INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 17 de octubre de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud y expide la Ley para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, suscrita por los diputados Favio Castellanos Polanco y Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

2. Que reforma el artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

3. De Decreto por el que se declara el 4 de abril de cada año como el Día Nacional de las Deformidades Craneales, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona el artículo 333 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 2o., 3o. y 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte digna y sin dolor, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de distintos Grupos Parlamentarios.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia contra servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

10. Que reforma los artículos 12 y 28 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.

11. Que reforma los artículos 17 y 45 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen.

12. Que reforma los artículos 5o., 10 y 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

13. Que reforma los artículos 4o. y 37 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

14. Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

15. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en materia de armonización legislativa, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

16. De Decreto por el que se declara el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Rett, suscrita por los diputados Gabriela Sodi y Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a realizar un estudio justificativo de 10 áreas importantes para la biodiversidad en Nuevo León, a cargo de la diputada Karla Estrella Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi, a la Secretaría de Salud y al INSP, a incluir en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024 el tema de menstruación, a cargo de la diputada Elva Agustina Vigil Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena..

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a investigar si la conducta del C. José Eduardo Verástegui Córdoba incurrió en el tipo penal de Apología del Delito, así mismo a la Conapred, a iniciar el procedimiento correspondiente por el discurso de odio y apología de la violencia, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a que dentro del procedimiento de inscripción como candidato independiente solicitado por el C. José Eduardo Verástegui Córdoba se valore si los discursos de odio y apología de la violencia constituyen un modo honesto de vivir y se valore si la persona mencionada ejerce funciones de representación y organización dentro de alguna organización religiosa, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, a proporcionar Seguridad Social a los campesinos de dicho estado, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua, a permitir la distribución de los libros de texto de educación básica para el ciclo escolar correspondiente al 2023-2024, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 212 municipios de Veracruz, a mantener las vialidades libres de obstáculos, objetos o vehículos en estado de abandonado, conforme a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo del diputado Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Movilidad, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CONAHCYT, a la Secretaría de Salud, a la Profepa y la Conagua, a informar a la opinión pública sobre las medidas específicas que se implementarán para frenar los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por la elevada contaminación de sustancias químicas en el río Atoyac, en la zona alta del Atoyac (CAA), en los estados de Puebla y Tlaxcala, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a que, a través del programa Erogaciones para el desarrollo de jóvenes 2024, fomenten e impulsen la digitalización rural, la capacitación especializada y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden público, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, entre otros, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, en materia de transparencia del programa Sembrando Vida, suscrito por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para investigar la persecución política por parte del titular del Poder Ejecutivo Estatal en Nuevo León, suscrito por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CONAHCYT, a dar una solución suficiente para la crisis en materia de becas de posgrado dependientes de esa institución, así como a la restitución inmediata de las becas estipuladas para el ejercicio 2023, las cuales han sido negadas a estudiantes que ya cumplían con los requisitos publicados, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en Zacatecas, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a implementar una política industrial para la atracción de inversión proveniente del nearshoring, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco y al gobierno federal, a atender el desastre natural causado por el paso del huracán Lidia en dicha entidad, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a ejecutar acciones urgentes en favor del mantenimiento y saneamiento de la Presa el Carrizo, ubicada en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al congreso de Yucatán, a cumplir con la obligación normativa de armonización legislativa en sus leyes estatales en materia de salud, de acuerdo con la última reforma de la Ley General de Salud, que prioriza la salud mental y la atención de las adicciones como política pública, a cargo de la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales, a que, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, legislen de manera responsable en torno a la prohibición de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a difundir las labores que se realizan y los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a regular adecuadamente y sancionar el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a realizar campañas informativas sobre el uso y clasificación adecuados de los videojuegos, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a declarar como estado de emergencia al municipio de Bahía de Banderas, así como liberar los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, por los daños ocasionados por el huracán Lidia, a cargo del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE y al Fovissste, a hacer públicas las acciones y programas que han implementado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el régimen transitorio del Decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el DOF el 8 de mayo del 2023, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SRE y a la SE, a emprender diversas acciones en materia migratoria y revisiones extraordinarias de vehículos y mercancías que ingresan legalmente a Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, a legislar en materia de interrupción legal del embarazo, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Edomex, a desarrollar acciones coordinadas con los municipios y la Secretaría de Economía de dicha entidad, a impulsar la atracción y el aprovechamiento de inversiones por concepto de nearshoring, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Tribunales Superior de Justicia de las entidades federativas, a entregar a los OPLEs y al INE, un listado con los nombres de las personas que tengan sentencia firme por violencia familiar, doméstica, violación, violencia política contra las mujeres en razón de género, o deudora alimentaria morosa, con el fin garantizar que ningún agresor llegue al poder público, suscrito por diputados integrantes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar y a la Semarnat, a hacer pública la información referente al tratamiento que se le está dando al sargazo tras ser recolectado, el lugar donde se deposita y las medidas que se toman para evitar emisión de gases tóxicos al ambiente y residuos a los cuerpos de agua de Quintana Roo, a cargo de la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur, a aplicar los principios referentes al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación aplicable en la materia y de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

MODIFICA LA LEY GENERAL DE SALUD Y EXPIDE LA LEY PARA EL FOMENTO, PROTECCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

Iniciativa que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud y expide la Ley para el Fomento, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, suscrita por los diputados Favio Castellanos Polanco y Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma el artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exposición de Motivos

Un México justo, igualitario y libre de violencia, sobre todo aquella cometida contra niñas, niños, adolescentes y mujeres es mi objetivo principal y el motor que impulsa mi trabajo como legisladora.

Hace más o menos 5 décadas el movimiento feminista enarboló la premisa de que lo personal es político, es decir, que lo que pasaba en el ámbito privado de la vida de las mujeres o en el seno de la familia debía tornarse acción política que contribuyera a que las mujeres tuvieran acceso al ejercicio pleno, sustantivo de sus derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales.

Para el ámbito familiar esto fue de suma relevancia, porque se comenzó a visibilizar, a legislar y a implementar políticas públicas para erradicar las malas prácticas de “lavar la ropa sucia en casa”, es decir, comenzó a generarse desde los gobiernos, acciones para atender y sancionar la violencia doméstica o familiar, la violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual ente cónyuges.

Derivado de esto, en México, hoy por hoy la violencia familiar está reconocida en el marco jurídico nacional y estatal, generándose así acciones tendentes a erradicarla, sin embargo, los esfuerzos institucionales no han logrado permear la esfera social ni a la profundidad ni al ritmo que quisiéramos. Seguimos viviendo y conviviendo en una sociedad patriarcal que se resiste a los avances del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales en todos sus poderes.

Esto queda claro con las cifras que mes a mes da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se revela no sólo el altísimo número de casos relacionados con la violencia familiar, sino que, además, estos van en aumento.

De aquí la urgencia de garantizar que las mujeres, también en la esfera familiar puedan gozar de su derecho a vivir una vida libre de violencia; para ello es necesario adoptar medidas que de manera real garanticen este derecho. En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé una serie de medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, entre las que se encuentran las órdenes de protección.

Estas órdenes de protección, de acuerdo con la misma Ley General de Acceso, son actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse de oficio o a petición de parte, por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento en que tengan conocimiento del hecho de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora, directamente o a través de algún tercero, tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima.

En primer lugar, las órdenes de protección son un mecanismo fundamental para prevenir la violencia y brindar apoyo a las víctimas. La violencia doméstica, el acoso y el acecho pueden tener efectos devastadores en la vida de las personas, afectando su bienestar emocional, físico y psicológico. Estas órdenes buscan detener el ciclo de abuso al establecer barreras legales que impidan que los agresores se acerquen a las víctimas. Al hacerlo, ofrecen un espacio seguro para que las personas afectadas puedan reconstruir sus vidas y tomar medidas para su propia protección.

En segundo lugar, las órdenes de protección también juegan un papel importante en la prevención de futuros actos de violencia. Al imponer restricciones y consecuencias legales, estas órdenes disuaden a los agresores potenciales de cometer actos violentos o acosadores. Además, al proporcionar a las víctimas una vía legal para buscar ayuda y protección, las órdenes de protección pueden empoderar a las personas para que denuncien situaciones de abuso y busquen apoyo sin temor a represalias.

Ahora bien, los artículos 34 Ter y 34 Quáter establecen un catálogo de cuales son consideradas órdenes de protección administrativas y cuales jurisdiccionales. Al respecto la citada Ley General de Acceso prevé el reingreso de la mujer en situación de violencia, sin embargo, tomando en consideración que las mujeres, en el mayor de los casos, se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad debido a que no cuentan con ingresos propios suficientes o de plano, no cuentan con ellos, lo que dificulta que sean ellas quienes, muchas de las veces con sus hijas e hijos, sean quienes tengan que abandonar el domicilio conyugal o de pareja.

En este sentido, resulta apremiante facultar a las autoridades administrativas para que, de ser quienes conozcan de la urgencia, ordenen y garanticen la desocupación del domicilio conyugal o de pareja, por parte de la persona agresora.

Con esta medida, no sólo se garantiza el cese de la violencia, al menos de manera temporal, también se garantiza la no revictimización de las víctimas (mujer, hijos e hijas) al apartarlas de su entorno familiar, laboral y escolar cuando así sea el caso.

Con base en lo anterior nuestra propuesta de reforma es la siguiente:

Por lo anterior, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Decreto

Único. Se reforma, la fracción X del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 34 Ter. Las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes

I. a IX. ...

X. La desocupación por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad.

...

...

XI. a XXI. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), junio 2023. Pp. 59 - 62. Rescatado de:

https://drive.google.com/file/d/1_3lMf8p5NqjH0iFG4XpfrNFFaYxxnfm x/view?pli=1

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de septiembre de 2023.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE DECLARA EL 4 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LAS DEFORMIDADES CRANEALES

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 4 de abril de cada año Día Nacional de las Deformidades Craneales, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las deformidades craneales son aquellas anomalías que se presentan en el cráneo y que ocurren durante los primeros meses de vida de las personas. Dicho de forma más precisa, se refiere a las “anomalías congénitas en la forma y configuración de las estructuras anatómicas delterritorio de la cabeza, cara y cuello. Suelen estar presentes en el momento delnacimiento, aunque algunas se manifiestan en la primera infancia”.

Estas deformaciones se generan principalmente por el “mal desarrollo del primero y segundo arcos viscerales, de los que se forman los huesos faciales y los oídos durante el segundo mes de gestación. Las causas incluyen varios miles de síndromes genéticos, así como factores ambientales prenatales”.

Algunas de estas malformaciones pueden poner en riesgo la vida de las personas, mientras que otras pueden dejar secuelas permanentes que afecten la calidad de vida. De acuerdo con los especialistas en la materiaexisten diferentes tipos de deformidades: las que se relacionan con factores mecánicos y las que se relacionan con una causa orgánica.

Las deformidades causadas por factores mecánicos se generan por presiones externas que comprimen la parte posterior del cráneo como “factores mecánicos intraútero, intraparto o posturales secundarias a la posición en decubito supino en que suele recomendarse mantener a los lactantes para disminuir el riesgo de muerte súbita. Por su parte las deformidades craneales que tienen una causa orgánica se generan por un cierre precoz de las suturas craneales”.

En este último caso se habla de condiciones como la craneosinostosis, la cual representa el segundo tipo de malformaciones craneales más frecuente, que es causado por el cierre prematuro de una o más suturas del cráneo, lo que “impide el crecimiento normal del cráneo y produce una deformidad que se hace más evidente con el crecimiento. Las implicaciones son básicamente estéticas, aunque, en algunos casos, puede haber una repercusión funcional”.

Las craneosinostosis pueden ser simples, cuando comprometen una sola sutura y múltiples, cuando comprometen varias. En el caso de las simples se pueden clasificar en escafocefalia, plagiocefalia anterior/posterior y trigonocefalia. Por su parte las craáneosinostosis múltiples se pueden clasificar en braquicefalia, oxicefalia y turricefalia.

Con el fin de llamar la atención sobre las deformidades craneales es que se ha reconocido el cuatro de abril como el día internacional de la plagiocefalia (aplanamiento en la cabeza de un bebé) y deformidades craneales. Esta fecha ha servido también para invitar a las personas a conocer más sobre estos padecimientos y hacer conciencia sobre la importancia de atender una enfermedad que se estima afecta a 47 por ciento de los bebés a escala mundial.

En el caso de nuestro país, de acuerdo con datos de organizaciones civiles, se reconoce que uno de cada 2 mil 100 niños presenta craneosinostosis. De igual forma estas organizaciones han señalado que el estimado de gastos para este tipo de enfermedades puede ir de 25 mil a 140 mil pesos, por lo que es importante tener en cuenta esta enfermedad y su atención.

Es por esta razón que se presenta esta iniciativa que busca visibilizar en nuestro país las enfermedades generadas por las deformaciones craneales, mediante la creación del día nacional de las deformidades craneales, lo cual podrá ayudar a generar conciencia sobre ellas y la importancia de su atención, especialmente, para las personas más vulnerables. En la conmemoración de esta fecha se utilizaría el color verde manzana, color que de acuerdo con la ONU se usa a nivel internacional para llamar la atención sobre estas enfermedades que, en los casos en que puede atenderse a tiempo, requieren una intervención poco invasiva.

Con esta acción también se dará un reconocimiento a las y los especialistas de la salud que forman parte del Centro Nacional de Referencia para Malformaciones Craneofaciales, así como de todo el personal de salud que día con día trabaja en la atención de estas enfermedades.

Con base en los argumentos brindados se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 4 de abril como Día Nacional de las Deformidades Craneales

Único. El Congreso de la Unión declara el 4 de abril como Día Nacional de las Deformidades Craneales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.ucm.es/data/cont/docs/420-2014-02-25-Malformaciones%20Craneofaciale s.pdf

2 https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/pediatr%C3% ADa/malformaciones-cong%C3%A9nitas-craneofaciales-y-musculoesquel%C3%A9ticas/ge neralidades-sobre-las-malformaciones-craneofaciales-cong%C3%A9nitas

3 https://www.neurocirugiabarcelona.com/patologias/neurocirugia-pediatrica/deform idades-craneales/

4 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2023.– Diputados: Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 333 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Emmanuel Reyes Carmona y Favio Castellanos Polanco, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o. constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y el artículo 1o. Bis de la Ley General de Salud la define como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

El Estado mexicano tiene la obligación de proteger entre otras muchas cosas, la salud reproductiva de la población, pues ésta forma parte del bienestar físico, mental y social de las personas. Una de las formas en las que el Estado debe proteger la salud reproductiva de la población es a través de intervenciones médicas de alta o baja complejidad. Entre las catalogadas de alta complejidad figuran la inducción de la ovulación, la fertilización in vitro, y las técnicas de reemplazo mitocondrial.

El acceso a las técnicas de reproducción asistida forma parte del marco de protección a la salud reproductiva y no solo derivan del artículo 4o. constitucional, sino también de los tratados internacionales que el estado mexicano ha ratificado, desde donde se reconoce el derecho a fundar una familia, a la igualdad y no discriminación, a la salud y al derecho humano de beneficiarse del progreso científico.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) contra Costa Rica, determinó el veintiocho de noviembre de dos mil doce, que el Estado debe garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, respetando los derechos humanos, la salud sexual, reproductiva y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; puesto que la protección a la salud reproductiva se encuentra estrechamente vinculada al desarrollo científico, en consecuencia, resulta menester que los poderes legislativos presten atención a las nuevas formas en que la medicina puede proteger y avanzar en este rubro, pues no debe perderse de vista que la salud sexual y reproductiva está contemplada también en el bloque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, contemplados en la constitución general de la república.

Uno de los desarrollos científicos más recientes en materia de técnicas de reproducción asistida que merece una destacada atención, al constituir un avance sustancial en la medicina reproductiva es el trasplante de útero. En efecto, este trasplante puede ser caracterizado como un tratamiento de fertilidad en el que la mujer que sí tiene ovarios, pero no tiene útero, o que su útero no funciona, recibe un útero funcional a través de un trasplante.

Las razones por las cuales una mujer puede necesitar someterse a un trasplante de esta especie pueden ser distintas y muy variadas, pero sólo para ejemplificar algunas de las hipótesis que la experiencia ha acumulado sobre este tema, pueden destacarse en primer término que el útero de la posible receptora no funciona de una manera adecuada o no es ya un órgano eficaz para cumplir con esa función determinada, la de albergar el embrión fecundado. Esto puede deberse a su vez a múltiples factores como pueden ser que se ha removido una parte del útero o su totalidad por un tema oncológico; por un evento que implique un accidente que haya producido trauma en ese órgano; o por ejemplo, cuando la mujer sufre del síndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, lo que implica que nace sin útero o con uno no desarrollado de manera adecuada con la finalidad de recibir el embrión.

De tal suerte, este novedoso procedimiento resulta relevante por dos motivos esencialmente, primero porque a través de él puede paliarse la infertilidad surgida en la mujer por cualquiera de los factores que la causen. La Organización Mundial de la Salud define la infertilidad con relación a la mujer de manera concreta, como aquella enfermedad del aparato reproductor femenino caracterizada por la incapacidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección.

Pero en segundo lugar, porque para algunas personas el deseo de formar una familia es un objetivo fundamental de vida, ya sea por convicción propia o por ideología o por profesar una doctrina comprehensiva, el punto a destacar es que esa finalidad, la de formar un núcleo familiar se torna en una finalidad y motivo fundamental en la vida de algunas personas, y cuando algún factor exógeno lo impide, tal circunstancia incide en su esfera social, emocional y mental, lo cual atenta incluso en contra del libre desarrollo de la personalidad.

La literatura científica que trata el tema, relata cómo el desarrollo de las técnicas necesarias para este tipo de trasplante fue motivado porque la imposibilidad material de gestar una familia, producía de manera generalizada angustia y sufrimiento al no poder alcanzar ni materializar ese anhelo de ser madre o padres en su conjunto.

Visto desde una perspectiva bioética, la donación de útero se torna en un elemento necesario a contemplarse como parte de la política pública en materia de salud por parte del estado mexicano, pues la trascendencia de lograr dar vida y formar una familia nuclear es amplia en sus posibilidades, misma que, no sería alcanzable porque existen casos clínicos que no tienen soluciones alternas al trasplante de este órgano.

Una vez que se ha llevado a cabo el trasplante de útero, se procede a realizar una transferencia de embriones, mismo que hayan sido producidos de manera previa, o en su defecto que también hayan sido donados a la receptora del útero. Pasado el tiempo de gestación el alumbramiento deberá ser necesariamente a través de cesárea.

Con base en lo que hasta aquí se ha expuesto, el trasplante de útero es ahora una realidad, para que la mujer receptora tenga la posibilidad de experimentar un embarazo, gestar hijos genéticamente relacionados con ella y su pareja, y dar a luz a su propia descendencia, escenario que hasta el momento es remoto o limitado a procedimientos más complejos que involucran a terceros como lo puede ser el de la maternidad subrogada, cuyas implicaciones jurídicas pueden ser complejas.

Por tanto, la teleología que se persigue con este tipo de procedimientos gira en torno de varias vertientes, una de ellas es la garantía de ejercicio de los derechos humanos en materia de salud reproductiva; la segunda, es la posibilidad de brindar a la sociedad civil la posibilidad de engendrar un hijo de identidad biológica con la madre que por alguna razón, haya presentado dificultades físicas, genéticas o biológicas para utilizar su útero; y, tercera, su ejecución no necesita la participación presente o futura de algún(a) tercero(a) en el proceso de gestación como sucede en el caso de la maternidad subrogada.

Pero además de lo anterior, existe otra particularidad que debe destacarse sobre este procedimiento, y es que el trasplante de útero puede ser transitorio o temporal y no definitivo, puesto que, como se sabe, cuando existe un procedimiento de trasplante citológico, el receptor queda condicionado a recibir de manera permanente medicamentos inmunosupresores con objeto de evitar el rechazo de tejido donado.

Efectivamente, el trasplante de útero tendrá como finalidad primordial la conformación de un núcleo familiar, y como beneficio alternativo la regulación hormonal en el ciclo de vida de la mujer receptora, pero ello conlleva la carga de un tratamiento inmunodepresor, de tal suerte que, una vez que la mujer receptora haya decidido haber cumplido el ciclo de gestación, ante la configuración del número de hijos que desea tener, el útero trasplantado podrá ser extirpado, evitando así el referido tratamiento, y en vía de consecuencia eludir el posible daño renal u oncológico que esto pudiera llegar a representar, sin que ello represente un riesgo para la madre y su descendencia.

Se afirma lo anterior, porque un artículo académico reciente sobre los resultados de trasplantes de úteros por parte del equipo norteamericano liderado por Liza Johannesson, reportaron que todos los bebés nacidos por medio de un trasplante de útero habían crecido apropiadamente y no demostraron efectos adversos a la inmunosupresión.

Para mayores referencias de este tipo de procedimientos, se debe señalar que el primer caso exitoso de un trasplante de útero ocurrió en 2014 en Suecia, por el equipo liderado por el doctor Mats Brännström, de la Universidad de Gotemburgo. En este caso, se trató de una mujer que en la tercera década de su vida se le trasplantó un útero y pudo embarazarse (a través de fertilización in vitro) y posteriormente dar a luz.

A casi 10 años del primer caso exitoso los centros médicos donde el trasplante de útero se ofrece y se ha logrado con éxito, esta práctica se ha multiplicado alrededor del mundo, pues al día de hoy, se han realizado más de setenta trasplantes de útero en lugares como Arabia Saudita, Brasil, China, Turquía, India, España, Suecia y Estados Unidos.

En 2021, aproximadamente cincuenta niños han nacido gracias a este procedimiento clínico de última generación. El académico y doctor Mats Brännström y sus colegas coeditores afirman que el trasplante de útero se puede describir como un tratamiento de fertilidad seguro para mujeres que no tienen un útero funcional.

En México existen pacientes, investigadores y profesionales de la salud interesados en que exista certeza jurídica sobre los trasplantes de útero, pues por el momento su estatuto legal no es claro y por tanto no está contemplado ni definido este procedimiento en la legislación vigente, por lo que no existe certeza jurídica en su aplicación, regulación, ejecución y seguimiento.

Con base en lo dicho, la presente iniciativa plantea modificar el artículo 333 de la Ley General de Salud, para brindar certeza sobre la legalidad de los trasplantes de útero cuando se dé donación en vida de dicho órgano. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los cambios propuestos:

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción II del artículo 333 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma la fracción II del artículo 333 de la Ley General de Salud y se adiciona un párrafo segundo a dicha fracción, para quedar como sigue:

Artículo 333. Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos respecto del donante:

I. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales;

II. Donar un órgano o parte de él que al ser extraído su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura, con la excepción del útero, el cual podrá ser donado cuando la donante lo determine de manera libre, consciente e informada su voluntad de hacerlo.

El útero donado, podrá ser extirpado a la donataria una vez que se haya satisfecho el objeto del trasplante, con la conformación de una familia o cuando ella lo determine de manera libre, consciente e informada.

III. a VI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Tercero. En un plazo de 180 días, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, se deberá de reformar la NOM correspondiente.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto en el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

Notas

1 https://www.stanfordchildrens.org/es/service/fertility-and-reproductive-health/ ovulation-induction#:~: text=La%20inducci% C3%B3n%20de%20la%20ovulaci%C3%B3n,una%20de%20dos%20situaciones%20particulares

2 https://www.stanfordchildrens.org/es/service/fertility-and-reproductive-health/ what-is-in-vitro-fertilization

3 https://www.forbes.com.mx/nace-primer-bebe-reino-unido-adn-tres-personas/Cohen, I. G., Adashi, E. Y., Gerke, S., Palacios-González, C.; y Ravitsky, V. (2020). “The regulation of mitochondrial replacement techniques around the world”, en Annual Review of Genomics and Human Genetics, 21, 565-586.

4 //efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ documentos_download/100911.pdf

5 Para mayor exposición de los fundamentos legales y éticos sobre el trasplante de úteros en México, véase Palacios-González, C.; y Mendoza Cárdenas, H. A. (2023). The ethical and legal aspects of uterus transplants in Mexico, manuscrito.

6 Pizzo, A.; Laganà, A. S.; Sturlese, E.; Retto, G.; Retto, A.; De Dominici, R.; y Puzzolo, D. (2013). “Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome: embryology, genetics and clinical and surgical treatment”, en International Scholarly Research Notices, 2013.

7 https://www.who.int/es/health-topics/infertility#tab=tab_1

8 York, J. R.; Testa, G.; Gunby, R. T.; Putman, J. M.; McKenna, G. J.; Koon, E. C.; y Johannesson, L. (2021). “Neonatal outcomes after uterus transplantation: Dallas uterus transplant study”, en American Journal of Perinatology, 40(01), 042-050.

9 https://www.natalben.com/noticias/nace-primer-bebe-espana-gestado-trasplante-ut ero#:~: text=M%C3%A1s%20de%20 50%20ni%C3%B1os%20en,Seg%C3%BAn%20explic%C3%B3%20el%20Dr

10 Brännström, M.; Dahm-Kähler, P.; Kvarnström, N.; Enskog, A.; Olofsson, J. I.; Olausson, M.; y Bokström, H. (2022). “Reproductive, obstetric, and long-term health outcome after uterus transplantation: results of the first clinical trial”, en Fertility and Sterility, 118(3), 576-585.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputados: Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 3o. y 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Favio Castellanos Polanco, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Favio Castellanos Polanco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pandemia de Covid-19 dejó ver la vulnerabilidad de los sistemas de salud en todo el mundo, por lo que hoy las pandemias representan un reto constante de innovación e implementación de políticas públicas en los sistemas de salud.La Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que “para 2030 habrá una carencia de aproximadamente 18 millones de profesionales de la salud en todo el mundo”. Señala que actualmente unos 400 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud más esenciales y cada año 100 millones de personas caen sumidas en la pobreza por los gastos que implica costearse la atención en salud.

Ante la situación apremiante de la carencia de médicos y los altos costos de los servicios de salud, la OMS recomienda, hacer uso de las intervenciones de autocuidado y generar entornos económicos que ayuden a lograr la cobertura sanitaria universal, además de promover la educación en salud e intervenir en las poblaciones más vulnerables de cada país.

El autocuidado se refiere a las acciones que las personas realizan por sí mismas para proteger, mantener o mejorar su salud y bienestar. La OMS define al “autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional de la salud”.

Hacer conciencia en la población sobre el autocuidado es fundamental, es importante para la salud física, mental y emocional, significa estar bien, hacer su trabajo, ayudar y cuidar a los demás y hacer todas las cosas que se necesitan y se desean hacer día con día. Para lograrlo las personas y familias deben respaldar sus acciones en educación e información adecuadas, esto los capacitará para tomar elecciones óptimas en favor de su propio beneficio, así como el de su entorno, a lo largo de todas las etapas de su vida.

En el contexto de la salud pública en México, el tema del autocuidado debe ser cada vez más relevante debido a los desafíos que enfrenta el sistema de salud. En los últimos años, se ha observado una carga significativa en los recursos y servicios de atención médica, en gran parte atribuible a la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y a la falta de enfoque en la prevención. El sistema de salud de nuestro país se ve cada vez más presionado por la necesidad de proporcionar atención continua y sostenible a una población cada vez más diversa y longeva.

En este contexto, el autocuidado debe considerarse como una estrategia potencialmente efectiva para aliviar parte de la presión sobre el sistema de salud. A pesar de que el autocuidado ofrece la posibilidad de empoderar a los individuos para que tomen un papel más activo en su propia salud, el conocimiento y la comprensión de las prácticas de autocuidado siguen siendo un desafío fundamental en la promoción y adopción generalizada del autocuidado entre la población mexicana, debido a que son insuficientes en muchos sectores de la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud OMS ha recomendado a los gobiernos de todos los países implementar políticas públicas que reconozcan al individuo como agente activo en el cuidado de su propia salud y ha reconocido que el autocuidado abarca la promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades, la autogestión de enfermedades leves, la atención a personas dependientes, la búsqueda de atención médica especializada u hospitalaria cuando sea necesario, y la rehabilitación, incluidos los cuidados paliativos.

La promoción de la salud , es un proceso político y social que busca mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, incluye cuatro líneas estratégicas de acción: fortalecer entornos saludables, facilitar la participación y el empoderamiento de la comunidad, fortalecer la gobernanza y la acción intersectorial, y fortalecer los sistemas y servicios de salud. La promoción de la salud, también implica acciones específicas para prevenir y controlar enfermedades, como el uso de productos, tecnologías o servicios de autocuidado, que son herramientas que apoyan la capacidad de las personas para cuidar su propia salud.

Los países de la región de las Américas han reafirmado los compromisos muchas veces a lo largo de los años y han procurado poner en marcha intervenciones de promoción de la salud dirigidas a reducir las inequidades en la salud, empoderar a las comunidades y mejorar la salud a lo largo del curso de la vida. La promoción de la salud es una función esencial de salud pública que va mucho más allá del tratamiento y la prevención de enfermedades.

La prevención de enfermedades, se basa en la comprensión de los factores de riesgo, causas y mecanismos de las patologías, así como en la implementación de estrategias para su mitigación o eliminación. Este enfoque preventivo se divide en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se enfoca en evitar la exposición a los agentes causantes de las enfermedades. La prevención secundaria se enfoca en detectar y tratar las enfermedades en sus etapas iniciales. La prevención terciaria se enfoca en evitar las complicaciones y secuelas de las enfermedades.

Para llevar a cabo una prevención efectiva, es esencial la colaboración activa de individuos, familias, comunidades, profesionales de la salud, gobiernos y otros actores. Asimismo, se requiere la utilización de pruebas científicas, políticas de salud pública, educación sanitaria, comunicación social y la promoción de hábitos saludables.

La autogestión de enfermedades leves, no graves y crónicas, a través del uso seguro y responsable de medicamentos y dispositivos disponibles sin receta, permite que los individuos puedan autogestionar síntomas leves y condiciones no graves de salud con o sin el apoyo de un profesional de la salud. Para este asunto, es de vital importancia que se mejore el acceso a estos productos de autocuidado, y la disponibilidad de información segura y en un lenguaje simple para el uso adecuado y responsable de los mismos.

La búsqueda de atención médica y servicios de rehabilitación es fundamental. Parte del autocuidado también es reconocer en qué momento es necesario buscar la asistencia de un profesional de la salud para síntomas y enfermedades graves o de mayor duración. El empoderamiento del individuo para participar en la toma de decisión junto con su profesional de la salud, y seguir las recomendaciones para la pronta recuperación son habilidades fundamentales que deben fomentarse desde la perspectiva del autocuidado.

El Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles 2013-2030 refleja lo anterior estableciendo la práctica del autocuidado como fundamental para alcanzar las metas desarrolladas por la OMS. La prevalencia de las ENT es un problema de salud de alto interés a nivel mundial, que requiere atención urgente debido al impacto que tienen en la salud de las poblaciones pues contabilizan actualmente 74 por ciento de las muertes globales por condiciones como la hipertensión, diabetes y otras condiciones crónicas.

En septiembre el 2022, la OPS decretó la resolución “Política sobre atención integrada”, la cual establece como una línea de acción estratégica el empoderar a las personas y las comunidades a través de fomentar su participación para mejorar su salud. En esta resolución se resalta el autocuidado como pilar clave e insta a todos los Estados Miembros a: Implementar políticas dirigidas a empoderar a las personas para el autocuidado y la participación en la toma de decisiones sobre su propia salud y a empoderar e involucrar a las personas y comunidades para mejorar su salud a través de modalidades tales como programas de educación y asesoramiento para promover comportamientos relacionados con la salud, apoyo para la toma de decisiones informadas sobre opciones de atención y tratamiento, y promoción de la autogestión.

El autocuidado en México

El objetivo de mejorar la salud de la población mexicana cobra gran relevancia continuar impulsando la formulación de políticas públicas que sitúen al autocuidado en una posición prioritaria, a la par que se promuevan reformas regulatorias que faciliten un acceso más amplio a recursos y herramientas para el autocuidado; dentro de este panorama, es necesario que las estrategias gubernamentales que incentiven y eduquen a la población en la adopción de prácticas saludables y el fortalecimiento de su capacidad para gestionar su bienestar individual, avancen en su implantación.

Lograr que la cultura de autocuidado se arraigue en la sociedad, debe ser una prioridad, ya que,a través de esta perspectiva integral, no solo se refuerza el derecho constitucional a la salud, sino que se sientan las bases para una población informada y empoderada en la gestión de su propia salud, contribuyendo así al bienestar colectivo y al fortalecimiento del sistema de salud en su conjunto.

A fin de fomentar el autocuidado en México, se presenta la siguiente iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, como se muestra a continuación:

Esta propuesta de reforma no tendrá un impacto presupuestal, toda vez que las actividades que comprende el autocuidado son acciones que actualmente se realizan por parte de diversas autoridades en materia de salud, es decir, con esta propuesta más que generar un gasto, lo que se busca es reconocer su importancia y coordinar las acciones que ya se realizan en un mismo sentido.

Con base en lo expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 2o., 3o. y 6o. de la Ley General de Salud

Único. Se reforman los artículos 2o., 3o. y 6o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. a VII. ...

VIII. La promoción de la salud, el autocuidado y la prevención de las enfermedades.

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

I. a X. ...

XI. La educación para la salud y el autocuidado;

XII. a XXVIII. ...

Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, conespecial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo y autocuidado, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Directrices de la OMS sobre intervenciones de autocuidado para la salud y el bienestar, revisión 2022. Recuperado de Directrices de la OMS sobre intervenciones de autocuidado para la salud y el bienestar, revisión 2022: resumen ejecutivo (who.int)

2 Organización Mundial de la Salud. Directrices de la OMS sobre intervenciones de autocuidado para la salud y el bienestar, revisión 2022. Recuperado de Directrices de la OMS sobre intervenciones de autocuidado para la salud y el bienestar, revisión 2022: resumen ejecutivo (who.int)

3 WHO (2022) Noncommunicable diseases Progress Monitor 2022. Disponible en

https://www.who.int/publications/i/item/9789240047761. Consultada en agosto de 2022.

4 Organización Panamericana de la Salud, trigésima Conferencia sanitaria panamericana, septuagésima sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. Recuperado de csp30-10-s-politica-atencion-integrada (paho.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputado Favio Castellanos Polanco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 78 y 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del apartado B del artículo 2o., y la fracción IX del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Generar condiciones para que todas y todos vivamos en un México más justo, igualitario y libre de violencia, ha sido nuestro principal objetivo y el motor que impulsa nuestro trabajo legislativo.

Hace más o menos cuatro siglos, el movimiento feminista comenzó a visibilizar las profundas desigualdades existentes entre mujeres y hombres, colocándolas a ellas siempre en condiciones más desfavorables en todos los aspectos; así como las violencias de las que eran objeto por el sólo hecho de ser mujeres desde que nacían hasta su muerte.

Aunado a ello, hace casi 50 años, las feministas enarbolaron la premisa de que lo personal era político, es decir, que lo que pasaba en el ámbito privado de la vida de las mujeres o en el seno de la familia debía tornarse acción política que contribuyera a que las mujeres tuvieran acceso al ejercicio pleno, sustantivo de sus derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales.

Derivado de esto se han producido enormes compromisos a nivel internacional y nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las niñas, adolescentes y mujeres. Hoy por hoy la violencia la violencia de género está reconocida jurídico nacional y estatal, generándose así acciones tendentes a erradicarla, sin embargo, los esfuerzos institucionales no han logrado permear la esfera social ni a la profundidad ni al ritmo que quisiéramos. Seguimos viviendo y conviviendo en una sociedad patriarcal que se resiste a los avances del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales en todos sus poderes.

Esto queda claro con las cifras que mes a mes da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se revela no sólo el altísimo número de casos relacionados con los diversos tipos de violencia de género contra las mujeres, sino que además, estos van en aumento.

De aquí la urgencia de garantizar que las mujeres, en todos los ámbitos, puedan gozar de su derecho a vivir una vida libre de violencia; para ello es necesario adoptar medidas que de manera real garanticen este derecho. En este sentido, el gobierno mexicano ha establecido diversas instituciones y programas específicos para promover la igualdad de género, el adelanto de las mujeres y la erradicación de las violencias. Destaca el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), encargado de coordinar políticas y acciones que fomenten la equidad de género y se han desarrollado programas como el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (Proigualdad), que busca eliminar las brechas de género en áreas como la educación, la salud y la participación política; además de las instancias municipales de las mujeres (IMM) y los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM).

Aunque se han logrado avances significativos en el adelanto de las mujeres en México, aún existen desafíos persistentes. La erradicación de estereotipos de género arraigados; la redistribución de las labores domésticas y de cuidados; la prevención y atención integral de la violencia de género; la promoción de la participación política y económica plena; y la garantía de acceso equitativo a los servicios educativos y de salud de calidad son tareas pendientes.

Además, es crucial fortalecer la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y poderes, la sociedad civil y el sector privado para impulsar cambios profundos y sostenibles. Por ello, el objetivo de esta iniciativa es justamente garantizar que todos los órdenes de gobierno asuman su responsabilidad de manera clara y oportuna para generar mecanismos que garanticen que en el mediano plazo se concreten estos temas pendientes con las mujeres.

Con base en lo anterior nuestra propuesta de reforma es la siguientes:

Por lo anterior, nos permitimos someter a consideración de este honorable soberanía el siguiente:

Decreto

Único. Se reforman la fracción V del apartado B del artículo 2o., y la fracción IX del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o....

...

...

...

...

A. ...

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de las personas indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

...

I. a IV. ...

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación, su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria, el diseño e implementación de mecanismos para el adelanto de las mujeres, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.

VI. a IX. ...

...

...

C. ...

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Los municipios incorporarán a las mujeres en la administración pública municipal de manera paritaria y libre de discriminación y violencia política en razón de género; y garantizarán la participación de las mujeres en la toma de decisiones para el desarrollo municipal.

Además, diseñarán e implementarán mecanismos para el adelanto de las mujeres, así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género.

X. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), junio 2023. Pp. 59 - 62. Rescatado de:

https://drive.google.com/file/d/1_3lMf8p5NqjH0iFG4XpfrNFFaYxxnfm x/view?pli=1

2 Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 (Proigualdad). Documento disponible para consulta en:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%20 2020-2024%20Web.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 157 Bis 1 y 157 Bis 11 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las vacunas “son preparaciones farmacéuticas que contienen agentes que simulan a los microorganismos causantes de una enfermedad, en forma debilitada, atenuada o inactivada y se administran a fin de que el organismo los conozca, para que pueda producir anticuerpos y activar la respuesta del sistema inmunológico, así, guarda información que le ayuda a saber cómo atacar diversas enfermedades infectocontagiosas provocadas por virus, bacterias y/o parásitos”.

Desde su invención, las vacunas han sido consideradas una medida fundamental para el autocuidado y la prevención de enfermedades, así como el control de las mismas, lo que ha ayudado a evitar miles de enfermedades y muertes. Por estas razones la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la han considerado a las vacunas como “uno de los avances más importantes en materia de salud y desarrollo a nivel mundial”.

A continuación, se exponen algunas de las razones clave por las cuales la vacunación es considerada fundamental desde la perspectiva de la OMS y de la salud pública en general:

• Prevención de enfermedades: Las vacunas son una herramienta eficaz para prevenir una variedad de enfermedades infecciosas graves y potencialmente mortales, como la polio, la difteria, el sarampión, la hepatitis B, la influenza y muchas otras. La vacunación ha demostrado ser una forma efectiva de controlar y eliminar estas enfermedades.

• Reducción de la morbilidad y mortalidad: Las vacunas salvan vidas y reducen la carga de enfermedades. Al prevenir infecciones, evitan hospitalizaciones y disminuyen la tasa de mortalidad asociada a enfermedades prevenibles por vacunación.

• Inmunidad de grupo (o inmunidad colectiva): Cuando un porcentaje suficientemente alto de la población está vacunado contra una enfermedad, se crea un efecto de protección para aquellos que no pueden ser vacunados, como bebés demasiado jóvenes o personas con sistemas inmunológicos debilitados. Esto reduce la propagación de la enfermedad en la comunidad y protege a quienes son más vulnerables.

• Control de brotes epidémicos: La vacunación es una herramienta crucial en la lucha contra brotes epidémicos y pandemias. Cuando se detecta un brote de una enfermedad infecciosa, las campañas de vacunación pueden ayudar a contener rápidamente la propagación del patógeno.

• Reducción de costos de atención médica: Las enfermedades prevenibles por vacunación pueden generar altos costos para el sistema de atención médica y para las familias debido a hospitalizaciones y tratamientos médicos. La vacunación reduce estos costos al prevenir la enfermedad en primer lugar.

• Avances en salud pública: A lo largo de la historia, la vacunación ha desempeñado un papel crucial en la mejora de la salud pública al eliminar o controlar enfermedades que antes eran comunes y mortales.

• Desarrollo sostenible: La vacunación contribuye al desarrollo sostenible al mejorar la salud y el bienestar de las comunidades. Cuando las personas están sanas, pueden trabajar y estudiar de manera más productiva, lo que beneficia a la economía y a la sociedad en su conjunto.

En situaciones de emergencia sanitaria, como la pandemia de Covid-19, la vacunación adquiere más importancia aún porque se vuelve una herramienta fundamental para prevenir la propagación rápida y devastadora de la enfermedad. En el caso del Covid-19, el desarrollo y la distribución de vacunas han sido fundamentales para frenar la propagación del virus y reducir el número de casos graves y muertes.

En una pandemia, como lo fue la del Covid, la vacunación es una herramienta clave para controlar y poner fin a la propagación del virus. Las campañas de vacunación masiva pueden detener los brotes y reducir la presión sobre los sistemas de salud.

Las vacunas contra el Covid-19 han demostrado ser efectivas para reducir la gravedad de la enfermedad y disminuir la tasa de mortalidad asociada con el virus. También han ayudado a reducir la carga de atención médica al evitar hospitalizaciones.

La vacunación generalizada contra el Covid-19 es esencial para lograr la inmunidad colectiva y controlar la propagación del virus. Esto protege a las personas que no pueden recibir la vacuna debido a razones médicas y contribuye a reducir los brotes y las variantes del virus.

Queda claro que, la respuesta a la pandemia de Covid-19 ha destacado la importancia de la vacunación como una herramienta esencial en la salud pública a nivel mundial. Ha demostrado la capacidad de la ciencia y la cooperación internacional para desarrollar y distribuir vacunas eficaces en tiempo récord.

Sin embargo, en el marco de la pandemia de Covid-19, en México aún queda retos que superar, como el uso de vacunas en momentos de emergencia.

El uso de emergencia de vacunas y medicamentos se refiere a la autorización y disponibilidad de estos productos en situaciones críticas, como la pandemia de Covid-19. Este proceso implica una revisión y aprobación acelerada por parte de las agencias reguladoras de salud de diferentes países, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México.

La autorización de uso de emergencia permite que las vacunas y medicamentos se utilicen antes de completar todos los ensayos clínicos habituales y recopilar la cantidad completa de datos de seguridad y eficacia que normalmente se requeriría. Esta medida se aplica en situaciones donde la necesidad de la vacuna o medicamento es apremiante y donde se considera que los beneficios potenciales superan de manera evidente los riesgos conocidos.

Sin embargo, pese a la importancia estratégica de estos productos, en México su autorización hasta el momento ha permanecido exclusivamente para uso de emergencia. Esto ha resultado en un control gubernamental en la adquisición, distribución y administración de estas soluciones. Además, la regulación vigente no se ha actualizado para incorporar las nuevas versiones de las vacunas diseñadas específicamente para combatir las nuevas variantes del Covid-19, generando desafíos adicionales.

En la práctica, esta situación ha limitado el acceso de la población a estos recursos terapéuticos, lo que ha ocasionado demoras en la cobertura de vacunación. Hoy, un segmento considerable de la población vulnerable se encuentra sin acceso a los medicamentos necesarios, incrementando el riesgo de que desarrollen cuadros graves de la enfermedad.

Ante este escenario, diversos actores, entre los que se incluyen los gobiernos estatales, el sector privado y amplios sectores de la sociedad, han manifestado su interés en poner fin a este monopolio federal en la adquisición y distribución de las vacunas y medicamentos contra el Covid-19. El objetivo es lograr un acceso más amplio y libre a estos productos, lo que podría ser esencial para acelerar la vacunación y controlar la propagación de la enfermedad de manera más efectiva.

El 11 de septiembre de 2023, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tomó medidas significativas para revisar y actualizar sus políticas relacionadas con el uso de emergencia de vacunas contra el Covid-19. Estas acciones tienen el propósito de autorizar nuevas vacunas diseñadas específicamente para hacer frente a las variantes del virus que circulan actualmente, con el objetivo de brindar una mejor protección contra las consecuencias graves de la enfermedad. Además de esta actualización, se están revisando los criterios para la aplicación de estas vacunas.

Dado que el SARS-Cov2 continúa mutando y dando lugar a nuevas variantes, es necesario actualizar las vacunas existentes para abordar estas cepas emergentes. Además de las vacunas, la disponibilidad de medicamentos para tratar el Covid-19 es fundamental para combatir la enfermedad.

La OMS ha aprobado 10 vacunas contra el Covid-19 y emitido recomendaciones para su uso. Estas vacunas son producidas por fabricantes como Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Novavax, Casino y Valneva. Es relevante destacar que algunas de estas vacunas ya han sido actualizadas para proteger contra las nuevas variantes del virus.

Sin embargo, se ha observado que las empresas farmacéuticas han iniciado el proceso de obtención de registro sanitario ante la Cofepris para permitir la libre circulación de vacunas y medicamentos contra el Covid-19 en México, pero hasta el momento no han obtenido la autorización correspondiente por la autoridad sanitaria.

Esto ha generado preocupaciones sobre la disponibilidad de estas soluciones terapéuticas en el país y la importancia de agilizar los procesos regulatorios para hacer frente a la pandemia de manera efectiva.

El gobierno federal puso fin a la emergencia sanitaria por Covid-19 el 9 de mayo de 2023, mediamente un decreto del Consejo de Salubridad General, ya que se cumplen las características que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para suspenderla, como son los altos niveles de inmunidad por infección o vacunación, y la disminución en el número de casos, hospitalizaciones y decesos. Por ello, el uso de emergencia carece de argumentos.

Por lo señalado se presenta esta iniciativa que busca asegurar un suministro adecuado de dosis de vacunas en el país, el reconocimiento de las nuevas vacunas para las variantes de Covid-19 y permitir a la población elegir la vacuna que sea de su preferencia, siempre y cuando esté debidamente autorizada por la OMS. Además de asegurar la disponibilidad de medicamentos contra Covid-19.

El SARS-Cov2 ha demostrado una capacidad significativa para mutar y dar lugar a nuevas variantes. Para mantener la efectividad de las vacunas, es esencial actualizarlas para abordar estas nuevas cepas emergentes. Esto ayuda a prevenir la propagación de variantes más contagiosas o resistentes a las vacunas y, por lo tanto, a reducir la incidencia de casos graves y muertes.

Brindar a las personas la opción de elegir la vacuna que desean recibir, siempre que esté debidamente autorizada por la OMS, empodera a los individuos en su atención médica. Esto fomenta la confianza en el proceso de vacunación y puede aumentar la aceptación de las vacunas. Además, puede abordar preocupaciones individuales, como alergias o preferencias personales, y facilitar una mayor participación en la inmunización.

Además de las vacunas, es fundamental contar con una variedad de medicamentos efectivos para tratar el Covid-19. Esto es especialmente importante para las personas que ya están infectadas y que pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. La disponibilidad de estos medicamentos puede reducir la presión sobre los sistemas de atención médica y mejorar las tasas de recuperación.

De este modo, una reforma de la ley para la vacunación efectiva en tiempos de emergencias sanitarias, es necesaria para fortalecer la respuesta a la pandemia de Covid-19, proteger la salud pública, adaptarse a las circunstancias cambiantes, empoderar a las personas en la toma de decisiones sobre su salud, garantizar el acceso a tratamientos efectivos y promover la colaboración global en la lucha contra la enfermedad.

Con base en lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de vacunación en situaciones de emergencia

Único. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 157 Bis 1, con lo que el actual segundo se recorre a tercero; y se reforma el párrafo segundo del artículo 157 Bis 11, con la adición de dos párrafos, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 157 Bis 1. Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, del sistema nacional de salud, las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, de conformidad con esta ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social a que pertenezca.

Toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a adquirir y administrarse las vacunas de su preferencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios y estén indicadas por un profesional de la salud. Lo anterior, podrá limitarse en situaciones de emergencia, pero deberá estar plenamente justificado y no podrán extenderse esta limitación por un tiempo mayor al de la emergencia.

Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de menores o incapaces, estarán obligados a tomar todas las medidas necesarias para que éstos reciban las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

Artículo 157 Bis 11. Todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos, que se utilicen en el país deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de salvaguardar la seguridad en la administración de las vacunas.

Los procedimientos para la autorización del registro, importación y liberación de vacunas serán considerados como prioritarios en razón de su importancia para la salud pública y la seguridad nacional. En casos de emergencia, dichos procedimientos se atenderán de manera inmediata, por lo que, la autoridad sanitaria deberá otorgar los registros sanitarios en los plazos que lo demande la salud pública, procurando facilitar la liberalización de las vacunas.

El uso de emergencia de vacunas, medicamentos y otros insumos para la salud, no puede extenderse en automático al finalizar la emergencia sanitaria, por lo que, la autoridad sanitaria deberá analizar cada caso y determinar inmediatamente si procede el otorgamiento del registro sanitario.

En caso de emergencia causada por enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria y el Consejo Nacional de Vacunación emitirán las medidas para la vacunación, incluyendo los grupos de edad y poblaciones prioritarias, la actualización de las vacunas contra nuevas cepas del virus, la logística para su aplicación en el territorio nacional, los criterios para su liberalización al mercado, entre otras medidas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud expedirá en un plazo no mayor de 60 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto, la reglamentación a que éste se refiere.

Tercero. Los registros sanitarios de vacunas, medicamentos e insumos para la salud que actualmente tienen un uso de emergencia en el marco de la pandemia de Covid-19, y que se encuentran en proceso de revisión a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deberán ser resueltos de manera inmediata, en virtud de que la emergencia sanitaria por Covid-19 fue finalizada el día 9 de mayo de 2023 por decreto del Poder Ejecutivo federal.

Notas

1 Gobierno de México. La importancia de la vacunación como medida para la prevención de enfermedades. Disponible en

https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/la-importancia-de-la-vacu nacion-como-medida-para-la-prevencion-de-enfermedades? idiom=es

2 UNICEF. Inmunización. Disponible en

https://www.unicef.org/es/inmunizacion#:~: text=Las%20vacunas%20constituyen%20uno%20de,a%20crecer%20sanos%20y%20felices.

3 FDA Takes Action on Updated mRNA Covid-19 Vaccines to Better Protect Against Currently Circulating Variants.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-ac tion-updated-mrna-covid-19-vaccines-better-protect-against-currently-circulatin g

4 Cofepris. Solicitudes de medicamentos y vacunas,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/852885/Solicitude s_Reg_Excepto_Gen_ricos_y_Biocomp_2023.pdf

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5688265&fecha=09/05/2023#gsc .tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2023.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de muerte digna y sin dolor, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de distintos grupos parlamentarios.

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia contra servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia contra servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales.

Exposición de Motivos

Como es de todas y todos conocido, el caso de las acusaciones y procedimientos penales por diversos delitos federales que en su momento fueron instaurados en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, durante su periodo como gobernador del estado de Tamaulipas, generó un conflicto político y parlamentario relacionado con las facultades de la Cámara de Diputados y del Congreso de ese estado en materia de desafuero.

A finales de febrero de 2021, fecha enclavada en el último periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del entonces gobernador de Tamaulipas, por los delitos federales de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. En medio de un clima de crispación política, el proceso de desafuero se convirtió en motivo de debate jurídico relativo a cuál es la instancia a la que corresponde retirar la inmunidad al gobernador; la Cámara de Diputados o el Congreso de Tamaulipas. Dicho debate se centró en el artículo 111 constitucional y el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Los párrafos quinto y sexto del artículo 111 de la Constitución federal establecen:

“Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables”.

Por su parte el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es la ley que establece el procedimiento de declaración de procedencia, señala:

“Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Por lo que toca a gobernadores, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se remitirá a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo”.

Según el punto de vista de los partidos de oposición, respaldado por el de diversos juristas y académicos, la interpretación armónica del quinto párrafo del artículo 111 constitucional y el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos lleva a la conclusión de que, tratándose de gobernadores, la declaración de procedencia que dicte la Cámara de Diputados tiene efectos meramente declarativos, pues debe ser remitida al Congreso local correspondiente y es este el que decide en última instancia si pone al gobernador a disposición del Ministerio Público u órgano jurisdiccional correspondiente.

En contraste, hay quienes sostuvimos, también sustentados en opinión de juristas y académicos, que el sexto párrafo del artículo 111 constitucional claramente establece que “Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables” y por esa razón no pueden ser desechadas por los congresos locales. Así, cuando el quinto párrafo del artículo 111 constitucional establece que “...la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, a lo que se refiere no es a que los congresos locales aprueben o rechacen lo resuelto por la Cámara de Diputados (porque sus resoluciones son inatacables), sino a que procederán a nombrar gobernador interino o sustituto y a adoptar las demás medidas o procedimientos que establezca la legislación local para el caso de ausencia del gobernador.

Un razonamiento fundamental para esta interpretación radica en que el hecho de que un Congreso local apruebe o rechace el desafuero decretado por la Cámara de Diputados implica necesariamente un doble proceso de desafuero, primero en la Cámara federal y después en el Congreso local, lo que no sólo resulta un despropósito, sino que se traduce en una antinomia con el principio emanado de la propia Constitución federal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto.

En medio del debate entre ambas interpretaciones, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría panista, aprobó fast track (con los votos del PRI y Movimiento Ciudadano) un acuerdo relativo a su procedimiento de declaratoria de procedencia con el que pretendían atraer la decisión final sobre el desafuero del gobernador. Involuntariamente, tal acuerdo tuvo el efecto de fortalecer la postura de que el Congreso local no podía aprobar o rechazar el desafuero resuelto por la Cámara de Diputados, pues hacía notar que el Congreso tamaulipeco quería atraer el asunto para que no lo conociera la Cámara federal. El 25 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de controversia constitucional en contra del acuerdo del Congreso de Tamaulipas, sin embargo, en los primeros días de abril, dicho Congreso local abrogó el acuerdo y por lo tanto la controversia constitucional quedó sin materia.

Más tarde, el 28 de abril del mismo año, la Sección Instructora, presidida por el entonces diputado Pablo Gómez, se reunió para discutir los dictámenes sobre la decisión del desafuero. El dictamen fue aprobado por 3 votos a 1, con los votos a favor del propio diputado Gómez y de las diputadas Martha Patricia Ramírez y Mary Carmen Bernal. El voto en contra fue de la diputada Claudia Pastor.

En sesión ordinaria del 30 de abril de 2021, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 302 votos en pro, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia, en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, solicitado por la Fiscalía General de la República, en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, en el que se resolvió:

“Primero. Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Segundo. Comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución”.

A mediados de agosto de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar la orden de aprehensión girada en contra del gobernador, bajo el argumento de que el Congreso de Tamaulipas no lo desaforó, razón por la cual aún contaba con dicha inmunidad constitucional y por tanto no podía ser sujeto de aprehensión, lo cual el propio gobernador falazmente pretendió hacer ver como un reconocimiento de su inocencia, cuando en realidad lo único que se resolvió fue la subsistencia de su inmunidad procesal.

Independientemente de las confrontaciones e implicaciones de carácter político que el asunto generó, lo cierto es que en el ámbito legislativo quedó expuesto que el actual texto constitucional y legal no es lo suficientemente preciso y da lugar a interpretaciones contradictorias sobre el procedimiento de desafuero en el caso de gobernadores y otros servidores públicos locales.

En todo caso, subsiste la preocupación en el sentido de que los efectos meramente declarativos de la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados respecto de servidores públicos locales y su posterior ratificación o rechazo por parte de un Congreso local, implican tres deficiencias y antinomias fundamentales:

1. Que las decisiones del Congreso federal quedarían subordinadas a las decisiones de un congreso local.

2. Que la declaración de procedencia en el caso de gobernadores y servidores públicos locales, no sólo es una figura declarativa, sino además ociosa y sin sentido, pues la decisión final corresponde a otra instancia.

3. Que el diseño de la declaración de procedencia para gobernadores y servidores públicos locales implicaría juzgar dos veces el mismo asunto, primero en la Cámara de Diputados federal y luego en el congreso local.

En tal virtud, la presente iniciativa tiene el propósito de resolver las anteriores deficiencias y poner fin a las diversas y opuestas interpretaciones constitucionales que se suscitaron dentro del caso del gobernador de Tamaulipas. Para ello proponemos una reforma al segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el fin de que, tratándose de delitos federales cometidos por las personas titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, miembros de los consejos de las judicaturas locales, y miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, la declaración de procedencia se comunicará a las legislaturas locales para el efecto de que éstas, en ejercicio de sus atribuciones, procedan a realizar la suplencia de la persona servidora pública inculpada de conformidad con sus respectivas legislaciones.

De esa manera, subsanaríamos las tres deficiencias normativas e interpretativas que han sido señaladas en párrafos anteriores.

A continuación, se exponen nuestra propuesta de redacción:

Cuadro comparativo

Con base en lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

Por lo que toca a gobernadores, Diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la Legislatura Local respectiva para que , en ejercicio de sus atribuciones , ponga a la persona servidora pública inculpada a disposición del Ministerio Público Federal o del Órgano Jurisdiccional respectivo y realice la suplencia de ésta, de conformidad con la legislación local.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2023.– Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

«Iniciativa que reforma los artículos 12 y 28 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Yessenia Leticia Olua González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 12 y 28 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo principal de esta iniciativa es armonizar la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con la homologación de distintas leyes que el Poder Legislativo federal ha expedido y reformado, a fin de cambiar el nombre a Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El 23 de febrero de 2021, la Cámara de Diputados recibió una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la denominación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la de la SICT.

Con fecha del 25 de marzo 2021, en la Cámara se votó la propuesta; los diputados que pertenecemos a esta 4ta Transformación, aclaramos que lo único que pedíamos era identificar desde el propio nombre de la secretaría, los tres rubros principales de su competencia: infraestructura, comunicaciones y transportes; en esta fecha se aprobó la reforma con 451 votos a favor y se turnó en carácter de Minuta al Senado.

El martes 7 de septiembre de 2021, el Senado de la República, aceptó con100 votos a favor y 1 abstención, la propuesta hecha por la colegisladora.

Finalmente, el 21 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la propuesta del Ejecutivo Federal; ese mismo día se reformó su nombre en los artículos que la mencionan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero faltaron diversas leyes que también mencionan el nombre de SCT y no se ha efectuado la armonización.

Como se observa, hay una necesidad jurídica de homologar y armonizar el decreto del Diario Oficial de la Federación con las leyes que aún mencionan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma que se plantea:

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputada Yessenia Olua González, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 28 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Único. Se reforman los incisos f) del artículo 12 y h) del artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 12....

I. ...

II. ...

a) a e) ...

f) Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;

g) a l) ...

III. ...

Artículo 28. ...

I. ...

a) a g) ...

h) Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;

i) a t) ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/feb/20210201-I.pdf

2 Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de la Administración Pública Federal: Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210323-VI.pdf#p age=53

3 Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de: infraestructura. Disponible en

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/120334

4 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de la Administración Pública Federal. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633365&fecha=20/ 10/2021#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Yessenia Leticia Olua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 45 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Yessenia Leticia Olua González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 45 de la Ley General de Cambio Climático, de conformidad con lo siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo principal de esta iniciativa es armonizar la Ley General de Cambio Climático con la homologación de distintas leyes que el Poder Legislativo federal ha expedido y reformado, a fin de cambiar el nombre a Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los tres cambios subyacen porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha cambiado; con las reformas que se han consolidado ha surgido un nuevo nombre para cada secretaría y, jurídicamente, es necesario hacer lo propio en cada ley.

A continuación expongo mis motivos, al tenor de las siguientes consideraciones, que fundamentarán la iniciativa:

I. El 23 de febrero de 2021, la Cámara de Diputados recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador la propuesta de cambiar la denominación Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Con fecha 25 de marzo 2021, en la Cámara se votó la propuesta; los diputados que pertenecemos a la cuarta transformación, aclaramos que lo único que pedíamos era identificar desde el propio nombre de la secretaría, los tres rubros principales de su competencia: infraestructura, comunicaciones y transportes; en esta fecha se aprobó la reforma con 451 votos a favor y se turnó en carácter de minuta al Senado.

El martes 7 de septiembre de 2021, el Senado de la República aceptó con 100 votos a favor y 1 abstención la propuesta de la colegisladora.

Finalmente, el 21 de octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la propuesta del Ejecutivo federal; ese día se reformó su nombre en los artículos que la mencionan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero faltaron diversas leyes que también mencionan el nombre de SCT y no se ha efectuado la armonización.

II. El viernes 30 de noviembre de 2018 se estableció en la versión matutina del Diario Oficial de la Federación cambiar la denominación Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar.

Este cambio obedeció a la entrada del Poder Ejecutivo, que a partir del 1 de diciembre de 2018 reestructuró esta secretaría y otorgó bienestar al consolidarse el nuevo gobierno de la cuarta transformación.

Quizá la comisión dictaminadora argumente que con base en el artículo décimo quinto transitorio del mismo decreto, se entiende la función de la Secretaría del Bienestar y no es necesario el cambio; pero en mis siguientes consideraciones expondré la importancia de hacerlo, ya que de omitirlo se evade responsabilidades y se crean lagunas jurídicas con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. El 2 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó con 454 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, a fin de actualizar el nombre de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Energía para el Campo, para adecuarlos a los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, que actualizó la estructura y funcionamiento de dependencias y secretarías de gobierno, entre ellas la citada secretaría.

Se agrega un artículo transitorio para establecer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia acuícola, deberá aplicar los lineamientos y demás disposiciones aplicables al Programa de Energía para el Campo para otorgar precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.

IV. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define armonización legislativa como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo.

La armonización legislativa, no tiene un fin en sí misma; más bien es una respuesta a exigencias jurídicas integrales de valor cultural indiscutible. Constituye una herramienta necesaria, útil e idónea para la consolidación de las sociedades modernas. Sin embargo, esta noción genera controversia y resistencias, en principio porque implica una revisión de los conceptos de soberanía y de interés social (la armonización se concilia con la soberanía cuando el órgano legislativo de un Estado adopta una norma idéntica o similar establecida, por ejemplo, en un tratado internacional) y en segundo término porque la armonización consiste en uniformar normas mediante el diseño de leyes o en modificar leyes existentes, lo que implica procesos legislativos para hacer compatibles disposiciones que tienen orígenes o tiempos diferentes. La armonización no puede reducirse a acciones aisladas o temporales. Es una actividad permanente que requiere de una política pública de largo plazo en la que el papel de los órganos legislativos es trascendental, pues implica

• Derogar normas específicas.

• Abrogar cuerpos normativos.

• Adicionar normas nuevas.

• Reformar normas existentes.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, señala que la armonización legislativa es una obligación emanada de la Constitución y de los instrumentos internacionales que, significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales con los tratados internacionales de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico interno, con los fines, primero, de evitar conflictos entre normas, y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel nacional.

Lo señalado es muestra clara de que incluso antes de la reforma constitucional de 2011, que obliga al Estado Mexicano a atender los criterios emanados por los tratados internacionales, el Congreso Federal ya había legislado y homologado criterios internacionales correspondientes a la protección de los Derechos Fundamentales velados en los artículos constitucionales antes mencionados. De este modo, la armonización legislativa tiene como fin generar un enfoque basado en la protección de los derechos humanos dentro de un marco conceptual, ejercido dentro del proceso legislativo que tiene como base normativa los estándares internacionales de derechos humanos y se dirige operacionalmente a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

Como se observa, hay una necesidad jurídica de homologar y armonizar los Decretos del Diario Oficial de la Federación, con las leyes que aún mencionan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma que se plantea:

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputada Yessenia Olua González, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 45 de la Ley General de Cambio Climático

Único. Se reforman el artículo 17 y el segundo párrafo del artículo 45 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 17. La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del organismo, estará presidida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Gobernación; de Bienestar; de Hacienda y Crédito Público; de Energía; de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

...

Artículo 45....

Se integrará por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Desarrollo Rural; de Salud; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Bienestar; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores; y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/feb/20210201-I.pdf

2 Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de la Administración Pública Federal. Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210323-VI.pdf#p age=53

3 Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de infraestructura. Disponible en

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/120334

4 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de la Administración Pública Federal. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633365&fecha=20/ 10/2021#gsc.tab=0

5 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha =30/11/2018#gsc.tab=0

6 Dictamen para declaratoria de publicidad de la Comisión de Energía. Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210302-II.pdf

7 Boletín número 5988. Disponible en

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Marzo/02/5988-La-Camara-de-Diputados-actualiza-el-nombre-de-la-Sader-en- la-Ley-de-Energia-para-el-Campo

8 Armonización de la legislación de las entidades federativas respecto de los instrumentos internacionales de derechos humanos, página 16. Disponible en

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_59.pdf

9 Retos y propuestas para la armonización estatal en materia de derechos humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2481/17.pdf

10 La armonización legislativa en el marco del primer Congreso de la Ciudad de México. Disponible en

http://aldf.gob.mx/archivo-1149a878c9c03cad8ce53dd4fd9fe6 de.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Yessenia Leticia Olua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen.

LEY FEDERAL DE SANIDAD VEGETAL

«Iniciativa que reforma los artículos 5o., 10 y 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Yessenia Leticia Olua González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 10 y 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo principal de esta iniciativa es armonizar nuestra Ley Federal de Sanidad Vegetal con la homologación de distintas leyes que el Poder Legislativo federal ha expedido y reformado, con el fin de cambiar el nombre a Secretaría de Bienestar y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los dos cambios que propongo subyacen porque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ha cambiado; con las reformas que se han consolidado, ha surgido un nuevo nombre para cada secretaría y jurídicamente es necesario hacer lo propio en cada ley.

A continuación, expongo mis motivos bajo las siguientes consideraciones que fundamentarán esta iniciativa.

I. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define al término armonización legislativa como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo.

La armonización legislativa, no tiene un fin en sí misma; más bien es una respuesta a exigencias jurídicas integrales de valor cultural indiscutible. Constituye una herramienta necesaria, útil e idónea para la consolidación de las sociedades modernas. Sin embargo, esta noción genera controversia y resistencias, en principio porque implica una revisión de los conceptos de soberanía y de interés social (la armonización se concilia con la soberanía cuando el órgano legislativo de un Estado adopta una norma idéntica o similar establecida, por ejemplo, en un tratado internacional) y en segundo término porque la armonización consiste en uniformar normas mediante el diseño de leyes o en modificar leyes existentes, lo que implica procesos legislativos para hacer compatibles disposiciones que tienen orígenes o tiempos diferentes. La armonización no puede reducirse a acciones aisladas o temporales. Es una actividad permanente que requiere de una política pública de largo plazo en la que el papel de los órganos legislativos es trascendental, pues implica:

• Derogar normas específicas.

• Abrogar cuerpos normativos.

• Adicionar normas nuevas.

• Reformar normas existentes.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, señala que la armonización legislativa es una obligación emanada de la Constitución y de los instrumentos internacionales que, significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales con los tratados internacionales de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico interno, con los fines, primero, de evitar conflictos entre normas y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel nacional.

Lo antes señalado, es muestra clara que incluso antes de la reforma constitucional de 2011, que obliga al Estado mexicano a atender los criterios emanados por los tratados internacionales, el Congreso federal ya había legislado y homologado criterios internacionales correspondientes a la protección de los derechos fundamentales velados en los artículos constitucionales antes mencionados. De este modo podemos señalar que la armonización legislativa tiene como fin generar un enfoque basado en la protección de los derechos humanos dentro de un marco conceptual, ejercido dentro del proceso legislativo que tiene como base normativa los estándares internacionales de derechos humanos y se dirige operacionalmente a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

II. El viernes 30 de noviembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación en su versión matutina, se estipuló cambiar la denominación Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría del Bienestar.

Este cambio obedeció a la entrada del Poder Ejecutivo, quien a partir del 1ero de diciembre de 2018 reestructuró esta secretaría y otorgó bienestar al consolidarse el nuevo gobierno de la cuarta transformación.

Quizá la comisión dictaminadora, argumente que con base en el artículo Décimo Quinto Transitorio del mismo decreto, se entiende la función de la Secretaría del Bienestar y no es necesario el cambio; pero en mis siguientes consideraciones expondré la importancia de hacerlo, ya que de omitirlo se evade responsabilidades y se crean lagunas jurídicas con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. El 2 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó con 454 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, a fin de actualizar el nombre de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Energía para el Campo, para adecuarlos a los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, que actualizó la estructura y funcionamiento de dependencias y secretarías de gobierno, entre ellas la citada secretaría.

Se agregó un artículo transitorio para establecer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia acuícola, deberá aplicar los lineamientos y demás disposiciones aplicables al Programa de Energía para el Campo para otorgar precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.

Como se puede observar, hay una necesidad jurídica de homologar y armonizar los decretos del Diario Oficial de la Federación, con las leyes que aún mencionan a la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma que se plantea:

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe diputada Yessenia Olua González, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 5, 10 y 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo Único. Se reforma el quincuagésimo tercer párrafo del artículo 5 y los artículos 10 y 26 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

Secretaría: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

...

Artículo 10. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con las de Salud y de Bienestar, para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales aplicables a los plaguicidas e insumos de nutrición vegetal.

Artículo 26. Cuando la importación o internación de las mercancías reguladas en este Capítulo implique un riesgo fitosanitario, únicamente podrá realizarse por las aduanas y puertos marítimos, aéreos y terrestres que se determinen en los acuerdos que para el efecto expidan conjuntamente los Secretarios de Hacienda y Crédito Público , y de Agricultura y Desarrollo Rural, mismos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas Respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Página 16, disponible en:

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_59.pdf

2 Retos y propuestas para la armonización estatal en materia de derechos humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2481/17.pdf

3 La armonización legislativa en el marco del primer Congreso de la Ciudad de México. Disponible en:

http://aldf.gob.mx/archivo-1149a878c9c03cad8ce53dd4f d9fe6de.pdf

4 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha =30/11/2018#gsc.tab=0

5 Dictamen para declaratoria de publicidad de la Comisión de Energía. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210302-II.pdf

6 Boletín número 5988. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Marzo/02/5988-La-Camara-de-Diputados-actualiza-el-nombre-de-la-Sader-en- la-Ley-de-Energia-para-el-Campo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Yessenia Leticia Olua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 37 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Yessenia Leticia Olua González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6o, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 37 de la Ley Federal de Sanidad Animal, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo principal de esta iniciativa es armonizar nuestra Ley Federal de Sanidad Animal con la homologación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que el Poder Legislativo Federal ha reformado con el fin de cambiar el nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A continuación, expongo una síntesis de los motivos que ayudan a reforzar esta idea de la iniciativa, la cual tiene que ver con la necesidad de armonizar las leyes.

- El 2 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó con 454 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, a fin de actualizar el nombre de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Energía para el Campo, para adecuarlos a los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, que actualizó la estructura y funcionamiento de dependencias y secretarías de gobierno, entre ellas la citada secretaría.

También se agregó un artículo transitorio para establecer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia acuícola, deberá aplicar los lineamientos y demás disposiciones aplicables al Programa de Energía para el Campo para otorgar precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.

- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, define al término armonización legislativa como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo.

La armonización legislativa, no tiene un fin en sí misma; más bien es una respuesta a exigencias jurídicas integrales de valor cultural indiscutible. Constituye una herramienta necesaria, útil e idónea para la consolidación de las sociedades modernas. Sin embargo, esta noción genera controversia y resistencias, en principio porque implica una revisión de los conceptos de soberanía y de interés social (la armonización se concilia con la soberanía cuando el órgano legislativo de un Estado adopta una norma idéntica o similar establecida, por ejemplo, en un tratado internacional) y en segundo término porque la armonización consiste en uniformar normas mediante el diseño de leyes o en modificar leyes existentes, lo que implica procesos legislativos para hacer compatibles disposiciones que tienen orígenes o tiempos diferentes. La armonización no puede reducirse a acciones aisladas o temporales. Es una actividad permanente que requiere de una política pública de largo plazo en la que el papel de los órganos legislativos es trascendental, pues implica:

• Derogar normas específicas.

• Abrogar cuerpos normativos.

• Adicionar normas nuevas.

• Reformar normas existentes.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, señala que la armonización legislativa es una obligación emanada de la Constitución y de los instrumentos internacionales que, significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales con los tratados internacionales de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico interno, con los fines, primero, de evitar conflictos entre normas, y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel nacional.

Lo antes señalado, es muestra clara que incluso antes de la reforma constitucional de 2011, que obliga al Estado Mexicano a atender los criterios emanados por los tratados internacionales, el Congreso Federal ya había legislado y homologado criterios internacionales correspondientes a la protección de los Derechos Fundamentales velados en los artículos constitucionales antes mencionados. De este modo podemos señalar que la armonización legislativa tiene como fin generar un enfoque basado en la protección de los derechos humanos dentro de un marco conceptual, ejercido dentro del proceso legislativo que tiene como base normativa los estándares internacionales de derechos humanos y se dirige operacionalmente a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

Como se puede observar con los referentes anteriores, hay una necesidad jurídica de homologar y armonizar los Decretos del Diario Oficial de la Federación, con las leyes que aún mencionan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma que se plantea:

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe diputada Yessenia Olua González, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 4 y 37 de la Ley Federal de Sanidad Animal

Artículo Único. Se reforman los párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y nonagésimo noveno del artículo 4, y se reforma el artículo 37, de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

Disposiciones en materia de buenas prácticas pecuarias: Actos administrativos de carácter general, que expide la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tales como: acuerdos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales relacionados con la disminución de los peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden afectar la integridad de los bienes de origen animal para consumo animal o humano;

Disposiciones de sanidad animal y de reducción de riesgos de contaminación: Actos administrativos de carácter general, que expide la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tales como: acuerdos, normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, circulares, reglas, lineamientos o manuales en materia de sanidad animal;

...

Secretaría: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

...

Artículo 37. Las mercancías reguladas únicamente podrán importarse por los puntos de ingreso que determinen conjuntamente las Secretarías de Hacienda y Crédito Público , y de Agricultura y Desarrollo Rural.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dictamen para declaratoria de publicidad de la Comisión de Energía. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210302-II.pdf

2 Boletín número 5988. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Marzo/02/5988-La-Camara-de-Diputados-actualiza-el-nombre-de-la-Sader-en- la-Ley-de-Energia-para-el-Campo

3 Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas Respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Página 16, disponible en:

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_59.pdf

4 Retos y propuestas para la armonización estatal en materia de derechos humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2481/17.pdf

5 La armonización legislativa en el marco del primer Congreso de la Ciudad de México. Disponible en:

http://aldf.gob.mx/archivo-1149a878c9c03cad8ce53dd4fd9 fe6de.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Yessenia Leticia Olua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES

«Iniciativa que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley Federal de Variedades Vegetales, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Yessenia Leticia Olua González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo principal de esta iniciativa es armonizar nuestra Ley Federal de Variedades Vegetales con la homologación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que el Poder Legislativo federal ha reformado con el fin de cambiar el nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A continuación, expongo una síntesis de los motivos que ayudan a reforzar esta idea de la iniciativa, la cual tiene que ver con la necesidad de armonizar las leyes.

- El 2 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó con 454 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, a fin de actualizar el nombre de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Energía para el Campo, para adecuarlos a los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, que actualizó la estructura y funcionamiento de dependencias y secretarías de gobierno, entre ellas la citada secretaría.

También se agregó un artículo transitorio para establecer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia acuícola, deberá aplicar los lineamientos y demás disposiciones aplicables al Programa de Energía para el Campo para otorgar precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define al término armonización legislativa como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo.

