INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 27 de septiembre de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 8o., 48 y 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Turismo, para opinión.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de seguridad en las carreteras, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Movilidad, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para opinión.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Jasmine María Bugarín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. Que adiciona el artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

5. Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

6. Que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales.

8. Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales.

9. Que reforma el artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer públicas las supuestas grabaciones realizadas por parte de los elementos del Ejército Mexicano en torno al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como la información solicitada por parte de los padres y madres de los normalistas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a declarar el inicio de emergencia por ocurrencia de sequía moderada, severa y extrema en diversas zonas del estado de Durango, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y al INM, a atender la crisis migratoria en México, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a priorizar la atención a personas en situación de calle, bajo la perspectiva de derechos humanos, mediante la creación de instancias y estrategias para atender sus necesidades básicas, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a suspender los trabajos de la construcción del hotel militar en la reserva de la biósfera de Calakmul y publiquen los estudios, informes y programas correspondientes y dispongan mecanismos de máxima publicidad, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar medidas suficientes y pertinentes para la conservación del jaguar y su hábitat, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a los gobiernos de la Ciudad de México y del Edomex, a contemplar una actualización de los riesgos hídricos actuales enunciados por diferentes actores, misma que considere la coordinación de la megalópolis y la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a cumplir con las solicitudes de información referentes a los adeudos, cancelación de apoyos y recursos otorgados a atletas y entrenadores, suscrito por los diputados Andrés Pintos Caballero y Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma los artículos 8o., 48 y 49, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8o., 48 y 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A lo largo del tiempo, la actividad turística se ha entendido como un fenómeno social a través del cual se intercambian ideas, cultura y conocimiento, siendo ésta en los últimos años para muchos países un factor determinante para el desarrollo de su economía.

Es así que el turismo se ha convertido en una alternativa real para el crecimiento y modernización de regiones, comunidades y ciudades enteras, lo cual resulta evidente, sobre todo, en aquellos destinos en donde existen pocas alternativas productivas, pero cuentan con una enorme riqueza natural, cultural o arqueológica, lo cual les ha permitido desarrollar una industria turística como principal fuente económica.

Aquellas regiones que se han visto al margen de procesos de integración económica, han encontrado en el turismo los vínculos intersectoriales que contribuyen a sostener la economía local, al favorecer la inclusión de las cadenas locales de producción y provisión de servicios, además de ser una de las mayores fuentes de empleo.

Por ello, el turismo representa una enorme oportunidad de desarrollo en el entorno donde se desenvuelve al integrar una gran variedad de productos y servicios ligados a otros sectores y actividades económicas, ya que los visitantes requieren durante su estancia servicios de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros, generando un importante impacto en la economía tanto local como nacional.

En este orden de ideas, nuestro país posee una enorme diversidad cultural, natural y arqueológica, lo que lo hace una nación única, siendo su riqueza motivo de admiración para los visitantes extranjeros y orgullo para los mexicanos.

Para nuestro país, el turismo ha representado una pieza clave para la economía nacional y el desarrollo de las regiones, registrando un robusto desempeño en los últimos años, en este sentido, gracias al dinamismo del sector, éste tuvo la capacidad de ajustarse rápidamente tras la superación de la pandemia recuperando los niveles de crecimiento previos a la misma.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, en el 2022 la industria comenzó un proceso de recuperación sostenida registrando cifras alentadoras, para el cierre de 2021 se estimó el arribo de 31 millones de turistas internacionales, 28.1 por ciento más que en 2020, así como 18 mil 428 millones de dólares de derrama económica, 67.6 por ciento superior a 2020.

Lo anterior colocó a nuestro país en el sexto lugar de los países más visitados a nivel internacional durante 2022, tal y como se puede observar en la siguiente tabla:

Asimismo, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, ese mismo año, México logró ocupar la novena posición mundial en captación de divisas por turismo, subiendo ocho posiciones con respecto a 2018, impactando directamente a las 235 plazas con vocación turística en nuestro país:

En este sentido, y gracias a los esfuerzos coordinados entre las autoridades de los tres niveles de gobierno con el sector privado, la tendencia continúa siendo alentadora pues se estima que para el cierre de 2023 lleguen a nuestro país casi 40 millones de turistas internacionales, es decir, 2.7 por ciento más que en 2022, además, se espera un gasto promedio por visitante internacional de 448 dólares, lo que representa un aumento de 77.6 por ciento respecto a 2019. Asimismo, se espera la entrada de 25 mil 231 millones de dólares en ingresos por turistas de internación vía área, lo que significa mil 647 millones de dólares más que lo registrado en 2022.

La industria turística ha mantenido durante 2023 cifras muy positivas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se reportó la llegada de 12 millones 108 mil visitantes internacionales durante los meses de enero y febrero, lo que representó un incremento del 30.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2022.

En cuanto a la ocupación hotelera, el Inegi señaló que durante el primer bimestre del año alcanzó ésta 59.3 por ciento, 11.4 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo de 2022, asimismo, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel incrementó 3.1 por ciento, mientras que de visitantes extranjeros se registró un aumento de 3.9 puntos porcentuales durante los mismos meses, tal como se puede observar en la siguiente gráfica:

Asimismo, el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales durante dicho periodo fue de 5 mil 422 millones de dólares, lo que significó un aumento del 32.4 por ciento con relación al mismo periodo de 2022.

Como se puede observar, la relevancia de la industria turística para el desarrollo nacional resulta incuestionable, la participación del producto interno bruto turístico en la economía aumentó siete décimas de punto porcentual, al pasar de 6.8 por ciento a 7.5 por ciento entre los años 2020 y 2021 respectivamente, mientras que para 2023 se estima una participación cercana al 8.6 por ciento, lo cual llevará a nuestro país a seguir consolidándose como una potencia turística gracias al incremento en la captación de divisas y un mayor gasto de los visitantes, todo como resultado directo de los números positivos con los que cerró el año 2022.

En este contexto, se debe señalar que uno de los principales puntos de interés para turistas, tanto nacionales como extranjeros, son los destinos de sol y playa, encabezando la lista sitios como Akumal, Playacar, Cabo San Lucas, Nuevo Nayarit, Puerto Vallarta y Cancún. Dichos centros turísticos se ven favorecidos frente a otros destinos en el país, esto se puede observar claramente en el porcentaje de ocupación hotelera, fundamentalmente entre centros de playa y ciudades:

El sector turístico en nuestro país ha logrado consolidarse con el paso de los años y, a diferencia de otros sectores tradicionales de la economía nacional que pueden llegar a presentar periodos de desaceleración o incluso estancamiento, el turismo se ha mantenido no solo estable, sino como una industria en crecimiento, logrando impulsar al resto de la actividad económica.

Por otra parte, los empleos generados por el turismo, también crecen a un ritmo importante y superior al de otros sectores, según datos de la Secretaría de Turismo para el primer trimestre de 2023 el empleo turístico representó el 8.9 por ciento del empleo nacional, ascendiendo a 4 millones 678 mil personas ocupadas.

Por todo lo antes expuesto resulta primordial continuar trabajando de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil a fin de seguir fortaleciendo la industria turística nacional; es importante impulsar todos los cambios necesarios para lograr lo anterior y construir una política de Estado con visión de largo plazo con el objetivo fundamental de transitar hacia un turismo sustentable, incluyente, global y vanguardista que permita seguir generando beneficios e involucrar a más actores en ello.

Una pieza clave para el sector son los viajeros nacionales y extranjeros que año con año visitan diversos destinos de la República Mexicana con el fin de conocer sus playas, su cultura, su gastronomía, así como sus diversos puntos de interés arqueológico o histórico, por ello, un pendiente que debemos atender de manera urgente es la imagen y seguridad de los destinos turísticos del país, así como la calidad de la infraestructura y los servicios.

Es importante resaltar que para la elección de los destinos por parte de los viajeros suelen considerarse factores como precio, oferta de los atractivos naturales y culturales, la seguridad de las ciudades, así como la calidad en los diversos servicios que se ofrecen.

En este sentido, a los visitantes, al seleccionar un destino específico, se les debe garantizar el derecho de elegir las opciones de traslados, alojamiento y actividades que más les convengan o sean de su agrado. Todo usuario de servicios turísticos tiene derecho a que los bienes y servicios que adquiera correspondan a la categoría y a la calidad que sea de su elección o preferencia.

De acuerdo con la Ley General de Turismo, las actividades turísticas son aquellas que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos, para dichas actividades existe una importante oferta de servicios turísticos destinados a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación.

Los servicios turísticos son todas aquellas actividades y productos ofertados al turista para garantizar una satisfacción completa en su estancia temporal, por lo cual es importante resaltar que dichos servicios, por su propia naturaleza, brindan una mayor satisfacción que los servicios normalmente ofrecidos al consumidor local, ya que tienden a generar un mayor confort al momento de la transportación y, por consecuencia, su costo se basa en ese esquema.

Tratándose de la transportación del turista, vale la pena resaltar que debe ser un servicio brindado de forma tal que se garantice la comodidad, eficacia y seguridad de los visitantes, lamentablemente, la calidad en dichos servicios se ha visto afectada ya que a los permisionarios de transporte turístico de manera constante, tanto autoridades estatales como municipales, les solicitan una serie de documentos para acreditar que están autorizados para la prestación de dicho servicio, sobre todo, al momento de realizar trayectos de un punto de interés turístico a otro, o bien, de hoteles a puertos marítimos, aeropuertos y terminales terrestres.

En este orden de ideas, la presente propuesta de reforma busca regular el autotransporte federal turístico con la finalidad de garantizar su circulación ya que, por su propia naturaleza, al transportar turistas de un punto de interés a otro, involucra el tránsito por diversas vías de comunicación.

Como se ha señalado en párrafos anteriores, la actividad turística es un elemento primordial para la economía nacional y local, por ello, es fundamental actualizar los marcos regulatorios en la materia a fin de continuar fortaleciendo tan relevante industria.

Se estima que la industria turística mexicana continúe su crecimiento y nuestro país siga siendo uno de los destinos preferidos para los turistas, ante ello, debemos estar preparados y fortalecer las capacidades de la industria para incrementar la calidad en los servicios ofertados. En los últimos años México ha ganado terreno en la atracción de flujos turísticos, logrando que el turismo mexicano supere el crecimiento promedio de muchos países en el sector, como ya se señaló, motivo por el cual debemos seguir trabajando para continuar en esa tendencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 8o., 48 y 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo único. Se reforman los artículos 8o., 48 y 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Articulo 8o. Se requiere permiso otorgado por la Secretaría para:

I. a XI. (...)

...

En los casos a que se refieren las fracciones I a III, IV y XI del presente artículo, los permisos se otorgarán a todo aquel que cumpla con los requisitos establecidos en esta Ley y su reglamento y ampararán a su titular para la prestación de dichos servicios.

Artículo 48. Los permisos que otorgue la Secretaría para prestar servicios de autotransporte de turismo, podrán ser por su destino nacionales o internacionales.

El servicio nacional de autotransporte de turismo se prestará en todos los caminos de jurisdicción federal sin sujeción a horarios o rutas determinadas. Dicho servicio, atendiendo a su operación y tipo de vehículo se clasificará en los siguientes servicios:

I. Turístico de lujo;

II. Turístico;

III. De excursión, y

IV. Chofer-guía.

La operación, tipo de vehículo, características y especificaciones se establecerán en el reglamento respectivo.

Artículo 49. Los permisos para prestar los servicios de autotransporte turístico autorizan a sus titulares para el ascenso y descenso de turistas desde y hacia los puertos marítimos, aeropuertos, centros de hospedaje y terminales terrestres, en servicios previamente contratados.

Dicho contrato u orden de servicio podrá presentarse de manera física, electrónica o digital a la autoridad competente que así lo requiera y ésta validará la prestación de los servicios ahí señalados por parte de los permisionarios.

El servicio de autotransporte turístico no podrá ser solicitado en vialidades públicas y deberá ser contratado previamente de manera física, presencial o por cualquier medio electrónico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Nuestro Turismo, Secretaría de Turismo. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412719/Turismo_20 40_Poli_tica_Turi_stica_de_Estado.pdf

2 En México la industria del turismo se mantiene en franca recuperación, Secretaría de Turismo. Disponible en:

https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-mexico-la-industria-del-turi smo-se-mantiene-en-franca-recuperacion?idiom=es

3 México captará 31 mil 169 millones de dólares por visitantes internacionales, Secretaría de Turismo. Disponible en:

https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-captara-31-mil-169-millo nes-de-dolares-por-visitantes-internacionales-en-2023-de-acuerdo-a-expectativas

4 Resultados de la actividad turística: febrero 2023, Secretaría de Turismo. Disponible en:

https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2023-02(ES).pdf

5 Empleo turístico en México, Secretaría de Turismo. Disponible en:

https://www.gob.mx/sectur/prensa/empleo-turistico-en-mexico-asci ende-a-4-millones-678-mil-personas-en-el-primer-trimestre-de-2023?idiom=es#:~: text=Subrayó%20que%20el%20empleo%20tur%C3%ADstico,millones%20487%20mil%20person as%20empleadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Turismo, para opinión.

LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de seguridad en las carreteras, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El artículo 11 constitucional establece que toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella y viajar por su territorio, sin embargo, este derecho se ve limitado debido a la actual inseguridad que tiene lugar en diversas regiones del país.

Según cifras de la Red Nacional de Caminos, hay 176 mil 984 km de carreteras en México y se clasifican en: 50 mil 798 carreteras federales, 103 mil 53 carreteras estatales, 23 mil 131 km carreteras municipales o particulares y 10 mil 923 km carreteras de cuota. Empero, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional, al año se tiene un promedio de 1 mil 121 denuncias por robos a vehículos; dentro de las principales carreteras con mayor número de denuncias se encuentra la Puebla-Córdoba; autopista Matehuala-Monterrey; Ciudad de Morelia-Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; autopista México-Cuernavaca; Urracas-Matamoros-Reynosa; Querétaro-Irapuato; y la carretera federal Toluca-México.

En lugares como Tamaulipas, su misma economía se ve afectada por la criminalidad; así se menciona a través de el periódico El Norteque en las carreteras se han detectado robos a tráileres que transportan el sorgo producido en la región, que es enviado a otros estados como Jalisco o Guanajuato; al interrumpir su comercio, se comienza a mermar su economía. Otro ejemplo de esta situación se manifiesta en que, de los productos más robados, 72 por ciento corresponde a hidrocarburos, productos de limpieza, medicamentos, material de curación, ropa, calzado y químicos; 11 por ciento a alimentos y abarrotes; 7 por ciento a materiales para construcción; y 6 por ciento a refacciones automotrices y electrónicos.

Asimismo, el periódico El Sol de México, en comparación a las cifras de la Guardia Nacional, estipula que entre enero y junio se han denunciado más de siete mil robos al autotransporte de carga en el país, un aumento de 10.7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado; basado en el reporte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 97.2 por ciento de los delitos ocurre en 10 entidades: estado de México, Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

Existen distintos modus operandi utilizados por los delincuentes alrededor de la república. En Puebla, entre las prácticas de los grupos de la delincuencia para cometer estos asaltos, destaca el reclutamiento de mujeres, las cuales fingen pedir ayuda en las autopistas para que, cuando los conductores se detienen, sean atracados por sus cómplices; asimismo, se da el uso de patrullas falsas que es otra estrategia para consumar los hurtos en esa entidad del centro del país. Esto genera una mayor incertidumbre de la población debido a que se genera una gran desconfianza hacia las autoridades, de este modo es como se comienza a perder la fortaleza de la institución policial en el país.

Por otro lado, en Veracruz, en lo que va del año se han registrado al menos 840 robos de transporte de carga en carreteras y autopistas, además de los que se cometen contra automovilistas particulares, según los datos de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC (Amotac).

En Chihuahua, se han registrado 118 robos en los diferentes tramos carreteros de la entidad, con un promedio de 17 casos al mes, de acuerdo con los registros compartidos por la Fiscalía General del Estado (FGE); mientras que en entidades como San Luis Potosí se tienen registrados 202 denuncias de robo a transportistas. De estos casos, 124 se cometieron con violencia. Existen carreteras, como lo es Monterrey-Nuevo Laredo, en las que se han reportado hasta 200 desapariciones, de las cuales únicamente se ha encontrado a 18 personas con vida.

Esto afecta directamente al turismo dentro del país; incluso Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos de no visitar los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a las olas de violencia ejercidas por organizaciones criminales que azotan en dichos territorios. Esta ola de inseguridad se debe al crimen organizado, que existe en todas partes, y a la ineficacia de las autoridades civiles y militares que por desgracia, no han logrado detener la violencia desatada por los cárteles, que continúan la disputa por el control de rutas y del mercado de las drogas.

Es por lo anterior que presento esta iniciativa con el compromiso que tengo con los mexicanos, con los miles de trabajadores del transporte, con las familias que ahora no pueden salir a disfrutar de nuestras carreteras y paisajes por miedo a que sean secuestrados, asaltados o, peor aún, a que les puedan arrancar la vida. Es muy preocupante lo que está pasando en las carreteras de nuestro hermoso país, debemos y tenemos la obligación de hacer algo por todos aquellos que por necesidad o por placer tienen que salir a nuestras carreteras y lo deben hacer seguros y protegidos por nuestras leyes y nuestras autoridades.

Se presenta a continuación el cuadro comparativo de la Ley vigente con las modificaciones aquí propuestas:

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman las fracciones IX y X del artículo 1; se reforman las fracciones XXIII, XLVI y se adiciona la fracción LXXI al artículo 3; se reforma la fracción XV del artículo 4; se reforma el párrafo primero y la fracción V del artículo 11, todos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo décimo séptimo del artículo 4o. y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, y tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

La presente Ley tendrá por objetivos:

I. VIII. ...

IX. Establecer los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales o actos criminales, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros, y

X. ...

Artículo 3. Glosario.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a XXII. ...

