INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 11 de octubre de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Elizabeth Pérez Valdez y Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

2. Que reforma y adiciona los artículos 329, 330 y 332 del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Elizabeth Pérez Valdez y Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

3. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de tasa cero de impuestos en la venta directa de objetos artísticos, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 2o.-A y deroga la fracción III del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 2o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo de cuidado, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

8. Que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado, a cargo del diputado Jesús Alberto Velazquez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Jesús Alberto Velazquez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

10. Que adiciona el artículo 69 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Jesús Alberto Velazquez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, a cargo de la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

12. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

13. De Decreto por el que se declara 2024 Año del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

14. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Cristina Ruiz Sandoval y Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

15. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de restricciones a fuegos artificiales o artificios pirotécnicos, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

16. Que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

17. Que reforma los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por las diputadas Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

18. Que reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

19. Que reforma y adiciona los artículos 77 Bis 37 y 115 de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Laura Barrera Fortoul y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

20. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, para crear la Procuraduría de la Defensa del Derechohabiente, a cargo del diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

21. Que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México, a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de garantizar el principio constitucional de paridad de género, mediante la alternancia de género en la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias, a hacer público el convenio existente entre el Conalep Jalisco y la Agencia de Viajes Serturley, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, para realizar una reunión de trabajo con la Consar, para explicar las razones y los fundamentos legales por las que ese órgano decidió suspender la liquidación de los traspasos de cuentas entre las administradoras de fondos para el retiro, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se solicita una reunión de trabajo al Comandante de la Guardia Nacional, General David Córdova Campos, y a informar al público sobre las acciones que está llevando a cabo en la institución a su cargo, encaminadas a garantizar la Seguridad Nacional y contrarrestar la violencia e inseguridad en todas las regiones del país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría de Jalisco y a la Dirección del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, a solucionar la falta de cambio al pagar este servicio y que afecta diariamente a las y los usuarios, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a garantizar la seguridad de los usuarios, así como de los auto transportistas que circulan a través de la carretera nacional, ante la creciente ola de violencia e inseguridad en la región, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa, a la Conagua y a los gobiernos de diversas entidades federativas, a aplicar la estrategia Revive el Río Santiago establecida por la actual administración del gobierno de Jalisco, a fin de garantizar el derecho al medio ambiente sano, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a retomar la NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing (HLB) de los cítricos (candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a hacer público un informe donde detalle cómo las acciones implementadas a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han impactado en la disminución de personas jóvenes desempleadas en el país, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Elizabeth Pérez Valdez y Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 329, 330 y 332 del Código Penal Federal, suscrita por las diputadas Elizabeth Pérez Valdez y Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Iniciativa quee reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA Y LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de tasa cero de impuestos en la venta directa de objetos artísticos, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Iniciativa que reforma el artículo 2o.-A y deroga la fracción III del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo de cuidado, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, fracción I, 202, 203 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimiento abreviado.

Exposición de Motivos

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia a través del cual se estableció la transformación del sistema procesal penal tradicional al Sistema de Justicia Penal Acusatorio fue trascendental. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro que ésta radical transición no sería inmediata, sino gradual.

En ese sentido, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual “..tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, contribuyendo a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Finalmente, el 18 de junio de 2016, concluyó la última fase de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dando inicio a la consolidación de dicho sistema en el país. Fue así, como el 20 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.

Como resultado de esta importante transformación, se destacó la novedosa en ley adjetiva penal de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se señalan medios de solución alternos y formas anticipadas de solución de controversias; una de ellas es la figura del procedimiento abreviado.

El procedimiento abreviado, es una forma de terminación anticipada del proceso, permite renunciar al juicio, a través de un acuerdo entre las partes en la que el acusado ha aceptado la culpa, y ser juzgado con base en los datos de prueba recabados en la investigación, a cambio de ciertos beneficios. En éste procedimiento se da la posibilidad de que las partes puedan acordar una forma de procedimiento diversa a la ordinaria y, proceder a un debate simplificado frente al juez de control, quién es el que dicta la sentencia correspondiente.

La implementación de este procedimiento alterno o de solución, persigue beneficios como:

“ Evitar la realización de juicios, buscando disminuir la carga de trabajo en las procuradurías y/o fiscalías.

“ Un proceso más simplificado frente al juez de control.

“ Reducción de costo para el estado en los recursos judiciales y administrativos.

“ Sentencias más rápidas.

“ Certeza del imputado a recibir una pena inferior a la de un juicio ordinario.

“ Reducción del número de presos sin condena.

“ Ahorro económico para el imputado, ya que se reducen gastos legales de su defensa.

“ Certeza jurídica para la víctima, ya que conlleva la aceptación de parte del imputado.

Planteamiento del problema

En el Capítulo IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, denominado “Procedimiento Abreviado”, se señala que los medios de solución alternos y las formas anticipadas, son herramientas jurídicas mediante las que se puede terminar un procedimiento penal sin necesidad de llegar a un juicio ordinario, sin embargo, hoy en día es una facultad exclusiva del Ministerio Público, la de poder solicitarla ante el juez de control, dejando al imputado en vulnerabilidad en el proceso, ya que éste no posee la facultad de que por sí o mediante su defensa, pueda solicitar el procedimiento abreviado.

Lo anterior es imperioso, ya que, muchos imputados son vinculados a proceso por llevar una defensa jurídica deficiente, en donde inclusive no declaran en la audiencia inicial, o cuando el juez les pregunta “si es su deseo acogerse a la garantía de los beneficios por la terminación anticipada” no se acogen a dicho procedimiento.

Aunado a ello, existe otra vulnerabilidad en el proceso, pues actualmente la víctima por sí misma, se ve imposibilitado a solicitar dicho medio de solución, si no es a través del Ministerio Público, lo que trae como consecuencia no sólo que se alargue innecesariamente el proceso, sino la falta de certeza jurídica.

Fundamentación jurídica

El procedimiento abreviado tiene su fundamento artículo 17, párrafo quinto, de nuestra Carta Magna, que dice: “Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Y en el artículo 20, también constitucional que dice en su primer párrafo “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”. Y en su apartado A, fracción VII, que a la letra dice: “Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad”.

Argumentos en los que se sustenta

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé la igualdad de todas las personas, por lo tanto, su valor y eficacia prevalece frente a cualquier otra norma. La igualdad como principio, permea al conjunto de las leyes secundarias las que, de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución, no pueden contradecirla.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, equitativa, justa, humana, transparente y respetuosa de los derechos humanos.

Otro objetivo de éste nuevo sistema es que sólo los delitos de alto impacto y aquellos que lo ameriten, sean los únicos que lleguen a la etapa del juicio oral, es decir los demás que se encuentren contemplados dentro de la ley para ser susceptibles de aplicarles los mecanismos alternativos de solución de controversias, de terminación anticipada o de los criterios de oportunidad, queden excluidos del juicio.

En la actualidad, los procedimientos abreviados representan la solución de la mayoría de los conflictos penales en los países que poseen sistemas judiciales modernos, y permiten renunciar al juicio y a la producción de pruebas a través de un acuerdo entre las partes, trayendo beneficios también para el Estado.

Con la presente iniciativa se garantiza que las partes que intervienen en el proceso penal reciban igualdad de oportunidad de acogerse a procedimiento abreviado. En ese sentido, resulta lógico y necesario, que no sólo el Ministerio Público tenga la facultad de solicitar ante el juez de control el procedimiento abreviado, sino que también la propia la víctima por sí misma, así como el imputado o acusado, pos sí mismo o a través de su defensa puedan solicitarlo.

Propuesta de modificación

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 201 fracción I, 202, 203 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Único. Se reforman los artículos 201 fracción I, 202, 203 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del juez.

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos:

I. Que la víctima, por sí misma o a través del Ministerio Público, o el imputado por sí mismo o a través de su defensa, soliciten el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;

II y III. ...

Artículo 202. Oportunidad

La víctima, por sí misma o a través del Ministerio Público, o el imputado por sí mismo o a través de su defensa podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.

...

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público solicitará la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa.

En cualquier caso, el Ministerio Público solicitará la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo.

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador.

Artículo 203. Admisibilidad

En la misma audiencia, el juez de control admitirá la solicitud de procedimiento abreviado cuando verifique que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación.

Si el procedimiento abreviado no fuere admitido por el juez de control, se tendrá por no formulada la acusación oral que hubiere realizado el solicitante, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, hubiera realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento abreviado sean eliminados del registro.

Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del solicitante, éste podrá presentar nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos.

Artículo 205. Trámite del procedimiento.

Una vez que se ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado y expuesto la acusación con los datos de prueba respectivos, el juez de control resolverá la oposición que hubiere expresado la víctima u ofendido, observará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 201, fracción III, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten la acusación se encuentren debidamente integrados en la carpeta de investigación, previo a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado.

Una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima u ofendido o a su asesor jurídico, de estar presentes y después a la defensa; en todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 2o. del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 septiembre de 2023.– Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

«Iniciativa que reforma el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue

Exposición de Motivos

En nuestro país actualmente se advierten ciertas directrices que establecen principios como la honestidad, el combate a la corrupción, la ética, libertad y confianza, pleno respeto a los derechos humanos y -lo que es tema para nosotros en este momento- la paridad de género, es decir, libertad e igualdad entre hombres y mujeres; cuyo objetivo son el desarrollo del país y la construcción de un estado democrático y de derecho.

La paridad de género es un principio Constitucional que se refiere a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica y social. Actualmente se considera un indicador de desarrollo en la vida democrática de nuestro país.

Estos avances respecto a los derechos y representatividad de las mujeres vieron su origen hace casi 70 años en México, y son el resultado de la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas, un camino largo lleno de dificultades y luchas que van desde lograr que se reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas por primera vez en 1955, hasta el principio de paridad en el registro de candidaturas con la reforma Constitucional de 2014.

Fue en junio de 2019 que, como resultado de las luchas de las mujeres y el compromiso de la primera legislatura paritaria de la historia de México, se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo.

Con la reforma constitucional de 2019 sobre paridad nuestro país representa un logro sin precedentes hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, pues nos toca presenciar un momento histórico que coloca nuevos horizontes para las mujeres mexicanas, al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.

Planteamiento del problema

De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Política Nacional de Cambio Climático está sujeta a la evaluación sistemática por parte de la Coordinación de Evaluación, tomando en consideración los Informes de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, así como las evaluaciones periódicas establecidas dentro del Acuerdo de París.

Con base en los resultados de la evaluación, la Coordinación de Evaluación emitirá recomendaciones a los integrantes del Sistema Nacional de Cambio Climático (INECC). Estos resultados de las evaluaciones y recomendaciones serán públicos. He aquí la importancia de la Coordinación de Evaluación.

Actualmente, de acuerdo con el artículo 23 de la LGCC, la Coordinación de Evaluación sé integra por el titular del INECC y por seis consejeros sociales, estos serán representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático.

Estos consejeros sociales durarán cuatro años en el cargo y solo podrán ser reelectos por un periodo. Serán designados por la comisión a través de una convocatoria de carácter publica que deberá ser realizar el titular del INECC, sin embargo, actualmente no se menciona que dicha convocatoria deberá respetar el principio de paridad de género.

Por lo anterior expuesto y derivado de la importancia que conlleva, nuestro compromiso es impulsar las reformas que sean necesarias en favor de la paridad de género, que permitan dejar de lado que la igualdad sea considerada un cambio cultural, y que normalicemos la paridad de género en las políticas públicas. Es por ello por lo que se propone incluir el principio de paridad de género en la convocatoria pública que deberá realizar el titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que la Coordinación de Evaluación sea integrada por su titular y por seis consejeras y consejeros representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático.

Propuesta de modificación

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático

Único. Se reforma el artículo 23 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Ley General de Cambio Climático

Artículo 23. La Coordinación de Evaluación se integrará por el titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y seis consejeros sociales, representantes de la comunidad científica, académica, técnica e industrial, con amplia experiencia en materia de medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el cambio climático.

Los consejeros sociales durarán cuatro años en el cargo y sólo podrán ser reelectos por un periodo. Serán designados por la comisión a través de una convocatoria pública que deberá realizar el titular del INECC respetando siempre el principio de paridad de género.

El programa de trabajo, evaluaciones, decisiones y recomendaciones de la Coordinación de Evaluación deberán contar con el acuerdo de la mayoría simple de sus integrantes.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-asunto-de-iguald ad-y-de-justicia?idiom=es

2 Artículo 98 de la Ley General de Cambio Climático, consultado en septiembre de 2023.

3 Artículo 99 de la Ley General de Cambio Climático, consultado en septiembre de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2023.– Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

«Iniciativa que adiciona el artículo 69 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue

Exposición de Motivos

El Programa Especial de Cambio Climático es un instrumento de implementación de acciones para que México enfrente el impacto negativo del cambio climático. Es el programa rector de la presente administración en dicha materia.

En el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024 se establecen objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación y mitigación; así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones, resultados y estimación de costos. Además, es congruente con los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país.

Este instrumento está integrado por cuatro objetivos prioritarios y por 169 acciones puntuales, la relevancia de cada uno de estos objetivos prioritarios es:

“ Relevancia del Objetivo prioritario 1: Disminuir la vulnerabilidad al cambio climático de la población, los ecosistemas y su biodiversidad, así como de los sistemas productivos y de la infraestructura estratégica mediante el impulso y fortalecimiento de los procesos de adaptación y el aumento de la resiliencia.

“ Relevancia del Objetivo prioritario 2: Reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a fin de generar un desarrollo con bienestar social, bajo en carbono y que proteja la capa de ozono, basado en el mejor conocimiento científico disponible.

“ Relevancia del Objetivo prioritario 3: Impulsar acciones y políticas sinérgicas entre mitigación y adaptación, que atiendan la crisis climática, priorizando la generación de cobeneficios ambientales, sociales y económicos.

“ Relevancia del Objetivo prioritario 4: Fortalecer los mecanismos de coordinación, financiamiento y medios de implementación entre órdenes de gobierno para la instrumentación de la política de cambio climático, priorizando la co-creación de capacidades e inclusión de los distintos sectores de la sociedad, con enfoque de derechos humanos.

El PECC contempla el acompañamiento a las entidades federales y a los municipios, en la elaboración y actualización de aquellos instrumentos que abonen a la adaptación y mitigación del cambio climático.

De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, el Programa será elaborado por la Secretaria, con la participación y aprobación de la Comisión. En dicho Programa se establecerán los objetivos, estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación, así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional.

Planteamiento del problema

La norma en comento nos dice los mínimos que deberá contener el Programa Especial de Cambio Climático en su artículo 67, a saber:

Artículo 67. El Programa deberá contener, entre otros, los elementos siguientes:

I. La planeación sexenal con perspectiva de largo plazo, congruente con los objetivos de la Estrategia Nacional, con los compromisos internacionales y con la situación económica, ambiental y social del país;

II. Las metas sexenales de mitigación, dando prioridad a las relacionadas con la generación y uso de energía, quema y venteo de gas, transporte, agricultura, bosques, otros usos de suelo, procesos industriales y gestión de residuos;

III. Las metas sexenales de adaptación relacionadas con la gestión integral del riesgo; aprovechamiento y conservación de recursos hídricos; agricultura; ganadería; silvicultura; pesca y acuacultura; ecosistemas y biodiversidad; energía; industria y servicios; infraestructura de transporte y comunicaciones; desarrollo rural; ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano; asentamientos humanos; infraestructura y servicios de salud pública y las demás que resulten pertinentes;

IV. Las acciones que deberá realizar la administración pública federal centralizada y paraestatal para lograr la mitigación y adaptación, incluyendo los objetivos esperados;

V. Las estimaciones presupuestales necesarias para implementar sus objetivos y metas;

VI. Los proyectos o estudios de investigación, transferencia de tecnología, capacitación, difusión y su financiamiento;

VII. Los responsables de la instrumentación, del seguimiento y de la difusión de avances;

VIII. Propuestas para la coordinación interinstitucional y la transversalidad entre las áreas con metas compartidas o que influyen en otros sectores;

IX. La medición, el reporte y la verificación de las medidas y acciones de adaptación y mitigación propuestas, y

X. Los demás elementos que determine la comisión.

Sin embargo, la LGCC no especifica cuándo deberá elaborarse y publicarse el Programa Especial de Cambio Climático, mientras que sí es específica por cuanto hace a los Programas de las entidades federativas:

Artículo 71. ...

Los programas de las entidades federativas se elaborarán al inicio de cada administración, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas, personas con discapacidad, académicos e investigadores.

Por lo anterior expuesto y sabedor de la importancia que esto conlleva, se propone adicionar un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Cambio Climático, con el fin de especificar el momento en el que será elaborado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Especial de Cambio Climático.

Propuesta de modificación

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Cambio Climático

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 69 de la Ley General de Cambio Climático para quedar como sigue:

Ley General de Cambio Climático

Artículo 69. El programa será elaborado al inicio de cada administración federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En caso de que el programa requiera modificaciones para ajustarse a las revisiones de la estrategia nacional, dichas modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 PECC 2021-2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685848/SEMARNAT_081121_EV.PDF, publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2021.

2 PECC 2021-2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/685848/SEMARNAT_081121_EV.PDF

3 Artículo 66 de la Ley General de Cambio Climático, consultado en septiembre de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2023.– Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen.

LEY GENERAL DE MEJORA REGULATORIA

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, a cargo de la diputada Flor Ivone Morales Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena

Martha Azucena Camacho Reynoso, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre humanidades, al tenor de la siguiente

I. Exposición de Motivos

Nuestro país durante las últimas décadas había presentado diversos atrasos en materia de legislación que permitiera incentivar la llegada, promoción e inversión de tecnología, ciencia, innovación y humanidades, así como incorporar conceptos novedosos como el derecho humano a la ciencia. A pesar de esto y gracias a los esfuerzos establecidos por este Gobierno de la Cuarta Transformación, el pasado 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”. Esta reforma permitió que cuatro años después, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fuera materialmente posible.

I.I. Planteamiento del problema

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de sus distintas fracciones, establece la facultad del Congreso de la Unión de legislar en diversas materias, de las cuales emanan las leyes secundarias, no obstante, de manera precisa, al respecto de la “materia de humanidades”, ésta no se menciona en ninguna de sus fracciones.

Este concepto, en todo el texto normativo de la Constitución federal, sólo se menciona en el párrafo doce del artículo 3o., en donde se establece que:

“Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”.

La fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que:

“Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;”.

Tal como podemos observar, en esta fracción XXIX-F, se establece la facultad para legislar en materia de:

“ Ciencia.“ Tecnología.“ Innovación.

Dicha situación contrasta con la facultad con la que contó el Congreso para la expedición de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido resulta necesario poder establecer dentro de la fracción XXIX-F, el concepto “humanidades”, a fin de armonizar y precisar lo establecido en nuestra Carta Magna con las leyes federales, evitando que bajo algún argumento legal confuso y con afán de echar abajo la reforma, a través de alguna acción de inconstitucionalidad, se pudiera establecer la incapacidad del Congreso de la Unión para legislar en materia de “humanidades”, de allí la importancia de esta propuesta legislativa.

II. Consideraciones

La Constitución federal establece, en el artículo 73, a lo largo de distintas fracciones, las materias en las cuales el Congreso de la Unión puede legislar, de ellas se desprende en lo concerniente a la fracción XXIX-F, la facultad de legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, no obstante no se menciona expresamente, la facultad de legislar en materia de “humanidades”, por ello es necesario armonizar este precepto constitucional ya que, como norma fundamental, debe prever de manera precisa las materias en las cuales el Congreso de la Unión puede inferir, en este tenor estaríamos dotando de facultades para expedir legislación en materia de “humanidades”, que si bien ya está considerado este concepto en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” (LGMHCTI), esta es una ley federal de carácter reglamentario, y no podríamos limitar el concepto de “humanidades” sólo a expresiones relacionadas con la Ley General de Educación o de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sino que, de aprobar esta reforma, estaríamos dejando la puerta abierta para que en un futuro, se pudiera legislar en esta materia relacionada con otros ámbitos.

En aras de establecer en la legislación dicha precisión, se procede a retomar los argumentos técnicos que motivaron el establecimiento del concepto de “humanidades” en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” (LGMHCTI).

Es menester mencionar que el artículo 1 de la LGMHCTI establece que la mencionada ley, es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. y de la fracción XXIX-F del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.

Hablar de “humanidades”, es hablar de un tema sumamente amplio, no obstante, tal como lo mencionan en la Gaceta CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la actualidad, este concepto debe ser comprendido en sus múltiples variantes y como un florecimiento de las artes, la cultura, la filosofía de vida, entre otras; y su comprensión de lo espiritual.

Por humanidades puede concebirse un pensamiento que dignifique la condición humana, es decir, el concepto se enfoque en un aspecto que posibilite la contribución de la educación para hacer florecer al ser humano.

Se habla de las humanidades, dentro de las ciencias humanas, esto es, referido al conjunto de estudios relativos a los seres humanos como seres intelectuales y creadores.

El término humanidades, aplicado a determinadas disciplinas actualmente, es de origen renacentista, y se le llamó de esa manera, con el afán de hacer una separación de aquellos estudios de naturaleza teológica, por ello, no debemos olvidar que las humanidades son algo que está en construcción continua.

Uno de los problemas que pueden existir en la interpretación de humanidades es que los temas trabajados desde la antropología, la poesía, la ética, la literatura, la psicología y otras disciplinas, tratan de imitar el modelo lógico matemático, pero, como dice Édgar Morin, esto puede conducir a una concepción unidimensional de la vida.

Inclusive, ya no sólo se habla de lo que son las humanidades, y de su importancia dentro del proceso de aprendizaje de los educandos en nuestro país, sino que también se han incorporado términos como lo son las “humanidades digitales”, para ello cito el artículo periodístico titulado 3 claves para entender qué son las humanidades digitales”:

“En el mundo académico, los especialistas en ciencias sociales y humanas están aprovechando la tecnología para realizar investigaciones que hubieran sido extremadamente difíciles antes de que existieran las computadoras. Esta unión de tecnología y ciencias humanas, se llama humanidades digitales”.

De igual manera este concepto ha sido retomado en los titulares de los diversos diarios tanto nacionales como internacionales, de esta forma cito al periodista Javier A. Fernández, del periódico digital El País quien menciona en uno de sus artículos, lo siguiente:

“...muchos autores reivindican las humanidades como base esencial para el desarrollo tecnológico. Y las propias empresas del sector lo demuestran. Entre los fundadores y responsables de muchas de las empresas más innovadoras del mundo hay perfiles de letras. Susan Wojcicki, directora ejecutiva de YouTube, estudió historia y literatura; Reid Hoffman, cofundador de Linkedin y Stewart Butterfield, cofundador de Flickr y Slack, se licenciaron en filosofía, y Carly Fiorina, ex directora ejecutiva de Hewlett-Packard, obtuvo el título de historia y filosofía medieval”.

El campo de estudio de las humanidades no es algo que haya surgido ayer, desde hace tiempo este campo de conocimiento ha motivado la formación de millones de estudiantes en todo lo largo y ancho del país, no vamos lejos, dentro del sistema de bachillerato de la UNAM existen los Colegios de Ciencias y Humanidades, mejor conocidos como CCH, la máxima casa de estudios del país concentra el subsistema de humanidades, que son institutos y centros adscritos al subsistema los correspondientes de conformidad con lo establecido por los artículos 3o., inciso 6, y 12, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Universidad y los correspondientes artículos del Estatuto General de la Universidad.

