INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 13 de febrero de 2024 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo de la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de lenguaje incluyente, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de adecuación normativa, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Infraestructura, para opinión.

6. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

8. De Decreto por el que se declara el 7 de agosto de cada año como Día Nacional de la Cerveza, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

9. De Decreto por el que se declara el 8 de febrero de cada año como Día Nacional de los Apaches en México, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena y diversas diputadas y diputados, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a extender los plazos para que los mexicanos en el exterior puedan solicitar su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero y puedan ejercer su derecho político de votar, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades y a la Alcaldía de Coyoacán, a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S. A. de C. V., y el Desarrollo Inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo a la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a priorizar las auditorías en curso al INAI, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAI, a velar por la máxima publicidad en uso y administración de sus recursos públicos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a considerar emitir un billete conmemorativo de lotería por la incorporación de Chiapas a México, por voluntad libre y soberana de su pueblo, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASEA, a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, a acordar la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional Contra la Homofobia en el Deporte, el 19 de febrero de 2024, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, a acordar la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, el 31 de marzo de 2024, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas, a llevar a cabo en la medida de lo posible, campañas de difusión sobre la importancia que tiene el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del ISSSTE, a incluir dentro de su cartera de inversión la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, a acordar la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional del Condón, el 13 de febrero de 2024, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, en coordinación con el SATES, a difundir un informe pormenorizado en donde expliquen la ejecución y destino del recurso recaudado por concepto del 3% del impuesto sobre el hospedaje en dicho estado, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a implementar campañas informativas para la prevención del delito de extorsión a las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con visa de trabajo H2A, durante su retorno a México, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con visa de trabajo H2A, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales, a coordinar esfuerzos para realizar una Cruzada Nacional a Favor del Agua que contenga mecanismos de fomento a la recolección del agua pluvial, concientización sobre la importancia del cuidado y racionalización del agua, incentivos para el uso de tecnologías ahorradoras de agua y uso de desalinizadoras, a cargo del diputado Miguel Torruco Garza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, a realizar la armonización legislativa en materia de tortura, suscrita por la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Guardia Nacional, a hacer presencia en las zonas boscosas de Isidro Fabela, estado de México y realizar operativos tendientes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región, así como a realizar un estudio de factibilidad, para ubicar un cuartel de dicha institución, a cargo de la diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad del estado de México, a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas eficaces que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fortalecer los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a asegurar a todas y todos los educandos el acceso, transito, permanencia, avance académico, y una estrategia integral a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a realizar las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas de maíz y trigo, fertilizantes y maquinaria, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a publicar en el DOF, el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024 a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a revisar y reforzar una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial de los jóvenes en nuestro país, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a agilizar la publicación para consulta pública de la NOM-016-CRE-2016, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT y a Capufe, a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carretas federales de Veracruz, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y a la Secretaria de Salud del Edomex, a realizar las acciones administrativas, presupuestales y necesarias para la rehabilitación de los hospitales regionales del Valle de Ceylán y de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, a cargo de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y a la CNPC, a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua establecido en el artículo 4o. constitucional, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la FG de Morelos, a cumplir con la recomendación No. 276 /2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16 Morelos, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a coordinarse con las autoridades de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del ca-bleado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a implementar programas, estrategias y políticas públicas en favor de personas ostomizadas, con el carácter de discapacidad, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes legislativo de Colima, estado de México y Tamaulipas, a garantizar los derechos de Igualdad y No Discriminación a personas indígenas y afrodescendientes, a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos y poderes judiciales de las entidades federativas, a realizar las acciones necesarias para la creación de jueces mixtos de primera instancia especializados en violencia familiar contra la mujer, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y a Pemex, a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC y sus homologas estatales, lleven a cabo campañas informativas sobre la denuncia y los distintos modos de operar de grupos delictivos que se hacen pasar por repartidores, trabajadores de gobierno, empresas públicas y prestadores de servicios para ingresar a domicilios particulares y cometer conductas ilícitas, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la alcaldía Xochimilco, a reforzar las medidas de inspección para vigilar y verificar que no se utilicen embarcaciones motorizadas en los canales de dicha alcaldía, a cargo del diputado Juan Luis Carillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGJEM, a realizar la investigación sobre el caso de violencia sexual en la escuela primaria Ramón López Velarde en el municipio de Coacalco; y a la SEP, a establecer mecanismos de prevención, detección y actuación en materia de abuso sexual en escuelas de nivel básico, a cargo de la diputada Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a expedir los decretos de expropiación, de ocupación temporal, total o parcial y de rescate de concesiones otorgadas por la Conagua para construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica federal, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamientos, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO

«Iniciativa que reforma los artículos 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a cargo de la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Mariana Erandi Nassar Piñeyro, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector de ahorro y crédito popular en México tiene sus orígenes a finales del Siglo XIX, cuando a finales de 1870 se conformaron las primeras organizaciones cooperativas de obreros y artesanos consolidándose a lo que se le conoció como el Gran Círculo Obrero de México, gracias a la influencia que llegaba desde Europa donde el movimiento cooperativo tenía un fuerte auge constitutivo. Asimismo, las ideas fundadoras del movimiento revolucionario de 1910 se consolidaron en la Constitución de 1917, donde se reconocieron por primera vez los derechos sociales. Dando paso a la creación de la primera Ley General de Sociedades Cooperativas en 1927. En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas se dio un fuerte impulso a la conformación de cientos de cooperativas de consumo y producción en el ámbito rural y urbano, sin embargo, en las siguientes tres décadas el cooperativismo fue prácticamente olvidado por los gobiernos en turno, llegando hasta las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo donde nuevamente se impulsó como estrategia de gobierno de apoyo al régimen de partido único.

Actualmente el sector cooperativo de ahorro y crédito popular atendió hasta finales de junio de 2023 a casi 9 millones 400 mil socios, según datos del Registro Nacional Único de Sociedad Cooperativas de Ahorro y Préstamo (RENSOCAP), con 544 cooperativas inscritas que manejan activos por poco más de 248,600 millones de pesos. Del total de ellas, solamente 154 de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), pero que en conjunto administran el 96 por ciento de los recursos del sector y el 93 por ciento de los socios.

Los socios de las cooperativas autorizadas cuentan con un seguro de depósito que administra el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP), el cual contaba a finales de junio de 2023 con un monto de poco más de 3,400 millones de pesos, el cual se integra por las aportaciones que realizan las propias sociedades cooperativas -3,000 millones de pesos- y el gobierno federal -400 millones- aproximadamente.

La Ley de Ahorro y Crédito Popular en los artículos 100 y 101, señala que el FOCOOP se auxiliara de un Comité Técnico y de un Comité de Protección al Ahorro, que se encarga de supervisar el patrimonio y calcular las aportaciones en el caso de las sociedades financieras populares, tomando en cuenta el nivel de capitalización y prestamos; y, para las cooperativas de ahorro y préstamo, se adiciona un Comité de Supervisión Auxiliar para llevar a cabo el cálculo de las aportaciones de las cooperativas tomando en cuenta también el Nivel de operaciones que va de I a IV, según su monto de capitalización.

Este seguro de depósito en el caso de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, alcanza la suma de 25 mil Unidades de Inversión (Udi) que son 200 mil pesos aproximadamente a un valor de 8.08 pesos por Unidad de Inversión, por cada cuenta de depósito en las cooperativas autorizadas, lo que para muchos expertos del sector representa una limitante a la competitividad del mismo frente al sector de la banca comercial pues el seguro de depósito para cuentas bancarias es de 400 mil Unidades de Inversión lo que representa 3 millones 200 mil pesos aproximadamente.

Esto es un respaldo para 8 millones de socios que garantizan sus ahorros y fortalece la confianza en este tipo de organizaciones financieras populares, pues de 2012 a 2023 se registra un aumento de activos en 183 por ciento. Sin embargo, el monto establecido por cada cuenta de depósito en las cooperativas de ahorro y crédito inhibe a los potenciales ahorradores en este esquema, pues es lógico que ante un monto mayor de cobertura en la banca comercial se prefiera utilizar a los bancos como una protección más segura ante una eventual crisis económica.

En países como Colombia, también existe un seguro de depósito para los usuarios de las cajas de ahorro y crédito. En agosto de 1998 se decretó la creación del Fondo de Garantías para Entidades Cooperativas (FOGACOOP), organizado como una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A finales de 2023 el fondo de garantías daba protección a 177 cooperativas de ahorro y crédito autorizadas por las Superintendencia de Economía Solidaria, donde cada seguro de depósito es de 20 millones de pesos colombianos lo que suman 87,000 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

En el caso de Ecuador, existe la Corporación de Seguros de Depósito, Fondos de Liquidez y Fondos de Seguros Privados, funcionando como un administrador general de seguros de contingencia financiera tanto para el sector cooperativo de ahorro y crédito, como para el sector privado. Este mecanismo tiene fundamento en la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, publicada en diciembre de 2008. La cobertura del seguro depende del tipo de segmento en el que se ubique la cooperativa en función de sus activos, pues el rango va de entidades con activos mayores de 80 millones de dólares a entidades con activos de un millón de dólares. En el primer caso, el seguro es de 32 mil dólares y en el menor de ellos es de mil dólares.

Por otro lado, con relación a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), entendidas también como una sociedad con fines de lucro y que busca promover la captación de recursos, así como la colocación de prestamos y crédito y cuyo objetivo primordial es fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento para aquellas personas que se han visto marginadas de los canales tradicionales de crédito. A finales de noviembre de 2023 y con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, había 36 entidades financieras autorizadas, con poco más de 11 millones 300 mil clientes y con activos superiores a los 72 mil millones de pesos. Para las Sofipos también aplica el seguro de depósito conforme al artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el cual cubre hasta 25 000 Unidades de Inversión (Udi) siendo un monto aproximado a los 200 mil pesos.

Si bien el sector de estos intermediarios financieros está enfocado para usuarios en zonas donde la banca comercial tiene un limitado acceso, también hay quienes cuestionan que el sector bancario tenga un mayor respaldo cuando se trata de crisis en el sistema financiero mexicano ya que los incentivos para proteger el ahorro son muy diferentes en ambos casos.

La inclusión financiera es necesaria en un país como el nuestro dónde la cultura del ahorro no es tan amplia en la población. Así lo propone un análisis del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias denominado “ El sistema financiero mexicano, diagnóstico y recomendaciones”, donde se afirma que es necesario generar una sana competitividad entre las instituciones que permitan mejores condiciones y oportunidades para la generación de empleos a través de emprendimientos con acceso al crédito, con mejoras también en los procesos regulatorios y educación financiera. Esto también permitiría un mejor acceso a servicios sociales, educativos y con la posibilidad de tener sociedades mejor protegidas, con mejores accesos a la salud y opciones de movilidad social.

Por ello, es importante precisar que el aumento en el monto asignado al seguro de depósito, pasando de 25 000 a 50 000 Udis — de 200 000 mil pesos a 400 000 mil pesos- en el caso de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de las Sociedades Financieras Populares, dará oportunidad a mejorar la posibilidad de que potenciales ahorradores vean en estos intermediarios financieros una opción de mayor confianza para la apertura de cuentas de ahorro y de inversión.

En relación con lo anterior, esta propuesta busca que todas las personas tomen mejores decisiones en cuanto a sus recursos económicos, para que puedan acceder a un ahorro a través de intermediarios financieros regulados y de calidad que les permita invertir en distintos servicios y así incrementar su bienestar financiero.

De tal suerte, de que se impulse la inclusión financiera especialmente en los grupos vulnerables que presentan un bajo acceso a servicios sociales y de cuidados. La inclusión financiera, el crecimiento y la resiliencia económica son aspectos importantes para las poblaciones futuras.

Para una mayor claridad de la propuesta legislativa, me permito presentar un cuadro comparativo con el texto actualmente vigente y el texto propuesto:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Primero.- Se reforma el primer párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular para quedar como sigue:

Artículo 105.- Las Sociedades Financieras Populares estarán obligadas a pagar al Fondo de Protección, las cuotas mensuales que determine el Comité de Protección al Ahorro.

El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a cincuenta mil Udis, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Segundo.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo para quedar como sigue:

Artículo 54.- Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV estarán obligadas a pagar al Fondo de Protección...

La cuenta de seguro de depósitos tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada Socio ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del artículo 19 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 61 de esta Ley, hasta por una cantidad equivalente a 50,000 Udis, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Comité Técnico de Protección al Ahorro y el Comité de Protección al Ahorro Cooperativo deberán hacer los cálculos para el pago del monto de las cuotas de los seguros de depósitos del Fondo de Protección respectivo de las Sociedades Financieras Populares y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Notas

1 https://www.cepal.org/es/publicaciones/47664-instituciones-politicas-publicas-d esarrollo-cooperativo-america-latina

2 http://www.focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/Boletin.aspx

3 Ídem.

4 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRASCAP.pdf

5 https://focoop.com.mx/WebSite16/

6 https://www.fogacoop.gov.co/seguro-para-su-ahorro/montos-cubiertos

7 https://www.asbasupervision.com/es/bibl/x-lecturas-recomendadas/2415-proteccion -de-depositos-para-bancos-y-cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-america-latina

8 https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID= 27 &Contenido=Boletines&Titulo=Sociedades%20Financieras%20 Populares

9 https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?ID=27 &Contenido=Boletines&Titulo=Sociedades%20Financieras%20Populares

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2024.– Diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La lucha por el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres ha transitado por distintas fases en las últimas décadas. Desde el tema del combate a todas las formas de violencia y discriminación, hasta la vertiente de la agenda de la igualdad de género y el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Sin duda, se han logrado avances importantes en este proceso de reivindicatorio de las mujeres. En México se han impulsado cambios significativos en los ámbitos legislativos, institucionales y en las políticas públicas. Pero es evidente que falta mucho por hacer.

En materia legislativa, el reconocimiento de los derechos de las mujeres se encuentra en diversos textos legales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) reconoce esos derechos y establece, en distintos artículos, disposiciones relativas la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres indígenas, así como el principio de paridad de género, entre otras.

En cuanto a las legislaciones específicas, podemos mencionar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), expedida en el año 2007. Esta Ley General tiene por objeto “establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En dicha LGAMVLV se establecen definiciones precisas para conceptos como Perspectiva de Género o Empoderamiento de las Mujeres, entre otros, con el objeto de redondear el marco jurídico-doctrinario de esa legislación encaminada a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y hacer posible el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.

Otra legislación específica en la materia es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), expedida en 2006 y que es objeto de la presente Iniciativa. Esta Ley General tiene como objeto “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.”

En la LGIMH, se establecen definiciones de conceptos como igualdad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de género o acciones afirmativas. Estas definiciones son indispensables parta sustentar los mandatos de dicha ley general encaminados a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la vida pública nacional. La LGIMH establece disposiciones para garantizar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos de la vida económica nacional, en los espacios de representación política, en la vida profesional, en los gobiernos, en el acceso a los derechos sociales, entre otros.

La LGIMH contiene un capítulo dedicado a la participación y representación política paritaria de las mujeres y los hombres. Sin embargo, en el artículo 5, que es donde establece las definiciones fundamentales que enmarcan el conjunto de mandatos y el objeto mismo de dicha Ley General, no incluye una definición de la Paridad de Género. El texto vigente del mencionado artículo 5 de la LGIMH es el siguiente:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

IV. Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural y familiar;

V. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

VI. Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

VII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

VIII. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

IX. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Como se puede observar, los conceptos que se definen son claramente pertinentes y funcionales para entender el espíritu de esa Ley General, y para profundizar y fundamentar su aplicabilidad y exigibilidad.

Sin embargo, es notoria la ausencia de un concepto de la mayor relevancia como lo es la Paridad de Género. Esto constituye un problema, en la medida que las disposiciones de la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en materia de participación y representación paritaria de las mujeres y los hombres podrían ser insuficientemente entendidas o deficientemente aplicadas ante la ausencia de una definición precisa del concepto de paridad de género.

El problema no solo es relativo al texto de la LGIMH, sino que puede tener expresiones en la observación del principio de paridad de género en los diversos procesos diseñados para asegurar la participación paritaria en los espacios de representación política, en los Poderes Ejecutivos y Judiciales, en las organizaciones sindicales o empresariales, en los órganos autónomos, etcétera.

En la integración del Poder Legislativo, en la actual LXV Legislatura se observa plenamente el principio de Paridad de Género, pues prácticamente existe un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En cuanto al Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha procurado establecer una presencia paritaria entre mujeres y hombres en su gabinete. Todo esto, en función de los mandatos que al respecto establece la CPEUM en materia de paridad de Género, sobre todo en su artículo 41.

Sin embargo, en la integración de las estructuras de mando y dirección de las Secretarías de Estado ya no se presenta una participación paritaria entre mujeres y hombres en el gobierno federal. Del mismo modo, en la integración de los gobiernos estatales y en la composición de los órganos autónomos, así como en la totalidad de jueces y magistrados, la presencia de los hombres sigue siendo dominante. Lo mismo es espacios que son objeto de interés público, como son las organizaciones sindicales o las cámaras empresariales.

Por esa razón, es importante incorporar en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres una definición de la Paridad de Género. Al respecto es pertinente referir brevemente algunas consideraciones. En un documento de la Universidad Nacional Autónoma de México se señala lo siguiente:

“La paridad de género es un principio político de reestructuración de la democracia cuyo propósito es una distribución igualitaria del poder. El problema central colocado por esta propuesta político-normativa es la subrepresentación política de las mujeres en los cargos públicos, problema que cuestiona la representatividad y legitimidad de las democracias representativas. El tema nodal es que a pesar de los avances de las mujeres en el terreno de los derechos formales y en diversos ámbitos como la educación y el laboral, entre otros, han seguido excluidas de los núcleos donde se toman las decisiones. No se trata únicamente de un problema técnico de armado de listas electorales sino de la refundación del pacto social sobre la base de la distribución del poder y de las responsabilidades en el ámbito privado. La paridad de género como un principio político que se propone revertir la histórica exclusión de las mujeres en el poder público se resume en el concepto de democracia paritaria.”

La paridad de género implica una distribución igualitaria del poder entre mujeres y hombres, que va más allá del tema de las listas de candidaturas de los partidos políticos. Se trata de un principio a partir del cual se deben establecer criterios y procedimientos, encaminados a garantizar que mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades y condiciones propicias de acceder, en proporción de 50-50 porciento a los espacios y cargos donde se procesan las decisiones públicas. En México, a partir de la reforma constitucional de 2019 en la materia, se estableció la obligación de los partidos políticos de postular candidaturas paritarias, para que el Congreso de la Unión cuente con una integración equilibrada de mujeres y hombres, pero también para que el principio de la paridad de género se observe en la integración de los gobiernos en los tres órdenes de gobierno.

Para la Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, la paridad es la “traducción política del principio de igualdad sustantiva, y puede ser interpretada en tres vertientes:

• Paridad como principio: constituye un parámetro de interpretación del principio de igualdad sustantiva que no admite pacto en contrario.

• Paridad como derecho: constituye una norma jurídica concreta que las personas pueden hacer valer frente a los tribunales para evidenciar un trato discriminatorio que afecta sus derechos.

• Paridad como regla procedimental: se traduce en la aplicación de criterios, reglas o procedimientos para cumplir con el mandato de igualdad sustantiva.

La paridad es, por lo tanto, un paso en firme hacia la igualdad de género, porque busca garantizar la representación igualitaria de mujeres y hombres en los espacios del poder político, y amplía las bases para la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas en todos los niveles.”

En este sentido, la paridad de género, en tanto distribución igualitaria del poder, es fundamental para lograr la igualdad sustantiva, y por lo tanto va más a lla de las acciones afirmativas y de las cuotas de género, porque éstas son temporales o transitorias, mientras que la paridad de género es de carácter permanente.

Con base en estas premisas, la presente Iniciativa plantea la necesidad de realizar una reforma al artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el siguiente objeto: adicionar una fracción VII a dicho artículo, estableciendo una definición de la paridad de género. El siguiente cuadro ilustra el alcance de la reforma que se plantea en la presente iniciativa:

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VI. ...

VII. Paridad de género. Es el acceso igualitario de mujeres y hombres a los espacios donde se procesan las decisiones públicas, con criterios específicos para garantizar la distribución, en una proporción de cincuenta por ciento para mujeres y cincuenta por ciento para hombres, de los cargos y la presencia en los espacios de representación política y legislativa, en la integración de los gobiernos y del Poder Judicial, así como en la integración de órganos autónomos, y organizaciones sindicales, cámaras empresariales y demás espacios donde se procesen decisiones de interés público;

VIII. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas;

IX. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y

X. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consultado el 15 de enero de 2024, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

2 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, consultado el 10 de enero de 2024, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf

3 Paridad de Género, consultado el 12 de enero de 2024, disponible en

https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx/paridad-de-genero /

4 Paridad de Género, consultado el 7 de enero de 2024, disponible en

https://www2.unwomen.org/media/field%20office%20mexico/documento s/publicaciones/2017/democracia%20paritaria.pdf?la=es&vs=4515

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2024.– Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Alberto Barrera Toledo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de legitimación de acciones colectivas, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, teniendo como principal objetivo sentar las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Dicha ley distribuye las competencias para que cada nivel de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, colabore para preservar el medio ambiente, así como, regula de manera breve lo relativo al procedimiento de las denuncias que toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán realizar respecto de hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, garantizando así el derecho a vivir en un medio ambiente sano.

Además, señala que en el caso que sea necesario, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, podrá iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal en materia ambiental, así como cuando se vulneren derechos e intereses de una colectividad.

Para esto último, dispone que además de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cualquier sujeto legitimado de los que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el libro quinto de dicho código.

Sin embargo, resulta un hecho notorio que con fecha 7 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que abroga el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente gradualmente de acuerdo con los plazos que sus transitorios señalan.

Por lo que, atendiendo al contenido del artículo décimo transitorio del mismo decreto que señala lo siguiente:

Artículo Décimo. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las legislaturas de las entidades federativas, contará con un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto, para expedir las actualizaciones normativas correspondientes para su debido cumplimiento.

Se propone reformar el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que como se expuso en párrafos que anteceden, el texto vigente remite a quien pretenda iniciar una acción colectiva al Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación abrogada de acuerdo al fundamento citado previamente, por lo que es una obligación realizar la adecuación normativa correspondiente con la finalidad de salvaguardar los derechos de quien pretenda accionar, así como, dar cumplimiento a lo dispuesto en el multicitado decreto.

A fin de generar mayor claridad en lo propuesto, se inserta el siguiente cuadro comparativo:

Con base en las razones que aquí se presentan y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de legitimación de acciones colectivas

Único. Se reforma el artículo 202 de la la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de legitimación de acciones colectivas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 202. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones de la legislación administrativa o penal.

Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad, cualquier legitimado a que se refiere el artículo 862 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el libro sexto de dicho código.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios primero y segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Jorge Alberto Barrera Toledo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, en materia de lenguaje incluyente, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Alberto Barrera Toledo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley General de Víctimas, en materia de lenguaje incluyente, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El Estado mexicano, como garante de derechos humanos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como a los tratados internacionales de los que es parte, está obligado a promover la igualdad sustantiva entre las personas con la finalidad de erradicar las violencias y brechas que han generado una deuda histórica hacia las mujeres, manteniéndolas como un grupo vulnerable en espacios tanto públicos como privados.

Por ello, una de las estrategias para impactar en beneficio de la causa consiste partir de la igualdad formal, generando reformas legales que nos permiten transversalizar la perspectiva de género a través de acciones que promuevan su inclusión desde el lenguaje, atendiendo a la premisa de que lo que no se nombra no existe, utilizada frecuentemente para ilustrar la importancia de la construcción discursiva en la materia.

Así, durante los últimos años se han promovido reformas constitucionales y legales que acompañan esta estrategia a partir de la modificación del discurso sexista hacía el lenguaje incluyente o también llamado inclusivo que, de acuerdo a la ONU se entiende como “la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género”. Esto bajo modificaciones que eliminan el género masculino del artículo transformándolo preferentemente en genérico para evitar continuar reforzando la idea de que los espacios estén catalogados específicamente para hombres.

Además de que, la modificación de estos términos bajo estrategias de desdoblamiento en el lenguaje, que consiste en emplear pares de femenino y masculino, es decir, la versión femenina o masculina de la misma palabra, o en el caso ideal, en una sustitución por palabras genéricas, puede promover la inclusión más allá del género femenino, pues abre la conversación para personas de cualquier identidad de género, abonando a entornos sin prejuicios para todas las personas.

Ahora bien, la Ley General de Víctimas, materia de la presente reforma, introduce la figura denominada en el texto vigente como asesor jurídico, quien será la persona servidora pública que debe velar por hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral durante el proceso.

Sin embargo, el articulado que se refiere a la persona servidora pública que ostentará dicho cargo se encuentra redactado en masculino dentro del cuerpo completo de la norma, preservando el discurso sexista que se pretende disolver, siendo esta la motivación para proponer reformar los artículos 6, 12, 125, 125 BIS, 166 al 174, 179 y 180, así como el título del capítulo VIII, de la Ley General de Víctimas.

Como se dijo, lo anterior sigue las tendencias de reformas legislativas en la materia de los últimos años, por lo que se genera una adecuación normativa acorde y vigente a las necesidades del sistema jurídico mexicano que, además, en el caso concreto repercute favorablemente en la inclusión laboral dentro de la administración pública.

A fin de generar mayor claridad en lo propuesto, se inserta el siguiente cuadro comparativo:

Con base en las razones que aquí se presentan y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Víctimas, en materia de lenguaje incluyente

Único. Se reforman los artículos 6, 12, 125, 125 Bis, 166 a 174, 179 y 180, así como el título del capítulo VIII, de la Ley General de Víctimas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Persona Asesora Jurídica: Persona que ostenta el cargo de Asesora o Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas adscritos a la Comisión Ejecutiva y sus equivalentes en las entidades federativas;

II. a XXII. ...

Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

I. a III. ...

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por una persona asesora jurídica. En los casos en que no quieran o no puedan contratar a quien legalmente les represente, se les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo con el procedimiento que determine esta ley y su reglamento; esto incluirá su derecho a elegirle libremente;

V. a XIII. ...

...

...

Capítulo VIIIDe la Asesoría Jurídica de las Víctimas

Artículo 125. Corresponde a la persona asesora jurídica de las víctimas

I. a VII. ...

Artículo 125 Bis. La Asesoría Jurídica se integrará por las y los abogados, peritos, profesionales y técnicos de las diversas disciplinas que se requieren para la defensa de los derechos previstos en esta ley.

...

Artículo 166. La Asesoría Jurídica estará integrada por personas asesoras jurídicas de atención a víctimas, peritos, intérpretes o traductores lingüísticos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.

Con independencia de lo anterior, cuando no se cuente con el personal profesional necesario, la Asesoría Jurídica podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares para ejercer las funciones en términos de lo dispuesto en el artículo 121 y 125 de esta ley.

Artículo 167. La Asesoría Jurídica Federal tiene a su cargo las siguientes funciones:

I. a III. ...

IV. Designar por cada Unidad Investigadora del Ministerio Público de la Federación, tribunal de circuito, por cada juzgado federal que conozca de materia penal y Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos a una persona asesora jurídica de las víctimas y al personal de auxilio necesario;

V. y VI. ...

...

Artículo 168. La víctima tendrá derecho a solicitar a la Comisión Ejecutiva o a las Comisiones de víctimas, según corresponda, que le proporcione una persona asesora jurídica en caso de que no quiera o no pueda contratar a quien le represente legalmente, y a quien elegirá libremente desde el momento de su ingreso en el registro. En este caso, la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle una a través de la Asesoría Jurídica Federal, así como un intérprete o traductor lingüístico cuando la víctima no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.

La víctima tendrá el derecho de que su representante legal comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida, y de contar con un intérprete o traductor de su lengua, cuando así se requiera.

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que quieran o pueden contratar a un representante legal particular y en especial a

I. a V. ...

Artículo 169. Se crea la figura de Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas; quien ostente el cargo tendrá las funciones siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público; y

X. ...

Artículo 170. Las entidades federativas contarán con personas asesoras jurídicas de atención a víctimas adscritos a su respectiva unidad de Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas, los cuales tendrán las funciones enunciadas en el artículo anterior, en su ámbito de competencia. También contarán con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las víctimas que no comprendan el idioma español o tengan discapacidad auditiva, verbal o visual.

Artículo 171. Para ingresar y permanecer como persona asesora jurídica se requiere

I. Ser mexicana o mexicano o extranjera o extranjero con calidad migratoria de inmigrado en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Contar con licenciatura en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

III. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes; y

IV. No tener condena por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Artículo 172. La persona asesora jurídica será asignada inmediatamente por la Comisión Ejecutiva, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.

Artículo 173. El servicio civil de carrera para quienes presten asesoría jurídica, comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por las disposiciones establecidas en las disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 174. La persona titular de la Dirección General, las personas asesoras jurídicas y el personal técnico de la Asesoría Jurídica Federal serán considerados servidores públicos de confianza.

Artículo 179. La persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal deberá reunir para su designación los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadana mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Acreditar experiencia de tres años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciatura en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación; y

III. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenada por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año. Empero, si se tratare de ilícitos como el robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lesione seriamente la reputación de la persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta.

La Comisión Ejecutiva procurará preferir, en igualdad de circunstancias, a quien haya desempeñado el cargo de persona asesora jurídica, defensor o defensora pública o similar.

Artículo 180. La persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal tendrá las atribuciones siguientes:

I. ...

II. Conocer de las quejas que se presenten contra las personas asesoras jurídicas de atención a víctimas y, en su caso, investigar la probable responsabilidad de las y los empleados de la Asesoría Jurídica Federal;

III. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a las personas asesoras jurídicas; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de las y los empleados de la Asesoría Jurídica Federal;

IV. ...

V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a las personas asesoras jurídicas;

VI. y VII. ...

VIII. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todas las personas Asesoras Jurídicas que pertenezcan a la Asesoría Jurídica Federal, el cual deberá ser publicado;

IX. y X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Naciones Unidas, Lenguaje inclusivo en cuanto al género. Disponible en

<https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/> Consultado el 15 de enero de 2024.

2 Naciones Unidas, Lenguaje inclusivo en cuanto al género: orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español,

<https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines. shtml#:~: text=El%20desdoblamiento%20consiste%20en%20utilizar,a%20mujeres%20como%20a%20ho mbres> Consultado el 15 de enero de 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputados: Jorge Alberto Barrera Toledo, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de adecuación normativa, a cargo del diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Infraestructura, para opinión.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada Saraí Núñez Cerón y las y los diputados pertenecientes a la LXV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La extorsión es aquella acción que afecta de forma inmediata el sentido emotivo de quien la sufre, inhibiendo y coaccionando la voluntad del individuo (acción), para actuar de acuerdo con el interés de quien la ejerce (consecuencia).

El fenómeno de la extorsión tiene su auge a raíz de los avances de la tecnóloga cuando empezaron a salir lo celulares y medios de comunicación a distancia, en México, de acuerdo con un documento de la extinta Policía federal menciona que:

México tiene sus orígenes a principio del año 2000, cuando el acceso a la telefonía celular se amplió a un mayor número de sectores de la población. Los delincuentes comenzaron a utilizar esos aparatos de comunicación para contactar a sus posibles víctimas, mediante llamadas o mensajes de texto. A través de la comunicación vía celular, los delincuentes planteaban supuestos escenarios que incluían situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima y/o familiares, tales como amenaza de daño físico o patrimonial, secuestros, detenciones de familiares a causa de un delito, así como actividades de organizaciones delictivas que “vendían” seguridad, entre otras. Luego evolucionaron y comenzaron a utilizar argumentos menos agresivos y elaborados, entre los que se incluyeron premios obtenidos tras algún sorteo, campañas publicitarias e incluso, nombrar a fundaciones altruistas.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) menciona que la extorsión“es aquella acción que afecta de forma inmediata el sentido emotivo de quien la sufre, inhibiendo y coaccionando la voluntad del individuo (acción), para actuar de acuerdo con el interés de quien la ejerce (consecuencia)”.

Según el manual contra la extorsión expedido por la Policía federal menciona que hay dos tipos de extorsión directa o indirecta:

“La directa: ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente en el establecimiento o domicilio particular, para amenazar al propietario o al personal que ahí labora, este tipo de modalidad se llama derecho de piso. En esta modalidad, es común que el delincuente se identifique como integrante de una organización delictiva, pretende realizar un cobro para brindar seguridad o no hacer daño; por ello, amenaza con privar de la vida a algún familiar o a la probable víctima, así como causar afectaciones materiales si no se entrega una cantidad periódica de dinero. En ocasiones, los delincuentes dejan una tarjeta con un número telefónico y la instrucción de comunicarse para acordar la cantidad de dinero a entregar. Para intimidar a la víctima, la delincuencia puede realizar distintas acciones como dañar el inmueble o enviar paquetes con mensajes que asusten a la víctima.

La indirecta: se detectan seis versiones de este tipo de delitos, en el que es frecuente el uso del servicio de telefonía.

— Falsas noticias de ganador de un premio.

— Se notifica a la víctima de un secuestro virtual a un familiar.

— Se notifica a la familia de un familiar deteniendo por autoridades locales, estatales, federales o migratorias.

— Amenaza de muerte o secuestro.

— Amenaza de algún funcionario público.

— Cobro de deudas contraídas.

Aunque si bien cualquier persona puede ser víctima de una extorsión, hay sectores que por su permanencia en el hogar, sensibilidad o inocencia son más proclives a creer el engaño requerido para cometer una extorsión. Niñas, niños y adolescentes pueden ser más susceptibles a creer las amenazas que impliquen causar daño a sus familiares, por lo cual atienden la instrucción del delincuente de ocultarse o salir del domicilio. En el caso de los adultos mayores, condiciones de abandono y pocos cuidados, los convierten en un sector fácil de engañar”.

El delito de extorsión está configurado en el Código Penal Federal en el capítulo de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, por ende, no es un delito grave la extorsión que para ser exactos se encuentra en el capítulo III Bis Extorsión y el artículo 390 del Código Penal Federal, y lo define de la siguiente manera:

“Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial”.

Es por ello que el delito de extorsión es muy ambiguo y rebasado por la sociedad actual ya que el modo de operar de los delincuentes es con métodos modernos y sabiendo que es un delito no grave el delincuente no tiene miedo de llegar a prisión por la práctica de la extorsión y es un negocio redituable.

La extorsión está en aumento y tiene diferentes modos de operar y con la ayuda de la tecnología se hace más frecuente y menos perseguido por la ley, ya que la actual ley antes mencionada no es suficiente ya que la extorsión no es un delito grave en donde la autoridad ejecutora realiza las detenciones por este delito y como no es grave salen en libertad y siguen cometiendo el mismo delito ya que la delincuencia sabe que no es grave y no amerita prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con el reporte sobre incidencia del delito del primer trimestre 2023 por parte del observatorio nacional ciudadano, seguridad, justicia y legalidad, En promedio, se registró una víctima de extorsión cada hora en México, la tendencia de extorsión se encuentra al alza a nivel nacional. Tras alcanzar su máximo histórico en el segundo trimestre de 2022.

Grafica extraída del reporte sobre incidencia del delito del primer trimestre 2023 por parte del observatorio nacional ciudadano, seguridad, justicia y legalidad.

En el primer trimestre de 2023 el Estado de México ocupó por primera vez el primer lugar a nivel nacional en tasa Zacatecas abandona el primer puesto y se coloca en el decimotercer lugar tras un cambio porcentual de -82.4 por ciento, 14 estados registraron aumentos en tasa. Los mayores incrementos ocurrieron en Michoacán, 86.34 por ciento; Aguascalientes, 81.12 por ciento; Guanajuato, 67.36 por ciento; Estado de México tuvo una tasa de 5.33 CIs por cada 100 mil habitantes, casi tres veces la tasa nacional.

La presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, 2023. Julieta Brambila (JB), directora general de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): la extorsión se ha mantenido, lo que sí llegó es al tercer lugar, pero se ha mantenido constante con tasas de más o menos 5 mil delitos por cada 100 mil personas, es decir, se ha mantenido constante.

Ahora, ¿qué es lo que sí ha sucedido? También es que, mayormente aquí sí, más de 90 por ciento es vía telefónica y ¿qué es lo que sucede con las extorsiones vía telefónica, que las personas aprendemos? Si ustedes recuerdan, hace algunos años había una campaña de: “Si te llaman, cuelga”.

Entonces, es lo que hacemos las personas, si nos están llame y llame, colgamos y colgamos, pero qué es lo que sucede, tiene un doble efecto, por un lado, pagamos menos extorsiones de estas, de hecho, llegó a 8 por ciento de la paga de esas extorsiones; en el caso de las extorsiones en el empresariado es más alta, no tenemos el dato ahorita, porque lo vamos a generar con la siguiente edición de la Encuesta de Victimización de Empresas, con la ENVE, pero lo que sí sabemos es que tiene dos efectos el que sea extorsión telefónica.

Uno, que los presuntos delincuentes que se dedican a este mercado, a las extorsiones, llaman más veces, por lo tanto, las personas son más víctimas, es decir, reciben más llamadas de teléfonos, aunque no paguen para ello y, por lo tanto, también lo que tenemos es una menor paga de ello.

Por lo anterior, el espíritu de esta iniciativa es catalogar el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades como delito grave, ya que este modo de operar de la delincuencia organizada va en aumento como se demuestra en las estadísticas antes expuestas y lo peor aún, es que es un cáncer que va deteriorando el tejido social y degrada la confianza, especialmente porque este delito va evolucionado conforme a la tecnología y el modo de operación de la delincuencia, que tienen como sus principales objetivos el comercio local, estos son impactados directamente y en consecuencia impacta la economía y crecimiento de los municipios, pues la mayor parte de las extorciones es en estos sectores de la población.

En este contexto, quiero resaltar también los acuerdos internacionales que México está suscrito como lo es los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en su Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas el cual menciona: “Para hacer frente a estos de-safíos y construir sociedades más pacíficas e inclusivas, es necesario que se establezcan reglamentaciones más eficientes y transparentes, y presupuestos gubernamentales integrales y realistas. Uno de los primeros pasos a la protección de los derechos individuales es la implementación del registro mundial de nacimientos y la creación de instituciones nacionales de derechos humanos más independientes en todo el mundo”, asimismo, menciona en sus metas el punto 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Así también el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tal y como lo menciona en su fracción VIII articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, el cual establece que el “Gobierno de México entiende la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera y fortalecer y mantener la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México”.

Es por ello, que esta iniciativa es una propuesta que cumple con los ejes trasversales de la Agenda 2030 y con el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente López Obrador en el combate contra la delincuencia y pacificación del país.

Por lo anterior, el Código Penal Federal el delito de extorsión se toca muy superficialmente el cual marca una laguna jurídica a nivel federal y es de conocimiento público que el grosor de las extorsiones se realiza por la delincuencia organizada que es competencia de la autoridad federales, es por ello que este delito ha aumentado en este año.

De tal suerte que, este delito se configura como grave en sólo ocho de las 32 entidades federativas del país, los estados en su legislación que reconocen a la extorsión en su modalidad de “ cobro por derecho de piso”, son Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro.

Lo anterior es demostrado por un análisis denominado La extorsión en México 1997-2013. Retos y oportunidades, de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) menciona que los 24 estados restantes señalaron al Observatorio, a través de respuestas de acceso a información pública, que no identifican ese tipo penal, la información es inexistente, rechazaron la petición, remitieron a los datos públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) o, como los casos de Chiapas, Guerrero y Nayarit, simplemente no atendieron las solicitudes.

Lo anterior también es adelantar los trabajos legislativos en esta LXV Legislatura para poder configurar el delito de extorsión como delito grave para dar cumplimiento con el dictamen que próximamente se discutirá y votará en el pleno.

Dictaminen en sentido positivo de la Comisión de Puntos Constitucionales a las iniciativas que proponen reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión y delitos cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación, así como en materia de seguridad digital.

Que propone modificar lo siguiente:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, extorsión y otros delitos vinculados, delitos cometidos a través de tecnologías de la información y la comunicación , trata de personas, tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios;

b) ...

c) ...

....

XXII. a XXXI. ...

De acuerdo con sus artículos transitorios del propio dictamen menciona lo siguiente:

Tercero. Las legislaciones en materia de extorsión continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el presente decreto. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en ellas, deberán de continuar hasta su respectiva conclusión conforme a las disposiciones vigentes al momento de cometerse el ilícito.

Cuarto. Las normas de este decreto se interpretarán conforme a derecho y tomando en consideración lo dispuesto en los dictámenes, minutas, diarios de debates e instrumentos parlamentarios oficiales correspondientes a su proceso de reforma.

Asimismo, quiero resaltar la exposición que realizó la secretaria de Seguridad Ciudadana, licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el pasado martes 28 de noviembre de 2023, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, durante la cual mencionó:

“La Secretaría reconoció dicho flagelo, pero recordó a las y los diputados que ella ha pedido que se legisle en esa materia.

Hablar de extorsión es un tema que me interesa mucho porque efectivamente pasa lo que usted dice, la extorsión es un delito que no está considerado como grave, y las policías estatales, municipales y la Guardia Nacional, así como elementos de la Secretaría de Marina y la Defensa, hacen detenciones a personas que extorsionan en el país y que también hacen cobro de piso, pero estas personas salen, son liberados automáticamente porque el delito de extorsión en México no es considerado delito grave”, puntualizó.

Rodríguez Velásquez insistió en que ella misma ha repetido “una y otra vez”, la conveniencia urgente de que se legisle en materia de extorsiones, a fin de que los criminales no tomen la extorsión y el cobro de piso como su modus vivendi.

“Yo los invito a todos ustedes a que legislemos en materia de extorsión y que la preocupación que ustedes tienen y que aquí han estado manifestando, se haga patente con hechos, y el hecho es que necesitamos urgentemente hacer delito grave la extorsión”, sentenció.

Es por lo antes expuesto que propongo la siguiente iniciativa, para ejemplificar la propuesta anexo cuadro comparativo de cómo se encuentra la ley actual y cuál es la propuesta:

Con esta iniciativa, hoy alzo la voz por las familias mexicanas, guanajuatenses, celayenses, los comerciantes, quienes día con día se levantan por las mañanas a trabajar y así poder llevar comida a sus hogares, quienes generan empleos y coadyuvan en la economía de este país, que si bien no ha crecido como lo prometió el presidente en campaña, nuestros micro y medianos comerciantes se esfuerzan para poder aportar en el crecimiento y desarrollo de este país.

No podemos seguir permitiendo la extorsión de ningún tipo, debemos como legisladores federales poner las bases para garantizar a la población seguridad, tranquilidad y, sobre todo, defender su patrimonio y su sustento, unifiquemos la causa que hoy nos compete a todos pues es verdaderamente una pena que cada vez sean más los comercios que tienen que cerrar sus puertas porque les llegó el crimen organizado a pedirles una cuota.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de extorsión, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Concepto jurídico, Extorsión, se puede consultar en la página Web:

https://www.conceptosjuridicos.com/mx/extorsion/

2 Policía Federal, La extorsión, se puede consultar en la página web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388352/QUE_ES_LA_ EXTORSI_N.pdf

3 Lop. Cit, pág. 5 a la 7.

4 Reporte sobre incidencia del delito del primer trimestre 2023 por parte del observatorio nacional ciudadano, seguridad, justicia y legalidad, se puede consultar en la página web:

https://onc.org.mx/uploads/ppt-reporte-1-t-2023

5 Lop. Cit.

6 Julieta Brambila, 2023, Presentación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, 2023.Ciudad de México, 11 de septiembre de 2023. Julieta Brambila (JB), directora general de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del INEGI, se puede consultar en la página web: HYPERLINK “

https://www.inegi.org.mx › VE_ENVIPE23.”

https://www.inegi.org.mx › VE_ENVIPE23.

7 Antonio López Cruz 2023, el universal, Rosa Icela Rodríguez pide a diputados legislar para convertir la extorsión en delito grave, se puede consultar en la página web:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rosa-icela-rodriguez-pide- a-diputados-legislar-para-convertir-la-extorsion-en-delito-grave/.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado Pedro Vázquez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso e) del numeral 1 del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

El 10 de enero de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia con número de expediente SUP-RAP-388/2023 y acumulados, relacionada con la aprobación de un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, en el que resolvió darle la razón, a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, lo anterior para que tenga la facultad de realizar la designación de la encargada o encargado de despacho, nombramientos pendientes en el órgano autónomo de la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas. La vacante es sin más condición que el cumplimiento de los requisitos de ley.

Lo anterior debido a que el INE aprobó el acuerdo INE/CG686/2023, mediante el cual el Consejo General ratifica un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales del INE.

Dicho acuerdo en términos generales infringió diversas disposiciones constitucionales, convencionales y legales.

En el estudio de fondo, la magistrada ponente Mónica Aralí Soto Fregoso expuso un marco conceptual relacionado con la facultad reglamentaria del INE, en la cual precisa que consiste en la potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a determinados órganos para emitir reglamentos, es decir, normas jurídicas obligatorias con valor subordinado a la ley.

El ejercicio de esa facultad reglamentaria está sometido jurídicamente a limitantes derivados de lo que se conoce como el principio de reserva de ley y del diverso principio de subordinación jerárquica, precisándose que este último obedece a la propia naturaleza de los reglamentos, en cuanto a disposiciones sometidas al ordenamiento que desarrolla.

Es por ello que nosotros como legisladores y legisladoras tenemos la encomienda de establecer la regulación de diversas materias, pero si existen vacíos legales, son subsanados en la reglamentación.

El ejercicio de la facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan; por lo que, los reglamentos sólo pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, sin contener mayores supuestos, ni crear nuevas limitantes a las previstas en la ley.

En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, entonces, para que en sus disposiciones se pueda hacer referencia a cuestiones relativas a la materia de las otras preguntas ( qué, quién, dónde y cuándo) es menester que estos aspectos estén contestados por la ley.

Por lo que el reglamento se desenvuelve en la obligatoriedad de un principio ya definido por la Ley, y en ese tenor, no puede ir más allá de ella o extenderla a supuestos distintos, ni mucho menos contradecirla, ya que sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplirla; además, cuando exista reserva de ley no puede abordar los aspectos materia de tal disposición.

El artículo 44, numeral 1, incisos a), gg) y jj), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé que el Consejo General tiene las atribuciones de aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución Federal; asimismo, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones y las demás señaladas en la Ley o en otra legislación aplicable.

Por otra parte, el artículo 35 de la citada Ley General establece que será el Consejo General como órgano superior de dirección, el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas las actividades del Instituto.

En esa lógica, el Consejo General del INE está legalmente facultado para emitir normas reglamentarias que regulen aspectos no incluidos en la reserva legal prevista expresamente en la Constitución, lo que implica que puede, válidamente, precisar o detallar sus hipótesis o supuestos normativos, para alcanzar los fines y ejercer las atribuciones encomendadas.