XXIII. Factor de riesgo: Todo hecho o acción que dificulte la prevención de un siniestro de tránsito o acto criminal, así como la implementación de medidas comprobadas para mitigar dichos riesgos;

XXIV. a XLV. ...

XLVI. Seguridad vial: Conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores de riesgo, con el fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito o actos criminales.

XLVII. a LXX. ...

LXXI. Acto Criminal: Todo hecho o acción en vías de comunicación que dificulte un siniestro de tránsito ya sea por matar, agredir, robar algo de los transportistas o pasajeros o cualquier persona, que estén transitando por las vías de comunicación a nivel nacional.

Artículo 4. Principios de movilidad y seguridad vial.

La Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipal, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y demás autoridades en la materia, de acuerdo con sus facultades, considerarán los siguientes principios:

I. a XIV....

XV. Seguridad. Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito o actos criminales es prevenible;

XVI. a XX. ...

Artículo 11. De la seguridad vial.

La seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito o actos criminales y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de éstos. Para ello, las autoridades, en el marco de sus respectivas competencias, observarán las siguientes directrices:

I. a la V. ...

VI. Seguimiento, gestión y coordinación: Las autoridades competentes establecerán las estrategias necesarias para el fortalecimiento de la seguridad vial, dándoles seguimiento y evaluación. Asimismo, se coordinarán entre ellas para gestionar de manera eficaz las acciones de prevención, atención durante y posterior a los siniestros viales y actos criminales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para opinión.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Jasmine María Bugarín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Luis Arturo González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo al artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación se entiende entre sus diversas acepciones y matices, como la distribución de la cultura, para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad. Son un conjunto de influencias sobre sujetos humanos, procedentes de otros seres humanos, convirtiéndose en un proceso de socialización que supone la incorporación de la persona en la sociedad donde se adquiere lenguaje, costumbres, conocimientos y normas vigentes en ella.

Garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y diversos instrumentos normativos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la educación es reconocido como uno de los cinco derechos culturales básicos que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, proporciona a los individuos y las sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a su sociedad, economía y cultura.

El papel de la educación en el actual proceso de transformación nacional del país es fundamental y un eje toral para lograr el objetivo de reconstruir el tejido social de la mano de la justicia para subsanar las desigualdades estructurales que por décadas se causaron en la nación.

Evidentemente, para conseguir los objetivosque tiene la educación de contribuir al desarrollo social, tecnológico, científico, cultural,humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas de excelencia con compromiso social, tal como lo señala la Ley General de Educación Superior, es indispensable que las juventudes mexicanas cuenten con los apoyos e incentivos suficientes para avanzar en su proceso educativo hasta llegar a la educación superior, donde se asegure el acceso igualitario de todos y todas a una formación técnica y profesional de calidad, lo que ha implicado hacer frente a los históricos rezagos acumulados de cobertura, recursos humanos, económicos, tecnológicos, así como paliar la deserción escolar de jóvenes que por diversas razones no continúan con sus estudios en el sistema educativo nacional y no concluyen alguna carrera universitaria o no se titulan de ésta.

Las razones son varias, sin embargo, entre los factores principales que producen esta realidad se encuentranlos económicos, empezando por el entorno de precariedad familiar que muchos jóvenes viven aunado al hecho de que un amplio número de los planteles de educación superior se encuentran establecidos en la zona metropolitana del valle de México o en las ciudades capitales de los estados, lo que obliga al estudiantado a abandonar sus lugares de origen,intensificando aún más el esfuerzo financiero que realizan las personas para ejercer su derecho a la educación.

Las dificultades relacionadas con los recursos económicos pueden verificarse en las cifras relativas a la educación superior, donde únicamente 23 por ciento de los jóvenes mexicanos de 25 a 34 años de edad ha cursado o concluido algún nivel de educación superior, ya sea licenciatura o posgrado, muy inferior al 44 por ciento promedio que presentan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a escala nacional la tasa de abandono escolar en el nivel superior durante el periodo 2015-2016 se estableció en 7 por ciento, mientras que para el periodo 2020-2021 se elevó a 8.8.

Las dificultades económicas son para 35.2 por ciento de quienes abandonan la universidad el motivo principal para esta decisión, a pesar de los esfuerzos impulsados por la actual administración federal para dar pleno cumplimiento a este derecho humano que permite el desarrollo de la personalidad de las personas y superar las condiciones de vulnerabilidad a través de la movilidad social.

Los estudiantes que han logrado sortear los obstáculos financieros y los distintos tipos de gastos en los que se incurre cuando se cursa la educación superior, ya sea en una institución pública o privada, al concluir sus estudios deben pagar algunos costos y cubrir una cuota por el registro del título profesional correspondiente, así como la expedición de la cédula profesional.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, universidades públicas del país tienen costos que pueden alcanzar cifras de más de 4 mil 500 pesos, como se aprecia en la siguiente infografía:

En el caso de universidades privadas, se tienen costos de titulación que alcanzan cifras superiores a 15 mil pesos, lo que indiscutiblemente impacta en las finanzas personales de los estudiantes, quienes requieren de estímulos y apoyos para finalizar satisfactoriamente su carrera universitaria.

Por estas razones, la presente iniciativa busca adicionar la Ley Federal de Derechos para que, a partir de 2024, se exente 100 por ciento del pago de la cuota establecida en el artículo 185 en materia de registro de título profesional, de diploma de especialidad y de grado académico, así como por la expedición de la cédula profesional con efectos de patente o cédula de grado académico, trámites que se realizan ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La cuota actual considerada en el anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 por concepto de registro de título profesional, de diploma de especialidad y de grado académico es de mil 162 pesos, mientras que por la expedición de cédula profesional con efectos de patente o de cédula de grado académico es de 464; ello da un total de mil 626 pesos por el trámite señalado.

Esta propuesta legislativa, acompaña el espíritu del reciente paquete económico para 2024 presentado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que incluye la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, donde se pretende incluir en el mismo artículo 185 la disposición transitoria que se ha venido incluyendo desde el ejercicio fiscal 2009, que apoya a los estudiantes que han acreditado un nivel educativo técnico o profesional-técnico con el descuento de 70 por ciento de la cuota de los derechos por registro del título de técnico o profesional técnico expedido por instituciones de educación media superior y la cédula profesional respectiva.

Otorgar facilidades y opciones para que más mujeres y hombres puedan culminar sus estudios de educación superior es una obligación irrenunciable del Estado, que requiere hacer todo para dar la vuelta a los bajos índices de eficiencia terminal en este nivel educativo, pues el país tiene la proporción más baja entre las naciones de la OCDE de adultos con título de educación superior, alrededor de 17 por ciento, cifra muy inferior al promedio de 37 por ciento, y por debajo de países como como Chile y Colombia que alcanzan 23 por ciento o Argentina, con 21.

México se encuentra ávido de perfiles capacitados en distintas áreas como la medicina, tecnologías de la información, ciencia, ingeniería y matemáticas, que cuenten con habilidades y técnicas para el logro de un desarrollo nacional sostenible y puedan contribuir positivamente a la economía y su comunidad.

Es menester del Poder Legislativo mexicano participar de este objetivo para que las condiciones económicas del estudiantado no sean una limitante que les impida alcanzar su máximo potencial y que los trámites correspondientes a la cabal consumación de sus estudios universitarios sean motivo de satisfacción y no de agobio.

Por lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 185 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como se presenta a continuación:

Artículo 185. Por los servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, en materia de registro y ejercicio profesional, se pagará el derecho de registro y ejercicio profesional conforme a las siguientes cuotas:

I. a XIV. (...)

Por el registro de título profesional, de diploma de especialidad y de grado académico, expedidos por instituciones públicas y privadas del sistema educativo nacional que impartan educación del tipo superior, así como la expedición de cédula profesional con efectos de patente o de cédula de grado académico, se exentará del pago al 100% respecto del monto señalado en las fracciones IV y IX del presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

Notas

1 Jaime Sarramona (1989), Fundamentos de educación. CEAC, España, páginas 27-49. Recuperado de

https://www.uv.mx/personal/rdegasperin/files/2011/07/Antologia.C omunicacion-Unidad1.pdf

2 UNESCO. “Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo”. Recuperado de

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital- library/cdis/Educacion.pdf

3 Programas para el Bienestar. “Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior”. Recuperado de

https://programasparaelbienestar.gob.mx/beca-bienestar-benito-ju arez-educacion-superior/

4 Inegi. “Tasa de abandono escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2021/2022”. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=9171df6 0-8e9e-4417-932e-9b80593216ee

5 Universidad de Negocios Isec. “Conoce el porcentaje de egresados de universidad en México en este interesante artículo de Isec”. Recuperado de

https://uneg.edu.mx/porcentaje-de-egresados-de-universidad-en-me xico/

6 Secretaría de Educación Pública. “Pago de derechos 2023. Cédula profesional”. Recuperado de

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpacedula/hojaayuda. html?institucion=cedula

7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Paquete económico para el Ejercicio Fiscal de 2024”. Recuperado de

https://www.ppef.hacienda.gob.mx

8 OCDE (2019), Educación superior en México: resultados y relevancia para el mercado laboral, OECD Publishing, París,

https://doi.org/10.1787/a93ed2b7-es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023.– Diputado Luis Arturo González Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 7, fracción II, inciso d), de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el país y la sociedad, uno de los temas de mayor preocupación, interés, coincidencia y consenso generales todo lo referente a nuestras niñas, niños y adolescentes, es decir, nuestras hijas e hijos.

Afortunadamente, seguimos siendo una sociedad en la cual en mayor o menor grado el núcleo es todavía la familia y en ella los más pequeños son fundamentales, al igual que también lo son nuestros adultos mayores.

Por eso sigue intacto y con robusta vigencia lo adecuadamente establecido en el artículo cuarto constitucional, el cual establece lo siguiente:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Lo anterior ha sido no sólo fundamental sino, también, preponderante para nuestra organización al igual que para regir y conducir nuestro actuar, crecimiento y desarrollo, tanto social, como político, educativo y económico, entre muchos factores más.

Por eso, todas las políticas emprendidas por los gobiernos deben ir, directa o indirectamente, encaminadas al desarrollo social, es decir, en favor de todos los integrantes de la familia, como individuos y, al mismo tiempo, como integrantes de la sociedad.

La historia nos ha enseñado que no hacerlo así sale sumamente caro.

Dado lo anterior, todos por igual y en responsabilidad compartida, debemos estar atentos de nuestros pendientes y rezagos que coloquen en una situación de vulnerabilidad a nuestras familias, a nuestros hogares y sus finanzas, más aún si del beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes directamente se trata.

Todo esto porque somos un país que, según el último Censo de Población y Vivienda, levantado por el Inegi, cuenta con al menos 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los que 42 millones 561 mil 974 son menores de edad; es decir, 33.8 de la población corresponde a niñas, niños y adolescentes.

Niñas, niños y adolescentes, menores de edad tienen necesidades diversas, las cuales son de diferente magnitud y surgen bajo circunstancias distintas, lo que hace que presenten o padezcan un distinto grado de marginación, pero siempre serán propensos a la vulnerabilidad propia de la edad.

Lo anterior nos obliga a estar no sólo atentos y pendientes en materia de identificación de sus necesidades, sino también en aspectos de prevención de sus requerimientos y de atención de ambos.

En este orden de ideas, la atención, procuración, cuidado y prevención de aspectos relacionados con la salud, al igual que los referentes a la educación, son imprescindibles e impostergables al igual que invaluables.

Por ello y como requisito indispensable, lo referente a la salud y la educación debe ir de la mano y estar perfectamente armonizado y en sincronía.

Como sociedad, quizá debemos reconocer que tardamos en entender lo anterior y probablemente también nos dilatamos en asumirlo, pero de una u otra manera no hemos dejado de exigirlo.

Sin embargo, no estamos exentos de que el destino nos alcance y la realidad nos rebase sistemática, estructural y coyunturalmente.

Hoy por hoy, nos encontramos en esa situación que la presente iniciativa busca visibilizar e intentar resolver.

En la tarea de garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso al disfrute pleno de su educación y del cuidado de su salud hay una excepción que no se está atendiendo ni visibilizando, generando con ello una desventaja.

De manera acertada en legislaturas anteriores se tuvo la sensibilidad suficiente para reaccionar ante los retos que se presentaron en ese momento en materia de salvaguarda y protección del derecho a la educación.

Lo mismo sucedió en materia de salud, así como en la procuración de servicios médicos para nuestras niñas, niños y adolescentes, poniendo especial énfasis en aquellos cuya situación de marginación los exponía a una mayor vulnerabilidad, es decir, las hijas y los hijos de quienes menos tienen.

Para ejemplo de lo anterior, basta citar lo que en 2012 la Cámara de Diputados aprobó a través de una reforma al artículo 36 de la Ley General de Salud, a fin de adicionar un último párrafo que establecía lo siguiente:

Se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta disposición, será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Esta reforma fue aprobada por la mayoría de los presentes en la sesión del 15 de febrero de 2012, es decir, 333 votos a favor.

Todos los que votaron a favor coincidieron con lo que el dictamen establecía para justificar y fundamentar la propuesta que se sometía a consideración; es decir, garantizar los servicios de salud sin el cobro de cuota de recuperación alguna a todos los menores de hasta 5 años pertenecientes a las familias de más bajos recursos y que no fueran derechohabientes de ningún servicio de salud público, al señalar:

El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

El derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden, la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano.

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en el caso de nuestro país en el artículo 4o. de la Constitución.

El artículo 36 de la Ley General de Salud establece que las cuotas de recuperación que en su caso se recauden por la prestación de servicios de salud se ajustarán a lo que disponga la legislación fiscal y a los convenios de coordinación que celebren en la materia el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas. Asimismo, establece que se eximirá del cobro de las cuotas de recuperación por concepto de atención médica y medicamentos a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos que no sea beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud.

Para el cumplimiento de esta disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de ingreso correspondiente a los tres últimos deciles establecidos por la Secretaría de Salud.

Los deciles de menor ingreso corresponden a los primeros en orden; por tanto, resulta evidente que en el texto vigente del párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud hay una inconsistencia, que lleva a considerar, de su literalidad, que se estaría eximiendo del cobro de cuotas de recuperación a la población con mayor nivel de ingreso, además de que de la lectura de dicho precepto parecería desprenderse que la Secretaría de Salud determina dichos deciles de ingreso, cuando conforme a lo señalado el Inegi realiza los estudios pertinentes para hacer dicha determinación.

Por ello se considera necesaria dicha reforma, ya que ésta permitirá aclarar un error que se constituye en una constante y latente amenaza contra la gratuidad de los servicios de salud y cuya interpretación dolosa puede limitar el acceso a los servicios de salud para los niños cuyas familias no cuenten con ingresos suficientes para cubrir las cuotas de recuperación.

Como se ve, son señalamientos y razonamientos acertados, los cuales identificaron una necesidad no solo real, sino también urgente en materia de protección de la salud de los menores de edad del país de hasta 5 años pertenecientes a la población más vulnerable y, además, sin acceso a ningún servicio de salud público.

Sin duda, a lo largo de nuestra historia se ha tenido la visión, voluntad y certeza de atender y garantizar el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes en materia educativa y de salud, pero en todo este esfuerzo hemos olvidado poner atención y solución, cuando particulares condiciones de salud afectan también la continuidad de los estudios de los menores.

Este pendiente que hemos dejado a la deriva y sin la atención institucional que se requiere entre autoridades educativas y en materia de salud ha crecido a tal grado que hoy debemos reconocer que se ha convertido es un problema grave y serio que afecta profundamente a nuestras niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias.

La dinámica social, así como la diversidad de padecimientos que en la actualidad tenemos y que cada vez más se presentan en nuestras niñas, niños y adolescentes nos obliga a aceptar que debemos atender sus requerimientos de educación y compatibilizarlos con sus necesidades clínicas para cerrar esa nueva ventana de vulnerabilidad que puede afectarlos gravemente en su desarrollo educativo.

Actualmente, hemos visto que no solo la incidencia de males progresivos e incluso hasta incapacitantes se ha intensificado, sino también se han diversificado a la vez que se ha extendido el rango de edad en el que se presentan. Por ejemplo, se ha identificado que los problemas de alimentación y desnutrición ya no solo son propios de menores de hasta 5 años, sino que se han extendido a menores de hasta 15 años, la evidencia más visible de este problema la encontramos en los niveles de sobrepeso y obesidad que padece este sector de la población.

La obligación del Estado de atender, identificar y prevenir el sobrepeso y obesidad, la desnutrición y la mala alimentación no llega hasta los 5 años de edad porque desafortunadamente las hijas e hijos de las familias con menos recursos presentan más estos problemas y quienes más padecen sus consecuencias en su desarrollo y crecimiento infantil y adolescente y posteriormente en su edad adulta.

Sobre esto basta un dato: en el país, de acuerdo con medios de información con base en datos señalados por el UNICEF, se ha identificado que tenemos cuando menos a 1.5 millones de niñas y niños con niveles de desnutrición crónica.

Además, se señala que de las niñas, los niños y los adolescentes, 54 por ciento permanece aún en situación de pobreza.

De estos menores en condición vulnerable, al menos 32.4 por ciento están entre los 0 y 5 años, edad que la reforma de 2012 cubre en cuanto al acceso a servicios de salud, pero en materia de garantía a su derecho a la educación no existe nada.

Asimismo, se reporta que, de estos menores en situación de pobreza, 33.7 por ciento tiene entre 6 y 11 años y 33.9 entre 12 y 17 años, quienes se encuentran en la misma desventaja tanto en materia de salud como educativa.

A la par, respecto a la obesidad y el sobrepeso, de los menores de edad, los que se encuentran entre los 5 y 11 años son los más afectados por estos padecimientos ya que al menos 19.6 por cieno presenta sobrepeso y 18.6 obesidad en diverso grado.

