INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea que los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 23 de abril de 2024 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, suscrita por el diputado Enrique Godínez del Río y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para proteger la integridad de personas defensoras del medio ambiente en nuestro país, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Miguel Humberto Rodarte de Lara, Carlos Madrazo Limón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

4. Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fondos para entidades federativas con población migrante, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a la SRE, a garantizar a nuestros connacionales el derecho al voto en el exterior, a cargo de la diputada Olga Leticia Chavez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Segob y a la SRE, a generar una línea de trabajo que permita realizar las gestiones necesarias para repatriar desde Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, los restos de la maestra Clara Krause, esposa del general Felipe Ángeles, a cargo de la diputada Yolis Jiménez Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a ejercer acción penal y, en su caso, consigne ante tribunales a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lo que resulte por el desvío de recursos públicos, a cargo de la diputada Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a que, en la emisión del Acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de fertilizantes para el ejercicio fiscal 2025, se priorice a las personas agricultoras de "Nuevo ingreso por convocatoria abierta", para cumplir con el objetivo de promover una mayor inclusión y atender la cobertura nacional del programa, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a tomar acciones concretas en respuesta a la contaminación por hidrocarburos en varias colonias de la Alcaldía Benito Juárez, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del estado de Zacatecas, a fortalecer las medidas de certeza y difusión en torno al Proceso Electoral Local 2023-2024 y brinden seguridad a la población zacatecana durante todo el proceso electoral, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la STPS, a habilitar de nuevo la operación de las Juntas Especiales Federales de Conciliación y Arbitraje número 54 y número 44, asimismo, no procedan a eliminar la número 38, ubicadas en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a verificar la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales 2023-2024, promoviendo y facilitando en todo momento los trámites administrativos necesarios a fin de garantizar el derecho al voto, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar la actualización del plan rector para el rescate y saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP y a la SRE, a hacer público la información de los fondos para la entrega de dinero a migrantes repatriados e informar el número de personas y su origen, con el fin de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública federal, a cargo de la diputada Vania Roxana Ávila García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a preservar los derechos laborales de los profesionales de la salud en el marco de la implementación del IMSS-Bienestar, a cargo del diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes de la Unión, a implementar dentro de sus instalaciones espacios destinados a la lactancia y al aseo para las hijas e hijos de trabajadores, a cargo del diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, a cargo del diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a presentar un plan de atención al delito de robo de combustible, se revisen los protocolos de seguridad y mantenimiento de la red de ductos de gasolina que cruzan la Ciudad de México, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los órganos de gobierno de esta soberanía, a implementar acciones que permitan garantizar el bienestar y trato digno de los gatos que viven dentro de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

«Iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, suscrita por el diputado Enrique Godínez del Río y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Enrique Godínez del Río, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción VII del artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, a fin de garantizar el trato digno en el envío de invertebrados terrestres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Problemática actual

La presente propuesta de reforma surge de la petición de un productor de grillo del estado de Michoacán, quien tiene una granja donde reproduce a estos animales con el objetivo de venderlos como alimentos para mascotas y especies silvestres que habitan en zoológicos o lugares similares. La falta de claridad en la regulación de los envíos, tanto para paqueterías de empresas particulares como en el Servicio Postal Mexicano, ha derivado en problemas para hacer el envío de los grillos por paquetería, limitando el crecimiento de esta actividad económica. Por lo tanto, esta iniciativa atiende esta situación proponiendo que se permita el envío de invertebrados terrestres, siempre y cuando se garanticen las condiciones sanitarias y el trato digno.

La información presentada en esta iniciativa sobre el envío de grillos por paquetería dentro del territorio nacional fue proporcionada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, la cual a su vez fue solicitada a las autoridades sanitarias.

El grillo doméstico es una especie que destaca por sus características únicas y su capacidad para adaptarse a diversas condiciones ambientales. Tienen una rápida maduración entre 30 y 40 días y su crianza requiere un rango de temperatura entre 25 y 32 grados Celsius y una humedad relativa ideal de 45 a 60 por ciento. Alcanza la madurez en un período relativamente corto de 30 a 40 días, mientras que la incubación de los huevos tiene una duración de 11 a 16 días (Diego Cruz Fagua, 2021).

Potencial de la especie

Desde 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura instó al mundo a producir insectos, poniendo siempre a México como referente por su historia entomofágica, por lo que se hace énfasis en la importancia de facilitar la movilización de insectos en el territorio nacional. Se menciona también que no ha habido avances en la regulación de estos temas en México con respecto a otros países.

Transporte por paquetería

En relación con el envío del grillo doméstico vivo en México, la información proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) indica que no existen restricciones sanitarias para su transporte a nivel nacional. Sin embargo, la ley prohíbe su envío a través del Servicio Postal Mexicano debido a limitaciones de peso y dimensiones, no así para los servicios de paquetería privada como DHL y UPS. Los requisitos para estos servicios privados incluyen contar con una cuenta de crédito y tener un acuerdo comercial, con variabilidad en las especificaciones de embalaje según la empresa contratada. Además, se subraya que los volúmenes y distancias pueden influir en el proceso de envío.

Se revisó en la página del Senasica la “Consulta de Requisitos zoosanitarias de movilización animal”, y se contactó a un servicio de paquetería privado para conocer las restricciones en su servicio. Se revisó también la legislación relativa al tema.

De acuerdo con información obtenida a través de entrevista con el área de movilización del Senasica, encargada de llevar a cabo acciones de inspección para prevenir daños causados por plagas y enfermedades en el campo mexicano, el grillo doméstico vivo no cuenta con restricciones para su envío en todo el territorio nacional. Asimismo, dentro de los requisitos sanitarios para la movilización nacional de mercancías agropecuarias, los usuarios tienen la oportunidad de obtener información detallada sobre la documentación necesaria, pruebas de laboratorio, tratamientos, dictámenes y cualquier requisito específico que deban cumplir para trasladar sus mercancías agropecuarias, acuícolas y pesqueras reguladas por el Senasica dentro del territorio nacional. Estos requisitos se dividen en tres categorías: zoosanitaria, fitosanitaria y acuícola.

La categoría zoosanitaria incluye especies como abejas, aves, bovinos, caprinos, cunícolas, equinos, ovinos y porcinos, pero los grillos no están previstos entre las especies reguladas.

Pese a esto, el envío no se puede realizar mediante el Servicio Postal Mexicano, pues la Ley del Servicio Postal Mexicano dispone lo siguiente en el artículo 5, fracción VII:

Artículo 15. Queda prohibida la circulación por correo de los siguientes envíos y correspondencia:

I. a VI. ...

VII. Los que contengan animales vivos;

VIII. ...

La restricción se debe a que este tipo de correspondencia pudiera no ajustarse a los límites de peso y dimensiones establecidos por dicha Ley. Sin embargo, alternativamente se puede realizar el envío de la especie Achefa domestícusmediante los servicios de paquetería privado, como DHL o UPS.

El servicio privado de paquetería y mensajería ofrece el envío al interior de México del grillo doméstico, para lo cual deben cumplirse requisitos como los siguientes, aunque pueden variar según la empresa de que se trate:

I. Contar con una cuenta de crédito con el servicio de paquetería; y

II. Tener un acuerdo comercial con el servicio de paquetería.

Además, las especificaciones de embalaje varían también según la empresa que se contrate y depende también de los volúmenes a enviar y la distancia del punto de origen al punto de llegada.

El Reglamento de Paquetería y Mensajería de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes establece lo siguiente:

Artículo 18. Al permisionario está prohibido utilizar los vehículos autorizados para el servicio de paquetería y mensajería, para brindar un servicio distinto. También le está prohibido transportar paquetes cuando se trate de

I. a IV. ...

V. Animales o perecederos, cuando no se cumplan las condiciones de higiene y seguridad adecuadas, de acuerdo con la normatividad aplicable;

VI. a VIII. ...

En este reglamento hay flexibilidad y permite el envío de animales cuando se cumplan las condiciones de higiene y seguridad adecuadas, por lo que debería ser igual en la Ley del Servicio Postal Mexicano, ya que cuenta con el servicio de paquetería exprés “Servicio de entrega acelerada Mexpost”, con entrega al día siguiente.

NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales

En esa norma se establecen las condiciones para la movilización de diferentes especies, entre ellas los invertebrados terrestres, categoría a la cual pertenecen los grillos:

a) Deben movilizarse en cajas con divisiones para cada uno de los individuos, ya que la mayoría de estas especies son de hábitos carnívoros.

b) Si el viaje es prolongado de más de 24 horas, se debe colocar en una esquina de cada división de la caja una esponja con tamaño similar al del cuerpo del animal, embebida con agua potable colocada sobre una superficie impermeable para que puedan beber.

c) En el caso de caracoles para consumo, se deben transportar en cajas con cama de salvado o aserrín debidamente ventiladas y permitiéndoles libertad de movimiento.

Tanto el Reglamento de Paquetería y Mensajería de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la NOM-051-ZOO-1995 son más recientes, pues fueron publicados en 2011 y 1995, respectivamente, mientras que la Ley del Servicio Postal Mexicano data de 1986.

Transporte de grillos en otros países

En Estados Unidos, la industria del grillo creció por su demanda como cebo de pesca y alimento para mascotas. se permite el envío de grillos a través del servicio postal y aunque no se especifica “grillos” como tal, se puede deducir que se incluyen en la sección 526.6 “Small, Harmless, Cold-Blooded Animals” en la sección “nonpoisonous insect” por sus características. no se encuentran incluidos en las excepciones que son víboras, tortugas y huevos de tortugas. Dentro de las secciones 52 y 522 se encuentran los requerimientos de embalaje. Por otra parte, se requiere un permiso (APPQ 526) para el movimiento entre estados de la mayoría de los insectos y ácaros que se alimentan de o infectan plantas o sus productos (cultivos agrícolas, árboles, por ejemplo).

En el caso de Canadá, la Postal Guide no es del todo clara para otros insectos diferentes a las abejas y parásitos, pero se permite su envío si existe un acuerdo previo. Esta guía incluye “animales de sangre fría” pequeños y no venenosos. Cabe señalar que no se permite el envío de estos animales durante los meses de invierno por las condiciones climatológicas de este país. En la “non mailable matter regulation”, en la sección Schedule item 2, cita animales. Está prohibido mandar aquellos que no están aceptados en Canadá postal guide o los prohibidos en el artículo 19 de la Universal Postal Convention.

Teniendo en cuenta que nuestros sociales comerciales y otros países con regulaciones sanitarias más estrictas que las de México permiten el envío de invertebrados terrestres, como son los grillos, por paquetería, esta reforma podría ser viable y a la vez ser un incentivo para el crecimiento de la industria de producción de insectos.

Hasta ahora, este insecto que se caracteriza por su alto contenido de nutrientes se destina principalmente para alimentar mascotas, sin embargo, tiene un gran potencial para el consumo humano y para desplazar fuentes de proteína en nuestra dieta por su bajo impacto ambiental. En consecuencia, regular actividades como el envío por paquetería es una forma de incentivar su producción y, de forma indirecta, impulsar su consumo y facilitar su incorporación en otras actividades como la producción de alimentos para consumo humano que actualmente solo se realiza por pequeños emprendimientos y no tiene una participación significativa en el mercado de alimentos.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano

Único. Se reforma la fracción VII del artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. a VI. ...

VII. Los que contengan animales vivos, a excepción de invertebrados terrestres, siempre y cuando se garanticen las condiciones sanitarias y el trato digno, de acuerdo con la normatividad aplicable.

VIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas

Animal and Plant Health Inspection Service, USDA (29 de noviembre de 2023). Insects and Mites.

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/planthealth/import-inf ormation/permits/regulated-organism-and-soil-permits/insects-and- mites/ct_insects

Canada Post. ABCs of mailing:

https://www.canadapost-postescanada.ca/cpc/en/support/articles/ abcs-of-mailing/parasites-leeches-and-insects.page

Cofepris (23 de Julio de 2018). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte,

https://www.gob.mx/cofepris/documentos/sistema-de-clasificacion- industrial-de-america-del-norte-scian

Cofepris (2023). Aviso a la Cofepris de funcionamiento y de responsable sanitario del establecimiento de servicios de salud.

https://www,gob.mx/tramites/fichs/aviso- de-funcionamiento-y-de-responsable-sanitario-del-establecimiento-de-servicios-d e-salud-a-la cofepris/COFEPRIS787

Cofepris, T. (2023). Normas oficiales mexicanas,

http://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridíco /normas-oficiales-mexicanas

Diego Cruz Fagua, H. A. (2021), Artrópodos. Producción de grillos de forma sustentable.Chía: Universidad de La Sabana; MinCiencias, ArthroFood SAS, Gobernación de Cundinamarca:

https://intelIectum.unisabana.edu.co/fIexpaper/handIe/10818/4939 5/Art&c3%b3podos.9á20Producci96c396b3n%2Ode962OgriIlos’20de%20forma’20suste ntabIe.pdf?sequence=1&is AIlowed=y

Diputados, C. d. (2023). Ley del Servicio Postal Mexicano. Leyes Federales Vigentes,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBibIio/pdf/LSPM.pdf

DOF (2020). Secretaría de Gobernación, Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación están sujetas a regulación de la Secretaría de Salud:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.phpi’codigo=5608830&fech a=26/12/2020# gsc.tab=O

Europea, D. O. (2023). Reglamento de Ejecución (UE) 2023/5 de la Comisión, del 3 de enero de 2023, por el que se autoriza la comercialización de polvo parcialmente desglosado de Acheto domesticus (grillo doméstico) como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE),

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32023ROO05

Goverment of Canada. Justice Laws website. Non-mailable matter regulations (SOR/90-10),

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-90-10/page-2 .html#h-921368

Senasica (20 de julio de 2023). Requisitos Sanitarios para movilización nacional de mercancías agropecuarias.

https://www.gob.mx/senasica/documentos/guia-rapida-para-el-uso-d el mcrs7state=pubIished

Servicios globales de transporte y logística, U. (2023). Cómoenviar plantas y animales vivos.

https://www.ups.com/mx/es/support/shipping-suppon/shipping-speci al-mare-regulated-items/prohibited-items/plants-and-animaIs.page#:”: text=UPS%20brinda%2OeI%20servicio%20de,aIgunos%20tiposP2 0de%20animaIes%20vivos

United States Postal Service. Publication 52 - Hazardous, Restricted, and Perishable Mail (Mailable Live Animals):

https://pe.usps.com/text/pub52/pub52c5_008.htm#ep203593.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de abril de 2024.– Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para proteger la integridad de personas defensoras del medio ambiente en nuestro país, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de que se proteja la integridad de las personas defensoras del medio ambiente en nuestro país con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Para nuestro país la conservación del medio ambiente es de suma importancia, pues nos garantiza y asegura los servicios ambientales, mejor conocidos como servicios ecosistémicos, que nos brinda la naturaleza por medio de los cuales satisfacemos nuestras necesidades básicas, por lo cual se busca regular, minimizar o impedir el daño que las actividades de tipo industrial, agrícola, urbana, comercial o de otro tipo, ocasionan a los ecosistemas, a la flora y a la fauna.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

México es un lugar privilegiado por toda la riqueza natural que posee. Por lo que se busca garantizar el derecho de salvaguardar, conservar y proteger al medio ambiente, logrando satisfacer las necesidades de la generación actual, sin afectar la posibilidad de cubrir los menesteres de las generaciones venideras. Vinculando acciones en materia de derechos sociales, económicos y culturales para el establecimiento de un desarrollo sostenible.

Los mexicanos se han unido para preservar los ecosistemas no urbanos, que se ven cimentados en acciones individuales o colectivos conformando agrupaciones y organizaciones con metas y objetivos concretos.

Sin embargo, esta lucha se merma por intereses políticos y económicos. Pues, se ha generado un proceso de despojo de territorio, mercantilización y de conquista por parte el capitalismo global, así como de distintos grupos delincuenciales, que buscan la extracción de recursos naturales para generar cierto lucro a partir de una actividad denominada como “neoextractivismo”, manejando una retórica antropocéntrica sobre la explotación del hombre y el poder que tiene éste sobre el medio ambiente.

Este modelo forma parte de distintas estrategias macroeconómicas, sacrificando a la economía real y, mediante estrategias de estabilización auspiciadas por intereses internacionales, han sido la causa principal de la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación ambiental en los países en desarrollo, únicamente se busca aparentar la crea-ción de un clima de negocios benigno para la inversión extranjera en una explotación discriminada del patrimonio natural de los mexicanos, con la finalidad de lucrar con la sobreproducción y consumo de bienes y servicios.

México sumó 185 defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados entre 2012 y 2022, advierte el reporte anual en la materia de Global Witness. Muriendo por la defensa de los recursos naturales o por oponerse a los designios de aquellos intereses que generan daños ambientales. Pero, además de estos crímenes a personas defensoras del territorio, el medio ambiente y en la búsqueda por la generación y el establecimiento de un desarrollo sustentable en la nación; se han documentado otro tipo de agresiones.

“No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales, entre ellas la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización, siguieron dificultando en gran medida su trabajo” Al menos 16 de los defensores asesinados el año pasado en México, detalla, eran indígenas. Los asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, advierte la organización internacional, no son más que la punta del iceberg.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México ha pronunciado que le preocupa el uso indebido de acciones judiciales y administrativas como forma de criminalizar y silenciar el trabajo de personas defensoras del medio ambiente, incluso contra colectivos y sin individualizar las presuntas responsabilidades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) recibieron información sobre la presunta vinculación que habrían tenido ciertas empresas en algunos asesinatos, amenazas y criminalización contra quienes se oponen a las actividades empresariales en defensa del medio ambiente. Lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad”, apunta la CNDH.

Durante 2022, a nivel mundial, México se ubicó como la tercera nación con más asesinatos contra defensores de derechos humanos en todo el mundo, sólo se ubicó detrás de Colombia, que registró 186 asesinatos, y Ucrania que tuvo 50 crímenes de este tipo.

Es una necesidad garantizar la protección a los defensores ambientales, se presenta la iniciativa que propone reconocer de forma expresa en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas el alcance de este mecanismo para que también englobe a los sectores que defienden los derechos ambientales y el patrimonio natural de México.

Aunado a lo anterior, es necesario visibilizar el problema desde la ley, que representa uno de los mayores obstáculos para la justicia ambiental por una falta de información y los marcos normativos para que cualquier defensor del medio ambiente tenga la certeza de que no estará en riesgo su integridad personal, por parte del estado y garantizando, mediante la existencia de un protocolo de respuesta ante cualquier situación que afecte la integridad individual o colectiva, su seguridad y protección.

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Decreto

Único. Se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, ambientales y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos , Periodistas y Ambientalistas para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Persona Defensora de Derechos Humanos: Las personas físicas que actúen individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos .

Personas defensoras del medio ambiente: Las personas físicas que actúan individualmente o en colectivo que tengan como finalidad la defensa, promoción y establecimiento de los derechos ambientales, conservación y preservación de los ecosistemas no urbanos y desarrollo sostenible.

...

Artículo 11. Los consejeros deberán tener experiencia o conocimiento en la defensa o promoción de los derechos humanos o en el ejercicio del periodismo o conocimiento en evaluación de riesgos y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos , Ambientalistas o Periodistas, y no deberá desempeñar ningún cargo como servidor público.

Artículo 16. El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Participar en eventos nacionales o internacionales para intercambiar experiencias e información sobre temas relacionados con la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas;

...

Artículo 24. Las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión o en aquiescencia se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de:

I. Persona Defensora de Derechos Humanos, Ambientalistas o Periodista;

II. Cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, dependientes de las Personas Defensoras de Derechos Humanos , Ambientalistas o Periodista;

...

Artículo 42. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias recopilarán y analizarán toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas.

Artículo 43. Las Medidas de Prevención estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar potenciales Agresiones a las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas.

Artículo 44. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.

Artículo 45. La Federación promoverá las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos , Ambientalistas y Periodistas.

Artículo 46. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalista y Periodistas.

Artículo 47. Los Convenios de Cooperación contemplarán las acciones conjuntas para facilitar la operación eficaz y eficiente del Mecanismo mediante:

I. a IV. ...

V. La promoción de las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas, y

VI. ...

Artículo 48. Para cumplir el objeto de esta Ley, la Secretaría de Gobernación deberá prever los recursos necesarios en el anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio fiscal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas.

