sentir tanto en la frontera norte del país como en la frontera sur, con Ciudad Juárez recibiendo una cantidad masiva de migrantes haitianos y venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos por primera vez y varios de ellos que lograron cruzar pero actualmente se encuentran deportados, mientras que al sur del país se encuentra un crecimiento en el número de migrantes de nacionalidades venezolanas, ecuatorianas, africanas y nicaragüense, que anteriormente no eran comunes.

Varios factores suman a esta crisis humanitaria, desde los cambios en políticas migratorias provenientes de Estados Unidos, resultando en un alza exponencial de 48.9 por ciento en 2022 en el número de deportados entre enero y septiembre a comparación con 2021, la falta de preparación y capacitación de parte de las autoridades y la falta de aviso hacía los albergues combinados también con falta de experiencia llevan a una falta de soluciones donde solo se ve un crecimiento en la problemática.

Por otro lado, parte de las frustraciones y problemática que se crea por este flujo masivo de migrantes se debe a la acumulación de estos migrantes en territorio mexicano, al no dejarlos pasar pero tampoco dejándolos trabajar, los migrantes se encuentran en una situación extremadamente peligrosa, al no tener opciones para subsistir, sin embargo México también contribuye a esta crisis humanitaria, ya que debido a la situación actual en el país, relativa a la inseguridad y falta de oportunidades laborales, un gran número de mexicanos se ven en la necesidad de emigrar.

En 2020, de Nayarit 13 mil 609 personas salieron para vivir en otro país, 93 de cada 100 emigraron a Estados Unidos. Casi una tercera parte de la población que emigró corresponde a hombres con una edad de 25 años (72.4 por ciento), mientras que las mujeres con la misma edad representan 27.6 por ciento del total. Los datos muestran, sobre todo, la migración de personas jóvenes en edad laboral, ya que las principales causas de la migración internacional de las personas nayaritas son por motivos laborales y económicos.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Cuestionario ampliado; Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado, y Censo de Población y Vivienda 2020, Cuestionario ampliado.

Los datos del Banco de México indican que, en 2020, el total de remesas que ingresaron a Nayarit fue de 673 millones representando 3.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) estatal. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 41,512 hogares recibieron remesas, es decir el 11.6% del total de hogares en la entidad. Para 2021, los ingresos por remesas en Nayarit siguieron aumentando hasta alcanzar los 854 millones de dólares, siendo 1.7 por ciento del total de remesas que ingresaron al país.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, con base en datos del Banco de México, 2018-2021.

De acuerdo con el Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2020, Nayarit se sitúa en la tercera posición con un índice de 17.5 y un grado de intensidad migratoria muy alto, sólo después de Zacatecas (15.8) y Michoacán (17.45).

Este contexto obliga a las autoridades nacionales a emprender mayores esfuerzos para garantizar y salvaguardar los derechos de nuestros connacionales en el extranjero y en el caso de Nayarit, la obligación de las autoridades locales. Si bien Nayarit no forma parte de las entidades con mayores flujos migratorios de expulsión a Estados Unidos a nivel nacional, sí existen grupos de personas que se encuentran en algún contexto de movilidad.

De conformidad con los datos del “Diagnóstico de movilidad humana en Nayarit” elaborado por la Secretaría de Gobernación federal, los principales municipios de origen de la población emigrante fueron Tepic (30.4 por ciento) y Bahía de Banderas (18.2 por ciento). Alrededor de otro 20 por ciento era oriundo de Santiago Ixcuintla (8.6 por ciento), Compostela (6.9 por ciento) y Xalisco (5.1 por ciento).

Los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior señalan que los principales lugares a donde llegan los migrantes nayaritas son California, Nevada y Texas, en estas entidades se cuentan con 12 organizaciones de personas migrantes y redes de apoyo a poblaciones nayaritas.

Ante esta situación tan compleja que enfrentan nuestros connacionales en el exterior y cuando retornan a su entidad de origen, Nayarit presenta un rezago en la implementación de medidas que consideren a las personas migrantes de retorno, particularmente, señala Herrera “esto se encuentra asociado a la concentración de la información y presupuesto sobre los programas de apoyo a personas migrantes en la capital del estado y a la dificultad de reproducir habilidades, conocimientos o técnicas de trabajo adquiridos durante su migración en las regiones de Nayarit.”

Al respecto, se debe recordar que el artículo 2 de la Ley de Migración establece que uno de los principios en los que se sustenta la política migratoria del Estado Mexicano, es facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. Esto se empata con los postulados enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece como principio rector en su apartado de Presentación, “No más migración por hambre o por violencia”, el cual señala, entre otros aspectos, la aspiración de ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan desarrollarse con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron.

Para coordinar los esfuerzos en esta materia, el gobierno federal emitió el 24 de junio de 2021 la Estrategia Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno en la que se determina por acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores que serán las encargadas de implementar un modelo de atención integral para las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional desde Estados Unidos de América, operado a través de la estrategia “Somos Mexicanos” con el objetivo central de fortalecer la política del Estado mexicano orientada a la reinserción social de las personas mexicanas repatriadas al territorio nacional desde Estados Unidos de América. Esta estrategia debe ser el punto central que marque la política estatal en la materia.

Ante la histórica e intensa migración de mexicanos a Estados Unidos de América y frente a los vínculos culturales, familiares y comerciales que continúan fortaleciéndose, es necesario que se sumen los esfuerzos nacionales y estatales para mejorar la calidad de vida de las personas nacionales que residen en el extranjero y quienes deciden regresar a sus comunidades de origen.

Por lo expuesto, se presentan los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno del estado de Nayarit a implementar de forma conjunta una estrategia para la atención integral de las personas migrantes de origen nayarita en los consulados y embajadas mexicanas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a atender las principales causas de la migración e incentivar la generación de empleos dignos a partir de la identificación de las actividades económicas primordiales de cada municipio, con el objetivo de que las familias nayaritas no tengan que emigrar por necesidad ni incluir a las niñas, niños y adolescentes en labores remuneradas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a implementar y reforzar los programas existentes de atención integral a las personas migrantes en situación de retorno e impulsar la consolidación de la Estrategia Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2021 en la entidad.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE CHIHUAHUA, A MANTENER LA SEGURIDAD, TRANQUILIDAD E INTEGRIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Chihuahua a fortalecer las medidas y acciones pertinentes para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad en los centros penitenciarios de la entidad, a cargo del diputado Jesús Roberto Briano Borunda, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Roberto Briano Borunda, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El noveno párrafo del artículo 21 constitucional establece: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

El segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

En términos de regulación secundaria, la Ley Nacional de Ejecución Penal entiende como autoridad penitenciaria a la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario.

El artículo 12 de la ley secundaria señalada establece que la autoridad penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.

En la legislación de Chihuahua, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales la Fiscalía General del Estado es el órgano del Poder Ejecutivo le corresponde atribuciones en el sistema estatal penitenciario de dirigir y ordenar la prevención social de los delincuentes en el estado, de igual manera organizar, supervisar y administrar los establecimientos penitenciarios en el estado, así como intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere privada de su libertad por orden de los tribunales del estado o de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a cualquier establecimiento; y aplicar los tratamientos adecuados a las personas internas, reglamentando su trabajo, sus actividades culturales, sociales, deportivas y otras, garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libres de estereotipos de género.

Cabe destacar las disposiciones del ordenamiento señalado en párrafo anterior, en los cuales señala que los establecimientos penitenciarios considerados como de alta y media seguridad se ubicarán en la periferia de la ciudad, preferentemente fuera de la zona habitada. Quedarán ubicados en los centros de alta seguridad quienes:

• Estén privados de su libertad por delitos de alto impacto social.

• Pertenezcan a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir.

• Presenten conductas graves o reiteradas de daños, amenazas, actos de molestia, o delitos en perjuicio de otros reclusos, sus familiares, visitantes o personal de las instituciones de seguridad.

• Hayan favorecido la evasión de presos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales de 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la infraestructura penitenciaria nacional se formó por un total de 319 centros: 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, los cuales Chihuahua cuenta con 9 centros penitenciarios estatales y 2 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, con lo que da un total de 11 complejos. Al considerar a la población privada de la libertad por espacios disponibles, se observa una tasa de ocupación de los centros penitenciarios de 99.8. Comparado con 2020, la tasa de ocupación de los centros penitenciarios federales disminuyó 0.9 puntos, mientras que para los centros penitenciario-estatales aumentó 5.2 puntos.

Chihuahua presenta una cantidad de camas útiles de 7 mil 691, con una tasa de ocupación de 116.8 por ciento; es decir, una sobreocupación de la población penitenciaria en los centros penitenciarios estatales. La entidad que concentró la tercera mayor cantidad 9 mil 243 de ingresos, por detrás de Baja California y Ciudad de México.

El 1 de enero de 2023, en el centro de readaptación social estatal 3, situado en Ciudad Juárez, en zona habitada, sin dar Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, lamentablemente perdieron vida 10 custodios y se fugaran 27 reos, y que en labores de persecución e investigación perdieran la vida otros dos agentes investigadores, es clara la falta de coordinación, y la mala estrategia en materia de seguridad pública. Es aún más notorio ya que esto había sucedido con anterioridad el jueves 11 de agosto de 2022, en lo que se le denominó “jueves negro”, donde dejó un saldo de 11 personas ejecutadas entre ellos un menor de edad, varios negocios comerciales y diferentes vehículos incendiados.

El secretario de la Defensa Nacional informó que en el Cereso 3, el Ejército encontró: “Aquí es importante señalar que durante el recorrido que se hace para asegurar el control del Cereso se encuentran 10 celdas, por llamarles alguna manera, VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tienen las celdas normales. Allí es donde se asegura parte del recurso en una caja fuerte con 1 millón 702 mil 174 pesos”, dijo el general. Había además 84 celulares dentro del penal y se hallaron 285 bolsas con cristal (cuatro kilos), 24 bolsas con cocaína (40 gramos), 68 bolsas con mariguana (16.2 kilogramos), 69 bolsas con heroína (1.5 kilogramos), ocho pastillas de fentanilo, y 50 bolsas con cristal.

El Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración de Chihuahua pretende establecer acciones que garanticen un trato digno a las personas privadas de la libertad, procesadas; igual forma busca contar con instalaciones adecuadas y seguras a través de la inversión en infraestructura, adecuaciones, equipamiento y tecnologías en los centros penitenciarios del estado; y finalmente profesionalizar al personal penitenciario del estado. Sin embargo, de acuerdo con el anexo técnico 2022 del estado de Chihuahua sobre Fondo de Aportaciones Múltiples para la Seguridad Pública se otorgaron 13 millones 640 mil pesos recursos de la federación y no registró ninguna aportación de la Entidad para el subprograma Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional con el motivo que la entidad federativa en comento realice las siguientes acciones:

• Consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria, a fin de implantar acciones preventivas y oportunas, mediante la integración de información homologada de la población penitencia, el personal de los centros, la capacidad instalada, así como incidentes y riesgos de los sistemas penitenciarios de todo el país.

• Estandarizar la operación conforme a protocolos homologados que consoliden criterios de seguridad, organización y funcionamiento, garantizando el respeto a los derechos humanos, conforme a las mejores prácticas internacionales y mediante la adopción de procedimientos sistemáticos de operación (PSO) y protocolos de actuación.

• Crear, mantener y operar un sistema de desarrollo profesional penitenciario que establezca la carrera penitenciaria, esquemas de profesionalización y régimen disciplinario y ético de los integrantes del sistema penitenciario.

• Implantar un programa integral para la reinserción social que procure la efectiva reincorporación a la sociedad de las personas que hayan cumplido o estén cumpliendo una pena privativa de la libertad, a través de acciones de seguimiento tendentes a evitar la reincidencia delictiva.

• Revisar y, en su caso, elaborar las propuestas normativas que permitan actualizar el funcionamiento de los centros penitenciarios, los criterios de prevención y reinserción social, así como los ajustes necesarios.

• Instalar, poner en operación y mantener a 100 por ciento los sistemas de inhibición en sus centros penitenciarios.

• Atender las necesidades prioritarias del sistema penitenciario estatal en materia de infraestructura y equipamiento.

• Disponer de las acciones necesarias para incorporar y capturar los registros biométricos para identificar a las personas privadas de la libertad de sus centros penitenciarios incluyendo huellas dactiloscópicas, fotografía con calidad biométrica e iris ocular.

Todo el gasto otorgado, de 13 millones 640 mil pesos, se realizó en el centro de reinserción social varonil adultos número 1, situado en Aquiles Serdán; es decir, en un centro penitenciario de los nueve de Chihuahua. El gasto fue en la remodelación del centro de monitoreo, la construcción de una sala de juntas, la revisión de planta de emergencias y las canalizaciones subterráneas para cámaras de video vigilancia.

Por los motivos señalados, la presente proposición con puntos de acuerdo pretende hacer llamado a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en fortalecer las medidas en la organización, supervisar y administrar los establecimientos penitenciarios en el Estado en el ejercicio de sus atribuciones, así como coordinar acciones con el programa nacional de fortalecimiento al sistema penitenciario nacional. Con lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones las medidas y acciones pertinentes para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad y del personal de los centros penitenciarios de la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a coordinar en el ámbito de sus atribuciones acciones con el Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

Notas

1 Inegi (2022) Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2022/doc/cn sipef_2022_resultados.pdf

2 Chihuahua. (2022) Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-202. Recuperado de Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, portal gubernamental de Chihuahua.

3 SSPC. (2022) Anexo técnico 2022, Chihuahua FASP. Recuperado de

https://www.gob.mx/sesnsp/documentos/anexos-tecnicos-fasp-2022?s tate=published

Ciudad de México, a 11 de enero de 2023.– Diputado Jesús Roberto Briano Borunda (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SSPC, A REALIZAR PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA PREVENIR Y COMBATIR PRÁCTICAS INDEBIDAS EN PLATAFORMAS DIGITALES DE CONTENIDO PARA ADULTOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a realizar protocolos de atención para prevenir y combatir prácticas indebidas en plataformas digitales de contenido para adultos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Protección Ciudadana a realizar protocolos de atención para prevenir y combatir prácticas indebidas en plataformas digitales de contenido para adultos, así como realizar campañas de difusión sobre dichos protocolos, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. Internet es una industria que se encuentra en crecimiento, es una herramienta utilizada a diario, en donde empresas de diversos rubros crean plataformas, portales web, servicios, aplicaciones móviles y redes sociales con la finalidad de satisfacer distintas necesidades. Las plataformas digitales o plataformas virtuales son espacios en internet que tienen dos características principales: la primera es que a través de éstas se ofrecen productos y servicios, por ejemplo, mercados digitales, motores de búsqueda o sistemas de pago, la segunda se relaciona con la fácil interacción, mediante el servicio provisto a través de internet y entre dos o más conjuntos de usuarios.

II. Las plataformas digitales como OnlyFans, JustForFans, LoyalFans, ModelHub y FanCentro son algunos portales web a modo de servicio de suscripción de contenido, quien crea el servicio lo puede subir a la plataforma y ganar dinero, a través del pago por los usuarios que ven el contenido y se suscriben a su perfil. La suscripción tiene diferentes precios y varían en función del creador del contenido, son pagos mensuales y no existe un límite sobre cuántas cuentas puede seguir una persona.

Uno de los mayores atractivos de estas plataformas digitales es que no existe censura, por lo tanto, imágenes y videos de contenido explicito, erótico y de entretenimiento para adultos es común encontrarlos. Este sitio cuenta con más de 200 millones de suscriptores, que pagan una tarifa mensual y dan dinero a cambio de videos, fotos y la posibilidad de enviar mensajes privados, contabiliza 2 millones de creadores de contenido. 31 por ciento de los suscriptores son mujeres y 69 por ciento son hombres.

III. Estas plataformas digitales dan pocas garantías para proteger el contenido, se han reportado fraudes, extorsiones, difusión sin consentimiento fuera de la plataforma de imágenes y videos, filtrándolos en grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en páginas de internet, en donde se revenden a mitad de precio, violando la intimidad sexual a través de medios digitales.

Subir contenido a estas plataformas digitales se hace bajo consentimiento dependiendo de la página digital, sin extensión alguna, el usuario que difunda el contenido sin autorización vulnera y violenta a las personas que no consensuó que sus imágenes o videos circulen libremente.

IV. Documentos internos de la plataforma OnlyFans fueron filtrados al medio digital BBC News Mundo, de acuerdo con una investigación realizada por la BBC especialistas en moderación y expertos en protección infantil dicen que OnlyFans, es mejor conocido por albergar pornografía, ya que mantiene cierta tolerancia hacia cuentas que publican contenido ilegal, también han encontrado anuncios de servicios de prostitución, bestialidad y material que parece ser incesto según un moderador.

V. En México, la Fiscalía General de la República (FGR), ha recibido múltiples denuncias debido a que las personas suscritas a la plataforma han denunciado que son explotadas sexualmente por tratantes de personas. El intercambio de estos materiales puede derivar en otro tipo de delitos.

El medio digital Excélsior publicó la declaración de Alix, joven de 19 años que ha tenido que contratar guardaespaldas para que la protejan, ya que en varios espectáculos y exhibiciones de índole sexual su integridad estuvo en riesgo, también declara que la han querido extorsionar debido al contenido que vende en la plataforma.

VI. Al ser una plataforma poco transparente en sus políticas y normativas, dificulta las denuncias por contenido ilegal, debido a la falta de una línea de contacto directa, incluso cuando se requiere denunciar se corre el riesgo de promover la revictimización.

OnlyFans, en sus términos y condiciones proporciona el correo electrónico support@onlyfans para denunciar violaciones a la seguridad de la plataforma, sin embargo, una vez aceptados los términos y condiciones, la empresa no se responsabiliza por lo que suceda después, ni el mal uso que se haga de la plataforma.

“Usted reconoce que una vez que su contenido se publica en OnlyFans, no podemos controlar y no seremos responsables ante usted por el uso que otros usuarios o terceros hagan de dicho Contenido”. Este el principal aviso que se proporciona a las personas que se suscriben a la plataforma digital.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

III. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo, en el párrafo segundo se establece:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

IV. Conforme al artículo 199 Octies, del Código Penal Federal.

“Artículo 199 Octies. Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas conductas se sancionarán con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización”.

V. Conforme al artículo 390, del Código Penal Federal.

“Artículo 390. Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuoso, o por servidor público o exservidor público, o por miembro o exmiembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o exservidor público y al miembro o exmiembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos”.

VI. Conforme al artículo 13, de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

“Artículo 13. Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante:

I. El engaño;

II. La violencia física o moral;

III. El abuso de poder;

IV. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad;

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o

VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta a las exigencias del activo.

Tratándose de personas menores de edad o personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace referencia el presente artículo”.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a realizar las acciones necesarias para la prevención y combate de delitos relacionados con las plataformas digitales denominadas de contenido para adultos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar la debida investigación y persecución de delitos relacionados con las plataformas digitales denominadas de contenido para adultos, con motivo de las denuncias presentadas por diversas víctimas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PRONUNCIAMIENTO POR EL QUE SE SOLICITAN DIVERSAS ACCIONES POR EL ACCIDENTE DE TRENES, OCURRIDO EN LA LÍNEA 3 DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia y solicita llevar a cabo diversas acciones ante el lamentable accidente de trenes, ocurrido en la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Karla Ayala Villalobos, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, Cynthia Iliana López Castro y Xavier González Zirión, diputadas y diputado en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro se pinta de tragedia una vez más, la negligencia, la corrupción y la falta de mantenimiento en el funcionamiento de este medio de transporte público ha vuelto a dejar muerte, terror y dolor para todas las personas usuarias.

Desde 2020 hasta la fecha, año con año se han presentado serios accidentes dentro de las líneas del Metro, pero las autoridades siguen rechazando los señalamientos que se les han hecho sobre los graves problemas que trae arrastrando el funcionamiento de las diversas líneas de este transporte público.