Por ello, al menos 26.8 por ciento de los adolescentes presenta sobrepeso y 17 por ciento obesidad.

Lo anterior es un serio y grave problema de salud pública que no hemos atendido y que desafortunadamente los que menos tienen, los más marginados y los más rezagados son quienes padecen y sufren con mayor crudeza sus síntomas, efectos y consecuencias.

Si bien tanto la obesidad como el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes generalmente no deriva en el corto plazo en problemas y padecimientos que requieren una larga permanencia hospitalaria o tratamiento prolongado, no puede omitirse que la posibilidad de que estas consecuencias se presenten en una edad temprana está al asecho.

Sin embargo, el escenario cambia si vemos cómo se han de-sarrollado y comportado los principales padecimientos que afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes, incluyendo los de mayor mortalidad o secuelas y que sí requieren tratamientos prolongados, así como una estancia hospitalaria larga, con las consecuentes afectaciones en su educación y estudios que esto conlleva.

Anteriormente se identificaba que los riesgos de perder la vida de un menor aumentaban en el rango de edad de entre 1 a 4 años, a la vez de que se distinguía en ese rango de edad la ventana para poder identificar con tiempo suficiente y en etapas tempranas cualquier padecimiento crónico y con elevada mortalidad como el cáncer.

No obstante, hoy la evidencia médica nos dice que ya no es así y nos exige reaccionar de forma urgente.

Actualmente, las 10 principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años de edad en el país son

1. Accidentes: 933 casos.

2. Malformaciones congénitas: 678 casos.

3. Enfermedades respiratorias: 504 casos.

4. Tumores: 423 casos.

5. Infecciones y parásitos: 312 casos.

6. Enfermedades del sistema nervioso: 307 casos.

7. Enfermedades del sistema digestivo: 165 casos.

8. Enfermedades metabólicas y nutricionales: 151 casos.

9. Covid-19: 110 casos.

10. Enfermedades de la sangre e inmunológicas: 90 casos.

Las enfermedades y padecimientos señalados son en su mayoría prevenibles, o bien, tratables en los primeros 5 años de vida; pero su prevalencia no disminuye con la edad, sino todo lo contrario, aumenta, se dispara, e incluso se diversifica, por lo que impostergablemente requieren en su mayoría de tratamientos de atención o rehabilitación prolongados y una estancia hospitalaria larga y a la par requieren de la garantía del acceso a la educación por parte de quienes los padece.

Lo mismo pasa si vemos las 10 principales causas de muerte registradas en el país entre niños de 5 a 9 años:

1. Accidentes: 526 casos.

2. Tumores: 481 casos.

3. Enfermedades del sistema nervioso: 247 casos.

4. Malformaciones congénitas: 212 casos.

5. Enfermedades respiratorias: 164 casos.

6. Infecciones y parásitos: 161 casos.

7. Enfermedades del sistema digestivo: 117 casos.

8. Enfermedades del sistema circulatorio: 95 casos.

9. Enfermedades metabólicas y nutricionales: 75 casos.

10. Covid-19: 61 casos.

A la misma conclusión llegamos si vemos las principales causas de muerte en niños de 10 a 14 años de edad en el país:

1. Accidentes: mil 85 casos.

2. Tumores: 551 casos.

3. Enfermedades del sistema nervioso: 275 casos.

4. Malformaciones congénitas: 221 casos.

5. Enfermedades respiratorias: 172 casos.

6. Enfermedades del sistema circulatorio: 155 casos.

7. Infecciones y parásitos: 140 casos.

8. Enfermedades del sistema digestivo: 135 casos.

9. Enfermedades metabólicas y nutricionales: 108 casos.

10. Covid-19: 92 casos.

En este rango de edad nos encontramos con el mismo panorama: se trata de niñas, niños y adolescentes que cursan primaria, su educación básica, donde tenemos los mejores niveles de cobertura, mayor a 95 por ciento, la mayor tasa de eficiencia terminal, que es de 96.8, y la menor tasa de abandono escolar, que es de 1.2. Sin embargo, este avance se trunca por la presencia de un padecimiento que exige al paciente un tratamiento prolongado y una estancia hospitalaria larga.

Las niñas, los niños y los adolescentes durante el curso de su educación básica deben estar protegidos en cuanto a su derecho de acceso a ésta, a pesar de requerir estar mucho tiempo en un hospital a causa de algún padecimiento que así lo requiera.

Esta situación, como podemos ver, no la hemos atendido y la hemos dejado en el olvido, condenando así a niñas, niños y adolescentes a truncar sus estudios o incluso a la de-serción escolar.

Esta lamentable situación no debe seguir prevaleciendo. Las condiciones actuales nos exigen estar atentos y ser sensibles a este requerimiento particular e imprescindible para nuestras niñas, niños y adolescentes.

En el artículo 7 de la Ley General de Educación se establecen actualmente las directrices a que debe sujetarse la educación bajo la rectoría del Estado:

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que:

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos;

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

c) Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos; y

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;

III. Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que

a) Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la nación; y

b) Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden público que rigen al proceso educativo y al sistema educativo nacional que se determinen en esta ley y demás disposiciones aplicables;

IV. Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que

a) Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado;

b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los educandos; y

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal fin; y

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el título décimo primero de esta ley.

Si bien en el inciso d) de la fracción II del citado artículo se hace mención de incluir una educación especial por condiciones de salud, la realidad es que no es suficiente ni específico, para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que, por algún padecimiento o condición, requieren de una estancia hospitalaria prolongada.

Para remediar esta situación, propongo reformar el inciso d) de la fracción II del artículo 7 de la Ley General de Educación, para agregar las condiciones médico-funcionales que requieran de tratamientos largos o prolongada estancia hospitalaria.

Con esto buscamos visibilizar las necesidades específicas y dotar de garantías al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en la necesidad de una estancia hospitalaria prolongada y que merecen continuar con sus estudios.

La atención de la salud no debe ser obstáculo para el futuro de las niñas y los niños, la educación es un derecho que les asiste y ante el cual, quienes integramos la presente soberanía, estamos obligados a dotar de todas las garantías para su cumplimiento.

Por lo aquí expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción II, inciso d), de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el artículo 7, fracción II, inciso d), de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será

I. y II. ...

a) a c) ...

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud o médico-funcional que requiera de tratamientos largos o prolongada estancia hospitalaria;

III. a V. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_ Politica.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

3 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-II. html#DecDictamen5

4 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla3or2-42.php3

5 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/feb/20120228-II. html#DecDictamen5

6 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

7 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

8 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

9 https://www.sinembargo.mx/03-05-2017/3207733

10 https://diario.mx/salud/obesidad-se-agravo-con-la-llegada-del-covid-19-20210821 -1832444.html

11 https://diario.mx/salud/obesidad-se-agravo-con-la-llegada-del-covid-19-20210821 -1832444.html

12 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/las-principales-causas-de-muerte-en-m enores-de-edad-en-m%25C3%25A9xico/ar-AAO6nBl

13 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/las-principales-causas-de-muerte-en-m enores-de-edad-en-m%25C3%25A9xico/ar-AAO6nBl

14 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/las-principales-causas-de-muerte-en-m enores-de-edad-en-m%25C3%25A9xico/ar-AAO6nBl

15 http://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indica dores_entidad_federativa/estadistica_e_indicadores_educativos_15MEX.pdf

16 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

«Iniciativa que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Javier Joaquín López Casarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

En la actualidad diversas conductas delictivas, se realizan en el ciberespacio y en específico se utiliza el Internet como una herramienta para materializar diversos ciberdelitos. Cabe señalar que en México se han incrementado los ciberdelitos a partir de las nuevas modalidades que han desa-rrollado los delincuentes, precisando que los fraudes que se han detonado en el contexto del comercio digital, demuestran con claridad la aceleración de este fenómeno.

En la página electrónica de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se observan cifras interesantes del impacto que económico que actualmente representa el comercio electrónico y que a continuación se comparten:

• De enero a marzo de 2023 se realizaron alrededor de mil 87 millones de pagos con tarjetas en comercios tradicionales y en comercios electrónicos. Los pagos en comercios electrónicos representaron 21.1 por ciento de los pagos.

• De las compras autorizadas en comercios electrónicos de enero a marzo de 2023, 30.3 por ciento corresponde a tarjetas de crédito y 69.7 a tarjetas de débito.

Este dato revela el crecimiento de las transacciones en comercios electrónicos y en consecuencia la necesidad de garantizar la seguridad de los usuarios de esta modalidad.

En contraste con los datos relativos al crecimiento del comercio electrónico, podemos detallar con información de la misma Condusef, las reclamaciones en materia de consumos no reconocidos vía internet y que a continuación se comparte:

Consecuentemente, en el contexto donde la conectividad y la tecnología crecen exponencialmente y van generando una red global de interacción entre individuos de todas las nacionalidades, edades, etnias y demás estratos sociales, la pandemia de Covid-19 trajo consigo no sólo problemas de salud en nuestro país, sino que también produjo problemas de desigualdad social y económica, se destaca que han crecido las desapariciones de personas derivadas de ofertas laborales falsas Piña, G. (30 de agosto de 2023) Crecen Desa-pariciones a través de Falsas Ofertas de Trabajo. Eme Equis: https://www.m-x.com.mx/investigaciones/crecen-desapariciones-a-traves-falsas-of ertas-de-trabajo

Lo anterior propicia que individuos pertenecientes a organizaciones criminales aprovechen las tecnologías que hoy nos permiten comunicarnos desde cualquier parte del mundo, con fines de explotación y abuso sexual, trata de personas e incluso secuestro. En nuestro país, enfrentamos la dura realidad de que las redes sociales han sido utilizadas para captar, engañar y explotar a personas vulnerables, arrebatándoles su libertad y dejando cicatrices imborrables en sus vidas y en las de sus familias.

Ha habido casos documentados donde por medio de redes sociales y páginas de internet se hacen anuncios ofreciendo oportunidades laborales, lo que lleva a los delincuentes a citarlas en determinado lugar para una supuesta entrevista aparentando ser una empresa formalmente constituida, pero posteriormente la realidad es que cuando las víctimas caen en esta estafa, desafortunadamente son engañadas con fines de trata de personas, explotación y abuso sexual. García, J. (31 de agosto de 2023) Advierten sobre vacantes falsas que se ofrecen en las redes sociales. Avc Noticias: https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/345252/advierten-sobr e-vacantes-falsas-que-se-ofrecen-en-las-redes-sociales.html

Otra vulnerabilidad que derivó de las redes sociales es el secuestro, abuso y trata de menores de edad. Ramírez, A. (3 de mayo de 2023) Infancias, vulnerables a la explotación laboral y sexual en destinos turísticos. La Jornada Maya: https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/214306/ dia-del-nino-y-la-nina-30-de-abril-infancias-vulnerables-a-la-explotacion-labor al-y-sexual-cancun-trata-de-personas

Este fenómeno surge a partir de que se crean perfiles falsos, precisando que los delincuentes usurpan fotografías que transmiten confianza a nuestros jóvenes con el propósito de que accedan a tener un encuentro con el individuo que se hace pasar por otra persona, lo que conlleva en la mayoría de los casos, en una estrategia para sustraer a los infantes con el propósito de integrarlos a grupos criminales. Cortes, A. (13 de marzo de 2023) En Oaxaca, más de 36 mil infantes están en riesgo de ser reclutados y usados por grupos del crimen. El Universal Oaxaca: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/en-oaxaca-mas-de-36-mil-infantes-est an-en-riesgo-de-ser-reclutados-y-usados-por-grupos-del

Estos ejemplos hacen evidente que los ciberdelincuentes intentan apropiarse del ciberespacio para instaurar nuevas modalidades de cometer conductas delictivas, por lo que se requiere regular los deberes de los prestadores del servicio de acceso de internet en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene diversos preceptos prescriptivos en materia de seguridad y justicia, sin que se contemple entre los sujetos obligados a los prestadores de servicios de acceso a internet, aspecto que problematiza el flujo de información que se les requiere por parte de las autoridades competentes.

Constitucionalidad de la iniciativa

La presente propuesta de modificación y adición encuentra su base constitucional en los artículos 1o., 17 y 21 de la Carta Magna, pues de su contenido e interpretación se desprenden los principales parámetros constitucionales que regulan el derecho humano al acceso a la procuración de justicia y un contexto nacional seguro.

Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El artículo 1o. de la Carta Magna es la piedra angular de la tutela por parte del Estado de los Derechos Humanos, que permea el contenido del texto constitucional y todo el sistema jurídico nacional. Para pronta referencia, se transcribe el texto constitucional que nos ocupa:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El precepto transcrito impone la obligación al Estado de realizar acciones tendientes a garantizar de forma efectiva los derechos humanos relativos al acceso a la justicia y a la seguridad, en un contexto normativo equilibrado y razonable.

Un desafío latente de las autoridades del Estado en la era digital son la prevención, investigación y persecución oportuna de los ciberdelitos, precisando que se tiene que recabar el acervo probatorio de manera oportuna, para generar condiciones procesales adecuadas para acreditar alguna conducta delictiva

Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La tutela del acceso a la procuración de justicia es primordial en un Estado de Derecho, que impulsa el desarrollo democrático, social y económico de una nación.

La Constitución establece en el artículo 17 el derecho humano que tienen todas y todos a que se les administre justicia de manera oportuna y en términos del principio de juridicidad. Para pronta referencia se transcribe a continuación su contenido:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

...

El acceso pleno a una procuración de justicia de calidad tiene que ser producto de un proceso jurisdiccional que cuente con una etapa probatoria que reúna los medios de convicción necesarios para acreditar alguna conducta criminal que se hubiese realizado en el ciberespacio. Por lo anterior, tendrán que recabarse los medios de prueba de forma oportuna para garantizar la integridad de estas.

Resulta necesario que las autoridades competentes en materia de procuración de justicia, tengan elementos legales adecuados para allegarse de los medios probatorios necesarios para tener acceso a la verdad. Como se ha mencionado lí-neas arriba, algunos delitos se realizan en el ciberespacio, por ende, los prestadores de servicios de acceso a internet, tiene que colaborar con la información que tiene en su poder, en los términos que determine la ley.

Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En la actualidad, el derecho a un entorno seguro no se limita a los espacios físicos, como se ha demostrado, las políticas públicas y la legislación en materia de seguridad se tienen que ampliar al espacio digital. El Estado mexicano tiene que combatir a los ciberdelincuentes, con instituciones sólidas que puedan realizar acciones de prevención o investigación, de forma oportuna y con la colaboración de los prestadores de servicios de acceso a internet, en término del principio de corresponsabilidad. A continuación, se comparte la porción normativa del artículo 21 constitucional:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

...

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública, deben garantizar un entorno digital seguro, con la finalidad de que las personas no afronten riesgos injustificados o innecesarios que atenten contra su vida, libertad, integridad, patrimonio y dignidad.

El texto constitucional establece con claridad que la seguridad pública se compone de tres dimensiones:

1. Prevención de delitos (incluidos los que se comenten en el ciberespacio).

2. Investigación de delitos (incluidos los que se comenten en el ciberespacio).

3. Persecución de delitos (incluidos los que se comenten en el ciberespacio).

De conformidad a los principios de colaboración y corresponsabilidad, se tiene que incorporar al sistema jurídico nacional, porciones normativas que vinculen a de los prestadores de servicios de acceso a internet a una fuente obligacional para cooperar con las instituciones de seguridad pública en las acciones de prevención, investigación y persecución de los ciberdelitos.

Regulación legal de los prestadores de servicios de acceso a internet

La regulación de los prestadores de servicios de acceso a internet en materia de seguridad y justicia, debe de incorporarse en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en virtud, de que dicho cuerpo legislativo, tiene entre otros el objeto el regular el uso, aprovechamiento y explotación de las redes de telecomunicaciones y servicios de acceso a internet.

Incluso, se considera que la regulación que se propone es congruente con el contenido de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda vez, que en la actualidad dicha legislación ya regula el Internet e impone algunos deberes a los concesionarios y autorizados a prestar el servicio de acceso a internet, en los artículos 3 fracción XXXII, 145 y 146 y que para pronta referencia se transcriben a continuación:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por

XXXII. Internet: Conjunto descentralizado de redes de telecomunicaciones en todo el mundo, interconectadas entre sí, que proporciona diversos servicios de comunicación y que utiliza protocolos y direccionamiento coordinados internacionalmente para el enrutamiento y procesamiento de los paquetes de datos de cada uno de los servicios. Estos protocolos y direccionamiento garantizan que las redes físicas que en conjunto componen internet funcionen como una red lógica única;

La fracción de este artículo establece una norma descriptiva, ya que define para efecto de los alcances de la ley, que debemos entender por “Internet” y en consecuencia se genera certeza respecto a los efectos de la presente iniciativa.

Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:

I. Libre elección. Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos.

No podrán limitar el derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, siempre y cuando éstos se encuentren homologados;

II. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicio;

III. Privacidad. Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red;

IV. Transparencia e información. Deberán publicar en su página de Internet la información relativa a las características del servicio ofrecido, incluyendo las políticas de gestión de tráfico y administración de red autorizada por el Instituto, velocidad, calidad, la naturaleza y garantía del servicio;

V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red conforme a las políticas autorizadas por el instituto, a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia y libre concurrencia;

VI. Calidad. Deberán preservar los niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos; y

VII. Desarrollo sostenido de la infraestructura. En los lineamientos respectivos el Instituto deberá fomentar el crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones.

Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a Internet respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario, con independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación, así como de los servicios que se provean a través de internet, en cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior.

Ambos artículos establecen normas prescriptivas, ya que imponen deberes y prohibiciones a los prestadores de servicios de acceso a internet, encaminados a garantizar la calidad de la prestación de servicios y derechos del consumidor.

Sin embargo, se hace notar que dichos artículos prevén garantizar diversos derechos humanos, sin embargo, no se establece algún deber ligado a obligaciones en materia de seguridad y justicia.