Al respecto de la importancia de las humanidades, debo citar la publicación del licenciado Humberto Muñoz García, titulada Las humanidades, las ciencias sociales y la universidad, en donde acertadamente resalta la importancia de las humanidades en la educación, y de ello cito lo siguiente:

“ ...

3) En México, las humanidades y las ciencias sociales florecieron después de la Revolución, y tomaron impulso con la creación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 1930. Las facultades de filosofía y letras, de derecho, y después las de economía y ciencias políticas y sociales, sirvieron para establecer la convergencia e interacción de las humanidades y las ciencias sociales.

En 1945 se creó la Coordinación de Humanidades de la UNAM, que agrupa a los institutos de ambos campos de conocimiento. Investigación y docencia quedaron organizadas por separado, pero con una fuerte relación funcional. Con el tiempo, la indispensable interrelación entre las disciplinas originó una amplia diversidad de intereses de conocimiento para responder a demandas sociales emergentes. Compartir el conocimiento entre colegas ha sido necesario, pero no suficiente; ha sido menester diseminarlo en la sociedad.

4) La práctica de las humanidades y las ciencias sociales ha servido para que funcionen los posgrados, para generar investigadores y cuadros de alto nivel preparados para intervenir en la formulación de leyes y de políticas públicas en casi todos los ámbitos donde opera el gobierno. Además, para darle viabilidad y fuerza al espacio público, y al Estado mismo. En el campo de las humanidades se crea cultura y se dan directrices para proteger el patrimonio nacional.

5) Un propósito de la universidad es formar personas útiles que sirvan a la sociedad, que puedan realizarse intelectualmente en sus actividades profesionales, comprometidas con el esfuerzo colectivo para dar a las nuevas generaciones un futuro promisorio.

Las humanidades auxilian para alcanzar disciplina en el estudio, formar el carácter y las mentes de los jóvenes para que tengan un pensamiento crítico. Las humanidades enseñan a pensar en libertad. Además, el conocimiento de las humanidades es práctico, porque va directo a la persona para que reflexione, lea, escriba, enjuicie moralmente, para que se ubique en las condiciones en las que vive el país y obtener perspectivas globales, para observar y participar en el campo internacional.

6) En la problemática que vive México, las ciencias sociales son cruciales para que, desde las universidades, se gesten proyectos de desarrollo del entorno, con la participación de actores sociales interesados en intervenir y estimular el bienestar colectivo.

7) En la UNAM, el conjunto de la investigación humanística y social agrupa a once institutos, ocho centros y siete programas. Cientos de proyectos de investigación. En especial, los programas atienden cuestiones como la problemática de la Ciudad de México, los derechos humanos, la educación superior, la justicia y la democracia, la bioética, Asia y África, que se suma a los Centros sobre América Latina y América del Norte. Asimismo, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo ha propuesto un nuevo curso para el desarrollo y el crecimiento de México.

Los Programas y una multitud de Seminarios son espacios interactivos de investigación, docencia y difusión donde se han seguido nuevas modalidades de trabajo académico para cumplir las tres funciones institucionales: docencia, investigación y difusión.

8) La existencia y el trabajo resultante de las humanidades y las ciencias sociales sirve de base para que la universidad se comunique con la sociedad, en uso de su autonomía, con un discurso racionalmente organizado. Difundir el conocimiento de los problemas del país, resultado de la investigación sistemática, sirve para que la sociedad tome conciencia y pueda ejecutar acciones tendientes a su resolución. La comunicación con la sociedad le permite a la universidad ganar prestigio, participar en la deliberación pública y obtener reconocimiento intelectual como el lugar donde el debate es organizado y racional. Asimismo, ganar apoyos a sus tareas.

9) Las Humanidades le han dado a la UNAM premios y prestigio internacional. El trabajo de los científicos sociales, asimismo, es reconocido gracias a su seriedad intelectual y rigor académico. En los nuevos tiempos nacionales las humanidades y las ciencias sociales serán esenciales para la labor de la Universidad. Habrá que fortalecerlas.”

En este sentido, claramente la LGMHCTI, en su tercer párrafo del artículo 2, menciona que “Bajo la rectoría del estado, los recursos, capacidades e infraestructuras del sector público en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación invariablemente serán puestos al servicio del pueblo de México y su uso, aprovechamiento y explotación permanecerán sujetos al interés público”. Al mismo tiempo que deja muy claro en el artículo 3, fracción I, que dicha ley federal establecerá “Los fines, principios y bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como los criterios y medios para su formulación, ejecución y evaluación”.

Hoy en día, es una realidad que contamos con legislación específica, que mandata a nuestro Estado mexicano, el garantizar la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación a través de diversos medios.

En materia internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país y publicado el 12 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, se establece de manera puntual, en su artículo 15, numeral 1, inciso b), que los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones, esto relacionado con el numeral 2, que establece que los estados deberán adoptar medidas para la conservación, el desarrollo y la difusión de la cultura.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, de 1988, establece en el contenido de su artículo 14, el derecho a los beneficios de la cultura, esto último, íntimamente relacionado con las humanidades.

Se considera pertinente, y viable jurídicamente, la incorporación del concepto “humanidades” dentro de la facultad para legislar que tiene el Congreso de la Unión, a través de la adición del mencionado concepto, dentro de la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por todo lo anterior, a fin de ilustrar a esta soberanía sobre la reforma planteada, presento la siguiente:

III. Propuesta legislativa

IV. Decreto

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre humanidades

Único. Se reforma la fracción XXIX-F del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-E. ...

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación;

XXIX-G. a XXXI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. Consultado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha =15/05/2019#gsc.tab=0

2 Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2023, y sin reformas al día de hoy. Consultado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMHCTI.pdf

3 Párrafo doce del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 Op Cit.

5 ¿Qué son las humanidades?, María Estela García Torres Cruz. Gaceta CCH. Consultado de:

https://gaceta.cch.unam.mx/es/que-son-las-humanidades#:~: text=Las%20humanidades%20tienen%20una%20cognici%C3%B3n,una%20parte%20f%C3%ADsic a%20y%20material.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 3 Claves para Entender Qué Son las Humanidades Digitales. Preparatoria Panamericana. 30 de junio de 2017.

9 El relevante papel de las humanidades en un mundo cada vez más tecnológico. Periódico Digital. El País. Javier. A. Fernández. 10 de diciembre de 2021. Consultado de:

https://elpais.com/sociedad/futuros-educacion/2021-12-10/el-rele vante-papel-de-las-humanidades-en-un-mundo-cada-vez-mas-tecnologico.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

SE DECLARA 2024 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FEDERACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

«Iniciativa de decreto por el que se declara 2024 Año del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Madre, necesito de tus ojos

para ver nuestra maldad.

Necesito de tu boca,

para gritar al atardecer el nombre de mi padre.

Necesito de tus manos,

para amasar el nixtamal, atizar el fuego, persignarme.

Necesito de tus pies,

para recorrer la milpa, visitar nuestros muertos y danzar.

Señora mía, es urgente, necesito de sus ojos, boca, manos y

pies

para no olvida nuestra raíz de luna.

Enriqueta Lunez (Poeta mexicana de lengua materna tsotsil)

En texto del congreso del estado de chiapas denominado: Chiapas y su inicio como parte integral de la República Mexicana reseña que el estado era parte de lo que hoy se conoce como Centroamérica, dentro de sus límites se asentó el imperio maya y otros grupos étnicos, posteriormente, con la irrupción española en 1542, se creó la audiencia de los confines que incluía Honduras, Nicaragua, Guatemala, Yucatán y Chiapas.

En el Siglo XVII, prosigue el texto del Congreso, toda esa jurisdicción fue denominada Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, así juntas estuvieron durante tres siglos; al cabo del tiempo, se constituyeron 12 partidos dentro de lo que hoy es Chiapas: Palenque, Tuxtla, Comitán, Simojovel, Tapachula, Huistán, Llanos, Ocosingo, Ixtacomitán, San Andrés, Tila y Tonalá.

De esta forma el territorio chiapaneco desembocó al año de 1821. Chiapas dependía de la Capitanía General de Guatemala.

La independencia de México constituyó una positiva influencia para determinar su separación de España y de las delimitaciones administrativas de la Capitanía General de Guatemala.

Por otra parte, Mario Vázquez Olvera, en su ensayo: “Incorporación de Chiapas al Pacto Federal”, refiere que el 14 de septiembre de 1824, los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de anexionarse al nuevo país independiente como estado federal.

Vázquez Olvera prosigue y apunta que esa incorporación fue decidida en aquel 1824 dos días antes, el 12, a través de un plebiscito donde la idea de prosperidad marcaría una anexión donde las clases criollas y mestizas obtendrían, a la larga, privilegios mayores a las de las comunidades indígenas. Mientras Chiapas se anexaba al nuevo México, las resistencias de los pueblos mayas regionales se mantenías a la par de las de sus similares en lugares como la península de Yucatán.

En 1821, reseña Vázquez en su obra, al triunfo de la independencia nacional, el país debió definir sus límites, el territorio que le permitiría organizarse como nación, y lo mismo sucedió con aquellas regiones de Centro y Sudamérica. La antigua capitanía de Guatemala conformó las Provincias Unidas de Centroamérica, pero en ellas Chiapas procuró integrarse al México independiente desde, la proclamación del Plan de Iguala.

Cuando las provincias declararon su propia independencia, aceptando la invitación de Agustín de Iturbide, Chiapas rompió con ellas y se integró a Imperio Mexicano. La gestión de anexión la realizó el cura del pueblo de Huixtán y diputado local, Pedro José Solórzano. El 16 de enero de 1822, la anexión se aceptó, quedando asentada en el Decreto de la Regencia de esa fecha.

Durando esa unión, hasta el 7 de junio de 1823, pues después de la abdicación de Iturbide, el inquieto territorio del sureste volvió a separarse para intentar mantenerse en alto por sí solo bajo el mando de una Junta Suprema Provisional que se reservaba el derecho de decisión sobre el status político chiapaneco, con base en consultas y plebiscitos entre la población.

Vázquez Olvera narra en su obra que México envió una división expedicionaria en Guatemala, bajo el mando del general Vicente Filisola, a disolver la Junta, restablecer el “orden” e instalar como gobierno a un jefe político nombrado por México. En agosto de 1823, Filisola entró en San Cristóbal, la antigua Ciudad Real, y ejecutó las órdenes.

En esa ocasión, narra Olvera, los inconformes fueron los chiapanecos: el descontento se manifestó por toda la provincia, y en octubre hubo levantamientos. Comitán fue el primero, el día 26 se proclamó en esa ciudad el Plan de Chiapas Libre y dos días después, la población se alzó en armas, seguida por Tuxtla, el 29. Los rebeldes triunfaron y la Junta Suprema fue restituida, mientras el ejército mexicano era expulsado.

Una vez recuperada la libertad para decidir qué hacer, el 22 de marzo de 1824 se convocó a todos los partidos de la provincia a expresar su voluntad acerca de cómo debía permanecer Chiapas:

-Si independiente,

-Anexada a Guatemala, o

-Incorporada a México.

Por su lado, el 26 de mayo el gobierno de México envió un ultimátum: Chiapas tenía tres meses para decidirse, o sería anexada por la fuerza.

Además, México envió a Javier de Bustamante como supervisor de la votación.

Chiapas tenía en ese entonces 104 pueblos, y 172 mil 953 habitantes pudieron votar:

-56 por ciento (96 mil 829 personas) votó a favor de anexarse a México;

-35 por ciento (60 mil 400), por unirse a Guatemala, y

-9 por ciento (15 mil 724) optó por mantenerse como nación libre y soberana.

Su calidad como estado de la República Mexicana fue confirmada en las distintas constituciones posteriores.

En el artículo “¿Federación o anexión? De Chiapas a México”, de Marco Antonio Orozco Zuarth, se señala que la federación de Chiapas a México se ha plasmado en el Acta de la Junta Provisional de Chiapas en que se hizo la declaratoria de reunión de la provincia a la República Mexicana, del 12 de agosto de 1824. En esta se consigna:

“Consecutivamente ceñida la calificación y discusión á los indicados pronunciamientos particulares, se tuvieron por legítimamente manifestados a favor de su Federación á la República Mexicana á los pueblos siguientes:...”. Continúa más adelante “En seguida se pasó hacer la regulación, y resultaron por la Federación de la República Mexicana sesenta mil cuatrocientos,...”.

Orozco Zuarth, en su artículo, reseña que el Acta del Pronunciamiento Solemne de Federación del Estado Libre de Chiapa del 14 de septiembre de 1824 establecía:

“Señalando el día de hoy para el pronunciamiento solemne de federación...”, “Que los pueblos de este Estado externen franca y libremente su voluntad de federación a la nación mexicana...”, “Viva la justa libertad y nuestra federación...”.

Por lo que se refiere a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 5 prevé que:

Artículo 5. Las partes de esta Federación son los estados y territorios siguientes: el estado de las Chiapa s, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanaxuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el territorio de la alta California, el de la baja California, el de Colima, y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.

El reconocimiento de Chiapas en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 se plasmó en el artículo 43 de la siguiente manera:

Artículo 43. Las partes integrantes de la federación, son: los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo-León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de la Baja California.

Actualmente, ese reconocimiento se encuentra en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México

Orozco Zuarth señala que Federación proviene del latín foederre(federar), cuya traducción sería “ unir por alianza, liga, unión o pacto entre varios”. De ahí proviene el término foederato, — nis(federación), que es la acción de federar y que también se utiliza para designar al organismo, entidad o Estado resultante de dicha acción, también al Estado federal o al Poder central de ese Estado.

En razón de ello se propone que el decreto haga referencia a la “federación de Chiapas”

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea el presente:

Decreto por el que se declara 2024 como “Año del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México”

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al año 2024 como “2024, Año del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México”

Artículo Segudo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “2024, Año del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México”.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 2024 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, los Organismos Descentralizados y las demás Secretarías, establecerá un programa de actividades para para dar relevancia a la declaración decretada.

Notas

1 https://web.congresochiapas.gob.mx/acerca-del-congreso/historia-del-congreso

2 https://www.cndh.org.mx/noticia/incorporacion-de-chiapas-al-pacto-federal

3 https://unidadparlamentaria.com.mx/2020/09/15/federacion-o-anexion-de-chiapas-a -mexico-marco-antonio-orozco-zuarth/

4 https://museodelasconstituciones.unam.mx/wp-content/uploads/202 3/03/1824-Constitucion-Federal.pdf

5 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/legislacion/federal/historicos/1857.pdf

6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Cristina Ruiz Sandoval y Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Cristina Ruiz Sandoval y Laura Lorena Haro Ramírez, diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 72, 72 Bis, 72 Ter, 73, 73 Bis y 74 de la Ley General de Salud, en materia de centros de salud mental, considerando la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud mental se ha convertido en un tema en boga en la actualidad no solo como un elemento de la conversación, sino como un problema sanitario que comienza a afectar a cada vez más personas en el mundo.

La salud mental de las personas se encuentra en niveles que conllevan un riesgo elevado respecto a la integridad y la dignidad para existir, siendo las personas jóvenes las más afectadas ante un panorama de incertidumbre en diversos ámbitos como lo son la economía, el ámbito laboral, la salud física, la poca esperanza para envejecer con dignidad, entre muchas otras más.

La División de Política Social del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados define la salud mental de la siguiente forma:

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud pública, para prevenir, tratar y rehabilitar.

Otro aspecto inherente a la política social es que la salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitantes que resultan, que como consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares.

Cabe destacar que diversos instrumentos internacionales como la declaración de Caracas, La Declaración de Madrid y los Principio Básicos para la Atención de la Salud Mental abordan la materia.

En México, el artículo 72 de la Ley General de Salud define la salud mental como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La salud mental es un tema sumamente complejo, delicado y de amplia relevancia actualmente.

Pues la sociedad se enfrenta un panorama adverso en el que se deben costear dificultades económicas, como la devaluación constante de la moneda, la injusta retribución salarial o la disminución del poder adquisitivo.

Otro factor trascendente son los problemas sociales derivados de la pandemia, la crisis en materia laboral por el de-sempleo y el encono social que ha incrementado paulatinamente, como la pérdida de la cohesión social, el aumento de la violencia y la delincuencia o el enfrentamiento que tienen unos con otros.

Todas las personas en México se enfrentan a estas dificultades desde los sectores más desprotegidos que son quienes mayores afectaciones tienen, como los sectores más acaudalados. Sin embargo, los sectores más vulnerables suelen padecer más los efectos de una salud mental perjudicada y deteriorada, toda vez que tienen menos herramientas para atenderla.

La Universidad Autónoma Metropolitana elaboró un estudio sobre salud mental en universitarios. Al respecto concluyó:

“ Alrededor del 50 por ciento de los universitarios padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

“ 80 por ciento de los que sufren depresión no reciben tratamiento, a pesar de que esos padecimientos comienzan entre los 14 y 15 años.

“ La mayor prevalencia de salud mental está en el Déficit de Atención/Hiperactividad, con 14,7 por ciento: 13,3 por ciento con depresión; 5,7 por ciento con trastorno de pánico; 5 por ciento con abuso y dependencia de drogas, y 4,2 por ciento con dependencia de alcohol.

Esta es solo una muestra de un sector de toda la matrícula estudiantil de todos los niveles en todo el país, ahora traslademos esto a un mayor nivel en el que se considere a las niñas, niños y jóvenes de educación básica y media superior; el problema es más serio aún.

Más aún si habitamos en un país en el que la salud mental no es prioridad para el Gobierno Federal. Solo el 2 por ciento del presupuesto destinado al ramo Salud se destina para la atención de la salud mental. Pero de esa cantidad, el 80 por ciento se va en gastos operativos de los hospitales psiquiátricos.

Es momento de hacer verdadera justicia social y procurar la salud mental de todas las personas que se preparan para tener una mejor vida y con ello, contribuir en la construcción del México que se espera y se desea.

No se puede esperar la prosperidad de un país en el que las personas no se encuentran existiendo con dignidad, la salud mental debe ser una prioridad.

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretende llevar a cabo en la Ley General de Salud, se presenta el siguiente cuadro:

Ley General de Salud

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 72, 72 Bis, 72 Ter, 73, 73 Bis y 74 de la Ley General de Salud, en materia de centros de salud mental

Artículo Único. Se reforman los artículos 72, 72 Bis y 73 Bis; se adicionan un párrafo segundo al artículo 72 Ter y una nueva fracción XIII al párrafo segundo del artículo 73, y se deroga el segundo párrafo del artículo 74 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 72. La salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de los presupuestos de egresos y dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.

...

...

Artículo 72 Bis. El propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La recuperación varía de persona a persona, de acuerdo con las preferencias individuales, significa el empoderamiento de la persona para poder tener una vida autónoma, superando o manejando el trauma.

La atención a la salud mental deberá brindarse a través de centros de salud mental especializados, con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad, perspectiva de género y participación social.

Artículo 72 Ter.- La atención de la salud mental y las adicciones del comportamiento comprende todas las acciones a las que se refiere el artículo 33 de esta Ley.

Dicha atención, será brindada a la sociedad a través de los centros de salud mental especializados referidos en el artículo anterior y que formarán parte del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 73. Los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales.

La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. a XI. ...

XII. La creación de los centros de salud mental especializados dentro de la estructura de salud en el orden federal y estatal; y

XIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención, recuperación y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 73 Bis.- Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud , a través de los centros de salud mental especializados deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones en cumplimiento con los principios siguientes:

...

Artículo 74.- Para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones, se deberá de disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.

(Se deroga)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional de Salud y toda la estructura federal y estatal deberá, en el plazo de 180 días naturales, hacer las modificaciones presupuestarias para la creación de los centros de salud mental especializada.

Tercero. Se deja sin efectos toda disposición en contraria a este Decreto.

Notas

1 “http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf”

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexic o.pdf

2 “https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf”

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

3 “https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/mexico-80-de-los-unive rsitarios-que-sufren-depresion-no-reciben-tratamiento”

https://clustersalud.americaeconomia.com/sector-publico/mexico-8 0-de-los-universitarios-que-sufren-depresion-no-reciben-tratamiento

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2023.– Diputadas: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Cristina Ruiz Sandoval, Laura Lorena Haro Ramírez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de restricciones a fuegos artificiales o artificios pirotécnicos, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Las vacunas son la forma más efectiva de prevenir millones de casos de enfermedad, discapacidad o muerte y la salud pública ha sido la beneficiaria de ellas.

La historia ha sido testigo del control de enfermedades devastadoras. La humanidad ha convivido con diversas epidemias que han amenazado al mundo entero, como fue, entre muchas otras, la viruela, que era una enfermedad altamente prevalente causante de un gran problema epidemiológico, distribuida en casi todo el mundo, que no distinguía edades y además causaba alta mortalidad y producía secuelas significativas. Ante la gravedad del problema, se buscó erradicarla utilizando el virus de la viruela de las vacas como vacuna para proteger a la población de la viruela humana, alcanzando la inmunidad ante un virus que durante siglos había sido una gran amenaza.

En 1957 comienza otro gran reto en materia epidemiológica conocido como la gripe de Hong Kong, sin embargo, para evitar su avance, el virólogo Maurice Hilleman, reconoció la amenaza y comenzó a trabajar en una vacuna que frenó la enfermedad cuando llegó a Estados Unidos, salvando millones de vidas. Hilleman estudió los brotes de gripe y las enfermedades respiratorias, demostrando que los virus de la gripe sufrían mutaciones que les permiten eludir los anticuerpos desarrollados previamente, lo que explicaba por qué una sola vacuna no protegía de por vida, como ocurría con las de la viruela o la polio. El virus mató a 1.1 millones de personas en todo el mundo. Cuando llegó a Estados Unidos, el virólogo ya había creado 40 millones de dosis. “Es la única vez que se ha evitado una pandemia con una vacuna”, recordó Hilleman.

Es así que durante varios siglos se ha dado una batalla para evitar la presencia de nuevas epidemias que pudieran transformarse en pandemias y atacar a millones de personas en el mundo. Sin embargo, hemos sido testigos de una nueva pandemia que ha transformado nuestra realidad, la del Covid-19. La ciencia y los virólogos trabajaron contrarreloj y continúan en la investigación de las vacunas contra el virus. Es importante señalar que, a mediados de marzo de 2023, más de 5,500 millones de personas —el 71.3 por ciento de la población mundial— ya estaban vacunadas con al menos una dosis de las vacunas existentes.

En el 2022, tras unos meses de caída de su incidencia, en gran parte gracias a la vacunación a nivel global, la pandemia retomó la volatilidad de sus cifras a causa de la última variante ómicron, menos agresiva en sus síntomas, pero fuertemente contagiosa. Sin embargo, los primeros análisis de esta nueva variante seguían apuntando a que las vacunas marcaban la diferencia y no era la primera vez en la historia que las inoculaciones se convertían en el arma sanitaria clave para luchar contra una epidemia.

Desde que fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, las cifras del coronavirus transformando la realidad de todos los países hasta el último detalle de nuestro día a día. Desde la llegada del Covid-19, en el caso de México al mes de septiembre del 2023 había 334,586 fallecidos por la enfermedad que este virus provoca. Esta estadística, aunque lamentable y significativa, frenó su crecimiento exponencial gracias a la aplicación de la vacuna. Por lo anterior, las circunstancias en las que se ha desarrollado el Covid-19 estos años han dado exaltado la importancia vital de las vacunas.