El pasado 7 de enero de 2023, lamentablemente fue turno de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, que corre desde la estación Universidad hasta Indios Verdes, pues, entre las estaciones La Raza y Potrero se registró un grave choque de trenes que hasta el momento ha tenido como saldo una persona fallecida y alrededor de 35 personas heridas confirmadas.

Los usuarios afectados relataron que alrededor de las 9: 15 de la mañana el convoy que iba de la estación de Metro La Raza a Potrero de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) se detuvo y minutos después se sintió un fuerte golpe por la parte trasera.

Asimismo, refieren que minutos después los gritos y llantos se empezaron a escuchar, lo que generó crisis nerviosa y algunos usuarios empezaron a tratar de calmar a las personas que desesperadas intentaban salir, mientras las luces se apagaron y solo se reactivó en los primeros vagones.

Las personas afectadas también señalaron que quienes venían de la parte trasera alertaban de personas atrapadas y heridas, pero la confusión y la obscuridad impedía poder auxiliarlos. Señalan que tiempo después el personal de seguridad del Metro llegó al túnel para empezar a evacuar por las vías a los usuarios, que empezaron a salir por su cuenta a la estación Potrero.

Otro usuario señaló a los medios de comunicación lo siguiente: “Nada más fue el impacto del Metro del vagón donde iba, hay gente prensada, tardo mucho la ayuda, nos están pidiendo que no grabemos que no digamos nada, no nos querían ayudar a sacarnos, nadie nos ayudó cerca de 40 minutos”.

Titulares de diversas dependencias acudieron al lugar del percance, con el propósito de coordinar los trabajos, tales como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana; Andrés Lajous, secretario de Movilidad; Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Guillermo Calderón, director del STC Metro.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó por medio de un comunicado: “Iniciamos carpeta de investigación luego de los hechos ocurridos en la línea 3. El Ministerio Público dio intervención a peritos y agentes de la Fiscalía”.

Lo ocurrido en la Línea 3 del Metro lamentablemente tiene que servir para poner un basta definitivo a todas las autoridades de las cuales depende el funcionamiento de este medio de transporte público, es lamentable, triste y causa indignación que estos accidentes se están convirtiendo en algo común para los capitalinos.

Hay que destacar que durante esta administración en el Ciudad de México han ocurrido los siguientes accidentes en donde se ha tenido al menos una persona fallecida y son los siguientes:

• 11 de marzo de 2020, un tren frenó sobre otro tren que se encontraba parado en la estación Tacubaya, de la línea 1. Resultado: 41 personas resultaron heridas y se reportó un fallecido. Luego de las indagatorias, la fiscalía capitalina determinó que el accidente se produjo por “error humano” señalando que el conductor omitió ciertos criterios.

• Enero 2021, el Centro de Control del Metro de la Ciudad de México se incendió. Resultado: 30 empleados intoxicados y la muerte de un elemento policiaco femenino, a lo que autoridades capitalinas señalaron como “un accidente fortuito y no previsible”. Este accidente provocó la suspensión temporal de seis líneas, y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, descartaron que la falta de mantenimiento fuera la causa de los hechos.

• 3 de mayo de 2021, la estructura de la estación de Olivos de la recién inaugurada línea 12, colapso y provocó el derrumbe del vagón. Resultado: autoridades capitalinas reportaron 24 fallecidos y 70 usuarios fueron trasladados a diversos hospitales para ser atendidos. Hasta el momento no hay responsables del grave accidente y miles de personas fueron afectadas por el cierre de la línea.

A esta serie de accidentes durante la presente administración, se le suma lo ocurrido en la línea 3, es por ello, que solicitamos sea investigado el caso con prontitud y se atienda a todos los heridos en el accidente y nos solidarizamos con la familia de la persona fallecida.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que a la brevedad rinda un informe detallado sobre las anomalías, sus causas, su origen y la existencia de responsabilidades que, por falta de mantenimiento al servicio de transporte colectivo metro se han presentado tragedias que han costado vidas humanas, esto, con la finalidad de determinar si existe negligencia en el funcionamiento correcto del transporte en cita.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que informe de manera pronta y pormenorizada sobre la existencia de carpetas de investigación y el estado procesal que guardan, así como el avance y resultado dado por el servicio de peritaje, y la existencia de probables responsables, esto, en materia del accidente del metro objeto de la presente proposición.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la persona titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que informe de manera pronta y pormenorizada sobre lo ocurrido en la línea 3 del Metro, las causas, el origen y la probable responsabilidad del siniestro, así como las condiciones de seguridad en que se encuentran las instalaciones, vagones, vías y en general el Servicio de Transporte Colectivo Metro y, el destino del Presupuesto asignado al Servicio de Transporte Colectivo Metro.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México intervenga para dar acompañamiento, asesorar, representar y asistir a las y los usuarios afectados por el choque de trenes en la línea 3 del Metro en la Ciudad de México.

Notas

1 La Jornada, “Muere una persona en choque de trenes de la L3 del Metro”. Consultado a través de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/07/capital/reportan-cho que-de-trenes-en-linea-3-del- metro/?from=homeonline&block= primeraojeada

2 Infobae, “Hay mucha gente prensada”: Usuarios relataron el choque entre vagones del Metro en la línea 3. Consultado a través de:

https://www.infobae.com/america/mexico/2023/01/07/hay-mucha-gent e- lesionada-usuarios-relataron-el-choque-entre-vagones-del-metro-en-la-linea-3/

3 Publimetro, “Estos son los accidentes más graves registrados en el Metro de la CDMX”. Consultado a través de:

https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/08/26/metro-cdmx-acc identes-mas-fuertes-en-su- historia/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputadas: Karla Ayala Villalobos, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LEGISLAR EN MATERIA DE VOTO DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero, a realizar lo conducente, suscrita por la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero a realizar lo conducente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a votar es un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna. Uno de los principios de los derechos fundamentales es que son universales, en razón a estar dirigidos a todo individuo independientemente del lugar en donde se encuentre o su estatus social salvo las causas criminales establecidas por la propia ley fundamental.

El derecho electoral se define como “el conjunto de normas que regulan la emisión, remisión y computo del voto ciudadano tendiente a elegir o destituir autoridades o a participar en decisiones gubernativas; la formación y operación de organizaciones políticas; la integración y funcionamiento de las autoridades electorales y los métodos de resolución de conflictos de carácter electoral”.

El concepto de sufragio conlleva el derecho de participación electoral, consistente en la posibilidad de participar por medio de las elecciones en la decisión ya sea para elegir a un representante popular o a quien habrá de ocupar un cargo en el gobierno, o bien aprobar o rechazar propuestas sometidas a un referéndum, consulta popular, plebiscito, o cualquier otro mecanismo de participación ciudadana, asimismola emisión del voto en el extranjero.

Para Dieter Nohlen, en el concepto voto en el extranjero están inmersas las disposiciones y los procedimientos que permiten a los electores de un país que están temporal o permanentemente en el extranjero ejercer sus derechos de votación.

En tanto, Jorge Carpizo MacGregor, menciona que el voto de los nacionales en el extranjeroes un mecanismo de sufragio quese instrumentó durante la segunda guerra mundial, a fin de que los militares que se encontraban en el extranjero en los campos de batalla pudieran sufragar. A partir de la década de los años setenta se fue ampliando a otros sectores diversos de los militares al grado de que los países lo fueron incluyendo en sus legislaciones.

El país es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento internacional que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona tiene los derechos y libertades proclamadas en ella, sin distinción alguna, ni por opinión o condición política, o de cualquier otra índole o condición social. En su artículo 21 plasma que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,del cual México también es parte, establece que: “los Estados parte se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio, los derechos reconocidos en el Instrumento, sin distinción alguna por opinión política o de otra índole, de origen nacional o social, de forma específica, el derecho al voto lo consagra estableciendo que, todos los ciudadanos gozarán, sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) señala el deber de México, por ser parte del instrumento internacional, “de respetar los derechos y libertades reconocidas en el documento y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de opinión política o cualquier condición social”. El artículo 23 establece los derechos políticos de los ciudadanos: 1. “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Ante la suscripción de los instrumentos internacionales,en nuestro país se inicia la etapa de legislar en materia del derecho del voto de sus nacionales en el extranjero, independientemente de su situación legal en el país en que residan, esta situación se asumió como una obligación del Estado proporcionar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno del derecho político-electoral de votar de todo ciudadano mexicano.

El voto de los mexicanos residentes en el extranjero fue posible por primera vez en la elección presidencial de 2006, ya que en 1996 se reformó la fracción III del artículo 36 constitucional, eliminando la obligación del ciudadano de votar en su distrito electoral, argumento central para no otorgar en ley la posibilidad de recibir el voto emitido desde el extranjero. Posteriormente la reforma electoral de 2014,modificó varias disposiciones relativas al voto de mexicanos en el extranjero, siendolos cambios en rubros como la credencialización; la habilitación para votar no sólo por presidente de la República, sino también por senadores y gobernadores del estado de origen; y el método de emisión del voto, el cual podrá ser en persona o electrónico.

El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece: “1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de gobernadores de las entidades federativas y del jefe del Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta ley y en los términos que determine el Instituto. 3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta ley, los que deberán asegurar a los mexicanos residentes en el extranjero total certidumbre y seguridad comprobada para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares”.

Antes de la promulgación de la reforma electoral de 2014, algunas entidades federativas ya reconocían el derecho de sus ciudadanos a votar desde el extranjero. Primero fue Michoacán, en 2007; posteriormente, Chiapas, en 2012, así como Ciudad de México (Distrito Federal), en 2012. A partir de la reforma de 2014, las entidades federativas que han legislado en la materia son Aguascalientes, Baja California Sur,Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas y, recientemente, Sinaloa, en 2022.

Ante esta situación es imperante que ante futuros procesos electorales las entidades federativas que aún no han legislado en materia del voto de mexicanos en el extranjero procedan a realizarlo con el objetivo de garantizar el derecho plasmado en la Carta Magna, a sus ciudadanos que residen en un país fuera de nuestras fronteras a elegir a sus gobernadores. Permitirles el voto extraterritorial es reconocerles el derecho a participar en elecciones locales, así mismo se convierte en un indicador de la participación política de más sectores de la sociedad, a través de la existencia de un marco jurídico que haga efectivos los derechos de la ciudadanía en condiciones de igualdad.

En este ejercicio de voto de mexicanos en el extranjero, hay que mencionar que, para las elecciones presidenciales, en 2006 el número de ciudadanos registrados fue de 40 mil 876; y la votación recibida, de 32 mil 621. En la elección de 2012, los ciudadanos inscritos para votar en el extranjero se incrementaron a 59 mil 115, casi 45 por ciento más que en 2006. Y en 2018 hubo un registro de 181 mil 256 con 98 mil 470 votos recibidos.

Los derechos político-electorales posibilitan la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, Fix-Fierro los clasifica en tres dimensiones, “la primera se refiere al voto activo, la facultad de expresar una preferencia política ya sea a un candidato para la elección de un cargo o para aprobar o rechazar alguna ley o política pública; la segunda se refiere al voto pasivo, a la condición del ciudadano de ser susceptible de ser elegido o designado para un cargo público; yla tercera es la relacionada con la asociación política que implica la posibilidad de que el ciudadano pueda organizarse con otros y poder participar activamente en los asuntos públicos de una comunidad política.

Desde este enfoque la ciudadanía mexicana que reside en el extranjero, mediante el ejercicio de emitir su voto en las elecciones de carácter federal como estatal, es una forma de expresar su participación en la toma de decisión, la cual se cristaliza jurídico-formal vinculándose de forma transfronteriza en los espacios, instituciones,y normasque posibilitan influir en la conformación política de lo estatal y de lo nacional. Por lo tanto, su voto no sólo se vincula con el desarrollo del sistema político electoral sino con una serie de procesos complejos de participación política más allá de las fronteras nacionales, en donde el asociacionismo migrante, las protestas transnacionales y las múltiples ciudadanías son algunas de las formas que están reconfigurando los Estados nacionales y subnacionales.

En América Latina, el primer país en adoptar el voto en el extranjero fue Colombia en 1962, seguido por Brasil en 1965, a la fecha, son varios países que en su legislación se establece algún mecanismo de voto extraterritorial, Barbados en 1971, Puerto Rico en 1977, República Dominicana en 1977, Perú en 1979, Argentina en 1991, Venezuela en 1993, Belice en 1998, Honduras en 2001, Ecuador en 2002, México en 2005, Bolivia en 2009, Bahamas en 2011, El Salvador en 2013, Paraguay en 2013, Chile en 2015, Costa Rica en 2016, República Dominicana en 2016, Guatemala en 2016, Nicaragua en 2016 y Panamá en 2018.

Por último, es relevante exponer la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual plasma que el derecho al voto se encuentra jurídicamente al nivel de un derecho fundamental.

Derechos de participación política a votar y ser votado. Son derechos fundamentales protegidos a través de los procesos de control constitucional establecidos en la Constitución federal, de acuerdo con el sistema competencial que la misma prevé. Los derechos de participación política establecidos en las fracciones I y II del artículo 35 constitucional son verdaderas garantías individuales o derechos fundamentales, en primer término, porque participan de la posición de supremacía que tiene dicho precepto constitucional, de lo cual deriva que no sean disponibles en su núcleo esencial para los poderes constituidos; en segundo término, porque suponen una relación de interdependencia con las demás normas sobre derechos y libertades reconocidas en la norma suprema (sin libertad de expresión sería imposible el ejercicio efectivo del derecho de voto; al mismo tiempo, sin un gobierno sujeto a la legitimidad del voto público y a elecciones periódicas, sería difícilmente garantizable el goce efectivo de las demás garantías constitucionales); en tercer lugar, porque las pretensiones y expectativas que forman su objeto son claves para la organización y el funcionamiento del sistema democrático constitucional que la norma suprema trata de establecer. En ese sentido, los derechos de participación política, por virtud de su atributo de fundamentales, gozan de la protección constitucional encomendada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a sus respectivas esferas de competencia jurisdiccional. Tesis P./J. 83/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 984.

Por tal motivo, debemos procurar por todos los medios posibles hacer realidad el ideal de que todo mexicano que quiera votar, independientemente del sitio donde se encuentre pueda hacerlo de forma efectiva, permitiendo consolidar nuestro sistema democrático, fortaleciendo el nexo con los compatriotas que se encuentran fuera del país, reafirmando sus sentimientos de pertenencia a la nación.

Por lo expuesto y fundado, presento ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto del principio de soberanía, exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas que aún no han legislado en materia de voto de mexicanos en el extranjero a realizar las reformas legislativas correspondientes en sus Constituciones locales y legislación secundaria, a fin de reconocer y garantizar el derecho fundamental de sus ciudadanos a elegir a sus gobernantes, y fortalecer y consolidar con ello la participación ciudadana en su estado de derecho democrático.

Notas

1 Andrade Sánchez, J. Eduardo. Derecho electoral, Oxford, México, 2011, página 8.

2 Nohlen, Dieter; y Grotz, Florian. “Marco legal y panorama de la legislación electoral”, en Voto en el extranjero. El manual de IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Instituto Federal Electoral, México, 2007, página 77.

3 Carpizo MacGregor, Jorge, El voto de los mexicanos en el extranjero, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1998, página 73.

4 Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Disponible.en

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

5 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Professional Interest/ccpr_SP.pdf

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Marco Normativo. Disponible en

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataP ersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf

7 El sufragio denominado transnacional por Alarcón es utilizado para elegir una entidad supranacional, en procesos nacionales internos de carácter local, y para procesos nacionales externos. Alarcón Olguín, V. Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas, Universidad Autónoma Metropolitana-Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, páginas 20-35, 2016.

8 Cámara de Diputados. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf

9 Instituto Nacional Electoral. Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero a nivel local. Disponible en

https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/historico

10 Segundo párrafo de la fracción I del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y artículo único transitorio del decreto 590. Disponible en

https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx: 3001/pdfs/leyes/Ley_9.pdf

11 Cordourier Real, C. R.; y Aguilar López, J. Participación ciudadana y sociedad civil en el proceso de democratización en México, Universidad de Guanajuato, México, 2018, página 12.

12 Instituto Federal Electoral. Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero 2006, diciembre de 2006. Disponible en

https://portalanterior.ine.mx/documentos/votoextranjero/libro_bl anco/index.htm Instituto Federal Electoral. Informe final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Proceso electoral 2011-2012. Disponible en

http://www.votoextranjero.mx/documents/52001/54193/Informe+Final +del+VMRE+VERSION+FINAL+nov12.pdf/20e722 b2-188b-417d-81e7-f0a54753e7cb Instituto Nacional Electoral. Histórico. Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Disponible en

https://votoextranjero.mx/web/vmre/historico

13 Fix-Fierro, H. Los derechos políticos de los mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 2006.

14 Alarcón Olguín, V. Sufragio transnacional y extraterritorial. Experiencias comparadas, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral, páginas 20-35, 2016.

15 Castilla Peniche, Rafael Alberto. “La implementación del voto de los mexicanos en el extranjero”, en García Ochoa, Juan José. Derechos políticos plenos para los mexicanos en el exterior, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LIX Legislatura, México, 2005, página 142.

Ciudad de México, a 11 de enero de 2023.– Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE COMPAREZCAN ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que comparezcan ante esta Comisión Permanente e informen con relación al SCT, suscrita por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III,  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que comparezcan ante  esta Comisión Permanente e informen de la funcionalidad de los sistemas de comunicación entre los conductores de trenes y los reguladores, del pilotaje automático, del suministro de energía y los sistemas para atención de contingencias y fallas en el mismo, de señalización y del programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones en general y del material rodante, así como de los recursos financieros destinados a todo ello, conforme a los siguientes

Antecedentes

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es la columna vertebral del sistema de movilidad de la Ciudad de México, por el que se trasladan diariamente alrededor de 5 millones de pasajeros diariamente, personas que utilizan este medio de trasporte para dirigirse a sus centros de trabajo, a sus escuelas, a sus hogares, en fin, se ha constituido en un medio del que depende la realización de las actividades cotidianas de los habitantes de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México.

La interrupción del servicio del Metro influye de manera directa en la alteración de la normalidad de la Ciudad de México al generarse retrasos e inasistencias a lugares de trabajo, escuelas, hospitales y retrasos en el retorno a los hogares de los usuarios con las consiguientes afectaciones en la economía así como en la tranquilidad y en la estabilidad emocional de las personas que hacen uso regular de ese medio de transporte.

Antes de la administración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene noticia de tres accidentes, en 1975, 2015 y 2016, los cuales provocaron en total, 82 heridos y 32 personas fallecidas.

En la actual administración, además de las ya frecuentes suspensiones del servicio por incidentes que podrían calificarse de menores, han ocurrido 7 accidentes de graves consideraciones, a saber:

• 2020, Tacubaya, colisión de dos trenes por una falla de energía, que arrojo un total de una persona fallecida y 41 personas heridas.

• 2021, Puesto Central de Control, un incendio provocado por un corto circuito que afectó la operación del Puesto Central de Control 1 que ocasionó la suspensión del funcionamiento de 5 líneas del Metro, así como el fallecimiento de una persona y 31 heridos.

• 2021, Indios Verdes, incendio de un tren sin que se provocaran heridos ni fallecimientos.

• 2021, Escuadrón 201, La avería de un tren en la interestación, obligando al desalojo de los usuarios.

• 2021, Línea 12, Derrumbe de un puente que ocasionó la caída de un tren, provocando 27 personas fallecidas y 80 heridos, así como la suspensión del servicio en toda la línea.

• 2022, Línea 2, un corto circuito que generó un incendio entre las estaciones Xola y Villa de Cortés, teniendo que ser desalojados 1,300 usuarios.

• 2023. Potrero — La Raza, un choque entre dos trenes generando la muerte de 1 persona y 106 personas heridas.

En la Ciudad de México, capital del país, centro económico y político de México, no debe permitirse la normalización de tragedias como las que han ocurrido en el Metro, sin que exista la imputación de responsabilidades y, igualmente grave, sin que se adopten las medidas para evitarlas, apostando al olvido y a la necesidad que tienen los habitantes de transportarse.

