INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 4 de octubre de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2023.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

2. Que expide la Ley General de Bienestar Animal, suscrita por el diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diversos diputados de diversos grupos.

Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

3. De Decreto por el que se declara al 27 de febrero de cada año como el Día Nacional de la Proteína Animal, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

4. De Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, el nombre de José de Jesús Camarena Ruiz, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

8. Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer un mecanismo más estricto que permita vigilar el correcto uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

9. Que reforma los artículos 30 y 70 de la Ley General de Educación y 7o. de la Ley General de Educación Superior, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 19 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

12. Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Bienestar, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS-BIENESTAR y al ISSSTE, a celebrar un convenio para la atención médica, sin costo de los derechohabientes de la Guardia Nacional desplegados a localidades remotas, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas en coordinación con los municipios y alcaldías, a cambiar el nombre de calles, colonias y avenidas que lleven por nombre Gustavo Díaz Ordaz, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Banxico, a analizar la viabilidad y conveniencia de repatriar a territorio nacional el 50% de los activos de reservas de oro, ubicados para su resguardo en el Banco Central de Inglaterra, a cargo del diputado Miguel Torruco Garza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la Secretaría del Agua del Estado de México y al SAH, a realizar las acciones necesarias tendientes a la limpieza, saneamiento y rescate de la Presa El Capulín, localizada en Huixquilucan, Estado de México, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Secretaría de Cultura, a realizar las gestiones y los trámites necesarios ante el Gobierno de Francia, para la repatriación de los restos del C. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar mesas de diálogo con el presidente de los Estados Unidos de América, a fin de generar los acuerdos pertinentes de buen entendimiento en materia de seguridad y de agilización de mercancías en los cruces fronterizos en la frontera norte ante los cierres en diferentes puentes internacionales, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Frontera Norte, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS-Bienestar, a realizar las gestiones necesarias que permitan destinar recursos suficientes provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) para la atención integral del mieloma múltiple en todas sus etapas, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, que exhorta a la Segob y al INM, respecto de la situación de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes en nuestro país, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal y a las entidades federativas, a realizar estrategias y políticas públicas para promover el desarrollo de infraestructura, obras y acciones destinadas a la promoción de la electromovilidad para reducir los efectos del cambio climático, a cargo del diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán de Ocampo, a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto en el municipio de Uruapan y a respetar los derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la construcción del megaproyecto del teleférico en esta ciudad, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL

Iniciativa que expide la Ley General de Bienestar Animal, suscrita por el diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diversos diputados de diversos grupos.

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

SE DECLARA AL 27 DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA PROTEÍNA ANIMAL

Iniciativa de decreto por el que se declara al 27 de febrero de cada año “Día Nacional de la Proteína Animal”, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, fracción I, 77, 78 y demás correlativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de febrero de cada año “Día Nacional de la Proteína Animal”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el punto de vista nutricional, las proteínas de origen animal significan una fuente abundante de todos los aminoácidos esenciales, ya que tienen un papel fundamental para el desarrollo de las personas. Desde temprana edad es primordial incluir proteína animal en una dieta equilibrada dado el gran consumo de energía que el cuerpo en desarrollo requiere a través de sus diferentes etapas.

La proteína que aportan los alimentos de origen animal cuando son consumidos ayuda al desarrollo cognitivo, muscular y del sistema inmunológico; así como a estimular el desarrollo de las habilidades físicas, mentales y afectivas.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, refiere que las Proteínas Animales fortalecen las estructuras de las células, músculos, órganos y tejidos del cuerpo, por lo que coadyuvan al crecimiento, desarrollo y mantenimiento del cuerpo, además de reparar y reemplazar los tejidos gastados o dañados y producir enzimas metabólicas y digestivas; además de ser un componente esencial de ciertas hormonas.

Existen algunos estudios como el del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publicado en 2019, que aborda la problemática que podría traer consigo una baja ingesta de proteína animal para los niños, quienes podrían presentar complicaciones de salud, como un bajo desarrollo cognitivo, anemia, baja inmunidad e incapacidad para alcanzar su potencial de crecimiento. La desnutrición a temprana edad conduce a una reducción del desarrollo físico y mental durante la infancia.

No solo la desnutrición es un problema mundial, también lo es la malnutrición que es una combinación de factores entre: insuficiencia de proteínas, energía y micronutrientes; infecciones o enfermedades frecuentes; prácticas deficientes de atención y alimentación, y servicios inadecuados de salud, agua y saneamiento. La FAO describe a la malnutrición como una condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria y los micronutrientes que son esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo.

La malnutrición en los primeros años de vida provoca que el cerebro y el cuerpo de los niños no alcancen su máximo potencial de crecimiento, este daño es irreversible y tiene consecuencias trascendentales, como una merma en el aprendizaje y el rendimiento escolar.

La afectación en el desempeño educativo es provocada por el déficit que generan las enfermedades asociadas a la desnutrición y las limitaciones en la capacidad de aprendizaje. La mayor probabilidad de enfermar hace que los niños desnutridos presenten incorporación tardía al sistema educativo y ausentismo escolar; además de un deterioro cognitivo que deriva en un menor aprendizaje.

De igual forma, el estudio “Changing Diets, Changing Minds” de la Mental Health Foundation, afirma que existen nutrientes que resultan indispensables para el desarrollo del cerebro; ejemplo de ello son el zinc y el hierro contenidos en gran proporción en la proteína animal. De acuerdo con el Comité de Coordinación sobre Nutrición de la ONU, la desnutrición y las enfermedades están directamente relacionadas, de hecho, la desnutrición es el mayor generador de enfermedades en el mundo.

Aunado a lo anterior, académicos como el Dr. Cap. Joseph R. Hibbeln, Jefe operativo de la Sección de Neurociencias Nutricionales, del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo, NIAAA, de los National Institutes of Health, han realizado estudios donde se evidencia la falta de consumo de proteína animal como uno de los factores causantes de la depresión, demostrado que las personas que optan por dietas basadas en vegetales tienen más síntomas depresivos. Las deficiencias nutricionales (por ejemplo, falta de hierro, vitamina B12 o cobalamina) son una posible explicación para estos hallazgos.

Así mismo, un estudio realizado por Investigación Prospectiva Europea sobre el Cáncer y la Nutrición de la prestigiosa Universidad de Oxford, EPIC-Oxford, en Reino Unido, recopiló información durante varios años en donde los sujetos de estudio se clasificaron en cuatro grupos de acuerdo con su dieta; encontrándose que los veganos presentaban mayor riesgo de fracturas en pierna, entre otras, en comparación con los omnívoros que sí incluyen proteína cárnica en su dieta. En general las principales diferencias con quienes consumían proteína animal eran: la cantidad de calcio dietético y/o proteína total.

La proteína animal cuenta con una gran carga de vitamina B12, fósforo, hierro, zinc y niacina por lo que su consumo resulta necesario para el cuidado de la salud. En la actualidad se ha demostrado que la salud mental es parte esencial para el desarrollo de las personas, por lo cual es importante procurar una alimentación balanceada que ayude a ello.

De acuerdo con la FAO para lograr una alimentación balanceada algunos aspectos que deben considerarse son:

I. La alimentación debe ser suficiente en cantidad de alimentos para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales del organismo;

II. Debe ser completa; es decir, contener todos los nutrientes para ofrecer al ser humano las sustancias que integran sus tejidos;

III. Inocua: que su consumo no implique riesgos, que no haga daño. El alimento debe estar higiénicamente preparado y libre de contaminantes químicos, biológicos y físicos; y

IV. Se debe procurar que la dieta sea atractiva y variada; que estimule los sentidos y que evite la monotonía, incluyendo diferentes alimentos en cada comida.

Las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que no puede producir el organismo y se deben adquirir a través de la dieta, y por ende son más completas que las vegetales, en lo que se refiere a su aporte proteínico, ya que nos brindan casi todos los elementos esenciales que el organismo necesita recibir para tener un correcto desarrollo y funcionamiento.

Por ejemplo, FAO refiere en un reciente Informe en 2023, que la carne, huevos y leche son fuente esencial de nutrientes, en especial para la población con grado de vulnerabilidad, por lo que instan a los gobiernos del mundo a promover los beneficios de los alimentos de origen animal. Indica que estos alimentos son especialmente importantes durante etapas fundamentales de la vida como el embarazo y la lactancia, la infancia, la adolescencia y la tercera edad.

Estas aportaciones, destaca la FAO, “se trata del análisis más completo realizado hasta la fecha sobre los beneficios y riesgos del consumo de alimentos de origen animal, y se basa en datos y evidencias de más de 500 artículos científicos y unos 250 documentos normativos”.

Este Informe también señala que la carne, los huevos y la leche aportan una serie de macronutrientes importantes como proteínas, grasas, hidratos de carbono y micronutrientes que no se obtienen fácilmente de alimentos de origen vegetal en la calidad y cantidad necesarias, por lo que los alimentos de origen animal proporcionan proteínas de alta calidad, diversos ácidos grasos esenciales, hierro, calcio, zinc, selenio, vitamina B12, colina y compuestos bioactivos como carnitina, creatina y taurina. Además, desempeñan una función importante para la salud y el desarrollo. Apunta, que la falta de hierro y de vitamina A son dos de las carencias de micronutrientes más comunes en todo el mundo, sobre todo en niños y mujeres embarazadas. A nivel mundial, uno de cada dos niños en edad preescolar (372 millones) y 1 200 millones de mujeres en edad fértil carecen de al menos uno de estos tres micronutrientes: hierro, vitamina A o zinc.

Si estos alimentos con gran cantidad de proteína animal se consumen como parte de una dieta adecuada, ayudan a alcanzar las metas de nutrición aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, relacionados con la reducción del retraso del crecimiento, la emaciación en niños menores de 5 años, el bajo peso al nacer, la anemia en mujeres en edad reproductiva, la obesidad y las enfermedades no transmisibles en adultos.

A su vez, el Comité de Pesca de la FAO refiere que el pescado desempeña un papel importante en la nutrición, la seguridad alimentaria y los medios de vida. Afirma que el consumo de pescado aporta proteínas y otros nutrientes, particularmente grasas como el Omega 3, minerales y vitaminas esenciales, forma parte de la tradición cultural de muchos pueblos y, en algunas poblaciones, el pescado y los productos pesqueros constituyen una fuente importante de proteínas con nutrientes esenciales para el desarrollo de las personas.

En México, actualmente el consumo per cápita al año de carne ronda los 86 kilos, el de pescados y mariscos en México se sitúa en 13.8 kilos (contribuyendo el atún con 1.2 kg), el de huevo 24 kilos y de leche 130 litros. El nivel alcanzado en la ingesta de proteínas de origen animal necesariamente invoca al reconocimiento del esfuerzo y la contribución de millones de personas que posibilitan la disponibilidad alimentaria diaria en la mesa, asimismo, la sensibilidad en el trato y gestión animal que da lugar a la generación anual de 9.8 millones de toneladas de carne, 3.1 millones de toneladas de huevo y 13 mil millones de litros de leche y 2 millones de carne de pescado, de crustáceos y moluscos.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA, indica que al cierre de la primera mitad de 2023 México generó 11.8 millones de toneladas de proteína animal, incluyendo carne de cerdo, res, pollo, además de leche y huevo, un crecimiento de 1.3% en el desempeño de la industria en comparación interanual.

En este sentido, la proteína animal mantiene una calidad en su producción que debe ser reconocida, tan solo en 2022, México se ubicó en el sexto lugar a nivel mundial con 7.7 millones de toneladas de carne (pollo, res y cerdo) quedando por debajo de Rusia que produjo 9.9 millones de toneladas; además, ocupa el décimo tercero lugar como productor de leche con más de 13 mil millones de litros por año. Mientras en producción de pescado fue de 2 millones de toneladas, ubicando a México en el lugar décimo quinto a nivel mundial en producción de atún y el noveno de mojarra.

Actualmente, producir proteína animal es uno de los grandes retos a nivel nacional y mundial con la finalidad de tener una alimentación saludable y sostenible. El cambio climático es un problema global, que ha ido en aumento, siendo los principales productores de gases efecto invernadero (GEI) el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, provenientes principalmente del transporte y la generación de energía eléctrica. Aunque existe evidencia científica de ello, la sociedad sigue señalando sin fundamentos a la ganadería como la principal causa de este problema, sin tener en cuenta que esta actividad forma parte de un ciclo biológico natural.

Al respecto, un experto en el tema de sustentabilidad, el Dr. Frank Mitloehner, profesor y especialista en calidad del aire en el Departamento de Ciencia Animal en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, ha confirmado que la ganadería es tan sustentable que podría ser neutral en la emisión de GEI o incluso, estar contribuyendo al enfriamiento de la atmósfera. Por lo que, la ganadería extensiva en México es una actividad sustentable.

Al comparar la fijación de carbono en praderas y agostaderos contra el nivel de emisión máximo del inventario de ganado (suponiendo que todos fueran animales adultos), se obtiene que la ganadería extensiva de México tiene un balance positivo; fija o retira de la atmósfera 15.05 millones de toneladas de carbón (MTC) por año, actuando a favor del enfriamiento de la atmósfera. Por otra parte, la pesca nacional se desarrolla con la premisa de un aprovechamiento responsable de las especies y recursos naturales.

Nuestra creciente población mexicana demandará mayor cantidad de alimento con alto valor de proteína animal año con año, por lo que asegurar que nuestra sociedad cuente con alimento suficiente y de calidad, significa apostar por la salud, nutrición y desarrollo de las personas y el futuro de la sociedad.

En México, son cada vez más visibles las iniciativas para transitar a una ganadería y pesca sostenible, sin embargo, es necesario seguir fortaleciéndolas, a través de buenas prácticas, investigación, desarrollo e innovación.

Por ello, la presente Iniciativa tiene como objetivos:

I. Otorgar un reconocimiento nacional a la proteína animal, para incentivar su producción y consumo, debido a que contiene macronutrientes importantes como proteínas, grasas, hidratos de carbono y micronutrientes indispensables para la nutrición de las familias de México;

II. Con el Día Nacional de la Proteína Animal, se conmemorará la relevancia que tiene en la dieta de las y los mexicanos; así como, su valor económico para nuestro país, a la par de promover la difusión de su valor nutrimental, gastronómico y su benéfico impacto en la salud alimentaria de las y los mexicanos;

III. La conmemoración del Día Nacional de la Proteína Animal, permitirá que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y las Cámaras del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias, puedan llevar a cabo acciones pertinentes para la difusión del “Día Nacional de la Proteína Animal” conjuntamente con el sector cárnico, lechero y pesquero de México;

IV. Por estos motivos, se propone como fecha para conmemorar el “Día Nacional de la Proteína Animal”, al 27 de febrero de cada año. Esto debido a que en esa misma fecha lo conmemoran los Estados Unidos de América, quién es uno de los principales socios comerciales en proteína animal de México; asimismo la India también lo conmemora en la misma fecha quien es uno de los mayores competidores comerciales en proteína animal de nuestro país. Las coincidencias de México con Estados Unidos de América y la India, es que reconocen la importancia de la proteína animal como fuente fundamental de la nutrición de las familias, sobre todo que su consumo y producción sustentable garantiza el derecho a la alimentación y da un reconocimiento al trabajo de las y los productores en nuestro país.

Quiero mencionar que esta Iniciativa fue construida con base en la comunicación permanente y atendiendo a las necesidades que tiene la proteína animal que producen, comercializan y distribuyen los sectores cárnico, lechero y pesquero de México, que desde el 14 de abril del 2020 ante la contingencia por el Covid-19, conformaron “México Unido Proteína Animal, MUPA”, la cual nace, para dar atención y seguimiento a las operaciones del sector en México, así como tomar decisiones de forma oportuna y generar certidumbre sobre el abasto de productos durante la contingencia.

En este sentido, los organismos que conforman MUPA y otros más, que apoyan la presente iniciativa son: Consejo Mexicano de la Carne; Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; Consejo Nacional Agropecuario; Comisión Ejecutiva Bovinos Leche; Cámara Nacional de Industriales de la Leche; Asociación Mexicana de Productores de Leche; Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México; Federación Mexicana de Lechería; Asociación Mexicana de Productores de Carne; Organismo de la Unidad Nacional de Ovinocultores; Organización de Porcicultores Mexicanos; Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal; Mexican Beef Exporters Association; Exportadores Mexicanos de Carne de Cerdo y Cárnicos Afines; Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal; Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco; Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne; Asociación Mexicana de Productores de Alimentos; Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas; Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias; Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Consumo Animal; y la Industria Farmacéutica Veterinaria.