En este contexto, existen diversas razones por las cuales la Organización Mundial de la salud ha considerado la vacunación como un pilar de la salud pública, entre ellas:

“ Prevención de enfermedades

“ Reducción de la morbilidad y mortalidad

“ Inmunidad de grupo (o inmunidad colectiva)

“ Control de brotes epidémicos

“ Reducción de costos de atención médica

“ Avances en salud pública

“ Desarrollo sostenible

La historia ha sido testigo de todos los hechos en los que la vacunación ha sido la medida necesaria para prevenir la propagación rápida y devastadora de las enfermedades, como ha sido en la pandemia de Covid-19, en este caso el desarrollo y la distribución de vacunas han sido fundamentales para frenar la propagación del virus y reducir el número de casos graves y de muertes. Las vacunas contra el Covid-19 han demostrado ser efectivas para reducir la gravedad de la enfermedad y disminuir la tasa de mortalidad asociada con el virus. También han ayudado a reducir la carga de atención médica al evitar hospitalizaciones.

Queda claro que en la respuesta a la pandemia de Covid-19 ha destacado la importancia de la vacunación como una herramienta esencial en la salud pública a nivel mundial. Se ha demostrado la capacidad de la ciencia y la cooperación internacional para desarrollar y distribuir vacunas eficaces en un tiempo récord.

Sin embargo, en el marco de la pandemia de Covid-19, en México aún quedan retos por superar para lograr la vacunación universal y la protección contra cuadros graves de la enfermedad.

En el caso de la pandemia de Covid-19 se decretó la Autorización de Uso de Emergencia para las Vacunas y Medicamentos, el cual es un mecanismo para facilitar la disponibilidad y el uso de contramedidas médicas, incluidas las vacunas, durante las emergencias de salud pública. Este proceso implica una revisión y aprobación acelerada por parte de las agencias reguladoras de salud de diferentes países, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Europa y la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México.

La autorización de uso de emergencia puede permitir el uso de productos médicos no aprobados en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o afecciones graves o que pongan en peligro la vida, cuando se hayan cumplido ciertos criterios regulatorios, entre ellos que no existan alternativas adecuadas aprobadas, y permite que las vacunas y medicamentos se utilicen antes de completar todos los ensayos clínicos habituales y recopilar la cantidad completa de datos de seguridad y eficacia que normalmente se requeriría. Esta medida se aplica en situaciones donde la necesidad de la vacuna o medicamento es apremiante y donde se considera que los beneficios potenciales superan de manera evidente los riesgos conocidos.

Sin embargo, la convocatoria para las empresas farmacéuticas propietarias de vacunas contra Covid-19 interesadas en iniciar la transición de Autorización de Uso de Emergencia a Registro Sanitario ha sido lenta en el caso de México, lo anterior ha impedido su comercialización en el mercado nacional. Además, la regulación vigente no se ha actualizado para incorporar las nuevas versiones de las vacunas diseñadas específicamente para combatir las nuevas variantes del Covid-19, generando desafíos adicionales.

En el mes de septiembre de 2023, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la convocatoria que permite a privados la venta de las vacunas contra el Covid-19, después de poco más de tres años de la llegada de la pandemia a México. El organismo detalló que las autorizaciones otorgadas con antelación se mantendrán vigentes, a fin de continuar con la Política Nacional de Vacunación contra el coronavirus, para la prevención de Covid-19 en México. Para ello tendrán que someterse a un proceso de transición de una autorización de uso de emergencia a registro sanitario, en el cual deberán de acreditar la calidad, seguridad y eficacia de sus antígenos.

Antes, solo se permitía su compra por los gobiernos nacionales, sin embargo, este el regulador sanitario mexicano convocó a las empresas interesadas en participar para la obtención de un permiso de comercialización en el país. En la práctica, esta situación ha limitado el acceso de la población a estos recursos terapéuticos, lo que ha ocasionado demoras en la cobertura de vacunación. Hoy, un segmento considerable de la población vulnerable se encuentra sin acceso a los medicamentos necesarios, incrementando el riesgo de que desarrollen cuadros graves de la enfermedad.

Ante este escenario, diversos actores, entre los que se incluyen los gobiernos estatales, el sector privado y amplios sectores de la sociedad, han manifestado su interés en poner fin al monopolio federal en la adquisición y distribución de las vacunas y medicamentos contra el Covid-19. El objetivo es lograr un acceso más amplio y libre a estos productos, lo que podría ser esencial para acelerar la vacunación y controlar la propagación de la enfermedad de manera más efectiva.

En este contexto, diversos países han establecido las medidas necesarias para agilizar las autorizaciones y se puedan adquirir los insumos, es así que el 11 de septiembre de 2023 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos tomó medidas para revisar y actualizar sus políticas relacionadas con el uso de emergencia de vacunas contra la Covid-19. Estas acciones tienen el propósito de autorizar nuevas vacunas diseñadas específicamente para hacer frente a las variantes del virus que circulan actualmente, con el objetivo de brindar una mejor protección contra las consecuencias graves de la enfermedad. Además de esta actualización, se están revisando los criterios para la aplicación de estas vacunas.

Dado que el virus SARS-CoV-2 continúa mutando y dando lugar a nuevas variantes, es necesario actualizar las vacunas existentes para abordar estas cepas emergentes. Además de las vacunas, la disponibilidad de medicamentos para tratar la Covid-19 es fundamental para combatir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que ya solo recomendará una dosis de cualquiera de las vacunas para protegerse del Covid-19, tras casi tres años de campaña global de inmunización, incluso para las inicialmente diseñadas para doble dosis, como las de Moderna o Pfizer.

Sin embargo, se ha observado que las empresas farmacéuticas han iniciado el proceso de obtención de registro sanitario ante Cofepris para permitir la libre circulación de vacunas y medicamentos contra la Covid-19 en México, pero hasta el momento no han obtenido la autorización correspondiente por parte de la autoridad sanitaria. Esto ha generado preocupaciones sobre la disponibilidad de estas soluciones terapéuticas en el país y la importancia de agilizar los procesos regulatorios para hacer frente a la pandemia de manera efectiva.

Cabe señalar, que el Gobierno federal puso fin a la emergencia sanitaria por Covid-19 el día 9 de mayo de 2023, mediamente un decreto del Consejo de Salubridad General, ya que se cumplieron las características que establece la Organización Mundial de la Salud para suspenderla, como son los altos niveles de inmunidad por infección o vacunación y la disminución en el número de casos, hospitalizaciones y decesos. En este contexto, el uso de emergencia de la vacuna carece de argumentos.

Por lo anteriormente señalado, quien suscribe esta iniciativa considera que se debe asegurar un suministro adecuado de dosis de vacunas en el país, el reconocimiento de las nuevas vacunas para las variantes de Covid-19 y permitir a la población elegir la vacuna que sea de su preferencia, siempre y cuando esté debidamente autorizada por la OMS. Además de asegurar la disponibilidad de medicamentos para Covid-19. Lo anterior sin dejar de reconocer el extraordinario esfuerzo que realizó el Gobierno federal para proteger a la población a través de una alta tasa de aplicación de la vacuna.

El virus SARS-CoV-2 ha demostrado una capacidad significativa para mutar y dar lugar a nuevas variantes. Para mantener la efectividad de las vacunas es esencial actualizarlas para abordar estas nuevas cepas emergentes. Esto ayuda a prevenir la propagación de variantes más contagiosas o resistentes a las vacunas y, por lo tanto, a reducir la incidencia de casos graves y muertes.

Brindar a las personas la opción de elegir la vacuna que desean aplicarse, siempre que esté debidamente autorizada por la OMS, empodera a los individuos en cuanto respecta al ejercicio de su derecho de acceso a la salud. Esto fomenta la confianza en el proceso de vacunación y puede aumentar la aceptación de las vacunas. Además, puede abordar preocupaciones individuales, como alergias o preferencias personales y facilitar una mayor participación en la inmunización.

Es también fundamental contar con una variedad de medicamentos efectivos para tratar la Covid-19. Esto es especialmente importante para las personas infectadas y que pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. La disponibilidad de estos medicamentos puede reducir la presión sobre los sistemas de atención médica y mejorar las tasas de recuperación.

De este modo, una reforma legal para la vacunación efectiva en tiempos de emergencias sanitarias es necesaria para fortalecer la respuesta a la pandemia de Covid-19, proteger la salud pública, adaptarse a las circunstancias cambiantes, empoderar a las personas en la toma de decisiones sobre su salud, garantizar el acceso a tratamientos efectivos y promover la colaboración global en la lucha contra la enfermedad.

Por ello, propongo diversas modificaciones a la Ley General de Salud que se ilustran en el siguiente cuadro comparativo con el texto vigente del ordenamiento referido:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 157 Bis 1.- Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta Ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca.

Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a adquirir y administrarse las vacunas de su preferencia que estén contenidas en el Esquema de Vacunación siempre y cuando tengan permitida su comercialización, cumplan con los requisitos sanitarios y estén indicadas por un profesional de la salud. Lo anterior, podrá limitarse en situaciones de emergencia o a lo que se haya establecido el mecanismo de autorización de uso de emergencia de la vacuna, pero deberá estar plenamente justificado, una vez que se hayan cumplido los criterios regulatorios y no podrá extenderse esta limitación por un tiempo mayor al de la emergencia o a los criterios del mecanismo.

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

Artículo 157 Bis 11.- Todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata, por lo que la autoridad sanitaria deberá establecer las bases jurídicas y de transparencia para otorgar los registros sanitarios en los plazos que lo demande la salud pública, procurando facilitar la liberación de las vacunas.

Se establecerá la obligación de continuar aportando pruebas científicas durante la emergencia que demuestren la seguridad, calidad y eficacia para determinar la vida útil de las mismas.

El uso de emergencia de vacunas, medicamentos y otros insumos para la salud no puede extenderse después de que se señale que han desaparecido las causas de la emergencia sanitaria que dieron origen a la atención prioritaria, por lo que la autoridad sanitaria deberá analizar cada caso y determinar inmediatamente si procede el otorgamiento del registro sanitario.

En caso de emergencia causada por enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria y el Consejo Nacional de Vacunación emitirán las medidas para la vacunación, incluyendo los grupos de edad y poblaciones prioritarias, la actualización de las vacunas contra nuevas cepas del virus, la logística para su aplicación en el territorio nacional, los criterios para su liberación al mercado, entre otras medidas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud expedirá, en un plazo no mayor 30 días a partir de la publicación del presente Decreto la reglamentación a la que se refiere el presente decreto.

Tercero. Los registros sanitarios de vacunas, medicamentos e insumos para la salud que actualmente tienen un uso de emergencia en el marco de la pandemia de Covid19 y que se encuentran en proceso de revisión a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios deberán ser resueltos de manera inmediata, en virtud de que el final de la emergencia sanitaria por Covid19 fue decretado el día 9 de mayo de 2023 por parte del Poder Ejecutivo federal.

Notas

1 https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-abre-convocatoria-para-someter-a -registro-sanitario-vacunas-contra-covid-19-permitiendo-su-comercializacion-en- mexicóidiom=es

2 https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/La-FDA-aprueba-vacunas-actualiz adas-de-Pfizer-y-Moderna-contra-variantes-de-Covid-19-20230911-0037.html

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/858822/Preguntas_frecuentes_sobr e_MCR_de_medicamentos.pdf

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5688265&fecha=09/05/2023#gsc .tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2023.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

«Iniciativa que reforma los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, en materia de cuotas para el acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicos y artísticos, suscrita por las diputadas Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, y Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Blanca Alcalá Ruiz y Gabriela Sodi Miranda, integrantes respectivamente de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, y de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de los Museos, con objeto de sensibilizar e informar sobre el hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos.

Esta celebración se dio desde 1977, después de que el Consejo Internacional de Museos, organización de museos y profesionales de museos con alcance mundial dedicada a la promoción y protección del patrimonio cultural y natural, presente y futuro, material e inmaterial, lo propusiera mediante una iniciativa.

En 2023, la celebración del Día Internacional de los Museos tuvo como objetivo concientizar con la sociedad la importancia de los recintos como espacios con responsabilidad en la promoción de la sostenibilidad y el bienestar, demostrando que los museos no sólo deben conservar y exponer el patrimonio cultural y artístico, sino también fomentar el diálogo intercultural y promover prácticas sostenibles.

Desde 2020, el Día Internacional de los Museos ha hecho eco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ya que los museos están estrechamente vinculados a algunas de las metas de los ODS, especialmente en materia de protección y salvaguardia del patrimonio cultural y natural, el apoyo a la educación para el desarrollo sostenible y el apoyo a la investigación y la participación cultural.

De acuerdo con el último informe del Instituto Latinoamericano de Museos y Parques, con sede en San José, Costa Rica, México es el segundo país de la región con mayor número de museos, con mil 789, sólo después de Brasil (2 mil 447).

En mayo de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Estadística de Museos, donde se mostró que en el país hay mil 273 museos, de acuerdo con el directorio. Las tres temáticas principales de éstos fueron historia (45.1 por ciento), arte (23.6) y arqueología (20.4)”. Los porcentajes son similares a los que se registraron en 2021, con 45.6, 24.5 y 19.4, respectivamente.

El organismo señaló que en 2022, los museos reportaron una afluencia superior a 37.5 millones de visitantes (21.1 millones más que el año previo). Las entidades federativas con más visitantes fueron: “Ciudad de México, con 15.8 millones en 140 museos y Nuevo León, con 4.4 millones en 44 museos, estado de México 2.5 millones en 72 museos; Guanajuato 2 millones en 59 museos; Puebla 1.4 millones en 55 museos y Jalisco 1.2 millones en 76 museos”.

La derrama laboral que deja la actividad de los museos es 27 mil 528 fuentes de ocupación. De las cuales, 49.9 por ciento corresponde a empleos de base; 34.4, a personas voluntarias y prestadoras de servicio social; y 15.7, a personal de servicios subrogados, por ejemplo, el personal de servicios de vigilancia y limpieza.

Los datos anteriores permiten visualizar el efecto cultural y económico que reflejan los museos y zonas arqueológicas a nivel nacional, sin embargo, existen factores que impactan directamente en el funcionamiento y operatividad, ejemplo de ello fue la pandemia de Covid-19, que originó una reducción en el flujo de visitantes a las instalaciones culturales, ya que conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 se reportaron “62.1 millones de visitantes”, pero 2021 hubo cerca de “16.4 millones de visitantes”. Esas cifras revelan una tardía recuperación, lo cual afecta principalmente las plantillas laborales, y se genera así una ausencia o abandono en la funcionalidad de los complejos culturales. Igualmente, la falta de afluencia en los recintos afecta de modo directo el desarrollo económico de las regiones que interactúan con los recintos, ya que la principal fuente laboral proviene del turismo nacional e internacional, así como del comercio de artesanías.

En el país se ha provocado una crisis grave en el sector cultural, debido a la insuficiencia de asignación de recursos y la ausencia de políticas públicas que tengan por objeto fortalecer la conservación y difusión del patrimonio cultural. Ello propicia un alejamiento y desconocimiento de los espacios, talleres, servicios o catálogos culturales que se ofertan, lo cual a su vez tiene como resultado una vulneración y trasgresión del derecho fundamental de acceso a la cultura, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Un aspecto importante de la erosión cultural es la falta de financiamiento y la ineficiencia de políticas que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura en salas, zonas y espacios culturales, teniendo deficiencias como, la falta de accesibilidad para personas con discapacidad o la insuficiencia de insumos para la conservación de instalaciones, que van desde productos de limpieza hasta químicos esenciales para la preservación del patrimonio artístico.

La escasez de recursos permea directamente en la contratación de personal profesional y capacitado para cuidar, restaurar y conservar los monumentos, obras o zonas arqueólogas de todo el territorio nacional, resultando en daños a patrimonios, como son los casos de en las zonas arqueológicas de Tula, Hidalgo; y Tajín, Veracruz, que presentan daños estructurales por falta de mantenimiento y restauración.

El país es considerado uno de los referentes culturales más importantes del mundo, debido a la diversidad de recursos naturales, riqueza e identidad cultural e histórica y gastronomía, reconocida a escala internacional. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, en 2020 México fue el tercer país más visitado. En 2022 “ingresaron en el país 38.3 millones de turistas internacionales, lo que significa 20.3 por ciento más que en 2021”, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, a nivel internacional México se encuentra por debajo de la media porcentual en los precios en materia de acceso a la cultura, ya que países con economía y relevancia cultural similar ponderan sus costos en un rango de 100 a 300 pesos mexicanos, como

Grecia: Museo Acrópolis. El costo de boleto general es de 10 a 15 euros, equivalente de 182 a 273 pesos mexicanos.

Grecia: Museo Arqueológico de Atenas. El costo de boleto general es de 12 a 15 euros, equivalentes de 218 a 271 pesos mexicanos.

Portugal: Museo Nacional de Azulejo. El costo del boleto general es de 8 euros, equivalentes a 145 pesos mexicanos.

España: Museo Nacional del Prado. El costo del boleto general es de 15 euros, equivalentes a 273 pesos mexicanos.

A escala internacional hay ordenamientos que nos permiten entender a la cultura como un derecho universal y transversal para el desarrollo humano, como se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Igualmente, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala las obligaciones que deben adoptar los Estados Parte en materia cultural, del cual el Estado mexicano es adherente desde 1966, por lo que en el artículo 15 se menciona:

a) el deber de adoptar, a fin de asegurar el pleno ejercicio de tales derechos, las medidas gubernamentales necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura; y

b) el compromiso de respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

De acuerdo con el contexto anterior y conforme a lo que se establece en el artículo 133 de la Carta Magna, donde se disponen a los tratados internacionales como Ley Suprema de la Unión, es necesario armonizar y homologar los ordenamientos jurídicos con el objeto de priorizar el acceso a la cultura en todo el territorio nacional.

Es por ello, que la presente propuesta tiene como finalidad establecer una tarifa especial para los visitantes no nacionales con objeto de complementar los recursos dirigidos al sector cultural, las cuales abarcaran para un mejoramiento en el funcionamiento, operatividad, difusión, conservación y preservación de los museos o zonas arqueológicas, contribuyendo a la protección y salvaguardia del derecho al acceso a la cultura.

Para mayor claridad de la iniciativa a continuación se presenta un cuadro comparativo con el cambio propuesto.

Por lo expuesto, y comprometidas con la protección y salvaguarda de los derechos al acceso a la cultura que son fundados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales sometemos a consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 288, 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforman los artículos 288; 288-A-1 y 288-A-2 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 288. Están obligadas al pago del derecho por el acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicos propiedad de la Federación las personas que tengan acceso a las mismas, conforme a las siguientes cuotas:

Categoría I:........................................... $270.00

Categoría II:......................................... $240.00

Categoría III:........................................ $230.00

Tratándose del pago del derecho previsto en el párrafo anterior, después del horario normal de operación se pagará la cuota de  ..................................   $600.00

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México deberán de pagar solo el 30% del costo de las cuotas.

...

Artículo 288-A-1. Están obligadas al pago del derecho por el acceso a los museos propiedad de la federación y administrados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura las personas que tengan acceso a los mismos, conforme a las siguientes cuotas:

Recinto tipo 1: ..................................... $260.00

Recinto tipo 2: ..................................... $220.00

Recinto tipo 3: ..................................... $180.00

...

...

...

Los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México deberán de pagar solo el 30% del costo de las cuotas.

...

Artículo 288-A-2. Están obligadas al pago del derecho por el acceso a los museos propiedad de la federación y administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes las personas que tengan acceso a los mismos, conforme a las siguientes cuotas:

I. Museo Nacional de Culturas Populares  $80.00

II. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos       $80.00

...

...

Los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México deberán de pagar solo el 30% del costo de las cuotas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá prever en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024 y subsiguientes las partidas presupuestales necesarias para el correcto funcionamiento, conservación, protección y difusión de los museos, monumentos y zonas arqueológicos propiedad de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021) “Estadística De Museos (EM) 2022”.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ EstMuseos/EstMuseos2022.pdf

2 Infobae (2022) “CDMX, NL y Guanajuato, los que más visitan museos; 12 entidades ni siquiera alcanzan los 20 recintos”.

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/23/cdmx-nl-y-guan ajuato-los-que-mas-visitan-museos-12-entidades-ni-siquiera-alcanzan-los-20-reci ntos/

3 Ortega Patricia (2022) “¿Cuántos turistas internacionales visitaron Méxicó”. El economista

https://www.eleconomista.com.mx/los-especiales/Cuantos-turistas- internacionales-visitaron-Mexico-20230225-0011.html

4 Organización de las Naciones Unidas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos.

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

5 Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Professional Interest/cescr_SP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2023.– Diputadas: Blanca Alcalá Ruiz, Gabriela Sodi Miranda (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para opinión.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de motivos

La distancia entre el sitio de cría animal y el rastro han sido objeto de escrutinio en los últimos años. Desde la perspectiva del bienestar de los animales, hasta los enfoques ambientales y económicos, se ha implementado un debate crítico para la sostenibilidad de la industria pecuaria y la seguridad alimentaria.

En México, los sectores pecuarios y ganaderos representan a los mayores contribuidores a la economía. La cría, producción y distribución de sus productos juega un rol vital en la transformación de la industria. De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Carne (CMC), en 2022 la comercialización externa de cárnicos superó las 2 millones 650 mil importaciones y el valor del mercado se ubicó en los 9 mil 292 millones de dólares. De éstos, alrededor de 6 mil representaron el consumo interno.

Este impacto es resultado de una trayectoria positiva desde al menos cinco años. A partir de 2017, se ha reportado un crecimiento sectorial del 2.5 por ciento anual. Los expertos atribuyen esta tendencia a la preferencia de los mercados globales y las exportaciones. El año pasado, el volumen de carne de res exportado superó el máximo histórico de 341 mil toneladas. Asimismo, la demanda externa por la proteína mexicana ha repuntado las cifras de cabezas sacrificadas en los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), regulados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). En 2022, estos lugares registraron un incremento en su demanda del 3.3 por ciento.

La prosperidad de la industria está intrínsecamente relacionada a su regulación. En nuestro país, la trazabilidad del sector pecuario está normado por la Ley Federal de Sanidad Animal y distintos criterios internacionales aplicados en la misma ley. Ello permite que los procesos para la cría, producción y distribución cuenten con estructuras estrictas que han sido probadas en México y el resto del mundo para fomentar el bienestar general de la materia prima, el medio ambiente y el consumo.

Sin embargo, la investigación ha encontrado que algunas prácticas pueden afectar la producción de carne y generar externalidades negativas para la industria. Por ejemplo, desde la década de los años 90, existen investigaciones que demuestran que la manipulación de los animales y el transporte pueden inducirles condiciones de estrés. Algunas vacas, cerdos o pollos, llegan a experimentar miedo e incomodidad cuando se exponen a entornos nuevos, como jaulas de compresión o vehículos de transporte.

De acuerdo con estudios médicos, estas situaciones pueden provocar un maltrato de la calidad final de los productos. Una serie de experimentos realizados en España en 2009, demostraron que a medida en la que la duración del transporte de los animales aumenta, se generan más condiciones para que los animales tengan trastornos inducidos que resultan en estrés de las funciones intestinales y la propagación de bacterias. Finalmente, se demostró que estas afectaciones impactaron en la distribución y consumo final de los consumidores.

Tradicionalmente, cuando se presentan este tipo de fenómenos en la salud de los animales, las industrias suelen aplicar antibióticos para evitar la propagación de microbianos. No obstante, también existe evidencia por parte de estudios aplicados en 2021 en la región ganadera de Sicilia, en Italia, que respalda que una vez que son aplicados los antibióticos, las aguas residuales pueden mezclarse con otras fuentes locales y aumentar el riesgo de contaminación cruzada. Esta última, es responsable de más de 420 mil muertes al año, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Adicionalmente, el bienestar comprometido durante el sacrificio puede tener consecuencias económicas para los rastros, tales como un aumento en los requisitos de mano de obra y paradas en la línea de producción. El manejo brusco sin una visión de cuidado en las distancias de los animales puede impactar negativamente en su rendimiento económico.