La armonización legislativa, no tiene un fin en sí misma; más bien es una respuesta a exigencias jurídicas integrales de valor cultural indiscutible. Constituye una herramienta necesaria, útil e idónea para la consolidación de las sociedades modernas. Sin embargo, esta noción genera controversia y resistencias, en principio porque implica una revisión de los conceptos de soberanía y de interés social (la armonización se concilia con la soberanía cuando el órgano legislativo de un Estado adopta una norma idéntica o similar establecida, por ejemplo, en un tratado internacional) y en segundo término porque la armonización consiste en uniformar normas mediante el diseño de leyes o en modificar leyes existentes, lo que implica procesos legislativos para hacer compatibles disposiciones que tienen orígenes o tiempos diferentes. La armonización no puede reducirse a acciones aisladas o temporales. Es una actividad permanente que requiere de una política pública de largo plazo en la que el papel de los órganos legislativos es trascendental, pues implica:

• Derogar normas específicas.

• Abrogar cuerpos normativos.

• Adicionar normas nuevas.

• Reformar normas existentes.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, señala que la armonización legislativa es una obligación emanada de la Constitución y de los instrumentos internacionales que, significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales con los tratados internacionales de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico interno, con los fines, primero, de evitar conflictos entre normas, y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel nacional.

Lo antes señalado, es muestra clara que incluso antes de la reforma constitucional de 2011, que obliga al Estado Mexicano a atender los criterios emanados por los tratados internacionales, el Congreso Federal ya había legislado y homologado criterios internacionales correspondientes a la protección de los Derechos Fundamentales velados en los artículos constitucionales antes mencionados. De este modo podemos señalar que la armonización legislativa tiene como fin generar un enfoque basado en la protección de los derechos humanos dentro de un marco conceptual, ejercido dentro del proceso legislativo que tiene como base normativa los estándares internacionales de derechos humanos y se dirige operacionalmente a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

Como se puede observar con los referentes anteriores, hay una necesidad jurídica de homologar y armonizar los Decretos del Diario Oficial de la Federación, con las leyes que aún mencionan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma que se plantea:

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe Dip. Yessenia Olua González, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Variedades Vegetales

Artículo Único. Se reforma el artículo 1 y la fracción VII del artículo 2, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Secretaría; La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dictamen para declaratoria de publicidad de la Comisión de Energía. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210302-II.pdf

2 Boletín No.5988. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Marzo/02/5988-La-Camara-de-Diputados-actualiza-el-nombre-de-la-Sader-en- la-Ley-de-Energia-para-el-Campo

3 Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas Respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Página 16, disponible en:

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_59.pdf

4 Retos y propuestas para la armonización estatal en materia de derechos humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2481/17.pdf

5 La armonización legislativa en el marco del primer Congreso de la Ciudad de México. Disponible en:

http://aldf.gob.mx/archivo-1149a878c9c03cad8ce53dd4 fd9fe6de.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Yessenia Leticia Olua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en materia de armonización legislativa, a cargo de la diputada Yessenia Leticia Olua González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Yessenia Leticia Olua González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, de conformidad con lo siguiente:

Exposición de Motivos

El objetivo principal de esta iniciativa es armonizar nuestra Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos con la homologación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que el Poder Legislativo federal ha reformado con el fin de cambiar el nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A continuación, expongo una síntesis de los motivos que ayudan a reforzar esta idea de la iniciativa, la cual tiene que ver con la necesidad de armonizar las leyes.

- El 2 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó con 454 votos a favor y una abstención, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, a fin de actualizar el nombre de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, modifica los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Energía para el Campo, para adecuarlos a los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, que actualizó la estructura y funcionamiento de dependencias y secretarías de gobierno, entre ellas la citada secretaría.

También se agregó un artículo transitorio para establecer que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia acuícola, deberá aplicar los lineamientos y demás disposiciones aplicables al Programa de Energía para el Campo para otorgar precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.

- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define al término armonización legislativa como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo.

La armonización legislativa, no tiene un fin en sí misma; más bien es una respuesta a exigencias jurídicas integrales de valor cultural indiscutible. Constituye una herramienta necesaria, útil e idónea para la consolidación de las sociedades modernas. Sin embargo, esta noción genera controversia y resistencias, en principio porque implica una revisión de los conceptos de soberanía y de interés social (la armonización se concilia con la soberanía cuando el órgano legislativo de un Estado adopta una norma idéntica o similar establecida, por ejemplo, en un tratado internacional) y en segundo término porque la armonización consiste en uniformar normas mediante el diseño de leyes o en modificar leyes existentes, lo que implica procesos legislativos para hacer compatibles disposiciones que tienen orígenes o tiempos diferentes. La armonización no puede reducirse a acciones aisladas o temporales. Es una actividad permanente que requiere de una política pública de largo plazo en la que el papel de los órganos legislativos es trascendental, pues implica:

• Derogar normas específicas.

• Abrogar cuerpos normativos.

• Adicionar normas nuevas.

• Reformar normas existentes.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, señala que la armonización legislativa es una obligación emanada de la Constitución y de los instrumentos internacionales que, significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales con los tratados internacionales de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico interno, con los fines, primero, de evitar conflictos entre normas, y segundo, para dotar de eficacia a los instrumentos internacionales a nivel nacional.

Lo antes señalado, es muestra clara que incluso antes de la reforma constitucional de 2011, que obliga al Estado Mexicano a atender los criterios emanados por los tratados internacionales, el Congreso federal ya había legislado y homologado criterios internacionales correspondientes a la protección de los derechos fundamentales velados en los artículos constitucionales antes mencionados. De este modo podemos señalar que la armonización legislativa tiene como fin generar un enfoque basado en la protección de los derechos humanos dentro de un marco conceptual, ejercido dentro del proceso legislativo que tiene como base normativa los estándares internacionales de derechos humanos y se dirige operacionalmente a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

- Con fecha del 18 de julio de 2016, se promulgó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, por el que se abroga a partir del 19 de julio de 2017 la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Bajo el mismo decreto se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Como se puede observar con los referentes anteriores, hay una necesidad jurídica de homologar y armonizar los Decretos del Diario Oficial de la Federación, con las leyes que aún mencionan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, también es necesario reformar el apartado donde refiere que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos será la encargada de evaluar el actuar de los servidores, hay que resaltar que esa ley se abrogó y tiene nueva denominación.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma que se plantea:

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe diputada Yessenia Olua González, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

Artículo Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 2 y los artículos 6, 8, 11, 19 y 27 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. a XII. ...

XIII. Sader: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

...

Artículo 6. La interpretación para efectos administrativos y la aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus competencias.

Artículo 8. Se crea la Comisión de Bioenergéticos, la cual estará integrada por los titulares de la Sader, Sener, Semarnat, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tendrá las siguientes funciones:

...

Artículo 11. Para los efectos de la presente Ley, la Sader, tendrá las siguientes facultades:

...

Artículo 19. La Sader y la Sener apoyarán la investigación científica y tecnológica para la producción y uso de los Bioenergéticos, así como la capacitación en estas materias y tendrán como propósitos esenciales:

...

Artículo 27. Los servidores públicos que infrinjan lo establecido en la presente Ley, en los programas y demás disposiciones que deriven de la misma, serán sancionados en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dictamen para declaratoria de publicidad de la Comisión de Energía. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/mar/20210302-II.pdf

2 Boletín número 5988. Disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Marzo/02/5988-La-Camara-de-Diputados-actualiza-el-nombre-de-la-Sader-en- la-Ley-de-Energia-para-el-Campo

3 Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas Respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Página 16, disponible en:

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/DH_59.pdf

4 Retos y propuestas para la armonización estatal en materia de derechos humanos, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2481/17.pdf

5 La armonización legislativa en el marco del primer Congreso de la Ciudad de México. Disponible en:

http://aldf.gob.mx/archivo-1149a878c9c03cad8ce53dd4fd 9fe6de.pdf

6 Lunes 18 de julio de 2016. DOF. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfrasp/LFRASP_abro _18jul16.pdf

7 Ley General de Responsabilidades Administrativas. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Yessenia Leticia Olua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

SE DECLARA EL 16 DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL SÍNDROME DE RETT

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 16 de octubre de cada año Día Nacional del Síndrome de Rett, suscrita por los diputados Gabriela Sodi y Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda y diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, artículos 77, numeral 1; 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Rett, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el departamento de genética molecular del hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona, España, define al Síndrome de Rett como “un trastorno del neurodesarrollo que afecta fundamentalmente a niñas y se diagnostica mediante una serie de criterios clínicos”; sin embargo, ante la dificultad de concretar un diagnóstico, en el año 1988, investigadores internacionales, así como la aportación clínica de Hagberg, permitieron definir las expresiones fenotípicas del síndrome, los cuales coadyubaron a identificar las diferentes formas y sintomatologías como son la forma clásica que contempla una aparente normalidad neurológica, seguido de una serie de pérdidas de habilidades de lenguaje y motrices, a diferencia de la forma atípica, que observa fenotipos ligeros como “lenguaje conservado y regresión tardía”, o los graves que se presentan “epilepsia precoz o variantes congénitas”.

Conforme a diversos estudios, en la actualidad se contemplan cuatro criterios principales para diagnóstico para el Síndrome de Rett, que son:

• “Fase de normalidad clínica: presentándose en entre los 6 y 18 meses de edad, contemplando hitos de desarrollo inferior a la normalidad, observando alteraciones en la conducta y en los patrones del sueño, además de asimetría en movimientos y el estancamiento del perímetro cefálico.

• Fase de regresión: se observa a partir de los 6 a los 12 meses de vida, donde existe una pérdida de habilidades, motrices, de lenguaje y de interés social, las diferentes alteraciones pueden persistir durante la vida adulta de las niñas. Las expresiones estereotípicas pueden llegar hacer incapacitantes debido a que el periodo de regresión se puede instaurar un déficit cognitivo grave, siendo visible con el tiempo.

• Fase de estabilización: se presenta en pacientes con periodos estables donde no hay pérdida de capacidades, teniendo mejoras progresivas, permitiendo que durante la fase adulta no se presenten deterioro.

• Fase de declive: se observa un deterioro de las facultades del paciente, empeorando habilidades de movilidad, aumento de espasticidad y en ocasiones aparición de clínica parkinsoniana”.

Las variantes atípicas suelen presentarse en pacientes con la forma clásica, no obstante, se exponen fenotipos de leves a graves, así como otro tipo de complicaciones, siendo los siguientes:

• Forma congénita: presentando signos de hipotonía y el retraso global del desarrollo, en las diferentes etapas, sin fase de regresión.

• Epilepsia precoz: ocurre en las primeras semanas de crisis, con variables como espasmos, Síndromes de West y convulsiones.

• Regresión tardía: se desarrolla entre los dos años y medio a los tres y los pacientes mantienen habilidades previamente adquiridas por lo que presentan mejor pronostico funcional.

• Lenguaje conservado: los pacientes no pierden el lenguaje o lo recuperan de manera progresiva, presentándose entre los 8 y 10 años.

Es necesario señalar que en la mayor parte de los casos no suelen cumplirse los cuatro criterios principales, considerando que existen patologías asociadas que afectan principalmente al sistema nervioso, provocando manifestaciones como epilepsia, disfunción autonómica, escoliosis, trastornos respiratorios, de alimentación, de sueño y de comportamiento, generando sufrimiento generalizado.

En la actualidad se contemplan diferentes tipos de tratamientos que permiten disminuir la gravedad de las complicaciones y de las sintomatologías, lo que lleva a un enfoque multidisciplinario donde se abordan trastornos, terapia, fisioterapia y medicamentos que permiten un mejoramiento en la calidad y dignidad en la vida de las pacientes.

De acuerdo con diversas publicaciones medicas el Síndrome de Rett es un trastorno de neurodesarrollo que está relacionado con un modelo de alteración en el cromosoma X que afecta directamente al sexo femenino; igualmente se estima que la frecuencia de expresión de la enfermedad “es de 1/10,000 recién nacidos vivos y la mayoría de los casos son esporádicos”, por lo que en la actualidad se siguen realizando estudios en casos clínicos con la finalidad de contemplar una heterogeneidad en el diagnóstico clínico y genético del síndrome.

El Síndrome Rett es considerado dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes, por lo que no se contemplan datos que conlleven a una estimación de casos a nivel nacional e internacional, no obstante en el año 2020, en diversos foros nacionales se mencionó que se proporcionaba atención a 74 familias que cuentan con diagnóstico del síndrome y 30 familias que aún no cuentan con los resultados genéticos (MECP2), sin embargo, el universo de pacientes sin un diagnóstico o con una mala valoración son invisibilizados ante el sistema de salud, puesto que puede llegar a ser una cifra considerable que carece de atención y acceso a la salud.

Con forme a lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), del cual México es un estado parte, dado su ratificación y publicación en el Diario Oficial de la Federación en el año 1991; se establece en su artículo 24, el derecho al acceso de servicios médicos y de rehabilitación, por lo que los estados parte,

“Deberán reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.

En cumplimiento con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece a los tratados internacionales como ley suprema de la Unión, es necesario visibilizar y sensibilizar sobre las enfermedades raras o poco frecuentes que afectan principalmente a la niñez de nuestro país, por lo que el Estado debe proporcionar los recursos y el acceso a la información necesaria para la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de salud de forma integral, garantizándoles una vida libre de dolor.

La presente propuesta busca visibilizar a nivel nacional a un grupo en situación de vulnerabilidad que requiere de atención médica integral y prioritaria, donde se les proteja y salvaguarde el derecho a la salud, ya que el Síndrome Rett genera padecimientos crónicos degenerativos o discapacidades permanentes, ocasionando dolor y sufrimiento durante toda su vida.

De tal forma que esta iniciativa tiene por objeto, establecer el día 16 de octubre de cada año como Día Nacional del Síndrome de Rett , debido al descubrimiento e identificación del gen MECP2, efectuado por la doctora R. Amir y Cols, en el año 1999; de manera que, comprometidos con coadyuvar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales de todas las niñas de este país y por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que declara el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional del Síndrome de Rett

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional de Síndrome de Rett.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Roche Martínez, Armstrong Morón y Pineda Marfa (2011) “Síndrome de Rett”. Departamento de Neuropediatría. Grupo de Investigación Molecular y Clínica en síndrome de Rett. Fundación del Hospital de Sant Joan de Déu. CIBERER Anales-de-Pediatria-Continuada_Sindrome-de-Rett.pdf

2 Ibidem.

3 Ibidem

4 Ibidem.

5 Jara, Suárez y De la Torre (2021). “Síndrome de Rett: reporte de una nueva variante patogénica y revisión de la literatura a propósito de dos casos clínicos”. Boletín Médico del Hospital Infantil de México.

6 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Convención sobre los Derechos del Niño”.

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada y diputado: Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LA SEMARNAT, A REALIZAR UN ESTUDIO JUSTIFICATIVO DE 10 ÁREAS IMPORTANTES PARA LA BIODIVERSIDAD EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar un estudio justificativo de 10 áreas importantes para la biodiversidad en Nuevo León, a cargo de la diputada Karla Estrella Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Karla Estrella Díaz García, integrante del Grupo Parlamentario Morena en LXV Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea con carácter, de pronta resolución, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a la brevedad realice un Estudio justificativo de 10 áreas importantes para la biodiversidad en el Estado de Nuevo León; al tenor de los siguientes

Consideraciones

Si cada vez que escuchamos sobre áreas naturales protegidas nos viene a la mente un bello paisaje, probablemente con algún cuerpo de agua, árboles y animales, estamos en lo correcto. Estas extensiones representan la total pureza que aún existe en la Tierra.

En México y el mundo existen diversas áreas naturales protegidas; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente las define como las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley, su establecimiento tiene por objeto:

I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

II. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.

III. Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus elementos, y sus funciones.

IV. Proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área.

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas.

De lo anterior se concluye que, las áreas naturales protegidas son una herramienta de conservación que cumplen varios objetivos y proporcionan una multitud de beneficios tanto para los pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta, ya que mantiene la fauna y flora silvestres, los paisajes naturales, los procesos ecológicos, captan grandes volúmenes de agua requerida para el sustento de las poblaciones locales, capturan y almacenan dióxido de carbono, con esto ayudan a controlar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que provocan el cambio climático, entre muchos otros.

De hecho, según datos de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el Centro de Monitoreo de la Conservación Ambiental del PNUMA, el 14.7% de todas las tierras del planeta y el 10% de las aguas territoriales están bajo algún tipo de protección, ya sea mediante parques nacionales o áreas de conservación.

Las áreas naturales protegidas se encuentran en todo el mundo y son esenciales para el desarrollo sostenible a través de actividades económicas como el ecoturismo. De tales actividades, los pobladores de comunidades indígenas obtienen ingresos para su supervivencia y la de sus familias. Los paisajes mantienen importantes valores culturales y muchos de ellos albergan formaciones únicas en el planeta o que tienen una antigüedad de cientos de años.

Se busca incrementar el espacio protegido de manera que varias áreas queden conectadas para permitir un mejor flujo de elementos naturales y seres vivos. Esto no significa que las poblaciones sean removidas, al contrario, es de mucha importancia que los habitantes de comunidades locales participen en las acciones de protección y sean “vigilantes” ante actos ilegales.

Al respecto es de resaltar que México, es uno de los países megadiversos, que mayor liderazgo ha desarrollado dentro del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), del cual es signatario desde 1993, particularmente en los temas de áreas protegidas, y del uso y conocimiento de la biodiversidad. Ante el CBD, México tenía el compromiso de que, en el año 2020, el 17% de la parte terrestre de su territorio, así como el 10% de su superficie marina se encontraran dentro de superficies de conservación en diversas modalidades. (Meta 11 de Aichi).

En ese marco, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (Promarnat), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Diciembre de 2013, se incorporó el indicador “Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación” alineado al objetivo “Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural”, estableciendo como meta a noviembre 2018, alcanzar los porcentajes de superficie protegida terrestre y marina citados, lo que implica el cumplimiento de la Meta 11 de Aichi dos años antes de lo previsto.

Por otro lado, durante la COP 15 celebrada en Montreal Canadá, se aprobó el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, ante uno de los retos más grandes que es detener la acelerada pérdida de biodiversidad, donde se incluyen 23 metas de conservación que deberán cumplirse para el 2030, que sustituye a las Metas de Aichi, que expiraron en 2020 y quedaron muy alejadas de su pleno cumplimiento.

Entre las metas globales que deberán cumplirse a más tardar en 2030 se encuentran el efectivo manejo y conservación de, por lo menos, el 30 % de las tierras, aguas continentales, áreas costeras y océanos, reconociendo los territorios indígenas, a mayor abundamiento la Meta 3 señala:

“Conseguir y hacer posible que, para 2030, al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente representativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa, y otras medidas eficaces de conservación basadas en zonas geográficas específicas, el reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales, cuando proceda, integrados en paisajes terrestres, marinos y oceánicos más amplios, velando al mismo tiempo porque todo uso sostenible, cuando proceda en dichas zonas, sea plenamente coherente con los resultados de la conservación, reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.”

En este tenor el estado de Nuevo León cuenta con una enorme diversidad de flora y fauna, en donde se puede encontrar más de 450 especies de aves, alrededor de 160 especies de mamíferos entre los que destacan, seis especies de felinos, como lo son el jaguar ( panthera onca) puma ( puma concolor), gato montés ( felis silvestris), ocelote ( leopardus pardalis), así como oso negro ( ursus americanus) y perrito de la pradera ( cynomys mexicanus).

Alrededor de 3,000 especies de plantas vasculares, siendo representativas las cactáceas y los encinos; aproximadamente de 150 especies de anfibios y reptiles. En el grupo de insectos se puede mencionar cerca de 250 especies de mariposas, entre otros, como escarabajos, libélulas y más.

Por ello, actualmente cuenta con las siguientes Áreas Naturales Protegidas Federales:

Actualmente se han detectado 10 áreas importantes para la biodiversidad en el estado de Nuevo León susceptibles de ser declaradas como Áreas Naturales Protegidas en sus diversas categorías, mismas que a continuación se detallan:

Nuevo León al encontrarse en una región predominantemente semiárida, presenta condiciones geográficas que le permiten una vegetación altamente diversa. Los matorrales ocupan más de la mitad de la superficie del estado, mientras que los bosques de coníferas y encinos se encuentran en las zonas altas.

La cubierta de uso del suelo y Vegetación de la Serie 7 (INEGI, 2021) del estado de Nuevo León, presenta 21 tipos de vegetación primaria, de las cuales con las ANP existentes y las 10 ANP propuestas, se cubrirían 14 tipos de vegetación con más del 30 % de cobertura, 5 en omisión y 2 en la categoría de vacío. Cumpliendo con la meta 3 del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica de México ante el CDB de las metas de CUMIN.

Es por ello que, se requiere de diversas instituciones del Gobierno Federal, incluyendo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Dirección General de Vida Silvestres (DGVS), junto con el Gobierno del Estado de Nuevo León, propietarios particulares, ejidos y comunidades para que desarrollen importantes esfuerzos para lograr el cumplimiento de la Meta 3 Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica de México ante el CDB.

Por lo expuesto, y solicitando el consentimiento del pleno para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, reciba el trámite de urgente u obvia resolución, la suscrita diputada, someto a la elevada consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, analice y, en su caso, considere la pertinencia de realizar los estudios previos y justificativos para, en su caso, declarar al Cerro el Barbero, Lomeríos de Matorral espinoso tamaulipeco, Sierra de García , Sierra de Papagayos, Sierra del Coro y Matorrales del sur, Sierra Gomas, Sierra las Mazmorras y pastizales prístinos , Sierra Madre Oriental , Sierras de Enmedio-Minas Viejas y las Sierras Lampazos-Sabinas, como áreas naturales protegidas competencia de la Federación.

Notas

1. https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot

2. https://www.gob.mx/conanp/articulos/las-areas-naturales-protegidas-y-la-salud-h umana#:~: text=Nuestras%20ANP%20capturan%20 y%20almacenan,que%20nos%20ofrecen%20las%20ANP.

3. https://www.cbd.int/doc/c/2c37/244c/133052cdb1ff4d5556ffac94/ cop-15-l-25-es.pdf

4. http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/listanp/

Referencias:

- Reflexión de las Metas de Conservación Basadas en Áreas Post 2020, Isla Cozumel, Quintana Roo, México

https://redparques.com/modules/ecom/documentos/grupotrabajo/arch ivo_4e732ced3463d06de0ca9a15b6153677.pdf

- Marco Mundial de Biodiversidad Post 2020

https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd/marco -mundial-de-biodiversidad-post-2020

- Ramírez, Manuel Oscar; Alliance México. Las metas globales de biodiversidad Post-2020: Identificando retos y oportunidades.

https://iki-alliance.mx/las-metas-globales-de-biodiversidad-post -2020-identificando-retos-y-oportunidades/

- Marco Estratégico Global Post 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica,

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/minuta_conadibi o_reu_marco_post2020_18jun.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Karla Estrella Díaz García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO AL INEGI, A LA SECRETARÍA DE SALUD Y AL INSP, A INCLUIR EN LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN 2024 EL TEMA DE MENSTRUACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Inegi, a la Ssa y al INSP a incluir en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024 el tema de la menstruación, a cargo de la diputada Elva Agustina Vigil Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Elva Agustina Vigil Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La menstruación es un proceso fisiológico que nos acompaña por casi cuatro décadas de nuestra vida, mes con mes a todas las mujeres y otras personas menstruantes. La conceptualización de la menstruación la entiendo como un “proceso en el cual el útero desprende sangre y tejido a través de la vagina...normalmente dura de 2 a 5 días, pero esto varía según la persona” (UNFPA, 2022) . El término “proviene del latín menstruus, cuyo origen está en mensis, que significa mes”

Menstruación y derechos humanos

En nuestro país no existían datos de cómo se gestionaba la menstruación. Cuando hablamos de menstruación digna también hablamos de que el acceso a los derechos no se vea obstaculizado por un proceso fisiológico y se incremente la desigualdad de género. En octubre de 2022, se publicó la Primera Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual (Engeme) realizada por #MenstruaciónDignaMéxico, Essity Latinoamérica y Unicef México. Esta encuesta nos permite contar con información para generar campañas, política pública y conversaciones más informadas sobre la menstruación en México.

Dicha encuesta se aplicó a adolescentes, mujeres adultas y personas menstruantes entre los 12 y 70 años de edad a nivel nacional, con particular atención en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Baja California y Chihuahua para tener un total de 3,000 cuestionarios aplicados por Parametria.

En términos de acceso al trabajo en nuestro país 21% ha dejado de ir alguna vez a trabajar a causa de la menstruación y 1 de cada 4 no cuenta con infraestructura adecuada en sus espacios laborales para gestionar la menstruación.

Si hablamos del acceso a la salud, la toalla desechable es el producto más utilizado, 1 de cada 3 tiene dolores cuando está en su menstruación, pero solo el 4% va con la médica/ginecóloga para atender los dolores.

En el acceso a la educación se presenta que 7 de cada 10 niñas tiene poca o nula información cuando llega su menarquía, el 30% ha dejado de ir a la escuela alguna vez a causa de la menstruación. Lo cual acentúa la brecha de desigualdad de género.

En términos de discriminación, el 81% de las personas menstruantes en México cree que los hombres tienen ventaja por no menstruar.

El estigma y tabú se ve reflejado en los resultados de la encuesta, el 69% de las personas que menstrúan creen que lo único bueno de la menstruación es saber que no estás embarazada, el 63% está de acuerdo o muy de acuerdo en que las personas desearían no tener la menstruación, el 25% cree que el flujo menstrual es incómodo.

Por último, en lo que respecta a la menopausia la encuesta arroja que el promedio de edad en que se llega a la menopausia en México son los 48 años pero a partir de los 45 años empezaron a tener síntomas entre los cuales se destaca el 61% sintió bochornos, el 29% sintió sudores nocturnos y periodos irregulares, el 25% tuvo cambios de ánimo mientras que el 18% tuvo problemas de sueño. Cuando se preguntó qué medicamentos o tratamientos se recurrían para aliviar estos síntomas el 64% contestó que ninguno mientras que el 12% tomaba terapia hormonal y el 9% antidepresivos.

Estos son solo algunos de los datos que reportan en la Primera Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual en nuestro país, sin lugar a dudas este esfuerzo emanado de sociedad civil e iniciativa privada tiene como objetivo que esta información llegué a las personas tomadoras de decisiones principalmente pero también que algunos de sus incisos se puedan tomar como referente para incluirlos en encuestas elaboradas por el gobierno para poder tener esta información de manera periódica y con recorrido histórico.

Gestión menstrual en el ámbito internacional

A nivel internacional el tema de la gestión menstrual se enmarca en dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 3 (salud), 5 (igualdad de género) y 6 (agua y saneamiento). La Organización Mundial de Salud (OMS) en 2021 publicó que la menstruación debería ser considerada como un asunto de salud y no de higiene, con dimensiones físicas, psicológicas y sociales que se debe de abordar durante toda la vida de las personas que menstrúan desde antes de la menarquía hasta después de la menopausia.

También la OMS hizo el llamado a considerar que la salud menstrual implica no solo el acceso a productos de gestión menstrual sino también el acceso a la información, educación, instalaciones de agua y saneamiento, gestión de residuos; la participación plena en actividades laborales y sociales y el acceso a entornos en que la menstruación se viva sin vergüenza. Por último, hizo un exhorto a intensificar los esfuerzos para alentar a las personas responsables de políticas de salud y directoras de programas en torno a la menstruación para garantizar que se consideren presupuestos y planes de trabajo en torno a la gestión menstrual.

Por su parte la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 21 de junio de 2021 se publicó la resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos (47/4) que habla exclusivamente de la gestión de la higiene menstrual (sic), derechos humanos e igualdad de género. En esta resolución exhortan a los estados a diferentes acciones que se pueden resumir en:

• Acceso a instalaciones, información y productos adecuados para una gestión menstrual.

• Eliminar o reducir los impuestos sobre los productos de gestión menstrual para democratizar el acceso a ellos.

• Acceso a agua y saneamiento, así como instalaciones de higiene y aseo. Infraestructura adecuada para el transporte de compresas y otros productos de gestión menstrual a zonas rurales o aisladas, sumando la reducción de la brecha digital lo cual facilitaría el acceso a la información sobre la gestión menstrual en esas zonas.

• Velar por las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso gratuito a la atención médica y medicamentos para detectar, tratar o prevenir problemas de salud relacionados con la gestión menstrual.

• Organizar campañas de publicidad y concientización para hacer frente al estigma, estereotipos y normas sociales negativas en torno a la gestión menstrual.

• Integrar la gestión menstrual en políticas nacionales pertinentes,

Tomando en cuenta lo anterior se somete a consideración, que se incluyan incisos en torno a la gestión menstrual en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2024. Actualmente se tiene solo un inciso sobre menstruación, se pregunta la edad en que se inició a menstruar. Quedando la pregunta: 8.6 ¿A qué edad tuvo su primera regla o menstruación?, se sugiere que solo se deje la palabra “menstruación” para dejar de invisibilizar el proceso fisiológico y normalizarlo. A su vez se puede observar que sí documentan los métodos de anticoncepción usados, pero no los productos de gestión menstrual.

Exhortamos de manera respetuosa a que se incluyan algunos incisos tomando como referencia la ENGEME.

En infraestructura:

Derivado de la información y antecedentes antes expuestos y considerando la asesoría del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Salud Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, consideren incluir en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en la ENSANUT Continua 2024 o en el instrumento estadístico idóneo el tema de gestión menstrual.

Notas

1. Gómez et al, 2012 citado en Morán, 2016, p. 5.

2. Gómez et al, 2012 citado en Morán, 2016, p. 5.

Fuentes de consulta:

- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022), 50th session of the Human Rights Council Panel discussion on menstrual hygiene management, human rights and gender equality, consultado en:

https://www.who.int/news/item/22-06-2022-who-statement-on-menstr ual-health-and-rights

- Organización de Naciones Unidas (2021). Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 12 de julio de 2021 Consultado:

https://daccessods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/ HRC/RES/47/4&Lang=S

- Primera Encuesta Nacional sobre Gestión Menstrual (2022) Consultado: Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (essity.mx)

Dado en Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Elva Agustina Vigil Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE INVESTIGUE SI LA CONDUCTA DEL C. JOSÉ EDUARDO VERÁSTEGUI CÓRDOBA INCURRIÓ EN EL TIPO PENAL DE APOLOGÍA DEL DELITO, ASÍ MISMO A LA CONAPRED, A INICIAR EL PROCEDIMIENTO QUE, EN SU CASO, CORRESPONDA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a investigar si la conducta del ciudadano José Eduardo Verástegui Córdoba incurrió en el tipo penal de “Apología del Delito”, asimismo a la Conapred a iniciar el procedimiento correspondiente por el discurso de odio y apología de la violencia, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 9 de octubre de 2023 el ciudadano José Eduardo Verástegui Córdoba, mejor conocido como “ Eduardo Verástegui” en la red social “X” (antes Twitter) profirió un nuevo ataque en contra de aquellas personas que trabajan por el desarrollo humano, el cambio climático, los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, tachándolos de “ terroristas” publicando un video donde dispara un rifle de asalto, aludiendo directamente que eso les “vamos” a hacer. La expresión de odio y violencia consistió en lo siguiente:

“ Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género.

Los leo.”

Al respecto se señala que es un hecho notorio, que la persona señalada aspira a ser candidato a la Presidencia de la República, por lo que preocupa de sobremanera el discurso de odio e incitación a la violencia en que incurre, claramente se trata de un exceso y abuso de la libertad de expresión, que tiene una connotación en el ámbito penal, particularmente al actualizar la conducta descrita en el artículo 208 del Código Penal Federal, que se transcribe a continuación:

CAPÍTULO VII

Provocación de un Delito y Apología de éste o de algún Vicio y de la Omisión de impedir un Delito que atente contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, la Dignidad Humana o la Integridad Física o Mental.

Artículo 208.- Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.

Es claro que la expresión es equivocada, va contra la paz y la seguridad de las personas, y claramente incita a realizar una conducta que atenta contra la vida de quienes creen, trabajan y luchan por el desarrollo humano, el cambio climático, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

La incitación al odio que, sin ambages, llama a dispar un rifle de asalto contra una persona, debe ser investigada y sancionada; no es una cuestión menor y la autoridad debe dar muestras fehacientes de que ese tipo de llamados son de carácter delictuoso y que no deben prosperar en México.

Más allá de las palabras o imágenes se encuentran los efectos nocivos y perniciosos de un discurso de odio e incitación al delito, en razón de que quienes son seguidores o simpatizantes de este sujeto pueden tener una motivación para concretar conductas delictivas. A continuación, los argumentos que así lo sostienen:

• La libertad de expresión no es un derecho irrestricto, tiene límites claros, y uno de ellos es la proscripción de los discursos de odio e incitación a la violencia, que pueden constituir un delito, como se estima en el caso particular.

• Claramente la expresión difundida al comunicar el mensaje de que “les vamos a disparar” a las personas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género, al hablar en plural, implica una clara incitación a otros a realizar lo que manifiesta, si bien se trata de una expresión individual, habla en sentido plural mayestático, con la intención de recalcar su poder de influencia en sus posibles oyentes o audiencia.

• El nefando mensaje que difundió debe considerarse que tiene una gran capacidad de cobertura, después de dos días, lleva 6 millones de vistas en la red social X, lo que además se ha potenciado en otros medios de comunicación, fue reenviado 7 mil veces, generó casi 10 mil comentarios.

• Además, debe considerarse que el emisor de la expresión tiene cerca de 328 mil “seguidores” en la citada red social, es decir, personas que se interesan en lo que dice este sujeto.

• No se trata de una expresión de ironía, sátira o caricatura que este amparada por la libertad de expresión, sino de una incitación directa, expresa, manifiesta para atacar a un grupo de personas, y que por el carácter de “personaje público” que tiene influencia sobre un grupo de personas resulta en una situación de riesgo que debe atenderse por las autoridades del Estado Mexicano.

Para reforzar lo que antecede se citan los siguientes precedentes judiciales:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021226

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXVIII/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 329

Tipo: Aislada

Los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo 1o. constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación por razones como la religión o el origen étnico o nacional. Los artículos 13 de esa Convención y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso, que incite a la violencia o a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, prohíbe toda discriminación racial, toda difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia motivada por esas razones. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En este sentido, las normas constitucionales, convencionales y legales citadas, permiten fundamentar la premisa de que el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de odio, es contrario a valores fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la democracia constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021225

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXXI/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 328

Tipo: Aislada

La expresión de un discurso de odio puede concretizarse mediante la transmisión del mensaje por cualquier medio susceptible de comunicarlo, ya sea directa o indirectamente, a través de palabras, del uso de símbolos u otras formas de expresión, que en un contexto determinado, permitan concluir que se trata de una manifestación que promueve el odio, la discriminación y la violencia en contra de una determinada persona o grupo, con motivo de su identidad, origen étnico, religioso, racial, cultural, entre otros. En ese sentido, un tatuaje corporal visible, en principio, puede ser un medio o vía de expresión de un discurso de odio, cuando en un contexto cultural determinado el símbolo o imagen, para personas de mediana instrucción, aluda precisamente a un discurso de odio claramente identificable, pues la portación de un tatuaje en un lugar visible con esa connotación entraña un acto de comunicación o expresión del significado del mismo. Esto, al margen de que ese símbolo pueda adquirir significados distintos en culturas ajenas a la en que es expresado. Por ejemplo, en nuestro ámbito cultural el uso o portación de una cruz esvástica en un tatuaje corporal visible, por un adulto de cultura media, genera la presunción de que el usuario adhiere, apoya o simpatiza con ese discurso de odio extremo (el nazismo), sobre todo si se tiene en cuenta que generalmente la elección del diseño de un tatuaje (imagen, símbolo o elemento gráfico) es un acto reflexivo y autónomo del portador, que comúnmente lleva implícito el conocimiento del significado que tiene socialmente reconocido o asignado el elemento gráfico, además de que un tatuaje visible es un acto de expresión de la individualidad. Se trata de un discurso de odio extremo porque dicha doctrina no propugna únicamente por dar un trato discriminatorio, principalmente, contra los judíos, sino que aboga expresamente por el genocidio de éstos sobre la base de no reconocer a ese grupo étnico-religioso dignidad humana. Esto es, se trata de un discurso que pretende la destrucción de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos mismos, al postular el exterminio de otros seres humanos.

Claramente lo anterior, acredita que la persona señalada al proferir discursos de odio e incitación a la violencia incurre en una conducta penal, lo que lo aleja de un “ modo honesto de vivir”, que es un requisito constitucional para ser ciudadano mexicano, en el entendido que el “modo honesto de vivir” describe una actuación o conducta de probidad y honradez, es decir, una actuación constante de respeto hacia las personas de su entorno o comunidad así como de respeto por las leyes y normas sociales, por lo que su actuación no es nociva ni afecta el bien común, en consecuencia, es inadmisible que quien pretenda competir electoralmente por un cargo público profiera expresiones de odio, discriminación e incita a la violencia y resulta inconcuso que su conducta no es armónica con el respeto a las personas de la comunidad a la que aspira servir en un cargo público.

Como lo hemos señalado en esta proposición, el Estado Mexicano a través de sus instituciones debe dar un mensaje claro de que este tipo de conductas no son permisibles, por lo que se pide a la Fiscalía General de la República que investigue la vertiente penal de los actos de la persona conocida públicamente como Eduardo Verástegui y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación para que inicie el procedimiento administrativo correspondiente.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República para que investigue si la conducta del c. José Eduardo Verástegui Córdoba incurrió en el tipo penal de “apología del delito”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación para que inicie el procedimiento correspondiente por el discurso de odio y apología de la violencia en que incurrió el C. José Eduardo Verástegui Córdoba.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL INE, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE SOLICITADO POR EL C. JOSÉ EDUARDO VERÁSTEGUI CÓRDOBA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE a que dentro del procedimiento de inscripción como candidato independiente solicitado por el ciudadano José Eduardo Verástegui Córdoba se valore si los discursos de odio y apología de la violencia constituyen un modo honesto de vivir y se valore si la persona mencionada ejerce funciones de representación y organización dentro de alguna organización religiosa, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 9 de octubre de 2023 el ciudadano José Eduardo Verástegui Córdoba, mejor conocido como “ Eduardo Verástegui” en la red social “X” (antes Twitter) profirió un nuevo ataque en contra de aquellas personas que trabajan por el desarrollo humano, el cambio climático, los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, tachándolos de “ terroristas” publicando un video donde dispara un rifle de asalto, aludiendo directamente que eso les “vamos” a hacer. La expresión de odio y violencia consistió en lo siguiente:

“ Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género.