Por ello, a todos los organismos mencionados, les reconozco su trabajo diario, comprometido y constante en favor de la nutrición y alimentación de México, por ello impulsar la conmemoración del “Día Nacional de la Proteína Animal”, cada 27 de febrero, en nuestro país, será un importante avance para la generación de políticas públicas en materia de producción sustentable, campañas de consumo, programas federales y presupuesto en favor de la proteína animal que impactará benéficamente en la nutrición y alimentación de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

Decreto por el que se declara el 27 de febrero de cada año “Día Nacional de la Proteína Animal”

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 27 de febrero de cada año como “Día Nacional de la Proteína Animal”.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y las Cámaras del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias, deberán llevar a cabo acciones pertinentes para la difusión del “Día Nacional de la Proteína Animal” conjuntamente con el sector cárnico, lechero y pesquero de México.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a 3 de octubre de 2023.– Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES, EL NOMBRE DE JOSÉ DE JESÚS CAMARENA RUIZ

Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el nombre de José de Jesús Camarena Ruiz, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 fracción I, 77, 78 y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombre de “José de Jesús Camarena Ruiz”, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Muro de Honor de la H. Cámara de Diputados se encarga de albergar de manera permanente gran parte de la historia de nuestro país; en esta superficie está plasmada con letras de oro los nombres de las y los personajes e instituciones más importantes de México. Actualmente, el Muro de Honor tiene 199 años de existencia y de expresar el sentir, la historia y la mirada a un pasado de orgullo nacional, a través de 84 inscripciones en letras de oro que resaltan frases, distinciones y nombres de héroes, instituciones y actores que, con honor, defendieron, forjaron y dieron cauce al México en el que hoy vivimos.

El Muro de Honor ha sido colocado en diferentes sedes de la Cámara de Diputados; el más reciente y actualizado se erige en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro que entró en funciones en 1981 y está formado por un conjunto de seis pilares de cantera blanca, distribuidos en una barra horizontal superior, cuatro verticales en los extremos y una cuadrada en el centro, de la cual penden dos Banderas Nacionales que custodian un Escudo Nacional al centro.

Debe destacarse que, desde la construcción del Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, se han anexado 24 nuevos nombres y distinciones, los últimos inscritos en la LXIV Legislatura en reconocimiento al Movimiento Estudiantil de 1968, al Exilio Republicano Español, a Hermila Galindo Acosta y a Elvia Carrillo Puerto; posteriormente durante la actual LXV Legislatura, se han inscrito los reconocimientos al año 2021 como Bicentenario de la Armada de México, a Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, a Gilberto Bosques Saldívar y a La Transición a la Democracia en México.

Lo anterior reafirma que el Muro de Honor es un espacio referente donde se plasma la historia de México que, a través de nombres, leyendas y distinciones, remonta la conciencia de quien lo aprecia hacia un pasado de orgullo, pero también de inspiración para las actuales y futuras generaciones.

En ese mismo sentido, destacamos en el pasar histórico Mexicano existen tres hechos bélicos han marcado el rumbo social, político y económico de manera drástica y firme; estos tres sucesos dieron matiz a la nación mexicana: el primero fue la Lucha de Independencia, el segundo, la Guerra de los Tres Años o de Reforma y el última fue la Revolución Mexicana; sin duda, cada suceso dejó su valor y dio base para el México actual, que encontró dirección y cause en los ideales planteados por el valor de la insurgencia, por los reformadores y finalmente por las y los revolucionarios.

En este orden de ideas, es menester señalar que la importancia de esta iniciativa radica principalmente en los acontecimientos y actores políticos que vivieron durante la época de la Guerra de Reforma de 1858-1861, misma que marcó un parte aguas en la biografía mexicana, en virtud de que en esos tiempos el bando conservador tomó la capital de la República y el entonces presidente, el licenciado Benito Pablo Juárez García, se vio obligado a trasladarse con su gabinete rumbo al norte del país, con el fin de organizar al Ejército Republicano y dar frente a las fuerzas conservadoras.

Es durante ese periodo que el licenciado José de Jesús Camarena Ruiz, abogado, catedrático y político liberal destacado, fue nombrado gobernador del estado de Jalisco a la salida del general Anastasio Parodi; a dos meses de su administración, el 14 de febrero de 1858 (aniversario de la fundación de Guadalajara) recibe en la ciudad al presidente Juárez, quien, de acuerdo con el diario del representante del gobierno juarista ante Washington, Matías Romero, antes había visitado los municipios de Tepatitlán y Zapotlanejo para poder llegar e instalarse en la capital tapatía.

Es así, cuando en un acto formal, político, fraterno y patriota, el gobernador José de Jesús Camarena Ruiz, puso a su disposición el edificio de gobierno para que con plena libertad fuera usado como sede temporal del Gobierno de la República y que el presidente Juárez pudiera seguir dando forma a la reforma liberal y el camino democrático y constitucional que el esperaría a México.

Gracias a las acciones del gobernador José de Jesús Camarena Ruiz, es que se instala el presidente Juárez en Jalisco, despachando desde el palacio de gobierno y en ese entonces sede de los Poderes federales, mientras que el gobierno estatal despacharía desde el palacio municipal.

La importancia de lo anterior radica en que, en Jalisco, el presidente Benito Pablo Juárez García, es sorprendido por fuerzas reaccionarias y enemigas, comandadas por el oficial Antonio Landa quien fue el responsable de la Guardia de Honor Presidencial y que faltó al honor y la confianza del presidente Juárez al querer consumar un atentado en contra de la vida del presidente y su gabinete, además de manifestarse a favor del Plan de Tacubaya, mismo que planeaba derogar la Constitución de 1857.

A punto del fusilamiento del presidente Benito Pablo Juárez García, interviene el licenciado José de Jesús Camarena Ruiz conjuntamente con Guillermo Prieto, para detener la ejecución del presidente Juárez y su gabinete son liberados, preponderantemente, gracias a las negociaciones del entonces gobernador de Jalisco y que se manifestaron y ordenaron en los términos siguientes:

“ Considerando, que el estado que guardan las fuerzas beligerantes no ha de producir más que peligros a esta numerosa población, comprometiendo la vida de sus habitantes y los intereses nacionales y extranjeros sin decidir la gran cuestión política pendiente en la República; y cediendo ambas fuerzas a lo que manda la humanidad, la civilización y de derecho de gentes representado por personas de toda clase de opiniones, han convenido en los puntos siguientes:

1° Las fuerzas que ocupan el Palacio se situarán fuera de la capital a un radio que no sea menor de diez leguas donde les convenga; y saldrán en el perentorio término que corra desde la firma de estos convenios, hasta las tres de la tarde del día martes diez y seis del presente mes. Llevarán consigo su armamento, el parque que poseen y dos piezas de artillería a su elección; entregando a orden del Excmo. Sr. Gobernador del Estado, los fusiles y demás piezas de artillería con los útiles que tenga.

2º El Excmo. Sr. Gobernador del Estado facilitará seis carros de la policía y ocho mulas de tiro guarnecidas: comprometiéndose los jefes de estas fuerzas a dejar los carros de la policía a disposición de las autoridades del Estado en los lugares en que los vayan desocupando. Ministrará además diez mulas de carga, cuyos fletes serán pagados por los jefes de estas mismas fuerzas.

3° Quedan bajo el cuidado del Gobernador del Estado y en plena libertad, los heridos y las personas que con pasaporte del jefe de las fuerzas que evacúan la plaza, dado dicho pasaporte dentro de las horas que corren hasta las tres de la tarde citada, no podrán ser detenidos en la ciudad si quieren salir de ella, ni perjudicados, si prefieren quedarse; entendiéndose exceptuados los criminales prófugos de la cárcel. Asimismo, quedan garantizadas todas las personas que directa o indirectamente hayan prestado cooperación a la causa que defienden las fuerzas que salen de la plaza, por lo que haya ocurrido hasta aquí.

4° Las fuerzas que existen hoy a las órdenes del Excmo. Sr. Gobernador del Estado, no se moverán de los puntos que actualmente ocupan, sino hasta que las que salen hayan evacuado del todo la ciudad.

5° Como garantía solemne del cumplimiento de este convenio, el Excmo. Sr. Presidente de la República y sus Ministros, así como el Sr. Gral. Núñez, pasarán a la casa del señor Cónsul francés como a territorio neutral, y allí se conservarán bajo su palabra de honor, hasta la conclusión de estos tratados, quedando libres de una y otra parte todos los detenidos por motivo político.

Fue con estas acciones ordenadas por el gobernador José de Jesús Camarena Ruiz, que el 15 de marzo de 1858, después de tres días de prisión, el presidente Benito Pablo Juárez y su gabinete quedan en libertad y el oficial Landa abandona Guadalajara, concluyendo así aquel episodio clave y crucial para la consolidación del Gobierno de la República, que fue clave en la construcción de las bases del México democrático, federal, liberal y de instituciones.

En este sentido, el licenciado José de Jesús Camarena Ruiz, fue quien dirigió con pleno Honor, Lealtad, Dignidad y Valor, las acciones que salvaron al presidente Benito Juárez García de las consecuencias de una traición alevosa, desleal y definitiva; sin embargo, también destacan las virtudes e intervenciones ciudadanas de ilustres y honorables jaliscienses como Miguel Contreras Medellín, Antonio Álvarez, Antonio Molina, Miguel Cruz Ahedo.

Por lo anterior, como muestra de respeto y reconocimiento a nuestras y nuestros héroes nacionales, quienes se han encargado de enaltecer la historia y ser un ejemplo en el presente y en el futuro de México, es que presentamos este proyecto de decreto, a fin de robustecer el Muro de Honor dentro de esta soberanía.

Esta propuesta también es resultado del orgullo nacido a raíz del papel tan importante que el estado de Jalisco tuvo durante la Guerra de Reforma y en general, del rol que ha tenido para el desarrollo de nuestra historia; como diputada federal representante del estado de Jalisco, me llena de orgullo el proponer con esta iniciativa que se visibilice e inmortalice con letras de oro, el nombre de uno de los dirigentes de Jalisco durante momentos que fueron decisivos y fundamentales para el curso de la República, el Federalismo, el Constitucionalismo y el Liberalismo en México.

El estado de Jalisco fue un escenario determinante de hechos políticos y militares de relevancia y trascendencia durante la época del presidente Benito Pablo Juárez García; sin embargo, poco información hay al respecto y por ese motivo presentamos esta respetuosa propuesta para que los liderazgos jaliscienses de la época sean plenamente reconocidos y tengan un lugar de honor dentro del Recinto Legislativo de San Lázaro.

En el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, estamos orgullosos de quienes con visión y amor por México nos legaron una nación libre, democrática, independiente e institucional, lista para enfrentar los desafíos y resolver las inquietudes y demandas actuales de las y los mexicanos.

Las mujeres y hombres que sirvieron con honor, integridad y convicción al desarrollo de nuestra patria, así como aquellas instituciones que lucharon por entregar un México más justo y democrático, por un México libre y soberano y por un México igual para todas y todos, deben seguir visibilizándose con honra y distinción por las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos, pues gracias a todas y todos los nombres inscritos en este Muro de Honor con letras de oro, México es ahora una nación libre y soberana.

Por todo lo anterior, es que, con el propósito de hacer un reconocimiento al papel desarrollado por el licenciado y ex gobernador de Jalisco, José de Jesús Camarena Ruiz como un elemental e importante personaje histórico, presentamos el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombre de “José de Jesús Camarena Ruiz”.

Único. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombre de “José de Jesús Camarena Ruiz”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 “Juárez en Jalisco”. Testimonios y Documentos, Guadalajara, México, Gobierno del Estado, 1972, pp. 277 y 279.

Fuentes de consulta

“La Guerra de Reforma. El Tiempo Jalisco” (2018). Archivo Histórico de Jalisco Departamento de Investigación y Divulgación, Año XIII (38). Disponible en:

https://sgg.jalisco.gob.mx/sites/sgg.jalisco.gob.mx/files/el_tie mpo_jalisco_-_no._38.pdf

“Juárez en Jalisco”. (1961). Biblioteca Jurídica Virtual UNAM. Recuperado 27 de enero de 2023. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1961/17.pdf

Acosta Rico F. & Romero Gómez L. “Jalisco durante la Guerra de Reforma y comienzos de la Intervención francesa”. (2022). Diputadas y Diputados Federales LXV Legislatura PRI. México. Primera Edición.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a 3 de octubre de 2023.– Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Nuestro país es una nación que afortunadamente cuenta con una enorme y rica historia y cultura ancestrales, lo que además de orgullo nos da también una vasta pluriculturalidad que nos distingue.

Esta riqueza cultural conlleva no solo un gran honor, sino que también implica una gran responsabilidad en muchos aspectos, siendo quizás el más importante lo relativo a su preservación para conocimiento y disfrute de las nuevas generaciones.

Pero, a la par de lo anterior, hay un aspecto fundamental respecto a la responsabilidad que tenemos con nuestra riqueza cultural, esto es que ninguna representación cultural de nuestra nación sea discriminada o sea fuente de discriminación. Quizás en este aspecto hemos fallado.

Dentro de estas fallas, todas lamentables, hay una que es objeto de la presente iniciativa, la cual se refiere a la riqueza cultural que tenemos y heredamos sobre nuestras lenguas indígenas y toda la población que las habla.

Si bien el tema de nuestras lenguas indígenas no es nuevo, debemos reconocer que la atención a sus pendientes, rezagos y, sobre todo, a los problemas que enfrentan sus hablantes sí es relativamente reciente.

Basta señalar que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tiene apenas 20 años de publicada en el Diario Oficial de la Federación, específicamente el 13 de marzo del año 2003.

Sin duda alguna, podemos imaginar el abismo de rezago que tenemos entre los problemas existentes y los que enfrentan nuestras lenguas indígenas y sus hablantes, así como la atención adecuada a estos.

Sin temor a equivocarme, lo anterior es un pendiente mayor y cuya desatención nos lastima a todos.

De acuerdo al artículo segundo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las lenguas indígenas se definen de la siguiente manera:

“Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.”

Asimismo, en el artículo tercero del referido ordenamiento se establece y reconoce la importancia y valor incalculable que tienen nuestras lenguas indígenas como puede verse a continuación:

“Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.”

Dada la importancia de nuestras lenguas indígenas y su población hablante, en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se establecen ciertas obligaciones por parte del Estado Mexicano respecto a éstas:

“Artículo 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno –federación, entidades federativas y municipios–, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo con la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:

a). - En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.

b). - En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias.

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.”

Finalmente y en cuanto a la población hablante de nuestras lenguas indígenas, en el artículo noveno del mismo ordenamiento anteriormente citado se establece el principal derecho al cual deben tener la garantía de su acceso, de acuerdo a la siguiente redacción es el siguiente:

“Artículo 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.”

Como podemos darnos cuenta con lo anteriormente citado, hemos tratado de atender en cierta medida todos esos pendientes y deudas históricas, coyunturales y contemporáneas que tenemos con nuestras lenguas indígenas y con la población hablante de ellas. Sin embargo, hay aspectos sumamente delicados en los que, como dije en párrafos anteriores, hemos fallado.

Respecto a nuestras lenguas indígenas hay un problema que no es nuevo aunque sí ha pasado desapercibido para todos en general y ese es el rezago, la exclusión o la discriminación prevaleciente hacia ellas, particularmente en la procuración, acceso e impartición de justicia.

Lo anterior nos ha resultado gravísimo no solo para la sociedad, sino también para las familias hablantes de lenguas indígenas que, por algún motivo, enfrentan un proceso legal y, por no hablar español, son víctimas de injusticias de toda índole.

El rezago, exclusión o discriminación que enfrentan día a día nuestras lenguas indígenas y su población hablante es muy variado, tiene muchos matices y cada uno de estos nos ha hecho daño en aspectos incluso económicos, sociales y culturales, por mencionar algunos.