Cabe destacar la participación de los carniceros y trabajadores de rastros, quienes también mantienen un alto riesgo de contraer enfermedades zoonóticas debido a su contacto con los animales y sus fluidos corporales. Para el año 2023, el Gobierno federal reportó que en México el empleo de estas actividades mantiene a más de 860 mil personas ocupadas, demostrando un crecimiento de casi el 4 por ciento en comparación con el año anterior; mostrando relación con el incremento de la industria y su valor económico. Asimismo, destaca que este subsector aporta 13.4 por ciento del empleo en el sector primario del país.

En este sentido, alrededor del mundo se han propuesto soluciones prácticas para limitar la intervención de factores externos en la calidad de los productos. Una de ellas es ubicar los rastros cerca de los lugares de cría para facilitar un mejor monitoreo y control de las enfermedades zoonóticas. Ello permite la implementación estratégica de medidas preventivas y aumentan los programas de vigilancia.

Esta medida también supone una mejora en trazabilidad de los sistemas pecuarios. A través de procesos eficientes en la cadena de suministro, se puede garantizar el control de los productos durante cada etapa de su nuevo valor. En el caso de México, ayuda a complementar los estándares regulatorios de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y tratados de comercio exterior, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que precisa características de bienestar animal para la mejora de la industria y la actividad económica.

Finalmente, cabe destacar que la mejora del proceso puede tener beneficios económicos para los negocios de rastros. Al ubicarlos en un radio próximo a su lugar de cría, se reducen los requisitos de mano de obra y paradas en la línea asociadas con el bienestar de los animales.

Mejorar el bienestar animal durante el transporte y en los rastros es un objetivo claro para fortalecer la cadena de suministro. La proximidad de los rastros a los lugares de cría puede tener implicaciones para el bienestar animal y minimizar externalidades que pueden complicar el desarrollo del bienestar alimentario.

El Grupo Parlamentario del PRI está comprometido con implementar políticas eficaces que coadyuven en el bienestar animal y por lo ya expuesto en la salud de las personas. Por ello, proponemos adecuar la Ley Federal de Sanidad Animal para que, dentro de las medidas de buenas prácticas pecuarias, se considere la ubicación de los rastros a máximo 50 kilómetros del lugar de origen de los animales. Esto facultará a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que en un plazo de 180 días emita las disposiciones necesarias.

Los cambios quedarían como se ejemplifica a continuación:

Ley Federal de Sanidad Animal

En razón de lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de rastros y buenas prácticas de manufactura

Único. Se reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 18.- Las medidas a las que refiere este Capítulo, se determinarán en disposiciones de reducción de riesgos de contaminación las cuales podrán comprender los requisitos, especificaciones, criterios o procedimientos sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables en materia de salud pública para:

I. a VI. ...

VII. Establecer los límites máximos de residuos permitidos de antibióticos, compuestos hormonales, químicos y otros productos equivalentes;

VIII. Garantizar que los rastros y unidades de sacrificio de animales se encuentren en un radio máximo de 50 kilómetros de su lugar de crianza o engorda, en concordancia con las buenas prácticas de manufactura; y

IX. Los demás que regule esta Ley, así como los que, conforme a la tecnología o adelantos científicos sean eficientes para cada caso.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural contará con un plazo máximo de 180 días a partir de la publicación del decreto para establecer los lineamientos de trazabilidad que garanticen la aplicación del criterio.

Notas

1 Compendio Estadístico 2023. Disponible en:

https://comecarne.org/wp-content/uploads/2023/05/Compendio-Estad istico-2023_COMECARNE.pdf

2 Ibídem.

3 Ley Federal de Sanidad Animal. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA.pdf

4 Assessment of stress during handling and transport. Disponible en:

https://academic.oup.com/jas/article-abstract/75 /1/249/4637218?redirectedFrom=fulltext

5 Salmonella detection in feces during broiler rearing and after live transport to the slaughterhouse. Disponible en.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119401 508?via%3Dihub

6 Evaluation of Antibiotic Resistance in Bacterial Strains Isolated from Sewage of Slaughterhouses Located in Sicily. Disponible en:

https://www.mdpi.com/1660-4601/18/18/9611

7 Impacto de la contaminación cruzada en los alimentos. Disponible en:

https://datascope.io/es/blog/impacto-de-la-contaminacion-cruzada -en-los-alimentos/

8 A formal model for assessing the economic impact of animal welfare improvements at bovine and porcine slaughter. Disponible en:

https://www.cambridge.org/core/journals/animal-welfare/article/f ormal-model-for-assessing-the-economic-impact-of-animal-welfare-improvements-at -bovine-and-porcine-slaughter/D1E3C7BF31A599AEAD07ED31BF6EA9D0

9 Empleo en el sector agropecuario y pesquero. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/729352/An_lisis_d e_Empleo_en_Actividades_agropecuarias_y_pesqueras_1_Trim_2022.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 77 Bis 37 y 115 de la Ley General de Salud, suscrita por las diputadas Laura Barrera Fortoul y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputadas federales de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Laura Barrera Fortoul y Frinné Azuara Yarzábal, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 18, el numeral 3 del artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de alimentación saludable y adecuada en hospitales.

Exposición de Motivos

El objetivo de esta iniciativa es reformar los artículos 77 Bis 37 y 115 de la Ley General de Salud, para establecer como derecho de los pacientes recibir alimentos saludables y adecuados a su condición de salud y la facultad a los hospitales para otorgar alimentos saludables y adecuados a las personas hospitalizadas. Con esta reforma se busca que los pacientes que requieren de una alimentación específica para su condición de salud, los reciban en los establecimientos hospitalarios. Igualmente, en los casos de procedimientos ambulatorios, recibir la información sobre la mejor alimentación posible para la persona en su condición de salud.

Igualmente, se busca establecer como criterio general, que los hospitales y médicos, deben preocuparse por una sana y adecuada alimentación para los pacientes, como parte de las características de una atención a la salud integral y de los derechos de los pacientes.

En este sentido, el objetivo de la reforma y adiciones propuestas, es que las autoridades y personal de salud de los hospitales se preocupen de establecer una dieta adecuada para cada paciente y que se procure que la alimentación sea un elemento de atención de los profesionales de la salud, pues las condiciones como la diabetes, enfermedad de Crohn, hipertensión arterial, problemas cardíacos, hipercolesterolemia, alergias, intolerancias, oclusión intestinal, requieren de dieta especial y las dietas “líquidas” o “blandas” que se otorgan en los centros hospitalarios, en diversas ocasiones contienen grandes cantidades de azúcar e ingredientes contraindicados lo que podría generar consecuencias no deseadas en la salud y convalecencia de las personas con estas condiciones.

En este sentido, debe ser un derecho del paciente que los centros hospitalarios cuenten con los alimentos y dietas que se requieren en cada caso particular, sean dietas: hipocalóricas, con restricciones glucémicas, hipoproteica o hiperproteica, sin gluten, astringentes, laxantes, con o sin residuos, líquidas, semilíquidas, nasogástricas o enteras, blandas o basales y, de este modo, garantizar que los alimentos que reciba un paciente, serán adecuados y alineados a la patología de cada diagnóstico o procedimiento quirúrgico, pero también al conjunto necesidades psicológicas y físicas de cada paciente, según sus antecedentes y condición particular.

La preocupación sobre este tema, surge de las evidencias expuestas en distintos medios y las redes sociales, respecto a que la dieta hospitalaria no se planifica seleccionando los alimentos más adecuados para garantizar que un enfermo hospitalizado tenga una nutrición óptima para el efecto terapéutico que requiere la recuperación o mejor condición del paciente.

Para los fines deseados, se propone entonces, reformar la fracción VI del artículo 77 Bis 37 y adicionar un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 115. En el primer de estos se propone “ Recibir una dieta saludable y adecuada en hospitales y orientación alimenticia necesaria previa, y posterior a procedimientos quirúrgicos, tratamientos terapéuticos o diagnósticos que indiquen o apliquen para el efecto terapéutico deseado y convalecencia del paciente”. En el segundo, se adiciona una fracción para que, “En la atención hospitalaria, se provea una dieta adecuada y los procedimientos, según los requerimientos, necesidades y condiciones de salud del paciente”.

El efecto esperado con esta modificación legislativa, es que los centros hospitalarios tengan la obligación de determinar el tipo de dieta o las características generales que permitan la mejor alimentación y recuperación de las personas en convalecencia, ya sea que fueran internadas en el hospital o que tengan una atención ambulatoria.

Para mejor ejemplificar

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de alimentacion en los hospitales

Único. Se reforma la fracción VI del artículo 77 Bis 37 y, se adiciona el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 77 Bis 37. Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos:

I. al V. ...

VI. Recibir una dieta saludable y adecuada en hospitales y orientación alimenticia necesaria, previa y posterior a procedimientos quirúrgicos, tratamientos terapéuticos o diagnósticos que indiquen o apliquen para el efecto terapéutico deseado y convalecencia del paciente;

VII. al XVI. ...

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. al V. ...

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

En la atención hospitalaria, se proveerá una dieta adecuada, según los requerimientos, necesidades y condiciones de salud del paciente;

VII. al XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputadas: Laura Barrera Fortoul y Frinné Azuara Yarzábal (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, para crear la Procuraduría de la Defensa del Derechohabiente, a cargo del diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Roberto Alejandro Segovia Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el título séptimo a la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la fracción XIII de la Ley del Seguro Social, se considera Derechohabientes al asegurado, el pensionado y los beneficiarios de ambos que, en los términos de la ley, tengan vigente su derecho a recibir prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De 2020 a la fecha existe una creciente demanda de medicamentos por parte de los derechohabientes en las diferentes instituciones de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, lo cual repercute directamente en su economía familiar, pues se ven obligados a gastar en medicamentos y todos los insumos de salud que requieren para cumplir con sus distintos tratamientos.

Las quejas de los derechohabientes respecto a la escasez o insuficiencia de medicinas y diversos insumos para la salud aparecen en todos los medios de comunicación constantemente ante la desesperación de no ser atendidos por ninguna autoridad de instituciones de salud a los que están afiliados.

El 24 de agosto de 2023 en reunión celebrada con empresarios de la agremiados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestaron su preocupación por la atención que en el Seguro Social se da sus trabajadoras y trabajadores, quienes constantemente manifiestan no ser atendidos o no recibir los medicamentos o insumos para la salud necesarios para seguir el tratamiento que les prescriben los médicos, lo que significa una merma en su economía familiar al tener que adquirir los medicamentos en farmacias privadas.

“Estamos padeciendo de una crisis por el estado de emergencia que enfrentamos, debido a la falta de medicamentos y la falta de atención a la salud que padecen nuestros trabajadores y la sociedad en general”, manifestó el licenciado Juan Carlos Salazar Viezca, presidente de la Coparmex en San Luis Potosí (véase “Exige Jano Segovia eliminar multas de parquímetros en Matehuala”, El Tiempo del Altiplano, 24 de agosto de 2023. Disponible en

https://eltiempodelaltiplano.com/region-altiplano/jano-y-coparm ex/).

Frente a esta problemática y tomando en cuenta que existen diversas procuradurías para la defensa de los derechos de la ciudadanía en el marco legal e institucional, como la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros, considero oportuno proponer la creación de la Procuraduría de la Defensa del Derechohabiente, la cual pudiera funcionar como un órgano receptor de denuncias de las y los trabajadores afiliados al IMSS y que no reciban de este la atención y las prestaciones a las cuales tienen derecho.

Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo IV a la Ley del Seguro Social

Único. Se adiciona el Título Séptimo a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Ley del Seguro Social

Título SextoDe las Responsabilidades, Infracciones, Sanciones y Delitos

Artículos 303. a 319. (...)

Título SéptimoDe la Estructura y Responsabilidades en la Defensa del Derechohabiente

Capítulo IDe la Estructura y Responsabilidades

Artículo 320. El presente capítulo establece la estructura, funcionamiento y bases de organización de la Procuraduría de la Defensa del Derechohabiente como órgano desconcentrado del sistema para la defensa de las y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El instituto ejercerá sus atribuciones en materia de fomento a las acciones que propicien la preservación de los derechos de las y los derechohabientes en servicios de salud.

Artículo 321. Para efectos del funcionamiento de la Procuraduría de la Defensa del Derechohabiente se entiende por

I. Comité: El Comité de Defensa de los Derechos del Derechohabiente;

II. Derechohabiente: la y el asegurado, pensionado y beneficiarios de ambos que, en los términos de la ley, tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. Procuraduría: La Procuraduría de la Defensa del Derechohabiente; y

IV. Negligencia: La falta de atención y apoyo a quienes tengan derecho a recibir los servicios de salud y las prestaciones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Artículo 322. La Procuraduría, para el ejercicio de sus atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, adoptará las medidas necesarias para garantizar la defensa del derechohabiente, asegurándole una adecuada defensa, protección y procuración cuando, por cualquier circunstancia, el Instituto no pudiera cumplir con sus obligaciones.

Para la comprobación de la afiliación del derechohabiente se solicitará su afiliación expedida por el instituto.

Artículo 323. La Procuraduría estará integrada por:

I. La persona titular de la procuraduría;

II. El órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias; y

III. El órgano receptor de denuncias.

Artículo 324. La persona titular de la Procuraduría tendrá las siguientes facultades:

I. Organizar, dirigir y coordinar los trabajos de la procuraduría;

II. Dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por las y los derechohabientes del Instituto que requieran de la defensa, protección y procuración por la procuraduría cuando, por cualquier circunstancia, éste no pudiera cumplir con sus obligaciones;

III. Supervisar los trabajos del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias y del órgano receptor de denuncias;

IV. Promoverlos mecanismos de coordinación y colaboración necesarios con las instancias públicas para el ejercicio de las funciones de la procuraduría; y

V. Presentar un informe público anual sobre los avances y resultados de su gestión para ser enviado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Artículo 325. El órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias será responsable de la aplicación de los principios, bases, requisitos y condiciones para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de seguridad social.

Artículo 326. El órgano receptor de denuncias será responsable de atender en primera instancia a las y los derechohabientes del Instituto que requieran de la defensa, protección y procuración por parte de la Procuraduría cuando, por cualquier circunstancia, éste no pudiera cumplir con sus obligaciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputado Roberto Alejandro Segovia Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 13 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El respeto y cuidado de todas las especies animales han experimentado un contexto evolutivo a lo largo de los años, el cual refleja cambios en la percepción y conciencia humanas.

Originalmente, en las sociedades antiguas, las interacciones con los animales estaban más orientadas a la utilidad que proporcionaban a los seres humanos, como alimento, vestimenta y trabajo. No obstante, debido a la evolución de las sociedades, se volvieron más complejas, lo cual en cierta parte se ha materializado en la relación de las personas con los animales.

Muestra de lo anterior, ha tenido cabida con el surgimiento de ideas filosóficas y religiosas, lo que ha influido en la percepción de los animales. En muchas culturas, se promovió la noción de que los animales eran seres vivos con valor intrínseco y merecedores de respeto.

Tal situación es retomada en el confucionismo en China, el hinduismo y el budismo en la India, así como en las enseñanzas de figuras como Pitágoras en la antigua Grecia, lo cual contribuyó a la idea de que los animales merecían consideración y trato digno.

Asimismo, el movimiento de derechos de los animales en el Siglo XIX marcó un hito importante en la evolución de este concepto. Figuras como Henry Salt y Peter Singer argumentaron que los animales tenían derechos inherentes y que los humanos tenían la responsabilidad moral de tratarlos con compasión y consideración.

En el ámbito legal, la protección de los animales ha evolucionado gradualmente. En el contexto internacional, diversos tratados y convenios han establecido pautas para el respeto y cuidado de las especies animales, tal es el caso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1973), la Declaración Universal de los Derechos de los Animales (1978) y el Tratado de Lisboa (Tratado de la Unión Europea, 2009), por mencionar algunos de los más importantes, los cuales sin duda reflejan el sentimiento y preocupación latente por el bienestar animal.

La evolución de la percepción humana sobre los animales y su bienestar ha influido en la creación de tratados y acuerdos internacionales que buscan proteger y cuidar a las diferentes especies en todo el mundo, hecho que ha trastocado, incluso ámbitos de la vida humana como son la educación.

A medida que la conciencia sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y consideración ha crecido, también lo ha hecho la inclusión de temas relacionados con los animales en los sistemas educativos y en la legislación. Esto se ha traducido en un enfoque más integral en la educación sobre el trato y cuidado de los animales.

Durante las décadas de 1960-1970, la percepción sobre los animales comenzó a cambiar, y se reconocieron las cuestiones éticas relacionadas con su trato. Se introdujeron programas educativos sobre la conservación y el bienestar animal en varios países, aunque de manera limitada.

En el periodo 1980-1990 se produjo un aumento en la conciencia sobre los derechos de los animales y su bienestar, debido a que las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los animales comenzaron a promover la educación respecto a temas como el trato ético de los animales, la protección de especies en peligro y la prevención del maltrato animal.

De manera reciente, la educación sobre el bienestar animal se ha convertido en una parte establecida en los currículos escolares en muchos países, incluso se han desarrollado programas educativos para abordar temas como la conservación de especies, la agricultura sostenible y ética, así como el trato respetuoso de los animales en la investigación y el entretenimiento.

En México se han materializado esfuerzos significativos con el propósito de detonar una cultura de respeto a las diversas especies animales. Tal es el caso de la promoción y aprobación de diversas normas, entre otras, las Leyes General de Vida Silvestre, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Federal de Sanidad Animal.

Asimismo, en el ámbito legislativo estatal se han dado pasos importantes en el reconocimiento del bienestar animal, entre otros, se resalta la materialización de disposiciones normativas para la prevención y el castigo del maltrato animal, así como para la promoción de la adopción responsable y la educación sobre el cuidado de los animales.

No obstante lo anterior, aún hay grandes desafíos en el aspecto educativo nacional, tal es el caso de lo establecido en la fracción IV del artículo 13 de la Ley General de Educación, que señala lo siguiente:

El respeto y cuidado del ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.

Si bien se ha fomentado la sensibilización en algunos rubros, como lo es el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza, aun hay áreas de acción respecto al trato respetuoso de los animales y demás prácticas éticas en su relación con los seres vivos en el espacio educativo.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la actualidad los planes y programas de estudio para educación básica, integran aprendizajes y acciones tendentes a mejorar la calidad de vida y el entorno de los seres vivos.

La propia SEP ha reconocido en voz de su titular que “se trabaja para fortalecer el humanismo, el respeto y la empatía entre las personas y, se ha resaltado la importancia de que los seres humanos aprendan a respetar y a entender que los animales son seres que sienten y que viven... una educación por el respeto a los seres vivos, si se hace desde pequeños, logra grandes frutos”.

Ciertamente, han sido loables los esfuerzos y espacios conseguidos a través del nuevo plan de estudios, sin embargo, en la actualidad, la normativa sigue sin considerar el cuidado y el trato respetuoso hacia todas las especies animales como principio o área de fomento entre los educandos, aspecto que preocupa y alienta la presente iniciativa.

Aunado a lo anterior, se encuentran, cada vez con más frecuencia, las muestras de desprecio y maltrato contra los animales, cual refieren organizaciones como Anima Naturalis, al señalar: “ México es el país de América Latina con el mayor número de casos de maltrato animal y además se encuentra en el top cinco mundial de crueldad contra estos seres vivos”.

En voz de especialistas y asociaciones protectoras de animales, se considera necesario difundir entre la población una cultura de respeto hacia los animales y de prevención del maltrato, con este objetivo, se propone adicionar la fracción V al artículo 13 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Resulta indispensable que la toma de decisiones que impulsen políticas, programas y estrategias que involucren a la sociedad deben ser analizadas con mayor detenimiento.

Considero que deben impulsarse políticas públicas que promuevan e inculquen en las nuevas generaciones la cultura de cuidado y trato respetuoso para todas las especies animales.

Por las razones anteriores someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 13 de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona la fracción V al artículo 13 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en

I. a IV. (...)

V. La cultura de cuidado y trato respetuoso para todas las especies animales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La secretaría realizará un plan de implantación y armonizará a su marco normativo con el contenido del presente decreto en un plazo de 180 días naturales.

Notas

1 Véase Ley General de Educación, Cámara de Diputados. Consultado el 28 agosto de 2023. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

2 Véase Secretaría de Educación Pública. Boletín SEP número 128. Consultado el 28 de agosto de 2023. Disponible en

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-128-cuidado-y -respeto-a-los-seres-vivos-se-incluiran-en-planes-y-programas-de-estudio-sep?id iom=es

3 Véase “‘México, el país de AL con mayor maltrato animal’: AnimaNaturalis”, en Aristegui Noticias, 29 de agosto de 2023. Disponible en

https://aristeguinoticias.com/0106/mexico/mexico-el-pais-de-al-c on-mayor-maltrato-animal-animanaturalis/#

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de octubre de 2023.– Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO LA ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de garantizar el principio constitucional de paridad de género, mediante la alternancia de género en la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Lidia Pérez Bárcenas, diputada de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6 numeral I fracción I; y 79 numerales 1 fracción II y 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, por las siguientes

Consideraciones

Primera. En México, la división de Poderes, así como la independencia que existe entre éstos, constituye la base del Estado democrático.

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Así mismo el artículo 41 establece que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores.”

Por otra parte, el artículo 49 señala que el “ Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

En este orden de ideas la Carta Magna en su artículo 116 señala que “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos:”

El Poder Judicial tiene la finalidad de velar por el cumplimento de la Constitución y de las leyes en general, hacer cumplir las responsabilidades de las sociedades y proteger los derechos de los ciudadanos, impartir justicia y mantener el equilibrio entre los demás Poderes de la Unión y en las entidades federativas.

Segunda. A nivel mundial el papel de las mujeres en las esferas pública, social y económica ha sido revalorizado, cobrando mayor importancia en los últimos años y, por lo tanto, impulsando su inclusión en todos los espacios.

La Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una muestra del interés que a nivel internacional se ha prestado al respecto. Esto se ha replicado en los distintos países a fin de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

El derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas está establecido en diversos instrumentos internacionales.

El artículo 21.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

“ Artículo 21

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

3...”

Por su parte el artículo 25 inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala:

“ Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.”

La Constituciones vigente señala:

“ Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley...”

En el caso de México, las reformas legislativas han impactado en el Poder Ejecutivo y, por ello, en la toma de decisiones a nivel federal, estatal y municipal.

La reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, por la que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122, reconoció, entre otros, el principio de paridad de género, aunque acotado a las candidaturas a legisladores federales y locales.

Esta reforma se complementó con la posterior reforma a la Carta Magna de 2019, coloquialmente conocida “ paridad en todo” que tuvo como propósito que hombres y mujeres integraran todos los órganos de decisiones de manera equivalente; con lo cual se establecieron medidas alternativas de carácter transitorio para lograr acelerar la igualdad sustantiva .

En este orden de ideas, el 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, el cual consagra la obligación de observar el principio de paridad de género en:

1. La elección de representantes ante los ayuntamientos en municipios con población indígena;

2. Los nombramientos de titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como en la integración de los organismos autónomos;

3. La postulación de candidaturas de los partidos políticos a los distintos cargos de elección popular;

4. La elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, en listas encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo;

5. Los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales; y

6. La integración de los ayuntamientos municipales.

Al respecto, dicha reforma constitucional señala, entre otros puntos, en el artículo 94, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compondrá de once ministras y ministros, además que en el párrafo octavo de dicho artículo establece la obligatoriedad para que por ley se establezca la forma y procedimientos para que en la integración de los órganos jurisdiccionales, se observe el principio de paridad de género, y a la letra reza:

“ Artículo 94. ...