En consecuencia, no está prevista en la ley de la materia, una fuente obligacional legal de los prestadores de servicios de acceso a internet, que los vincule con las instituciones de seguridad pública en materia de justicia y seguridad. Por lo que, es necesario regular este aspecto y propiciar un contexto de colaboración que abone a la prevención, investigación y persecución de los ciberdelitos.

Ahora bien, se hace notar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece regulación en materia de colaboración en el campo de la procuración de justicia y seguridad, precisando que la propuesta está encaminada a reformar el contenido del artículo 189 y agregar una fracción al contenido del artículo 190.

La propuesta que tiene un impacto en el contenido del artículo 189, tiene como objetivo incorporar a los prestadores de servicios de acceso a internet de forma explícita, en su carácter de sujetos obligados a dar atención a los mandamientos y requerimientos de información que realicen las autoridades competentes en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Por otro lado, se propone incorporar una fracción a los deberes de los concesionarios de telecomunicaciones, que tiene como objetivo establecer el deber de conservar registros que generen los prestadores de servicios de acceso a internet, precisando que toda solicitud de datos contenidos en dichos registros, deberá de realizarse de manera fundada y motivada.

Todos estos datos y argumentos dan pauta a justificar las propuestas de reforma que se realizan.

Para mejor comprensión se presenta un cuadro comparativo con la redacción vigente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la propuesta de modificación:

Por lo expuesto someto a la consideración del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único. Se reforman los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones, contenidos y prestadores de servicios de internet están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

...

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán

I. y II. ...

II Bis. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad y proveedores de servicios de internet, asociados a conexiones de Internet (IP), que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;

b) Datos del contratante del servicio (nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico).

c) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;

Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos con anterioridad durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud.

La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos en este inciso, se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta ley, los cuales deberá informarse al instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I, del presente artículo.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control.

Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

III. a XII. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023.– Diputado Javier López Casarín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa en atención de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la extorsión es un delito de alto impacto que consiste en que una persona, asociación u organización con ánimo de lucro (para sí o para un tercero) que, a través de engaños, amenazas y/o violencia, obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, a efecto de dañar su patrimonio y su esfera emocional.

Dicho Instituto señala que existen dos tipos generales de extorsión. La directa, donde la o las personas que extorsionan interactúan de manera personal, acudiendo al domicilio, escuela, trabajo o negocio de la o las víctimas, y la indirecta (virtual) que se comete a través de medios de comunicación como el teléfono celular o las redes sociales. En esta última no existe contacto directo (personal) entre víctima y agresor.

A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que la extorsión es aquella acción que afecta de forma inmediata el sentido emotivo de quien la sufre, inhibiendo y coaccionando la voluntad del individuo (acción), para actuar de acuerdo al interés de quien la ejerce (consecuencia). De manera que dicho ilícito puede hacer que el activo obtenga un lucro para sí o para otros y que se cause un perjuicio patrimonial; pero independientemente de obtener un lucro que se refleja en la pérdida o daño en el patrimonio familiar, ocasiona también una afectación emocional por el inmediato daño moral al pasivo.

En nuestro país, el delito de extorsión ha sido un problema que ha causado graves afectaciones a la ciudadanía, siendo un ilícito que ha venido al alza y un problema que se viene arrastrando desde los últimos dos sexenios anteriores, dado que en el sexenio del Presidente Felipe Calderón se registraron 22 mil 84 investigaciones por este delito, mientras que en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto fueron 28 mil 362 denuncias presentadas.

Desafortunadamente, pese al esfuerzo y estrategia de seguridad que ha encabezado el actual gobierno federal y en la cual se ha logrado disminuir la incidencia delictiva de diferentes ilícitos, el delito de la extorsión continúa siendo un problema que es necesario atender y encaminar esfuerzos para inhibir su comisión.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en lo que en los últimos años se han cometido poco más de 43 mil extorsiones.

Por otra parte, si se considera la cifra negra, que a nivel nacional se ubica en 92.4 por ciento, es decir, los delitos que no son denunciados a la autoridad correspondiente; el número de extorsiones en nuestro país aumenta considerablemente, pues información del estudio “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República señalan que cada día 13 mil extorsiones se registran a lo largo de la república mexicana.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que, durante el año 2022, se cometieron 4.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 56 extorsiones por cada 100 mil habitantes.

Dicha encuesta también señala que en el 90.1 por ciento de los casos, la extorsión fue telefónica y en el 8.7 por ciento de las ocasiones la misma fue pagada en 8.7 por ciento de las ocasiones, tal como lo muestra la siguiente gráfica:

Abundando en los datos de dicha encuesta se tiene que la extorsión se convirtió en el ilícito cometido más frecuente en los estados de Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

Respecto al tema económico, el delito de extorsión deja pérdidas millonarias en nuestro país, pues solo en el año 2022 el costo promedio para una persona víctima de este ilícito fue de 3 mil 300 pesos, 58 por ciento más respecto al 2021, y cifra que lo convierte en el octavo delito que más que cuesta a las y los mexicanos.

Asimismo, datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señalan que el 51.2 por ciento de las empresas en el país ha sido víctima de un delito en el último año, siendo el delito de extorsión el segundo mayor ilícito que más sufren los empresarios.

De los empresarios que fueron víctimas de extorsión, el 74 por ciento sufrió extorsión telefónica y el 26 por ciento cobro de derecho de piso, no obstante, solo el 21 por ciento de los que sufrieron estos dos delitos presentaron denuncia, porque tienen desconfianza en la autoridad.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto reformar los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer prisión preventiva oficiosa en los casos del delito de extorsión, así como facultar al H. Congreso de la Unión a legislar y expedir una Ley general en la materia que coadyuve como marco de actuación y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, para combatir y erradicar este ilícito.

La presente propuesta contribuye a garantizar la seguridad de la ciudadanía y cumplir el Objetivo 16 de la Agenda 2030, referente a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, pues la seguridad es un derecho humano reconocido en el orden jurídico nacional, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en diversos instrumentos internacionales reconocidos por el país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 19 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 y el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

A rtículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

...

...

...

...

...

Artículo 73.- ...

I. a XX....

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión, trata de personas, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

b) y c) ...

...

...

XXII. a XXXI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de delitos de extorsión en un término no mayor a 120 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 La Extorsión en México; Instituto Nacional de Ciencias Penales, disponible en la pág. web. -

https://www.inacipe.gob.mx/assets/docs/investigacion/opinion/ext orsion_final.pdf, consultada el día 15/08/23.

2 Ibídem.

3 Tesis [A.]: II.3o.P.16 P (9a.) T.C.C., Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, febrero de 2012, Tomo 3, página 2286. Reg. digital 160312.

4 Incidencia Delictiva; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en la pág. web.

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva? idiom=esdd, consultada el día 13-09-23.

5 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023; Inegi, disponible en la pág. web.

https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2023/, consultada el día 18-09-23.

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

«Iniciativa que reforma el artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Martín Sandoval Soto, diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El fenómeno migratorio en México y el mundo

La migración es un fenómeno demográfico de importantes efectos económicos y sociales no solo en México, sino también en el mundo, por el cual se incrementan los flujos de personas que cruzan las fronteras nacionales para asentarse en otros Estados. De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, se estima que en el mundo existían 272 millones de migrantes en 2019.

Por lo que respecta a México y de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2015 y 2020 fueron 802 mil 807 personas las que decidieron salir de México para asentarse en el extranjero y desempeñar una serie de actividades de distinta índole en el extranjero, de entre los cuales 67.5 por ciento fueron hombres y 32.5 por ciento mujeres.

Las causas de emigración son muy diversas y complejas en nuestro país: el 45.8 por ciento de la población de 5 años y más, tomó esta decisión por razones familiares; el 28.8 por ciento de la población por cuestiones de trabajo; el 6.7 por ciento por ir en búsqueda de nuevas oportunidades educativas; el 4 por ciento por razones de inseguridad delictiva o violencia; y el 12.5 por ciento por otras casusas, como es el caso de regresar a un país donde fue previamente deportado o por desastres naturales.

Históricamente, México ha contado con una gran comunidad de connacionales en el exterior, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es producto de las dinámicas relaciones del sistema económico en que nos encontramos inmersos, pero también por la cercanía geográfica a esta gran economía.

De acuerdo con las estadísticas del Inegi, el 77 por ciento de los mexicanos tomó la determinación de asentarse en el territorio estadounidense; sin embargo, cuando hablamos del caso particular de algunos estados de la República, estas cifras llegan a encontrarse por arriba del 90 por ciento, tal como es el caso de Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit, Tamaulipas, Baja California, Durango, San Luis Potosí y Chihuahua. Asimismo, es importante señalar que como segundo y tercer lugar de las preferencias de los mexicanos, el 4 por ciento decide emigrar a Canadá y 2 por ciento a España.

Ahora bien, cuando hablamos de los rangos de edad de las personas que deciden salir de México, encontramos que el porcentaje de personas entre los 0 a 17 años es del 13 por ciento; de los 18 a los 29 años, el 47 por ciento; de los 30 a los 44 años, el 25 por ciento; de los 45 a los 64 años, el 10 por ciento, y de los 65 años a más, el 2 por ciento.  Esto quiere decir que los mexicanos que deciden salir de nuestro territorio, se encuentran en una etapa joven y económicamente activa.

Fundamentos jurídicos de la nacionalidad mexicana

La comunidad mexicana tiene una gran presencia en el exterior; la cual se incrementa cuando tomamos en cuenta a las nuevas generaciones de niñas y niños, hijos de padres mexicanos que nacieron fuera de territorio nacional y que tienen el pleno derecho de obtener la nacionalidad mexicana.

La nacionalidad, de acuerdo con el doctor Leonel Pereznieto Castro, es el vínculo que tienen las personas con determinado Estado y es un derecho inalienable a todo individuo, lo que le otorga ciertas prerrogativas, pero también obligaciones propias que le corresponden a los nacionales y no a los extranjeros.

En este sentido, y de acuerdo con el artículo 30 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen dos formas de adquirir la nacionalidad mexicana: una, por nacimiento y, otra, por naturalización.

En este sentido, y citando el apartado A, del citado artículo constitucional, establece que la nacionalidad mexicana por nacimiento se adquiere bajo cuatro supuestos:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres.

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano.

III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o de aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

Como es posible observar, la fracción II del artículo 30, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las personas nacidas fuera del territorio nacional, pero que sean hijas de padres mexicanos, pueden solicitar a nuestras autoridades, la nacionalidad mexicana por nacimiento.

A este respecto, hay que decir que a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2021, se eliminó el requisito de que los padres tuvieran que nacer en territorio mexicano para poder transmitir la nacionalidad a sus hijos. Es decir, que basta con que los padres tengan un vínculo sanguíneo con la nacionalidad mexicana, para que ésta se pueda transmitirse a sus descendientes; o bien, es posible que los padres sean naturalizados mexicanos, los dos o solo uno de ellos.

En la doctrina jurídica, al primer supuesto se le conoce como el principio ius sanguiso derecho de sangre, lo que quiere decir que la nacionalidad de una persona puede adquiriese con base en la nacionalidad de sus padres. Por su parte, en el propio artículo 30 de nuestra Constitución también contempla el principio del ius soli,el cual determina la nacionalidad por el lugar donde se haya nacido.

La apostilla como requisito para obtener la nacionalidad mexicana

Es importante señalar que, cuando un hijo de padres mexicanos nace en el extranjero, tiene que cumplir con una serie de requisitos administrativos para poder ser registrado como nuestro connacional ante nuestra autoridad mexicana representada en exterior. Por ejemplo, para el caso de los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos de América, se debe realizar una cita ante oficinas consulares respectivas; entregarse una solicitud debidamente llenada, así como el acta de nacimiento expedida por el gobierno estadounidense en forma detallada, con hora y fecha de nacimiento, nombre del hospital donde nació el menor, y nombre del médico que atendió el parto, así como una identificación oficial del registrado.

Por su parte, los padres deberán presentar prueba de nacionalidad e identidad, tales como pasaporte vigente, certificado de matrícula consular vigente, acta de nacimiento y credencial del INE o Cartilla Militar.

El acta de nacimiento que proporciona el gobierno estadounidense debe encontrarse apostillada y traducida para darle validez oficial ante el gobierno mexicano, lo que genera complejas problemáticas en la práctica; más cuando los migrantes que se encuentran en situación de retorno a nuestro territorio nacional, no alcanzan a realizar dicho trámite en los Estados Unidos de Norteamérica, o bien cuando son deportados de manera inmediata.

La naturaleza jurídica misma de la apostilla, le otorga competencia al gobierno que expidió el acta de nacimiento a realizar los trámites correspondientes de certificación; por lo que el gobierno mexicano no puede intervenir directamente en este proceso.

La apostilla es un mecanismo que tiene su fundamento en el Derecho Internacional, con la firma del Convención de La Haya por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, adoptado en Países Bajos en 1961, y donde los Estados contratantes eximen de la legalización de los documentos públicos con la finalidad de que surtan efectos en un país extranjero, sustituyéndolo por un procedimiento simplificado.

En otras palabras, la apostilla es una hoja anexa que contiene firma, sello o timbre expedido por la autoridad del país que emitió el documento público y que se coloca sobre éste o sobre una prolongación del mismo, de acuerdo con el artículo 5 de la Convención de la Haya de 1961.

El programa “Soy México” y las alternativas a la problemática

Hay que reconocer que la apostilla de documentos, para el caso de personas en situación de retorno en México, ha tenido un tratamiento positivo por parte de la Administración Pública Federal, por medio del programa “Soy México”, operado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Registro Nacional de Población (Renapo), el cual que busca, precisamente, que este grupo de personas pueda obtener su documentación para acreditar su identidad de una manera más rápida y sin la necesidad de realizar el trámite de apostilla para la validación de su identidad.

También han fungido como aliados de este gran programa: el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Instituto Nacional de Migración, integrantes de la Secretaría Técnica de la Estrategia de Atención Integral para Familias Repatriadas y en Retorno, junto con los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación.

Dichas instituciones han sostenido diversas reuniones con autoridades extranjeras y asociaciones civiles, con la finalidad de emprender acciones y alternativas en favor de los migrantes en situación de retorno. Se ha logrado, por ejemplo, la expedición de una Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal con fotografía, por un periodo de hasta un año, para facilitar la obtención de diversos documentos de identidad y acceder a los servicios que ofrece el Estado mexicano, como es el caso de la expedición de la credencial del INE, o bien, el registro a sus hijos dentro del sistema de educación pública en México.

De ahí que este programa permita facilitar los trámites de identidad a nuestros connacionales que tienen el propósito de regresar a México; siendo necesario que se le dé continuidad para apoyar a nuestros connacionales.

Adicionalmente, el propio Plan de Acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce la importancia de que el Poder Legislativo impulse una Ley General de Operación de los Registros Civiles, debiendo contemplarse dentro de sus disposiciones normativas la eliminación del requisito de apostilla del acta de nacimiento, cuando se trate de migrantes mexicanos en situación de retorno; además, de que se insta a realizar reformas a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles –hoy en proceso de abrogación en tanto entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares–.

La Cámara de Diputados ha trabajado ya en algunas de estas sugerencias y aprobó el pasado 14 de marzo de 2023 el dictamen que contiene el proyecto de Ley General de Operación de los Registros Civiles, que se encuentra actualmente como minuta en análisis del Senado de la República. En este proyecto de ley, particularmente en su artículo 54, párrafo tercero, se señala a la letra que “para el caso específico de la inscripción o inserción del registro de nacimiento de una persona con derecho a la nacionalidad mexicana, no se estará sujeto a las normas y procedimientos sobre la legalización o apostilla de la documentación que sea necesaria para realizar dicha inscripción. El Consejo [Nacional del Registro Civil] deberá emitir el procedimiento y los requerimientos necesarios para dicho fin, priorizando únicamente la verificación que, en su caso, pueda realizarse vía electrónica conforme en el párrafo anterior”.

Este trabajo realizado al interior del Poder Legislativo recupera el espíritu de facilitar a los migrantes mexicanos en situación de retorno para que puedan acceder a su acta de nacimiento, bajo el principio de simplicidad administrativa.

Adicionalmente, no hay que olvidar que algunas entidades federativas han sido promotoras de estrategias binacionales con los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del marco del programa “Soy México” para el registro de nacimiento de la población mexicana-americana. Por ejemplo, la Ciudad de México ha firmado Convenios con la Asociación Nacional de Estadística y Sistemas Informáticos de Salud Pública de Estados Unidos de América (NAPHSIS) para validar los certificados de nacimiento, ayudando también a la simplificación de trámite de la apostilla.

Este esfuerzo conjunto, va de la mano con los Registros Civiles de las entidades federativas, que se encuentran facultadas para otorgar el Acta de Nacimiento, así como asignar una Clave Única de Registro de Población (CURP) a los mexicanos en situación en retorno.

De lo descrito anteriormente, es posible vislumbrar que los gobiernos federal y de las entidades federativas ya realizan acciones que buscan facilitar el otorgamiento de los documentos de identidad a nuestros connacionales y su registro ante la autoridades competentes; además de que existe ya un diagnóstico sobre la importancia de realizar modificaciones a nuestros ordenamientos jurídicos vigentes, cuyas propuestas fueron trabajadas entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual es necesario darle el impulso de acuerdo con nuestras facultades como legisladores.

Propuesta de reforma a nuestro marco jurídico

Con el propósito de seguir avanzando en la modernización de los procesos administrativos que coadyuven a facilitar la adquisición de documentos de identidad, de aquellos hijos de padres mexicanos que buscan obtener nuestra nacionalidad, sería fundamental homologar nuestros ordenamientos jurídicos, con la finalidad de permitir que los mexicanos en situación de retorno tengan la posibilidad de ser favorecidos inmediatamente con la eliminación del requisito de la apostilla para obtener su registro de identidad en México.