Artículo 66. Comete el delito de daño a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Ambientalistas y Periodistas, el servidor público o miembro del Mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del Mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Ambientalista, Periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta Ley.

Artículo 67. Al Servidor Público que en forma dolosa altere o manipule los procedimientos del Mecanismo para perjudicar, poner en riesgo o causar daño a la Persona Defensora de Derechos Humanos, Ambientalista, Periodista, peticionario y beneficiario, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, y de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos referidos en esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.reforma.com/suma-mexico-185-ambientalistas-asesinados/ar2674314

3 https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220524-m%C3%A9xico-comisi%C3% B3n-derechos-humanos-pol%C3%ADtica-protecci%C3%B3n-periodistas

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-en-3er-lugar-con-mas-asesinatos -de-defensores-de-DH-20230405-0018.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de abril de 2024.– Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Miguel Humberto Rodarte de Lara, Carlos Madrazo Limón y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

La revolución digital ha transformado la manera en que se producen bienes y servicios y ha redefinido las nociones convencionales de tiempo y espacio, plantea una serie de desafíos emergentes en el ámbito legal al tocar aspectos filosóficos, sociales, culturales, económicos y políticos. Este fenómeno, en el corazón del proceso de globalización actual, otorga nuevamente a la tecnología un papel central como impulsora del desarrollo económico.

Este cambio en el paradigma tecnológico, que continúa evolucionando y alterando nuestras formas de comunicación, de hacer negocios y de compartir información, se refleja y nos proporciona nuevas herramientas en campos como la salud, la educación, la política, el comercio de bienes y servicios y, en general, en el desenvolvimiento de las instituciones, que encuentran constantemente nuevas oportunidades de crecimiento en esas formas de transmisión.

Dada la vanguardia del concepto “ciberespacio” resulta necesario allegarse de diversas fuentes de información para entender la relevancia que este tiene en nuestros días, por lo tanto, aunque no hay una definición estandarizada traeremos a colación las más relevantes.

El término ciberespacio fue concebido originalmente como un espacio sensorial por Susanne Ussing y Carten Hoff en la década de 1960. En sus inicios, asociado a un sistema llamado Atelier Cyberspace, el ciberespacio no tenía un enfoque digital, sino más bien, concreto o físico. Sin embargo, con la llegada de internet en los años 90, su significado evolucionó hacia una dimensión virtual.

El diccionario de la Real Academia Española señala que es el “ámbito virtual creado por medios informáticos”.

Por su parte, los estados no se han querido quedar atrás y han hecho sus aportaciones. Argentina estableció en la resolución 1523/2019 de la Secretaría de Gobierno de Modernización, que el ciberespacio es el ambiente complejo resultante de la interacción de software, personas y servicios en internet, interacción que tiene lugar por medio de redes de dispositivos interconectados.

Del mismo modo, el gobierno de Australia a través del Departamento de Asuntos Internacionales y de Comercio define al ciberespacio como la base de su seguridad nacional, la protección y realización de los derechos y libertades humanas, la prosperidad económica global, el desarrollo sostenible y la estabilidad internacional.

En la estrategia de ciberseguridad nacional 2016-2021, el Reino Unido definió el ciberespacio como “la red interdependiente de redes de infraestructura de tecnologías de la información que incluye a internet, las redes de telecomunicaciones, los sistemas informáticos, los dispositivos interconectados y los procesadores y controles integrados. También puede referirse al mundo virtual o dominio como un fenómeno experimentado, o concepto abstracto”.

Desde una perspectiva técnica, el ciberespacio se compone de infraestructuras de redes, servidores, sistemas informáticos y dispositivos interconectados que permiten la transmisión de datos y la comunicación en línea. Desde un punto de vista social y cultural, el ciberespacio representa un espacio de interacción humana donde se crean, comparten y consumen contenidos digitales, se establecen relaciones sociales y se desarrollan comunidades virtuales.

En la actualidad, el ciberespacio es un componente fundamental de la sociedad de la información y juega un papel crucial en áreas como el comercio electrónico, la educación en línea, la investigación científica, la comunicación global y el desarrollo tecnológico.

Componentes

1. Infraestructura física y dispositivos de telecomunicaciones: estos son los pilares físicos del ciberespacio. Incluyen torres de telecomunicaciones, cables, satélites y otros equipos que facilitan la conectividad digital global.

2. Sistemas informáticos: constituyen el corazón del ciberespacio, desde servidores masivos hasta una computadora personal, estos sistemas procesan, almacenan y gestionan la información digital.

3. Conexión a Internet en la computadora: este es el puente entre algún dispositivo y el vasto mundo en línea. Sin una conexión a internet, el acceso al ciberespacio estaría severamente limitado.

4. Red entre computadoras: las redes de computadoras permiten la comunicación y el intercambio de datos entre distintos sistemas informáticos. Estas redes pueden ser locales (LAN) o extenderse globalmente (como internet).

5. Nodos de acceso de usuarios: son los puntos a través de los cuales los usuarios acceden al ciberespacio. Incluyen computadoras, dispositivos móviles y cualquier otro dispositivo habilitado para Internet.

6. Datos constituyentes: en el núcleo del ciberespacio están los datos. Desde el correo electrónico hasta archivos en una base de datos, los datos constituyen la información que se crea, comparte y almacena en línea.

Características

1. Inmaterialidad: el ciberespacio es carente de materia. No es un espacio físico, sino una red de información y comunicación digital que existe en un espacio virtual.

2. Ausencia de fronteras físicas o límites geográficos tradicionalmente considerados: a diferencia del mundo real, el ciberespacio trasciende las fronteras geográficas, permitiendo la interacción global sin las limitaciones de la distancia física.

3. Independencia de gobiernos y estados: no está regulado por gobiernos o estados específicos, lo que genera un entorno diverso y libre, pero también plantea desafíos en cuanto a la aplicación de la ley.

4. Coexistencia de ciberciudadanos y ciberorganizaciones: en el ciberespacio, individuos y organizaciones interactúan en un mismo plano, compartiendo y accediendo a información.

5. Convivencia de conductas éticas y no éticas: al igual que en el mundo real, el ciberespacio alberga una variedad de comportamientos, algunos aceptados socialmente y otros cuestionables desde un punto de vista ético.

6. Valores comunes: a pesar de su naturaleza descentralizada, existen algunos valores ampliamente aceptados en el ciberespacio, como el principio de neutralidad tecnológica y la libertad de expresión.

7. Ausencia de poder político centralizado: el ciberespacio opera sin la injerencia directa de entidades gubernamentales, lo que fomenta un entorno de libre expresión y desarrollo tecnológico.

8. Ordenación jurídica limitada: aunque parece carecer de una estructura legal definida, existen mecanismos de ordenación como la asignación de dominios y números IP, y las disputas se resuelven a menudo a través de organizaciones de arbitraje en lugar de tribunales tradicionales.

II. Problemática

El avance imparable de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente la forma en que interactuamos y realizamos nuestras actividades diarias. A pesar de que existen ciertas diferencias en las investigaciones que indican el número de personas que lo emplean, los datos a grosso modo señalan que alrededor de 2 mil millones de seres humanos son usuarios cotidianos del ciberespacio.

El ciberespacio ha experimentado un rápido crecimiento y expansión en las últimas décadas, convirtiéndose en un entorno fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de México y del mundo entero. Este fenómeno ha generado una serie de desafíos y oportunidades que requieren una respuesta legislativa adecuada para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y el buen funcionamiento de las instituciones en la era digital.

En primer lugar, el incremento exponencial del uso de internet y las tecnologías de la información ha traído consigo la necesidad de proteger la privacidad y los datos personales de los usuarios. En un contexto donde la información se ha convertido en un activo de gran valor, es imperativo establecer normas claras que regulen la recopilación, almacenamiento y uso de datos en línea, asegurando el respeto a la intimidad de las personas y la confidencialidad de la información.

Por otro lado, el ciberespacio también ha sido escenario de diversos delitos informáticos, ciberataques y amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la seguridad de individuos, empresas e instituciones.

La protección de los ciudadanos y sus datos en línea se ha convertido en una prioridad urgente en el mundo moderno. El ciberespacio, con su vasta red de interconexiones, ofrece tanto oportunidades como riesgos, y es responsabilidad del gobierno garantizar un entorno digital seguro y protegido.

A nivel internacional, la problemática se ha intentado regular. El 8 de febrero de 1996, en Davos, Suiza; uno de los primeros activistas en la defensa de los “derechos digitales”, John Perry Barlow, escribió la Declaración de independencia del ciberespacio, en la que exhortaba a los gobiernos del mundo a no ejercer soberanía sobre lo que él mismo había definido como “el nuevo hogar de la mente”.

Es así que, en 1997, Robert B. Gelman propuso una Declaración Universal de Derechos Humanos del Ciberespacio, y desde 2008 con su Texto articulado de declaración de derechos del ciberespacio,Emilio Suñé Llinás, comenzó a tratar con profundidad la posibilidad de un régimen constitucional para el ciberespacio lo que desembocó a que, en mayo de 2010, se iniciara la divulgación sobre un proyecto de Constitución del ciberespacio,mismo que se ha ido enriqueciendo desde 2006 y cuya aportación es destacable frente a otras iniciativas como la presentada en 2010 bajo el nombre de Bill of rights in cyberspace, por Jeff Jarvis.

En México no hay regulación específica del tema. Sin embargo, se han propuesto 11 iniciativas de leyes sobre ciberseguridad, entre las que destacan: la Ley General de Ciberseguridad (2024), la Ley Nacional de Seguridad en el Ciberespacio (2020), la Ley Federal de Ciberseguridad (2023), pero ninguna ha llegado a concretarse.

Es de resaltar que la ciberseguridad es una especie del género ciberespacio. Es así que aunque la mayoría de esas iniciativas proponen que se castiguen los delitos cibernéticos, es necesario que primero se cree una delimitación clara de los alcances del ciberespacio y que éste cuente con un marco legal bien definido. Una tarea que en este sexenio ni en los anteriores se ha podido lograr.

“Se debe empezar por regular el ciberespacio, que es un tema muy amplio, de ahí parte todo. Por ejemplo, primero tendría que definirse y regularse qué es la identidad digital para que después se pueda tipificar la comisión de un delito relacionado a la identidad digital, como la vulneración, el robo o usurpación de identidad”, señala Darío Vargas Regalado, experto en temas de ciberseguridad y estrategia digital.

En este contexto de transformación digital acelerada, la propuesta de reforma constitucional busca dotar al Congreso de la Unión de las atribuciones necesarias para legislar de manera efectiva en materia de ciberespacio, promoviendo la seguridad, la privacidad, la inclusión y el desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad mexicana. Las necesidades de los ciberciudadanos son muchas y, en la medida en que estas crezcan, será indispensable apoyarse en un marco regulatorio adecuado.

En concordancia con el experto Emilio Suñe, hoy se necesita una política —y un derecho— que atienda a la realidad creciente ciberespacial y, por lo tanto, meta espacial en que se desenvuelve la mayor parte de la dinámica social.

Así, al facultar al Congreso de la Unión para regular en materia de ciberespacio, se sientan las bases para un ecosistema digital más seguro y resiliente, fomentando así el crecimiento económico y la protección de los derechos individuales en el mundo virtual, lo que trae la consecuencia de abrir la posibilidad de regular los delitos cibernéticos, la ciberseguridad y la responsabilidad de las plataformas digitales, siempre en el marco del respeto de las libertades y protección de los derechos humanos.

III. Justificación

El cambio planteado recae en la modificación de la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta representa un paso significativo hacia la adaptación de nuestro marco legal a los avances tecnológicos contemporáneos. Esta modificación se justifica plenamente en el contexto de la reforma en materia de telecomunicaciones de 2013, en donde se reconoció la importancia de incluir aspectos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, el internet, la banda ancha y las telecomunicaciones. Dicha reforma, aunque fue un primer paso para regular este tema, hoy en día ha quedado rebasada por el avance acelerado de los conceptos abordados en aquel momento.

Es por lo anterior que al incorporar el concepto de ciberespacio en la fracción XVII, se lograría una mayor coherencia y congruencia en el texto constitucional, evitando la necesidad de crear una nueva fracción. Además, esta inclusión se alinea con los cambios previamente introducidos, estableciendo una conexión lógica y orgánica entre los distintos elementos contemplados en la ley.

También se resalta que el ciberespacio no es internet, es aún más complejo, ya que no sólo incluye hardware, software y sistemas de intercambio de datos, que es lo que caracteriza al concepto de internet en tanto red de ordenadores. Además de lo anterior, incluye la posibilidad de una interacción social compleja entre personas y organizaciones (cibersujetos) dentro de sus entornos reticulares.

En última instancia, esta medida fortalecerá las bases legales para la regulación efectiva del ciberespacio, otorgando al Congreso de la Unión las herramientas necesarias para abordar los desafíos y riesgos asociados a esta área de manera integral y fundamentada.

Para materializar y clarificar el sentido las modificaciones planteadas se presenta el siguiente cuadro comparativo

Por las razones antes expuestas, nos permitimos someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XVII artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XVI. ...

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, ciberespacio, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII a XXXI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Notas

1 Artistas daneses creadores del sistema llamado Atelier Cyberspace.

2 https://dle.rae.es/ciberespacio

3 Jefatura de Gabinete de Ministros. (2019). Resolución 1523/2019. Anexo II. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Gobierno de Modernización.

4 Órgano de Gobierno, encargado de proteger y promover los intereses internacionales de Australia para apoyar su seguridad y prosperidad.

5 https://www.dfat.gov.au/international-relations/themes/cyber-affairs-and-critic al-technology

6 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a82b10ce5274a2e8 ab58d82/Spanish_translation_-_National_Cyber_Security_Strategy_2016.pdf

7 https://ciberseguridadtips.com/ciberespacio/#Cuales_son_los_componentes_del_cib erespacio

8 https://ciberseguridadtips.com/ciberespacio/#Caracteristicas_del_ciberespacio

9 Coronado Contreras, L. (2019). La libertad de expresión en el ciberespacio (p. 23). Tirant lo Blanch.

10 Información obtenida de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados

11 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/fact-checking/ mexico-carece-legislacion-funcionarios-especializados-delitos-ciberneticos

12 Suñe Llinas, E. (2015). La Constitución del Ciberespacio. Editorial Porrúa.

13 Santana-Soriano, E. & Báez Vizcaíno, K. (2022). Ciberespacio y Cibermundo: delimitaciones conceptuales desde el materialismo sistémico. Ciencia y Sociedad. 47 (1).

https://www.redalyc.org/journal/870/87070563004/html/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputados: Miguel Humberto Rodarte de Lara, Carlos Madrazo Limón (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fondos para entidades federativas con población migrante, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25 y adiciona los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fondos para entidades federativas con población migrante, en los términos siguientes:

Exposición de Motivos

La migración, concebida como la movilidad de las personas desde su lugar de origen a otro destino de residencia, es un fenómeno que ha acompañado la existencia misma de la humanidad, sus causas son multifactoriales como también sus consecuencias de acuerdo con la región y el momento que los motivo a ello.

Se estima que en el mundo hay cerca de 281 millones de migrantes internacionales, y que casi dos tercios de ellos son migrantes laborales. La causa más asociada a la migración ha sido la búsqueda de mejores oportunidades de vida, pero existen muchas variables que han sido determinantes para la movilidad de las personas. Así, la amenaza de guerras o hechos violentos ha ocasionado la migración de millones de personas que salieron huyendo de sus países, es el caso de la República Árabe Siria, el Yemen, el Congo o Sudán del Sur, entre otros.

Asimismo, la inestabilidad económica y política son factores que aceleran la emigración hacia otros lugares; en años recientes más de un millón de venezolanos como resultado de la crisis que experimentan buscaron refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil.

Por lo que respecta a la migración mexicana, la dinámica de más de un siglo ha sido motivada principalmente por razones económicas y con destino casi exclusivo hacia los Estados Unidos de América (EUA), convirtiéndose en el corredor migratorio más importante del mundo. Se estima que más de 11.2 millones de personas mexicanas migrantes residen en la Unión Americana.

Al analizar el fenómeno migratorio mexicano los especialistas distinguen al menos seis fases:

Los primeros indicios datan de 1920 con el modelo conocido como enganche un sistema de contratación de mano de obra semi forzado, en el que el trabajador migrante desde el momento en que salía de su comunidad de origen hasta el lugar de destino se encontraba invariablemente endeudado. El inmigrante pagaba con largas jornadas laborales, los costos del viaje, el alojamiento, etcétera, por lo que de lograr una vida mejor se diluía, convirtiendo su acuerdo laboral en una deuda creciente e impagable.

La segunda etapa migratoria se inicia con la crisis de 1929 y se prolonga hasta 1939, se caracteriza por un periodo de deportaciones masivas que tuvieron una relación directa con la crisis económica, la gran recesión y el desempleo a nivel mundial. Esta etapa se distingue por la deportación sistemática de mexicanos desde los EUA (principalmente de trabajadores temporales y no inmigrantes). Al mismo tiempo se realizó la repatriación por parte del gobierno mexicano de numerosos connacionales.

La tercera oleada migratoria, abarcó el periodo comprendido por los convenios de braceros que se extendieron de 1942 a 1964. Tienen su origen en la demanda y reclutamiento de trabajadores mexicanos en tiempos de guerra. El patrón en aquel momento se modificó para conformar una mano de obra legal y temporal, principalmente masculina, de origen rural y destinada al trabajo agrícola.

En la cuarta fase predominaron los trabajadores indocumentados (1965 -1985). Se caracteriza por la existencia de una frontera porosa y la incorporación de mujeres y migrantes urbanos. Si bien no se trató de una política definida legalmente, pero sí permitida, contribuyó al abastecimiento de mano de obra inicialmente en los campos agrícolas, no obstante, posteriormente, fueron demandados en otros sectores, como la construcción y servicios.

Durante esta etapa, los empleadores buscaban hacerse de mano de obra barata y al mismo tiempo evitar las trabas burocráticas que el Programa Bracero había impuesto. Los trabajadores cruzaban la frontera en condiciones de peligro con la intervención de polleros y aceptaban, cuando lograban cruzar la frontera, cualquier trabajo, sin importar las mínimas condiciones laborales derivadas de su condición irregular. En esta etapa, se toleró el cruce subrepticio de la frontera al mismo tiempo que se pusieron en marcha mecanismos de deportación para equilibrar la relación entre oferta y demanda.

La quinta etapa se desarrolló a raíz del proceso de amnistía, regularización y control fronterizo a partir de la puesta en vigor de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, 1986 (IRCA, por sus siglas en inglés). Este periodo, abarcó dos décadas y fue conocido también como “la fase bipolar”. Por un lado, se otorgó amnistía y legalización a 2.3 millones de trabajadores indocumentados y, por otro, se persiguió a migrantes irregulares. Diversos ordenamientos legales se pusieron en marcha en esta etapa, entre ellos: la propuesta 187 en California (1994), así como la Ley Federal contra la Migración Ilegal, 1996 (IIRAIRA, por sus siglas en inglés).

Después del 11 de septiembre, la Ley Patriótica, 2005 (The Patriot Act), generó una gran reacción popular, expresada en diversas megamarchas que movilizaron a miles de inmigrantes mexicanos y de otros países que vivían en los Estados Unidos durante el año de 2006.

La última etapa se identifica al inicio de 2007 (Last but not least), cuando el flujo migratorio irregular de origen mexicano llegó a su máximo nivel, 6.9 millones, y a partir de ese momento empezó a declinar de manera consistente. Este periodo coincide con la crisis financiera de 2008 y ha sido calificado por algunos investigadores como de “saldo migratorio cero”. En esta etapa se registran deportaciones selectivas y, al mismo tiempo, se adoptan acciones ejecutivas para solucionar de manera parcial la falta de acuerdos legislativos sobre una reforma migratoria.

A lo largo de estos periodos la presencia de la diáspora mexicana ha sido creciente, actualmente se calcula que 36 millones de personas de origen mexicano viven en los Estados Unidos.

Los mexicanos residentes en Estados Unidos representan la comunidad más numerosa, que se refleja en una participación activa en la economía estadounidense, contribuyendo con el 1.6 por ciento del PIB.