No hemos terminado de entender y aceptar que nuestras lenguas indígenas no son una moda ni un tema menor, sino que en realidad constituyen una riqueza fundamental para nuestro país y todos tenemos una gran responsabilidad en su preservación.

Con frecuencia omitimos observar que son parte de nuestra mexicanidad e ignoramos que, dada su importancia, en 1992 nuestro país reconoció, con una reforma Constitucional, que somos lingüísticamente una nación plural. Gracias a lo anterior México se posiciona como el décimo país con más variedades lingüísticas en el mundo, al contar con 68 lenguas indígenas. Todo ello en virtud de nuestro gran pasado y de la riqueza cultural heredada de éste.

Tan solo basta recordar que antes de la Conquista española se hablaban más de 500 lenguas en nuestro territorio; actualmente han dejado de hablarse por lo menos 432 y se proyecta que para el año 2035 desaparecerán el 80 por ciento de las lenguas que hoy se encuentran en peligro alto de extinción.

Cada vez tenemos menos hablantes en todo nuestro país de lenguas indígenas, cada vez hay menos lugares o estados de nuestra nación en donde se hablen.

De acuerdo a información oficial, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más son: Oaxaca (32.2 por ciento), Yucatán (28.9 por ciento), Chiapas (27.9 por ciento), Quintana Roo (16.6 por ciento) y Guerrero (15.3 por ciento). Es de destacar, que Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz se encuentran por arriba del nivel nacional, que es 6.5 por ciento.

Como podemos ver, tristemente, el porcentaje de regiones en donde están todavía vigentes y presentes nuestras lenguas maternas nacionales es reducido y, desgraciadamente, este porcentaje es cada día menor.

Por ello, debemos sumar esfuerzos para que el bilingüismo y la riqueza cultural en nuestra nación no se pierdan y, todavía más, para que nuestras lenguas indígenas no sean objeto de rezago, marginación o rechazo.

Nuestras lenguas indígenas moldean nuestro ser y nos impulsan a estar orgullosos de nuestra raza y antepasados, sin embargo, en lo referente al tema de la procuración, acceso e impartición de justicia, peligrosamente no está sucediendo así para nuestras lenguas indígenas y nuestra población hablante de ellas.

Desafortunadamente, no solo hay discriminación y rechazo en el acceso a la justicia para nuestra población hablante de lenguas indígenas, también hay discriminación y rechazo hacia nuestras lenguas indígenas en la modernización que se está llevando a cabo en todos los procesos del sistema de justicia para hacerlo más eficiente y, como se menciona en el discurso, más “incluyente”.

Es representativo señalar que, durante un proceso de acceso a la justicia, cuando menos, se debe tener el acceso a la información y, a la vez, a los medios o las tecnologías de la información, sin embargo, para nuestros hablantes de lenguas indígenas, la discriminación en estos aspectos es cotidiana y habitual.

Respecto a la discriminación prevaleciente hacia nuestros hablantes de lenguas indígenas en el acceso a las tecnologías de información, basta citar que medios especializados indican que “es común escuchar que tecnología y pueblos indígenas son incompatibles, pero, esto no es más que un mito. De un lado, estos son pueblos con tecnologías milenarias, que se desmerecen por la percepción generalizada de que no usan las llamadas nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, son cada vez más los pueblos que se apropian de los celulares, el Whatsapp, las redes sociales y la Internet, no solo para comunicarse o aprender nuevos conocimientos, sino incluso para reafirmar lo propio”.

Lo anterior es indiscutible, de hecho, estos mismos sitios señalan que “más bien estamos ante un gran desafío y una enorme oportunidad pues las TIC ya han llegado a los lugares más alejados a través, en su gran mayoría, de los teléfonos inteligentes. Esa realidad debe leerse adecuadamente desde la escuela para aprovechar estas tecnologías en beneficio de aprendizajes con pertinencia cultural y lingüística”.

Asimismo, estos medios señalan como ejemplo lo que está sucediendo en otras partes del mundo, incluso muy cerca de nosotros, en materia de preservación de sus lenguas indígenas y su inclusión en las tecnologías de información y comunicación.

De hecho, al respecto señalan que “al adentrarnos en las comunidades indígenas no es sorpresa encontrar a jóvenes conversando sobre encuentros en Facebook u otra red social. Allí ya se comparten algunos memes elaborados en lenguas indígenas que, aunque muy lentamente, ya aparecen en estas redes sociales. En Guatemala, por ejemplo, hay algunos memes y chistes en idioma maya q’eqchi´. Es igualmente interesante ver cómo el arte apoyado en las TIC (tecnologías de información y comunicación) se convierte en un vehículo para vitalizar y/o recuperar la lengua y los conocimientos indígenas”.

Como podemos ver, en materia de garantizar lo que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas está establecido como derechos de la población hablante de lenguas indígenas estamos muy rezagados. Particularmente, hay mucho por hacer para garantizar que se cumpla y atienda lo que en el artículo cuarto de esta norma:

“Artículo 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Más aún, en lo establecido en el artículo 10 de la misma Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que establece lo siguiente:

“Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se requieran.”

Aquí es donde debemos empezar esa gran tarea de lograr que no haya ningún tipo de exclusión, discriminación o rezago en el acceso a la justicia, así como en su procuración e impartición.

Tenemos urgentemente que hacer algo al respecto, ningún hablante de lengua indígena en nuestro país puede o debe quedar en desventaja en cualquier proceso de procuración e impartición de justicia, por la incapacidad y omisión de nuestro sistema de garantizarle el derecho que le asiste de acceder, en su lengua, a todo el procedimiento.

Actualmente la redacción del 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas es imprecisa y debemos corregir eso en beneficio, garantía y protección de nuestras lenguas indígenas y, sobre todo, de sus hablantes para garantizar verdaderamente que se cumpla su espíritu de salvaguarda, equidad y justicia imparcial.

Son innumerables los casos en los cuales nuestros hablantes de lenguas indígenas no acceden a la justicia que les corresponde por derecho, o bien, son presa de injusticias y encarcelamientos, despojos o robos por no entender alguna parte del proceso o del procedimiento.

Lo mismo ha pasado en el desahogo o presentación de pruebas, porque además estas pruebas, a su favor o en su contra, no vienen o están traducidas en su lengua indígena.

Incluso hay casos en los cuales, al resultar un fallo negativo para un hablante de lengua indígena, se le termina cobrando el servicio de traductor, el cual, como vimos, debe de ser “gratuito”.

Como podemos ver, necesitamos mayor precisión en la redacción del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas respecto a la garantía que deben de tener nuestros hablantes de lenguas indígenas en los procesos de procuración, acceso e impartición de justicia.

Por ello, propongo la siguiente reforma que se ilustra en el siguiente cuadro comparativo:

Debemos invariablemente garantizar el pleno y efectivo acceso a la procuración de justicia a nuestros hablantes de lenguas indígenas.

En ningún proceso o procedimiento nuestras lenguas indígenas deben o pueden ser fuente de discriminación ni motivo de aislamiento.

La importancia del lenguaje es innegable, pues este es la base de la comunicación humana, no solo nos permite expresar lo que pensamos y comprender a los demás, sino que refleja nuestra forma de entender e interpretar el mundo. En este sentido, el lenguaje es la piedra angular para la construcción de nuestra propia identidad cultural.

Como sociedad, no podemos omitir que, en la actualidad, siguen existiendo diversos factores que influyen en la desaparición de las lenguas indígenas y se piensa que este fenómeno se debe fundamentalmente a la falta de transmisión del conocimiento entre una generación y otra, sin embargo, las causas van más allá y están relacionadas con la exclusión en todos los aspectos que sufren las comunidades indígenas y con la ausencia de condiciones para que a quienes las conforman les sean reconocidos sus derechos y puedan ejercerlos plenamente.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se reforma el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, garantizarán que en los juicios que realicen y procedimientos, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo y con independencia del resultado del proceso, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Asimismo, todos los medios de prueba que se aporten durante los juicios y procedimientos deberán ser traducidos e interpretados considerando la lengua indígena y cultura del implicado y deberá quedar constancia y registro de toda declaración en original que éste realice en su lengua.

En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refieren los párrafos anteriores, en las instancias que se requieran.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

5 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/dia-internacional-de-la-lengu a-materna-191546

6 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/dia-internacional-de-la-lengu a-materna-191546

7 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/

8 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/

9 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/

10 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

11 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Nuestro país es una nación que afortunadamente cuenta con una enorme y rica historia y cultura ancestrales, lo que además de orgullo nos da también una vasta pluriculturalidad que nos distingue.

Esta riqueza cultural conlleva no solo un gran honor, sino que también implica una gran responsabilidad en muchos aspectos, siendo quizás el más importante lo relativo a su preservación para conocimiento y disfrute de las nuevas generaciones.

Pero, a la par de lo anterior, hay un aspecto fundamental respecto a la responsabilidad que tenemos con nuestra riqueza cultural, esto es que ninguna representación cultural de nuestra nación sea discriminada o sea fuente de discriminación. Quizás en este aspecto hemos fallado.

Dentro de estas fallas, todas lamentables, hay una que es objeto de la presente iniciativa, la cual se refiere a la riqueza cultural que tenemos y heredamos sobre nuestras lenguas indígenas y toda la población que las habla.

Si bien el tema de nuestras lenguas indígenas no es nuevo, debemos reconocer que la atención a sus pendientes, rezagos y, sobre todo, a los problemas que enfrentan sus hablantes sí es relativamente reciente.

Basta señalar que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas tiene apenas 20 años de publicada en el Diario Oficial de la Federación, específicamente el 13 de marzo del año 2003.

Sin duda alguna, podemos imaginar el abismo de rezago que tenemos entre los problemas existentes y los que enfrentan nuestras lenguas indígenas y sus hablantes, así como la atención adecuada a estos.

Sin temor a equivocarme, lo anterior es un pendiente mayor y cuya desatención nos lastima a todos.

De acuerdo al artículo segundo de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las lenguas indígenas se definen de la siguiente manera:

“Artículo 2. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.”

Asimismo, en el artículo tercero del referido ordenamiento se establece y reconoce la importancia y valor incalculable que tienen nuestras lenguas indígenas como puede verse a continuación:

“Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana.”

Dada la importancia de nuestras lenguas indígenas y su población hablante, en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas se establecen ciertas obligaciones por parte del Estado mexicano respecto a éstas:

“Artículo 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva concesionados, de acuerdo con la legislación aplicable, para la emisión de programas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:

a). - En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.

b). - En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias.

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

Artículo 8. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable.”

Finalmente y en cuanto a la población hablante de nuestras lenguas indígenas, en el artículo noveno del mismo ordenamiento anteriormente citado se establece el principal derecho al cual deben tener la garantía de su acceso, de acuerdo a la siguiente redacción es el siguiente:

“Artículo 9. Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.”

Como podemos darnos cuenta con lo anteriormente citado, hemos tratado de atender en cierta medida todos esos pendientes y deudas históricas, coyunturales y contemporáneas que tenemos con nuestras lenguas indígenas y con la población hablante de ellas. Sin embargo, hay aspectos sumamente delicados en los que, como dije en párrafos anteriores, hemos fallado.

Respecto a nuestras lenguas indígenas hay un problema que no es nuevo aunque sí ha pasado desapercibido para todos en general y ese es el rezago, la exclusión o la discriminación prevaleciente hacia ellas, particularmente en la procuración, acceso e impartición de justicia.

Lo anterior nos ha resultado gravísimo no solo para la sociedad, sino también para las familias hablantes de lenguas indígenas que, por algún motivo, enfrentan un proceso legal y, por no hablar español, son víctimas de injusticias de toda índole.

El rezago, exclusión o discriminación que enfrentan día a día nuestras lenguas indígenas y su población hablante es muy variado, tiene muchos matices y cada uno de estos nos ha hecho daño en aspectos incluso económicos, sociales y culturales, por mencionar algunos.

No hemos terminado de entender y aceptar que nuestras lenguas indígenas no son una moda ni un tema menor, sino que en realidad constituyen una riqueza fundamental para nuestro país y todos tenemos una gran responsabilidad en su preservación.

Con frecuencia omitimos observar que son parte de nuestra mexicanidad e ignoramos que, dada su importancia, en 1992 nuestro país reconoció, con una reforma Constitucional, que somos lingüísticamente una nación plural. Gracias a lo anterior México se posiciona como el décimo país con más variedades lingüísticas en el mundo, al contar con 68 lenguas indígenas. Todo ello en virtud de nuestro gran pasado y de la riqueza cultural heredada de éste.

Tan solo basta recordar que antes de la Conquista española se hablaban más de 500 lenguas en nuestro territorio; actualmente han dejado de hablarse por lo menos 432 y se proyecta que para el año 2035 desaparecerán el 80 por ciento de las lenguas que hoy se encuentran en peligro alto de extinción.

Cada vez tenemos menos hablantes en todo nuestro país de lenguas indígenas, cada vez hay menos lugares o estados de nuestra nación en donde se hablen.

De acuerdo a información oficial, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más son: Oaxaca (32.2 por ciento), Yucatán (28.9 por ciento), Chiapas (27.9 por ciento), Quintana Roo (16.6 por ciento) y Guerrero (15.3 por ciento). Es de destacar, que Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz se encuentran por arriba del nivel nacional, que es 6.5 por ciento.

Como podemos ver, tristemente, el porcentaje de regiones en donde están todavía vigentes y presentes nuestras lenguas maternas nacionales es reducido y, desgraciadamente, este porcentaje es cada día menor.

Por ello, debemos sumar esfuerzos para que el bilingüismo y la riqueza cultural en nuestra nación no se pierdan y, todavía más, para que nuestras lenguas indígenas no sean objeto de rezago, marginación o rechazo.

Nuestras lenguas indígenas moldean nuestro ser y nos impulsan a estar orgullosos de nuestra raza y antepasados, sin embargo, en lo referente al tema de la procuración, acceso e impartición de justicia, peligrosamente no está sucediendo así para nuestras lenguas indígenas y nuestra población hablante de ellas.

Desafortunadamente, no solo hay discriminación y rechazo en el acceso a la justicia para nuestra población hablante de lenguas indígenas, también hay discriminación y rechazo hacia nuestras lenguas indígenas en la modernización que se está llevando a cabo en todos los procesos del sistema de justicia para hacerlo más eficiente y, como se menciona en el discurso, más “incluyente”.

Es representativo señalar que, durante un proceso de acceso a la justicia, cuando menos, se debe tener el acceso a la información y, a la vez, a los medios o las tecnologías de la información, sin embargo, para nuestros hablantes de lenguas indígenas, la discriminación en estos aspectos es cotidiana y habitual.

Respecto a la discriminación prevaleciente hacia nuestros hablantes de lenguas indígenas en el acceso a las tecnologías de información, basta citar que medios especializados indican que “es común escuchar que tecnología y pueblos indígenas son incompatibles, pero, esto no es más que un mito. De un lado, estos son pueblos con tecnologías milenarias, que se desmerecen por la percepción generalizada de que no usan las llamadas nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, son cada vez más los pueblos que se apropian de los celulares, el Whatsapp, las redes sociales y el Internet, no solo para comunicarse o aprender nuevos conocimientos, sino incluso para reafirmar lo propio”.

Lo anterior es indiscutible, de hecho, estos mismos sitios señalan que “más bien estamos ante un gran desafío y una enorme oportunidad pues las TIC ya han llegado a los lugares más alejados a través, en su gran mayoría, de los teléfonos inteligentes. Esa realidad debe leerse adecuadamente desde la escuela para aprovechar estas tecnologías en beneficio de aprendizajes con pertinencia cultural y lingüística”.

Asimismo, estos medios señalan como ejemplo lo que está sucediendo en otras partes del mundo, incluso muy cerca de nosotros, en materia de preservación de sus lenguas indígenas y su inclusión en las tecnologías de información y comunicación.

De hecho, al respecto señalan que “al adentrarnos en las comunidades indígenas no es sorpresa encontrar a jóvenes conversando sobre encuentros en Facebook u otra red social. Allí ya se comparten algunos memes elaborados en lenguas indígenas que, aunque muy lentamente, ya aparecen en estas redes sociales. En Guatemala, por ejemplo, hay algunos memes y chistes en idioma maya q’eqchi´. Es igualmente interesante ver cómo el arte apoyado en las TIC (tecnologías de información y comunicación) se convierte en un vehículo para vitalizar y/o recuperar la lengua y los conocimientos indígenas”.