Es importante favorecer la reinserción social de los migrantes y otorgarles la facilidad de que puedan acceder a la educación y al trabajo en territorio nacional, los cuales son vehículos fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad.

El propio texto vigente de la Ley de Migración contempla una serie de principios que pretenden atender el fenómeno migratorio en México, donde destaca facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los migrantes mexicanos y sus familias, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional; pero también se establece el derecho que tienen los migrantes al reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 4, así como en los tratados internacionales de los cuales sea parte nuestro país.

Hay que tomar en cuenta que nos encontramos en momento muy especial de nuestra vida legal y ante un robustecimiento de nuestros procesos de justicia cotidiana en el país, con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 ;sin embargo, será hasta su entrada en vigor, a más tardar el 1 de abril de 2027 cuando estos tengan aplicación formal.

De acuerdo con el régimen transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, este ordenamiento entrará en vigor de manera gradual en el orden federal, de conformidad con la declaratoria indistinta y sucesiva que realicen las Cámaras de Diputados y Senadores que integren el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación; mientras que en las entidades federativas entrará en vigor de conformidad con la declaratoria que realice el Congreso Local, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente.

El Código Nacional, al cual se hace referencia, contiene disposiciones normativas que pudieran facilitar la superación jurídica de esta problemática que viven nuestros connacionales en situación de retorno; sin embargo, sería importante realizar adecuaciones para lograr este propósito.

En este sentido, el artículo 1144, contemplado dentro del Libro Décimo, titulado de los procesos de carácter internacional, contempla que: “Los documentos públicos extranjeros serán reconocidos por las autoridades mexicanas cuando se presenten debidamente apostillados o legalizados en términos de la legislación aplicable o conforme a las salvedades que dispongan los instrumentos o las leyes nacionales en la materia”. Además, en su segundo párrafo establece que “en caso de imposibilidad para obtener la legalización, ésta se substituirá por cualquier prueba adecuada para garantizar su autenticidad”.

Sería esencial que este segundo párrafo contemplara no solo la imposibilidad de obtener la legalización, sino también la apostilla para sustituirla por cualquiera otra prueba adecuada, en el entendido de que ambas figuras jurídicas tienen una naturaleza distinta. Esta disposición nos permite entender las nuevas tendencias de simplificación de los procesos, para el reconocimiento de documentos extranjeros, lo que permitiría que los migrantes en situación de retorno puedan acceder a sus derechos de identidad de manera pronta.

Hay que señalar que el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se encuentra en proceso de abrogación, no contemplaba de manera expresa la apostilla como método de certificación de documentos extranjeros, debido a que el citado ordenamiento jurídico fue publicado en el año 1943 y nuestro país ratificó la Convención de la Haya el 1 de diciembre de 1994, es decir, casi cincuenta años después.

El Código Federal de Procedimientos Civiles no estaba actualizado en materia de apostilla conforme a los instrumentos internacionales adoptados por México, por lo que ya existían algunas propuestas de reforma para poder eliminar la apostilla.

Justamente el programa “Soy México”, ha permitido que, en los hechos, exista una celebración de convenios binacionales con la finalidad de lograr tener pruebas en los registros de salud pública de los Estados Unidos de Norteamérica donde es posible validar que las actas de nacimiento coinciden son sus registros.

Las reformas que propongo se encuentran plasmadas en los siguientes tenores:

En este sentido, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto

Decreto por el que se reforma el artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para quedar como sigue:

Artículo 1144.- [...]

En caso de imposibilidad para obtener la apostilla o la legalización, éstas se substituirán por cualquier prueba adecuada para garantizar su autenticidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 S/A, “Informe sobre las migraciones en el mundo 2020”, Suiza, OIM, 2019.

2 S/A “Censo de población y vivienda 2020”, México, Inegi. Consultada el 22 de agosto de 2023 a las 14: 27 horas, en

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P

3 Datos retomados de la página oficial del Inegi, consultada el 22 de agosto de 2023, a las 17: 19 horas, en

https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/

4 Ibídem.

5 S/A, “Estadísticas a propósito del día internacional del migrante 18 de diciembre (datos nacionales)”, México, Inegi, 16 de diciembre de 2021.

6 Ídem.

7 Cfr. Pereznieto Castro, Leonel; Derecho Internacional Privado. Parte general, Séptima Edición, México, Oxford University Press, Colección de Textos Jurídicos Universitarios, 2002, página 39.

8 El ius sanguinis un principio que predomina mayoritariamente en los países europeos, mientras que en México y en países del continente americano también se encuentra presente el ius soli.Cfr. Rojas Armandi, Víctor Manuel; Derecho Internacional Público, México, IIJ/UNAM, Nostra Ediciones, Cultura Jurídica, 2010, página 50.

9 Cfr. Convención que Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, La Haya, Países Bajos, Hague Conference on Private International Law, 5 de octubre de 1961. En https://assets.hcch. net/docs/b12ad529-5f75-411b-b5238eebe86613c0. pdf

10 Cfr. Ídem.

11 Cfr. Oficio número DEP-0947-23, oficinas del secretario, Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación a la contestación del punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre la coordinación del programa “Soy México” y el derecho de los mexicanos residentes en el exterior a la identidad y a la nacionalidad.

12 El pasado 14 de marzo de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley General de Operación de los Registros Civiles, minuta que se encuentra en análisis por parte del Senado de la República.

13 Cfr. Oficio CJSL/DGRC/1316/2023 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Dirección General del Registro Civil del Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente a la contestación del punto de acuerdo aprobado el 14 de marzo de 2023 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputado Martín Sandoval Soto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE HAGAN PÚBLICAS LAS SUPUESTAS GRABACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO EN TORNO AL CASO DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer públicas las supuestas grabaciones realizadas por parte de los elementos del Ejército mexicano en torno al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como la información solicitada por parte los padres y madres de los normalistas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez diputado federal, y a nombre de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, se cometió un atroz atentado en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como de jóvenes pertenecientes al equipo de fútbol de Los Avispones y pobladores civiles que se encontraban en el lugar de los hechos.

Los hechos se iniciaron la noche del 26 de septiembre, cuando un grupo de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se encontraban en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en una manifestación con motivo de la conmemoración de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Los estudiantes fueron detenidos por policías municipales, quienes los golpearon y subieron a autobuses. Los autobuses fueron escoltados por policías municipales y miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.

Los autobuses fueron conducidos a un basurero cercano, donde los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. Los restos de los estudiantes fueron arrojados a un río cercano.

El atentado causó una conmoción nacional e internacional. Las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demostraron que el atentado fue el resultado de una operación conjunta entre policías municipales, miembros de Guerreros Unidos y autoridades estatales.

A pesar de las investigaciones y estudios sobre el caso, los restos de los 43 estudiantes aún no han sido encontrados, ni se sabe a ciencia cierta cuales son, en realidad, las personas involucradas en el caso.

II. El caso de Ayotzinapa es uno de los temas más importantes de la última década y que ha movido diversas cúpulas políticas y sociales a nivel nacional e internacional que ha sido objeto de diversas investigaciones a nivel local y federal donde la primicia de toda la información durante los últimos años son las contradicciones que se dan entre las autoridades, asociaciones de la sociedad civil y los ciudadanos que se han dedicado a investigar los hechos que sucedieron en aquella noche del 26 de septiembre de 2014.

Hasta la fecha se han desencadenado una serie de protestas y sobre todo la indignación por los lamentables hechos ocurridos de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa donde se han extendido a niveles internacionales y en la forma de como la pasada administración del expresidente Enrique Peña Nieto y la actual administración a cargo de Andres Manuel Lopez Obrador aparentemente han ocultado información hacia quienes tienen un interés legítimo de conocer la verdad de esa noche de septiembre.

Esto no solo ha traído consecuencias tanto en el contexto nacional y de la vida de millones de personas que habitamos este país, el caso de Ayotzinapa no solo trajo evidenciar las grandes deficiencias de procuración de justicia en el país particularmente por demostrar la alta vulnerabilidad en la que vivimos por la corrupción y la impunidad de quienes quizá sean los verdaderos responsables de dicha tragedia.

Dicha percepción sigue cada año que recordamos que esta tragedia expresan de los altos índices de inseguridad que prevalecen en todo el territorio nacional y la poca defensa de los derechos humanos de quienes esperan justicia ante la agenda pública y la inacción de las autoridades replicada en las demandas y exigencias de organizaciones de nivel internacional por la opacidad y contubernio de autoridades de los tres niveles de gobierno por parte de los señalamientos de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Este caso no solo ha desatado miles de investigaciones y contradicciones lo que ha generado protestas por parte de quienes piden esclarecer lo que realmente ocurrió y saber el paradero de los estudiantes en las cuales se sugiere la complicidad del crimen organizado y funcionarios de todos los niveles. Esto se traduce a la realidad de inseguridad, violencia, casos de tortura y la corrupción que llevamos arrastrando en las ultimas administraciones.

Estamos por cumplir nueve años de los sucesos y de diversas investigaciones, el abogado de los padres y madres de los estudiantes, Vidulfo Rosales, informó al término de la reunión en Palacio Nacional, que las autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reducen los hechos a un tema local del crimen organizado, criminalizan a normalistas y exoneran a los militares. Esto se dio después de una reunión que se dio con los titulares de Gobernación, Defensa Nacional y de Seguridad Pública.

“En definitiva, no se está dando ninguna respuesta a la solicitud planteada y se está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la ‘verdad histórica’”.

Tras dicha reunión las madres y padres de Ayotzinapa no quedaron conformes con la información revelada por los titulares del Gobierno federal donde se notaba la molestia de quienes llevan años esperando una respuesta por los encargados de seguridad del país, pues llevaban una solicitud de exigencias que eran parte de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se demostraba que las Fuerzas Armadas espiaban e intervienen comunicaciones de grupo delincuencial que atacó a los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal ha esclarecer lo sucedido en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en en el municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero el 26 de septiembre de 2014; garantizando la transparencia, el derecho a la verdad, al no olvido, y a la reparación integral del daño de víctimas, así como la no repetición de violaciones a derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que atienda las demandas de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero, y ponga a su disposición los documentos, archivos y pruebas relacionadas a efecto de garantizar el derecho a la verdad y la reparación integral del daño.

Notas

1 “México: Avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa renueva esperanza de verdad y justicia”, Amnistía Internacional, 2022. Recuperado de:

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/mexico-avances-en -la-investigacion-sobre-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-ren ueva-esperanza-de-verdad-y-justicia/#:~: text=Los%2043%20estudiantes%20de%20la,conmemorar%20la%20masacre%20de%20estudian tes

2 Ibidem.

3 “Desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, Ayotzinapa”, Comision Nacional de Derechos Humanos, 2023 Recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/noticia/desaparicion-de-43-estudiantes-d e-la-escuela-normal-rural-raul-isidro-burgos-ayotzinapa

4 ibidem

5 ibidem

6 Caso Ayotzinapa: Padres de los normalistas consideran romper el diálogo con el gobierno, Periodico El Financiero, Victor Sanchez, 25 de septiembre de 2023, recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/09/25/caso-ayotzin apa-padres-de-los-normalistas-consideran-romper-el-dialogo-con-el-gobierno/

7 Caso Ayotzinapa: Padres de los normalistas consideran romper el diálogo con el gobierno, Periodico El Financiero, Víctor Sanchez, 25 de septiembre de 2023, recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/09/25/caso-ayotzin apa-padres-de-los-normalistas-consideran-romper-el-dialogo-con-el-gobierno/

8 Ibidem

9 La opacidad del Ejército y el regreso a la “verdad histórica” amenazan diálogo por caso Ayotzinapa, Animal Político, 26 de septiembre de 2023, recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/sociedad/ayotzinapa-opacidad-ejer cito-verdad-historica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023. – Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A DECLARAR EL INICIO DE EMERGENCIA POR OCURRENCIA DE SEQUÍA MODERADA, SEVERA Y EXTREMA EN DIVERSAS ZONAS DE DURANGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a declarar el inicio de emergencia por ocurrencia de sequía moderada, severa y extrema en diversas zonas del estado de Durango, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Omar Enrique Castañeda González, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. El artículo 4 de la Ley de Aguas Nacionales establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes están en manos del Ejecutivo federal, quien puede ejercer dicha autoridad de manera directa o a través de la Comisión Nacional del Agua.

En todos los casos en los que se otorgue alguna autorización, permiso, concesión, asignación o prórroga de acuerdo con esta ley, se debe dar prioridad al consumo humano y doméstico del agua. En situaciones en las que haya un riesgo de escasez de agua para el consumo humano y doméstico, la Autoridad del Agua tiene la facultad de reducir o cancelar el volumen de agua concedido.

Segundo. El ordenamiento mencionado, en su artículo 7, fracción IX, establece que se considera de utilidad pública la prevención y atención de los efectos de fenómenos meteorológicos extraordinarios que representen una amenaza para la seguridad de las personas, las áreas productivas o sus instalaciones.

Tercero. La Comisión Nacional del Agua tiene la atribución, de acuerdo con el artículo 9, fracción L de la Ley de Aguas Nacionales, de tomar las medidas necesarias, generalmente de carácter transitorio, en situaciones de emergencia, extrema escasez o sobreexplotación. Estas medidas se aplicarán con el propósito de garantizar el suministro de agua para los usos domésticos y públicos urbanos, y su aplicación cesará cuando la propia Comisión lo determine, mediante la emisión de acuerdos de carácter general.

En el caso de que estas acciones puedan afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, la comisión está facultada para concertar las medidas correspondientes con las partes involucradas, siempre en conformidad con esta ley y sus reglamentos.

Cuarto. Nuestro país se encuentra vulnerable a diversos eventos hidrometeorológicos severos, como sequías y fenómenos impredecibles que pueden ocurrir en cualquier región del territorio, aunado a la vulnerabilidad de México ante el cambio climático, por sus características geográficas, condiciones socioeconómicas y su grado de susceptibilidad o incapacidad para enfrentar sus impactos.

Estos eventos tienen el potencial de reducir significativamente los niveles de agua almacenada en las presas, lo que a su vez pone en peligro el suministro de agua potable. Por lo tanto, la estrategia más crucial para enfrentar los efectos de estos fenómenos consiste en que los usuarios implementen acciones de prevención y mitigación.

En situaciones en las que sea necesario, la Comisión Nacional del Agua tiene la facultad de tomar medidas transitorias con el propósito de garantizar el suministro de agua para usos domésticos y públicos urbanos en respuesta a estos eventos naturales, particularmente cuando se presentan en modalidades severa, extrema o excepcional.

Quinto. El 22 de noviembre de 2012, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, así como las medidas preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales para lograr un uso eficiente del agua durante sequía.

Dentro de estos lineamientos, el artículo tercero establece los criterios técnicos que deben ser considerados para determinar una situación de emergencia causada por sequías. Y en su artículo cuarto, se señala: El “Acuerdo de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia de Sequía”, acto mediante el cual “La comisión” determinará que una o varias cuencas hidrológicas o acuíferos se encuentran ante la presencia de una situación natural anormal generada por una sequía severa.

Sexto. Considerando que la situación de abastecimiento de agua en el estado de Durango es crítica, con la presa Peña del Águila operando a tan solo el 23.7 por ciento de su capacidad total de almacenamiento, equivalentes a 6.624 millones de metros cúbicos, según datos recientes de la Comisión Nacional del Agua citados por la prensa local.

Además, la Peña del Águila es la presa de menor capacidad de almacenamiento entre las tres principales ubicadas en el municipio de Durango. Su situación es un reflejo de la preocupante disminución del suministro de agua en la región, lo que tiene implicaciones graves para la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible del estado.

También es relevante notar que, en conjunto, las tres presas principales de la región están operando a solo un 56 por ciento de su capacidad total, lo que representa un riesgo significativo para el abastecimiento de agua en el estado de Durango.

Séptimo. Que derivado del último informe del Monitor de Sequía en México operado por la Comisión Nacional del Agua, se informa que Durango presenta extensas zonas de sequía moderada, severa y extrema, lo que resalta la importancia del presente punto de acuerdo.

Aunado al estrés hídrico, que se produce cuando la demanda de agua supera la oferta disponible o cuando la mala calidad restringe su uso. A medida que la exposición al estrés hídrico aumenta, el crecimiento económico podría verse limitado entre los estados vulnerables, como los de la región norte de México, el Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México.

Esta creciente presión sobre los recursos hídricos plantea de-safíos significativos para el desarrollo sostenible y la prosperidad económica en estas áreas, subrayando la importancia de la gestión responsable del agua y la implementación de medidas de adaptación y mitigación para enfrentar esta problemática. De acuerdo con medios locales, Durango ocupa el noveno lugar en estrés hídrico a nivel nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua a declarar el inicio de la emergencia por ocurrencia de sequía moderada, severa y extrema en diversas zonas del estado de Durango.

Notas

1 Ley de Aguas Nacionales (1992) Consultable en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf

2 Gobierno de México (2018) Consultable en:

https://www.gob.mx/inecc/prensa/mexico-entre-los-paises-mas-vuln erables-ante-cambio-climatico?idiom=es

3 Diario Oficial de la Federación (2012) Consultable en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278695&fecha =22/11/2012#gsc.tab=0

4 El Siglo de Durango (2023) Consultable en:

https://www.elsiglodedurango.com.mx/nota/2023/pena-del-aguila-ca da-vez-con-menos-agua.html

5 El Siglo de Durango (2023) Consultable en:

https://www.elsiglodedurango.com.mx/nota/2023/pena-del-aguila-ca da-vez-con-menos-agua.html

6 El Siglo de Durango (2023) Consultable en:

https://www.elsiglodedurango.com.mx/nota/2023/pena-del-aguila-ca da-vez-con-menos-agua.html

7 CONAGUA (2023) Consultable en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/mon itor-de-sequia-en-mexico

8 Agencia Europea de Medio Ambiente Consultable en:

https://www.eea.europa.eu/themes/water/glossary/water-stress

9 S&P Global Ratings (2023) Consultable en:

https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/es/pdf/2023/2 023-04-04-mas-estados-mexicanos-podrian-verse-afectados-por-estres-hidrico-en-2 050.pdf

10 Posta (2023) Consultable en:

https://www.posta.com.mx/amp/mexico/aumenta-la-demanda-de-agua-e n-durango-y-se-reduce-su-disponibilidad/vl1505785

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2023.– Diputado Omar Enrique Castañeda González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA SRE Y AL INM, A ATENDER LA CRISIS MIGRATORIA EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y al INM a atender la crisis migratoria en México, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Omar Enrique Castañeda González, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el artículo 21 de la Ley de Migración confiere facultades relacionadas con la atención de la migración en nuestro país a la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos de aplicar en el ámbito de su competencia dicha ley. A su vez, en términos del artículo 20 de la citada ley, se le confieren al Instituto Nacional de Migración facultades y obligaciones relativas a instrumentar la política migratoria, vigilar la entrada y salida de las personas migrantes, coordinar la operación de los grupos de atención a personas migrantes, entre otras.