Los mexicanos migrantes mantienen un vínculo permanente con sus familias y comunidades de origen. El envío de dinero ha sido una constante que expresa solidaridad y sentido de pertenencia con México. Las cifras de remesas se han convertido en el principal ingreso de divisas en nuestro país, alcanzando cifras históricas en 2023 de más de 63,313 millones de dólares (mdd), recursos que a pesar de la pandemia provocada por el SARS-Covid-19, durante el trienio 2019 a 2022, se han mantenido al alza contribuyendo a mantener niveles de consumo de hasta 19.1 por ciento en las familias mexicanas de menores ingresos.

Cabe tener presente que la pandemia ha agudizado problemáticas como la pobreza, la marginación, la desigualdad, la violencia de género y la migración.

Estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refieren que el número de migrantes internacionales a nivel mundial aumentó durante los últimos veinte años (entre 2000 y 2020), llegando a 281 millones en 2020. No obstante, debido la pandemia, el primer semestre de 2020 registró una disminución de casi 2 millones de migrantes internacionales.

De acuerdo con el panorama de la migración internacional de la OCDE 2020, la crisis sanitaria ha tenido consecuencias sin precedentes en los flujos migratorios. La expedición de nuevas visas y permisos en los países de la OCDE se desplomó 46 por ciento en el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo en 2019. Se trata de la mayor caída jamás registrada. En el segundo trimestre, la baja fue de 72 por ciento. En general se espera una reducción histórica de la migración internacional en la zona de la OCDE.

Estos datos se vuelven relevantes dado que la población migrante es altamente vulnerable, pese a que constituye una proporción significativa en los sectores esenciales y en los sectores más afectados por la crisis. El 13 por ciento de los trabajadores del sector de servicios y ventas en 7 de los 20 países con el mayor número de casos de Covid-19 son extranjeros. Asimismo, en 5 de estos países, más del 9 por ciento de toda la población trabajadora cualificada de los sectores agrario, forestal y pesquero nacieron en el extranjero.

Se estima que el 69 por ciento de toda la población migrante en los Estados Unidos de América trabaja en sectores de infraestructura esencial. Lo anterior es importante si consideramos el número de connacionales que viven y trabajan en este país.

Entre las actividades que los connacionales realizan se encuentran: obreros, transportistas y trabajadores especializados de la construcción (26 por ciento); trabajadores de servicios (23 por ciento); construcción y ocupaciones de reparación (19 por ciento). De éstos, alrededor del 63 por ciento trabaja entre 35 y 44 horas por semana.

En los primeros 5 meses del año en curso se han acumulado ingresos por 19,178 millones de dólares, 21.7 por ciento más que en 2020. Si tomamos un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar, las remesas en este periodo equivalen aproximadamente a 2 billones de pesos, cifra superior a los 1.7 billones recaudados por el fisco a los grandes contribuyentes en el año pasado.

Sin embargo, este esfuerzo de los migrantes no ha dado lugar a ninguna política pública nacional que retribuya y reconozca sus aportaciones.

Cabe tener presente que en abril del presente año el Senado de la República aprobó un acuerdo para declarar el 18 de diciembre como “Día del Migrante Mexicano” y destinar un lugar en el Patio del Federalismo, para que se inscriba con letras doradas la leyenda: “A las y los migrantes mexicanos”, como un reconocimiento a su trabajo y esfuerzo en beneficio de sus familias y del país.

Este hecho debe marcar un precedente para impulsar una agenda migratoria que garantice los derechos humanos de nuestros connacionales y promueva el crecimiento y desarrollo en sus localidades y regiones de origen. Que sus remesas tengan un impacto directo en los índices de desarrollo, en el abatimiento del analfabetismo, la pobreza, la marginación y la desigualdad.

La problemática de las localidades expulsoras de migrantes es muy heterogénea, pero confluye en falta de infraestructura básica que la mayoría de las veces no se concluye por las disminuciones de los fondos que la Federación debe aportar.

En otro ámbito, es lamentable que no exista un fondo para apoyar la repatriación de cuerpos y que los familiares de connacionales sufran limitaciones económicas para sepultar a sus familiares. De acuerdo con datos de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, a mayo del año en curso se han repatriado 5 mil 464 mexicanos que fallecieron en el exterior, de los cuales el 99 por ciento de total fenecieron en Estados Unidos de América.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al mes de diciembre del año pasado se habían repatriado 397 urnas con cenizas, con el apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Aeroméxico y la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes.

No existe un programa o presupuesto asignado para este rubro y en ocasiones algunos consulados apoyan con un mínimo porcentaje a familias que tengan insolvencia económica, el cual está en función del presupuesto disponible. El monto del apoyo varía entre $500 y $2,000 pesos mexicanos y se determina por un estudio socioeconómico que realiza cada consulado, cuando los costos oscilan entre 70 mil pesos hasta los 122 mil pesos, dependiendo el tipo de servicio.

Lo anterior sustenta la instrumentación de una política pública que atienda de fondo el fenómeno multifactorial de la migración en México, crear un Fondo Solidario Migrante que atienda las necesidades esenciales de las localidades, municipios y entidades expulsoras de migrantes.

Los migrantes mexicanos son una parte integral de nuestra sociedad y deben desempeñar también un papel central en el proceso de construcción democrática y del desarrollo nacional, por lo que se plantea esta iniciativa que toma en cuenta los siguientes elementos:

1 Problemática de los ingresos por remesas de mexicanos y mexicanas migrantes

Las y los mexicanos que abandonan el país para buscar mejores oportunidades de desarrollo en otros lugares del mundo, constituyen uno de los retos más importantes para el gobierno independientemente de su origen partidista.

El fenómeno de la migración no es privativo de México sino mundial. La globalización no solo ha abierto mercados, también ha descubierto la necesidad de millones de personas de buscar otros horizontes, las razones son variadas, en otras: malos gobiernos, hambre, guerras intestinas, violencia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que: “El mundo ha sido testigo de un cambio histórico a nivel mundial, en que los Estados Miembros de las Naciones Unidas han aunado fuerzas para concertar dos pactos mundiales sobre las manifestaciones internacionales de la migración y el desplazamiento: el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados.”

El Informe de Migraciones en el Mundo expone los siguientes indicadores:

En 2019 había en el mundo 272 millones de migrantes internacionales (equivalentes al 3.5 por ciento de la población mundial).

El 52 por ciento de los migrantes internacionales eran varones; el 48 por ciento mujeres.

El 74 por ciento de los migrantes internacionales eran personas en edad de trabajar (de 20 a 64 años).

La India tuvo el número más alto de migrantes residentes en el extranjero (17,5 millones), seguida de México y China (11.8 millones y 10.7 millones, respectivamente).

Los Estados Unidos de América mantuvieron el primer lugar entre los países de destino (con 50.7 millones de migrantes internacionales).

El número de trabajadores migrantes disminuyó ligeramente en los países de ingreso alto y aumentó en los demás.

Entre 2013 y 2017, los países con ingresos altos experimentaron una ligera caída del número de trabajadores migrantes (de 112.3 millones a 111.2 millones). Los países de ingreso mediano alto registraron el aumento más marcado (de 17.5 millones a 30.5 millones).

En 2017, a nivel mundial, los trabajadores migrantes varones superaron a las mujeres en 28 millones. Ese año, la fuerza total de trabajadores migrantes se compuso de 96 millones de hombres (el 58 por ciento) y 68 millones de mujeres (el 42 por ciento).

Las estimaciones del Banco del Banco Mundial arrojan que para 2023 las remesas internacionales ascendieron a 815,000 millones de dólares americanos.

Los tres principales países receptores de remesas fueron la India (78,600 millones de dólares de los Estados Unidos), China (67,400 millones de dólares del mismo origen) y México (35,700 millones de dólares).

Los Estados Unidos de América siguieron siendo el principal país expedidor de remesas (68,000 millones de dólares de los Estados Unidos), seguidos de los Emiratos Árabes Unidos (44,400 millones de dólares de los Estados Unidos) y la Arabia Saudita (36,100 millones de dólares del mismo origen).

Durante 2018, hubo 20.4 millones de refugiados bajo el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 5.5 millones de refugiados bajo el mandato del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS).

Los patrones de migración varían de una región a otra, mientras que la mayoría de los migrantes internacionales nacidos en África, Asia y Europa residen dentro de sus regiones natales, la mayor parte de los migrantes de América Latina, el Caribe y América del Norte residen fuera de las regiones en que nacieron. En Oceanía, el número de migrantes intrarregionales siguió siendo muy similar al de los residentes fuera de la región en 2019.

Más de la mitad de los migrantes internacionales del mundo (141 millones) vivían en Europa y América del Norte.

La migración intrarregional contribuyó de manera importante al cambio demográfico en algunos países africanos, como Guinea Ecuatorial.

En cuanto a México, la ONU sostiene que en 2019 México ocupaba el segundo lugar entre los países de origen, y que desde 2014 se han documentado 1,884 decesos a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos de América y México.

En 2018, la India, China, México, Filipinas y Egipto fueron (en orden descendente) los cinco principales países de destino de las remesas, aunque la India y China se situaron muy por encima de los demás, con entradas superiores a 67,000 millones de dólares de los Estados Unidos cada una.

En el Anuario de Migración y Remesas, México 2021, que elaboran la Fundación BBVA y el Gobierno de México, la ONU señala que “... en la última década la migración internacional ha tenido un escenario complejo, no obstante, la población migrante en todo el mundo llegó a cerca de 281 millones en 2020 y se estima que pudo haber sido mayor, de no presentarse la pandemia de Covid-19.”

Según el mismo informe, el mayor flujo de migrantes se ubicó en el corredor México — Estados Unidos, que en 2020 concentró el 3.9 por ciento de la migración a escala mundial, es decir, 10.9 millones de personas migrantes.

La Fundación BBVA y la Segob consignan que: “... entre marzo de 2015 y marzo de 2020, 802,807 personas migraron de México hacia otro país. Guanajuato (62, 476); Jalisco (60,587), y Michoacán (50,770) fueron las principales entidades federativas de expulsión.”

Estas entidades han visto como se pierden recursos para los migrantes. A partir del ejercicio presupuestal de 2019 desa-parecieron del Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos del Fondo Apoyo Migrante, y en 2020 se puso fin al programa 3 x 1 para Migrantes. En el siguiente cuadro se ilustra la evolución presupuestal de ambos programas:

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es vincular las remesas que se reciben con el fortalecimiento de las regiones en las que se erogan, pero también para compensar la extinción de fondos de apoyo a las y los migrantes por parte de la administración federal, y de otros programas federales que también podrían vincularse al apoyo a los migrantes y que o bien se han reducido, se han centralizado o han sido eliminados, tales como el Programa de Apoyo a Pequeños Productores, Apoyo a las Inversiones Sociales de los Gobiernos Locales, de las organizaciones sociales y de la población rural, así como el apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos, que en 2018 sumaron 20.8 miles de millones de pesos.

Cabe señalar también que el presupuesto de servicios de migración y política migratoria se reduce frente al aprobado en 2018 casi 20 por ciento en términos reales.

En el discurso se aplaude el envío de remesas, en los hechos no hay compromiso real ni con las regiones ni con los migrantes.

Ingresos por remesas en las entidades federativas (Millones de dólares)

Según la Encuesta Nacional de Ingreso - Gasto de los Hogares 2020 (ENIGH), este nivel de ingresos de las familias mexicanas representa el 0.8 por ciento de los ingresos de los hogares, pero en los estratos en donde los ingresos son menores ese porcentaje asciende a 2.5 por ciento. Como se observa en el cuadro los estados con mayor recepción de remesas fueron Nayarit, Zacatecas y Morelos, mientras que las entidades federativas con menores remesas captadas fueron Nuevo León, Campeche y Tabasco.

A pesar de que se han propuesto diversas iniciativas para reformar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de reconocer el esfuerzo de las y los migrantes por apoyar a sus familias y a través de ellas a las regiones, éstas no han prosperado y se quedaron en espera de ser dictaminadas.

Es preciso insistir en el fortalecimiento de esta ley para reconocer la aportación de las y los migrantes, por ello se presenta un breve repaso de la evolución de este ordenamiento y ubicar su reforma en términos de darle permanencia y sustentabilidad hacendaria a los aportes que hace la migración a la economía regional y nacional.

La Ley de Coordinación (LCF) como instrumento que debe redistribuir con justicia los ingresos por remesas en estados y municipios

Los principales instrumentos para distribuir los ingresos fiscales entre los diferentes órdenes de gobierno son la Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta iniciativa se propone actuar sobre la primera a fin de institucionalizar el justo apoyo que merecen las entidades federativas y los municipios que reciben remesas. Se trata de que ley reconozca de manera explícita la necesidad de mantener el apoyo gubernamental a la atención de los aspectos críticos en las regiones expulsoras de mexicanas y mexicanos, pero receptoras de permanentes de remesas.

A partir de 1980 los gobiernos locales comenzaron a percibir recursos financieros por parte del gobierno federal. Estos recursos denominados “participaciones”, se financiaron mediante un porcentaje fijo de la recaudación impositiva federal. El propósito de su creación era resarcir a las entidades federativas los ingresos que por la suspensión y derogación de gravámenes propios dejaron de recaudar, al adherirse al sistema de coordinación fiscal.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal armonizó las facultades impositivas de los diferentes gobiernos, permitió la discusión abierta entre los mismos y fijó procesos de administración coordinada.

La decisión entre una forma de administración concurrente o coordinada en materia tributaria, que habían planteado las convenciones nacionales fiscales, obligó a discutir no sólo la conveniencia para el país de adoptar una u otra, sino a plantear los problemas de la distribución de facultades tributarias definidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la simplificación de la estructura impositiva nacional, la creación de una institución para el funcionamiento del federalismo fiscal a través de la política de coordinación fiscal del gobierno federal hacia las entidades federativas y los municipios, y el establecimiento del propio Sistema de Coordinación Fiscal.

La exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal planteó con claridad los objetivos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuyos aspectos centrales son los siguientes:

Los “textos constitucionales no delimitan los campos impositivos federales, estatales y municipales”, por lo que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes, lo que puede dar lugar a la doble o triple tributación interior.

Si bien la concurrencia impositiva está permitida por nuestra Carta Magna, ello no implica necesariamente que cada fuente deba estar gravada por contribuciones federales, estatales y municipales. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales actuando con prudencia deben evitar superponer gravámenes, pues irían en contra de los contribuyentes e impedirían el desarrollo económico.

La prudencia de los legisladores federales y estatales llevó a que una fuente de ingreso sea gravada sólo por una contribución federal o estatal, compartiendo el producto de la recaudación y estableciendo bases de colaboración en su administración en impuestos de carácter nacional.

Las participaciones son fijadas por la Constitución y es uno de los mecanismos que permite resolver el problema de la concurrencia impositiva.

El acuerdo entre Federación y estados no se limitó a impuestos señalados en la Constitución, sino que se extendió a otras contribuciones federales de las cuales los estados y municipios reciben participación, a cambio de abstenerse de gravar la misma fuente. Esta abstención no vulnera la soberanía de los estados, más bien constituye un ejercicio de la misma encaminado a evitar la doble o triple tributación, recibiendo participaciones de los impuestos federales.

El ejemplo sobresaliente de coordinación fue el impuesto sobre ingresos mercantiles (antecedente inmediato del impuesto al valor agregado, que entró en vigencia en enero de 1980), en el cual el gobierno federal gravaba al comercio y a la industria y las entidades federativas colaboraban en su administración.

La Ley de Coordinación Fiscal consideró los instrumentos jurídicos para la integración y funcionamiento del sistema de coordinación -convenios de adhesión y de colaboración administrativa-, los órganos para su desarrollo y el sistema para distribuir la captación de ingresos federales entre los estados.

A partir de 1990, el funcionamiento de la coordinación fiscal entre el gobierno federal y las entidades federativas sufrió cambios importantes con la suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público administraría el impuesto al valor agregado. En 1996, dicho Convenio fue modificado para permitir a las entidades federativas una más amplia participación en las actividades de fiscalización de los impuestos al valor agregado, sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios.

Cabe señalar que las adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal ocasionaron graves problemas para los estados de la República, de los cuales destacan dos: el primero, el hecho de que el Congreso de la Unión determinó los montos, plazos y usos de recursos que serían ejercidos por los estados, más allá de las atribuciones constitucionales de cada congreso local; segundo, la forma anárquica que ha tomado la descentralización de gasto, donde cada sector tiene sus formas y fórmulas para distribuir los recursos entre los estados. Esto último ha dado lugar a que las inercias prevalezcan por encima de una más eficiente canalización de recursos.

Creación del Ramo 33

En 1998, se aprobó un nuevo apartado a la LCF, mediante el cual se descentralizaron los recursos del Ramo 26 del PEF, entonces destinados a la construcción de infraestructura en regiones con mayores índices de pobreza. La reforma a la LCF significó un programa de descentralización de recursos federales a los estados y municipios, ya que en ella se integraron los fondos de educación, salud, seguridad pública, construcción de escuelas, y se agregó uno para el fortalecimiento de los municipios, mismo que se distribuyó con base en la población de los estados.

La reforma a la LCF implicó agregar un Capítulo V a la misma, cuyo artículo 25, expresa:

Art. 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. a VIII. ...

Estas aportaciones fueron definidas como subsidios y como tales nunca pierden su carácter federal. Con la aprobación de la LCF y el PEF en el año 1998, se establecieron nuevas reglas para la descentralización de recursos y responsabilidades a las regiones del país, en particular para el financiamiento de la infraestructura estatal y el fortalecimiento municipal.

Se descentralizaron recursos, pero no responsabilidades plenas para canalizarlos conforme a las prioridades de cada región, aquéllas siguen estando determinadas por instancias federales, ya que en la distribución de estos fondos las legislaturas locales tienen un papel testimonial. Uno de los objetivos de la LCF era descentralizar recursos para el combate a la pobreza en las regiones del país. Sin embargo, el centralismo y sus vicios se mantuvieron.

Es así, que existen actualmente en la Ley de Coordinación Fiscal los siguientes fondos en materia de ingresos federales:

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

Fondo de Aportaciones Múltiples.

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Cabe destacar que en ningún caso en donde se ha reformado la LCF se han considerado las remesas como objeto de esos cambios, a pesar de que sirven en los hechos para paliar los rezagos sociales en las zonas del país con mayores carencias.

Los fondos del Ramo 33 que se destinan a la creación de infraestructura y se integran para su distribución con base en criterios basados en carencias sociales, son el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf). Si a esos fondos agregamos el Ramo 20 (referido al desarrollo social y actualmente a la Secretaría del Bienestar), se conforma una masa de recursos para atender el combate a la pobreza.

Si se suman los fondos mencionados en cuanto a sus montos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el periodo 2003 — 2020, y se comparan con los ingresos por remesas en el mismo lapso, el resultado es sorprendente. Las remesas duplican los montos aprobados para esos ramos.

Lo anterior sustenta la necesidad de reconocer en el instrumento clave para la justicia hacendaria, a las regiones del país que, al tiempo de expulsar población, son receptoras de recursos extraordinarios que tan solo en 2020 representaron tres puntos del PIB, cuando los ingresos petroleros significaron el 3.8 por ciento del PIB. El contraste es evidente.

Asimismo, si atendemos a la contribución de las remesas a la economía nacional, para 2023 representaron el 4.4 por ciento del PIB y el 13.5 por ciento del Presupuesto aprobado para ese mismo año. Asimismo, si el análisis se realiza con respecto a los ingresos públicos, el monto de las remesas fue equivalente al 25.3 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP); si consideramos, que se estima que el 66.0 por ciento de las mismas son sujetas, por ejemplo, al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto supondría el 79.2 por ciento de lo recaudado por este impuesto. Sin embargo, se propone que el Fondo Solidario Migrante se construya con base al 0.04 por ciento de la RFP para 2024, es decir, mil 826 millones de pesos. El régimen transitorio establecido en esta Iniciativa muestra que los recursos destinados a este fondo tendrán una trayectoria en el tiempo como se muestra a continuación:

Para ubicar la dimensión del apoyo que el Fondo Solidario Migrante significa, podemos afirmar que el mismo es apenas el 0.02 por ciento del gasto neto total propuesto para 2024. Los fondos que podrían tener algún fin similar al Fondo Solidario Migrante (sólo para efectos de referencia) son: el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Territorio del Distrito Federal, así como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que representan el 1.3 por ciento, 1.3 por ciento y el 0.7 por ciento de este gasto respectivamente. Asimismo, las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas contenidas en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, significan el 1.7 por ciento del gasto neto total.