Como podemos ver, en materia de garantizar lo que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas está establecido como derechos de la población hablante de lenguas indígenas estamos muy rezagados. Particularmente, hay mucho por hacer para garantizar que se cumpla y atienda lo que en el artículo cuarto de esta norma:

“Artículo 4.- Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Aquí es donde debemos empezar esa gran tarea de lograr que no haya ningún tipo de exclusión, discriminación o rezago en el acceso a la justicia, así como en su procuración e impartición.

Tenemos urgentemente que hacer algo al respecto, ningún hablante de lengua indígena en nuestro país puede o debe quedar en desventaja en cualquier proceso de procuración e impartición de justicia, por la incapacidad y omisión de nuestro sistema de garantizarle el derecho que le asiste de acceder, en su lengua, a todo el procedimiento. En este propósito, la garantía de una adecuada y pertinente defensoría pública es imprescindible.

La Ley Federal de Defensoría Pública, de acuerdo a su artículo primero, tiene el siguiente objeto:

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal , laboral, así como amparo en materia familiar u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal, y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece.”

Esta defensoría pública, de acuerdo al mismo ordenamiento, pero en su artículo segundo, deberá ser gratuita, tal y como se establece a continuación:

“Artículo 2. El servicio de defensoría pública será gratuito. Se prestará bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo y de manera obligatoria, en los términos de esta Ley.”

Para ello, sus servicios se prestarán conforme dos vías, de acuerdo con lo establecido en su artículo cuarto:

“Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y del Sistema de Justicia Penal Integral para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas, medidas u otra consecuencia, hasta la extinción de éstas, y

II. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.”

Finalmente, nuestros defensores públicos, de acuerdo con la redacción que se presenta a continuación del artículo sexto de la Ley Federal de Defensoría Pública, están obligados a lo siguiente:

“Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:

I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta ley y las demás disposiciones aplicables;

II. Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a Derecho que resulte en una eficaz defensa;

III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;

IV. Vigilar el respeto a los derechos humanos y sus garantías de sus representados; así como promover el juicio de amparo respectivo o cualquier otro medio legal de defensa, cuando aquellos se estimen violentados;

V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención;

VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa, y

VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.”

Como podemos ver, es invaluable la función de la defensoría pública en el proceso de acceso, procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Esa condición no debe de ser ajena ni omisa en materia de defensoría pública para nuestra población hablante de lengua indígena.

Es una condición imprescindible si de verdad queremos abonar en la garantía y protección de nuestras lenguas indígenas y, sobre todo, de sus hablantes con el fin de garantizar verdaderamente que se cumpla la salvaguarda de imparcialidad y equidad en su acceso a la justicia.

Son innumerables los casos en los cuales nuestros hablantes de lenguas indígenas no acceden a la justicia que les corresponde por derecho, o bien, son presa de injusticias y encarcelamientos, despojos o robos por no entender alguna parte del proceso o del procedimiento.

Lo mismo ha pasado en el desahogo o presentación de pruebas, porque además estas pruebas, a su favor o en su contra, no vienen o están traducidas en su lengua indígena.

Incluso hay casos en los cuales, al resultar un fallo negativo para un hablante de lengua indígena, se le termina cobrando el servicio de traductor, el cual, como vimos, debe de ser “gratuito”.

Por eso debemos de estar atentos y ser capaces de detectar y enmendar cualquier imprecisión en un artículo de algún ordenamiento que reproduzca o siga perpetuando nuestros pendientes en esta materia.

En la Ley Federal de Defensoría Pública tenemos una redacción imprecisa de un artículo que debemos corregir.

Actualmente, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública se establece que los servicios de asesoría jurídica de la defensoría pública se prestarán preferentemente a:

“Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:

I. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

II. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

III. Los trabajadores eventuales o subempleados;

IV. Los que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos mensuales inferiores a los previstos en las bases generales de organización y funcionamiento;

V. Los indígenas ;

VI. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios, y

VII. Las personas que dispongan los Tribunales federales en materia laboral, en términos de la normatividad aplicable.”

Como puede verse, la fracción V hace referencia a los indígenas, pero esa redacción resulta imprecisa, resultando con ello en una ventana de injusticia y de insuficiencia a la hora de brindar la asesoría a la que se refiere el artículo 15.

Lo anterior porque no hace referencia explícita a prestar esa asesoría en lengua indígena. Pareciera un asunto menor, pero no lo es.

Justamente, el acceso a la justicia de la población indígena tiene obligadamente que pasar por procesos jurídicos en su lengua materna. Si no es así, no estamos hablando de un acceso pleno al derecho de procuración de justicia para nuestros hablantes de lengua indígena. No podemos permitirnos eso.

Como podemos observar, necesitamos mayor precisión en la redacción del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, respecto a la garantía que deben tener nuestros hablantes de lenguas indígenas en todos los procesos o procedimientos de procuración, acceso e impartición de justicia.

Por ello, propongo la siguiente reforma que se ilustra en el siguiente cuadro comparativo:

Debemos invariablemente garantizar el pleno y efectivo acceso a la procuración de justicia a nuestros hablantes de lenguas indígenas.

En ningún proceso o procedimiento nuestras lenguas indígenas deben o pueden ser fuente de discriminación ni motivo de aislamiento y más aún si nos referimos a la asesoría jurídica que nuestros servicios de defensoría pública ofrecen.

La importancia del lenguaje es innegable, pues este es la base de la comunicación humana, no solo nos permite expresar lo que pensamos y comprender a los demás, sino que refleja nuestra forma de entender e interpretar el mundo. En este sentido, el lenguaje es la piedra angular para la construcción de nuestra propia identidad cultural.

Como sociedad, no podemos omitir que, en la actualidad, siguen existiendo diversos factores que influyen en la desaparición de las lenguas indígenas y se piensa que este fenómeno se debe fundamentalmente a la falta de transmisión del conocimiento entre una generación y otra, sin embargo, las causas van más allá y están relacionadas con la exclusión en todos los aspectos que sufren las comunidades indígenas y con la ausencia de condiciones para que a quienes las conforman les sean reconocidos sus derechos y puedan ejercerlos plenamente.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 15. Los servicios de asesoría jurídica se prestarán, preferentemente, a:

I. a IV. ...

V. Las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o que sean hablantes de una lengua indígena nacional, asistidos gratuitamente, en todo tiempo por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua indígena;

VI. a VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

5 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/dia-internacional-de-la-lengu a-materna-191546

6 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/dia-internacional-de-la-lengu a-materna-191546

7 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/

8 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/

9 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/culturas-milenarias-y-tic/

10 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDLPI.pdf

11 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDefP.pdf

12 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDefP.pdf

13 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDefP.pdf

14 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDefP.pdf

15 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDefP.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Valeria Santiago Barrientos, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Los datos personales son información de cualquier tipo que pueda ser usada para identificar, contactar o localizar a una persona. Entre ellos se encuentran nombre y apellido, número de documento, nacionalidad, sexo, estado civil, número de teléfono y/o celular, huellas digitales, dirección de correo electrónico, ubicación espacial, actividades, opiniones, etcétera. En nuestra vida cotidiana, todos compartimos diferentes tipos de datos, tanto de forma física como de manera digital, que hacen referencia a nuestra identidad y a nuestras cualidades personales. Al hacer trámites en organismos públicos o privados, cuando publicamos contenidos en redes sociales, al descargar aplicaciones digitales en los dispositivos móviles, cuando hacemos compras online o completamos encuestas, entre muchas otras actividades, estamos brindando información personal de manera voluntaria.

En términos de lo señalado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), estos datos son los que requieren una especial protección en virtud de su naturaleza y de las consecuencias que puede tener el mal manejo de los mismos para su titular. La fracción X del artículo 3 de la LGPDPPSO los define como: aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como:

a) Origen racial o étnico;

b) Estado de salud presente o futuro;

c) Información genética;

d) Creencias religiosas, filosóficas y morales;

e) Opiniones políticas, y

f) Preferencia sexual.

No obstante lo anterior, los datos personales de los menores de edad no están considerados como sensibles, lo cual hace urgente que esta información de las niñas, niños y adolescentes, que es bastante delicada, sea incorporada a la legislación de la materia.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo I de su Título Primero, denominado “De los derechos humanos y sus garantías”, en diversos artículos reconoce la protección de los menores en diversos sentidos, como se menciona a continuación.

Reconoce la obligación del Estado para velar y cumplir con el principio de interés superior de la niñez, de manera que se garanticen plenamente sus derechos. Asimismo, dispone los derechos de los niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez (artículo 4o. de la Constitución). De esta forma, la Constitución determina lo que para efectos de su legislación interna debe entenderse por interés superior del menor y los lineamientos para su especial protección.

El artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) obliga a los Estados parte a respetar el derecho de los menores, así como su protección y la sanción en contra de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ataques a su honra y su reputación. Así, el menor tiene derecho de protección por parte de los Estados y sus leyes en contra de esas injerencias o ataques. En este sentido, México, como país miembro de la Convención, está obligado a garantizar la protección a este derecho.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea (UE) establece que se debe proporcionar el consentimiento de un padre o tutor legal para que las empresas puedan procesar datos personales de niños menores de 16 años, y esta misma edad se utiliza en Alemania y Rumanía. El RGPD permite a los países establecer edades de consentimiento más bajas. Francia y Grecia exigen el consentimiento de un tutor legal para los menores de 15 años; España considera menores a las personas de 14 años; mientras que Dinamarca, Portugal, Suecia y el Reino Unido fijan esta edad de consentimiento en los 13 años.

El RGPD de la UE exige que la información proporcionada a los niños sobre el tratamiento de sus datos personales se presente en términos claros y sencillos que sean fácilmente comprensibles. En el Reino Unido, el responsable del tratamiento de datos tiene la obligación de verificar que la persona que da el consentimiento para el niño tiene la responsabilidad parental del mismo. Portugal exige que se obtenga el permiso de un tutor legal a través de un medio seguro de autentificación. Alemania y Rumanía exigen a los responsables del tratamiento de datos que realicen esfuerzos razonables para verificar que la persona con autoridad parental ha dado su consentimiento en nombre del niño; sin embargo, ambos países no especifican ni han publicado ninguna orientación sobre cómo debe determinarse la edad de los niños. Una reciente decisión judicial de Alemania ha señalado que una barrera que exija la introducción de un número de pasaporte o de documento de identidad o un número de tarjeta de crédito con un importe mínimo retirado de la cuenta es insuficiente y ha recomendado en su lugar el uso de otras medidas más técnicas, como la información biométrica.

Dentro de las recomendaciones que se han impulsado se contemplan las siguientes:

• Piensa antes de publicar cualquier cosa, especialmente fotos o videos íntimos, los lugares que visitas, las pertenencias de tu familia o tus datos personales.

• Un dato personal es cualquier información como: nombre, teléfono, edad, dirección, nacionalidad, mail, foto, huellas digitales, firma, religión, preferencia sexual e ideología, etcétera.

• Piensa que publicar algo en redes es como tatuártelo en la frente: cualquiera puede verlo permanentemente. Todo se vuelve público y no puedes controlar su difusión, aunque lo borres.

• Crear contraseñas seguras con combinaciones de letras en mayúsculas, en minúsculas y números, pero que sean fáciles de recordar; además de que debe ser distinta para cada red o sistema. Según un estudio realizado por la empresa Norton en 2013, el 48% de las personas no utilizan contraseñas en sus computadoras o dispositivos móviles, lo cual las hace más propensas a sufrir ataques cibernéticos.

• No proporcionar contraseñas.

Por lo anterior resulta necesario reforzar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección de los datos personales de menores de edad.

Por lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones:

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Es importante, manifestar que la reforma propuesta en esta iniciativa no genera impacto económico en el presupuesto de la nación, ya que no necesita recursos para su aprobación, publicación y ejecución.

Por lo expuesto, y con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección de los datos personales de menores de edad, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3, 9, 15 y 28 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a V. ...

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles, la información que haga identificable a niñas, niños y adolescentes, que pueda revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

...

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

Para el tratamiento de datos personales sensibles que involucren información de niñas, niños y adolescentes se requerirá el consentimiento expreso y por escrito de quien ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia del menor.

...

Artículo 15.- El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.

En caso de niñas, niños y adolescentes se informará a quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia del menor.

Cuando así lo permita su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, el menor podrá ser escuchado e informado sobre el tratamiento de su información, en un lenguaje sencillo y comprensible.

Artículo 28.- El titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen.

En caso de niñas, niños y adolescentes, quien ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia del menor podrá en cualquier momento solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición, siempre y cuando no contravenga al interés superior del menor.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3, 7, 21 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. a VIII...

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles la información que haga identificable a niñas, niños y adolescentes, los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley.

...

Cuando así lo permita su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, el menor podrá ser escuchado e informado sobre el tratamiento de su información, en un lenguaje sencillo y comprensible.

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

...

...

Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de quien ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, cuando se trate de información de niñas, niños y adolescentes o, en su caso, del titular de los datos personales, su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá a disposición del titular o, en caso de menores, de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la siguiente información:

...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

Los datos personales de niñas, niños y adolescentes tendrán el carácter de sensibles y para su tratamiento se deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia.

El tratamiento de los datos deberá observar como principios esenciales el interés superior del menor, licitud, y exactitud.

...

...

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, promoverá las acciones tendientes a fomentar una cultura de protección de datos personales en niñas, niños y adolescentes frente a los avances de las nuevas tecnologías.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase: Protección de datos. Consultable en:

https://issuu.com/siproid/docs/com-4_protecciondatos_ interior_web

2 Véase: ¿Qué son los datos personales sensibles? Consultable en:

https://asesoria.juridicas.unam.mx/preguntas/pregunta/38-Que-son -los-datos-personales-sensibles

3 Véase: Educación y prevención en materia de protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes en internet. Consultable en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion /article/view/12122/14305

4 Ibídem.

5 Véase: Privacidad de los niños en línea, y protección de datos de los niños en los países europeos. Consultable en:

https://universoabierto.org/2021/06/22/privacidad-de-los-ninos-e n-linea-y-proteccion-de-datos-de-los-ninos-en-los-paises-europeos/

6 Véase: Educación y prevención en materia de protección de datos personales de niños, niñas y adolescentes en internet. Consultable en:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-informacion /article/view/12122/14305

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023.– Diputada Valeria Santiago Barrientos (rúbrica).».

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de establecer un mecanismo más estricto que permita vigilar el correcto uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan los artículos 66 Bis, 86, 87 y 88 y el título sexto, “Sanciones”, a la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vigilancia del ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al tenor de la siguiente

Propuesta legislativa

Establecer un mecanismo más estricto que permita vigilar el correcto uso de los recursos del FAIS y sancionar usos indebidos.

Exposición de Motivos

El FAIS, desde su inclusión en la Ley de Coordinación Fiscal a finales de 1997, ha sido uno de los instrumentos legales y presupuestarios más importantes para disminuir y erradicar la pobreza a nivel nacional mediante el fomento y respeto al federalismo y sus instituciones.

Además, el establecimiento de reglas, plazos y procedimientos claros, en los que interviene la propia comunidad beneficiada para verificar que el financiamiento se destine efectivamente a las obras de beneficio colectivo de gran importancia como dispensarios médicos, centros de salud o comedores escolares, por mencionar algunos, lo que ha permitido atajar las carencias comunes mediante mecanismos de corresponsabilidad entre la comunidad y los gobiernos federal y local.

De igual manera, los recursos de este fondo se han destinado a obras de beneficio no colectivo que atienden necesidades como piso y techo firme, edificación de cuartos de baño, cocina o dormitorio, por nombrar algunos, que han dignificado las viviendas de comunidades con alta y muy alta marginación.

No obstante, en este último caso se enfrentan los mayores riesgos para el ejercicio del FAIS, en razón de que conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, es derecho de los beneficiarios participar de manera activa en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.

Toda vez que este tipo de obras se centran en beneficiar en lo individual a los integrantes de una comunidad, que al mismo tiempo están encargados de vigilar, mediante los Comités de participación social (CPS), que las obras sean necesarias, se ejecuten conforme a los plazos de los lineamientos y que sean finalizadas en tiempo y forma, es en donde se corre más riesgo de simular una correcta aplicación de los recursos.

