del congreso de los estados unidos mexicanos
Comisión Permanente
Primer Receso del Tercer Año de EjercicioCrónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputada Marcela Guerra Castillo
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
SUMARIO
De la Cámara de Senadores, por medio de las cuales remite:
-El acuerdo aprobado por el que se designa al senador Ricardo Velázquez Meza como secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, en sustitución de la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, a partir del 13 de diciembre de 2023
-El acuerdo por el que el senador Adolfo Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas
-La integración de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura
-La comunicación por medio de la cual informa de la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura
De enterado
De la Cámara de Senadores, con la que remite contestación al punto de acuerdo aprobado durante el segundo receso de la Comisión Permanente del segundo año de ejercicio, en relación con la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables remite a la Cámara de Senadores
De la Cámara de Senadores, mediante las cuales remite:
-El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura
-Oficios del Congreso de la Ciudad de México con los que informa de la clausura de los trabajos del primer período ordinario de sesiones; la instalación de la Comisión Permanente del primer receso y la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente correspondientes al tercer año de ejercicio de la II Legislatura
De enterado
De la Cámara de Senadores, por la que remite exhorto del H. Ayuntamiento constitucional de Puerto Peñasco, Sonora, para llevar a cabo acciones tendientes para una pronta reapertura del Puente Internacional Fronterizo Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona, Estados Unidos de América, ante la decisión unilateral del cierre de dicho puente fronterizo por el gobierno de Estados Unidos de América remite a la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite en formato electrónico nueve tomos y un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores
INICIATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Del Congreso de la Ciudad de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción V, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados
Se recibe, del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitud de excitativa con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el mes de julio de cada año Mes de la Catarata, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Remítase a la Cámara de Diputados
Del diputado José Luis Elorza Flores, de Morena, se recibió solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputado federal. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Diputados
Del diputado Shamir Fernández Hernández, de Morena, se recibió solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputado federal. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Diputados
Del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del PAN, se recibió solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputado federal. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Diputados
Del diputado Manuel de Jesús Narcia Coutiño, de Morena, se recibió solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputado federal. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Diputados
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se recibió el acuerdo con relación a su integración durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Aprobado. Comuníquese
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se recibió el acuerdo relativo a las Reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de la LXV Legislatura. Aprobado. Comuníquese
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
La diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados
La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, en nombre propio y del diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, ambos del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la Cámara de Diputados
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, en nombre propio y de la diputada Esther Martínez Romano, ambos del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados
La diputada Elizabeth Pérez Valdez, en nombre propio y de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, ambas del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de la Cámara de Diputados
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, en nombre propio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, en nombre propio y de los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, todos del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, de la Cámara de Diputados
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, en nombre propio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados
El diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de integración y funcionamiento de la Sección Instructora de cada Cámara turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados
Del diputado Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena, se recibió solicitud de licencia para separarse de su cargo como diputado federal. Aprobada, comuníquese a la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Buenos días a todas y a todos los diputados, diputadas, senadoras y senadores presentes en esta Comisión Permanente, nuestra primera sesión, del día 19 de diciembre del año en curso, 2023.
Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de la asistencia de las ciudadanas y ciudadanos legisladores.
La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: Señora presidenta, existen registrados previamente 29 legisladoras y legisladores. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo (a las 12:26 horas): En consecuencia, se abre la sesión de la Comisión Permanente de este martes 19 de diciembre del año 2023.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
Orden del día
Martes 19 de diciembre de 2023
Acta de la sesión de instalación.
Comunicaciones
De la Cámara de Senadores
Remite acuerdo por el que se designa al senador Ricardo Velázquez Meza, como secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, en sustitución de la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, a partir del 13 de diciembre de 2023.
Comunica que se aprobó acuerdo por el que el senador Adolfo Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas.
Comunica la integración de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
Informa la clausura de su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
Remite contestación a punto de acuerdo aprobado durante el segundo receso de la Comisión Permanente del segundo año de ejercicio, en relación con la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Pesca y Acuacultura, con la que remite su Programa Anual de Trabajo correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
Del Congreso de la Ciudad de México, con los que informa de la clausura de los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, la instalación de la Comisión Permanente del primer receso, y la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente correspondientes al tercer año de ejercicio de la II Legislatura.