Con base en lo anterior, el porcentaje de la recaudación federal participable propuesto en esta iniciativa para constituir el Fondo Solidario Migrante, está alineado en cuanto a sus fines y proporciones con los fondos y erogaciones mencionados, pero, sobre todo, con la necesidad de reconocer la participación en el desarrollo del país de las y los migrantes.

Por tanto, con la constitución de este fondo, no solamente se restituyen los fondos cancelados para estos efectos, sino que se incrementan y hace justicia a quienes con su trabajo contribuyen al fortalecimiento de sus regiones e incluso de la economía nacional.

Atención a la problemática de las remesas por la actual administración federal

Un tema reiterado en el discurso de la presente Administración Federal es el relativo a las remesas y a su importancia para la economía del país, lo cual como se ha demostrado en esta exposición de motivos es un hecho innegable. Pero las remesas y su uso no son una política pública, se mantienen en la esfera privada.

En los últimos años se han desmantelado programas y fondos que, aunque modestos, se proponían atender el problema de las regiones afectadas por la migración, entre ellos destacan el Programa 3 por 1 para Migrantes (aprobado a principios del presente siglo) que llegó a alcanzar en su mejor año (2016) un monto de 685.8 millones de pesos y el Fondo de Apoyo Migrante, que nunca sumó más de 300.0 millones de pesos.

Con el primer programa se buscaba la participación de las organizaciones de migrantes y de hecho así surge. Cabe señalar que en las reglas de operación (2019) de dicho programa la actual administración reconoció:

El Programa 3x1 para Migrantes surge como una respuesta al interés de las y los mexicanos radicados en el exterior por colaborar en acciones y obras necesarias en sus territorios de origen, aportando elementos institucionales que fomentan la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a concretar las iniciativas de las y los migrantes, fortaleciendo la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de la inclusión productiva y la inversión en proyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y proyectos productivos. Este Programa contempla la realidad actual y el amplio fenómeno de la feminización de la migración, por tanto, busca incorporar la perspectiva de género en su desarrollo, dada la creciente migración de mujeres.

A pesar de ese reconocimiento, el Programa fue cancelado. Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo también retomar los aspectos positivos de los programas, corregir las desviaciones y darles un sentido más integral y que esos recursos se canalicen de manera directa a través de las instancias administrativas más cercanas a la problemática.

Por su parte el Fondo de Apoyo Migrante conforme a los lineamientos establecidos por la SHCP, se proponía impulsar:

Las acciones que se apoyen con cargo a los recursos del Fondo deberán incrementar las actividades ocupacionales y desarrollar las capacidades técnicas y productivas de los Migrantes en retorno.

Los tipos de acciones a apoyar podrán incluir los rubros siguientes:

a) Capacitación que genere habilidades productivas de los beneficiarios y aumente sus posibilidades de incorporación en el mercado formal;

b) Apoyos a las actividades que fomenten el autoempleo:

c) Apoyar la operación de albergues que atiendan a los Migrantes en retorno, y

d) Apoyar con el pasaje terrestre para que puedan retornar a su lugar de origen.

Este programa también fue eliminado y hasta la fecha no se conoce alguno que siga atendiendo las demandas que la población migrante en estos aspectos.

Cabe tener presente las declaraciones del Titular del Ejecutivo Federal, quien en diversas ocasiones se ha referido a las contribuciones de los migrantes a la economía del país. Por ejemplo, en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en su Segundo Informe de Gobierno 2019-2020. Señaló:

Gracias, gracias, muchas gracias a nuestros paisanos migrantes. Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México. A pesar de la pandemia en Estados Unidos, las remesas han crecido en 10 por ciento en relación con el año pasado y estimo que van a llegar a 40 mil millones de dólares a finales de año, un récord en beneficio de 10 millones de familias.

Con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares, con los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico.

Como se observa, la actual administración le otorga un lugar de privilegio al papel de las remesas en cuanto a ser parte de su política social. Más allá de evaluar esa posición, resulta claro que se debe reconocer la importancia de las mismas en la hacienda pública y sobre todo en el pacto federal en lo que hace a la materia hacendaria.

Por tanto, esta exposición de motivos concluye:

Primero. Es pertinente incluir el Fondo Solidario Migrante en la LCF a fin de impactar en regiones y en familias la captación de ingresos fiscales provenientes de ellas.

Segundo. Las remesas se han constituido en uno de los pilares del equilibrio social en México y su monto y destino superan por mucho el de varios ramos presupuestales destinados a la política social.

Tercero. La atención presupuestal a los migrantes ha sido sustituida por esquemas poco claros y por tanto se precisa iniciar una política pública en torno a las remesas y cómo regresar a las regiones y familias parte de lo que aportan a la economía del país.

Cuarto. Las y los migrantes y sus familias necesitan apoyos específicos para impulsar la infraestructura en sus localidades, pero también para tener certeza en la atención a problemas como la repatriación, eventuales gastos funerarios, pasajes, etcétera.

Quinto. De aprobarse esta iniciativa el Congreso de la Unión daría un paso fundamental para reconocer en el principal instrumento de reparto de la hacienda pública a un sector vital para la economía de México y sus habitantes en las regiones más desprotegidas.

Impacto presupuestal

Se considera que el impacto presupuestal se absorbe con el incremento anual esperado de las remesas y por tanto es plenamente financiable a través del PEF, con base en la recaudación de IVA que realiza el gobierno federal y que se identifica con el gasto de las familias en México de los recursos recibidos vía remesas.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona una fracción IX al artículo 25, así como los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 25, así como los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. a VIII. ...

IX.- Fondo Solidario Migrante

...

...

Artículo 47 Bis. El Fondo Solidario Migrante se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.0015 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año conforme a la fórmula establecida en el Artículo 47 Quáter de esta ley, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.

La Secretaría, en coordinación con la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, establecerá los lineamientos mediante los cuales el Fondo Solidario Migrante, se canalizará a los municipios, entre los cuales deberá considerar la posibilidad de mezclar recursos con otros fondos, para proyectos educativos, culturales, así como de salud.

Artículo 47 Ter. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo Solidario Migrante reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas, así como a inversiones que beneficien directamente a las familias de la población migrante.

Los recursos del Fondo Solidario Migrante se destinarán a los siguientes rubros:

Obras de infraestructura sanitaria, de educación y de salud en comunidades de origen.

Capacitación a los migrantes en retorno, para facilitar su proceso de reinserción en el mercado formal.

Apoyar a las actividades que brinden opciones de participación en proyectos de inversión, productivos o de autoempleo en las comunidades migrantes sea individual, familiar o grupal.

Impulsar proyectos recreativos y culturales, que beneficien a la diáspora mexicana en sus casas de gestión en el extranjero o en sus comunidades de origen.

Apoyar con el pasaje terrestre para que los migrantes puedan retornar a sus lugares de origen, en caso de ser deportados.

Apoyar a las familias para el pago de gastos funerarios de mexicanos migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

Participación en proyectos de inversión en México y de autoempleo.

Fomentar y apoyar la operación de albergues que atiendan a los migrantes en tránsito y retorno.

Artículo 47 Quáter. Las aportaciones federales con cargo al Fondo Solidario Migrante se distribuirán con base en la fórmula siguiente:

El número total de migrantes y su distribución geográfica será el que determine la Secretaría de Gobernación; el monto anual de las remesas será el que informa el Banco de México.

La fórmula para establecer el monto anual del Fondo Solidario Migrante por entidad federativa se basará en la información que para el efecto den a conocer la Secretaría de Gobernación y el Banco de México.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

Segundo. Para los años 2025, 2026, 2027 y 2028 el Fondo Solidario Migrante se constituirá, respectivamente y sólo para efectos de referencia, al 0.0004, 0.0008, 0.0010, 0.0015 por ciento de la recaudación federal participable, a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según la estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio.

Notas

1 Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 (OIM).

2 Examen de los datos y la información sobre la migración a nivel mundial y regional. Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 (OIM).

3 OIM. Poblaciones de migrantes internacionales. Estadísticas de la inmigración y emigración. 5 de febrero de 2021. [En línea] [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.migrationdataportal.org/es/themes/poblaciones-de-mig rantes-internacionales

4 OCDE. La crisis del Covid-19 pone en riesgo la migración y los avances en la integración, dice la OCDE. Medios. 19 de octubre de 2020. [En línea] [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/lacrisisdelcovid-19po neenriesgolamigracionylosavancesenlaintegracion.htm

5 OIM. Datos sobre migración relevantes para la pandemia de COVID-19. Estadísticas de la inmigración y emigración. 7 de septiembre de 2021 [En línea] [fecha de consulta: 20 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.migrationdataportal.org/es/themes/datos-sobre-migrac ion-relevantes-para-la-pandemia-de-covid-19

6 Conapo. Mexicanos en Estados Unidos. Un dato sobre migración. Series y Geografía Migratoria. 18 de diciembre de 2018. [En línea] [fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos- datos-graficos-y-mapas-cifras-2017-y-2018?idiom=es

7 Li, Juan José. Remesas imparables, aumentaron 31.0% en mayo, logrando un nuevo máximo histórico. Observatorio Migración México. 1 de julio de 2021. [En línea] [fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-impara bles-aumentaron-310-en-mayo-logrando-un-nuevo-maximo-historico/

8 Carbajal, Braulio. En el gobierno de AMLO, 72% más remesas que con Peña. Economía. La Jornada. 6 de julio de 2021 [En línea] [fecha de consulta: 21 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/2021/07/06/economia/017n2eco?partner= rss

9 Senado de la República. Senado reconoce esfuerzo, valor y patriotismo de los connacionales migrantes. Coordinación de Comunicación Social. Boletín 1234. 30 de abril de 2021. [En línea] [fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021] Disponible en:

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletine s/50918-senado-reconoce-esfuerzo-valor-y-patriotismo-de-los-connacionales-migra ntes.html

10 Hernández, Kenia. Más de 5 mil mexicanos han muerto en el extranjero por covid-19. Milenio Noticias. 14 de julio de 2021 [En línea] [fecha de consulta: 22 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/covid-19-5-mil-mexica nos-extranjero-muerto

11 SRE. SRE continúa repatriando urnas con cenizas de personas mexicanas fallecidas en el exterior. Comunicado No. 387. 10 de diciembre de 2020. [En línea] [fecha de consulta: 27 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.gob.mx/sre/prensa/sre-continua-repatriando-urnas-con -cenizas-de-personas-mexicanas-fallecidas-en-el-exterior?idiom=es

12 ViveUsa. ¿Cómo pedir apoyo económico para trasladar un cuerpo de EU a México? El Universal, San Antonio. 1 de mayo de 2020. [En línea] [fecha de consulta: 25 de septiembre de 2021] Disponible en:

https://www.viveusa.mx/educacion/como-pedir-apoyo-economico-para -trasladar-un-cuerpo-mexico

13 ONU. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, página 1.

14 Fundación BBVA Bancomer, AC, Secretaría de Gobernación, Secretaría General del Consejo Nacional de Población (2021). Anuario de migración y remesas México 2021, página 17.

15 Fundación BBVA Bancomer, AC, Secretaría de Gobernación, Secretaría General del Consejo Nacional de Población (2021: 38)

Palacio Legislativo en San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO AL INE Y A LA SRE, A GARANTIZAR A NUESTROS CONNACIONALES EL DERECHO AL VOTO EN EL EXTERIOR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE y a la SRE a garantizar a nuestros connacionales el derecho al voto en el exterior, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Olga Leticia Chávez Rojas, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La demanda de voto en el extranjero fue una lucha iniciada desde hace tiempo por movimientos y organizaciones de migrantes por lo que, en el año 2005, el honorable Congreso de la Unión aprobó la reforma que permite votar a los mexicanos en el exterior, derecho que se ha ejercido ya en tres procesos electorales: los comicios presidenciales de 2006, 2012 y 2018.

Es importante citar que los migrantes son aquellas personas que se ven obligadas a salir de su lugar de origen en busca de una mejor vida para ellos y sus familias, pero que no por ello se han desvinculado de los asuntos internos de su país.

En robustecimiento a lo anterior, es que el año 2006, cuando se contempló por primera vez activamente el sufragio de nuestros connacionales, 32 mil 621 mexicanas y mexicanos en el exterior hicieron válido ese derecho; votos que han ido en un aumento considerable en las subsecuentes elecciones presidenciales.

Y como muestra, en el año 2018 el voto extranjero tuvo resultados históricos, ya que, de acuerdo a datos emitidos por el secretario ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para la elección presidencial en México, se contabilizaron 98 mil 470 votos de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, 140 por ciento más de los observados para esta elección en 2012 con 40 mil 714 sufragios y tres veces más respecto a los comicios de 2006 con 32 mil 621 votos.

Cabe señalar que el derecho al voto en el extranjero se encuentra contemplado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce el derecho de las y los ciudadanos de votar y ser votados en elecciones populares.

En esta tesitura, el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ordenamiento que tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, dispone:

“ Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto.

3. El voto por vía electrónica sólo podrá realizarse conforme a los lineamientos que emita el Instituto en términos de esta Ley, mismos que deberán asegurar total certidumbre y seguridad comprobada a los mexicanos residentes en el extranjero, para el efectivo ejercicio de su derecho de votar en las elecciones populares”.

Derecho que no sólo ha sido reglamentado y protegido en nuestra norma sino también en diversos tratados internacionales ratificados por México como es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Documento jurídico que en el artículo 41, numerales 1 y 2, señala:

“ Artículo 41.

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos”.

De igual manera, el derecho al voto internacional se encuentra plasmado en el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, numeral 1, inciso a) y b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificados por México el 24 de marzo de 1981; que disponen:

“Artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) (...)

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) (...)”.

“Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y (...)”.

Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

Ahora bien, cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral (en adelante el INE), mediante comunicado número 213, de fecha 13 de abril de 2024, declaró la improcedencia de 39 mil 724 registros de la Lista Nominal para votar del desde el extranjero, como producto de una revisión exhaustiva y detallada destinada a garantizar la total confiabilidad de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.

En esta tesitura, queda claro que el Instituto Nacional Electoral (en adelante el INE) está violando flagrantemente el derecho al voto en el exterior de los 39 mil 724 connacionales que ya se encontraban inscritos en la Lista Nominal para votar desde el extranjero, y que posteriormente fueron excluidos del citado registro, ya que según el INE se encontraron inconsistencias en tales registros, pese a que dicho instituto ya les había confirmado que el mismo había sido exitoso.

Ya que, de conformidad con lo precisado por el INE en su página oficial, las y los mexicanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en los próximos comicios electorales siempre que se hayan registrado en la Lista Nominal para votar desde el extranjero y que este registro haya sido procedente; es decir para poder ejercer el derecho al voto desde el exterior es forzoso estar registrado en la multicitada lista.

Cabe señalar que una vez inscrito en la referida lista, el voto que podrá ejercerse a través de correo vía internet, de manera postal y de manera presencial ante los siguientes consulados:

De lo que se advierte que, al excluir a los cerca de 40 mil connacionales del registro en la Lista Nominal para votar desde el extranjero, aun cuando con anterioridad ya se había aceptado su registro, el INE esta violentando su derecho a ejercer su voto en los próximos comicios electorales, contraviniendo con ello lo establecido en nuestra Constitución, así como los tratados internacionales antes descritos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, resulta irrisorio que una vez que nuestros connacionales obtienen su credencial para votar, deban inscribirse en la Lista Nominal para votar desde el extranjero, cuando dentro de territorio nacional al tramitar y obtener la citada credencial, las y los mexicanos contamos con la certeza de que con la misma podemos ejercer nuestro derecho al voto, sin tener que posteriormente registrarnos en alguna lista nominal.

Por todo ello, lo que resulta imprescindible que el citado Instituto garantice a través de los medios pertinentes el ejercicio del derecho al voto desde el exterior a los 39 mil 724 connacionales.

Cabe señalar que, según lo descrito por el INE en su comunicado número 213 las y los mexicanos cuyo registro resultó improcedente y no lleven a cabo la aclaración correspondiente hasta el 5 de mayo del presente año, con independencia de ello, podrán votar en las casillas especiales que se instalarán en las 23 sedes consulares con su credencial para votar tramitada en México o en el extranjero.

No obstante, como se ha precisado sólo se han habilitado 23 consulados con modulo receptor de votación, para que los mexicanos en el exterior puedan realizar su derecho al voto de manera presencial; es decir, aun cuando el INE prevé que estos 39 mil 724 connacionales podrán votar en las casillas habilitadas, únicamente hay 23 consulados en los cuales se podrá votar de manera presencial, por lo que se continúa violentado el derecho de nuestros connacionales a emitir su sufragio.

Es por ello que resulta necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la decisión del INE de negar el derecho al voto de los 39 mil 724 connacionales, aun cuando éstos ya cuentan con su credencial para votar, habilite el voto presencial en todas sus representaciones consulares en el exterior, las cuales tiene como objetivo apoyar y proteger a las y los mexicanos que residan en otro país, con lo cual se apoyaría considerablemente a nuestros connacionales y el estado garantizaría el ejercicio de su derecho al voto.

Por todo lo ya expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus competencias implemente las medidas efectivas, idóneas y necesarias que garanticen el derecho al voto en los próximos comicios electorales de los 39 mil 724 connacionales que fueron excluidos de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se habilite en todas sus representaciones consulares un módulo receptor de votación, que garantice el derecho al voto en los próximos comicios electorales de los 39 mil 724 connacionales que fueron excluidos de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero.

Nota

1 Alejandro Sánchez, Dafne Sánchez, “El sufragio de los mexicanos en el extranjero, una perspectiva jurídica”, recuperado de:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1870-46542014000100014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

REPATRIAR DESDE NUEVA YORK, LOS RESTOS DE LA MAESTRA CLARA KRAUSE, ESPOSA DEL GENERAL FELIPE ÁNGELES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y a la SRE a generar una línea de trabajo que permita realizar las gestiones necesarias para repatriar desde Nueva York, Estados Unidos de América, los restos de la maestra Clara Krause, esposa del general Felipe Ángeles, a cargo de la diputada Yolis Jiménez Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Yolis Jiménez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los íconos de nuestra Revolución Mexicana es el General Felipe Ángeles, figura prominente en los momentos cruciales de la lucha y que no sólo fue un estratega militar excepcional, sino también un hombre de profundos principios éticos y democráticos.

Ángeles, nacido en Zacualtipán, municipio del estado de Hidalgo, durante el año 1868, apostaba por el humanismo y la educación como ruta al progreso, promovió una nueva forma de resolución de conflictos, dejando a un lado las medidas represivas y optando por la mediación y el diálogo.

En su memorias desde Nueva York, dejó clara su visión ecléctica sobre el humanismo y el socialismo, siendo incluso autocrítico de sus propios pensamientos (Gilly, 2020. P. 52).

En su epístola postrera dirigida a su “adorada Clarita”, poco antes de enfrentar su destino final, el General Felipe Ángeles reveló la profundidad de sus sentimientos. Sus palabras: “He tenido hasta ahora ternura y amor infinitos por la humanidad y para todos los seres del universo; desde este instante, mi ternura, mi amor y mi recuerdo serán para ti y para nuestros cuatro hijos” (Ángeles, 1919), no sólo subrayan su reconocido humanismo, sino que también reflejan un viraje hacia un compromiso profundamente personal y de gratitud hacia su esposa, Clara Krause.

Clara Krause, quien según Sanchiz y Gayol (s.f.) nació en 1876, contrajo matrimonio con el prominente General Felipe Ángeles en la Ciudad de México en 1895, durante la enrarecida paz porfiriana. Paradójicamente, el general Manuel Mondragón, quien más tarde traicionaría los principios maderistas durante la Decena Trágica, fue el testigo oficial de estas nupcias.

Así, Clarita se convirtió no sólo en su compañera, sino en su apoyo durante las constantes luchas y desafíos que enfrentó Ángeles en su carrera militar y política, desde su destacada participación en la Revolución Mexicana hasta sus conflictos con las facciones políticas que eventualmente lo llevarían al exilio en New York, Estados Unidos de América. El General Felipe Ángeles era renombrado no sólo por su acumen estratégico y habilidades en el campo de batalla, sino también por su extraordinaria visión y capacidad para la diplomacia y la negociación en tiempos de conflictividad.