Segundo. Que México experimenta una grave crisis migratoria en su territorio con la llegada de miles de personas migrantes a la frontera sur. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) informó un preocupante aumento de solicitudes de refugio del 30 por ciento de enero a agosto de 2023. Ha registrado 100.000 solicitudes, provocando una saturación de la frontera sur. Miles de personas migrantes buscan llegar a la frontera norte del país con la esperanza de cruzar a los Estados Unidos.

Tercero. En el 2022, la frontera norte de México se ha convertido en la ruta terrestre más letal con 682 muertes o desapariciones registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, en adelante).

Esta es la segunda peor cifra desde que esta agencia de las Naciones Unidas elabora estadísticas. Sin embargo, las cifras reales de la OIM de 2022 podrían ser mayores, ya que faltan datos de algunas agencias migratorias importantes. El problema se agrava con la preocupante cifra de 1,457 personas migrantes muertas o desaparecidas en todo el continente. Aunado a que desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, ha llevado un constante registro de víctimas en rutas migratorias con al menos 4 mil 664 muertes y desapariciones en la frontera entre EEUU y México.

Cuarto. Qué más allá de los problemas inherentes al tránsito migratorio, la salud de las personas migrantes, en especial de niños, niñas y adolescentes, se ha visto sumamente mermada con un brote de varicela con al menos 70 contagiados.

El activista Albert Rivera Colón aseguró que “Estados Unidos donó 2 mil vacunas a México, pero que la aduana mexicana no las está soltando y eso hace que se estén violentando los derechos humanos”, lo que pone de manifiesto la urgencia de atención por parte de nuestras autoridades.

Quinto. Que autoridades migratorias han llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para deportar a personas migrantes de las ciudades fronterizas, así como para tomar varias medidas para ahuyentar a las y los migrantes en medio de la crisis migratoria en México, donde se reciben cerca de 6 mil migrantes cada día, según afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena.

Además, México aceptó permitir a agentes de la patrulla fronteriza estadounidense expulsar a las personas migrantes a través del puente internacional de Ciudad Juárez, que conecta con El Paso, Texas. Esto supondrá una presión mayor para nuestras instituciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a atender la crisis migratoria en México.

Notas

1 DOF (2011) Consultable en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5190774&fecha=25/ 05/2011#gsc.tab=0

2 Efe (2023) Consultable en:

https://efe.com/mundo/2023-09-18/las-solicitudes-de-asilo-en-mex ico-suben-un-30-en-2023-y-saturan-la-frontera-sur/

3 Efe (2023) Consultable en:

https://efe.com/mundo/2023-09-12/datos-migrantes-muertos-2022/

4 Efe (2023) Consultable en:

https://efe.com/mundo/2023-09-12/datos-migrantes-muertos-2022/

5 Efe (2023) Consultable en:

https://efe.com/mundo/2023-08-27/un-brote-de-varicela-y-la-falta -de-vacunas-azotan-a-migrantes-en-la-frontera-de-mexico/

6 Efe (2023) Consultable en:

https://efe.com/mundo/2023-08-27/un-brote-de-varicela-y-la-falta -de-vacunas-azotan-a-migrantes-en-la-frontera-de-mexico/

7 CNN (2023) Consultable en:

https://cnnespanol.cnn.com/2023/09/25/mexico-acuerdo-estados-uni dos-deportar-migrantes-ciudades-fronterizas-trax/amp/

8 CNN (2023) Consultable en:

https://cnnespanol.cnn.com/2023/09/25/mexico-acuerdo-estados-uni dos-deportar-migrantes-ciudades-fronterizas-trax/amp/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023.– Diputado Omar Enrique Castañeda González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRIORIZAR LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a priorizar la atención a personas en situación de calle bajo la perspectiva de derechos humanos, mediante la creación de instancias y estrategias para atender sus necesidades básicas, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, a través de los años ha ido en aumento el número de personas en situación de calle, estos integran un grupo social diverso compuesto por niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad física y automotriz e incluso otras con diferentes problemas de salud y adicciones.

Debido a estas características, son víctimas de una discriminación institucional muy fuerte, ya que suelen vivir en extrema pobreza, tienen vínculos familiares fracturados o frágiles, y no cuentan con una vivienda regular, no tienen a quién recurrir ni un espacio seguro al cuál regresar. Además, viven continuamente criticados, incluso vistos como un problema en la población, cuando poco se hace por empatizar que si están en esa condición se debe principalmente a causas de fuerza mayor que los dejaron en el abandono social.

Estas personas en situación de calle son una evidencia de que la familia, la comunidad, el Estado y los órganos de derechos humanos son pieza fundamental para un buen desarrollo personal frente a la sociedad, y que de incumplir o fallar con alguno existe la probabilidad de perder su dignidad e integridad humana, la persona se queda sin protección y es muy posible que el único lugar que encuentre como alternativa sea la calle.

Reciben todas las categorizaciones negativas: locos, adictos, peligrosos, delincuentes, viven en un mundo de ignorancia y desinformación, con falta no solo de recursos económicos, sino de oportunidades y a derechos como salud, educación, alimentos e identidad, y hasta cierto punto dependen de la caridad y de los programas sociales, pueden llegar a formar familias al relacionarse con otras personas en situación de calle, conformando sus propias formas de comunidad y redes de apoyo.

Debido a estas mismas causas, las personas que habitan en las calles tienen una tasa de mortalidad más alta. Pues están expuestos a robos, violencia, maltratos, abusos policiacos y explotación sexual. El 87 por ciento de los indigentes son hombres y solo el 12.73 por ciento son mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la asociación civil El Caracol.

Hacer un censo entre las personas que viven en situación de calle es una tarea difícil y poco exacta, ya que casi todos se empeñan en ocultarlo o, de plano, no hablan de ello, pues no están satisfechos o felices de vivir así. Las cifras que se han detectado solo perciben el problema por encima y no hay fondo como nos gustaría saber.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer en el Censo de Población y Vivienda 2020 que las personas que habitaban en las calles de la ciudad eran de más de 1 mil 200. Pese a esta cifra, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (Sibiso) señaló en ese mismo año que la población callejera ascendía a 900 personas, lo que revela que ni siquiera existe un cálculo consensuado. El Inegi reportó casi 5 mil 700 personas en todo el país.

Por otra parte, el consumo de drogas y otras sustancias químicas son uno de los factores principales por los que no pueden salir de esta situación. El 29 por ciento reconoce que consume drogas, principalmente activos inhalantes y marihuana. La mayoría hacen uso de ellas para poder tolerar o aguantar las condiciones en las que sobreviven en la calle, para evadir su vida o sentirse en otra realidad.

La mayoría de las personas en situación de calle no cuentan con documentos oficiales como lo es el INE, acta de nacimiento, constancia de estudios, carnet, comprobante de domicilio, entre otros, lo cual los detiene a poner tener el derecho a ir al seguro médico o alguna entrevista de trabajo, ya que para todo esto se requiere poder identificarte ante las instituciones como persona física y ellos al pertenecer a la calle, es imposible.

Si se realizan y crean instancias o puntos de encuentro en la Ciudad de México para que estas personas dentro de sus medios y posibilidades puedan tener acceso a documentos que los identifiquen, así como ayudarlos e impulsarlos a buscar un trabajo honrado y atenderse su salud física y psicológica en una institución médica, podría disminuir el porcentaje de personas en situación de calle, ya que se sentirán respaldados por instancias que los apoye.

Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México requiere de cambios estructurales y políticos para mejorar las condiciones de las personas en situación de calle, nada realmente cambiará si no eliminamos la discriminación. Y para que esto pueda llegar a funcionar el gobierno debería priorizar la atención a este grupo de personas, visto desde la perspectiva de derechos humanos, creando mecanismos y estrategias para atender sus necesidades básicas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno de la Ciudad de México a priorizar la atención a las personas en situación de calle, creando instancias y estrategias para atender sus necesidades básicas, como lo es la atención médica gratuita y sin distinción, derecho a una identidad legal y a tener puntos de encuentro y apoyo hacia esta población.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno de la Ciudad de México a crear y fomentar una campaña de difusión contra la discriminación a las personas en situación de calle, con la finalidad de hacer valer sus derechos humanos, haya visibilidad y apoyo a las personas en esta situación y reducir el abandono social.

Notas

1 Gómez, A. (2023). “La calle no hace caricias”: En 2022, 1 mil indigentes muertos. Contralínea.

https://contralinea.com.mx/portada/la-calle-no-hace-caricias-en- 2022-1-mil-indigentes-murieron-en-mexico/

2 Torres, O. (2022). ¿Cuántas personas en situación de calle hay en la CDMX? ADNPolítico.

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/12/cuantos-indigentes -hay-en-la-cdmx-y-que-debe-hacer-gobierno

3 Torres, O. (2022). ¿Cuántas personas en situación de calle hay en la CDMX? ADNPolítico.

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/05/12/cuantos-indigentes -hay-en-la-cdmx-y-que-debe-hacer-gobierno

4 Gómez, A. (2023). “La calle no hace caricias”: En 2022, 1 mil indigentes muertos. Contralínea.

https://contralinea.com.mx/portada/la-calle-no-hace-caricias-en- 2022-1-mil-indigentes-murieron-en-mexico/

5 Gómez, A. (2023). “La calle no hace caricias”: En 2022, 1 mil indigentes muertos. Contralínea.

https://contralinea.com.mx/portada/la-calle-no-hace-caricias-en- 2022-1-mil-indigentes-murieron-en-mexico/

Dado en el Salón de la honorable Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 2023.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE SUSPENDAN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL MILITAR EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE CALAKMUL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suspender los trabajos de la construcción del hotel militar en la reserva de la biósfera de Calakmul y publiquen los estudios, informes y programas correspondientes y dispongan mecanismos de máxima publicidad, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Braulio López Ochoa Mijares, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal suspenda los trabajos de la construcción del hotel militar en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, leven a cabo, presenten y publiquen los estudios, informes y programas correspondientes y dispongan de mecanismos de máxima publicidad, en el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como parte del proyecto del Tren Maya, en enero del 2023 comenzaron las obras de un proyecto hotelero de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, en cargo de una constructora y la Secretaría de la Defensa (Sedena), no obstante, se ha denunciado a lo largo de los últimos meses que los trabajos no cuentan con los estudios de impacto ambiental correspondientes, por lo tanto, se están violentando diversas disposiciones normativas en materia de protección al medio ambiente y al equilibrio ecológico, así como al principio de máxima de publicidad y al derecho de acceso a la información pública y transparencia en materia de los posibles impactos ambientales y sociales relacionados con el proyecto.

Conforme con esto, diferentes comunidades han manifestado su inconformidad, por ejemplo, la caravana El Sur Resiste, que agrupa 10 organizaciones de poblaciones de la zona e indígenas argumentaron que existe un despojo del territorio de la comunidad Xpujil ubicado en la Reserva de la Biosfera Calakmul en el estado de Campeche, en donde a pesar de ser una zona protegida se construyen obras relacionadas con el Tren Maya. La construcción del tramo 7 del Tren Maya, en esta zona incluye una estación del tren, una base militar con nueve cuarteles, seis bancos de materiales, un casino, un pozo profundo y un hotel del ejército.

En este sentido, el hotel se desarrolla en un terreno de tres hectáreas y tendrá un aproximado de 150 habitaciones. Si bien el edificio estará, técnicamente, dentro del terreno neutral de la reserva (donde se permite alguna construcción), también queda dentro de la zona designada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2002.

La Sedena justificó que el predio ya se encontraba impactado porque fue utilizado como un campo chiclero. Sin embargo, de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la dependencia debe presentar su Manifestación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), correspondiente a que se trata de una obra que recae dentro de un área natural protegida.

La preocupación de lugareños y expertos radica en que el paraje Aguada Bonfil, donde se desarrolla el hotel, ya que puede llegar a un aprovisionamiento de agua que es una importante fuente para la vida silvestre de la zona. Por ello, los especialistas advierten que la concentración de turismo en ese punto generará un fuerte impacto al medio natural y por ello se debe de tomar esta consideración, además de que no se le otorgó la posibilidad a las comunidades aledañas para participar en la toma de decisiones conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de Escazú que buscan promover la participación ciudadana y transparencia en los asuntos ambientales e ante intervenciones en sus territorios.

Asimismo, Gilberto Pozo, director ejecutivo de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta a denunciado lo siguiente: “lo que preocupa es el consumo de agua, en la reserva hay un estrés muy importante por la escasez de agua”.

Por otro lado, el director relató que, al enterarse de la construcción del hotel del Tren Maya en Calakmul, su equipo se dio a la tarea de consultar la Gaceta Ecológica de la Semarnat, para indagar si existe algún permiso de construcción de obras dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul, lo cual no encontraron, por lo que ya presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“’Revisamos la Gaceta Ecológica del 2018 a la fecha y no encontramos ninguna manifestación de impacto ambiental, ningún aviso preventivo, ni nada que pueda estar relacionado a la construcción de un hotel o de una obra que tenga que ver con alojamiento esa obra no tiene los permisos que marca la ley para poder iniciar la construcción’.”

Asimismo, a través del Centro Interdisciplinario De Biodiversidad y Ambiente (Ceiba), el periodista Rafael Robles Benito publicó lo siguiente:

“Lo que no es una buena idea es haber otorgado un permiso para construir infraestructura en un área natural protegida, sin que medie antes una autorización de cambio de uso del suelo, ni se haya dictaminado un manifiesto de impacto ambiental, ni se haya consultado a la autoridad responsable de la reserva, ni a su consejo asesor.”

En suma, el 6 de junio, trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche se manifestaron afuera de las oficinas del Centro INAH en la ciudad por “irregularidades” del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en referencia al Tren Maya y al hotel en la zona de amortiguamiento al interior de la Reserva de la Biósfera de Calakmul.

Al parecer, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Campeche, bajo el mando de Óscar Uriel Romero Rojas, evita hablar del tema, y señala que los permisos y las diligencias alrededor del tramo 7 del Tren Maya, incluyendo la construcción de un hotel en la zona de amortiguamiento, es responsabilidad de las oficinas centrales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Ciudad de México.

Por tanto, conforme a lo establecido en el párrafo quinto del artículo 4o constitucional sobre el derecho humano al medio ambiente sano, el artículo 6o sobre el principio de máxima publicidad y acceso a la información pública, la fracción IV del inciso A del artículo 2o constitucional sobre el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, en el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de suspensión, revocación de los permisos y clausura temporal o definitiva de las obras, y a lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal, al Fondo Nacional del Fomento al Turismo y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el marco de sus atribuciones, suspendan las obras del Proyecto del Hotel Militar, hasta que sean presentados los estudios de impacto ambiental correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dispongan mecanismos de máxima publicidad respecto de las obras relacionadas el Tren Maya y publiquen todos los estudios, informes y programas en materia ambiental relacionados con las Manifestaciones de Impacto Ambiental Regional correspondientes.

Notas

1 El Sur Resiste (2023). En medio de una reserva construyen el tramo 7 del Tren Maya; denuncian despojo e ilegalidad en Xpujil. Notimia. Publicado el 5 de mayo del 2023. En:

https://notimia.com/en-medio-de-una-reserva-construyen-el-tramo- 7-del-tren-maya-denuncian-despojo-e-ilegalidad-en-xpujil/.

2 Radwin, Maxwell (2023). Construcción de un hotel como parte del Tren Maya avanza sin permiso en reserva forestal. Animal Político. Publicado el 16 de abril del 2023. En:

https://www.animalpolitico.com/sociedad/hotel-tren-maya-avanza-p ermiso-reserva-calakmul.

3 Miranda, Fanny (2023). Sin autorización, Sedena construye hotel como parte del proyecto Tren Maya en Calakmul. Milenio. Publicado el 30 de febrero del 2023. En:

https://www.milenio.com/politica/sedena-construye-hotel-tren-may a-autorizacion-calakmul.

4 Miranda, Fanny (2023).

5 Miranda, Fanny (2023).

6 Miranda, Fanny (2023).

7 Magaña, Jairo (2023). Trabajadores del INAH Campeche se manifiestan en contra del hotel Tren Maya en Calakmul. La Jornada Maya.

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/215747/trabajadores-del-in ah-campeche-se-manifiestan-en-contra-del-hotel-tren-maya-en-reserva-de-la-biosf era-de-calakmul-fonatur

8 Magaña, Jairo (2023).

9 Artículo 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones: (...)II.- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad,con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas;(...)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de agosto de 2023.– Diputado Braulio López Ochoa Mijares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR Y SU HÁBITAT

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implementar medidas suficientes y pertinentes para la conservación del jaguar y su hábitat, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Braulio López Ochoa Mijares, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar medidas suficientes y pertinentes para la conservación del jaguar y su hábitat, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La especie denominada Panthera Onca, conocida comúnmente como jaguar, es uno de los felinos más grandes del mundo y está estrechamente emparentado con la pantera negra y el leopardo.