Los leo.”

Al respecto se señala que es un hecho notorio, que la persona señalada aspira a ser candidato a la Presidencia de la República, por lo que preocupa de sobremanera el discurso de odio e incitación a la violencia en que incurre, claramente se trata de un exceso y abuso de la libertad de expresión, pero más allá de las palabras se encuentran los efectos de un discurso de odio e incitación al delito para quienes son seguidores o simpatizantes de este sujeto. A continuación los argumentos que así lo sostienen:

• La libertad de expresión no es un derecho irrestricto, tiene límites claros, y uno de ellos es la proscripción de los discursos de odio e incitación a la violencia.

• Claramente la expresión difundida al comunicar el mensaje de que “les vamos a disparar” a las personas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género, al hablar en plural, implica una incitación a otros a hacer lo que manifiesta, si bien es una expresión individual, habla en sentido plural mayestático, con la intención de recalcar su poder de influencia en sus posibles oyentes o audiencia.

• El nefando mensaje que difundió debe considerarse que tiene una gran capacidad de cobertura, después de dos días, lleva 6 millones de vistas en la red social X, lo que además se ha potenciado en otros medios de comunicación, fue reenviado 7 mil veces, generó casi 10 mil comentarios.

• Además, debe considerarse que el emisor de la expresión tiene cerca de 328 mil “ seguidores” en la citada red social, es decir, personas que se interesan en lo que dice este sujeto.

• No se trata de una expresión de ironía, sátira o caricatura que este amparada por la libertad de expresión, sino de una incitación directa, expresa, manifiesta para atacar a un grupo de personas, y que por el carácter de “personaje público” que tiene influencia sobre un grupo de personas resulta en una situación de riesgo que debe atenderse por las autoridades del Estado Mexicano.

Claramente lo anterior, acredita que la persona señalada al proferir discursos de odio e incitación a la violencia carece de un “modo honesto de vivir”, que es un requisito constitucional para ser ciudadano mexicano, en el entendido que el “modo honesto de vivir” describe una actuación o conducta de probidad y honradez, es decir, una actuación constante de respeto hacia las personas de su entorno o comunidad así como de respeto por las leyes y normas sociales, por lo que su actuación no es nociva ni afecta el bien común, en consecuencia, quien pretende competir electoralmente por un cargo público, debe acreditar que su modo de vida es concordante con el interés social de la comunidad donde vive, no se trata de un requisito menor sino de un presupuesto lógico y de sentido común.

Luego entonces, una persona que profiere expresiones de odio, discriminación e incita a la violencia, es evidente que carece de un modo honesto de vivir y resulta inconcuso que su conducta no es armónica con el respeto a las personas de la comunidad a la que aspira servir en un cargo público.

Para reforzar lo que antecede se citan los siguientes precedentes judiciales:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021226

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXVIII/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 329

Tipo: Aislada

Los discursos de odio son un caso especial de discurso discriminatorio, que se caracterizan, entre otras cosas, por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana. Ahora bien, el artículo 1o. constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación por razones como la religión o el origen étnico o nacional. Los artículos 13 de esa Convención y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso, que incite a la violencia o a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, prohíbe toda discriminación racial, toda difusión de ideas racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia motivada por esas razones. La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, entre otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos. En este sentido, las normas constitucionales, convencionales y legales citadas, permiten fundamentar la premisa de que el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de odio, es contrario a valores fundamentales en que se asientan los derechos humamos y la democracia constitucional, como lo son la igualdad, la dignidad e incluso la posibilidad de que los destinatarios de esos discursos ejerzan, en condiciones de igual consideración y respeto, su libertad de expresión.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2021225

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a. CXXI/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 328

Tipo: Aislada

La expresión de un discurso de odio puede concretizarse mediante la transmisión del mensaje por cualquier medio susceptible de comunicarlo, ya sea directa o indirectamente, a través de palabras, del uso de símbolos u otras formas de expresión, que en un contexto determinado, permitan concluir que se trata de una manifestación que promueve el odio, la discriminación y la violencia en contra de una determinada persona o grupo, con motivo de su identidad, origen étnico, religioso, racial, cultural, entre otros. En ese sentido, un tatuaje corporal visible, en principio, puede ser un medio o vía de expresión de un discurso de odio, cuando en un contexto cultural determinado el símbolo o imagen, para personas de mediana instrucción, aluda precisamente a un discurso de odio claramente identificable, pues la portación de un tatuaje en un lugar visible con esa connotación entraña un acto de comunicación o expresión del significado del mismo. Esto, al margen de que ese símbolo pueda adquirir significados distintos en culturas ajenas a la en que es expresado. Por ejemplo, en nuestro ámbito cultural el uso o portación de una cruz esvástica en un tatuaje corporal visible, por un adulto de cultura media, genera la presunción de que el usuario adhiere, apoya o simpatiza con ese discurso de odio extremo (el nazismo), sobre todo si se tiene en cuenta que generalmente la elección del diseño de un tatuaje (imagen, símbolo o elemento gráfico) es un acto reflexivo y autónomo del portador, que comúnmente lleva implícito el conocimiento del significado que tiene socialmente reconocido o asignado el elemento gráfico, además de que un tatuaje visible es un acto de expresión de la individualidad. Se trata de un discurso de odio extremo porque dicha doctrina no propugna únicamente por dar un trato discriminatorio, principalmente, contra los judíos, sino que aboga expresamente por el genocidio de éstos sobre la base de no reconocer a ese grupo étnico-religioso dignidad humana. Esto es, se trata de un discurso que pretende la destrucción de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos mismos, al postular el exterminio de otros seres humanos.

Por otra parte, es conocido que el multicitado personaje tiene una clara ascendencia con grupos religiosos, donde se dice representante de sus intereses y se dedica a la organización de eventos relacionados con dichas organizaciones, por ejemplo, ha impulsado organizaciones religiosas (Manto de Guadalupe dedicadas a la evangelización y la creación de una estatua gigante de cristo, de tal forma que materialmente realiza funciones de representación y organización en las mismas, que legalmente le podrían categorizar como ministro de culto, no obstante que no aparezca registrado oficialmente con el carácter de ministro de culto, al efecto se señala que lo anterior es conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que refiere lo siguiente:

Para los efectos de esta Ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas ,se tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización.

Es claro que si la persona multiseñalada al ejercer funciones de representación y organización en organizaciones religiosas, sin importar que este registrado oficialmente como ministro, estaría incapacitado legalmente para contender por cualquier cargo público, muestra de ello es lo previsto en los artículos 55 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para mayor referencia se transcriben:

Para ser Presidente se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;

III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

Para ser diputado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral para que en el procedimiento de inscripción como candidato independiente del C. José Eduardo Verástegui Córdoba se valore si los discursos de odio y apología de la violencia constituyen un modo honesto de vivir que es condición previa para el ejercicio de la ciudadanía mexicana, y asimismo se valore si la persona mencionada ejerce funciones de representación y organización dentro de alguna organización religiosa, hechos que lo harían inelegible para contender por un cargo de elección popular.

Notas

1. https://www.youtube.com/watch?v=Ql2nfwXIHBw Organizaciones religiosas crean Frente Unido para apoyar posible candidatura de Eduardo Verástegui

https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2021 /11/29/eduardo-verastegui-iglesia-cristiana-dallas-republicano-anti-aborto/Acto r y activista anti-aborto Eduardo Verástegui estará en una iglesia cristiana de Dallas

https://www.elfinanciero.com.mx/espectaculos/2023/01/04/eduardo- verastegui-publica-fotos-con-benedicto-xvi-y-dedica-mensaje-le-llueven-criticas /#tbl-em-lnmdrx49g1ax1fmydsf

https://www.infobae.com/sociedad/2019/08/21/la-asombrosa-convers ion-de-eduardo-verastegui-el-actor-que-por-la-fe-estuvo-dispuesto-a-dejar-el-ex ito/

https://www.sinembargo.mx/11-06-2023/4371949

2. https://es.aleteia.org/2013/10/22/eduardo-verastegui-del-vacio-a-la-evangelizac ion-a-traves-de-maria-de-guadalupe/

3. https://www.vidanuevadigital.com/2019/08/14/asi-me-converti-eduardo-verastegui/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO, A PROPORCIONAR SEGURIDAD SOCIAL A LOS CAMPESINOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a proporcionar seguridad social a los campesinos de dicho estado, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco a proporcionar seguridad social a los campesinos de Jalisco.

Consideraciones

Existe una creciente inquietud por encontrar medios que permitan hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Preocupación que responde a necesidades reales, que diversos grupos de población están teniendo frente a una insatisfacción de sus necesidades básicas como la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad social, etc. Una de las principales propuestas de organismos defensores de los derechos humanos, es buscar la implementación de leyes y mecanismos judiciales que, permitan a la población exigir los derechos que no se están cumpliendo.

En efecto, el derecho a la Salud se encuentra consagrado como un derecho humano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, El pasado 7 de abril se conmemoro el Día Mundial de la Salud. El lema que propuso la OMS para este 2023 es “Salud para todos” y ese es precisamente uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país la universalidad.

En ese sentido el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el compromiso del Gobierno federal para realizar las acciones necesarias tendientes a garantizar que hacia el 2024, todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención a la salud gratuita, integral y de calidad, incluido el suministro de medicamentos, materiales de curación y los exámenes clínicos.

Igualmente el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, establece los objetivos, estrategias y acciones sobre los cuales las instituciones de la Administración Pública Federal deberán apegarse para materializar el derecho a la protección de la salud.

En ese orden de ideas el Programa Estratégico de Salud para el Bienestar, el cual es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, integrantes del Sistema Nacional de Salud, que llevan a cabo la prestación gratuita de servicios de salud a personas sin seguridad social, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en su Objetivo 3 determina, elaborar e implementar un Modelo de Atención a la Salud para el Bienestar, que permita mejorar e incrementar la calidad de los servicios de salud y del personal que proporciona atención a la población sin seguridad social.

El andamiaje del sector salud en nuestro país y sobre todo a nivel federal se encuentra focalizado para que todos los sectores de la población reciban atención médica gratuita, no obstante lo anterior y debido a que varios Estados de la república no han suscrito acuerdo de colaboración para que opere el IMSS-Bienestar, como es el caso del Jalisco, hay población del sector agrario que aún carece de seguridad social.

Datos del INEGI, en 2020 el principal padecimiento entre la población del Estado de Jalisco fueron las enfermedades respiratorias agudas, con 702 mil 964 casos; seguido de las infecciones de vías urinarias con 144 mil 550, las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas con 131 mil 957 y el COVID-19 con 56 mil 691 registros. Por su parte, se presentaron 14 mil 631 casos de neumonías y bronconeumonías, 12 mil 384 de influenza y 10 mil 707 de asma.

Datos del CONEVAL el porcentaje de carencia por acceso a los servicios de salud en Jalisco aumentó de 32.1% a 37.1% entre 2020 y 2022, la población vulnerable con carencia social es de 2,612.9 (31.2%), la pobreza se ubica en 2,733.2 (32%), la pobreza moderada es de 2, 441.6 (29.1%), la pobreza extrema es de 291.5 (3.5%). Por otra parte en Jalisco existen 14 municipios, el Arenal; Bolaños; Cihuatlán; Cihuatlán de García Barragán; Chimaltitán, El Grullo, Lagos de Moreno, Santa María del Oro; Mezquitic; Puerto Vallarta, El Salto; San Juan de los Lagos; Tecolotlán; Zapotlanejo; que se encuentran en zona de atención prioritaria para el 2023.

En ese sentido se hace necesario y es de imperiosa necesidad que el gobierno del Estado de Jalisco otorgue seguridad social al sector rural, en especial a los campesinos que carecen de ese elemental servicio y que como derecho humano el estado está obligado a otórgales, campesinos que día a día luchan por sembrar sus pequeñas parcelas para el sostenimiento familiar y que carecen de un sistema de salud que los atienda de manera integral.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco a proporcionar seguridad social a los campesinos de Jalisco.

Notas

1. Derecho a la salud en México. Un análisis desde el debate teórico contemporáneo de la justicia sanitaria. Lucía Montiel.

2. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

3. Programa Sectorial de Salud 2020-2024.

4. Programa Estratégico de Salud para el Bienestar.

5. INEGI

6. Medición de la Pobreza 2010-2020. Indicadores de Pobreza por Entidad Federativa. CONEVAL.

7. Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, D.O.F. 28 de noviembre 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre del 2023.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, A PERMITIR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL 2023-2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Chihuahua a permitir la distribución de los libros de texto de educación básica para el ciclo escolar correspondiente a 2023-2024, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Murguía Lardizábal, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 3o. que:

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Adicionalmente, en el cuarto párrafo del artículo en comento se establece que:

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

2. La Ley General de Educación en su artículo 5 prevé que “toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.”

En el mismo apartado se refiere que:

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria

Por otro lado, en la misma norma, en su artículo 11 del Título Segundo, correspondiente de la Nueva Escuela Mexicana, a la letra se menciona que:

El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

Estableciéndose en el mismo apartado los objetivos, las disposiciones a seguir de parte de la Secretaría de Educación Pública y principalmente, que en esta nueva escuela mexicana se fomentará:

I. La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

II. La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros;

III. La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, y

IV. El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.

3. En el mes de agosto, se presentaron los nuevos libros de texto 2023-2024 para educación básica con base en los nuevos planes y programas de estudio correspondientes a la Nueva Escuela Mexicana.

Cabe mencionar que los nuevos libros de texto incluyen entre otros aspectos conocimientos de ciencias y humanidades, matemáticas, historia, geografía y filosofía, lectura, arte, educación medioambiental, educación sexual, escritura, lenguas indígenas, deporte, por mencionar algunos.

Los libros de texto responden nuevo currículo para la educación básica que “se organiza en siete ejes articuladores: inclusión, pensamiento e interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de culturas mediante lectura y escritura, artes y experiencias estéticas. Estos ejes se vinculan con los cuatro campos formativos del nuevo modelo: lenguaje; saberes y pensamientos científicos; de lo humano y lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedades”.

El contenido de los libros de texto, de conformidad a lo referido por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, permiten que sea posible que las y los maestros dependiendo de cada región, puedan adecuar el contenido conforme al entorno.

“Se trabajará en capacitación continua para que los maestros aprendan a trabajar en proyectos y no por materias. “Es un reto y se buscará formar nuevos maestros con currícula de proyectos”.

4. La distribución de los libros de texto, se realizó de conformidad a la normativa correspondiente previo al inicio del ciclo escolar 2023-2024, el cual arrancó formalmente el pasado 28 de agosto del corriente.

Fueron diversas entidades del país en donde se hizo la entrega de los libros de texto, exceptuando los estados de Coahuila y de Chihuahua, éste último, cuenta con una suspensión provisional, por lo cual, no ha sido posible la entrega de este importante material educativo.

En Chihuahua, con base a la resolución obtenida, las autoridades educativas pueden apoyarse en los libros de texto de aprobados para el ciclo escolar 2022-2023.

5. En días recientes, se ha informado sobre manifestaciones válidas de maestras y maestros que se han inconformado y solicitan que el gobierno del estado permita la distribución de los nuevos libros de texto. Principalmente las protestas se concentraron en la capital del estado y en uno de los principales municipios de la entidad como lo es Ciudad Juárez.

6. El pasado 4 de octubre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia desechó la controversia constitucional promovida por el Gobierno de Chihuahua en contra de la distribución de libros de texto en las escuelas de la entidad. Con la votación por unanimidad se dejó sin efectos la suspensión concedida. No obstante, el 11 de octubre el gobierno del estado, suspendió nuevamente la entrega de libros de texto bajo el argumento de dos nuevos juicios de amparo promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Consideraciones

Primero. El recurso legal al que el gobierno del estado recurrió, responde a un interés legítimo, no obstante, consideramos que la medida se sustenta en un fin político, alejándose de lo establecido en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 2 de la Ley General de Educación los cuales establecen que:

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes...”

Con el impedimento para que se entreguen los libros de texto se está causando una afectación a las y los estudiantes de la entidad, quienes llevan diversos días de que inició el ciclo escolar, sin contar con el material correspondiente, alejándoles de este nuevo modelo de escuela mexicana, y que, de no buscarse una solución al respecto, pone en riesgo el año escolar de las y los estudiantes de educación básica de Chihuahua. Se estima que, de seguir demorando la entrega de los libros de texto, se ocasionaría un rezago igual o más complejo que el suscitado en la pandemia por Covid-19.

Segundo. El estado de Chihuahua se aleja del cumplimiento de lo mandatado en la fracción XII del artículo 9 de la Ley General de Educación, respecto que las autoridades educativas realizarán:

Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y

Tercero. Resulta fundamental que construya una ruta que permita eliminar los obstáculos que impiden el acceso y goce del derecho fundamental a la educación de las y los estudiantes de Chihuahua, como lo ha representado el no haberse permitido la entrega de los libros de texto.

Es fundamental que se brinde un voto de confianza a la Nueva Escuela Mexicana, misma que está priorizando una enseñanza a través de la formación de valores y principios para impulsar una verdadera transformación social.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones, permita la distribución de los libros de texto de educación básica para el ciclo escolar correspondiente al 2023-2024, lo anterior, de conformidad a lo mandatado en la Ley General de Educación, a fin de, permitir que las y los estudiantes de la entidad puedan contar con el material necesario para el cumplimiento de los planes y programas de estudio y así garantizar su derecho a la educación.

Notas

1. Impulsar cambios sociales en escuela y comunidad, meta del nuevo plan de estudios. La Jornada. 17 de agosto de 2023. [en línea]. [consultado el 8 de septiembre de 2023]. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/2023/08/17/politica/012n1pol

2. SEP justifica contenido de libros de texto gratuitos. Mi Ambiente. [en línea]. [consultado el 8 de septiembre de 2023]. Disponible en:

https://www.miambiente.com.mx/cultura/sep-justifica-contenido-de -libros-de-texto-gratuitos/

Dado el Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ, A MANTENER LAS VIALIDADES LIBRES DE OBSTÁCULOS, OBJETOS O VEHÍCULOS ABANDONADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los 212 municipios de Veracruz a mantener las vialidades libres de obstáculos, objetos o vehículos en estado de abandonado, conforme a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo del diputado Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Valentín Reyes López, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, mediante los cuales se exhorta de manera respetuosa a poder dar cumplimiento y girar las instrucciones correspondientes para efectuar lo que establece la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 10, fracción V, artículo 11 y artículo 22 fracción numeral III, que garantizan vialidades libres de obstáculos, objetos o vehículos en estado de abandonado en sus municipios, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Como bien sabemos el estado de Veracruz es rico en cultura, gastronomía, agricultura, ganadería, agua, industria, es un estado en constante crecimiento, mismo que tiene tantos pros y solo algunos contras que deben ser atendidos, como lo es el tema de los vehículos maceta, empleo este término, pues son vehículos que dejan abandonados y generan afectaciones que no solo son al libre tránsito, si no también generan inseguridad, contaminación y problemas viales.

En el aspecto señalado de contaminación, las problemáticas que puede generar un vehículo abandonado, nombrado coloquialmente como carros-macetas, genera las siguientes afectaciones;

Contaminación;

- Si el auto tiene tiempo parado, el derramamiento de estos líquidos podría llegar al suelo.

- Puede y es usado como basurero mismo que provoca un foco de infección.

-También estos vehículos son usados por las personas indigentes ( situación de vulnerabilidad que lamentamos y trabajamos para que puedan salir de la misma mediante mejores políticas públicas) encuentren este tipo de carros como su hogar donde; duermen, comen y hacen sus necesidades fisiológicas, situación que representa una contaminación.

- Además, estos vehículos acumulan agua durante la temporada de lluvias, el cual es propicio para el criadero de moscos como el dengue, chikungunya y zika.

(La Ley Nacional y Estatal de Protección Civil clasifica a las epidemias, pandemias o plagas dentro de los fenómenos perturbadores de origen sanitario—ecológico, el cual se define como un Agente perturbador que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando la alteración de su salud o la muerte. Las epidemias, pandemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubican la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. Durante la temporada de lluvias la formación de charcos y el estancamiento de agua en recipientes a la intemperie, ofrecen condiciones propicias para la reproducción de mosquitos y la transmisión de Zika y Dengue, enfermedades ambas consideradas como un fenómeno sanitario ecológico.

El Dengue, La Chikungunya y El Zika implican más riesgos en la temporada de lluvias, puesto que hay más lugares que se llenan de agua donde los mosquitosAedes pueden poner sus huevos y reproducirse. Sin embargo, cuando hay sequía también puede haber condiciones para la reproducción, dado que hay estancamiento de agua en los arroyos y hay depósitos de agua creados por las personas

- Aquí es importante hacer notar que según información de Protección Civil del Estado de Veracruz dice que; El dengue es la enfermedad viral más común en la población. De acuerdo con la OMS, existen entre 50 y 100 millones de, presenta condiciones que propician la presencia de los mosquitos transmisores de esta enfermedad: Temperatura, lluvias constantes, condiciones inadecuadas de saneamiento e higiene.

- El estado de Veracruz sigue ocupando el segundo lugar a nivel nacional con más casos de dengue.

Vialidad:

- Los vehículos abandonados generan afectaciones al tránsito, tanto para los conductores como para los peatones, pues las áreas donde pueden encontrarse estos coches macetas pueden generar que un vehículo, el que tengan que bajar a la calle para cruzar e incluso tener que pasar con personas en sillas de ruedas sobre la carretera. Los estacionados en vías de cruce, generan falta de visibilidad, misma que puede generar choques.

Además, los coches abandonados también pueden perpetuar hechos ilícitos, así como un deterioro a la imagen urbana de las ciudades.

Sabedores de las repercusiones que puede tener los vehículos abandonados dentro de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se prevé las acciones a tomar por parte del ejecutivo local y la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde dota de atribuciones a la Dirección; en su artículo 10 fracción V Mantener las vialidades libres de obstáculos, objetos o vehículos abandonados,

Además, el Artículo 11. La policía vial procederá a la detención, por flagrancia, de aquellas personas que se encuentren cometiendo un delito o una infracción a esta Ley o su Reglamento, en los casos previstos, y las pondrá inmediatamente, a disposición de la autoridad competente.

Mientras que el artículo 22 numeral III, que a la letra dice; Artículo 22. En la vía pública se prohíbe; I a la II...

III. Abandonar vehículos o remolques deteriorados, inservibles, con fallas mecánicas o indicios de no rodamiento por más de setenta y dos horas. Para el retiro de los mismos se procederá conforme lo establece el artículo 154, fracción II, de esta Ley;

Dotando de facultades para el cumplimiento de lo que la ley establece, por lo que se pide a los ayuntamientos dentro de sus facultades poder hacer valer la ley vigente que beneficia a los ciudadanos que habitan en el estado de Veracruz, con lo cual se realizan acciones de prevención en áreas de medio ambiente, salud y seguridad.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los 212 alcaldes del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a poder dar cumplimiento y girar las instrucciones correspondientes para efectuar lo que establece la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 10, fracción V, artículo 11 y artículo 22 fracción numeral III, que garantizan vialidades libres de obstáculos, objetos o vehículos en estado de abandonado en sus municipios.

Notas

1. http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/0 2_Recoms.Dengue_Chikungunya_y_Zika.pdf

2. IDEM

3. https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cifras-de-casos-de-dengue-en-veracruz-e n-2022-y-2023-10784674.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Valentín Reyes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen.

SE INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LAS MEDIDAS PARA FRENAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA ELEVADA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ATOYAC, EN LA ZONA ALTA DEL ATOYAC (CAA), EN PUEBLA Y TLAXCALA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Conahcyt, a la Ssa, a la Profepa y a la Conagua a informar a la opinión pública sobre las medidas específicas que se implementarán para frenar los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por la elevada contaminación de sustancias químicas en el Río Atoyac, en la zona alta del Atoyac, en los estados de Puebla y Tlaxcala, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

ConsideracIones

En días pasados, apareció en los medios nacionales la publicación de un evento referente a la presentación del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac; en dicho plan, se menciona que “Tlaxcala y Puebla han presentado las tasas de mortalidad más altas por enfermedad renal crónica en jóvenes debido a la contaminación de la cuenca del río Alto Atoyac” (Calva, 2023).

María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Conahcyt, reveló (Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías, 2023), durante la presentación del plan, que entregó a la Secretaría de Salud un informe con resultados de investigaciones humanísticas y científicas que sustentan el estado de contaminación, heredado por el neoliberalismo, en la cuenca del Alto Atoyac (CAA) y su asociación con daños a la salud de las personas que viven en la zona.

La CAA está integrada por varios municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala. En ella viven 79.5 por ciento de la población de Tlaxcala y 42 por ciento de Puebla.

Esta cuenca es una de las 30 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) identificadas por el Conahcyt.

En esta cuenca se presenten tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad de enfermedades prevenibles mucho mayores a los promedios nacionales. La evidencia científica presentada en este primer informe demuestra que estas altas tasas de incidencia y muerte son causadas por la exposición a tóxicos y procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región.¨

María Elena Álvarez-Buylla hizo entrega de este primer informe estratégico para la comprensión de la problemática socioambiental de la región de emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca del Alto Atoyac y también hizo recomendaciones para su atención integral al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien comentó que este informe contiene las recomendaciones integrales realizadas por varios científicos.

Además, es crucial resaltar que los hallazgos derivados de tres estudios de biomonitoreo independientes han revelado de manera consistente que un considerable segmento de la población en diversas zonas de la CAA exhibe niveles significativos de contaminantes tóxicos en sus organismos. Estos contaminantes incluyen, entre otros, arsénico, plomo, cromo y cadmio, todos ellos sustancias altamente perjudiciales para la salud humana. Asimismo, se han detectado múltiples plaguicidas y bifenilos policlorados (BPCs) en estos análisis, subrayando la urgente necesidad de tomar medidas adecuadas para mitigar esta problemática ambiental y salvaguardar la salud de la población.

Igualmente, en lo que respecta a los riesgos laborales detectados entre la población alfarera, resulta alarmante observar que aproximadamente el 90 por ciento de los individuos estudiados registraron niveles de plomo en sangre que superan ampliamente las recomendaciones de seguridad. Estos elevados niveles de plomo se han correlacionado con efectos adversos en la salud, incluyendo enfermedades cardiovasculares y renales, cuyos orígenes se atribuyen en gran medida a la exposición crónica al plomo y a otros contaminantes presentes en la cuenca del Alto Atoyac.

Por otra parte, al realizar análisis geoestadísticos utilizando bases de datos oficiales de mortalidad y parámetros de contaminación en el río Atoyac, se ha evidenciado una situación preocupante: se han identificado tasas de mortalidad significativamente elevadas por enfermedad renal crónica (ERC) en la región oriental de la Cuenca, Tlaxcala. Las tasas más altas de leucemias agudas se presentan en la zona sur, correspondiente a Puebla. Estos hallazgos subrayan la complejidad y diversidad de los impactos de la contaminación en la salud de la población en la CAA.

La Organización Mundal de la Salud (OMS) señala que “los metales pesados como el plomo, el cadmio y el mercurio causan daños neurológicos y renales. La presencia de metales pesados en los alimentos se debe principalmente a la contaminación del aire, del agua y del suelo”. (WHO, 2020).

Por otro lado “Norma Araceli Bobadilla Sandoval, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la Unidad Periférica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’, asegura [que]: Las enfermedades renales son frecuentes, y en etapas avanzadas muchas veces son irreversibles, razón por la cual es urgente atenderlas de manera temprana”. (Dirección General de Comunicación Social UNAM, 2023)

Por estas razones es necesario unir esfuerzos para erradicar la problemática ambiental existente en dicha zona donde está afectando la salud de sus habitantes. La alta tasa de incidencia de enfermedades renales crónica, cardiovasculares, por mencionar algunas, es materia suficiente para atender y solucionar la problemática de la contingencia ambiental presentada en la CAA.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), la Secretaría de Salud, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) a que informen a la opinión pública sobre las medidas específicas que se aplicarán para frenar los daños causados a la salud humana y al medio ambiente por la elevada contaminación de sustancias químicas (metales pesados y BPCS) en el Río Atoyac en la zona alta del Atoyac (CAA) en el estado de Puebla y Tlaxcala. Considerando las recomendaciones del Plan Integral de Atención y Prevención de Daños a la Salud en la Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental de la Cuenca del Alto Atoyac, así como del Primer Informe Estratégico para Comprensión de la Problemática en esta Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.

Bibliografía

1 Calva, P. R. (3 de Octubre de 2023). Río Atoyac mata a los jóvenes en Tlaxcala y Puebla. Excélsior, pág. 13.

2 Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías. (29 de Septiembre de 2023). conahcyt. Obtenido de gobierno de México suma esfuerzos para resarcir daños socioambientales causados por el neoliberalismo en la cuenca del río Alto Atoyac:

https://conahcyt.mx/gobierno-de-mexico-suma-esfuerzos-para-resar cir-danos-socioambientales-causados-por-el-neoliberalismo-en-la-cuenca-del-rio- alto-atoyac/

3 Dirección General de Comunicación Social UNAM. (8 de MARZO de 2023). www.dgcs.unam.mx. Obtenido de Detección oportuna de enfermedades renales favorece calidad de vida :

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_167.html#:~: text=Aproximadamente%20850%20millones%20de%20personas,padecimiento%20y%20no%20l o%20saben”

4 WHO. (30 de Abril de 2020). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Inocuidad de los alimentos:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SADER, PARA QUE, A TRAVÉS DEL PROGRAMA EROGACIONES PARA EL DESARROLLO DE JÓVENES 2024, SE FOMENTE E IMPULSE LA DIGITALIZACIÓN RURAL, CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN PARA ELDESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a que, a través del programa “Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes 2024”, fomente e impulse la digitalización rural, la capacitación especializada y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los sectores fundamentales para la economía de México es el agropecuario, porque es la pieza primordial de la producción de alimentos de primera necesidad, de materia prima y de desarrollo de los sectores productivos, así como una importante fuente de empleos para las y los mexicanos

Sin embargo, esta actividad vive momentos muy difíciles debido a las inclemencias climáticas, el deterioro del medio ambiente y las profundas sequías que vive el planeta, aunado a la desorganización entre los productores, falta de financiamiento, precios de garantía que limitan el libre mercado y los altos costos de los insumos, entre otros que limitan las condiciones de producción y desarrollo del campo.

Frente a este escenario, es pertinente plantear nuevos modelos productivos que garanticen la seguridad alimentaria, que impulsen el desarrollo del campo mexicano, que mejoren las condiciones de vida de las y los campesinos y empresarios y el desarrollo económico de la cadena productiva.

Como se ha señalado, la agricultura desempeña un papel vital en el desarrollo económico de los países menos desa-rrollados ya que la mayoría de su población depende de ella para poder vivir. La agricultura es la fuente básica de suministros de alimentos en todo el mundo, si la agricultura no satisface a la población de alimentos, puede llegar a afectar negativamente al crecimiento económico.

Por lo tanto, el sector agrícola tiene una gran importancia para el desarrollo económico del país.

Según la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), en México es la agricultura el principal componente en el sector agropecuario, su aportación es mucho mayor en relación al sector pesquero, pecuario y acuícola, además permanece vigente durante todo el año con sus distintos cultivos. Sin duda alguna que esta actividad primaria ha tenido una función fundamental en nuestro país, y actualmente es el subsector que más posibilidades de obtener recursos económicos ofrece, además de generar progresos en la consecución de la seguridad alimentaria para todos.

Esta actividad es la encargada de proveer alimentos, materias primas, y mano de obra al sector agroindustrial y de servicios, también, demanda gran cantidad de productos industriales de primera necesidad para la producción agrícola, entre ellos: fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, maquinaria, entre otros, y en el aspecto social favorece el arraigo a sus tierras, el sustento a familias y la preservación de recursos naturales de cierto número de personas en localidades productoras.

La agricultura no sólo es una actividad económica, es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, pacto ancestral con la naturaleza y sostén de la humanidad.

Sin duda alguna, la importancia de la agricultura y la ganadería genera un gran interés en la vida diaria de las y los mexicanos, tanto en el crecimiento económico como en la seguridad alimentaria. Lamentablemente el campo presenta una grave sequía que ha dejado al sector agropecuario en una crisis que no se veía desde el 2012.

Algunas de las estrategias para erradicar la pobreza es el crecimiento agrícola ya que aumenta las productividades e ingresos de los pequeños agricultores, como también el aumento de empleo y los salarios de los trabajadores agrícolas. El conjunto de estos factores ayuda a reducir la pobreza y el desempleo.

El cambio climático es una de las variantes más importantes de riesgo para la agricultura, ya que está generando aumentos en la temperatura y una reducción de lluvias en distintas partes del país, así como contribuyendo a aumentos en la frecuencia de sequías extremas.

Estos problemas, combinados con la mayor demanda de agua asociada al crecimiento del sector agrícola hacen que la población sufra de índoles consecuencias como la falta de cultivos, empleos y crecimiento económico. Las poblaciones pobres que viven en las zonas rurales son particularmente vulnerables ya que su subsistencia y bienestar dependen marcadamente de la agricultura.

Por todo lo anterior, el punto de acuerdo tiene como objetivo que la Sader, en coordinación con instituciones educativas, diseñen, impulsen y fomenten la capacitación especializada, así como programas estratégicos de análisis y estudio de la producción del sector agropecuario a través de las tecnologías de producción y precisión.

Es decir, la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible.

Entrando en la materia que nos ocupa, el pasado 15 de mayo de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) circuló un comunicado en el que destaca la necesidad de la inclusión de las tecnologías e innovación. Señala que; “Debido al aumento de la población mundial y por ende la creciente demanda de alimentos, se requiere que el sector agrícola sea eficiente y sostenible para garantizar la seguridad alimentaria, disminuir la emisión de gases de efecto invernado y promover el desarrollo local con la finalidad de lograr una sostenibilidad económica de las comunidades”.

El mismo documento indica textualmente que; “Por tal motivo, es necesario incorporar tecnologías y metodología de la Agricultura de Precisión (AP) en las prácticas agrícolas tradicionales con el objetivo de lograr una producción de alimentos sustentable en nuestro país (Rosales-Soto & Arechavala-Vargas, 2020).

La AP mejora la gestión de los insumos agrícolas como son semillas, agua, fertilizantes, combustibles y plaguicidas a través de la implementación de prácticas de gestión de dichos insumos (Nhamo, et al., 2020; Raj, et al., 2021). Asimismo, la AP permite observar y evaluar los cultivos de forma gráfica, remota y no destructiva, reduciendo el trabajo de campo”.

“En general, se trata de un sensor montado en una plataforma, que podría ser un satélite, un vehículo aéreo no tripulado o un robot de campo. El sensor recoge la radiación electromagnética reflejada o emitida por los cultivos, que luego se procesa para analizar su respuesta espectral y con ésta elaborar productos útiles para los agricultores (Raj, et al., 2021; Hafeez, et al., 2022)”.

“Dichos productos les permiten tomar decisiones informadas logrando beneficios económicos y ambientales, al disminuir el uso de agroquímicos originando un ahorro económico en la compra de insumos, a la vez evitando daños ambientales y la mejora en la calidad y cantidad del rendimiento, incrementando las ganancias de los productores y su interés por continuar cultivando sus tierras (Delavarpour, Koparan, Nowatzki, Bajwa, & Sun, 2021; Lee, Strong, & Dooley, 2021)”.

En el mismo sentido, una publicación con fecha 18 de octubre de 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) México señala; “Cada día el mundo se aleja del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición”, meta que se planteó a nivel global en el año 2015. Hoy en día, se prevé que casi 670 millones de personas – 8 por ciento de la población mundial – seguirán pasando hambre en 2030. Esta es una cifra similar a la del 2015, año de creación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Según la FAO, “La agricultura tiene una gran importancia en la economía de muchos países en desarrollo debido a su significativa contribución a la producción interna y el empleo, así como por su aporte a la seguridad alimentaria, esencial sobre todo para los países menos industrializados”.

En el caso específico de nuestro país, con datos del Censo Agropecuario 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en comunicado de prensa núm. 312/23 del 31 de mayo de 2023 indica: “En México hay 32.1 millones de hectáreas de uso agrícola. 83.8 por ciento de la mano de obra en el campo son hombres y 16.2 por ciento, mujeres.

Los altos costos de insumos y servicios, así como los factores climáticos, fueron los problemas más recurrentes en el campo mexicano”.

“El Censo Agropecuario revela que, en 2022, en el país había 5 005 770 unidades de producción agropecuaria y 32.1 millones de hectáreas de superficie agrícola.

Las unidades de producción se distribuyeron de la siguiente manera: 4 440 265 fueron unidades de producción activas, 3 con 26.1 millones de hectáreas de superficie agrícola y 565 505 fueron unidades de producción agropecuaria sin actividad,4 con 6.0 millones de hectáreas de superficie agrícola”.

En otros párrafos señala la importancia de tener estadísticas y datos precisos a detalle: “El sector agropecuario requiere de información actual y completa que permita conocer su situación económica, tecnológica y social. Disponer de estadísticas actualizadas es fundamental para planificar y para formular políticas y estudios dirigidos a las unidades de producción agrícola, ganadera y forestal”.

Incluso, en 2021, la FAO presentó un informe que “analiza las oportunidades que los nuevos avances tecnológicos relacionados con la automatización y la agricultura de precisión (por ejemplo, la robótica) pueden ofrecer a la agricultura en los países en desarrollo.

En este estudio destacan varios aspectos que consideramos de interés para el desarrollo sostenible del sector agropecuario que a continuación citaremos en distintos fragmentos:

“Las tecnologías agrícolas están evolucionando rápidamente hacia un nuevo paradigma: la agricultura 4.0. Dentro de ese paradigma, la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial juegan un papel importante en la producción de cultivos, incluyendo el control de malas hierbas y de plagas y el control de plagas”.

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, a través del programa “Erogaciones para el desarrollo de jóvenes 2024”, particularmente en “desarrollo, aplicación de programas educativos e investigación en materia agroalimentaria” del ramo 08, fomenten e impulsen la digitalización rural, la capacitación especializada y la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas de producción y geotecnologías para la recopilación de datos y análisis preciso y puntual de la información para el desarrollo agropecuario sostenible.