Su competencia técnica en artillería fue complementada por un profundo entendimiento de la política y la sociedad mexicanas, lo que le permitió maniobrar hábilmente en los complejos entornos políticos de su tiempo. Estas habilidades no sólo le ganaron el respeto de sus aliados, sino también la admiración de sus adversarios, consolidando su reputación como una de las figuras más competentes y éticamente robustas de la Revolución Mexicana.

Fue así como sus servicios a las causas de la Revolución fueron nuevamente llamadas cuando en 1918, regresa solo a México, uniéndose a las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa, quien habría reactivado el conflicto contra Carranza al considerar a éste elitista y excluyente, y a su política alejada de las causas sociales.

Sin embargo, el retorno del General Ángeles estuvo marcado por la adversidad; tras ser traicionado, fue capturado en 1919 y condenado a muerte. Y su vida llegaría a un trágico final el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando fue fusilado en el Cuartel del 21/o Regimiento de Caballería en la ciudad de Chihuahua.

El General Felipe Ángeles, enfrentando el inminente final de su vida, plasmó en una carta su eterno amor, respeto y recuerdo para su esposa. Escrita con profunda emoción, esta misiva nunca encontró el camino hacia los ojos Clara Krause, quien, en ese momento, lidiaba con su propia batalla de salud en Nueva York, ajena al trágico destino de su esposo. Las palabras de Ángeles, cargadas de amor y despedida, quedaron suspendidas en el silencio de un destino inclemente.

Pocos días antes de su muerte, el 8 de diciembre de 1919, Clara, presintiendo el final de su propia vida, escribió una carta a su esposo. En ella vertió su dolor por dejarlo viudo, una premonición envuelta en la esperanza de un reencuentro en un lugar no muy lejano. Su carta es un testimonio desgarrador de amor inquebrantable, una promesa de unión más allá de la vida, resonando a través del abismo de la tragedia no compartida.

De acuerdo con una nota publicada en El Universal, haciendo referencia a un comunicado de Prensa Asociada:

“Nueva York, diciembre 8. La señora Clara Kraus de Ángeles, murió aquí el domingo llamando todavía a su esposo, el ex general Felipe Ángeles, pues ignoraba que hubiera sido ejecutado; fue sepultada hoy. Su cuerpo permanecerá en una fosa de un cementerio de Nueva York, hasta que sea posible llevar el cadáver del ex general a la Ciudad de México y sepultarlo allí, en unión del de su esposa y en una misma tumba”. (Cervantes, 1944, P. 586).

La repatriación de los restos de Clara Krause se erige como un acto de profunda significación histórica y emocional. Es un acto de reconocimiento al sacrificio de su esposo y a la lealtad de ella. Se convierte en una oportunidad para reafirmar los valores de justicia y lealtad que ambos encarnaron, y para recordar las luchas que enfrentaron juntos y por separado en tiempos de convulsión nacional.

Además, sirve como un recordatorio tangible de la importancia de preservar nuestra memoria histórica, al ofrecer a las futuras generaciones un enlace concreto con su pasado revolucionario. En un país donde los relatos de la Revolución Mexicana aún resuenan con lecciones de coraje y transformación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a fin de generar una línea de trabajo que permita realizar las gestiones necesarias para repatriar desde New York, Estados Unidos de América, los restos de Clara Krause, quien fuera esposa del General Felipe Ángeles.

Referencias

- Cervantes, F. (1944). Felipe Angeles y la Revolución de 19133: Biografía (1869-1919). En Google Books (1.a ed.).

https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Felipe_Angeles_Revolucion_ Biografia.pdf

- Gilly, A. (2020). Felipe Ángeles, el estratega. Ediciones Era.

- Sanchiz, J., Gayol, V., IIH-UNAM, & CEH-ColMich. (s. f.). Genealogía de Clara Krause Sánchez. Geneanet.

https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=krause+sanchez&p=clara

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Yolis Jiménez Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO A LA FGR, A EJERCER ACCIÓN PENAL Y, EN SU CASO, CONSIGNE ANTE TRIBUNALES A MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, EX GOBERNADOR DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a ejercer acción penal y, en su caso, consigne ante tribunales a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador del estado de Veracruz, por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lo que resulte por el desvío de recursos públicos, a cargo de la diputada Rosalba Valencia Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Rosalba Valencia Cruz, en mi calidad de diputada federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 7 de diciembre de 2017, mediante contrato de número SSP-UA-111/17 se formalizó contratación entre la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Veracruz con la persona moral “COMTELSAT S.A. DE C.V.”, para instalar un sistema de video vigilancia en dicha entidad federativa, por un monto de inversión: $1,000´000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.), por cuanto se refiere al proyecto en sí, y $116,000,000.00 (Cientos dieciséis millones de pesos 00/100 M.N.) por la electrificación necesaria para el desarrollo y puesta en operación.

Segunda. Con fecha 13 de diciembre de 2018, el pleno de la LXV Legislatura del Congreso del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Video vigilancia, anunciado por el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017.

El documento refiere que la empresa proveedora del sistema de video vigilancia cuenta con un expediente de inhabilitación abierto por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013, lo que abona aún más a la desconfianza que desde el principio generó el anuncio de este programa.

De igual manera se pidió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) que remitiera a esa soberanía un informe detallado al respecto, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las instancias correspondientes.

En esta orden de ideas , con fecha 27 de diciembre de 2018, en la Gaceta Oficial del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de número extraordinario 518, y número de folio 2816 se publicó “acuerdo por el que se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el sistema estatal de video vigilancia, anunciado por el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017”.

Tercera. Debido al retraso de la entrega total del proyecto, y toda vez que se encuentra pendiente la puesta en operación del mismo, se optó por exigir el cumplimiento forzoso del contrato, a través del Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA111/17, identificado con el número SSP/DGJ/RAC/004/2018:

• El 9 de abril de dos mil 2019, se presentó denuncia y/o querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la FGR, en la Ciudad de México, en contra de servidores públicos que se desempeñaron durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de dos mil 2016 al 31 de noviembre de 2018, debido a su participación en hechos cometidos en agravio del patrimonio de la Hacienda Pública federal.

• El expediente se encuentra en fase de ejecución, por lo que se están llevando a cabo las diligencias necesarias en aras de hacer que la empresa acate, el cumplimiento forzoso del contrato.

• El 7 de julio de 2023, ante el incumplimiento del contrato, se interpuso juicio ordinario civil en contra de la empresa COMTELSAT S.A de C.V., ante los juzgados de primera instancia del distrito judicial de Xalapa, Veracruz.

Hasta el 11 de enero de 2024, el estado del proyecto COMTELSAT, era el siguiente: Solo funcionan 2,280, cámaras de vigilancia, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

En este orden de ideas, para que todas las cámaras funcionen al 100 por ciento se quiere:

Cuarta. En enero de 2024, el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señalo que tras cinco años de negociaciones entre el gobierno de Veracruz y la empresa Comtelsat S.A. de C.V., esta sólo ha instalado apenas 40 por ciento de las cámaras que formaban parte del Sistema Estatal de Videovigilancia.

Sostuvo que buscará que se castigue el fraude pues insistió en que la empresa no ha cumplido con la instalación de los equipos, a pesar de que se había comprometido a instalar 6 mil 476 cámaras. A pesar de que priorizaron las negociaciones con la empresa para que esta restituyera al estado el dinero o bien realizara la instalación de los equipos, pero que ante el incumplimiento presentarán una denuncia.

“Nosotros estamos integrando todo lo correspondiente para poner la denuncia y tengan la seguridad de que va a ser así. Nosotros hemos acudido a la Fiscalía. Hubo una simulación que hicieron, la verdad es que creo que ni el 10 por ciento habían colocado o no estaba funcionando. Ellos alegaban que estaban ahí los equipos, pero en un diagnóstico que me llevo casi un año se determinó que incluso había postes sin nada, donde supuestamente tendrían que tener cámaras”.

Lo anterior luego de que la Contraloría General del Estado dio a conocer que el Sistema Estatal de Videovigilancia enfrenta un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), además de una denuncia penal.

“La Contraloría General del Estado seguía integrando estos expedientes para que finalmente lleguen a este Tribunal, al Área de Responsabilidades administrativas para poder calificar si existe una falta grave en contra de estos servidores públicos”,

El expediente ante el tribunal se inició tras cinco años luego de las revisiones hechas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por este proyecto llevado a cabo durante el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Durante el 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por faltas graves y diversas irregularidades en el manejo de 350 millones de pesos invertidos en la videovigilancia.

Quinta. Por si fuera poco, a estas denuncias durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, sobre el incumplimiento en la instalación al sistema de video-vigilancia del estado de Veracruz, con la consecuente afectación a las funciones de seguridad pública para con la ciudadanía , se suman distintas denuncias por delitos relacionados con delitos del orden federal.

Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han confirmado que investigan a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz y ex subsecretario de Seguridad Pública por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias durante su paso por la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE). Se le acusa de desvío de recursos, tráfico de influencias, compra fraudulenta de medicamentos y malversación de fondos públicos; además, la FGR también lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Yunes Linares también ha sido señalado por la periodista Lydia Cacho de formar parte de un clan de pederastia junto con Mario Marín, ex gobernador de Puebla actualmente detenido en Cancún, Quintana Roo; Jean Succar Kuri, empresario de origen libanés también encarcelado por abuso sexual en contra de menores y Kamel Nacif, el llamado “Rey de la Mezclilla”, quien está detenido en El Líbano por estar implicado en la cofradía de pederastas que fueron denunciados por la periodista en su libro Los Demonios del Edén.

Durante el gobierno de Yunes Linares de 2016 a 2018, se asegura, permitió que el cártel de Jalisco Nueva Generación se asentara en esa entidad, causando una guerra abierta con el cártel de Los Zetas, que presuntamente arribaron a la entidad en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó Veracruz de 2005 a 2011.

En medios electrónicos e impresos, el periodista Ricardo Revelo ha hecho señalamientos que, a nivel federal, las acusaciones contra Miguel Ángel Yunes, apuntan a que la Fiscalía General de la República lo investigaba desde entonces por delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Así mismo, ha dicho que Yunes Linares cuenta con varias propiedades en Nueva York, donde radica habitualmente, así como en Miami, Florida. Así mismo uno de los señalamientos más reiterados contra Yunes es el de sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, pues se dijo que, tras su arribo a la gubernatura, en 2016, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se instaló en el estado.

Sexta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con precisión cual es el órgano encargado de la investigación y persecución de los delitos, y al efecto, entre otros puntos, señala:

“ Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

“ Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio

...”

Por otra parte, la Ley de la Fiscalía General señala:

“ Artículo 5. Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente ley, y las demás disposiciones legales aplicables.

La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables.

La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.

Artículo 14. La Agencia de Investigación Criminal, sin perjuicio de las facultades que se establezcan y desarrollen en el Estatuto Orgánico, s erá la encargada de llevar a cabo la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos, así como de coordinar y asignar personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas y personas analistas para el desarrollo de las investigaciones que formen parte de la Fiscalía General.

La Agencia de Investigación Criminal contará con una unidad administrativa encargada de diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información relativa al fenómeno de la delincuencia nacional e internacional, cuyas facultades se desarrollarán en el Estatuto orgánico.”

Séptima. Por otra parte, el Código Penal Federal en su Título Décimo Segundo, relacionado con hechos de corrupción establece que los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos, entre otros, son:

“ Título Decimo delitos por hechos de corrupción

Capítulo I

Artículo 212.- Para los efectos de este título y el subsecuente, es servidor público toda persona que de-sempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente título, son aplicables a los gobernadores de los estados, a los Diputados, a las legislaturas locales y a los magistrados de los Tribunales de Justicia locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la federación por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

I.- Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II.- Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 213 de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I.- Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II.- Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

IV.- El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 214, 217, 221, 222, 223 y 224, del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.”

“ Capítulo XII Peculado

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

I.- Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

III.- Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades, y

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.

Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores”

“ Capítulo XIII Enriquecimiento Ilícito

“ Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.

Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.”

Octava. Cabe señalar que la corrupción es un fenómeno que daña a la sociedad en su conjunto, al erario público en particular, pero sobre todo a quienes se encuentran en situación de pobreza, toda vez que se debilita el desarrollo, se perjudica la prosperidad económica y dañar la buena gobernanza y la prestación de servicios públicos, la corrupción es un obstáculo importante para alcanzar, entre otros, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las grandes sumas que se pierden por causa de la corrupción podrían ser utilizadas para mejorar el nivel de vida, incrementando el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el agua.

Reducir de manera sustancial la corrupción y el soborno en todas sus formas es una de las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 16, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, proveer acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, responsables e incluyentes en todos los niveles.

Las medidas en contra de la corrupción pueden ayudar a promover el desarrollo sostenible y a fomentar la confianza de las sociedades en el Estado de derecho y la rendición de cuentas dentro de las instituciones encargadas de protegerlas y proporcionarles una vasta cantidad de servicios.

El costo de la corrupción es más grande que la simple desviación de recursos de su propósito legítimo - la corrupción corroe el tejido social, debilita el Estado de derecho, socaba la confianza en el gobierno, erosiona la calidad de vida de las personas y crea un entorno propicio para que proliferen el crimen organizado, el terrorismo y el extremismo violento.

La corrupción tiene un efecto devastador en México, y afecta de manera desproporcionada a los sectores más pobres y vulnerables de las sociedades.

Novena. Durante el gobierno de Yunes Linares, el diario La Jornada señaló que, “ En el último año del gobierno que encabezó el panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) se detectó un presunto daño al erario estatal por 4 mil 500 millones de pesos, informó el auditor general Antonio Lorenzo Portilla Vásquez, quien presentó ayer el informe de la Cuenta Pública 2018”.

Entre las dependencias donde se hallaron mayores estragos a la hacienda pública destacan la Secretaría de Seguridad Pública, con anomalías por mil 108 millones 819 mil pesos; en la de Finanzas, por 564 millones 724 mil pesos, y en la de Educación, por 382 millones 617 mil pesos.

Asimismo, en la Secretaría de Desarrollo Social no se aclaró el uso de 270 millones 958 mil pesos; en la Coordinación General de Comunicación Social se descubrieron anomalías por 68 millones 223 mil pesos; y en Infraestructura y Obras Públicas, por 49 millones 638 mil pesos.

En la Secretaría de Gobierno habría un daño por 14 millones 932 mil pesos; en Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación, por un millón 372 mil pesos; en Turismo, por un millón 160 mil pesos, y en la Oficina de Programas de Gobierno, por 456 mil pesos.

El presunto daño a la hacienda pública se habría derivado de inconsistencias en obras públicas y adquisiciones, trabajos no terminados o pagados en exceso, expedientes incompletos, sin proyecto original, y trabajos que no cumplieron con la ley de obras públicas, entre otras irregularidades. Ante el Congreso local, Portilla Vásquez informó que se realizaron más de mil 600 revisiones integrales a 328 entes fiscalizables, entre ellos dependencias estatales, organismos autónomos, ayuntamientos, entidades paramunicipales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Destacó que se reintegraron 40.8 millones de pesos a las arcas estatales y 39.5 millones a la tesorería federal, y se concluyeron 188 obras a las cuales se destinaron 50.7 millones de pesos. Explicó que, según lo observado en la cuenta pública 2018, 125 de los 212 ayuntamientos veracruzanos registraron daños patrimoniales por 300 millones de pesos.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que, en uso de sus atribuciones y facultades, ejerza acción penal, y en su caso consigne ante tribunales a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador del estado de Veracruz, por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y lo que resulte por el desvió de recursos públicos derivados del proceso de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Videovigilancia.

Notas

1 Congreso del Estado de Veracruz. LXV Legislatura. 13 de diciembre de 2018 Comunicado: 0087. Pide Congreso al Orfis un informe sobre la adquisición del Sistema de Videovigilancia.

https://www.legisver.gob.mx/boletines/boletinesLXV/BOLETIN0087.p df

2 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 27 de diciembre de 2018.

https://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/

3 El Heraldo de Coatzacoalcos. 12 de enero de 2024. Se procederá contra Comtelsat por incumplir con instalación de cámaras.

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/regional/96154-se-proceder a-contra-comtelsat-por-incumplir-con-instalacion-de-camaras.html

4 Sin embargo. Miguel Ángel Yunes: Una historia sucia. 30/04/2021.

https://www.sinembargo.mx/30-04-2021/3969682

5 Idem.

6 Ibid.

7 Ibidem.

8 La Jornada, 26 de septiembre de 2019. Hallan quebranto de $4,500 millones al erario de Veracruz.

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/estados/032n1est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Rosalba Valencia Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA SADER, A QUE, EN EL PROGRAMA DE FERTILIZANTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SE PRIORICE A LAS PERSONAS AGRICULTORAS DE "NUEVO INGRESO POR CONVOCATORIA ABIERTA"

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a que, en la emisión del acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del programa de fertilizantes para el ejercicio fiscal 2025, se priorice a las personas agricultoras de “nuevo ingreso por convocatoria abierta”, para cumplir con el objetivo de promover una mayor inclusión y atender la cobertura nacional del programa, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Roberto Valenzuela Corral, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que en la emisión del acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el Ejercicio Fiscal de 2025, se priorice a las personas agricultoras de “nuevo ingreso por convocatoria abierta”, para cumplir con el objetivo de promover una mayor inclusión y atender la cobertura nacional del programa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 25, 26 y 27) establece como una responsabilidad del Estado la rectoría del desarrollo nacional bajo una perspectiva integral y sustentable, de la misma forma, define que la planeación democrática debe ser competitiva, permanente y equitativa, para promover las mejores condiciones que requiere el desarrollo rural integral.

El objetivo de fondo es la generación de empleos para las personas que radican en zonas rurales, cuyo medio de sustento económico es la producción agrícola, para garantizarles buenas condiciones de desarrollo y, por ende, evitar la migración hacia los centros urbanos del territorio nacional, así como hacia otros países.

En el mismo tenor, es importante señalar que el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, establece como un objetivo prioritario el atender y corregir las desigualdades en el desarrollo regional, mediante políticas, programas y acciones basados en un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

En el mismo sentido, el Programa de Fertilizantes forma parte de los programas prioritarios del campo de la actual administración, y su objetivo es contribuir a la producción de los cultivos prioritarios maíz, frijol, arroz y aquellos cultivos de alto impacto social y/o económico de una región o entidad federativa, mediante la entrega de fertilizantes a la población productora agrícola.

Este programa inicio en el año 2019 con un presupuesto de mil 500 millones de pesos, ejecutados en el estado de Guerrero; para los años 2020 y 2021 se amplió el número de productores beneficiados a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, alcanzando un presupuesto de mil 310 millones de pesos en 2020 y de mil 912 millones de pesos en 2021; para 2022 el presupuesto para este programa fue de 5 mil 200 millones de pesos, lo que representó un aumento de más de 170 por ciento con respecto al año anterior, y con ello se benefició a productores de los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas; en el ejercicio presupuestal de 2023 se asignó un monto al programa de 16 mil 684 millones de pesos, beneficiando a las personas productoras de todo el país, y; para este año 2024, el presupuesto aprobado fue de 17 mil 489 millones de pesos, cuyo propósito es garantizar el acceso de fertilizantes para las y los agricultores de México, como asunto de interés nacional para la seguridad y soberanía alimentaria.

No obstante, el incremento del presupuesto y la ampliación de las convocatorias a todo el país no son suficientes y aún existen necesidades y exigencias por parte de las personas agricultoras.

De acuerdo con las reglas de operación del programa desde el año 2019 y hasta este 2024, existen tres criterios de elegibilidad, dos de acceso directo y uno sujeto a disponibilidad presupuestaria.

Los dos primeros criterios de elegibilidad para acceder a los beneficios del programa son: haber sido beneficiario y estar vigente en el padrón del Programa de Fertilizantes del año inmediato anterior o, por otra parte, haber sido beneficiario y estar vigente en el padrón de Producción para el Bienestar que no recibieron fertilizante en el ejercicio presupuestal inmediato anterior. Las personas productoras agrícolas que cumplen con alguno de estos criterios pueden acceder de forma directa al programa.

El tercer criterio considera convocatorias abiertas de nuevo ingreso para acceder a los beneficios del programa y la cobertura está sujeta a disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, en las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes 2024, el párrafo tercero del artículo 6 establece que “La sola presentación de la solicitud de apoyo, documentos y anexos en las ventanillas del Programa no genera obligación para la Secretaría de otorgar los apoyos”.