De manera recurrente se da cuenta en los medios de comunicación de quejas de usuarios sobre el estado de las instalaciones, puertas que se abren de manera intempestiva durante el trayecto de los trenes, escaleras eléctricas fuera de servicio, suciedad en los andenes, andenes y trenes invadidos por el comercio ambulante, goteras y filtraciones de agua en los andenes, y un largo etcétera, así como información de trabajadores respecto a la carencia de refacciones y de herramientas de trabajo, lo que ha depauperado uno de los servicios públicos que mayor funcionalidad y eficacia habían tenido hasta 2018.

A raíz del incendio que dejó fuera de funcionamiento el PCC 1, para efectos de la comunicación en el Metro, se adoptó el sistema Tetra (Trans European Trunked Radio), sin embargo, dicho sistema se caracteriza por ser una red alternativa de radio digital que sirve para brindar apoyo en casos de emergencia y no como un sistema de uso normal y cotidiano.

La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ha manifestado su inconformidad por el uso del sistema Tetra, afirmando que presenta deficiencias que afectan el intercambio de información entre los conductores de trenes y los reguladores del Metro.

En el caso de la reciente tragedia del Metro que costó la vida de una persona y lesiones en 57 personas, así como la suspensión del servicio, la dirigencia sindical ha señalado como causa las posibles fallas en el pilotaje automático, señalización y sistemas de comunicación.

A pesar de la importancia que tiene este medio de transporte en la Ciudad de México, se observa que en la presente administración no se han destinado los recursos suficientes para su mantenimiento, llegando incluso a reducirlos año con año, como se muestra a continuación.

Por otra parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no sólo presta servicio a los habitantes de la Ciudad de México sino también a los habitantes de diversos municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México, razón que, aunada al hecho de que esta entidad es la sede de los Poderes Federales, lleva a la consideración de la necesidad de que el Gobierno federal destine recursos extraordinarios para la revisión de las condiciones actuales del mismo y la realización de un mantenimiento emergente y detallado que devuelva la tranquilidad a los usuarios que diariamente lo utilizan.

Es inobjetable el derecho de la ciudadanía a tener certeza respecto de la funcionalidad de los sistemas empleados en la gestión del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la finalidad de recuperar la tranquilidad acerca de su utilización sin la presentación de contingencias que puedan afectar, no solo la realización de sus actividades cotidianas sino incluso su integridad personal y su propia vida.

Es por ello que, se hace necesario que esta Comisión Permanente exhorte a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para que, a la brevedad, comparezcan ante la misma e informen acerca de la funcionalidad de los sistemas de comunicación entre los conductores de trenes y los reguladores, del pilotaje automático, del suministro de energía y los sistemas para atención de contingencias y fallas en el mismo, de señalización y del programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones en general y del material rodante, así como de los recursos financieros destinados a todo ello.

Igualmente, es necesario que esta Comisión Permanente exhorte a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para que, a través de un certificador externo, se lleve a cabo un diagnóstico integral del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que elabore un diagnóstico completo sobre su funcionalidad y sus eventuales fallas y deficiencias así como que elabore las medidas que deban adoptarse para la solución de las mismas, de manera que permita la elaboración de un programa de corto y mediano plazos que tienda a recuperar la eficacia que había tenido este medio de transporte.

Finalmente, es preciso que en aras de la transparencia, se informe de las causas que originaron la tragedia del día 7 de enero de 2023, siendo indispensable que para ello sea elaborado un peritaje externo, adicional a los que se lleven a cabo por el propio Sistema de Transporte Colectivo y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y sea dado a conocer integralmente a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, a consideración del pleno, con los siguientes resolutivos

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para que comparezcan ante la misma e informen acerca de la funcionalidad de los sistemas de comunicación entre los conductores de trenes y los reguladores, del pilotaje automático, del suministro de energía y los sistemas para atención de contingencias y fallas en el mismo, de señalización y del programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones en general y del material rodante, así como de los recursos financieros destinados a todo ello.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para que, a través de un certificador externo, se lleve a cabo un diagnóstico integral del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que elabore un diagnóstico completo sobre su funcionalidad y sus eventuales fallas y deficiencias así como que elabore las medidas que deban adoptarse para la solución de las mismas, de manera que permita la elaboración de un programa de corto y mediano plazos que tienda a recuperar la eficacia que había tenido este medio de transporte.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para que se lleve a cabo un peritaje externo que determine las causas del incidente ocurrido el día 7 de enero de 2023 y se difunda el mismo en cuanto concluya su elaboración.

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para que destine recursos extraordinarios para la revisión de las condiciones actuales del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la realización de un mantenimiento emergente y detallado que devuelva la tranquilidad a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México que diariamente lo utilizan.

Dado en el salón de sesiones, a 11 de enero de 2023.– Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE REALICEN ASIGNACIONES PRESUPUESTALES PARA GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL A EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la SHCP a realizar las asignaciones presupuestales necesarias para garantizar el derecho constitucional a educación superior gratuita en México, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que, con pleno respeto de la soberanía, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las asignaciones presupuestales necesarias para garantizar el derecho constitucional a educación superior gratuita en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de la reforma educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo de 2019, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo federal establecieron un nuevo marco jurídico para el ejercicio del derecho de todas y todos los mexicanos a la educación.

Entre los grandes logros de la reforma, está el reconocimiento del nivel de educación superior como gratuito y obligatorio en los términos de la fracción IX del artículo 3o. constitucional. Derivado de dicha reforma, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión aprobó, con el apoyo de todas las fuerzas políticas tanto en la honorable Cámara de Diputados como en el Senado de la República, la primera Ley General de Educación Superior en la historia del país, misma que fue publicada el 19 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.

La Ley General de Educación Superior establece mecanismos que permiten al Estado mexicano eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior a las y los estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, así como el fortalecimiento de la situación financiera de las instituciones públicas de educación superior, derivado de la disminución de los ingresos producto de la implementación de la gratuidad.

Para cumplir con este propósito constitucional, el artículo 62 de la Ley General de Educación Superior ordena la concurrencia para el cumplimiento progresivo entre la Federación y las entidades federativas del mandato de obligatoriedad de la educación superior y del principio de gratuidad considerando la disponibilidad presupuestaria.

El instrumento implementado por el Estado mexicano y que debe estar establecido dentro del proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de Educación Superior es el fondo federal especial, que de manera gradual, asegure a largo plazo los recursos económicos suficientes para garantizar la obligatoriedad, de manera gradual de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura.

Los montos asignados a partir del fondo federal especial, no pueden ser considerados en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos correspondientes a los recursos ordinarios y conforme al artículo 66 corresponde a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y a los congresos locales de las entidades federativas respectivamente, destinar recursos en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal para la transición gradual hacia la gratuidad.

Finalmente, el artículo III del régimen transitorio de la ley, establece la implementación de dicho fondo federal especial, así como otras acciones que se implementen de manera progresiva para avanzar en la gratuidad en la educación superior, por lo que considero que es fundamental la aportación de recursos a dicho fondo federal especial, para además de garantizar el derecho a la educación superior, el Estado mexicano logre combatir la deserción escolar en dicho nivel, lo que priva a México que valiosos profesionistas.

Como en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México un título de educación superior mejora los resultados en el mercado laboral en comparación con niveles educativos más bajos: los egresados de educación superior participan más en el mercado de trabajo, disfrutan de mejores resultados en materia de empleo y reciben salarios considerablemente superiores.

México cuenta con enormes retos en materia de educación superior. 82 por ciento de los mexicanos de entre 25 y 64 años no cuenta con estudios de educación superior (en comparación con un promedio de la OCDE de 63 por ciento). En el ciclo escolar 2019-2020, según datos de la propia Secretaría de Educación Pública, 8 por ciento de la matrícula total inscrita, es decir, 305 mil 89 universitarios abandonaron sus estudios.

Ahora bien, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) considera actualmente que el Fondo debería ser dotado con 13 mil millones de pesos, para la implementación de los principios constitucionales de gratuidad y obligatoriedad en la educación superior.

Por tales motivos, este punto de acuerdo es un atento llamado a las autoridades competentes a atender el problema de forma urgente, progresiva y eficaz, con los instrumentos aprobados en la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno respeto de la soberanía se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las asignaciones presupuestales necesarias para garantizar el derecho constitucional a educación superior gratuita en México.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019#gsc .tab=0

2 Consultado el día 10 de junio de 2022 en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616253&fecha =20/04/2021#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE PUEBLA, A INVESTIGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL DE LAS MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Puebla a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera eficaz, con la debida diligencia y con perspectiva de género en los delitos cometidos contra la intimidad sexual de las mujeres, suscrito por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia digital es una de las modalidades de violencia en razón de género que hoy en día reconoce nuestro sistema jurídico mexicano, en el cual se define a esta como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia”.

Dicho marco jurídico fue el producto de la lucha feminista abanderada por parte de defensoras de los derechos humanos de las mujeres y activistas que impulsaron la llamada “Ley Olimpia”, cuyo principal objetivo fue reconocer la violencia digital y sancionar los delitos cometidos que atentaran en contra de la intimidad de las mujeres a través del uso de medios digitales.

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la denominada “Ley Olimpia” ha sido replicada en la legislación local de las 32 entidades federativas mediante reformas a sus leyes generales y a sus códigos penales. Destaca que, en el caso de Puebla, este fue el primer estado en modificar su marco jurídico para tales fines.

Los datos recopilados por el Módulo sobre Ciberacoso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía demuestran que 22.8 por ciento de las mujeres sufrió ciberacoso durante 2021; en el caso de Puebla, 26.6 por ciento de las mujeres experimentó al menos una situación de ciberacoso en el mismo periodo.

A escala nacional del total de situaciones a las que se han enfrentado las mujeres, 7.9 por ciento de ellas ha recibido amenazas relacionadas con publicar información personal, audios o videos con la finalidad de recibir algún beneficio económico o personal y al 3.1% le han publicado información personal, fotos o videos de contenido sexual.

En contraste con los casos de ciberacoso en los que los hombres son víctimas de estos delitos, el ciberacoso afecta principalmente a las mujeres, en donde muchas de ellas están relacionadas con violencia de tipo sexual. Está demostrado que 19.6 por ciento de estos hechos es cometido en 19.6 por ciento por una persona conocida, en 11.7 por un amigo o amiga y en 5.6 por un ex novio a ex pareja.

De las situaciones de ciberacoso donde las mujeres son las víctimas de este tipo de violencia digital resalta que en Puebla la publicación o venta de contenido sexual sin consentimiento es la más frecuente; representa una de las seis entidades federativas con mayor número de casos.

Recientemente, el Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales publicó el Informe de Violencia Digital en el cual se expone que Puebla es el cuarto estado con el mayor número de casos de mujeres que han sido víctimas de violencia digital entre 2020 y 2021, sólo por debajo de entidades federativas como Ciudad de México, estado de México y Veracruz.

El informe menciona que como consecuencia de la pandemia de Covid-19, gran parte de las actividades sociales como la asistencia a la escuela, espacios públicos o centros laborales cambiaron a una modalidad virtual, situación que se encuentra vinculada con el aumento de casos de violencia de género ejercida a través de medios digitales.

Por ello resulta fundamental que las autoridades locales coadyuven con la formulación de políticas de prevención, pero también con el diseño de mecanismos más eficientes que garanticen a las víctimas el acceso a la justicia con perspectiva de género.

La fracción XXII del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las entidades federativas deben especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a personas víctimas en temas relacionados con la perspectiva de género para la diligencia en la conducción de las averiguaciones previas y procesos judiciales de casos de violencia de género.

Es importante que las instancias encargadas de la procuración de justicia del estado de Puebla puedan fortalecer sus acciones encaminadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia digital en la entidad federativa.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera eficaz, con la debida diligencia y con perspectiva de género en los delitos cometidos contra la intimidad sexual de las mujeres.

Notas

1 Artículo 20 Quáter, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2 Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.. Registro de entidades federativas que han integrado la Ley Olimpia en sus marcos jurídicos,México, Cámara de Diputados, 2021.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo sobre Ciberacoso, 2021, México, Inegi, 2022.

Salón de sesiones, a 11 de enero de 2023.– Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ACCIONES DIRIGIDAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a implementar acciones dirigidas a la prestación de servicios de alojamiento turístico a través de plataformas digitales, así como asegurar que cumplan con las mínimas condiciones de protección civil, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que implementen acciones dirigidas a la prestación de servicios de alojamiento turístico a través de plataformas digitales, así como asegurar que cumplan con las mínimas condiciones de protección civil, conforme con los siguientes

Antecedentes

I. La evolución en el uso de internet y de plataformas digitales brinda el acceso a alternativas de consumo de bienes y servicios. El mercado de estancias de hospedaje a corto plazo para viajeros, ya sea por recreación o por negocios, es una de las nuevas modalidades de renta de espacios a través de plataformas digitales de hospedaje, como son Airbnb, Booking, TripAdvisor o Vrbo, estas han crecido de forma exponencial en los últimos años alrededor del mundo.

Esta modalidad resulta rentable tanto para los dueños de propiedades de todo tipo como para personas que buscan mayor comodidad, privacidad, originalidad y precios económicos.

II. En México, un reciente análisis desarrollado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Contribución Económica de la Oferta de estancias de corto plazo (ECP) en México, identifica y cuantifica la cadena de valor del mercado de estancias de corto plazo en el país, su fomento a la creación de empleo, su impacto económico indirecto de otros sectores y, en su conjunto, su contribución al aparato productivo nacional. El análisis arrojó los siguientes datos:

La oferta de estancias de hospedaje de corto plazo ha contribuido significativamente a la diversificación de alternativas para viajeros, especialmente en aquellas zonas de difícil acceso en las que los jugadores tradicionales no tienen alcance. Asimismo, el segmento de viajeros que buscan experiencias enriquecidas, en destinos únicos e inmersos en la naturaleza ahora gozan de una oferta que provee de esta variedad y disponibilidad de espacios.

III. En el año 2018, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), inició procedimientos administrativos contra Airbnb y Booking, toda vez que ambos proveedores de servicios de alojamiento cometieron diversas infracciones a la Ley Federal de Protección del Consumidor. En el caso de Booking se inició el procedimiento debido a que se considera que establece cláusulas abusivas para deslindarse de cualquier responsabilidad legal que derive de la prestación de los servicios que comercializa. Por lo que corresponde a Airbnb se inició el procedimiento por afirmaciones contrarias a los establecido en los términos de servicio localizados en su página de internet.

IV. Las consecuencias de la nula regulación de las aplicaciones no sólo se ven reflejadas en quejas de los consumidores, también se han presentado diversos accidentes y consecuencias como los casos siguientes:

Angélica Arce, de 29 años murió la madrugada del 30 de octubre de 2022 por intoxicación con monóxido de carbono en un departamento de la Ciudad de México alquilado a través de Booking, plataforma de búsqueda de tarifas de viaje y alojamiento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que el gas letal provino de una fuga causada por una mala instalación del calentador de agua.

El 30 de octubre de 2022, tres ciudadanos estadounidenses fueron hallados sin vida en el departamento que alquilaron a través de Airbnb, plataforma digital dedicada a la oferta de alojamiento a particulares y turísticos, muy cerca de San Fe, en la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el fallecimiento se debió a una posible intoxicación por inhalación de gas, reportes preliminares establecieron que guardias de seguridad del conjunto residencial en donde se registraron los hechos solicitaron el apoyo de elementos de la Secretaría Ciudadana al percibir un intenso olor a gas en un departamento.

En el lugar se localizaron los cuerpos de una mujer y dos hombres de nacionalidad estadounidense por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia cuyos paramédicos diagnosticaron que ya no contaban con signos vitales. De acuerdo con los estudios periciales realizados, las tres personas referidas fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono.

VI. Todo lo anterior hace indispensable el generar regulación en México, en la cual se deben contemplar las consecuencias, derechos y obligaciones tanto para los huéspedes, como para los anfitriones, así como garantizar que los espacios que se rentan por medio de plataformas digitales cumplan con las mínimas condiciones de protección civil.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

III. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo, en el párrafo segundo se establece:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

IV. Conforme al artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a que, a través de las dependencias correspondientes, implementen acciones de prevención dirigidas a la prestación de servicios de alojamiento turísticos a través de plataformas digitales, así como asegurar que cumplan con las mínimas condiciones de protección civil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las fiscalías de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a que, en ejercicio de sus atribuciones, fortalezcan las acciones de investigación y den seguimiento a las denuncias presentadas derivadas de posibles hechos ilícitos en el uso de plataformas de servicios digitales, como lo son los servicios de alojamiento turístico, a efecto de sancionar debidamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTRATEGIA CONJUNTA, COORDINADA Y OPORTUNA DE PREVENCIÓN, ANTE EL ALARMANTE AUMENTO DE ROBO DE HIDROCARBUROS MEDIANTE TOMAS CLANDESTINAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la Sedena, a definir una estrategia conjunta, coordinada y oportuna de prevención, ante el alarmante aumento de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con reportes de medios de información, se ha detectado que las tomas clandestinas de hidrocarburos han aumentado en un cuatro por ciento de 2019 a 2023, respecto de 2013 a 2018, pues con base en datos compartidos, se observó que estas tomas acumulan en total 45 mil 254 fuentes ilegales, representando un aumento de cuatro por ciento en comparación con el periodo pasado, que documentó 43 mil 598 tomas ilegales, en este mismo sentido, se localizó mediante datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que de 2019 a octubre de 2022 111,896,153 litros de hidrocarburos fueron decomisados.

Por su parte, se detalló que el número de perforaciones ilegales, para hacer tomas clandestinas, aumentó en 24.3 por ciento de enero a julio de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021, pues se pasó de 6 mil 125 tomas a 7 mil 612, llegando a estimar Petróleos Mexicanos (Pemex) que en promedio, 35.9 tomas eran utilizadas para extraer combustible o crudo de manera clandestina por día, calculando que ha habido más de mil perforaciones por mes, lo cual en términos monetarios acumula una pérdida por dos mil 646 millones de pesos en lo que va de esta administración. Lamentablemente, de igual forma se revisó que las cifras de las tomas clandestinas, dentro de los primeros 44 meses de la administración actual, han sufrido un aumento de 186.4 por ciento si se compara con el periodo de los primeros 44 meses de la administración pasada, pues se pasó 15 mil 388 a 44 mil 76 tomas clandestinas en el país.

En este sentido, y en palabras de los expertos y analistas de la materia, es indispensable detectar que el problema persiste porque no se ha atacado desde el fondo; en lo que va de la actual administración, el trabajo del Estado mexicano no se ha enfocado en prevenir la creación de nuevas tomas ilegales, viendo que esto no representa una resolución eficaz, puesto que no hay una estrategia definida y clara que permita accionar a manera de prevención ante los diversos escenarios donde se da este ilícito, perdurando y asentando la problemática expuesta, pues a falta de una organización precisa se podrá seguir incautando y asegurando litros de hidrocarburos bienes de la nación, pero no frenando y disminuyendo la creación de nuevas tomas para la extracción del combustible.

Ante tales afirmaciones, es importante reconocer que la prevención de esta práctica, mediante una estrategia pla-neada, es algo necesario pues como lo mencionan los especialistas, el robo de combustible, además de significar un hurto al patrimonio nacional y afectar directamente la economía mexicana, pone en riesgo la vida de las personas que realizan dicho acto y arriesga a las comunidades cercanas, así como a las personas que habitan ellas. Observando que las afectaciones van más allá de únicamente los accidentes ocasionados por la extracción del combustible, pues se ha registrado en las comunidades donde se realiza el robo de hidrocarburos existen altos grados de violencia, ya que estos tienen a ser una fuente de financiamiento de los grupos armados, suscitando enfrentamientos y disputas por estas tomas clandestinas.