La Sala Superior ha sostenido respecto a la facultad de proponer el nombramiento de la Secretaria Ejecutiva y demás titulares de las áreas ejecutivas de dirección de un instituto electoral, lo siguiente:

En la sentencia dictada en los juicios SUP-JDC-9920/2020 y acumulados, la Sala Superior consideró que debía confirmarse la sentencia del tribunal local, porque el método de designación de la o el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral Local de Tamaulipas, que otorga facultad discrecional al titular de la consejería presidencial para proponer la candidatura al Consejo General previsto en el artículo 24, párrafo tercero, del Reglamento de Elecciones era constitucional, porque no afectaba el derecho de la ciudadanía a ocupar un cargo público en igualdad de circunstancias.

Esto era conforme a derecho la determinación del Tribunal local respecto a que la facultad discrecional de la o el Consejero Presidente para proponer la candidatura a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas, porque no afectaba los principios de igualdad y no discriminación frente al derecho de ocupar un cargo público, al permitir la igualdad de oportunidades, por lo que, no podía acogerse la pretensión de la parte actora de inaplicar dicha norma para exigir una convocatoria pública exclusiva para mujeres para lograr la alternancia.

Por tanto, se dijo que la forma en que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas regula la designación a los titulares de la Secretaría Ejecutiva de los organismos públicos electorales locales, resulta acorde con lo dispuesto en la normativa de esa entidad, pues reitera la facultad discrecional de la o el Consejero Presidente para realizar la propuesta del titular de la Secretaría Ejecutiva.

Por otra parte, en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-317/2023, se expuso que le asistía la razón a la persona titular de la consejería presidencial del Instituto Electoral de Coahuila, en cuanto a que constitucional y legalmente, contaba con las facultades y atribuciones de designación de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del OPLE.

La sentencia consideró que fue incorrecto que el Tribunal local determinara que los lineamientos impugnados no rebasaban lo previsto en la norma, si bien de una lectura aislada del artículo 7 de dichos lineamientos se establecía que el desarrollo de los procedimientos de ratificación, designación, encargaduría de despacho y remoción estarían a cargo de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, lo cierto es que únicamente distribuían algunas actividades de una comisión especializada en sustanciar los procedimientos. Cuestión, que se advirtió, es contraria a lo estipulado constitucional y legalmente como facultad exclusiva de la presidencia del OPLE, conforme al artículo 24, numeral quinto, del Reglamento de Elecciones del INE.

En tal sentido, no era correcto que el Consejo General emitiera lineamientos con justificación en sus atribuciones generales, cuando existía una regla específica para el caso concreto, como lo es la propuesta y designación de la Secretaría Ejecutiva, o en su caso, el encargado de despacho.

Por tanto, se consideró que la resolución del tribunal responsable respecto de los lineamientos emitidos contravino el contenido del Reglamento de Elecciones, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Código Electoral Local, todos ellos del Estado de Tamaulipas, ya que no se ajustó al límite que se prevé en ellos y desarrolló supuestos particulares cuya facultad es discrecional de la o el consejero presidente del instituto electoral local.

En el apartado del Análisis del Caso la magistrada ponente tiene presente que el artículo 41, Base V, Apartado A, de la Constitución Federal establece que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General del INE a propuesta de su Presidencia.

Asimismo, el precepto 36, numeral 8; y, 44, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estatuyen que el Consejo General tiene la facultad de designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, conforme a la propuesta que presente la Presidencia.

Por otra parte, los numerales 44, numeral 1, inciso e); 45, numeral 1, inciso e); y, 52 de dicha ley general prevén que al frente de cada una de las direcciones de la Junta General Ejecutiva habrá una o un Director Ejecutivo o Directora o Director de Unidad Técnica, cuya designación será realizada por el Consejo General del INE, a propuesta de su Presidencia, por mayoría de cuando menos, ocho votos.

De acuerdo con el artículo 53, numeral 1, de la mencionada ley general, para ocupar la titularidad de una dirección ejecutiva o unidad técnica, se deben satisfacer los mismos requisitos establecidos en el párrafo 1, del artículo 38, de la propia ley para las y los consejeros electorales del Consejo General (con excepción del consistente en no ser ni haber sido miembro del servicio profesional electoral, ni ser o haber sido miembro del servicio profesional electoral nacional durante el último proceso electoral federal ordinario); tales requisitos son los siguientes:

-Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

-Contar con inscripción en el Registro Federal de Electores y con credencial para votar.

-Tener más de treinta años de edad el día de la designación.

-Contar al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia que les permitan el desempeño de sus funciones.

-Gozar de buena reputación y no tener condena por delito alguno, salvo que no hubiese sido doloso.

-Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.

-No haber sido registrado como candidata o candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

-No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

-No ser titular de Secretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República o de la Procuraduría de Justicia de alguna entidad federativa; no ser subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o estatal, ni titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o del Poder Ejecutivo de algún estado, ni secretaria o secretario de Gobierno, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento.

De lo relatado se advierte que el Poder Legislativo otorgó una facultad discrecional a la consejera o consejero presidente para realizar la propuesta de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva y de las titularidades de las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas; por tanto, la presidencia puede optar por proponer a la persona que estime idónea, siempre y cuando quien proponga cumpla con los requisitos antes referidos.

En conclusión, de conformidad con la normativa vigente, en el proceso de designación de la persona encargada de la Secretaría Ejecutiva, así como las y los titulares de las áreas ejecutivas de Dirección y Unidades Técnicas, existe una facultad discrecional otorgada a la consejería que presida el Consejo General, para que proponga a la persona que estime idónea, garantizándose la posibilidad de que cualquier persona que cumpla con los requisitos exigidos legalmente, pueda ser propuesta.

Tal facultad discrecional para proponer a las personas titulares de dichos órganos, por mayoría de razón, debe entenderse aplicable también para la designación de las y los encargados del despacho que se designan ante la ausencia de las personas titulares; incluso, así lo entendió el propio INE, quien en su Reglamento Interno previó lo siguiente:

“

La Presidencia del Consejo es un órgano central de dirección del Instituto de carácter unipersonal.

Para el ejercicio de las atribuciones que la Ley Electoral confiere a quien Presida el Consejo, le corresponde:

Proponer al Consejo el nombramiento de las y los Titulares de Unidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del presente Reglamento y garantizando el cumplimiento del principio de paridad de género;

[...]

Designar como encargado de despacho, en caso de ausencia del Secretario Ejecutivo, al Director Ejecutivo que reúna los requisitos de la Ley Electoral;

Designar al encargado de despacho, en caso de ausencia de los Directores o Titulares de Unidad;”

Como se ve, en congruencia con la facultad discrecional que la ley otorga a la presidencia del Consejo General para hacer las propuestas de las personas titulares de dichos órganos, el Reglamento Interior le otorga también facultades discrecionales para designar a las y los encargados del despacho de tales órganos.

Debe mencionarse que la norma no prevé los requisitos que debe reunir una persona para ser designada encargada del despacho, por lo que debe entenderse que tales requisitos no pueden ser mayores a los previstos legalmente para ser titular.

Precisado lo anterior, se tiene en cuenta que, en el acuerdo controvertido, la responsable determinó lo siguiente:

“ Dentro de los treinta días naturales siguientes a la aprobación de este acuerdo, la Consejera Presidenta presentará al pleno las propuestas conducentes para ocupar las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas y unidades técnicas vacantes.

Durante este plazo podrán realizarse reuniones previas con las y los consejeros electorales, así como todas las actividades necesarias para promover que exista el consenso para lograr que las propuestas obtengan la votación requerida.

Entre estas actividades se encuentra la valoración curricular, entrevista y consideración de los criterios que garanticen imparcialidad y profesionalismo de las y los aspirantes, en la cuales deberán participar todas las consejerías electorales integrantes del Consejo General.

En caso de que alguna o varias de las propuestas no logren ser aprobadas por la mayoría exigida por la ley, se nombrará a las personas encargadas de despacho conforme a lo siguiente:

Para el caso de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva (SE), se nombrará a la persona encargada de despacho dentro de las personas titulares de la Junta General Ejecutiva legal, quien solo podrá permanecer con esa calidad durante máximo doce meses, contados a partir del nombramiento y hasta en tanto no se designe a la persona titular en los términos establecidos por la Constitución y la ley.

Para el caso del resto de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, las personas encargadas de despacho deberán formar parte de la estructura del área cuya encargaduría se le encomiende, ocupar un cargo inmediato inferior al del titular del área y ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional o la persona de mayor antigüedad.

Si aún continuaran designaciones pendientes de aprobar se seguirá lo establecido en los numerales 1) y 2).

Las personas encargadas de despacho durarán en el cargo un plazo no mayor a un año, contado a partir de su designación.

La Consejera Presidenta, al finalizar el año establecido en el inciso anterior, podrá proponer a la persona que haya ocupado la encargaduría de despacho, para ocupar la titularidad de la SE, la dirección ejecutiva o unidad técnica correspondiente u otro vacante, conforme al procedimiento legal ordinario.

En ningún caso las personas rechazadas por el Consejo General podrán ser designadas como encargadas de despacho.”

De lo reproducido se desprende que la responsable, en el acuerdo impugnado, determinó que:

-Dentro de los treinta días naturales siguientes a la aprobación del acuerdo, la Consejera Presidenta tendría que presentar al pleno las propuestas conducentes para ocupar las titularidades de la Secretaría Ejecutiva, así como de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas vacantes.

-Durante ese plazo podrán realizarse reuniones previas con las y los consejeros electorales, así como llevarse a cabo todas las actividades necesarias para promover que exista el consenso para lograr que las propuestas obtengan la votación requerida.

-En caso de que alguna o varias de las propuestas no logren ser aprobadas por la mayoría exigida por la ley, se nombrará a las personas encargadas de despacho conforme a lo siguiente:

-Para el caso de la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, se nombrará a la persona encargada de despacho dentro de las personas titulares de la Junta General Ejecutiva legal, quien solo podrá permanecer con esa calidad durante máximo doce meses, contados a partir del nombramiento y hasta en tanto no se designe a la persona titular.

-Tocante al resto de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, las personas encargadas de despacho deberán formar parte de la estructura del área cuya encargaduría se le encomiende, ocupar un cargo inmediato inferior al del titular del área y ser miembro del servicio profesional electoral nacional o la persona de mayor antigüedad.

-Si aún continuaran designaciones pendientes de aprobar se seguirá el mismo procedimiento.

-Las personas encargadas de despacho durarán en el cargo un plazo no mayor a un año, contado a partir de su designación.

-La consejera presidenta, al finalizar el referido año, podrá proponer a la persona que haya ocupado la encargaduría de despacho para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, la dirección ejecutiva o unidad técnica correspondiente u otro vacante, conforme al procedimiento legal ordinario.

-En ningún caso las personas rechazadas por el Consejo General podrán ser designadas como encargadas de despacho.

Cabe precisar que, si bien, las disposiciones contenidas en el acuerdo reclamado no constituyen un reglamento, de cualquier manera, al ser disposiciones normativas que tienden a regular la designación de personas titulares y encargadas del despacho de las referidas áreas, que emanan del INE que es un órgano diferente al Poder Legislativo, en principio, deben cumplir con los mismos requisitos que las normas reglamentarias, entre ellos, el de subordinación jerárquica de la ley.

Aclarado lo anterior, debe decirse que de lo expuesto en párrafos precedentes se observa que en el acuerdo controvertido se implementó un procedimiento que determina un plazo para hacer las propuestas, el cual impone una condición no prevista en la ley para la designación de las personas titulares de la Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas.

Además, establece diversos requisitos para ser encargada o encargado del despacho y una temporalidad máxima para desempeñarse como tal, no previstos normativamente, que, entre otras cosas, le obligan a la consejera o consejero Presidente a que su propuesta de los y las encargadas de despacho surja de un grupo más reducido de personas, que acotan su facultad discrecional.

Tales disposiciones, como lo dejó asentado la autoridad jurisdiccional, tienden a acotar la facultad discrecional que la normatividad otorga a la presidencia, lo cual contraviene el principio de subordinación jerárquica de la ley, porque las disposiciones del acuerdo controvertido no solo van más allá de la ley, sino que la contradicen, al acotar la referida facultad discrecional con que cuenta la presidencia del Consejo General, al crear limitantes no previstas expresamente en la ley.

De esta manera, no es dable que, al tratarse de un ordenamiento condicionado a observar las normas de mayor jerarquía y dirigido a instrumentar y desarrollar las disposiciones emitidas por el legislador, se emplee para imponer condiciones y supuestos que no fueron señalados en esos ordenamientos jurídicos.

Por tal motivo, aun y cuando la autoridad administrativa electoral cuenta con un margen de discrecionalidad para reglamentar los aspectos de su competencia, ello no puede traducirse en una atribución para suplantar a los órganos legislativos e imponer condiciones normativas que excedan los mandatos señalados en la Ley.

En ese orden de ideas, el Consejo General del INE dispuso condiciones y requisitos no previstos en la Ley para la designación de servidores públicos que habrán de encargarse del despacho de los señalados órganos, resulta evidente que excedió su facultad reglamentaria, e inobservó la su-bordinación jerárquica dispuesta como condición de las normas que válidamente puede emitir.

Por lo anterior, la Sala Superior del TEPJF se procedió a dejar sin efectos las consideraciones y conclusiones normativas del acuerdo controvertido mediante los que se señalan los siguientes aspectos:

-El establecimiento de un plazo de treinta días para que la Presidenta del Consejo General presente las propuestas para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, así como las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que no cuentan con un titular designado.

-La previsión del plazo de doce meses como límite temporal que podrá permanecer el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y los encargados de despacho de las Direcciones Ejecutivas y de las unidades técnicas vacantes.

-La condicionante para poder ser encargado de despacho de las Direcciones Ejecutivas o unidades técnicas, de formar parte de la estructura de la encargaduría respectiva, ocupar un cargo inmediato inferior al del titular del área y ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional o la persona de mayor antigüedad.

-La limitante de que las personas que sean rechazadas por el Consejo General para ser designadas como titulares, puedan ser nombradas encargadas de despacho

Resulta evidente que, tratándose del nombramiento de personas que se encarguen temporalmente de los respectivos despachos, se debe cumplir con los mismos requisitos, por haberse considerado por el legislador, necesarios para el desempeño de la función, de ahí que no podrían imponerse requisitos menores, pero tampoco exigirse condiciones mayores, ya que ello implicaría exceder los límites establecidos por el legislador.

Por lo tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó dejar sin efectos las consideraciones y conclusiones normativas atinentes a los siguientes aspectos:

-El establecimiento de un plazo de treinta días para que la Presidenta del Consejo General presente las propuestas para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, así como las direcciones ejecutivas y unidades técnicas que no cuentan con un titular designado.

-La previsión del plazo de doce meses como límite temporal que podrá permanecer el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, y los encargados de despacho de las Direcciones Ejecutivas y de las unidades técnicas vacantes.

-El requisito para poder ser encargado de despacho de las Direcciones Ejecutivas o unidades técnicas, de formar parte de la estructura de la encargaduría respectiva, ocupar un cargo inmediato inferior al del titular del área y ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional o la persona de Mayor antigüedad.

-La limitante de que las personas que sean rechazadas por el Consejo General para ser designadas como titulares, puedan ser nombradas encargadas de despacho.

Se dejan subsistentes y se declara la aplicabilidad y validez jurídica de las consideraciones y conclusiones relativas a los siguientes aspectos:

-Corresponde a la persona que ocupa la presidencia del Consejo General proponer al Consejo que preside, a la persona que habrá de ocupar la Secretaría Ejecutiva, quien deberá cumplir con los requisitos previstos en la Ley.

-Es facultad de la persona que ocupa la Presidencia del Consejo General proponer al Consejo el nombramiento de las y los Directores Ejecutivos y los Titulares de Unidad, de conformidad con la normativa aplicable;

-Mientras el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no apruebe a la persona que habrá de desempeñarse como titular de la Secretaría Ejecutiva de ese órgano, corresponde a la Consejera o Consejero Presidente realizar la designación de la encargada o encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, de entre las personas que ejerzan las funciones de las Direcciones Ejecutivas, por lo que aquellas personas que al momento en que se emite la presente ejecutoria, tengan la calidad de encargadas de despacho de las Direcciones Ejecutivas, podrán ser consideradas para el desempeño de las funciones de referencia, sin que pueda imponerse límite temporal alguno para realizar la propuesta, ni tampoco para el ejercicio de las funciones.

-Corresponde a la persona que ocupe la presidencia del Consejo General designar a los encargados de despacho de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas vacantes, sin más condición que el cumplimiento de los requisitos previstos en el marco jurídico aplicable, y sin la imposición de límite temporal alguno.

Al respecto, las personas que actualmente actúan como encargados de despacho de las direcciones y unidades técnicas, así como aquellas que se designen por la presidencia, podrán seguir en el ejercicio de las funciones hasta la conclusión del proceso electoral.

Todo lo anterior, sin menoscabo de que en cualquier momento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pueda acordar las designaciones correspondientes cumpliendo con el procedimiento y requisitos señalados en la Ley.

Por lo que se propone con la presente iniciativa adicionar un párrafo segundo al inciso e) del numeral 1 del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso e) del numeral 1 del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al inciso e) del numeral 1 del artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 45.

1. Corresponden al Presidente del Consejo General las atribuciones siguientes:

a) a d). ...

e) Proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto;

En caso de que no existan las condiciones necesarias para que el Consejo General apruebe a los titulares que ocuparán el cargo de la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas, la o el Consejero Presidente designará a la encargada o encargado de despacho a la persona que reúnan los requisitos de ley, hasta en tanto, no existan los acuerdos para la designación definitiva previsto en esta Ley.

f) a p). ...

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3 Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

4 Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.

5 Recurso de Apelación SUP-RAP-388/2023 y acumulados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

SE DECLARA EL 7 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LA CERVEZA

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 7 de agosto de cada año “Día Nacional de la Cerveza”, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Francisco Favela Peñuñuri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral I, fracción I, 77, numeral I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 7 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Cerveza, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La cerveza es una bebida alcohólica fermentada a partir de agua, malta, lúpulo y cebada; se considera una de las bebidas más consumidas en el mundo al ser uno de los elixires más antiguos.

Con base en un artículo desarrollado por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston acerca de la historia de la cerveza, la primera evidencia que se tiene del origen de esta bebida data de 13 mil años atrás, en una cueva de Israel localizada en lo que hoy se conoce como Haifa, en ella se encontraron agujeros en el piso que contenían restos de semillas y cereales blancos deformados por la fermentación, en consecuencia se demostró que el uso de las semillas servía para crear bebidas alcohólicas en la antigüedad.

Del mismo modo, hay quienes atribuyen su origen a Mesopotamia y Egipto. Según un mito sumerio, Ninkasi es uno de los ocho dioses que crea la diosa Ninhursag para sanar al dios Enki. El mito cuenta que Ninkasi, “Señora que llena la boca”, diosa de la elaboración de la cerveza o del alcohol, sería la diosa que prepararía la bebida cada día para saciar el corazón. Con base en ello los sumerios, en 1800 AC, escribieron el Himno a Ninkasi, el cual contiene detalladamente una receta para elaborar cerveza.

Mientras que, en el caso de Egipto, la cerveza era un producto indispensable en su dieta, era consumida por personas de cualquier edad y clase social por alimentación, medicina o ritos religiosos, para su elaboración utilizaban espelta en lugar de cebada y se endulzaba con dátiles, higos y miel, se dice que perfeccionaron la receta original al añadir malta y atribuyeron el invento al dios Osiris.

En Bélgica, la cerveza se remota a la época de las Cruzadas en el siglo XII; en los monasterios ocupados por los monjes que huían de la Revolución Francesa se han encontrado datos que los monjes fueron los primeros en añadir lúpulo a la bebida y comenzaron a elaborar diferentes tipos de cerveza con diferentes graduaciones, así mismo el lúpulo fue descubierto por el maestro cervecero Gambrinus para darle propiedades aromáticas y así mejorar el sabor de la cerveza en el paladar.

Ahora bien, no fue sino hasta 1544 que la cerveza elaborada a partir de la cebada llegó a México, cuando Alfonso Herrera, miembro de la expedición de Hernán Cortés, le solicitó al emperador Carlos V un permiso para producir cerveza.

Su cervecería la abriría en las faldas de los volcanes en la hacienda El Portal, hoy el municipio de Amecameca, en el estado de México, con el objetivo de aprovechar el agua del deshielo, sin embargo, el tiempo que permaneció fue alrededor de cuatro o cinco años ya que no existían las condiciones para trabajar y los costos eran muy elevados, dando como resultado una producción mínima; así que optaron por importarla en barcos.

Con el paso de los años, se establecieron varias cerveceras en el país, pero no prosperaban porque debían importar el lúpulo y la cebada: esto llevó a México a la necesidad de cultivar cebada, fue a finales del siglo XVIII que las cervecerías empezaron a hacerse más populares en México.

A mediados del siglo XIX la demanda de la cerveza aumentó por la inmigración de alemanes y suizos, dando origen a importantes cervecerías como la Cervecería de Toluca y México, la Cervecería la Cruz Blanca y el Hospicio de los Pobres.

No obstante, la mayor prosperidad de la cerveza fue durante el Porfiriato, cuando inversionistas extranjeros introdujeron al país tecnología para la producción de cerveza. Aproximadamente para el año 1904 la cerveza mexicana ya era considerada entre las mejores del mundo.

En 1890 se creó en Monterrey la Cervecería Cuauhtémoc, primera cervecería industrial a gran escala del país, cuatro años más tarde surgió la cervecería Moctezuma y en 1900 la Pacífico en Mazatlán.

Por otra parte, con la llegada de la Revolución Mexicana, la industria cervecera dejo de crecer y no remontó hasta los años 20s, cuando empezaron a surgir empresas cerveceras grandes como Grupo Modelo en 1925. En 1943 se creó la cervecería Tecate, que en 1954 lanzó al mercado la primera cerveza mexicana en lata.

Sin duda la cerveza en nuestro país ha estado presente desde épocas virreinales y desde entonces ha formado parte de los pilares de la cultura mexicana, su evolución fue un camino largo y con varios contratiempos, sin embargo, el éxito de la industria es innegable, durante más de 130 años México ha producido cerveza con insumos y manos locales. Su sabor y calidad son reconocidos a nivel internacional; gracias a sus altos estándares de producción se ha consolidado como una bebida nacional derivado de sus años de historia y tradición.

Hoy en día nuestro país ocupa el cuarto lugar en producción de cerveza a nivel mundial y es el primer exportador a nivel mundial, de acuerdo con un reporte de la Compañía Constellation Brands la participación de la cerveza mexicana representa por si sola el 30 por ciento del mercado mundial de exportación; más del doble que alguna otra nación. Su producción genera una derrama económica directa que representa 456 mil millones de pesos, es decir el 1.6 por ciento de producto interno bruto nacional.

Por su parte, la Asociación Cerveceros de México detalló que la industria cervecera genera 715 mil empleos que van desde agricultores que trabajan en los campos de cebada, pasando por las plantas de producción y manufactura de cerveza hasta la venta del producto.

Para elaborar el producto estados como Baja California, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas están involucrados en el 99.6 por ciento de la producción de cebada para la industria. De hecho, es el quinto cereal más cultivado en todo el mundo y México cultiva 336 mil hectáreas de este cereal.

De igual modo, entidades como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León producen un volumen importante de cerveza artesanal, este producto ha sido un éxito no solo por la presencia de emprendimientos sino también por la realización de diversos eventos y festivales para promover las creaciones de los cerveceros locales. Según datos de Asociación Cervecera Mexicana (Acermex), a la fecha hay 635 fábricas de cerveza artesanal, que dan empleo a 2 mil 880 personas.

La cerveza, al ser una bebida alcohólica con un contenido de alcohol bajo o sin alcohol, es una gran propuesta para acompañar y maridar platillos o simplemente para disfrutar una tarde familiar. De acuerdo con diversos estudios en pocas cantidades contiene nutrientes como proteínas, carbohidratos, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, vitamina B6, y B12. Consumirla moderadamente tiene beneficios como disminuir el riesgo de diabetes, ayuda a la digestión, protege de ataques del corazón, reduce el riesgo de cálculos renales, funciona como diurético, ayuda a mejorar los síntomas de la menopausia, evita el envejecimiento, fortalece los huesos, entre otros.

En virtud de lo anteriormente expuesto resulta relevante honrar en un solo día a los maestros cerveceros y celebrar a las cervezas mexicanas por la gran variedad de sabores, olores y texturas de esta bebida que conserva sus orígenes y esencia a lo largo de su elaboración, es un símbolo de identidad que refleja el trabajo arduo y la dedicación de miles de personas involucradas para obtener una cerveza.

Asimismo, la cerveza y la gastronomía mexicana hoy en día se encuentran estrechamente ligadas para crear una combinación exquisita de sabores y olores que cautivan a nuestros sentidos. La versatilidad de la cerveza permite maridar desde un exótico mole hasta la frescura de los mariscos o la dulzura del chocolate o el café permitiendo el enriquecimiento culinario mexicano.

Es preciso mencionar que Cerveceros de México ha promovido el consumo moderado de alcohol y el no consumo en menores de edad. Dicha labor ha contribuido para que podamos de cierto modo disfrutar del sabor y olor de la cerveza responsablemente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de:

Decreto por el que se declara el día 7 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Cerveza

Único. El Congreso de la Unión declara el día 7 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Cerveza.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.boston.unam.mx/post/la-historia-de-la-cerveza-1

2 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/cerveza-bebida-mas-popular-antiguo -egipto_15389

3 https://beerlab.com.mx/2020/05/08/la-historia-de-la-cerveza-en-mexico/

4 https://revistafortuna.com.mx/2022/08/24/la-cerveza-aporta-1-5-del-pib-de-mexic o/

5 https://cervecerosdemexico.com/estadisticas/#indicadores

6 https://www.forbes.com.mx/cerveza-artesanal-mexicana-con-todo-para-crecer/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE DECLARA EL 8 DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LOS APACHES EN MÉXICO

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 8 de febrero de cada año “Día Nacional de los Apaches en México”, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena y diversas diputadas y diputados, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada federal en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 8 de febrero de cada año como “Día Nacional de los Apaches en México”, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo segundo, que: “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

En tal virtud deben formar parte de la nación mexicana todos aquellos pueblos cuyos ancestros actualizan el supuesto que desciendan de las poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización.

En estricto sentido la colonización del territorio de lo que ahora es la República Mexicana inicio con la llegada de los españoles a lo que actualmente es la ciudad y puerto de Veracruz, en abril de 1519, y que continuó con la conquista de todos los pueblos originarios que habitaban en lo que hoy es el territorio nacional.

Los apaches habitaron los territorios de los estados de Arizona y Texas, mismos que ahora son parte del territorio de los Estados Unidos de América, en donde hay descendientes de estos pueblos.

Pero también los hay en el territorio nacional en los estados de Sonora, Durango, Coahuila y Chihuahua.

Desafortunadamente, el número de los habitantes de este pueblo originario ha disminuido de manera notoria pero hay que destacar que ellos son tan mexicanos como cualquier otro ciudadano conservan su lengua materna y sus costumbres ancestrales, como lo hacen muchos habitantes de las zonas maya, olmeca, tolteca, nahua, tarasca, huichola, zapoteca, como muchos otras, por ello, nosotros, quienes integramos las Cámaras del Congreso de la Unión debemos apoyar su justa demanda para que el 8 de febrero de cada año, a través de un decreto del Congreso de la Unión, sea declarado el día 8 de febrero de cada año como “Día Nacional de los Apaches en México”.

La historia y México estamos en deuda con los apaches de nuestro país, ya que han estado olvidados en los libros de historia y en todos los espacios culturales, como ciudadanos mexicanos tenemos el compromiso moral de apoyar esta tribu, comunidad y/o pueblo y a sus integrantes.

Compañeras y compañeros legisladores por las consideraciones antes expuestas someto a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por la cual se declara el día 8 de febrero de cada año como “Día Nacional de los Apaches en México”

Artículo Único. El Congreso de la Unión declara: “ Se declara el día 8 de febrero de cada año como Día Nacional de los Apaches en México”

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero del 2024.– Diputadas y diputados: Ana Laura Bernal Camarena, Alfredo Porras Domínguez, Elizabeth Pérez Valdez, Esther Martínez Romano, Irma Juan Carlos, Irma Yordana Garay Loredo, Jesús Fernando García Hernández, Jesús Roberto Briano Borunda, Judith Celina Tanori Córdova, Lidia García Anaya, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Marcela Guerra Castillo, María Isabel Alfaro Morales, Martha Robles Ortíz, Yolis Jiménez Ramírez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO AL INE, A EXTENDER LOS PLAZOS PARA QUE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR PUEDAN SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN ELECTORAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE a extender los plazos para que los mexicanos en el exterior puedan solicitar su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero y puedan ejercer su derecho político de votar, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) a extender los plazos para que los mexicanos en el exterior puedan solicitar su inscripción en el Padrón Electoral y en el Listado Nominal de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero y puedan ejercer su derecho político de votar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.- El proceso electoral 2023-2024 será el más grande de la historia de México, pues “... se instalarán 170 mil casillas en todo el país y se imprimirán 500 millones de boletas electorales para atender a un padrón de 98 millones de mexicanos en condiciones de votar (...) serán capacitados más de un millón y medio de ciudadanos para que intervengan de manera directa en la organización de las votaciones.” (Pérez R. , 2023)

Segundo.- Por otro lado, habrá casi 40 mil cargos en disputa, “... sumando todas las posiciones en disputa tenemos que son 39,640 candidaturas, de las cuales son 19,820 candidatas y 19,820 candidatos. Paridad, bloques de competitividad (definición de distritos con alta, mediana y baja votación por partido), acciones afirmativas (mujeres, personas indígenas, jóvenes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTIQ+ y personas afroamericanas), definición de listas plurinominales... serán las aristas que harán crujir a todos los partidos políticos.” (Pérez J. R., 2023)

Tercero.- El mes de junio de 2024, casi 100 millones de mexicanos tendremos cita con la democracia en la que elegirán a representantes federales y locales, “... el INE considera un estimado de 98 millones de ciudadanos que estarían acreditados para votar en dichas elecciones que implicarán un enorme esfuerzo institucional para que toda esta población tenga la oportunidad de sufragar en una de las más de 170 mil casillas que se instalarán, con seguridad, certeza, transparencia, igualdad y en secrecía.” (Pérez R. , 2023)

Cuarto.- En este contexto, los mexicanos en el exterior no pueden quedar relegados y se les debe apoyar para otorgarles las facilidades necesarias que les permitan ejercer ese derecho político.

Quinto.- Casi millón y medio de mexicanos en el exterior cuentan con su credencial de elector y en potencia, tienen la posibilidad de acudir a las urnas. (INE, s.f.)

Sexto.- Sin embargo, el INE ha establecido como fecha fatal el 20 de febrero de 2024 para que todo aquel mexicano en el exterior pueda registrar su solicitud de inscripción en la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero y votar en alguna de las dos modalidades de votación, que es electrónica, postal o presencial (IECDMX, 2023) y esa misma fecha para que puedan iniciar el trámite de su credencial de elector. (INE, s.f.)

Séptimo.- Por otro lado, si un mexicano no se registró o la INE llegó más tarde de lo esperado, los mexicanos podrán votar en cada una de las 23 sedes consulares en una casilla especial, mismas que tendrán únicamente 1,000 boletas, (INE, s.f.) número que resulta insuficiente en lugares como Chicago o Los Ángeles.

Octavo.- Bajo esta tesitura es que se propone el presente punto de acuerdo, con el fin de exhortar al INE a remitir, en las ciudades con un mayor número de mexicanos, más boletas, es decir, que pondere y tome se apegue a un principio de proporcionalidad y en los lugares del exterior, principalmente de Estados Unidos, abastezca de más boletas las casillas con mayor concentración de nacionales.

Dicha modificación sí puede ser realizada por el INE, pues el artículo 329 numeral 2 de la LGIPE establece:

2. El ejercicio del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso, por vía electrónica, de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto

Noveno.- Aunado a lo anterior, se deben incrementar los plazos para que los mexicanos en el exterior puedan solicitar su inscripción en el padrón electoral de los ciudadanos residentes en el extranjero, esto debido a los obstáculos que representa vivir lejos de nuestro país.

En suma, se trata de facilitar el libre ejercicio del voto de los mexicanos en el exterior, lo cual está contemplado en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2023-2024 y sus anexos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de la presente anualidad, y en el artículo 133 numeral 3, los cuales señalan:

3. Es obligación del Instituto y de los Organismos Públicos Locales brindar las facilidades necesarias a los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, para realizar los trámites que les permitan formar parte del Padrón Electoral y de la lista de electores, para las elecciones correspondientes, desde el extranjero.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) a extender los plazos para que los mexicanos en el exterior puedan solicitar su inscripción en el Padrón Electoral y en el Listado Nominal de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero y puedan ejercer su derecho político de votar.

Bibliografía

- IECDMX. (01 de septiembre de 2023). Inicia periodo de registro a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero y votar en las elecciones de la Ciudad de México. Obtenido de IECDM:

https://www.iecm.mx/noticias/inicia-periodo-de-registro-a-la-lis ta-nominal-del-electorado-en-el-extranjero-y-votar-en-las-elecciones-de-la-ciud ad-de-mexico/

- INE. (s.f.). El límite de registro para votar desde el extranjero es el 20 de febrero: Arturo Castillo con Juan Carlos Razo. Obtenido de Cental Electoral:

https://centralelectoral.ine.mx/2023/10/23/el-limite-de-registro -para-votar-desde-el-extranjero-es-el-20-de-febrero-arturo-castillo-con-juan-ca rlos-razo/

- INE. (s.f.). Un millón 482 mil 447 mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero pueden votar ya en el PEF 2024: Zavala Pérez. Obtenido de Central Electoral:

https://centralelectoral.ine.mx/2023/11/28/un-millon-482-mil-447 -mexicanas-y-mexicanos-residentes-en-el-extranjero-pueden-votar-ya-en-el-pef-20 24-zavala-perez/

- Pérez, J. R. (23 de julio de 2023). Elecciones 2024: esto quebrará a Morena, PAN, PRI, PRD.... Obtenido de La silla rota:

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2023/7/23/elecciones-20 24-esto-quebrara-morena-pan-pri-prd-439356.html

- Pérez, R. (07 de septiembre de 2023). Inicia proceso electoral 2024; en disputa 20 mil puestos de elección. Obtenido de La Prensa:

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/inicia-proceso-electoral- 2024-en-disputa-20-mil-puestos-de-eleccion-10658467.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES Y A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, A ATENDER Y RESOLVER EL ASUNTO RELACIONADO CON LA INMOBILIARIA GP S. A. DE C. V., Y EL DESARROLLO INMOBILIARIO LLAMADO VENTANAS COYOACÁN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades y a la alcaldía de Coyoacán a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP, S.A. de C.V., y el Desarrollo Inmobiliario Ventanas Coyoacán, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi); Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex); Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema); Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi); al Instituto de Verificación Administrativa (Invea); a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot); a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Alcaldía de Coyoacán, atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- En 2013, con el inicio de la mega obra denominada Ventanas Coyoacán, a cargo de la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., a partir de cuyo inicio, se ha deteriorado significativamente la calidad de vida de los habitantes de Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, debido al incumplimiento de los lineamientos regulatorios por parte de la mencionada constructora.

2.- Desde el periodo 2014-2018 se realizaron, de manera reiterada, por parte de los vecinos de Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa (Vevsuc), peticiones para que la Alcaldía Coyoacán y/o INVEA, practicara una Visita de Verificación Administrativa al inmueble, e informaran acerca del cumplimiento regulatorio por parte de la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., sin haber recibido respuesta a la fecha, asimismo se solicitó a SACMEX, que atendiera la disminución paulatina y progresiva en el suministro de agua potable a nuestra colonia, desde el inicio de la construcción del inmueble (2013), hasta la ilegal ocupación del mismo, habiendo llegado al tandeo, el cual, continúa hasta el día de hoy.

3.- Desde el año 2020 a la fecha, se han realizado diversas mesas de trabajo con autoridades involucradas, tales como SEDUVI, SACMEX, SEDEMA, SEMOVI, INVEA, la Alcaldía de Coyoacán y el Gobierno de la Ciudad de México, con la mediación de Concertación Política del Gobierno de la CDMX, dada la falta de respuesta y soluciones, a cargo de las instancias involucradas, sin tener respuesta o solución a la fecha; la próxima reunión ha sido programada para el 8 de febrero de 2024.

4.- Dada nuestra insistencia y a reiteradas solicitudes de apoyo a la entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo (2019, 2020, 2022), se solicitó en repetidas ocasiones a los titulares de la Alcaldía Coyoacán, en su momento (Miguel Negrete Arias y José Giovani Gutiérrez Aguilar), que realizaran a través de sus áreas operativas, una visita de verificación administrativa al inmueble referido, e informaran a los vecinos al respecto, sin tener una respuesta a la fecha, alegando la Alcaldía tener una autonomía en su gestión.

5.- El día 9 de noviembre de 2021, y derivado de consulta directa autorizada por SEDUVI, del expediente documental (SEDEMA/DGRA/003200/2013, Expediente: DEIA-MG-1498/2012), se pudo constatar, que la empresa Perforaciones de Pozos Hernández Cervantes S.A. de C.V., realizó el Estudio de Caracterización del sitio, el 24 de octubre de 2012, en el suelo del predio en que actualmente se ubica el conjunto Ventanas Coyoacán, en el que, para el caso de metales pesados y en particular para el vanadio, se reportó para un punto (PCM1), que tres muestras rebasaron el límite máximo permisible, establecido por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, con concentraciones de 102.4 mg/kg, 107.6 mg/kg y 137.6 mg/kg, siendo que el límite establecido por dicha norma es de 78 mg/kg, dada su toxicidad, por lo cual -de acuerdo a la normatividad ambiental vigente-, debió demostrarse que se realizó la remediación del suelo y -en su caso-, del manto freático, para obtener la liberación del sitio, por parte de la SEMARNAT (DGGIMAR).

6.- De manera inexplicable, la Alcaldía de Coyoacán no ha proporcionado información a los VEVSUC, acerca de la clausura impuesta a Ventanas Coyoacán, el 18 de noviembre de 2021, ni de la sustanciación y el levantamiento de la misma, habiéndoles sido negado reiteradamente, por Ventanas Coyoacán, el acceso a su instalación, para el cumplimiento de su cometido; no obstante, fueron retirados los sellos de clausura, sin dar explicación alguna a los Vecinos y sin mediar medida correctiva perceptible.

7.- El día 26 de mayo de 2022, el laboratorio Intertek-ABC Analitic, acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), por encargo de la empresa Fuerza y Presión Hidráulica S.A. de C.V., contratista de SACMEX, realizó el muestreo y análisis del agua proveniente del pozo de Ventanas Coyoacán, bajo sospecha de estar contaminado con Vanadio, dado que se había constatado por la SEDEMA, la existencia de dicha contaminación, en el suelo del predio industrial en que se ubicaba la empresa Chaparritas El Naranjo, sin evidencia hasta ahora, de que haya sido remediado, de conformidad con lo que se establece en la normatividad ambiental vigente y en la Resolución Administrativa de la Manifestación de Impacto Ambiental, emitida por la SEDEMA, el 27 de agosto de 2013 (SEDEMA/DGRA/003200/2013, Expediente: DEIA-MG-1498/2012), el cual fue consultado y revisado por los VEVSUC y con la posible inexistencia de la documentación probatoria de la liberación del sitio contaminado, emitido por la SEMARNAT.

8.- Se colocaron nuevamente los sellos de clausura a la instalación en comento, por parte de la Alcaldía de Coyoacán en octubre del 2022 y posteriormente fueron retirados; nuevamente, sin brindar a los vecinos, ninguna explicación, sobre medida correctiva alguna, para el inmueble.

9.- El día 16 de junio de 2022, el laboratorio Intertek-ABC Analitic dio a conocer los resultados de su análisis, en el cual se establece que existe presencia de Vanadio en el agua “potable”, colectada del pozo, en una concentración de 0.0109 mg/l (ppm), la cual es 10 veces mayor a la referencia internacional utilizada por SACMEX (10-3 mg/l), como límite máximo permisible, de acuerdo a lo comunicado a los VEVSUC, por el personal técnico de SACMEX, a cargo.

10.- En diciembre de 2022 se acordó con SACMEX, que la ruta de intervención a seguir, para resolver el problema del riesgo a la salud, por presunta contaminación con Vanadio, sería la cancelación del pozo contaminado, comprometiéndose a no conectar dicho pozo, bajo ninguna circunstancia, a la red de agua potable de nuestra colonia, así como a la perforación de un pozo de agua libre de contaminación que se conectará a nuestra red de agua potable, para compensar la disminución en el suministro, lo cual, se haría público en junta vecinal en nuestra colonia, así como en redes sociales, medios de comunicación, y que se formalizará por escrito, a través de un programa de intervención, para dar cumplimiento a las condicionantes y medidas de integración urbana impuestas a la Inmobiliaria GP S.A. de C.V. (Dictamen del Estudio de Impacto Urbano, de fecha 29 de noviembre de 2012, SEDUVI/101/4070/2012; DGAU.12/ DEIU/047/2012), vigilando su correcta ejecución, compensación y/o sanción, según sea el caso.

11.- En junio de 2023 se reiteró al Alcalde de Coyoacán, solicitud de respuesta por escrito y que se RESUELVA -en el ámbito de su competencia-, en lo referente a la problemática del caso Ventanas Coyoacán, sin tener a la fecha, respuesta alguna, después de casi 10 años de gestión infructuosa.

12.- En julio de 2023, se realizó la exposición más reciente por los vecinos de Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, de la problemática del caso Ventanas Coyoacán, a cargo de la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., ante el representante del Secretario de SEDUVI, sin obtener respuesta hasta el día de hoy.

13.- El 8 de agosto de 2023, vecinos de Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, hicimos del conocimiento de la Titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores González, la problemática de la contaminación por Vanadio, en el predio en el que se ubicó la Fábrica Chaparritas el Naranjo, en el cual se asienta actualmente el conjunto residencial denominado Ventanas Coyoacán, haciéndole hincapié, en la gravedad del caso y en las presuntas graves omisiones en el saneamiento del sitio y de la contaminación encontrada en el pozo, avalada por los resultados del laboratorio acreditado ante la EMA, ya descrito.

14.- El día 11 de diciembre de 2023 la PAOT emitió una resolución administrativa relacionada al Expediente: PAOT-2022-3402-SOT-910, del caso Ventanas Coyoacán.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (Paot) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Séptimo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Octavo. La Cámara de Diputados exhorta a la Alcaldía de Coyoacán a atender y resolver el asunto relacionado con la Inmobiliaria GP S.A. de C.V., y el desarrollo inmobiliario llamado Ventanas Coyoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

RELATIVO A LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍABENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de la CdMx, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Bárcenas, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La corrupción heredada de los anteriores gobiernos era el principal problema de la vida pública del país. A su amparo se realizaron grandes negocios y se amasaron enormes fortunas, de los que se beneficiaron altos funcionarios públicos. Con las privatizaciones fraudulentas de empresas paraestatales y sectores de la economía, la condonación de impuestos a contribuyentes acaudalados, el uso patrimonial de los recursos del Estado, la manipulación del presupuesto de egresos y los “moches”, la corrupción sistémica inundó todos los órdenes de gobierno.

La Cuarta Transformación se fijó como propósito erradicar esta lacra y dignificar la función pública. Por este proyecto de cambios profundos votaron millones de mexicanas y mexicanos en la elección federal de 2018 y en las elecciones locales que desde esa fecha se han realizado. El avance de los cambios no se ha detenido.

En el caso de la Ciudad de México, en palabras de la doctora Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno, hace casi seis años pasamos de la corrupción a la honestidad, de los privilegios a los derechos, de la frivolidad al mandar obedeciendo, de la entrega de la ciudad a los intereses de unos cuantos al rescate de la ciudad para el interés de las mayorías, de la exclusión a la inclusión, de la discriminación a la igualdad, de la represión a la libertad. El neoliberalismo y la corrupción de las cúpulas quedó atrás. En estos años se ahorraron cerca de 100 mil millones de pesos gracias a la eliminación de los privilegios de los altos funcionarios y a que se ha erradicado la corrupción de las altas esferas de poder. Recursos que han sido destinados, prioritariamente, a programas sociales para los capitalinos.

Parte de esa corrupción se encontraba en el sector inmobiliario de la Ciudad de México.

Segunda. Como lo hemos expuesto a lo largo de la LXV Legislatura, el crecimiento del sector inmobiliario en la Ciudad de México ha presentado un especial dinamismo en la última década, sin embargo, ha contado con un enorme componente de corrupción e irregularidades, especialmente en el periodo comprendido entre 2012 - 2021 concentrándose primordialmente en alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Con la finalidad de incentivar la construcción de viviendas de interés social, sustentables y que garantizara el rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, el 10 de agosto de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable”, de interés social y popular”, también conocida como la “Norma 26”.

La Norma 26, otorgaba facilidades administrativas e incentivos a los constructores de vivienda cuyo precio final de venta se encontrara entre 20 hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (VSMA). El principal estímulo que recibían las empresas constructoras era la posibilidad de agregar un mayor número de viviendas y niveles en sus desarrollos.

Pese a que el objetivo de la Norma 26 era la creación de vivienda popular destinada a la población con menores ingresos de la Ciudad, el ordenamiento jurídico fue objeto de abuso por parte de múltiples constructores quienes bajo el amparo de aquella, en colusión con autoridades, construyeron departamentos con precios muy por encima de lo permitido.

Las múltiples violaciones a la legislación y los reglamentos en materia de construcciones dentro de la demarcación Benito Juárez fueron objeto de diversos señalamientos de corrupción a cargo de funcionarios públicos, denunciados por vecinos y distintos trabajos periodísticos, entre otros, por el abuso en el uso de la Norma 26.

En febrero de 2014, durante la gestión del entonces Jefe Delegacional en Benito Juárez, el panista, Jorge Romero Herrera, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), emitió la recomendación 02/2014 en contra de la demarcación por violaciones en materia de construcción en distintos inmuebles ubicados dentro de sus límites territoriales. El ex edil, y actual coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, ha sido señalado por otras irregularidades para beneficio propio que más adelante recogeremos.

Tercera. En un hecho conocido, la tarde del 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 7.1 fue registrado en la Ciudad de México. Fenómeno que de acuerdo con información oficial proporcionada por el Gobierno de México, provocó la muerte de 228 personas solo en la Ciudad de México, destacando de forma lamentable como las demarcaciones con mayor número de víctimas mortales las alcaldías Cuauhtémoc con 102 y Benito Juárez con 43 decesos, es decir 44.7% y 18.9% respectivamente.

El sismo provocó el colapso de 44 inmuebles de los cuales, nuevamente, la demarcación con mayor número de derrumbes fue Benito Juárez con 14. Cifra que sumada a los edificios que no cayeron, pero que fueron desalojados ante el riesgo en sus estructuras sumaron 35, de los cuales, 17 fueron construidos dentro de los previos 10 años al sismo, es decir 1 de cada 4 inmuebles fue construido con el aval y la supervisión de las autoridades de la delegacionales entre 2007 y 2017.

A mayor abundamiento, a continuación, se enlista el nombre de los titulares de la demarcación Benito Juárez a lo largo de los últimos 18 años.