Notas

1 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/como-beneficia-la-agricultura-a-las -familias-mexicanas, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 14 de mayo 2018

2 https://www.ift.org.mx/transformacion-digital/blog/contribuyendo-la-aplicacion- de-una-agricultura-sostenible-en-mexico

3 https://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1609951/

4 https://www.fao.org/home/es

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CA_ResOpt/CA_Re sOpt2022.pdf

6 https://www.fao.org/documents/card/es?details=CB2186ES/#:~: text=Estas%20tecnolog%C3%ADas%20est%C3%A1n%20destinadas%20principalmente,las%20 operaciones%20generales%20de%20cultivo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A CUMPLIR EFICIENTEMENTE LOS OBJETIVOS SEÑALADOS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden públicos, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6 numeral 1, fracción l; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Poder Ejecutivo federal, a cumplir eficientemente los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, consistentes en emprender la construcción de la paz y el orden públicos, salvaguardar la integridad de las personas, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia así como recuperar la dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad nacional, entre otros, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que existe coincidencia entre los principales sectores de la población mexicana, en el sentido de que es de destacarse que nuestro país se enfrenta a uno de los desafíos más apremiantes y trascendentales de su historia, como lo es la inseguridad. Y esto es así porque en efecto, la creciente violencia, el crimen organizado y la impunidad son problemas que amenazan la paz, la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Así, la presencia y el poderío del crimen organizado también representan un desafío significativo, hecho que se refiere de manera preponderante a que México es uno de los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas, lo que genera violencia y corrupción en diferentes niveles de gobierno y socava los esfuerzos por combatir la inseguridad.

Como consecuencia de lo anterior, se han generado situaciones diversas que alientan el clima decreciente en materia de estabilidad y se visualiza un porvenir nebuloso, toda vez que la delincuencia organizada se ha diversificado en actividades como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible. Así pues, la inseguridad tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los mexicanos, porque la violencia y la criminalidad limitan la libertad de movimiento, afectan el desarrollo económico y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de derecho.

Segunda. Que en medio de este ensombrecido panorama que genera la ingobernabilidad en materia de seguridad en nuestro país, sobresalen los desalentadores resultados de las más recientes consultas realizadas a la población mexicana, en donde ha quedado de manifiesto la preocupación que ésta guarda por el estado de la misma. Ejemplo de ello, son los hallazgos de la consulta que se llevó a cabo en marzo del 2023, donde de acuerdo con las respuestas se deduce, que el 34.7 por ciento de la población de 18 años y más —residente de las ciudades de interés seleccionadas en la muestra— consideró que en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Por otra parte, el 22.1 por ciento de la población se pronunció en el sentido de que la situación empeorará en los próximos 12 meses. En contraste, un segmento de la población más reducido, como lo es el 17.9 por ciento, que fluctúa de entre los 18 años y más, refirió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y finalmente el 24.0 por ciento manifestó que mejorará.

En este escenario podría deducirse, que estos bajos niveles de percepción de la eficiencia y eficacia de los servicios de seguridad gubernamentales por parte de los usuarios, se deben sobre todo, a que desde el arranque de la administración en curso, se ha acumulado la exorbitante cantidad de más de 150 mil homicidios dolosos, (entre muchos otros delitos) y como es de esperarse, esa desafortunada situación ha dado pie a que se comparen estas cifras con las de los dos sexenios anteriores, resultando como saldo desfavorable que ya son más las personas que lamentablemente perdieron la vida por este tipo de delitos durante el presente gobierno, de las personas que fueron documentadas y ampliamente publicitadas durante los dos sexenios anteriores. Y es precisamente en este clima de inseguridad y de violencia, en el que se ha observado la dolorosa muerte de más de nuestros cinco mil niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Bajo esa misma tónica, resulta conveniente recordar la importancia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, tendientes a facilitar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz público.

Así y de acuerdo con sus funciones en concreto, el Secretariado Ejecutivo ha presentado cifras recientes, en donde se puede observar que tan solo en el primer mes del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ocurrieron 83 homicidios dolosos y feminicidios de personas menores de edad. Para el caso del desglose por delitos, se tuvo que 4 mil 648 personas de entre 0 y 17 años de edad fueron víctimas de homicidio doloso, ya sea con arma blanca, arma de fuego o algún otro tipo de mecanismo; mientras que en el caso de los feminicidios, se notificaron 445 víctimas, todo ello desde el inicio del sexenio lopezobradorista.

Por lo que hace a la recopilación de cifras más actuales, la propia institución que nos ocupa, refiere la incidencia delictiva, que tiene que ver con la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas, en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el caso de fuero federal.

De esta manera se recapitula, y como muestra basta un botón, que tan solo de enero a mayo del 2023, los presuntos delitos fueron 905 mil 124.

Tercera. Que otro factor que sobresale por ser sinónimo de distracción de las tareas primordiales que cualquier gobierno debe tener, como lo es el tema de la seguridad, es el de considerar de manera muy anticipada el rubro del proceso electoral, toda vez que de manera incorrecta se ha buscado constantemente el posicionar a toda costa en las listas de popularidad de los electores, a las o los aspirantes a cargos de elección popular del partido en el poder. Esto es, que en su momento deben analizarse todas aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle la simpatía al contrario.

Bajo el esquema anterior cabría cuestionarse el porqué esos actos anticipados se consideran una infracción, y una de las probables respuestas es que se consideran infracciones porque las diversas fuerzas políticas que pretenden acceder al poder público por vía del voto, con esos actos, vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.

Así, lo pertinente es evitar ser infraccionados por realizar actos anticipados de campaña, ya sea que éstos sean llevados a cabo por personas aspirantes a lograr candidaturas independientes, a los mismos partidos políticos, a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular, a los precandidatos o a los candidatos postulados por partidos, porque todos ellos son susceptibles de recibir algún tipo de sanción de las señaladas en el marco jurídico electoral, considerando para esto el enorme reto que significa para las propias instituciones, el dar el más alto grado de certeza y seguridad jurídica posible a los procesos electorales de cualquier índole.

Cuarta. Tener el panorama completo de los aspectos relacionados con la seguridad pública, el conocimiento de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito, percepción sobre el desempeño de las policías preventiva municipal, estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, identificar los conflictos o enfrentamientos directos y conductas antisociales con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o autoridades de gobierno, la percepción sobre el desempeño gubernamental, los principales problemas que enfrentan las personas en su ciudad y la efectividad de las autoridades para atender dichas situaciones, son las formas en las que la población se entera de la situación de seguridad pública en su ciudad.

Quinta. Que de acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de México entiende a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera, y que como consecuencia de este concepto, el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, porque su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.

Además, vale la pena recordar lo expresado en el sentido de que los estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. El deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención y protección de los derechos en riesgo a cargo de las autoridades internas.

Además, vale la pena recordar que el párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Constitución Política determina que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, lo que comprende la prevención, investigación, persecución de los delitos y la sanción de las faltas administrativas.

Lo anterior alineado a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha elaborado el Programa Sectorial de Seguridad y Protección de la propia ciudadanía para el período 2020-2024, actividad desarrollada conforme a los ejes generales previstos en el propio Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que normalmente se somete a consideración del Poder Ejecutivo Federal de nuestro país.

Sexta. Que en la tónica de que el derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la readaptación de los individuos sujetos a una sentencia privativa de la libertad, hay que recordar que ésta rama jurídica, se hace cargo de los asuntos, como el régimen penitenciario al que quedan sujetos los condenados, pero adicionalmente le corresponde revisar también los aspectos paralelos que afectan a otros derechos del ciudadano, ya que se deben garantizar en todo momento el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes de toda persona. Además, hay que señalar la importancia de la estructura y los tipos de establecimientos penitenciarios, así como las medidas que se deben impulsar y respetar para dar cumplimiento al fin primordial, la reeducación y la reinserción social, por lo que resulta prioritario recuperar la dignificación de todo este sistema, con la intencionalidad de que cuente con bases más sólidas.

Séptima. En el rubro de reformular el combate a las drogas, es de destacarse que los derechos humanos son fundamentales para el control internacional de las drogas, por lo que los estados siguen estando jurídicamente obligados a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluso al desarrollar y aplicar sus respuestas a la temática de las drogas.

Es en este orden de ideas y para el caso del mejoramiento de las políticas en materia de drogas en nuestro país, que sobresale el objetivo de reformular su combate, revisando los sitios y condiciones donde se ha extralimitado su problemática, incluyendo el de revisar y ajustar su regulación, así como el de instrumentar una mayor oferta de tratamiento para el problema de las adicciones, considerando que los estados deben proteger, respetar y cumplir el derecho a la salud de la población comprometiendo el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso a servicios sanitarios para que estos sean asequibles y de calidad. Esto incluye el acceso a los medicamentos esenciales, los cuidados paliativos, la prevención y educación integral en materia de drogas, el tratamiento de las mismas y la reducción de los daños.

Octava. Por lo que hace a la reactivación de la procuración de justicia, es indudable que la paz social y la gobernabilidad de un estado dependen de un sistema de justicia eficiente y capacitado, competente para ofrecer soluciones y respetar a cabalidad la aplicación del Estado de Derecho. La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.

Así, lo que se demanda en México es un sistema jurídico que encuentre su fundamento en los principios, los procedimientos y los documentos, aplicados sin ambigüedades y que garanticen el comprensión de la Ley por parte de ciudadanos y funcionarios.

Novena. Que la Iglesia Católica y los líderes religiosos han intentado allanar el camino, convocando a sus comunidades a construir un camino de paz, pero poco lograrán si no tenemos un gobierno que haga lo que le corresponde. Así tenemos por ejemplo, que a través de su editorial Desde la Fe, la Iglesia Católica pidió a la sociedad, a los poderes políticos y económicos, así como a los gobiernos, trabajar en conjunto para transitar a un país en el que los mexicanos se sientan seguros.

En esta tónica, la Iglesia con mayor número de adeptos en nuestro país, ha declarado que México vive momentos difíciles con signos preocupantes de violencia, inseguridad, pobreza y violación a los derechos humanos, así como ha puntualizado que continuará trabajando para que la paz ocupe el lugar de la violencia, para que la rivalidad abra paso a la reconciliación y el egoísmo a la caridad, para que la unidad supere a la división, la verdad a la mentira, la justicia a la impunidad y la vida a la muerte”.

Décima. Que en este momento de la patria, es cuando más se requiere de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a hacer su parte, previendo, planeando, organizando, documentando, investigando, controlando e informando; en suma, haciendo las actividades que resulten necesarias para dar un mejor servicio a la población, garantizando que sus necesidades de seguridad sean verdaderamente consideradas, ayudando a lograr un mayor control y rendición de cuentas, dando un mejor servicio y recordando que contamos con grandes, confiables y respetuosas instituciones, y que muy bien vale la pena que hagan un alto y se pregunten que es más importante, seguir en la simulación y en la estrategia fallida o incidir de manera decisiva para cambiar lo preciso.

Décimo primera. Que una de las funciones más importantes del Congreso mexicano es la de control, misma que se desarrolla por conducto de sus dos Cámaras, y se desarrolla en la tónica de la inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que llevan a cabo cada una de las colegisladoras sobre la actividad que lleva a cabo el propio Poder Ejecutivo. Esto con el objetivo primordial de verificar que las esté llevando de forma correcta y de acuerdo con las disposiciones aplicables.

En este contexto, como legisladora que soy, cuando reviso los elementos de juicio necesarios para evaluar un tema tan relevante como lo es el de la seguridad en mi país, necesariamente estoy obligada a levantar la voz, porque no puedo quedarme callada ante las desafortunadas evidencias que se presentan reiteradamente en los informes, porque también me siento obligada a contribuir y construir lo que me corresponda para alcanzar un mejor país, por lo que esta proposición con punto de acuerdo, nace con el único propósito de manifestar lo que millones de mexicanos sienten cotidianamente en sus actividades de todos los días.

Décimo segunda. Que es menester reconocer que en las condiciones en las que se encuentra nuestro país, deberá ser el propio titular del Poder Ejecutivo, quien realice el planteamiento de manera seria y decidida, en el sentido de cuál es la mejor forma de gobernar a un pueblo adolorido y lastimando por las actuales circunstancias de inseguridad, porque hoy mismo aún está a tiempo de rectificar y llevar a cabo las acciones que la patria necesita, por su propio bien y por el bien de todos.

Es por lo anteriormente expuesto, que pretendiendo abonar de manera positiva hacia la seguridad de nuestro país y con base en todos los argumentos y consideraciones detallados a lo largo de este ocurso, que me estoy permitiendo someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el uso de sus facultades y atribuciones, de forma urgente y prioritaria, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para preservar de la seguridad pública en el país, y cumplir con los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República, consistentes en emprender la construcción de la paz; recuperar la dignificación de los Centros Penitenciarios y Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz, reformular el combate a las drogas, reactivar la procuración de justicia, erradicar la corrupción; garantizar el empleo, la educación, la salud y el bienestar; el pleno respeto y la promoción de los Derechos Humanos; así como la regeneración ética de la sociedad, entre otros.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el uso de sus facultades y atribuciones, se fortalezcan las instituciones de seguridad pública federal y de las entidades federativas con el objetivo de cumplir con los objetivos señalados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Notas

1 Cfr. Luis E. Durand, El Desafío de la Inseguridad en México, urge acción, COPARMEX, 17 de Mayo del 2023, México.

https://coparmex.org.mx/el-desafio-de-la-inseguridad-en-mexico-u rge-, accion/#:~: text=Además%2C%20según%20los%20datos%20oficiales,en%20las%20últimas%20dos%20déc adas. Sitio consultado el 20 de Junio del 2023.

2 Idem.

3 Nos estamos refiriendo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ENSU, misma que se lleva a cabo durante la primera quincena de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año y que a partir de 2016, que cuenta con una muestra trimestral de viviendas por ciudad de interés, que se han ido incrementado gradualmente, contando con un esquema de muestreo probabilístico, trietápico, estratificado y por conglomerados. Como última unidad tiene la selección la vivienda particular y como unidad de observación a la persona, Garantizando un nivel de confianza de 90 por ciento en los resultados, con errores relativos acotados a 15 por ciento. Se considera una tasa de no respuesta de 15 por ciento, para mayor información se puede consultar,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ensu/ensu2023_04.pdf. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera la información contenida y la da a conocer.

4 Consultable en:

https://www.gob.mx/sesnsp/que-hacemos. Sitio revisado el 27 de Junio del 2023.

5 Para mayor información consultar, Que es la Seguridad Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, 18 de febrero del 2020, Ciudad de México.

https://www.gob.mx/cni/documentos/conoce-que-es-la-seguridad-nac ional.

6 Consultable en Presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Nacional, Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

http://archivos.diputados.gob.mx/comisionesLXI/Derechos_Humanos/ Ponencias/07.pdf

7 Para mayor información se puede consultar

https://mexico.unir.net/derecho/noticias/derecho-penitenciario/# :~: text=El%20derecho%20penitenciario%20es%20una,las%20penas%20privativas%20de%20li bertad.Sitio revisado el 30 de junio del 2023.

8 Consultable en: s.a, Política de Drogas y Consumo de Drogas, Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado.

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-health/drug-polic y-and-drug-use#:~: text=Un%20enfoque%20integral% 20del%20problema,sanitarios%20asequibles%20y%20de%20calidad. Sitio revisado el 29 de junio del 2023.

9 Idem.

10 Cfr.

https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-d erecho/procuracion-de-justicia. Revisado el 28 de junio del 2022.

11 Ibidem.

12 Cfr. S.a. Esta fue la petición de la Iglesia Católica, en tema de Seguridad, Enfoque Noticias, 23 de Abril del 2023, México, sitio consultado el 21 de Junio del 2023, en

https://enfoquenoticias.com.mx/esta-fue-la-peticion-de-la-iglesi a-catolica-en-temas-de-seguridad/

13 Con fecha 16 de mayo de 2019, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República. Para mayor información se puede revisar

https://www.gob.mx/sspc/es/articulos/estrategia-nacional-de-segu ridad-publica?idiom=es. Sitio consultado el 28 de junio del 2023.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el 10 de octubre de 2023.– Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

«Proposición con punto de acuerdo, en materia de transparencia del programa Sembrando Vida, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 6° numeral 1, fracción I; artículo 79° numerales 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El Programa Presupuestario “Sembrando Vida” es una política pública en materia agroecológica que fue puesta en marcha en el 2019 por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el cual busca mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas en los ejidos y comunidades en localidades rurales con mayor pobreza, rezago social y degradación ambiental mediante apoyos económicos y en especie para la producción agroforestal, así como acompañamiento social y técnico. Cabe mencionar que dicho programa se implementa desde el 2020 y con cargo presupuestal nacional, en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, con una estrategia complementaria de política migratoria, con la finalidad de generar empleos en dichos países y detener la migración.

Principalmente el Programa Sembrando Vida es considerado a nivel Internacional por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como un programa que contribuye al bienestar social de sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, donde se busca atender la problemática de la pobreza rural y la degradación ambiental, donde el objetivo es reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.

No obstante, los objetivos establecidos en el programa presentan las primeras críticas, siendo así que una diputada federal denunció el clima de corrupción en el que se desenvuelve dicho programa, puesto que se han concedido pagos sin documentar la acreditación de su entrega, existiendo inclusive beneficiarios menores de edad, personas con edades que van de los 95 a 117 años y retribuciones mayores a la normativa establecida. Resulta relevante mencionar lo anterior, ya que la población objetivo para el Programa está definida como “sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”, pero se tienen datos de que hay personas que reciben los montos económicos siendo menores de edad y no contando con las hectáreas necesarias, por lo cual talan los árboles para tener el terreno necesario expuesto en las Reglas de Operación, generando así deforestación.

Coneval, académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios del programa han denunciado que presenta deficiencias al momento de identificar y atender a la población objetivo, puntualizando que, de no cuidar los criterios de selección incluidos en sus propios lineamientos, se corre el riesgo de beneficiar a personas que no necesitan de los apoyos económicos. Es necesario hacer mención de las inconsistencias que muestra el programa al no tener un estudio eficiente de las zonas de atención prioritaria y del número de personas que supuestamente reciben el apoyo. Respecto a los apoyos económicos adicionales, se establece que únicamente el Comité Técnico podrá determinar quién y el monto a otorgar, siendo determinaciones ambiguas en el diseño del programa y en sus reglas de operación, dejando un espacio de oportunidad para realizar actos de corrupción y desvío de recursos. Por otro lado, se establece que habrá apoyos en especie, comprendidos como plantas, semillas, insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofábricas y Centros de formación; pero se estipula que también los apoyos económicos adicionales son destinados a los recursos antes expuestos, en ese sentido se sigue sosteniendo que hay confusión respecto a la finalidad de los montos económicos adicionales dentro del programa.

Según el Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD), que es un instrumento que genera información cuantitativa y cualitativa del desempeño de los Programas Presupuestarios, a fin de que se elijan buenas alternativas en la asignación del gasto público, con base en los resultados de los programas; en el cual la valoración cualitativa para el programa “Sembrando Vida” es bajo, puesto que sus resultados no son favorables y eso significa que no es viable considerarlo como prioritario en la asignación de presupuesto, ya que no está siendo eficiente ni efectivo para el bienestar de la población mexicana. Sin embargo, para el Ejercicio Fiscal 2023, el presupuesto aprobado fue de 37,065,993,063.00 millones de pesos, pese a la falta de resultados del programa. En la siguiente gráfica se puede observar el aumento del presupuesto que se le ha asignado al programa desde el año 2019:

Del año 2019 al 2020, casi duplicó el monto asignado de presupuesto para el ejercicio fiscal, posteriormente fue aumentando gradualmente, del 2020 al 2021 aumento 1.46 por ciento y del 2021 al 2022 aumentó 3.36 por ciento, sin embargo, del 2022 al 2023 aumentó un 24 por ciento, aun cuando múltiples expertos en el tema han evidenciado que el programa no es viable y presenta inconsistencias en su elaboración, aplicación y evaluación. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, ha realizado cinco auditorías respecto a los criterios en la implementación del programa, puesto que se evidenciaron cantidades de recursos sin entregar y deficiencias en los registros de beneficiarios, representando una pérdida de presupuesto e incumplimiento de lo establecido dentro de las Reglas de Operación.

En 2022, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en un seminario bajo el nombre, “Análisis crítico lógico de los impactos del programa Sembrando Vida”, expertos consideraron, de acuerdo a sus análisis realizados, que el programa amenaza la biodiversidad, ya que sólo se limita a dos técnicas de cultivo, provocando deforestación, erosión del suelo y distribución de especies no endémicas, de tal manera que no considera la diversidad y las diferentes técnicas milenarias existentes en las localidades de las entidades de la República. Aunque el programa menciona la adopción del conocimiento de las localidades y las personas beneficiarias dentro del programa, en la realidad es que no se toman en cuenta los saberes ancestrales de los lugares en donde se implementa, invisibilizando la cultura y diversidad que existe en el país.

Los investigadores apuntan a que el desarrollo de las comunidades donde se lleva a cabo este programa, pierde su origen comunitario y desarrollo económico, transformando a los campesinos en empleados del gobierno, además de que sólo se promueve una visión desarrollista con la creación de proyectos que favorecen el comercio internacional y el turismo, modificando la cosmovisión de los pueblos originarios y comunidades rurales por una visión consumista que propicia la apropiación cultural. De tal manera que resulta necesario analizar la viabilidad del programa en las distintas regiones del país, analizando y llevando a cabo un diagnóstico para evaluar los impactos que tendrá en la cultura, el entorno natural y social, así como en los usos y costumbres

Respecto a la producción de las unidades agroforestales, no existen datos de los resultados del programa en este ámbito y tampoco se específica la producción en las reglas de operación, por lo cual no se tienen datos reales sobre las prácticas forestales y su relación con la agricultura, dejando en la incertidumbre la efectividad del programa en relación a las tierras de cultivo y la producción de alimentos. En relación a lo anterior, no existen planes de negocio para la comercialización de los productos cultivados por los campesinos, de tal manera que no se está beneficiando a los productores en materia económica y los excedentes se desperdician, generando pérdidas económicas y alimentarias para el país. Pese a que en el programa se habla de generar comercialización, no hay resultados tangibles de como se ha avanzado en dicho tema, si se están comercializando los productos que son cultivados, los márgenes de ganancia y como se benefician los productores de las ventas. Por ende, no se analizan las cadenas de valor, aun cuando son herramientas de análisis estratégico para determinar las ventajas competitivas y mejorar la rentabilidad del programa.

En este orden de ideas, es necesaria la información respecto a las complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios, a fin de desarrollar políticas integrales donde se pueda colaborar mutuamente con el objetivo de garantizar el bienestar de la población, en específico de los productores y los campesinos. Aunque el programa está diseñado para operar de manera interinstitucional, aún no existe claridad en los roles y responsabilidades de cada actor institucional. Es necesario cuestionarse si el programa Sembrando Vida no se convertirá únicamente en un instrumento político, en donde se use el programa social para la creación de clientelas electorales.

Finalmente, es necesario hablar de reuniones de trabajo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; en ese sentido, se necesita la colaboración de ambos poderes para mejorar la implementación del programa en beneficio de la población. Es por ello, que se vuelve relevante solicitar que la Secretaría del Bienestar asista a reuniones de trabajo ante la Comisión de Bienestar, a fin de tener información de primera mano y veraz, respecto al padrón de beneficiarios, los apoyos en especie y apoyos económicos adicionales, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, así como los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias, a fin de que haya una cooperación interinstitucional para mejorar el programa y erradicar las prácticas de corrupción, deforestación y brindar la asesoría técnica adecuada a las distintas regiones del país.

Por lo antes expuesto, se afirma que hay una necesidad de tener mayor información, estudios, análisis y diagnósticos de este programa, puesto que se está considerando el incluirlo en la Constitución Política de nuestro país. De esta manera es que el programa “Sembrando Vida” no debe ser tomado a la ligera y es preciso que tenga un diseño, implementación y resultados efectivos, para así asegurar que da solución a los temas de la recuperación del campo y de la autosuficiencia alimentaria, de tal manera que se encamine en beneficio del campo mexicano. Además, en el marco de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, se necesitan los datos veraces, actualizados y al alcance de la población en general, en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en sus artículos 9 y 11.

Finalmente, es necesario resaltar que no todos los estados de la República cuentan con las condiciones climatológicas e hídricas adecuadas para sustentar y responder al programa, por lo cual habrá entidades federativas en donde no será viable su implementación y no se obtendrán los resultados esperados. Es por ello que también se debe evaluar su factibilidad en ciertos estados debido a sus condiciones particulares, como es el caso de Chihuahua; donde por su clima y el estado hídrico, no es apto para que se implemente el programa. Es así que se resalta la importancia de realizar diagnósticos en cada entidad y publicar sus resultados, de tal manera que la población pueda acceder a ellos, para que las instituciones y actores responsables de la implementación del programa, consideren su operatividad en las distintas partes del país.

Es por todos los argumentos anteriormente expuestos, que, desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar integre en el padrón de beneficiarios del Programa “Sembrando Vida” la información de los apoyos económicos adicionales y los apoyos en especie para la producción agroforestal por beneficiario desde el inicio del programa hasta la fecha, y en particular en el estado de Chihuahua.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar publique en su página electrónica los impactos económicos y sociales de los beneficiarios respecto a la producción de cada unidad agro forestal, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, señalando el impacto que se ha tenido en el estado de Chihuahua.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar publique en su página electrónica los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en la ejecución del Programa “Sembrando Vida” se evite la deforestación y exista asesoría técnica en materia agrícola, de protección forestal y del suelo, y de desarrollo silvícola, señalando en lo particular las acciones realizadas en el estado de Chihuahua.

Cuarto.- La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Bienestar, la Ariadna Montiel Reyes, a asistir a reunión de trabajo ante la Comisión de Bienestar con la finalidad de conocer datos actualizados sobre el padrón de beneficiarios del Programa “Sembrando Vida”, los municipios y comunidades en las que se está aplicando dicho programa, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, así como los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir y atender cuestiones de deforestación y dar asesoría técnica en materia agrícola, de protección forestal y del suelo, y de desarrollo silvícola, haciendo especial énfasis en la región Tarahumara de Chihuahua.

Notas

1 Consultado en:

https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=185 el día 25 de septiembre 2023.

2 Consultado en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputada-del-PAN-denunc ia-ante-FGR-irregularidades-por-2742mdp-en-programa-Sembrando-Vida-20230823-009 5.html el día 25 de septiembre de 2023.

3 Diario Oficial de la Federación. (30 de diciembre de 2023). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida, para el Ejercicio Fiscal 2023. Consultado en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676230&fecha=30/ 12/2022#gsc.tab=0

4 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos

5 Auditoría Superior de la Federación:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditor ias/2019_0249_a.pdf

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditor ias/2020_0311_a.pdf

6 Consultado en:

https://www.animalpolitico.com/politica/entregas-anomalias-sembr ando-vida

7 Consultado en:

https://www.youtube.com/watch?v=pEk8lY7fMQ4

8 Gris, P. C., y Ramírez, S. (2019). El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Temas Estratégicos No. 73, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre del 2023.– Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

SE SOLICITA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR LA PERSECUCIÓN POLÍTICA POR PARTE DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial para investigar la persecución política por parte del titular del Poder Ejecutivo estatal en Nuevo León, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las comisiones especiales de investigación son fundamentales para la democracia representativa. Su integración demuestra el interés y necesidad de un sistema político para auxiliar la resolución de temas particulares, a través de líneas alternas de averiguación con el fin de tomar decisiones para atender coyunturas críticas.

Los grupos conformados por legisladoras y legisladores también constituyen una plataforma alternativa para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La experiencia en México y el resto del mundo demuestra que cuando las investigaciones se abren al público se genera un mayor interés ciudadano sobre los procedimientos políticos y la información presentada.

Con ello, se brinda mayor confianza al gobierno y se garantiza una conducción justa e imparcial. También permite a la población general tener una mejor comprensión de los problemas en cuestión y las acciones emprendidas desde el Congreso para abordarlos.

Es en este sentido, que desde el Grupo Parlamentario del PRI exhortamos a la Cámara de Diputados a que constituya una Comisión Especial para atender una de las crisis políticas más graves que se enfrentan actualmente: la persecución política emprendida por el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda del Estado Libre y Soberano de Nuevo León a la oposición política local.

A lo largo de su gobierno, se ha dedicado a enfrentar a los alcaldes y diputados locales con el fin de ampliar su espectro de dominio político y violar las leyes locales y federales. Destacan las acciones del pasado mes de marzo, cuando comenzó la persecución ejerciendo su derecho de veto al limitar un nombramiento para la Fiscalía de Justicia del Estado por asegurar que tenía implicaciones políticas. De igual forma, en el mes de mayo cuando fue denunciado por 28 alcaldes por retener al menos 2 mil 500 millones de pesos del fondo de participaciones estatales. Estas cifras limitaron cerca del 70% del dinero total que se debía entregar a los municipios.

Asimismo, durante el mes de agosto de este año, se denunció al titular del Ejecutivo por facilitar la licencia de la diputada local Alhinna Vargas y sumar a su suplente a la bancada de Movimiento Ciudadano. Con ello, el partido político sumó 12 legisladores frente a los 14 y 13 que mantienen el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respectivamente.

Al ser cuestionado sobre su participación en estos hechos, el gobernador de Nuevo León hizo declaraciones altisonantes e insultantes para la integridad de los partidos y el proceso democrático. Por ello, para las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional es crítico que se evalúen estas condiciones y se investigue sobre su participación en los hechos de desestabilización política, atentados contra el federalismo y persecución de representantes electos en la entidad de Nuevo León.

A raíz de lo anterior, se considera que en términos de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política, entre sus otras facultades, impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas, así como proponer al Pleno de la Cámara la integración de comisiones especiales.

Asimismo, que conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica, el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, y cumplido su objeto, se extinguirán.

La formación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para investigar la persecución política por parte del Titular del Poder Ejecutivo Estatal en Nuevo León es un imperativo democrático de gran magnitud. Esta acción no sólo serviría como un mecanismo de control y balance de poderes, sino que también responde a un compromiso ineludible con la transparencia, la justicia y la integridad de las instituciones gubernamentales.

De ser ciertos los señalamientos de opacidad y participación ilegal dentro de las acciones gubernamentales, estaríamos ante una grave violación de derechos fundamentales y un potencial abuso de poder que socava las bases mismas de un estado democrático de derecho. Las implicaciones de no abordar estos problemas desde el Congreso de la Unión pueden ser catastróficas para el pueblo de Nuevo León y nuestra democracia federalista.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial para investigar la persecución política por parte del titular del poder ejecutivo estatal en Nuevo León.

Notas

1 Boin, Arjen, Paul ‘t Hart, and Allan McConnell. 2008. Governing After Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

2 Pleito entre Congreso y gobernador es por Adrián De la Garza. Disponible en:

https://www.publimetro.com.mx/nuevo-leon/2023/03/17/adrian-de-la -garza-provoca-enfrentamiento-entre-gobernador-y-diputados/

3 Alcaldes de Pacto Nuevo León demandan a Samuel García cumplir entrega de recursos. Disponible en:

https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldes-de-pacto-nuevo-le on-demandan-a-samuel-garcia-cumplir-entrega-de-recursos/

4 Insiste MC en debilitar al PRIAN en Congreso de NL; suma a diputada suplente del PRI. Disponible en:

https://www.reporteindigo.com/reporte/insiste-mc-en-debilitar-al -prian-en-congreso-de-nl-suma-a-diputada-suplente-del-pri/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputados y diputadas: Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, María Elena Serrano Maldonado, Miguel Sámano Peralta, Cristina Ruiz Sandoval, Augusto Gómez Villanueva, Brasil Alberto Acosta Peña, Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, José Luis Garza Ochoa, Rodrigo Fuentes Ávila, Jaime Bueno Zertuche, Norma Angélica Aceves García, Frinné Azuara Yarzábal, Sue Ellen Bernal Bolnik, Sayonara Vargas Rodríguez, Roberto Carlos López García, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Ildefonso Guajardo Villarreal, José Francisco Yunes Zorrilla, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Eufrosina Cruz Mendoza, Javier Casique Zárate, Juan Francisco Espinoza Eguía, Tereso Medina Ramírez, María Guadalupe Alcántara Rojas, María del Socorro Alcalá Ruiz Blanca, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Ismael Alfredo Hernández Deras, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, María José Sánchez Escobedo (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

EXHORTO AL CONAHCYT, A SOLUCIONAR LA CRISIS EN MATERIA DE BECAS DE POSGRADO, ASÍ COMO A LA RESTITUCIÓN INMEDIATA DE LAS BECAS ESTIPULADAS PARA EL EJERCICIO 2023

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conahcyt, a dar una solución suficiente para la crisis en materia de becas de posgrado dependientes de esa institución, así como a la restitución inmediata de las becas estipuladas para el ejercicio 2023, las cuales han sido negadas a estudiantes que ya cumplían con los requisitos publicados, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, doctora María Elena Álvarez-Buylla, a dar una solución suficiente para la crisis en materia de becas de posgrado dependientes del Conahcyt, así como a la restitución inmediata de las becas estipuladas para el ejercicio 2023, las cuales han sido negadas a estudiantes que ya cumplían con los requisitos publicados por la institución que dirige, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. El 15 de febrero del 2023 el todavía Conacyt, publicó la convocatoria de "Becas Nacionales para estudios de posgrado 2023, Convocatoria 2023, en adelante "la convocatoria", desde ese momento los estudiantes que decidieron postularse iniciaron su proceso de selección de acuerdo con los programas vigentes en el Sistema Nacional de Posgrados, mismo que tenían vigencia en su evaluación por el Conacyt hasta el 31 de diciembre del 2023.

2. El día 8 de mayo del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Esta ley repercutió en la estructura de Conacyt que cambiaría a Conahcyt y que daría origen a nuevos lineamientos para la asignación de las becas.

3. El 26 de julio del 2023 la Junta de gobierno del Conahcyt, en sesión extraordinaria, aprobó nuevos lineamientos para la convocatoria antes referida. Estos nuevos lineamientos fueron publicados en el DOF el 16 de agosto del 2023 y entraron en vigor al día siguiente.

4. El 22 de agosto del 2023, en la plataforma de Conahcyt, se publican los lineamientos a los que nos referimos en el punto 3 de estos antecedentes. Estos lineamientos califican la elegibilidad de los programas de posgrado que habrían de aplicar a la convocatoria, que como precisamos, fue emitida con lineamientos el 15 de febrero, por lo que estos lineamientos se aplicaron de manera retroactiva en perjuicio de los postulantes.

5. Como resultado del punto anterior, los del Programa Nacional de Posgrados sufrió una grave afectación.

a. De un total de 2,942 posgrados en el país 935 resultaron como no elegibles, de los cuales 874 corresponden a universidades públicas:

i. 111 son doctorados;

ii. 641 maestrías, y

iii. 183 especialidades.

6. En cuanto al número de estudiantes afectados directos, de acuerdo al Frente Nacional de Estudiantes de Posgrado, se estima en 10,000 postulantes afectados (considerando sólo el estatus de aquellos "no elegibles", es decir, este número puede aumentar si consideramos a los elegibles que se quedarían sin beca, y a quienes en ambos estatus han decidido desertar derivado de la falta de certeza).

7. Los estudiantes que resultaron como no elegibles cumplen con los criterios de selección, pero, desafortunadamente, el Conahcyt ha decidido incumplir sus compromisos.

En virtud de lo antecedido, presentamos la siguiente:

Exposición de Motivos

El estudiantado de todo el país se ha organizado y ha buscado en diferentes instituciones, comenzando por el Conahgcyt, la resolución de sus demandas, para ello, han entregado un pliego petitorio a la institución mencionada, mismo que fue contestado con datos generales como el presupuesto asignado a becas, pero que de ninguna manera daba solución a las peticiones concretas de los estudiantes.

Bajo estas circunstancias, en septiembre, se presentaron ante las comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Ciencia Tecnología e Innovación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados respectivamente, para efecto de hacer notar a los legisladores sus demandas.

En este sentido los suscritos, en completo acuerdo con los estudiantes aspirantes, denunciamos la violación de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 3 (de la educación, a la ciencia y a gozar de los beneficios de la misma), 4 (al derecho a becas en todos los niveles escolares del sistema de educación), 6 (del derecho a la información pública), al 8 (del derecho de petición), al 9 (del derecho de asociación), y al 14 (de derecho a la certeza jurídica).

Hacemos notar que, dentro de un proceso jurídicamente transparente y apegado a la legalidad, los aspirantes que se postularon bajo la convocatoria del 15 de febrero del 2023, se les debió evaluar con los lineamientos establecidos para tal efecto en ese momento, mismos que, como se vio en el apartado de antecedentes, fueron publicados por la misma institución y que eran los criterios oficiales.

La aplicación retroactiva de los lineamientos posteriores a la convocatoria, al ser en perjuicio de los aspirantes, constituye una grave violación de los derechos humanos de los estudiantes. Recordemos que, al postularse en los términos legales emitidos, estos ya tenían un derecho dentro de su patrimonio jurídico, el derecho adquirido no puede ser violentado de manera retroactiva por lineamientos posteriormente emitidos. Llamamos pues a reestablecer la certeza jurídica de los aspirantes afectados.

Otro de los problemas presentados es la falta de certeza de los montos establecidos para las becas. Así como el atraso institucional para la reclasificación de los programas.

En nuestro país el derecho a la educación ha sido discursivo, los logros en la materia se deben a la lucha y al sacrificio, es deber del Estado mexicano que la situación educativa cambie. La crisis que exponemos en este punto de acuerdo es significativa para el estado de la ciencia en México, en el ámbito social, y, de manera individual, los aspirantes catalogados como no elegibles están por perder la posibilidad de llevar a cabo su posgrado, tanto a nivel nacional como internacional, es decir, aquellos que fueron aceptados para cursar un posgrado en el extranjero.

No está demás mencionar que muchos de los aspirantes han tenido que tomar decisiones relevantes y de impacto en sus vidas para continuar con sus estudios, estos van desde renunciar a trabajos, mudarse de Estado o país, estudiantes proveedores en sus horas se han visto arrebatados de su estabilidad, de la manutención y el sustento. Muchos de ellos han tenido que abandonar sus investigaciones en razón de cubrir sus necesidades más básicas. Claramente México no puede llegar a ser un país desarrollado si no incentiva la educación y el desarrollo científico. Por tal razón denunciamos y demandamos que las condiciones expuestas se resuelvan por parte del Estado mexicano a través de sus instituciones en la materia.