...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno o en salas.

...

...

...

...

La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.

...

...

...

...

...

...

...”

Es decir, la reforma a la Carta Magna de 1919 mandata que, por ley, en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en demás órganos jurisdiccionales se observe el principio de paridad de género.

Con ello, el Constituyente Permanente, en representación de la voluntad popular, reconoce los derechos de las mujeres, específicamente el de paridad e igualdad sustantiva, expresados en diversos instrumentos internacionales y que en México han venido tomando fuerza para que las mujeres tengan el pleno ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos del poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Tercera. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación también menciona el principio de paridad de género, y entre otros puntos señala:

“ Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo 33. Cuando exista una vacante de secretario o secretaria, actuaria o actuario u oficial judicial, el presidente o la presidenta del tribunal colegiado nombrará a la persona que deba cubrir la vacante dentro de un plazo de treinta días naturales, de entre aquellas personas que figuren en el diez por ciento superior de las listas de personas vencedoras a que hacen referencia el artículo 30 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, notificando de ello al Consejo de la Judicatura Federal en un plazo no mayor a tres días hábiles. En caso de que el presidente o la presidenta del Tribunal correspondiente no llegare a nombrar a la persona que deba cubrir la vacante, el Consejo de la Judicatura Federal la designará de plano en el orden de las listas, velando en todo caso por respetar el principio de paridad de género. Esta disposición no es aplicable para las vacantes de secretaria o secretario proyectista a que se refiere el artículo 10, fracciones X y XIII de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.”

“ Artículo 165. El Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior, siete Salas Regionales y una Sala Regional Especializada; las sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas.

...

Los órganos jurisdiccionales señalados anteriormente deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género.”

Por otra parte, el 18 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación reforma por el que se reforman los artículos 17, 35 y 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la que contempla el fomento de la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos por parte de las autoridades correspondientes, así como la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el Servicio Civil de Carrera del Poder Judicial, ley que actualmente señala:

“ Artículo 17.- La política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, saludable, social y cultural.

La política nacional que desarrolle el Ejecutivo federal deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; económico, político, saludable, social y cultural;

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres;

III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;

VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;

VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres;

VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;

IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales;

X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud;

XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente;

XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y

XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales.

Artículo 35.- La política nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.

Artículo 36.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género;

II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación;

III. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la participación paritaria entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular;

IV. Promover participación y representación paritaria entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos;

V. Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos públicos;

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y

VII. Fomentar la participación paritaria y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.”

En este orden de ideas, el 22 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto que aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.”, entre cuyos objetivos se encuentra:

“ Objetivo prioritario 5. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Una condición indispensable para el logro de la igualdad de género es que las mujeres sean actoras determinantes en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de toda iniciativa impulsada en esta dirección. Para ello, deben tener presencia sustantiva en la toma de decisiones tanto en los ámbitos públicos y gubernamentales, como en las diversas esferas de la vida social y en el ámbito doméstico. La experiencia histórica y el pensamiento crítico y feminista muestran que, en la medida en que las mujeres integren los espacios de decisión en paridad y además actúen desde una posición estratégica con efectiva vigencia de sus derechos humanos, se avanzará hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de manera más rápida, firme y sostenible.”

Cuarta. Si bien la participación de las mujeres ha aumentado, sobre todo en el Poder Legislativo y de los partidos políticos, en el ámbito del Poder Judicial se puede apreciar que existe una tendencia a que la participación de las mujeres sea menor conforme el nivel del cargo es mayo r.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (Inegi, 2021), los órganos jurisdiccionales, órganos y unidades administrativas del Poder Judicial de la Federación se integran casi de manera paritaria (50,4 por ciento hombres, 49,6 por ciento mujeres).

Sin embargo, esta paridad prácticamente desaparece en los órganos de toma de decisión: según el Poder Judicial de la Federación, 80 por ciento de los magistrados de circuito en funciones son hombres, así como 74 por ciento de los jueces de distrito en funciones; en el Consejo de la Judicatura Federal solo dos de los siete integrantes del pleno son mujeres, igual que en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación; en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay únicamente tres mujeres entre sus once integrantes.

Quinta. En lo que respecta a las entidades federativas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción III, párrafo primero establece que:

“ Artículo 116. ...

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.”

Para el caso, esto significa que la integración del Poder Judicial en las entidades federativas se encuentra establecido en las constituciones locales. La incorporación de mujeres y hombres en los cargos de los Poderes Judiciales estatales se encuentra compuesta de la siguiente manera:

Porcentaje de mujeres y hombres en cargos de los Poderes Judiciales de las entidades federativas:

De los datos anteriores podemos concluir que al interior de los Poderes Judiciales de las entidades federativas también la participación de las mujeres disminuye conforme el nivel del cargo es mayor, similar a los hechos que ocurren en el Poder Judicial de la Federación.

Es por tanto evidente, que existe un problema de orden estructural, tanto a nivel normativo como en las oportunidades reales que se les brindan a las mujeres para participar en las más importantes encomiendas dentro del Poder Judicial.

Es decir, estamos lejos de cumplir las normas constitucionales, legales, y las establecidas en los instrumentos internacionales en la materia en las que el Estado mexicano es parte, para lograr la igualdad sustantiva y la paridad de oportunidades y ejercicio efectivo de derechos entre mujeres y hombres.

Sexta. En la Ciudad de México, tanto la Constitución local como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México se contempla jurídicamente el principio de paridad de género en la integración del Poder Judicial.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 35 señala, entre otros puntos, la forma de integración del Poder Judicial local y establece:

“ Artículo 35

Del Poder Judicial

A....

B. De su integración y funcionamiento

1. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en un Tribunal Superior de Justicia que contará con una Sala Constitucional; un Consejo de la Judicatura y Juzgados.

2.. a 3...

4. A propuesta del Consejo de la Judicatura las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán designados y en su caso ratificados por las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso.

...

5... a 7...

8. En la integración del Poder Judicial se garantizará en todo momento, el principio de paridad de género.

9. Las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos en sesión pública y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo cuatro años; la persona que haya ocupado la Presidencia bajo cualquier supuesto del presente numeral, no podrá volver a ocuparla posteriormente bajo ningún concepto, ni sucesiva, ni alternadamente, independientemente de la calidad con que pueda ostentarla.”

Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece la periodicidad en la que debe ser electa la persona que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“ Artículo 38.- La o el magistrado que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, será electo por las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría de votos en sesión pública y mediante sufragio secreto; durará en su encargo cuatro años. La persona que haya ocupado la presidencia bajo los supuestos del presente numeral, no podrá volver a ocuparla posteriormente bajo ningún concepto, ni sucesiva, ni alternadamente, independientemente de la calidad con que pueda ostentarla.

El periodo de ejercicio del presidente iniciará en el mes de enero y rendirá la protesta de ley ante el pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la primera sesión del año en curso”.

Sin embargo, el principio constitucional de paridad de género dentro del Poder Judicial, aún se encuentra lejos de cumplirse en la Ciudad de México, toda vez que aun cuando está considerado en la norma suprema de la capital y la ley secundaria en la materia, esto no ha sido suficiente para permitir el ejercicio efectivo de la igualdad sustantiva.

Dicho artículo en apariencia permite la elección indistinta de mujeres y hombres al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero en la realidad la norma no se ha cumplido y en los hechos no se garantiza el Principio Constitucional de Paridad, tampoco se respeta la igualdad sustantiva, horizontal y la alternancia de género.

Al momento, son los propios magistrados quienes eligen, a “ La o el magistrado que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, y en razón de que la mayoría de los magistrados son hombres, y que la elección la realizan los propios magistrados, la elección de quien ocupa la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha venido recayendo indefectiblemente en un hombre, aun cuando legalmente esté prevista la posibilidad de que sea una mujer quien presida el Poder Judicial de esta entidad.

En más de un siglo, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido ocupado por 49 juristas distintos, sin embargo, cabe resaltar, que 48 de los 49 presidentes han sido hombres, y solo una mujer ha ejercido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la, en aquel entonces, magistrada Clementina Gil Guillén, quien desempeño el encargo de 1983 a 1988.

En los 118 años de la historia del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país, solamente en una ocasión, una mujer ha ocupado la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Presidentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Estos datos muestran la existencia de una traba sistemática y estructural y que ha impedido el ejercicio igualitario de derechos entre mujeres y hombres para encabezar la Presidencia del Poder Judicial de la actual Ciudad de México.

La falta de cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en el Poder Judicial de la Ciudad de México, aun cuando se contempla jurídicamente esta posibilidad, pero en razón de que no establece de manera explícita la alternancia de género en la Presidencia del Poder Judicial de la capital del país, la norma contemplada en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha resultado ser una simulación jurídica.

Un estudio regional denominado “ La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina”, elaborado por núcleo de estudios interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos de la Universidad Austral de Chile, con el apoyo del Grupo Mujeres por la Justicia, para el caso de México, entre otros puntos, señala que:

“ México

Como buenas prácticas instaladas se destaca la existencia de un Comité Interinstitucional y de unidades de género.

Como medidas a implementar:

“ Avanzar hacia un sistema de presidencias de altas cortes alternadas por sexo (hombre y mujer).

“ Instalar un observatorio ciudadano para monitorear designaciones judiciales.

“ Desarrollar alianzas con organizaciones sociales para generar estudios u otro tipo de intervenciones destinadas a promover la igualdad de género en los Poderes Judiciales y fiscalías.

“ Avanzar en la instalación de espacios de cuidado y mecanismos de conciliación para juezas.

“ Implementar un protocolo de acoso, dotado de medidas cautelares o de protección para denunciantes

“ Avanzar hacia un modelo de licencias o permisos de parentalidad de carácter equitativo que fomente la corresponsabilidad.

“ Mantener y mejorar los programas de lactancia digna y lactarios, y establecer espacios de cuidado en el interior de los tribunales.

“ Realizar convocatoria a concursos de capacitación para mujeres.

“ Promover la capacitación y concienciación en materia de igualdad de género respecto de todos los funcionarios del Poder Judicial.

“ Desarrollar cursos de formación en línea en horarios compatibles con los tiempos de cuidado.

“ Avanzar hacia la consideración de los roles de cuidado en los cambios de adscripción, implementar flexibilidades y, eventualmente, teletrabajo en atención a estos roles.

“ Instalar un consejo consultivo ciudadano para monitorear capacitaciones judiciales.”

Dentro de las recomendaciones generales de este estudio, sobre “la participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América latina” se señala la necesidad de garantizar, al menos, el siguiente grupo de medidas para asegurar la igualdad de género en los sistemas de justicia:

“ Avanzar hacia el establecimiento del principio de presencia equilibrada en las altas cortes, mediante mecanismos que aseguren que la aparición en listas o nóminas pueda traspasarse a las designaciones. Es decir, trascender la paridad en las listas de nominaciones y tender a la paridad en el resultado o en los cupos o cargos de altas cortes. Este mecanismo permite proyectar los efectos normativos de la paridad sobre la configuración final de los tribunales de más alta jerarquía.

“ Incorporar mecanismos generales correctivos (acciones positivas), que promuevan la postulación de mujeres a cargos o funciones en los que se detecte un déficit de representación femenina.

Séptima. Resulta evidente que, en el tema de paridad y promoción de los derechos de las mujeres, muchas son las reformas constitucionales y legales que deben realizarse, entre ellas:

1) La integración paritaria de los órganos jurisdiccionales;

2) La alternancia en el sexo que encabeza la presidencia de los tribunales;

3) La determinación de que, en caso de número impar, el sexo subrepresentado será mayoría;

4) La regulación expresa de la aplicación del principio de paridad horizontal para cualquier órgano jurisdiccional;

5) La Presidencia e integración de las comisiones en forma paritaria; y,

6) Establecer previsiones legales para la integración paritaria del Poder Judicial, concretamente los juzgados, salas y los altos cargos del Poder Judicial.

La lección es clara, la mejor forma de garantizar los derechos de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad es el reconocimiento expreso en el marco normativo de sus derechos y del modo de materializarlos.

La aplicación explícita del principio y regla de paridad en la integración en todos los espacios de decisión pública, es el siguiente paso.

La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de los órganos jurisdiccionales, específicamente en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de igualdad de oportunidades para acceder a la Presidencia del Tribunal y puedan ejercer, indistintamente, las funciones inherentes.

En todo momento se debe cumplir con el principio de alternancia de género, y con ello garantizar el principio de igualdad en el derecho de acceso al cargo.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Congreso de la Ciudad de México, para que, en uso de sus atribuciones y facultades, modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México a fin de garantizar el principio constitucional de paridad de género, mediante la alternancia de género en la elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del apartado B) del artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Notas

1 Cámara de Diputados.

2 Ibid.

3 Ibidem.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 Declaración Universal de los Derechos Humanos.

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-civil-and-political-rights

6 DOF: 10/02/2014. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha =10/02/2014#gsc.tab=0

7 DOF: 06/06/2019 Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5562178&fecha =06/06/2019#gsc.tab=0

8 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPJF.pdf

9 DOF: 18/05/2022. Decreto por el que se reforman los artículos 17, 35 y 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652475&fecha =18/05/2022#gsc.tab=0

10 DOF: 22/12/2020. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608466&fecha=22/ 12/2020#gsc.tab=0

11 DOF: 22/12/2020. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608467&fecha=22/ 12/2020#gsc.tab=0

12 Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021. 01 de julio de 2021. Actualización: 27 de julio de 2021.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2021/doc/cni jf_2021_resultados.pdf

13 La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina. Diciembre 2021. Página 43.

https://www.dplf.org/sites/default/files/participacion_de_las_mu jeres_en_los_sistemas_de_justicia_en_america_latina_2022.pdf

14 CNDH. La Participación Política de las Mujeres en México, 2020. Pág. 66.

https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/P articipacion_Mujeres.pdf

15 Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Historia.

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/tribunal/

16 La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina.

https://www.dplf.org/sites/default/files/participacion_de_las_mu jeres_en_los_sistemas_de_justicia_en_america_latina_2022.pdf

17 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICO EL CONVENIO EXISTENTE ENTRE EL CONALEP JALISCO Y LA AGENCIA DE VIAJES SERTURLEY

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a hacer público el convenio existente entre el Conalep Jalisco y la agencia de viajes Serturley, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I; y artículo 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el estado de Jalisco, a la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación y Secretaría de Gobernación, a hacer público el convenio existente entre el Conalep Jalisco, y la Agencia de Viajes SerTurLey, así como con la Fundación PROSER, para poder llevar a cabo rifas y eventos que involucran de manera directa a los alumnos y docentes de los diversos planteles en Jalisco, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica “Conalep” fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria.

En 1993 el decreto se reforma para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral, vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia tecnológicas a las empresas.

Las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el estado de Jalisco, firmaron en 1998 el Convenio de Coordinación para la Federalización de los Servicios de Educación Profesional Técnica, con el objeto de transferir la organización y operación de los servicios de educación profesional técnica que presta el “Conalep” en el estado de Jalisco, incluyendo los recursos humanos, materiales y financieros, que permitan al “gobierno del Estado” contar con elementos suficientes para el ejercicio de las facultades que le otorga dicho convenio, así como otras disposiciones legales.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco “Conalep Jalisco” fue creado por decreto del honorable Congreso del Estado en 1999 como un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Su objetivo principal es la formación de profesionistas técnicos calificados de nivel medio superior, que contribuyan al desarrollo económico y social del estado de Jalisco, conforme a los requerimientos del sector social y el productivo, así como de la superación profesional del individuo.

Sin embargo, en el año 2022 la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ), abrió una investigación por acusaciones de probables actos de corrupción por parte del director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Jalisco, Braulio Guadalupe Vázquez Martínez.

De la línea de investigación se señalaba la presunta responsabilidad por contratos irregulares por casi 2 millones de pesos y algunos cobros a estudiantes supuestamente promovidos por el directivo.

Así mismo, se indicaron una serie de contratos a favor de personas ligadas al director Braulio Guadalupe Vázquez Martínez, y los montos eran de los 248 mil pesos a 1 millón 943 mil pesos.

También se hicieron públicos los oficios en los que supuestamente se ordenó, que los servicios de togas y fotografías se concedieran únicamente a una empresa y que se instalaran máquinas expendedoras de refrescos en planteles, lo que viola contratos de prestación de servicios de los planteles.

Se denunció también que se implementó un esquema de una rifa para liberar el servicio social y prácticas profesionales de estudiantes. Éstos tenían que vender boletos sin que hubiera permiso federal para el ejercicio; además, no se transparentó el destino de los recursos.

El OIC, señaló que ningún elemento probatorio daba mayor “profundidad”, y determinó el archivo de la causa como un asunto concluido, es decir, no hubo ningún aspecto que este órgano dependiente de la Contraloría pudiera haber encontrado (algún) indicio de algún tipo de mal comportamiento.

Sin embargo, en fechas recientes, invitar a la diputada federal Cecilia Márquez al Conalep de Tonalá y denunciar anomalías en la institución le costó el trabajo al maestro Alejandro Rodríguez González, quien fue dado de baja por instrucciones del director general del Conalep, Braulio Guadalupe Vázquez, quien a decir del afectado su despido se debe a un tema político y no por denuncias de los estudiantes.

Alejandro González ha sido un director innovador que llevó la carrera de ciencia de datos e inteligencia artificial, así como ISO 2021 que se les da a las escuelas con mejor imagen y desarrollo educativo por lo que su honorabilidad es intachable, pero por cuestiones políticas hoy es señalado por distintos delitos.

Para los directivos y docentes el caso del director Alejandro González se suma a todas las irregularidades que sufren en el Conalep.

Alejandro González fue despedido el 4 de septiembre y mediante un amparo fue reinstalado el 27 de septiembre, y aunque ahora ya puede ingresar busca que su caso no quede impune y que se sancione a los responsables.

Así mismo es importante conocer la relación que existe entre el Conalep y la Agencia de Viajes SerTurLey, pues en fecha 25 de agosto del presente año el director general solicitó el apoyo a los planteles a su cargo para el ingreso de personal de esa empresa a fin de ofrecer sus servicios a los alumnos.

La Fundación “PROSER”, también tiene una relación directa con el Conalep Jalisco, pues llevan a cabo el evento conocido como “ Apoya Mi Educación Rifa Entre Amigos”, la cual según la publicidad pretende rifar 2 computadoras tipo Laptop 11.6”, y 1 tableta 8”. Para esta actividad se pide a los maestros que pidan a los alumnos comprar los diversos números de los Raspa y Gana, que van del 1 al 50 y dependiendo el número que salga es el monto del boleto.

Sin embargo, jamás se indican los fines de la recaudación y tampoco la razón de que los alumnos y maestros se vean “obligados” a participar en dicha actividad.

Por lo que, en este acto, como diputada federal preocupada y aún más ocupada por esta situación someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el estado de Jalisco, a la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación y Secretaría de Gobernación, a hacer público el convenio existente entre el Conalep Jalisco, y la Agencia de Viajes SerTurLey, así como con la Fundación PROSER, para poder llevar a cabo rifas y eventos que involucran de manera directa a los alumnos y docentes de los diversos planteles en jalisco.

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2023.– Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CONSAR, PARA EXPLICAR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES POR LAS QUE SE DECIDIÓ SUSPENDER LA LIQUIDACIÓN DE LOS TRASPASOS DE CUENTAS ENTRE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO

«Proposición con punto de acuerdo, para realizar una reunión de trabajo con la Consar, para explicar las razones y los fundamentos legales por las que ese órgano decidió suspender la liquidación de los traspasos de cuentas entre las administradoras de fondos para el retiro, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Sergio Gutiérrez Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XX, 6 fracción I, 62 párrafo 3; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

El pasado 13 de diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, entonces dirigida por Iván Pliego Moreno, tomó la decisión unilateral de suspender durante tres meses el derecho legal que posee toda trabajadora y trabajador en nuestro país para traspasar libremente, entre las Afores, el manejo de sus ahorros personales depositados en la cuenta individual para su retiro, afectando patrimonialmente a quienes pretendían obtener mayores beneficios ofertados por una Afore diferente a la contratada.

Esta decisión, inicialmente adoptada por tres meses, se extendió a lo largo del primer semestre del año sin tener claro originalmente el momento en que concluiría, representado la generación de nuevos trámites y procedimientos para que las y los trabajadores puedan disponer de sus cuentas personales, en su perjuicio y del sistema financiero en general.

Todo ello se instrumentó transgrediendo tanto la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al interrumpir indebida y unilateralmente el funcionamiento del sistema y sin informar al Congreso de los alcances de la medida, como la Ley General de Mejora Regulatoria, al imponer nuevos requisitos y trámites a los establecidos previamente, sin haber llevado a cabo estudios previos de impacto regulatorio y sin haber realizado una consulta pública.

Peor aún, dicha medida fue implementada por la Consar a través de una comunicación simple, un oficio con número D00/220/1921/2022 firmado, no por su titular que entonces era Iván Pliego Moreno o por la comisión en pleno, sin por el director general de Supervisión Operativa, Jorge Orión Espíritu Montes, es decir, un funcionario que en el organigrama se ubica en un segundo nivel de responsabilidad.

La suspensión de traspaso de cuentas, que debió terminar el 16 de marzo pero que se extendió por tres meses más, intentó ser justificada de manera por demás superficial y poco clara, aduciendo supuestos riesgos para los rendimientos en las cuentas de las y los trabajadores ante las minusvalías que las administradoras de fondos para el retiro habían experimentado a lo largo del año 2022, pero sin clarificar cuáles serían las afectaciones específicas en caso de mantener la medida vigente, sin informar sobre las estimaciones de minusvalías o plusvalías en los siguientes meses, que ofrecieran al menos un marco informativo contextual a semejante decisión y peor aún, sin explicar los fundamentos legales que en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, dieran soporte válido y suficiente a tal decisión.

Esta medida fue anunciada a pesar de que, en el informe correspondiente al último trimestre de 2022, remitido por la Consar a las Cámaras del Congreso de la Unión y que fue publicado por éstas en sus respectivas Gacetas Parlamentarias el 28 de febrero de este año, se afirmaba lo siguiente:

La experiencia del SAR muestra que, en un horizonte de mediano o largo plazo, los meses donde se presentaron plusvalías han superado a aquéllos en los que se han registrado minusvalías. Prueba de lo anterior es que el sistema ha generado rendimientos nominales históricos de 10.53 por ciento en promedio anual y 4.71 por ciento en términos reales.

El Sistema de Ahorro para el Retiro ha registrado rendimientos acumulados por 2.6 billones de pesos, monto equivalente a 49.7 por ciento de los activos administrados por las Afores. Esto quiere decir, que casi la mitad de los recursos en el SAR son resultado de la buena gestión de los recursos durante los 25 años del Sistema.

En este sentido, debemos precisar que, si bien 2022 presentó minusvalías históricas, en los tres años anteriores a 2022 la industria presentó plusvalías extraordinarias, nunca antes vistas por más de 1.4 billones de pesos, cifra equivalente a 26.6 por ciento de los activos netos de 2022. Si bien esto no garantiza plusvalías sobresalientes en el futuro, sí muestra la solidez del sistema, su resiliencia y su capacidad de afrontar las condiciones adversas del mercado.

Como parte de ese informe se daba cuenta que, en el último trimestre de 2022, las minusvalías se habían revertido, lográndose plusvalías por 289, 832 millones de pesos en el periodo octubre — diciembre de ese año, conforme a lo siguiente:

Octubre — 83, 042 millones de pesos;

Noviembre — 131, 046 millones de pesos;

Diciembre - 75, 744 millones de pesos.