Si bien conforme al marco jurídico que regula este fondo y en particular en lo que respecta a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, hay mecanismos jurídicos para identificar, corregir y sancionar este tipo de prácticas, no menos cierto es que los mismos son insuficientes.

Ello, ya que, por una parte, se desalienta el acto por parte de la autoridad mediante responsabilidades administrativas, pero debido al alto volumen de operaciones y a lo aleatorio de las revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, detectar estos casos es sumamente complicado.

Mientras que cuando se trata de los CPS beneficiarios y organizaciones coadyuvantes, el marco sancionatorio es menos claro, a pesar de que un incumplimiento a la normatividad del FAIS pueda derivar en responsabilidad civil, penal y administrativa, las advertencias por este tipo de conductas quedan a consideración del capacitador y el conocimiento de las responsabilidades legales en que pueden incurrir se limita a aquellas personas que dominan del derecho.

Por ello, al no existir sanciones específicas que desalienten la simulación de estos actos, se corre el riesgo de tolerar actitudes contrarias al espíritu del FAIS, entre las que destaca su uso con fines electorales.

Contenido de la propuesta

Ante tal circunstancia, se propone incluir en ley un marco sancionatorio específico que desincentive las simulaciones y el mal uso de este programa, obligando a devolver el recurso mal empleado y sancionando con una multa a quienes simulen el correcto empleo de recursos; mientras que la deficiente evaluación y revisión por parte de la autoridad será sancionada de igual manera con una multa, para evitar dejar en la sola responsabilidad de los CPS, lo relativo al seguimiento y evaluación de los fines del programa.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 66 Bis, 86, 87 y 88 y el título sexto, “Sanciones”, a la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adicionan los artículos 66 Bis, 86, 87 y 88 a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 66 Bis. Cuando la ejecución, evaluación o supervisión de recursos a cargo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social previsto en la Ley de Coordinación Fiscal corresponda a los beneficiarios u organizaciones, el Gobierno federal, los de las entidades federativas y los municipios, implementarán en lo individual, mecanismos que permitan garantizar la correcta evaluación y supervisión en el cumplimiento de dicha política social, los cuales serán independientes a los previstos en el título quinto de esta ley.

Las sanciones que deriven del incumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior, previstas en el título sexto de esta ley, serán independientes a las responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal que resulten aplicables al caso concreto.

Título SextoSanciones

Artículo 86. Serán sancionados con la devolución íntegra de los recursos que les fueron entregados, los beneficiarios que no superen satisfactoriamente la evaluación y supervisión a que hace referencia el artículo 66 Bis de esta ley.

Artículo 87. Serán sancionados con multa por el equivalente de 500 veces la unidad de medida y actualización las organizaciones que no superen satisfactoriamente la evaluación y supervisión a que hace referencia el artículo 66 Bis de esta ley.

Artículo 88. Serán sancionados con multa por el equivalente de 1000 veces la unidad de medida y actualización los servidores públicos que realicen de manera deficiente la evaluación y supervisión a que hace referencia el artículo 66 Bis de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

«Iniciativa que reforma los artículos 30 y 70 de la Ley General de Educación y 7o. de la Ley General de Educación Superior, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman la fracción IV del artículo 30 y el artículo 70 de la Ley General de Educación y la fracción VIII del artículo 7 de la Ley General de Educación Superior, en materia de educación en el uso de la inteligencia artificial, al tenor de la siguiente

Propuesta legislativa

Incluir en el currículum educacional la enseñanza de la inteligencia artificial.

Exposición de Motivos

Las revoluciones tecnológicas logradas por la humanidad se cocinan durante muchos años y aparecen de repente visibles para la sociedad como el nacimiento de un volcán. Tal es el caso de la inteligencia artificial, producto de los esfuerzos tecnológicos iterativos, insistentes, constantes y diversos por crear maquinas al menos tan inteligentes como el hombre.

En su versión útil, la inteligencia artificial es como su nombre lo indica, un sistema inteligente capaz de analizar grandes cantidades de datos, investigar patrones de interacciones humanas, para servir a los humanos en su toma de decisiones de una manera más rápida y eficiente que si el humano mismo realizara dichas tareas. En su versión destructiva, la inteligencia artificial puede convertirse en un sistema cerrado que decida por nosotros.

Por la importancia que reviste, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económicos han impulsado en la comunidad internacional una serie de recomendaciones para que se implementen políticas públicas destinadas al desarrollo de planes de estudio que consideren a la inteligencia artificial como un motor capaz de reducir las brechas de desigualdad social.

Incluso, organismos nacionales se han pronunciado en ese sentido, como es el caso de la Comisión Nacional de Bioética, en cuyo pronunciamiento del 12 de abril de 2023 (Comisión Nacional de Bioética. “Inteligencia artificial en salud”. Disponible en https://www.gob.mx/cms/ uploads/attachment/file/832082/Bio_tica_de_la_inteligencia_artificial_Junio2023 .pdf) consideró que para fortalecer el marco regulatorio en materiade inteligencia artificial, debe promoverse su enseñanza enlos planes de estudio de las Instituciones de Educación Superior, a fin de que tenga un énfasis en principios bioéticos como la integridad personal, la protección de datos personales así como el uso responsable y ético de su aplicación.

Ante lo anterior, no cabe duda de que con o sin su enseñanza, la inteligencia artificial cambiará la concepción que hoy se tiene de trabajo y pondrá en la balanza el valor y el costo del agregado humano al de las tareas automatizadas; una revolución industrial pendiente que amenaza con de-satar crisis sociales de exclusión y desempleo.

Por ello se necesitan leyes y políticas públicas incluyentes, que cambien para capacitar a la población en el uso de la inteligencia artificial, que les permita entrenarse para descubrir y comprender mejor cómo pueden añadirle valor a la misma y así contribuir a la nueva economía que irremediablemente será dominada por la inteligencia artificial.

Es necesario enseñar a las generaciones existentes como aprovechar las diferentes oportunidades que ofrece esta herramienta; por ejemplo, en la capacitación para manejar las maquinas de búsqueda que hoy proveen de análisis de mercados para los productos.

De igual manera se debe capacitar para establecer procesos de inteligencia artificial en los negocios que auto mejoren con el diario aprendizaje de interacción con los clientes y que permita utilizar la robótica para sistematizar mejor los procesos.

Sin duda, esta nueva ruta del aprendizaje humano es un camino continuo en el avance inexorable de la tecnología de la información en la cual, ser capacitados para utilizar estas nuevas capacidades analíticas que en un futuro serán irreemplazables en el trabajo diario, es el primer paso.

Es preponderante generar hoy las leyes y las políticas públicas de investigacion y desarrollo tecnológico que encaminen los procesos hacia el uso y no riesgoso abuso de la inteligencia artificial. Para todos los países incluido México esto requiere una revolución de nuestro sistema educativo que se convierte en muy urgente.

Contenido de la propuesta

Por ello se propone incluir en las leyes generales de educación y educación superior, la enseñanza de la inteligencia artificial, en razón de que toda persona debe ser capacitada para manejar las maquinas de búsqueda que les provea de análisis de mercados para sus productos, así como para establecer procesos de inteligencia artificial en sus negocios que auto mejoren con el diario aprendizaje de interacción con sus clientes.

Además, se debe capacitar para acceder a mecanismos de capacitación continua en el avance inexorable de la tecnología de la información, que les permita comprender mejor como utilizar la robótica para sistematizar procesos, así como para utilizar las capacidades analíticas que serán irreemplazables en el trabajo diario.

Para que esto suceda, es necesario reformar la ley para incluir a la inteligencia artificial dentro de los conceptos educativos mexicanos, que permitan una revolución de nuestro sistema educativo implementando políticas públicas de investigacion y desarrollo tecnológico que encaminen los procesos hacia el uso y no riesgoso abuso de la inteligencia artificial.

En razón de lo anterior y para facilitar la comprensión de la presente propuesta legislativa, se agregan los siguientes

Cuadros comparativos

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 30 y el artículo 70 de la Ley General de Educación y la fracción VIII del artículo 7 de la Ley General de Educación Superior

Primero. Se reforman la fracción IV del artículo 30 y el artículo 70 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. a III. ...

IV. ...

En la enseñanza de la inteligencia artificial y sus sistemas se enfatizarán

1) Sus beneficios económicos, sociales y culturales;

2) Los principios básicos a los que se sujeta;

3) Los derechos de las personas en la interacción con estos sistemas, así como los mecanismos para su protección en caso de transgresión;

4) Los medios para reconocer, interpretar y comprender la información proveniente de estos sistemas;

5) Las obligaciones básicas a las que está sujeta; y

6) Sus diferentes niveles de riesgo.

V. a XXV. ...

Artículo 70. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación para la inclusión tecnológica, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Segundo. Se reforma la fracción VIII del artículo 7 de la Ley General de Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a VII. ...

VIII. La formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso de construcción de saberes como mecanismo que contribuya a mejorar el desempeño y los resultados académicos ; en la enseñanza de la inteligencia artificial, se fomentará el pensamiento crítico que abone al uso responsable de la misma robusteciendo los mecanismos para garantizar la dignidad humana, el interés público, la igualdad de derechos entre las personas, la libertad de expresión y de información, los derechos laborales de los trabajadores, la protección al medio ambiente y la mitigación al cambio climático, así como el uso ético de la información recopilada con motivo del diseño y desarrollo de sus sistemas; y

IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o. y 19 Bis de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Bienestar, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO AL IMSS-BIENESTAR Y AL ISSSTE, A CELEBRAR UN CONVENIO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA, SIN COSTO DE LOS DERECHOHA-BIENTES DE LA GUARDIA NACIONAL DESPLEGADOS A LOCALIDADES REMOTAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar y al ISSSTE a celebrar un convenio para la atención médica sin costo de los derechohabientes de la Guardia Nacional desplegados a localidades remotas, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a celebrar un convenio de colaboración interinstitucional para la atención médica, sin costo, de los derechohabientes de la Guardia Nacional que por razón de su empleo se encuentran comisionados a una localidad alejada de su unidad médica asignada, así como de cualquier hospital del ISSSTE, a la luz de las siguientes:

Consideraciones

Desde su creación, en 2019, la Guardia Nacional se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la seguridad pública en México; su esfuerzo y dedicación para el mantenimiento de la paz son fundamentales para sostener la paz social, el Estado de derecho y en general los derechos y libertades de quienes habitan esta nación.

Por el tipo de labor que realizan, es frecuente que los elementos de la Guardia Nacional sean desplegados en diversas partes de la República para prestar su ayuda en distintas misiones, a lo largo y ancho del territorio nacional.

Es frecuente que las acciones de seguridad se realicen en etapas y que en cada una de ellas intervenga distinto personal que rota conforme a los avances que la política pública dicta, haciendo de la rotación del personal y de la movilidad en el despliegue, una necesidad.

Sin embargo, a menudo se olvida que los elementos que brindan paz y seguridad son también seres humanos, susceptibles a las mismas necesidades que las personas que se encargan de proteger.

En ese sentido y debido a las difíciles condiciones que por su labor enfrentan, es común que enfermen o que necesiten atención médica de emergencia; pero también que, por cuidado a su salud, requieran de consultas de seguimiento para la atención de condiciones preexistentes o para el tratamiento de padecimientos crónicos, por nombrar algunos ejemplos.

Situaciones que, si bien es cierto, son cubiertas en su mayoría por el ISSSTE gracias a la derechohabiencia que por Ley gozan; también lo es que resultan insuficientes en determinadas circunstancias, en particular, cuando se trata del despliegue de elementos a zonas rurales o de difícil acceso.

Ello debido a que la fuerza operativa ofrece una gran variedad de servicios para garantizar los fines que su Ley le señala: salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas; preservar libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; salvaguardar a la nación y sus recursos, entre otros.

En ese sentido, es frecuente que algunos de los elementos sean desplegados a este tipo de zonas, que difícilmente cuentan con la infraestructura suficiente para brindar la calidad de servicios a que toda persona tiene derecho, incluidos los relativos a la salud.

Para atender esa carencia, desde el 2018, el Gobierno federal ha impulsado una serie de reformas legislativas y políticas públicas enfocadas en incrementar el número de beneficiarios del sistema de salud público, particularmente a través del IMSS-BIENESTAR, institución creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2022 y que de acuerdo al mismo, tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social, atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados.

Estos servicios han permitido un acceso progresivo a servicios de salud de la más alta calidad a personas que históricamente fueron excluidas de la atención médica, lo que significa un enorme paso para la universalidad en el ofrecimiento de estos servicios y que también permite elevar los mínimos de calidad para la atención de las y los mexicanos.

Gracias a las unidades médicas de IMSS-BIENESTAR en áreas geográficas remotas, se ofrecen más y mejores servicios para los pobladores de estas comunidades; sin embargo, cuando se trata de la atención de personas ajenas a la comunidad, la atención distinta a las urgencias, es mucho más limitada y lo es aún más cuando se trata de atender a personas que ya son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE.

Es en esta circunstancia en la que se encuentran los elementos de la Guardia Nacional, a quienes como consecuencia de su afiliación a la seguridad social, frecuentemente les es negada la atención en unidades médicas del IMSS-BIENESTAR y se ven obligados a trasladarse durante horas desde las comunidades remotas para recibir la atención médica que necesitan en las clínicas del ISSSTE o en el peor de los casos, incurren en actos de corrupción para recibir la atención en las unidades médicas cercanas.

Destacando que ambas alternativas ponen en riesgo las actividades que les son encomendadas y merman tanto en la calidad de su presencia en la comunidad, como en su credibilidad frente a las personas que la integran.

Ante esa circunstancia, se hace indispensable realizar un llamado a las instituciones involucradas, para garantizar que el trabajo que realizan los elementos de la Guardia Nacional desplegados a zonas remotas, se realice protegiendo sus derechos y más importante aún, sus vidas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a celebrar un convenio de colaboración interinstitucional para la atención médica, sin costo, de los derechohabientes de la Guardia Nacional que por razón de su empleo se encuentran comisionados a una localidad alejada de su unidad médica asignada, así como de cualquier hospital del ISSSTE.

Dado en el salón de sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro, 4 de octubre de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A CAMBIAR EL NOMBRE DE CALLES, COLONIAS Y AVENIDAS QUE LLEVEN POR NOMBRE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas, en coordinación con los municipios y alcaldías, a cambiar el nombre de calles, colonias y avenidas que lleven por nombre “Gustavo Díaz Ordaz”, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Recorrer las calles y avenidas de nuestro país nos lleva a viajar a la historia mexicana. La nomenclatura de las calles tiende a referirnos a grandes personajes, sucesos históricos, profesiones y oficios.

La primera vez que se empezó a dar nombre a las avenidas y calles en nuestro país fue en el año de 1811, durante la Guerra de Independencia se tuvo que dividir el territorio en cuarteles mayores y menores. Según el escritor Luis González Obregón en aquel momento ya existían 304 calles, 140 callejones, 12 puentes, 64 plazas, 19 mesones, dos posadas, 28 corrales y dos barrios. Actualmente nuestro territorio nacional se compone de 2 mil 475 municipios y las 16 demarcaciones de la Ciudad de México.

Bajo este contexto encontramos que no hay barrio, pueblo o ciudad sin una calle con el nombre de personajes como Francisco I. Madero, Benito Juárez o Miguel Hidalgo; personajes ilustres que reconoce la población mexicana por sus aportaciones a la vida democrática y política de nuestro país.

Así mismo, en la avenidas y calles encontramos nomenclatura de la época prehispánica, ejemplo de ello es el nombre reciente que el gobierno de la Ciudad de México le dio a la estación del metro Zócalo, cambiando su nombre a Zócalo-Tenochtitlán, a fin de resignificar el contexto histórico.

El movimiento de estudiantes del año de 1968 fue un suceso que marcó la historia moderna de nuestro país. Este inicio con el paro de labores de las preparatorias dos, tres y cinco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en respuesta a la brutal agresión que había recibido un grupo de estudiantes el 23 de julio de ese año, por parte del cuerpo de granaderos.