Demandamos a la doctora María Elena Álvarez-Buylla el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, misma que, como servidora pública deberá realizar con sensibilidad y apego a la ley.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, doctora María Elena Álvarez-Buylla, para que el Consejo Nacional que dirige respete los lineamientos emitidos en la convocatoria del 15 de febrero del 2023, en virtud de que la aplicación de lineamientos posteriores constituye una violación al artículo 14 constitucional, y menoscaba los derechos contenidos en los artículos 3, párrafo primero y fracción quinta.

Segundo. Se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, María Elena Álvarez-Buylla la restitución inmediata de las becas que se encontraban contempladas en el ejercicio del 2023, por tanto al cien por ciento de los estudiantes aceptados en la convocatoria antes mencionada, y que fueron modificadas en fechas posteriores en perjuicio de los aspirantes y en confrontación de sus derechos constitucionales.

Tercero. Se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, María Elena Álvarez-Buylla a que se aclare los montos totales a los que cada estudiante beneficiario, de especialidad, maestría o doctorado, de las becas tiene derecho. Asimismo, se exhorta a que se aclare el monto total presupuestado para las becas nacionales para el ejercicio correspondiente al año 2023; y el monto total aplicado hasta la fecha en ese mismo periodo.

Cuarto. Se exhorta a la directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, María Elena Álvarez-Buylla a llevar con completa transparencia y apego a la legalidad los procesos de asignación de becas de la institución que dirige.

Nota

1 La convocatoria puede consultar en:

https://conahcyt.mx//wp-contento/uploads/convocatorias/becas_ nacionales/2023/BN_de_posgrado_2023.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2023.– Diputados y diputadas: Brasil Alberto Acosta Peña, Adela Ramos Juárez, Alan Castellanos Ramírez, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Andrés Pintos Caballero, Braulio López Ochoa Mijares, Carlos Madrazo Limón, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Julieta Mejía Ibáñez, Jéssica Ortega de la Cruz, Jorge Álvarez Máynez, José Mauro Garza Marín, Juan Carlos Romero Hicks, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Manuel Jesús Herrera Vega, María Asención Álvarez Solís, María del Rocío Banquells Núñez, María Elena Limón García, María Leticia Chávez Pérez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mirza Flores Gómez, Omar Enrique Castañeda González, Pablo Gil Delgado Ventura, Pedro Armentía López, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, Salomón Chertorivski Woldenberg, Sergio Barrera Sepúlveda, Taygete Irisay Rodríguez González (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A DECLARAR EL INICIO DE EMERGENCIA POR SEQUÍA SEVERA, EXTREMA O EXCEPCIONAL EN ZACATECAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional, en el estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en el estado de Zacatecas, considerando los siguientes:

Antecedentes

A finales del mes de septiembre y del mes de octubre en diversos medios de comunicación, se informó sobre la sequía que estaría afectando a diversos estados de la república mexicana.

Cabe señalar, qué año con año la Comisión Nacional del Agua y así como, diversas organizaciones civiles, han venido denunciando y preocupándose por que, cada vez, las sequías o son más duraderas o más fuertes.

La realidad, es que año con año las sequías van en aumento y las familias del campo son las más afectadas por estos efectos meteorológicos; y ha sido demostrado, que año con año las autoridades responsables han sido omisas en atender esta situación.

Si bien es cierto, que existen programas permanentes para el cuidado del agua, estos no han sido suficientes para mitigar el gran problema en que se encuentra México y el resto del mundo.

En diversas publicaciones de estudios, se ha comentado y proyectado el famoso día cero, qué significa el día exacto en que alguna región del mundo se quedará totalmente sin agua.

En México, se han hecho esfuerzos aislados para tratar de contrarrestar este gran problema; sin embargo, esas actividades no han sido suficientes y la principal razón, es que la inversión al sistema de agua, acopio y tratamiento no es constante o incluso insuficiente.

México requiere de un verdadero programa nacional de agua; donde permita a cada entidad, atender y solucionar el problema desde raíz y con ello, evitar que estas sequías sigan afectando al campo mexicano a las familias que viven de éste.

Como ejemplo de ello, se presentan diversas notas que acreditan la veracidad de estos hechos:

Al respecto y de manera específica, diversos medios de comunicación han hecho evidente la condición crítica en la que está el estado de Zacatecas por esta sequía.

Sin embargo, todo queda en denuncias y hechos notorios; pero la autoridad, no manifiesta absolutamente nada; la inactividad o la falta de respuesta deja sin protección y en deterioro de pobreza a las familias del campo en Zacatecas.

Como ejemplo, se presenten las siguientes pruebas:

Notas como estas, explican claramente la condición en las que están las tomas de agua y las presas del Estado; donde el deterioro de la tierra erosionada es demasiado evidente.

Datos como la posible pérdida del 30% de todo el cultivo del estado de Zacatecas, son declaraciones fuertes que dejan claro el riesgo económico y ecológico en el que están las familias del campo zacatecano.

Estos hechos, ponen en riesgo a todo tipo de productores del campo, sin importar lo grande o pequeños que sean; porque conseguir agua cada vez es más complicado o más costoso para las y los productores.

De seguir así, estos lamentables sucesos climatológicos provocarían que los alimentos suban de costo por la pérdida de varias toneladas que ya no se podrán rescatar en esta zona. Donde el fríjol, es el producto que más se produce y de mayor consumo local y nacional y que se origina en este Estado.

Más y más portadas de medios de comunicación, nacionales y locales, han denunciado la situación de crisis en la que está el estado de Zacatecas, su campo y su gente.

Es más, diversos actores políticos y líderes de opinión del Estado, han solicitado a las autoridades federal y local, declarar estado de emergencia al estado de Zacatecas por las condiciones extremas de sequías nunca antes vistas.

Estas mismas expresiones y sequías nunca antes vistas, han sido identificadas y señaladas por diversos sistemas meteorológicos nacionales y extranjeros; la sequía es algo que está afectando a varias zonas del país, pero se ha manifestado con mayor fuerza en nuestra entidad.

De la misma forma, se han dado a conocer datos que el 68% del territorio zacatecano está en sequía severa; lo que significa, que las condiciones de emergencia es notaria y que hay una clara afectación a más de la mitad de nuestro territorio.

Estos acontecimientos afectan al desarrollo del Estado y su equilibrio ecológico; los Municipios se ven rebasados para poder actuar contra las necesidades de su gente para poder solucionar esta grave situación.

Los hechos y las malas experiencias por las sequias, están perjudicando año con años a los pobladores del campo y que no encuentra un apoyo real y permanente ante esta situación.

Es por ello, que me sumo a este llamado y en mi derecho como Diputada Federal es que presento este Punto de Acuerdo para poder concientizar y obligar a las diversas autoridades a declarar estado de emergencia por sequía al estado de Zacatecas.

Por lo anteriormente expuesto, solicito

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en el estado de Zacatecas y así proteger a las familias de la ciudad y a nuestros productores del campo.

Notas

1 https://www.unotv.com/nacional/sequia-excepcional-en-mexico-5-estados-que-la-su fren/

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sequia-en-el-pais-en-los-niveles-mas-a ltos-en-cinco-anos-20230823-0010.html

3 https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/10/03/estados/sufre-zacatecas-la-peor-c risis-agropecuaria-por-la-sequia-2260

4 https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/enfrenta-zacatecas-la-peor-sequia-reg istrada-en-una-decada-10586738.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A DECLARAR EL INICIO DE EMERGENCIA POR SEQUÍA SEVERA, EXTREMA O EXCEPCIONAL EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional, en Jalisco, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en el estado de Jalisco, considerando los siguientes

Antecedentes

A finales del mes de septiembre y del mes de octubre en diversos medios de comunicación, se informó sobre la sequía que estaría afectando a diversos estados de la república mexicana.

Cabe señalar, qué año con año la Comisión Nacional del Agua, así como diversas organizaciones civiles, han venido denunciando y preocupándose por que, cada vez, las sequías o son más duraderas o fuertes.

Año con año las sequías van en aumento y las familias del campo son las más afectadas por estos efectos meteorológicos; y ha sido demostrado, que año con año las autoridades responsables han sido omisas en atender esta situación.

Si bien es cierto coma que existen programas permanentes para el cuidado del agua, estos no han sido suficientes para mitigar el gran problema en que se encuentra México y el resto del mundo.

En diversas publicaciones de estudios, se ha comentado y proyectado el famoso día cero, qué significa el día exacto en que alguna región del mundo se quedará totalmente sin agua.

En México, se han hecho esfuerzos aislados para tratar de contrarrestar este gran problema; sin embargo, esas actividades no han sido suficientes y la principal razón, es que la inversión al sistema de agua, acopio y tratamiento no es constante o incluso insuficiente.

México requiere de un verdadero programa nacional de agua; donde permita a cada entidad, atender y solucionar el problema desde raíz y con ello, evitar que estas sequías sigan afectando al campo mexicano a las familias que viven de éste.

Como ejemplo de ello, se presentan diversas notas que acreditan la veracidad de estos hechos:

Al respecto y de manera específica, diversos medios de comunicación han hecho evidente la condición crítica en la que está el estado de Jalisco por esta sequía.

Sin embargo, todo queda en denuncias y hechos notorios; pero la autoridad, no manifiesta absolutamente nada; la inactividad o la falta de respuesta deja sin protección y en deterioro de pobreza a las familias jaliscienses.

Como ejemplo, se presentan las siguientes pruebas:

Notas como estas, explican claramente la condición en las que están las tomas de agua y las presas del Estado; donde el deterioro de la tierra erosionada es demasiado evidente.

Datos como los graves retrasos en la siembra de los campos del estado de Jalisco producto de la sequía extrema en 102 de los 125 municipios, son declaraciones fuertes que dejan claro el riesgo económico y ecológico en el que están las familias del campo jalisciense.

Estos hechos, ponen en riesgo a todo tipo de productores del campo, sin importar lo grande o pequeños que sean; porque conseguir agua cada vez es más complicado o más costoso para las y los productores.

De seguir así, estos lamentables sucesos climatológicos provocarían que los alimentos suban de costo por la pérdida de varias toneladas que ya no se podrán rescatar en esta zona.

Perjudicando la basta producción en agave tequilero, maíz blanco, maíz forrajero, chía, lima, arándano, frambuesa, tamarindo, caña de azúcar y sandía de exportación. Lo cual traería graves consecuencias económicas y sociales no solo para el estado, sino para todo el país.

Más y más portadas de medios de comunicación, nacionales y locales, han denunciado la situación de crisis en la que está el estado de Jalisco, su campo y su gente. Incluso, se ha solicitado a las autoridades federal y local, declarar estado de emergencia en la entidad por las condiciones extremas de sequías nunca antes vistas.

Estas mismas expresiones y sequías nunca antes vistas, han sido identificadas y señaladas por diversos sistemas meteorológicos nacionales y extranjeros; la sequía es algo que está afectando a varáis zonas del país, pero se ha manifestado con mayor fuerza en nuestra entidad.

Estos acontecimientos afectan al desarrollo del Estado y su equilibrio ecológico; los Municipios se ven rebasados para poder actuar contra las necesidades de su gente para poder solucionar esta grave situación.

Los hechos y las malas experiencias por las sequias, están perjudicando año con años a los pobladores del campo y que no encuentra un apoyo real y permanente ante esta situación.

Es por ello, que me sumo a este llamado y en mi calidad y derecho como Diputada Federal presento este Punto de Acuerdo, tanto para generar consciencia de la situación, como para exhortar enérgicamente a las diversas autoridades a declarar estado de emergencia por sequía y apoyar al estado de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, solicito

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a declarar el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en el estado de Jalisco y así proteger a las familias y al campo jalisciense.

Notas

1 https://www.unotv.com/nacional/sequia-excepcional-en-mexico-5-estados-que-la-su fren/

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sequia-en-el-pais-en-los-niveles-mas-a ltos-en-cinco-anos-20230823-0010.html

3 https://udgtv.com/noticias/jalisco-ocupa-el-primer-lugar-entre-los-estados-con- sequia-extrema/67347

4 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Sequia-severa-causa-muerte-de-cabezas-d e-ganado-en-Jalisco-20230928-0103.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA SE, A IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PROVENIENTE DEL NEARSHORING

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a implementar una política industrial para la atracción de inversión proveniente del nearshoring, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

“Nearshoring” es el término con el que se le conoce a la reubicación que hace una empresa de sus procesos comerciales o productivos a países que se encuentran más cercanos a su principal mercado y que les generan costos más bajos. Es una compactación de la cadena de suministro.

Con ello la empresa reduce el riesgo de sufrir interrupciones operativas de dos formas: 1) garantizando la disponibilidad de los suministros durante el proceso de fabricación; y, 2) facilitando el traslado de los productos terminados al mercado meta, para que sean comercializados.

Por nuestra vecindad y el Tratado Comercial con los Estados Unidos, México constituye un destino ideal para la relocalización de empresas. Tan solo al término del primer trimestre del 2022, nuestro país se posicionó como uno de los primeros socios comerciales de Estados Unidos con más de 248 mil millones de dólares en importaciones y exportaciones.

Dentro de los atractivos que ofrecemos se encuentran tasas impositivas estables y un programa de incentivos combinados con tarifas laborales bajas y costos bajos de fletes, que lo convierten en un lugar rentable para la fabricación y distribución de productos, comparado con China por ejemplo.

Contamos con uno de los aranceles compuestos más favorables con Estados Unidos que es de .04 por ciento, en comparación con la del arancel compuesto de China de 19.2 por ciento.

El mercado laboral de México aún ofrece un gran valor con un costo promedio de mano de obra de fabricación de US $ 4.80 por hora en comparación con US $ 6.50 por hora en China. Además, tenemos 14 tratados de libre comercio con más de 50 países que representan más del 60% del PIB mundial.

Por ejemplo, el transporte de mercancías de México a Nueva York puede tardar entre 6 y 12 días, mientras que el viaje de Shanghái a Nueva York puede tardar unos 35 días. México a Los Ángeles son 4 días, mientras que Shanghái a Los Ángeles, 22 a 26 días.

Relocalizar operaciones, es una tarea compleja. Requiere de las condiciones económicas ideales, costos, coordinación con proveedores, estabilidad laboral y la garantía de la disponibilidad una mano de obra calificada para que se tome la decisión de llevar a cabo dicha tarea.

En este sentido, contamos con las condiciones de un país idóneo para la relocalización de operaciones: sin embargo, las empresas difícilmente llegarán solas y sin garantías, por lo debemos realizar un esfuerzo común entre las autoridades en la materia de los distintos órdenes de gobierno con la finalidad de destacar más nuestros atractivos, pero a la vez generar condiciones más adecuadas.

La autoridad federal debe tener una actitud proactiva y ostentar el liderazgo en la materia para conjuntar esfuerzos con los gobiernos estatales de tal forma que se impulsen planes para el aseguramiento de nuevas inversiones.

Es apremiante el diseño y puesta en marcha de una política industrial clara, que brinde certeza a la inversión y que establezca condiciones que aseguren la continuidad de operaciones en el corto y largo plazo.

Esta política industrial debe abarcar infraestructura logística y de transporte, expansión de los portafolios de parques industriales, simplificación de procesos aduanales y administrativos, incentivos fiscales, capacitación de mano de obra y otorgamiento de beneficios que procuren la estabilidad en el empleo.

La alineación de incentivos generará condiciones atractivas para que la industria considere como la mejor opción la relocalización de operaciones a México, y que las y los mexicanos se vean beneficiados por proyectos, proveeduría y empleo.

En tal orden de ideas, este de acuerdo tiene por objeto exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a implementar una política industrial que alinee las atribuciones de cada orden de gobierno hacia la atracción de inversión, en especial aquella proveniente de la relocalización de operaciones, conocida como nearshoring.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del gobierno federal a implementar de forma urgente una política industrial nacional coordinada con los demás órdenes de gobierno y encaminada a la atracción de inversión proveniente de la relocalización de operaciones, también conocida como “nearshoring”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE JALISCO Y AL GOBIERNO FEDERAL, A ATENDER EL DESASTRE NATURAL CAUSADO POR EL PASO DEL HURACÁN LIDIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco y al gobierno federal a atender el desastre natural causado por el paso del huracán Lidia en la entidad, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, Diputada Federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco y al Gobierno federal para que atiendan el desastre natural causado por el paso del huracán Lidia en la entidad”, considerando los siguientes

Antecedentes

El pasado martes 10 de octubre de 2023 el huracán Lidia tocó tierra en México, en específico en el estado de Jalisco.

Como lo anunció el gobierno del estado a través de un comunicado en el que mencionó que aproximadamente a las 17: 50 horas del martes dicho huracán tocó tierras jaliscienses, arribando a la localidad de Las Peñitas, municipio de Cabo Corrientes, con los límites de Tomatlán, como lo muestra la siguiente imagen:

El fenómeno hidrometeorológico ha generado intensas lluvias sobre todo en los estados de Jalisco, Nayarit y Colima. Agravando la intensidad en los estados de Michoacán y Guerrero.

Hasta ese momento el gobierno del estado de Jalisco anunció que se encontraban más de 1,300 elementos de los tres órdenes de gobierno que se encontraban en constante monitoreo del fenómeno en las costas.

Asimismo, argumentó que se encontraban habilitados 23 refugios temporales instalados en las costas. Invitando a que si sus casas se encontraban ubicadas en zonas de riesgo les recomendaban acudir a los refugios temporales cercanos a su domicilio.

Situación que se considera acertada a modo de prevención, sin embargo, no se puede considerar suficiente para hacer frente a las consecuencias que deja un huracán en su paso por un lugar.

De hecho, el Sistema Meteorológico Nacional informó que se esperarían lluvias muy fuertes y fuertes en diversas entidades, como a continuación se muestra:

Se esperan lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas; fuertes (de 25 a 50 mm) en Coahuila, Durango, Estado de México San Luis Potosí y Veracruz; intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán, y aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California Sur.

Mencionando que serán propiciadas por los remanentes del huracán Lidia; un canal de baja presión en el noreste del país, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y la onda tropical número 29 que se extenderá al sur de la Península de Yucatán, y por la entrada de humedad del Mar Caribe y Océano Pacífico.

Asimismo, la intensa actividad hidrometeorológica estaría acompañada de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Situación que, invariablemente, derivaría en diversas problemáticas como encharcamientos, incremento en los caudales de ríos, presas y arroyos, deslaves en zonas montañosas e inundaciones en zonas bajas. Poniendo en un riesgo mayor a la población de comunidades aledañas a las zonas afectadas.

Se han registrado daños como dos personas heridas en Autlán de Navarro y Chiuatlán, mientras que, en Puerto Vallarta, el huracán Lidia causó destrozos en casas y provocó bloqueos en las carreteras a su paso.

Es necesario que las autoridades estatales y federales se coordinen para destinar los recursos necesarios para resarcir los daños causados en el patrimonio de las familias jaliscienses y poner en marcha de nuevo las actividades diarias que se vieron afectadas por los destrozos en la infraestructura.

Por lo anteriormente expuesto, solicito

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Jalisco para que efectúe la solicitud de declaratoria de desastre natural para el estado de Jalisco, como respuesta a las consecuencias producidas por el huracán Lidia entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine una partida especial para la atención de las consecuencias producidas por el huracán Lidia en el estado de Jalisco.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya la restitución del Fondo de Desastres Naturales.

Notas

1 https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/162949#:~: text=7% 3A00%20pm%20)-,%E2%80%9CLidia%E2%80%9 D%20toca%20 tierra%20en%20Jalisco%20en%20categor%C3%ADa%204%20(,Informaci%C3%B3n%20emitida% 207%3A00%20pm%20)&text=El%20hurac%C3%A1n%20%E2%80%9CLidia%E2%80%9D%20catego r%C3%ADa%204,con%20los%20limites%20de%20Tomatl%C3%A1n.

2 https://www.informador.mx/jalisco/Huracan-Lidia-Estos-son-los-lugares-de-Jalisc o-donde-iniciaron-evacuaciones-preventivas-20231010-0099.html

3 https://www.gob.mx/smn/prensa/este-dia-los-remanentes-de-lidia-propiciaran-lluv ias-muy-fuertes-en-colima-jalisco-sinaloa-michoacan-nayarit-y-zacatecas-348248

4 Ibíd.

5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Huracan-Lidia-deja-1-muerto-como-primer -saldo-antes-de-disiparse-sobre-Jalisco-20231011-0049.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

ACCIONES URGENTES EN FAVOR DEL MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA PRESA EL CARRIZO, UBICADA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a ejecutar acciones urgentes en favor del mantenimiento y saneamiento de la presa El Carrizo, ubicada en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El acceso al agua limpia es esencial para la salud humana y el desarrollo sostenible. El agua contaminada puede causar enfermedades, así como tener efectos negativos en el medio ambiente, la economía y la sociedad en general.

Uno de los casos emblemáticos a nivel internacional en el cual el agua contaminada ha llegado a usarse para consumo humano es el de Flint, Michigan, en Estados Unidos. En 2014 la ciudad cambió su fuente de suministro de agua a un río local sin tratar, lo cual provocó una crisis cuando se descubrió que el agua contenía niveles peligrosamente altos de plomo y otros contaminantes. Se ha estimado que al menos 12 mil niñas y niños fueron expuestos al plomo en el agua, lo cual puede tener efectos dañinos a largo plazo en su salud.

Otro ejemplo es el del Río Yamuna, en la India, que es uno de los cuerpos de agua más contaminados del mundo. Según un informe del Consejo Central de Control de la Contaminación de la India, el Río Yamuna es responsable del 80 por ciento de la contaminación del Río Ganges, que es uno de los ríos más sagrados de ese país y es utilizado por millones de personas para el consumo de agua y la irrigación de cultivos. La contaminación del Río Yamuna se debe en gran parte a la descarga de aguas residuales sin tratar, la industria y la agricultura.

Existen muchos más ejemplos de cuerpos de agua contaminados que representan un riesgo ante la posibilidad de que sean utilizados como fuente para el consumo humano a nivel internacional, pero también los hay en el ámbito local, en donde, por desconocimiento o por dolo, se contaminan humedales, ríos, lagos y lagunas, los cuales eventualmente pueden usarse para el consumo humano.

Por lo que concierne a nuestro país, existen varios casos de contaminación del agua, los cuales han afectado a las personas y a los ecosistemas acuáticos, entre los cuales se destacan el del Río Santiago en Jalisco, el del Lago de Texcoco en el Estado de México y el de la Presa La Boquilla, en Chihuahua.

A manera de breviario, es pertinente hacer mención del caso del Río Santiago, ya que es uno de los ríos más contaminados de México, lo cual se debe a la descarga de aguas residuales y residuos industriales. La contaminación del río ha afectado la salud de las personas que viven en sus alrededores, quienes han sufrido enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel.

Asimismo, se encuentra el caso del Lago de Texcoco, en el Estado de México, el cual ha sufrido una grave contaminación debido a la descarga de aguas residuales y residuos industriales. Tal situación ha afectado de igual forma la salud de las personas que viven cerca de él, quienes han sufrido enfermedades gastrointestinales y de la piel, por mencionar algunas de las más recurrentes.

En la misma situación está la Presa La Boquilla, en Chihuahua, donde la contaminación se debe principalmente a la descarga de aguas residuales y a la agricultura intensiva, lo cual ha generado impactos negativos en la salud de las personas que viven cerca de la presa, quienes han sufrido enfermedades gastrointestinales y respiratorias.

De manera reciente, en mi estado, Baja California, se ha suscitado el registro de múltiples denuncias públicas hechas por ciudadanas y ciudadanos que han alzado la voz para señalar la visible contaminación de la Presa El Carrizo, la cual, conforme a lo señalado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), guarda una estrecha relación con el consumo del agua potable en la zona, puesto que “además de almacenar agua de su zona de aportación, almacena el agua proveniente del acueducto Río Colorado-Tijuana, que forma parte del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Tijuana”.

La coyuntura ecológica y de desabasto hídrico para consumo humano que se registra en dicha presa trasciende debido a que de ahí se obtiene una cantidad de agua considerable, sin embargo, ante la turbiedad y contaminación evidente “la producción de agua potable se redujo hasta 30.9 por ciento “, según se informa en el reportaje titulado “Falta de agua por contaminación mortal”.

El mencionado reportaje señala que se han emitido estudios oficiales y declaraciones por parte de los organismos responsables del suministro y seguimiento de la potabilidad del agua que se almacena en esa zona, entre ellos la Conagua, la cual advirtió que “conforme a las pruebas hechas de manera extraordinaria, llama la atención la excesiva cantidad de coliformes fecales, ya que se han encontrado entre mil 200 y mil 500 cuando por norma no debe pasar los 300”. Por su parte, el responsable del Organismo Cuenca Península de Baja California “rechazó que esté contaminada el agua de la presa; la cual recibe líquido del Acueducto Río Colorado-Tijuana, procedente del distrito de riego 014 del Valle de Mexicali”.

Como bien se refiere en los medios de comunicación, la zona de la Presa El Carrizo es un punto de encuentro para las familias que acuden a pescar y aprovechan para tener un momento de esparcimiento, nadar y divertirse, sin conocer la grave situación que ahí acontece y los nocivos efectos que esto representa para su salud derivado del uso del agua contaminada que ahí se almacena.

Para el suscrito es importante recordar que nuestro país ha demostrado su compromiso con la protección del agua al firmar y ratificar diversos tratados internacionales, por lo que en esa tesitura ha establecido regulaciones y disposiciones que generan facultades y acciones vinculantes en favor de mantener limpios nuestros ríos, lagos, lagunas y humedales, de manera tal que la vigilancia y las sanciones para prevenir y castigar la contaminación de estos son un acto esperado por la sociedad en su conjunto.

Por todo lo aquí expuesto y ante la urgente necesidad de proteger los cuerpos de agua de la contaminación para garantizar que el agua utilizada para consumo humano sea segura y saludable para todas y todos, pero de manera especial para las y los pobladores de Tijuana y Playas de Rosarito, en el estado de Baja California, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el marco de sus atribuciones, atiendan las denuncias sociales que advierten sobre la contaminación por descargas de aguas negras en los arroyos que convergen en la Presa El Carrizo, ubicada en Baja California, para que se haga una puntual investigación de los hechos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, derivado de la revisión del caso de la contaminación de las aguas que convergen en la Presa El Carrizo, se inf orme a la sociedad de los resultados de las investigaciones y las acciones emprendidas en contra de los responsables de la contaminación de ese cuerpo de agua.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua a emprender acciones conjuntas con el Organismo Cuenca Península de Baja California para dar claridad a la situación de las aguas de la Presa El Carrizo ante las discrepancias entre las declaraciones de los responsables de los análisis de calidad del agua emitidos de manera particular por cada dependencia, con el propósito de que se emita una resolución oficial que establezca de manera precisa el nivel de contaminación de las aguas que ahí se almacenan.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Baja California a emprender acciones urgentes para el mantenimiento y saneamiento de la Presa El Carrizo y a informar a la ciudadanía respecto a las acciones emprendidas.

Notas

1 Véase, “Jalisco ocultó datos de niños dañados por Río Santiago. Ahora se cree que fue crimen de Estado”, Sin Embargo, 9 de mayo 2023. Disponible en:

https://www.sinembargo.mx/07-02-2020/3726625

2 Véase, “Los Retos de la Restauración del Lago de Texcoco”, CONACYT, 9 de mayo de 2023. Disponible en

https://conacyt.mx/los-retos-de-la-restauracion-del-lago-de-texc oco/

3 Véase, Salud Ochoa, “Jiménez, en riesgo por falta de agua”, El Diario de Chihuahua, 9 de mayo de 2023. Disponible en:

https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/jimenez-en-riesgo-por- falta-de-agua-20200224-1631967.html

4 Véase, CONAGUA, “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Tijuana (0201), Estado de Baja California”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2015. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/103399/DR_0201.pd f

5 Véase, Julieta Aragón, “Falta de agua por contaminación mortal”, Zeta Tijuana, 10 de mayo de 2023. Disponible en:

https://zetatijuana.com/2023/05/falta-de-agua-por-contaminacion- mortal/

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL CONGRESO DE YUCATÁN, A CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN NORMATIVA DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN SUS LEYES ESTATALES EN MATERIA DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Yucatán a cumplir con la obligación normativa de armonización legislativa en sus leyes estatales en materia de salud, de acuerdo con la última reforma de la Ley General de Salud, que prioriza la salud mental y la atención de las adicciones como política pública, a cargo de la diputada Janine Patricia Quijano Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Janine Patricia Quijano Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho humano a la salud en nuestro país está reconocido en la Constitución mexicana, en leyes generales, así como leyes estatales que ponderan como una responsabilidad y obligación del Estado velar y garantizar que existan condiciones dignas, igualitarias y sin discriminación para que todas las personas accedan a los servicios proveídos por el sistema de salud mexicano y esto contribuya a una calidad de vida digna.

No obstante, la integralidad de la salud no es exclusiva del cuerpo físico, sino también de la mente; afortunadamente, cada vez más se le otorga a la salud mental el lugar que siempre debió tener: prioritario; sin embargo, sigue representando una problemática en materia de políticas públicas que no se ha resuelto a cabalidad en ninguno de los tres niveles de gobierno y que permiten visibilizar las marcadas desigualdades entre la población, desde el acceso a personal especializado en psicología y psiquiatría, hasta los costos inaccesibles de las consultas privadas, así como la falta de atención gratuita y accesible por parte de las dependencias federales, estatales y municipales.

“No hay salud, sin salud mental”, una frase de la Organización Mundial de la Salud que ha ido generando la concientización colectiva para priorizar en las agendas gubernamentales la atención oportuna y la prevención de las enfermedades y trastornos mentales que menoscaban la calidad de vida de las personas que las padecen.

En consecuencia, la salud mental se debe visualizar desde la integralidad que conlleva el estado de bienestar de una persona en donde convergen factores sociales, condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, las desigualdades y discriminación sociocultural y económica, los modos de vida poco saludables, los riesgos de vivir o estar en situaciones de violencia y otras aristas que culminan en diversas violaciones a derechos humanos.

En este sentido, y de acuerdo con las últimas estadísticas presentadas por el Inegi en 2021, México se encuentra enfrentando una crisis silenciosa pero alarmante que está cobrando día con día la vida de muchas personas. En este contexto, Yucatán, el estado que representó, es una de las entidades con la mayor tasa de suicidios a nivel federal, rebasando la cifra de 300 casos anuales.

Es vital señalar que el suicidio es más que un problema de salud mental, pues las motivaciones que llevan a las personas a cometerlo son multifactoriales y ya es momento de quitar de la discusión pública que “es la salida fácil”, ya que dicha frase desestima a quien lo cometió, que se convierte en una víctima de la falta de atención prioritaria de una red de apoyo, incluyendo al propio Estado.

El 10 de octubre es el “Día Mundial de la Salud Mental”, en este marco, las personas que estamos en espacios de toma de decisiones y en el país representando a la población mexicana que nos otorgó su confianza para trabajar por una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminación estamos obligados a crear leyes que protejan a la gente, que lleven a los gobiernos a actuar en consecuencia y generen políticas públicas con efectividad de aplicación y presupuesto para ejecutarlas.

Los grupos en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, población de la diversidad sexual y de género, personas de pueblos originarios y mujeres son quienes más requieren la atención prioritaria para el cuidado de su salud mental y, de acuerdo con la Agenda 2030 de la ONU, “nadie debe quedarse atrás”, por lo cual las brechas deben acortarse para garantizar acceso a todas y todos en igualdad de condiciones.

En relación con lo anterior, el 16 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, conjunto de reformas que impactan en materia de promoción, atención y tratamiento de la salud mental y las adicciones en el país, con carácter prioritario dentro de las políticas públicas.

En consecuencia, el 29 de mayo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, órgano con atribuciones y facultades que fusiona lo que anteriormente era ejecutado por tres instancias rectoras en la materia: el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (ST Consame), los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

La comisión tendrá la obligación y responsabilidad de hacer efectivo el derecho a la atención de la salud mental y de la prevención de las adicciones en la población mexicana, por lo que tendrá entre sus actividades elaborar la política, las estrategias y los programas de promoción, prevención y atención de problemas y trastornos de salud mental y adicciones. Además, coordinará la prestación de los servicios de atención desde el primer nivel; sin embargo, para que dicha reforma tenga un impacto real, es necesario que los congresos locales hagan las adecuaciones pertinentes a sus marcos jurídicos vigentes para la armonización legislativa de conformidad con la Ley General de Salud.

Ahora bien, la relevancia de la armonización legislativa radica en la compatibilidad entre las disposiciones jurídicas federales con las estatales, de tal suerte que se eviten problemáticas en las implementaciones de las políticas de salud pública y las entidades federativas cumplan con las obligaciones normativas que les competen para no obstaculizar su aplicación.

En este sentido, las leyes estatales del estado de Yucatán deberán ser armonizadas para priorizar en la agenda pública la atención, acceso y garantía de la salud mental de las y los yucatecos por parte los servicios de salud, así como la prevención y tratamiento de las adicciones, asegurando la transparencia y acceso en la información y la toma de decisiones que impacten en sus vidas.

Asimismo, Yucatán debe priorizar alternativas de atención y prevención del suicidio en virtud de que la estrategia actual ha demostrado fehacientemente la falta de efectividad, en razón de que la tasa desde 2018 no ha disminuido, sino más bien, aumentado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al honorable Congreso del estado de Yucatán a cumplir con la obligación normativa de armonización legislativa en sus leyes estatales en materia de salud, de acuerdo con la última reforma de la Ley General de Salud, que prioriza la salud mental y la atención de las adicciones como política pública

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los servicios de salud del estado de Yucatán, así como al Ejecutivo estatal a que informe públicamente sobre las acciones para prevenir y disminuir la tasa de suicidios en la entidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo estatal y a los servicios de salud del estado de Yucatán a informar públicamente respecto a las estadísticas de atención en materia de salud mental en los 106 municipios de la entidad.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre de 2023.– Diputada Janine Patricia Quijano Tapia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS ESTATALES, A LEGISLAR EN TORNO A LA PROHIBICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS INFLABLES COMO MEDIO DE EMBALAJE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos estatales a que, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, legislen de manera responsable en torno a la prohibición de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos 50 años, los plásticos han penetrado con fuerza en la economía debido a su versatilidad, coste y eficacia para diversos usos, no obstante, estos también representan impactos negativos, especialmente para el medio ambiente, por ello, su regulación se ha convertido en un reto social y económico de primera magnitud.

En ese sentido, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, con la presentación del estudio sobre la nueva economía del plástico, se encendieron las alarmas, toda vez que se aseguró que, al ritmo de consumo actual, los mares y océanos de nuestro planeta podrían llegar a contener una tonelada de plásticos por cada tres toneladas de peces, y se enfatizó en una triste realidad, al apuntar que “sin una acción urgente, en 2050 los océanos del planeta contendrán mucho más residuos plásticos que peces”.

Por lo anterior, tanto a nivel mundial como regional, la urgencia de abordar la contaminación por plásticos ha generado el desarrollo de medidas de todo tipo para limitar su uso, incluso prohibirlos por medio de políticas, leyes y demás regulaciones.

Ejemplo de lo expuesto son las acciones emprendidas por la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la cual retomó el tema de los plásticos y emitió un Acuerdo Global para Reducir el Consumo de Plásticos de un Solo Uso, con el fin de abordar el impacto de este material en nuestros ecosistemas, así como para eliminar o restringir su uso para el año 2030, entre otros aspectos de igual trascendencia.

En voz de especialistas, nuestro país se ha caracterizado como un gran observador de las innovaciones y prácticas de otras latitudes, ello con la finalidad de adoptar elementos que se han convertido en legislación vigente, entre otros modelos el de la economía circular.

Bajo esta lógica, en México se ha legislado en materia de envases y empaques con alcances prohibitivos o restrictivos, siendo las entidades federativas las impulsoras de tales adelantos normativos. Asimismo, se han integrado elementos de impacto productivo y económico en leyes de naturaleza netamente ambiental.

La regulación de plásticos en México ha sido un tema importante en los últimos años y se han implementado diversas medidas para reducir su consumo y mitigar los impactos ambientales, tal es el caso de la prohibición de bolsas de plástico, la aplicación de impuestos a tales artículos, así como el etiquetado de productos plásticos, por mencionar algunos.

Uno de los casos de éxito más emblemáticos es el que se suscitó en 2019, cuando México implementó a nivel nacional la prohibición de otorgar bolsas de plástico de un solo uso en establecimientos comerciales, medida que ha contribuido a reducir la generación de residuos plásticos y fomentar el uso de bolsas reutilizables.

Aunado a lo anterior, diversos estados y municipios en nuestro país han implementado el cobro de un impuesto a las bolsas de plástico, lo que ha incentivado a los consumidores a optar por alternativas más sostenibles.

De acuerdo con datos de la Universidad Autónoma Metropolitana, “ 88 por ciento de las entidades han establecido regulaciones para las bolsas de plástico, 72 por ciento para los popotes y 25 por ciento para contenedores, empaques y envases de poliestireno expandido; 50 por ciento de los estados cuentan con regulaciones que plantean una prohibición hacia los plásticos; 15 por ciento promueven la eliminación y 15 por ciento han establecido la sustitución gradual. El 37 por ciento de los gobiernos estatales plantean excepciones para materiales biodegradables, 34 por ciento por cuestiones médicas o de salud y 28 por ciento por conservación de alimentos”. (énfasis añadido)

Recientemente, entró en vigor la Ley de Economía Circular en la Ciudad de México, cuya aplicación es local, en la capital mexicana, la cual ha permitido fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los recursos. El propósito de dicha norma es reducir la generación de residuos, promover la reutilización, el reciclaje y la valorización de los mismos, así como prohibir la comercialización y distribución de productos de un solo uso, como bolsas y popotes de plástico y la implementación de un sistema de depósito y retorno para envases de bebidas.

Es conocida la preocupación federal y local para generar adecuaciones al tratamiento del uso de plásticos y su eventual gestión como parte integral de un sistema circular de los residuos, no obstante, aún se tiene un rezago considerable en el tratamiento de las bolsas de plástico.

En un mundo digitalizado, donde las empresas de comercialización de productos vía internet crecen de manera exponecial, el uso de empaques y embalajes se ha convertido en una necesidad primordial para comercializar y entregar diversos artículos.