Pues a pesar de la estrategia de decomiso de litros de combustible y del despliegue de casi 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas, en noviembre se reportó la extracción de 5 mil 600 litros de combustible por día, teniendo en promedio en 2022 un robo promedio de 5 mil 100 barriles cada día, reconociendo que si bien, es oportuno poder recuperar el combustible robado, no es suficiente para hacer frente a este crimen, mucho menos para resolverlo. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal para que a través de la Secretaría de la Defensa Nacional defina una estrategia conjunta, coordinada y oportuna de prevención ante el alarmante aumento de robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas y se presente un informe pormenorizado a esta soberanía de las acciones realizadas para evitar que continúe incrementado este delito y evitar las tragedias sucedidas en años anteriores.

Notas

1 Huachicol: aumentan decomisos... y las tomas. Obtenido de:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sube-decomiso-de-huachicol -pero-aumentan-tomas-ilegales

2 El huachicoleo repunta; tomas aumentan 24%. Obtenido de:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-huachicoleo-repunta-tom as-aumentan-24/1546528

3 Ibid.

4 Op. Cit.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sube-decomiso-de-huachicol -pero-aumentan-tomas-ilegales

5 Nueva explosión de ducto evidencia el peligro del huachicoleo: Menchaca. Obtenido de:

https://lasillarota.com/hidalgo/estado/2022/12/22/nueva-explosi on-de-ducto-evidencia-el-peligro-del-huachicoleo-menchaca-406911.html

6 Expansión del robo de combustible en México: de actividad delictiva a fenómeno criminal. Obtenido de:

file:///C:/Users/Esteban/Downloads/Dialnet-ExpansionDelRoboDeCom bustibleEnMexico-6959973.pdf

7 Huachicoleo persiste a pesar de la estrategia para terminar con la ordeña. Obtenido de:

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/12/07/huachicoleo -persiste-a-pesar-de-la-estrategia-para-terminar-con-la-ordena

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

RELATIVO A LOS CASOS DE FRAUDE COMETIDOS POR LAS EMPRESAS ASESORES JURÍDICOS PROFESIONALES Y GREEN OCEANS, EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los casos de fraude cometidos por las empresas Asesores Jurídicos Profesionales y Green Oceans en Jalisco, a fin de exhortar a la Fiscalía del estado a garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita a las víctimas involucradas, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Delito de fraude en México

El delito de fraude en el territorio nacional ha tenido un auge en los últimos años, sobre todo los fraudes financieros, lo anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Agregando que, de acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en incidencia delictiva, este tipo de delito y sus variantes se han mantenido como un crimen constante, para muestra de esto, el cuadro siguiente:

Incidencia delictiva nacional en el delito de fraude

Mes                             2021                            2022

Enero                           6 010                           7 483

Febrero                                    6 970                          7 687

Marzo                          8 551                           8 919

Abril                            7 679                           8 167

Mayo                           7 801                           8 926

Junio                            8 599                          8 831

Julio                             8 040                           8 606

Agosto                         8 155                           9 684

Septiembre                   7 941                           8 723

Octubre                                    8 142                           9 321

Noviembre                   8 563                           9 065

Diciembre                    8 756

                                    95.207                           95 412

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Condusef ha alertado a la ciudadanía sobre las formas en que los delincuentes consuman el fraude financiero, pues en los últimos años se han popularizado e intensificado ciertos métodos, como éstos:

Vishing: Método por el cual el estafador se hace pasar por trabajador de algún banco o entidad financiera a fin de robar datos personales o inversiones monetarias.

Shishing: Éste consiste en que, por medio de mensajes de texto en el teléfono celular, se engaña a la víctima para acceder a páginas web falsas con objeto de obtener información bancaria.

Spam: Por medio de correos electrónicos, el defraudador incita a la victima a descargar un archivo o programa fraudulento a fin de robar información bancaria que le permita hacer transacciones con el dinero del perjudicado.

Considerando que los métodos anteriormente descritos se presentan dentro de un marco actual, con constates avances tecnológicos, la doctora en ciencias jurídicas Minerva Sandoval Alanís concluye que dicho factor es clave en el crecimiento de delitos relacionados con fraudes financieros, ya que un constante avance en la tecnología permite una mayor y rápida conectividad, donde los modelos de negocio disruptivo que prometen grandes y rápidas ganancias llegan a más posibles víctimas.

II. Delito de fraude en Jalisco

Por su parte, el estado de Jalisco no presenta una situación diferente al contexto nacional en cuanto al delito de fraude, siendo un crimen con una incidencia constante.

Incidencia del delito de fraude

Jalisco

           Mes                 2020                2021    2022

            Enero               567                  501      664

            Febrero                        620                  548     647

            Marzo              532                  699      747

            Abril                339                  600      711

            Mayo               380                  573      849

            Junio                622                  649      719

            Julio                 697                  707      740

            Agosto             776                  736      790

            Septiembre       605                  685      706

            Octubre                        748                  64        723

            Noviembre       636                  929      700

            Diciembre        683                  742      -

                                    7 205               8 013   7 996

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además, según datos de la Coordinación de Seguridad del estado de Jalisco, entre 2015 al primer semestre del 2022, se denunciaron 56 mil 307 casos de fraude en la entidad, no obstante, sólo hay 55 personas presas por cometer dicho delito. Añadiendo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2022, durante 2021 el delito de fraude fue el crimen con más incidencia en los municipios del área metropolitana de Guadalajara, con una tasa de 39 mil 514 víctimas por cada 100 mil habitantes.

No obstante, a pesar de la alta prevalencia del delito de fraude en Jalisco, la Fiscalía estatal ha archivado un promedio de 64 carpetas de investigación al día, lo anterior dado que la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros, cuya competencia es indagar delitos no violentos contra el patrimonio, informó que entre enero de 2018 y agosto de 2022 se archivaron 108 mil 906 casos de crímenes de esta índole.

Una modalidad del delito de fraude que se popularizó y tuvo casos relevantes en el estado el año pasado es la de “inversiones milagro”, las cuales ofrecen rendimientos muy por encima del mercado: ofrecen ganancias mensuales de hasta 10 por ciento respecto a lo invertido.

En dicha modalidad del delito se usa el sistema llamado Ponzi, consistente en que cierta persona, moral o física, ofrece a las posibles víctimas una llamativa rentabilidad a cambio de su inversión y, una vez conseguido el capital, se pagan los intereses de la inversión con el dinero invertido de nuevos inversores, repitiendo el proceso hasta que se pierde la entrada de dinero, y se deja a todos los inversionistas sin ganancias y sin el capital invertido.

Ante dicha modalidad de fraude, la Condusef ha establecido que la mejor manera de evitar caer en estas estafas es desconfiar de rentabilidades demasiado altas con respecto a las que se ofrecen en el mercado, además de que en este tipo de inversiones los defraudadores no explican a detalle cómo logran los altos rendimientos que supuestamente consiguen.

A pesar de estas advertencias, la ciudadanía continúa siendo víctimas de estos delitos, haciendo especial énfasis en la población jalisciense que, durante el pasado año sufrió dos casos relevantes de fraude.

III. Casos relevantes de fraude en Jalisco

En 2022 se presentaron dos casos de fraude masivo y de gran relevancia en Jalisco, que en conjunto generaron pérdidas multimillonarias:

Caso Asesores Jurídicos Profesionales

En agosto del año pasado comenzaron protestas en la Fiscalía del Estado de Jalisco que acusaban a la empresa Asesores Jurídicos Profesionales de un fraude inmobiliario, dado que no se les habían pagado los rendimientos prometidos a sus inversores, viéndose involucrada una cantidad estimada de 250 millones de pesos.

De acuerdo con un testimonio obtenido por el diario Milenio, una ciudadana invirtió en la empresa 200 mil pesos que obtuvo después de trabajar como enfermera durante la epidemia de Covid-19, después de tres meses de recibir ganancias por su inversión, no volvió a percibir su rentabilidad.

Otro testimonio, obtenido por el noticiario Quiero Tv, con sede en Guadalajara, narra como una ciudadana de 60 años, que prefiere permanecer en el anonimato, invirtió sus ahorros en dicha empresa, 200 mil pesos que contemplaba para su retiro. No obstante, a pesar de la promesa de buenos rendimientos, todo su dinero fue defraudado.

Tal como le sucedió a dicha ciudadana, se presentaron decenas de denuncias similares, lo que consecuentemente provoco que para finales de 2022 la empresa ya contara con más de 100 carpetas de investigación en este caso y con más de mil afectados por una cifra que ya superaba los mil 655 millones de pesos. Tras la importante ola de denuncias contra la empresa, su propietario, Luis Oswaldo Espinosa, asumió su responsabilidad para días después, el 6 de agosto del 2022, quitarse la vida.

En fechas actuales, se continúa el proceso de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco, misma que ha tenido como resultado la captura de Manuel “M”, quien se desempeñaba como contador de la empresa acusada. No obstante, diversas personas afectadas han señalado que no tienen certeza en el caso y que desconocen información precisa, dado que aseguran no conocer a la persona detenida presuntamente involucrada.

El 29 de diciembre de 2022, la Fiscalía del Estado de Jalisco capturó Erick “P”, otro presunto cómplice en el caso, quien se habría desempeñado como asesor financiero de la empresa AJP.

Ante este mega fraude, la Fiscalía del estado ha pronunciado su compromiso de esclarecer el caso y otorgarles justicia a los afectados.

Caso Green Oceans Inc

Otro caso de fraude millonario en Jalisco se presentó cuando la financiera Green Oceans, que prometía una ganancia de 20 por ciento, dejó de pagar rendimientos a los inversores sin mediar alguna explicación. Dicha empresa, haciendo aparente uso del ya expuesto sistema Ponzi convencía a las víctimas ofreciendo llamativos rendimientos para posteriormente, una vez asentado el negocio, cobrar membresías para quienes querían entrar en la firma.

De acuerdo con un testimonio recabado por Milenio, una ciudadana, incitada por las recomendaciones de terceros, invirtió en la empresa la totalidad de su liquidación que había recibido por su retiro, sin embargo, nunca recibió ganancias y no volvió a ver su dinero, actualmente se mantiene a la espera de poder recibir justicia.

Ante muchas situaciones similares, para finales del año pasado, de acuerdo con el diario Milenio, el fraude cometido por Green Oceans ya sumaba más de 126 víctimas, presentándose 24 carpetas de investigación por un monto aproximado de 153 millones 937 mil pesos defraudados.

Consecuentemente, el pasado 20 de diciembre la Fiscalía del estado de Jalisco anunció la detención de Alejandro “A” por su presunta participación en dicho fraude. Días después, el 27 de diciembre, se le dictaron cuatro meses de prisión preventiva como medida cautelar al presunto implicado.

No obstante, a pesar de iniciarse los procesos de investigación durante la segunda mitad y finales del año pasado, las irregularidades y denuncias comenzaron a presentarse desde el año 2021, ya que desde entonces dicha empresa operaba bajo un modelo piramidal que, sin alguna explicación, los inversionistas dejaban de recibir sus respectivas ganancias, mientras que los presuntos autores de la estafa dejaron de dar la cara y atender llamadas, incluso llegando a cambiar de domicilio sus oficinas.

Conociendo lo anterior, se infiere que la Fiscalía del estado no actuó de forma rápida y eficiente ante un caso de fraude que bien pudo ser detenido antes de llegar a tan grandes repercusiones, ya que, según testimonios de los afectados, la estafa podría ascender a más de 300 millones de pesos.

IV. Consecuencias de los fraudes financieros en la sociedad

De acuerdo con el ensayo Consecuencias y efectos de los delitos financieros, económicos y bancarios. Su impacto económico y social en las finanzas públicas y privadas, así como en la calidad de vida de la sociedad mexicana, este tipo de delitos afecta “no sólo en el patrimonio de las víctimas, ya que como consecuencia de estos delitos se pierden empleos, se incumple con los objetivos de las instituciones públicas y privadas, se impide el pago de los tributos, y en general se afecta al Sistema Financiero a tal grado que impide que el desarrollo económico se lleve a cabo de forma normal, encareciendo el ahorro, la inversión y el crédito, incidiendo también en las finanzas públicas, erosionando la calidad de vida de los mexicanos”.

Es por ello que resulta vital que las instituciones capacitadas para detectar, investigar y sancionar estas actividades ilegales actúen de forma rápida y eficiente, a fin de disuadir estos crímenes y, en todo caso, garantizar la justicia pronta y expedita a las víctimas.

Por lo expuesto y fundado pongo atentamente a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, tome las medidas necesarias a fin de mejorar sus procesos de detección, atención e investigación en presuntos delitos de fraude. Lo anterior, con el objetivo de prevenir la consumación de este tipo de delitos y reducir su incidencia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce de forma eficaz y eficiente la investigación en los casos de fraude cometido por las empresas Asesores Jurídicos Profesionales y Green Oceans en Jalisco. Lo anterior, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia pronta a las víctimas involucradas.

Notas

1 El Financiero. “Fraudes financieros: Condusef advierte cuáles son las modalidades” (2022). Disponible en

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/10/24/fraudes-fina ncieros-condusef-advierte-cuales-son-las-modalidades/

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva. (2022) Disponible en

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delict iva-299891?state=published

3 Condusef. Tipos de fraude. (2022) Disponible en

https://www.condusef.gob.mx/?p=tipos-de-fraude

4 Consecuencias y efectos de los delitos financieros, económicos y bancarios. Su impacto económico y social en las finanzas públicas y privadas, así como en la calidad de vida de la sociedad mexicana. Minerva Sandoval Alanís. (2022) Disponible en

http://iip.congresosinaloa.gob.mx/Rev_IIP/rev/008/006.pdf

5 Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2022. (2022) Disponible en

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/

6 Mural, “Da Fiscalía de Jalisco carpetazo a 64 fraudes cada día”. (2022) Disponible en

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/de fault.aspx?__rval=1&urlredirect=/da-fiscalia-de-jalisco-carpetazo-a-64-frau des-cada-dia/ar2515067?referer=–7d616165662f3a3a6 262623b726760657a6770737a6778743b767a783a–

7 Informador Mx, “Ambición por altos intereses detona aumento en fraudes”. (2022) Disponible en

https://www.informador.mx/Fraudes-Ambicion-por-altos-intereses-d etona-aumento-en-este-delito-l202212160001.html

8 Condusef. No pongas en riesgo tu dinero, ahorra en mecanismos formales. (2022) Disponible en

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1715&idcat= 1

9 Ibídem.

10 Informador Mx, “Esto es todo lo que sabemos del fraude millonario de la inmobiliaria AJP”. (2022) Disponible en

https://www.informador.mx/jalisco/AJP-Esto-es-todo-lo-que-sabemo s-del-fraude-millonario-de-la-inmobiliaria-Asesores-Juridicos-Profesionales–202 20809-0118.html

11 Milenio, “Afectados por fraude de AJP, sin claridad en el caso”. (2022) Disponible en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/caso-fraude-ajp-afect ados-claridad-caso

12 Quiero Tv, “Otra víctima del fraude cometido por la inmobiliaria Asesores Jurídicos Inmobiliarios da su testimonio”. (2022) Disponible en

https://quierotv.mx/2022/08/19/otra-victima-del-fraude-cometido- por-la-inmobiliaria-asesores-juridicos-inmobiliarios-da-su-testimonio/

13 Udgtv, “Jalisco, el paraíso de los defraudadores”. (2022) Disponible en

https://udgtv.com/noticias/jalisco-el-paraiso-de-los-defraudador es/

14 Milenio, “Se suicida Luis Oswaldo Espinoza Marín, acusado de fraude millonario en Jalisco”. (2022) Disponible en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/fraude-millonario-jal isco-quita-vida-dueno-empresa-ajp

15 Milenio, “Afectados por fraude de AJP, sin claridad en el caso”. (2022) Disponible en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/caso-fraude-ajp-afect ados-claridad-caso

16 Gobierno de Jalisco. Fiscalía de Jalisco logra la captura de un sujeto relacionado en un fraude con la empresa AJP. (2022) Disponible en

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/153456

17 Ibídem.

18 Informador Mx, “El sueño criminal de Nemo: nadar en billetes verdes”. (2022) Disponible en

https://www.informador.mx/ideas/El-sueno-criminal-de-Nemo-nadar- en-billetes-verdes-20230102-0027.html

19 Mural, “Así ha sido la estafa de Green Oceans”. (2022) Disponible en

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/de fault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/asi-ha-sido-la-est afa-de-green-oceans/ar2459465?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b76 7a783a–

20 Milenio, “Así ha sido la estafa de Green Oceans”. (2022) Disponible en

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/de fault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/asi-ha-sido-la-est afa-de-green-oceans/ar2459465?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b76 7a783a–

21 Milenio, “Suman 126 víctimas por fraude de la empresa tapatía Green Oceans Inc”. (2022) Disponible en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/green-oceans-inc-suma n-126-victimas-fraude

22 Gobierno de Jalisco. Inician proceso penal a un individuo relacionado en fraude de Green Oceans. (2022) Disponible en

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/153414

23 La Silla Rota, “Diego Alejandro y Mario Iván, las jóvenes mentes detrás de la estafa de Green Oceans”. (2022) Disponible en

https://lasillarota.com/estados/2022/12/29/diego-alejandro-mario -ivan-las-jovenes-mentes-detras-de-la-estafa-de-green-oceans-407726.html

24 Milenio, “La estafa de Green Oceans, empresa de Guadalajara, podría ascender a 300 mdp”. (2022) Disponible en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/green-oceans-detienen -propietario-empresa-fraudulenta-gdl

25 Consecuencias y efectos de los delitos financieros, económicos y bancarios. Su impacto económico y social en las finanzas públicas y privadas, así como en la calidad de vida de la sociedad mexicana. Minerva Sandoval Alanís. (2022) Disponible en

http://iip.congresosinaloa.gob.mx/Rev_IIP/rev/008/006.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE GUILLERMO SHERIDAN PRIETO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a implementar medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de Guillermo Sheridan Prieto, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que implemente las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de Guillermo Sheridan Prieto, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. El 4 de enero de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina, habló del periodista Guillermo Sheridan y expresó: “Los intelectuales orgánicos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero, lo que les molesta es que ya no reciben dinero del gobierno porque ya se habían acostumbrado”.

De igual manera aprovechó la oportunidad para exponer un texto realizado por el periodista en 2006, al que tituló El Estado soy nosotros. Diario sombrío, en el que realiza una crítica dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe mencionar que el mandatario también expresó al respecto de Sheridan: “Su enojo es porque ellos son muy pragmáticos y les gusta mucho el dinero, lo que les molesta es que ya no reciben dinero del gobierno porque ya se habían acostumbrado. Este Sheridan con Krauze hacen una revista Letras Libres, y tiraban 10 mil ejemplares y el gobierno les compraba 9 mil y las vendían carísimas, y libros, daban cursos de formación y es el mismo esquema de Aguilar Camín y su equipo, editaban libros, contenidos de libros a la medida. Entonces ese es el asunto de fondo”.

II. Guillermo Sheridan Prieto es un ensayista, narrador, periodista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ha desempeñado como investigador titular del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL), fue profesor en la Universidad Iberoamericana y también participó como investigador visitante en el Thomas Reid Institute de la Universidad de Aberdeen, Escocia.

III. El periodista Guillermo Sheridan por medio de su cuenta de Twitter (@GmoSheridan), señaló lo siguiente: “Creo que esto significa que el @GobiernoMX de mi país me ha declarado, oficialmente, culpable de cometer el crimen de pensar y escribir en libertad”, por tal motivo solicitó protección de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Población y Migración, del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, así como de otras organizaciones internacionales.

IV. El 4 de enero de 2023, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, publicó a través de su cuenta de Twitter (@A_Encinas_R), un comunicado titulado Día Nacional del Periodista en México, tweet que contestó Guillermo Sheridan declarando: “Es por esto que usted explica aquí, don @A_Encinas_R, que solicito su protección ante los agravios que, oficialmente, ha lanzado contra mí el @GobiernoMX desde la página oficial del @GobiernoMX”.

V. La descalificación de periodistas es recurrente en las conferencias de prensa matutinas, en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador señala con nombre y apellido a periodistas o medios de comunicación que realizan críticas a su gobierno.