Cuarta. El 30 de julio de 2022, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a través de una conferencia de prensa, informó a la opinión pública diversas acciones emprendidas por ese órgano ministerial en relación al denominado “Cartel Inmobiliario”, quienes presuntamente, bajo el amparo de cargos públicos crearon una red de otorgamiento de permisos y colusiones fuera de la ley para la construcción de departamentos.

Entre otras acciones, la Policía de Investigación llevó a cabo la detención, en cumplimiento de una orden de aprehensión, de Luis Vizcaíno Carmona, quien entre 2009 y 2016 se desempeñó como Director General de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía, a través de su vocero, aceptó contar con indicios de que el señalado aprovechó su posición como alto funcionario de la Alcaldía Benito Juárez para llevar a cabo extorsiones y supuestos intercambios de favores en beneficio de constructoras, obteniendo así lucros económicos para sí mismo y para sus superiores jerárquicos, con los cuales se habría incrementado de forma considerable su patrimonio, no correspondiendo los montos a sus ingresos obtenidos como servidor público.

El 4 de agosto de 2022, un juez de control adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, decidió vincular a proceso a Luis Vizcaíno Carmona, por el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que la FGJCDMX aportó en la carpeta de investigación los elementos necesarios a la autoridad judicial, concediendo además la medida cautelar denominada “prisión preventiva justificada” en contra del imputado y concediendo un periodo de 3 meses para la realización de la investigación complementaria.

Quinta. Con relación a los señalamientos a los integrantes del denominado “Cartel Inmobiliario”, entre otros de Luis Vizcaíno Carmona, ex Director Jurídico y de Gobierno y Nicias René Aridjis Vázquez ex Director de Obras y Desarrollo Urbano de Gobierno, el 1o de agosto de 2022 Ulises Lara López, vocero de la FGJCDMX, dio a conocer la forma de operación del presunto grupo delictivo, el cual permitió a varios funcionarios de la demarcación Benito Juárez incrementar de manera significativa su patrimonio de forma injustificada.

Los hoy señalados de pertenecer a la presunta red de corrupción, de acuerdo con las investigaciones, se coludían o en algunos casos extorsionaban a empresarios inmobiliarios para otorgar licencias y permisos, facilidades en verificaciones, autorizar construir más pisos o viviendas de los permitidos por las normas, así como para utilizar influencias en los procesos de zonificación y modificaciones de usos de suelo, todo ello a cambio de recibir inmuebles o dinero.

Igualmente, de forma ilegal se permitió que fueran derrumbadas edificaciones con valor histórico, tal es el caso del edificio conocido como “La antigua Octava Delegación de Policía”, ubicado entre las calles de Obrero Mundial y Av. Cuauhtémoc, pese a que el INBA solicitó por lo menos en dos ocasiones la suspensión de la obra, toda vez que la construcción formaba parte de su catálogo, en enero de 2014 se demolió el inmueble. Posteriormente en ese terreno se construyó un estacionamiento de la plaza comercial “Parque Delta”.

El entonces vocero señaló que de 2017 a 2021, de manera posiblemente irregular se autorizaron más de 1,000 manifestaciones de construcción para obras nuevas en la Alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía. Se detalló que en agosto de 2021 se registró una explosión en un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva y el dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias René Aridjis.

De acuerdo con las investigaciones, Nicias René Aridjis, quien en 2011 había sido inhabilitado por la Contraloría capitalina por presunto enriquecimiento ilícito, posee un par de departamentos de ese inmueble, “mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, además de ser propietario de empresas del ramo constructor con desarrollos dentro del territorio de la demarcación, lo que aduciría un claro conflicto de interés”.

La autoridad ministerial, establece como hipótesis que el indiciado, ex Director de Obras y Desarrollo Urbano, “posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación” toda vez que entre sus facultades se encontraba garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción. Entre otros autorizó un inmueble ubicado en Av. Zapata y que resultó con dañados en el sismo de 2017, el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado.

La tarde del miércoles 20 de octubre de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció la detención de Nicias René Aridjis, por presuntamente estar relacionado con el “Cártel Inmobiliario” de Benito Juárez.

Sexta. De acuerdo con una investigación periodística dada a conocer en el noticiario “En Punto” conducido por Denisse Maerker, entre 2012 y 2018 Luis Vizcaíno Carmona, y Nicias René Aridjis Vázquez, funcionarios de las administraciones panistas encabezadas por Jorge Romero Herrera y Christian Von Roehrich, fundaron una docena de empresas constructoras y comercializadoras inmobiliarias, además adquirieron inmuebles cuyo monto se calcula en los 500 millones de pesos.

De igual forma se señala que en 2015 Nicias René Aridjis Vázquez y sus hermanos fundaron la empresa “Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A. de C.V. y tres años después transfirieron la sociedad a Sofia Soraya Von Roehrich De La Isla, hermana del ex Jefe Delegacional de Benito Juárez e implicada en la red de corrupción.

Séptima. El 29 de septiembre del 2022, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, expuso que entre las personas llamadas a declarar sobre el caso se encontraban familiares de primera línea de imputados, como cónyuges y hermanos, así como de exdelegados y diversos servidores y ex servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez, además de accionistas y desarrolladores inmobiliarios, cuyos vínculos posiblemente están encaminados a la comisión de delitos tipificados en el Código Penal para el Distrito Federal como enriquecimiento ilícito y ejercicio indebido del servicio público.

Detalló las 40 cuentas bancarias “en las que el personal ministerial de la Fiscalía de Ciudad de México pudo detectar un posible vínculo directo con las personas imputadas y sus empresas, la mayoría de ellas del sector bienes raíces.”

Octava. El 12 de septiembre de 2022, la en su momento Jefa de Gobierno instruyó instalar una mesa de registro y atención a posibles víctimas de corrupción en desarrollos inmobiliarios operada por el llamado “Cártel Inmobiliario”. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que se contabilizaron al menos 800 departamentos que fueron construidos en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México sin cumplir con la normatividad.

De acuerdo con la dependencia del gobierno capitalino, se estima que, entre el 2008 y el 2022, se construyeron 264 pisos excedentes en 130 edificios, derivados de actos ilegales entre desarrolladores y autoridades.

Algunos de los edificios identificados se ubican en Filadelfia 20 y 82, y Nueva York 214 en la colonia Nápoles; Adolfo Prieto 1038 y Tlacoquemecatl 430, en la colonia Del Valle Centro; así como, Ixcateopan 12, en Vértiz Narvarte; los cuales tienen viviendas y hasta tres pisos de más a lo que tenían permitido.

Estos inmuebles habitacionales representan una defraudación de más de 7,142 millones de pesos, según la investigación de Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

De acuerdo con fuentes oficiales de la Seduvi, el ”modus operandi” se desarrolla de la siguiente manera: esta Secretaría emite un Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo para cada proyecto de vivienda comercial en la Ciudad de México, en el que se establece el número de pisos permitidos.

Sin embargo, en trámites posteriores, las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez avalaban la irregularidad de pisos de más mediante la Manifestación de Construcción, el Aviso de Terminación de Obra, la Autorización de Uso y Ocupación, y la Regularización de Construcción.

Las autoridades detallaron que en el periodo del 2008 al 2011, se edificaron cinco inmuebles con 12 pisos excedentes; del 2012 al 2015, 27 edificios con 68 niveles de más; del 2016 al 2018, 58 edificios y 188 niveles extras; y del 2019 al 2022, 40 inmuebles y 66 pisos excedentes.

Juan L. Kaye López, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Urbanistas, remarcó que no hay que olvidar que los principales afectados de estos actos de corrupción inmobiliaria son los ciudadanos, ya que los edificios que no respetan la normatividad ponen en riesgo su seguridad y patrimonio.

Novena. El 3 de mayo de 2023, diversos medios de comunicación dieron a conocer que el suegro del diputado Jorge Romero Herrera estaba siendo investigado por haberse beneficiado de una operación del llamado Cártel Inmobiliario del PAN. A continuación, se reproduce íntegra una nota del diario Reforma:

La simulación financiera montada por el ex Alcalde de Benito Juárez, Christian von Roehrich, habría presuntamente beneficiado al suegro del también ex Delegado y actual coordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Romero.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) presentó ayer nuevos fragmentos de la declaración de un socio de la firma City Towers, identificado como “Dionisio”, quien aseguró que Von Roehrich le pidió vender al familiar político de Romero un departamento en el desarrollo Park Grand, de Xoco, en un precio por debajo de su valor real.

La petición habría ocurrido en 2020, cuando Von Roehrich ya se desempeñaba como diputado en el Congreso de la Ciudad, y se habría tratado del último acto irregular en el que le pidió participar.

El empresario accedió y vendió un departamento a Antonio “N” por 3 millones 995 mil pesos, pese a que el costo real era de 6 millones 100 mil pesos.

“El diputado ya, Christian (Von Roehrich) me llamó por teléfono para citarme en un edificio que también nosotros estamos desarrollando, el edificio se llama City Towers Park Grand.

“Y me informó que había una persona que quería comprar un departamento, el señor Antonio (...), quien era suegro del que era diputado en ese momento, Jorge Romero, a quien yo había conocido en diciembre de 2012”, testificó el empresario.

La semana pasada, la Fiscalía ya había adelantado la investigación que realiza sobre esta transacción inmobiliaria, sin embargo, ayer fue la primera vez que precisó los montos de la compra.

Romero había calificado esta versión como un montaje de la Fiscalía y había asegurado que buscaban implicarlo en el escándalo de corrupción inmobiliaria. En aquel momento dijo que su suegro compró el departamento a precio de avalúo, además de que accedió a un crédito e hipotecó su casa para adquirirlo.

“(Antonio) adquirió con el fruto de su trabajo y esfuerzo”, había señalado Romero horas después de las revelaciones de la FGJ.

“El teatro montado termina de derrumbarse, dado que el departamento de mis suegros ya está debida y formalmente escriturado y con todos los impuestos pagados”.

“Dionisio” también implicó al actual Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, en una operación de simulación, en la que la constructora de City Towers llevó a cabo obras de rehabilitación por el 19S, las cuales fueron facturadas y cobradas por empresas cercanas al panista.

Por esas mismas fechas, la prensa reprodujo las aseveraciones de Felipe Calderón, ex presidente de México, contra el diputado Jorge Romero Herrera, en su libro “Decisiones Difíciles”, aparecido en mayo de 2020. En el capítulo ‘Ustedes están haciendo trampa’, el exmandatario escribe:

“Madero supo entender esa dinámica perversa y hacerse beneficiario de ella. Pactó con casi todos los que controlaban el padrón electoral interno (‘cadeneros’), entre ellos,...Jorge Romero de la Ciudad de México (exdelegado en la Benito Juárez), famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Un amigo suyo, y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a ‘su grupo’ ganancias de 7 millones de pesos al mes.”

Las palabras sobran.

Décima. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió el 8 de diciembre del 2022, una orden de aprehensión contra el diputado y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público y asociación delictuosa; fue acusado de cometer actos de corrupción dentro del modus operandi del “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez durante su gestión como alcalde.

La detención de Von Roehrich se produjo el 20 de abril de 2023 en McAllen, Texas, cuando intentaba ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos. Con la detención del ex alcalde la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, cumple con su cometido de perseguir el delito. Corresponde al poder judicial definir si los delitos por los que se le acusa, son ciertos. Nosotros confiamos plenamente en el profesionalismo de la Fiscalía.

El 5 de julio de 2023, el entonces vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara, expuso en conferencia de prensa lo siguiente:

“En primer lugar, me referiré a las investigaciones sobre la posible red de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, luego de que nuestros ministerios públicos lograron que un ex jefe delegacional de esa demarcación e Ismael Isauro “N”, fueran vinculados a proceso por segunda ocasión, en este caso por su probable participación en el delito de ejercicio ilegal del servicio público.

Durante la continuación de audiencia, una vez que el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial formuló la imputación respectiva y aportó los datos de prueba con que cuenta, el impartidor de justicia les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó el plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

En seguimiento a posibles actos de corrupción en el sector bienes raíces en la alcaldía Benito Juárez, las indagatorias realizadas por la Fiscalía General de Justicia permitieron presentar ante el juez de control al ex jefe delegacional en la citada demarcación, y a Ismael Isauro “N”, quien ocupó varios cargos en dicha alcaldía.

Como se recordará, estas personas ya se encontraban vinculadas a proceso por la posible comisión de otro ilícito, y en días pasados detectives de la Policía de Investigación les cumplimentaron una nueva orden de aprehensión.

A dichos imputados, se les atribuye el posible otorgamiento de permisos ilegales de construcción, así como probables desalojos violentos; además, posiblemente tendrían relación con extorsiones a empresarios, a quienes les fueron solicitados sobornos en efectivo y/o departamentos.

Las indagatorias también permitieron localizar otros contratos irregulares de obras, los cuales podrían arrojar nuevos datos de prueba sobre las posibles actividades ilegales, cometidas por un ex jefe delegacional y otros servidores públicos de primer nivel en Benito Juárez.

En estos posibles actos fuera de la Ley, se encuentran relacionados otros ex servidores públicos, tal es el caso de Nicias “N” y otro más, a quienes fue posible identificar actividades financieras cuando ocuparon cargos públicos y que podrían acreditar el delito de enriquecimiento ilícito.

Día a día robustecemos las investigaciones con relación a posibles actos de corrupción en la alcaldía Benito Juárez con datos sólidos, así como pruebas científicas y contundentes, lo que ha permitido demostrar que no se trata de una persecución política sino de una indagatoria seria y profesional.”

Décima Primera. El 16 de enero de 2024, el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en suplencia, Dr. Ulises Lara López, presentó el testimonio de un empresario que confirma la red de corrupción imperante en la Alcaldía Benito Juárez durante las administraciones panistas.

Expone el funcionamiento del entramado de corrupción con el cual distintos ex servidores públicos de dicha alcaldía ofrecieron protección a las empresas constructoras para evitar contratiempos durante la construcción de inmuebles, la forma con la que operaron algunos funcionarios para solicitar dinero y el destino de esos recursos monetarios. A quien se le pidió 3 millones 250 mil pesos para concluir sus obras y obtener la autorización de uso y ocupación. Con ello, destapó una “red de protección para empresas constructoras”, operada por funcionarios de Benito Juárez.

El empresario, explicó a través de un video, que de esa cantidad entregó 200 mil pesos al ex director de Jurídico y Gobierno, Luis Vizcaíno, para apoyar la candidatura de Christian von Roehrich.

A inicios de 2017, recordó, recibió un contrato por parte de Vizcaíno, como constructor para desarrollar un edificio en la calle de Cordobanes, el cual, en su momento, le comentó que lo estaba haciendo en asociación con el entonces delegado en partes iguales, quedándose la hermana de éste con uno de los departamentos.

Comentó que, previo a la constitución de una empresa constructora con Vizcaíno y otros amigos, se adquirió un predio en la calle de Holbein, directamente a su nombre, dando un anticipo de tres y medio millones de pesos, y pagando una “protección” de un millón 800 mil pesos.

Mientras, en otros de sus proyectos ubicados en la calle de José María Rico pagó 850 mil pesos; en el de Pitágoras fueron 150 mil y en el de Patricio Sáenz 250 mil pesos.

El titular de la FGJCDMX dijo que es posible confirmar, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, que el modus operandi desde 2015, de esta red de ex servidores públicos de la Alcaldía Benito Juárez con decenas de construcciones en la demarcación fue recurrente, durante al menos tres administraciones, para solicitar apoyos económicos y en especie, a modo de protección para que los desarrollos inmobiliarios evitaran sanciones y multas.

Décima Segunda. Con el caso del llamado “Cártel Inmobiliario”, estamos frente a una trama de corrupción sin precedentes en la Ciudad de México, de enormes implicaciones para la política de combate a la corrupción y de dignificación de la vida pública del país.

La Cámara de Diputados no puede permanecer ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan en la capital, asiento de los poderes de la Unión, y está obligada a pronunciarse.

Es nuestro deber, como representantes populares, contribuir al combate a la corrupción de todas las entidades de la República, hasta erradicar un cáncer que daña e indigna a la sociedad. Estamos llamados a terminar con los vestigios del Estado corrupto que nos fue heredado.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, con pleno respeto a su autonomía constitucional, a continuar con su lucha implacable contra la corrupción y a fortalecer el Sistema Anticorrupción de dicha entidad, con objeto de mejorar la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a que continué haciendo públicas todas las acciones emprendidas para sancionar a los responsables de los hechos de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez.

Notas

1. Discurso de Claudia Sheinbaum Pardo al dejar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Monumento a la Revolución, 15 de junio de 2023,

https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/palabra s-de-la-jefa-de-gobierno-claudia-sheinbaum-pardo-durante-el-encuentro-ciudadano -en-el-monumento-la-revolucion#: ~: text=El%20d%C3%ADa%20de%20hoy%20es,encabece%20los%20destinos%20de%20la

2. https://paot.org.mx/centro/normas/df/pdf/2015/NGO_26_10_08_2010.pdf

3. https://www.reporteindigo.com/reporte/fantasmas-de-la-corrupcion-inmobiliaria-e n-benito-juarez/

4. https://paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/Recomedaciones_ 01_02_2014.pdf

5. https://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-20 17-en-mexico-

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492596/Bolet_n_ Septiembre_2019.pdf Pág. 23

7. https://paot.org.mx/micrositios/riesgo-sismico/edificios-colapsados-19s _2.html

8. https://gatopardo.com/reportajes/corrupcion-inmobiliaria-en-la-benito-juarez/

9. Santiago Taboada solicitó licencia a su cargo y el Congreso de la Ciudad de México se la autorizó el 21 de octubre de 2023. A la fecha es candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la Coalición PRI-PAN-PRD; en su lugar quedó como encargado del despacho Jaime Isael Mata Salas, Director General de Jurídico y de Gobierno.

10. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-721

11. Idem.

12. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cartel-inmobiliario-vinculan-proceso-l uis-vizcaino-exfuncionario-de-la-cdmx

13. https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/01/11/937724

14. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-727

15. Ídem

16. Ídem

17. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/20/exdirector-de-obras-ligado-al -cartel-inmobiliario-de-la-alcaldia-benito-juarez-abandono-el-reclusorio-norte/

18. https://www.youtube.com/watch?v=Zn3XuoJZgkM

19. https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/29/exdelegados-de-bj-han-sido-llamad os-a-declarar-por-caso-cartel-inmobiliario

20. Ídem

21. https://www.eleconomista.com.mx/econohabitat/Que-se-sabe-hasta-el-momento-del-C artel-Inmobiliario-de-la-Benito-Juarez-Fraudes-por-7142-millones-de-pesos-y-800 -departamentos-ilegales-20221205-0050.html

22. Reforma, 3 de mayo de 2023, https://www.reforma.com/.

23. Ver Calderón Felipe, Decisiones Difíciles, Debate, México, 2020, p.405.

24. https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/12/08/cartel-inmobiliario-fiscalia-de -cdmx-gira-orden-de-aprehension-vs-christian-von-roehrich/

25. https://fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2023-638.

26. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2024-051

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF, A PRIORIZAR LAS AUDITORÍAS EN CURSO AL INAI

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a priorizar las auditorías en curso al INAI, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Bárcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los ar-tículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) encomienda a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar la fiscalización de la Cuenta Pública, de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal. Para dicha fiscalización, la ASF realiza conforme su Programa Anual de Auditorías, las auditorías e investigaciones pertinentes, y a su vez, se encuentra facultada para realizar las modificaciones al Programa Anual de las auditorías que se requieran.

En el marco del Programa para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF ha efectuado dos modificaciones, siendo la más reciente la publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de noviembre de 2023, respaldada por la fracción I del artículo 17 de la LFRCF. Estas adaptaciones refuerzan el compromiso de la ASF de abordar de manera integral y eficiente la revisión de entidades gubernamentales.

Dentro de las segundas modificaciones al Programa Anual, se destacan auditorías destinadas a gobiernos de diversas Entidades Federativas, Municipios, Universidades, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este enfoque de fiscalización aborda una variedad de niveles y sectores gubernamentales, asegurando una revisión exhaustiva del manejo de los recursos públicos.

La inclusión del INAI en el Programa Anual refleja el interés de la ASF en evaluar el desempeño y la gestión de entidades clave para el buen funcionamiento del Estado mexicano. La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, y la fiscalización del INAI subraya la importancia de garantizar que este organismo cumpla con sus responsabilidades de manera efectiva y transparente.

Estas modificaciones al Programa Anual de Auditorías demuestran la flexibilidad y capacidad de adaptación de la ASF para abordar situaciones emergentes y prioridades cambiantes en la fiscalización gubernamental. La inclusión de diversas entidades y niveles gubernamentales también resalta la intención de la ASF de garantizar una revisión completa y equitativa del uso de los recursos públicos en todo el país. En última instancia, estas acciones refuerzan el compromiso de la ASF con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en México.

Segunda. En el marco de las modificaciones al Programa Anual de Auditorías, el primer apartado destaca la incorporación de 28 nuevas auditorías de Cumplimiento y Cumplimiento Forense, mientras que el segundo apartado señala las modificaciones de 6 auditorías de Cumplimiento Forense ya en proceso. Entre estas últimas, sobresale la auditoría de cumplimiento forense número 197, centrada en la “Gestión Financiera”, con el Instituto Nacional de Transparencia, como entidad fiscalizada.

Cabe precisar que además de dicha auditoría, se tiene en proceso el informe de la auditoría de desempeño con número 196, la cual se titula “Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”.

Aunque la noticia de la reanudación de la auditoría ha generado descontento en algunos sectores de la oposición, es crucial reconocer la importancia de esta acción. La auditoría forense al INAI es esencial para arrojar luz sobre las prácticas relacionadas con la administración de recursos públicos por parte de las y los Comisionados, y en general de todos los servidores públicos adscritos al Órgano Garante, abarcando un período significativo de al menos una década en el uso de recursos públicos, presuntamente, de manera desmedida y desproporcional a la encomienda de éstos.

Es comprensible que la reacción adversa de algunos sectores políticos haya generado un marcado ruido; sin embargo, esta respuesta no debe eclipsar la urgente necesidad de llevar a cabo una auditoría forense integral al INAI. Como Órgano Garante de la transparencia, el INAI debe rendir cuentas. Por lo tanto, cualquier indicio de mala gestión de los recursos públicos por parte de este organismo debe ser abordado de manera diligente y transparente.

La fiscalización de la gestión financiera del INAI es una medida necesaria en el marco de la política de austeridad republicana que nos inspira. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales, y la realización de auditorías forenses contribuye significativamente a este propósito. En este contexto, la ASF, como ente fiscalizador, desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y la promoción de una gestión responsable de los recursos públicos.

Adicionalmente, las y los ciudadanos tienen el derecho de conocer el destino de los recursos que confían al servicio público, especialmente cuando se trata de un organismo encargado de velar por la transparencia y el acceso a la información. En este contexto, la auditoría forense se convierte en una herramienta esencial para garantizar la integridad de las instituciones y mantener la confianza del público en las mismas.

Las críticas y la resistencia de ciertos sectores pueden interpretarse como un intento de obstruir la labor de fiscalización, pero es necesario recordar que el propósito de la auditoría no es solo señalar irregularidades, sino también identificar áreas de mejora y fortalecer los mecanismos de control interno.

Tercera. Una auditoría forense, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos especializados, constituye un instrumento esencial para la detección y verificación de actos irregulares, fraudes, responsabilidades graves de servidores públicos, además de casos de corrupción. Es fundamental destacar que el propósito central de la actividad auditora es identificar hechos que puedan ser clasificados como responsabilidades administrativas o delitos por las autoridades pertinentes. En el actual proceso de fiscalización de cuentas públicas, se detectan tanto actos y omisiones de naturaleza administrativa como posibles hechos delictivos cometidos por servidores públicos y particulares.

El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades, otorgadas por reformas constitucionales y legales, posiciona a este órgano como líder en la fiscalización de recursos públicos en México. La fiscalización adquiere relevancia significativa para informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos públicos, evaluando el cumplimiento de los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Cuarta. Muchos han sido los casos en los que el Instituto garante de la transparencia ha sido señalado con razón. A pesar de ello una diputada federal del PAN, no dudó en inconformarse por el hecho de reactivar una auditoría al Instituto, poniendo en duda la legitimidad de ésta, argumentando la falta de auditorías en otras instituciones.

Si bien es cierto que, el desempeño de las instituciones es perfectible, no debemos perder de vista que el INAI se encuentra en un momento en el que han salido a la luz pública múltiples casos en los que Comisionadas y Comisionados se han visto involucrados.

Quinta. Considerando la reciente divulgación de noticias y solicitudes de acceso a la información que evidencian el presunto uso indebido de recursos públicos por parte del ex Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, quien también ocupaba el cargo de secretario técnico del Sistema Nacional de Transparencia, alcanzando la cifra de $20,411.00, en el centro nocturno “Curazao”, clausurado por delitos de trata de personas, se subraya la urgente necesidad de adoptar medidas concretas. Estas acciones deben enfocarse en prevenir, combatir, mitigar y erradicar posibles actos que puedan desembocar en hechos de corrupción, destacando la urgencia de iniciar y/o concluir auditorías integrales por parte de la Auditoría Superior de la Federación al INAI.

La ASF, como órgano fiscalizador, posee la facultad y responsabilidad de realizar auditorías necesarias para detectar y documentar irregularidades en el uso de recursos públicos. La magnitud de las acusaciones y la conexión con una posible falta administrativa refuerzan la importancia de que la ASF ejerza su mandato de manera exhaustiva. La realización de las auditorías al INAI se justifica no solo por la necesidad de esclarecer los hechos mencionados, sino también por la importancia de garantizar la integridad de las instituciones públicas, el correcto uso de los recursos y la transparencia en el ejercicio de la función pública.

La actuación pronta y diligente de la ASF contribuye además a restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales y a enviar un mensaje claro de que las irregularidades en el uso de recursos públicos no serán toleradas. Asimismo, esto puede permitir identificar posibles deficiencias en los controles internos y los procedimientos del INAI, proponiendo mejoras para prevenir futuros comportamientos.

Finalmente, ante la gravedad de los hechos y en aras de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, se insta a la ASF a que además de ejercer su facultad de realizar auditorías a las instituciones públicas como lo es al Instituto Nacional de Transparencia, se realice de manera prioritaria, derivado de los recientes acontecimientos en torno a dicho Instituto, ello con el fin de esclarecer los acontecimientos, detectar posibles irregularidades, emitir las medidas cautelares pertinentes y contribuir a la mejora continua de las prácticas institucionales.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoría Superior de la Federación a otorgar prioridad y, bajo el principio de máxima publicidad, difundir de manera expedita los resultados de las auditorías de cumplimiento y forense que se encuentran en curso al INAI, ello para fortalecer la transparencia y verificar el uso adecuado de los recursos públicos e integridad institucional.

Notas

1. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Artículos 6; 17, fracc. I, párrafo 2; y 17.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF_200521.pdf

2. Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708065&fecha =09/11/2023#gsc.tab=0

3. http://www.asfdatos.gob.mx/

4. ¿Venganza oficialista contra el INAI?

https://twitter.com/Juan_OrtizMX/status/1724187380242956478

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO AL INAI, A VELAR POR LA MÁXIMA PUBLICIDAD EN USO Y ADMINISTRACIÓN DE SUS RECURSOS PÚBLICOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INAI a velar por la máxima publicidad en uso y administración de sus recursos públicos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Bárcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. En meses recientes se dieron a conocer diversas notas periodísticas en las que se señala que en el año 2014 el ex Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford realizó más de 94 cargos para servicios personales, con la tarjeta corporativa American Express que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) les proporciona a diversos servidores públicos del Instituto, entre los que destacan sus Comisionadas y Comisionados.

Dentro de dichos cargos personales, sobresale que tres de ellos corresponden al centro nocturno actualmente clausurado por delitos de trata de personas y prostitución, llamado “Curazao”. Dichos cargos fueron realizados en la madrugada de los días 22 y 23 de agosto de 2014, mismos que ascienden a $20,411.00, los cuales, de acuerdo con manifestaciones del mismo Órgano Garante, fueron reintegrados en su totalidad por el ex Comisionado.

Esta información se deriva del derecho de acceso a la información, mediante los recursos de revisión RDA 1109/2016 y RRA 0634/2016, derivados de la inconformidad a la respuesta de dos solicitudes de acceso a la información, e interpuestos en contra del mismo Instituto de la Transparencia, durante los meses de enero y junio de 2016, respectivamente, siendo el primero tomado como referencia y fundamento para la resolución del segundo.

Vale la pena precisar el sentido de ambas solicitudes para entender el contexto del problema que se presenta en este documento:

Solicitud de acceso a la información con folio 0673800004116:

“ . Version pública de todos los estados de cuenta de mayo de 2014 a la fecha de la tarjeta corporativa American Express asignada al comisionado Oscar Mauricio Guerra Fors 2. Versión pública de los pagos realizados por el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford a las cuentas bancarias de INAI donde reponga los gastos personales realizados con la tarjeta American Express Corporativa que le fue asignada. 3. Las razones o justificaciones del pleno del "INAI" para oue un comisionado pueda utilizar para gastos personales la tarjeta corporativa American Express. 4. Las razones, fundamentos o justificación del pleno del "INAI" para que se hayan utilizado recursos públicos para pagar los gastos personales del comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford que realizo con la tarjeta American Express 5. Fechas, oficios o recibos con los que el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford repuso al "INAI' los recursos publicos utilizados para pagar sus gastos personales con la tarjeta American Express Corporativa 6. Copia de la denuncia ante el órgano interno de control por la utilización de recursos públicos para pagar los gastos personales realizados por el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford con la tarjeta corporativa American Exress, 7. Copia de todos los oficios firmados por Daniel Navarro Ramirez en donde exhibe los pagos o depósitos realizados por el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford para reponer los recursos públicos utilizados para pagar los gastos personales cargados a la tarjeta American Express Corporativa. 8.¿Por que el pleno del "INAI' oculto que se ejercieron recursos públicos para pagar los gastos personales del comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford por más de un año? 9. ¿Fue el bono de riesgo a probado por el pleno del "INAI" en diciembre de 2015 para recuperar los gastos públicos utilizados para pagar los gastos personales realizados por el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford con la tarjeta American Express Corporativa"(sic)

Solicitud de acceso a la información con folio 0673800117516:

“ Se solicita los estados de cuenta de la tarjeta empresarial (American Express) de todos los comisionados y comisionadas desde junio 2014 a la fecha de la solicitud. todos los casos en los que los comisionados y comisionadas hayan reembolsado gastos personales en el uso de la tarjeta de crédito. Los estados de cuenta de los costos del celular de los comisionados, comisionadas y secretarios de acceso, general y datos personales. documento que consigna el techo que tienen permitido, los estados de cuenta y los reembolsos hechos de junio 2014 a la fecha de la solicitud." (sic)

Cabe destacar que existe una tercera solicitud de acceso a la información con folio 0673800120216, en la que se precisa lo siguiente:

“ Solicito se me proporcione a través de esta plataforma o se me indique un enlace de acceso de la resolución del recurso de revisión con clave RDA-1109/16, referente al manejo discrecional de una tarjeta para gastos oficiales para utilizarla en gastos personales, por parte del comisionado Óscar Guerra Ford. El comisionado fue encubierto en esta resolución por su colega comisionada Patricia Kurczyn, como se desprende de nota periodística de La Jornada y columna en El Financiero. Requiero la información para conocer cómo la actual “generación” de comisionados del INAI (antes IFAI) recurre a la manipulación y la mentira, cuando se considera que sus intereses e imagen están en peligro, tal como lo constaté con la anterior “generación” de comisionados, con individuos como María Marván y Jacqueline Peschard.” (sic)

Tal como se precisa en la solicitud citada, la ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos fue en su momento la encargada de resolver ambas inconformidades, quien en el primer caso sometió ante el pleno del INAI ordenar al mismo Instituto modificar la respuesta a dichas solicitudes y en el segundo caso, confirmar la respuesta emitida por el Órgano Garante. A continuación, se proporcionan los resolutivos de ambos documentos:

A pesar de que no se cuenta con acceso integral a ambas respuestas a las solicitudes, proporcionadas por el Instituto, dado que, tras una búsqueda exhaustiva en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en el portal de transparencia del Instituto, no se lograron identificar las mismas, sin dejar de mencionar que en uno de los casos solo se encuentra disponible para descarga un archivo comprimido vacío, ambas resoluciones de los recursos de revisión contienen extractos de las respuestas y consideraciones para emitir sus resolutivos. Sin embargo, en ambas situaciones, los cargos realizados en las tarjetas American Express y eventualmente reintegrados por los comisionados, fue clasificada diversa información como confidencial, dado que la misma contiene datos personales que darían cuenta del patrimonio y capacidad económica de las y los servidores públicos incluidos en la presente solicitud, clasificación aprobada por el Comité de Transparencia del INAI, en su Sesión Extraordinaria 3/2016, de 7 de julio do 2016, en el procedimiento 41/2016.

Como se puede apreciar en el contenido de una de las solicitudes, adicional a los estados de cuenta del ahora ex secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, también se requiere que se entregue la justificación de estos cargos para servicios personales, la copia de la denuncia ante su OIC, entre otras.

Respecto a la justificación para el uso de las tarjetas corporativas, la ponencia refirió que la facultad para el uso de las mismas se fundamentaba con el Acuerdo ACT-PUB/02/02/09/2015.06 que aprobó los lineamientos Internos que Regulan la Asignación de Comisiones, Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, vigentes en ese año, mismos que a la fecha no se encuentran disponibles públicamente en el histórico de normatividad del INAI, y que establecían que “[...] El servidor público comisionado reintegrará dentro de los 7 días hábiles siguientes al término de la comisión oficial los importes no erogados o de aquellos comprobantes que no cumplan con los requisitos fiscales y/o administrativos, mediante depósito que efectuará directamente a la cuenta pagadora del Instituto, debiendo entregar a la Dirección General de Administración el original del comprobante del depósito o transferencia bancaria. Para el caso de los comisionados que tienen asignada la tarjeta corporativa[...]”.

De la lectura de dicho fundamento, se desprende que los gastos sufragados con los plásticos se debían realizar en caso de comisión oficial, razón por la cual, el cargo realizado por Guerra Ford claramente no se encontraba dentro del supuesto de comisión oficial, por lo que dejando a un lado el hecho de la clasificación de la información de manera arbitraria, se puede presumir que éste actuó de forma contraria a los principios y valores que lo rigen como servidor público, además de faltar a la ley.

Segunda. A pesar de que en aquel entonces el Pleno del INAI analizó de forma exhaustiva los documentos, según se relata en los recursos de revisión ya mencionados, las instancias competentes no solo no separaron del cargo a Óscar Mauricio Guerra Ford, o bien, notificó a su Órgano Interno de Control con la finalidad de realizar las acciones pertinentes, sino que lo cobijaron y archivaron ese caso, sin tomar en consideración que en el propio Código de Ética del Instituto se establece en la fracción XIII del Anexo “Reglas de Integridad” que el utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines diferentes a los asignados vulnera dichas reglas. Además de que las y los ex Comisionados que votaron las resoluciones propuestas no aplicaron su propio Código de Ética, evitando apegarse a la fracción V del artículo 14 de este, mismo que señala que el personal debe denunciar los hechos que representen una infracción a dicho Código.

En concordancia con lo anterior, es de suma relevancia precisar que las y los servidores públicos debemos apegarnos estrictamente a las normas que rigen nuestro desempeño, atendiendo lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual señala las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, nuestras obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que podamos incurrir, como por ejemplo, el peculado y el uso indebido del dinero público, señalados como falta administrativa grave en el artículo 53 de dicha legislación.

Tercera. El actuar de los servidores públicos del INAI debe ser en estricto apego a las normas que los rigen.

Además de ello, cuenta con principios rectores claramente establecidos en el Artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los que se destacan:

Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organismos garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada, y

Transparencia: Obligación de los Organismos garantes de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen.

Es por lo anterior que resulta totalmente inaceptable e indignante que el Instituto encargado de velar por la transparencia y la rendición de cuentas permita que esta clase de sucesos se ejecuten, se oculten y además queden impunes.

Por otro lado, los principios en materia de transparencia señalan que en la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona, y que ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en la Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, situación que no aconteció durante el proceso de resolución de las inconformidades señaladas en párrafos anteriores.

Cuarta. Finalmente, se enfatiza que, como todos los servidores públicos, el titular del Órgano Interno de Control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El cual tiene entre otras atribuciones, la de verificar que el ejercicio de gasto del Instituto se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados; promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías; e investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto.

En este sentido, es crucial que las instituciones reconozcan la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas. Esto aseguraría que los servidores públicos utilicen los recursos asignados de manera responsable, eficaz y ética. Es importante destacar que no basta con que renuncien a sus cargos en caso de persistir en prácticas indebidas. Debe existir la certeza de que se informará y seguirá de cerca las investigaciones realizadas por los órganos internos de control. Esto no solo garantiza el cumplimiento de las normas, sino que también contribuye a restaurar la confianza en las instituciones, un logro fundamental durante la actual administración federal.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al INAI a que restablezca y ponga a disposición de la ciudadanía, bajo el principio de máxima publicidad, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y de su portal de transparencia, toda la información de las solicitudes de acceso a la información, así como los lineamientos Internos que Regulan la Asignación de Comisiones, Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al INAI a que valore de manera imparcial desclasificar información relativa a los gastos que las y los Comisionados han realizado, toda vez que es información de interés público.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al INAI para que dé seguimiento puntual a la investigación y eventual emisión de las medidas que correspondan a los servidores públicos que, en su caso, hayan infringido las leyes.

Notas

1. https://contralinea.com.mx/interno/semana/inai-oculto-gastos-de-guerra-ford-en- table-dance-dedicado-a-prostitucion/

2. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-el-escandalo-por-uso-de-tarjeta-corp orativa-en-table-dance-oscar-guerra-ford-renuncia-a-su-cargo-en-el-inai/?utm_so urce=web

3. RDA 1109/2016

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/ 2016/&a=RDA%201109.pdf

4. RRA 0364/2016

http://consultas.ifai.org.mx/descargar.php?r=./pdf/resoluciones/ 2016/&a=RRA%20634.pdf

5. Se precisa que no existen indicios de la solicitud en la PNT, por lo que el contenido de la misma se obtuvo de la resolución al RDA 1109/2016.

6. https://servicios.plataformadetransparencia.org.mx/inai3/rest/organoGarante/adm inistracionControlDescarga/descargarAdjuntosPorSolicitud/A87ABB83DD092DE0

7. Marco Normativo

https://home.inai.org.mx/?page_id=1870

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE CONSIDERE LA EMISIÓN DE UN BILLETE CONMEMORATIVO DE LOTERÍA POR LA INCORPORACIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar emitir un billete conmemorativo de lotería por la incorporación de Chiapas a México, por voluntad libre y soberana de su pueblo, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ismael Brito Mazariegos, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena ante la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. A partir del triunfo de la independencia nacional, en 1821, México debió definir sus límites, en un territorio que le permitiría organizarse como nación; lo mismo sucedió con aquellas regiones de Centro y Suramérica tras sus propias victorias insurgentes.

En este sentido, la antigua capitanía de Guatemala conformó las Provincias Unidas de Centroamérica, pero, de ellas, Chiapas buscó integrarse al México independiente desde, la proclamación del Plan de Iguala. Así, el 28 de agosto de 1821, se declaró la independencia de Chiapas y su adhesión al Plan de Iguala. Este hecho quedó formalizado el 16 de enero de 1822, mediante decreto firmado por Agustín de Iturbide, el cual establecía:

“ 1822 Decreto por el que se incorpora Chiapas al Imperio Mexicano. Enero 16 de 1822.”

“La regencia del imperio mejicano, gobernadora interina por falta de Emperador á todos los que las presenten vieren y entendieren, sabed: Que el presbítero Dn. Pedro Solórzano, individuo dela diputación provincial de la provincia de Chiapas, en nombre y legítima representación de dicha provincia, como acreditan los poderes é instrucciones que presentó por el Ministerio de Relaciones interiores y exteriores, ha solicitado quela nominada provincia que antes de ahora pertenecía á Guatemala quede separada perpetuamente del gobierno de este reino y admitida en el número de las que componen el imperio mejicano y proclamado su independencia de la monarquía española bajo el plan de Iguala y tratado de Córdova; y respecto á que la junta soberana provisional en sesión de 12 del último Noviembre otorgó la misma solicitud instaurada entonces por varias autoridades de la repetida provincia, se declara ésta incorporada para siempre en el imperio, en cuya virtud gozará de los derechos y prerrogativas que correspondan á las demás provincias mejicanas, será gobernada por las mismas leyes y protegida con todos los auxilios que necesitare para su seguridad y conservación. Y esta declaración se trasladará á los ministerios de Estado y se hará saber el mencionado presbítero, dándole los testimonios fehacientes que pida para su satisfacción y las de sus comitentes.–Dado en el palacio imperial de México, á 16 de Enero de 1822, segundo de la Independencia.– Agustin de Iturbide, presidente.– Manuel de la Bárcena.– José Isidro Yáñez.– Manuel Vazquez de Leon.– Antonio, obispo de la Puebla.– José Manuel de Herrera.

Al año siguiente, la abdicación de Iturbide provocó que los chiapanecos se dividieran y de nuevo surgió la cuestión de la anexión o separación.

El 26 de octubre de 1823, se proclamó el Plan de Chiapas Libre, el cual declaraba a la provincia “en entera libertad para constituirse libremente en la forma que creyera conveniente”.

El 22 de marzo de 1824 se convocó a un plebiscito en Chiapas, para qué, a través de un ejercicio democrático, e innovador para su momento histórico, sus habitantes pudieran expresar libremente su voluntad acerca de cómo debía permanecer Chiapas: si independiente, anexada a Guatemala o incorporada a México.

El 12 de septiembre de 1824, en aquel entonces Chiapas tenía 172,953 (ciento setenta y dos mil novecientos cincuenta y tres) habitantes y 104 pueblos, de los cuales votaron 96,829 (noventa y seis mil ochocientos veintinueve) personas, a favor de anexarse a México, equivalentes al 56% por ciento; 60,400 (sesenta mil cuatrocientos) chiapanecos, votaron por unirse a Guatemala, es decir el 35% por ciento; y sólo 15,724 (quince mil setecientos veinticuatro) habitantes o 9% por ciento, sufragaron por mantenerse como nación libre y soberana.

Por ello, el 14 de septiembre de 1824, los habitantes de Chiapas formalizaron ante el Congreso mexicano su disposición y deseo de incorporarse al México independiente, como estado federal más.

Su calidad como Estado de la república mexicana fue confirmada en las distintas constituciones posteriores:

En la Constitución de 1824, en su título II, referido a la “ forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división de su poder supremo”, en su el artículo 5 a la letra señalaba:

“ Las partes de esta federación son los Estados y territorios siguientes: el estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas; el territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima, y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.”

Así mismo, la Constitución de 1857, en su título segundo, sección I, “de la soberanía nacional y de la forma de gobierno” que en su artículo 43 señalaba:

“ Las partes integrantes de la Federación son: los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Territorio de la Baja California.”

Igualmente, la actual Constitución vigente en el país, promulgada el 5 de Febrero de 1917, en su artículo 43, a la letra, establece:

“ Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.”

Segundo. A partir de la adhesión de Chiapas a la República Mexicana, las aportaciones de recursos humanos, materiales, energéticas, historia, cultura, identidad, y en todos los ámbitos que quehacer social para la conformación del México actual son enormes e invaluables.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas tiene una extensión de 73,311.0 km2 lo que representa 3.7 % de la superficie del territorio nacional, y en 2020 tenía 5,543,828 (cinco millones quinientos cuarenta y tres mil ochocientos veintiocho) habitantes, de los cuales 2,837,881 (dos millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y uno) eran mujeres, y 2,705,947 (dos millones setecientos cinco mil novecientos cuarenta y siete) eran hombres, por lo que ocupa el lugar 8 a nivel nacional por su número de habitantes.

La aportación al Producto Interno Bruto Nacional en 2020 fue 1.5 %, y el sector de la economía que más aporta al PIB estatal es el comercio.

Con 81 cuencas hidrográficas, Chiapas aporta el 30 por ciento de agua dulce del país a lo que se suma una gigantesca reserva de agua subterránea.

Chiapas se encuentra entre los estados con mayor diversidad lingüística del país; en Chiapas un tercio de su población se identifica o habla un idioma originario, en contraste con el resto del país donde la relación promedio de persona hablante del español vs hablante de un idioma nacional originario en México es solo de un 10%.

De las 69 lenguas nacionales que se hablan en México (68 indígenas y el español), en Chiapas se hablan doce, que son: 1) Ch’ol; 2) Chuj; 3) Jakalteco; 4) Lacandón; 5) Mam; 6) Q’anjob’al; 7) Qato’k; 8) Teko; 9) Tojolabal; 10) Tseltal; 11) Tsotsil; y 12) Zoque.

En materia de biodiversidad y el grado de endemismos es tan alto que Chiapas, después de Oaxaca, figura como el estado con mayor grado de biodiversidad, siendo un estado no solo mega biodiverso.

En el ámbito cultural existen muy diversas manifestaciones culturales que caracterizan a Chiapas y que forman parte del patrimonio de todos los mexicanos como la Danza de los Parachicos, la cual que se encuentra inscrita en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la marimba, la fabricación de máscaras, la creación de textiles de telar de cintura, tejidos y bordados.

Entre los grandes poetas y escritores Chiapanecos del siglo XX, que han nutrido y enriquecido la cultura mexicana, podemos mencionar, entre otros a Santiago Serrano Ruiz, Armando Duvalier, José Falconi Castellanos, Rosario Castellanos Figueroa, Jaime Sabines Gutiérrez, Enoch Cancino Casahonda (1928-2010) y Juan Bañuelos Chanona, Óscar Oliva Ruiz y Eraclio Zepeda.

Tercero. La incorporación de Chiapas a México represento un profundo cambio en la conformación de México y el destino del Estado. Esta incorporación decidida en aquel 1824 mediante un plebiscito, debe verse como un acto de libertad. En aquel entonces, el pueblo chiapaneco se transformó en un pueblo soberano.

La soberanía de los Estados denota el derecho legal inalienable, exclusivo y supremo de ejercer poder dentro del área de su poder. El poder del pueblo chiapaneco transfirió su ejercicio a un ámbito nacional mayor y de enormes alcances.

Un Estado, como una persona moral, debe tener el derecho y la autoridad para actuar. La soberanía es exactamente este derecho legal y autoridad. Si un Estado no tuviera soberanía, éste no tendría fundamentos legales para el ejercicio de sus poderes.

En este sentido, a partir del momento de la federalización de Chiapas en 1824, el 14 de septiembre de cada año, en Chiapas se festeja su incorporación a México. Así está señalado en el artículo 1o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, mismo que a la letra establece:

“

Chiapas es un Estado Democrático de Derecho de composición pluricultural que reconoce los sistemas normativos internos de sus pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está comprometido con la protección de su biodiversidad.”