Los estudiantes exigían ser escuchados por el gobierno, encabezado en aquel entonces por Gustavo Díaz Ordaz. Los meses siguientes fueron cruciales para el movimiento estudiantil ya que ante la negativa de ser recibidos por el gobierno tomaron la decisión de salir a las calles como símbolo de resistencia por las acciones cometidas contra sus compañeros en meses anteriores.

Gustavo Díaz Ordaz, sentenció a los estudiantes a los cañones de las ametralladoras durante su discurso del 1 de septiembre, fecha en la que presentó su quinto informe de gobierno con aquel tétrico discurso en la Cámara de Diputados:

“Hemos sido tolerantes hasta el exceso de ser criticados; pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que siga quebrantado irremediablemente el orden jurídico, como a los ojos de todo ha venido sucediendo”.

La fecha clave fue el 2 de octubre, durante un mitin de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas los jóvenes se reunían nuevamente para exigir que fueran escuchados.

El Batallón Olimpia fue quien estuvo encargado de vigilar a los estudiantes, sin embargo, para no ser detectados se vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. El objetivo principal era infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar en donde se encontraban los principales líderes y periodistas del movimiento.

En punto de las 6 de la tarde un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo ésta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida donde había; estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros.

Durante una entrevista en el año de 1970 a Gustavo Díaz Ordaz dijo a la prensa:

“No temo al juicio de mis contemporáneos, sé y los mexicanos saben que en mi actuación ha habido aciertos y errores, pero que mis errores han sido involuntarios, que todo lo que he hecho, lo he hecho tratando de servir lo más eficazmente posible a México”.

Ese es el discurso de la derecha para justificar sus atrocidades, tal como lo hizo Vicente Fox, cuando reprimió con mucha brutalidad a los ejidatarios de Atenco, quienes luchaban por defender sus tierras de la instalación de un aeropuerto o como Peña Nieto, con su represión al magisterio para imponer a sangre y fuego su mal llamada reforma educativa.

La derecha es el ejemplo de represión a diestra y siniestra solo para defender intereses ajenos al del pueblo de México, todos ellos son herederos del alma represora del Díaz Ordaz.

Actualmente en nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 662 calles, 31 comunidades rurales y un municipio llevan su nombre.

Es por ello que la suscrita propone exhortar a las entidades federativas, para que se elimine el nombre de Díaz Ordaz de las calles, pues no se puede tolerar en un país democrático como el nuestro brindarle un homenaje a un magnicida de la talla de Hitler.

Morena es el resultado del 68, que cinco décadas después de sembrada la semilla en el corazón de México, germinó el fruto de la revolución de las conciencias que despertaron las y los jóvenes en aquella plaza el 2 de octubre del 68 y que ni toda la maquinaria de la oligarquía pudo contener a más de 30 millones de mexicanas y mexicanos en cuya conciencia se había anidado el sueño de un mejor país.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las entidades federativas en coordinación con los municipios y alcaldías a que cambien la nomenclatura de calles, colonias, y avenidas que lleven por nombre “Gustavo Díaz Ordaz” y en su lugar se nombren “al Movimiento Estudiantil de 1968”.

Notas

1 Nayeli G. 05 de febrero de 2017. “La importancia de los nombres de las calles de la CDMX”.

https://medium.com/opini%C3%B3n-con-foro/la-importancia-de-los-n ombres-de-las-calles-de-cdmx-3f5caf420f6

2 Batres Viétnika, 02 de septiembre de 2018 “1968: Hemos sido tolerantes hasta el exceso; si es preciso usaré al Ejército, amenaza Díaz Ordaz” Animal Político,

https://www.animalpolitico.com/2018/09/amenaza-ejercito-1968-dia z-ordaz

3 Taalas Petteri, (2018) Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “Matanza de Tlatelolco”

https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco

4 Sin autor, 01 de octubre de 2013 “Estoy orgulloso del año de 1968, porque me permitió salvar al país”: Díaz Ordaz” Aristegui Noticias,

https://aristeguinoticias.com/0110/mexico/estoy-orgulloso-del-an o-de-1968-porque-me-permitio-salvar-al-pais-gdo/

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023), “Mapa Digital de México”, recuperado el 02 de octubre de 2023.

https://up-pe.libguides.com/c.php?g=1043492&p=7615227

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre del 2023.– Diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

EXHORTO A BANXICO, A ANALIZAR LA VIABILIDAD Y CONVENIENCIA DE REPATRIAR EL 50% DE LOS ACTIVOS DE RESERVAS DE ORO, UBICADOS PARA SU RESGUARDO EN EL BANCO CENTRAL DE INGLATERRA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Banxico a analizar la viabilidad y conveniencia de repatriar a territorio nacional 50 por ciento de los activos de reservas de oro, ubicados para su resguardo en el Banco Central de Inglaterra, a cargo del diputado Miguel Torruco Garza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Miguel Torruco Garza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, 65 numeral 1; y artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Banco de México a analizar la viabilidad y conveniencia de repatriar a territorio nacional el 50 por ciento de los activos de reservas de oro, ubicados para su resguardo en el Banco Central de Inglaterra al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Banco de México (Banxico) tiene sus inicios en cumplimiento a un mandato establecido en la Constitución Política de 1917, con el objeto principal de terminar con las numerosas instituciones privadas que existían de emisión de billetes, otorgando la facultad exclusiva de emisión a un banco.

Finalmente, en 1925, después de un amplio debate, a iniciativa del presidente de la República, Plutarco Elías Calles, expidió la ley que creó el Banco de México, en la exposición de motivos de dicha iniciativa se establecía lo siguiente: “Hay efectivamente, en un banco controlado por el gobierno, el gravísimo peligro de que el interés político pueda predominar en un momento dado sobre el interés público”.

En julio de 1931 se promulgó una Ley Monetaria por la cual se desmonetiza el oro en el país. Sin embargo, ocho meses después surge una nueva Ley Orgánica para el Banco de México, con esta última reforma se le retiraron las facultades para operar como banco comercial, se hizo obligatoria la asociación de los bancos al Instituto Central y se flexibilizaron las reglas para la emisión de billetes.

El Banco de México (Banxico) se encuentra fundamentado en lo establecido en el artículo 28 párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece, entre otra información, lo siguiente:

Párrafo sexto:

• “El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado.”

Párrafo séptimo:

• “No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.”

Si bien, la historia del Banco de México, ha tenido sus éxitos y fracasos rotundos en el manejo de la política monetaria a lo largo de décadas de funcionamiento, existen pasajes históricos, que se presentaron con una mayor frecuencia durante el periodo del Neoliberalismo, de 1982 al 2018, los desequilibrios en el control de precios se vieron opacados y minimizados, con la ocurrencia de crisis inflacionarias sin precedentes, que incluso orillaron, durante la década de los 90´s a eliminar por decreto tres 0 a los valores de la economía nacional, producto de las elevadas cifras que se presentaban en todos los precios, tanto de servicios públicos, como bienes del sector privado.

La Ley del Banco de México, establece en su artículo 2º, el objetivo fundamental del mismo:

“Artículo 2o.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.”

Para llevar a cabo sus funciones el Banxico se encuentra gobernado por una Junta de Gobierno integrada por un gobernador o gobernadora y cuatro subgobernadores, los cuales son un cuerpo colegiado de profesionales en materia económica, propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado de la República o por la Comisión Permanente en épocas de receso legislativo, quienes entre sus funciones definidas en la ley mencionada señala lo siguiente:

“Capítulo IIIDe las Operaciones

Artículo 7o.- El Banco de México podrá llevar a cabo los actos siguientes:

I...IX...

X. Efectuar operaciones con divisas, oro y plata, incluyendo reportos;”

Es en base a este ordenamiento que en el año 2011, el entonces gobernador del Banco de México Agustín Carstens, con el respaldo de la Junta de Gobierno, decidieron la compra de aproximadamente 100 toneladas de oro durante el mes de mayo de 2011, con el objetivo de que fuera un activo de valor que a través de los años subiera su valor, el costo de tal compra alcanzó más de 4 mil 500 millones de dólares.

La realidad de esa compra es que nadie ha visto tal producto y solo se cuentan con papeles que respaldan la posesión de ese activo para nuestro banco central y que su resguardo en el Banco Central de Inglaterra le cuesta a nuestro banco central la cantidad de 3 millones de pesos al año.

Ese oro que se tiene resguardado es considerado un activo que forma parte de las reservas internacionales de la institución en acuerdo a lo establecido en el artículo 19 fracción I) de la propia Ley del Banco de México que establece lo siguiente:

“Artículo 19.- La reserva a que se refiere el artículo inmediato anterior se constituirá con: I. Las divisas y el oro, propiedad del Banco Central, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna;”

En el análisis de la Cuenta Pública 2011, elaborado y publicado por la Auditoría Superior de la Federación, se llevó a cabo la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-98001-02-0154 GB-135, en la cual se emitió una recomendación al Banco de México que es la siguiente:

“Recomendaciones

11-0-98001-02-0154-01-001.- Para que el Banco de México realice una inspección física con la contraparte que resguarda el oro, a fin de verificar y validar la integridad física y el cumplimiento de los términos y condiciones en el manejo de este activo, ya que se determinó que desde la compra del metal en febrero de 2011, Banxico no la ha realizado.”

Medios electrónicos de comunicación han señalado que a través del portal de transparencia se solicitó información acerca de la adquisición y resguardo de ese metal áureo componente de las reservas internacionales, teniendo como respuesta que Banxico no contaba con un listado de lingotes con número de serie, pureza y peso, con el que pudiera establecer, sin lugar a dudas, cuáles barras le pertenecían. La operación original de compra se realizó con el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

A raíz de dicha observación el Banco de México realizó la solicitud respectiva al BIS para poder llevar a cabo una visita presencial al Banco Central de Inglaterra y poder corroborar físicamente la existencia de esos bienes y el resguardo por el que se paga anualmente para protegerlos, la respuesta que se dio a conocer fue: “que no es posible llevar u (sic) cabo una inspección física del oro”. “no es una práctica de mercado realizar inspecciones físicas al oro que custodian los bancos centrales, como tampoco es una práctica de mercado verificar la existencia física de cada una de las inversiones de Banco de México en bonos, depósitos bancarios, u otros instrumentos.”

Es por esta razón que a más de una década después aún no ha sido posible el visibilizar el oro adquirido por el Banco de México y que solamente los podemos ver el día de hoy registrado en la página de la Institución en el apartado de Reservas Internacionales.

Fuente: Activos de reserva oficiales en moneda extranjera (Publicación portal de transparencia) - (CF791). https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sec tor=4&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF791&locale=es

Es con base a estos hechos que surge la necesidad de buscar mecanismos de transparencia que puedan confirmar y comprobar que realmente nuestro país es poseedor, a través del Banco de México de una reserva en oro ubicada en el Banco Central de Inglaterra, países desarrollados como Alemania tomaron la decisión de repatriar su oro casi 700 toneladas en lingotes desde Nueva York y París, desde 2020 las tienen en su territorio, específicamente en la ciudad de Fráncfort.

Algunos teóricos actuales han señalado la relevancia de invertir en metales preciosos, pero, sobre todo, tenerlos a la mano, con algunas frases relevantes como “si no los tienes en tu poder, no son tuyos”, por lo que reviste una importancia toral el tenerlos cerca y disponibles para cualquier necesidad.

El traerlos implica un compromiso mayor para el estado mexicano, de ubicar un lugar en el que pueda resguardarse este activo, con la seguridad total de que será resguardado y cuidado para su seguridad.

El presente exhorto, en respeto a la autonomía del Banco de México, establecida en el artículo 28 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace un llamado a la Junta de Gobierno de esa institución para que analice la viabilidad de repatriar el 50 por ciento de esos lingotes propiedad de la nación mexicana, con objeto de, por una parte, verificar la existencia de dicho activo y por otro lado, la importancia de contar, a la mano y en el corto plazo, con un activo que pueda utilizarse de manera inmediata de ser necesario.

Es en base a estas consideraciones que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Junta de Gobierno del Banco de México a que, en virtud de sus facultades y obligaciones normativas, analice la posibilidad de repatriar a territorio nacional el 50 por ciento de sus activos en lingotes de oro resguardados en el Banco Central de Inglaterra.

Notas

1 Banxico. Historia del Banco de México.

2 Auditoría Superior de la Federación. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-98001-02-0154.

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobierno/20 11_0154_a.pdf

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28 párrafo sexto.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 Idem nota anterior. Párrafo Séptimo.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Ley del Banco de México.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/74.pdf

6 Idem nota anterior

7 Ley del Banco de México. Idem

8 Auditoría Superior de la Federación. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-0-98001-02-0154. Idem. P.27.

9 Revista Forbes. Reservas de oro: la ingenuidad de Banxico.

https://www.forbes.com.mx/reservas-de-oro-la-ingenuidad-de-banxi co/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2023.– Diputado Miguel Torruco Garza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS TENDIENTES A LA LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y RESCATE DE LA PRESA EL CAPULÍN, LOCALIZADA EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, a la Secretaría del Agua del Estado de México y al SAH a realizar las acciones necesarias tendentes a la limpieza, saneamiento y rescate de la presa El Capulín, localizada en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y sobre todo para la supervivencia de los seres humanos.

Asimismo, dicho organismo internacional infiere que el agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las personas.

A pesar de ser un líquido vital y necesario para las personas, a nivel mundial y en nuestro país, existe un grave problema de contaminación del agua, dado que las fuentes de agua dulce reciben contaminantes procedentes de una amplia gama de sectores, que amenazan la salud humana y de la fauna.

La ONU señala que a nivel mundial poco más de 2 mil 200 millones de personas se encuentran sin acceso a servicios de agua y alrededor de 4 mil 500 millones de personas viven sin servicios de saneamiento, dicha situación provoca la pérdida de vida de alrededor de 340 mil niños cada año y tiene otras repercusiones que afectan en gran medida a sociedades y economías enteras.

En México el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (Imco), indica que el principal problema de las aguas superficiales en nuestro país es la contaminación, causadas en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos son vertidas sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que 12 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable y desafortunadamente el 80 por ciento de los cuerpos de agua está contaminado con descargas de aguas residuales domésticas e industriales.

Asimismo, refiere que la contaminación del agua puede provocar enfermedades infecciosas intestinales; y resalta que solo en el año 2019, en nuestro país, estos padecimientos fueron la sexta causa de muerte en niños menores de un año, registrando 353 fallecimientos.

Los mayores problemas de contaminación del agua en nuestro país se presentan en el Valle de México y el Sistema Cutzamala, seguidos por la península de Baja California.

Dentro del Valle de México se encuentra la presa el capulín en el municipio de Huixquilucan, la cual en los últimos años ha sufrido problemas graves de contaminación trayendo afectaciones al entorno ambiental y a los habitantes colindantes a dicha presa.

La presa el Capulín es una obra que construyo el Gobierno federal hace ya más de 80 años, la cual fue construida con el propósito de regular las aguas pluviales para no generar inundaciones en el Valle de México.

El crecimiento acelerado en materia inmobiliaria y la falta de planeación en materia de infraestructura hidráulica ha provocado que el arroyo el capulín y la presa, del mismo nombre, se conviertan en receptores de un gran volumen de aguas residuales crudas. Problema que se ha acentuado en los 20 años.

Dicha situación está generando un problema ambiental de salud pública y de tipo social, ya que los olores que genera el agua almacenada en la presa son insoportables para los vecinos colindantes a dicha presa.

Pese a que los tres niveles de gobierno tienen conocimiento de la problemática, dado que los vecinos y las asociaciones de colonos los han enterado del tema, lo cierto es que no se ha podido generar la coordinación adecuada para solucionar el problema de la presa el capulín.

Lamentablemente a la problemática de la presa el capulín se le suma el desabasto de agua que se sufre en el municipio de Huixquilucan, en el cual de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) más de 42 mil personas tienen carencias de acceso a servicios de agua en sus viviendas, es decir, el 14 por ciento del total de los hogares huixquiluquenses no tienen garantizado dicho líquido, principalmente los ubicados en la parte alta de su zona tradicional.