Es por demás importante recalcar que, en dicho informe trimestral, la Consar no agregó explicación alguna sobre la suspensión de los traspasos de cuentas, a pesar de que dicha medida fue anunciada el 16 de diciembre de 2022 y que tanto por su temporalidad como por su trascendencia, debió ser incluida en ese informe al Congreso.

Es decir, que mientras que en el informe remitido al Poder Legislativo las minusvalías registradas por las Afores no constituían un riesgo financiero ante la expectativa de un entorno económico saludable y en franca mejoría, la Consar adoptaba una medida restrictiva y lesiva de los derechos laborales y económicos de los trabajadores, sin ningún sustento legal y financiero que la justificara.

Lo anterior por sí mismo, constituyó una transgresión a la obligación que el artículo 5 fracción XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro impone a la Consar de informar al Congreso de la Unión, de la siguiente manera:

XIII. Rendir un informe trimestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberán considerar apartados específicos sobre:

c) Las medidas adoptadas por la comisión para proteger los recursos de los trabajadores a que se refiere la fracción XIII Bis del presente artículo;

Es de subrayarse el mandato de integrar un apartado específico, para informar sobre medidas de protección al ahorro de los trabajadores, en el que en todo caso debió inscribirse la medida unilateralmente adoptada por la Consar, pero de la que no proporcionó información alguna.

Aun así, esta decisión que debió concluir el 16 de marzo pasado, se extendió por tres meses más, hasta la mitad de junio, de nueva cuenta de forma injustificada y unilateral por parte de la Consar, sin agregar ninguna consideración o información adicional respecto a la utilidad que esta medida pudo haber tenido tras su implementación original de forma que pudiera ser debidamente evaluada, tanto por las y los trabajadores como por los operadores financieros del sector.

En efecto, de nueva cuenta, por comunicaciones diversas a través de los medios de comunicación, la Consar informó que había decidido extender la suspensión de traspasos hasta la mitad de junio, a pesar de que la información pública disponible respecto a los rendimientos netos de los últimos trimestres de 2022 y el primero de 2023 indicaban que ya existían plusvalías.

Incluso el entonces titular de Consar, Iván Pliego llegó a declarar a medios de comunicación que esta medida podría ser de duración indefinida, tal como lo dijo particularmente al periódico El Economista según una nota de ese diario fechada el 22 de marzo pasado en que señaló:

No hay una fecha establecida para que la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) levante la suspensión de traspasos de cuentas entre administradoras de fondos para el retiro (Afores).

Iván Pliego Moreno, presidente de la Consar, comentó a El Economista, después de un evento en el Senado, que la suspensión se quitará cuando las condiciones del mercado lo permitan, es decir que podrían restablecerse los movimientos en marzo, junio o noviembre.

No existiendo una comunicación oficial que fundara, motivara o explicara la medida, en un entorno de total desinformación e inseguridad jurídica, la Consar se concretó a difundir a través de diversas notas periodísticas, que mientras esta decisión estuviera vigente, las Afores sí podrían realizar el trabajo de atracción de cuentas, recibir documentación e iniciar el trámite correspondiente, pero que el proceso de traspaso estaría detenido en el ámbito operacional de “Procesar”, la entidad operadora de la base de datos de las administradoras y a través de la cual se canalizan y operan los procesos de traspasos.

En este contexto, el 14 de abril, se difundía información en el sentido de que las Afores habían registrado plusvalías por 138,800 millones de pesos en el primer trimestre del 2023, al tiempo que el 9 de mayo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, nombraba a Julio César Cervantes Parra, como nuevo presidente de la Consar, en sustitución de Iván Pliego Moreno.

En efecto, en el Primer Reporte trimestral correspondiente a 2023, enviado por la Consar al Congreso de la Unión y recibido y publicado en las Gacetas de las Cámaras del Congreso el pasado 24 de mayo, se reconocía lo siguiente:

En el primer trimestre de 2023, la economía global y de México empieza a mostrar señales positivas. En este sentido, la industria de las Afores presentó plusvalías al cierre de marzo 2023 equivalentes a 138,799.9 mdp. Esta recuperación respecto a periodos anteriores es consistente con el comportamiento de largo plazo de las inversiones del SAR, que han presentado rendimientos nominales históricos de 10.54 por ciento en promedio anual y 4.71 por ciento en términos reales.

En abierta contradicción con su propia información en los últimos dos reportes trimestrales y cinco meses después de haber implementado la suspensión de los traspasos de cuentas, la Consar dedicó únicamente dos párrafos a explicar la medida, de la siguiente forma:

2.1 Medida para detener la liquidación de los traspasos

En 2022, el SAR reportó minusvalías por 215,477 millones de pesos, las cuales se debieron al entorno económico y financiero por el que atravesó la economía internacional y nuestro país durante el año pasado. Con la finalidad de proteger los intereses de los trabajadores, la Consar decidió llevar a cabo una medida temporal para detener la liquidación de los traspasos por un periodo de tres meses calendario, entrando en vigor el día 15 de diciembre del año pasado.

Asimismo, durante el mes de marzo de 2023, se emitió una segunda medida por otros tres meses, esperando que las condiciones económicas mejoren. La medida implementada por la Consar tiene el objetivo de evitar la liquidación de los traspasos durante periodos de alta volatilidad, ya que, si un trabajador se traspasa durante esta época, materializa las minusvalías, afectando su ahorro.

En ese reporte trimestral, la Consar omitió de nuevo cumplir con su obligación legal de informar sobre el alcance y los efectos de la medida adoptada durante el primer trimestre del año, de forma que ni el Congreso de la Unión, ni la opinión pública podían conocer el impacto real de la misma.

De nueva cuenta serían las notas periodísticas las que aportaran información en el sentido de que hasta el 23 de abril, un mes antes de que la Consar remitiera su informe trimestral al Congreso, habrían sido 23 mil los trabajadores afectados al suspender los traspasos de sus cuentas y que las Afores más afectadas por no poder recibir nuevas cuentas eran las Afores Coppel, Azteca y Citi Banamex.

Sin embargo, trascendió también que la Consar prohibió a la empresa “Procesar” proporcionar cualquier información a las Afores durante este periodo de 6 meses, por lo que se desconoce la cantidad real de solicitudes de traspasos ingresadas y detenidas.

En relación con estas solicitudes de traspasos no concluidas, de nueva cuenta, sin sustento normativo alguno y mediante comunicados emitidos por sus redes sociales, la Consar dispuso que para liquidar los traspasos pendientes cada trabajador debía confirmar nuevamente su voluntad de traspaso, para lo cual recibirá un mensaje SMS por parte de “Procesar” invitándolo a ingresar a la aplicación Afore Web y ahí confirmar nuevamente su voluntad de cambio.

Esto último significa que la Consar, generó de forma alterna a la ley, un nuevo trámite y un procedimiento distinto al que se ha venido llevando históricamente para realizar el traspaso de una cuenta, ignorando que, para haber definido tal trámite, debió llevar a cabo un estudio de impacto regulatorio y una consulta pública en los términos que dispone la Ley General de Mejora Regulatoria, lo que constituye una omisión legal de la mayor relevancia.

Por todo ello, el 28 de abril siguiente, un ciudadano, haciendo uso de sus garantías constitucionales y derechos legales de acceso a la información pública, se dirigió a la Consar para solicitar la “... cantidad, montos de Afore Cedente y Afore receptora, por Siefore de los traspasos suspendidos por la Comisión a la fecha de respuesta, en un archivo Excel, además de información en otro archivo con el rendimiento del 2 de enero de 2023, cuando empezó la suspensión a la fecha de la respuesta dividida, por Afore y Siefores”, lo cual se registró en la solicitud de acceso a la información pública con el folio 330009523000123.

Sin embargo, se pudo saber que el 26 de mayo de 2023, la Coordinadora General de Información y Vinculación, titular de la Unidad de Transparencia y Presidenta del Comité de Transparencia de la Consar, convocó a funcionarios de dicho órgano regulador para resolver la respuesta a dicha petición de información en sentido negativo y clasificar dicha información como reservada por un periodo de 5 años, tal como consta en el ACTA CTE 08-23.

Así, el 7 de junio siguiente, quien esto suscribe, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión un punto de acuerdo similar al que ahora se pone en consideración de esta soberanía, para convocar al titular de la Consar a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de aquel órgano constitucional, a efecto de que diera respuestas ante las y los diputados y senadores, particularmente sobre la omisión legal de informar al Congreso sobre esta delicada situación.

Dicha proposición sin embargo no fue dictaminada a pesar de la excitativa que para tal efecto se presentó ante el pleno de la referida Comisión Permanente, el 11 de julio siguiente.

En ese contexto, el 9 de agosto, es decir, dos meses después de presentado el punto de acuerdo y un mes después de presentar la excitativa para su dictaminación, la Consar emitió un brevísimo comunicado, buscando informar de la conclusión de tan arbitraria medida al señalar que: Concluye la liquidación de los traspasos que se reprogramó para proteger los ahorros de los trabajadores, el cual, sin embargo, se encuentra lleno de generalidades, inexactitudes y aseveraciones falsas, tal como a continuación se muestra:

La situación de opacidad por esta medida arbitraria ha sido tal, que a la fecha no se tiene certeza de cuál es la dimensión real de su afectación tanto a las y los trabajadores como a las propias administradoras.

Peor aún, habiendo ocurrido todo lo anterior, el pasado 5 de septiembre, la Consar remitió a las Cámaras del Congreso de la Unión su Segundo Informe Trimestral, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, es decir, con un retraso de casi tres meses y de nueva cuenta, sin abordar debidamente este tema.

Si en el Primer Informe Trimestral del presente año la pretendida explicación de la suspensión de traspasos mereció solo tres párrafos, en este Segundo Informe mereció siete párrafos, en los que no se ofrece ninguna información concreta y específica sobre los fundamentos legales de la medida, la población trabajadora afectada, el número de operaciones afectada, el monto de los recursos involucrados y el efecto de esta medida en el mercado financiero de las Afores.

De hecho, omitiendo su propia información del primer trimestre respecto a las plusvalías observadas a fines de 2022 e inicios de 2023, la Consar vuelve a referirse solo a las minusvalías de inicios del año anterior como causa de la medida, lo que muestra un manejo político más que técnico de la información para justificar una medida que desde el inicio de 2023 no tenía justificación económica o financiera alguna.

Peor aún, en solo un párrafo, que pretende contextualizar el desempeño económico del país en el primer semestre de 2023 se afirma que:

Fue esta mejora del panorama económico nacional e internacional lo que permitió que, a partir del 29 de mayo de 2023, se reactivara la liquidación de los traspasos siguiendo los plazos establecidos por la normativa. En cuanto a los traspasos que tuvieron lugar entre la segunda quincena de diciembre de 2022 y el 28 de mayo de 2023, se liquidarán en el mes de julio del presente año junto con la dispersión de recursos por concepto de recaudación de aportaciones IMSS. Esta medida tiene como objetivo mitigar el flujo de recursos y evitar alteraciones en el mercado financiero y en las Afores.

Lo anterior es desde luego falso ya que la inquietud que generó la medida tanto entre la base trabajadora como entre las propias Afores, es que se implementó fuera de toda norma, por lo que de hecho si hubo afectación y alteraciones al mercado financiero de las Afores al distorsionar la dinámica del mismo.

Finalmente, en este último informe trimestral se afirma que: “... se respetó en todo momento el derecho del trabajador de cambiar a la Afore de su preferencia para administrar sus ahorros. Únicamente se postergó temporalmente la liquidación de activos con el propósito de prevenir que las minusvalías se tradujeran en pérdidas” lo que desde luego es falso ya que lo que hizo esta medida fue precisamente afectar ese derecho de los trabajadores y sus ganancias, provocando incluso un daño patrimonial a los mismos, sin dejar de mencionar que no hubo tal postergación temporal (es decir, una posposición simple del trámite original) sino la implementación de un nuevo trámite para ratificar el trámite original, que de no realizarse, anulaba la decisión inicial formulada originalmente en términos de ley.

Ante todo ello debe insistirse en la gravedad que representa el hecho de que esta desinformación persista habiéndose entregado ya tres reportes trimestrales por parte de la Consar al Congreso de la Unión que debieron dar amplia información sobre el tema, pero que prácticamente lo ignoraron.

Honorable asamblea

Al presentar este punto de acuerdo, se propone que el titular de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes Parra, acuda a una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados para que explique las razones y los fundamentos legales por las que ese órgano decidió suspender la liquidación de los traspasos de cuentas entre las administradoras de fondos para el retiro, afectando con ello el ejercicio de un derecho legal de las y los trabajadores en el manejo de sus cuentas individuales.

La intención principal de solicitar la presencia del funcionario es subsanar la omisión de la Consar, respecto a su obligación legal de informar al Congreso de la Unión sobre el manejo del sector y la cual ha incumplido claramente al no informar a esta soberanía sobre las razones, los fundamentos, los alcances y los plazos de una medida de tal relevancia como la de suspender por seis meses el ejercicio de un derecho legal de las y los trabajadores para poder disponer libremente de sus propias cuentas de ahorro para el retiro.

Para orientar nuestras reflexiones sobre este delicado tema es necesario precisar lo siguiente:

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro no otorga facultades expresas a la Consar como órgano regulador, para suspender unilateralmente el funcionamiento de ninguna de las etapas procesales, jurídicas o financieras, que conforman el sistema de ahorro para el retiro y menos aún para decidir unilateralmente la imposición de requisitos adicionales a los establecidos en la Ley para el manejo de las cuentas individuales.

Al hacer lo anterior, la Consar transgrede lo que dispone la ley y genera afectaciones importantes a la población trabajadora y al sector de la que funge como órgano regulador, generando incertidumbre jurídica y económica.

Cualquier decisión que buscara ajustar las condiciones operativas del manejo de cuentas individuales para el retiro, que impacta tanto el ámbito laboral como el financiero, debió ser procesada en los términos que dispone la Ley General de Mejora Regulatoria elaborando un estudio de impacto normativo y realizando una consulta pública que acreditara el supuesto beneficio para los trabajadores definiendo además con claridad su aplicación en el tiempo, de forma que los trámites y procesos administrativos relacionados con el manejo de cuentas individuales tuvieran certeza absoluta respecto al momento preciso para su desarrollo y continuidad.

Esa evaluación y esa consulta no se hicieron y siguen sin hacerse.

Más importante es en todo momento, que, con esta decisión unilateral, la Consar nulificó el ejercicio de uno de los derechos esenciales del trabajador en lo relativo al manejo de su cuenta individual para el retiro sin tener claridad respecto al supuesto beneficio le otorgaría la suspensión de ese derecho.

En este sentido, aún queda por resolver cuál es la afectación a los trabajadores que dejaron de ganar los rendimientos de la Afore, que no pudieron tener acceso a los servicios de dicha administradora y que, por lo tanto, recibieron un daño patrimonial directo por parte de una institución del Estado mexicano.

Igualmente se deberá determinar cuál es el efecto de esta medida en la afectación a las inversiones y, por lo tanto, al ahorro del trabajador, al incapacitar a las Afores respecto de la formulación de una planeación financiera a largo plazo, al desconocer los montos financieros reales a operar.

Es en este sentido, que para hacer cumplir a la Consar su obligación de informar al Congreso de la Unión sobre las medidas que ha adoptado en los últimos meses, se pide a esta soberanía, tenga a bien aprobar el llamado a su titular, para que en una reunión de trabajo organizada para tal efecto, proporcione a las y los legisladores federales, la información necesaria e indispensable sobre este importante asunto.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión convoca al titular de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Julio César Cervantes Parra, para que en reunión de trabajo ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, explique detalladamente las razones y los fundamentos legales por las que ese órgano decidió suspender la liquidación de los traspasos de cuentas entre las administradoras de fondos para el retiro, afectando con ello el ejercicio de un derecho legal de las y los trabajadores en el manejo de sus cuentas individuales.

Asimismo, en dicha reunión deberá informar sobre el monto estimado de recursos financieros que las y los trabajadores han dejado de percibir al haberse impedido el traspaso que libremente hayan decidido sobre sus cuentas individuales, así como el monto de las afectaciones a las administradoras de fondos para el retiro al impedirles concretar las liquidaciones correspondientes.

Notas

1 Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre, noviembre y diciembre de 2022.Gaceta del SenadoMartes 28 de febrero de 2023 / LXV/2SPO-96-3178/132595

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-02-28-1/asse ts/documentos/Informe_Trimestral_Sistema_Ahorro_Para_el_Retiro_2022.pdf

2 Nota de Santiago Rentería Nolasco, citando datos de CONSAR EL ECONOMISTA, 14 de abril de 2023

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Afores-reportar on-plusvalias-por-138800-millones-de-pesos-en-el-primer-trimestre-Consar-202304 14-0055.html

3 No hay fecha límite para levantar la suspensión de los traspasos: Consar EL ECONOMISTA, 22 de marzo de 2023

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/No-hay-fecha-li mite-para-levantar-la-suspension-de-los-traspasos-Consar-20230322-0036.html

4 Afores retoman ganancias en 2023, regresan las plusvalías: CONSAR MI BOLSILLO, 16 de abril de 2023

https://www.mibolsillo.com/retiro/Afores-retoman-ganancias-en-20 23-regresan-las-plusvalias-Consar-20230416-0005.html

5 Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo enero, febrero y marzo de 2023. Gaceta del Senado Gaceta Parlamentaria Miércoles 24 de mayo de 2023 / LXV/2SPR-5-3226/134915

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-05-24-1/asse ts/documentos/Informe_Trim_SAR_2023.pdf

6 ¿Quieres cambiar de AFORE? CONSAR bloquea 23 mil traspasos en 2023 MI BOLSILLO. 20 de abril de 2023

https://www.mibolsillo.com/retiro/Quieres-cambiar-de-Afore-Consa r-bloquea-23-mil-traspasos-en-2023-20230420-0006.html

7 https://www.gob.mx/consar/prensa/concluye-la-liquidacion-de-los-traspasos-afore -afore-que-se-reprogramo-para-proteger-los-ahorros-de-los-trabajadores-ante-la- volatilidad-de-los-mercados-financieros-presentada-meses-atras#:~: text=La%20Comisi%C3%B3n%20Nacional%20del%20Sistema,Administradora%20entre%20el% 2016%20de

8 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/3/2023-09-05-1/assets/documentos/O ficio_Informe_Trimestral_Hacienda_y_Credito_Publico_Abril_Junio.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de octubre de 2023.– Diputado Sergio Gutiérrez Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A CUMPLIR EFICIENTEMENTE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6 numeral 1, fracción l; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden públicos, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, entre otros, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que existe coincidencia entre los principales sectores de la población mexicana, en el sentido de que es de destacarse que nuestro país se enfrenta a uno de los desafíos más apremiantes y trascendentales de su historia, como lo es la inseguridad. Y esto es así porque en efecto, la creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad son problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Así, la presencia y el poderío del crimen organizado también representan un desafío significativo, hecho que se refiere de manera preponderante a que México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que genera violencia y corrupción en diferentes niveles de gobierno y socava los esfuerzos por combatir la inseguridad.

Como consecuencia de lo anterior, se han generado situaciones diversas que alientan el clima decreciente en materia de estabilidad y se visualiza un porvenir nebuloso, toda vez que la delincuencia organizada se ha diversificado en actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Así pues, la inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los mexicanos, porque la violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho.

Segunda. Que en medio de este ensombrecido panorama que genera la ingobernabilidad en materia de seguridad en nuestro país, sobresalen los desalentadores resultados de las más recientes consultas realizadas a la población mexicana, en donde ha quedado de manifiesto la preocupación que ésta guarda por el estado de la misma. Ejemplo de ello, son los hallazgos de la consulta que se llevó a cabo en marzo del 2023, donde de acuerdo con las respuestas se deduce, que el 34.7 por ciento de la población de 18 años y más —residente de las ciudades de interés seleccionadas en la muestra— consideró que en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Por otra parte, el 22.1 por ciento de la población se pronunció en el sentido de que la situación empeorará en los próximos 12 meses. En contraste, un segmento de la población más reducido, como lo es el 17.9 por ciento, que fluctúa de entre los 18 años y más, refirió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y finalmente el 24.0 por ciento manifestó que mejorará.

En este escenario podría deducirse, que estos bajos niveles de percepción de la eficiencia y eficacia de los servicios de seguridad gubernamentales por parte de los usuarios, se deben sobre todo, a que desde el arranque de la administración en curso, se ha acumulado la exorbitante cantidad de más de 150 mil homicidios dolosos, (entre muchos otros delitos) y como es de esperarse, esa desafortunada situación ha dado pie a que se comparen estas cifras con las de los dos sexenios anteriores, resultando como saldo desfavorable que ya son más las personas que lamentablemente perdieron la vida por este tipo de delitos durante el presente gobierno, de las personas que fueron documentadas y ampliamente publicitadas durante los dos sexenios anteriores. Y es precisamente en este clima de inseguridad y de violencia, en el que se ha observado la dolorosa muerte de más de nuestros cinco mil niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Bajo esa misma tónica, resulta conveniente recordar la importancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, tendientes a facilitar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz público.

Así y de acuerdo con sus funciones en concreto, el Secretariado Ejecutivo ha presentado cifras recientes, en donde se puede observar que tan solo en el primer mes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ocurrieron 83 homicidios dolosos y feminicidios de personas menores de edad. Para el caso del desglose por delitos, se tuvo que 4 mil 648 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron víctimas de homicidio doloso, ya sea con arma blanca, arma de fuego o algún otro tipo de mecanismo; mientras que en el caso de los feminicidios, se notificaron 445 víctimas, todo ello desde el inicio del sexenio lopezobradorista.

Por lo que hace a la recopilación de cifras más actuales, la propia institución que nos ocupa, refiere la incidencia delictiva, que tiene que ver con la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el caso de fuero federal.

De esta manera se recapitula, y como muestra basta un botón, que tan solo de enero a mayo de 2023, los presuntos delitos fueron 905,124.

Tercera. Que otro factor que sobresale por ser sinónimo de distracción de las tareas primordiales que cualquier gobierno debe tener, como lo es el tema de la seguridad, es el de considerar de manera muy anticipada el rubro del proceso electoral, toda vez que de manera incorrecta se ha buscado constantemente el posicionar a toda costa en las listas de popularidad de los electores, a las o los aspirantes a cargos de elección popular del partido en el poder. Esto es, que en su momento deben analizarse todas aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle la simpatía al contrario.

Bajo el esquema anterior cabría cuestionarse el porqué esos actos anticipados se consideran una infracción, y una de las probables respuestas es que se consideran infracciones porque las diversas fuerzas políticas que pretenden acceder al poder público por vía del voto, con esos actos, vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.

Así, lo pertinente es evitar ser infraccionados por realizar actos anticipados de campaña, ya sea que éstos sean llevados a cabo por personas aspirantes a lograr candidaturas independientes, a los mismos partidos políticos, a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular, a los precandidatos o a los candidatos postulados por partidos, porque todos ellos son susceptibles de recibir algún tipo de sanción de las señaladas en el marco jurídico electoral, considerando para esto el enorme reto que significa para las propias instituciones, el dar el más alto grado de certeza y seguridad jurídica posible a los procesos electorales de cualquier índole.

Cuarta. Tener el panorama completo de los aspectos relacionados con la seguridad pública, el conocimiento de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito, percepción sobre el desempeño de las policías preventiva municipal, estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, identificar los conflictos o enfrentamientos directos y conductas antisociales con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o autoridades de gobierno, la percepción sobre el desempeño gubernamental, los principales problemas que enfrentan las personas en su ciudad y la efectividad de las autoridades para atender dichas situaciones, son las formas en las que la población se entera de la situación de seguridad pública en su ciudad.