Prueba de lo anterior es que las mencionadas empresas utilizan de forma recurrente y desmedida las bolsas de un solo uso para el envío de sus artículos, así como de las bolsas plásticas acojinadas por aire como medio de embalaje de manera recurrente, sin ninguna restricción.

Lo anterior resulta contrario a las disposiciones normativas internacionales y locales en la materia, debido a que, como mencionamos al principio, los plásticos son una causa importante de la contaminación marina, de la muerte de especies acuáticas y terrestres y de emisiones contaminantes a la atmósfera, situaciones que van en detrimento del medio ambiente y de la salud de las personas.

Por todo lo aquí expuesto, y ante la urgente necesidad de contar con elementos regulatorios específicos que actualicen la prohibición de plásticos de un solo uso, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los Congresos estatales a que, en el marco de sus facultades constitucionales y legales, legislen de manera responsable en torno a la prohibición de bolsas plásticas inflables como medio de embalaje.

Notas

1 Véase, Sonya Diehn, “Davos: Hay que reducir los residuos plásticos”, Deutsche Welle, 18 de enero de 2017. Disponible en:

https://www.dw.com/es/davos-hay-que-reducir-los-residuos-plástic os/a-37169027

2 Véase, Draft Ministerial Declaration of the 2019 United Nations Environment Assembly, “Innovative solutions for environmental challenges and sustainable consumption and production”, 14 de marzo de 2019. Disponible en:

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27701/Draf t%20Ministerial%20Declaration%20Fifth%20Draft%20as%20of%2014.03.2019.pdf?sequen ce=1&isAllowed=y

3 Véase, UAM Azcapotzalco, “La pandemia cambió los patrones de consumo y la cantidad de basura plástica”, Dirección de Comunicación Social, boletín número 347, 16 de julio de 2021. Disponible en:

https://www.comunicacionsocial.uam.mx/boletinesuam/347-21.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2023.– Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN LOS CENTROS AMBULATORIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E ITS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a difundir las labores que se realizan y los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) son unidades de salud que proporcionan servicios para la prevención y atención especializada de pacientes con VIH e infecciones de transmisión sexual, de forma ambulatoria, los cuales sirven y ayudan a muchas personas que tienen esta enfermedad. Este tipo de unidades brinda el servicio de prevención y promoción como parte fundamental de sus funciones, además de otorgar apoyo psicológico y de trabajo social tanto a las personas afectadas como a sus familiares. Como parte de estos servicios se encuentra el brindar acceso al tratamiento antirretroviral para todas las personas con VIH que no están cubiertos por regímenes de seguridad social.

Las nuevas generaciones deben de contar con toda la información necesaria para protegerse de enfermedades cuando inician su vida sexual, por lo que es muy importante que todo el tiempo se estén difundiendo de una manera permanente los servicios e instituciones con las que contamos en materia de educación y prevención.

Los CAPASITS existen desde 1989 cuando se instalaron los primeros Consejos Estatales para la Prevención del SIDA (Coesidas) y luego en 1989 y 1990 se consolidaron los centros de información Telsida y el Cridis. Este modelo de atención se instaló en un principio en 10 entidades federativas.

Sabemos que el VIH en 1999, como se señala en los antecedentes históricos de la página de internet de la Secretaría de Salud, “ocupó el lugar 16 como causa de muerte afectando principalmente a la población de 25 a 34 años de edad, lo cual representó la cuarta causa de muerte en hombres y la séptima causa entre las mujeres. Debido a la evidencia de que el manejo adecuado de las ITS disminuyó en un 50 por ciento la transmisión sexual del VIH, incluyeron, desde 1997 al Programa de Acción: VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)”.

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), el cual tiene a su cargo la función normativa del Programa en la Secretaría de Salud, constituyéndose el Conasida como instancia de coordinación interinstitucional del sector salud, fue creado en el 2001.

En el año 2003 en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud se inició con la creación de los CAPASITS, los cuales, como ya se señaló, son unidades médicas para consulta externa que cuentan con auxiliares de diagnóstico, farmacia y área de atención psicológica. Hoy en día contamos, según datos del Censida de fecha 14 de junio de 2021, con 78 CAPASITS en todo el país.

Estos CAPASITS deben contar con los medicamentos necesarios, las herramientas, personal y difusión requeridos para que puedan seguir ayudando a miles de personas y disminuir la prevalencia del VIH/SIDA con especial atención en las y los jóvenes, disminuir los casos de transmisión perinatal de VIH, eliminar la sífilis en mujeres embarazadas, eliminar los casos de infección por VIH, hepatitis B y C, secundarios a transfusiones sanguíneas y trasplantes, reducir la mortalidad por SIDA en la población de 25 a 44 años de edad, así como disminuir el estigma y la discriminación asociados con comportamientos de riesgo.

Como puede verse, los CAPASITS llevan a cabo labores de vital importancia, las cuales deben difundirse masivamente entre la población.

Los CAPASITS se constituyen como unidades operativas de las políticas públicas, programas de prevención, atención médica, promoción social, ejecución de recursos y de vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual en el país; ofrecen promoción de salud sexual, mejoran el acceso a los servicios ofreciendo atención integral a las personas que viven con el VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, la cual incluyen aspectos psicológicos, sociales, culturales y étnicos.

Estas clínicas tienen la misión de proporcionar atención médica integral especializada, de calidad, con criterios de igualdad y respeto, sin discriminación ni estigmatización, tendiente a prevenir y controlar la infección por VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual en la población no derechohabiente y grupos vulnerables.

No debemos perder de vista que este modelo de atención integral ambulatoria a nivel operativo atiende a la población no derechohabiente con VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual y que su labor más importante es la detección, diagnóstico, tratamiento, control y prevención, en un marco de respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual.

Debemos apostar por la educación sexual y la prevención, difundiendo a través de campañas permanentes estos y otros servicios con los que ya contamos y que la mayoría de las veces, por desconocimiento de que existen, no son utilizados por la población hasta que se encuentran en una situación de salud que pudo evitarse.

La finalidad de este punto de acuerdo es que se den a conocer las labores que se llevan a cabo en estos centros a fin de que la población sepa qué es lo que hacen y se contribuya de esa forma a mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayudando a prevenir los contagios entre la población en general.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a difundir las labores que se realizan y los servicios que se brindan en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes con este tipo de enfermedades y ayudar a prevenir los contagios entre la población en general.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de octubre de 2023.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, A REGULAR ADECUADAMENTE Y SANCIONAR EL COBRO EXCESIVO POR CONCEPTO DE ARRASTRE Y SALVAMENTO DE VEHÍCULOS EN LAS CARRETERAS Y CAMINOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a regular adecuadamente y sancionar el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A nivel nacional las tarifas cobradas por parte de los concesionarios del servicio de grúa que poseen placas de servicio público federal son excesivas y completamente arbitrarias, lo cual pone a los usuarios en un estado de completa indefensión ante los abusos cometidos.

Las empresas que prestan el servicio de grúa lo hacen de una manera irregular e incluso algunas de estas operan sin exhibir adecuadamente los permisos y en ocasiones sin tenerlos actualizados, o bien, sin contar con ellos, lo cual les permite cobrar tarifas demasiado altas sin ser sancionados por la autoridad.

El Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos tiene una laguna legal, motivo por el cual hoy presento este punto de acuerdo con objeto de ayudar a evitar los abusos que se dan a la hora de cobrarle a los transportistas por el uso del servicio de una grúa ya sea por un accidente ocurrido fuera de las carreteras o cuando tienen la necesidad de usar las rampas de emergencia para frenado.

Las rampas de emergencia para frenado en carretera son hechas con la finalidad de evitar tragedias derivadas de un accidente, sin embargo, su utilización de convierte en una situación complicada cuando, por ejemplo, un tráiler hace uso de ella y tiene que salir de ésta con la ayuda de una grúa, porque entonces está obligado a pagar los daños causados a la rampa, que es propiedad del concesionario de la autopista.

Los costos que un transportista tiene que pagar por los servicios de la grúa para sacar su unidad de una rampa de emergencia no se encuentran regulados, por lo que en muchas ocasiones son muy altos. Valiéndose de este vacío legal, quienes prestan el servicio de grúa cobran cantidades que oscilan entre 200 mil y 250 mil pesos, según los testimonios de los mismos operadores, estos costos no solo son absurdos y exagerados, sino que no tienen razón de ser.

En este contexto, los mismos transportistas han solicitado de manera constante que se regule y se legisle en el tema con la finalidad de que se eliminen todas las lagunas legales que se tienen en este momento en las leyes y sus reglamentos y con ello evitar las altas tarifas que de manera injustificada se cobran por este servicio.

El servicio de grúa, que consiste en llevar un vehículo a un taller mecánico para ser reparado, o bien, en brindarle a una unidad apoyo para ser rescatada de sitios en donde no exista una superficie adecuada para conducirlos o a vehículos que hayan tenido un accidente, debe estar regulado de manera adecuada.

Los vehículos que necesitan de una grúa, ya sea por avería o accidente, para ser remolcados a un lugar seguro con la finalidad de ser reparados, deben tener acceso a tarifas que se ajusten a la realidad, que sean trasparentes y públicas a nivel nacional, de manera tal que sea posible homologarlas.

La autoridad competente para hacer esta regulación y homologación es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), por lo cual considero oportuno solicitar respetuosamente que se establezca una base tarifaria de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal.

Así mismo, considero pertinente que una vez que la SICT tenga las tarifas autorizadas, éstas sean completamente públicas para que nadie pueda modificarlas o alterarlas, de modo tal que quien lo haga pueda ser castigado con sanciones que van desde multas hasta el retiro del permiso para prestar el servicio.

Diversas organizaciones como la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C.; la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A.C.; la Asociación Nacional del Transporte Privado; y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga han manifestado su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades para que las tarifas que establezca la SICT sean respetadas, colaborando a través de la denuncia de quienes excedan esos parámetros y cometan abusos.

Es importantísimo actualizar las tarifas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el año 2017 con el objetivo de que estén acorde con los costos de la gasolina y todo lo que conlleva el servicio y tengamos tarifas justas y apegadas a nuestra actualidad; igualmente, es indispensable que los tabuladores establecidos por parte de la SICT sean parejos en el cobro del servicio.

En el portal electrónico de la SICT se establecen las siguientes bases de tarifa de los servicios de arrastre:

- El servicio de arrastre consiste en llevar a cabo las maniobras necesarias para enganchar a una grúa, vehículos que, estando sobre sus propias ruedas, deban ser trasladados por caminos y puentes de jurisdicción federal.

- Cuando el vehículo se desplace por su propia fuerza motriz, sólo se realizará el cobro del banderazo de salida, así como de las maniobras de abanderamiento y del personal utilizado, en su caso.

- Los vehículos que utilicen el servicio de arrastre, deberán encontrarse descargados. Si el arrastre se realiza a vehículos que transportan mercancías, las maniobras de descarga correrán por cuenta del usuario o bien, podrán ser efectuadas por el permisionario de grúas, siempre y cuando medie acuerdo y/o autorización previa por escrito sobre el precio de éstas.

- En cobros por kilómetro, las fracciones mayores a quinientos metros se consideran como un kilómetro y, las fracciones en distancias menores a quinientos metros, no se cobrarán.

- En los servicios de arrastre en que sea indispensable utilizar caminos y puentes de cuota para la ejecución del servicio, los pagos serán a cargo del permisionario en lo que respecta a las cuotas aplicables a la grúa, y en las correspondientes al vehículo objeto del servicio, serán a cargo del propietario del mismo, previo acreditamiento con los comprobantes correspondientes.

- El costo del servicio de arrastre se integra por:

Cobro fijo por unidad de servicio (“banderazo”).

Factor de cobro por vehículo-kilómetro recorrido materialmente.

- El arrastre de los vehículos tractocamión de configuración articulada sencilla con un semirremolque, se cobrará como una sola unidad, salvo que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articularlo, el remolque o semirremolque, en este caso, se cobrará el arrastre en forma independiente cada uno de ellos.

- En el supuesto de arrastre de los tractocamiones de configuración doblemente articulados, se cobrará como un solo vehículo el tractocamión y el primer remolque o semirremolque; en tanto, el segundo remolque o semirremolque se cobrará en forma independiente.

- En el caso de que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articular el primer remolque o semirremolque, se cobrará cada uno de éstos en forma independiente, así como el segundo remolque o semirremolque, con independencia de que sea factible o no su articulación.

Es por lo anterior que pedimos que la autoridad competente sea más específica en los cobros y establezca una tarifa homologada que realmente se apegue a la realidad, evitando los cobros excesivos que se dan por el servicio de grúa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que regule adecuadamente y sancione el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a establecer medidas que obliguen a quienes prestan servicios de arrastre y salvamento de vehículos a informar a los usuarios de manera clara, adecuada y suficiente sobre las tarifas oficiales que pueden cobrar.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2023.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A LA SEGOB, A REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL USO Y CLASIFICACIÓN ADECUADOS DE LOS VIDEOJUEGOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a realizar campañas informativas sobre el uso y clasificación adecuados de los videojuegos, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tenido avances palpables y significativos en el tema de la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes, especialmente en cuanto respecta a su acceso a videojuegos, estén estos en medio magnético o en línea, gracias a que ya han sido publicados los lineamientos y la Guía Parental en la materia.

El artículo décimo cuarto, inciso b), de los referidos lineamientos señala que la Secretaría de Gobernación debe realizar campañas de información respecto a las clasificaciones y a los controles parentales de las consolas de videojuegos, de acuerdo a los rangos de edad, con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, difundidos a través de medios electrónicos, digitales e impresos.

Por su parte, el inciso c) del mismo artículo establece que la Secretaría de Gobernación emitirá la guía de control parental en materia de videojuegos que será diseñada para que los padres, madres, tutores o cualquier adulto responsable del menor puedan impedir o restringir que niñas, niños o adolescentes accedan a videojuegos inapropiados para su edad.

Resulta de vital importancia llevar a cabo el seguimiento de estos dos puntos ya que, desgraciadamente, el desconocimiento de esta información por parte de los padres o de los cuidadores primarios sigue poniendo en peligro a los menores cuando estos buscan un poco de esparcimiento y diversión.

En este sentido, consideramos pertinente realizar campañas de manera permanente y en todos los medios de comunicación masivos para que los padres de familia, así como los adultos responsables del cuidado de los menores estén enterados de los riegos que algunos videojuegos representan para quien no tiene una edad adecuada para acceder a determinados títulos.

Hoy muchos niños, niñas y adolescentes acceden sin mayor restricción al internet y a los videojuegos y sin que los cuidadores primarios o los padres de familia estén al tanto y plenamente conscientes de los riesgos que ello implica, por ejemplo, estar expuestos a la violencia, a vocabulario inapropiado, a contenido sexual o simplemente a relacionarse con extraños que no siempre tienen como intención el juego, sino que utilizan éste como una vía para engañar a los menores.

Igualmente, varios estudios señalan que jugar en línea expone a los equipos a virus y programas maliciosos.

Si bien los videojuegos son una fuente de diversión y recreación para quienes los juegan, cuando se accede a ellos sin supervisión, estos representan un constante peligro para los menores y las consecuencias negativas son muchas, desde inducir a un comportamiento violento y la exposición que se tiene con desconocidos hasta ser víctimas de robo de identidad y robo de la información, etcétera

Las niñas, niños y adolescentes de hoy suelen pasar demasiadas horas jugando videojuegos, más de seis horas semanales, según lo indica Alianza por la Seguridad en Internet.

Sabemos que se cuenta con una variedad muy amplia de dispositivos y de juegos, por lo que los riesgos son igualmente diversos. Los riesgos de que los menores accedan sin control a jugar en línea van desde la descarga gratuita de aplicaciones de juegos que solo es el gancho para después hacer el cargo hasta las compras no autorizadas por los padres.

Se podrían señalar mil cosas más, pero el objetivo de este punto de acuerdo es el de sumar esfuerzos para proteger a la niñez y difundir entre los padres de familia y los cuidadores primarios un instrumento de gran relevancia para orientar sobre los riesgos potenciales que hay en los videojuegos, el internet y las redes sociales. Esta herramienta también enseña a los adultos que los videojuegos, el internet y las redes sociales tienen diversos beneficios que podemos aprovechar de manera tal que es necesario encontrar un punto que permita un acceso y uso equilibrados.

La Guía Parental y la denominada “Parentalidad Tecnopositiva” implican un acompañamiento en el consumo digital de nuestros niños, niñas y adolescentes, el cual debe realizarse con respeto y amor, a fin de guiarlos con principios fundamentales para su educación en cualquier ámbito.

Por lo anterior y con la única finalidad de proteger el interés superior de la niñez y su autonomía progresiva, prevista en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentó esta proposición que pretende continuar con los avances y dar seguimiento a la seguridad de los menores en el acceso a los videojuegos y al internet, de conformidad y dando cumplimiento a los lineamientos generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre del 2020.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación a realizar campañas de información respecto a las clasificaciones y a los controles parentales de las consolas de videojuegos, de acuerdo a los rangos de edad con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación a realizar campañas de información respecto a la Guía de Control Parental en materia de videojuegos, para que los padres, madres, tutores, o cualquier adulto responsable de un menor cuente con las herramientas y el criterio necesarios para evitar que niñas, niños o adolescentes accedan a videojuegos inapropiados para su edad.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA SSPC, A DECLARAR COMO ESTADO DE EMERGENCIA AL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN LIDIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a declarar como estado de emergencia al municipio de Bahía de Banderas, así como liberar los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, por los daños ocasionado por el huracán Lidia, a cargo del diputado Jorge Amado Ortiz Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jorge Armando Ortiz, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, de Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Bahía de Banderas, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales derivadas del huracán Lidia en el municipio antes citado y para la atención a las víctimas afectadas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Se entiende por ciclón tropical los fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares y aguas cálidas y templadas, con nubes tempestuosas, fuertes vientos y lluvias abundantes.

Según a la velocidad de los vientos, este fenómeno se clasifica en: a) depresión tropical, al viento medio máximo a nivel de superficie del mar (velocidad promedio en un minuto) es de 62 km/h o inferior; b} Tormenta tropical, fenómeno organizado de núcleo caliente en el que el viento promedio máximo a nivel de la superficie del mar (velocidad promedio en minuto) es de 63 a 118 km/h; e) Huracán , de núcleo caliente que el viento máximo promedio a nivel del mar (velocidad promedio por minuto) es de 119 km/h o superior.

De acuerdo a el pronóstico elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, el 09 de octubre, a las 21 : 00 horas, tiempo del centro de México, Lidia se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó sobre el Océano Pacífico, aproximadamente a 520 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 590 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 17 km/h.

El 10 de octubre, a las 9: 00 horas, tiempo del centro de México, Lidia incrementó la velocidad de sus vientos y evolucionó a huracán categoría 2 en la escala Saffir- Simpson. Su centro se ubica a 260 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a 315 km al oeste-sureste de Puerto Vallarta, ambos en Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el este-noreste a 24 km/h.

A las 12: 00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Lidia de categoría 3, se localizó a 210 km al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 260 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco. Presenta vientos sostenidos de 185 km/h y rachas de 220 km/h y se mueve hacia el este-noreste a 24 km/h.

A las 17: 50 horas, tiempo del centro de México, Lidia tocó tierra en Tomatlán, Jalisco, como huracán categoría 4.

Por parte de la Protección Civil se mantuvo una zona de prevención por efectos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías, Nay., y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde El Roblito, Nay., hasta Mazatlán, Sinaloa, y desde Manzanillo, Col., hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Desde las primeras horas tras su llegada provocó cambios bruscos en el clima de Jalisco y Nayarit principalmente.

Tras el paso de Lidia por las costas de Nayarit, se dio la crecida de los ríos e inundaciones.

Lidia, ahora como baja presión remanente, dejó un muerto en Nayarit, tras tocar tierra el miércoles en Jalisco, expuso Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobierno del estado de Nayarit informó en un comunicado que un hombre falleció cuando, al conducir en la localidad costera de Bahía de Banderas, “un árbol cayó encima del automóvil debido a los fuertes vientos”.

Las autoridades continúan con las labores de limpieza de caminos y carreteras tras la caída de árboles, con el objetivo de poder acceder a las comunidades más afectadas y prestar el apoyo necesario a la población.

Los daños por los fuertes vientos han sido notables afectando a los pescadores de la zona. Se provocaron daños en caminos rurales, infraestructura urbana y escuelas, varios municipios tienen afectaciones de energía. Lamentablemente se registran pérdidas humanas.

Personas en zona de riesgo dejaron sus viviendas para trasladarse a refugios o casas de familiares.

Hoy las y los nayaritas necesitan la ayuda de todas y todos los mexicanos.

Por todo lo anterior fundado y motivado, solicito ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Bahía de Banderas, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales derivadas del huracán Lidia en el municipio antes citado y para la atención a las víctimas afectadas

Notas

1 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/s wbcalendario_ElementoSeccion/191/TRIPTICO_HURACAN.PDF

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICAS LAS ACCIONES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DOF EL 8 DE MAYO DEL 2023

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE y al Fovissste a hacer públicas las acciones y programas que han implementado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el régimen transitorio del decreto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el DOF el 8 de mayo del 2023, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Junta Directiva del ISSSTE y al Fovissste para que hagan del conocimiento público las acciones y programas que han implementado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el régimen transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de la presente anualidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o. párrafo séptimo de nuestra Constitución se establece el derecho humano a la vivienda.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, establece derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo, en su artículo 22 señala el derecho de toda persona para satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Nuestra nación ha suscrito diversos acuerdos de carácter internacional que nos comprometen a tomar medidas para lograr condiciones habitacionales para todas las personas como reconocimiento de que la vivienda debe ser adecuada y el Estado debe prever políticas y programas a efecto de asegurar la efectividad de este derecho.

Entre los acuerdos que rigen el derecho convencional al que el Estado mexicano se ha comprometido y que hacen alusión al derecho humano a la vivienda en condiciones adecuadas, además de Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentran:

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

• El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, de 1988

• La Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre del año 2015. Que compromete a todos los miembros a trabajar para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con base en tres principios básicos: integralidad, universalidad y no dejar a nadie atrás considerando a la vivienda como eje de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y teniendo en mente que en nuestro país el 38.4% de la población, habita en una vivienda no adecuada, esto es, en condiciones de hacinamiento o hecha con materiales no duraderos o que carece de servicios de agua y saneamiento.

Ciertamente, nuestro país lleva a cabo esfuerzos para avanzar en una política de vivienda que logre que todas las personas tengan un techo que contemple elementos que el derecho convencional dicta para considerarse adecuado y así, lograr un desarrollo humano que ponga en el centro de todas las acciones del Estado a las personas.

Conociendo este rezago, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Vivienda de la H. Cámara de Diputados, en reunión de 13 de abril de 2023, aprobaron dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE, en materia de créditos otorgados por el Fovissste.

El propósito de las Comisiones Unidas con estas reformas, entre otros; fue impulsar la implementación de programas, acciones y medidas encaminadas a favorecer a personas cuyos créditos se han elevado a un monto impagable, ya sea por errores de cálculo del propio Instituto (demasía), de la dependencia donde laboran (error en las retenciones) o, incluso, de aquellos que por cualquier otra circunstancia hayan incurrido en morosidad.

Aunado a ello, se procuró la liberación del crédito para todas aquellas personas acreditadas que hayan pagado dos veces o más el monto del crédito otorgado por el Fovissste, obedeciendo principalmente a uno de los elementos integradores de la vivienda adecuada como lo es la asequibilidad; pero también, al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definió el crédito barato como aquel “concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese objeto, a fin de que el trabajador pueda liquidarlo, sin que exceda su capacidad real de pago.”

Luego de que estas propuestas legislativas de las Comisiones Unidas fueron aprobadas en el Pleno de la Cámara de Diputados el 24 de abril de esta anualidad y el 28 de abril en el Senado de la República, se publicó el Decreto el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación otorgando plazos razonables en su régimen transitorio para la Junta Directiva del ISSSTE y para el Fovissste para aprobar e implementar programas que solucionen la situación de los trabajadores y pensionados afectados.

Con ello nos encaminamos a fortalecer las acciones de vivienda que se vinculan con la demanda de créditos asequibles, para que cada persona pueda lograr el ejercicio más amplio del derecho humano a una vivienda adecuada.

En seguimiento a las nuevas disposiciones normativas esta proposición tiene como principal objetivo que tanto la Junta Directiva como el Fovissste informen a esta soberanía sobre las acciones que han llevado para posibilitar el objetivo primario de que las personas cuenten con certeza y seguridad jurídica respecto de sus créditos y las viviendas que han adquirido a través de estos instrumentos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en atención al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto, publicado el 8 de mayo de la presente anualidad, haga del conocimiento público, respecto de los avances que presentan los segmentos de personas acreditadas a las que ha determinado aplicar reestructuración en pesos de créditos originalmente pactados en UMA, incluyendo créditos en mora o demasía.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que haga del conocimiento público sobre los avances que presenta la estructuración de programas para la liberación del crédito hipotecario de personas acreditadas que han pagado dos veces o más el monto del crédito otorgado; para las personas que soliciten reestructuración de sus créditos de UMA a pesos; para las personas cuya obligación de pago pactada en el contrato respectivo sea superior al descuento convenido; para las personas acreditadas que cumplan con los requisitos de otros programas específicos de reestructura, incluyendo los destinados a las personas trabajadoras que pudieran haber caído en mora, lineamiento y mecanismos para otorgar Créditos en UMA y Créditos en Pesos; en términos de lo dispuesto en los artículos 20 Bis, 180 y Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto, publicado el 8 de mayo de la presente anualidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, La Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas en París 1948

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pd f

2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, Aprobada en la Novena conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948,

https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_de rechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf

3 Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, Entrada en vigor internacional: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, entrada en vigor para México a partir del 23 de junio de 1981,

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

4 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” fue adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, en vigor internacional a partir del 16 de noviembre de 1999, en vigor para México a partir de la misma fecha.

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html #:~: text=Los%20Estados%20partes%20en%20el,disponibles%20y%20tomando%20en%20cuenta

5 La vivienda en el centro de los ODS en México consultado en

https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-vivienda-en-el-centro-de- los-ods-en-mexico

6 Registro digital: 163803; Segunda Sala, Novena Época; Tesis: 2a. XC/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 197. Aislada. Infonavit. Significado de la expresión “crédito barato”, prevista en la fracción XII del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/163803

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

EXHORTO AL SRE Y A LA SE, A EMPRENDER DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA MIGRATORIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al SRE y a la SE a emprender diversas acciones en materia migratoria y revisiones extraordinarias de vehículos y mercancías que ingresan legalmente a Estados Unidos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal para que emprenda diversas acciones en materia migratoria y revisiones extraordinarias de vehículos y mercancías que ingresan legalmente a Estados Unidos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración es un fenómeno poblacional que ha afectado a todas las poblaciones del mundo a lo largo de la historia con diferencias sustanciales en la magnitud, dirección y frecuencia. Así, la migración internacional es un fenómeno complejo que debe estudiarse de manera integral e impacta en las esferas económicas, social y de seguridad.

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo 2022, de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. En la mayoría de los casos los movimientos migratorios de personas a otros países se deben a motivos relacionados con el trabajo, la familia o los estudios, en procesos que, en general, no son fuentes de grandes problemas ni para los migrantes ni para los países que los acogen.

Sin embargo, hay personas que abandonan sus países por razones de extrema urgencia como conflictos, persecuciones o desastres. Aunque estas personas representan un porcentaje relativamente bajo del total de migrantes, suelen ser las más necesitadas de asistencia y apoyo.

Según el citado informe, América del Norte es el destino de 59 millones de migrantes internacionales (el 20,9%) y los Estados Unidos de América, en particular, ocupan el primer lugar entre los principales países de destino, con más de 51 millones de migrantes internacionales con un aumento de personas provenientes de América Latina y el Caribe que se ha duplicado con creces en los últimos 15 años, pasando de alrededor de 7 a 15 millones.

En este sentido, es importante considerar que México ocupa el segundo lugar entre los países con mayor número de personas que deben abandonar su país de residencia, sólo después de la India, con alrededor de 11 millones de emigrantes.

Por otra parte, el corredor de México a los Estados Unidos de América es el más grande del mundo, con cerca de 11 millones de personas y ocupa el tercer lugar por cuanto a número de muertes de migrantes detrás de la ruta del mar Mediterráneo y del corredor africano.

En este escenario, el entonces presidente Donald Trump invocó en 2020, el Título 42 como una medida sanitaria para contener la pandemia de Covid 19, que impidió la entrada de personas migrantes a territorio estadunidense por representar un riesgo potencial para la salud, negándoles la posibilidad de solicitar asilo. El Título 42 fue utilizado para expulsar de inmediato a México a personas migrantes originarias de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba, y Nicaragua.

No obstante, a partir del levantamiento del Título 42 en mayo de la presente anualidad se ha presentado un incremento en el flujo migratorio en la frontera sur de México debido a que miles de migrantes buscan solicitar a nuestro gobierno un permiso temporal para poder avanzar legalmente hacia la frontera con Estados Unidos.

Lo anterior, ha desatado una crisis humanitaria que ha implicado suspensiones de trenes de carga por accidentes con migrantes, protestas y choques de extranjeros con autoridades mexicanas y estadounidenses.

Tan solo en la zona metropolitana de Juárez y El Paso, Texas, se ha instalado un campamento de 500 migrantes y los vehículos de Migración y de la Policía Municipal recorren el Río Bravo, llevándose a quienes no cuentan con un permiso legal para acreditar su estancia en el país.

Aunado a ello, los albergues están a su máxima capacidad con casi 2 mil 400 personas esperando una cita con autoridades migratorias para regularizarse y más de 5 mil personas viviendo en casas rentadas, construcciones abandonadas y en situación de calle.

Más aún, el número de encuentros promedio con personas que cruzan de forma ilegal a Estados Unidos se incrementó en un 31% en septiembre, con 23 mil 500 en lo que va del mes.

El Instituto Nacional de Migración reportó que entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2023, agentes federales de migración han rescatado a poco más de 1,4 millones de migrantes; de esos, unos 788.000 fueron retornados vía terrestre y aérea y sólo en septiembre, 189 mil personas migrantes fueron rescatadas; es decir, un promedio diario de 9 mil. De acuerdo con el mismo informe en México transitan personas de 191 nacionalidades, principalmente de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, y El Salvador.

Pero la crisis no sólo se limita al ámbito social sino a la seguridad y a la economía que también han tenido afectaciones. En este tenor, Ferromex, informó que, en el sistema ferroviario, de enero a septiembre se han realizado 658 acciones en Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca, con un total de 8988 migrantes rescatados y se puso a disposición de las autoridades correspondientes a 292 probables traficantes de personas.

Ante esta situación, el 22 de septiembre de la presenta anualidad, México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para disuadir a los migrantes como parte de un nuevo esfuerzo para combatir el reciente aumento en los cruces fronterizos.

Funcionarios mexicanos se reunieron con funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el viernes en Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, luego del reciente aumento de cruces ilegales hacia Estados Unidos que cerró temporalmente un puente internacional y detuvo el principal sistema de trenes de carga de México.

Como parte del acuerdo, México acordó “despresurizar” las ciudades fronterizas que limitan con El Paso, San Diego y Eagle Pass, Texas, donde el alcalde ha declarado el estado de emergencia, según el Instituto Nacional de Migración de México.

El gobierno mexicano también se comprometió a realizar gestiones con los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Brasil, Colombia y cuba para que reciban a sus connacionales. Además, se habilitarán albergues de puertas abiertas en Ciudad Juárez para atender a las personas migrantes, en especial a niñas, niños y adolescentes y se ubicarán y rentarán uno o varios inmuebles para suplir la Estación migratoria de Ciudad Juárez y se instalarán puntos de control y verificación en la ruta de Ferromex.

Por otra parte, el sector comercial también ha sufrido afectaciones debido a las inspecciones adicionales impuestas de manera unilateral y arbitraria por el gobernador Greg Abbott, que más que seguridad han generado incertidumbre en el suministro de las cadenas de producción, altos costos económicos al comercio, alzas de precios para los consumidores finales y escasez de productos.

En esta tónica, de acuerdo con la Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa, tan sólo en el puente internacional Pharr-Reynosa las empresas, en ambos lados de la frontera, registraron pérdidas del orden de los 7 millones de dólares al día. Asimismo, la Asociación Estadunidense de Camioneros criticó al gobernador Abbott por la imposición de revisiones innecesarias que duplican los distintos filtros de seguridad aduanal y mecánica puestos en práctica por años sumando barreras a la eficiencia de las operaciones en las ya de por sí afectadas cadenas de suministro.

Ante ello, los gobernadores mexicanos cuyos estados colindan con Texas, lograron detener de manera temporal las revisiones adicionales, mediante el establecimiento de mesas de negociación y firmas de convenios a nivel estatal que consiguieron regresar los bienes de exportación producidos en nuestro país a sus flujos habituales. Así, los mandatarios de Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas mostraron su voluntad no sólo de compartir información, instalar retenes y fomentar el uso de tecnología, si no de incrementar la presencia de las corporaciones locales de policía para fortalecer las condiciones de seguridad y controlar el creciente flujo de migrantes que se trasladan no sólo de sur a norte, sino desde otras regiones en conflicto, como son Ucrania y Rusia.

Todo lo anterior pone de manifiesto que la crisis migratoria tiene diversos factores originarios y detonantes: la violación de diversos derechos humanos, entre los que destacan el derecho al trabajo en las comunidades de origen de cada persona, a la seguridad e integridad de las personas en caso de conflicto, y a los estragos que ha dejado una pandemia que nos ha afectado a nivel mundial y que, además, afecta con mayor fuerza a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Además, esta problemática se agudiza por las políticas económicas que hacen cada vez más amplia la brecha de desigualdad y considero que el enfoque hacia la migración en nuestro país y en nuestro vecino del norte muestra una equivocación al centrarse en detener el flujo y militarizar las fronteras, cuando las causas profundas que la originan no han sido atendidas.

México siempre enfrentará la necesidad de regular el flujo migratorio pues es vía de paso hacia los Estados Unidos de Norteamérica, objetivo primordial de la mayoría de los migrantes, incluidos los connacionales, y los migrantes en su andar, además de no poder hacer uso de su derecho al libre tránsito, carecen de seguridad, alimento y refugio.

La política migratoria de nuestro país debe identificar los factores causantes de los movimientos migratorios regionales y atender el fenómeno con criterios generales y bajo directrices que pongan el acento en las particularidades de cada una de las comunidades y naciones que se encuentran vinculadas a esta crisis humanitaria. En este sentido la atención debe ser integral e integradora de todas las naciones vinculadas en este fenómeno en toda la región latinoamericana.

Es indudable que el estado mexicano ha procurado subsanar y disminuir la violación sistemática a los derechos humanos que sufren los migrantes en su paso por nuestro territorio. Muestra de ello es que, para 2020, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación solicitó a la Secretaría de Hacienda 124 millones de pesos para atender el crecimiento exponencial de solicitudes de asilo, mismo que ha incrementado en un 195 por ciento y Hacienda respondió proponiendo apenas 27 millones en el proyecto de presupuesto que finalmente tratamos de subsanar aquí, en la Cámara de Diputados, al aprobar 47 millones de pesos.

Es por ello también que se considera que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe realizar los oficios correspondientes a efecto de que los Estados Unidos de América en general, y el Estado de Texas en lo particular, detenga las revisiones extraordinarias de vehículos y mercancías que hayan legalmente ingresado a territorio norteamericano, para restablecer y regularizar las cadenas de producción que afectan a una relación económica que tenemos y cuyas afectaciones implican daños para ambas partes.

La crisis humanitaria, económica y social no debe transformarse en una de carácter político pues la solución no puede lograrse sin el concierto de todas las naciones involucradas en un marco de respeto y bajo la conciencia de que a todos atañe y cada nación debe asumir sus responsabilidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que establezcan un diálogo permanente con las autoridades Norteamericanas y del estado de Texas con el objeto de detener las revisiones extraordinarias de vehículos y mercancías que ingresan legalmente a Estados Unidos a efecto de regularizar la crisis de cadenas de producción binacionales interrumpidas y que se tomen las medidas sanitarias y de seguridad indispensables para proteger a los transportistas afectados por los retenes fronterizos del lado texano, acudiendo además de la negociación, de ser necesario, a mecanismos de solución de controversias del TMEC.

Notas

1 https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-20 22-capitulo-2

2 https://twitter.com/INAMI_mx/status/1705366298048573582/photo/1

3 https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/opinion-migracion-190422/

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Instituto Nacional de Migración. Tema Migratorio,100921, información migratoria, Crece migración, pero no el gasto para refugiados. consultado en: consultado en:

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-1009 21/#:~: text=De%20acuerdo%20con%20el%20Presupuesto,45%20millones%20667%20mil%20pesos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES, A LEGISLAR EN MATERIA DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de interrupción legal del embarazo, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas a legislar en materia de interrupción legal del embarazo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

1. El aborto es un problema público que toca diferentes esferas de la vida social como son los derechos sexuales y reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva, la salud, así como la igualdad y no discriminación de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto peligroso como “...una intervención destinada a la interrupción de un embarazo practicada ya sea por personas que carecen de la preparación necesaria o en un entorno que no reúne las condiciones médicas mínimas, o ambas cosas a la vez”.

Según la OMS, cerca del 45 por ciento de abortos se realizan en condiciones peligrosas siendo una de las principales causas de morbilidad materna. Asimiso, el 97 por ciento de esos abortos se practican en paises en desarrollo.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República, publicó el estudio “Panorama actual sobre el aborto en México”, en el que destaca que anualmente “... el 54 por ciento del total de embarazos no planeados se resuelve mediante un aborto inducido”, lo que se traduce en un millón 26 mil abortos. Además, se subraya que la la práctica es más frecuente en las jóvenes sexualemente activas menores a 25 años.

Dicha investigación establece que el aborto se ubica en el quinto lugar de las causas de morbilidad materna extremadamente grave y sus complicaciones desencadenaron el 7.5 por ciento (2 mil 408) del total de las muertes maternas (32 mil 284) registradas en México entre 1990 y 2016, de acuerdo con cifras del Centro Nacional Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, por complicaciones.