El Estado tiene una deuda con los periodistas, los niveles de violencia siguen aumentando y México continúa como uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. Según datos registrados por el medio digital Artículo 19, cada 14 horas se registra en México una agresión a un periodista, la mayoría de los casos son intimidación y hostigamiento, en segundo lugar, amenazas y en tercero, el uso ilegítimo del poder público.

VI. El Comité para la Protección de los Periodistas, publicó en noviembre de 2022 su índice Global de Impunidad 2022, con reveladoras cifras de la última década en cuanto a los peores casos de asesinatos de periodistas, México es uno de los casos más atroces, indica el documento. Al menos 13 periodistas fueron asesinados en México en los primeros nueve meses de 2022, la cifra más alta jamás documentada por el Comité para la Protección de los Periodistas en ese país en un solo año.

VII. La Organización Reporteros sin Fronteras, organización no gubernamental internacional, volvió a clasificar a México como el país más mortífero del mundo para la prensa, clasificando a México en la posición 179 de 180, en el indicador global de seguridad para los periodistas.

Considerandos

I. El artículo sexto, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

III. Conforme al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

IV. Conforme al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren dentro del país gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales.

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Asimismo, en el párrafo segundo se establece:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

V. Conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.

VI. Conforme el artículo treinta, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Las Medidas Preventivas, las Medidas de Protección y las Medidas Urgentes de Protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas. En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus competencias, implemente las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad del periodista Guillermo Sheridan Prieto.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que cese las agresiones verbales dirigidas al periodista Guillermo Sheridan Prieto, así como para que detenga el discurso de odio y las agresiones en contra de los periodistas en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEP Y A LA SHCP, A GARANTIZAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO DE HIDALGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la SHCP a realizar las acciones administrativas necesarias para garantizar suficiencia presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de Hidalgo, a cargo de la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que, con pleno respeto a la soberanía, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones administrativas necesarias para garantizar suficiencia presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La asignación de los recursos en materia de educación es una de las principales variables que determinan el desarrollo y desempeño del sistema educativo. El proceso mediante el cual se formula el esquema de asignación de recursos y el financiamiento educativo es una etapa crucial del ciclo del presupuesto educativo.

Resalta el caso del estado de Hidalgo, que no se le están reconociendo los esfuerzos y logros en materia de eficiencia educativa y contrastan con otras entidades federativas que reciben más recursos económicos con muchos menos resultados.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo mejor conocido como “ FONE” otorga recursos a las entidades federativas para poder pagar salarios al personal y que las escuelas de educación básica y normal puedan funcionar.

En 2014 la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizaron una conciliación de plazas y prestaciones pero, en este proceso, no le reconocieron a Hidalgo catorce prestaciones, de manera que el gobierno estatal debe solventarlas por diferentes medios, lo que significa una presión constante a las finanzas de la entidad.

Es así que únicamente se reciben Gastos de operación.

Adicionalmente, se etiquetan recursos compensatorios para ciertos estados como son “ Otros de Gasto Corriente” y el “ Fondo de Compensación”, no obstante, Hidalgo ha sido excluido y segregado sin fundamentación ni motivación alguna, y el monto asignado para gastos de operación, le resulta insuficiente para administrar los 5 mil 250 servicios de educación básica y normal federalizados, de una matrícula que crece de manera continua.

Es indispensable que Hidalgo sea considerado e incluido en los rubros de Gasto Corriente y Fondo de Compensación, pues no existen razones jurídicas para mantener al margen de estos beneficios a esta entidad federativa.

Por otro lado, para este ejercicio, se estima que tan solo 43.5 por ciento de estos gastos de operación se destinarán únicamente para el pago de energía eléctrica de las escuelas.

Desde la creación del FONE en 1998, Hidalgo se encuentra entre los dos estados que menos gasto de operación por alumno recibe, el promedio nacional es de 970 pesos, mientras que Hidalgo sólo puede ejercer 373 pesos por alumno.

La situación en el sur de la entidad se agrava, debido a que esta región es receptora de un gran número de personas que inmigran del Estado de México y la Ciudad de México.

Además, es la tercera entidad en el país con mayor proporción de población rural, después de Oaxaca y Chiapas, lo que eleva los costos de brindar servicios educativos a localidades dispersas. Mientras que Oaxaca tiene un gasto de operación por alumno de 776 pesos y Chiapas 627 pesos, en Hidalgo sólo les pueden dar 373 pesos por alumno.

Hidalgo, sus autoridades educativas, sus docentes y sus alumnos cumplen con su labor y entregan resultados favorables a la educación básica, pero es necesario reconocerles sus logros, y no existe mejor forma que incrementando los recursos que en justicia deben corresponderles; sus educandos necesitan que se contemple dentro del FONE el pago de estas prestaciones que actualmente no son reconocidas; necesita al menos 340 millones de pesos adicionales, en un presupuesto asignado de manera inequitativa.

Es necesario considerar la inclusión del estado de Hidalgo en los rubros “Gasto Corriente” y “Fondo de Compensación” del FONE para coadyuvar con el desempeño y desarrollo educativo de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Con pleno respeto a la soberanía, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones administrativas necesarias para garantizar suficiencia presupuestal al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo de Hidalgo.

Nota

1 Véase DOF

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608315&fecha =21/12/2020 web [27/09/21]

Palacio Legislativo San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

RELATIVO A LA CRISIS DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la crisis de personas desaparecidas en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Laura Imelda Pérez Segura, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás relativos y aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con puntos de acuerdo, relativos a la crisis de personas desaparecidas en Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, en Jalisco se vive una grave crisis de personas desaparecidas pues, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, hay 13 mil 786 sin ser localizadas desde que se tiene registro en la entidad. De ellas, 11 mil 905 son hombres (86.35 por ciento) y mil 881 mujeres (13.64). La cifra posiciona a Jalisco como la entidad con la mayor incidencia en la materia a escala nacional.

El crecimiento alarmante de este suceso se ha marcado desde el inicio de la actual administración estataldonde se ha presentado un incremento de 112.94 por ciento de las personas desaparecidas, puesto que, hasta antes de 2019, únicamente había 6 mil 474 denuncias frente a las casi 14 mil existentes hoy. Es decir, durante el periodo 2019 al 30 de noviembre de 2022, el incremento de personas desaparecidas en términos nominales fue de7 mil 312 casos.

En términos generales, 5 de cada 10 personas desaparecidas en Jalisco se han presentado durante el actual gobierno estatal, lo cual refleja en gran medida, una nula estrategia para atender y solucionar los altos reportes de desapariciones.

El órgano encargado de proporcionar estas cifras en el estado es el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), plataforma oficial donde el gobierno de Jalisco reporta las cifras de personas desaparecidas de forma mensual.

Sin embargo, desde su creación ha existido una serie de cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil y diversos investigadores, en virtud de que existen graves deficiencias en el registro de personas desaparecidas en la entidad, catalogándolos como pocos confiables.

Destaca la realizada por el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, la cual ha señalado que los registros del Sisovid no se actualizan de manera adecuada y resultan poco transparentes, así como que incumplen características que los mismos deben tener de acuerdo con la legislación vigente en el estado:

Al comité le ha preocupado mucho el manejo que el actual gobierno del estado ha tenido respecto a la cantidad de personas desaparecidas que existen en Jalisco, nos preocupa porque consideramos que hay varios hechos que evidencian un manejo poco transparente y también porque desde la Ley de Personas Desaparecidas que se aprobó el año pasado, la autoridad está obligada a crear un registro estatal de personas desaparecidas con ciertas características que la ley describe muy bien (...) tal registro, no existe.

De igual modo, se encuentra la realizada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad), señalando que, de acuerdo con las variaciones mensuales del Sisovid, siempre ha existido:

Una tendencia a la baja en ciertos meses con respecto al número de personas desaparecidas en Jalisco, a pesar del incremento de cifras de desaparición de personas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, así como el aumento de noticias sobre nuevos casos de desaparición en medios de comunicación y redes sociales.

Esto encuentra sustento en la evidencia indicada en el siguiente gráfico, tomando como referencia el periodo comprendido de mayo de 2019 a diciembre de 2020:

Una de las principales problemáticas que se han presentado es la correspondiente a la falta de información sobre víctimas de desaparición y las inconsistencias entre los datos publicados por la plataforma en comento con cifras del orden federal.

En primera instancia, destaca la amplia diferencia existenteentre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación y el Sisovid, el cual ha sido cuestionado por familiares de víctimas de personas desaparecidas por inconsistencias en los datos de personas sin localizar, debido a que resulta menor a las cifras proporcionadas por el gobierno federal, ya que actualmente hay una variación de mil 254 personas entre el sistema de registro estatal y federal, el cual registra 15 mil 040 personas desaparecidas frente a las 13 mil 786 de la plataforma estatal.

Esta disparidad ha sido incluso admitida por el Gobernador del Estado, el cual aceptó las diferencias en las cifras de de-saparecidos, comprometiéndose a corregir las cifras señaladas en contraste con los datos de las instancias federales y que hasta el momento no se ha cumplido. Irregularidades que solamente brindan una nula certeza y seguridad sobre una problemática de que adolece gravemente al estado, permitiendo un espacio a la opacidad y a una posible manipulación de las cifras, como ha reconocido la Cepad:

Ana Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo

Se comparte la información escasa, selectiva, con los datos que pudieran constituir incluso una manipulación, que se enfoca en avances, en un enfoque de éxitos, triunfalista.

Ejemplo de lo expresado por la Cepad ocurrió recientemente cuando el Ejecutivo estatal, durante el cuarto Informe de Seguridad en 2022, manipuló los datos de personas desaparecidas al utilizar las proporcionadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y no las de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el único propósito de disminuir la cantidad existente de desapariciones.

En segundo lugar y la problemática más preocupante es la relacionada con las actualizaciones mensuales en los registros del Sisovid, pues se han presentado reducciones en la contabilidad que lleva la actual administración estatal. La más reciente, respecto a la suscitada para el registro de noviembre de 2022 y publicados el 10 de diciembre del mismo año.

De acuerdo con el investigador Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, el gobierno del estado eliminó mil 715 registros de personas desaparecidas, a causa de que, hasta el 31 de octubre de 2022, el Sisovid indicaba que en Jalisco había 13 mil 771 personas no localizadas, cifra que para el 30 de noviembre del mismo año (última cifra disponible hasta la fecha) se redujo a 12 mil 56, un decremento de 12.45 por ciento a la estadística publicada del mes inmediato anterior. Tal acción se dio sin explicación, incluso metodológica, por la autoridad responsable.

Esta modificación no encuentra una justificación técnica, en vista de que no se trata de personas que hayan sido localizadas, en virtud de que esa cifra no se trasladó a la suma respectiva. Tan solo durante el periodo de análisis de junio a noviembre de 2022 únicamente se localizaron a 106 personas, una diferencia de mil 609 casos, situación que parece indicar que los mismos fueron extraídos sin ninguna justificación metodológica o existe un nulo control sobre los registros referidos, ya que éstas eran cifras respaldadas por denuncias de desaparición como señaló el mismo investigador:

Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas

Cualquiera que sea ahora la justificación para eliminar ahora estas denuncias, en verdad se trata de un asunto muy grave: o están suprimiendo denuncias activas o tienen un completo desorden en sus registros.

No obstante, pese a que posteriormente, el 12 de diciembre de 2022, las autoridades estatales corrigieron los registros señalados, éstos aún presentan inconsistencias con los casos de personas desaparecidas durante el mes de noviembre, dado que si bien el Sisovid registró durante ese mes 13 mil 786 personas desaparecidas, es decir, 15 más que las presentadas en el mes previo con 13 mil 771, el Investigador de la UdG Víctor Manuel González Romero indicó que la información resultaba poco creíble, puesto que tan solo en la última semana de noviembre se presentaron 23 reportes de desaparición de personas ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, lo que significa que en tan solo una semana hubo más desaparecidos en Jalisco que los datos por mes que presentó el Sisovid, como se mencionó.

Resulta pertinente que el gobierno de Jalisco asuma la responsabilidad de crear un sistema homologado y actualizado en tiempo real de las personas desaparecidas en la entidad, el cual debe manejarse con transparencia y con el objetivo de ser una herramienta que permita coadyuvar a la creación de mecanismos y políticas que permitan la disminución de desapariciones en la entidad.

De la misma manera, es necesario que este sistema cuente con los mayores elementos de acceso a la información, ya que actualmente no se dispone de una base de datos abierta con la mayor cantidad de información posible de las víctimas de desaparición.

Tómese como referencia el contraste que existe de la información disponible en el Sisovid ante la que se puede obtener de la Ciudad de México. La de Jalisco incluye en su base de datos sólo dos categorías: edad y sexo, variables que por sí solas no brindan una mayor información sobre las circunstancias de la desaparición e imposibilita o dificulta su localización en un tiempo posterior; mientras, el de la capital del estado incluye más de 24 categorías de información, como fecha de reporte de desaparición, fuente de reporte, escolaridad, estado civil, tipo de vulnerabilidad, fecha de desaparecido, circunstancia de la desaparición, entre otros de cada caso reportado.

Por lo expuesto y fundado, atentamente pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga público un informe detallado que determine la causa de la disminución realizada en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco, derivado de la actualización mensual en la plataforma citada correspondiente a noviembre de 2022, y que posteriormente fue corregida.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco a implantar medidas que permitan la consolidación de un sistema de registro de personas desaparecidas homologado con las instancias federales y se encuentre actualizado en tiempo real, así como la creación de una base de datos abierta y accesible que permita la máxima publicidad de información sobre víctimas desaparecidas en la entidady que coadyuve a la creación de políticas públicas que logren reducir la alta incidencia de personas desaparecidas en la entidad.

Notas

1 Con fecha de corte 30 de noviembre de 2022.

2 De acuerdo con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco (artículo 4, párrafo 1, fracción XXVIII), una persona desaparecidas es toda aquella cuya ubicación y paradero se desconocen, independientemente de que su ausencia se relacione o no con la comisión de un delito.

3 Véase

https://cutt.ly/z2h3rU2

4 Disponible en

https://cutt.ly/a2h3yZM

5 Ibídem.

6 Disponible en

https://cutt.ly/w2d6kLb

7 Disponible en

https://www.cepad.org.mx/infodh/desaparicion-de-personas/

8 Disponible en

https://www.zonadocs.mx/2022/03/30/denuncian-colectivos-manipula cion-de-estadisticas-de-desaparicion-por-parte-de-gobierno-de-jalisco/

9 Véase en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-acepta-difere ncias-en-cifras-de-desaparecidos

10 Disponible en

https://udgtv.com/noticias/cepad-exige-mejorar-el-registro-estat al-personas-desaparecidas/

11 Disponible en

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=189483

12 Disponible en

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=191251

13 Véase en

https://twitter.com/joraplas/status/1602024100146270208

14 Véase en

https://twitter.com/joraplas/status/1602024102276964352?s=20&t=4RCPpT91ML9KA4YE-7HFKg

15 Disponible en

https://twitter.com/VMGlezR/status/1597292876459020288?s=20& t=Rw5J2er3qs8wKrf3BRwAVw

16 Disponible en

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=191269#.Y5fczhEt zuQ.twitter

17 Disponible en

https://www.debate.com.mx/guadalajara/Pese-al-aumento-de-presupu esto-para-personas-desaparecidas-no-hay-resultados-en-Jalisco-20220409-0069.htm l

18 Disponible en

https://twitter.com/joraplas/status/1501114558470967297

19 Véase en

https://cutt.ly/H2jeJBr

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO GENERAL DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar un diagnóstico general del equipamiento y mobiliario urbano, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del PAN con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que realice un diagnóstico general del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México, destine los recursos necesarios para su mantenimiento y mejoras, así como brindar atención integral a las quejas de la ciudadanía en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, a los siguientes

Antecedentes

I.- El robo de equipamiento y mobiliario urbano afecta a millones de ciudadanos, cada año pone en riesgo la vida y salud de las personas. En la Ciudad de México el riesgo que representa un registro de drenaje sin tapa en donde peatones, vehículos, motociclistas y ciclistas transitan, tiene como consecuencia la acumulación de basura, daños materiales, lesiones y en el peor de los casos la muerte.

II.-El alcantarillado, tiene como su principal función la conducción de aguas residuales y pluviales hasta sitios en donde no provoquen daños e inconvenientes a los habitantes de poblaciones de donde provienen o a las cercanas.

III.- Al registro de drenaje sin tapa, son arrojadas bolsas de basura, envases de plástico, así como todo tipo de desechos que generan daños severos a la red de drenaje. El problema ha crecido por la fácil comercialización del acero en las empresas recicladoras, por lo que cada vez más coladeras pluviales, rejillas de pozos de tormenta, brocales y arcos en los drenajes de banquetas y avenidas de la CDMX están siendo arrancadas para su comercialización como fierro viejo.

IV.- De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), en las 16 alcaldías hay 470 mil 413 pozos de visitas, rejillas de piso y coladeras pluviales. En los últimos 2 años y 10 meses, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México tuvo que desembolsar 33 millones 660 mil 591 pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro viejo.

V.- Cifras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, indican que del año 2019 a la fecha se repusieron 3 mil 792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan apenas el 0.8% del total de esos accesorios distribuidos en las 16 alcaldías dejan pérdidas millonarias. Se estima que de 2007 al 2018, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México gastó 176 millones 605 mil 713 pesos en la reposición de 19 mil 371 accesorios de drenaje, más de 200 millones de pesos en 14 años.

VI.- En noviembre de 2015, entre la Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río de la Piedad, en la alcaldía Iztacalco, un bebé de cinco meses de edad perdió la vida al caer al drenaje a través de una coladera abierta. Su madre, lo trasladaba en una carriola, pero no se dio cuenta de que una coladera pluvial de 10 metros de profundidad se encontraba abierta, tropezó y provocó la caída de su hijo.

VII.- El jueves 10 de noviembre de 2022, saliendo de la estación del metro Velódromo, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes Juan Escutia, dos hermanas de 16 y 23 años, acompañadas de su padre se dirigían a un concierto. Por falta de alumbrado público, fallecieron al caer en un registro de drenaje ubicado en una vía pública primaria, al costado del puente peatonal entre Viaducto Río Consulado y Añil, en la colonia Granjas México Poniente, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las hermanas se cayó en un registro de drenaje, de aproximadamente medio metro de diámetro y tres metros de profundidad, que se encontraba destapado y sin protección, al caer se golpeó en la cabeza. Su hermana intentó ayudarla a salir, pero la falta de oxígeno por el metano producido por excremento, residuos de la CDMX y aguas negras del fondo del registro de drenaje, provocaron la muerte de ambas.

VIII.- Este problema se extiende a toda la Ciudad, la política de movilidad y de infraestructura urbana en la Ciudad de México debe presentar para las autoridades una tarea prioritaria, debido a que todos los días miles de personas transitan por banquetas y vialidades en mal estado, representando un peligro para su integridad física. El deterioro y mal estado o robo de las tapas de coladeras hace indispensable impulsar medidas y realizar acciones que garanticen la seguridad de la población.  

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.-. Conforme al párrafo sexto, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

III.- Conforme al párrafo primero, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

IV.- Conforme al párrafo tercero, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

V.-Conforme al artículo séptimo, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del Distrito Federal.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, realice un diagnóstico general de la infraestructura de la Ciudad de México relacionada con la operación, mantenimiento y construcción de los servicios de drenaje y alcantarillado, así como realizar las acciones necesarias y destinar los recursos necesarios, con la finalidad de garantizar la seguridad de la población.     

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, realicen las acciones necesarias y destinen los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del sistema de drenaje y alcantarillado de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES PROVOCADAS POR LA FUGA DE HIDROCARBUROS EN EL MANANTIAL DE MEXICALTONGO, MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de Pemex, a contratar especialistas para identificar el origen, así como controlar y mitigar las afectaciones provocadas por la fuga de hidrocarburos en el Manantial de Mexicaltongo, en el municipio de Jilotepec, Estado de México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados Miguel Sámano Peralta, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ricardo Aguilar Castillo, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Eduardo Zarzosa Sánchez, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Jazmín Jaimes Albarrán, Alan Castellanos Ramírez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Brasil Alberto Acosta Peña, Laura Barrera Fortoul, Carlos Iriarte Mercado y Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura federal, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 31 de diciembre de 2022, diversos habitantes del municipio de Jilotepec, Estado de México, alertaron de un incendio en el manantial de la comunidad de Mexicaltongo, hecho que tomó gran relevancia cuando cinco días después del primer reporte el fuego no cedía, manteniéndose en llamas.