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para que, en el ámbito de sus competencias considere emitir de un billete conmemorativo de lotería por la incorporación de Chiapas a México, por voluntad libre y soberana de su pueblo.

Notas:

1. CNDH. Incorporación de Chiapas al Pacto Federal.

https://www.cndh.org.mx/noticia/incorporacion-de-chiapas-al-pact o-federal

2. Memoria Política de México. 1822. Decreto por el que se incorpora Chiapas al Imperio Mexicano.

https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/182 2DICHM.html

3. Ibid.

4. Decreto de 4 de octubre de 1824, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1 824.pdf

5. Constitución de 1857. (Con sus adiciones y reformas hasta el año 1901).

https://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1 857.pdf

6. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Artículo 43, reformado DOF 07-02-1931, 19-12-1931, 16-01-1935, 16-01-1952, 08-10-1974, 13-04-2011, 29-01-2016, 17-05-2021.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf CNDH. Incorporación de Chiapas al Pacto Federal. Ob. cit.

7. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/pobla cion/

8. Chiapas aporta 30% del agua del país. Ríos, agua subterránea. ¿Por qué sus habitantes tienen sed?

https://www.sinembargo.mx/22-03-2021/3954360

9. Manrique Castañeda, 1997; Stavenhagen y Carrasco, 1997.

10. Gobierno de México. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas, además del español?

https://www.gob.mx/cultura/articulos/lenguas-indigenas #:~: text=%C2%BFSab%C3%ADas%20que%20en%20M%C3%A9xico%20hay,gob.mx

11. Gobierno de México. Cultura. Sistema de Información Cultural. Lenguas Indígenas.

https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=inali_li&estado_i d=7&municipio_id=-1

12. CONABIO, 2013; Toledo, 1997.

13. UNESCO. La UNESCO y el Gobierno de Chiapas establecen nueva alianza por el desarrollo sostenible, con la cultura como eje transversal.

https://www.unesco.org/es/articles/la-unesco-y-el-gobierno-de-ch iapas-establecen-nueva-alianza-por-el-desarrollo-sostenible-conla#:~: text=Adem%C3%A1s%20de%20manifestaciones%20culturales%20como,de%20cintura%2C%20t ejidos%20y%20bordados.

14. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ LEY_0002.pdf?v=NDM=

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 febrero de 2024.– Diputado Ismael Brito Mazariegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA ASEA, A ACTUALIZAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ASEA-2016, RESPECTO A ESTACIONES DE SERVICIO PARA ALMACENAMIENTO Y EXPENDIO DE DIÉSEL Y GASOLINAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASEA a actualizar la norma oficial mexicana NOM-005-ASEA-2016, diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para que, en el ámbito de sus atribuciones, actualice la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, en función de las tendencias y nuevos riesgos que se presentan en las estaciones de servicio.

Exposición de Motivos

Las estaciones de servicio que expenden gasolina se encuentran en la tendencia de convertirse en destinos multipropósito, entre otras situaciones porque además de expender combustible se seguirán complementando con otras actividades comerciales y de servicios. Esta diversificación está impulsada principalmente por cambios en la industria automotriz, las preferencias del consumidor y la evolución tecnológica (por ejemplo, la electromovilidad).

Algunas de las tendencias más destacadas son la incorporación de comercios, restaurantes, servicios personales y financieros; además de puntos de carga para vehículos híbridos, eléctricos (autos, bicicletas eléctricas, patines) y otros servicios.

Al tiempo, las tendencias apuntan a una transformación de las estaciones de servicio de combustible y energía eléctrica, para complementarse con actividades de preparación de alimentos, recreación, esparcimiento y servicios personales. Ante estas transformaciones algunos análisis sugieren que las gasolinerías pasarán de un modelo de negocio centrado en el vehículo a uno centrado en el cliente para capturar nuevas oportunidades de productos y servicios, al tiempo que se adaptarán a normas destinadas a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin duda las tecnologías basadas en combustibles fósiles seguirán predominando en la década siguiente y la inclusión de nuevas actividades económicas en las estaciones de servicio de combustibles seguirá transformándolas y generando efectos positivos, tanto como riesgos previsibles.

En la medida que se diversifican las fuentes de servicio, se incrementan también los factores de riesgo para la seguridad humana, la seguridad laboral y la protección del medio ambiente. Entre otros riesgos destacan los incendios cuya tendencia la podemos dimensionar a partir de un análisis de largo plazo en los Estados Unidos y la evidencia estadística en México en los años recientes.

El caso de los incendios en gasolinerías de Estados Unidos es ilustrativo. Durante el período de 2015 a 2018, se registró un promedio anual de 4,230 incendios en propiedades de estaciones de servicio o gasolineras por año. Esta cifra indica que, en promedio, se registran cuatro gasolineras con presencia de incendio por cada cien estaciones de servicio.

Las principales causas de los incendios en estaciones de servicio fueron incendios de vehículos que representaron el 56% entre el 2015 y 2018. La quinta parte (20%) de los incendios de vehículos en estaciones de servicio comenzaron con la ignición de gasolina, solo el 2% comenzó en el tanque de combustible o en la línea de combustible. Esto sugiere que el acto de cargar combustible es una causa de muy baja frecuencia de los incendios.

La segunda causa importante de incendios en gasolinerías estadounidenses tiene su origen en causas externas a las estaciones de servicio. Entre las principales causas están los incendios en la vegetación externa a las estaciones de servicios; materiales para fumar, equipos de distribución eléctrica e iluminación; además de la ignición de basura al aire libre en estas propiedades.

Los incendios estructurales -terceros en importancia - tuvieron como principales causas las fallas en el equipo de distribución eléctrica e iluminación. Otro origen de los daños a la propiedad por incendios estructurales se originó en paredes exteriores, talleres de mantenimiento o pintura, áreas de almacenamiento de vehículos y por la propagación de los fuegos de cocina; que son otra causa importante promovida por la diversificación de actividades en las estaciones de servicio.

Particularmente los incendios en cocinas representan -en promedio- uno de cada cinco incendios ocurridos en instalaciones o estructuras de las estaciones de servicio y son responsables de la tercera parte de las personas lesionadas del total de afectados durante los incendios.

En su caso, la presencia de incendios en estaciones de servicio de gasolina en México se analiza para el periodo de 2015 a 2022. En este lapso se observó un promedio anual de 1,419 siniestros que frente a un conjunto de 13,015 gasolineras que hay en el país implica una tasa de incendios de 10.9% (2.7 veces la tasa de incendios de Estados Unidos).

En ocho entidades federativas se concentra el 84% de los siniestros de incendios reportados para el comercio al por menor de combustibles, o gasolinerías. Destaca la incidencia de siniestros en el estado de Guanajuato, donde se concentra el 40% de los incendios reportados a nivel nacional. En segundo sitio está la ciudad de México que concentra el 10% de los siniestros registrados.

La causa que representa el 60% de los incendios está relacionada con roturas de tuberías o sistemas de agua que suelen ser precursoras de cortocircuitos, fallos en equipos y dispersión accidental de combustible y aceites. A esto se suma la descarga accidental de agua que abarca el 14% de las causas de incendio; el impacto de vehículos con el 8%, los efectos de la lluvia (5%) y los actos de personas mal intencionadas (4%); entre las causas de mayor relevancia.

En perspectiva, las estaciones de servicio mexicanas se irán transformando para atender un mercado en constante transformación, principalmente por el ascenso del parque vehicular híbrido o eléctrico. En el año 2020 la venta de autos híbridos y eléctricos como porcentaje de las ventas totales representó el 2.6%; al cierre del año 2022 este porcentaje se duplicó a 4.7%, con lo que el parque de autos híbridos y eléctricos actualmente es de 122,549 unidades y se corresponde con la existencia de 1,146 estaciones de carga que, en algunos casos, complementan la oferta de servicios de estaciones de gasolina y diésel. En el ámbito internacional se ha comenzado a legislar en torno a estos factores de riesgo, principalmente en lo que compete al riesgo de incendio de vehículos eléctricos (camiones, autos, bicicletas y patines), específicamente en programa de capacitación a los cuerpos de bomberos, sobre los riesgos de incendios en vehículos eléctricos y cómo manejar dichos incendios de manera segura y efectiva ante la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y la preocupación por la capacidad de los equipos de primera intervención para responder con seguridad a los incendios de vehículos eléctricos que tienen riesgos únicos, y que requieren una formación especializada para mitigarlos.

Si como sugieren los análisis del sector gasolinero el mayor reto de las estaciones de servicio es cómo atender “(...) una demanda más amplia de necesidades de energía para los consumidores del mañana, transformando la estación de servicio tradicional en un punto de aprovisionamiento de distintas formas de energía, un multi-site energético.”

En estos multi-site de energía se contempla la incorporación de hidrógeno, centros de carga rápida para vehículos eléctricos, biocombustibles, incluso carga de gas natural vehicular. Si la naturaleza de la oferta cambia, también se diversificará el riesgo de siniestros que bien pueden anticiparse; entre otros el riesgo de incendio que se incrementará por la posibilidad de daño y fuga térmica de las baterías y celdas de litio que es un metal combustible que requiere agentes extintores específicos y en cantidades abundantes para poder controlar y sofocar un incendio de esta naturaleza.

En caso de incendio, señala la Asociación de Profesionales de Ingenieros contra incendios de España, “las celdas que componen las baterías de iones de litio experimentan un incremento térmico y se incendian por contagio, ante esto los sistemas convencionales de agua y polvo no son efectivos”. Es por lo que la evolución de la tecnología requiere avances continuos en las técnicas de extinción de incendios que actualmente se están evaluando para su eficiencia.

Las tendencias en ascenso en las estaciones de servicio en México son:

• Diversificación de las actividades económicas;

• Consumo de combustibles explosivos;

• Empleo cotidiano de equipos que utilizan fuego;

• Incremento de residuos sólidos;

• Mayor presencia de fuentes de calor (disipadores de calor de las redes de frío, equipos para alimentos preparados, equipos de lavanderías, entre otros.);

• Almacenamiento de nuevos tipos de combustible y electricidad; y

• Mayor presencia de celdas y baterías de litio.

Esto hace necesario prevenir en su totalidad el riesgo de incendio de las distintas clases de fuego:

Aunque en nuestro país la “NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas” -en el punto 6.2.22. Sistemas contra incendios- establece claramente la cantidad mínima de extintores portátiles por zona o área y se indica la obligación de instalar cualquier sistema de control, prevención o mitigación adicional contra incendio, atendiendo las recomendaciones que se especifiquen en el Análisis de Riesgo de la estación de servicio; esta última obligación generalmente no se cumple, en tanto que los análisis de riesgo se circunscriben a la operación en la zona de dispensadores, zona de descarga y zona de almacenamiento de combustible; y no consideran la diversificación de actividades de las estaciones de servicio ni las clases de fuego presumiblemente asociadas a las nuevas actividades de las estaciones de servicio de gasolina como el fuego clase D (metales combustibles, particularmente el litio); y el fuego clase K (que involucra sustancias combustibles propias de insumos de cocinas).

Adicionalmente la NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo; establece con precisión los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo; indica el riesgo de incendio en centros de trabajo de acuerdo con las cantidades de combustibles almacenados que, en el caso de igualar o exceder los 2,000 litros de combustible almacenado, entran en la categoría de riesgo de incendio alto, por lo que deben cumplir con un sistema fijo contra incendios que contengan agentes extinguidores que cubran los riesgos propios del centro de trabajo.

Las estaciones de servicio de gasolina tienen almacenamiento de combustible en uno o más tanques de capacidad individual igual o mayor a 20,000 litros y tienen un indiscutible riesgo de incendio alto, por lo que su requerimiento de un sistema fijo se hace indispensable; más aún si se contempla un previsible incendio clase D (por ejemplo, baterías iones de litio o sistemas de almacenamiento de energía, SAE, que demandan una abundante cantidad de agente extintor).

Ante la eventualidad de un incendio de la clase D, la cantidad necesaria de agente extinguidor supera la cantidad que pueden contener los extintores portátiles y fijos instalados actualmente. Ante el riesgo de incendio de iones de litio se estima que lo habitual para controlar ese tipo de fuegos es utilizar más de 10,000 litros de agua.

Por ello, es imperativa la necesidad de contar con sistemas fijos contra incendio certificados que, para enfrentar la primera respuesta, tengan la capacidad de generar al menos 5,000 litros de espuma con agente humectante; por otra parte, es necesario aumentar la capacidad de supresión de fuego con equipos portátiles de hasta 20 kilogramos, que es el máximo recomendable por la NOM-002-STPS-2010.

En México, actualmente, para hacer frente y dar cumplimiento a las normas en la materia en estaciones de servicio de gasolinerías, se utilizan extintores para tipos de fuego A, B, C; que generalmente son de polvo químico y no están diseñados ni tienen la eficiencia para combatir las cinco clases de incendios, fuegos de las clases A, B, C, D y K. De modo tal que los sistemas de protección contra incendios en los centros de trabajo y los requerimientos para la prevención y protección contra incendios hacen estrictamente necesario el equipamiento para el control del riesgo de las cinco clases de fuego y la inclusión y capacitación en tecnologías alternativas como las espumas y los agentes humectantes que están diseñados para enfrentar los nuevos riesgos de incendios.

Por otra parte, en México los equipos contra incendio generalmente están presurizados con aire, mezcla de gases que tiene oxígeno y puede generar humedad en los equipos contra incendio (sobre todo los de polvo químico); tanto el oxígeno como la humedad avivan el fuego en lugar de extinguirlo.

Presurizar los equipos con aire contraviene el mandato de la NORMA Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005, Equipos contra incendio-Extintores-Servicio de mantenimiento y recarga que en su punto “ 6. Equipo y herramientas básicas”, inciso f, consigna que el prestador de servicios debe contar con sistema de presurizado de extintores, con tanque de nitrógeno. La presurización con nitrógeno ofrece la seguridad del gas inerte: no reacciona a temperatura ambiente, no genera fricción ni electrostática, no propicia la oxidación y es un gas asequible. Por esta razón se hace obligatorio condicionar y vigilar que los equipos contra incendios sean presurizados con nitrógeno.

Por otra parte, es importante atender la protección de la salud de las personas en los centros de trabajo condicionando el uso de agentes extintores que no contengan contaminantes orgánicos persistentes, que implican un riesgo a la salud ampliamente documentado. En su caso se requiere fomentar el uso de sustancias ignífugas que protejan la salud y el medio ambiente bajo los estándares de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos que es un referente internacional y que actualiza las normas y requisitos para el desempeño y uso de agentes humectantes en relación con el control y extinción de incendios, sobre todo para los casos de los fuegos que no pueden ser resueltos por los métodos tradicionales, particularmente el uso en incendios de baterías de iones de litio los fuegos Clase C, D, Clase K y la mitigación de vapores inflamables.

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), para que, en el ámbito de sus atribuciones, reforme y adicione la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas; en función de las tendencias y riesgos actuales de las estaciones de servicio.

Notas

1. Rubeis, Mirko, Stuart Groves, et al. Is There a Future for Service Stations. Boston Consulting Group.

https://on.bcg.com/3OvtZ2v

2. Ahrens, Marty. National Fire Protection Association (NFPA). “Service or Gas Station Fires”. December 2020.

http://bit.ly/3rGizjt

3. Ahrens, Marty. National Fire Protection Association (NFPA). “Service or Gas Station Fires”. December 2020.

http://bit.ly/3rGizjt. Según datos del US Census Bureau. En 2017 se contabilizaron 113,000 estaciones.

4. National Fire Protection Association (NFPA). Service or Gas Station Fires Supporting Tables December 2020. Structure Fires in Service or Gas Station Properties by Leading Cause, 2014—2018 Annual Averages.

https://bit.ly/3pUHUWo

5. Onexpo Nacional, A. C. Fotografía del Sector Gasolinero en México, al mes de julio 2022.

https://bit.ly/3PQORyy

6. Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Ventas de Vehículos Híbridos y Eléctricos.

https://bit.ly/3OshBjI

7. Estado de Virginia, Estados Unidos. HB 2451 Firefighters; training program on risks of electric vehicle fires. Enero de 2023.

https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?231+ sum+HB2451& 231+sum+HB2451

8. Blanco, Fernando. Oil & Gas Magazine. Estaciones de servicios: transformar una crisis en una oportunidad. Septiembre 30, 2020.

https://bit.ly/3OtLDU9

9. Asociación de Profesionales de Ingenieros Contra Incendios. Jornadas Técnicas “Nuevos riesgos de incendio en baterías de ión-litio. Problemática en transportes, aparcamientos, almacenes e industrias”. 18 de Mayo de 2023.

https://shorturl.at/iCRW3

10. Sacramento Metropolitan Fire District. Uso de grandes cantidades de agua para controlar un incendio de auto eléctrico. Febrero de 2023.

https://shorturl.at/gwSWY

11. CONAMER. Análisis de riesgo de la NOM-005-ASEA-2016.

https://cofemersimir.gob.mx/expediente/21403/mir/44637/anexo/420 0314

12. Diario Oficial de la Federación. NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina. 5.5. Diseño y construcción de sistemas de almacenamiento. 5.5.1. Tipos de tanques. 03/12/2015.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418780&fecha=03/ 12/2015#gsc.tab=0

13. CTIF - Asociación Internacional de Servicios contra Incendios y de Rescate. Se necesitan hasta 150,000 litros de agua para apagar un incendio en un coche eléctrico.

https://www.ctif.org/es/news/se-necesitan-hasta-150-000-litros-d e-agua-para-apagar-un-incendio-en-un-coche-electrico 18 septiembre de 2022.

14. Sacramento Metropolitan Fire District. Uso de grandes cantidades de agua para controlar un incendio de auto eléctrico. Febrero de 2023.

https://shorturl.at/gwSWY

15. La certificación internacional para este tipo de equipos corresponde a la norma UL 711 — “Rating and Testing of Fire Extinguishers”. Aplica para determinar el potencial de extinción de extintores portátiles y/o rodantes de agua, bióxido de carbono, espuma, químico seco, polvo seco, químico líquido y agentes limpios.

16. De acuerdo con las normas NFPA 11, NFPA 16 y NFPA 18.

17. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). Información básica sobre PFAS.

https://espanol.epa.gov/espanol/informacion-basica-sobre-pfas

18. NFPA 18, Standard on Wetting Agents 2021 y NFPA 18A, Standard on Water Additives for Fire Control and Vapor.

https://catalog.nfpa.org/NFPA-18-Standard-on-Wetting-Agents-P115 8.aspx?icid=D533

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

CELEBRACIÓN DE LA EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA EN EL DEPORTE, EL 19 DE FEBRERO DE 2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a acordar la celebración de la efeméride con motivo del “Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte” el 19 de febrero de 2024, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada María Clemente García Moreno del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, fecha que busca “reconocer que el acceso al deporte no tiene la misma vara para todas las personas, sino que reproduce la marginación, exclusión, violencia y discriminación visibles en el conjunto de la sociedad. De ahí la relevancia de visibilizar la realidad del acceso a la práctica del deporte por parte de personas LGBTIQ+, en especial de las personas con experiencia de vida trans; y, por otro lado, los factores estructurantes del mundo del deporte en el que se reproducen lógicas cis-heteropatriarcales”.

La conmemoración surge en memoria de Justin Fashanu, primer jugador de futbol que, a inicios de la década de los años 90 del siglo pasado, reconoció abiertamente su homosexualidad, generando que durante el resto de su vida fuera víctima de distintos actos de homofobia, rechazo dentro del mundo deportivo y discriminación, que se sumaban a los que de por sí ya vivía por ser afrodescendiente y que en 1998 provocarían que se quitara la vida.

Nacido el 19 de febrero de 1961, Fashanu debutó a los 17 años en la primera división del futbol inglés y en 1981 fue transferido al Nottingham Forest por 1 millón de libras, volviéndose el futbolista afrodescendiente más caro hasta ese momento. Si bien en un inicio y durante varios años Fashanu no se reconoció públicamente como homosexual, entre sus compañeros y directivos de equipo esto era sabido.

Con la aparición del VIH/SIDA en la década de los años ochenta, tanto la iglesia como diversas organizaciones ultraconservadoras comenzaron a realizar campañas reaccionarias, particularmente en contra de personas homosexuales, promoviendo estigmas y discriminación, con base en lo que denominaron “la peste rosa”.

En 1990 Justin Fashanu se declaró homosexual en una entrevista concedida al periódico británico The Sun, el cual titularía la primera plana de su diario publicado el 22 de octubre del mismo año como: “Estrella del Futbol de 1 Millón de Libras: SOY GAY” (£1m Football Star: I AM GAY). Esta declaración marcaría el principio del fin de su carrera, provocando que incluso su propia familia, particularmente su hermano, quien también fue futbolista, lo repudiara, volviéndose objeto de insultos homófobos en los campos en los que jugaba por parte de aficionados, rivales y hasta de sus compañeros.

“En 1998 fue acusado de abusos sexuales por un joven menor de edad. Fue interrogado, pero no detenido. Asustado, Justin regresó a Inglaterra. Un mes después, el 2 de mayo, su cuerpo fue encontrado colgando del techo del garaje abandonado de un barrio londinense. En la nota que dejó se podía leer que “ me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final encontraré la paz”. Años más tarde, las autoridades estadounidenses archivaron la denuncia de abusos sexuales por falta de pruebas. Por su parte, su hermano, John, el mismo que le repudió en vida, se arrepintió de no haber podido disculparse con Justin y actualmente, su hija y sobrina de Justin, Amal Fashanu, dirige la Justin Fashanu Foundation, una fundación dedicada a la memoria de su tío y a ayudar a otras personas a visibilizar su situación”.

Más de treinta años han pasado desde que Justin Fashanu hiciera pública su homosexualidad y —ya sea por el temor a ser señalados, por el miedo a perder contratos o por el pánico a ser estigmatizados— a la fecha no se registran muchos más casos de deportistas que hayan seguido su ejemplo..

Historias como la de Fashanu siguen repitiéndose y se mantienen vigentes, mientras las falencias del mundo del deporte en relación con las poblaciones LGBTIQ+ cada vez se hacen más evidentes. Las personas de la diversidad sexual y diversidad de género siguen dándolo todo en las canchas por ocupar un espacio que en justicia les pertenece, visibilizando las violencias y cuestionando las estructuras mismas en las que se erige la gran industria del deporte.

Si bien el deporte constituye un espacio donde la actividad física y la competencia aparecen como protagonistas, la realidad es que éste también constituye un ámbito en el que se disputa el poder y se reproduce la estructura cis-heteropatriarcal, alrededor de la cual se han construido reglas y normas que buscan regular y controlar los cuerpos de las personas, volviéndose un lugar de adoctrinamiento y reafirmación del binarismo hombre-mujer y, en general, de la cisnorma, reproduciendo estereotipos y roles de género.

Dentro de este mismo universo, las personas trans en el deporte deben atravesar, por ejemplo, una serie de peajes de género que limitan su acceso a la práctica del mismo, con base en discursos de odio, biologicistas y prejuiciosos, entre los cuales se exigen terapias de reemplazo hormonal (TRH) y la rectificación de documentos de identidad en los componentes de nombre y sexo, desconociendo por completo la realidad de violencia estructural que día a día viven las personas trans, quienes en su cotidianidad no tratan de vivir, sino de sobrevivir.

Entre las falencias existentes en la industria deportiva, podemos hacer referencia a aquellas que resultan más visibles en competencias como los Juegos Olímpicos, las cuales buscan ser atendidas y resueltas mediante contra-discursos y propuestas que intentan transformar estructuralmente la forma en que se ha pensado históricamente el deporte y si bien, éstas “continúan en construcción, lo cierto es que se dice que la competencia deportiva no debe continuar siendo dividida por categorías de género (hombre-mujer); sino que deben ser clasificadas por rendimiento”.

Tanto en el mundo del deporte, como en el resto de los aspectos de la vida cotidiana de todas las personas, las orientaciones sexuales, las identidades o las expresiones de género no deberían ocultarse ni silenciarse. Como sostiene Amnistía Internacional España, es un derecho de cada cual hacer o no pública su condición sexual (y de género), así como un deber de todas las personas, aficionadas o no al deporte, respetarlo y apoyarlo. Debe ponerse fin a la discriminación y al silencio que sufren las personas homosexuales, no solo en el mundo del fútbol, sino en el ámbito del deporte en general. Y esto pasa por la educación, el respeto y la defensa de sus derechos.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración que, en términos del artículo 38, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos o efemérides, someto a consideración la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, para que acuerde la celebración de la efeméride con motivo del “Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte”, que se conmemora el día 19 de febrero de cada año.

Notas

1. Caribe Informativo. Día Internacional contra la Transfobia y Homofobia en el Deporte. Publicado el 7 de Febrero de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2024. Disponible en:

https://caribeafirmativo.lgbt/dia-internacional-contra-la-transf obia-y-homofobia-en-el-deporte/#:~: text=Hoy%2C%2019%20 de%20febrero%2C%20D%C3%ADa,el%20conjunto%20de%20la%20sociedad

2. HERÓN, Pablo. Efeméride. ¿Cómo Surgió el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte? La Izquierda Diario MTS Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Publicado el 19 de Febrero de 2022. Consultado el 2 de febrero de 2024. Disponible en:

https://www.laizquierdadiario.mx/Como-surgio-el-Dia-internaciona l-contra-la-homofobia-en-el-deporte

3. Idem.

4. HERAS, Carlos de las (Responsable de Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional). Fútbol contra la Homofobia. El Caso de Justin Fashanu. Amnistía Internacional España. Publicado el 19 de Febrero de 2023. Consultado el 2 de febrero de 2024. Disponible en:

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo /futbol-contra-la-homofobia-el-caso-de-justin-fashanu/

5. Idem.

6. Idem.

7. Caribe Informativo. Op. Cit.

8. Idem.

9. Idem.

10. Idem.

11. HERAS. Op. Cit.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de febrero de 2024.– Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

CELEBRACIÓN DE LA EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA VISIBILIDAD TRANS, EL 31 DE MARZO DE 2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a acordar la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans el 31 de marzo de 2024, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita diputada María Clemente García Moreno del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año 2009 el Día Internacional de la Visibilidad Trans se conmemora cada 31 de marzo. Originalmente la iniciativa parte de una propuesta de la activista Rachel Crandall, cofundadora de la organización “Trasgender Michigan”. Esta conmemoración tiene la finalidad de reconocer la lucha que enfrentan las personas trans, así como que la población mundial haga conciencia, se sensibilice y reflexione sobre las condiciones de vida de las personas trans así como de remarcar el valor de su vida, ya que este sector de la población enfrenta diversas situaciones donde sus derechos humanos se ven altamente vulnerados por la estigmatización, la discriminación, la violencia y los crímenes de odio a causa de su identidad de género.

Dentro de las siglas LGBTTTI, las letras TTT hacen referencia a las personas transgénero, transexuales y travestis. Se entiende por persona trans a aquella que considera que su “identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer, y que hace una transición a otro u otros” De acuerdo con la CONAVIM, la palabra género hace referencia a “ideas, comportamientos y atribuciones sociales que definen y contrastan lo masculino de lo femenino”, mientras que la palabra sexo hace referencia a las “características biológicas y físicas que definen y diferencian al hombre y a la mujer”, es por ello que la frase “no se nace con un género preestablecido, se aprende” cobra sentido.

COPRED explica que la identidad de género es la “convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma”, es por ello que las personas trans pueden adecuar su género a lo masculino o a lo femenino, o simplemente no hacerlo, ya que no es obligatorio ni una regla encajar en uno u otro género. Cada persona debe de tener la libertad de construirse a sí misma, sin embargo, no es así de sencillo debido a que la realidad trans implica reconocer que existen estereotipos muy marcados que se han perpetuado a lo largo de los años debido al sistema patriarcal que impone ideales sociales preconcebidos de lo masculino y lo femenino.

Pese a los esfuerzos implementados tanto en el sector público como en el privado para erradicar la discriminación y la violencia que viven las personas trans, dicho sector sigue viviendo en condiciones de vulnerabilidad exacerbada, como lo remarca Cesar Torres Cruz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Constantemente les son impuestas múltiples barreras en hogares, escuelas, trabajos, calle, comercios, hospitales y cientos de lugares, públicos y privados, lo que se ve materializado en violaciones directas a sus derechos, mismas que desencadenan en pobreza y exclusión social.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años de edad en América Latina. Los crímenes de odio siguen siendo la forma en la que concluyen muchas de estas manifestaciones de violencia. En otras palabras, las personas trans, y en específico las mujeres trans, no mueren por una enfermedad o por cuestiones naturales, sino por el odio y la transfobia.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, desde 2018 a inicios de febrero de 2024, se han reportado 410 crímenes de odio cometidos por motivos de identidad de género, entre los que se encuentran asesinatos y desapariciones. “México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, solo detrás de Brasil. Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, en el país se registraron 52 asesinatos de personas trans y de género diverso, solo por debajo de 100 en Brasil, de acuerdo con información de la red Transgender Europe”.

La cifra es alarmante ya que tan sólo durante los primeros quince días del mes de enero de este año, se tiene registro de al menos 5 asesinatos de mujeres trans, por lo que considerando dicho promedio a final de año podríamos superar a Brasil y volvernos el país más letal del mundo en ese rubro.

Entre dichos asesinatos se encuentra el de la activista y defensora de derechos humanos, Samantha Carolina Gomes Fonseca (más conocida como Samantha Fonseca), cometido el 15 de enero, el cual se suma a los de Gaby Ortiz en el estado de Hidalgo (junto a quien se encontró una cartulina con un mensaje de odio) y al de Miriam Ríos, comisionada municipal del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán.

Actualmente en 18 entidades federativas se ha legislado el reconocimiento a la identidad de género autoelegida, entre las cuales están: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Estos datos son un lamentable reflejo de la visión que tiene la sociedad sobre la importancia de normalizar las necesidades y derechos que tiene la población trans.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, en México la población transgénero, transexual o de otra identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer, es de 909 mil personas (0.9% de las personas de 15 años y más). En la Encuesta Nacional de Discriminación de 2019, “más de 40 por ciento de los encuestados señalaron que no se sentirían a gusto viviendo con una persona trans y no les gustaría que sus hijos o hijas se casaran con una de ellas o con alguien LGBTI”. La discriminación que enfrentamos todos los días las personas trans, es algo inadmisible. No debemos permitir que las cifras continúen así. La posibilidad de que cada persona defina su propia identidad de género es un derecho humano.

Es de suma importancia recordar que todas las personas tenemos derecho a autopercibirnos libremente, sin cumplir roles o estereotipos preestablecidos. Las personas trans debemos ser reconocidas, apoyadas y respetadas, pues representamos en carne propia lo que significa el derecho a la libre determinación, mismo que debe de ser acompañado y ejercido de forma interdependiente, entre otros, con el derecho a la vida libre de violencia y discriminación.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración que, en términos del artículo 38, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos o efemérides, someto a consideración la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, para que acuerde la celebración de la efeméride con motivo del “Día Internacional de la Visibilidad Trans”, que se conmemora el día 31 de marzo de cada año.

Notas

1. COPRED, “Copred hace un llamado a eliminar los estigmas y estereotipos en contra de las personas trabajadoras sexuales“,31 Marzo 2022, En:

https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/dia-internacion al-de-la-visibilidad-trans-reconocimiento-las-infancias-trans-un-pendiente

2. Idem.

3. XANTOMILA, Jessica. “Viven personas transgénero en una condición de vulnerabilidad exacerbada” La Jornada, 10 de enero de 2022, en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/10/politica/viven-perso nas-transgenero-en-una-condicion-de-vulnerabilidad-exacerbada/

4. N+. Violento Inicio de Año para Comunidad Trans en México: Van Cuatro Asesinatos. Publicado el 16 de Enero de 2024. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en:

https://www.nmas.com.mx/nacional/seguridad/asesinatos-comunidad- trans-inicios-2024-mexico-cifras/

5. GUILLÉN, Beatriz. Asesinada la Activista Trans Samantha Gómez Fonseca al Salir de una Visita en un Reclusorio de Ciudad de México. Diario El País. Publicado el 15 de Enero de 2024. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en:

https://elpais.com/mexico/2024-01-15/asesinada-la-activista-tran s-samantha-gomez-fonseca-al-salir-de-una-visita-en-un-reclusorio-de-ciudad-de-m exico.html

6. GÓMEZ Mena, Carolina. En 18 Entidades ya Existen Leyes a Favor de la Identidad de Género, Destacan. Diario La Jornada. Publicado el 29 de Mayo de 2023. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/29/politica/en-18-entid ades-ya-existen-leyes-a-favor-de-la-identidad-de-genero-destacan/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de febrero de 2024.– Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

EXHORTO A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A DIFUNDIR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas a llevar a cabo, en la medida de lo posible, campañas de difusión sobre la importancia que tiene el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a los Gobiernos estatales y municipales de las 32 Entidades federativas llevar a cabo en la medida de lo posible campañas de difusión sobre la importancia que tiene el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa.

Exposición de Motivos

Que el derecho a la alimentación se encuentra establecido en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su párrafo tercero dice a la letra:

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Que la desnutrición en México afecta aproximadamente a 20 millones de niñas, niños y adolescentes, condición que puede impedir su desarrollo conductual y cognitivo, además de afectar su rendimiento escolar, creatividad y habilidad en actividades deportivas y esta situación a la larga también repercute en su salud reproductiva y productividad laboral.

Ya que cuando los niños no están bien nutridos, en especial en los primeros años de vida, puede haber repercusiones en su salud, con un sistema inmune frágil, limitaciones para aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar y adaptarse a los ambientes y personas.

En ese sentido, una buena nutrición es la primera línea de defensa que tiene la población infantil para soportar infecciones y enfermedades crónicas que pueden marcarlos por el resto de sus vidas, así lo han dado a conocer especialistas en nutrición y pediatría, así como organismos internacionales como el Fondo para la Infancia de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud.

Atendiendo a lo anterior, el Gobierno federal tiene en marcha un Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, un Programa Federal que ha contribuido al bienestar social de las familias mexicanas durante 79 años, acercando todos los días el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.

Que este Programa Federal de Leche Liconsa, opera a nivel nacional en dos modalidades:

• Abasto Comunitario: concesiones, centros de distribución mercantil y sistema de tiendas Diconsa.

• Convenios con instituciones públicas, Actores Sociales y Comunitarios y personas morales legalmente constituidas sin fines de lucro.

La población objetivo de este Programa Federal de Leche Liconsa, se define como las personas que forman parte de hogares cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza extrema y que pertenecen a cualquiera de los siguientes grupos de población:

I. Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad.

II. Mujeres y hombres adolescentes de 13 a 15 años.

III. Mujeres en período de gestación o lactancia.

IV. Mujeres de 45 a 59 años.

V. Personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad.

VI. Personas adultas de 60 y más años de edad.

Que el Programa Federal de Leche Liconsa, otorga una dotación de leche fortificada y con alto valor nutricional, a un precio preferencial por litro, transfiriendo un margen de ahorro a los beneficiarios.

Que la dotación de leche autorizada es de hasta cuatro litros a la semana por persona beneficiaria registrada en el padrón y cada hogar tendrá derecho a adquirir un máximo de 24 litros a la semana, dependiendo del número de personas beneficiarias de manera permanente.

Que el trámite para pertenecer a este Programa Federal de Abasto Social de Leche Liconsa es completamente gratuito únicamente el interesado deberá presentar los siguientes documentos:

• Identificación oficial

• Comprobante de domicilio (antigüedad máxima de tres meses).

• Acta de nacimiento de la persona titular y de las personas beneficiarias.

• Clave Única del Registro de Población (CURP) de la persona titular y de las personas beneficiarias.

Que el objetivo del Programa Federal de Abasto Social de Leche Liconsa, es dar cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación.

Razón por la que es fundamental que los Gobiernos estatales y municipales de las 32 Entidades federativas, fortalezcan la educación nutricional entre su población, difundiendo en la medida de lo posible, mayor información sobre la importancia que tiene el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa, con el fin de generar conciencia y además incentivar la ingesta de la leche fortificada con hierro, zinc, vitamina A, vitamina D, vitamina B2, Vitamina B12 y ácido fólico, nutrientes esenciales que favorecen la salud de todas y todos los mexicanos en condiciones de marginación y pobreza.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los Gobiernos Estatales y Municipales de las 32 Entidades Federativas, llevar a cabo en la medida de lo posible, campañas de difusión sobre la importancia que tiene el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa.

Referencias

- Conoce todo sobre el Programa Abasto Social de Leche | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

- 20 millones de niños y adolescentes mexicanos sufren desnutrición (vertigopolitico.com)

- mexicosocial.org/la-desnutricion-sigue-creciendo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2024.– Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL ISSSTE, A INCLUIR DENTRO DE SU CARTERA DE INVERSIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través del ISSSTE, a incluir dentro de su cartera de inversión la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Bruno Blancas Mercado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Bruno Blancas Mercado, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal a través de la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que incluya dentro de su cartera de inversión la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Puerto Vallarta del estado Jalisco.

Consideraciones

El artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud, señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud; establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Igualmente el artículo 123 apartado B fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la organización para el otorgamiento de la seguridad social para los trabajadores del Estado.

El sistema de salud que tenemos en nuestro país es complejo, sin embargo la estructura para brindar seguridad social a la población se da con hospitales de tres niveles de atención, a saber:

Hospitales de primer nivel. Se refiere a los diferentes tipos de hospitales que brindan atención médica general, ya que su función es prevenir enfermedades o tratar aquellas que son de poca gravedad. Por ejemplo: resfriado común, tos, dolor de cabeza o dolor de estómago. Algunos hospitales que corresponden a este primer nivel son: laboratorios, consultorios médicos y ginecólogos. Generalmente cuentan con sala de emergencias, médicos generales y en algunos casos, con médicos especializados.

Hospitales de segundo nivel. Comparados con los anteriores, en este nivel se encuentran los hospitales que son más especializados y que tienen la capacidad de tratar padecimientos de mayor complejidad. Aquí puedes recibir atención médica cuando tengas una emergencia o un parto de gravedad media.

Hospitales de tercer nivel. De los 3 niveles hospitalarios, este es el que destaca por atender los casos de salud con mayor complejidad y gravedad. Estos tipos de hospitales cuentan con médicos especialistas y aparatos tecnológicos avanzados para hacer intervenciones de gran importancia. Las cirugías, operaciones de emergencias o enfermedades crónicas, son algunos ejemplos que pueden ser atendidos en esos hospitales.

En Puerto Vallarta actualmente existen solo dos hospitales, uno de primer nivel y uno de segundo nivel, siendo que la población afiliada al Instituto ha ido en aumento considerablemente pues al año 2022 la población afiliada es de 27,592, por otra parte las personas que requieren atención médica de alta especialidad son trasladadas al estado de Nayarit o hasta Guadalajara, lo que incrementa el costo de salud para los pacientes y familiares.

Datos del anuario estadístico 2021 y 2022 del ISSSTE, indican que el aumento de personas afiliadas al Instituto en Jalisco como en Puerto Vallarta va en aumento, cabe señalar que a la fecha no se ha publicado el anuario estadístico 2023, que sin duda mostrará mayor población afiliada al Instituto, continuación se muestra las siguientes tablas:

Debido a la alta demanda de personas que requieren atención médica en Puerto Vallarta se hace necesario tener un hospital de tercer nivel que cubra las necesidades médicas de los Vallartenses y de las personas de los municipios colindantes, por ello se solicita que el gobierno federal contemple dentro de la cartera de inversión como proyecto especial la creación de un hospital de tercer nivel que sin duda alguna beneficiará a la región.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal a través del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que incluya dentro de su cartera de inversión la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Puerto Vallarta del estado Jalisco.

Nota

1 https://www.bbva.mx/educacion-financiera/seguros/niveles-hospitalarios-y-su-cla sificacion.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2024.– Diputado Bruno Blancas Mercado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CELEBRACIÓN DE LA EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL CONDÓN, EL 13 DE FEBRERO DE 2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a acordar la celebración de la efeméride con motivo del “Día Internacional del Condón” el 13 de febrero de 2024, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La AIDS Healthcare Foundation, organización no lucrativa más grande en el mundo que brinda atención médica para el VIH/SIDA, en 2012 propuso establecer el 13 de febrero como el “Día Internacional del Condón”, fecha que fue acogida por 31 países entre ellos México, como una estrategia para promover el empleo de métodos anticonceptivos en la población sexualmente activa, con la finalidad de recordar que el uso del condón puede prevenir tanto embarazos como enfermedades de transmisión sexual. Esta fecha fue elegida particularmente por encontrarse en vísperas del 14 de febrero, “Día del amor y la amistad”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población en 2023 “se estimó que en México la mitad de las mujeres de 25 a 34 años tuvieron su primera relación sexual antes de los 18.7; mientras que la mitad de las mujeres de 35 a 49 años experimentaron este evento antes de los 19.4 años”. Por su parte la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, en cuanto a salud sexual y reproductiva de la población adulta de 20 años o más en México, señaló que “90.8 por ciento reportó haber iniciado vida sexual, 37.3 por ciento no utilizó algún método anticonceptivo en la última relación sexual. En salud materna, 29.1 por ciento de las mujeres de 20 a 49 años señalaron haber estado alguna vez embarazadas, 98.8 por ciento recibió atención médica con el último hijo nacido vivo; siendo las principales medidas de detección de sífilis (66 por ciento) y VIH (79.5 por ciento).

Asimismo, 86.4 por ciento de los adolescentes de entre 10 y 19 años reportaron haber escuchado hablar de un método anticonceptivo, pero solo el 36.3 por ciento identificó la utilidad del condón masculino. También, 19.5 por ciento de personas entre 12 y 19 años mencionaron haber iniciado su vida sexual y 19.3 por ciento reportó no haber usado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. El 36 por ciento de las mujeres de éstas edades, reportaron haber tenido un embarazo adolescente lo cual representa una vulneración a corto, mediano y largo plazos de sus derechos sexuales y reproductivos, y sus derechos a la salud, educación, entre otros.

Entre 2015 y 2023, la Tasa Específica de Fecundidad de Adolescentes (TEFA) se redujo en 16.7 por ciento, al descender de 72.4 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años a 60.3. En 2023, las entidades con las mayores TEFA son Chiapas (81.7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años), Tlaxcala (69.6) y Zacatecas (68.8); La menor TEFA se presenta en la Ciudad de México (47.1), Baja California (50.6) y Yucatán (51.2 nacimientos por cada mil mujeres de 15-19 años).

Cabe resaltar que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), ha señalado que: “El embarazo en adolescentes no sólo tiene repercusiones en la salud de las adolescentes y de sus hijos, sino en el abanico de opciones para su proyecto de vida, en sus relaciones sociales y en sus posibilidades de desarrollo, entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele reforzar una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad, características propias del desarrollo en esa etapa y a la adopción de roles de género tradicionales, así como a la pérdida de vivencias y adquisición de conocimientos propios de la adolescencia. Adicionalmente, la maternidad y paternidad temprana, suele tener efectos negativos graves en los hijos e hijas de las y los adolescentes, exponiéndose a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo”.

Como lo menciona Laura Flamand, investigadora del Colegio de México (Colmex), el embarazo adolescente tiene consecuencias individuales, sociales e internacionales. Las cifras indican que “75 por ciento de las mexicanas de 20 años sin hijos trabaja o estudia; en cambio, cuando las jóvenes de esa misma edad tienen niños a su cargo, solo un 40 por ciento estudia o tiene algún trabajo remunerado”, lo cual sitúa a las madres adolescentes en una población vulnerable de la que se desencadenan distintas problemáticas, volviéndolas una población con menores oportunidades laborales y económicas, lo que se ve reflejado en un indicador de pobreza.

Por su parte, Vanessa Arvizu, también investigadora del Colmex sostiene que el ejercicio de los derechos sexuales se distribuye de manera desigual en el territorio mexicano debido a distintos factores, ejemplo de ello es el acceso a los métodos anticonceptivos, los cuales considera que desde el año 2000 se encuentran estancados. Esto no solo se refleja en el aumento de embarazos adolescentes sino también en el aumento de infecciones de transmisión sexual.

“Durante 2022, casi 1 de cada 2 (45.1 por ciento) interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) correspondieron a niñas y adolescentes menores de 20 años de edad, las cuales descendieron entre 2019 y 2022, de 55.6 a 45.1 por ciento”, lo cual sitúa a las madres adolescentes en una población vulnerable de la que se desencadenan distintas problemáticas, por ejemplo, una población con menores oportunidades laborales y económicas, lo que se ve reflejado en un indicador de pobreza.

“En México, el objetivo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) es erradicar los embarazos infantiles, disminuirlos en las adolescentes de 15 a 19 años y contrarrestar las brechas sociales, económicas y de género. Todo lo anterior desde el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y la adolescencia”.

Adicional a lo anterior, es de destacar que en 2021 se registró un aumento significativo del 82.3 por ciento en sífilis adquirida, debido a que se presentaron aproximadamente 7,015 casos en comparación con 2020, que se reportaron solo 3,848 casos. Con relación al VIH, en 2021 se presentaron aproximadamente 9,592 casos, lo que representa un aumento del 60 por ciento en comparación con los casos de 2020, donde se registraron 5,986. Algunas otras Infecciones de Transmisión Sexual presentaron los siguientes aumentos; Infección Gonocócica del tracto Genitourinario 46.6 por ciento, Linfogranuloma Venéreo por Clamidias 45.6 por ciento, Chancro Blando 20.5 por ciento, Herpes Genital: 14.5 por ciento, Vulvovaginitis: 6.7 por ciento.

Como puede verse, las cifras son alarmantes, por ello necesitamos hacer conciencia no solo de la importancia y utilidad del condón masculino, así como del interno o femenino, sino en general del resto de los métodos anticonceptivos disponibles para la población, así como de las implicaciones e impacto que genera el desconocimiento y no uso de los mismos, a nivel individual y social.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración que, en términos del artículo 38, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos o efemérides, someto a consideración la siguiente propuesta con:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados para que acuerde la celebración de la efeméride con motivo del “Día Internacional del Condón”, que se conmemora el día 13 de febrero de cada año.