Con lo anterior, se definen condiciones donde no hay prioridad para las personas agricultoras de nuevo ingreso, por lo que no se garantiza la mayor inclusión ni se atiende la cobertura nacional del programa.

Es decir, a pesar de la posibilidad de sumar a nuevas personas agricultoras, el “nuevo ingreso por convocatoria abierta” ha sido prácticamente inexistente, dejando en condiciones de desigualdad a un gran número de personas productoras del país por la imposibilidad de ser susceptibles de los apoyos para la producción agrícola que han sido entregados desde el año 2019, en el marco del Programa de Fertilizantes para el Bienestar.

Por las razones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que en la emisión del acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el Ejercicio Fiscal de 2025, se priorice a las personas agricultoras de “nuevo ingreso por convocatoria abierta”, para cumplir con el objetivo de promover una mayor inclusión y atender la cobertura nacional del programa.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ldrs.htm

2 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio fiscal 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputado Roberto Valenzuela Corral (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TOMAR ACCIONES CONCRETAS EN RESPUESTA A LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS EN VARIAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones concretas en respuesta a la contaminación por hidrocarburos en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones concretas en respuesta a la contaminación por hidrocarburos en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez conforme a los siguientes:

Antecedentes

I. Desde hace varias semanas más de 400 personas han reportado que el agua de sus hogares en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México presenta un olor fuerte y un sabor raro, asociado con compuestos de la familia de los aceites y lubricantes, lo que ha generado preocupación y alarma entre los ciudadanos afectados.

II. El Jefe de gobierno, Martí Batres, ha informado en conferencia de prensa que se ha clausurado y limpiado un pozo en la colonia Alfonso XIII, identificado como la fuente potencial de los químicos que han contaminado el agua que llega a al menos nueve colonias de la alcaldía Benito Juárez. Durante esta rueda de prensa no se aceptaron preguntas de los periodistas, aumentando la preocupación por la falta de transparencia.

III. La Secretaría de Obras y Servicios ha declarado que no existe relación entre las obras de la Línea 12 del Metro y la contaminación del pozo, basándose en estudios realizados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM e inspecciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

IV. A pesar de las declaraciones oficiales, persiste la incertidumbre sobre las causas reales de la contaminación y el riesgo que esta representa para la salud de los ciudadanos, lo que ha llevado a múltiples vecinos a planear demandas contra el gobierno de la Ciudad de México por los riesgos a la salud y el daño patrimonial ocasionado.

V. Las autoridades inicialmente aseguraron que el agua era segura para el consumo; sin embargo, días después se retractaron, recomendando no beberla y limitar su uso a la limpieza de patios, ventanas y autos, evidenciando una gestión errática y confusa de la crisis.

Considerandos

I. Que el artículo 4, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, siendo responsabilidad del Estado garantizar este derecho.

II. Que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen la función y servicio público de proporcionar agua potable y drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

III. Que es imperativo que el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades pertinentes adopten medidas inmediatas y efectivas para resolver la contaminación del agua, asegurar la salud pública y restaurar la confianza de los ciudadanos en sus sistemas de agua potable.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación exhaustiva y transparente sobre la contaminación por hidrocarburos del pozo Alfonso XIII que afecta a varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, identificando las causas y responsables, y a publicar los resultados de manera accesible para la ciudadanía.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México a proporcionar compensaciones adecuadas a los vecinos afectados por la contaminación del agua, abarcando daños a la salud, reducción de la calidad de vida y pérdidas patrimoniales, estableciendo un mecanismo claro y justo para su solicitud y otorgamiento.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar y mantener la infraestructura hídrica de las colonias afectadas, implementando sistemas avanzados de monitoreo para prevenir futuras contaminaciones y asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar campañas de educación y comunicación que informen a los habitantes de las colonias afectadas sobre los riesgos a la salud y las medidas preventivas que deben tomar mientras se resuelve la contaminación del agua.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría específica a las entidades responsables del manejo y respuesta a la contaminación por hidrocarburos en el pozo Alfonso XIII, para evaluar su eficacia y proponer mejoras en sus procesos y protocolos de actuación.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta al Congreso de la Ciudad de México a revisar y fortalecer el marco regulatorio relacionado con la seguridad y mantenimiento de la infraestructura crítica urbana, para prevenir incidentes similares en el futuro y garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de abril del año 2024.– Diputada y diputados: Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Triana Tena, Santiago Torreblanca Engell (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, A FORTALECER LAS MEDIDAS DE CERTEZA, DIFUSIÓN Y SEGURIDAD EN TORNO AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023-2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Electoral del estado de Zacatecas a fortalecer las medidas de certeza y difusión en torno al proceso electoral local 2023-2024 y brinden seguridad a la población zacatecana durante todo el proceso electoral, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada a la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que fortalezca las medidas de certeza y difusión en torno al proceso electoral local 2023-2024 y que, en coordinación con las autoridades locales, brinden seguridad a la población zacatecana durante todo el proceso electoral, considerando los siguientes

Antecedentes

El estado de Zacatecas es uno de los más importantes de todo el país. Desde su conformación territorial, contando con más de 75 mil 275.3 kilómetros cuadrados; su densidad poblacional, con más de 1 millón 622 mil personas en toda la entidad.

También es muy fuerte económicamente, reportando un producto interno bruto (PIB), en valores constantes de 221 mil 26 millones de pesos. A pesar de registrar un decrecimiento de 2.6 por ciento con respecto al resto de las entidades federativas.

Zacatecas es un estado grande, fuerte y potente, alberga en su seno una cantidad impresionante de elementos culturales, turísticos, poblacionales, económicos y más, que contribuyen no sólo a la entidad, sino a todo México.

Otro elemento relevante de la entidad es su electorado, con una lista nominal de 1 millón 250 mil 944 electores:

Lo anterior cobra relevancia toda vez que el Proceso Electoral Local 2023-2024 ya está en marcha, situación que requiere que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas refuerce todo el trabajo que constantemente hace día con día.

Pues el Proceso Electoral Local 2023-2024 será uno de los más grandes en la historia de Zacatecas, pues se elegirán los siguientes cargos:

• 18 Diputaciones locales de mayoría relativa

• 12 Diputaciones locales de representación proporcional

• 58 Presidencias municipales

• 58 Sindicaturas de mayoría relativa

• 547 Regidurías

Lo anterior sumado a los cargos federales que también se elegirán: Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Situaciones que vuelven a este proceso electoral uno de los más complejos en la historia.

Asimismo, dentro de todo proceso electoral, uno de los elementos más importantes que brinda certeza al electorado y permite ejercer un voto más razonado es la seguridad y la tranquilidad de saber que estarás a salvo mientras ejerces tus derechos políticos y electorales, mismos que están consagrados en la Constitución Política de México.

Por lo que resulta de suma relevancia que las autoridades en materia de seguridad y el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas desarrollen una estrategia que mantenga la paz y le brinde tranquilidad a la ciudadanía.

Pues no sólo se trata de mantener seguros a las y los candidatos, sino a toda la población en general. Es bien sabido que en Zacatecas la violencia e inseguridad se han disparado en la entidad, poniendo en riesgo a niñas, niños, jóvenes y familias zacatecanas en general.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus atribuciones, salvaguarde los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en el Proceso Electoral Local 2023-2024.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como a todos los cuerpos policiales locales para que, en trabajo coordinado, establezcan operativos de seguridad en toda la entidad durante el Proceso Electoral Local 2023-2024, con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de toda la población zacatecana.

Notas

1 https://ljz.mx/31/01/2024/crece-pib-nacional-en-3-7-por-ciento-zacatecas-se-ubi ca-en-ultimo-lugar-con-un-decrecimiento-de-2-6/

2 https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Fuensanta Guerrero Esquivel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA STPS, A HABILITAR DE NUEVO LA OPERACIÓN DE LAS JUNTAS ESPECIALES FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NÚMERO 54 Y NÚMERO 44, UBICADAS EN VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la STPS a habilitar de nuevo la operación de las Juntas Especiales Federales de Conciliación y Arbitraje número 54 y número 44, asimismo, no procedan a eliminar la número 38, ubicadas en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al escrutinio de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se crean las Oficinas Auxiliares que se indican, el cual se comenzó a aplicar el 7 de noviembre de 2023, se establece que deben cerrarse las juntas especiales de conciliación y arbitraje número 44, localizada en Poza Rica y la número 54, localizada en Orizaba, en su lugar la junta especial número 22, localizada en Xalapa, sustituirá sus funciones y retomará sus asuntos.

Según el documento mencionado, se justifica la decisión de trasladar la sede de atención de los asuntos laborales de los trabajadores a Xalapa, porque esta localización brinda “mayores ventajas de accesibilidad”. Asimismo, se señala que las sedes de Poza Rica, Orizaba y Xalapa tienen una carga laboral similar.

Habiendo presentado las razones de la dependencia, es preciso refutarlas como erróneas. La decisión de suprimir dos juntas especiales de conciliación y arbitraje impactaría negativamente a los trabajadores de las regiones de Poza Rica y Orizaba, especialmente a aquellos con limitaciones de movilidad o con escasos recursos económicos para trasladarse a la nueva sede; por ejemplo, la distancia entre Orizaba y Xalapa es de 144 kilómetros, por lo tanto una persona de Orizaba que necesita ver el progreso de su conflicto laboral necesitaría al menos de 3 horas en un viaje en automóvil para llegar a Xalapa. Por otro lado, una persona que antes resolvía sus asuntos laborales en Poza Rica, ahora debería realizar un viaje de 266 kilómetros, equivalente a 3 horas y 36 minutos en auto.

En vista de lo anteriormente expuesto, la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje plantea un serio obstáculo para el acceso a la justicia, especialmente para los trabajadores más vulnerables. En el caso de los trabajadores que sufrieron un accidente laboral y residen en Coatzacoalcos y Poza Rica, la situación se vuelve aún más crítica. Muchos de estos trabajadores afectados presentan un estado de salud grave, e incluso algunos se encuentran postrados. Eliminar la sede de Coatzacoalcos, implica requerirles que viajen 300 kilómetros para atender su caso, lo cual resulta en una medida inhumana e indigna. Es justo referir que los procesos conciliatorios laborales iniciados por ejemplo en Coatzacoalcos, son más de 30 mil y 92 por ciento corresponden a trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), dependencia de las que hasta hace algunos meses su consejo de administración era encabezado por la entonces secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, por lo que puede interpretarse que con la supresión de estas juntas, le estarían obstaculizando el acceso a la justicia a los trabajadores que fueron perjudicados por la pésima gestión de la zacatecana que hoy pretende gobernar Veracruz a pesar de que su desempeño en el servicio público representa la desgracias de muchas familias veracruzanas que ven afectados el sustento, la justa remuneración y pago de prestaciones que merecen.

En el año 2019, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) contaba con 66 juntas especiales: 20 en la Ciudad de México y 45 distribuidas en el resto del país. En ese entonces, se registraba un rezago de 277 mil 435 asuntos pendientes de resolución. Dentro de estos casos irresolutos se encuentran demandas por pensiones del sector privado y público, así como conflictos del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otras dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Esta situación plantea la preocupante interrogante sobre si el Gobierno federal busca obstaculizar el acceso a la justicia, lo cual va en detrimento de los derechos humanos de los trabajadores y sus familias.

Es cierto que era necesario cambiar el sistema de justicia laboral, sin embargo, no basta con sólo transformarlo, hay que perfeccionarlo.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el trabajo digno como un derecho fundamental para todas y todos. En su fracción XX del apartado A, se establece la conciliación previa como un paso necesario antes de que los conflictos entre trabajadores y empleadores sean resueltos por los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación. Esta disposición busca promover la resolución pacífica de los conflictos a través de la intervención de centros de conciliación tanto a nivel local como federal.

“ Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

(...)

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados. El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia”.

La fracción VIII del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la responsabilidad de coordinar la formación y establecimiento de las juntas federales de conciliación y arbitraje, así como de las comisiones encargadas de regular las relaciones entre trabajadores y empleadores dentro de la jurisdicción federal. Asimismo, le corresponde supervisar el correcto funcionamiento de estas.

“ Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(...)

VIII. Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento”.

El artículo 590-A de la Ley Federal de Trabajo establece las responsabilidades que recaen sobre los centros federales de conciliación y registro laboral. Su principal objetivo es facilitar la conciliación previa al juicio en los casos que se encuentren dentro de la jurisdicción federal.

“Artículo 590-A. Corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral las siguientes atribuciones:

I. Realizar en materia federal la función conciliadora a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional;

II. Llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los actos y procedimientos a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción XX del artículo 123 constitucional;

III. Establecer el Servicio Profesional de Carrera y seleccionar mediante concurso abierto en igualdad de condiciones a su personal;

IV. Establecer planes de capacitación y desarrollo profesional incorporando la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, y

V. Las demás que de esta Ley y la normatividad aplicable se deriven”.

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del cual nuestro país es parte, establece que el trabajo es un derecho fundamental. Además, en este los estados firmantes del pacto se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que sus habitantes puedan disfrutar de este derecho en condiciones adecuadas.

“1. Los estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana”.

Es fundamental evitar que las juntas de conciliación tengan que lidiar constantemente con una sobrecarga de trabajo, ya que deben atender asuntos cruciales relacionados con el desarrollo y la operatividad de empresas esenciales del Estado. Un ejemplo claro de esto es la situación actual del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que está luchando por llegar a un acuerdo para la revisión del contrato colectivo de trabajo 2023-2025. En caso de no alcanzar un convenio, existe el riesgo de que se desencadene una huelga, lo que pondría en peligro la continuidad de las operaciones de Pemex. Por esta razón es crucial garantizar que las juntas de conciliación cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para resolver estos conflictos de manera eficaz y oportuna.

Otro ejemplo fundamental es el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2022 se denunció que la dependencia despidió injustificadamente a 300 trabajadores, debido a estas destituciones se argumentó que contribuyeron a reducir la fuerza laboral en 35 por ciento, además que en consecuencia se sobrecargó de trabajo al personal que continuaba laborando en esta dependencia.

Asimismo, es crucial abordar la problemática laboral de los trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, ya que, en una protesta en el municipio de Río Blanco, Veracruz, empleados jubilados que han dedicado más de 30 años de servicio a esta dependencia denunciaron que dejaron de recibir las prestaciones que les correspondían. A pesar de acudir a las oficinas de la Secretaría de Trabajo, no obtuvieron una solución satisfactoria. Es imperativo garantizar una jubilación digna para los trabajadores que forman parte de sectores sociales vulnerables.

La situación concerniente a los derechos laborales en mi Estado es preocupante, y la medida adoptada por la Secretaría del Trabajo sólo agrava la problemática. Hasta principios de agosto de 2023, 78 por ciento de los municipios en Veracruz acumularon un total de mil 837 laudos laborales pendientes de pago. Entre los municipios que para ese momento no habían cumplido con esta remuneración a sus trabajadores se encontraban los municipios de Orizaba, Poza Rica y Xalapa. Aunque no se disponía de una cantidad exacta de los laudos laborales, se estimaba que estos variaban en un rango que iba desde los 2 mil 500 hasta los 100 millones de pesos.

En 2023 se reportó que las juntas de conciliación y arbitraje de Veracruz cuentan con un rezago histórico de 14 mil 947 expedientes en todo el estado.

Lamentablemente, nuestro estado no es la única entidad que enfrenta inconformidades y problemas debido a la supresión de las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje. Se informó que en ciudades como Hidalgo del Parral, en Chihuahua, los abogados laborales tomaron medidas severas para detener el traslado de expedientes a la capital de ese estado; en Ciudad del Carmen, Campeche, se presentaron diferentes protestas, mientras que en Durango, el congreso de esa entidad realizó un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que impida la eliminación de la junta especial número 27.

Es comprensible la urgencia de afianzar la reforma del sistema de justicia laboral. No obstante, resulta crucial abordar y resolver de manera eficiente el rezago y la sobrecarga de trabajo que actualmente enfrentan las juntas de conciliación. Una transición desordenada y mal planificada podría limitar el acceso a la justicia laboral para los trabajadores, lo que pondría en peligro sus derechos. Es fundamental abordar estos desafíos de manera consciente y cuidadosa para garantizar que la reforma se implemente de manera efectiva y justa para todas las partes involucradas.

En tal virtud, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realiza un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus atribuciones tengan a bien sostener una reunión de trabajo relativa a poner en funcionamiento de nueva cuenta las Juntas Federales Especiales de Conciliación y Arbitraje número 44, con residencia en la ciudad de Poza Rica y número 54, con residencia en la Ciudad de Orizaba, así como evitar la supresión de la número 38, en Coatzacoalcos, todas ubicadas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de no obstaculizar el acceso a la justicia a trabajadores de Petróleos Mexicanos que se vieron afectados durante la administración de Norma Rocío Nahle García, como presidenta del Consejo de Administración de Pemex.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5707685&fecha=06/11/2023#gsc .tab=0

2 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Avanza-cierre-definitivo-de-junta s-de-conciliacion-que-pasa-con-los-casos-pendientes-20231109-0106.html

3 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-economic-social-and-cultural-rights

4 https://jornadaveracruz.com.mx/estado/sindicalizados-de-pemex-sin-acuerdos-tras -la-revision-del-contrato-colectivo-de-trabajo/

5 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Sindicato-electricista-Entre-los- despidos-masivos-el-charrismo-y-la-reforma-laboral-20220411-0127.html

6 https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/07/estados/jubilados-de-cfe-en-verac ruz-exigen-restitucion-de-prestaciones-laborales-2310

7 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cuales-son-los-municipios-de-veracruz-c on-el-mayor-numero-de-laudos-pendientes-10533829.html

8 https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/341288/ juntas-de-conciliaci-in-y-arbitraje-de-veracruz-tienen-rezago-de-m-os-de-14-mil -expedientes.html

9 https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/12/13/sobre-la-supresion-de-pedaz os-de-justicia-laboral-405788.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE VERIFIQUE LA LISTA NOMINAL DEL ELECTORADO EN EL EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2023-2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a verificar la lista nominal del electorado en el extranjero para los procesos electorales 2023-2024, promoviendo y facilitando en todo momento los trámites administrativos necesarios a fin de garantizar el derecho al voto, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Instituto Nacional Electoral (INE), me quitó mi derecho a votar, fue una de las afirmaciones más repetidas dentro de los afectados, luego de que dicho organismo eliminara de la lista nominal a alrededor de 35 mil mexicanos en el extranjero, recibiendo diversas críticas por afectar y cancelar el derecho al voto de miles de mexicanos.

De acuerdo con los reportes de diversos medios de información, por medio de correo electrónico, cientos de mexicanos residentes en el extranjero recibieron una notificación por la cual se les informaba que su estatus para la votación del próximo 2 de junio de 2024 era improcedente debido a inconsistencias o una situación “no válida”.

Ante tal suceso, cientos de inconformes protestaron a través de medios digitales, expresando su inconformidad, pero sobre todo su preocupación, pues dentro de los mensajes que recibían, se les comunicaba lo siguiente:

“Por medio del presente, el Instituto Nacional Electoral le notifica que su Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero para los procesos Electorales 2023-2024 ha cambiado su estatus a improcedente, dando como resultado su exclusión de la Lista Nominal toda vez que de la revisión final a su solicitud se identificaron inconsistencias y/o una situación registral no válida”.

Ahora bien, este suceso generó tal grado de indignación y de inconformidad que las denuncias inundaron las redes sociales del INE, no obstante, la respuesta del Instituto se repitió al solicitar únicamente que les enviaran mensaje privado a través de ese medio, a fin de validar la información.

Pese a este primer intento, usuarios reportaron que la respuesta proporcionada por el INE fue que para poder acceder a su derecho a votar deberían de iniciar un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual implica iniciar una demanda por correo postal con pruebas y documentos de identificación, preocupando, pues como lo detallan los afectados, un simple sobre con documentos hacía la Ciudad de México, desde una localidad vecina como lo es Texas, en Estados Unidos cuesta cerca de $1,148.

Además de señalar que l os tiempos de envío, recepción, notificación, atención y resolución juegan en contra de todo el electorado en el extranjero que espera votar el 2 de junio. Finalmente, ante tal grado de presión y exigencia de la ciudadanía, esta autoridad electoral acordó que los afectados pueden comunicarse a los canales oficiales del Instituto para aclarar la situación de su registro agregando que cada caso será analizado para ofrecer una respuesta sobre la notificación que recibieron y orientar a los mexicanos en el extranjero sobre los pasos a seguir.