De acuerdo a reportes de medios de información, se presumía que el siniestro fue provocado por una presunta fuga de combustible de ductos de la zona, por lo que el alcalde de Jilotepec, Rodolfo Nogués Barajas, solicitó apoyo del Gobierno federal para que la Coordinación Nacional de Protección Civil (PC), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como autoridades estatales trabajaran en una solución a esta problemática, que pone en riesgo a los habitantes del municipio y localidades aledañas.

En ese sentido, vecinos de la zona bloquearon la autopista México-Querétaro, exigiendo la llegada de Pemex para atender el problema. Según se registra por diversos medios “Los vecinos refirieron que el manantial es de uso comunitario donde las personas acuden a lavar, dan agua a los animales, riego de tierras y acarreo de agua para los hogares, pero desde hace una semana reportaron que el líquido presuntamente se ha mezclado con gasolina y ha contaminado el lugar. Indicaron que este manantial, que abastece agua a habitantes de Jilotepec, Soyaniquilpan y Tula de Allende en Hidalgo, está contaminado con hidrocarburo ya que los ductos de Pemex pasan cerca de este sitio”.

Es importante mencionar que ante este hecho, el pasado 6 de enero, el secretario de Gobernación, en la conferencia matutina del Presidente, declaró que no se trata de un ducto de Pemex como se había especulado, sino de un derrame de residuos tóxicos de una empresa particular. También se anunció que Pemex, Conagua y personal de protección civil, tanto federal como del Estado de México, estaban trabajando en el incendio, mandando pipas de agua al lugar para ayudar a la población y, una vez contenido, se iniciarán labores de limpieza en el manantial.

El presidente municipal, mediante un comunicado en sus redes sociales, realizó algunas aclaraciones sobre lo referido en la Conferencia Mañanera, ya que advirtió que aún no se conoce el origen de este incendio, ni el tipo de líquido que lo está provocando, tampoco se tenía conocimiento que fueran desechos de una empresa privada. Precisó que después de la Mañanera se logró el contacto con autoridades federales para comenzar la coordinación y tratar de resolver este problema que preocupa a la comunidad.

Si bien la problemática está siendo parcialmente atendida y se han realizado una serie de trabajos apagando el fuego para extraer el líquido contaminante y poder realizar las pruebas correspondientes, de conformidad con los ingenieros de Pemex el fuego se tuvo que volver a encender para evitar mayores daños.

A diez días del primer reporte, la contaminación del manantial de Mexicaltongo continúa y la solicitud del presidente municipal y los habitantes de la zona es que las autoridades federales, particularmente Pemex, envíen especialistas para realizar una revisión pormenorizada del lugar con la tecnología que permita identificar el origen del incendio y mitigar los daños.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal para que, a través de Petróleos Mexicanos, se contraten especialistas para identificar el origen, así como controlar y mitigar las afectaciones provocadas por la fuga de hidrocarburos en el manantial de Mexicaltongo, en el municipio de Jilotepec, Estado de México; y se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los habitantes de la zona y se garantice, una vez controlado el incendio, la limpieza de dicho manantial que abastece de agua a diversas comunidades.

Nota

1 https://hgrupoeditorial.com/incendio-en-manantial-de-jilotepec-cumple-una-seman a/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada y diputado: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Miguel Sámano Peralta (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN PERMANENTE, SOBRE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MERCADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las direcciones de Protección Civil y a las Secretarías de Desarrollo Económico de los tres órdenes de gobierno a fortalecer los programas de supervisión y atención permanente, sobre la situación en que se encuentra la infraestructura de todos los mercados del país, suscrita por el diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Direcciones de Protección Civil y a las Secretarías de Desarrollo Económico de los tres órdenes  de gobierno, fortalecer los programas de supervisión  y atención permanente sobre la situación en que se encuentra la infraestructura de todos los mercados del país, con el fin de prevenir siniestros y garantizar la seguridad tanto de locatarios como del público en general que usualmente acude a estos lugares a abastecerse.

Exposición de Motivos

Que los mercados públicos son establecimientos comerciales dedicados a la venta de comestibles como frutas, carnes y verduras así como artículos diversos de consumo, en donde a diario acuden cientos de familias mexicanas a abastecerse.

Que en nuestro país existen mercados icónicos como el Mercado San Juan, la Merced o la Lagunilla, los cuales aún permanecen como espacios públicos vitales de la vida urbana.

Que los mercados públicos han sido históricamente elementos importantes de las ciudades y contribuyen no sólo a la actividad comercial sino también al encuentro, al descubrimiento, la convivencia, la integración y la interacción de la población en el espacio público, incluso en las ciudades globalizadas.

Es decir, los mercados tradicionales son mucho más que alimentos; se tratan como las ciudades mismas y sobre las personas: son algunos de nuestros espacios públicos más vitales.

Que dichos espacios públicos se construyeron entre los años 40 y 60 del siglo pasado, por lo que la supervisión y mantenimiento de sus instalaciones tiene que ser permanente, pues las fallas en los circuitos eléctricos, drenaje e infraestructura los hacen muy vulnerables a los siniestros y accidentes que ponen en peligro la vida de quienes transitan y trabajan ahí.

Que en los últimos meses, los mercados públicos han sufrido una serie de siniestros, como incendios, caída de bardas, fuga de gas entre otros. debido al mal estado que guardan sus instalaciones dejando como saldo un gran número de personas lesionadas, severos daños en los locales e incluso hasta la pérdida de vidas humanas.

Es en ese sentido que las autoridades correspondientes deben fortalecer los programas de supervisión y atención permanente en las zonas de locales y planchas, estacionamientos así como en el área de fondas y los sanitarios, con el fin de prevenir siniestros, preservar la seguridad de las personas que acuden a estos lugares a trabajar o a realizar sus compras así como impulsar la economía local.

Así mismo es importante fortalecer los planes de acción en caso de un siniestro para que sus locatarios estén preparados ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente exhorta de manera respetuosa a las direcciones de Protección Civil y a las Secretarías de Desarrollo Económico de los tres órdenes de gobierno, fortalecer los programas de supervisión y atención permanente sobre la situación en que se encuentra la infraestructura de todos los mercados del país, con el fin de prevenir siniestros y garantizar la seguridad, tanto de locatarios como del público en general que usualmente acude a estos lugares a abastecerse.

Referencias

1 Mercados públicos de la Ciudad de México - Wikipedia, la enciclopedia libre que es un mercado público en México - Búsqueda (bing.com)

2 Los mercados como espacio público / Agenda urbana - LJA Aguascalientes

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de Enero de 2023.– Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PERMANENTE EN SINALOA PARA SALVAGUARDAR A LA POBLACIÓN, DERIVADO DE LA DETENCIÓN DE OVIDIO GUZMÁN EL PASADO 5 DE ENERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implementar una estrategia de seguridad permanente en Sinaloa, para salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de los habitantes, derivado de la detención de Ovidio Guzmán el pasado 5 de enero, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del PAN con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento  para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo federal a fin de implementar una estrategia de seguridad permanente en Sinaloa, para salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de los habitantes  derivado de la detención de Ovidio Guzmán el pasado 5 de enero, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. El 17 de octubre del año 2019, se había realizó la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán por ser considerado uno de los principales delincuentes que transitan drogas como metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos.

II. En la publicación de los videos de la captura, se muestra que Ovidio es detenido en una casa alrededor de las 15: 17 horas donde se encontraba con otras personas, quienes son colocadas con las manos en alto y contra la pared. En dicho video se observa que Ovidio Guzmán realiza una llamada a petición de los elementos de seguridad para detener los enfrentamientos.

III. En un informe del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, detalló que media hora después de la detención de Ovidio, había sido informado López Obrador de los sucesos. Sin embargo, posteriormente, el titular del Ejecutivo federal reconoció que él fue quien ordenó la liberación del narcotraficante a fin de no poner en riesgo a la población.

IV. En el fallido operativo conocido como “El Culiacanazo”, dio como resultado el bloqueo de diversas calles de la ciudad por cientos de sicarios, la toma de una veintena de soldados como rehenes, el ataque a hogares de familiares de militares y el deceso de 8 personas.

V. El pasado 5 de enero del año en curso, se realizó nuevamente un operativo para la detención de Ovidio Guzmán. En el transcurso del día, se informó en diversos medios de comunicación sobre jornadas de violencia en Sinaloa por la supuesta captura del hijo del Chapo Guzmán. Horas más tarde, se confirmó su detención para ser trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.

VI. En este operativo se generaron diversos actos violentos en donde la población estuvo en riesgo, se informó que se contabilizó el robo de 250 vehículos, de los cuales 51 fueron incendiados y utilizados para impedir el paso. Asimismo se efectuaron cuatro saqueos a tiendas departamentales, 18 vías de comunicación bloqueadas, la detención de 26 personas, el deceso de 10 militares, 19 agresores y un menor de 14 años herido por bala perdida.

VII. En el transcurso del operativo, los habitantes de Culiacán e incluso aquellos que transitaban, vivieron horas de miedo e incertidumbre, pues en diversos medios de comunicación y redes sociales circulaban videos e imágenes de diversos narcobloqueos, lesionados, cierre de centros comerciales y bancos, balaceras en el aeropuerto de Culiacán, incluso circuló un video donde se ve a pasajeros de una aeronave comercial resguardarse en el avión por balas que impactaban.

VIII. La presente captura es un paso importante para la seguridad del país, sin embargo, la generación de violencia es una reacción que era de esperarse, más cuando el operativo anterior ya había dado señales de estas reacciones. La estrategia de seguridad debe de ser contundente y constante, priorizando ante todo la seguridad de los habitantes.

IX. Sinaloa es considerado uno de los estados más peligrosos del país, pues las redes de narcotráfico han sentado bases en esta entidad y han operado en diversos estados, como lo es el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con información del medio informativo CNN, actualmente esta banda exporta y distribuye a EE.UU. enormes cantidades de fentanilo, heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana al tener centros de operación en California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas, estados fronterizos por donde ingresa la droga desde México.

Posterior a la detención de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo” quien era líder de dicho Cártel, siguieron a cargo de la operatividad Ismael “El Mayo” Zambada, Los “Chapitos” los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, quien antes de su detención seguía activo junto con el “Mayo Zambada”, y por último de Aureliano “El Guano” Guzmán Loera (hermano del Chapo), de acuerdo con información de Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

X. La actual situación que vive Sinaloa debe ser considerada como una de las prioridades en materia de seguridad puesto que las actividades delictivas y el orden se mantendrán en constante conflicto por lo que el Estado Mexicano no debe dar marcha atrás en el reforzamiento de la seguridad.

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Conforme al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

III.- Conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. ...

IV.- Conforme al artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son facultades y obligaciones del Presidente de la República: Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

V.- Conforme al artículo 2 de la Ley de Seguridad Interior, La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley.

VI.- Conforme al artículo 5 de la Ley de Seguridad Interior, La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencia.

VII.- Conforme al artículo 7 de la Ley de Seguridad Interior, Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Titular del Ejecutivo federal, para que en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, se implemente una estrategia de seguridad permanente en Sinaloa, a fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Titular del Ejecutivo federal a fin de que en futuros operativos se realice una estrategia para salvaguardar primeramente, la integridad de los habitantes y con ello evitar cualquier afectación o deceso, priorizando la protección de los derechos humanos y sus garantías.

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la Fiscalía General de la República para investigar los diversos hechos sucedidos el pasado 5 de enero durante la detención de Ovidio Guzmán, los cuales pueden constituir conductas delictivas en perjuicio de la población.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEGOB, A EJECUTAR SU VIGILANCIA SOBRE EL MATERIAL IMPRESO QUE SE EXPENDE AL PÚBLICO EN LOS PUESTOS DE PERIÓDICOS Y REVISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a ejecutar su vigilancia sobre el material impreso que se expende al público en los puestos de periódicos y revistas del país, de manera eficaz y eficiente, a fin de que los expendedores cumplan con las especificaciones vertidas en el reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Un Estado democrático, como México, no se entendería sin los medios de comunicación que, de manera suficiente, veraz y oportuna, mantienen informados a los ciudadanos, fomentando su libre y razonada opinión, respecto de los diferentes acontecimientos del día a día. La radio, la televisión, la publicidad y la prensa escrita, contribuyen enormemente al logro de ese propósito.

Sin embargo, al caminar por las vías públicas, vemos portadas destacadas con imágenes de violencia, sangre o contenido sexual que “parecen” dirigidas al mercado de adultos, pero que, en la realidad se exhiben y se venden a los transeúntes sin importar que sean menores de edad.

De acuerdo con la plataforma Pornhub, página web internacional de contenido para adultos, México ocupa el sexto lugar en consumo de pornografía a través de dispositivos móviles. Si a lo anterior se agrega que, el mercado de la pornografía que se exhibe en los puestos de periódicos y revistas, sin ninguna restricción, bombardea a la sociedad mexicana con contenidos inadecuados para los menores de edad, incitándolos a la promiscuidad, el abuso de personas mayores y el consumo de drogas.

Al respecto, la UNICEF afirma que la exposición a la pornografía, a una edad temprana, puede afectar la salud mental, sexismo, violencia sexual, prostitución, corrupción de menores y otros resultados negativos. Cuando los niños son expuestos a la pornografía en la que se exhiben actos abusivos y misóginos, pueden llegar a ver a ese comportamiento como normal y aceptable.

La pornografía, igual que las drogas, destruye. Las personas como seres sociales adquirimos la identidad con arreglo al entorno familiar y la zona dónde creces, aprendemos a desarrollar nuestra percepción de vida, valores, actitudes, comportamiento y reacción a las normas sociales.

Nuestras niñas, niños y adolescentes  que viven diferentes etapas de formación, vienen abiertos a experimentar todo tipo de vivencias y emociones que, de no ser observadas y guiadas por los adultos, pueden producir consecuencias negativas en su desarrollo, al asumir que la violencia y el contenido pornográfico son conductas que pueden darse con normalidad en la vida real.

A mayor abundamiento, se ha documentado que la exposición inescrupulosa de contenidos violentos en los diversos medios comunicación, puede causar desensibilización hacia estos contenidos, llegando a inhibir la respuesta de los menores en situaciones violentas y fomentar el uso instrumental y normativo de la violencia.

De modo que, atendiendo a lo establecido en la legislación mexicana, un factor necesario en cualquier sociedad democrática, es que el cumplimiento de la Ley garantice el cabal ejercicio del estado de derecho, tanto el de la libertad de expresión como el del interés superior de la niñez.

Así se expresa el espíritu del legislativo en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en éste se compromete al Estado a velar y hacer cumplir con el interés superior de la niñez, garantizándole de manera plena sus derechos al sano esparcimiento para su desarrollo integral, con políticas públicas que reflejen congruencia con este principio.

Seguimos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 43 que a la letra dice: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”.

Es por ello que, la exhibición y reproducción de imágenes con contenido pornográfico y de violencia que sin ninguna restricción se encuentra a la vista de la población en general, en los puestos de periódicos y revistas, está fuera de lo que establece el andamiaje jurídico, contenido en las diversas leyes, como la Ley sobre Delitos de Imprenta, que regula lo siguiente:

Artículo 2.- Constituye un ataque a la moral:

I.- Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cualquier otro de los medios de que habla la fracción I del artículo anterior, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores;

II.- Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de los enumerados en la fracción I del artículo 2o. con la cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquéllos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor;

III.- Toda distribución, venta o exposición al público, de cualquiera manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos.

Es indiscutible que los medios masivos de comunicación son actores clave en el desarrollo de las comunidades: pueden facilitarlo u obstaculizarlo. Con respecto a las imágenes o la voz, para evitar la identificación, se pueden utilizar recursos técnicos como la distorsión. Un buen relato periodístico no es el que prescinde de imágenes de niños, niñas y adolescentes, sino el que busca los mejores recursos técnicos y artísticos para respetar sus derechos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27 señala:

 A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

XL. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

Por su parte, el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, que cuenta con una Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, designada por la Secretaría de Gobernación, menciona lo siguiente:

Artículo 6.- Se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por:

I.- Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios y constituya por sí mismo delito;

II.- Adoptar temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el estudio;

III.- Describir aventuras en las cuales, eludiendo las leyes y el respeto a las instituciones establecidas, los protagonistas obtengan éxito en sus empresas;

IV.- Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres;

Ahora bien, parece que una constante en los últimos tiempos es tanto el aumento de la violencia en los diferentes ámbitos de convivencia, como también el aumento en la percepción de la misma y sus diferentes modalidades. La principal preocupación de éste Poder Legislativo, radica en que la alta exposición de imágenes con contenido sexual a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, puede afectar a tal manera de volverles insensibles a la violencia y a prácticas sexuales a muy temprana edad, animándoles a imitar esos comportamientos no aptos para su pleno desarrollo.

Dado lo anterior, es que resulta importante que la Secretaría de Gobernación vigile con mayor rigor este tipo de publicaciones, a fin de que se mantengan dentro de los límites del respeto a las infancias, al acatar el marco legal vigente en lo referente a la venta y exhibición de revistas con contenido sexual y violento.

En función de lo anterior descrito, tengo la decisión de someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, a que ejecute su vigilancia sobre el material impreso que se expende al público en los puestos de periódicos y revistas del país, de manera más estricta, eficaz y eficiente, a fin de que, la cadena de producción y venta, desde los talleres de impresión, hasta los puntos de expendedores, cumplan con las especificaciones vertidas en el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

Notas

1 https://www.xataka.com.mx/aplicaciones/mexico-sexto-pais-que-ve-pornhub-96-cons umo-a-traves-moviles-visita-promedio-10-minutos

2 https://www.unicef.org/harmful-content-online

3 https://www.injuve.es/sites/default/files/2018/47/publicaciones/1._ influencia_en_la_violencia_de_los_medios_de_comunicacion._guia_de_buenas_practi cas.pdf

4 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00 41-86332008000100010#notas

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEGOB, A LA SRE Y A LA CNDH, A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SRE y a la CNDH a garantizar los derechos humanos de los menores migrantes que se encuentran en territorio nacional, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mónica Becerra Moreno, y diputadas y diputados de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de garantizar los derechos humanos de los menores migrantes que se encuentran en territorio nacional,  conforme a las siguientes

Consideraciones

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes, la ubicación implica que se tengan estas características de la migración y, por lo tanto, sea uno de los principales países donde se encuentran las personas que han tomado la difícil decisión de salir de casa y enfrentarse un viaje con mucho peligro y que, en muchas ocasiones acaba con un triste final.

Existen diversas cuestiones por las que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes escapan de sus hogares, dentro de las principales se encuentra la violencia, la pobreza, las crisis políticas y sociales, la inseguridad y por cuestiones de cambio climático.

Lamentablemente cuando un menor de edad se encuentra fuera de su domicilio o no tiene la vigilancia de alguien que respete sus derechos, son propensos a sufrir discriminación, pasar hambre y frío y no tener accesos a los servicios de salud, en estos párrafos tan solo estamos mencionando unos cuantos, sin embargo, los menores tienden a pasar cosas catastróficas.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones el 3.6% de la población global es migrante, es decir, 281 millones de personas en el mundo residen en un lugar distinto a su país natal.

Con datos de la Organización “Save the Children” tan solo en el 2021, 171,146 niñas, niños y adolescentes cruzaron solos hacia los Estados Unidos. Al ser menores de edad se convierten en personas más vulnerables de ser víctimas de trata o tráfico de personas, de secuestro y hasta de reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de personas (UPMRIP) publicaron el documento denominado “Estadísticas Migratorias, Síntesis 2022” en el mismo se encuentra detallado la movilidad de personas que arriban y parten de nuestro país, mismos que pueden ser por diversos motivos y con diferentes condiciones migratorias.