Quinta. Que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de México entiende a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera, y que como consecuencia de este concepto, el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, porque su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.

Además, vale la pena recordar lo expresado en el sentido de que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas.

Además, vale la pena recordar que el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Constitución Política determina que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas.

Lo anterior, alineado a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha elaborado el Programa Sectorial de Seguridad y Protección de la propia ciudadanía para el período 2020-2024, actividad desarrollada conforme a los ejes generales previstos en el propio Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que normalmente se somete a consideración del Poder Ejecutivo federal de nuestro país.

Sexta. Que en la tónica de que el derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la readaptación de los individuos sujetos a una sentencia privativa de la libertad, hay que recordar que ésta rama jurídica, se hace cargo de los asuntos, como el régimen penitenciario al que quedan sujetos los condenados, pero adicionalmente le corresponde revisar también los aspectos paralelos que afectan a otros derechos del ciudadano, ya que se deben garantizar en todo momento el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes de toda persona. Además, hay que señalar la importancia de la estructura y los tipos de establecimientos penitenciarios, así como las medidas que se deben impulsar y respetar para dar cumplimiento al fin primordial, la reeducación y la reinserción social, por lo que resulta prioritario recuperar la dignificación de todo este sistema, con la intencionalidad de que cuente con bases más sólidas.

Septima. En el rubro de reformular el combate a las drogas, es de destacarse que los derechos humanos son fundamentales para el control internacional de las drogas, por lo que los estados siguen estando jurídicamente obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluso al desarrollar y aplicar sus respuestas a la temática de las drogas.

Es en este orden de ideas y para el caso del mejoramiento de las políticas en materia de drogas en nuestro país, que sobresale el objetivo de reformular su combate, revisando los sitios y condiciones donde se ha extralimitado su problemática, incluyendo el de revisar y ajustar su regulación, así como el de instrumentar una mayor oferta de tratamiento para el problema de las adicciones, considerando que los estados deben proteger, respetar y cumplir el derecho a la salud de la población comprometiendo el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a servicios sanitarios para que estos sean asequibles y de calidad. Esto incluye el acceso a los medicamentos esenciales, los cuidados paliativos, la prevención y educación integral en materia de drogas, el tratamiento de las mismas y la reducción de los daños.

Octava. Por lo que hace a la reactivación de la procuración de justicia, es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un sistema de justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Así, lo que se demanda en México es un sistema jurídico que encuentre su fundamento en los principios, los procedimientos y los documentos, aplicados sin ambigüedades y que garanticen el comprensión de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.

Novena. Que la Iglesia Católica y los líderes religiosos han intentado allanar el camino, convocando a sus comunidades a construir un camino de paz, pero poco lograrán si no tenemos un gobierno que haga lo que le corresponde. Así tenemos por ejemplo, que a través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia Católica pidió a la sociedad, a los poderes políticos y económicos, así como a los gobiernos, trabajar en conjunto para transitar a un país en el que los mexicanos se sientan seguros.

En esta tónica, la iglesia con mayor número de adeptos en nuestro país, ha declarado que México vive momentos difíciles con signos preocupantes de violencia, inseguridad, pobreza y violación a los derechos humanos, así como ha puntualizado que continuará trabajando para que la paz ocupe el lugar de la violencia, para que la rivalidad abra paso a la reconciliación y el egoísmo a la caridad, para que la unidad supere a la división, la verdad a la mentira, la justicia a la impunidad y la vida a la muerte”.

Décima. Que en este momento de la patria, es cuando más se requiere de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a hacer su parte, previendo, planeando, organizando, documentando, investigando, controlando e informando; en suma, haciendo las actividades que resulten necesarias para dar un mejor servicio a la población, garantizando que sus necesidades de seguridad sean verdaderamente consideradas, ayudando a lograr un mayor control y rendición de cuentas, dando un mejor servicio y recordando que contamos con grandes, confiables y respetuosas instituciones, y que muy bien vale la pena que hagan un alto y se pregunten que es más importante, seguir en la simulación y en la estrategia fallida o incidir de manera decisiva para cambiar lo preciso.

Décima primera. Que una de las funciones más importantes del Congreso mexicano es la de control, misma que se desarrolla por conducto de sus dos Cámaras, y se desarrolla en la tónica de la inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que llevan a cabo cada una de las colegisladoras sobre la actividad que lleva a cabo el propio Poder Ejecutivo. Esto con el objetivo primordial de verificar que las esté llevando de forma correcta y de acuerdo con las disposiciones aplicables.

En este contexto, como legisladora que soy, cuando reviso los elementos de juicio necesarios para evaluar un tema tan relevante como lo es el de la seguridad en mi país, necesariamente estoy obligada a levantar la voz, porque no puedo quedarme callada ante las desafortunadas evidencias que se presentan reiteradamente en los informes, porque también me siento obligada a contribuir y construir lo que me corresponda para alcanzar un mejor país, por lo que esta proposición con punto de acuerdo, nace con el único propósito de manifestar lo que millones de mexicanos sienten cotidianamente en sus actividades de todos los días.

Décima segunda. Que es menester reconocer que en las condiciones en las que se encuentra nuestro país, deberá ser el propio titular del Poder Ejecutivo, quien realice el planteamiento de manera seria y decidida, en el sentido de cuál es la mejor forma de gobernar a un pueblo adolorido y lastimando por las actuales circunstancias de inseguridad, porque hoy mismo aún está a tiempo de rectificar y llevar a cabo las acciones que la patria necesita, por su propio bien y por el bien de todos.

Es por lo anteriormente expuesto, que pretendiendo abonar de manera positiva hacia la seguridad de nuestro país y con base en todos los argumentos y consideraciones detallados a lo largo de este ocurso, que me estoy permitiendo someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el uso de sus facultades y atribuciones, de forma urgente y prioritaria, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para preservar de la seguridad pública en el país, y cumplir con los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República, consistentes en emprender la construcción de la paz; recuperar la dignificación de los Centros Penitenciarios y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, erradicar la corrupción; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos; así como la regeneración ética de la sociedad, entre otros.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el uso de sus facultades y atribuciones, se fortalezcan las instituciones de seguridad pública federal y de las entidades federativas con el objetivo de cumplir con los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Notas

1 Cfr. Luis E. Durand, El Desafío de la Inseguridad en México, urge acción, COPARMEX, 17 de Mayo del 2023, México.

https://coparmex.org.mx/el-desafio-de-la-inseguridad-en-mexico-u rge-, accion/#:~: text=Además%2C%20según%20los%20datos%20oficiales,en%20las%20últimas%20dos%20déc adas. Sitio consultado el 20 de Junio del 2023.

2 Idem.

3 Nos estamos refiriendo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, misma que se lleva a cabo durante la primera quincena de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y que a partir de 2016, que cuenta con una muestra trimestral de viviendas por ciudad de interés, que se han ido incrementado gradualmente, contando con un esquema de muestreo probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados. Como última unidad tiene la selección la vivienda particular y como unidad de observación a la persona, Garantizando un nivel de confianza de 90 por ciento en los resultados, con errores relativos acotados a 15 por ciento. Se considera una tasa de no respuesta de 15 por ciento, para mayor información se puede consultar,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ensu/ensu2023_04.pdf. el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera la información contenida y la da a conocer.

4 Consultable en:

https://www.gob.mx/sesnsp/que-hacemos. Sitio revisado el 27 de Junio del 2023.

5 Para mayor información consultar, Que es la Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, 18 de febrero del 2020, Ciudad de México.

https://www.gob.mx/cni/documentos/conoce-que-es-la-seguridad-nac ional.

6 Consultable en Presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Nacional, Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/Derechos_Humanos/ Ponencias/07.pdf

7 Para mayor información se puede consultar

https://mexico.unir.net/derecho/noticias/derecho-penitenciario/# :~ : text=El%20derecho%20penitenciario%20es%20una,las%20penas%20privativas%20de%20li bertad.Sitio revisado el 30 de Junio del 2023.

8 Consultable en: s.a, Política de Drogas y Consumo de Drogas, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado.

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-health/drug-polic y-and-drug-use#:~: text=Un%20enfoque%20integral %20del%20problema,sanitarios%20asequibles%20y%20de%20calidad. Sitio revisado el 29 de Junio del 2023.

9 Idem.

10 Cfr.

https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-d erecho/procuracion-de-justicia. Reisado el 28 de Junio del 2022.

11 Ibidem.

12 Cfr. S.a. Esta fue la petición de la Iglesia Católica, en tema de Seguridad, Enfoque Noticias, 23 de Abril del 2023, México, sitio consultado el 21 de Junio del 2023, en

https://enfoquenoticias.com.mx/esta-fue-la-peticion-de-la-iglesi a-catolica-en-temas-de-seguridad/

13 Con fecha 16 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. Para mayor información se puede revisar

https://www.gob.mx/sspc/es/articulos/estrategia-nacional-de-segu ridad-publica?idiom=es. Sitio consultado el 28 de junio del 2023.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 10 de octubre de 2023.– Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

SE SOLICITA REUNIÓN DE TRABAJO AL COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL, Y QUE SE INFORME SOBRE LAS ACCIONES ENMATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una reunión de trabajo al comandante de la Guardia Nacional, general David Córdova Campos, y a informar al público sobre las acciones que está llevando a cabo en la institución a su cargo, encaminadas a garantizar la seguridad nacional y contrarrestar la violencia e inseguridad en todas las regiones del país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación de inseguridad y violencia en cada una de las regiones del país se ha vuelto totalmente insostenible, todos los días salen a la luz pública notas periodísticas que muestran la descomposición social a la que nos enfrentamos y cómo la delincuencia organizada paraliza de miedo a la sociedad.

Los secuestros, desapariciones, homicidios, feminicidios, masacres y amenazas son algunos de los tantos delitos que ocurren a lo largo y ancho del país, en algunos estados la inseguridad es tan insostenible que las personas han decidido abandonar sus hogares o simplemente se limitan a salir a las calles sólo para hacer lo necesario, como trabajar o ir a la escuela.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que, durante 2021, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 300 mil 800 millones de pesos.

La encuesta indica que durante 2022, las afectaciones delictivas representaron 1.08 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 105 mil 700 millones de pesos y las pérdidas por victimización representaron 213 mil 400 millones de pesos.

Asimismo, la encuesta identificó que el año pasado ocurrieron 26.8 millones de delitos, de los cuales, 92.4 por ciento no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se conoce como cifra negra. Del total de delitos ocurridos, sólo 10.9 por ciento se denunció.

La inseguridad en carreteras del país también ya son una terrible realidad para todos los transportistas, turistas y usuarios en general, ya que se han convertido en lugares en donde el crimen organizado se ha hecho presente para secuestrar o robar, en algunas otras rutas las personas han desaparecido sin dejar rastro alguno.

Basta señala que el 22 de agosto, el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) alertó a sus ciudadanos a no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a las olas de violencias, ejercidas por organizaciones criminales, que azotan en dichos territorios.

La carretera Monterrey-Nuevo Laredo, es una de las más peligrosas para transitar en el país, y es conocida como la carretera de la muerte, ya que autoridades de Tamaulipas han reportado al menos 200 desapariciones, de las cuales sólo 18 personas fueron encontradas con vida.

Otra de las carreteras más peligrosas para viajar es la ubicada en el occidente del país que ha sido nombrada como el El Corredor del Peligro, es una autopista que conecta los estados de Michoacán y Jalisco, donde diversos colectivos han denunciado al menos 400 personas desaparecidas en los últimos tres años y en donde los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado han aumentado.

El Índice de Paz México 2023 constata que la tasa nacional de delincuencia organizada ha aumentado 64.2 por ciento en los últimos ocho años. Este aumento fue impulsado por deterioros en la extorsión y narcomenudeo, con aumentos en la tasa de 59.5 y 148.7 por ciento, respectivamente, cifras que tienen que resultar alarmantes para el Gobierno federal.

De acuerdo con el índice, señala que la proporción de homicidios asociados con la delincuencia organizada han oscilado entre 68 y 80 por ciento, frente a aproximadamente 44 por ciento en 2015. Esto indica que, en los últimos ocho años, el número anual de homicidios relacionados con la delincuencia organizada aumentó de unos 8 mil a más de 23 mil 500, mientras que el número no relacionado con la delincuencia organizada se mantuvo prácticamente igual.

La violencia contra las fuerzas de seguridad, periodistas y activistas sociales en México también ha ido en aumento en los últimos años, de acuerdo con el Índice. En 2022, un total de 403 policías fueron asesinados, siendo Zacatecas el estado más mortífero para la policía y también fue testigo del asesinato de 13 periodistas, convirtiendo a México en el segundo país más mortífero para los periodistas, sólo detrás de Ucrania.

A pesar de que el Gobierno federal durante este sexenio trató de implementar una estrategia de seguridad pública basada en ocho ejes estratégicos, contemplando la creación y el uso de la Guardia Nacional para garantizar con mayor eficacia la seguridad de los ciudadanos, esto no ha tenido los resultados esperados.

La Guardia Nacional como garante de la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, que colabora en las tareas de seguridad pública en entidades federativas y municipios, ha contribuido de buena manera a combatir el crimen el país, sin embargo, no ha sido suficiente.

De acuerdo con el Informe de Actividades Guardia Nacional 2022, señala que el estado de fuerza de la Guardia Nacional es de 128 mil 233 elementos, de los cuales 106 mil 155 fueron desplegados para participar en tareas de seguridad pública en todo el país.

Los estados que concentran el mayor número de elementos son el Estado de México con 7 mil 939 elementos; Guanajuato 6 mil 644; Ciudad de México 5 mil 849; Oaxaca 4 mil 699; Michoacán 4 mil 640; Jalisco 4 mil 500 y Veracruz con 4 mil 45, todos estos estados tienen más de 4 mil elementos.

En razón del aumento en los índices de violencia y de inseguridad que persisten en el país, es que solicitamos de la manera más atenta, al comandante de la Guardia Nacional, general David Córdova Campos, para que de manera personal y en un ambiente de intercambio de ideas, nos pueda externar la manera en cómo se ha trabajado desde el interior de la Guardia Nacional, para atender las tareas de vigilancia y en la atención a los delitos, con el objeto de continuar consolidando la política de seguridad pública en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, acuerda citar a una reunión de trabajo al comandante de la Guardia Nacional, general David Córdova Campos, para que, en el marco del calendario del quinto Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo federal, para hacer de conocimiento público, las acciones que está llevando a cabo en la institución a su cargo, encaminadas a garantizar la seguridad nacional y contrarrestar la violencia e inseguridad en todas las regiones del país.

Segundo. Se instruye a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a fijar fecha y hora para la realización de la reunión de trabajo ante este órgano legislativo, girando atento oficio al comandante de la Guardia Nacional, general David Córdova Campos para su conocimiento y cumplimiento.

Notas

1 El Economista, Se incrementó 6% el costo de la inseguridad en México. Consultado a través de:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-incremento-6-el-cost o-de-la-inseguridad-en-Mexico-20230911-0131.html

2 Vanguardia, Carreteras del Terror en México: secuestro, asaltos y muerte... estas son las vías más peligrosas para transitar. Consultado a través de:

https://vanguardia.com.mx/noticias/carreteras-del-terror-en-mexi co-secuestro-asaltos-y-muerte-estas-son-las-vias-mas-peligrosas-para-transitar- videos-YM9079405

3 Índice de Paz 2023,

https://www.indicedepazmexico.org/el-cambiante-panorama-de-la-de lincuencia-organizada

4 Informe de Actividades Guardia Nacional 2022, consultado a través de:

https://www.gob.mx/guardianacional/documentos/informe-de-activid ades-guardia-nacional-2022-334269

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA CONTRALORÍA DE JALISCO Y A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO, A SOLUCIONAR LA FALTA DE CAMBIO AL PAGAR ESTE SERVICIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la contraloría de Jalisco y a la Dirección del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, a solucionar la falta de cambio al pagar este servicio y que afecta diariamente a las y los usuarios, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada a la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría del Estado de Jalisco y al director del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, a solucionar la falta de cambio al pagar este servicio y que afecta diariamente a las y los usuarios, considerando los siguientes

Antecedentes

En diversos medios de comunicación de Jalisco se dio a conocer las irregularidades en el sistema del Tren Eléctrico Urbano del estado (Siteur).

La irregularidad consiste en que las y los ciudadanos, al hacer el pago por el uso de este servicio, las máquinas “no regresan el cambio”; este problema se ha presentado de manera constante año con año.

Al respecto, un medio impreso señala lo siguiente:

“El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), señaló que sumaron más de 20 mil reclamaciones en cuatro años por la ausencia del cambio en el pago realizado para ingresar a cualquiera de las tres líneas del tren ligero.

Siteur especifica en su página oficial y en los ingresos al sistema de transporte masivo que es obligatorio contar con el importe exacto, ya que las máquinas no dan cambio.

Pero esta recomendación causa molestia entre las personas usuarias del servicio.

No todos los días tengo la ventaja de traer el dinero exacto, pero sí tengo la necesidad de usar el transporte todo el tiempo. Frecuentemente pago con moneda de diez pesos y el cambio ya no lo recibo, expresó Arturo, uno de los pasajeros regulares del servicio.

No se nota, pero es un gasto hormiga del día a día, por ejemplo, tomo tres transportes de ida y de regreso, es difícil traer cambio para todos. Al final del día me roban 3 pesos y si hacemos las cuentas al mes pues ya es un dinero, explicó Luis.

El 27 de julio de 2019, la tarifa de transporte público en la capital aumentó un aproximado de 35 por ciento, al pasar de costar siete pesos a nueve pesos con 50 centavos.

A partir de esa fecha y al 29 de junio de 2023, se sumaron 20 mil 982 reclamaciones hechas por pasajeros para exigir la devolución de su cambio de 50 centavos, respondió el Siteur mediante la respuesta a una solicitud de información realizada por NTR.

En la información oficial el sistema especificó que, durante el primer año del aumento a la tarifa, se presentaron 6 mil 349 reclamos; en 2020, 3 mil 947; durante 2021, 3 mil 573; en 2022, 4 mil 722, y de enero al 29 de junio de 2023 se han presentado 2 mil 391 reclamaciones por devolución del cambio.

Esta molestia generada hace años ha llevado a denominar alcancías rateras a las máquinas de pago para acceder al transporte público.

En enero de 2022, el ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara, Javier Armenta, criticó el robo de las alcancías calificándolo como un negocio opaco.

Además del señalamiento a la opacidad del tema, en aquel año, Armenta aseguró que, de acuerdo con cuentas hechas por la FEU, las máquinas robaban un millón 171 mil pesos al día, únicamente de los 50 centavos que no se devuelven a los usuarios. Sin embargo, especificó que se desconocían las cifras oficiales de los excedentes.

En noviembre de 2022, una solicitud de transparencia arrojó que los recursos almacenados por los 50 centavos que estas alcancías no entregan a usuarios de transporte Siteur, superaban los 30.7 millones de pesos.

Dinero que, en esa fecha, María Teresa Brito, titular la Contraloría del Estado, señaló “no se puede tocar”, al no contar con un comité técnico que decida hacia dónde debe destinarse el excedente derivado del recaudo.

Hasta la fecha, las y los usuarios esperan y exigen la mejora de los equipos para dar el cambio de su pago al ingresar”.

De la misma forma, otro medio local manifestó lo siguiente:

“Ocultan indagatoria de ‘alcancías rateras’

Aunque la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) evidenció observaciones sin solventar en la Cuenta Pública del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) por la falta de alcancías que den cambio de 50 centavos —la tarifa es de 9.50 pesos—, la dependencia decidió ocultar la conclusión de su investigación interna para no dar a conocer cómo respondió al ente fiscalizador”.

Derivado de lo anterior, se desprenden los siguientes agravantes a las y los ciudadanos:

“ Más de 20 mil reclamaciones y la autoridad responsable no hace nada al respecto.

“ Las tarifas están conformadas por centavos, lo que complica a las y los usuarios traer el importe exacto todos los días.

“ Todas las y los usuarios, en especial las y los estudiantes y mujeres y hombres trabajadores, diariamente se ven afectados en sus ingresos al utilizar en más de dos o tres ocasiones este servicio.

“ La comunidad universitaria ya ha expresado su molestia por este mal servicio a la comunidad estudiantil y por el negocio de este servicio.

“ El daño a la población haciende a más de un millón 171 mil pesos al día.

Como se observa, existe un servicio a modo que está generando ingresos indebidos al Estado en perjuicio de las y los usuarios de este servicio.

De continuar así, se perjudica diariamente a la comunidad que necesita trasladarse a sus diversas actividades.

Todos los elementos de servicio público deben proporcionar a las y los usuarios experiencias agradables y seguras al momento de usar este u otro transporte.

Alguien se está beneficiando de manera indebida por esta actividad en perjuicio de miles de jaliscienses, extranjeros y nacionales que ocupan este servicio.

Al respecto no se puede continuar con esta operación y por ello, es necesario realizar acciones contundentes que permitan:

“ Que las máquinas de pago den cambio.

“ Que se modifique, actualice y modernice el sistema de pago de estos servicios; un ejemplo de ello, puede ser el uso de tarjetas electrónicas que facilitan la recarga y el cobro exacto del servicio.

“ Que las autoridades, derivado del daño a las y los ciudadanos, reduzcan la tarifa hasta que el problema del pago por el servicio se haya controlado y solucionado.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Contraloría del Estado de Jalisco, a cargo de la licenciada María Teresa Brito Serrano, a dar atención inmediata a las más de 2 mil quejas presentadas por las y los ciudadanos por los cobros indebidos al usar el servicio del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y a investigar y deslindar las responsabilidades administrativas a las y los servidores públicos responsables del Siteur.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, licenciado Juan Carlos Holguín Aguirre, a actualizar y modernizar las máquinas para pagar este servicio con la finalidad de que se regrese el cambio a las y los usuarios o a utilizar mecanismos alternos para solucionar el motivo de esta queja.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, licenciado Juan Carlos Holguín Aguirre, a crear un programa para reducir la tarifa de este servicio hasta que se haya agotado el daño económico causado a la sociedad.

Notas

1 https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=202721

2 https://www.mural.com.mx/ocultan-indagatoria-de-alcancias-rateras/ar2683151

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUTO- TRANSPORTISTAS QUE CIRCULAN A TRAVÉS DE LA CARRETERA NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a garantizar la seguridad de los usuarios, así como de los autotransportistas que circulan a través de la carretera nacional, ante la creciente ola de violencia e inseguridad en la región, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis de violencia en el país va en aumento y nadie está exento de sufrir sus consecuencias, los caminos, carreteras federales o estatales se han convertido en terrenos del crimen organizado, transformándose en trampas mortales para quienes hacen uso de ellas, especialmente para el sector de autotrasportistas del país.

Basta señalar que, tras un operativo, el pasado 27 de septiembre tres presuntos criminales fueron abatidos y 11 más fueron detenidos en distintas acciones en la zona rural del estado, esto impulsó a que presuntos integrantes del crimen organizado bloquearan al menos tres puntos de la carretera nacional de Nuevo León, en el tramo comprendido de Hualahuises a Montemorelos.

De acuerdo con medios periodísticos, estos actos delictivos se registran un día después del hallazgo de 12 cuerpos mutilados que fueron esparcidos en distintos puntos del área metropolitana del estado, por lo que un centenar de militares llegaron a Nuevo León para incrementar la seguridad el 27 de septiembre del presente año.