Notas

1 INFOBAE. Por qué se celebra el Día Internacional del Condón un Día Antes de San Valentín. Publicado el 13 de Febrero de 2020. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/13/por-que-se-cel ebra-el-dia-internacional-del-condon-un-dia-antes-de-san-valentin/

2 CONAPO. Día Mundial de la Salud Sexual. Publicado el 4 de Septiembre de 2023. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://www.gob.mx/conapo/articulos/dia-mundial-de-la-salud-sexu al-344134#:~: text=Se%20estima%20que%20en%20M%C3% A9xico,a%C3%B1os%20(CONAPO%2C%202023)

3 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados Nacionales. Primera Edición. 2022. México. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/inf ormes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf

4 IDEM.

5 UNFPA América Latina y el Caribe. Embarazo en Adolescentes. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes

6 CONAPO. Desciende más del 16 por ciento la Tasa de Fecundidad de Adolescentes (Comunicado). Publicado el 26 de Septiembre de 2023. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://www.gob.mx/conapo/prensa/deciende-mas-del-16-por-ciento- la-tasa-de-fecundidad-de-adolescentes-septiembre-2023?idiom=es

7 UNFPA América Latina y el Caribe. IBID.

8 GUILLÉN, Beatriz. 1.000 Embarazos de Adolescentes al Día: México se Estanca en Uno de sus Grandes Retos Demográficos. Diario El País (Versión Digital). Publicado el 31 de Agosto de 2022. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://elpais.com/mexico/2022-08-31/1000-embarazos-de-adolescen tes-al-dia-mexico-se-estanca-en-uno-de-sus-grandes-retos-demograficos.html?even t_log=go

9 IDEM.

10 SEGOB. Desciende más de 16 por Ciento la Tasa de Fecundidad de Adolescentes en 2023. Publicado el 26 de Septiembre de 2023. Consultado el 2 de Febrero de 2023. Disponible en

https://www.gob.mx/segob/prensa/desciende-mas-de-16-por-ciento-l a-tasa-de-fecundidad-de-adolescentes-en-2023?idiom=es #:~: text=Entre%202015%20y%202023%2C%20la,)%20y%20Yucat%C3%A1n%20(51.2)

11 Inegi. Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes (Datos Nacionales). Comunicado de Prensa Núm. 556/23. Publicado el 21 de Septiembre de 2023. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023 /EAP_EmbNoPlanificado23.pdf

12 Expansión Política. Aumentan Enfermedades de Transmisión Sexual en México. Publicado el 6 de octubre de 2021. Consultado el 2 de Febrero de 2024. Disponible en

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/06/aumentan-enferme dades-de-transmision-sexual-en-mexico

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de febrero de 2024.– Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

EXHORTO A LA SECTUR Y A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SINALOA, A EXPLICAR LA EJECUCIÓN DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE EN DICHO ESTADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur, a la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, en coordinación con el SATES, a difundir un informe pormenorizado en donde expliquen la ejecución y destino del recurso recaudado por concepto del 3 por ciento del impuesto sobre el hospedaje en dicho estado, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Merary Sánchez Villegas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- El impuesto al hospedaje es un gravamen de carácter estatal que, considerando los términos de la legislación en cada entidad federativa, grava los servicios de hospedaje, de tal forma que es el huésped quien paga el impuesto y el hotelero se constituye en el retenedor del mismo para enterarlo a la hacienda estatal. Este impuesto se implementa en el entonces Distrito Federal y 8 entidades más en el año de 1996. A medida que el tiempo transcurrió, se fueron incorporando más entidades y en el 2018 ya se tenía la totalidad de las entidades con este impuesto.

Segunda.- Se lleva a cabo una estandarización de las tarifas promedio por categoría a escala nacional, partiendo de la agrupación de precios promedio en hoteles que publica mensualmente el INEGI para el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los resultados obtenidos por entidad federativa se comparan con los registros administrativos sobre la recaudación por impuesto al hospedaje que integra el INEGI y se mide en porcentaje la “captación fiscal” que han realizado las unidades de finanzas estatales, de acuerdo con los montos de ingreso estimados con base en los indicadores monitoreados por el Sistema Datatur (Análisis Integral del Turismo).

Tercera.- El impuesto al hospedaje se ubica en un rango de un 2 a 5 por ciento en la facturación que los hoteles realizan y únicamente gravando lo correspondiente al hospedaje, sin considerar los servicios adicionales que son prestados en los establecimientos como es el caso de alimentos y bebidas, tintorería, etc.

En el caso particular de Sinaloa, la cantidad del impuesto sobre el hospedaje se ubica en 3 por ciento.

Cuarta.- El monto del impuesto se determina aplicando a la base gravable a que elude el Art. 27 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, la tasa del 3%. Este impuesto se cobra al momento de elaborarse la factura correspondiente, y debe enterarse mediante declaración que presentará el contribuyente en los formatos oficialmente aprobados ante las oficinas autorizadas para ello.

Quinta.- El 14 de julio del 2022, el Gobernador Rubén Rocha Moya instaló el Consejo Consultivo para la Transparencia, el cual se encarga de vigilar la correcta aplicación de los recursos recaudados por el cobro del 3 por ciento del impuesto sobre el hospedaje.

El Consejo Consultivo congrega a miembros del sector como Presidentes de las distintas asociaciones de hoteles que hay en Sinaloa, y por parte del Gobierno del Estado, al Secretario de Administración y Finanzas; y a la Secretaria de Turismo.

Sexta.- Hasta el año 2023, Sinaloa ha sido la séptima Entidad Federativa que ha tenido mayor ingreso por hospedaje en el País, según el Programa de Monitoreo Hotelero, Datatur y SECTUR 2023

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo (Sectur) y a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de Sinaloa para que, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria del Estado (SATES), hagan público un informe pormenorizado en donde expliquen la ejecución y destino del recurso recaudado por concepto del 3% del impuesto sobre el hospedaje en dicho Estado.

Notas

1. Secretaría de Turismo. Análisis de los Ingresos y Estimación del Impuesto al Hospedaje en México 2019-2023. Enero 2023. Véase:

https://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20compartidos/Anali sis_Impuesto_Hospedaje.pdf

2. Íbidem 1

3. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. Impuesto Sobre Hospedaje. Véase:

https://tramites1.sinaloa.gob.mx/impuestos_estatales/ayudas/ayud a-MARCO2.htm

4. Véase:

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/impuesto-al-hospedaje-e n-sinaloa-un-hoyo-negro-de-615-mdp-8833968.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO A LA SRE, A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN A LOS MEXICANOS TRABAJADORES EVENTUALES EN RETORNO CON VISA H2A

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a implementar campañas informativas para la prevención del delito de extorsión a las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la implementación de campañas informativas para la prevención del delito de extorsión a las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones de colaboración y el esfuerzo mutuo entre nuestro gobierno y el de nuestro vecino norte han fortalecido el crecimiento económico de ambos países de manera bilateral. Tal es así, que la entreverada relación comercial, laboral y económica entre México y Estados Unidos, ha velado por el intercambio de trabajo de manera regular y documentada con diversos programas para la emisión de visas de trabajo temporal. Las oportunidades extendidas bajo los marcos de protección y legalidad de estos mecanismos deben garantizar un proceso de movilización, contratación y retorno eficaz, digno y, sobre todo, seguro. Bajo esta última premisa han llegado a imperar modalidades de extorsión que afectan de manera directa a nuestros connacionales con visas de trabajo.

En este tenor, existen organizaciones que se coordinan para la contratación masiva de mano de obra mexicana, por medio del trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para la emisión de visas de trabajo temporal. Decenas de miles de trabajadores del sector agrícola son contratados para laborar en granjas de diversa naturaleza. Tan sólo en Carolina del Norte, alrededor de diez mil trabajadores mexicanos son recibidos cada temporada bajo la acción y coordinación de la organización “North Carolina Farmers”. En beneficio de estos connacionales, el ingreso al país corre por parte de la empresa o patrón que les contrate. El retorno, gestionado por los granjeros y sus empresas se determina de manera particular bajo la contratación de servicios privados de transporte desde territorio mexicano. El uso de autobuses provenientes de Estados cercanos a nuestra frontera norte es lo más usual. En este preciso punto de inflexión es donde existen el margen para la acción criminal de la extorsión, pues por medio de información filtrada por parte de algunos operativos encargados de la movilidad (posiblemente choferes de autobús, en su mayoría) los sitios de arribo de los trabajadores, así como la hora de llegada, son informados a autoridades locales que requieren de los trabajadores mexicanos en su regreso cantidades de dinero que van desde los 50 hasta los 300 dólares, tan sólo para permitirles arribar. Las identidades de estas autoridades pueden ser variadas, pero sin importar el tipo de servidor o funcionario, es una violación flagrante de la ley. Existen una evidente colusión entre las empresas encargadas del transporte al regreso a México y los inspectores fronterizos: es necesario vigilar de manera urgente la operatividad y emitir sanciones adecuadas para quien sea que incurra en este crimen.

Es bien sabido que los trabajadores mexicanos que fungen como mano de obra para el sector primario estadounidense optan por movilizarse para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, generando una cantidad considerable de dinero que circulará a la posteridad en territorio nacional, creando un efecto sinérgico de bienestar hacia sus comunidades de origen y estimulando la economía nacional. A su retorno, cuentan con cantidades de dinero, ganado legalmente y con esfuerzo, que ciertos sectores de nuestra autoridad no dejan pasar desapercibidas. La lucha de nuestro partido y los ideales plasmados en los valores y convicciones de la presente administración han luchado contra la corrupción desde el día uno, y es tanto una necesidad como un deber moral denunciar estos actos, sea quien sea que los perpetre. Además, la necesidad de movilizarse año con año y temporada por temporada, crea un sistema en red de un delito que no puede ser evitado. La reincidencia de los contratos y la emisión constante de visas presentan cierta dualidad de oportunidad y vulnerabilidad, pues nuestros trabajadores del campo precisan de los ingresos provenientes de estos convenios. A sabiendas de ello, la mala acción de las autoridades y la configuración particular del delito se presentan una vez tras otra, convirtiéndose en un vicio cíclico del que nuestros connacionales son víctimas constantes. Si no se frena a la brevedad este actuar, se acrecentará la problemática y los programas de trabajo temporal dejarán de ser una oportunidad para volverse un abuso sistematizado.

Por ello, es necesaria la colaboración de nuestras autoridades para la vigilancia del retorno y la coordinación con las autoridades estadounidenses para velar conjuntamente por la seguridad de los trabajadores mexicanos temporales.

De igual manera, cabe resaltar la importancia de la implementación de campañas informativas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la red consular ubicada en los Estados Unidos de América (USA) que consta de 53 sedes en todo el país, para exponer la naturaleza de los procesos, vigencias, permisos y sanciones a los trabajadores con visado temporal H2A, para evitar problemáticas o permanencias fuera de los periodos autorizados. La búsqueda de responsables también es prioritaria, pues es inaceptable que quienes deben vigilar y hacer cumplir las leyes sean quienes toman ventaja de los más vulnerables. Nadie se encuentra por encima de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con visa de trabajo H2A, así como la implementación de campañas informativas para la prevención del delito de extorsión; a través de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para la implementación de campañas informativas internas y extraterritoriales para exponer los mecanismos, procesos, vigencias, permisos y sanciones relacionados a la emisión de visas de trabajo temporales H2A.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO A LA SHCP, A PREVENIR EL DELITO DE EXTORSIÓN HACIA LOS TRABAJADORES MEXICANOS TEMPORALES EN ESTADOS UNIDOS CON VISA DE TRABAJO H2A, DURANTE SU RETORNO A MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con visa de trabajo H2A, durante su retorno a México, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con Visa de trabajo H2A, durante su retorno a México, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones de colaboración y el esfuerzo mutuo entre nuestro gobierno y el de nuestro vecino del norte han fortalecido el crecimiento económico de ambos países de manera bilateral. Tal es así, que la entreverada relación comercial, laboral y económica entre México y Estados Unidos de América, ha velado por el intercambio de trabajo de manera regular y documentada con diversos programas para la emisión de visas de trabajo temporal. Las oportunidades extendidas bajo los marcos de protección y legalidad de estos mecanismos deben garantizar un proceso de movilización, contratación y retorno eficaz, digno y, sobre todo, seguro. Bajo esta última premisa han llegado a imperar modalidades de extorsión que afectan de manera directa a nuestros connacionales con visas de trabajo.

En este tenor, existen organizaciones que se coordinan para la contratación masiva de mano de obra mexicana, por medio del trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para la emisión de visas de trabajo temporal. Decenas de miles de trabajadores del sector agrícola son contratados para laborar en granjas de diversa naturaleza. Tan sólo en Carolina del Norte, alrededor de diez mil trabajadores mexicanos son recibidos cada temporada bajo la acción y coordinación de la organización “North Carolina Farmers”. En beneficio de estos connacionales, el ingreso al país corre por parte de la empresa o patrón que les contrate. El retorno, gestionado por los granjeros y sus empresas se determina de manera particular bajo la contratación de servicios privados de transporte desde territorio mexicano. El uso de autobuses provenientes de Estados cercanos a nuestra frontera norte es lo más usual. En este preciso punto de inflexión es donde existen el margen para la acción criminal de la extorsión, pues por medio de información filtrada por parte de algunos operativos encargados de la movilidad (posiblemente choferes de autobús, en su mayoría) los sitios de arribo de los trabajadores, así como la hora de llegada, son informados a autoridades locales que requieren de los trabajadores mexicanos en su regreso cantidades de dinero que van desde los 50 hasta los 200 dólares, tan sólo para permitirles cruzar de suelo americano a suelo mexicano en la inspección aduanal vía terrestre. Las identidades de estas autoridades pueden ser variadas, pero sin importar el tipo de servidor o funcionario, es una violación flagrante de la ley. Existen una evidente colusión entre las empresas encargadas del transporte al regreso a México y los inspectores fronterizos: es necesario vigilar de manera urgente la operatividad y emitir sanciones adecuadas para quien sea que incurra en este crimen.

Es útil describir exactamente los detalles de la extorsión que sufren los connacionales trabajadores temporales mexicanos que viajan de regreso a su lugar de origen después de laborar 4-10 meses en territorio americano.

El transporte terrestre es contratado por la organización North Carolina Farmers en Monterrey, Nuevo León. El autobús viaja desde Monterrey, Nuevo León hacia Carolina del Norte y en ese viaje de ida va vacío. Creemos que cuando cruza la frontera entre México y los Estados Unidos de América (USA) se pone de acuerdo con los agentes de aduanas y SAT del lado mexicano para decirles posteriormente la fecha en la que van a cruzar de Estados Unidos de América (USA) hacia México.

Cuando el chofer llega a Carolina del Norte se pone de acuerdo con la Organización para definir la fecha de salida y el número de trabajadores que harán el viaje de regreso a México en el autobús. Pueden ir entre 40-50 trabajadores o pasajeros en el autobús. Cuando salen de Carolina del Norte con el autobús lleno es cuando el chofer se comunica con su contacto dentro de las agencias de aduana y SAT para cometer la extorsión.

Después de 20 horas de recorrido desde Carolina del Norte hacia la frontera de Tamaulipas (México) con Texas (Estados Unidos de América), lo que quieren los trabajadores es llegar a Monterrey, Nuevo León. Cuando llegan a la inspección aduanal por parte de ambas agencias (aduanas y SAT) los detienen y des dicen “No bajen del camión. Les vamos a cobrar entre 50 y 200 dólares por persona por derecho o pago de franquicias” Muchos trabajadores se quejan porque muchos de ellos no traen regalos o compras que excedan los 500 dólares que por ley mexicana tienen derecho a comprar en Estados Unidos como ciudadanos mexicanos. Pero los agentes aduanales no les importan sus argumentos y le dicen “Si uno de ustedes no acepta, pagan todos la espera de 8-10 horas que dura la inspección” Como todos los trabajadores vienen cansados no les queda otra opción y aceptan ser víctimas de la extorsión. Esto debe de detenerse inmediatamente.

Es fundamental resaltar que la mayoría de los mexicanos en retorno que se ven inmersos en esta circunstancia optan por entregar las cantidades señaladas por dichas autoridades con la finalidad de continuar con su retorno, sin embargo, esta condicionante resulta una completa violación a sus derechos y al de sus familias.

Es bien sabido que los trabajadores mexicanos que fungen como mano de obra para el sector primario estadounidense optan por movilizarse para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, generando una cantidad considerable de dinero que circulará a la posteridad en territorio nacional, creando un efecto sinérgico de bienestar hacia sus comunidades de origen y estimulando la economía nacional. A su retorno, cuentan con cantidades de dinero, ganado legalmente y con esfuerzo, que ciertos sectores de nuestra autoridad no dejan pasar desapercibidas. La lucha de nuestro partido y los ideales plasmados en los valores y convicciones de la presente administración han luchado contra la corrupción desde el día uno, y es tanto una necesidad como un deber moral denunciar estos actos, sea quien sea que los perpetre. Además, la necesidad de movilizarse año con año y temporada por temporada, crea un sistema en red de un delito que no puede ser evitado. La reincidencia de los contratos y la emisión constante de visas presentan cierta dualidad de oportunidad y vulnerabilidad, pues nuestros trabajadores del campo precisan de los ingresos provenientes de estos convenios. A sabiendas de ello, la mala acción de las autoridades y la configuración particular del delito se presentan una vez tras otra, convirtiéndose en un vicio cíclico del que nuestros connacionales son víctimas constantes. Si no se frena a la brevedad este actuar, se acrecentará la problemática y los programas de trabajo temporal dejarán de ser una oportunidad para volverse un abuso sistematizado.

Por ello, es necesaria la intervención para otorgar certeza y seguridad a los mexicanos que retornan a México, a partir de la vigilancia constante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de prevenir el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con Visa de trabajo H2A, durante su retorno a México.

Punto de Acuerdo

Único.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer sanciones adecuadas y promover la vigilancia y el buen desempeño de sus funcionarios, para garantizar el retorno seguro de las y los mexicanos trabajadores eventuales en retorno con visa H2A.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO AL INM, A EVITAR EL DELITO DE EXTORSIÓN HACIA LOS TRABAJADORES MEXICANOS TEMPORALES EN ESTADOS UNIDOS CON VISA DE TRABAJO H2A

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INM a establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos con visa de trabajo H2A, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Alberto Torres Escudero, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con visa de trabajo H2A, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones de colaboración y el esfuerzo mutuo entre nuestro gobierno y el de nuestro vecino norte han fortalecido el crecimiento económico de ambos países de manera bilateral. Tal es así, que la entreverada relación comercial, laboral y económica entre México y Estados Unidos, ha velado por el intercambio de trabajo de manera regular y documentada con diversos programas para la emisión de visas de trabajo temporal. Las oportunidades extendidas bajo los marcos de protección y legalidad de estos mecanismos deben garantizar un proceso de movilización, contratación y retorno eficaz, digno y, sobre todo, seguro. Bajo esta última premisa han llegado a imperar modalidades de extorsión que afectan de manera directa a nuestros connacionales con visas de trabajo.

En este tenor, existen organizaciones que se coordinan para la contratación masiva de mano de obra mexicana, por medio del trabajo conjunto con las autoridades estadounidenses para la emisión de visas de trabajo temporal. Decenas de miles de trabajadores del sector agrícola son contratados para laborar en granjas de diversa naturaleza. Tan sólo en Carolina del Norte, alrededor de diez mil trabajadores mexicanos son recibidos cada temporada bajo la acción y coordinación de la organización “North Carolina Farmers”. En beneficio de estos connacionales, el ingreso al país corre por parte de la empresa o patrón que les contrate. El retorno, gestionado por los granjeros y sus empresas se determina de manera particular bajo la contratación de servicios privados de transporte desde territorio mexicano. El uso de autobuses provenientes de Estados cercanos a nuestra frontera norte es lo más usual. En este preciso punto de inflexión es donde existen el margen para la acción criminal de la extorsión, pues por medio de información filtrada por parte de algunos operativos encargados de la movilidad (posiblemente choferes de autobús, en su mayoría) los sitios de arribo de los trabajadores, así como la hora de llegada, son informados a autoridades locales que requieren de los trabajadores mexicanos en su regreso cantidades de dinero que van desde los 500 hasta los 3000 dólares, tan sólo para permitirles regresar a su país (México) por la vía terrestre. Las identidades de estas autoridades pueden ser variadas, pero sin importar el tipo de servidor o funcionario, es una violación flagrante de la ley. Existen una evidente colusión entre las empresas encargadas del transporte al regreso a México y los inspectores fronterizos: es necesario vigilar de manera urgente la operatividad y emitir sanciones adecuadas para quien sea que incurra en este crimen.

Otra manera de extorsión que ha ganado terreno versa sobre la retención de los pasaportes de los trabajadores. Cuando las jornadas laborales se extienden debido a sobrecarga de trabajo, los patrones suelen requerir la presencia de algunos empleados temporales por periodos ligeramente más prolongados. Es importante señalar que los patrones les prometen a los trabajadores temporales que ellos tramitarán ante las autoridades correspondientes la extensión de sus visas de trabajo temporal por el periodo que les piden que acepten. Este periodo de extensión puede ser de 1 semana o hasta 2 meses. El tema principal es que el trabajador temporal confía en que el trámite o solicitud de extensión se lleve a cabo y lo más seguro es que lo haya tramitado el patrón pero el documento que justifica o indica la extensión nunca es recibido por el trabajador. El trabajador cuando aborda su autobús de regreso de Carolina Norte hacia Monterrey, Nuevo León, trae consigo su pasaporte y su visa de trabajo temporal con una fecha vencida o expirada y es ahí cuando sufre la extorsión por tener un visa de permiso de trabajo temporal vencida, pero la realidad es que el patrón nunca le entregó el documento oficial de la extensión de su visa temporal Se tiene la queja de que, al reingresar a México, algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migración retienen los pasaportes y solicitan cantidades que van desde los 500 hasta los 3,000 dólares para su devolución.

Es bien sabido que los trabajadores mexicanos que fungen como mano de obra para el sector primario estadounidense optan por movilizarse para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, generando una cantidad considerable de dinero que circulará a la posteridad en territorio nacional, creando un efecto sinérgico de bienestar hacia sus comunidades de origen y estimulando la economía nacional. A su retorno, cuentan con cantidades de dinero, ganado legalmente y con esfuerzo, que ciertos sectores de nuestra autoridad no dejan pasar desapercibidas. La lucha de nuestro partido y los ideales plasmados en los valores y convicciones de la presente administración han luchado contra la corrupción desde el día uno, y es tanto una necesidad como un deber moral denunciar estos actos, sea quien sea que los perpetre. Además, la necesidad de movilizarse año con año y temporada por temporada, crea un sistema en red de un delito que no puede ser evitado. La reincidencia de los contratos y la emisión constante de visas presentan cierta dualidad de oportunidad y vulnerabilidad, pues nuestros trabajadores del campo precisan de los ingresos provenientes de estos convenios. A sabiendas de ello, la mala acción de las autoridades y la configuración particular del delito se presentan una vez tras otra, convirtiéndose en un vicio cíclico del que nuestros connacionales son víctimas constantes. Si no se frena a la brevedad este actuar, se acrecentará la problemática y los programas de trabajo temporal dejarán de ser una oportunidad para volverse un abuso sistematizado.

Por ello, es necesaria la colaboración de nuestras autoridades para la vigilancia del retorno y la coordinación con las autoridades estadounidenses para velar conjuntamente por la seguridad de los trabajadores mexicanos temporales.

Por lo anteriormente expuesto, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para establecer medidas de atención y vigilancia de manera coordinada con la finalidad de evitar el delito de extorsión en sus diferentes configuraciones hacia los trabajadores mexicanos temporales en Estados Unidos de América con visa de trabajo H2A; a través de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración para establecer sanciones adecuadas a los funcionarios que incurran en el delito de extorsión, así como una mayor transparencia en los protocolos de movilización de los trabajadores mexicanos temporales con visa de trabajo H2A.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, A COORDINAR ESFUERZOS PARA REALIZAR UNA CRUZADA NACIONAL A FAVOR DEL AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y estatales a coordinar esfuerzos para realizar una “Cruzada Nacional a favor del Agua” que contenga mecanismos de fomento a la recolección del agua pluvial, concientización sobre la importancia del cuidado y racionalización del agua, incentivos para el uso de tecnologías ahorradoras de agua y uso de desalinizadoras, a cargo del diputado Miguel Torruco Garza, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputado Miguel Torruco Garza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 59, 65 numeral 1 y artículo 79, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las situaciones de mayor relevancia y preocupación que atañe actualmente a nuestro país, y a nuestras autoridades de los 3 órdenes de gobierno es la referente a la escasez de agua, situación que requiere acciones estratégicas con una visión de corto, mediano y largo plazos, en la que se priorice garantizar el suministro del vital líquido para la población de todo nuestro país.

El agua en prácticamente todo el mundo es un bien limitado con un valor ilimitado, toda vez que de su existencia literalmente presenta una relación de vida con numerosos seres vivos, incluyendo obviamente al ser humano. Por esta razón es imperativo el realizar planteamientos con visión a corto, mediano y largo plazos, que sirvan para garantizar el suministro suficiente del vital líquido.

La Conagua señala que México cuenta con una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud, donde destacan 51 ríos principales por los que fluye el 87% del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren el 65% de la superficie nacional. Por su superficie destacan las cuencas de los ríos Bravo y Balsas, y por longitud destacan los ríos Bravo y Grijalva-Usumacinta. Los ríos Lerma y Nazas-Aguanaval pertenecen a la vertiente interior.

Desafortunadamente la situación del agua en México no se encuentra en su mejor momento, para ejemplificarlo señalaremos el caso de uno de los sistemas hidrológicos de mayor relevancia en nuestro país, me refiero al sistema Cutzamala.

El informe más reciente emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de este luido mes de enero denominado “Almacenamiento en presas del Sistema Cutzamala 2024”, señala una situación preocupante, el almacenamiento actual de las presas es de 310,002,000 metros cuadrados y la capacidad de almacenamiento es de 782,521,000 metros cuadrados, lo que representa que al día de hoy se encuentra al 39.62% de su capacidad.

Estimaciones de la propia Conagua señalan lo siguiente: El Valle de México dispone de agua para 147 días, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido a la escasez de lluvias en la temporada pasada y la intensa sequía que azota la región de la cuenca del río Cutzamala, entre Michoacán y Estado de México.

Según información del Periódico El Financiero. El Sistema Cutzamala abastece de agua a una cuarta parte del Valle de México, una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, y las principales demarcaciones que sirve son:

Alcaldías de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan.

Municipios del Estado de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Tecamac, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán Temoaya y Lerma.

Este sistema abastece a millones de personas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El Servicio Meteorológico de la Conagua señaló en enero del presente año que la situación de la sequía en nuestro país ésta empeorando, se presentan altas temperaturas en enero que ocasiona falta de lluvias y amplias regiones sin poder recargar sus mantos acuíferos. La Conagua señala “la condición de sequía va en aumento en el norte y centro del país, además de que se observaron temperaturas superiores a los 35 grados en las costas del Océano Pacífico en las regiones centro y sur.”

Una de las localidades que alcanzó temperaturas récord fue Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, que el 18 de enero pasado reportó 39.5 grados.

Para este año se vislumbra una situación complicada, la falta de agua suficiente afecta a la mayor parte del territorio, autoridades de la Conagua han señalado que al inicio de este año más del 81% sufre de algún tipo de sequía, la sequía extrema y excepcional se ha localizado en el noreste, noroeste y centro de México, con un 28.79% del total.

Las cifras arrojan que el 20% de México está registrando unas condiciones anormales de sequía, mientras que el 32.8% tiene rasgos de sequía moderada a severa.

El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Es por estas razones que, al amparo de lo establecido en la Constitución Mexicana, surge este punto de acuerdo para tomar acciones inmediatas y definir políticas públicas y/o programas con objetivos definidos y estrategias puntuales que coadyuven a la preservación y buen uso de del recurso acuífero.

Es por esto que someto a la consideración de esta Honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que en plena función de sus facultades y atributos legales coordine una “Cruzada Nacional a Favor del Agua”, para que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los Gobiernos Estatales y Congresos de las Entidades Federativas del país la cual debe promover, entre otras formas de ahorrar y cuidar el agua, lo siguiente:

a) Mecanismos de fomento a la recolección del agua de lluvia, y considerar la obligatoriedad en los edificios públicos de los 3 órdenes de gobierno.

b) Campañas de difusión a través de los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, y a través de las redes sociales, de la importancia del cuidado y racionalización del agua.

c) Incentivos fiscales para que la iniciativa privada instale en sus instalaciones, tecnologías ahorradoras del agua y que en los nuevos edificios del sector público seas obligatorias.

d) Analizar la viabilidad financiera y técnica de la instalación de plantas desalinizadoras de agua de mar.

e) Coordinar la creación de una política nacional del cuidado del agua a través de eliminar el desperdicio de la misma.

Notas:

1. Situación de los Recursos Hídricos.

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/situacion-de-los -recursos-hidricos

2. “Almacenamiento en presas del Sistema Cutzamala 2024”

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/886887/Enero_2024 .pdf

3. Milenio.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/agua-del-cutzamala-se -agotaria-en-junio-esta-al-50

4 El Financiero

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/01/23/sequia-extre ma-en-mexico-escasez-de-agua-cdmx-edomex-sistema-cutzamala-reporte-enero-2024-c onagua/

5. https://www.foxsports.com.mx/2024/01/31/sequia-en-mexico-2024-8187-del-pais-suf re-de-falta-de-agua-cuales-son-los-estados-mas-afectados/

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Miguel Torruco Garza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES A REALIZAR LA ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE TORTURA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales de las 32 entidades federativas a realizar la armonización legislativa en materia de tortura, suscrita por la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PT y del PRI

Quienes suscriben, diputada presidenta Marisol García Segura (Morena), secretarias y secretarios; diputado Jaime Baltierra García (PT), diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI), diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena), diputada Marisela Garduño Garduño (PT), diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena), diputada María Sierra Damián (Morena), diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (Morena), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, así como las diputadas y diputados, Adriana Bustamante Castellanos, Jesús Roberto Briano Borunda, Manuel Alejandro Robles Gómez, Cecilia Márquez Alkadef Cortes, Manuela Obrador Narváez, Alma Griselda Valencia Medina, Mario Rafael Llergo Latournerie, Rosangela Amairany Peña Escalante, Noemi Salazar López, Graciela Sánchez Ortiz y Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o, numeral 1, fracción I y 79o numeral 2, fracción I del reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

a) La mesa directiva de la Cámara de Diputados hizo del conocimiento a la Comisión de Derechos Humanos la comunicación 1291, en el que se expone el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, por lo que sugiere a esta entidad legislativa una propuesta de acciones para fortalecer las recomendaciones derivadas del Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, por tal motivo, se exhorta a los Congresos Estatales para que en ejercicio de sus facultades exclusivas, realicen la armonización legislativa en materia de Tortura.

b) De acuerdo con el mecanismo para la prevención de la tortura en México, en el mes de mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, el conflicto entre el Gobierno federal, Estatal y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, escaló entre quienes se oponían a la expropiación de sus tierras para la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México.

El 3 de mayo de 2006, Frente al mercado del vecino municipio de Texcoco inició un choque entre vendedores de flores de San Salvador Atenco y policías municipales, el conflicto derivó en la realización de un operativo integrado por 1,815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva, en el cual se detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas, aproximadamente 50 de ellas fueron mujeres, de las cuales 31 refirieron haber sido agredidas sexualmente por parte de elementos policiales al momento de su detención y traslado, 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual iniciaron un proceso ante el Sistema Interamericano que concluyó con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018.

De acuerdo con la Cumbre Judicial Iberoamericana, la tortura sexual puede ser entendida como:

La violación sexual o la imposición de dolor físico o sufrimiento emocional de naturaleza sexual a una o varias personas, perpetrada por uno o varios agentes del Estado, o bien, por aquiescencia u órdenes de éstos. Así, es utilizada frecuentemente como una forma de persecución política. La tortura sexual puede abarcar la violación y otras formas de agresión sexual física, incluyendo la violencia física hacia los genitales o los senos y la agresión psicológica sexual que puede consistir en comentarios lascivos o amenazas. Las víctimas de tortura por lo general son reticentes a revelar información acerca de actos de tortura sexual, sin embargo, gracias a que las y los investigadores de este tema hacen preguntas directas acerca de este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, se ha demostrado que la tortura sexual es bastante común, especialmente aquella que es sufrida por mujeres. Al respecto, cabe señalar que la tortura sexual hacia las mujeres adopta múltiples formas y viene acompañada de la reproducción de estereotipos asociados a los roles de género heteronormativos que conllevan el despliegue de técnicas de humillación diseñadas para aumentar la vulnerabilidad de la víctima por su condición de mujer.

c) En ese sentido, actualmente y con el compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y en particular los derechos de las mujeres en México, ha emprendido una serie de acciones para dar cumplimiento a la sentencia “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, la cual reconoce como víctimas sobrevivientes de tortura sexual a Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara ltalia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Como parte de las medidas de no repetición, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha reconocido a la tortura sexual como un delito y como una violación a los derechos humanos que trasciende a la víctima, impacta a las comunidades, rompe redes de apoyo y lacera a las familias, experimentando señalamientos y rechazo por una sociedad mayoritariamente patriarcal.

d) Ante el compromiso de nuestro país para cumplir con las medidas dictadas en la sentencia “Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2018, se reconoció a la violencia sexual como delito, el Gobierno de México creó en septiembre de 2015 un Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres que “contempla la emisión de un dictamen conjunto con recomendaciones sobre los casos revisados, a fin de que las autoridades competentes actúen aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, o reciban asistencia técnica para avanzar en la investigación de tortura sexual”.

e) Como parte de la razón de ser de dicho mecanismo, se llevó a cabo el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, a través de 1,280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la república. De dicho estudio se desprenden muchos datos que exhiben la compleja situación en la que se encuentra la violencia sexual en nuestro país.

De acuerdo con ese primer diagnóstico:

• 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, en las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y la etapa de juicio.

• El 6.71% de mujeres entrevistadas manifestó desconocer cuál autoridad las detuvo y trasladó al Ministerio Público, ya que las personas que las detuvieron no portaban algún elemento característico de vestimenta que las identificara.

• El 80.78% manifestó que no fue informada de sus derechos, mientras que el 65.15% refirió no haber sido informada del delito por el cuál las detuvieron; indicativo sobre la tendencia a no informar los derechos de la persona imputada o presuntamente responsable; y el tipo de delito por el que se les detiene, lo cual podría configurar en una detención arbitraria.

• En relación con el tiempo transcurrido entre el arresto y la presentación ante el Ministerio Público, el 37% fue de 0 a 3 horas; el 33% de 4 a 24 horas; el 24% de 1 a 7 días; el 2% tardaron en ser presentadas de 1 semana a 1 mes; y el porcentaje restante no proporcionó información. Preocupa el lapso entre la detención y la puesta a disposición ante la autoridad ministerial, lo que viola el principio de inmediatez en la presentación.

• A la pregunta ¿Considera haber sido víctima de tortura sexual durante su detención y traslado al Ministerio Público?, el 25.62% sí considera haber sido víctima de tortura sexual; el 72.50% no considera haber sido víctima de tortura sexual; el 0.93% no contestó; y otro 0.93% se presentó ante el representante social por diversos motivos, tales como: entregarse, solicitar información, presentar una denuncia y comparecer como testigo.

• Con relación a las violencias, el 73% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia; de las cuales, el 34% fue psicológica, el 1% solo física y el 65% física y psicológica, con lo cual se advierte que la mayoría de las mujeres padeció ambas violencias.

• Los ataques físicos referidos son los siguientes: patadas el 27.5%; manoseos el 18%; golpes con objetos el 18%; golpes en senos, glúteos o genitales el 16%; desnudez forzada el 14%; violación sexual vía oral, anal o vaginal el 3.5%; e introducción de objetos en cavidades el 3%.

• Los ataques fueron cometidos en los siguientes momentos: durante la detención el 33.48%; traslado hacia el Ministerio Público el 21.90%; en ambos momentos el 44.38%; y en instalaciones policiacas el 0.23%. Los lugares donde más se cometieron fueron en una patrulla o vehículo oficial, un vehículo particular y en un domicilio particular.

• Del análisis sobre la información proporcionada por el total de las mujeres entrevistadas, adicional al 25.62% que consideró ser víctima de tortura sexual, un 12.5% sufrió violencia sexual, sin haberla reconocido como tortura sexual. Asimismo, el 22.26% fue sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el 12.10% a tortura sin violencia sexual y el 27.5% señaló no haber sufrido alguna violencia durante su arresto y traslado.

• De los actos de tortura sexual cometidos en contra de mujeres durante su estancia ante el Ministerio Público, según las entrevistas aplicadas, 13.44% de las mujeres manifestó que las autoridades que ejecutaron en su contra actos de tortura sexual fueron elementos pertenecientes a la Policía Estatal, Policía Municipal, Policía de Investigación, Policía Federal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Médico Legista y otras, de tal información cobra relevancia señalar que las prácticas de la tortura sexual son ejecutadas en su mayoría por las policías que realizan las puestas a disposición ante el Ministerio Público.

• Del total de entrevistas aplicadas, en el 15.39% de mujeres que manifestaron hechos por tortura sexual durante la detención, traslado y estancia ante el Ministerio Público, solo en el 21% se inició la investigación correspondiente, mientras que en el 79% no se realizó.

• El 14.38% del total de mujeres entrevistadas señaló que el Ministerio Público sí recabó su declaración o entrevista con motivo de la tortura sexual, 39% de ellas manifestó que la persona servidora pública realizó comentarios inapropiados o fuera de contexto y 61% que no aconteció tal situación.

• Del 13.59% total de entrevistas aplicadas señalaron si el Ministerio Público realizó pruebas tendientes para documentar la tortura sexual, en el 9% de los casos sí se realizaron, mientras que en el 91% esto no sucedió.

• Para la atención médica por la tortura sexual durante la detención del 14.22% del total de mujeres entrevistadas, el Ministerio Público llevó a cabo acciones en el 11% de los casos; sin embargo, el 89% de mujeres manifestaron no haber recibido atención médica.

• En el 13.98% del universo de entrevistas se manifestó en relación con la atención médica con motivo de la tortura sexual. En este caso, solo el 7% manifestó haberla recibido y 93% no la recibió.

• Del 10.47% del universo total de mujeres entrevistadas, el 74% señaló que el trato recibido por el personal médico se realizó con comentarios inapropiados e incómodos que contribuyeron a la revictimización.

• Por lo que respecta a las acciones emprendidas por el personal de salud ante los hechos de tortura sexual, cabe señalar que, del 100% de entrevistas, el 9.97% señaló que se les negó la atención médica por la tortura sexual o hubo obstáculos para recibirla. Al 71% se le negó u obstaculizó la atención médica, mientras que 29% sí la recibió.

• Dentro del tratamiento médico otorgado por el personal de salud ante los hechos de tortura sexual, 10 mujeres señalaron haber recibido exámenes ginecológicos, pastilla del día siguiente, prueba de embarazo y detección de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

• Del 7.97% de las mujeres entrevistadas, solo al 3% se les permitió la presencia de un familiar o persona de confianza al momento de realizarle los exámenes médicos, en tanto que 97% la autoridad no permitió este acompañamiento.

• El 43.82% de las mujeres que fueron sometidas a actos de tortura, fueron con connotaciones de naturaleza sexual con la finalidad de humillarlas y castigarlas por ser mujeres. Mientras que el 23.59% vivió tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y un 20.70% no refirió haber vivido algún tipo de violencia.

• El 55.70% (713) de las mujeres entrevistadas padecieron tortura, de las cuales se desprende que el 32.18% (412) identificó haberla sufrido, mientras que un 11.64% (149) fueron sometidas a dichos actos sin haberla reconocido como tal. Es decir, de las 1,280 mujeres entrevistadas, el 43.82% (561) sobrevivieron a actos de tortura con connotaciones altamente sexuales.

f) En cuanto a la localización de los casos de tortura, el diagnóstico dividió a nuestro país en cuatro regiones (Occidente, Norte, Sur y Centro). La región Norte se integró por los estados de: El Estado de Baja California encabeza la lista, seguido de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur y Sonora. La región Centro se integra de los Estados de: El Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca. Por su parte la región centro-occidente se conformó por los estados de: Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Colima. Mientras que la región sur se integró por los estados de: Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Sobre los casos de tortura sexual en las regiones antes mencionadas, el diagnóstico señala que:

• En la región Norte se localizaron 97 casos de tortura sexual, y 33 casos con indicios de tortura.

• En la región centro se identificaron un total de 214 casos de tortura sexual.

• En la región Centro-Occidente se localizaron 99 casos de tortura sexual.

• En la región Sur se encontraron 118 casos de tortura sexual.

Estos datos revelan que la tortura sexual es un mal generalizado en todo el país, por lo que es indispensable que existan medidas de prevención, combate y erradicación a nivel local.

Por las consideraciones anteriores, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que en ejercicio de sus facultades exclusivas realicen la armonización legislativa en materia de tortura.

Notas

1. Secretaría de Gobernación, “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres privadas de su libertad en México”, México, 2022, p. 11

2. Cfr. Einolf, Christopher J., “Why Do States Use Sexual Torture against Political Prisoners. Evidence from Saddam Hussein’s Prisons”, Journal of Global Security Studies, 2018, p. 1 y Centro PRODH et al., Tortura Sexual en México. Contexto, prácticas e impactos, S.E., México, 2015, pág. 14

3. Encinas, Alejandro, “Primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México”, en

http://www.alejandroencinas.mx/home/primer-diagnostico-nacional- sobre-tortura-sexual-cometido-contra-mujeres-privadas-de-libertad-en-mexico/

4. Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México sentencia de 28 de noviembre de 2018 en

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.p df

5. Secretaría de Gobernación, “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México”, 27 de junio de 2022, disponible en:

https://www.gob.mx/segob/documentos/diagnostico-nacional-sobre-t ortura-sexual-cometida-contra-mujeres-privadas-de-la-libertad-en-mexico

6. Op. Cit “Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México”

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, el 13 de febrero de 2024.– Diputadas y diputados: Marisol García Segura, Adriana Bustamante Castellanos, Jesús Roberto Briano Borunda, Beatriz Rojas Martínez, Manuel Alejandro Robles Gómez, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Joaquín Zebadúa Alva, Manuela Obrador Narváez, Alma Griselda Valencia Medina, Mario Rafael Llergo Latournerie, Rosangela Amairany Peña Escalante, Marisela Garduño Garduño, Sue Ellen Bernal Bolnik, Noemí Salazar López, Graciela Sánchez Ortiz, Olimpia Tamara Girón Hernández, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, María Sierra Damián, Jaime Baltierra García, Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

EXHORTO A LA GUARDIA NACIONAL, A HACER PRESENCIA EN LAS ZONAS BOSCOSAS DE ISIDRO FABELA, ESTADO DE MÉXICO, Y REALIZAR OPERATIVOS TENDIENTES A INHIBIR LA ACCIÓN DE LOS GRUPOS DE TALAMONTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la GN a hacer presencia en las zonas boscosas de Isidro Fabela, Estado de México, y realizar operativos tendentes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región, así como a realizar un estudio de factibilidad, para ubicar un cuartel de dicha institución, a cargo de la diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que de los artículos 123 apartado B, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 Bis., de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, Fracción 11, de la Ley de la Guardia Nacional; y 19, Fracciones VI y IX, 23 y 24, del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, se encuentran las facultades de la Guardia Nacional, donde se desprende el objetivo y misión de la misma, que consiste según se constata en su página oficial en: “Realizar, en coadyuvancia con los Estados y Municipios, funciones de Seguridad Pública a través de la prevención de los delitos, combate a la criminalidad y el apoyo a la población; para salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, al igual que los bienes y recursos de la nación; a fin de contribuir a la generación y preservación de las libertades, el orden público y la paz social.”

2. Que, según su esquema de trabajo, la Guardia Nacional se distribuye en Coordinaciones Estatales (una por cada entidad del país) y a su vez, por coordinaciones regionales y al mismo tiempo, el titular de cada coordinación estatal se integra en las denominadas Mesas de Seguridad Estatal en las que interactúan con diversas autoridades.

3. Que el municipio de Isidro Fabela es uno de los 125 que integran el Estado de México y se encuentra localizado en el centro-oeste de dicho territorio, colinda al norte con el municipio de Nicolás Romero; al este con los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo; al sur con los municipios de Jilotzingo, Otzolotepec y Te-moaya; al oeste con los municipios de Temoaya y Nicolás Romero. Cuenta con una superficie que representa el 0.34 % de la superficie total del estado.

4. Que la cabecera municipal de Isidro Fabela es conocida como Tlazala de Fabela o como Santiago Tlazala, el cual tiene en su composición geográfica, una gran zona boscosa y su clasificación es rural.

5. Que la comunidad de Santiago Tlazala, se integra actualmente por 847 comuneras y comuneros, dedicados a labores propias del campo, entre las que destacan la silvicultura comunitaria y sustentable, primordialmente de pino, oyamel y árboles navideños.

6. Que, durante muchos años, la comunidad ha atestiguado y ha sido víctima de grupos que se dedican a la deforestación y/o tala ilegal del bosque; sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos seis meses, se han incrementado las actividades, haciéndolo de manera más violenta e incluso, cometiendo otra serie de ilícitos para lograr su cometido.

7. Que en fechas recientes, se establecieron reuniones y acuerdos con autoridades estatales, como la Fiscalía, la Policía Estatal y la Secretaría de Gobierno, entre otras; lo cierto, es que no hay acciones encaminadas a brindar seguridad, proteger la integridad de la ciudadanía y preservar el entorno y medio ambiente.

8. Que, como consecuencia, es necesario y urgente que se brinde apoyo, protección y seguimiento a la problemática generada por los grupos de talamontes que operan en la región.

9. Que los comuneros antes referidos, reconocen a la Guardia Nacional como una institución que les brinda confianza, por su servicio a la sociedad, su gestión eficiente, su disciplina y por la integración de mujeres y hombres inquebrantables en el cumplimiento de la ley, que proyectan una identidad propia, basada en valores y virtudes que los acercan a la población, a través del respeto y la confianza mutua.

10. Que derivado de lo anterior, se solicita la presencia de la Guardia Nacional en las zonas boscosas de Santiago Tlazala, con la finalidad de realizar operativos tendientes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región.

11. Que los comuneros de Santiago Tlazala, están dispuestos a donar una extensión de terreno perteneciente a la comunidad, a fin de que, después de que se realice un estudio de factibilidad, la Guardia Nacional establezca uno de sus cuarteles, específicamente, en el paraje conocido como Llano de la Horca.

Por lo anteriormente expuesto que someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Guardia Nacional, hacer presencia en las zonas boscosas del Municipio de Isidro Fabela, Estado de México y realizar operativos tendientes a inhibir la acción de los grupos de talamontes que operan en la región.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Guardia Nacional a realizar un estudio de factibilidad, para ubicar un cuartel de dicha institución en el Municipio de Isidro Favela, Estado de México.

Notas

1. Cfr. Guardia Nacional ¿Qué hacemos? Disponible en:

https://www.gob.mx/guardianacional/que-hacemos Consultado el 09 de febrero del 2024.

2. Cfr. Municipio de Isidro Fabela, Edo. Méx. Ubicación y extensión. Disponible en:

https://isidrofabela.edomex.gob.mx/acerca-ayuntamiento Consultado el 10 de febrero de 2024.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 13 de febrero de 2024.– Diputada Ma. Cristina Vargas Osnaya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

ACCIONES Y PROGRAMAS QUE COMBATAN LA CRISIS DE INSEGURIDAD Y OLA DE VIOLENCIA CRECIENTE EN HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la GN y a la Secretaría de Seguridad del Estado de México a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas eficaces que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos señala que, “ la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.”

La seguridad pública es una función primordial que deben de brindar los diferentes niveles de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para dar seguridad a las y los ciudadanos y a sus familias, garantizándoles una paz justa, sostenible y duradera.

Respecto a la seguridad pública en el ámbito municipal, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), señala que una de las funciones que mayor importancia tiene el municipio es la de brindar seguridad pública, cuyo ejercicio es una obligación del ayuntamiento. La autoridad municipal debe organizar, prever de medios y equipamiento a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.