De acuerdo con National Geographic, “El jaguar es el único felino grande de América y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. Son muy parecidos a los leopardos, que viven en África y Asia, pero las manchas de los jaguares son más complejas y suelen tener un punto en el centro.”

El jaguar como especie es una víctima más de las consecuencias que las actividades humanas tienen en la naturaleza, pues derivado de ello ha perdido más de la mitad de su territorio original de distribución en los últimos dos siglos.

El portal EncicloVida, plataforma creada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), señala lo siguiente con respecto del área de distribución de la especie:

Solía vivir desde el suroeste de Estados Unidos hasta el sureste de Argentina. En México era abundante en la planicie costera del Pacífico y Golfo de México, y en las serranías de Sonora en la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental, hasta el sureste mexicano en la parte centro de Campeche y en los bosques tropicales de Chiapas. Actualmente aún vive en ambas planicies costeras y se considera que está en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas; Campeche, Yucatán, y Quintana Roo.

En diciembre de 2008, se registró por primera vez al jaguar en el centro de México, en la Sierra Nanchititla, Estado de México, dentro de la cuenca del Río Balsas. El 5 de marzo de 2009, en Tucson, Arizona, se realizó un servicio fúnebre, en memoria de “Macho B”, el que parece ser, fue el último jaguar capturado en Estados Unidos, el cual fue sacrificado debido a que se encontraba enfermo del hígado y no sobreviviría mucho tiempo. Era el jaguar conocido más viejo en estado silvestre, tenía entre 13 y 16 años.

Su densidad varía en las diversas regiones: en Chamela, Jalisco, se ha reportado un jaguar por 33 km² y para Calakmul, Campeche, un jaguar entre 24 a 27 km². El número total de jaguares en América es desconocido, sin embargo, se han realizado censos regionales y locales en base a diversos métodos. Entre 2004 y 2006 se calcularon de 120 a 240 individuos en el noreste de la Península de Yucatán. Para 2007 se estimaron entre 232 a 309 jaguares en los Chimalapas, Oaxaca y Chiapas. En ese mismo año, se calcularon alrededor de 900 jaguares en la Reserva de la Biosfera de Calakmul y un aproximado de 2 mil individuos en toda la Península de Yucatán. Investigaciones recientes han determinado una población reproductiva de entre 80 y 120 individuos para Sonora. Recientemente, se ha estimado que la población de jaguar en México fue de alrededor de 4 mil individuos (2010) y de alrededor de 4 mil 800 (2018). La península de Yucatán, particularmente el sur de Campeche y Quintana Roo es la región con mayor abundancia de jaguares.

Dicha información es consistente con las evidencias que vinculan la fragmentación del hábitat y la pérdida del territorio entre las principales causas de reducción de su población, junto con la caza ilegal, la deforestación para fines agrícolas y los encuentros con personas y vehículos que frecuentemente resultan en lesiones y muerte de ejemplares.

Por ello es que diversos instrumentos locales e internacionales señalan ya el riesgo en el que se encuentra la especie, así como la necesidad de brindarle medidas de protección proporcionales.

Para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza el jaguar se encuentra en circunstancia de “casi amenazado” y señalan una tendencia a la baja en la población global de la especie.

De acuerdo con el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), del cual nuestro país es parte, el jaguar está considerado en su Apéndice I, categoría destinada a las especies en peligro de extinción cuyo comercio debe estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta.

La NOM-059-SEMARNAT-2010 ya considera al jaguar en la categoría de riesgo en peligro de extinción, en atención a las condiciones actuales de distribución territorial y población de la especie.

Si bien no existen dudas sobre la vulnerable circunstancia que enfrenta la especie, las medidas para su conservación han resultado poco pertinentes y la principal amenaza que constituyen las afectaciones al hábitat continúa agravándose consecuencia de las actividades humanas.

Lamentablemente la pérdida y fragmentación del territorio lleva a incidentes como el caso de un jaguar que fue atropellado en Othón P. Blanco, Quintana Roo y requirió de ocho semanas de rehabilitación, o el caso ocurrido en Arteaga, Michoacán, en el que dos personas fueron atacadas por un jaguar y este fue asesinado con arma de fuego como medida de defensa. La recurrencia de este tipo de encuentros guarda una estrecha relación con el desarrollo de actividades humanas en las áreas de distribución de la especie, significando un mayor riesgo tanto para los ejemplares como para las personas que tengan encuentros con estos.

Con las obras y la operación del Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum se fragmenta y reduce aún más el territorio del jaguar en la Península de Yucatán

Desde 2018 se alertó sobre los riesgos que representan las obras y operación del Tren Maya para el jaguar, por parte de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar que, en voz de su presidente, Gerardo Ceballos, advirtieron el riesgo de revertir los esfuerzos que han permitido incrementar la población del jaguar en años recientes, poniendo incluso en riesgo a la mitad de la población de jaguar de la región.

Las medidas incorporadas al proyecto del Tren Maya son insuficientes pues los pasos de fauna no evitan la fragmentación del territorio, además de que la cantidad de pasos de fauna que contempla el proyecto resulta casi testimonial en proporción a la ruta que se proyecta recorra el tren, por lo que es previsible se incremente la cantidad de incidentes relacionados con jaguares y otras especies.

Además de los pasos de fauna, se decretó la creación de un área natural protegida para la conservación del jaguar, pero cuya superficie es insuficiente hasta para el adecuado desarrollo de un solo ejemplar de la especie.

El 27 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Jaguar, en el municipio de Tulum en el estado de Quintana Roo, mediante el cual se declaró como área natural protegida una superficie de 2 mil 249 hectáreas, conformadas por dos polígonos inconexos que se dividen en 1,967 hectáreas de zona núcleo, así como una zona de amortiguamiento conformada por 282 hectáreas, con el objetivo aparente de atender las preocupaciones expresadas por parte de activistas y organizaciones ambientales respecto de la conservación del jaguar.

Lamentablemente, el citado decreto resulta insuficiente y de escasa pertinencia para remediar la reducción y fragmentación del territorio del jaguar y con ello prevenir la disminución de su población en la región, por las deficiencias señaladas por el biólogo Roberto Rojo en su ensayo “Por qué el ‘Parque Nacional del Jaguar’ es una burla a la conservación.”, de agosto de 2022, en el que se señalan varios puntos de entre los que resaltan los siguientes:

1. Un jaguar macho requiere de entre 63 a 380 Km2 de terreno durante su época de reproducción, por lo que el Parque mencionado con superficie de 22.49 Km2 (2,249 hectáreas) es insuficiente hasta para un solo individuo, ya no se diga una población de jaguar.

2. La superficie del núcleo de conservación se encuentra separada 11.5 Km de la zona de amortiguamiento, por lo que esta no puede cumplir su función y en los hechos el núcleo de conservación se ve aún más reducido al ser su propio perímetro el que cumple la función de zona de amortiguamiento.

3. El área se encuentra demasiado cerca de centros urbanos y vías de comunicación.

4. El área de amortiguamiento está dividida a la mitad por una brecha existente.

Resulta necesario señalar también que el 17 de abril de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de puesta a disposición de la superficie correspondiente a 8,541-61-96.55 hectáreas del Polígono 2 Bis, de la reserva de la Biósfera Sian Ka’an, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), mediante el cual se ponen a disposición de la Conanp un polígono de 8,541 pertenecientes a la reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, sobre las que existe preocupación por el destino que se les dará debido a que el acuerdo no establece la finalidad y el área señalada colinda con el ejido Chunyaxché, en el que se construye actualmente el Aeropuerto de Tulum.

Además de la necesidad de ampliar la superficie de las áreas de protección y conservación, será indispensable que gobiernos, ciudadanía e industrias pongan en práctica otras medidas que contribuyan a prevenir la extinción de especies y la reducción de los hábitats, a partir de entender y valorar los servicios ambientales que los ecosistemas prestan y desarrollar proyectos productivos sostenibles y circulares en armonía con el medio ambiente.

La Fundación Yaguará Panamá se encuentra desarrollando un proyecto de monitoreo y análisis del comportamiento de la población de jaguar en Panamá, con el objetivo de prevenir la desaparición de la especie en la región y en el proceso están también colaborando con la población para establecer un proyecto de conservación a largo plazo en el que el jaguar presta servicios de control de especies que depredan los cultivos, en un esquema agrícola que favorece tanto a las personas como al jaguar.

La comunidad científica en nuestro país también ha sido clara sobre las condiciones específicas que se deben cumplir para que los pasos de fauna desempeñen correctamente su función, pues dependerá de que se instalen en cantidad suficiente, con el diseño adecuado a la fauna específica de la zona y en las ubicaciones que mejor atiendan los flujos migratorios naturales, su éxito o fracaso en el objetivo de mitigar la fragmentación del territorio.

Apenas en 2020, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en colaboración con el Colegio de Postgraduados publicaron el trabajo titulado “Manejo y conservación del jaguar en la Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa”, en el que se exponen diversas estrategias de conservación de la especie que también pudiesen tener útil aplicación en el caso de la Península de Yucatán, entre las que destacan la educación ambiental, la participación social y las posibles sinergias con los sectores ganadero y forestal en las tareas de conservación.

Resulta oportuno también señalar que el Programa de Acción para la Conservación de las Especies (PACE): Jaguar (Panthera onca), data de 2009 y será también necesario actualizarlo para considerar las circunstancias supervenientes de los efectos que los proyectos de infraestructura no contemplados en aquel momento, se prevé tendrán.

Recientemente, el avistamiento y grabación de video de un jaguar en el desarrollo de obras del Tren Maya generó incertidumbre y provocó una controversia en relación con una Manifestación de Impacto Ambiental que ingresaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur y otras dependencias federales ante la Semarnat para la evaluación del Tramo 5 Sur, ya que este documento informó que no se encontró la presencia de jaguares al realizar los estudios pertinentes.

Finalmente, y considerando lo mucho que la Conanp ha visto reducido su presupuesto en años recientes, sería deseable que el proyecto del Tren Maya contemple en su operación la disposición de personal y tecnología para suplir las incapacidades de vigilancia ambiental por insuficiencia presupuestaria. En este caso, la consecuencia de ignorar las advertencias será la extinción de una especie y está en nuestras manos evitarlo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal, para que gire las instrucciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de establecer un grupo de trabajo coordinado con la comunidad científica, las organizaciones de la sociedad civil y las representaciones de los pueblos y comunidades indígenas de la región a efecto de analizar, diseñar e implementar las medidas necesarias de conservación ambiental que resulten más eficaces para la protección del jaguar en la región sureste del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como autoridad responsable del proyecto, a incorporar en la construcción del Tren Maya los pasos de fauna en cantidad suficiente, ubicación pertinente y diseño adecuado a la fauna de la región, que efectivamente mitiguen los efectos de fragmentación territorial consecuencia del desarrollo y operación del proyecto.

Tercero. La Cámara de Diputado del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo la actualización del Programa de Acción para la Conservación de las Especies (PACE): Jaguar (Panthera onca), tomando en cuenta los efectos previstos derivados de los proyectos de infraestructura siendo desarrollados en el sureste del país.

Notas

1 National Geographic. (2020, abril 15). Jaguar: el felino más grande de América. National Geographic.

https://www.nationalgeographicla.com/animales/2020/04/jaguar

2 EncicloVida. (s.f.). Panthera onca. EncicloVida.

https://enciclovida.mx/especies/34460-panthera-onca.

3 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. (2016). Panthera onca. En Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Recuperado de

https://www.iucnredlist.org/species/15953/123791436

4 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). (1975). Texto de la Convención [Versión actualizada]. Recuperado de

https://cites.org/esp/disc/text.php#III.

5 Diario Oficial de la Federación. (2010). NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Recuperado de

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091

6 La Jornada Maya (2020). Liberan en Sian Ka’an a jaguar atropellado en Othón P. Blanco. La Jornada Maya. Publicado el 29 de septiembre de 2020. Recuperado de

https://www.lajornadamaya.mx/quintanaroo/28604/liberan-en-sian-k a-an-a-jaguar-atropellado-en-othon-p-blanco

7 Torres, Michel. (2023). En Michoacán, jaguar ataca a dos jóvenes; matan al animal con arma de fuego. Milenio. Publicado el 12 de junio de 2023. Recuperado de

https://www.milenio.com/estados/michoacan-jaguar-ataca-jovenes-m atan-animal.

8 Ramos, Claudia (2018). En riesgo, la mitad de la población nacional de jaguares si el Tren Maya no cumple ley ambiental. Animal Político. Publicado el 14 de diciembre de 2018. Recuperado de

https://www.animalpolitico.com/sociedad/jaguar-poblacion-riesgo- tren-maya&sa=U

9 Diario Oficial de la Federación. (2022). DECRETO por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Jaguar, en el Municipio de Tulum en el Estado de Quintana Roo. Recuperado de

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659412&fecha=27/ 07/2022#gsc.tab=0.

10 Escobar, Dalila. (2022). Censuran biólogos proyecto del Parque Nacional del Jaguar. Luces del Siglo. Publicado el 25 de octubre de 2022. Recuperado de

https://lucesdelsiglo.com/2022/10/25/censuran-biologos-proyecto- del-parque-nacional-del-jaguar-local/

11 Roberto Rojo. (2022, octubre 25). ¡Que no le digan, que no le cuenten! El Parque Nacional del Jaguares una burla a la... [Descripción]. Facebook. Recuperado de

https://www.facebook.com/RobertoRojoFanpage/posts/que-no-le-diga n-que-no-le-cuentenel-parque-nacional-del-jaguares-una-burla-a-la-/544576373215 1112/?locale=ms_MY

12 @gchristy65. (2023, junio 12). Para salvar a los jaguares hay que comportarse como los jaguares. [Descripción]. Twitter. Recuperado de

https://twitter.com/gchristy65/status/1564017672882356226

13 Diario Oficial de la Federación. (2023). ACUERDO de puesta a disposición de la superficie correspondiente a 8,451-61-96.55 hectáreas del Polígono 2 Bis, de la Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, a favor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). Recuperado de

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5685723&fecha=17/ 04/2023#gsc.tab=0

14 Piñedo, Erick (2023). Para salvar a los jaguares hay que comportarse como los jaguares . National Geographic. Publicado el 13 de junio de 2023 Recuperado de

https://www.nationalgeographic.es/animales/2023/06/salvar-jaguar es-comportandose-como-jaguares-explorer-national-geographic.

15 Apellido, A. (2022). Abriendo Caminos: Así Es Como Ecólogos Mexicanos Piensan Salvar A Miles De Jaguares Del Tren Maya. Muy Interesante. Publicado el 14 de enero de 2022. Recuperado de

https://www.muyinteresante.com.mx/medio-ambiente/abriendo-camino s-asi-es-como-ecologos-mexicanos-piensan-salvar-a-miles-de-jaguares-del-tren-ma ya/

16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2020). Manejo y conservación del jaguar en la Reserva de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa. Recuperado de

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/mx/ UNDPMXJaguar-1Final.pdf

17 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2017). Programa de Acción para la Conservación de las Especies (PACE): Jaguar (Panthera onca).

https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-de-accion-para-la- conservacion-de-la-especie-jaguar-panthera-onca

18 Martínez, Octavio (2023). Avistamiento de jaguar en obras del Tren Maya contradice a la MIA. SIPSE. Publicado el 26 de agosto del 2023. En:

https://sipse.com/novedades/avistamiento-jaguar-tren-maya-tulum- contradice-mia-453200.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de septiembre de 2023.– Diputado Braulio López Ochoa Mijares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA Y A LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL ESTADO DE MÉXICO, A CONTEMPLAR UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS HÍDRICOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua y a los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México a contemplar una actualización de los riesgos hídricos actuales enunciados diferentes actores, misma que considere la coordinación de la megalópolis y la zona metropolitana del valle de México, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Braulio López Ochoa Mijares, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Agua y al gobierno del Estado de México a implementar una política de resiliencia hídrica que contemple una actualización de los riesgos hídricos enunciados por diferentes actores, misma que considere la coordinación de la megalópolis y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZVM), al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado de México y la Ciudad de México tienen una responsabilidad conjunta en respuesta a los retos hídricos que se viven en el Área Metropolitana del Valle de México y municipios aledaños. La falta de acción en respuesta a los impactos ambientales puede derivar en profundizar la crisis hídrica que resienten dichas localidades.

En 2013 la Ciudad de México (CDMX) se unió a la Iniciativa 100 Ciudades Resilientes, que busca fortalecer la capacidad de las ciudades para enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales del Siglo XXI. Posteriormente, en 2016 el gobierno de la ciudad publicó la Estrategia de Resiliencia de la CDMX. La resiliencia implica la capacidad de las personas, comunidades, empresas y ciudades para adaptarse y crecer ante tensiones crónicas e impactos agudos.

La estrategia en ese momento abordó cinco ejes para enfrentar los riesgos hídricos: 1) coordinación regional, 2) resiliencia hídrica en la cuenca de México, 3) planificación urbana y territorial resiliente, 4) movilidad integrada y sostenible, e, 5) innovación y adaptabilidad.

En este documento, se señaló que el sistema de gestión de agua presenta ineficiencias importantes, entre ellos: pérdida por fugas en el sistema de distribución de agua potable; una fuerte sobreexplotación del acuífero que amenaza el abasto suficiente del recurso para la zona metropolitana, y esto se agravaría con la presencia de una sequía prolongada e inundaciones consecuentes a lluvias extremas, ambos fenómenos derivados del cambio climático.

El contexto hídrico nacional en los últimos años ha cambiado y representa mayores retos debido a la preocupante reducción de las precipitaciones y el paulatino aumento de las temperaturas, hecho que hizo necesario que en julio del 2022 se expidiera el Acuerdo de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas a nivel nacional. Con ello, se permitió a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementar medidas transitorias y concertadas con los usuarios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el abasto de agua a la población en sitios con condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, o que presentaran una disminución en sus fuentes de abastecimiento para uso público-urbano.