En virtud de lo anterior, resulta fundamental establecer acciones que contrarresten este hecho que afecta el derecho humano de las y los mexicanos, al acceso, disposición y saneamiento de agua potable, tal y como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de ello, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Secretaría del Agua del Estado de México y del Sistema de Aguas Municipal del Ayuntamiento de Huixquilucan, realicen las acciones necesarias tendientes a la limpieza, saneamiento y rescate de la Presa El Capulín, localizada en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Lo anterior resulta fundamental si se considera que el agua limpia es un factor clave para el crecimiento económico, ya que el deterioro de la calidad del agua frena ese crecimiento, empeora las condiciones de salud, reduce la producción de alimentos y exacerba la pobreza, por ello, es que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para contribuir a resolver el problema de la contaminación del agua, de modo que los países puedan crecer más rápidamente en forma equitativa y ambientalmente sostenible.

Por último, resulta importante señalar que la prestación de servicios adecuados de agua y saneamiento es esencial para lograr y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente al objetivo seis, de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Secretaría del Agua del Estado de México y del Sistema de Aguas Municipal del Ayuntamiento de Huixquilucan, realicen las acciones necesarias tendientes a la limpieza, sa-neamiento y rescate de la Presa El Capulín, localizada en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Notas

1 El Agua; Organización de las Naciones Unidas, disponible en la pág. web.-

https://www.un.org/es/global-issues/water#:~: text= El%20agua%20est%C3%A1%20en%20el,supervivencia%20de%20los%20seres%20humanos.

2 Ibidem.

3 El papel de ONU-Agua como mecanismo de coordinación interinstitucional para el agua y el saneamiento; ONU; disponible en la pág. web.-

https://www.un.org/es/chronicle/article/el-papel-de-onu-agua-com o-mecanismo-de-coordinacion-interinstitucional-para-el-agua-y-el-saneamiento.

4 Situación del Agua en México, IMCO, disponible en la pág. web. -

https://imco.org.mx/situacion-del-agua-en-mexico/, consultado el día 28-09-23.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de octubre del año 2023.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA SEGOB, A LA SRE Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A GESTIONAR ANTE EL GOBIERNO DE FRANCIA, LA REPATRIACIÓN DE LOS RESTOS DEL C. JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SRE y a la Secretaría de Cultura a realizar las gestiones y los trámites necesarios ante el gobierno de Francia, para la repatriación de los restos del ciudadano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori es una de las figuras más importantes en la historia de México, a más de un siglo de su fallecimiento, una gran cantidad de los aportes y las obras que se construyeron durante su gobierno continúan presentes en nuestro país.

Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830, originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y fue un brillante y valiente militar, héroe de grandes batallas, en las que su participación fue determinante para el triunfo de los mexicanos durante la Intervención Francesa lo que valió un amplio respaldo popular.

El general Porfirio Díaz fue nombrado presidente de México después de la rebelión de Tuxtepec en 1876, siendo reelecto en varias ocasiones, ejerció el cargo por 31 años en un periodo de estabilidad, desarrollo y prosperidad que se conoce como El Porfiriato,

Cuando el general Díaz recibe el gobierno, el país se encontraba sumido en una grave crisis política y económica, y tenía una fuerte deuda económica con potencias extranjeras por conflictos anteriores, él busca poner orden y darle normalidad a la vida institucional y realiza una amplia conciliación para que la nación se consolide, y al final de su gobierno dejó un país mucho más integrado y organizado, más comunicado y con estabilidad económica.

El orden social, la paz y el progreso económico fueron los pilares de su gobierno, reflejado en su lema orden y progreso, y lo largo de su gestión hubo importantes logros, ya que se multiplicó la inversión extranjera en la economía, logró la conciliación con las potencias mundiales, estableció la nueva política de comunicaciones y transportes, hubo un fuerte impulso al campo, a la industria, y a la minería, así como la modernización de las comunicaciones mediante la introducción de 30 mil kilómetros de ferrocarril para lograr una mucho mayor conectividad y instalaron las primeras líneas telefónicas y de energía eléctrica.

Se logró la estabilidad que no se había tenido a lo largo de todo el Siglo XIX, se promovió el crecimiento, se logró una mayor integración del país y se realizó un proceso de urbanización que convirtió a la capital del país en una metrópolis con la edificación de grandes estructuras como la construcción del Hospital General, el edificio del Correo Mayor , el Palacio de Bellas Artes , el Monumento a la Revolución, el Palacio de las Comunicaciones, el Hemiciclo a Juárez, el Palacio Lecumberri, el Colegio de San Ildefonso, el Bosque de Chapultepec, el Ángel de la Independencia y la creación de la Universidad Nacional.

Gracias al periodo de paz y estabilidad generado por Porfirio Díaz, floreció el desarrollo de la ciencia, la cultura, y las artes, se fundaron bibliotecas e institutos destinados a promover actividades científicas, tales acciones culturales fomentaron la unidad nacional, que logró ser reconocida a nivel internacional.

Después del estallido de la Revolución Mexicana, el General Porfirio Díaz y su familia emigraron de México en 1911, asentándose en París, Francia, ciudad en la que fallecería en el año 1915. Su esposa Carmelita Romero Rubio decidió sepultarlo en la Iglesia de Saint Honoré I´Eylau ya que esperaba que sería provisional porque su objetivo era llevar los restos a Oaxaca, sin embargo al no obtener el permiso del gobierno de México, en 1921 sus restos fueron trasladados a un lote a perpetuidad en el cementerio de Montparnasse, en París.

En vida el general Porfirio Díaz dejó claro que su deseo era ser sepultado en México, específicamente en la Basílica de la Soledad de su estado natal, Oaxaca.

Su actual mausoleo adornado con el águila mexicana y la bandera nacional es una tumba solitaria, en tierras extranjeras a miles de kilómetros del país que amó, gobernó y construyó.

Es por ello que para reivindicar el lugar en la historia de México que merece el general Porfirio Díaz es congruente solicitar la repatriación de sus restos para brindarle el justo homenaje y sepultura que merece, máxime que actualmente han vencido los derechos que la familia adquirió por 100 años en el Cementerio de Montparnasse, en París, Francia, y que de no renovarse podrían ser exhumados y ello pondría en riesgo el destino final de quien en vida fue el gran general Porfirio Díaz, quién más allá de los debates es parte fundamental de la historia y cuya figura es pilar del México actual, es por ello y considerando lo expuesto en el presente documento que, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Cultura del Gobierno federal para que realicen las gestiones y los trámites necesarios ante el gobierno de Francia para la repatriación de los restos del ciudadano mexicano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori por ser un personaje ilustre en la historia de México.

Fuentes consultadas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/03/diputados-buscan-repatriar-lo s-restos-de-porfirio-diaz-ante-el-temor-de-que-queden-desamparados/

2 https://www.milenio.com/cultura/repatriacion-porfirio-diaz-intentos-donde-fue-s epultado

3 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150701_mexico_polemica_restos_porfir io_diaz_an

4 https://www.mexicodesconocido.com.mx/la-olvidada-tumba-de-porfirio-diaz-en-fran cia.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2023.– Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A REALIZAR MESAS DE DIÁLOGO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A FIN DE GENERAR ACUERDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE AGILIZACIÓN DE MERCANCÍAS EN LOS CRUCES FRONTERIZOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a realizar mesas de diálogo con el presidente de los Estados Unidos de América, a fin de generar acuerdos pertinentes de buen entendimiento en materia de seguridad y de agilización de mercancías en los cruces fronterizos, en la frontera norte, ante los cierres en diferentes puentes internacionales, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las relaciones de amistad y cooperativismo entre México y los Estados Unidos datan de siglos de convivencia. Los mecanismos de diálogo, comunicación, cooperación, han sido factores determinantes para compartir lo mejor de ambas naciones.

Los cambios sociales, culturales, políticos y económicos han determinado la calidad de esas relaciones. La frontera con la Unión Americana es una de las más dinámicas del mundo, lo que hace que está sea multicultural. En materia económica, fluye a través de las fronteras todo tipo de comercio, por lo que es necesario trabajar por el mejor entendimiento para ambas naciones.

Otro de los temas que han marcado en los últimos años la relación entre naciones es el tema del aumento exponencial de la migración, la cual ha rebasado las acciones que hasta el momento han sido consideradas para su atención. Ante ello, la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) dio a conocer que cerrarían temporalmente el cruce comercial de los camiones de carga del puente internacional Córdova-Las Américas, en el sentido sur a norte. Este cierre obedece al aumento desmedido de migrantes en la región, un tema que no ha atendido debidamente en gobierno de México.

El cierre de mercancías por el Puente Internacional Las Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua, representa una afectación importante para los transportistas que circulan todos los días a través de esta entrada. Las pérdidas económicas han sido cuantiosas para los miles de empresas y comerciantes que intentan trasladar sus mercancías, lo que además afecta otros cruces que, ante esta determinación, han colapsado por las enormes filas que deben hacer.

Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que “se mantiene atenta a las medidas implementadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) donde informan que a partir del lunes 18 de septiembre se suspenderá temporalmente el procesamiento de carga en el Puente de las Américas, ubicado en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas”. Después de varios días, reabrieron el Puente, pero solo para importaciones, con lo que se sigue afectando a los transportistas.

Mantenerse atentos las medidas, no soluciona el problema del arribo masivo de los migrantes, la falta de políticas públicas reales que promuevan una migración ordenada y segura, han sido la constante dentro de esta administración, los hechos lo demuestran. Las medidas adoptadas no solo afectan a los migrantes, también a los transportistas y ciudadanos de ambas naciones que, por su actividad económica, pagan las consecuencias de las decisiones ante la falta de claridad en resolver los hechos que han llevado a cerrar este puente internacional. Si bien, señalan que en dos o tres días reabrirán, la situación seguirá latente.

De acuerdo con el periódico La Jornada, en este puente “transitan diariamente alrededor de mil 200 camiones de carga, con un aproximado de 20 por ciento de todas las exportaciones e importaciones entre Ciudad Juárez y El Paso, dio a conocer Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Juárez”. Como lo ha mencionado, las afectaciones son graves para la industria, ya que, al no llegar la materia prima a tiempo, exista el paro en diversas empresas en sus líneas de producción y no puedan entregar los productos terminados.

Aun cuando he realizado diversos exhortos en mi carácter de legisladora, sumándose otros más de diversos grupos parlamentarios, al titular del Ejecutivo como a los integrantes del gabinete, responsables de atender esta situación, siguen sin dar la atención debida para propiciar una migración segura y ordenada. Se realizó, además, un exhorto específico para que se agilicen los cruces fronterizos para los transportistas, quienes siempre son los más afectados.

Hechos preocupantes siguen sucediendo, tan solo en el mes de marzo, cientos de migrantes intentaron cruzar a la fuerza hacia los Estados Unidos, demostrando la poca seguridad y atención que existe en la zona. Nuevamente en el mes de abril, otro grupo de migrantes intentó por otro de los puentes acceder a la Unión Americana.

Otro caso más se suscita el pasado 8 de agosto, diversos medios señalan que los participantes en estos actos declararon que, de un rumor propagado en diversas redes sociales y compartido entre los ahí presentes, dejarían pasar a los migrantes a territorio de la Unión Americana, generando nuevamente una estampida humana que intentó entrar a la fuerza por el puente libre. Estos son algunos casos que se han suscitado en este año, dos en Ciudad Juárez y uno en Matamoros, Tamaulipas.

El papel de las autoridades como lo hemos mencionado solo es de contención, pero se ha convertido en una situación altamente peligrosa en donde en reiteradas ocasiones, se ha mencionado la posibilidad de que puedan ocurrir nuevas tragedias como la ocurrida en una estación migratoria en Ciudad Juárez.

El repunte de la migración ya se había hecho de conocimiento público, dado que el Ejecutivo federal reveló en meses pasados un aumento de 45 por ciento en la migración irregular de menores no acompañados entre junio y julio (7 mil 288 y 10 mil 613 respectivamente), por lo que minimizaron cifras, considerando que había una ligera alza de flujo migratorio de personas de nuestro país.

Priorizar las políticas públicas en la frontera con los Estados Unidos es primordial para ambas naciones, ante las pérdidas millonarias que se tienen por la falta de soluciones a corto plazo, por lo que, es urgente atender estas problemáticas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se realice a la brevedad mesas de diálogo con el presidente de los Estados Unidos de América, a fin de que se generen los acuerdos pertinentes de buen entendimiento en materia de seguridad y de agilización de mercancías en los cruces fronterizos en la frontera norte .

Notas

1 https://www.gob.mx/sre/prensa/gobierno-de-mexico-permanece-atento-ante-la-suspe nsion-temporal-de-operaciones-de-carga-en-el-puente-de-las-americas

2 Estrada, J. (septiembre 17, 2023) Cierran puente internacional para reforzar a la Patrulla Fronteriza. Recuperado de

https://www.jornada.com.mx/2023/09/17/politica/010n2pol

Palacio Legislativo, a 4 de octubre del 2023.– Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Norte, para dictamen.

EXHORTO AL IMSS-BIENESTAR, A REALIZAR LAS GESTIONES QUE PERMITAN DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PROVENIENTES DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR (FONSABI) PARA LA ATENCIÓN DEL MIELOMA MÚLTIPLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS-Bienestar a realizar las gestiones necesarias que permitan destinar recursos suficientes provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar, para la atención integral del mieloma múltiple en todas sus etapas, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN; Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena; Leticia Zepeda Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el Mieloma Múltiple (MM) como un cáncer hematológico multifocal que afecta la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas.

A escala mundial, la edad promedio de diagnóstico es a los 70 años. Sin embargo, en nuestro país el MM se presenta en promedio a los 58 años, asimismo, 30 por ciento de los pacientes son menores de 55 años. Es decir, una década antes que el resto del mundo, lo que impacta directamente el periodo de productividad de las personas y en la economía de las familias y del país.

El MM es considerado el segundo tipo de cáncer hematológico más frecuente después del linfoma no Hodgkin y representa alrededor de 1 por ciento de todos los casos de cáncer y casi 2 por ciento de las muertes oncológicas en el mundo, es considerada una enfermedad de baja incidencia.

Actualmente, no existe un estudio epidemiológico en México que permita conocer con precisión el número prevalente de pacientes en México y en cada una de las Instituciones de salud públicas y privadas del país. Sin embargo, Globocan 2020 resalta una prevalencia de 5 mil 914 pacientes viviendo con mieloma múltiple en México.

Las aseguradoras privadas son quienes otorgan una cobertura para casi todo tipo de padecimientos de alto costo y, en los cuales, no se restringe el reembolso o pago directo de fármacos aprobados por la legislación vigente. Sin embargo, es una minoría de la población la que tiene acceso a este tipo de servicios de salud, la gran mayoría de los mexicanos se atienden en instituciones del Sector Salud.

De acuerdo con datos publicados por la AMIS, en 2023 el 9.9 por ciento de la población cuenta con un seguro de gastos médicos. Mientras que, según datos del Inegi 2020, el 73.5 por ciento de la población cuenta con alguna afiliación a servicios de salud:

• 51.0 por ciento IMSS

• 35.5 por ciento INSABI

• 8.8 por ciento ISSSTE o ISSSTE estatal

• 1.3 por ciento Pemex/Sedena/Semar

• 1.0 por ciento IMSS BIENESTAR

• 2.4 por ciento otros

Por lo anterior se estima que:

• 5 mil 914 pacientes en México:

- 585 con seguro de gastos médicos privado

- 1,412 sin afiliación a alguna Institución de salud y sin seguro de gastos médicos privados

- 3 mil 916 afiliados al sistema de salud público

- 2 mil 22 atendidos en IMSS

- 1,407 atendidos en Insabi

- 349 atendidos en ISSSTE / ISSSTE estatal

- 52 atendidos es Pemex/Sedena/Semar

- 40 afiliados al IMSS Bienestar

- 48 atendidos en otra Institución

Considerando el estimado de pacientes por año, así como la posible vía de atención, es importante considerar lo que la OMS y la Secretaría de Salud indican tomando en cuenta que un hogar con paciente de enfermedad de alto costo destina más del 30 por ciento de su capacidad de pago al financiamiento de la salud de sus miembros.

Derivado de lo anterior, el pasado 22 de junio de 2023, el Consejo de Salubridad General en su primera sesión extraordinaria aprobó el acuerdo por el que se reconocen las enfermedades raras incorporadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades emitida por la Organización Mundial de la Salud (considerando el MM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio de 2023, el cual considera:

• Primero. Se reconocen en el país, las enfermedades raras incorporadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, emitida por la Organización Mundial de la Salud.