No obstante, en los últimos meses, en el municipio de Huixquilucan, hemos sido testigos de un aumento alarmante en los índices de violencia, con un incremento significativo en asesinatos, feminicidios, secuestros, extorsiones y robos, entre otros.

En el pasado mes de octubre del 2023 en Paseo Interlomas, perteneciente a la zona residencial de Huixquilucan, un padre y su hijo derivado de un asalto a plena luz del día fueron asesinados al salir de un banco y días después un profesor de tenis fue víctima de robo en la localidad de Jesús del Monte, quien murió por la brutal golpiza de los asaltantes.

Y en los últimos días, fue hallado el cadáver de una mujer con signos de violencia en el poblado la Magdalena Chichicaspa, mientras que un taxista durante su jornada laboral desapareció y fue encontrado sin vida.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que, en el último año los homicidios dolosos en Huixquilucan aumentaron 25%, dado que durante el año 2023 fueron asesinadas 25 personas, mientras que en el año anterior 2022 se registraron 20 asesinatos.

De igual forma en dicho periodo, ilícitos como el robo a casa habitación con violencia aumentó 3%, el robo a motocicleta 29%, el abuso sexual aumento 11% y el acoso sexual aumento 77%.

Esta ola de violencia no solo ha sembrado el miedo en los habitantes de Huixquilucan, sino que también ha dejado cicatrices imborrables en el tejido social de nuestro municipio. Los ciudadanos viven con el temor constante de convertirse en víctimas de la delincuencia, o incluso de ser asesinados.

Hoy Huixquilucan se enfrenta a una realidad alarmante, no obstante, a pesar de las manifestaciones que claman por seguridad en nuestras calles, las autoridades municipales han optado por ignorar los llamados de los ciudadanos que piden seguridad. El aumento de homicidios, robos y otros crímenes, es una clara señal de que la situación está em-peorando, sin embargo, las autoridades municipales han optado por dar la espalda a aquellos que más necesitan su ayuda.

Es lamentable constatar que el gobierno municipal se encuentra rebasado en sus tareas de seguridad. Mientras tanto, en lugar de abordar esta crisis con seriedad y determinación, se dedica a presumir que Huixquilucan es el municipio más seguro del país. Sin embargo, los hechos y la realidad que enfrentan sus habitantes nos muestran una imagen completamente diferente.

La falta de respuesta por parte de las autoridades municipales son una muestra clara de la falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Huixquilucan.

En virtud de lo anterior, es importante el que se implementen de manera inmediata acciones y programas que combatan esta crisis de inseguridad que está afectando al municipio. Necesitamos el apoyo de la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado para restaurar la paz y la tranquilidad de Huixquilucan.

Es momento de dejar de lado las diferencias políticas y unirnos en un esfuerzo conjunto para enfrentar esta crisis de seguridad. Nuestros ciudadanos merecen vivir en un municipio donde puedan caminar por las calles sin temor y donde sus familias estén protegidas. No podemos permitir que la violencia y el crimen continúen devastando nuestras comunidades.

En virtud de lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Guardia Nacional y a la Secretaría de seguridad del Estado de México, a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan Estado de México.

La cooperación entre los distintos niveles de gobierno es esencial para abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta el municipio de Huixquilucan en materia de seguridad, para brindar una respuesta más rápida y eficaz a la ciudadanía, haciendo del municipio un lugar más seguro y vigilado.

En el Grupo Parlamentario del Partido Morena tenemos claro que el respaldo a los municipios por parte de autoridades estatales y federales, en tareas de seguridad, quienes cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para contribuir de manera significativa a combatir la violencia e inseguridad, es fundamental para garantizar la seguridad y la tranquilidad que las y los ciudadanos se merecen.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Guardia Nacional y a la Secretaría de seguridad del Estado de México, a implementar de manera urgente, en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones y programas eficaces que combatan la crisis de inseguridad y ola de violencia creciente en el municipio de Huixquilucan Estado de México.

Notas:

1. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Definición”, en Seguridad Pública [Actualización: 15 de febrero de 2006], en

www.diputados.gob.mx/cesop/

2. Guía técnica; El control de gestión municipal, INAP, disponible en la pág. web.-

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1719/2.pdf, consultada el día 07/11/2023.

3. Matan a balazos a dos hombres afuera de la plaza Paseo Interlomas; Periódico Sol de Toluca 18/10/23.

4. Hallan cadáver de mujer en Huixquilucan; Periódico Reforma

5. Incidencia Delictiva; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; disponible en la pág. web. -

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva, consultada el día 09/11/2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A FORTALECER LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, ADQUISICIÓN, Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS A NIVEL NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a fortalecer los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La reciente inauguración de la Megafarmacia del Bienestar por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha levantado tanto expectativas como interrogantes. Este proyecto, con un costo de más de 2 mil millones de pesos, prometió acabar con el desabasto de medicamentos en el país, ofreciendo un catálogo que aspire a tener “todas las medicinas del mundo” y garantizando entregas en un lapso máximo de 48 horas. Sin embargo, los números iniciales post-inauguración haciendo un análisis realista es desalentador.

Desde su apertura el 29 de diciembre, la Megafarmacia ha registrado 12 mil 541 llamadas en su centro de atención, un volumen que denota una clara demanda y necesidad por parte de la población. No obstante, de este total, solo 164 folios han resultado en la entrega física de medicamentos y apenas 67 folios han sido debidamente surtidos. Estas cifras, son modestas en comparación con el rendimiento diario de una farmacia promedio en la Ciudad de México, evidencian un arranque lento y problemático.

El detalle de las llamadas recibidas revela desafíos adicionales: 6 mil 507 fueron llamadas sin interacción efectiva, y 4 mil 069 carecían de los requisitos necesarios para procesar la solicitud. Esto sugiere deficiencias en el sistema de comunicación y en el proceso de gestión de solicitudes. Asimismo, la disminución en el número de folios atendidos resalta posibles ineficiencias en los mecanismos internos de operación y logística.

Es entonces, que el gobierno presumió que la Megafarmacia ha surtido 67 medicamentos desde su apertura, es decir, 4 recetas diarias. La Megafarmacia, la sola infraestructura, costó más de 2 mil millones de pesos.

En última instancia, la Megafarmacia del Bienestar debe enfrentar estos desafíos con determinación y responsabilidad, reconociendo que su éxito o fracaso porque impactará profundamente en la salud y el bienestar de millones de mexicanos.

Es por ello, que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, refuercen una estrategia integral y efectiva que optimice y fortalezca los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a fin de garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos esenciales en todo el país, asegurando así el abasto necesario para responder eficazmente a las necesidades de salud de la población mexicana.

Este exhorto se presenta con la convicción de que, a través de la implementación de estas medidas, la Secretaría de Salud fortalecerá significativamente el sistema de salud en México, garantizando el acceso oportuno y equitativo a medicamentos esenciales para todos los ciudadanos, y cumpliendo así con el más alto compromiso de salvaguardar la salud y el bienestar de la población en nuestro país.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para reforzar y garantizar el abasto de medicamentos para la población mexicana, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, refuercen una estrategia integral y efectiva que optimice y fortalezca los procesos de contratación, adquisición, y distribución de medicamentos a nivel nacional, a fin de garantizar la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos esenciales en todo el país, asegurando así el abasto necesario para responder eficazmente a las necesidades de salud de la población mexicana.

Notas

1 Alberto Morales, Megafarmacia recibe más de 12 mil llamadas; ha surtido 67 recetas de medicamentos: Birmex, EL UNIVERSAL, consultado por última vez el 22 de enero de 2024 en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/megafarmacia-recibe-mas-de -12-mil-llamadas-ha-surtido-67-folios-de-medicamentos-birmex/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SEP, A ASEGURAR A LOS EDUCANDOS EL ACCESO Y AVANCE ACADÉMICO, Y UNA ESTRATEGIA INTEGRAL A LOS GRUPOS Y REGIONES CON MAYOR REZAGO EDUCATIVO O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a asegurar a todas y todos los educandos el acceso, transito, permanencia, avance académico y una estrategia integral a los grupos y regiones con mayor rezago educativo, o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, no asisten a la escuela 2.0 por ciento de los niños y niñas de cinco a 11 años, lo que significa casi 281 mil menores, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que en México residían 15 millones de niñas y niños de 5 a 11 años, lo que representó 11 por ciento del total de la población, de acuerdo con datos del cuarto trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, 2022. Precisó que, de los 15 millones infantes en ese rango de edad, 2 por ciento no asistía a la escuela (280 mil 899), de los cuales 56 por ciento corresponde a niños y 44 por ciento a niñas.

Señaló que en los hogares donde, al menos, residía una niña o niño de cinco a 11 años que no asistía a la escuela, 73 por ciento de las jefas o jefes del hogar ocupados, trabajaban de manera informal. A escala nacional, 7 de cada 10 personas creen que mientras más escolaridad tenga una persona, tendrá mayor posibilidad de mejorar su nivel de vida, la mayoría de la población lo relaciona también con tener mejores oportunidades laborales.

Asimismo, en México al menos 3.8 millones de niños de tres a 14 años no asisten a la escuela. Se trata, alerta la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), de menores pobres, hablantes de lengua indígena, habitantes de localidades rurales aisladas, con discapacidad, aquellos que trabajan o son adolescentes con hijos.

Un estudio reciente sobre la atención de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en escuelas primarias, revela que aún hay centros escolares que imponen barreras o, incluso, niegan la inscripción a estudiantes con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con condición del espectro, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

El organismo destaca que, pese a las reformas constitucionales en materia educativa, y a la emisión en 2019 de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, cuyo objetivo es garantizar que todo niño y adolescente acceda al derecho a la educación sin importar las barreras de origen, género o condición, reconoce que estos componentes de la política educativa “no se reflejan actualmente en las escuelas”.

Asimismo, en el informe La USAER en voz de sus docentes. Evaluación diagnóstica del proceso de atención en escuelas primarias, destaca que para impulsar realmente la educación inclusiva en el país, se debe ampliar la cobertura de la USAER; fortalecer su capacidad de incidencia en las escuelas; y establecer un proceso de atención, a través de directrices generales que se apliquen en educación básica.

Sin embargo, en la actualidad, sólo 14.1 por ciento de los 194 mil 979 planteles públicos de prescolar, primaria y secundaria cuenta con este servicio, del que están excluidas las escuelas indígenas y comunitarias.

Cabe señalar que, en el ciclo escolar 2019-2020, la educación especial atendió a 614 mil 423 estudiantes de educación inicial, prescolar, primaria y secundaria, de los cuales 88 por ciento recibieron apoyo de USAER, a través de 4 mil 646 unidades de servicio para llegar a 540 mil 939 alumnos.

De los alumnos atendidos por USAER, indica Mejoredu, 70 por ciento, es decir, 376 mil 911 asisten a la primaria; 82 mil 440 a secundaria, y 81 mil 264 a preescolar.

La organización Mexicanos Primero denunció que a tres años del cierre de las escuelas por la pandemia de covid 19, el país enfrenta una de sus peores crisis en materia de educación, situación que ha sido desatendida por el gobierno.

En conferencia de prensa, Katia Carranza, investigadora de Mexicanos Primero explicó que luego de que las escuelas a nivel nacional cerraran por más de 210 días, es decir más de un ciclo escolar completo, se perdió un aprendizaje de manera grave que desencadenó el abandono escolar.

“El abandono escolar, la pérdida de aprendizajes fundamentales y el rezago educativo han sido de los retos principales... Con nuestro estudio Equidad y Regreso mostramos que, en diciembre de 2021, el 23 por ciento de los niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 10 y 15 años que entrevistamos ya no pudieron comprender un texto de tercer grado, cuando en mayo del mismo año sí lo habían podido hacer, y en matemáticas el 8 por ciento ya no pudo nombrar un dígito de dos números”.

En México la educación pública es gratuita, pero muchos niños, adolescentes y jóvenes enfrentan barreras para acceder a ella, particularmente durante los años previos, donde la covid-19 transformó los métodos de aprendizaje y enseñanza.

Una de las herramientas fundamentales para que los estudiantes puedan acceder es el acceso a la conectividad. Y aunque en los años recientes se ha logrado conectar a más comunidades, todavía una buena parte de los estudiantes carece de servicios de telefonía e internet o de dispositivos que le permitan conectarse.

Más de 49 mil estudiantes de entre 10 y 14 años en condiciones de vulnerabilidad, son atendidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), para iniciar, continuar o terminar la educación primaria.

Del total, 23 mil 880 son niñas y 25 mil 820, niños; todos reciben los servicios educativos del INEA a través de la vertiente 10-14 para acreditar estudios de nivel básico.

En muchas escuelas todavía se les exige presentar documentación de identidad o de acreditación escolar, cuando el artículo 3° de la Constitución Política Mexicana y la Normativa de Acceso y Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública, garantizan del derecho a la educación para todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su condición. Esto significa que su ingreso a la escuela no puede, ni debe estar condicionado a la presentación de estos documentos. Tampoco se pueden retener sus boletas o certificados de estudios o condicionarlos a la regularización de su situación.

No se debe negar el acceso, permanencia y conclusión de su derecho a la educación a niñas, niños y adolescentes bajo ninguna circunstancia. Para niñas, niños y adolescentes, la escuela es un espacio seguro en muchos sentidos. Asistir a la escuela no sólo les ayuda a recuperar rutinas y dar una sensación de estabilidad. Igualmente, la escuela proporciona un espacio único donde se puede dar acompañamiento psicoemocional, apoyo a través del juego, donde se aprenden habilidades socioemocionales y fundamentales como la lectura y escritura que son criticas para su presente y su futuro.

Es por ello, que presento el presente exhorto a las autoridades educativas, a garantizar que se respeten los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación. La exigencia de documentación de identidad o de acreditación escolar no debe ser una barrera para el acceso a la educación. Las escuelas no pueden ni deben condicionar el ingreso de los estudiantes a la presentación de estos documentos. También deben proporcionar un ambiente seguro que proporcione estabilidad, acompañamiento psicoemocional y el desarrollo de habilidades socioemocionales y fundamentales. Además, se debe trabajar en ampliar el acceso a la conectividad, especialmente para aquellos estudiantes que carecen de servicios de telefonía e internet o de dispositivos para conectarse, ya que se ha convertido en una herramienta esencial para la educación en la era actual.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto, respetuosamente, a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para tomar medidas inmediatas para abordar el acceso a la educación, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación Pública a ampliar la cobertura de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), a fin de fortalecer su capacidad de incidencia en las escuelas y establecer un proceso de atención a través de directrices generales aplicables a la educación básica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas, federal, estatales y municipales, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones conducentes para facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad, de acuerdo con lo establecido en la fracción IX del artículo 9 de la Ley General de Educación.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades educativas federal, estatales y municipales, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones necesarias para proporcionar un ambiente seguro que de estabilidad y acompañamiento psicoemocional a las y los educandos; y asimismo, lleven a cabo acciones que refuercen en ellos el desarrollo de habilidades socioemocionales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulse la conectividad especialmente para aquellos estudiantes que carecen de servicios de telefonía e internet o de dispositivos para conectarse, a fin de evitar su exclusión del sistema educativo.

Notas

1 Por Editor_Pxp, Texto íntegro: existen 3.8 millones de menores que no asisten a la escuela debido a barreras técnicas, punto por punto, consultado por última vez el 31 de julio de 2023 en

https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/t exto-integro-existen-3-8-mllns-de-menores-que-no-asisten-a-la-escuela-debido-a- barreras-tecnicas/

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Por Editor_Pxp, Texto íntegro: existen 3.8 millones de menores que no asisten a la escuela debido a barreras técnicas, punto por punto, consultado por última vez el 31 de julio de 2023 en

https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/t exto-integro-existen-3-8-mllns-de-menores-que-no-asisten-a-la-escuela-debido-a- barreras-tecnicas/

6 Ibidem.

7 Ibidem.

8 Ibidem.

9 Por Editor_Pxp, Texto íntegro: existen 3.8 millones de menores que no asisten a la escuela debido a barreras técnicas, punto por punto, consultado por última vez el 31 de julio de 2023 en

https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/t exto-integro-existen-3-8-mllns-de-menores-que-no-asisten-a-la-escuela-debido-a- barreras-tecnicas/

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Ibidem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

ESTRATEGIA Y ACCIONES NECESARIAS A FIN DE ESTABLECER QUE LAS AUTORIDADES ESCOLARES SEAN CAPACITADOS EN PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ABUSO SEXUAL EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es el primer país del mundo en abuso sexual de menores, con 5.4 millones de casos por año, y, en el 60 por ciento de los casos el agresor es una persona cercana a la familia, que incluye desde padres, padrastros, tíos y vecinos.

Además, de acuerdo con Efraín Guzmán García, coordinador nacional de Protección Infantil, menciona que, por cada mil casos de abuso a menores, únicamente cien se denuncian, sólo diez llegan a juicio y únicamente un caso llega a condena, por lo que estas cifras son alarmantes.

Es entonces, que el hogar se ha convertido en una de las zonas de mayor peligro para los menores: seis de cada diez agresiones se cometen en ese entorno, diversos organismos de derechos humanos, refieren que los abusos y la explotación de menores ocurren lamentablemente en su entorno más cercano, principalmente en casa o en la escuela, los sitios que deberían ser los más seguros para los menores, desafortunadamente son los más peligrosos y la tendencia de esta violencia, lejos de ir a la baja, ha ido creciendo año con año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), esta cifra se eleva a 5 mil de cada cien mil, la tasa de abuso sexual de niñas y niños en México, y es de mil setecientos por cada cien mil, cuando se trata de tocamientos.

Es entonces, que, en la primera infancia, hasta los cinco años de edad, los agresores suelen ser en un 30 por ciento los padrastros; en un 30 por ciento los abuelos y en un 40 por ciento tíos, primos, hermanos o cuidadores. Se calcula que una de cada cuatro niñas, así como uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad.

Asimismo, de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de Gobernación, desde marzo se registraron más de 115 mil llamadas de emergencia al 911 por incidentes contra mujeres, niñas y niños, por abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Del mismo modo, de acuerdo con el Índice de la UNICEF,el promedio de edad de los niños y niñas, la primera vez que sufren abuso, es de 8 años y medio, el 75 por ciento de los infantes que sufren abuso son niñas y el 25 por ciento son niños, lamentablemente el 88 por ciento de los agresores son conocidos de los niños y niñas, el 50 por ciento de los agresores son familiares de los niños y niñas.

Además, de acuerdo con el Segundo Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México, que realizó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, de los cuales nueve de cada 10 víctimas son mujeres y en particular cuatro de cada 10 son menores de 15 años de edad, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización.

En 2014, alrededor de 23 mil adolescentes de 12 a 17 años sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y actos sexuales no consentidos. En 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes, de los que 8 mil 876 son hijas e hijos de niñas menores de 14 años. Niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas por: un amigo, un familiar, un desconocido o el ex novio. La mayoría de éstos, por violación sexual o matrimonios arreglados.

Sin duda, la Secretaría de Educación Pública ha hecho caso omiso para impulsar un programa para la Protección Integral de estos menores. Ya que los lugares donde dichos menores se sienten cómodos y a salvo es en la casa, así como en la escuela, pero si en la casa sufren agresión, por ende, su lugar seguro para ellos es la escuela donde pueden desenvolverse más.

Si bien es cierto que nuestra legislación vigente nos menciona los planes y programas que se deben ejercer en las escuelas, así como el hacerles del conocimiento sobre educación sexual, pero si somos un poco más específicos en el artículo 30 de la Ley General de Educación se establece un poco sobre dicho tema, sin embargo, es importante que se establezca que autoridades escolares destinen uno o dos días del calendario para que se hable de violencia sexual y cómo prevenirla, que así mismo personal administrativo y académico sean capacitados en prevención del abuso sexual en los entornos escolares; así como de los procedimientos, protocolos y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Es por ello, que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes, implementen una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes; así como de los procedimientos, protocolos de actuación y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para prevenir e identificar el abuso sexual infantil por las autoridades educativas, a fin de prevenir, disminuir y erradicar este lacerante delito, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer que las autoridades escolares sean capacitados en prevención e identificación del abuso sexual en las niñas, niños y adolescentes; así como de los procedimientos, protocolos de actuación y canales de atención para denunciar este tipo de actos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Fiscalías y Procuradurías estatales de las 32 entidades federativas a dar un seguimiento puntal a las carpetas de investigación por el delito de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ante el lacerante aumento de los casos en este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Secretaría de Gobernación, para asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de campañas informativas en los medios de comunicación para que se fortalezca la cultura de la denuncia ante cualquier acto de violencia en contra de la niñez mexicana; a fin de prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia contra este grupo de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema.

Notas

1 Blanca Valadez, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, advierte organización, Grupo Milenio 2023, consultado por última vez el 09 de febrero de 2024 en

https://www.milenio.com/politica/comunidad/mexico-ocupa-abuso-se xual-infantil-organizacion

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe (2006a), Children and Violence Report of the National Child Month Committee 1997 Conference, citado en Violence Against Children in the Caribbean Región Regional Assessment,Panamá,UNICEF.

7 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, consultado por última vez el 11 de febrero de 2024 en

https://www.saularellano.com/2022/12/08/politica-de-estado-infan cia/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A LA SADER, A PROPORCIONAR SUBSIDIOS O INCENTIVOS FISCALES A LOS AGRICULTORES PARA LA COMPRA DE SEMILLAS MEJORADAS DE MAÍZ Y TRIGO, FERTILIZANTES Y MAQUINARIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a realizar las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas de maíz y trigo, fertilizantes y maquinaria, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El maíz y el trigo son dos cultivos de gran importancia para la economía de México. El maíz es originario de México y ha sido cultivado desde hace aproximadamente 7 mil años. Este grano es el que genera más valor económico para México, y su importancia se extiende a niveles sociales y culturales, siendo un elemento fundamental en la dieta. En 2021, México produjo más de 27 millones de toneladas de maíz, convirtiéndose en el séptimo productor a nivel mundial. El maíz representa el 88.2 por ciento de la producción nacional de granos y se cultiva en los 32 estados del país.

En México, de acuerdo con analistas y productores, la crisis del maíz y trigo podría generar efecto dominó en la economía, de no recibir apoyos para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción, se pondría en riesgo el cultivo de esos granos para el siguiente año y generaría trastornos económicos severos, advierten analistas y productores.

En mayo, al iniciar la temporada de cosechas, misma que se prolongará a julio de este año, productores de maíz y trigo de Sinaloa, Sonora y Baja California iniciaron una serie de manifestaciones para exigir el apoyo del gobierno para que se fije un precio de garantía de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil la de trigo, con el fin de que sea rentable su negocio y no caer en quiebra y en moratoria de pagos ante bancos y proveedores.

Por otra parte, especialistas manifiestan que esa situación podría tener efectos adversos en la meta de alcanzar la autosuficiencia alimentaria porque inevitablemente tendrá un impacto en el costo de la canasta básica. “Si los productores de maíz truenan, al año siguiente veremos kilos de tortilla de 40 o 45 pesos y en la Ciudad de México llega a 50, por los costos de flete, almacenamiento y demás”.

Además, si Sinaloa no le aporta al país los seis millones de toneladas de maíz que genera en promedio anualmente, se generaría un problema grave en la economía.

Por su parte, de acuerdo con Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (AOASS), llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a reflexionar sobre la problemática que se viene, pues lo que hoy afecta a los campesinos, pone en juego la producción de maíz y trigo, menciono; “No es exageración, si nos dejan tal cual, no vamos a poder pagar nuestros compromisos financieros, vamos a caer en cartera vencida y para el siguiente ciclo no va a haber quien financie a los productores”.

Es entonces, que está en riesgo la producción de maíz y trigo valuada en más de 166 mil millones de pesos, sin embargo, se trata de un problema económico, político y social porque no solo tiene que ver con el precio al que se pague el maíz, sino la inflación que puede desatar, así como problemas de empleo, entre otros.

Además, debe tomarse en cuenta que los precios de los granos y los insumos como fertilizantes son altamente sensibles a factores como los que representa la guerra en Ucrania, problemas climáticos.

No obstante, no solo es un problema de los estados con agricultura comercial; es un problema de todos los mexicanos por las repercusiones económicas que tendría.

Además, de acuerdo con Sarmiento Gámez, destaco que, debido al aumento del precio internacional de los granos ocurridos durante los últimos cuatro años, los productores de maíz y trigo no resintieron el hecho de que el gobierno federal haya eliminado instituciones e importantes programas destinados a apoyar a los campesinos, pero ahora se hicieron presenten sus consecuencias, ante el escenario adverso que hoy padecen.

El especialista recordó que cuando existía la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), extinguida al principio de la presente administración federal, lo que hacía el gobierno era sentarse con los productores y los compradores para acordar un precio que no pusiera en riesgo la rentabilidad de la producción de granos básicos.

Concretamente lo que hacían era ofrecer apoyos para flete, almacenamiento, pecuario, exportación, entre otros, con lo cual a los compradores les era indiferente comprar el maíz a los agricultores mexicanos que comprarlo en el extranjero. “Ahora lo que hace Segalmex es ignorar a los compradores”.

Por otra parte, mencionó que, al desaparecer Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Nacional), la cual dejó de otorgar préstamos desde diciembre de 2022, “dejó colgados alrededor de 9,000 productores por lo que se vieron obligados a endeudarse”.

Aunque Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) rescató a algunos productores, la mayoría están endeudados con proveedores, semilleras, distribuidores de fertilizantes, centros de acopio, dispersoras, amigos o incluso recurrieron a apalancar sus cultivos mediante tarjeta de crédito.

Es por ello, que se debe hacer un llamado al gobierno federal para que establezca una política adecuada proporcionado subsidios o incentivos fiscales a los agricultores, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural, que en situaciones críticas como las que se viven hoy en los estados con agricultura comercial, el gobierno debe intervenir para buscar una solución.

Además de que influye en la difícil situación que padecen con la desaparición de programas como el de subsidio agrícola y de la desaparición de Financiera Nacional.

Cualquier crisis en la producción de maíz y trigo podría tener un impacto significativo en la economía de México, debido a la importancia de estos cultivos. Aquí hay algunas formas en las que podría suceder:

1. Impacto en la seguridad alimentaria: el maíz y el trigo son dos de los alimentos básicos más importantes en México. Una disminución en la producción de estos cultivos podría llevar a una escasez de alimentos, lo que podría aumentar los precios y afectar la seguridad alimentaria.

2. Impacto en la agricultura y el empleo: si la producción de maíz y trigo disminuye, los ingresos de los agricultores podrían verse afectados, lo que a su vez podría tener un impacto en el empleo en las áreas rurales, donde la agricultura es una fuente importante de empleo.

3. Impacto en la balanza comercial: México exporta trigo cristalino y, en menor medida, maíz. Si la producción de estos cultivos disminuye, esto podría afectar las exportaciones y tener un impacto en la balanza comercial de México.

4. Impacto en las industrias relacionadas: una disminución en la producción de maíz y trigo también podría afectar a las industrias que dependen de estos cultivos, como la industria de alimentos procesados, la industria de la panificación, la industria de la cerveza, entre otras.

5. Impacto en la inflación: la escasez de maíz y trigo podría llevar a un aumento en los precios de estos granos, lo que podría aumentar la inflación. Esto podría tener un impacto en el costo de vida y podría reducir el poder adquisitivo de la población.

Por lo tanto, es importante que México tenga políticas y estrategias efectivas para gestionar los riesgos asociados con la producción de maíz y trigo, incluyendo el cambio climático, las plagas y enfermedades, y las fluctuaciones en los precios internacionales.

Es por ello que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, implementen una estrategia eficaz y realice las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas, fertilizantes y maquinaria, para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción y asegurar que los apoyos lleguen a los agricultores.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para implementar una estrategia eficaz que garantice el apoyo a los agricultores en nuestro país, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que implemente una estrategia eficaz y realice las acciones necesarias a fin de establecer una política adecuada proporcionando subsidios o incentivos fiscales a los agricultores para la compra de semillas mejoradas de maíz y trigo, fertilizantes y maquinaria, para que puedan vender a precios que hagan rentable la producción y asegurar que los apoyos lleguen a los agricultores.

Notas

1 advierten analistas y productores, El Economista, consultado por última vez el 28 de noviembre de 2023 en

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crisis-del-maiz-y-trigo -podria-generar-efecto-domino-en-la-economia-advierten-analistas-y-productores- 20230521-0009.html

2 Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A PUBLICAR EN EL DOF EL ACUERDO DE INICIO DE EMERGENCIA POR OCURRENCIA DE SEQUÍA SEVERA, EXTREMA O EXCEPCIONAL EN CUENCAS PARA 2024

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a publicar en el DOF el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La sequía es un fenómeno que afecta a nivel nacional, sin embargo, en Durango, sus consecuencias son particularmente devastadoras. Las regiones de Durango y Zacatecas enfrentan una de las sequías más severas, con repercusiones significativas en cultivos fundamentales como frijol, maíz, avena, cebada, trigo y calabaza, traduciéndose en pérdidas millonarias para nuestros productores.

José Ángel Beltrán, dirigente estatal de la Conferencia Nacional Campesina de Durango, alerta sobre un panorama sombrío para la agricultura. La falta de lluvias ha sido tan extensa que lamentablemente Durango no espera cosecha este año.

Las cifras hablan por sí solas: el 90 por ciento de los cultivos de frijol, maíz, avena, cebada y trigo han sido devastados en Durango debido a las escasas precipitaciones desde noviembre del año anterior. Esto implica que solo el 10 por ciento de estos cultivos sobreviven, representando posibles pérdidas superiores a los 3 mil millones de pesos, según líderes del sector agropecuario.

Históricamente, Durango ha sido una región próspera en agricultura, cultivando alrededor de 500 mil hectáreas de productos de temporada. Sin embargo, la drástica disminución de lluvias ha reducido la siembra a apenas 140 mil hectáreas de frijol y 120 mil de maíz.

A pesar de estos esfuerzos, la realidad es alarmante. Del total sembrado, apenas sobreviven entre el 10 y 15 por ciento de las hectáreas de frijol, y la situación podría empeorar si no se reciben las lluvias necesarias en los próximos días. El maíz, por su parte, enfrenta desafíos similares, con plagas como el gusano cogollero amenazando lo poco que queda.

Otros cultivos como la avena, cebada y trigo no han logrado germinar debido a la falta de humedad. Estas pérdidas agrícolas no solo representan un golpe económico para nuestros agricultores, sino que también plantean serios desafíos para la seguridad alimentaria de la región.

Jesús Héctor López, director de desarrollo rural del municipio de Durango, recalca la gravedad de la situación, indicando que, si no se reciben lluvias en las próximas dos semanas, incluso los cultivos que aún sobreviven corren riesgo.

Adicionalmente, la ganadería también está en peligro, con la falta de pasto y agua poniendo en riesgo la salud y supervivencia de los rebaños. Los agricultores de Durango enfrentan costos crecientes al implementar técnicas avanzadas de riego y lidiar con plagas y enfermedades que proliferan debido a la sequía.

José Ángel Beltrán Félix, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), enfatiza la urgencia de la situación en Durango, destacando la crítica situación que enfrentan tanto la ganadería como la agricultura.

Por otro lado, la presidenta de la Canaco de Durango señala que la sequía también ha afectado la economía local, con una reducción del 30 por ciento en las ventas de comercios rurales.

La sequía en Durango no solo representa un desafío agrícola y económico, sino que también amenaza la seguridad alimentaria de toda la región. Las autoridades deben actuar con rapidez y determinación para mitigar su impacto.

Miles de productores rurales ya están sintiendo las consecuencias de esta prolongada sequía, y la crisis alimentaria en el país se agrava.

Es entonces, que para las declaratorias de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas, cada año la Comisión Nacional del Agua, tiene la facultad para expedir Acuerdos de carácter general, a partir del cual se podrá tomar las medidas necesarias, normalmente de carácter transitorio, para que en situaciones de emergencia, escasez extrema o sobreexplotación, se garantice el abasto de agua para el uso doméstico y público urbano; según lo establecido en el artículo 9 fracción L de la Ley de Aguas Nacionales. En dicho acuerdo, se establecen, entre otras acciones, las Medidas Preventivas y de Mitigación que los Usuarios de las Aguas Nacionales podrán Implementar para hacer un Uso Eficiente del Agua cuando “La Comisión” emita un “Acuerdo de Carácter General de Emergencia por Ocurrencia de Sequía”.

Por lo tanto, para la declaración de emergencia por sequía, corresponde sólo a la Comisión Nacional del Agua su emisión, la cual atiende las cuencas que existen en el territorio nacional y no se realiza con la división política por entidad federativa.

Es entonces que, dado que para 2024 no se ha realizado la declaratoria, se debe sustentar la solicitud de acciones necesaria para mitigar los efectos en todo el país y específicamente en las cuencas que se encuentran en el territorio del estado de Durango, y que incluye el uso agrícola.

En Acción Nacional, abogamos fervientemente por un campo fortalecido. Reconocemos que al impulsar el desarrollo rural no solo combatimos la pobreza en estas áreas, sino que también valoramos y aprovechamos el vasto potencial natural, humano, cultural y social que posee nuestro país. Esta riqueza es uno de los pilares fundamentales de nuestra nación, y es imperativo que respaldemos inquebrantablemente a nuestros campesinos en su noble labor.

Por todo lo anterior, instó al Ejecutivo federal, a través de las autoridades pertinentes, a emitir el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024 y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para emitir una declaración de emergencia para los municipios afectados en Durango, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, emita el acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2024 y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar la asignación de mayores recursos y apoyos para el campo en el estado de Durango.

Notas

1 Editor_Pxp, SEQUÍA causa estragos en CULTIVOS de las regiones de DURANGO y ZACATECAS, Punto por punto portal de noticias, consultado por última vez el 07 de febrero de 2024 en

https://www.puntoporpunto.com/secciones/punto-de-encuentro/sequi a-causa-estragos-en-cultivos-de-las-regiones-de-durango-y-zacatecas/

2 Por Infoinfusion, Más de 700 mil hectáreas agrícolas afectadas por la sequía en Durango, consultado por última vez el 07 de septiembre en 2023

https://infoinfusion.com/mas-de-700-mil-hectareas-agricolas-afec tadas-por-la-sequia-en-durango

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A REVISAR Y REFORZAR UNA ESTRATEGIA ADECUADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON ENFOQUE EN LA JUVENTUD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar y reforzar una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial de los jóvenes en nuestro país, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El suicidio, esa sombra silenciosa que se extiende por todo el mundo, se ha arraigado profundamente en el tejido de nuestra sociedad. En México, esta realidad sombría se ha intensificado. Las estadísticas recientes pintan un cuadro inquietante: un aumento significativo en las tasas de suicidio, especialmente entre los jóvenes, nos coloca en una encrucijada crítica como nación.

La tasa de suicidio en México, que se ha elevado de 5,3 a 6,3 por cada 100 mil habitantes entre 2017 y 2022, revela una crisis creciente. Estos números, que equivalen a más de 1,629 vidas perdidas en solo cinco años, son un reflejo no solo de tragedias individuales, sino también de problemas sistémicos profundos.

El suicidio en México no discrimina, pero impacta desproporcionadamente a los jóvenes y a ciertas comunidades, como los indígenas y aquellos en extrema pobreza. Estas cifras desgarradoras nos llevan a cuestionar: ¿Qué está pasando en nuestra sociedad que nuestros jóvenes se ven empujados hacia esta desesperación?

La depresión, un trastorno mental que afecta a un 5 por ciento de la población adulta a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que la depresión puede ser incapacitante, robando a las personas de su capacidad para funcionar en el trabajo, en la escuela y en la familia. En el peor de los casos, puede ocasionar el suicidio.

Los factores que impulsan a una persona hacia el suicidio son complejos y multifacéticos. En México, los desafíos son únicos: la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza, el desempleo y la falta de educación crean un caldo de cultivo para la desesperanza y el dolor. Estos problemas no solo afectan la salud mental de los individuos, sino que también erosionan el tejido de nuestras comunidades.

Ante esta realidad, la prevención del suicidio en México debe ser una prioridad nacional. Necesitamos derribar las barreras del estigma que rodea a los trastornos mentales y abrir caminos hacia la comprensión y el apoyo. Las campañas de concienciación y educación pública son vitales para cambiar las percepciones y actitudes hacia la salud mental.

El papel de las comunidades y las redes de seguridad social es crucial en este esfuerzo. Los programas de apoyo en escuelas, lugares de trabajo y comunidades pueden ser salvavidas, identificando y apoyando a quienes están en riesgo.

Este creciente problema de suicidio en México es una llamada a la acción. Es imperativo que el gobierno, el sector de la salud, las organizaciones comunitarias y cada uno de nosotros como ciudadanos colaboraremos para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Unidos, podemos aspirar a reducir la incidencia del suicidio en México y forjar un futuro donde nuestras comunidades más vulnerables estén protegidas y apoyadas.

Es entonces, que las cifras son verdaderamente alarmantes, porque como ya se mencionó existe un incremento en promedio del 50 por ciento en suicidios en la última década. Tan solo en México hubo 22 suicidios por día en promedio. En Durango, basándonos en una tasa de suicidios de 8.1 por cada 100 mil habitantes y una población de aproximadamente 1,832,650 (según el censo de 2020), se estimaría que hubo alrededor de más de 150 suicidios al año de acuerdo con el Inegi.

Asimismo, la prevalencia significativa entre jóvenes es una de las cinco principales causas de muerte en personas de 10 a 34 años, y es la segunda causa de muerte en jóvenes, especialmente en el grupo de edad de 15 a 29 años. En adolescentes de 10 a 14 años, la muerte por suicidio es la cuarta causa de muerte. En los adolescentes de 15 a 24 años es la tercera causa de muerte, después de los accidentes vehiculares y de los homicidios.

Las causas del suicidio son multifactoriales, implicando una compleja interacción entre factores psicológicos, sociales y biológicos. En México, uno de los factores más críticos es la prevalencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, a menudo exacerbados por el estigma social y la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados.

Los factores socioeconómicos también juegan un papel crucial. La pobreza, el desempleo y la falta de educación son factores de estrés que pueden aumentar el riesgo de suicidio. Además, México enfrenta desafíos únicos como la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, que tienen un impacto psicológico profundo en la población.

El impacto del suicidio va más allá de la pérdida de vidas. Tiene consecuencias devastadoras para las familias y comunidades afectadas, generando un ciclo de dolor y trauma. Además, el suicidio impone una carga significativa en el sistema de salud, tanto en términos de recursos para la atención de emergencias como para la atención a largo plazo de aquellos afectados por intentos de suicidio.

La prevención del suicidio en México requiere un enfoque multifacético. Esto incluye la mejora del acceso a los servicios de salud mental, con un enfoque en la des estigmatización de los trastornos mentales. Las campañas de concienciación y educación pública son fundamentales para cambiar las percepciones y actitudes hacia el suicidio y la salud mental.

El apoyo comunitario y las redes de seguridad social juegan un papel vital en la prevención del suicidio. La implementación de programas de apoyo en escuelas, lugares de trabajo y comunidades puede ayudar a identificar y apoyar a las personas en riesgo.

El aumento en las tasas de suicidio en México es un llamado a la acción para abordar este problema desde múltiples frentes. Es necesario un esfuerzo coordinado entre el gobierno, el sector de la salud, las organizaciones comunitarias y la sociedad en general para desarrollar estrategias efectivas de prevención y tratamiento. Solo a través de un enfoque integral y compasivo podemos esperar reducir la incidencia del suicidio en México y proteger a nuestras comunidades más vulnerables.

Es por ello que presento el presente exhorto para que las autoridades competentes, refuercen una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial en la juventud de nuestro país.

Este exhorto subraya la necesidad imperante de una respuesta proactiva y bien articulada que aborde la creciente incidencia del suicidio entre los jóvenes mexicanos. Es fundamental que dichas estrategias no solo se revisen con detenimiento, sino que también se enriquecen y adaptan a la realidad cambiante ya las necesidades específicas de nuestros jóvenes.

En este sentido, instamos a la Secretaría de Salud a colaborar de manera estrecha y coordinada con otras entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en salud mental y comunidades educativas, para garantizar una implementación efectiva y una cobertura amplia de las iniciativas de prevención del suicidio.

Asimismo, se exhorta a la autoridad competente para que continue continúe con las acciones de implementación y fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, el objetivo de este exhorto es reafirmar la importancia crítica del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio como un pilar en la estrategia de salud mental de nuestra nación, y garantizar que siga siendo un recurso valioso, efectivo y accesible para todos los mexicanos que puedan beneficiarse de él.

Por último, se hace un llamado a las autoridades de salud y educativas, para que desarrollen e implementen programas integrales de educación y sensibilización sobre salud mental y prevención del suicidio, dirigidos a la población en general, con especial atención en el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior.

Este exhorto subraya la necesidad crítica de informar y educar a la sociedad mexicana sobre la salud mental y los desafíos asociados, como el suicidio, desde una edad temprana. Es esencial que estos programas se diseñen para eliminar el estigma que a menudo rodea a los trastornos mentales, fomentar una cultura de apoyo y comprensión, y proporcionar herramientas y conocimientos necesarios para reconocer y responder a los signos de advertencia de la salud mental en crisis.

Instamos a que estos programas sean inclusivos, culturalmente sensibles y accesibles, y que incorporan la participación activa de expertos en salud mental, educadores, estudiantes, padres de familia y otros actores clave de la sociedad. El objetivo de este tercer exhorto es promover una comprensión más profunda de la salud mental y la prevención del suicidio en México, creando así una sociedad más informada, empática y resiliente frente a estos desafíos.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para reforzar y garantizar una implementación de una estrategia adecuada en materia de prevención de suicidios, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, revisen y refuercen una estrategia adecuada en materia de prevención del suicidio con un enfoque especial en los jóvenes de nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud para que continúe con las acciones de implementación y fortalecimiento del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la titular de la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con sus homólogos en las entidades federativas, desarrollen e implementen programas integrales de educación y sensibilización sobre salud mental y prevención del suicidio, dirigidos a la población en general, con especial atención en el ámbito educativo, desde el nivel básico hasta el superior.

Notas

1 Inegi. Día Mundial para la Prevención del Suicidio (Datos nacionales), comunicado de prensa núm. 542/23 8 de septiembre de 2023

2 OMS (2023). Depresión.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2024.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SE, A AGILIZAR LA PUBLICACIÓN PARA CONSULTA PÚBLICA DE LA NOM-016-CRE-2016

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a agilizar la publicación para consulta pública de la NOM-016-CRE-2016, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estado de Nuevo León continúa enfrentando la crisis aguda de contaminación del aire, ocasionada por múltiples factores entre los que destacan la calidad de la gasolina que se produce y distribuye en la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, localizada en el municipio de Cadereyta Jiménez de Petróleos Mexicanos (Pemex), inaugurada en marzo de 1979, misma que cuenta con 35 plantas de proceso que conforman dos trenes de producción; una planta de tratamiento de aguas residuales y una de tratamiento de aguas negras, con lo que contribuye a la reducción del consumo de aguas claras. La refinería de Cadereyta fue la primera en poner en operación una planta diseñada para reducir el contenido de azufre en las gasolinas de 500 a menos de 30 partes por millón.

Sin embargo, a 45 años de su inauguración, la refinería en Cadereyta, continúa trabajando con tecnología obsoleta, situación que le imposibilita cumplir con los estándares de calidad en la producción de gasolina Magna UBA; Pemex Diésel UBA; propileno; gas LP; azufre; coque; entre otros petrolíferos, por lo que en el estado de Nuevo León, el 82 por ciento de la gasolina que se consume es importada y de mala calidad, que contamina un 154 por ciento más por cada litro, comparado con Ciudad de México y Guadalajara. Esto se debe a que existe una diferencia en la Presión de Vapor Reid (RVP), -la cual se encarga de definir las características de evaporación de las gasolinas-, pues mientras en Nuevo León es de 11.5 libras de presión por pulgada cuadrada (lb/pulg2) en invierno, en Ciudad de México y Guadalajara es de 7.8 lb/pulg.

De acuerdo con el director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, los combustibles tienen diferentes componentes, que al evaporarse produce lo que se conoce como compuestos orgánicos volátiles (COV), que son precursores de contaminantes como el ozono y partículas PM2.5.

Asimismo, no podemos perder de vista que la reforma constitucional en materia energética de 2013, que tuvo por objeto la apertura de la industria petrolera, eléctrica y otras fuentes de energía a capital privado, se considera un avance en el proceso de modernización de la industria petrolera, ésta se encuentra estancada desde 2018 al considerarse parte del modelo de rescate de la soberanía energética.

Se considera relevante mencionar los alcances de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de agosto de 2016, por la que se establecen especificaciones de calidad de los petrolíferos como gasolinas, turbosina, diésel automotriz, entre otros, y se obliga al mejoramiento de combustibles, así como la prohibición de distorsiones en el mercado para que todos los proveedores ofrezcan la misma calidad. De manera específica, tratándose de las gasolinas, los laboratorios analizan el cumplimiento del octanaje, niveles de azufre y temperatura adecuados.

Ahora bien, derivado de la reforma de 2013, que se establece la creación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los laboratorios de Pemex y privados especializados en pruebas previstas en la NOM-016-CRE-2016, llevan a cabo el análisis de la calidad de la gasolina; sin embargo, en reiteradas ocasiones, la CRE ha detectado que Pemex reiteradamente incumple con el mínimo de calidad de 87 octanos y que la imparcialidad de los resultados no está garantizada debido a que los laboratorios de la Empresa productiva del Estado, responden a sí misma.

Es decir, la petrolera no solo produce, importa, distribuye y vende la gasolina, también la analiza, por lo que se vuelve juez y parte en el proceso, so pretexto de que las actividades las realizan diferentes subsidiarias.

Ante el panorama de simulación generalizada por la empresa productiva del estado Pemex y la infraestructura obsoleta y contaminante de la refinería de Cadereyta, Nuevo León; estoy convencido que no es suficiente la implementación de estrategias para la transformación industrial de Pemex, si no se garantiza realmente, el uso de tecnologías y combustibles más limpios y visibiliza la problemática de la contaminación del aire que todos los días afecta sustancialmente la salud, la calidad de vida de las personas que habitan en los 51 municipios de la entidad y, se reconoce como una de las principales causas de muerte.

Como diputado federal por el Distrito 01 de Santa Catarina y San Pedro Garza García, estoy convencido que Nuevo León, no puede continuar aumentando sus cifras por enfermedades respiratorias y crónico degenerativas a causa de la mala calidad de gasolina que importa y la escasa que se produce en la Refinería en Cadereyta, Jiménez.

Resulta inaceptable para quienes vivimos en Nuevo León, la falta de mecanismos efectivos de verificación, control y supervisión para evaluar la calidad del combustible que diariamente se distribuye en la entidad.

Por lo que es urgente agilizar el actual proceso de actualización y modificación de la NOM-016-CRE-2016, regulación que forma parte del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, derivado del Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad, el 01 de julio de 2020, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y Transitorios Tercero, Cuarto, Octavo y Noveno del citado Decreto, en los siguientes términos:

Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CREA-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. (ICS: 75.020 / 75.040 / 75.040 / 75.060 / 75.080).