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para contrarrestar la crisis hídrica del Valle de México, lo cual se ve comprobado por la situación de alerta hídrica en la cual se encuentra actualmente el Sistema Cutzamala, que abastece el 23 por ciento de aguas que consume Ciudad de México. Conforme al Informe del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de Conagua del 15 de mayo de 2023, el almacenamiento actual del complejo Cutzamala es del 38.3 por ciento de su capacidad de almacenamiento, lo que refleja un decremento del 23 por ciento respecto del almacenamiento histórico registrado, el cual equivale a 179.95 millones de metros cúbicos de agua.

Las presas más afectadas son la de Villa Victoria, que ha pasado de un 56 por ciento de su almacenamiento histórico a un 25.8 por ciento, y la de Valle de Bravo, que de un 75.2 por ciento de almacenamiento histórico ha pasado a sólo un 44 por ciento.

Imagen 1. Variación en la disponibilidad de agua de almacenamiento en el Sistema Cutzamala. Publicado en por Conagua en https://www.gob.mx/conagua/prensa/informe-semanal-del-comite-tecnico-de-operaci on-de-obras-hidraulicas-334035?idiom=es (consultado el 25 de mayo de 2023).

Imagen 2. Comparativa entre el almacenamiento de agua del Sistema Cutzamala entre el promedio histórico, el año 2021-2022 y el actual. Publicado en por Conagua en https://www.gob.mx/conagua/prensa/informe-semanal-del-comite-tecnico-de-operaci on-de-obras-hidraulicas-334035?idiom=es (consultado el 25 de mayo de 2023).

La afectación registrada se debe a varios factores, uno de los cuales es el déficit de precipitaciones de agua registrado en los últimos años, que en el mes de mayo se ha concretado en un déficit de precipitación promedio mensual del 100 por ciento para la Presa Valle de Bravo, mientras que en la Presa Villa Victoria se ha registrado un déficit del 86 por ciento.

La falta de una gestión integral del problema de la resiliencia del Valle de México por parte de las autoridades se ve reflejada por las múltiples denuncias hechas por diferentes organismos no gubernamentales y sociedad civil organizada, que han visibilizado que el problema hídrico del valle no es imputable sólo a los cambios climáticos, sino que deriva de una ineficiencia generalizada en el cumplimiento de los protocolos ambientales, en una política del agua sustentable e integral contra de la resiliencia.

Algunas de las manifestaciones que han realizado las organizaciones de la sociedad civil son:

- La denuncia sobre la contaminación de la Presa Madín, ubicada en el Valle de México, ha sido recurrente. Desde 2021, el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de una planta potabilizadora para suministrar de agua a la Ciudad de México. Desde ese momento, personas expertas advirtieron sobre el riesgo que esta medida representaba para las comunidades que dependen del agua de la Presa Madín, y además, señalaron que el agua de las presas como Madín o Guadalupe, tenían altos niveles de contaminación.

La maestra en toxicología, Marcela Galar, integrante del colectivo, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, encargada de las investigaciones por contaminación del agua en la Presa Madín sostuvo que, de acuerdo con diversos estudios, hay presencia de metales y fármacos, como aluminio, mercurio, hierro, diclofenaco e incluso hidrocarburos.

En enero de 2023, se dio a conocer que la Comisión para la Cooperación Ambiental, que forma parte del Tratado de Libre Comercio, se encontraba analizando una denuncia interpuesta por habitantes de las comunidades cercanas a la Presa Marín. En dicho recurso, los actores señalaron, principalmente, el problema de las descargas residuales ilegales que tiene la presa.

- El 16 de mayo de 2023 el Observatorio Ciudadano de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco y Sé la Voz de la Naturaleza, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) una petición con la cual denuncian omisiones graves por parte de Conagua, Semarnat y otros organismos públicos en la aplicación de leyes ambientales -incluidas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente- en lo que respecta a la protección de bosques, biodiversidad, y recursos hídricos afectados por procesos de degradación y por contaminación en la cuenca Valle de Bravo-Amanalco, municipio de Valle de Bravo.

Las personas peticionarias manifestaron que las autoridades están incumpliendo con proteger adecuadamente los recursos hídricos, en la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, de los efectos derivados en el uso de suelo de terrenos forestales convertidos en agrícolas y ganaderos, así como en extensos desarrollos inmobiliarios. También, aseguran que la calidad del agua en la subcuenca se ha deteriorado como resultado de la sedimentación y contaminación de la presa de Valle de Bravo por las descargas directas del drenaje en el lago, aunadas a las descargas en ríos y arroyos de aguas residuales con elevados niveles de nitratos y fosfatos procedentes de instalaciones acuícolas y agrícolas.

- Desde 2021, hasta la actualidad, por medio de imágenes satelitales, organizaciones no gubernamentales lograron identificar por lo menos 250 presas privadas en la cuenca Valle de Bravo-Amanalco, que en su mayoría no cuentan con los permisos que marca la Ley o se encuentran en situaciones de irregularidad. Por ejemplo, la concesión con número MEX-L-0040-26- 01-17 de fecha 21 de marzo de 2019 para la extracción de 20,000.00 m3 para supuestamente un uso “agrícola” aunque la realidad es que el uso consuntivo es realmente para uso doméstico, ya que el agua en realidad está destinada para un desarrollo habitacional residencial. Dicha situación de sobreexplotación y desvío de las aguas de los arroyos.

Conforme a lo señalado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, consolidar una política de resiliencia efectiva de mediano y largo plazo en el Valle de México es necesario tomar en cuenta el impacto hidrológico que tienen

a) Los cambios en el uso del suelo;

b) La degradación de las masas boscosas

c) La erosión del suelo

d) La contaminación del agua, y los correspectivos gastos de potabilización;

e) La pérdida de estabilidad ecológica de las barrancas

f) Las situaciones irregulares de extracción de agua

Finalmente, el inicio de las temporada de lluvias también refleja un reto primordial para la ciudad, ya que las lluvias extremas pueden producir encharcamientos e inundaciones que afecten el funcionamiento de la red de movilidad. En este sentido, el Plan de Resiliencia retoma esto en el eje de resiliencia hídrica en la cuenca de México en donde se hace mención a una gestión integrada de recursos hídricos urbanos (GIRHU), con el cual se busca mitigar las inundaciones. Consecuentemente se plantearon cuatro acciones estratégicas:

2.4.1. Fomentar la restauración de cuerpos de agua y las cuencas con el cual se pretendió implementar el programa de rescate integral de los ríos Magdalena y Eslava cuya durabilidad establecida es de 2016 a 2025.

2.4.2. Buscar alternativas para la captura, retención, regulación e infiltración de agua de lluvia y prevención de inundaciones con el cual se pretendió la creación de infraestructura estratégica para la captación y retención de agua y mitigación de inundaciones: plazas de agua, áreas verdes y estacionamientos multifuncionales, en este contexto, con un periodo de 2016 a 2025.

4.4.1. Adaptar el sistema de transporte público ante los impactos del cambio climático. Evaluar los impactos de las olas de calor e inundaciones en los sistemas de transporte como el STCM y Metrobús, y crear un portafolio de medidas de adaptación para el transporte público para los años de 2016 a 2018.

Estas acciones forman parte de la estrategía de resiliencia para la ciudad publicada en el 2018 en la Gaceta de la Ciudad de México, y como previamente se mencionó, debe darse un seguimiento integral para la construcción y desarrollo de una área metropolitana de presente y de futuro, aún más frente a los riesgos del cambio climático. Los ciudadanos y ciudadanas debemos de ser beneficiados por el seguimiento de las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, pero que no sean cortadas o suprimidas ante los cambios de administración.

Conforme a todo lo establecido, hacemos mención a que los riesgos hídricos que afronta la Ciudad de México y su área metropolitana compartida con el Estado de México vulneran lo siguiente:

“Artículo 4o.- ... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno del Estado de México a implementar una política de resiliencia hídrica que contemple una actualización de los riesgos hídricos actuales enunciados por diferentes actores, misma que considere la coordinación de la megalópolis y la Zona metropolitana del Valle de México (ZVM).

Notas

1 Gobierno de la Ciudad de México. (2016). Estrategia de Resiliencia CDMX. Recuperado de

https://www.resiliencia.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estrategia %20de%20Resiliencia%20CDMX.pdf

2 Resilient Cities Network. (2020). Desafío CDMX Resiliente. Recuperado de

https://resilientcitiesnetwork.org/desafio-cdmx-resiliente/

3 Resilient Cities Network. (2016). Mexico City Resilience Strategy. Recuperado de

https://resilientcitiesnetwork.org/downloadable_resources/Networ k/Mexico-City-Resilience-Strategy-Spanish.pdf

4 Diario Oficial de la Federación. (2022). ACUERDO de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022. Publicado el 12 de julio de 2022.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/ 07/2022#gsc.tab=0

5 Comisión Nacional del Agua. (2023). Informe semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Publicado el 16 de mayo del 2023. Recuperado de

https://www.gob.mx/conagua/prensa/informe-semanal-del-comite-tec nico-de-operacion-de-obras-hidraulicas-334035?idiom=es

6 El Sol de Toluca. (2023). Sistema Cutzamala disminuyó el nivel de almacenamiento de agua. Publicado el 16 de mayo del 2023. Recuperado de

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/sistema-cutzamala-disminu yo-el-nivel-de-almancenacimiento-de-agua-10073487.html

7 González, Claudia (2023). Disminuyen los niveles de presas por falta de lluvias. El Universal. Publicado el 17 de mayo de 2023. Recuperado de

https://www.eluniversal.com.mx/edomex/disminuyen-los-niveles-de- presas-por-falta-de-lluvias/

8 De Miguel, Teresa (2021). La presa Madín, el ‘plan B’ para abastecer de agua a Ciudad de México. El País. Publicado el 29 de abril de 2021.

https://elpais.com/elpais/2021/04/28/album/1619628211_819401.htm l#foto_gal_3

9 El Sol de Toluca. (2021). Insisten vecinos en atender problemática en presa Madín. Publicado el 2 de noviembre de 2021. Recuperado de

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/insisten-vecinos-en-atend er-problematica-en-presa-madin-7424193.html.

10 Observatorio Valle de Bravo. (2023). Recibe la CCA petición sobre calidad del agua y recursos naturales en la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco, México. Publicado el 16 de mayo de 2023. Recuperado de

https://observatoriovalle.org.mx/recibe-la-cca-peticion-sobre-ca lidad-del-agua-y-recursos-naturales-en-la-subcuenca-valle-de-bravo-amanalco-mex ico/

11 La Jornada Estado de México. (2021). Detectan 250 presas privadas en Valle de Bravo-Amanalco. Publicado el 21 de septiembre del 2021. Recuperado de

https://lajornadaestadodemexico.com/detectan-250-presas-privadas -valle-de-bravo-amanalco/

12 La Jornada. (2023). Embalses privados afectan al Cutzamala, acusan ONG. Publicado el 20 de junio del 2021. Recuperado de

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/19/sociedad/embalses-pr ivados-afectan-al-cutzamala-acusan-ong/?from= page&block=sociedad&opt=articlelink.

13 Commission for Environmental Cooperation. (Año de publicación no disponible). 23.5 - SUB - Resumen ejecutivo. Recuperado de

http://www.cec.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/23-5-sub _es_redacted.pdf

14 Gaceta de la Ciudad de México. (2018). Acuerdo por el que se expide la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México:

https://www.resiliencia.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estrategia %20de%20Resiliencia%20CDMX%20–%20Gaceta%20Oficial%20CDMX.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de septiembre de 2023.– Diputado Braulio López Ochoa Mijares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA CONADE, A CUMPLIR CON LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REFERENTES A LOS ADEUDOS, CANCELACIÓN DE APOYOS Y RECURSOS OTORGADOS A ATLETAS Y ENTRENADORES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a cumplir con las solicitudes de información referentes a los adeudos, cancelación de apoyos y recursos otorgados a atletas y entrenadores, suscrita por los diputados Andrés Pintos Caballero y Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputados federales Andrés Pintos Caballero y Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a dar cumplimiento a las solicitudes de información referentes a los adeudos, cancelación de apoyos y recursos otorgados por parte de la comisión a atletas y entrenadores, de acuerdo al principio de máxima publicidad en materia de transparencia, conforme a lo siguiente:

Exposición de Motivos

El acceso a la información pública es fundamental en la actualidad, pues de esta manera cualquier ciudadano tiene la capacidad de saber cómo se está ejerciendo el gasto público en cualquier rubro gubernamental y las autoridades tienen la obligación de compartir esta información para mantener un lazo de confianza con sus representados.

En México, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

Sin embargo, el instituto ha sufrido de grandes obstáculos con la llegada de la actual administración, pues es sabido que el Ejecutivo federal no está a favor de los organismos autónomos y la mayoría parlamentaria ha hecho caso omiso a los nombramientos pendientes que requiere el Instituto para trabajar.

Es fundamental que Instituciones como el Inai, regresen a sus actividades normales, pues los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo se están ejerciendo los recursos públicos, sobretodo en casos como los de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la cual ha estado llena de escándalos de corrupción con su actual titular, no podemos permitir que sigan pasando acuerdos en los oscurito que afecten a nuestros deportistas de alto rendimiento.

A continuación, se enlistan algunos de los escándalos, de los cuales, ha sido parte la actual titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza:

- Ana Guevara acusó de “mentirosas” a las integrantes del equipo mexicano de nado artístico que ganó medallas de oro y bronce en el Mundial de Natación en Egipto, por acusar falta de apoyo económico de Conade y del gobierno de México.

- En 2019, Ana Guevara informó que la Conade ‘recortaría’ las becas a los deportistas que no obtuvieran buenos resultados en competencias internacionales; los recursos económicos serían asignados según un tabulador.

- La clavadista Paola Espinosa culpó a Ana Guevara de dejarla fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por no cumplirle la promesa de que tenía asegurado su lugar.

Estos son solo algunos ejemplos de la situación tan compleja que se vive actualmente, por lo que no podemos omitir mencionar, que tenemos próximos unos juegos olímpicos en 2024 y que nuestros deportistas requieren de apoyo para obtener los mejores resultados, pues en los anteriores juegos olímpicos la cosecha de medallas fue paupérrima, truncando el sueño y deseo de nuestros atletas de representar nuestros colores y para nuestro caso particular el deporte es esencial para reconstruir el tejido social tan dañado que tenemos como país, derivado de la mal llamada guerra contra el narcotráfico que ha orillado a miles de jóvenes a distanciarse de actividades recreativas sanas, por acciones delictivas que afectan la paz y seguridad de todos, es fundamental trabajar en recuperar espacios públicos por el bien de todos.

Tomando en cuenta los múltiples señalamientos por parte de las figuras del deporte mexicano ante la falta de apoyo dada por la Conade, así como la falte de eficiencia en la resolución de solicitudes de transparencia y acceso a información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), recientemente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ordenó a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara Espinoza, que haga pública una lista en donde se enlisten los atletas y entrenadores con los que el organismo tenga adeudos o que hayan recibido recursos directamente de la Comisión, junto a los comprobantes correspondientes de lo anterior.

Asimismo, para el ejercicio del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 (PPEF), entregado a la honorable Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre de 2023, se encuentra una reducción aproximada del 0.1 por ciento conforme a lo asignado en 2023 en términos reales. Aunque este cambio pudiera parecer minúsculo, afecta en un principio de progresividad, que además, analizando a detalle las modificaciones en los rubros, nos encontramos con disminuciones importantes en apoyo a deportistas como los son sus alimentos, ayudas sociales, medicinas, remuneraciones, servicios de mantenimiento a instalaciones o pago a entrenadores, tal y como se muestra a continuación en la siguiente tabla:

Por otro lado, si comparamos el PPEF 24 conforme al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, encontraremos una reducción 15 por ciento términos reales, viéndose afectados los rubros correspondientes a ciertos apoyos de los deportistas mexicanos como los destinados a sus viáticos para competencias, uniformes, pago a entrenadores, mantenimiento a instalaciones y remuneraciones, tal y como se puede ver en la siguiente tabla:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea las siguientes proposiciones con

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a que, con base en sus atribuciones y obligaciones, de cumplimiento a las solicitudes de acceso a la información pendientes durante la gestión actual de su titular Ana Gabriela Guevara Espinoza, referentes a los adeudos, cancelación de apoyos y recursos otorgados por parte de la Comisión a atletas y entrenadores, de acuerdo al principio de máxima publicidad establecido en nuestro artículo 6o constitucional.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a hacer público, a través de sus medios oficiales, un informe sobre todos los apoyos otorgados y cancelados a deportistas durante la gestión actual de su titular Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a dar cumplimiento con la orden realizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), sobre la publicación de una lista de atletas y entrenadores que hayan recibido recursos de la comisión y tengan adeudos o comprobaciones pendientes durante la gestión actual.

Notas

1 INAI, ¿Qué es el INAI?, disponible en:

https://home.inai.org.mx/?page_id=1626#:~: text=El%20Instituto%20Nacional%20de%20Transparencia,de%20protecci%C3%B3n%20de%2 0datos%20personales.

2 El Financiero, “Ana Guevara: Peleas con deportistas, presuntos desvíos y extorsión al frente de Conade”, disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2023/05/18/ana-gabriela -guevara-estos-han-sido-sus-escandalos-y-polemicas-en-la-conade/

3 INAI, CONADE Debe informar sobre gestión de recursos que recibieron atletas y entrenadores, 2023 disponible en:

https: https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20 INAI-071-23.pdf

4 Proyecto del Presupuesto de Egresos 2023 y Proyecto del Presupuesto de Egresos 2024, disponible en:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos

5 Proyecto del Presupuesto de Egresos 2021 y Proyecto del Presupuesto de Egresos 2024, disponible en:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2023.– Diputados: Andrés Pintos Caballero, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.