Hay que señalar que este 26 de septiembre de 2023, tras 18 homicidios en 24 horas, Nuevo León vivió una de las jornadas más violentas del año 2023 en todo el territorio nacional. De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) a nivel federal, se ubicó como la sexta entidad federativa con más asesinatos de forma diaria.

Para dimensionar la crisis de violencia en la entidad, hay que señalar las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que indican que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares de Nuevo León aumentó 165.83 por ciento en 2022, con respecto al costo por estas causas en el año 2021.

A principios de septiembre, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal reveló que agosto cerró con 115 homicidios, sumando en el año 893 muertes violentas, sumando también 15 decesos que se registraron en tan sólo tres días del mes de septiembre.

La Envipe también señala que la cifra de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes tuvo un crecimiento de 8.88 por ciento entre 2021 y 2022 en Nuevo León. Asimismo, la percepción de inseguridad fue al alza, al pasar de 61.2 por ciento en 2021 a 67.9 por ciento en 2022 y 67 por ciento en 2023.

La encuesta establece que Nuevo León tiene una cifra negra de 92.3 por ciento, es decir, por cada ocho delitos denunciados, hay 92 que no se le notifican a la autoridad, debido a que no hay denuncia o no se inicia carpeta de investigación, una cifra que resulta preocupante de atender.

La Carretera Nacional o Carretera Federal 53 tiene una gran relevancia para las y los coahuilenses, pues es una de las principales vialidades por la que diariamente circulan cientos de personas y mercancías para y de la entidad federativa, sin embargo, el tramo que cruza por el estado también se ha visto afectada por la grave crisis de violencia en Nuevo León y en el país.

Ante los hechos ocurridos en Nuevo León, el gobierno estatal de Coahuila reforzó los filtros de seguridad ubicados en los límites con Tamaulipas, Zacatecas y Nuevo León, para evitar que los criminales ingresen al estado ante un posible efecto cuchara, ante esta situación es necesario que el gobierno de Nuevo León atienda los problemas de seguridad internos y blinde sus caminos y carreteras.

Respecto a la violencia en las carreteras del estado, un reporte de niunamuertevial.mx, señala que, con 32 muertes por atropello registradas en un lapso de 2019 a 2022, la Carretera Nacional, en su tramo Monterrey, es la vía más mortal de Nuevo León y una de las 150 con más decesos a nivel nacional.

Asimismo, hay que señalar que dentro de las carreteras más peligrosas de México se encuentran la de Monterrey-Nuevo Laredo, la cual cuenta con una fama terrible, pues es apodada como “la carretera de la muerte”, ya que a través de ella han ocurrido una serie de delitos inhumanos.

En esta vía de tránsito de automóviles se han reportado alrededor de 200 desapariciones de las cuales 18 personas han resultado encontradas con vida. Dentro de dicha autopista se han presentado casos de desapariciones que han conmocionado al país, como lo fue el de Gladys Cristina y el Debanhi Escobar.

Para las y los coahuilenses resulta necesario que las carreteras que cruzan por el estado también se encuentren debidamente blindadas con elementos de seguridad de los estados colindantes como lo es Nuevo León, pues de ello depende que las actividades dentro y en las periferias de la entidad puedan transcurrir con normalidad. Por ello, es que se estima necesario que el estado de Nuevo León implemente o bien, desarrolle una estrategia de seguridad, que garantice el libre tránsito de los usuarios, así como de los transportistas en la Carretera Nacional y se blinde la misma ante los embates de grupos criminales que atentan contra la estabilidad de la región.

Ante esta ola de violencia y de inseguridad por la que está atravesando el estado de Nuevo León, es que le solicitamos al gobierno de la entidad a que redoble sus esfuerzos para contener el número de delitos y garantice la seguridad de todas las personas que hacen uso de la red carretera que atraviesa esa región, especialmente de la Carretera Nacional que se ha visto seriamente afectada por la delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al gobierno de Nuevo León para que garantice la seguridad de los usuarios, así como de los autotransportistas que circulan a través de la Carretera Nacional ante la creciente ola de violencia e inseguridad en la región.

Notas

1 López-Dóriga, Criminales queman vehículos y bloquean la Carretera Nacional de Nuevo León tras operativos. Consultado a través de:

https://lopezdoriga.com/internacional/seforma-tormenta-rina-cent ro-atlantico-puede-fortalecerse/

2 Milenio, Registra Nuevo León la sexta jornada más violenta del año por entidad federativa. Consultado a través de:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tiene-nuevo-leon-la-s exta-jornada-mas-violenta-en-mexico-del-2023

3 Milenio, Sube 165% costo de inseguridad en NL; regios pagan más al cuidarse. Consultado a través de:

https://www.milenio.com/policia/se-eleva-165-por-ciento-costo-in seguridad-nuevo-leon

4 Nmas, Nuevo León Suma 908 Homicidios en lo Que Va de 2023. Consultado a través de:

https://www.nmas.com.mx/monterrey/nuevo-leon-suma-908-homicidios -en-2023-podria-ser-el-ano-mas-violento

5 Milenio, Policías repelen ataque de hombre que usaba a una mujer como escudo en Escobedo. Consultado a través de:

https://www.milenio.com/policia/hombre-muere-someter-mujer-dispa ros-policia-escobedo

6 ABC Noticias, Ante hechos violentos, Coahuila blinda su frontera con NL. Consultado a través de:

https://abcnoticias.mx/local/2023/9/27/ante-hechos-violentos-coa huila-blinda-su-frontera-con-nl-199208.html

7 Publimetro, ¿Cuál es la carretera más mortal de Nuevo León?, aquí te decimos para que extremes precauciones. Consultado a través de:

https://www.publimetro.com.mx/nuevo-leon/2023/05/14/carretera-na cional-la-via-mas-mortal-de-nuevo-leon/

8 La Silla Rota, ¿Vas a viajar? Conoce las 5 carreteras de la muerte en México. Consultado a través de:

https://lasillarota.com/estados/2023/8/30/vas-viajar-conoce-las- carreteras-de-la-muerte-en-mexico-445224.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA, A LA CONAGUA A APLICAR LA ESTRATEGIA REVIVE EL RÍO SANTIAGO, ESTABLECIDA POR EL GOBIERNO DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Profepa, a la Conagua y a los gobiernos de diversas entidades federativas a aplicar la estrategia “Revive el Río Santiago”, establecida por la actual administración del gobierno de Jalisco, a fin de garantizar el derecho al medio ambiente sano, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables, somete a consideración del pleno de esta asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley”.

Sin embargo, el deterioro ambiental genera que comunidades enteras del país padezcan las consecuencias negativas, lo cual afecta directamente su calidad de vida. Un caso particular es la contaminación que presenta el río Santiago.

Este río forma parte de la cuenca hidrológica Lerma-Chapala-Santiago; es el segundo afluente más largo del país. El Lerma se origina en el Estado de México, en los manantiales de Almoloya del Río, atraviesa hacia el noroeste del Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala en Jalisco, ahí nace el Río Santiago, que recorre 475 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico. Entre sus afluentes destacan los ríos Verde, Juchipila, Huaynamota y Bolaños; así como el Zula.

El río Santiago es uno de los más contaminados de México; recibe desechos tóxicos de un denso corredor de desarrollo industrial en los estados a su paso, así como aguas negras sin tratamiento de diversas zonas metropolitanas y centros urbanos más pequeños. Añadiendo a esto, los agroquímicos generados por la actividad agrícola los cuales representan una importante fuente de contaminación.

Varios estudios han indicado que los niveles de contaminación en este río sobrepasan ampliamente los límites fijados por la normatividad ambiental mexicana.

Las causas directas de contaminación del río Santiago son: crecimiento desordenado, contaminación industrial, lixiviados de vertederos, aguas residuales urbanas, granjas porcinas, cultivos con agroquímicos. Por otro lado, La cuenca Lerma-Santiago es la más productiva e industrializada del país; en la cuenca Lerma-Chapala (5 estados) se genera 47 por ciento del valor agregado censal bruto nacional. En Jalisco se genera 28 por ciento de ese total. Lo que quiere decir que es primordial reiterar la atención entorno a la cuenca.

De la misma manera, a fin de garantizar el cumplimiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tiene como misión preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica es que se requiere realizar diversos trabajos en conjunto en un marco de responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general.

Debido a la complejidad de la problemática de la contaminación del río Santiago, podemos señalar que para poder dirigir una solución es necesario agrupar las medidas a tomar en 2 ejes tanto el social, como el ambiental.

Respecto del eje social propongo se exhorte a los agricultores de las comunidades dentro del entorno adyacente a mejorar la calidad del agua, lo cual a su vez permitiría la disminución de conflictos que ocasiona el agua contaminada entre los productores, de la misma manera se exhorta a integrar a la comunidad en trabajos de concientización en temas de impacto ambiental.

Dentro del eje ambiental, se exhorta a promover educación ambiental para la sustentabilidad en instituciones educativas oficiales y particulares de nivel básico, medio superior y superior (respetando su régimen jurídico y autonomía), así como en las diferentes modalidades y opciones educativas dentro del marco del Convenio de colaboración Semarnat-SEP.

De la misma manera, se exhorta a los gobernadores de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Estado de México a replicar la estrategia Revive el Río Santiago, mismas que tienen que ver con la contaminación del río Santiago, la cual ha sido una prioridad desde el inicio de la actual administración del gobierno de Jalisco, cabe mencionar que dichas medidas han tenido un enfoque estratégico, colaborativo e integral, lo cual ha permitido alcanzar resultados cuantificables que han impactado positivamente en la calidad de vida de los jaliscienses.

Sin embargo, la estrategia Revive el Río Santiago requiere del apoyo de las acciones que deberían de realizarse desde el Gobierno federal, con el cumplimiento de acciones de vigilancia de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables para la protección del ambiente por parte de la Comisión Nacional del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como la implementación de acciones concretas por parte de los gobiernos estatales de las entidades federativas que conforman este cuerpo hídrico.

Dentro de la estrategia Revive el Río Santiago, es preciso señalar que se ha detectado la ausencia y omisión en aspectos de vigilancia por parte de la autoridad federal Conagua y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); se exhorta a ejercer sus atribuciones para la inspección de descargas y la emisión de sanciones, así como lo marca la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento en los artículos 92 y 95.

“ Artículo 92. La Autoridad del Agua ordenará la suspensión de las actividades que den origen a las descargas de aguas residuales, cuando:

I. No se cuente con el Permiso de Descarga de aguas residuales en los términos de esta Ley;

II. La calidad de las descargas no se sujete a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, a las condiciones particulares de descarga o a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos;

III. Se omita el pago del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes nacionales como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales durante más de un año fiscal;

IV. El responsable de la descarga, contraviniendo los términos de Ley, utilice el proceso de dilución de las aguas residuales para tratar de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o las condiciones particulares de descarga;

V. Cuando no se presente cada dos años un informe que contenga los análisis e indicadores de la calidad del agua que descarga, y

VI. No se presente el informe mensual de las descargas a que se refiere la fracción V Bis del artículo 88 Bis de la presente Ley.

La suspensión será sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que se hubiera podido incurrir.

Cuando exista riesgo de daño o peligro para la población o los ecosistemas, la Autoridad del Agua a solicitud de autoridad competente podrá realizar las acciones y obras necesarias para evitarlo, con cargo a quien resulte responsable”.

“ Artículo 95. La Autoridad del Agua en el ámbito de la competencia federal, realizará la inspección o fiscalización de las descargas de aguas residuales con el objeto de verificar el cumplimiento de la Ley. Los resultados de dicha fiscalización o inspección se harán constar en acta circunstanciada, producirán todos los efectos legales y podrán servir de base para que la Comisión y las dependencias de la administración pública federal competentes, puedan aplicar las sanciones respectivas previstas en la Ley”.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera y al titular de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo, a realizar acciones de vigilancia y concientización ambiental, así como todas las establecidas en los artículos 92 y 95 de la Ley de Aguas Nacionales sobre el río Santiago, a los gobernadores de las entidades federativas de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Estado de México a replicar la estrategia Revive el Río Santiago, establecida por la actual administración del gobierno de Jalisco, a fin de garantizar el derecho al medio ambiente sano.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Art.4. Diario Oficial de la Federación 5 de febrero de 1917 (México).

2 Comisión Estatal del Agua Jalisco - Ríos principales. (n.d.).

https://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/rios/

3 Gaceta Parlamentaria. (n.d.).

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/document o/98071

4 Revive el Río Santiago, con la estrategia integral para su recuperación | Gobierno del Estado de Jalisco. (n.d.).

https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/comunicados/revive-el-rio -santiago-con-la-estrategia-integral-para-su-recuperacion

5 CONFLICTO Y CONTAMINACIÓN: EL MOVIMIENTO SOCIOECOLÓGICO EN TORNO AL RÍO SANTIAGO. (n.d.). Gobierno De Jalisco. Retrieved September 5, 2023, from

https://riosantiago.jalisco.gob.mx/wpcontent/uploads/2023/05/con flicto_y_contaminacion_el_movimiento_socioecologico_en_torno_al_rio_santiago.pd f

6 Ibíd.

7 Ibíd.

8 Ibíd.

9 Comisión Nacional del Agua | Gobierno | gob.mx. (n.d.).

https://www.gob.mx/conagua/que-hacemos

10 Ambiental, E. (n.d.). Convenio de colaboración Semarnat-SEP. gob.mx.

https://www.gob.mx/semarnat%7Ceducacionambiental/articulos/conve nio-de-colaboracion-semarnat-sep?idiom=es

11 Ibíd.

12 Compendio 2020. (n.d.).

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/compendio_2020/RECUADROS_INT_GLOS/D4_INT_PROFEPA.htm

13 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SEMARNAT, A RETOMAR LA NOM-EM-047-FITO-2009

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a retomar la NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del huanglongbing de los cítricos (candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, a retomar la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009 al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado jueves 24 de agosto de 2023 se inscribió y publicó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, a retomar la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009 con registro LXV/2SPR-34-3259/137268.

Aun cuando el asunto se turnó directamente a la tercera comisión, fue concluido por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el 24 de agosto de 2023; sin embargo, es de vital importancia retomar esta proposición con punto de acuerdo debido a que es un tema apremiante para los productores de cítricos en nuestro país, por lo que se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El Huanglongbing (HLB) es considerada la enfermedad más devastadora de los cítricos a nivel mundial y hasta el momento no existen métodos que permitan restablecer la salud de las plantas enfermas, por lo que inminentemente les genera la muerte.

En la actualidad la enfermedad conocida como HLB o Dragón amarillo, es causada principalmente por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus, este patógeno es dispersado por Diaphorina citri, un insecto plaga presente en casi todo el mundo; la enfermedad provoca graves afectaciones en los cultivos de cítricos y algunas plantas ornamentales como el Mirto, Murraya o Jazmín Árabe.

La enfermedad además de ser propaga por su insecto vector llamado Diaphorina citri, también es dispersado a través de la utilización de material de propagación infectado como yemas o partes vegetales infectadas.

Otra forma efectiva para la diseminación del HLB a grandes distancias, es mediante la movilización de vegetales, sus productos y subproductos hospederos del HLB, razón por la cual los países afectados han implementado programas estrictos de certificación de material propagativo, con el objeto de minimizar el riesgo de movilizar plantas infectadas con este patógeno.

La presencia de Diaphorina citrien sitios productores de cítricos en América desde el año 2004 ha afectado gravemente el crecimiento, producción de frutos y desarrollo de brotes jóvenes de los árboles cítricos, sin embargo, el mayor riesgo de este insecto, es su capacidad de transmitir las bacterias Candidatus liberibacter var. asiaticus, africanus y americanus, patógenos causantes del llamado mal de “huanglongbing” (HLB), enfermedad devastadora y responsable de millones de muertes de árboles de cítricos en el mundo.

Entidades productoras de cítricos en Centroamérica, Brasil y Florida, Estados Unidos de América (EUA), sufrieron efectos devastadores derivado del impetuoso desarrollo de D. citri y la diseminación de los patógenos, de acuerdo con datos de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, desde 2012, esta enfermedad se encuentra en todas las entidades productoras de cítricos en el país; en México representa una amenaza para 549 mil hectáreas productoras de cítricos y alrededor de 10 millones de personas en la industria.

A pesar de la presencia de D. citrien México, las huertas no se han visto afectadas de forma grave como en otras localidades productoras de América, gracias a los esfuerzos realizados para el control de esta enfermedad, teniendo como resultado que México se encuentra posicionándose como una de las principales entidades productoras de cítricos en el mundo.

Para esto se han desarrollado planes para el control de la plaga, nutrición de plantas enfermas y recambio por plantas sanas en huertas afectadas, así como estrategias operativas de la campaña contra el HLB de los cítricos, sin embargo, el poder contar con un marco jurídico de observancia obligatoria nos permite garantizar la seguridad de los productores de cítricos, así como el cuidado y protección de los recursos naturales y el medio ambiente de México.

Por lo tanto, se requiere de la permanencia, actualización y mejora de la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) de los cítricos ( Candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, así como de la Estrategia Operativa de la Campaña contra el Huanglongbing de los Cítricos, lo que permitirá establecer las condiciones para que se lleven a cabo las acciones fitosanitarias para implementar un programa de monitoreo que incluya la toma de muestras, diagnóstico, inspección y vigilancia para detectar oportunamente la eventual introducción y dispersión del Huanglongbing en el territorio nacional, retomando así el objetivo de dicha norma.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, a retomar la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) de los cítricos ( Candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional, a fin de ser considerada su obligatoriedad de forma permanente.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria. (n.d.).

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_comision_permanente/document o/137268

2 HLB: Actualización del estatus fitosanitario de Cainguás, General. (2023, May 11). Argentina.gob.ar.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/hlb-actualizacion-del-esta tus-fitosanitario-de-cainguas-general-paz-formosa-y-general

3 Ibíd.

4 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (2009, julio 8). Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-047-FITO-2009, Por la que se establecen las acciones fitosanitarias para mitigar el riesgo de introducción y dispersión del Huanglongbing (HLB) de los cítricos (candidatus liberibacter spp.) en el territorio nacional. Diario Oficial de la Federación.

5 Garnier, M. Jagoueix — Eveillard, P.R. Cronje, G.F. Le Roux and J. M. Bové. 2000. Genomic characterization of a Liberibacter present in a ornamental rutaceos tree, Calodendrum capense, in the Western Cape province of South Africa. Proposal of Candidatus Liberibacter africanus subsp, capensis. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 50: 2119-2125.

6 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (n.d.). Psílido asiático de los cítricos. Uaslp.Mx. Retrieved August 8, 2023, from

http://langif.uaslp.mx/plagasdevastadoras/documentos/fichas/Diap horina%20citri.pdf

7 De Agricultura y Desarrollo Rural, S. (n.d.). Se consolida México como quinto productor mundial de naranja. gob.mx.

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/se-consolida-mexico-como-q uinto-productor-mundial-de-naranja.

8 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICO UN INFORME DONDE SE DETALLE CÓMO EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO HA IMPACTADO EN LA DISMINUCIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a hacer público un informe donde detalle cómo las acciones implementadas a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” han impactado en la disminución de personas jóvenes desempleadas en el país, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, diputado integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer público un informe donde detalle cómo las acciones implementadas por la Secretaría a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, han impactado en la disminución de personas jóvenes desempleadas en el país, así como su impacto en el combate a la deserción escolar, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las juventudes de México representan una tercera parte del bono demográfico y a pesar de ello, enfrenta retos y dificultades ajenas a la realidad del resto del país.

Cómo generación, las personas jóvenes se enfrentan con un panorama poco alentador. Se estima que en México haya aproximadamente más de 700 mil personas menores de 29 años que se encuentren desempleadas, obteniendo una tasa de desempleo de 5.3 por ciento para este ramo poblacional, la cual es menor a la media nacional que es de 3 por ciento.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) las personas jóvenes de 15 a 24 años son el grupo más afectado por el desempleo en México, pues en mayo de este año, la tasa de desempleo alcanzó 6.5 por ciento en este grupo de edad, cifra muy por encima de la tasa de desempleo entre los trabajadores mayores de 25 años, que se ubicó en 2.8 por ciento.

Asimismo, la asociación México Evalúa coincide en señalar que la población joven fue la más perjudicada por la pandemia en términos de desempleo, puesto que un estudio suyo revela que 23 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años que se encontraban trabajando antes de la pandemia perdieron su empleo y hasta la fecha siguen sin recuperarlo, siendo los estados de Chiapas (48.4 por ciento), Campeche (48.3 por ciento), Coahuila (46.5 por ciento) y Yucatán (42.6 por ciento) aquellos en donde hay mayor porcentaje de jóvenes desempleados.

Para combatir dicha problemática, el Gobierno federal, vía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implementó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A pesar de lo anterior, la evidencia actual nos señala que este programa no ha brindado los resultados esperados por la juventud para revertir esta situación.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de un millón 713 mil beneficiarios inscritos al programa entre 2019 y 2021, sólo cerca de 795 mil concluyeron satisfactoriamente sus 12 meses de capacitación, mostrando una deserción de 54 por ciento. Por otro lado, un reportaje elaborado por Animal Político, señala que de un total de un millón 120 mil jóvenes que ingresaron al programa en su primer año, en 2019, sólo 9 mil 232 jóvenes (0.8 por ciento) lograron ser contratados tras su etapa de capacitación, dejando al resto sin un plan de seguimiento a continuar para cumplir con la finalidad del programa. Asimismo, este reportaje también evidencia los severos problemas en su diseño para cubrir a la población objetivo del programa, debido a que en 17 de los 23 municipios con mayor número de beneficiarios, existen más beneficiarios que el universo de objetivo a la que el programa está dirigido, siendo Tabasco el estado con mayor número de beneficiarios (cerca de 80 mil), distribuidos mayoritariamente en 7 municipios de la entidad, los cuales, cuentan con una tasa de desempleo promedio del 1.8 por ciento, destacando el municipio de Macuspana (13 mil beneficiarios —top 4), de donde el Presidente López Obrador es originario, mientras que el municipio de Cochoapa, Guerrero, es el municipio con mayor tasa de desempleo en el país (40 por ciento), pero sólo cuenta con 22 beneficiarios.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacer público un informe donde detalle cómo las acciones implementadas por la Secretaría a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro han impactado en la disminución de personas jóvenes desempleadas en el país, así como su impacto en el combate a la deserción escolar.

Notas

1 Gutiérrez, Ana Bertha. El Financiero. “El Complicado Futuro que enfrenta la juventud mexicana”. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/El-complicado-futu ro-que-enfrenta-la-juventud-mexicana-20230226-0002.html (Consultado el: 19/06/2023)

2 El Financiero. “Desempleo en México alcanza 6.5% en jóvenes de 15 a 24 años: OCDE”. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/07/13/desempleo-en -mexico-alcanza-65-en-jovenes-de-15-a- 24-anos-ocde/ (Consultado el: 19/06/2023)

3 México Evalúa. “Educación post pandemia ¿Cómo va el regreso a clases?”. Disponible en:

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/202 2/06/taller-educacion-pospandemia.pdf (Consultado el: 19/06/2023)

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tercer informe de labores 2020- 2021, 1/Septiembre/ 2021. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665495/Tercer_Inf o rme_de_Labores_2020_2021.pdf (Consultado el: 19/06/2023)

5 Roldán, Nayeli. (2021). Jóvenes Construyendo el Futuro: Lejos de municipios marginados y solo la mitad termina beca. 30/09/2021, de Animal Político Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2021/09/jovenes-construyendo-futu ro-municipios-marginados-desercion-desempleo/ (Consultado el: 19/06/ 2023)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2023.– Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.