Objetivo y Justificación: La Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación, conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos. En cumplimiento del artículo sexto transitorio de la norma, se instauraron grupos técnicos de trabajo en los que han participado los sectores gubernamental, privado y social para analizar la transición óptima de la Norma considerando el bienestar social, su impacto económico, sobre la salud y el medio ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia. Derivado de las reuniones de dicho grupo de trabajo, se revisaron diversos temas de interés, por lo cual se pondrán a consideración aquellas propuestas que mejorarán la aplicación de la Norma.

Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2023.

Grado de avance: 10 por ciento.

PNN o Suplemento en el que se inscribió por primera vez: Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2017.

El estado de emergencia en materia de salud pública que enfrenta la población del estado de Nuevo León, demanda de la Secretaría de Economía, dependencia responsable del fortalecimiento del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, agilizar y publicar la regulación técnica obligatoria, con estándares avanzados que contribuyan a mejorar considerablemente la calidad de vida de la población, el cuidado y protección del medio ambiente.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Economía, para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice la publicación para consulta pública de la NOM-016-CRE-2016, especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Notas

1 https://presidente.gob.mx/presidente-supervisa-rehabilitacion-de-refineria-de-c adereyta/

2 https://www.info7.mx/nuevo-leon/gasolinas-monterrey-contaminan-154-mas-que-otra s-urbes/v-4019287

3 Ibídem.

4 https://www.altonivel.com.mx/economia/calidad-de-la-gasolina-pemex/

5 https://www.milenio.com/opinion/alejandro-gonzalez/columna-alejandro-gonzalez/v eneno-gasolina-muertes-contaminacion-aire-monterrey

6 PROGRAMA Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, Diario Oficial de la Federación, 28 de febrero de 2023.

https://www.dof.gob.mx/

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT Y A CAPUFE, A REVISAR LOS PROCESOS DE COBRO DE LOS CONCESIONARIOS EN LAS CARRETERAS FEDERALES DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carreteras federales del estado de Veracruz, a cargo de la diputada Karla Verónica González Cruz, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Karla Verónica González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carreteras federales del estado de Veracruz, con el objetivo de que se brinde un mejor servicio y mejorar los tiempos de espera para cruzar las casetas, bajo las siguientes:

Consideraciones

El objetivo prioritario número uno del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 es: “Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal”.

De acuerdo a dicho programa, la construcción, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura carretera son indispensables para el desarrollo económico y el bienestar social del país. Su relevancia queda manifiesta, ya que el transporte tanto de carga como de pasajeros por vía terrestre, desplaza el 55.6 por ciento de la carga y al 95.7 por ciento de los pasajeros dentro de la distribución modal de viajes.

Según el diagnóstico que se hace en este programa, “se encontró que el problema público o área de oportunidad más significativa en este sector, es el relativo a que la cobertura y condiciones operativas de la Red Carretera Federal y las Redes Alimentadora y Rural, no permiten la conectividad eficiente entre los diferentes modos de transporte, además de presentar problemas de seguridad vial en el traslado de bienes y personas a lo largo y ancho del territorio nacional, generando un área de oportunidad en el abatimiento de los costos generalizados de transporte, a fin de impulsar el desarrollo económico y la inclusión en todas las regiones, en particular de las zonas aisladas y de alta marginación”.

De esta parte del diagnóstico que se realiza, se desprenden dos estrategias que cabe resaltar, la primera es: “Estrategia prioritaria 1.1 Mejorar el estado físico de la Red Carretera Federal a través de la conservación y reconstrucción para aumentar el bienestar, la conectividad y seguridad de los usuarios de la infraestructura carretera”. De la cual se derivan 10 acciones puntuales de las que destacan:

“1.1.5 Consolidar en Capufe (Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos) el nuevo esquema de prestación de servicios de operación y mantenimiento de autopistas, con base en estándares de desempeño”.

“1.1.10 Redefinir mecanismos como contratos APP (Asociación Público Privada) de conservación y MRO’s (Mantenimiento, Reconstrucción y Operación de autopistas), a fin de aplicarlos para el mejoramiento de la Red Carretera Federal libre y de peaje”.

Y la otra estrategia es: “Estrategia prioritaria 1.2 Mejorar la seguridad vial en la Red Carretera Federal para el bienestar de todos los usuarios”. De esta acción se derivan siete acciones puntuales, de las cuales se destacan tres:

“1.2.1 Atender los puntos de conflicto en la Red Carretera Federal”.

“1.2.2 Diseñar e implementar un programa preventivo de seguridad vial en la Red Carretera Federal”.

“1.2.4 Incorporar tecnologías de punta y mejores prácticas internacionales para incrementar la seguridad vial”.

A pesar de las estrategias y las acciones puntuales definidas en el programa sectorial, la realidad, una vez más, muestra que el problema público detectado en el diagnóstico del programa no ha sido resuelto. Los ciudadanos y transportistas que utilizan las carreteras federales y estatales siguen padeciendo las malas condiciones de la infraestructura carretera, la inseguridad y el cada vez más deficiente servicio en las casetas de cobro aunado a los incrementos constantes en las cuotas que deben pagar.

Esta situación ha derivado en accidentes fatales, asaltos a las familias, a los transportistas y filas de varios kilómetros que tienen que padecer los usuarios por el deficiente sistema de cobro en las casetas.

En este contexto, queda de manifiesto que tampoco se está cumpliendo con las disposiciones expresas establecidas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De acuerdo a las siguientes fracciones del artículo quinto de este ordenamiento, le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere la Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; IV. Vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes; y VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria, entre otras.

El incumplimiento de los objetivos del programa sectorial y de lo previsto en la ley se ve reflejado de diferentes maneras; al final los más afectados son los usuarios de las carreteras, caminos y puentes que son competencia federal y estatal. Las condiciones de inseguridad que prevalecen en las autopistas del país siguen afectando a las familias, al transporte de carga y al transporte de pasajeros.

Según una nota difundida el 23 de enero de 2024, titulada “Robo a transporte de carga: ¿cuáles son las carreteras más peligrosas?” y que está firmada por Juan Rivas, “la carretera México-Querétaro es una de las autopistas más peligrosas para el transporte de carga. Asimismo, junto con esa vía, las autopistas México-Puebla y la Veracruz-México son las más asediadas por la delincuencia”.

De acuerdo a la nota citada: “La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) reveló que, en el fin de semana más reciente, éste fue el saldo en esas vías: Como una estadística o una referencia, llevamos 21 robos de lo que es viernes, sábado y domingo. En tres días, si lo multiplicamos por un mes, ¿cuántos robos tendríamos por mes?”. Además, se aclara que también incrementó el nivel de violencia usado por los delincuentes.

Según información dada a conocer en esta nota periodística, los operadores de transporte pesado de carga explican que antes los delincuentes nada más trataban de robar, y ahora no, ahora es homicidio. Ahora van directamente con el operador, y disparan. En ese sentido, su demanda es mayor presencia de agentes de la Guardia Nacional adscritos a carreteras.

Aunado a ello, el día 29 de enero del presente año, se publica otra nota periodística en la que se destaca que: “En los últimos años las carreteras del país se han convertido en una amenaza para los conductores de transporte de carga. Según cifras oficiales, a diario se registran alrededor de 36 asaltos, la mayoría con violencia y sus productos van a parar al comercio informal”.

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se menciona que del total de robos que enfrentaron en 2023 los transportistas, 7 mil 862 fueron cometidos con violencia. De acuerdo a este organismo, en el 2023 tres entidades concentraron 82 por ciento de los robos a transporte: Estado de México, con 46 por ciento; Puebla, 28 por ciento y Michoacán, 8 por ciento. Y se destaca que son 10 entidades federativas las que registran el mayor número de robos a transportistas: Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala.

Por otro lado, un problema adicional en las autopistas son las largas filas que se forman por las fallas o deficiencias en los sistemas de cobro de las casetas. Un ejemplo de esta situación son las filas que se forman en la autopista federal 145 D, tramo Cosamaloapan-Acayucan por problemas en el sistema de cobro Identificador Automático de Vehículos (IAVE), el paso por la caseta tarda más de cinco horas, los empresarios de la región sur exigen que se revise la operación de las casetas y se retome la propuesta de crear una secretaría de movilidad. Esta información se difundió en una nota periodística publicada el 16 diciembre de 2023, en el portal de “La Jornada Veracruz”.

Según dicha información, una falla del sistema de cobro de la caseta provocó un gran caos vehicular en ese tramo, principalmente de unidades de carga pesada que usan los servicios electrónicos del IAVE. De acuerdo con usuarios de esta carretera, las filas llegaban hasta el entronque con La Tinaja, y pasar por la caseta de Cosamaloapan llevaba entre cinco y ocho horas. También se menciona que, de acuerdo al representante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz delegación zona sur, son constantes los problemas de movilidad en las carreteras y en los municipios, por lo que se tienen que tomar acciones para resolverlos.

Además, este representante resume la problemática de la siguiente manera: “en los últimos meses la circulación por el sureste es complicado, caro y tardado, las condiciones de las carreteras no son adecuadas, los carriles de circulación ya no se dan abasto y hay problemas con los cobros”. La información que se expone en la nota que se cita, deja claro que actualmente la circulación de las carreteras está afectada por las reparaciones de los puentes Coatzacoalcos I y Dovalí Jaime, además de los tres retenes migratorios sobre la carretera federal 180, tramo Villahermosa-Coatzacoalcos.

En relación a los retenes, en opinión del delegado en Coatzacoalcos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el tráfico lo generan estos sitios de control que en temporada decembrina tienden a incrementarse. De acuerdo al delegado, si son aleatorios y en diferentes horarios, podrían tener hasta mejores resultados. Incluso, señaló que en ocasiones en los retenes no llega a haber elementos de seguridad atendiendo, mientras tanto el tráfico y largas fila siguen. Los retenes que actualmente se tienen identificados es sobre la carretera Villahermosa — Coatzacoalcos, a la altura de Agua Dulce y cerca de Nuevo Teapa, municipio de Moloacán, ambos provocan que un viaje de dos horas se vuelva de cinco.

En otra nota periodística publicada en agosto de 2023, se expone que: “Los retenes establecidos en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa y Acayucan-Cosamaloapan sólo entorpecen la circulación por el sureste y los usuarios de estas carreteras pierden hasta cinco horas por las largas filas; empresarios locales piden que sean eliminados o se tomen medidas para agilizar la vigilancia”.

Según la nota citada, los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Coatzacoalcos denunciaron que estos retenes son inoperantes, ya que no se ha disminuido la inseguridad en estos tramos ni tampoco el flujo migratorio. Por su parte, el presidente de este organismo en el municipio, reconoció que es importante que se tomen medidas de seguridad en las carreteras, sin embargo, se han vuelto embudos que afectan a todos los empresarios y los ciudadanos que circulan hacia el sureste del país.

Las situaciones descritas, y que se trata de información disponible, son solo algunos ejemplos de lo que sucede a diario en las carreteras del país y no únicamente en las que se encuentran en el estado de Veracruz. Es importante resaltar que, es evidente que no se ha cumplido con los objetivos ni estrategias trazadas en el programa sectorial, lo que ha derivado en serias deficiencias en la construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible.

En este contexto, es un hecho que son diversos factores que están afectando la circulación en las carreteras y, al mismo tiempo, la seguridad de los usuarios y la competitividad del país. Para conectar a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal que facilite el traslado de bienes y servicios, se requiere más trabajo y acciones inmediatas por parte de las autoridades responsables.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a revisar los procesos de cobro de los concesionarios en las carreteras federales del estado de Veracruz, con el objetivo de que se brinde un mejor servicio y mejorar los tiempos de espera para cruzar las casetas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales, y al gobierno del estado de Veracruz, para que revisen y, en su caso, replanteen la forma y estrategias de operación de los retenes carreteros en la entidad, con el objetivo de que sean ágiles y no generen filas de automotores que incrementan el riesgo de asaltos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y a las Secretarías de Seguridad Pública estatales, a lograr una mayor coordinación para instrumentar acciones inmediatas dirigidas a reforzar las medidas de seguridad y detener la violencia en las carreteras de México.

Notas

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2020). Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565614/Programa_S ectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes_2020-2024.pdf

2 Ibídem, p.11.

3 Información consultada en:

https://www.unotv.com/nacional/las-carreteras-mas-peligrosas-por -robo-a-transporte-de-carga-en-mexico/

4 Cabadas, María (2024). Aumentan asaltos a transportistas: reportan 36 al día. El Universal. Consultada en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aumentan-asaltos-a-transpo rtistas/

5 Chiñas, Sayda (2023). Falla en el sistema de cobro IAVE provoca caos vial en Acayucan. La Jornada Veracruz. Consultada en:

https://jornadaveracruz.com.mx/estado/falla-en-el-sistema-de-cob ro-iave-provoca-caos-vial-en-acayucan/

6 Información consultada en:

https://surestesur.com/se-deben-aplicar-nuevas-tecnologias-y-ser -mas-estrategicos-los-retenes-del-sur-de-veracruz-que-provocan-trafico-canacint ra

7 Chiñas, Sayda (2023). IP: retenes en zona sur solo asfixian circulación. La Jornada Veracruz. Consultada en:

https://jornadaveracruz.com.mx/estado/ip-retenes-en-zona-sur-sol o-asfixian-circulacion/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de febrero de 2024.– Diputada Karla Verónica González Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

REHABILITACIÓN DE LOS HOSPITALES REGIONALES DEL VALLE DE CEYLÁN, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS y a la Ssa del Edomex a realizar las acciones administrativas, presupuestales y necesarias para la rehabilitación de los hospitales regionales del Valle de Ceylán y de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, a cargo de la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Krishna Karina Romero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Pese a que el acceso a los servicios de salud es un derecho garantizado para todas y todos los mexicanos, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señala que el porcentaje de personas con carencia de acceso a los servicios de salud pasó del 16.2 a 39.2 por ciento entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esa situación.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), refiere que cada vez más gente ha tenido que atenderse en consultorios o farmacias privadas asumiendo, por supuesto, el mayor costo que ello implica. Y si bien esta es una situación que afecta el bolsillo de la población en general, las mujeres representaron más de la mitad de quienes dejaron de tener acceso a los servicios de salud desde 2018.

Desafortunadamente pese a que actualmente hay millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, en diferentes estados del país, se tienen hospitales inconclusos, sin equipamiento e infraestructura hospitalaria o en estado de abandono, como el Estado de México, que tiene 10 hospitales abandonados.

Dentro de los hospitales abandonados en la entidad mexiquense se encuentran los Hospitales Regionales del Valle de Ceylán y de la Zona Oriente ubicados en el municipio de Tlalnepantla.

El sismo de septiembre del año 2017 registrado en nuestro país daño muchas viviendas y edificios públicos, entre ellos el Hospital General de Ceylán, el cual con el cierre de ese hospital trajo grandes problemas a los habitantes del municipio de Tlalnepantla y de municipios aledaños.

El Hospital General de Ceylán brindaba servicios de salud a poco más de 550 mil personas; sin embargo, tras las afectaciones del sismo sufrió una falla estructural por lo que tuvo que dejar de dar atención y ante la falta de recursos para poder activarlo, las autoridades estatales anunciaron el Hospital Regional del Instituto de Salud del Estado de México en la colonia Caracoles de la zona oriente del municipio que se encontraba en construcción sustituirá al primero, sin embargo, no ha sido concluido y se encuentra abandonado.

Lo anterior resulta preocupante si se considera que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el 44 por ciento de los habitantes de Tlalnepantla no cuenta con algún tipo de seguridad social y el 29 por ciento carece de accesos a servicios de salud, por lo que resulta fundamental rescatar los hospitales regionales abandonados.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto, exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Secretaría de Salud del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones administrativas, presupuestales y demás necesarias para la rehabilitación de los Hospitales Regionales del Valle de Ceylán y de la Zona Oriente del municipio de Tlalnepantla Estado de México, que se encuentran abandonados y así coadyuvar a garantizar el derecho humano a la salud para todas y todos los habitantes de Tlalnepantla y de municipios aledaños.

El estado mexicano tiene la obligación directa de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la salud, por lo que se deben de realizar todas las acciones eficaces y conjuntas para garantizar el derecho a la salud, principalmente de los más vulnerables.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Partido Acción Nacional, seguiremos alzando la voz para exigir que se destinen los recursos suficientes para reactivar los hospitales regionales de Tlalnepantla, así como para el equipamiento, medicamentos e infraestructura hospitalaria de todos los hospitales de nuestro país y con ello hacer efectivo su derecho a la salud de todas y todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a la Secretaría de Salud del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones administrativas, presupuestales y demás necesarias para la rehabilitación de los hospitales regionales del Valle de Ceylán y de la zona oriente del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, que se encuentran abandonados y así coadyuvar a garantizar el derecho humano a la salud para todas y todos los habitantes de Tlalnepantla y de municipios aledaños.

Notas

1 ¿Cómo define la OMS la salud?; Organización Mundial de la Salud (OMS); disponible en la pág.- web.

https://www.who.int/es/about/accountability/governance/constitut ion; consultado el día 20-12-2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.– Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, AL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO Y A LA CNPC, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4O. CONSTITUCIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua, al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y a la CNPC a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua establecido en el artículo 4o. constitucional, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 2 fracción I y demás aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al Organismo de Cuenca Aguas Del Valle de México, así como a la Coordinación Nacional de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobernación, para garantizar el derecho humano al agua establecido en el artículo 4o. constitucional, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Consideraciones

Primero.- El agua, podríamos decir que es el recurso natural más importante no solo para los seres humanos, sino para los seres vivos en general. Gracias a ella, plantas, árboles, frutas y granos crecen. El agua es tan importante para nuestra supervivencia, como para nuestro uso diario. Es igual de importante también para diversas industrias, como la hidroeléctrica o la propia agricultura.

A pesar de su importancia, siempre la hemos visto común y en abundancia, por lo que no nos hemos preocupado por ella. Las generaciones más antiguas la ven como algo infinito. Las de hoy, la ven como algo que si bien no es infinito, es “renovable”. Y en efecto, lo es, siempre y cuando no gastemos más de la que se pueda regenerar en cierto tiempo. No nos hemos preocupado lo suficiente por las generaciones que vienen, ellas serán quienes resentirán las decisiones que respecto del agua, tomemos hoy.

Segundo.- A partir de algunos años para acá, hemos visto cómo varias ciudades en el mundo han llegado a su “Día cero” respecto del agua. La causa principal de ello es la sobre explotación o estrés hídrico y el poco cuidado que tenemos con el agua.

Ciudades en el mundo como Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Montevideo en Uruguay y varias capitales más, han pasado cerca de su “Día cero”.

En nuestro país, el Valle de México que comprende la capital, la Ciudad de México y el Estado de México, está por padecer la misma catástrofe.

Tercero.- Tanto parte de la Ciudad de México como parte del Estado de México, es decir, la Zona Metropolitana del Valle de México, son suministradas de agua por el Sistema Cutzamala, ubicado en el municipio de Villa de Allende en el Estado de México.

Este sistema, creado y construido por el gobierno federal, es alimentado por varias presas de agua, sin embargo debido a diversos factores, alguno de ellos fuera de nuestras manos, como las sequías y la falta de lluvias, han provocado que cada vez más baje el nivel de agua.

De acuerdo al reporte más reciente de “Almacenamiento en presas del sistema Cutzamala” de la Conagua, el sistema de presas cuenta con solo 308,894, 000 m3 de agua de los 782,521,000 m3 que debe tener, esto quiere decir que el sistema Cutzamala está al 39.47 por ciento de capacidad de almacenamiento.

Esto repercute en la vida de millones de personas, habitantes o de la Ciudad de México o del Estado de México. Tan solo vayamos a las Alcaldías que son suministradas por el sistema Cutzamala: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y la Venustiano Carranza.

Tan solo en esta última viven casi medio millón de personas. Sumándole a Iztapalapa, la cual es la alcaldía más poblada de la Ciudad, en la cual viven más de 1 millón 800 mil personas, da un total de más de 2 millones 200 mil personas. A este número si sumamos la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye municipios como Chalco, Texcoco y otros del Estado de México, en conjunto suma más de 20 millones de habitantes.

Ellas y ellos sufrirán recortes de agua para poder demorar la llegada del “Día cero”. Tendrán que soportar no realizar actividades personales como su higiene e incluso el no poder laborar si es que su oficio o profesión requiere del agua, verán violado su derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Así, es necesario que se realicen acciones contundentes y urgentes para poder prevenir que tan fatídico día llegue. Acciones que se pueden considerar leves como campañas de concientización, hasta incluso, acciones más graves como la racionalización periódica, pero no tan agresiva, del agua para asegurar su uso continuo, y como establece el ya citado artículo 4º de nuestra Constitución, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, e incluso una declaratoria de desastre natural sustentada en la Ley General de Protección Civil para que se destinen recursos de manera urgente para resolver esta situación. Todo lo necesario para que éste bien y derecho humano establecido, que es el agua, se pueda disfrutar no solo hoy, sino también el día de mañana, nosotros y las siguientes generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Nacional del Agua, así como al Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, a que lleve a cabo las acciones necesarias como campañas de concientización o racionalización del suministro de agua, así como la expedición de una declaratoria de desastre natural por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil adscrita a la Secretaría de Gobernación, para asegurar el uso continuo y futuro del agua y así garantizar el derecho constitucional al agua de las y los mexicanos radicados en el área suministrada por el Sistema Cutzamala.

Notas

1 (...) es el momento en el que una ciudad, región o país se queda sin la suficiente agua como para satisfacer plenamente las necesidades principales para subsistir o desarrollarse. “El día cero: cuando las ciudades se quedan sin agua”. (s/f). The social wáter. Recuperado de:

https://thesocialwater.org/el-dia-cero-cuando-las-ciudades-se-qu edan-sin-agua/

2 Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad.“¿Qué es el estrés hídrico?”. (s/f). Zarza, L. Recuperado de:

https://www.iagua.es/respuestas/que-es-estres-hidrico

3 Consulta:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/889733/Febrero_20 24.pdf

4 Véase:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/venustiano -carranza-9017?populationType=totalPopulation

5 Véase:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/iztapalapa ?redirect=true

6 Véase:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/valle-de-m exico

7 Párrafo sexto del artículo 4o. constitucional

Palacio Legislativo de San Lázaro, a la fecha de su presentación.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL Y A LA FG DE MORELOS, A CUMPLIR CON LA RECOMENDACIÓN DE LA CNDH RELATIVA AL SUICIDIO DE 13 MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la FG del estado de Morelos a cumplir con la recomendación 276 /2023 de la CNDH por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16 Morelos, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Mancillas Cabrera , diputada en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta, respetuosament,e al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la Fiscalía General del estado de Morelos a dar cumplimiento a la recomendación N° 276 /2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil” Morelos (Cefereso 16).

Consideraciones

1. El 15 de diciembre de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación N° 276/2023 por violaciones a los derechos humanos de trece mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16 (Cefereso 16), ubicado en Coatlán del Río, Morelos, y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de esa entidad por omisiones y dilaciones en la investigación de dichos casos. Los suicidios, ocurrieron entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023.

2. La CNDH determinó que se presentaron violaciones a los a los derechos humanos “a la protección a la salud -en su modalidad de salud mental y al acceso del más alto nivel posible de salud física y mental-, a la seguridad jurídica y legalidad, a la integridad personal en su enfoque transversal con el derecho a la vida y al derecho a la igualdad y a la no discriminación de quienes perdieron la vida; además de la vulneración al derecho al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia de manera pronta y exhaustiva, en agravio de 18 personas víctimas indirectas.”

De acuerdo a la Recomendación en referencia y al Comunicado DGDDH/003/2024, los visitadores encontraron que, a pesar de haberles proporcionado atención psicológica y psiquiátrica a seis personas víctimas, la misma resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban; mientras que en la situación particular de las otras siete no se les dio ningún tipo de intervención eficaz por las áreas y especialidades mencionadas, puesto que el OADPRS no remitió constancia o documental alguna que acreditara lo anterior, por lo que fue imposible detectar y/o frenar alguna sintomatología de riesgo suicida; además de que se invisibilizó, con perspectiva de género e interseccional, las necesidades de atención a la salud mental que requerían.

Dentro de las irregularidades y las inacciones que se presentaron por parte del personal de Seguridad y Custodia y del servicio médico para las víctimas se detalla: “se advirtió demora para proporcionarles el apoyo correspondiente por parte de personal de Seguridad y Custodia y del servicio médico, ya que en uno de los casos investigados quienes laboran en Custodia Penitenciaria tardaron más de 20 minutos para asistir a una de las víctimas y en algunos casos se observó la falta al reforzamiento de detección de riesgo suicida oportuno en su comportamiento, debido a que a pesar de brindar atención psicológica, la activación del Protocolo de Detección e Intervención de la Conducta y Riesgo Suicida en Personas Privadas de la Libertad en Centros Penitenciarios Federales hubiera cumplido su finalidad de mitigar los riesgos.”

Asimismo, se realizó un estudio en materia de Antropología Social, el cual, en términos generales, señaló que las víctimas se encontraban en una situación de vulnerabilidad social, tomando en consideración que 86 por ciento de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso son madres de niños pequeños y provienen de distintas regiones de México, lo que implica lejanía con sus vínculos vitales y trae como consecuencia el abandono. Asimismo, la falta de atención a la salud física y mental, de atención de riesgo suicida, el encierro prolongado, la obstaculización en la comunicación con el exterior, así como el tratamiento y atención predominante en cuanto a los duelos y estados de depresión, entre otros elementos, influyeron en la determinación de atentar contra su vida.

3. La preocupante situación que vivían y viven las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, fue ampliamente documentada y expuesta a través de diferentes medios de comunicación antes y después de los suicidios que se presentaron durante el período arriba en referencia; la población penitenciaria en nuestro país es de las más vulnerables y en el caso específico de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad los riesgos y amenazas que enfrentan son muy particulares, en algunos Centros Penitenciarios como el que nos ocupa en esta proposición con punto de acuerdo, existe población embarazada y/ o en periodo de lactancia dentro de este universo de población y de acuerdo al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): Al cierre de 2022, a nivel nacional, la cantidad de mujeres privadas de la libertad/ internadas que se encontraban embarazadas y/ o en periodo de lactancia fue de 258, de las cuales, 61.2 por ciento se encontraba en periodo de lactancia. Adicionalmente, se registraron 317 mujeres privadas de la libertad/ internadas que tuvieron consigo a sus hijas e hijos menores de seis años. En comparación con lo reportado en 2021, la cantidad de mujeres que se encontraban embarazadas y/ o en periodo de lactancia disminuyó 11.9 por ciento.

4. Respecto al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil”, Morelos, de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 de la CNDH, el Cefereso 16 tiene una calificación de 7.11, la calificación por rubro es la siguiente:

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, durante la supervisión se detectó que es importante prestar atención en los siguientes temas:

I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento.

• Deficiencias en los servicios de salud.

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

III. Condiciones de gobernabilidad

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

IV. Reinserción social de las personas privadas de la libertad

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados.

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.

V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores.

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad.

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Conforme al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, los problemas y las enormes dificultades que afrontan las mujeres privadas de la libertad se dejan ver con toda claridad, la identificación de los riesgos a los que se encuentran expuestas las mujeres son muy particulares, estas condiciones forman parte una problemática muy particular que no es atendida y que las coloca en una posición de vulnerabilidad.

5. Como se puede observar en la información expuesta en esta proposición con punto de acuerdo, el suicidio de 13 mujeres en el Cefereso 16, es tan solo una muestra de las malas concisiones de los Centros Penitenciarios en todo el país, lo vulnerables que son las personas que se encuentran en estos espacios y la escasa o nula atención por parte de los tres órdenes de gobierno; es una población por demás olvidada y abandonada. Lo acontecido en el Cefereso 16 no debe repetirse por ningún motivo, las autoridades penitenciarias en este caso el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social debe implementar y aplicar lo recomendado por la CNDH en la N° 276 /2023 donde se establecen al menos diez recomendaciones de manera directa al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado. Por lo anteriormente expuesto hago un llamado urgente a todos los órdenes de gobierno y a los órganos encargados de los Centros Penitenciarios tanto los Ceresos como en los Ceferesos en nuestro país a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad. Basta recordar la frase atribuida a Fiódor Mijáilovich Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a la Fiscal General del estado de Morelos, a dar cumplimiento a la recomendación N° 276 /2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social no. 16 “CPS femenil (Cefereso 16).

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, lamenta el suicido de 13 mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil” Morelos (Cefereso 16).

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a dar cumplimiento a la Recomendación N° 276 /2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el (Cefereso 16).

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Fiscal General del estado de Morelos a dar cumplimiento a la Recomendación N° 276 /2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el suicidio de 13 mujeres privadas de la libertad en el (Cefereso 16).

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos RECOMENDACIÓN N° 276 /2023 recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-2762023 revisión hecha el 2 de febrero 2024.

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cn sipef_2023_resultados.pdf revisión hecha el 2 de febrero de 2024.

5 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/D NSP_2022.pdf revisión hecha el 2 de febrero 2024.

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Mariana Mancillas Cabrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A COORDINARSE CON DIVERSAS INSTANCIAS, PARA ACORDAR EL RETIRO Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO Y EQUIPO AÉREO QUE SE ENCUENTRA EN DESUSO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a coordinarse con las autoridades de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a partir de las competencias que correspondan, se coordine con las autoridades municipales y de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso; al tenor de los siguientes:

Considerandos

Que, la contaminación visual es cualquier alteración del paisaje natural o artificial cuya percepción afecta negativamente al observador. Es un tipo de contaminación ocasionado por el uso excesivo de diferentes elementos ajenos al ambiente que alteran la estética o imagen de un paisaje, el cual puede ser natural o artificial, afectando las condiciones, la calidad de vida y las funciones vitales de los seres vivos.

La contaminación visual genera un impacto negativo en el medio ambiente. Uno de los principales contaminantes visuales en las ciudades es el despliegue de infraestructura de redes de cableado y de antenas aéreas.

El artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y la generación de contaminación visual, siendo facultad de las autoridades adoptar las medidas pertinentes para impedir cualquiera de estas.

En razón de lo anterior, el despliegue de infraestructura de redes de cableado crea un verdadero problema de contaminación visual, deteriorando la imagen de la ciudad, obstruyendo su paisaje, vistas urbanas y rurales, así como el entorno en que nos desenvolvemos.

La colocación de esta infraestructura y el empleo de grandes cantidades de cable de cobre, de fibra óptica y plásticos, se realiza de manera desmedida y descontrolada, y en la mayoría de las ocasiones sin recibir mantenimiento, no se brinda algún cuidado y quedan en el olvido en la vía pública a pesar de ya haber cumplido su función.

Este cableado sigue suspendido en el aire por décadas o bien, se van desprendiendo a causa de ambiente y clima, lo que permite que sean arrastrados por otros transportes que brindan servicios y del transporte público, e incluso limitan el paso normal de las calles ya que los transeúntes no saben si se transmite algún tipo de energía en ellos. Teniendo como principal consecuencia, la acumulación de cables sobre los postes, sobre las calles, donde regularmente transitamos y vivimos.

Es más sencillo, y menos costoso, corregir los problemas de desarrollo urbano desde la misma concepción y planeación de las ciudades, sobre todo en las áreas que se encuentran en crecimiento constante.

El cableado se coloca sin planeación, ni apego a una normativa, dejando a su paso un enmarañado cúmulo de líneas que pone en peligro la integridad de las personas e incrementa la contaminación visual, afectando la imagen de sus calles y hogares.

Si bien la regulación de la contaminación visual es competencia de los estados y sus municipios se requiere de una coordinación con el Ejecutivo federal que permita acordar con las compañías de telecomunicación el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso.

Existiendo normas que regulan dicha coordinación como el “acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos para el Despliegue, Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, publicado en el DOF, el 15 de enero del 2020, y el acuerdo Núm. A/042/2022 por el que la Comisión Reguladora de Energía ordena la publicación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-CRE-2022, Instalaciones eléctricas-Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución-Especificaciones de seguridad, publicado en el DOF el 13 de abril del 2023.

Es indispensable que en todos los estados y ciudades del país se implementen las acciones y medidas necesarias para contrarrestar la contaminación visual.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a partir de las competencias que correspondan, se coordine con las autoridades municipales y de las entidades federativas, para acordar con las compañías privadas de telecomunicaciones el retiro y mantenimiento del cableado y equipo aéreo de su propiedad que se encuentra en desuso.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583940&fecha=15/ 01/2020#gsc.tab=0

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5685497&fecha= 13/04/2023#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero del 2024.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS DEPENDENCIAS A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE PERSONAS OSTOMIZADAS, CON EL CARÁCTER DE DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a implementar programas, estrategias y políticas públicas en favor de personas ostomizadas, con el carácter de discapacidad, a cargo de la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“Una ostomía, o estoma, es una abertura creada quirúrgicamente entre los intestinos y la pared abdominal. Los tipos más comunes de ostomía conectan el intestino delgado (ileostomía o yeyunostomía) o el intestino grueso (colostomía) a la pared abdominal. Las ostomías pueden ser temporales o permanentes.”

Algunas de las interrogantes que se tiene cuando una persona tiene un proceso quirúrgico de este tipo son. ¿Puedes volver al trabajo después de la colostomía? ¿Se puede andar en bicicleta con una ileostomía? ¿Se darán cuenta todos de que te has sometido a una cirugía de urostomía con sólo mirarte?, entre otras”

“Un elevado número de personas portadoras de una ostomía, independientemente de la profesión que vinieran desarrollando antes de la cirugía, se les incapacita legalmente para continuar realizando su actividad laboral.”

Una ostomía permanente conlleva un grado de discapacidad.

Por ejemplo, en España, la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de (Fapoe) ha reclamado la creación de una figura dentro de los hospitales que les ayude a solicitar la incapacidad o el grado de discapacidad que les corresponda tras la intervención quirúrgica que les ha provocado la ostomía, una incisión abdominal por la que expulsan los desechos a través de una bolsa especial pegada al abdomen.”

“Las personas con discapacidad constituyen la minoría más amplia: se calcula que superan los 1.000 millones de habitantes, es decir, alrededor del 15 por ciento de la población mundial. Para compensar las dificultades que tienen que afrontar en su día a día existen mecanismos como el certificado de discapacidad, que ofrece beneficios y ventajas sociales.”

Actualmente, en México, a las personas ostomizadas no se les considera como personas con discapacidad cuando con el simple hecho de portar una bolsa de ostomía en su vientre ya implica una condición y por consiguiente se ven limitados en sus funciones, en su mayoría al esfuerzo físico, muchas de esas personas no se les provee de bolsas de colostomía, así como también muchas de esas personas no cuentan con empleos por lo que no tienen los medios para solventar sus bolsas que son costosas.

Además, es necesario generar conciencia en la creación de fuentes de empleo, ya que, en su mayoría al pedir un empleo, los discriminan porque las personas que no tienen conocimiento o no están informados del tema, lo consideran como algo sucio.

Ya nuestra constitución y, en específico, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) establecen que el Estado debe generar las condiciones en las que se promueva, proteja y asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Dicha ley, define discapacidad como la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y a la discapacidad física, como la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

Como puede verse, la ostomía se puede categorizar como una discapacidad, ya sea temporal o permanente, la cual podría dictaminarse por los expertos correspondientes, para incluso dictaminar una posible incapacidad.

Es importante aclarar la diferencia de discapacidad con incapacidad. La discapacidad se obtiene con un certificado tras una valoración efectuada por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, en tanto que, la incapacidad pueden solicitarla aquellas personas que se vean imposibilitadas para ejercer su trabajo.

Cuando la discapacidad de una persona le impide continuar con su trabajo o con otra actividad laboral, requiere, entonces, se le declare la incapacidad.

Entre los principios que deberán observar las políticas públicas para personas con alguna discapacidad están la justicia social; la igualdad de oportunidades; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la transversalidad, y los demás que resulten aplicables.

El artículo 6 de la LGIPD establece como facultad del titular del Poder Ejecutivo federal el establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el estado Mexicano, adoptando medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, e instruir a las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas.

Por su lado, el artículo 7 de la LGIPD, señala que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible.

La Secretaría de Salud puede elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;

El artículo 11, señal que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral, y debe diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales, tanto en el sector público como en el privado, de modo que se proteja la capacitación, el empleo digno, la contratación y los derechos laborales, en su caso, de las personas con discapacidad; fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado, y promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad.

La Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, y debe de establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad.

El artículo 38 crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la ley.

El consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente ley y demás ordenamientos.

Entre las atribuciones del consejo, está el promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente.

En cuanto a la Ley General de Salud (LGS), se establece que es materia de salubridad general, la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Artículo 6º de la LGS establece que el Sistema Nacional de Salud debe colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.

El artículo 174 de la LGS refiere que la atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad comprende:

I. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan;

II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad;

III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad;

IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en particular a las familias que cuenten con alguna persona con discapacidad, promoviendo al efecto la solidaridad social;

V. La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;

VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad, y

VII. La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como la promoción del empleo de las personas en proceso de rehabilitación.

No obstante, lo ya expuesto, la realidad es que las personas con ostomías, que por su propia condición actualizan la hipótesis de una discapacidad y, eventualmente de una incapacidad, no se han visto atendidas por este andamiaje legal.

Por ello, se propone exhortar a diferentes instancias para que impulsen, programas, estrategias y políticas públicas que permitan considerar a las personas ostomizadas, como personas con una discapacidad, y accedan al marco protector del Estado, derivado de su condición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a impulsar estrategias y políticas públicas para que las personas con ostomías se consideren personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud para que promueva, en el marco de sus competencias, la atención y rehabilitación de las personas con ostomías, y que se considere como una discapacidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que promueva el derecho de las personas ostomizadas, al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral, y debe diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a sus competencias laborales, tanto en el sector público como en el privado.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud a elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia ostomía, a fin de que los profesionales de la salud proporcionen a las personas ostomizadas una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado.

Notas

1 Véase:

https://fascrs.org/patients/diseases-and-conditions/a-z/ostomia# :~: text=Una%20ostom%C3%ADa%2C%20o%20estoma%2C%20es,pueden%20ser%20temporales%20o%2 0permanentes. Consultado el 21 de noviembre de 2023.

2 Véase:

https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/colon-cancer/i n-depth/ostomy/art-20045825 Consultado el 21 de noviembre de 2023.

3 Véase:

https://www.enfermeria21.com/diario-dicen/la-ostomia-como-causa- de-incapacidad-laboral-DDIMPORT-040488/ Consultado el 21 de noviembre de 2023.

4 Véase:

https://www.20minutos.es/noticia/5179203/0/las-personas-ostomiza das-piden-que-desde-los-hospitales-se-les-ayude-solicitar-incapacidad-discapaci dad/ Consultado el 21 de noviembre de 2023.

5 Véase:

https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2019/03/05/certifica do-discapacidad-requisitos-tramites-solicitarlo-169779.html Consultado el 21 de noviembre de 2023.

Cámara de Diputados, a 7 de febrero de 2024.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LOS PODERES LEGISLATIVOS DE COLIMA, ESTADO DE MÉXICO Y TAMAULIPAS, A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PERSONAS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas, a garantizar los derechos de igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes, a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados, a cargo del diputado Roberto Valenzuela Corral, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Roberto Valenzuela Corral, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral 1; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo por la que, respetuosamente, se exhorta a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas, para que se garanticen los derechos de Igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los procesos históricos mundiales de los últimos 250 años han modificado sustancialmente las concepciones jurídicas, culturales, políticas, sociales y económicas sobre la igualdad y, por ende, sobre la discriminación de las personas.

En México, a raíz del inicio del proceso de Independencia, José María Morelos y Pavón consideró en la redacción de los Sentimientos de la Nación la abolición de la esclavitud como punto relevante. En la Constitución de Apatzingán se decreta de forma implícita que “se reputan por ciudadanos de esta América, todos los nacidos en ella”. Sin embargo, fue hasta la presidencia de Vicente Guerrero cuando se expide el decreto que abolió la esclavitud del territorio mexicano, el 15 de septiembre de 1829.

Cabe señalar que, en los Estados Unidos de América, la abolición de la esclavitud se decretó hasta 1863, es decir, más de 30 años después, en medio de la Guerra de Secesión, con la Proclamación del 1º de enero, donde se estableció que las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes serían en adelante libres.

Los cambios han sido graduales y han enfrentado severos retrocesos por el reconocimiento de la igualdad de las personas sin menoscabo de ningún tipo de diferencia.

En este sentido, las acciones afirmativas se han convertido en una de las manifestaciones recientes por la igualdad y la no discriminación de las personas, en México y en otras partes del mundo.

El termino acción afirmativa o affirmative action, lo define la Comisión Norteamericana de Derechos Civiles como “cualquier medida más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”.

Así también, el concepto acción positiva o acciones positivas, siguiendo a Giménez Gluck, tiene “como finalidad la de compensar la desigualdad material que los individuos padecen”.

En ambos casos, se supone la visibilización de sujetos susceptibles de este tipo de acciones, identificados a partir de la pertenencia a grupos históricamente discriminados: es el caso de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas y las personas afrodescendientes.

No obstante, existen grupos que, a pesar de no contar con una historia de discriminación añeja, se constituyen por diversas razones en grupos en situación de desventaja o discriminación, como es el caso de las personas migrantes en tránsito o de las personas que pertenecen a los diferentes grupos de la diversidad sexual.

Las acciones afirmativas se han materializado en México de diversas maneras. Una de estas ha sido la asignación de espacios de representación en el Poder Legislativo en el orden estatal y federal para las personas pertenecientes a los grupos señalados anteriormente. En el caso del orden local, se suman personas jóvenes y adultos mayores reconocidas como susceptibles de beneficiarse con acciones afirmativas para ocupar espacios de representación legislativos.

A nivel federal, en la LXV Legislatura se registró el más alto número de curules asignadas a personas de los grupos históricamente discriminados, así como a personas que por sus condiciones actuales se encuentran en situaciones de discriminación.

En la Cámara de Diputados se cuentan actualmente 65 diputadas y diputados electas por acción afirmativa. De estas, 36 son personas indígenas, 8 son personas con discapacidad, 6 son personas afromexicanas, 4 son personas de la diversidad sexual y 11 son personas migrantes o residentes en el extranjero.

Claramente, las personas indígenas han sido las más beneficiadas con estas acciones en el orden federal. Sin embargo, a nivel local aún hay marcos legales electorales que no las contemplan, específicamente en los estados de Colima, Tamaulipas y Estado de México.

Considerando adicionalmente que, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Estado, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, así como la prohibición expresa de todo tipo de discriminación que tenga por objeto atentar contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo 3o. la obligación de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, de implementar las medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas necesarias para garantizar que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos consagrados en la Constitución.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, respetuosamente, exhorta a los Poderes Legislativos de los estados de Colima, Estado de México y Tamaulipas para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, presenten, analicen y aprueben reformas a sus respectivos marcos normativos en materia electoral y se garanticen los derechos de Igualdad y no discriminación a personas indígenas y afrodescendientes a través de acciones afirmativas que les doten de espacios de representación en los Congresos locales como diputadas y diputados.

Notas

1 Citado por Mario Santiago Juárez en: Santiago Juárez, Mario. Igualdad y acciones afirmativas. México: UNAM-CONAPRED, 2007, pp. 197.

2 Ibid., pp. 201.

3 Para un mejor reconocimiento de estas prácticas, y la diferencia que existe con respecto a las medidas de nivelación y medidas de inclusión, consúltese Del Pino, Mireya. Catálogo de medidas para la igualdad. México: CONAPRED, 2015.

4 Datos extraídos de: Vázquez, Lorena. Iniciativas para legislar sobre acciones afirmativas para la inclusión de grupos vulnerables en el Congreso de la Unión. Mirada Legislativa No. 227. Ciudad de México: Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, 2022.

5 Ibid., pp. 4.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Roberto Valenzuela Corral (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CREACIÓN DE JUECES MIXTOS DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 congresos y Poderes Judiciales de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias para la creación de jueces mixtos de primera instancia especializados en violencia familiar contra la mujer, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los 32 Congresos y Poderes Judiciales de las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, realicen las acciones necesarias para la creación de jueces mixtos de primera instancia especializados en violencia familiar contra la mujer, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará) define en su artículo 1 la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Además, establece en su artículo 3 el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, y en su artículo 7 inciso f) consagra el deber de los Estados de establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Por su parte, en su artículo 2, establece que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que: a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) Que tenga lugar en la Comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violaciones, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

De lo anterior, podemos advertir que, la definición de violencia contra la mujer está basada en el género, de ahí que la misma tenga origen en las relaciones desiguales de poder que se establecen entre hombres y mujeres y que están determinadas por las costumbres, tradiciones y prácticas que la sociedad les asigna a los seres humanos. En ese sentido, es dable precisar que la violencia se da tanto en el ámbito público como en el privado, por lo que puede afectar el círculo más íntimo de las personas, la familia.

Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 7, define a la Violencia familiar como “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho (...)”. Además, considera como violencia familiar los casos en donde la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o de apoyo, aunque no tenga una relación de parentesco.

Dicho lo anterior, es necesario que se visibilicen las conductas agresivas que pueden presentarse entre los miembros de una familia, pues las mismas, afectan principalmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo que combatir y erradicar los prejuicios y estereotipos que normalizan la violencia familiar y subordinan a las mujeres es de vital importancia y urgencia.

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho un llamamiento a los Estados de la región a fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular a la violencia intrafamiliar debido al incremento significativo de las denuncias dentro del ámbito familiar, y a crear instancias especializadas en derechos de las mujeres dentro de los ministerios públicos, la policía y los tribunales, con conocimientos especializados y con adecuados recursos para garantizar una perspectiva de género al abordar casos de mujeres que procuran interponer un recurso efectivo ante actos de violencia.

En México, son pocos los estados que prevén la existencia de Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer. En el 2020 el estado de Coahuila de Zaragoza, mediante acuerdo C-141/2020 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura el 10 de diciembre del mismo año, estableció la función jurisdiccional de juezas y jueces especializados en violencia familiar contra la mujer, con competencia mixta (penal y familiar), lo que permitió dar una respuesta a las demandas de cientos de miles de mujeres que buscaban una mayor protección contra la violencia familiar y los rezagos de justicia en los tribunales familiares y penales. Sin embargo, la mayoría de las entidades federativas, aun no cuentan con un modelo de Juzgados Especializados en Violencia Familiar.

No debe pasar desapercibido que las mujeres representan más del cincuenta por ciento de la población en nuestro país, y son consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad o con limitado poder para incidir en la vida pública y privada como consecuencia de la discriminación a la que son objeto desde la infancia hasta la edad adulta. Además de las diversas formas de violencia que sufren a lo largo de su vida, con mayor frecuencia al interior de su familia.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó los resultados de la última versión realizada de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en el año 2021. El cual, informa sobre los eventos de violencia física, económica, sexual, emocional y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en distintos ámbitos, los lugares en donde ocurrieron y quienes fueron los agresores, ya sea la pareja (unida en matrimonio o sentimental), en la familia, en la escuela, en el trabajo o en la comunidad.