Es importante resaltar que de acuerdo con el comunicado del 26 de febrero de 2024, el INE recibió 226 mil 661 solicitudes para inscribirse en las Listas Nominales para votar en el extranjero, de las cuales el 69 por ciento fueron para votar vía electrónica; 22 por ciento vía postal y el 7 por ciento de forma presencial, rebasando notablemente la cifra de mexicanos en el extranjero que participaron en la votación del 2018 con 181 mil 873 ciudadanas y ciudadanos; es decir, un aumento de 24.63 por ciento.

Como legisladora creo firmemente que no debemos ser indiferentes y olvidar a nuestros paisanos que por diversos motivos, generalmente por la búsqueda de una mejor vida, residen en el extranjero, claro ejemplo es que de acuerdo con la Current Population Survey (CPS), solo en Estados Unidos 12.8 millones de mexicanos nacidos en territorio nacional viven en el país vecino.

En este sentido, se debe tener presente que una de las principales funciones del INE es poder garantizar y facilitar el voto de todas y todos lo mexicanos, estén residiendo o no en el país, pues es un derecho esencial que garantiza la vida democrática de cualquier nación, la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo anota así.

“Artículo 133.

1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de electores.

2. El Instituto emitirá los lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales locales.

3. Es obligación del Instituto y de los Organismos Públicos Locales brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la lista de electores, para las elecciones correspondientes, desde el extranjero.

4. El Instituto, a través de la comisión respectiva, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del órgano nacional de vigilancia, verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón Electoral para conformar el listado de electores tanto a nivel federal como local.

5. Los órganos de vigilancia del Padrón Electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.

Artículo 149.

1. [...]

2. El Instituto establecerá los medios para que los mexicanos residentes en el extranjero puedan realizar observaciones a la lista nominal de la que forman parte, desde el extranjero.”

No podemos ser omisos a que las elecciones son un ejercicio que permiten a los ciudadanos elijan a quienes los representarán en los distintos niveles de gobierno, a través del voto, los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar sus preferencias y opiniones sobre cómo debe ser gobernado el país, procurar, facilitar y garantizar este derecho es una acción vital y esencial para el fortalecimiento de nuestra democracia.

Nuestra propia carta magna reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, no garantizar este principio es atentar directamente contra la forma básica de la democracia y contra la misma Constitución Política.

“Título Segundo

Capítulo IDe la soberanía nacional y de la forma de gobierno

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del órgano nacional de vigilancia, se verifique la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero para los procesos Electorales 2023-2024 de forma pronta y expedita, promoviendo y facilitando en todo momento los trámites administrativos necesarios, a fin de garantizar el derecho al voto de los más de 35 mil registros “improcedentes” de mexicanas y mexicanos en el extranjero.

Notas

1 “El INE me quitó el derecho a votar”: mexicanos en el extranjero lanzan campaña tras ser dados de baja en el listado nominal. Disponible en:

https://latinus.us/2024/04/17/ine-me-quito-derecho-a-votar-mexic anos-extranjero-lanzan-campana-dados-de-baja-listado-nominal/

2 INE elimina de la lista nominal a mexicanos en el extranjero, afectados denuncian que fue cancelado su derecho al voto. Disponible en:

https://animalpolitico.com/elecciones-2024/presidencia/ine-cance la-registro-voto-extranjero

3 Ibid.

4 Cierra registro para votar desde el extranjero con más de 220 mil solicitudes. Disponible en:

https://centralelectoral.ine.mx/2024/02/26/cierra-registro-para- votar-desde-el-extranjero-con-mas-de-220-mil-solicitudes/

5 Mexicanos en Estados Unidos - Datos, gráficos y mapas (Cifras 2017 y 2018). Disponible en:

https://www.gob.mx/conapo/articulos/mexicanos-en-estados-unidos- datos-graficos-y-mapas-cifras-2017-y-2018?idiom=es

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 22 de abril de 2024.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN RECTOR PARA EL RESCATE Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar la actualización del plan rector para el rescate y saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El río Atoyac ha sido afectado por una grave contaminación debido a diversas actividades humanas, incluyendo la descarga de aguas residuales de industria y uso humano sin tratar, la contaminación industrial y agrícola, y la deforestación en su cuenca. Esta contaminación ha tenido un impacto negativo en la calidad del agua y en los ecosistemas acuáticos del río, así como en la salud de las comunidades que dependen de él para el consumo de agua y actividades recreativas.

El gobierno federal y los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala en conjunto con organizaciones ambientales y autoridades locales han trabajado en medidas para abordar esta situación, como la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales, la regulación de las actividades industriales y agrícolas, y la promoción de prácticas de conservación en la cuenca del río. Sin embargo, la situación de contaminación del río Atoyac sigue siendo un desafío importante que requiere esfuerzos continuos para su mitigación y restauración.

La importancia de esta cuenca y su afluente para garantizar la seguridad hídrica en los estados mencionados e incluso en el estado de Oaxaca, es fundamental; en recientes fechas, 2022, se integró bajo la coordinación de la Semarnat y por medio de un ejercicio de participación ciudadana, el “Programa de Acciones de Saneamiento (PAS) 2022, en el marco del Programa Integral de Restauración Ecológica y Saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac”, y derivado de este importante ejercicio de análisis y diagnóstico, se reafirmaron los elementos como la participación pública, el saneamiento de la cuenca, el manejo de aguas residuales, la educación ambiental, la necesaria regulación de la industria que impacta al río, la restauración de suelos y recuperación de la masa forestal, etc.

Lo anterior no hace más que confirmar que los elementos técnicos, normativos, operativos y sociales que integran al plan rector coordinado por el IMTA, son hoy por hoy el planteamiento integral más completo para el rescate de río y su cuenca.

El rescate del río Atoyac requiere un enfoque integral que aborda diversas áreas, desde la gestión del agua hasta la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades a lo largo de su cuenca. Las acciones que propone el plan como punto de partida son:

• Evaluación de la situación actual (actualizaciones concomitantes): Realizar un estudio exhaustivo de la calidad del agua, la biodiversidad, los factores de contaminación y los impactos sociales y económicos en la cuenca del río Atoyac.

• Implementación de medidas de conservación: Establecer áreas protegidas y corredores biológicos a lo largo del río para preservar la flora y fauna nativa. Esto podría incluir la reforestación de zonas ribereñas y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

• Control de la contaminación: Implementar regulaciones más estrictas para reducir la contaminación industrial, agrícola y urbana que afecta al río. Esto podría implicar la aplicación de tecnologías más limpias en las industrias, la mejora de los sistemas de gestión de residuos y la promoción de prácticas de agricultura orgánica.

• Gestión del agua: Desarrollar e implementar un plan de gestión del agua que garantice un uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos en la cuenca del río Atoyac. Esto podría incluir la construcción de infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales y la promoción de prácticas de conservación del agua en la agricultura y la industria.

• Participación comunitaria y educación ambiental: Involucrar a las comunidades locales en la conservación y protección del río Atoyac a través de programas de educación ambiental, capacitación en prácticas agrícolas sostenibles y participación en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua y la conservación del medio ambiente.

• Monitoreo y seguimiento: Establecer un sistema de monitoreo continuo de la calidad del agua, la biodiversidad y los impactos socioeconómicos en la cuenca del río Atoyac para evaluar la efectividad de las medidas implementadas y realizar ajustes según sea necesario; de aquí la importancia de rehabilitar y utilizar el sistema de casetas de monitoreo existente.

• Cooperación interinstitucional y financiamiento: Fomentar la colaboración entre instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil para asegurar el financiamiento y la implementación efectiva del plan de rescate del río Atoyac. Esto podría implicar la búsqueda de fondos tanto a nivel nacional como internacional y la coordinación de esfuerzos entre diferentes actores involucrados en la conservación del río.

El plan es la base y punto de partida, que requiere ser actualizado y ejecutado, integrando ahora, las propuestas legislativas y ejecutivas pertinentes para dotarle de presupuesto, y lograr resultados significativos en el rescate del río Atoyac en el mediano plazo.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Puebla para que, con base en sus atribuciones, en coordinación con la Semarnat, la Conagua y el sector académico y la sociedad civil, lleve a cabo las gestiones necesarias para realizar la actualización del plan rector para el rescate y saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS FONDOS PARA LA ENTREGA DE DINERO A MIGRANTES REPATRIADOS Y EL NÚMERO DE PERSONAS Y SU ORIGEN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, a la SHCP y a la SRE a hacer público la información de los fondos para la entrega de dinero a migrantes repatriados e informar el número de personas y su origen, con el fin de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública federal, a cargo de la diputada Vania Roxana Ávila García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Vania Roxana Ávila García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. La transparencia no sólo es una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, sino también un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos.

La transparencia a su vez implica el derecho de los ciudadanos a la información y este derecho debe ser aplicado a toda la información en poder de instancias nacionales y supranacionales, incluidas todas las dependencias que de-sempeñan funciones públicas y que operan con fondos públicos.

El concepto de transparencia se encuentra ligado al de rendición de cuentas que es entendido como un deber legal y ético. La transparencia se fundamenta en normas, procedimientos y mecanismos institucionales que obligan a las autoridades a:

• Fundamentar su proceder y asumir la responsabilidad sobre sus decisiones.

• Informar sobre la gestión de fondos, bienes y recursos que les fueron asignados.

• Informar los resultados obtenidos durante su gestión.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha implementado una estrategia de repatriación en la cual busca disminuir el flujo migratorio a México, a través de la entrega de incentivos económicos destinados presupuestalmente a programas de bienestar en nuestro país.

Por ejemplo, se tiene registró que para mayo de 2022, el Presidente de México tenía firmados acuerdos para llevar a cabo el programa Sembrando Vida con los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Cuba y Belice. El programa buscaba brindar asistencia económica y técnica a pequeños productores agrícolas. Hasta junio de 2023 sólo se había instrumentado en El Salvador y Honduras. Y para entonces había destinado 63.3 millones de dólares al programa. Pero lo que se desconoce es cómo fue y es utilizado el dinero, quiénes fueron y son los beneficiados y el origen de los fondos. Hecho que resulta por demás inaudito, toda vez que los programas de bienestar mexicanos están presupuestados para aplicarse en territorio nacional.

Para el caso de Venezuela, el gobierno de México recurrió al programa venezolano Vuelta a la Patria. Éste fue creado en agosto de 2018, por el presidente Nicolas Maduro y, hasta donde se sabe, consiste en un puente aéreo y terrestre que permite el retorno “voluntario” de los migrantes venezolanos que carecen de medios para su regreso. Una vez en su país, el gobierno los incorpora a programas sociales de su país.

El acuerdo de repatriación México-Venezuela, se firmó el 1 de marzo de 2024, en paralelo a la celebración de la octava Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en San Vicente y Las Granadinas, por el canciller venezolano, Yván Gil, y su homóloga mexicana, Alicia Bárcena. Así, el pasado 15 de marzo retornaron a su país los primeros 80 venezolanos desde México.

Se acordó con empresas como Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano, brindar a los repatriados venezolanos 110 dólares al mes durante al menos seis meses como incentivo para regresar y permanecer en Venezuela. De lo anterior, se infiere que el apoyo para el retorno y permanencia de venezolanos a su país es financiado por las empresas mencionadas, pero habría que esclarecer y confirmar dicha información con datos oficiales.

Asimismo, la canciller Alicia Bárcena ha declarado ante medios que el gobierno de México ha entregado apoyos para su retorno a migrantes de Guatemala y Honduras, pero se desconoce igualmente cómo fue y es utilizado el dinero, quiénes fueron y son los beneficiados y el origen de los fondos.

Por otra parte, el lunes 26 de marzo del año en curso, el Presidente de México declaró que buscaba extender el programa convenido con el gobierno de Venezuela con los gobiernos de Colombia y Ecuador, firmando incluso cartas de intención con los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, respectivamente. Después del asalto a la Embajada de México en Ecuador por el ejército de ese país, el viernes 5 de abril, la estrategia con Ecuador se canceló, pero sigue en pie con Colombia. La idea del Presidente de México es replicar el programa Vuelta a la Patria y se entreguen 110 dólares a las personas colombianas repatriadas durante 6 meses, siendo su apoyo total por persona de 660 dólares. De lo anterior, igualmente se infiere que el apoyo para el retorno y permanencia de colombianos a su país sería financiado por empresas de origen colombiano y mexicano, pero habría que esclarecer y confirmar dicha información con datos oficiales.

La transparencia y el acceso a la información gubernamental son pilares fundamentales de toda democracia moderna. Reconocer y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información es esencial para asegurar la rendición de cuentas y para fortalecer la confianza en las instituciones. Cuando los gobiernos facilitan el acceso a la información, están promoviendo la participación ciudadana, informada y la rendición de cuentas.

La transparencia no sólo implica la divulgación de información, sino también su accesibilidad y comprensión por parte de la ciudadanía. Los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar que la información sea fácilmente accesible y comprensible para todos los sectores de la sociedad, incluyendo aquellos con diferentes niveles de educación y acceso a la tecnología.

La transparencia gubernamental no sólo beneficia a los ciudadanos, sino que también fortalece la democracia en su conjunto. Un gobierno transparente y abierto al escrutinio público es más propenso a tomar decisiones informadas y responsables, y a responder de manera efectiva a las necesidades y preocupaciones de la sociedad. Por lo tanto, garantizar el acceso a la información y promover la transparencia debe ser una prioridad para cualquier gobierno comprometido con los principios democráticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que hagan pública la información respecto de los fondos para la entrega de dinero a migrantes de origen salvadoreño, hondureño, venezolano, guatemalteco, colombiano y ecuatoriano repatriados, así como la información correspondiente al número de personas repatriadas en esta estrategia y su origen, con el fin de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública federal.

Notas

1 Naser, A. y Gastón C. (2012). Estado abierto en América Latina y El Caribe. CEPAL. Consultado el 5 de abril de 2024 en

https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principios/transpare ncia

2 Naser, A. y Ramírez, A. (2013). Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región”. CEPAL. Consultado el 11 de abril de 2024 en

https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principios/transpare ncia

3 Naser, A. y Ramírez, A. (2013). Estado abierto en América Latina y El Caribe. CEPAL. Consultado el 5 de abril de 2024 en

https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/principios/transpare ncia

4 Expansión Política. (1 de junio de 2023). Sembrando Vida: El sueño infértil de AMLO para Latinoamérica. Expansión Política. Consultado el 11 de abril de 2024 en:

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/06/01/sembrando-vida-a mlo-centroamerica

5 Pineda, P. (21 de marzo de 2024). Retornan a 80 venezolanos desde México bajo el Plan Vuelta a la Patria. El Economista. Consultado el 11 de abril de 2024 en

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Retornan-a-80-ve nezolanos-desde-Mexico-bajo-el-Plan-Vuelta-a-la-Patria-20240321-0148.html

6 Averbuch, M. (26 de marzo de 2024). No solo Venezuela: ¿Qué sabemos del dinero que dará México a migrantes de Colombia y Ecuador?, El Financiero. Consultado el 1 de abril de 2024 en

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/03/26/no-solo-vene zuela-que-sabemos-del-dinero-que-dara-mexico-a-migrantes-de-colombia-y-ecuador/

7 Rojas, A. (21 de marzo de 2024). México otorga 110 dólares al mes a migrantes venezolanos deportados: Alicia Bárcena. El economista. Consultado el 11 de abril de 2024 en

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-otorga-110-dolar es-al-mes-a-migrantes-venezolanos-deportados-Alicia-Barcena-20240321-0055.html

8 Arista. L. (26 de marzo de 2024). Gobierno de AMLO también dará dinero a migrantes de Colombia y Ecuador. Expansión política. Consultado el 2 de abril de 2024 en

https://politica.expansion.mx/presidencia/2024/03/26/gobierno-de -amlo-tambien-dara-dinero-a-migrantes-de-colombia-y-ecuador

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Vania Roxana Ávila García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE PRESERVEN LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMSS-BIENESTAR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a preservar los derechos laborales de los profesionales de la salud en el marco de la implementación del IMSS-Bienestar, a cargo del diputado Óscar Octavio Moguel Ballado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Oscar Octavio Moguel Ballado, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS-Bienestar y al gobierno de la Ciudad de México, a preservar los derechos laborales de los profesionales de la salud en el marco de la implementación del IMSS-Bienestar, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Los profesionales de la salud desempeñan un papel fundamental en México y en cualquier sociedad, ya que se dedican al cuidado y fomento de la salud de la población. Este grupo diverso incluye médicos, enfermeros, dentistas, trabajadores sociales y personal administrativo, todos comprometidos con proporcionar atención médica y tratamiento a quienes lo necesitan.

Su labor abarca desde el diagnóstico de enfermedades hasta la implementación de tratamientos y procedimientos médicos destinados a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.

Además de su labor curativa, estos profesionales desempeñan un papel vital en la prevención de enfermedades mediante la educación y la promoción de estilos de vida saludables. A través de campañas de concienciación, brindan información sobre la prevención de enfermedades y fomentan la adopción de hábitos saludables, lo que contribuye significativamente a reducir la carga de enfermedades en la sociedad.

Durante situaciones de emergencia o desastre, como la que enfrentamos en 2020 debido a la pandemia de la covid-19, los profesionales de la salud son fundamentales para brindar atención médica inmediata a las víctimas y coordinar la respuesta médica. Su habilidad para manejar crisis puede marcar la diferencia en la supervivencia y recuperación de las personas afectadas.

Además, los profesionales de la salud desempeñan un papel crucial en la investigación médica y científica. Participan en ensayos clínicos, investigaciones epidemiológicas y estudios científicos para mejorar la comprensión de las enfermedades, desarrollar tratamientos innovadores y avanzar en el campo de la medicina.

Es de suma importancia para la sociedad garantizar los derechos laborales básicos de los profesionales de la salud, tales como la seguridad social, la jubilación, el otorgamiento de vacaciones y los permisos remunerados.

Por lo tanto, desde el Congreso de la Unión, queremos abordar una problemática urgente y de gran relevancia para la salud de los mexicanos: las protestas llevadas a cabo por el personal de diversos centros de salud en el país debido a violaciones a sus derechos humanos, en el contexto de la creación del IMSS-Bienestar.

En este sentido, el 31 de agosto de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece la creación del IMSS-Bienestar y la desaparición del Insabi, generando incertidumbre en los contratos del personal de la salud. Los profesionales médicos que están en proceso de traslado al IMSS-Bienestar han denunciado que se les contratará como personal nuevo, con un tabulador inicial más bajo, enfrentando recortes salariales y el no reconocimiento de su antigüedad. Además, se les advierte que podrían ser reubicados sin respetar sus horarios, lo que constituye una clara violación de sus derechos laborales y humanos.

Los funcionarios han advertido que, en caso de no aceptar estas condiciones, se verán obligados a renunciar sin derecho a una compensación. Además, los responsables del IMSS-Bienestar han reconocido que no habrá suficiente financiamiento para regularizar la situación laboral del personal.

La Secretaría de Salud y el anterior Insabi tenían como uno de sus principales objetivos la regularización del personal médico, una promesa que no se ha cumplido. La reforma a la Ley General de Salud que dio origen al IMSS-Bienestar menciona que los derechos laborales del personal trasladado serán respetados conforme a la ley.

Por lo tanto, es imperativo que se respeten los derechos laborales del personal transferido, de acuerdo con la ley y las condiciones generales de trabajo. La comunidad médica exige el respeto de sus derechos laborales, lo cual es fundamental para cualquier trabajador y esencial para garantizar la calidad de los servicios de salud brindados a la población.

Desde el inicio, se advirtió sobre la precipitación en los cambios a la Ley General de Salud, primero con la desaparición del Seguro Popular en 2019 y luego con la eliminación del Insabi en 2023. No hubo un proceso de diálogo con los profesionales de la salud para entender y abordar sus necesidades.

En la actualidad, la comunidad médica está sufriendo las consecuencias de una falta de planificación y la incapacidad del gobierno federal para abordar adecuadamente la situación. Desde el Congreso de la Unión, estamos instando a las autoridades a que atiendan las demandas de los trabajadores en el proceso de transición hacia el IMSS-Bienestar. Estas demandas incluyen:

- Garantizar contratos permanentes.