Además, en el total de embarazos no deseados se encuentra una alta cifra de embarazos adolescentes. La alta tasa de embarazo adolescente coloca a México en primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con información del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en el trienio 2006-2008 la tasa de embarazo adolescente era de 70.9 por cada 1 000 mujeres de 15 a 19 años; para 2011-2013 se incrementó a 77.0 nacimientos, y en el trienio 2015-2017 fue de 70.6 nacimientos.

Los embarazos no deseados en adolescentes y adultas conllevan riesgos físicos y psicológicos, reducen oportunidades educativas en las mujeres, lo que a su vez genera condiciones precarias de empleo y salarios, las expone a sufrir violencia por parte de sus parejas y a ser vulnerables a una mayor dependencia en general. El continuar sin tener un acceso no penalizado a la interrupción del embarazo es en muchas ocasiones el inicio de un ciclo de violencia del cual mujeres y personas gestantes difícilmente podrán salir.

2. A pesar de estas alarmantes cifras, las mujeres y las personas gestantes que interrumpen su embarazo se enfrentan a penas privativas de la libertad, que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora. Además de multas, trabajo comunitario, tratamiento médico y/o psicológico.

La penalización del aborto voluntario coloca en riesgo la salud de las mujeres y de las personas gestantes, las somete a la actuación arbitraria del personal de salud y a la amenaza de compurgar una pena de prisión en caso de que acudan a un servicio de atención médica para resolver eventuales complicaciones derivadas de la interrupción del embarazo, incluso cuando ésta fue espontánea.

En el 2018, en promedio, cada día una mujer fue denunciada en México por abortar, lo que da un total de cuatro mil 246 denuncias en 10 años; de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización AsíLEGAL ha manifestado que, durante 2023, existen aproximadamente 200 mujeres sentenciadas por delitos relacionados con el aborto o parto fortuito.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hasta el momento existen 587 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto; personas que en los casos específicos en los cuales la interrupción haya sido voluntaria podrían dejarse de vincular con una penalización privativa de libertad, por el solo hecho de ejercer la autonomía sobre sus cuerpos y su derecho a decidir sobre la reproducción.

3. La interrupción voluntaria del embarazo ha ocupado un lugar preponderante en México debido a la confluencia de varios factores ampliamente reconocidos por su incidencia en la agenda de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar para que puedan decidir en condiciones legales, libres y dignas sobre la interrupción del embarazo y hacerlo efectivo mediante políticas de salud con servicios seguros, accesibles y gratuitos. El primer factor son las cifras de embarazos no deseados y la oscuridad en las cifras reales de abortos realizados voluntariamente por miedo a enfrentar una posible sanción legal o social, el segundo lo constituyen los movimientos feministas, el tercero son las reformas legislativas en los congresos locales y el cuarto factor corresponde a las sentencias del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.

4. El segundo factor, los movimientos feministas, la llamada “marea verde”, que en reiteradas ocasiones han tomado las calles de diversas ciudades del país para exigir el reconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, quienes han logrado la colocación de este problema en la agenda pública.

5. El tercer factor lo representan las reformas legislativas aprobadas por los Congresos de doce entidades federativas que se incrementó en parte por la reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos. Particularmente, aquellas reformas que se han hecho con base al artículo 4.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, mismo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que el embarazo iniciaría con la implantación del embrión en el endometrio y no inmediatamente después de la fecundación.

Hasta ahora la interrupción del embarazo sin justificación es legal hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México (1997), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Baja California (2021), Coahuila (2021); este último estado, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Colima (2021), Sinaloa (2022) hasta las 13 semanas, Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y Aguascalientes (2023).

Se reglamenta por los 33 códigos penales del país: el Código Penal Federal y los 32 locales para cada entidad federativa. En la gran mayoría de las veces, el aborto es considerado un delito del orden local (del fuero común) y no federal. Todos los códigos penales aún definen al aborto como un delito, pero con diferente temporalidad: en las entidades permisivas existe un plazo inicial, determinado en semanas de gestación (entre 12 y 13 según la entidad) en las que la interrupción del embarazo no se consideraría un crimen (despenalización parcial). Mientras que en las entidades restrictivas se considera la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

El tipo penal de aborto tiene algunas excluyentes del delito y cada entidad federativa establece cuales son válidas en su territorio y cuales no:

• Por violación. En 31 entidades y a nivel federal. Sin embargo, derivado de diferentes sentencias de la SCJN y de distintas legislaciones federales (NOM-046-SSA2-2005 y Ley General de Víctimas) este supuesto debe observarse en todo el país (aunque el código penal local no lo mencione), en cualquier momento del embarazo (aunque el código penal local señale un plazo limitado) y sin necesidad de denuncia o autorización previa del Ministerio Público o de las fiscalías (aunque el código penal local indique lo contrario).

• Imprudencial o culposo. En 30 entidades y a nivel federal.

• Aborto terapéutico, que se subdivide en 4 grupos y requieren el juicio del personal médico especialista:

Por peligro de muerte. En 22 entidades y a nivel federal.

Por grave daño a la salud. En 20 entidades.

Por alteraciones genéticas o congénitas graves. En 18 entidades.

Por trastorno ginecológico. En 1 entidad.

• Por inseminación artificial no consentida. En 17 entidades.

• Por causas económicas graves. En solo 2 entidades.

• Por negación u omisión del servicio, después de haber concluido el plazo legal. En sólo 3 entidades.

• Sin necesidad de justificación. En 12 entidades y a nivel federal.

4. En tanto que el cuarto factor corresponde a las sentencias del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Primera Sala.

Acción de inconstitucionalidad 148/2017 12. El pleno:

• Declaró la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto de manera absoluta

• Se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre la interrupción del embarazo sin que ello implique enfrentar consecuencias penales.

• Declaró invalida la pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.

• Declaró invalido impedir que la mujer sea asistida por personal sanitario en un aborto voluntario.

• Declaró invalido criminalizaban el aborto y limitar a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.

• Precisó que la protección del producto no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva.

• Obligó a todas y todos los jueces del país, tanto federales como locales, a considerar inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción.

Acciones de inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018 13. El pleno:

• Invalidó a porción normativa del artículo 4° Bis A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte.

• Consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional.

• Consideró que si bien, el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva y, en particular, su derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

Acción de inconstitucionalidad 54/2018. El pleno:

• Consideró que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como de los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto publicado el 11 de mayo de 2018, establecían de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería.

• Consideró que la ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas.

• Estableció lineamientos mínimos en la sentencia, exhortando al Congreso de la Unión a tomarlos en cuenta al reformar la Ley General de Salud.

• En concordancia con este fallo de la SCJN, en la Legislatura LXV (2021-2024) del Senado de la República se ha presentado una iniciativa con proyecto de decreto por parte de legisladoras de diversos grupos parlamentarios, dentro de los cuales se encuentra Movimiento Ciudadano, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la Ley General de Salud y al Código Penal sobre la objeción de conciencia y para garantizar el servicio de aborto seguro y la despenalización en el país.

Amparo en Revisión 267/2023. La Primera Sala:

• Declaró inconstitucional las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo.

• Declaró que las disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación.

• Declaró que que las normas que penalizan el aborto voluntario, ya sea que otra persona lo practique o que la mujer o persona gestante se lo autoprocure, son inconstitucionales al anular por completo el derecho a decidir.

• Declaró que aquellas normas que contemplan que una mujer o persona gestante no debe ser sancionada cuando el aborto se comete por imprudencia, por violación o por grave peligro de muerte son inconstitucionales, porque siguen concibiendo al aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue.

• Determinó que el requisito que obliga a que el personal médico que asiste a una mujer o persona gestante en grave peligro de muerte recabe el dictamen de otro médico para autorizar la interrupción del embarazo, atenta contra sus derechos ya que obstaculiza de forma excesiva el acceso efectivo y sin dilaciones a un aborto por motivos de salud.

• Consideró que el hecho de que una mujer víctima de una violación sexual decida abortar y sea criminalizada por ello, le genera un profundo daño y sufrimiento, ya que extiende los efectos del delito y las obliga a mantener un embarazo no deseado, lo que constituye una forma de tortura y malos tratos.

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de una porción normativa del artículo 330, 333 y 334, así como la totalidad de los artículos 331 y 332 del Código Penal Federal.

Es por ello que, sin demeritar los avances legislativos que existen en algunas entidades federativas en materia de interrupión legal del embarazo, es necesario que los congresos locales realicen modificaciones que garanticen, sin alguna restricción, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Congresos Locales de las entidades federativas para que en el ambito de sus respectivas competencia, consideren realizar las adecuaciones correspondientes a sus ordenamientos jurídicos estatales en materia de interrupción legal del embarazo con efectos retroativos a favor de las mujeres o personas gestantes que se encuentren procesadas o sentenciadas por el delito de aborto.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. 2015. Boletín informativo: El aborto como problema de salud pública. Disponible en

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54202/boletinabor to_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consultada 11 de octubre de 2023).

2 Organización Mundial de la Salud. 2021. Nota: Aborto, datos y cifras. Disponible en

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/abortion (Consultada 11 de octubre de 2023).

3 Kánter Coronel, I. 2021. Panorama actual sobre el aborto en México. Cuaderno de investigación No. 84, México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. Disponible en

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /5480/Cuaderno%20de%20Investigaci%C3%B3n%20No.%2084.pdf?sequence=1&isAllowe d=y (Consultada 11 de octubre de 2023).

4 Ibídem.

5 Observatorio de Mortalidad Materna en México. 2022. Acceso a servicios de planificación familiar durante la pandemia por COVID-19 en adolescentes embarazadas en México. México: OMM. Disponible en

https://omm.org.mx/wp-content/uploads/2023/03/ Informe_EA_Mexico.pdf (Consultada 11 de octubre de 2023).

6 Ibídem.

7 Kánter Coronel, I. Obra citada.

8 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas. Disponible en

https://drive.google.com/file/d/1revQhU-Y2jB_aD3rKC9Hw 9Bnb4PHL_Fv/view (Consultada 4 de octubre de 2023).

9 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_s obre_derechos_humanos.htm (Consultada 11 de octubre de 2023).

10 Kánter Coronel, I. Obra citada.

11 Ibídem.

12 Sentencia Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. Promovente: Procuraduría General de la República. Disponible en

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion _scjn/documento/2021-08/AI%20148.2017.pdf (Consultada 11 de octubre de 2023).

13 Sentencia Acción de Inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018. Promovente: Diputados integrantes del Congreso de Sinaloa y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion _scjn/documento/2021-08/AI%20106-2018%20y%20acumulada%20107-2018.pdf (Consultada 11 de octubre de 2023).

14 Sentencia Acción de Inconstitucionalidad 54/2018. Promovente: Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion _scjn/documento/2021-08/AI%2054-2018%20-%20PROYECTO.pdf (Consultada 11 de octubre de 2023).

15 Sentencia Amparo Indirecto 267/2023. Quejosa y recurrente: Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Disponible en

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos /2023-08/230830-AR-267-2023.pdf (Consultada 11 de octubre de 2023).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE IMPULSE LA ATRACCIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE INVERSIONES POR CONCEPTO DE NEARSHORING EN EL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Edomex a desarrollar acciones coordinadas con los municipios, y a la Secretaría de Economía local a impulsar la atracción y el aprovechamiento de inversiones por concepto de nearshoring, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México a desarrollar un plan estratégico de acciones coordinadas con los municipios de dicha entidad y la Secretaría de Economía del Estado de México para impulsar la atracción y el aprovechamiento de inversiones por concepto de nearshoring, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El nearshoring, de acuerdo al premio nobel de economía, David Card, es una estrategia comercial en donde una empresa subcontrata servicios y traslada procesos industriales a un país cercano o de la región geográfica a la que pertenece con la finalidad de obtener un beneficio en la disminución de costos y aumento de ganancias, representando una entrada de capital al país receptor del proceso industrial.

Dado lo anterior, este concepto puede entenderse únicamente dentro del contexto de una economía globalizada. La llegada del nearshoring a México parece un fenómeno muy similar al vivido en 1994 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con los gobiernos vecinos de Canadá y Estados Unidos de América (EUA), durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

La firma del TLCAN suponía un boom económico para el desarrollo de nuestro país pues apostaba a una estrategia de cooperación internacional que facilitaría la exportación e importación de productos entre los países firmantes de este tratado.

A pesar de lo anterior, la realidad de México a casi 30 años de la firma del TLCAN apunta a que la apuesta de un mercado neoliberal fue un fracaso en términos de política económica y social. De acuerdo a un estudio elaborado por el Banco de México, la implementación de este modelo profundizó las brechas de desigualdad en el país. “El estudio realizado encuentra que la convergencia estatal en el producto per cápita ha sido muy limitada durante los últimos treinta años. En particular, la brecha porcentual no se ha cerrado durante la década de los noventa. Además, se ha observado un incremento en términos absolutos de la dispersión del producto per cápita entre estados” (Messmacher, p.22).

Lo anterior, se puede entender gracias a la falta de condiciones de competencia para los comercios mexicanos frente a las empresas transnacionales e internacionales que llegaron al país durante ese periodo, aunando a la fallida estrategia que trajo consigo el promover la precariedad de los salarios mexicanos como un “incentivo” de inversión para el extranjero.

Hoy el nearshoring parece ser una nueva oportunidad de generar vínculos comerciales con los países vecinos de la región de América del norte, sin cometer los errores del TLCAN. Una oportunidad de generar nuevos empleos de calidad y con mano de obra calificada, inversiones importantes en infraestructura para el desarrollo urbano y la recuperación del tejido social.

Debido su posición geográfica y el ecosistema financiero estable que ofrece, México parece tener todo lo que se necesita para ser considerado como una alternativa llamativa para la atracción de inversiones por el concepto de nearshoring, sobre todo aprovechando nuestra cercanía con EUA. Tan sólo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyectó que México podría recibir una inversión cercana a los 35 mil millones de dólares (mmdd) gracias al nearshoring.

El gobierno de Nuevo León, ha demostrado ser la punta de lanza para la atracción de este nuevo concepto a nuestro país. Actualmente el gobierno nuevoleonense ha recibido cerca de 25 mmdd por inversión extranjera directa, resultado de la firma de más de 160 proyectos de inversión, 77 proyectos de expansión, así como de la generación de más de 110 mil nuevos empleos.

Asimismo, se calcula que aproximadamente 50 por ciento de los proyectos de inversión por nearshoring en el país son dirigidos al gobierno de Nuevo León, con el potencial de atraer más de 100 proyectos de inversión y que la suma ascienda a más de 40 mmdd a finales de este año de acuerdo a Scotiabank México.

Por otro lado, el Estado de México se ha quedado atrás en la atracción de estas nuevas inversiones a pesar de su relevancia para la economía nacional debido a su alta densidad poblacional y posición geográfica estratégica.

La falta de infraestructura industrial sumada a los problemas de movilidad e inseguridad que padece han resultado ser un obstáculo para volverse una entidad atractiva para las inversiones.

De acuerdo al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y Tecnología (Comece) el Estado de México únicamente logró captar apenas 1 por ciento de las inversiones que el país recibió el año pasado por el concepto de nearshoring, el cual fue poco más de 50 por ciento del total de las inversiones extranjeras directas, y que representaron un ingreso al país por 19 millones de dólares.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de México a desarrollar un plan estratégico de acciones coordinadas con los municipios de dicha entidad y la Secretaría de Economía del Estado de México para impulsar la atracción y el aprovechamiento de inversiones por concepto de nearshoring.

Notas

1 David Card. Llegada de Tesla, ejemplo de crecimiento potencial para México: Nobel de Economía. Universidad Iberoamericana. 06/03/2023. Disponible en:

https://ibero.mx/prensa/llegada-de-tesla-ejemplo-de-crecimiento- potencial-para-mexico-nobel-de-economia (Recuperado el: 08/10/ 2023)

2 Miguel Messmacher Linartas. Desigualdad Regional en México. El efecto del TLCAN y otras reformas estructurales. Banco de México. 12/2000. Disponible en:

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/documentos-de- investigacion-del-banco-de-mexico/%7BADD2ECA6-2BF7-8AF0-7A1C-4F7A34B525BC%7D.pd f (Recuperado el: 08/10/2023)

3 Viridiana Ríos. Una Segunda Oportunidad para México. Milenio. 07/08/2023. Disponible en:

https://www.milenio.com/opinion/viri-rios/no-es-normal/una-segun da-oportunidad-para-mexico (Recuperado el: 08/10/2023)

4 Carlos Vargas. ¿Qué ventajas tiene para México el nearshoring?. Tecnológico de Monterrey. EGADE IDEAS. 29/03/2023. Disponible en:

https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/nearshoring-la-nueva -frontera-de-mexico (Recuperado el: 08/10/2023)

5 José Ávila Muñoz. ¿Qué es el nearshoring y cómo impacta a México?. Expansión. 24/02/2023. Disponible en:

https://expansion.mx/economia/2023/02/24/que-es-nearshoring-mexi co (Recuperado el: 08/10/2023)

6 (2023). Supera Nuevo León los 25 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). Gobierno de Nuevo León. 14/08/2023. Disponible en:

https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/supera-nuev o-leon-los-25-mil-millones-de-dolares-en-inversion (Recuperado el: 08/10/2023)

7 Lourdes Flores. Nuevo León ha captado 50% de la inversión por nearshoring en el país: Scotiabank. El Economista. 29/08/2023. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Nuevo-Leon-ha-captado-50 -de-la-inversion-por-nearshoring-en-el-pais-Scotiabank-20230829-0094.html (Recuperado el: 08/10/2023)

8 Sandra Hernández. Nearshoring sigue pasando desapercibido en el Edomex. El Sol de Toluca. 14/06/2023. Disponible en:

https://www.elsoldetoluca.com.mx/finanzas/nearshoring-sigue-pasa ndo-desapercibido-en-el-edomex-10215913.html (Recuperado el: 08/10/2023)

9 Alondra Ávila. En 2022 Edomex captó 1% de las inversiones por nearshoring en México: Comce. Milenio. 23/02/2023. Disponible en:

https://www.milenio.com/estados/edomex-capto-ciento-inversiones- nearshoring-mexico (Recuperado el: 08/10/2023)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A ENTREGAR A LOS OPLES Y AL INE, UN LISTADO CON LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE TENGAN SENTENCIA FIRME POR DIVERSOS DELITOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE NINGÚN AGRESOR LLEGUE AL PODER PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas a entregar a los OPLE y al INE un listado con los nombres de las personas que tengan sentencia firme por violencia familiar, doméstica, violación, violencia política contra las mujeres en razón de género, o deudora alimentaria morosa, con el fin de garantizar que ningún agresor llegue al poder público, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas de la Igualdad Sustantiva de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 30 de mayo de 2023 entró en vigor la Ley 3 de 3 contra la Violencia. El objetivo de esta ley es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en los órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal.

Esta ley inició como una propuesta de la sociedad civil y de grupos feministas, logrando el apoyo de las mujeres diputadas de todos los grupos parlamentarios de la LXV Legislatura. Este grupo de legisladoras trabajaron en conjunto con propuestas que abonaban en la creación de esta modificación a la Constitución en los artículos 38 y 102, y con esto se busca garantizar el pleno acceso de las mujeres a un cargo de elección popular de manera libre y sin violencia.

Esta reforma es sobre suspensión de derechos para quien tenga sentencia firme en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior. Hasta ahora ya 23 congresos locales respaldan la Ley 3 de 3 contra la violencia. La cual se aplicará por primera vez en las elecciones de 2024, las cuales serán las más grandes en la historia del país, por lo que es necesario que el Instituto Nacional Electoral (INE), al igual que los organismos públicos locales electorales (OPLES), cuenten con los nombres de las personas que tienen sentencia firme en los supuestos que menciona el artículo 38 constitucional, para que puedan comprobar que ningún agresor se registre como candidato a ningún cargo de elección popular.

Es tarea de todas y todos desde nuestro propio ámbito apoyar, cuidar y fortalecer al INE, para que la aplicación de la Ley 3 de 3 contra la Violencia sea una realidad; robusteciendo la ética en la política, cerrando las puertas a deudores que violentan el Principio Superior de la Niñez, a agresores sexuales y familiares; que con sus acciones dañan a la sociedad y lastiman a las mujeres, niñas y niños de nuestro país.

Ahora toca a nuestras instituciones trabajar en conjunto con el INE, para nutrir y actualizar la base de datos, para que se garantice que ningún agresor llega al poder público.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los tribunales superiores de justicia de las treinta y dos entidades federativas a entregar a los organismos públicos locales electorales y al Instituto Nacional Electoral, un listado con los nombres de las personas que tengan sentencia firme por violencia familiar, doméstica, violación, violencia política contra las mujeres en razón de género, o deudora alimentaria morosa, con el fin garantizar que ningún agresor llegue al poder público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputadas y diputado: Amalia Dolores García Medina, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ana Karina Rojo Pimentel, Alfredo Femat Bañuelos, Aleida Alavez Ruiz, Elizabeth Pérez Valdez, Yolis Jiménez Ramírez, Julieta Kristal Vences Valencia, Marisol García Segura (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO A LA SEMAR Y A LA SEMARNAT, A HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL TRATAMIENTO QUE SE ESTÁ DANDO AL SARGAZO RECOLECTADO EN QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar y a la Semarnat a hacer pública la información referente al tratamiento que se le está dando al sargazo tras ser recolectado, el lugar donde se deposita y las medidas que se toman para evitar emisión de gases tóxicos al ambiente y residuos a los cuerpos de agua de Quintana Roo, a cargo de la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numeral 2, fracciones III a VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sargazo es una macroalga color pardo o verde negruzco que se mantiene a flote por medio de vesículas llenas de gas. Estas algas pueden crecer varios metros de largo, son de textura dura y se entrelazan con facilidad, creando fuertes y flexibles islas de sargazo capaces de sobrevivir entre las fuertes corrientes del Mar Caribe.

El sargazo se desplaza por medio de corrientes oceánicas y cuenta con adaptaciones evolutivas que si el ambiente lo favorece como en los últimos años puede crecer de una manera substancial, al punto de poder duplicar su tamaño en menos de 20 días.

Desde 2011, las costas de países en el Caribe y el oeste de África han recibido arribos masivos de sargazo pelágico que han afectado el ambiente, el turismo, la pesca y la salud humana. Históricamente, su distribución se centró en el Mar de los Sargazos, en el Atlántico Norte, aunque ocasionalmente algunas masas de sargazo se desprendían y eran transportadas por las corrientes marinas y el viento hasta las costas de las islas en el noreste del Caribe y la parte este de la Península de Yucatán. A partir de 2011, se comenzó a registrar un arribo masivo de sargazo atípico en las islas del Caribe oriental y de la costa oeste de África, y a finales de 2014 en el resto del Caribe, incluidas las playas de México.

Hay pocos estudios que puedan servir para explicar este fenómeno (el cual no solo se ha visto en México, sino en varias regiones del Caribe y Centroamérica), de tal suerte que con base en información de la UNAM en la actualidad se plantea dos teorías que pueden explicar este fenómeno siendo, la primera, la invasión anual de sargazo que se ha registrado en cantidades atípicas desde 2013, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), siendo esta una reacción al aumento de nutrientes derivado de la contaminación ambiental, al calentamiento global que incrementa la temperatura del agua y causa cambios en las corrientes marinas y los vientos.

En segunda, de que la invasión de algas es producto de una abundancia de sargazo en su punto de origen, el mar de los sargazos, cerca de las islas Bermudas, y de otros nuevos puntos de aglomeración, a causa de los cambios en corrientes marítimas.

Aunado a lo anterior, el sargazo también consume una enorme cantidad de oxígeno en el mar, circunstancia que podría generar un desastre ecológico irreversible en el sureste de México, partiendo de las afectaciones a las mismas especies que debería albergar. Los especialistas de la UNAM advierten que los efectos más graves se podrían constatar en el corto plazo.

México debe hacer conciencia respecto de este potencial desastre ecológico ya que equivaldría a la ruina económica del sureste del país y de los ingresos que la noble actividad turística provee a todo México, y para ejemplo unos datos, con base en los “Resultados de la Actividad Turística (RAT),” de la Secretaría de Turismo (Sectur), en el periodo enero-julio 2023 nuestro país registro la llegada de turistas internacionales por el índice de 24 millones 64 mil, nivel superior en 2millones 391 mil turistas al observado en el mismo periodo de 2022 y equivalente a un incremento del 11.0%.

Durante enero-julio 2023 llegaron 13 millones 351 mil turistas internacionales vía aérea por país de nacionalidad, superior en 9.6% respecto al mismo periodo 2022.

Destaca la llegada de turistas de:

• Estados Unidos con 8 millones 430 mil pasajeros, 5.8% más respecto a 2022. Y participa en el mercado nacional turístico con el 63.1%.

• Canadá con Un millón 545 mil pasajeros, 63.4% más respecto a 2022. Y participa en el mercado nacional turístico con el 11.6%.

• Colombia con 415 mil 478 pasajeros, 14.7% menos respecto a 2022. Y participa en el mercado nacional turístico con el 3.1%.

• Reino Unido con 280 mil 98 pasajeros, 13.9% menos respecto a 2022. Y participa en el mercado nacional turístico con el 2.1%.

• Argentina con 201 mil 224 pasajeros, 6.6% más respecto a 2022. Y participa en el mercado nacional turístico con el 1.5%.

• Resto de nacionalidades 2 millones 479 mil pasajeros, 9.2% más respecto a 2022. Y participa en el mercado nacional turístico con el 18.6%.

Los aeropuertos que recibieron el mayor número de turistas internacionales en México fueron, según su nacionalidad: Cancún, Quintana Roo (6,185,355); Ciudad de México (AICM) (2,506,522); Los Cabos, B.C.S. (1,458,895); Puerto Vallarta, Jalisco (1,159,625); Guadalajara, Jalisco (789,422); Monterrey, N.L. (197,956); Cozumel, Quintana Roo (151,472) y Silao, Guanajuato (129,483).

El porcentaje de ocupación hotelera en la selección de 70 centros turísticos, fue de 60.2%, nivel superior en +4.7 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso de 2022.

La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 36 millones 864 mil turistas (73.1 % del total); mientras que la llegada de los turistas internacionales registró 13millones 568 mil turistas (26.9% del total).

Ahora bien, con base en el ranking de porcentajes de ocupación hotelera enero-julio 2023. en los centros turísticos del país en primero, segundo, quinto y octavo lugar, se ubican destinos como Playacar, Akumal, Cancún y Playa del Carmen; Quintana Roo, teniendo el porcentaje de 85.1%, 84.1%, 76.4 % y 71%, niveles superiores en 7.8, 4.1, e inferiores en -0.6 y -1.1 puntos porcentuales respectivamente, a lo observado en el mismo periodo de 2022.

Por lo que hace al número de pasajeros en cruceros que arribó durante enero-julio 2023 fue de 5 millones 649 mil pasajeros, con un incremento del 55.9% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2022.

En el mismo orden de ideas, se registró la llegada de Un mil 698 cruceros a los diferentes puertos del país, representando un incremento del 11.9% a lo registrado en el mismo lapso de 2022.

Los puertos que recibieron mayor número de excursionistas en crucero en México fueron: Cozumel, Quintana Roo, con 2,465,820; Majahual, Quintana Roo con 1,031,069; Ensenada, B.C. con 598,043; Cabo San Lucas, B.C.S. 489,623; y Puerto Vallarta, Jalisco con 374,084; Los cuales representaron el 89.2% del total de pasajeros en el país.

La población ocupada en el sector turismo de México ascendió a 4 millones 713 mil empleos directos en el segundo trimestre 2023 y representó el 8.9% del empleo nacional; equivalente a un incremento de +4.8% respecto al mismo periodo de 2022. Con este resultado se observó un incremento de 216 mil 8 empleos directos más en el sector productor de bienes y servicios turísticos.

En la primera mitad de 2023, la actividad económica creció 1.6% respecto al semestre previo, con lo que el nivel del PIB se ubicó 2.3% por arriba del nivel del tercer trimestre de 2022, alcanzando un nuevo máximo histórico.

Ahora bien, de lo anterior es claro que para nuestro país que el turismo es un sector de suma importancia como generador de crecimiento siendo esta una actividad fundamental que contribuye en demasía para el desarrollo de México, para el periodo enero-julio 2023 los ingresos ascendieron en promedio a 18 mil millones de dólares equivalente a un incremento de +10.6% respecto al mismo periodo de 2022 y el gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de 1,151.2 dólares, lo que representó un incremento del 1.8% respecto a lo observado en el mismo periodo de 2022.

En el mismo orden de ideas y ya consientes de la importancia que el turismo y los destinos de playa del sureste de México tienen y retomando las afectaciones que el sargazo está ocasionando a las costas del caribe según datos de la UNAM “Este año llegó en febrero y seguirá, como mínimo, hasta octubre. Imágenes satelitales revelan que, en 2023, el arribo será severo”

Así mismo, derivado del monitoreo histórico y la experiencia obtenida respecto del análisis de este fenómeno, ahora sabemos que el arribo de sargazo al caribe mexicano suele incrementar durante la temporada de verano, y como ya se mencionó en este año 2023 el arribo de la macroalga comenzó desde febrero, y hasta el día 23 de julio presenta una cantidad aproximada de sargazo de 8,805 Toneladas.

El nivel de alertamiento con base en datos de Secretaría de Marina (SEMAR), para mediados del mes de julio en la Región del Caribe Mexicano, se ubica en la categoría “4” que corresponde a la denominación de “MODERADO”, de acuerdo con la “Escala para la presencia aproximada de sargazo en el Caribe Mexicano y criterios para la evaluación del nivel de recale de sargazo en la zona costera”. Y para este fecha El nivel de alertamiento para la Región del Caribe Mexicano, se ubica en la categoría“2”.

Es clara la diferencia del arribo del sargazo que se presenta en los meses de julio y octubre en el entendido de que el mismo obedece a las estaciones del año en las que se involucran corrientes, vientos, temporada de lluvia, el incremento en las temperaturas, el fenómeno de la niña o niño según sea el caso, pero lo que no varía es que los meses más afectados son precisamente donde coinciden con las temporadas altas de arribo de vacacionistas mismo que a corto mediano y largo plazo desincentivarán a los turistas a visitar las playas.

Como consecuencia, para esta temporada de 2023, el Estado de Quintana Roo tuvo que colocar barreras antisargazo en las playas como medida de emergencia, sin mencionar que a estas tareas también se suman los hoteleros mismos que están gastando cerca de 1 millón de pesos al mes en labores de limpieza; sin embargo, esto no es suficiente la UNAM informa que con base en el estudio “Costo de limpieza del sargazo pelágico en México”, los universitarios analizaron datos sobre los gastos de limpieza en tres municipios de Quintana Roo (Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum) y cinco hoteles entre Tulum y Cancún, lo que arrojó un aproximado de un millón y medio de dólares al año por cada kilómetro de litoral.

“Es oneroso porque involucra desde la contención en el mar mediante barreras de entre 300 y 500 dólares. Además, se requieren barcos, bandas transportadoras, máquinas en playa, mantenimiento de equipos, camiones transportadores, sitios donde depositar la materia orgánica para evitar contaminar áreas naturales y un número elevado de personal por cada tramo costero”

Aunado a todo lo anterior el sargazo también causa diversas afectaciones al medio ambiente y al ser humano iniciando con la llamada “marea marrón”, que, como su nombre indica, es agua café debido a la descomposición de materia orgánica. Ello implica un deterioro de la calidad del líquido y provoca la muerte de pastos marinos y fauna, incluyendo corales y especies de importancia pesquera, como la langosta entre otros.

Además, la disposición inadecuada de esta biomasa en zonas selváticas y áreas sin geomembranas resultaría en la contaminación de los ríos subterráneos, siendo estas fuentes únicas de agua dulce en Quintana Roo.

Lo anterior nos lleva a preguntar ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando al sargazo tras ser recolectado?, ¿En donde se deposita? y si como lo señala el estudio de la UNAM, ¿Se están tomando las previsiones necesarias para evitar emisión de gases tóxicos al ambiente y residuos a los cuerpos de agua de Quintana Roo?

“Otro problema es que, al descomponerse en la superficie, las algas emiten gases tóxicos como ácido sulfhídrico, amonio y metano. Esto representa un riesgo para quienes las palean durante cinco o siete horas al día, porque su exposición es crónica y más si estos trabajadores no cuentan con protección adecuada como mascarillas, traje y botas especiales”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que hagan pública la información referente al tratamiento que se le está dando al sargazo tras ser recolectado, el lugar donde se deposita y las medidas que se toman para evitar emisión de gases tóxicos al ambiente y residuos a los cuerpos de agua del Estado de Quintana Roo.

Notas

1. https://sargazo.icmyl.unam.mx/indexES.php

2. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/versionesRAT.aspx

3. https://unamglobal.unam.mx/global_tv/en-2023-el-sargazo-llegara-antes-y-en-mayo r-volumen-a-mexico/

4. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://digaohm.semar.gob.m x/OpSargazo/BoletinesDiarios/Julio/SARGAZO_684_24_JULIO_2023.pdf

5. https://unamglobal.unam.mx/global_tv/en-2023-el-sargazo-llegara-antes-y-en-mayo r-volumen-a-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Laura Lynn Fernández Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A APLICAR LOS PRINCIPIOS REFERENTES AL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Baja California Sur a aplicar los principios referentes al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación aplicable en la materia y de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los diversos tratados internacionales ratificados por México garantizan los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en el espacio público y privado. Sin embargo, las mujeres mexicanas seguimos enfrentando limitaciones e impedimentos para el pleno ejercicio y goce de nuestros derechos así como en el acceso a la participación en órganos de gobierno, toma de decisiones, procesos electorales y representación política, caracterizándose por enfrentar discriminación y violencia por razones de género.

La construcción androcentrista desde la conceptualización de las instituciones jurídico-políticas, justificó excluir en el disfrute y ejercicio de sus derechos civiles y políticos a las mujeres.

“En este sentido, un estudio publicado por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas de la LXIV Legislatura, señala que entre 2013 y 2016 se abrieron 416 expedientes por violencia política contra las mujeres en razón de género. Para el proceso electoral de 2018, dicho estudio señala que se presentaron 106 casos de violencia política en razón de género, de los cuales 10 fueron sobre hechos que lesionaban los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y, por desgracia, hubo 16 feminicidios de candidatas. De acuerdo con la información de la consultora Etellekt, en su Séptimo Informe de Violencia Política en México. Proceso Electoral 2021, del 7 de septiembre de 2020 al 6 de junio de 2021, 343 mujeres dedicadas a la política fueron víctimas de distintos delitos o agresiones en su contra. De éstas, 15 fueron víctimas de homicidio doloso y siete eran aspirantes o candidatas cuando lamentablemente fueron privadas de la vida.”

El 23 de marzo de 1981, México ratifico la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el 19 de junio de 1998 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ambos instrumentos resultan de suma importancia en la erradicación y eliminación de la violencia contra las mujeres al determinar establecer el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, así como señalar que la violencia contra las mujeres impide y anula el ejercicio libre y pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El seis de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la aplicación del principio de paridad entre mujeres y hombres en todos los poderes públicos y niveles de gobierno, conocido como “paridad en todo”.

El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición al artículo 38 Constitucional, la cual incorpora la suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género; así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Estableciendo que quien recaiga en dichos supuestos, no podrá ser registrado como candidato para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrado para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Este hecho significó un avance sustantivo a fin de garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, lucha que se gestó desde las colectivas, la sociedad civil en conjunto con las diputadas integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva (que representan a los siete Grupos Parlamentarios).

En un país donde diariamente se asesinan a 13 mujeres y en donde “En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (27.4 %).

Mientras que, de octubre 2020 a octubre 2021, 42.8 % de las de mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia, la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %), la violencia económica, patrimonial y/o discriminación (16.2 %) y la violencia física (10.2 %)”.

Resulta fundamental que exista congruencia en todos los órdenes y niveles de gobierno rompiendo el pacto patriarcal y no solapar a ninguna persona agresora, violentadora ni deudora alimentaria morosa.

Por lo tanto, resulta imperante exhortar al Gobernador del Estado de Baja California Sur, Profesor Víctor Manuel Castro Cosío para que reconsidere el nombramiento realizado al ciudadano Arnoldo Alberto Rentería Santana como Subsecretario General de Gobierno, quién en el pasado proceso electoral de 2021 en Baja California Sur, fue sancionado e inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, por ejercer violencia simbólica en contra de la C. Licenciada Armida Castro Guzmán, otrora militante de Morena, lo anterior derivado del Procedimiento Especial Sancionador radicado en el expediente TEEBCS-PES-02/2021, de cuya resolución le determinó las siguientes medidas:

• Disculpa pública. Medidas de no repetición;

• Multa económica como sanción, e

• Inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadoras en materia de VPMRG por cuatro años.

Al respecto, es importante enfatizar, que NO existe violación alguna al principio de irretroactividad, ya que la reforma Constitucional fue publica en el DOF el 25 de mayo de 2023, por ende, sus efectos comenzaron a partir de esta fecha y el nombramiento se realizó en fecha 14 de septiembre de 2023, es decir con posterioridad a la entrada en vigor de la referida reforma, por lo que sus efectos ya aplicaban a los nombramientos con posterioridad a esta, máxime que previamente el señalado funcionario contaba con una resolución firme que lo imposibilitaba para ejercer cargos públicos.

Por ende, no era viable que una persona con los antecedentes señalados ejerciera la función en comento, ya que este fue sancionado e inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Por lo que si una persona no es capaz de dignificar y respetar a las mujeres, mucho menos será capaz de responder ante las obligaciones que como servidor público se le otorguen.

La congruencia de nuestras acciones nos define, por lo que no es posible colgarse una bandera feminista en épocas de campaña mientras que en su gabinete otorga plazas a violentadores, ¡las mujeres de Baja California Sur merecen respeto y dignidad!, sabiendo que quienes SIRVEN en un encargo público deben ser personas merecedoras de confianza y no los principales agresores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la soberanía del Estado de Baja California Sur, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Víctor Manuel Castro Cosío, para que aplique los principios referentes al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación aplicable en la materia y de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Notas:

1. Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, Violencia política en razón de género, Ciudad de México, s.f., disponible en:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/336 499/1201774/file/ViolenciaPoliticalCompleta_r.pdf

2. Etellekt, Séptimo informe de Violencia Política en México. Proceso Electoral 2021, México, 2021, disponible en:

https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico -2021-J21-etellekt.html

3. https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2023.– Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.