De manera que la prevalencia de violencia familiar contra las mujeres de 15 años y más durante el 2021 fue del 11.4 por ciento, con 9.2 por ciento de violencia psicológica, 3.0 por ciento de violencia física, 1.7 por ciento de violencia sexual y 3.1 por ciento de violencia económica o patrimonial. En donde las principales personas agresoras identificadas fueron las más cercanas al núcleo familiar como las y los hermanos (23.2 por ciento), padre (15.5 por ciento) y madre (13.7 por ciento).

Además, la Endireh 2021 estima que aproximadamente el 39.9 por ciento de mujeres de 15 años y más que tienen o han tenido una relación de pareja, de convivencia o noviazgo, ha experimentado algún tipo de violencia en la relación actual o última y 20.7 por ciento experimentó violencia entre octubre 2020 y octubre 2021.

En ese mismo sentido, el más reciente informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2023, se presentaron 244,388 presuntos delitos de violencia familiar a nivel nacional, lo que representa un aumento del 6.3 por ciento comparado con las cifras del 2022 durante el mismo periodo.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el Inegi, registró que de octubre de 2022 a septiembre de 2023, en zonas urbanas, 8.4 por ciento de las personas de 18 años y más fue violentada en el entorno familiar. Siendo en mujeres, en un porcentaje de 9.8 por ciento; y en hombres, de 6.8 por ciento.

Lo anterior da cuenta del panorama preocupante que está presente en los hogares mexicanos y en las relaciones sentimentales pues la violencia familiar va en aumento. Siendo el hogar, el primer ámbito de mayor violencia contra las mujeres.

Si bien la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres ha impulsado la promulgación de legislación protectora de los derechos humanos de las mujeres; la promulgación de leyes generales que han promovido políticas públicas y mandatos legales para las dependencias de la administración pública y el poder judicial destinados a la incorporación de la perspectiva de género, así como la creación de instituciones especializadas en materia de violencia contra la mujer. Tenemos que insistir en que el impacto real de todo ello aún no tiene los resultados esperados. En ese sentido, el incremento de la violencia contra las mujeres demanda esfuerzos institucionales extraordinarios que permitan enfrentar las consecuencias de la violencia de género, así como ser capaces de brindar apoyo y acompañamiento a las víctimas, y garantizar las sanciones a los agresores.

En ese sentido, existe la urgencia de implementar juzgados especializados en materia de violencia familiar contra las mujeres en cada entidad federativa, pues ello atiende a la necesidad de simplificar y centralizar la atención para las mujeres, de manera que los juzgadores tengan competencia para conocer de asuntos del orden penal, y familiar en donde están involucrados niños, niñas, adolescentes y mujeres.

En ese sentido, es esencial que cada entidad federativa, establezca juzgados especializados en materia de violencia familiar contra la mujer, ya que esto permitirá atender y resolver de manera integral, con mayor calidad, celeridad, y eficiencia los casos de violencia familiar, evitando la revictimización de las víctimas y garantizando el acceso pronto y expedito a la justicia. En donde las mujeres reciban atención inmediata y se aligere la carga excesiva de trabajo a la que se exponen los tribunales del orden familiar y penal.

Por tal motivo, y con base al artículo 71, fracción III y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2, primer párrafo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se requiere a los congresos y tribunales de los estados que aún no cuentan con Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer, para que, en el ámbito de sus atribuciones, y competencias lleven a cabo las adiciones y/o reformas necesarias a la estructura orgánica del Poder Judicial de su respectiva entidad, para que en ella se prevea la existencia de Jueces de Primera Instancia en Violencia Familiar contra la Mujer, con competencia mixta. Y para que las autoridades competentes, realicen las acciones necesarias para materializar la existencia de estos Juzgados Especializados.

Al respecto, el 71, fracción III y artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

(...)

III. A las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México;

(...)

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Por su parte, el artículo 2, primer párrafo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece:

Artículo 2.- La federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

Llevando a cabo estas acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno se contribuirá a que las mujeres víctimas de violencia familiar, puedan recibir acompañamiento de forma consecutiva y secuencial. Sin que ello resulte en la necesidad de acudir ante diversas instancias y autoridades, en cuyo caso, se ha observado la dilación del procedimiento, la incoherencia y contradicción en las resoluciones, así como la falta de sensibilización y especialización en violencia contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. — La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los 32 Congresos locales, para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, lleven a cabo las adiciones y/o reformas necesarias para establecer Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer en sus entidades.

Segundo. — La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los 32 Poderes Judiciales estatales para que realicen las modificaciones necesarias en sus reglamentos internos para establecer Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra la Mujer, en sus respectivas entidades.

Notas

1 CIDH (2007) Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. Recomendaciones específicas. Instancias de administración de justicia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. párr. 3 p. 127 en:

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3793/Ac ceso_justicia_mujeres_victimas_violencia_Americas.pdf?sequence=1&isAllowed= y

2 Véase INEGI. (2021) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Principales Resultados. p. 64 a 70 en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/e ndireh2021_presentacion_ejecutiva.pdf

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2023) Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), octubre 2023. gobierno de México p. 59 y 60 en

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia- contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero- 2019

4 De acuerdo al informe de incidencia delictiva publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en octubre de 2023, estas cifras muestran delitos cometidos en contra de hombres y mujeres. No se desagrega sólo para mujeres.

5 Inegi (2023) Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Tercer Trimestre 2023. p. 3 en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ensu/ensu2023_10.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Sener y a Pemex a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y garantizar el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y al gobierno del estado de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León y cumplir con lo dispuesto en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La contaminación ambiental se considera como un problema de salud pública ya que son muchos los efectos que ejerce sobre la salud de las personas. En México, las principales causas de muertes atribuibles a la contaminación son las enfermedades crónico-respiratorias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, existen grupos más vulnerables: los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con acceso limitado a servicios de salud.

Particularmente, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está catalogada como una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, diversas actividades contribuyen a la contaminación de esta ciudad como es el alto tráfico vehicular, diversas actividades industriales como la metalera, la cementera, la química y la petroquímica, asimismo el estado cuenta con zonas agrícolas importantes donde el uso de plaguicidas también se suma al problema de la contaminación. Aunque en el área metropolitana de Monterrey (AMM) se ubican estaciones de monitoreo ambiental, estas no reflejan necesariamente los riesgos asociados a la contaminación, en especial los generados por contaminantes emergentes.

Según el Clean Air Institute, la ciudad de Monterrey y su área metropolitana (AMM) es una de las más contaminadas de Latinoamérica a nivel atmosférico, a causa de su alta actividad industrial y del tráfico vehicular.

Particularmente, en Cadereyta Jiménez, donde se ubica una refinería, la actividad petroquímica acentúa los problemas de contaminación, por las emisiones de compuestos volátiles, entre ellos el benceno. Este compuesto es un hidrocarburo extremadamente tóxico que se ha clasificado como un cancerígeno humano por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

El benceno es un hidrocarburo aromático que tiene amplios usos industriales. Debido a sus diversas fuentes de emisión, tanto antrópicas como naturales, el benceno se encuentra de manera ubicua en el ambiente (ATSDR 2007). La exposición a benceno puede ser ambiental a través de las emisiones vehiculares o industriales, quema de basura o leña, incendios forestales o humo de cigarro; o bien, puede ser ocupacional como en las industrias del petróleo o petroquímicas y en estaciones de gas y gasolina, siendo la industria petroquímica una de las principales fuentes de emisión de benceno.

La exposición a benceno se ha relacionado con importantes problemas de salud, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha clasificado al benceno en el grupo 1 como cancerígeno en humanos, incluso establece una asociación directa con el desarrollo de leucemias mieloides.

Además, se ha descrito ampliamente que la exposición a benceno aumenta el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades como leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y varios tipos de cáncer (linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón).

En México existen sitios en los que la exposición a benceno en niñas y niños es de alta preocupación. Tal es el caso de Cadereyta Jiménez, en donde el 28 por ciento de los niños que participaron en un estudio de investigación (Ochoa-Martínez AC) presentaron una exposición a benceno muy por encima del índice de exposición biológica establecido por la NOM-127-SSA1 para adultos ocupacionalmente expuestos a este contaminante.

Al comparar estos resultados con estudios realizados en otros países se identificó que la exposición crónica a benceno de los niños de Cadereyta Jiménez es similar a la que presentan los trabajadores de estaciones de gas o de gasolinerías en México y otros países. Es decir, las niñas y niños están expuestos al benceno como si fueran adultos que trabajan en la industria del benceno. La alta exposición a benceno en niñas y niños está relacionada a efectos hematológicos a nivel subclínico como la disminución de hemoglobina, glóbulos rojos y glóbulos blancos, así como algunos eventos genotóxicos como aberraciones y translocaciones cromosómicas.

Información reciente dada a conocer por el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) de leucemia infantil del Conacyt, revela que nueve de cada diez casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) se deben a diversos factores ambientales, entre los que se encuentra la exposición a benceno y otras sustancias químicas. En México, la leucemia representa el 52 por ciento de los cánceres en menores de 18 años, siendo la principal causa de muerte en menores en edades entre cinco y 14 años.

En cuanto a regulaciones para la protección al ambiente y la salud humana en México, contamos únicamente con la NOM-127-SSA1-2021 que regula las sustancias químicas en el agua destinada para uso y consumo humano, y la NOM-047-SSA-2011 que establece los límites de exposición ocupacional. Irónicamente, el benceno no está incluido en los contaminantes criterios para la calidad del aire, solamente se considera en la NOM-165-SEMARNAT-2013 para su reporte dentro del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

La falta de regulación ambiental es una razón de peso por la que poblaciones mexicanas resultan altamente expuestas a benceno y otros contaminantes de manera crónica, especialmente en zonas urbanizadas e industrializadas.

Haciendo hincapié al informe de la UNICEF, señala que cada año mueren más de 1.7 millones de niños menores de cinco años como consecuencia de impactos ambientales los cuales son evitables. Por ello, se insta a comprender que la crisis ambiental también es una crisis de derechos de la infancia.

El día 13 de enero el área metropolitana de Monterrey padeció una “extraordinariamente mala” calidad de aire, lo que llevó a siete municipios a estar momentáneamente en el Top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo.

Según los registros locales del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, la contaminación rebasó hasta en 10 veces el límite establecido en la Norma de Salud Ambiental federal para PM10, que es de 60 microgramos por metro cúbico. Aunque la situación fue grave al menos desde las 7 horas, el Estado emitió una alerta ambiental, la primera del año, hasta las 11 horas.

Además de que la Ciudad presentó muy mala calidad del aire los días previos, la Secretaría de Medio Ambiente atribuyó en la alerta, la contaminación a las rachas de viento de 25 kilómetros por hora, en promedio, que preceden el Frente Frío 26 de la temporada.

Según el ranking mundial del sitio Air Quality, que cada hora reporta las 100 ciudades con mayor concentración de contaminantes, en este caso de PM10 y PM2.5, el municipio de Cadereyta, donde se encuentra la refinería de Pemex, alcanzó el primer lugar. Las PM10 y PM2.5 son las más peligrosas para el ser humano pues al ser más pequeñas pueden penetrar directamente al torrente sanguíneo.

También el municipio de Apodaca alcanzó el primer lugar de este top internacional, mientras que San Pedro llegó al tercer lugar. Los otros municipios que llegaron al top 10 durante la jornada fueron Santa Catarina, Juárez, García y San Nicolás.

Durante el día, 13 de 14 estaciones de monitoreo ambiental que estaban en funcionamiento alcanzaron el nivel de “extremadamente mala” calidad del aire, en una situación inédita en la Ciudad. Los índices comenzaron a repuntar desde alrededor de las 7: 00 horas, pero alcanzaron sus niveles más altos entre las 10 y las 12 horas.

A las 11: 24 horas, la Secretaría de Medio Ambiente emitió la primera alerta ambiental del año, llamando a empresas a tomar medidas para amortiguar efectos de emisiones y a los ciudadanos a no salir al aire libre y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

El día domingo 28 de enero de 2024 se llevó a cabo un plantón para exigir aire limpio. Son raras las manifestaciones y más las que logran emocionar a los grupos diversos que conforman nuestra sociedad: ricos, pobres y clasemedieros están hartos y preocupados de que el aire que respiran sea mortal. El plantón es sólo el primer paso en la búsqueda de una Ciudad en la que podamos respirar aire limpio y, por tanto, vivir en paz.

El día 31 de enero de 2034, el área metropolitana amaneció cubierta por una contaminación que alcanzó el grado de extremadamente mala en el municipio de Juárez.

La Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Calidad del Aire estatal informaron que se combinó una estabilidad atmosférica con fuertes emisiones de la refinería de Pemex en Cadereyta durante la madrugada y parte de la mañana.

Punto de Acuerdo

Único. — La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y a Pemex a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Bibliografía

1 https://ciatej.mx/elciatej/comunicacion/Noticias/Contaminacion-ambiental–factor -de-riesgo-en-ninas-yninos/74

2 https://ciencias.jornada.com.mx/ecologica/2023/11/26/ninezexpuesta-a-benceno-en -zonas-con-actividad-petroquimica-5283.html

3 https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/ RICA.2018.34.03.15/46779

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA DENUNCIA Y LOS MODOS DE OPERAR DE GRUPOS DELICTIVOS QUE SE HACEN PASAR POR PRESTADORES DE SERVICIOS PARA INGRESAR A DOMICILIOS PARTICULARES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y sus homologas estatales a llevar a cabo campañas informativas sobre la denuncia y los distintos modos de operar de grupos delictivos que se hacen pasar por repartidores, trabajadores de gobierno, empresas públicas y prestadores de servicios, para ingresar a domicilios particulares y cometer conductas ilícitas, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se tiene documentada desde el año 2015 la existencia de bandas que se hacen pasar por repartidores, trabajadores del gobierno, de empresas públicas y prestadores de servicios, portando uniformes apócrifos, documentos y medios de identificación falsificados para acceder a los domicilios de las personas y cometer diversos ilícitos como el robo, secuestro o extorsión; este modus operandi cada día es más común observarlo en plataformas de redes sociales y servicios de mensajería a través de numerosos videos que exponen a personas cometiendo ilícitos.

Estos delincuentes se aprovechan de la confianza y buena fe de los ciudadanos al hacerse pasar por personal autorizado utilizando uniformes similares a los de los gobiernos o empresas, llegando a presentar credenciales falsas para dar mayor credibilidad a su engaño.

Ante esta situación, es fundamental que la población esté informada y tome precauciones para protegerse, entre las recomendaciones oficiales se encuentra el verificar siempre la identidad de cualquier persona que se presente, solicitar su número de empleado y confirmarlo llamando a la compañía y no permitir el acceso a su hogar si tienen sospechas o dudas.

El caso que más se presenta es el de personas que se hacen pasar por empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes mediante un formulario falso dicen pertenecer al “Programa de regularización del suministro eléctrico”; vale la pena señalar que éste no es un programa que la CFE tenga operando o haya operado alguna vez y que, derivado de una supuesta denuncia por posible robo de energía y/o consumos bajos, los estafadores hacen la visita al domicilio.

El formato apócrifo con el que se presentan en el domicilio, solicita el nombre del usuario, número de medidor, el domicilio y ciudad, datos personales que hacen pensar que es un formato oficial pero que, al ser falso, la información ahí expresada también puede ser usada por los estafadores para cometer otros delitos en contra de las personas afectadas.

Otro tipo de ilícito que también involucra a supuestos empleados de la Comisión es en el que le solicitan cierta cantidad de dinero a la persona visitada con el argumento de que ese dinero serviría para no cortar el servicio de electricidad y, a su vez, evitar una presunta multa por supuestas irregularidades en el suministro de energía.

También, tras el incremento de las ofertas de servicios de envío a casa de productos, alimentos, documentos y medicinas, se ha observado que algunas bandas delictivas se hacen pasar por empleados de empresas que brindan dichos servicios, con la finalidad de cometer ilícitos.

La problemática no es menor, se tiene documentado por diversos medios, tanto nacionales como internacionales, de la variación y recurrencia de estos actos delictivos, tal y como se cita a continuación:

El portal C5N en su edición del 6 de marzo de 2023, en una de sus notas en la sección de Sociedad señaló lo siguiente:

“”, en la localidad de San Francisco Solano, en Buenos Aires Argentina:

Por su parte, el sitio INFOBAE publicó en su portal el día 17 de enero de 2024 lo siguiente: “”.

Al respecto, de manera particular, el sitio UNO TV dio a conocer el pasado 15 de enero cómo “”.

En el mismo sentido, el portal “Zona Franca”, en su sección Seguridad de la edición del 6 de diciembre de 2023, evidenció un caso más en Guanajuato: “”.

Un caso más fue el documentado por el sitio “MILENIO” en su sección de Estados, específicamente en Oaxaca, en donde delincuentes se hacían pasar por personal de la Secretaría de Salud como brigadas de combate al paludismo y dengue, ofreciendo realizar una fumigación; o los ya referidos trabajadores de la CFE que advierten alguna anomalía en el servicio, logrando ingresar a los domicilios para cometer robos, tal y como se muestra en el siguiente encabezado:

De lo anterior advertimos que nos encontramos frente a una situación bastante cotidiana y muy preocupante, pues resulta complicado para la ciudadanía, especialmente para los grupos vulnerables, como lo son los adultos mayores, poder identificar cuando se trata de una acción legítima de dichas instituciones y no de una trampa de la que echan manos los delincuentes.

Ante la existencia de bandas que se hacen pasar por repartidores, trabajadores del gobierno, de empresas públicas y prestadores de servicios, resulta vital redoblar esfuerzos en materia de seguridad, especialmente ante las acciones delictivas que se llevan a cabo en nombre de instituciones gubernamentales, pues con ello no sólo se afecta a las víctimas directas de los delitos, sino también la credibilidad de dichas instituciones.

Sin duda, una de las acciones más importantes es alertar a la población, brindándole información suficiente sobre las acciones que sí se realizan por parte de las instituciones públicas y todas aquellas que se encontrarían fuera de la legalidad por parte de sus trabajadores, para que de esta manera la población esté en posibilidad de extremar precauciones para evitar caer en las trampas de estos impostores.

Así mismo, es importante fortalecer la cultura de la denuncia, brindando la facilidad de hacerlo ante cualquier intento de fraude o actividad sospechosa. Las denuncias ayudan a las autoridades a identificar a los responsables y sus distintas formas de operar, por lo que denunciar garantiza la justicia a las víctimas del delito y una herramienta para conocer y enfrentar la diversificación de estos hechos delictivos.

En virtud de ello, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con sus homólogas estatales, lleven a cabo campañas informativas sobre los distintos modos de operar de grupos delictivos que se hacen pasar por repartidores, trabajadores del gobierno, de empresas públicas y prestadores de servicios para ingresar a los domicilios particulares y cometer conductas ilícitas, entre las que destacan el robo y la extorsión.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con sus homólogas estatales, informen a la población sobre los mecanismos de denuncia de las conductas ilícitas llevadas a cabo por grupos delictivos que se hacen pasar por repartidores, trabajadores del gobierno, de empresas públicas y prestadores de servicios.

Notas

1. Véase, Disfrazados de empleados municipales robaron un centro de estética. Consultado el 30 de enero de 2024. Disponible en:

https://www.c5n.com/sociedad/disfrazados-empleados-municipales-r obaron-un-centro-estetica-n101891

2. Véase, Jorge Contreras, Así es el modus operandi con el que criminales vestidos de empleados de la CFE roban casas en México, INFOBAE, 17 de enero de 2024. Disponible en:

https://www.infobae.com/mexico/2024/01/17/asi-es-el-modus-operan di-con-el-que-criminales-vestidos-de-empleados-de-la-cfe-roban-casas-en-mexico/

3. Véase, Jennifer Turrubiates, Falsos empleados de CFE roban a habitantes de Oaxaca y Edomex, UNO TV, 15 de enero de 2024. Disponible en:

https://www.unotv.com/estados/oaxaca/falsos-empleados-de-cfe-rob an-a-habitantes-de-oaxaca-y-edomex/

4. Véase, Roban a casa en Pastitos haciéndose pasar por paquetería, Zona Franca, 6 de diciembre de 2023. Disponible en:

https://zonafranca.mx/seguridad/roban-a-casa-en-pastitos-haciend ose-pasar-por-paqueteria/

5. Véase, Óscar Rodríguez, Delincuentes se hacen pasar por trabajadores de CFE y SSA para robar en casas de Oaxaca, MILENIO, 16 de enero de 2024. Disponible en:

https://www.milenio.com/estados/delincuentes-se-hacen-pasar-por- trabajadores-cfe-y-ssa-en-oaxaca

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, A VERIFICAR QUE NO SE UTILICEN EMBARCACIONES MOTORIZADAS EN LOS CANALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente de la CdMx y a la alcaldía Xochimilco a reforzar las medidas de inspección para vigilar y verificar que no se utilicen embarcaciones motorizadas en los canales de dicha alcaldía, a cargo del diputado Juan Luis Carillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para los mexicanos Xochimilco representa más que trajineras, chinampas y flores, es un sitio patrimonial que cuenta con innumerables tradiciones culturales las cuales se han transmitido de generación en generación, y no solo eso, con el paso de los años Xochimilco se convirtió en un destino turístico por excelencia para todos aquellos turistas, tanto nacionales como extranjeros, que visitan la Ciudad de México.

De manera paralela, los canales de Xochimilco representan un complejo ecosistema que resguarda especies acuáticas en peligro de extinción, como el Ajolote, al mismo tiempo es refugio de decenas de aves migratorias. Sin embargo, el valor excepcional del sitio radica en la creatividad y tecnología ancestral en el manejo de las aguas y la riqueza agrícola de su tierra a través de la chinampa como unidad de producción.

Históricamente, la agricultura ha sido la principal actividad económica en Xochimilco, en especial la que se realiza por medio del sistema chinampero tradicional. Dicho sistema se destaca por utilizar los recursos del humedal de forma racional, de igual manera, cuenta con una visión orgánica de alto rendimiento, la cual consta de 3 a 5 ciclos productivos anualmente. El sistema consiste en la formación de islas llamadas chinampas, las cuales son retenidas por árboles nativos como los Ahuejotes y los Ahuehuetes.

Dentro de ese gran sistema de canales interconectados se encuentra una zona de protección reconocida como “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, cuya extensión es de aproximadamente 2,500 hectáreas.

Gracias a sus particulares características y al ser un testimonio vivo de la cultura lacustre en la Ciudad de México, referente a nivel mundial por sus canales y chinampas, el 11 de diciembre de 1987 Xochimilco fue declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Asimismo, en 1992 se le catalogó como Área Natural Protegida.

Debido a la enorme relevancia cultural de Xochimilco, pero sobre todo a su importancia biológica y sus chinampas, se ha convertido en el único testimonio vivo de una cultura agrícola mesoamericana, éste ha sido reconocido nacional e internacionalmente a través de diversas declaratorias e inscripciones de protección.

Asimismo, en el área existe una importante diversidad biológica de vegetación acuática, subacuática, halófila y terrestre, diversos estudios han identificado por lo menos once especies de fauna clasificadas en categorías especiales de protección de acuerdo a las Normas Mexicanas.

Las características de los ecosistemas dominantes en la zona se pueden apreciar en la siguiente imagen:

Lamentablemente, durante los últimos años, los efectos del cambio climático y la actividad humana han impactado de manera negativa el equilibrio ecológico de la región, se ha presentado escasez de agua dulce, incendios forestales más frecuentes e intensos, sequías, menor rendimiento de las cosechas, así como pérdida de especies de flora y fauna.

Aunado a lo anterior, Xochimilco se ha convertido en una de las tres alcaldías con un mayor número de asentamientos irregulares, lo cual ha traído como consecuencia una severa contaminación hídrica y devastación ecológica.

Asimismo, el incremento de la actividad turística en la zona ha impactado negativamente su equilibrio natural, ya que muchos de los visitantes no tienen la suficiente conciencia sobre la importancia en el cuidado del ecosistema al que acuden y vierten basura y desechos abonando a la contaminación de los canales. La gran mayoría de las personas que visitan los canales y las chinampas de Xochimilco desconocen que se trata de un Área Natural Protegida y con ello las acciones que, como visitantes, deben adoptar para su adecuado cuidado.

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la principal función de este tipo de áreas es la protección y la conservación de recursos naturales de especial importancia, ya sean especies de fauna o flora catalogadas de riesgo, amenazadas o en peligro de extinción.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para mantener el equilibrio ecológico de los canales de Xochimilco, en los últimos meses, se ha documentado en diversos medios de comunicación el uso de lanchas con motor, estos motores, si bien representan una manera más rápida de transportarse entre los canales, tienen un impacto devastador para el ecosistema. Entre los impactos ambientales negativos que tiene el uso de lanchas motorizadas destacan:

Contaminación por agua: los motores emiten combustibles y aceites que se dispersan en el agua contaminando los canales, amenazando la salud de la flora y fauna que vive en ellos. Dicha contaminación pone en riego la supervivencia del ajolote y otras especies endémicas.

Erosión de los lechos de los canales: los motores generan olas y corrientes fuertes que erosionan los lechos de los canales, alterando el equilibrio hidrológico y afectando negativamente la calidad del agua.

Destrucción de humedales: el uso constante de los motores contribuye a la degradación de los humedales que son fundamentales para el ecosistema de la región.

Contaminación acústica: los motores generan un nivel considerable de ruido al entorno, lo que afecta al comportamiento de los animales acuáticos, perturbando su ciclo de vida y reproducción.

Como podemos observar, resulta fundamental reforzar todas las acciones para cuidar uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Ciudad de México, no solo por sus tradiciones y cultura, sino por su importancia ecológica, ya que sus humedales albergan una importante cantidad de plantas y animales acuáticos, muchos de ellos propios de la región. Además, sus aguas e islotes funcionan como zonas de descanso, alimentación y reproducción de cientos de aves migratorias.

Es por lo anterior que consideramos oportuno fortalecer todas aquellas medidas que se han implementado encaminadas a la preservación de los canales de Xochimilco y con ello evitar un daño ecológico que pudiera resultar irreversible.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Alcaldía Xochimilco refuerce las operaciones de inspección para verificar que no se utilicen embarcaciones motorizadas en los canales de Xochimilco.

Notas

1. El origen ancestral. Disponible en:

https://www.azp.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Importancia%20de%2 0la%20zona.pdf

2. Programa de Adaptación basado en ecosistemas. Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. Pronatura A. C. Disponible en:

https://pronatura.org.mx/pdf/AbE/Xochimilco.pdf

3. Xochimilco, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 2006-2012 Libros Blancos. Disponible en:

https://martha.org.mx/una-politica-con-causa/wp-content/uploads/ 2013/09/04-Xochimilco.pdf

4. Todo lo que Xochimilco hace por el ambiente de la CDMX. Disponible en:

https://gatopardo.com/noticias-actuales/xochimilco-chinampas/

5. Conservemos Xochimilco. Disponible en:

https://www.change.org/p/conservemos-a-xochimilco-prohibici%C3%B 3n-de-motores-fuera-de-borda

6. Conservación de Chinampas y Humedales. Disponible en:

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Cuadernillos-Am bientales/4-CHINAMPAS.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA FGJEM, A INVESTIGAR SOBRE EL CASO DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, EN COACALCO; Y A LA SEP, A ESTABLECER MECANISMOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE ABUSO SEXUAL EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJEM a realizar la investigación sobre el caso de violencia sexual en la escuela primaria “Ramón López Velarde”, en el municipio de Coacalco; y a la SEP a establecer mecanismos de prevención, detección y actuación en materia de abuso sexual en escuelas de nivel básico, a cargo de la diputada Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El día 18 de enero del presente año se dio a conocer la noticia de una presunta violación por parte de un prestador del servicio social dentro de las instalaciones del centro educativo primaria “Ramón López Velarde” ubicada en el municipio de Coacalco Estado de México, el presunto agresor fue detenido por la Fiscalía General de Justicia después de una denuncia realizada por padres de un alumno de 7 años de edad, el cual expreso una agresión sexual. En consecuencia, los padres y tutores de los alumnos del plantel realizaron diversas manifestaciones y bloqueos en vías primarias con el propósito de que las autoridades correspondientes investiguen y determinen la situación legal del presunto agresor.

En este sentido, diversas organizaciones del Estado de México han evidenciado que al menos en el año 2023 se atendieron “20 expedientes de abuso sexual ante el Fiscal General de Justicia”, subrayando que en los “Municipios de Zinacantepec, Ocoyoacac, Temascaltepec, Almoloya de Juárez y Lerma”, se han incrementado los casos de abuso sexual hacia menores, entre los rangos de dos a siete años de edad.

De acuerdo con el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (OID), se emito una alerta a nivel nacional sobre el aumento de casos de abuso sexual en contra de menores de edad dentro de las instituciones educativas, concluyendo que en entre el año 2021 y 2023 se documentaron al menos “25 casos de abuso sexual infantil en 11 escuelas”, siendo los estados con mayor prevalencia la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Morelos.

Igualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo de 2021, señalo que “fueron cometidos actos de abuso sexual en contra 53 mil 282 personas, de los cuales el 42% fueron en contra de 22 mil 410 niñas, niños y adolescentes”, siendo los sitios de mayor concurrencia los hogares, escuelas y vías públicas.

El abuso sexual infantil en nuestro país es una problemática y realidad que permea directamente en las victimas y familias, puesto que diversas asociaciones civiles han denunciado la negligencia y opacidad por parte de las autoridades correspondientes para impartir justicia y salvaguardar los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes violentados, además de la aplicación de acciones coercitivas que buscan desincentivar las denuncias por parte del personal docente o administrativo.

No podemos omitir, que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hizo un análisis de este delito con base a los menores atendidos en hospitales públicos entre 2019 y 2022. La organización detectó que tres de cada cuatro víctimas eran adolescentes de 12 a 17 años.

Así mismo, esta organización señaló que los menores que han experimentado este delito tienen como consecuencia malestar emocional, embarazo, ansiedad, depresión, infecciones de transmisión sexual y trastornos psiquiátricos. Y sobre los agresores, el SIPINNA reportó en 2021 que ocho de cada 10 ataques provienen de parientes o personas conocidas de las menores.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el primer país del mundo en abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Este dato fue reiterado con los datos arrojados por la consulta infantil y juvenil aplicada por el Instituto Nacional Electoral, arrojo que una de cuatro niñas y niños, afirmaron estar expuestos a abusos sexuales en su entorno más cercano.

Cabe señalar que actualmente existen ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que buscan garantizar los derechos fundamentales y libertades inherentes de la infancia, como son el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, el cual se encuentra sustentado en el artículo 13, fracción VIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así mismo dentro del capítulo Décimo Primero, del Derecho a la Educación, artículo 57, fracción XI de la misma Ley, se contemplan las atribuciones o medidas por parte de los tres niveles de gobierno en referencia actos violentos dentro de las instalaciones escolares, mencionando que se debe,

XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia que se suscite hacia niñas, niños y adolescentes en los centros educativos del país;

Conforme a lo anterior, la Ley General de Educación en su artículo 73, establecen diversas medidas de acción para la protección y cuidado de los educandos en materia de abuso o violencia, principalmente a los menores de edad, donde se establece que,

“ . En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.”

Por último, la Convención sobre los Derechos del Niño del cual México es estado parte, establece medidas y obligaciones de los integrantes en materia de protección contra malos tratos cometidos por tutores, familiares o cualquier persona responsable de su cuidado, por lo que conforme al artículo 19, señala que,

“ 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”

Es por ello, que ante las situaciones de riesgo que viven las niñas, niños y adolescentes dentro de su entorno educativo, es necesario e indispensable exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el propósito de que investiguen y sancionen los presuntos hechos vinculados en materia de abuso sexual en la escuela primaria “Ramón López Velarde” en el municipio de Coacalco; además de exhortar a la Secretaria de Educación Pública para que conforme a sus atribuciones implemente mecanismos que tengan por objeto prevenir, detectar y actuar en situaciones de abuso o violencia sexual dentro de las instalaciones educativas de nivel básico, todo ello, con la finalidad de garantizar el derecho al acceso a la justicia, así como a vivir una vida libre de violencia, salvaguardando el interés superior de la niñez. Por ello tengo a bien presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que, conforme a sus atribuciones realice la investigación sobre el presunto caso de violencia sexual en la escuela primaria “Ramón López Velarde” en el Municipio de Coacalco, brindando protección jurídica a las víctimas y garantizando sus derechos humanos.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que conforme a sus facultades establezca mecanismos de prevención, detección y actuación en materia de abuso sexual en escuelas de nivel básico a nivel nacional.

Notas

1. Guadarrama, Ricardo (2023) “Abuso sexual infantil: Casos aumentan en Toluca y municipios cercanos”. El Financiero.

https://www.elfinanciero.com.mx/edomex/2023/10/08/abuso-sexual-i nfantil-casos-aumentan-en-toluca-y-municipios-cercanos/

2. Ibidem.

3. Perez, Maritza (2023) “Alertan sobre aumento de abusos sexuales en escuelas; acusan negligencia de la SEP”. El economista.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Alertan-sobre-aumento-d e-abusos-sexuales-en-escuelas-acusan-negligencia-de-la-SEP-20230531-0019.html

4. Alumbra (2023) “Panorama estadístico de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en México 2023”.

https://alumbramx.org/wp-content/uploads/2023/05/Panorama-estadi stico-VSI-Mexico.pdf

5. Ley General de Educación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Gabriela Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A EXPEDIR LOS DECRETOS DE EXPROPIACIÓN, DE OCUPACIÓN TEMPORAL, TOTAL O PARCIAL Y DE RESCATE DE CONCESIONES OTORGADAS POR LA CONAGUA PARA OPERAR Y AMPLIAR INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a expedir los decretos de expropiación, de ocupación temporal, total o parcial y de rescate de concesiones otorgadas por la Conagua para construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica federal, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Díaz Acevedo Edna Gisel, diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 6, Numeral 1, Fracción I; 62, Numeral 2; Y 79, Numeral 2, Fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es fundamental para los organismos y vital para la salud de seres vivos y del ecosistema en general. El agua es uno de los recursos más importantes para la vida en el planeta. Los seres humanos dependemos de su disponibilidad no sólo para el consumo doméstico, sino también para el funcionamiento y la continuidad de las actividades agrícolas e industriales.

Existen diversas estimaciones que sustentan que existen alrededor de 1,400 millones de kilómetros cúbicos de agua en el planeta, de los cuales sólo 2.5% corresponden a agua dulce. Este pequeño porcentaje se localiza principalmente en los ríos, lagos, glaciares, mantos de hielo y acuíferos del mundo. Casi tres cuartas partes del agua dulce están contenidas en los glaciares y mantos de hielo, de los cuales alrededor de 97% son prácticamente inaccesibles para su uso, ya que se encuentran en Antártica, el Ártico y Groenlandia.

El acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos reconocidos internacionalmente. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Estudios de organismos internacionales como la FAO estiman que uno de cada cinco países del mundo en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes del año 2023. Dicha circunstancia se encuentra cada vez más cercana, pues se estima que 2,200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, casi 2,000 millones de personas dependen de centros de atención de la salud que carecen de servicios básicos de agua, más de la mitad de la población - 4,200 millones de personas - carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, 297 mil niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable y más 2 000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.

Como país firmante de la resolución que reconoce el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano, nuestra nación mediante una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4o., publicada el 8 febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y sanea-miento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

La inclusión del derecho humano al agua en nuestra Constitución representa un avance en la materia, sin embargo frente a la crisis actual que atraviesa el mundo el país y particularmente la zona Metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México en la que se reporta una disminución significativa en la cantidad y calidad disponible de agua dulce necesaria para satisfacer las necesidades de agua, esta situación puede relacionarse con el estrés hídrico, el cual mide la proporción de extracción en relación con la disponibilidad de agua.

Desde hace unos años con preocupación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado su inquietud por los elevados índices de falta de agua en México, al señalar que entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tienen acceso al servicio potable (es decir, uno de cada diez mexicanos) y 30 por ciento de los que sí la reciben no la obtiene con suficiencia ni calidad. El organismo estima puede haber una “crisis social sin precedentes”.

En gran medida los fenómenos naturales impactan de manera negativa en y profundizan las problemáticas relacionadas con el estrés hídrico. Para la primera quincena de 2024 existen incrementos de áreas con sequía, en gran parte de México se observaron lluvias por debajo de lo normal, favoreciendo el incremento de áreas con sequía. La sequía excepcional aumentó en Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, y surgió en porciones de Sinaloa y Guanajuato. Mientras que, la sequía severa a extrema incrementó principalmente en el centro y occidente del territorio nacional. Arrojando datos de 61.59% del territorio con estas condiciones, 6.75% mayor que lo cuantificado afínales del año 2023.

Las condiciones de sequía que enfrenta el país y particularmente Ciudad de México y la zona metropolitana de la capital del país, han generado que el gobierno local de la Ciudad de México así como del Estado de México comience a racionalizar el abasto de agua potable. Entre 2010 y 2024, el número de colonias que reciben agua por tandeo en la Ciudad de México pasó de 189 a 284, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) en el Diario Oficial de la capital.

La CONAGUA el Sistema de aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) han estado realizando recortes en el suministro de agua en ambas entidades. La reducción al suministro de agua es considerado el más grande en la historia del sistema Cutzamala sistema que registra el nivel más bajo en 27 años, la intención es reducir por lo menos el 25% el abastecimiento durante los próximos cinco meses.

Diversos especialistas como el exdirector de la Conagua, José Luis Luege, es una irresponsabilidad que el Gobierno federal no haya hecho la declaratoria de emergencia ante el grave problema de desabasto de agua en el país y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), además de recordar que como consecuencia de la desaparición del FONDEN el propio presidente ha asegurado que se tendrían a disposición recursos para los casos de emergencia.

Aunado a esto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene un presupuesto menor de lo que solía tener, datos revelados por un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas revelan que, en últimos años, el presupuesto y gasto en materia hídrica ha disminuido particularmente en abastecimiento de agua, el cual ha tenido recortes desde 2012 que rondan desde el 6.5 por ciento hasta un recorte del 14.8 por ciento , para el próximo año CONAGUA tendrá un presupuesto inferior en 12% con respecto a lo que recibió en 2023 pasando de 71.7 mil millones a 62.6 mil millones de pesos, con base en lo anterior resulta complicado dotar de servicios de agua hoy y en el futuro a toda la población.

En este contexto de crisis en el que según datos de la Conagua, la sequía extrema en los últimos tres años ha causado que el almacenamiento de las presas del sistema hídrico se encuentren en sus niveles más bajos y en el marco de la discusión centrada en la iniciativas constitucionales presentadas por el Titular del Poder Ejecutivo el pasado cinco de febrero dentro de las cuales se incluye una referente a establecer la preferencia del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible sobre cualquier otro uso.

Resulta indispensable revisar el marco legal en referencia a esta problemática y las posibles soluciones, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la importancia de la preferencia en la disposición del agua, lo anterior ante la crisis de escasez de agua actual, al respecto el Presidente en la pasada conferencia matutina del 9 de febrero puntualizó que “la Preferencia la debe tener la gente quien necesita el agua; es decir, el consumo doméstico”.

De la revisión de la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso de la unión resaltan los planteamientos referentes a las concesiones y la disponibilidad del agua:

El estrés hídrico en México es una problemática preocupante que requiere de medidas urgentes y efectivas. La escasez de agua, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la deficiente administración de los servicios públicos concesionados a particulares –como es el caso del saneamiento–, la contaminación y el cambio climático son factores que agravan esta situación. México tiene la oportunidad de adoptar políticas y prácticas sostenibles que permitan una gestión eficiente y equitativa de sus recursos hídricos. Solo de esta manera se podrá garantizar un acceso adecuado al agua para las necesidades presentes y futuras de la población y del desarrollo del país.

Actualmente, el 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad. Por ejemplo, sólo el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. Sobre este tema, vale la pena detenerse pues el problema de concesiones en zonas de estrés hídrico, es decir, de zonas sin disponibilidad de agua para consumo personal o uso doméstico, está estrechamente relacionado con la minería que es una de las industrias más intensivas en el consumo de agua que afecta tanto la disponibilidad como la calidad de esta.

Si bien se coincide con la reflexión referente a la problemática e influencia de las concesiones en la misma es importantes, reconocer que en materia de aguas y concesiones, la Ley de Aguas Nacionales en el apartado referente a la administración del Agua y en su artículo 4o. define que La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente o a través de “la Comisión”(Conagua).

Además de establecer en el artículo 6o que compete al Ejecutivo federal expedir los decretos para el establecimiento, modificación o supresión de zonas de veda de aguas nacionales, expedir las declaratorias de zonas de reserva de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como los decretos para su modificación o supresión; expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, expedir por causas de utilidad pública o interés público, declaratorias de rescate de concesiones, expedir por causas de utilidad pública los decretos de expropiación, de ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o su limitación de derechos de dominio.

Del análisis de la iniciativa y del marco general de actuación, facultades y responsabilidades que existen en el marco jurídico existentes se desprende que aún sin la modificación constitucional propuesta por el Ejecutivo y aún no aprobada, las leyes actuales permite al Poder Ejecutivo realizar acciones para suspender y revisar las aquella concesiones cuya existencia y manejo podrían estar profundizando la crisis hídrica, pues mientras en la Ciudad de México y el valle de México, la reducción del caudal del sistema Cutzamala afecta a miles de ciudadanos, podrían existir empresas, fábricas, desarrollos inmobiliarios que tienen acceso a pozos privados y el permiso de extraer más del agua que necesitan. Algunas de estas fábricas podrían usar aguas tratadas, pero la no revisión de su uso podría estar profundizando la crisis.

Según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la metrópoli tiene una demanda de 32 mil litros por segundo de agua. De ellos unos 12 mil eran aportados por parte del sistema Cutzamala, que ha tenido diversos recortes y hoy solo aporta 8 mil 500; 3 mil 500 litros por segundo menos. Por su parte, los pozos privados extraen 1,200 litros de agua por segundo del manto, lo que equivale a un tercio del agua que se ha recortado.

En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua: Sector agropecuario; en 2020, este sector tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería. Abastecimiento público; representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes. Industria autoabastecida; representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país. Centrales termoeléctricas; representa 4% del agua concesionada. Datos revelados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sustentan que El consumo personal de agua para beber, lavarse los dientes, bañarse y utilizar el inodoro, sólo representa 8% del uso anual.

Frente a la crisis, los datos referentes a las concesiones y las facultades actuales se reflexiona que existen condiciones para que conforme a las facultades existentes y la responsabilidades establecidas en la ley, para que como parte de un plan estratégico de atención a la sequía y la problemática de escasez de agua, el titular del Poder Ejecutivo estaría en condiciones de realizar una revisión de las concesiones con la finalidad de platear acuerdos para la reorganización y restablecimiento de las concesiones así como acuerdos con los concesionarios con la finalidad de hacer efectivo derecho humano al acceso, disposición y saneamiento agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Por lo antes expuesto someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que, en el marco de sus facultades, revise las Concesiones de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de las Aguas Nacionales del sistema Cutzamala y expida, por causas de utilidad pública o interés público, los decretos de expropiación, de ocupación temporal, total o parcial y de rescate de concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua para construir, equipar, operar, conservar, mantener, rehabilitar y ampliar infraestructura hidráulica federal con la finalidad de implementar las acciones necesarias para atenuar la falta de agua y garantizar el derecho humano al agua a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Ciudad de México.

Notas

1. Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales Informe del Medio Ambiente. Disponible en:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/informe18/tema/cap6.html

2. Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010, disponible en:

https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n09/479/38/pdf/n0947938.p df?token=nRWy9xUjHjJKqBIe3b&fe=true

3. Naciones Unidas. DESAFIOS GLOBALES, AGUA. Disponible en:.

https://www.un.org/es/global-issues/water#:~: text=2%20200% 20millones%20de%20personas,(OMS%2FUNICEF%202020).

4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 4. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5. Caballero Karina. (2017). Estrés hídrico y desigualdad, factores que encarecen el agua. Gaceta. UNAM disponible en:

https://www.gaceta.unam.mx/estres-hidrico-y-desiguldad-factores- que-encarecen-el-agua/

6. Martínez Nurit. (7 de junio 2022). Preocupa a CIDH crisis por el agua en México. El Sol de México. Disponible en:

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/preocupa-a-cidh -crisis-por-el-agua-en-mexico-8397554.html

7. Monitor de Sequia de México, Comisión Nacional del Agua-Servicio Meteorológico Nacional, Reporte al 15 de enero de 2024.

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3% ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%AD a/MSM20240115.pdf

8. López Gloria. 3 de febrero de 2024. Crisis hídrica en CDMX: en los últimos 14 años ha aumentado tandeo de agua. El Sol de México. Disponible en:

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/crisis-hidrica-e n-cdmx-en-los-ultimos-14-anos-ha-aumentado-tandeo-de-agua-11385872.html

9. Domínguez Eloísa. 2 de Febrero de 2024. Crisis por falta de agua se avecina para antes de época de lluvias, alertan expertos. La Crónica. Disponible en:

https://www.cronica.com.mx/nacional/crisis-critica-falta-agua-av ecina-epoca-lluvias-alertan-expertos.html

10. Centro de Estudios de Estudios de las Finanzas Públicas, Evolución del Gasto en Materia Hídrica 2012-2022, notacefp / 042 / 2022, 13 de junio de 2022.

11. Cara Sergio. 09 de febrero de 2024. Gobierno responde a la crisis de agua en la CDMX y EDOMEX. Contrareplica. Disponible en:

https://puebla.contrareplica.mx/nota-Gobierno-de-Mexico-responde -a-la-crisis-de-agua-en-la-CDMX-y-EDOMEX20249240

12. Semarnat, “Desarrolla IMTA sistema que ayudará a tomar mejores decisiones en materia de minería y agua”, Comunicado de prensa Núm. 06/23, Ciudad de México, 24 de enero de 2023.

https://www.gob.mx/imta/articulos/desarrolla-imta-sistema-que-ay udara-a-tomar-mejores-decisiones-en-materia-de-mineria-y-agua-324506?idiom=es

13. Iniciativa del Ejecutivo federal. Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua. Gaceta Parlamentaria Año XXVII Palacio Legislativo de San Lázaro lunes 5 de febrero de 2024 Número 6457-1. Disponible en:

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-1.pdf

14. Ley de Aguas Nacionales [LAN]. Art. 6. 1 de febrero de 1991 (México). Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAN.pdf

15. Contreras Arturo. 31 de enero de 2024. Durante la sequía ¿quién acapara el agua?. Pie de Página. Disponible en:

https://piedepagina.mx/durante-la-sequia-quien-acapara-el-agua/

16. Diagnóstico IMCO.( 07 Febrero, 2023) Situación del agua en México. Disponible en:

https://imco.org.mx/situacion-del-agua-en-mexico/

17. Gaceta UNAM. Apocalipsis del agua la crisis que se viene. Rafael López, Rafael Paz, Leonardo Frías, Patricia López y Hugo Maguey. Fuentes: ONU (UN-Water), Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Sistema Nacional de Información del Agua, Centro de Información del Agua, Red del Agua UNAM. Disponible en:

https://www.gaceta.unam.mx/especial-agua-crisis/ .

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2024.– Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamientos, para dictamen.