- Proporcionar prestaciones laborales completas, como el aguinaldo y seguros de riesgos de trabajo.

- Regularizar la situación laboral del personal eventual.

- Igualar los salarios y mejorar las condiciones salariales.

- Reconocer la antigüedad de aquellos que han cotizado al ISSSTE.

- Mejorar las condiciones de trabajo en los espacios laborales.

Es crucial encontrar soluciones que aseguren la estabilidad laboral de nuestros profesionales de la salud, faciliten una transición fluida al programa IMSS-Bienestar y, al mismo tiempo, protejan los intereses de nuestros ciudadanos en términos de acceso a servicios de salud de alta calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera urgente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al IMSS-Bienestar y a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a salvaguardar y garantizar los derechos laborales de los profesionales de la salud, entre los que se encuentran:

- Establecimiento de contratos permanentes.

- Otorgamiento de prestaciones laborales completas, incluyendo

- Aguinaldo íntegro y seguros de riesgos laborales.

- Regularización del personal en situación eventual.

- Homologación y aumento salarial significativo.

- Reconocimiento de la antigüedad de aquellos que hayan contribuido al ISSSTE.

- Mejora de las condiciones laborales en sus entornos de trabajo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputado Oscar Octavio Moguel Ballado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LOS PODERES DE LA UNIÓN, A IMPLEMENTAR DENTRO DE SUS INSTALACIONES ESPACIOS DESTINADOS A LA LACTANCIA Y AL ASEO PARA LAS HIJAS E HIJOS DE TRABAJADORES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes de la Unión a implementar dentro de sus instalaciones espacios destinados a la lactancia y al aseo para las hijas e hijos de trabajadores, a cargo del diputado Óscar Octavio Moguel Ballado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Oscar Octavio Moguel Ballado, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los poderes de la unión a implementar dentro de sus instalaciones espacios destinados a la lactancia y al aseo para las hijas e hijos de trabajadores, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La crianza de niños y niñas no debería representar un obstáculo para la vida laboral de los padres y madres, ni tampoco debería convertirse en un desafío para ellos. En los hogares donde ambos padres trabajan, la crianza puede generar complicaciones en el entorno laboral, ya que muchos lugares de trabajo no están adecuadamente equipados para permitir que los padres estén con sus hijos mientras trabajan, lo que puede generar inconvenientes.

Para los padres y madres que trabajan o desean hacerlo, el cuidado de sus hijos es una preocupación común en muchos países. Aunque existen programas diseñados para ayudar en esta área, la realidad es que muchas veces la cobertura de estos programas no coincide con los horarios laborales de los trabajadores. Por lo tanto, los lugares de trabajo deberían empezar a participar en el cuidado de los niños, lo que sería de gran ayuda para que los jefes de familia puedan satisfacer las necesidades de crianza de sus hijos de manera más accesible.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020, la mayoría de los hogares en nuestro país están conformados por parejas con hijos, representando el 79.1 por ciento del total. De estos hogares, el 26.1 por ciento de las parejas menores de 30 años y el 32.3 por ciento de las parejas mayores de 30 años cuentan con ambos padres trabajando.

Además, según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México había un total de 35,221,314 madres, donde el 41 por ciento estaban económicamente activas. La mayoría de estas madres (63 por ciento) eran empleadas u obreras, mientras que el 26 por ciento trabajaban por cuenta propia.

La inclusión de espacios que ayuden en el cuidado de los niños juega un papel importante en cualquier lugar de trabajo. Por ejemplo, los lactarios son fundamentales para la lactancia materna, ya que muchas mujeres enfrentan barreras para amamantar a sus bebés en su lugar de trabajo. Además, contar con cambiadores de pañales puede aumentar la eficiencia y la productividad laboral, reduciendo el ausentismo y generando mayor satisfacción entre los trabajadores.

La crianza de niños está evolucionando y las necesidades de las nuevas generaciones seguirán cambiando. A medida que las mujeres participen más en el mercado laboral, los lugares de trabajo deberán adaptarse para satisfacer las necesidades de crianza de los padres y madres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, así como al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que, dentro de sus instalaciones, cuenten con espacios destinados a la lactancia materna.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal, así como al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que, dentro de sus instalaciones, cuenten con cambiadores de pañales para bebés, así como con espacios destinados para tal fin.

Notas:

1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 2020. Características de los hogares. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/temas/hogares/

2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 2020. Censo de Población y Vivienda. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 abril de 2024.– Diputado Oscar Octavio Moguel Ballado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, a cargo del diputado Óscar Octavio Moguel Ballado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Oscar Octavio Moguel Ballado, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SSA a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista (TEA) engloban una variedad de condiciones que se caracterizan por dificultades en la interacción social y la comunicación, así como por patrones atípicos de actividad y comportamiento. Las capacidades y necesidades de las personas con autismo varían según el grado del espectro, pudiendo evolucionar con el tiempo. Mientras algunos pueden llevar una vida independiente sin mayores obstáculos, otros requieren atención y apoyo constantes debido a condiciones adicionales como epilepsia, depresión o trastorno de déficit de atención. El nivel intelectual también varía considerablemente, desde casos con gran atención al detalle hasta deterioro profundo.

El impacto del autismo en la educación, el empleo y la inclusión, así como las demandas que impone a las familias y cuidadores, son significativos. Según académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, la detección temprana y la intervención antes de los 18 meses pueden marcar la diferencia en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales básicas, aunque el diagnóstico tardío es común y conlleva complicaciones.

A nivel global, se estima que uno de cada 160 niños presenta un trastorno del espectro autista, si bien esta cifra es un promedio y puede variar en diferentes estudios. Algunas investigaciones bien controladas han registrado tasas aún más altas. En países de ingresos bajos y medianos, la prevalencia del TEA sigue siendo desconocida en su mayoría.

En México, aunque no hay datos recientes sobre la incidencia del autismo, se estima que uno de cada 115 niños se ve afectado, lo que implica que aproximadamente 6,200 personas nacen con esta condición cada año.

El 2 de abril fue designado por unanimidad como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de resaltar la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, permitiéndoles una participación plena y gratificante en la sociedad.

En mayo de 2014, la 67ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución titulada “Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista”, con el respaldo de más de 60 países. Esta resolución insta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a colaborar con los Estados Miembros y otras entidades en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar el autismo y otros trastornos del desarrollo.

Por ello, la OMS y sus asociados reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con autismo. Sus esfuerzos se centran en aumentar el compromiso gubernamental para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, brindar orientación sobre políticas y planes de acción, fortalecer la capacitación del personal de salud y cuidadores, y promover entornos inclusivos y favorables para las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo.

En México, aunque hay instituciones dedicadas a la atención de personas con autismo, estas resultan insuficientes o inaccesibles para la mayoría de la población. Son las Organizaciones de la Sociedad Civil las que han liderado diversas campañas en apoyo a las personas con autismo y sus familias, buscando garantizarles acceso a diagnóstico y atención posterior para mejorar su calidad de vida. Por tanto, es crucial que las autoridades de salud a nivel nacional, estatal y local proporcionen a las personas con autismo información, diagnóstico, servicios pertinentes, atención, rehabilitación y referencias a especialistas según sus necesidades, con el fin de fortalecer el acceso a la salud, actualmente precario y complejo.

Por otro lado, es fundamental el involucramiento de diversos sectores, especialmente en educación, empleo y asistencia social, en la formulación de políticas públicas dirigidas a las personas con autismo. Estas políticas deben ser desarrolladas con la participación activa de las personas con autismo y sus familias para garantizar una mayor accesibilidad, inclusión y una red de apoyo consolidada.

En el ámbito educativo, es esencial abordar los desafíos que enfrentan las personas con autismo, como el riesgo de exclusión de las escuelas y la discriminación por parte de compañeros y autoridades educativas, quienes muchas veces carecen de la capacitación necesaria para interactuar y atender adecuadamente a estas personas. Incluso, familiares han expresado su decepción y preocupación ante la falta de reconocimiento de los desafíos que enfrentan los estudiantes con autismo por parte de las instituciones educativas. Por lo tanto, visibilizar este sector de la población y fortalecer la capacitación de los docentes pueden significar una mejora significativa en la educación de las personas con autismo.

Es importante destacar que el marco legal mexicano incluye la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual establece una serie de derechos para quienes se encuentran en esta situación. Por tanto, resulta pertinente llevar a cabo campañas de concienciación y visibilización de forma constante en relación con el trastorno del espectro autista, con el objetivo de fomentar la inclusión de las personas con esta condición en la sociedad, con el fin de prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar el acceso a oportunidades equitativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a realizar de manera constante campañas de concienciación y visibilización del trastorno del espectro autista; a promover la inclusión de las personas con autismo en México, con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades, así como a garantizar el derecho humano a la salud, a través del acceso a un diagnóstico oportuno y cobertura a servicios de salud especializada como terapias y atención psicológica a las personas con autismo en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputado Oscar Octavio Moguel Ballado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE PRESENTE UN PLAN DE ATENCIÓN AL DELITO DE ROBO DE COMBUSTIBLE, Y SE REVISEN LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DUCTOS DE GASOLINA QUE CRUZAN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a presentar un plan de atención al delito de robo de combustible, se revisen los protocolos de seguridad y mantenimiento de la red de ductos de gasolina que cruzan la Ciudad de México, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El robo de combustible en México no es un fenómeno nuevo, sin embargo, hasta hace muy poco tiempo no figuraba como problema público, sin embargo, a raíz de que el Gobierno federal lo considerara una de sus propuestas insignia, dicha problemática cobraría mucha relevancia.

Una de las principales metas que el actual gobierno se trazó, fue de diseñar, construir e implementar una estrategia efectiva contra el robo de hidrocarburos, al inicio de esta administración federal, el Presidente de la República, presentó un plan contra el huachicoleo, entendido este como “...la extracción ilegal de crudo de las instalaciones petroleras por parte de individuos y grupos en detrimento del desarrollo estatal”.

Dicha estrategia contempla la participación de las Secretarías de Gobernación; de Seguridad y Protección Ciudadana; del Trabajo y Previsión Social; Marina; de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Energía; Función Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), además de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La necesidad de atender esta problemática y de vincular a tantas dependencias surge del reconocimiento de que este fenómeno representa un enorme riesgo para la seguridad de la población y provoca importantes daños al medio ambiente, además de pérdidas cuantiosas al Erario Público, pues se calcula que suma 54.9 mil millones de pesos desde el año 2019 hasta 2023.

En materia de contaminación al medio ambiente el derrame de estos combustibles durante su extracción ilegal puede dañar los suelos, provocando su pérdida y propiedades físicas. En cuanto a su combustión en el aire, al ser liberados lleva un importante aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. No se diga en el agua cercana a las regiones involucradas, así lo sustenta Adalberto Jurado, maestro en ciencias en medio ambiente y desarrollo, y jefe de la carrera de ingeniería ambiental de la Universidad La Salle.

El robo de combustible genera riesgo para la población que vive cerca de la toma clandestina, como quedó de manifiesto en la trágica explosión del 18 de enero de 2019, que cobró al menos 85 vidas y dejó decenas de heridos en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo.

A pesar de los recursos, declaraciones y esfuerzos enunciados por el Gobierno federal, el fenómeno del huachicoleo, sigue representando una problemática muy grave y con posibles consecuencias que de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en enero de este año se han desviado 4 mil 800 barriles de petrolíferos (gasolina y diésel) al día en promedio, lo que equivale a 763 mil 152 litros diarios de combustibles, lo que significa que la empresa productiva del Estado, Pemex pierda 18.17 millones de pesos al día.

Dicho fenómeno ha ido en incremento, esto particularmente en la Ciudad de México, así lo reflejan los últimos datos públicos de Pemex, que informan que desde 2018 y hasta enero de 2024 se han detectado en la capital 170 tomas clandestinas usadas por los criminales para el robo de combustible. En 2018 fueron 85 tomas clandestinas identificadas; en 2019 fueron 15; mientras que en 2020 fueron 13, y en 2021 la cifra llegó apenas a 5, pero a partir de ese año, cuando el país salía de la pandemia de Covid-19, la cifra repuntó.

Seis alcaldías de la Ciudad de México concentran las 170 tomas utilizadas por el crimen organizado para robar combustible a Pemex. Las alcaldías donde se concentra esta práctica son: Tlalpan, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Miguel Hidalgo, las últimas cinco ubicadas alrededor de la Benito Juárez.

Todas estas alcaldías concentran un grado de urbanización importante, lo que se traslada a un nivel de población significante, y un riesgo potencial de una catástrofe producto de la explotación ilegal de ductos de Pemex.

Por lo que consideramos urgente que las autoridades responsables deben implementar acciones concretas con la finalidad de proteger a las personas habitantes de estas alcaldías, así como implementar los protocolos legales que eviten la comisión del delito de robo de hidrocarburos, a la par de leyes y reglamentos de protección ambiental estrictos para la prevención y recuperación de sitios contaminados para que, por medio de ello, se responsabilice a los culpables de la contaminación para la remediación de sitios y obligarlos a que paguen una indemnización a los propietarios afectados.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal, para que por conducto de las dependencias competentes, y a las autoridades del gobierno y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el marco de sus atribuciones concurrentes, presenten a la brevedad un plan de atención al delito de robo de combustible, así como se revisen los protocolos de seguridad y mantenimiento de la red de ductos de gasolina que cruzan la Ciudad de México con la finalidad de garantizar la seguridad de sus habitantes.

Notas

1 Huachicoleo y neoliberalismo. León Sáez, Samuel (2022). Huachicol: El nuevo mercado criminal en México. México. Miguel Ángel Porrúa.

2 Molina A. 28/12/2018. AMLO presenta plan contra huachicoleo; pérdidas suman $66,300 millones. El economista. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-presenta-plan-cont ra-huachicoleo-perdidas-suman-66300-millones-20181227-0106.html

3 Arias A. 08/03/2024. AMLO cierra sexenio con 55 mil mdp en pérdidas por huachicol. Energy21. Disponible en:

https://energy21.com.mx/columna-invitada/2024/03/08/amlo-cierra- sexenio-con-55-mil-mdp-en-perdidas-por-huachicol.

4 Toche N. 11/1/2019. El huachicoleo también afecta al medio ambiente. El economista. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-huachicoleo-tambi en-afecta-al-medio-ambiente-20190110-0161.html

5 Peschard J. Salazar M. Olea O. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México. Nueva Época, Año LXV, núm. 241 ? enero-abril de 2021 pp. 245-280.

6 Díaz S. 1/02/2024. Pemex pierde 18.17 millones de pesos al día por huachicol. El economista, disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-pierde-18.17-mill ones-de-pesos-al-dia-por-huachicol-20240201-0148.html

7 Vela D. 16/04/2024. El huachicol en CDMX se focaliza en 6 alcaldías; 5 rodean a la BJ. El financiero. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2024/04/16/el-huachicol-en- cdmx-se-focaliza-en-6-alcaldias-5-rodean-a-la-bj/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

ACCIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR EL BIENESTAR Y TRATO DIGNO DE LOS GATOS QUE VIVEN DENTRO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los órganos de gobierno de esta soberanía a implementar acciones que permitan garantizar el bienestar y trato digno de los gatos que viven dentro de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción I, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con información de empleados y trabajadores de la Cámara de Diputados, el recinto legislativo alberga a más de 80 gatos, mismos que podemos encontrar en las casetas de los estacionamientos, en todos los jardines, pasillos, en el gimnasio, en el basamento, en la cancha de futbol, el basurero y en las velarias.

Personal de Cámara que llevan años laborando, han afirmado que los gatos trabajan para este órgano legislativo, ya que, con su sola presencia, la población de roedores e insectos ha disminuido en las instalaciones parlamentarias, incluso ahuyentan a las ardillas, ratas y ratones que muerden cables y los destruyen.

Asimismo, es importante señalar que hay un grupo denominado “Gatitos Parlamentarios” creado en 2012-2013, integrado por empleados y trabajadores de la Cámara de Diputados, quienes se organizan para vacunar, esterilizar, cubrir los gastos médico veterinarios, de alimentación e imprevistos que lleguen a requerir los felinos, asimismo, se ha informado, que, durante pandemia, llegaron a solicitar acceso al recinto legislativo para dejarles comida a los gatitos.

“Gatitos Parlamentarios” ha tratado de tener el control de la población felina, sin embargo, han informado que, en años recientes, esta población ha crecido, debido a que, desde el exterior llegan gatos recién nacidos que la gente de los alrededores abandona; asimismo, hemos sido informados que hay gatas que han tenido camadas de gatitos, mismos que afortunadamente han sido cuidados por este grupo de trabajadores y empleados, quienes se encargan de ellos.

A pesar del apoyo de empleados y trabajadores, hay otros que no sienten el mismo afecto por los gatitos ya que se roban los trastes donde se les coloca agua y alimento, así como la invasión y obstrucción de áreas donde se encuentran dichos comederos improvisados. Sin dejar de mencionar que la remodelación de ciertas áreas dentro de la Cámara de Diputados ha generado que los grupos de felinos se desplacen a otro lugar o peor aún que se encuentren gatitos muertos debido a la imprudencia de la gente que no tiene empatía por estos animales. Otro ejemplo es cuando los trabajadores o empleados invaden o remueven o roban los trastes de los gatos.

Estas acciones se podrían entender como actos de maltrato animal, esto de conformidad con lo establecido en la fracción XXVI del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, el cual señala que:

“Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXV. ...

XXVI. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor, deterioro físico o sufrimiento, que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, o afecte gravemente su salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin.

XXVII. a XLIX. ...”.

La mayoría de los gatos de la Cámara se caracterizan por tener la muesca en la oreja, la cual es un pequeño corte redondo que los identifica como ejemplares esterilizados y tratados y, que, de alguna manera, tienen que darles un seguimiento regular.

Por ello la importancia de que la Cámara de Diputados realice convenios de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, a fin de vacunar, esterilizar y realizar periódicamente valoraciones médico veterinarias a los gatos que habitan el recinto legislativo, con el propósito de controlar la población de estos queridos animales.

Si estos convenios no llegasen a ser posibles, solicitamos a la Cámara de Diputados se considere la creación de un área específica de atención veterinaria que se encargue de vacunar, esterilizar y realizar las valoraciones médicas, que permitan garantizar el bienestar de los gatitos que viven dentro del recinto legislativo.

Asimismo, solicitamos a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados implementen acciones que permitan que los gatos cuenten con espacios estratégicos donde se les puedan colocar comederos, para que los trabajadores puedan alimentar a los felinos y éstos no sean movidos u obstruidos por empleados o gente que visite el recinto legislativo. Esto de conformidad con lo que establece el sexto párrafo del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, el cual señala que:

“Artículo 87 Bis 2. El Gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.

...

...

...

...

Las entidades federativas en coordinación con los municipios o, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán en la medida de lo posible la esterilización gratuita de animales y su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. De igual forma, promoverán el establecimiento de Clínicas Veterinarias Públicas con objeto de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario”.

De igual forma, solicitamos se implementen campañas de información a los trabajadores y empleados del recinto legislativo sobre la importancia del trato digno que merecen los animales que viven en la Cámara de Diputados, su función y el respeto que le deben dar a los mismos.

No olvidemos que el 23 de febrero de 2023, la Cámara de Diputados realizó una emotiva ceremonia a Lucas, un perro de raza golden retriever, que trabajó durante 6 años como parte del Grupo Especial de Neutralización de Riesgos, realizando tareas de seguridad al interior de las instalaciones del Poder Legislativo.

Por ello, es necesario que se realice esta política pública con la finalidad de evitar que siga existiendo el maltrato hacia los felinos, que como ya se dijo, al igual que los binomios, hacen un bien a esta Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno de esta soberanía, a implementar acciones que permitan garantizar el bienestar y trato digno de los gatos que viven dentro del recinto legislativo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno de esta soberanía, a celebrar convenios de colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, a fin de vacunar, esterilizar y realizar periódicamente valoraciones médico veterinarias a los gatos que habitan dentro del recinto legislativo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno de esta soberanía a fin de colocar en espacios estratégicos, comederos para los gatos, y que estos no sean movidos u obstruidos por empleados, trabajadores o personas que visiten el recinto legislativo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno de esta soberanía a implementar campañas de información y concientización a los trabajadores y empleados sobre la importancia del trato digno que merecen los animales que viven dentro del recinto legislativo, su función y el respeto que le deben dar a los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de abril de 2024.– Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.