• Segundo. Se exhorta a las dependencias y entidades, tanto de la administración pública federales como local, que conforman el Sistema Nacional de Salud, a fortalecer la atención primaria a la salud, para proporcionar, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el acceso a servicios de salud de calidad, accesibles, asequibles, seguros y oportunos, a las personas que viven con una enfermedad rara, con el objeto de cumplir con las finalidades del derecho a la protección de salud, establecidas en el artículo 2o de la Ley General de Salud.

• Tercero. Se exhorta a las dependencias y entidades públicas, tanto federales como locales, del Sistema Nacional de Salud, a fortalecer los esquemas y mecanismos de información, análisis, estudio, investigación y capacitación de las enfermedades raras.

• Cuarto. La Comisión del Compendio Nacional de Insumos para la Salud dará prioridad a la inclusión de medicamentos huérfanos, como tecnologías innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la población.

• Las dependencias y entidades públicas, tanto federales como locales, del Sistema Nacional de Salud, en términos de lo ordenado en el artículo 29 de la Ley General de Salud, determinarán de los insumos contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para otorgar, en el ámbito de su competencia, la prestación de servicios de salud a la población.

Adicional a lo antes expuesto, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De tal manera, es obligación del Estado adoptar, a través de sus instituciones de salud, las medidas necesarias que permitan dar pleno reconocimiento y atención a las enfermedades de baja prevalencia como lo es el Mieloma Múltiple.

Con ello, y derivado del pleno reconocimiento por parte del Consejo de Salubridad General para fortalecer el acceso a servicios de salud de calidad a las personas que viven con una enfermedad rara, es necesario que las instituciones del sector salud, en este caso el IMSS Bienestar, genere las acciones necesarias para destinar recursos derivados del Fonsabi para atender el MM de manera integral en sus unidades de atención.

Lo anterior ya que los tratamientos existentes han cambiado la evolución de la enfermedad brindando mejoría en calidad de vida y extensión de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. El abordaje terapéutico oportuno en estos pacientes en todas las líneas terapéuticas brindará un cambio radical en la evolución del paciente tomando en cuenta supervivencia global, supervivencia libre de progresión, toxicidad, calidad de vida, entre otros.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al organismo público descentralizado servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) para que, a través de su dirección general, a realizar las gestiones necesarias que permitan destinar recursos suficientes provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) para la atención integral del Mieloma Múltiple en todas sus etapas.

Notas:

1 Globocan, 2020 disponible en:

https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-table?v=2020&mode= cancer&mode_population=continents&population=900&populations=484&key=asr&sex=0&cancer=39&type=2&statistic=5&prevalence=1&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&group_ cancer=1&include_nmsc=0&include_nmsc_other=1

2 “El seguro de gastos médicos en México. Relevancia y tendencias”, Alicia Rosas,AMIS Julio 2023, disponible en

https://amisprensa.org/public/documentos/seguro-de-gastos-medico s-36.pdf

3 Inegi 2020 disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/

4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5693770&fecha=29/ 06/2023#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2023.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SEGOB Y AL INM, RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y LOS ADOLESCENTES MIGRANTES EN NUESTRO PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y al INM, respecto de la situación de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes en nuestro país, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. – Nuestro país conoce el fenómeno migratorio porque es un país de origen, tránsito, destino y retorno.

Segunda. – A raíz de los acontecimientos que tenemos en el tema de migración, en el que claramente hay una crisis humanitaria que se agrava cada vez más, es menester fortalecer una línea de acción que contemple cuidados especiales para las niñas, niños y adolescentes migrantes.

De acuerdo con la Tarjeta Migratoria del 31 de diciembre de 2022, del 1 de enero al 28 de diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) encontró en casas de seguridad, bodegas, cajas de tráiler y hoteles, entre otros sitios, 746 mil 695 personas extranjeras irregulares. De este total, 636 mil 461 eran adultos y 110 mil 864 menores de edad, de los cuales 14 mil 270, eran niños no acompañados, es decir, casi el 15 por ciento de los migrantes irregulares son menores de edad.

Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y además, con los cuales el Estado está obligado por mandato constitucional del artículo 1° en su párrafo primero, tercero y quinto, en lo referente a: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales (...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad...” junto con el artículo 4° de la misma ley suprema, a que, en todas sus decisiones y actuaciones, debe velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Derechos como la alimentación, y el sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, el mencionado artículo 4° de igual manera establece que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez...

Aplicando el bloque de convencionalidad, podemos hacer referencia a la convención sobre los derechos del niño, firmada en 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990 en su artículo 2.1 en lo relativo a su aplicación y respeto de los derechos enunciados sin discriminación alguna por razones de raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social y 2.2 en el deber de tomar todas las medidas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación..., sumando el interés superior del menor, el artículo 3.1 de la referida convención establece que “ En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones (...) una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Además, dicha convención, establece el derecho del niño a un desarrollo integral en su artículo 27.1 “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social...”

Así, para cumplir con dichos mandatos constitucionales y convencionales, se debe reforzar el sistema de albergues y casas de migrantes, las cuales suman más de 110 según el directorio de la International Organization for Migration de la ONU, esto con el objetivo de que se atiendan de manera adecuada y urgente las necesidades de las niñas, niños y adolescentes migrantes, para así, a pesar de su situación de vulnerabilidad, ellas y ellos logren su desarrollo integral, al cual tienen derecho y que nadie se los debe obstaculizar por ninguna cuestión de discriminación.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación y al propio Instituto Nacional de Migración como órgano administrativo de esa secretaría de conformidad con la fracción II, del inciso C del artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como de la fracción IX del artículo 125 del mismo reglamento en donde se estipulan las atribuciones del Instituto Nacional de Migración, a cumplir con el respeto y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes los cuales se encuentran dentro de una situación de vulnerabilidad, así como al cumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en lo referente al principio del interés superior de la niñez de las niñas, niños y adolescentes migrantes y su derecho al desarrollo integral.

Bajo el tenor de las siguientes propuestas:

1) Asignar recursos a los albergues y casas de migrantes para su fortalecimiento; y

2) Que dichos recursos sean destinados primordialmente a atender a niñas, niños y adolescentes migrantes en virtud de su especial situación de vulnerabilidad en esta emergencia humanitaria.

Notas

1 Tarjeta Migratoria. (2022). Secretaría de Gobernación. Recuperado de:

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/wp-content/uploads/2022/12/Tar jeta-Migratoria-311222.pdf

2 Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3 Unidad de Política Migratoria, SEGOB. P. 1. Recuperado de:

http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/ UPM/MJ/II_20.pdf

4 OIM México. Directorio de Casas y Albergues para Personas Migrantes. (2018). Recuperado de:

https://kmhub.iom.int/sites/default/files/directorio_de_casas_y_ albergues_para_personas_migrantes_digital_0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2023.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD PARA REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal y a las entidades federativas a realizar estrategias y políticas públicas para promover el desarrollo de infraestructura, obras y acciones destinadas a la promoción de la electromovilidad para reducir los efectos del cambio climático, a cargo del diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que, a través de las instituciones competentes, realicen las estrategias y políticas públicas necesarias para promover el desarrollo de infraestructura, obras y acciones destinadas a la promoción de la electromovilidad para reducir los efectos del cambio climático, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el mundo la transición energética es una realidad que se vive en el día a día, derivado del cambio climático que conforme pasa el tiempo se hace notar más, por lo que comenzar a dejar de usar combustibles fósiles se ve cada vez más cercano y empezar a utilizar otro tipo de energías más amigables al medio ambiente es y será más común de lo que se puede pensar, ejemplo de esto es lo que sucederá en la Unión Europea donde a partir del año 2035, los autos de combustión interna dejen de venderse.

Por lo que nuestro país no puede ni debe quedarse rezagado ante este cambio mundial que se está experimentando, si bien es cierto que este será paulatino la realidad es que debemos estar generando las estrategias y políticas públicas necesarias para atender los retos que tenemos en el corto y mediano plazo, pues los estragos del cambio climático son cada día más evidentes en el territorio nacional con ciclones tropicales más poderosos y sequías más extensas.

Haciendo notar que actuar de manera sostenible es la solución para estas situaciones, adicionalmente pensar de esta manera nos hace volvernos más competitivos y atractivos ante los ojos del mundo que busca las mejores condiciones para invertir, de no proceder así estaremos afectando posibles inversiones y podríamos perder la gran oportunidad que se está generado por la bonanza del nearshoring en territorio nacional.

Derivado de esto, es que México durante la COP 27 de Egipto en 2022 anunció a través del entonces secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, que reduciría su emisión de gases de efecto invernadero, pasando al 35 por ciento en 2030 para acelerar la transición energética en Norteamérica, prueba de este compromiso es como se han ido acelerado la construcción de parques solares a lo largo del territorio nacional.

Si sumamos a esto la llegada de la gigafabrica de Tesla al norte de nuestro país famosa por la construcción de sus autos eléctricos, podemos notar que vamos en la dirección correcta, pero debemos también ser conscientes que aún falta mucho por realizar a nivel infraestructura, para dar certidumbre a los usuarios y a las armadoras para una mayor fabricación de vehículos de estas características pues de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte en su Publicación Bimestral de Divulgación Externa, en el país solo se cuentan con 1012 centros de recarga para vehículos híbridos plug-in y eléctricos, llamados también electrolineras, estando muy por debajo de otros países como España o Estados Unidos.

Se estima que para poder lograr una transición armónica y empezar a reducir de manera significativa el uso de vehículos automotores quienes son los principales emisores de CO2 a la atmósfera, se requerirán para 2030 al menos 15 mil 700 electrolineras de carga pública en todo el país para el 2030, superando incluso las 13 mil gasolineras que hoy existen, advierten especialistas, por lo que es fundamental que empecemos a avanzar hacia una política nacional de electromovilidad y energías limpias, que sea apoyada por los gobiernos estatales para que se mejoren las condiciones de inversión, de lo contrario no será posible cumplir con esta transición por la falta de certidumbre.

No podemos dejar de lado, la gran importancia que tiene la industria automotriz en nuestro país en los últimos años pues actualmente representa casi el 4 por ciento del producto interior bruto (PIB) nacional y el 20,5 por ciento del PIB manufacturero y que seguramente aumentará en los próximos años por la demanda y la cercanía con los Estados Unidos y su inmenso mercado de consumo, aunado a esto debemos recordar que el T-MEC nos coloca en una posición privilegiada para beneficiarnos de la mejor manera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea las siguientes proposiciones con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que, a través de las instituciones competentes, realicen las estrategias y políticas públicas necesarias para promover el desarrollo de infraestructura, obras y acciones destinadas a la promoción de la electromovilidad para reducir los efectos del cambio climático y dar cumplimiento a acuerdos internacionales adquiridos.

Notas

1 El País, Europa acuerda prohibir la venta de coches y furgonetas con motor de combustión a partir de 2035, disponible en:

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-10-27/europa-acue rda-prohibir-la-venta-de-coches-y-furgonetas-con-motor-de-combustion-a-partir-d e-2035.html

2 WRI México, POSICIONAMIENTO WRI: México anuncia en la COP27 el incremento de sus ambiciones climáticas, disponible en:

https://wrimexico.org/news/posicionamiento-wri-m%C3%A9xico-anunc ia-en-la-cop27-el-incremento-de-sus-ambiciones-clim%C3%A1ticas#:~: text=%E2%80%9CM%C3%A9xico%20llega%20a%20la%20COP27,%25%20al%2040%25%E2%80%9D%2C %20detalla

3 Instituto Mexicano del Transporte, Situación de la electromovilidad en México, disponible en:

https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=550&IdBolet in=196

4 El Financiero, Adiós gasolina, hola autos eléctricos: México necesitará 15 mil 700 electrolineras para 2030, disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2023/06/21/adios-gasoli na-hola-autos-electricos-mexico-necesitara-15-mil-700-electrolineras-para-2030/

5 Forbes, Industria automotriz urge una política de electromovilidad en México, disponible en:

https://www.forbes.com.mx/industria-automotriz-urge-politica-ele ctromovilidad-mexico/

Ciudad de México, México, a 4 de octubre de 2023.– Diputado Andrés Pintos Caballero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A ALCANZAR UNA VÍA PACÍFICA DE SOLUCIÓN EN EL CONFLICTO ACTUAL EN EL MUNICIPIO DE URUAPAN EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Michoacán de Ocampo a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto en el municipio de Uruapan y a respetar los derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la construcción del megaproyecto del teleférico en esta ciudad, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Edna Gisel Díaz Acevedo , diputada federal a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto en el municipio de Uruapan y a respetar los derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la construcción del megaproyecto del teleférico en esta ciudad, así como transparentar la aplicación de recursos y las manifestaciones de impacto ambiental de dicha obra, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura y las obras públicas adquieren relevancia al convertirse en un instrumento de cohesión económica y social, de articulación territorial; de mejora a la accesibilidad regional, de desarrollo; siempre y cuando los procesos relacionados con su planeación e implementación se encuentren sujetos a la ley y a prácticas adecuadas de los procesos administrativos, así como la actuación democrática y sensible que se debe exigir a los gobernantes.

En la actualidad los planteamientos sobre las obras de infraestructura requieren de procesos técnicos en materia de su construcción, pero no exclusivamente están sujetos al cumplimiento de disposiciones técnicas y legales. La construcción de obra pública también se encuentra sujeta a la planeación política y sociológica, considerando la posibilidad de conflictos, así como sus posibles soluciones, problemas derivados de la implementación de obras.

Sin lugar a duda la implementación y construcción de obras públicas representa una oportunidad de tener y desa-rrollar el potencial de arrastre económico como instrumento de política social y económica

Sin embargo, las experiencias de los últimos años en materia de implementación de obras nos permiten reflexionar sobre los riesgos en materia de seguridad que puede representar la construcción de obras, sin antes considerar impactos sociales y ambientales a los que se enfrenta la obra.

Las circunstancias climáticas excepcionales que ha vivido el país durante los últimos años, aunadas a la gran cantidad de quemas agropecuarias y deforestación causada por programas sociales mal orientados, así como una política energética centrada en la quema de combustibles fósiles, junto a la gran incidencia de incendios forestales, han provocado la degradación de recursos arbóreos y de vegetación. Circunstancias que complican el estado del medio ambiente, adicionalmente, la falta de estudios de impacto ambiental en los programas de desarrollo de infraestructura ha deteriorado a nuestros ecosistemas.

Desde el pasado primero de octubre, diversos sucesos, manifestaciones y hechos de violencia, han sucedido en el municipio de Uruapan en el estado de Michoacán de Ocampo, esto como consecuencia del evento del inicio de obra del megaproyecto del teleférico en esta ciudad, mismo que no fue socializado y mucho menos consultado entre las colonias, pueblos y barrios que se verán afectados y/o beneficiados del mismo.

Las manifestaciones reclaman la inexistencia de procedimientos de acuerdo con transportistas y representantes de rutas establecidas oficialmente en el municipio, junto a la no presentación de estudios de impacto ambiental y documentos requeridos en materia presupuestaria.

Lamentablemente las manifestaciones han derivado en circunstancias de violencia entre manifestantes y autoridades, lo que representa un riesgo para la población, por el simple hecho de que se han negado a mesas de diálogo que permitan conocer los puntos de vista de los actores involucrados, de la ciudadanía afectada, para con ello lograr acuerdos que permitan la viabilidad y aprovechamiento del teleférico de Uruapan.

La circunstancia y la información sobre los sucesos dan constancia de la existencia de problemas a unas pendientes y de la posibilidad de que los conflictos crezcan, como representantes populares es nuestra obligación resguardar a la población y coadyuvar en la resolución de conflictos, pugnar por la garantía de nuestra democracia representativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo a alcanzar una vía pacífica de solución en el actual conflicto en el municipio de Uruapan y respetar los derechos humanos de quienes manifiestan su oposición a la construcción del megaproyecto del teleférico en esta ciudad, así como transparentar la aplicación de recursos y las manifestaciones de impacto ambiental de dicha obra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 3 de octubre de 2023.– Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.