Por citar tan solo unos ejemplos, de enero a noviembre del 2022 hubo un total de 388 611 personas en situación migratoria irregular, en el 2021 la cifra fue de 291 386, por lo que, la variación fue de un 33.4%. Y los principales países de nacionalidad de las personas migrantes fueron Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaragua, entre otros.

Ahora bien, de los datos más preocupantes es de las niñas, niños o adolescentes devueltos desde Estados Unidos, de 0 a 17 años en el 2022 fueron 23 340 y en el 2021, 21 061, lo que tuvo una variación de 10.8%. De la cifra del 2022, el 80.0% no iban acompañados y tan solo el 20% iba acompañado de algún adulto, aunque la mayoría no era el padre o tutor.

Este incremento debe ser tomado en cuenta para la realización de acciones por parte del Estado Mexicano y con ello reducir de manera significativa las condiciones de vulnerabilidad para el grupo de los menores migrantes, es importante que sean garantizados sus derechos y que además sean tomados en consideración los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Durante los hechos ocurridos el pasado 5 de enero en donde Sinaloa se convirtió en uno de los Estados con mayor índice de violencia e inseguridad, ponen en riesgo a todos los menores que se encuentran en situación de calle provocando una vulneración a sus derechos, este tipo de situaciones deben situar en alerta a las autoridades competentes para determinar de manera adecuada cuáles serán los procesos a seguir en relación con todos los menores que necesiten el apoyo y evitar que sean víctimas de algún tipo de delito.

Adicional a todo lo anterior, 1 de cada 8 menores de 5 años padece desnutrición crónica, lo que afecta en su desarrollo intelectual y motriz teniendo problemas en su crecimiento, y que, muchos de esos menores tienen que realizar trayectos de un país a otro y no cuentan con los elementos necesarios para conseguir alimento saludable, no tiene el apoyo familiar, no entienden el idioma o sufren de discriminación.

Po otro lado, también es importante que se realicen diversas campañas para erradicar la violencia y que las mismas sean a nivel escolar, comunitario, familiar y laboral. Algunas cifras determinan que las niñas, niños y adolescentes deciden huir de sus domicilios debido al alto índice de violencia que viven en las esferas antes mencionadas, por lo tanto, es importante vivan y se desarrollen en lugares seguros, donde no exista ningún tipo de violencia.

El pasado 18 de diciembre fue el Día del Migrante, debemos reafirmar el compromiso que se tiene de promover las gestiones humanas, la Agenda 2030 establece “NO DEJAR A NADIE ATRÁS” y eso debe incluir a los migrantes, proteger sus derechos y dar respuesta a las verdaderas necesidades que tienen, actuando con solidaridad, los niños, niñas y adolescentes tendrán una mejor calidad de vida.

Al ser México uno de los principales países migrantes es importante que se desarrollen estrategias y programas para garantizar los derechos de las personas que se trasladan de un lugar a otro, los gobiernos y las autoridades competentes deben velar por la seguridad y protección de cada una de las personas que se encuentra en territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, los siguientes resolutivos

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Titular del Instituto Nacional de Migración y a la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en coadyuvancia y a través de las Instituciones competentes, realicen programas y acciones para garantizar los derechos humanos de las y los niños migrantes en nuestro país.

Notas

1. Informe sobre las migraciones en el mundo 2022, 07 de enero de 2023, disponible en línea:

https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-intera ctive/?lang=ES

2. Gobierno de México, SEGOB, “Estadísticas Migratorias, síntesis 2022”, 07 de enero de 2023, disponible en línea:

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigrato ria/CEM/Estadisticas/Sintesis_Graficas/Sintesis_2022.pdf

Dado en sede de la Comisión Permanente, a 11 de enero de 2023.– Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE EMITAN LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE CARÁCTER GENERAL DEL DECRETO POR EL QUE SE FOMENTA LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, al SAT, a la SSPC y a la SE a emitir los lineamientos y reglas de carácter general del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado el 29 de diciembre de 2022, suscrita por la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Patricia Terrazas Baca, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Seguridad y Protección  Ciudadana y a la  Secretaría de Economía a efecto de que se emitan los lineamientos y reglas de carácter general del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado el 29 de diciembre de 2022 a efectos de transparentar e informar a los municipios de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas de manera oportuna de los montos que les corresponde de los aprovechamientos recaudados por la Federación para que los citados municipios puedan presentar oportunamente los proyectos de pavimentación correspondientes; Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para auditar y corroborar que el decreto beneficie únicamente a aquellos vehículos que hubieran ingresado a territorio nacional al día 19 de octubre de 2021.

Consideraciones

El 29 de diciembre de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera (Indistintamente, se identificará en el presente como “Decreto de fecha 29 de diciembre de 2022”) que al 19 de octubre de 2021 se encontraban en los territorios de las entidades federativas siguientes Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas mediante el pago de un aprovechamiento de 2,500 pesos por vehículo, el cual se destinará como subsidio para la repavimentación en los municipios de los citadas Entidades Federativas de acuerdo con el número de vehículos regularizados en cada municipio y cuya vigencia concluirá el 31 de marzo de 2023.

El Decreto de fecha 29 de diciembre de 2022 tiene su antecedente en el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera (Indistintamente, se identificará en el presente como “Decreto de fecha 19 de enero de 2022”) publicado el día 19 de enero de 2022, así como en sus erratas y reformas publicadas los días  21 de enero de 2022, 27 de febrero, 20 de junio y 19 de septiembre del año de 2022 mediante el cual se fomentó la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encontraban, en un inicio del decreto, en los territorios de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y  Tamaulipas al 19 de octubre de 2021.

Asimismo, en las reformas al Decreto de fecha 19 de enero de 2022 adicionó durante el año de 2022 a los propietarios de vehículos extranjeros que se encontraban en territorio nacional al 19 de octubre de 2021 de cuatro entidades federativas más como sigue: El 27 de febrero se incluyó a los Estados de Sinaloa y Zacatecas, el 20 de junio al estado de Puebla y por último, el 19 de septiembre al estado de Jalisco

En un principio, el Decreto de fecha 19 de diciembre de 2022 tenía como fecha de terminación la del 20 de julio de 2022, fecha que fue postergándose hasta el 31 de diciembre del año de 2022.

El citado Decreto tenía como propósito regularizar los vehículos extranjeros como una estrategia para mejorar el bienestar de la población, otorgando certeza jurídica y protección familiar, así como “garantizar la seguridad pública” quienes mediante el pago de un aprovechamiento de 2,500 pesos podrían obtener el beneficio cumpliendo ciertas condiciones como lo son: 1. Que el vehículo se encontrara en territorio de los Estados citados; 2. Que el propietario fuere persona física mayor de edad, residente en los citados Estados; 3. Que no se contara con el documento que acredite su legal estancia en el país; 4. Declara bajo protesta de decir verdad que el vehículo: a) No tiene restricción o prohibición para circular en el país de procedencia o en México; b). Que no se trate de vehículos de lujo o deportivos; c) Que no cumpla con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables; d) Tenga reporte de robo; e) Se encuentre relacionado con la comisión de un delito en alguna carpeta de investigación o proceso penal.

En otras palabras, el Gobierno federal otorgó una patente de corso renunciando sobre todo a su facultad para proteger la salud de los mexicanos en relación al derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad peatonal al permitir la circulación de vehículos sin tener la certeza de que estén en condiciones óptimas de funcionamiento  y sobre todo, a que dichos vehículos no estuvieren relacionados con actos delictivos, deslindando su responsabilidad al ciudadano quien no tiene la capacidad para acceder a bases de datos gubernamentales que pudieren dar constancia de dicha situación.

Asimismo, el artículo noveno del Decreto contemplaba que los recursos obtenidos por los aprovechamientos fueren destinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preferentemente a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados de acuerdo con el domicilio del ciudadano con el que haya realizado el trámite y los convenios que celebre la Secretaría con las entidades federativas a las que les aplica el Decreto, conminando a las Secretarías de Economía, Seguridad y Protección Ciudadana, al Servicio de Administración Tributaria y Agencia Nacional de Aduanas México para proveer a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de la información necesaria.

En tal sentido, el 3 de mayo y el 30 de noviembre, ambos del ejercicio fiscal de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación los “lineamientos para el ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera” y su reforma (En adelante lineamientos), respectivamente.

Al efecto, en el Capítulo IV denominado “Del otorgamiento, aplicación y control de los subsidios describe los procedimientos para otorgar los subsidios” el artículo 10, inciso a) señala que la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP) comunicará por oficio a las Entidades Federativas los montos que correspondan a cada municipio de conformidad con la información remitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de los montos por Municipio y Entidad Federativa; A su vez,  en el inciso b) estipula que los Municipios por conducto de la Entidad Federativa correspondiente presentará ante la UPCP a más tardar el último día 20 de enero de 2023 la solicitud de recursos adjuntando la cartera de Proyectos de pavimentación debidamente firmada por los funcionarios municipales facultado para ello que se realizarán con cargo a los Subsidios que les corresponda a cada Municipio indicando el monto solicitado por cada uno de esos proyectos y los calendarios de ejecución respectivos; De conformidad con el inciso c) la UPCP celebrará los convenios respectivos por los proyectos que cumplan con los lineamientos.

En este sentido, consideramos que la aplicación del subsidio para pavimentación de calles de los municipios debe ser una decisión que atañe a todos los ciudadanos del municipio, por lo que en los lineamientos debiera precisarse que la solicitud del subsidio deberá no sólo estar firmado por el funcionario municipal facultado para ello, sino que en un ejercicio de participación ciudadana, los proyectos de pavimentación a presentar deben estar acompañados de la aprobación por mayoría simple del cabildo municipal, órgano que refleja la pluralidad de los municipios.

Asimismo, señala en su artículo 17 que las Entidades Federativas y los Municipios deberán incluir la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados en su cuenta pública e informes que deban presentar ante las legislaturas locales y en su página de internet y medios accesibles a los ciudadanos la información relativa a los proyectos de pavimentación, montos, metas, proveedores, contratistas y avances físicos y financieros.

Que derivado de las reformas al Decreto del 19 de enero de 2022 al haberse ampliado su aplicación al 31 de diciembre de 2022, los lineamientos publicados el 3 de mayo de 2022 fueron reformados el 30 de noviembre de 2022 para contemplar el plazo de vigencia de las reformas, así como las disposiciones del artículo vigésimo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación.

Al efecto, en la reforma al inciso a) del artículo décimo de los lineamientos se estipula que la UPCP con base en la información que remita el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 20 de enero de 2023, informará a los Entidades Federativas de los montos correspondientes por Municipio y Entidad relativos al ejercicio fiscal de 2022, sin embargo,no establece la fecha límite para que la UPCP remita dicha información a las entidades federativas.

Sin embargo, la reforma del inciso b) del artículo décimo de los lineamientos estipula que los Municipios, por conducto de la Entidad Federativa que corresponda, deberán presentar ante la UPCP la solicitud de recursos adjuntando la cartera de los proyectos de pavimentación indicando el monto solicitado y los calendarios de ejecución respectivos, los cuales deberán presentarse dentro del plazo establecido para la comunicación de los montos, es decir, a más tardar el 20 de enero de 2023, lo anterior,genera incertidumbre a los municipios, toda vez que los municipios desconocen el monto de los subsidios a los que podrán acceder.

Asimismo, en la modificación a los citados lineamientos, la SHCP estableció que los recursos podrán entregarse durante el ejercicio fiscal de 2022 o durante el primer bimestre del ejercicio fiscal de 2023.

Con base en dicha información, durante el primer bimestre de 2023 la entidad federativa y la UPCP celebrarán los convenios respectivos.

En este sentido, el inciso f) del artículo 16 de los lineamientos establece la obligación de concentrar en la Tesofe los Subsidios que no hayan sido comprometidos, devengados y pagados durante el ejercicio fiscal de 2023, incluyendo remanentes y rendimientos financieros a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al termino del ejercicio fiscal de 2023.

En este contexto, el 29 de diciembre de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera” mediante el establecimiento de facilidades administrativas y estímulos fiscales para los vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en los territorios de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas al 19 de octubre de 2021 y que a la fecha no cuenten con la documentación que acredite su legal estancia en el país, dicho Decreto estará vigente del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023.

En ambos decretos, los beneficiarios del Decreto son las personas físicas quienes podrán regularizar un solo vehículo debiendo cumplir con los mismos requisitos del Decreto de fecha 19 de enero de 2022, y que entre otros, implica el cubrir por concepto de aprovechamientos un pago de $2,500.00 pesos (Dos mil quinientos pesos).

Al igual que el Decreto publicado el 19 de enero de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto publicado el 29 de diciembre de 2022 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá destinar  el monto de los aprovechamientos para las acciones de pavimentación en los municipios que correspondan conforme a una distribución porcentual basada en el número de vehículos regularizados y registrados por el importador y en términos de los convenios celebrados con las entidades federativas.

En los hechos, se está ampliando por tres meses más el programa de regularización de autos usados que entraron de manera ilegal al país al 19 de octubre de 2021 en las entidades anteriormente citadas, pudiendo regularizarlos hasta el 31 de marzo de 2023. Cabe precisar que los lineamientos publicados el 3 de mayo y su modificación de fecha 30 de noviembre de 2022, como ya ha sido mencionado, solo prevén la entrega de los recursos recaudados por aprovechamientos al 31 de diciembre de 2023, más no los recursos obtenidos por el periodo del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023.

Que si bien es cierto que el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se fomenta la regularización de autos usados de procedencia extranjera publicado el 29 de diciembre de 2022 señala que en tanto no sean publicadas las reglas generales y demás disposiciones administrativas, “las menciones que se hagan al Decreto por el que se fomenta la regularización de autos usados de procedencia extranjera publicado el 19 de enero de 2022, se entenderán se realizan al Decreto de fecha 29 de diciembre de 2022, dichas precisiones introducen incertidumbre respecto de los aprovechamientos recaudados por el período del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2023.

En adición a lo anterior, se destaca que los decretos de fecha 19 de enero de 2022, su fe de erratas de fecha 21 de enero, sus reformas de los días 27 de febrero, 20 de junio y 19 de septiembre, todos ellos del año de 2022, así como los lineamientos publicados el 3 de mayo y su reforma de fecha 30 de noviembre del año de 2022; el artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2023, así como el Decreto de fecha 29 de diciembre de 2022 son omisos en establecer la obligación del Gobierno Federal y a las entidades federativas de informar de manera oportuna a los municipios del monto porcentual que les corresponde al amparo de los ingresos obtenidos derivados de los Decretos de regularización.

Lo anterior, ha tenido como consecuencia que los Municipios no tengan la certeza jurídica de los ingresos que les corresponden y que les permita planear y presentar oportunamente los proyectos de pavimentación en los plazos señalados por los citados lineamientos.

Lo anterior, podría tener como consecuencia que los recursos obtenidos por los aprovechamientos del decreto de regularización no sean aprovechados al 100% por los municipios y en consecuencia, los recursos no asignados tengan que reintegrarse a la federación, en detrimento de la calidad de vida y productividad de los municipios cuyos habitantes regularizaron su vehículo.

Asimismo, en los considerados del Decreto de fecha 29 de diciembre de 2022 se menciona que el Decreto de regularización a generado poco más de 2 mil millones de pesos por aprovechamientos, llama la atención que a pesar de que el Ejecutivo Federal es el responsable y es quien cuenta con toda la información de los autos regularizados y el monto recaudado, no pueda señalar con precisión a determinada fecha del monto de aprovechamientos recaudados.

En este sentido diversas fuentes periodísticas mencionan que los recursos recaudados por este programa suman más de 2,600 millones de pesos, cifra muy cercana a la que se obtiene de multiplicar el monto de 2,500 pesos por el total de autos regularizados al 28 de diciembre de 2022 (1,047,042 de vehículos automotores regularizados), cantidad de vehículos que según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer públicamente el 29 de diciembre de 2022, por lo que entre el monto que el Ejecutivo informa que ha recaudado en los considerandos del Decreto publicado el día 29 de diciembre de 2022 por un monto de 2 mil millones de pesos respecto del informado  por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana el mismo día difiere en un 30%.

La falta de transparencia en la información que les llega a los municipios ocasiona que, como en el caso de Puebla, de los 1,581 vehículos regularizados por el período del 20 de junio de 2022 al 28 de diciembre no hayan recibido un solo peso de los recursos recabados por la Federación (https://municipiospuebla.mx/nota/2022-12-29/puebla/regularizan-en-medio-año-15 81-autos-chocolate-en-puebla)

Un ejemplo más, en Chihuahua, una de las entidades que desde el Decreto de fecha 19 de enero de 2022 y cuyos municipios pueden estar considerados dentro de aquellos que pudieren beneficiarse de los recursos obtenidos por el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, el municipio de Ciudad Juárez al 23 de octubre de 2022 tampoco había recibido un solo peso de los aprovechamientos recaudados conforme al citado Decreto, según notas periodísticas del mes de octubre  de 2022 (https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/ local/juarez/aun-no-llegan-los-recursos-por-regularizacion-de-autos-chuecos-902 9235.html#!).

La falta de transparencia respecto al monto de los subsidios a los que tienen derecho los Municipios en donde se ha llevado a cabo la regularización de vehículos tiene como consecuencia que de un total de $2,617,855 millones de pesos recaudados al 28 de diciembre de 2022, sólo se hayan entregado a los municipios la cantidad de 676 millones de pesos, es decir, sólo el 26% de los recursos que la Federación a ingresado por concepto de aprovechamientos derivados del Decreto de fecha 19 de enero de 2022.

Es importante resaltar que el Decreto y sus lineamientos son omisos en precisar cómo se confirmará que un vehículo de procedencia extranjera entró al país antes del 19 de octubre de 2021, fecha impuesta de manera arbitraria, por lo que la falta de lineamientos puede o dado lugar a actos de corrupción, tal como ha denunciado la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (https://www.milenio. com/negocios/autos-chocolate-elevaron-corrupcion-crimen-organizado-amda).

Adicionalmente, el último párrafo del artículo tercero del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera  publicado el 29 de diciembre de 2022 otorga un “estímulo fiscal” a los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en el presente decreto, equivalente al monto de las contribuciones, aprovechamientos diversos” al que se refiere el citado decreto, así como a las multas federales que se causen o generen por la importación definitiva prevista en el citado instrumento.

Al efecto, el 1o de enero de 2022 entró en vigor en nuevo Régimen Fiscal para personas físicas denominado “Régimen Simplificado de Confianza”, que de acuerdo con el artículo 113-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta estipuló que los contribuyentes que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza no podrán aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos.

Lo anterior, implicaría que una persona física que tributó en el Régimen Simplificado de Confianza durante el ejercicio de 2022 o tributa en el citado Régimen durante el presente ejercicio fiscal de 2023, que aplicó los beneficios del Decreto de regularización de fecha 19 de enero de 2022  o pretende aplicar lo establecido en el Decreto de fecha 29 de diciembre de 2022 estaría ante la incertidumbre jurídica respecto a si el estímulo fiscal que establece el último párrafo del artículo tercero de los citados Decretos le era aplicable o si en el futuro, el Servicio de Administración Tributaria pretenderá fiscalizarle, toda vez que los decretos mencionados son omisos respecto a quienes tienen la restricción a recibir estímulos fiscales, como lo es el caso de las personas físicas mencionadas.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria a la publicación de los lineamientos para el ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan derivado de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera correspondientes al Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera de fecha 29 de diciembre de 2022.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda para revise y aclare el alcance de la reforma a los incisos a y b del artículo Décimo de los Lineamientos para el ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicados el 30 de noviembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, a efectos de incorporar certeza jurídica y establezca un periodo adicional para que los municipios puedan presentar las solicitudes de subsidio para proyectos de pavimentación, periodo que deberá iniciar una vez que se de a conocer por parte de la UPCP a los municipios del monto del subsidio al que pueden acceder.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaria de Protección Ciudadana, a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus facultades se de a conocer a los Municipios de las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas el monto de los subsidios a los que pueden acceder al amparo del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero y del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2022 y que corresponden a los ingresos obtenidos por los aprovechamientos recaudados por la federación en la misma fecha que se entrega esta información a las citadas entidades federativas, a efectos de que los Municipios procedan a la elaboración de los proyectos de pavimentación a presentar para su valoración de manera oportuna en beneficio de sus ciudadanos.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria para que en los Lineamientos y reglas administrativas del  Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero y del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2022, se establezca como obligación que los proyectos de pavimentación que presente el Municipio deban estar aprobados por el Cabildo del Municipio.

Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a emitir reglas de facilidades administrativas que precisen que los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza pueden ser beneficiados del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero y del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2022.

Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que inicie las investigaciones correspondientes a efecto de corroborar que los autos usados regularizados al amparo del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero y del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 2022 corresponden a vehículos que se internaron al país al 19 de agosto de 2021 y, en su caso, se establezcan las sanciones administrativas o incluso denuncias penales, en contra de aquellos servidores públicos que hubieren cometido actos de corrupción al amparo de los citados decretos.

Senado de la República, a 11 enero de 2023.–  Diputada Patricia Terrazas Baca (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE REALICEN AUDITORÍAS PARA DETERMINAR SI LOS ACCIDENTES SUCEDIDOS DE DICIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2022, SE DERIVAN DE LA FALTA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL STC DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF y a la SICT a llevar a cabo auditorías para determinar si los accidentes que se han suscitado durante el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2022, se derivan de la falta de recursos para el mantenimiento del STC de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Patricia Terrazas Baca, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Patricia Terrazas Baca, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus competencias lleven a cabo auditorías para determinar si los accidentes que se han suscitado durante el período del 1 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2022 se derivan de la falta de recursos para el mantenimiento del Sistema Colectivo conocido como Metro de la Ciudad de México.

Consideraciones

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su tercer párrafo textualmente señala: “ , en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El estado mexicano firmó desde el año de 1948 su adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en cuyo artículo tercero establece como derecho humano, “”.

“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

En este contexto, en el Servicio Colectivo de Transporte conocido como metro de la Ciudad de México durante los últimos cuatro años se han suscitado diversos accidentes que lamentablemente han cobrado la vida de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que se transportaban en el citado medio de transporte, que son del conocimiento público y que diversos medios de comunicación dieron a conocer en su momento, como ejemplo, se mencionan los siguientes:

a) 9 de enero de 2021 incendio del Puesto Central de Control del Metro, que dejo como saldo una persona fallecida, afectando el servicio de las estaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro, suspendiendo la totalidad de recorridos y reestableciendo el servicio en los días subsecuentes.

b) 12 de mayo de 2021 desplome de la línea 12 del Metro con un saldo de 26 usuarios muertos

c) Domingo 23 de octubre de 2022, conato de incendio en la Línea 3 del Metro, estación Viveros, los usuarios quedaron atrapados por casi una hora. (https://elheraldodetuxpan.com.mx/opinion/133441-en-tercera-persona-sheinbaum-y -la-sombra-de-la-linea-3-hector-de-mauleon.html).

d) Entre 2018 y el año de 2020 han existido desalojos de las instalaciones del metro originadas por diversos eventos: 875 veces en 2018; 915 veces en 2019 y 968 veces en 2020, a partir de 2021 dejaron de proporcionarse datos de los desalojos de los usuarios de las instalaciones del metro. (https://elheraldodetuxpan.com.mx/ opinion/133441-en-tercera-persona-sheinbaum-y-la-sombra-de-la-linea-3-hector-de -mauleon.html).

e) Durante el mes de noviembre de 2022 diversos usuarios reportaron anomalías en la Línea 3 del Sistema Colectivo metro como destellos, humaredas, olor a quemado, apagones, trenes detenidos hasta por media hora.

f) En diciembre de 2022 y enero de 2023, los desalojos en las líneas  del metro de usuarios continuaron por andenes y vagones cubiertos de humo. (https://www.publimetro.com.mx/noticias/2023/01/10/metro-cdmx-humo-en-san-pedro -de-los-pinos-y-cortes-en-linea-b/).

g) 7 de enero de 2023, se suscito un choque de trenes en el trayecto de la Raza a la estación Potrero, teniendo como saldo la muerte de Yaretzi, estudiante de la UNAM fallecida y decenas de usuarios prensados.

h) En el accidente del 7 de enero de 2023, de acuerdo con notas periodísticas la primer preocupación de los funcionarios del gobierno de la ciudad de México se centraron en conminar a los usuarios afectados a no grabar, no tomar fotos del percance, en lugar de dar prioridad a la atención de los afectos, testimonios de usuarios expresaron que tardaron más de 40 minutos en recibir cualquier tipo de apoyo, aún y cuando el lugar del accidente se encuentra en una zona ampliamente comunicada y con diversos hospitales cercanos a ella.

Al efecto, el Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México han expuesto ante los medios la falta de material para darle mantenimiento tanto a trenes como a las instalaciones del Sistema Colectivo, destacando inclusive, que el monitoreo de trenes se lleva a cabo mediante un sistema manual con base en etiquetas de papel en donde se anota el número del tren en circulación.

Es pertinente resaltar que cuando en otros hechos acontecidos en la ciudad de México en donde lamentablemente en la prestación de un servicio concesionado ha fallecido alguien, la Ciudad de México ha actuado quitando la concesión de dicho servicio, tal como fue el caso de la Feria de Chapultepec (https://www.cronica.com.mx/notas-quitan_ concesion_a_operadora_de_la_feria_de_chapultepec-1134237-2019.html).

No obstante, en los lamentables sucesos acontecidos durante el mandato de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo que atañen a sus actuaciones para investigar y deslindar responsabilidades parecieran tener únicamente como propósito el proteger a los titulares de las áreas en donde se han suscitado los lamentables accidentes, a la fecha, la exdirectora del metro, Florencia Serranía carece de cualquier imputación sobre los lamentables hechos del 12 de mayo de 2021.

El Sistema Colectivo Metro es el principal medio de transporte de la Ciudad de México, sólo en el año de 2021 otorgó servicio de trasporte a un total de 837 millones 473 mil 413 usuarios transportados (https://www.metro.cdmx.gob.mx/ operacion/cifras-de-operacion), por lo que es menester del estado mexicano garantizar la seguridad de los usuarios al hacer uso de las instalaciones del Metro. Es importante resaltar que nunca en la historia del metro se habían suscitado tantos accidentes en una misma administración, y que lamentablemente han tenido como resultado la pérdida de vidas de ciudadanos mexicanas y mexicanos.

En este sentido, se observa claramente que el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal han fallado en el mandato que tienen de otorgar seguridad y garantizar la vida de los ciudadanos mexicanos, sobre todo, el derecho a la vida, un Derecho Humano al que se comprometieron a salvaguardar al asumir su encargo y como mandato de la Constitución.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.-  Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus competencias lleven a cabo auditorías para determinar si los accidentes que se han suscitado durante el período del 1 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2022 se derivan de la falta de recursos para el mantenimiento del Sistema Colectivo conocido como Metro de la Ciudad de México y en su caso, presentar las denuncias correspondientes.

Senado de la República, a 11 de enero de 2023.– Diputada Patricia Terrazas Baca (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE ENERGÍA 2020-2024, Y DEMÁS ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sener y sus órganos descentralizados a promover en la implementación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 y demás estrategias de diversificación de fuentes de energías limpias y renovables, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El uso de la energía a lo largo de los siglos se volvió indispensable, a tal grado de que la mayoría de las cosas utiliza algún tipo de energía para realizar determinada actividad. Cada instrumento requiere un tipo de material exacto que le proporciona esa energía para poder ser usado, como lo es un automóvil, una computadora, un celular, etc. La era digital en la cual estamos hace un más importante el cómo utilizamos la energía, ya que sí bien las sociedades se van transformando, estas transformaciones tienen consecuencias en el mundo, lugar que habitamos.

La Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo 121, dicta lo siguiente:

“ Artículo 121.- La Secretaría implementará mecanismos que permitan cumplir la política en materia de diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y la promoción de fuentes de Energías Limpias. La Secretaría establecerá las obligaciones para adquirir Certificados de Energías Limpias e instrumentará los demás mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a la política en la materia, y podrá celebrar convenios que permitan su homologación con los instrumentos correspondientes de otras jurisdicciones.”

Por ello, utilizar las características de la Tierra a nuestro favor es esencial para poder contribuir a un cambio en donde las personas no afectemos de sobremanera al planeta que habitamos. Ejemplos de estos se pueden ver en los coches eléctricos, que existen desde hace varios años y tienen un impacto diferente en la atmósfera, ya que un coche eléctrico tiene cero emisiones de efecto invernadero porque depende de una batería para alimentar su motor y no quema ningún combustible internamente. También requiere menos de los líquidos más dañinos y contaminantes como el aceite del motor y los líquidos refrigerantes.

El beneficio que significan los cambios que pueden hacerse, como en este caso los carros eléctricos, contribuyen a desacelerar el cambio climático, un hecho verdadero que comienza a tener estragos no solo en el mundo, sino que el país también lo está resintiendo poco a poco. Ejemplo de esto son distintos, los múltiples cambios de temperatura a lo largo del día son prueba de ello, así como también las temperaturas máximas y mínimas que se registran cada año, prueba de que el cambio climático está a unos cuantos años de empezar a cobrar lo que en su tiempo se le ha hecho a la Tierra.

Otro ejemplo del cambio que se puede hacer es la parte de la sociedad que decide no comer más carne, por lo que deciden empezar una vida vegetariana o vegana, provocando que este fenómeno sea cada vez más grande a lo largo del mundo. El cosechar la fruta y la verdura son acciones que también han iniciado, promoviendo el inicio de cultivos en casa para el autoconsumo.

Todas estas acciones contribuyen a un mejor bienestar del planeta y social,  los diferentes adelantos tecnológicos han permitido qué distintas acciones que en su momento parecían lejanas o imposibles de hacer, sean cada vez, más rápidas de hacer, es importante que la sociedad encuentre un equilibrio y permita al planeta tener un respiro de todos los contaminantes existen día tras día.

Por ello, cada vez más, cada día surgen diferentes novedades que ayudan al mantenimiento del planeta como lo conocemos, el ejemplo de esto son los paneles solares, dicho artefacto se encarga de recolectar la energía producida por el Sol y producir energía que se puede usar en casas, departamentos, edificios, etc, que permitan un menor uso de electricidad, y la que se use sea de forma natural sin ningún tipo de contaminantes.

México, por su posición geográfica, tiene la facilidad de tener una mayor radiación del sol. Países en su mayoría de África, una parte de Asia, Oceanía y Latinoamérica tienen las condiciones necesarias para utilizar la energía solar lo máximo posible.

El anterior mapa hace visible lo anteriormente comentado, exponiendo las superficies que tienen mayor contacto con el Sol y que pueden aprovechar esta energía ya sea con paneles solares o paneles solares transparentes, artefactos han tenido gran utilidad en el mundo para sacar provecho a la energía solar, y en este caso a la energía solar fotovoltaica.

Por otra parte, existen zonas de la República Mexicana que tienden a ser más calurosas que otras partes, sin embargo, esto no significa que los estados que reciben menor radiación solar tengan un clima que no les permita sacar provecho de las condiciones climáticas y geográficas del país.

Distribución de la Radiación solar en la República Mexicana:

La necesidad de ampliar y fortalecer la matriz de fuentes de energía limpia en el Sistema Eléctrico Nacional es de suma importancia tanto para la sociedad como para el país y el mundo en general, ya que es indispensable tomar en cuenta todas las consideraciones que se tienen hoy en día para generar electricidad, lo que se pensaba cómo algo imposible, en estos tiempos la realidad dicta diferentes resultados, la prueba en ello está en los nuevos paneles solares transparentes.

Para poder sacar provecho de esta situación, diferentes organizaciones e instituciones buscaron la fórmula adecuada para hacer un producto que permitiera tener energía eléctrica sin que sea muy contaminante, diferentes experimentos se llegaron a hacer, pero del que más se han obtenido resultados han sido los paneles solares transparentes. Dichos artefactos tienen características similares a lo que son los paneles solares tradicionales, sin embargo, estos tienen la cualidad de que pueden ser utilizados como ventanas, lo que produciría energía eléctrica a base de energía solar fotovoltaica, y sería a través de una ventana, tan esencial tanto en casas, departamentos y edificios.

Los investigadores de la Universidad de Michigan han creado paneles solares transparentes, 100% transparentes. Células fotovoltaicas de energía solar 100% transparentes que van a revolucionar probablemente el abastecimiento de energía renovable de esos grandes rascacielos con ventanales inmensos. Los investigadores llaman a este panel “transparent luminescent solar concentrator” más o menos como el concentrador solar transparente luminiscente, que hace uso de moléculas orgánicas. Con su vidrio 100% claro, tiene la capacidad de absorber la luz ultravioleta y luces infrarrojas. Las células solares fotovoltaicas reúnen la luz y la convierten en electricidad.

La capacidad que tendrían dichos paneles solares transparentes haría que los inmuebles que los utilicen tendrían la capacidad de generar su propia energía eléctrica para su consumo, la cual sería lo más natural posible y sin contaminantes.

Para poder hacer de esto una realidad, es necesario contar con las herramientas y los instrumentos necesarios que permitan hacer uso de estos. Por lo tanto, es indispensable empezar a tomar medidas que ayuden a bajar los índices de contaminación que se producen, y los paneles solares transparentes provocarían que la sociedad mexicana los poco a poco a tal grado de no fuera utilizando y adaptando, para no depender al 100% de la energía eléctrica que se consume de la manera en la cual lo hacemos en estos tiempos.

Para justificar el avance tecnológico que se tendría con los paneles solares transparentes, nos tenemos que ir a diferentes ejemplos en el mundo. Desde la pantalla de tu teléfono hasta los rascacielos, se calcula que hay entre 5,000 y 7,000 millones de metros cuadrados de superficies de vidrio al menos en Estados Unidos. Por otra parte, el diseño de la Copenhagen International School utiliza 12.000 paneles solares de colores, pero transparentes por todo el edificio, que producen 200 MWh de energía al año, lo que aparentemente supone más de la mitad de la energía que consume el edificio.

Esto significa que ya se está probando y teniendo éxito en diferentes lugares del mundo, comprobando su eficacia y así ayudando a tener un impacto positivo en la sociedad con el Uso de las energías limpias, lo que provoca un cambio en la mentalidad de la sociedad, y que progresivamente, pueden usar en varios sitios los paneles solares transparentes.

El cambio climático se encuentra a sólo unos cuantos años de volverse el peor enemigo de las sociedades, por lo que el legislar en favor de herramientas que permitan el manejo de energías limpias cómo lo es la energía solar fotovoltaica, provocaría que se tenga más conciencia en favor del medio ambiente, así como también sería un instrumento de gran utilidad para las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía y sus órganos descentralizados, a promover en la implementación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, en el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen) y en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, y aquellos vinculados con la transición energética del sector eléctrico, la diversificación de fuentes de energías limpias y renovables; en especial la energía solar con nuevas tecnologías más eficientes como los paneles solares transparentes, aprovechando las ventajas de radiación solar en el territorio nacional.

Notas

1. Consultado en: Ley de la Industria Eléctrica

2. Consultado en:

https://www.kia.com/mx/discover-kia/ask/are-electric-cars-better -for-the-environment.html#:~: text=Un%20coche%20el%C3%A9 ctrico%20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes.

3. Consultado en:

https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/7 81/1/Soraya%20Navarro%20Rayas%2C%20Jos%C3%A9%20Antonio%20Gonz%C3%A1lez%2C%20C%C 3%A9sar%20L%C3%B3pez%20Andrade%20MER.pdf

4. Ídem.

5. Consultado en:

https://ovacen.com/primeros-paneles-solares-totalmente-transpare ntes/

6. Consultado en:

https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/investiga cion/paneles-solares-transparentes-podrian-sustituir-ventanas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2023.– Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE INVESTIGUE Y, EN SU CASO, SANCIONE LOS HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL OCURRIDOS EN LA ESCUELA MARÍA RAQUEL FERRIZ EL PASADO 10 DE ENERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México y a la SEP a investigar y, en su caso, sancionar los hechos ocurridos de violencia sexual en la escuela María Raquel Ferriz el pasado 10 de enero 2023, suscrita por la senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Josefina Vázquez Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

La mañana de este martes 10 de enero un grupo de padres y madres de familia se concentraron a las afueras del kínder María Raquel Ferriz, ubicado en la avenida Texcoco de la colonia Peñón de los Baños de la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México para protestar con relación a un presunto caso de abuso sexual a un niño de 4 años.

De acuerdo con El Heraldo, los inconformes hicieron un bloqueo en Circuito Interior a la altura de Peñón de los Baños con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según declaraciones de la madre del niño a medios de comunicación, un día estaban viendo una película con la familia y el menor de edad hizo un comentario respecto a los órganos sexuales de los actores de la cinta, fue entonces cuando los presentes se mostraron confusos porque no sabían de dónde había sacado el niño sus comentarios.”

“Lo que también ha causado indignación es el hecho de que este no es el primer caso, pues las madres que acudieron a la protesta detallaron que hace aproximadamente un año ocurrió un abuso dentro del mismo kínder en contra de otro menor. Hasta el momento se desconoce si la persona que cometió el abuso contra el niño de cuatro años es un profesor o parte del personal de la escuela.”

 “De acuerdo con lo referido por un familiar del menor de edad, las quejas fueron presentadas ante las autoridades cuando ocurrió el abuso, pero por un tema relacionado con las vacaciones administrativas, la denuncia no fue tomada en cuenta; sin embargo, funcionarios del gobierno de la Ciudad de México se acercaron a la mamá del niño durante la protesta para asesorarla y así pueda proceder formalmente en contra quien resulte responsable.”

México cuenta con una población de 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de población, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, cifra estadística oficial que sin duda se ha incrementado durante los últimos años.

De cada 1.000 casos de abuso sexual cometidos contra menores en el país, solo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez. De ellos, solo el 1 por ciento recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE.

Cada año 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual en México. De acuerdo con la organización para la infancia Aldeas Infantiles, seis de cada 10 de estas violaciones se producen en casa y en el 60 por ciento de los casos el agresor es un familiar o pertenece al círculo cercano a la familia.

Por ello, es responsabilidad de padres de familia e instituciones del Estado garantizarles un ambiente saludable, seguro, sano, en armonía y libre de todo acto que atente contra su desarrollo físico y emocional, contra su desarrollo integral.

En 2016 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) dio a conocer cifras sobre la violencia infantil en México entre las que sobresalen que: 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años han sufrido algún tipo de violencia en sus hogares; 1 de cada 2 ha padecido por parte de un familiar alguna agresión psicológica; 1 de cada 15 ha recibido un castigo físico severo como método de disciplina.

En espacios educativos resulta necesaria, particularmente en casos de personas menores de 15 años, se refuercen e instrumenten los protocolos para prevenir y en su caso sancionar la violencia sexual infantil en el país.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Autoridades de la Ciudad de México y a la Secretaría de Educación Pública para que se investiguen y, en su caso, sancionen los hechos de violencia sexual ocurridos en la escuela “María Raquel Ferriz” el pasado 10 de enero 2023, así como que se refuerce e instrumenten protocolos para prevenir y sancionar la violencia sexual infantil en el país.

Notas

1 Hernández, A. (2023, enero 10). Padres denuncian abuso a un niño de 4 años en un kínder de Venustiano Carranza. El Heraldo de México.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/10/padres-denunci an- abuso-un-nino-de-anos-en-un-kinder-de-venustiano-carranza-472272.html

2 Hernández, A. (2023, enero 10). Padres denuncian abuso a un niño de 4 años en un kínder de Venustiano Carranza. El Heraldo de México.

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/10/padres-denunci an- abuso-un-nino-de-anos-en-un-kinder-de-venustiano-carranza-472272.html

Senado de la República, a 11de  enero de 2023.– Senadora Josefina Vázquez Mota (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.