Del honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Peñasco, Sonora, con el que remite exhorto a la Cámara de Senadores a realizar acciones tendientes para una pronta reapertura del puente internacional fronterizo Sonoyta, Sonora-Lukevlile, Arizona, Estados Unidos de Norte América, ante la decisión unilateral del cierre de dicho puente fronterizo por el gobierno de Estados Unidos de Norte América.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Remite en formato electrónico, nueve tomos y un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el ejercicio fiscal 2024, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Iniciativa del Congreso de la Ciudad de México
Con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción V, Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitudes de licencia de diputados
Acuerdos de la Comisión Permanente
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de cambiadores infantiles, suscrita por la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y suscrita por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 31 y 137 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, suscrita por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades raras, suscrita por los diputados Leticia Zepeda Martínez y Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez y suscrita por el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 25 y adiciona los artículos 47-A y 47-B a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia del combate a la explotación sexual comercial, especialmente de niños, niñas, adolescentes y mujeres, suscrita por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 106 y 107 de la Ley de Migración, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley Nacional para la Aplicación de Órdenes y Medidas por Razones de Género, Violencia Familiar y Casos en los que las Víctimas están en Condiciones de Vulnerabilidad, suscrita por la diputada María Rosete y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 19, 58 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona artículos 14 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 421 Quáter a la Ley General de Salud, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 77 Bis 17 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de integración y funcionamiento de la Sección Instructora de cada Cámara, a cargo del diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Proposiciones
Con punto de acuerdo relativo a la atención integral y oportuna de personas en situación de calle y migrantes sin refugio, durante la temporada invernal enero-marzo 2024, suscrito por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a que, en la Mesa de Coordinación de Seguridad, implemente un protocolo de acción conjunta para intensificar las medidas de seguridad y vigilancia durante el Operativo Invierno del Programa Héroes Paisanos 2023, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional y a la SSPC, a que, en coordinación con los gobiernos y las entidades federativas, garanticen la seguridad y protección a los migrantes y/o paisanos mexicanos en su retorno y visita a sus familias en sus lugares de origen con motivo de las festividades decembrinas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a publicar un informe detallado referente a las víctimas que fueron localizadas por medio de visitas a sus domicilios y por llamadas telefónicas, así como la inclusión en el censo de personas desaparecidas de los últimos meses, suscrito por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a llevar a cabo distintas acciones a fin de erradicar el abandono y maltrato de animales de compañía ante el incremento de la comercialización de los mismos para ser entregados como regalo en la temporada decembrina, suscrito por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a reforzar la vigilancia y seguridad de la carretera federal México-Puebla, y a la FGR y a las fiscalías estatales a investigar y ejercer acciones penales contra las células delictivas que operan en dicha carretera y sus alrededores, suscrito por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a generar un plan de atención que permita condiciones de seguridad y protección para las y los migrantes mexicanos, suscrito por el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a implementar y reforzar las acciones necesarias para la instalación de centros de acopio y la implementación de campañas de difusión que potencien la cultura del reciclaje de los árboles naturales de navidad, suscrito por la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo una campaña de información nacional, especialmente en Sonora al ser el estado más afectado por la rickettsia, con el objetivo de difundir, sensibilizar, prevenir, atender y erradicar dicha enfermedad, a cargo de la senadora Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal y de Guerrero, a atender las afectaciones ocasionadas por el huracán Otis en la localidad Playa Bonfil de Acapulco, mediante la implementación de un plan integral de emergencia para la rehabilitación de la zona de playa y la asignación de recursos a prestadores de servicios turísticos para la rehabilitación de los restaurantes afectados, a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Guerrero, a emitir la declaratoria de emergencia sanitaria en distintos municipios, a proporcionar los insumos necesarios para dicha emergencia sanitaria, ante el incremento de diversas enfermedades derivadas del desastre natural provocado por huracán Otis, a cargo de la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla y diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS y al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), a mantener campañas de información permanentes sobre la importancia y necesidad de la donación de órganos y tejidos, suscrito por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Durango, a emprender diversas acciones para atender la sequía por la que atraviesa dicha entidad, suscrito por la diputada Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a la Profepa y a la Semarnat, a realizar acciones para evitar la posible invasión de predios federales pertenecientes al Lago de Chapala, Jalisco, suscrito por la diputada Paulina Rubio Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a diseñar e implementar políticas públicas centradas en mejorar la calidad y equidad del sistema educativo con el objetivo de abordar el rezago expuesto en los resultados de la Prueba PISA 2022, a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a evaluar la viabilidad de incorporar al municipio de Carmen, a la zona metropolitana de Campeche, suscrito por el diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Salud, a intensificar campañas informativas y de vacunación frente la temporada invernal 2023-2024, suscrito por el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al CJF, a establecer los juzgados de distrito en materia ambiental, de conformidad con los artículos 30 y tercero transitorio de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrito por la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a no suscribir los convenios para el traspaso de servicios de salud IMSS-Bienestar, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNBV, a tomar las medidas necesarias para que las entidades integrantes del sistema financiero implementen medidas de seguridad suficientes para sus usuarios con el fin de evitar los delitos de fraude, robo de identidad y extorsión, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez y suscrito por el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS-Bienestar y al ISSSTE, a celebrar un convenio para la atención médica sin costo de los derechohabientes de la Guardia Nacional desplegados a localidades remotas, suscrito por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SICT, a solicitar a la concesionaria la reubicación de la caseta de cobro Zinapécuaro, ubicada en el kilómetro 202+017 del tramo Maravatío-Morelia, y revisar los procesos de cobro de los concesionarios del tramo Guadalajara-CDMX para dar un mejor servicio y mejorar los tiempos de espera para cruzar las casetas, suscrito por los diputados Rodrigo Sánchez Zepeda y Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a sus homólogas a nivel estatal, a fortalecer, reforzar e implementar las acciones y mecanismos conducentes para la adecuada reforestación de las biznagas en el país y presenten ante esta Soberanía un informe detallado sobre ello, suscrito por la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y al SACMEX, a valorar el establecimiento de una barda perimetral en los predios de "La Kisst" y "María Eugenia", para la protección, mantenimiento y recuperación de los humedales de la montaña de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, suscrito por la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNPC y a sus homólogas a nivel estatal, a implementar operativos de capacitación en sus respectivas circunscripciones, a fin de que los balnearios de México cuenten con personal capacitado en primeros auxilios, soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar, suscrito por la senadora María Merced González González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a resolver de manera pronta y expedita el caso de los seis jóvenes que fueron encontrados muertos en Celaya el 03 de diciembre del presente año, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Baja California Sur, a fortalecer la estrategia de prevención vial en épocas decembrinas, a cargo del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se acuerda convocar a la titular de la SSPC y al Comandante de la Guardia Nacional, a comparecer ante esta Soberanía e informen sobre la ola de violencia que se vive en el país, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Michoacán y a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a respetar el derecho a la educación de las y los estudiantes de la secundaria popular "Felipe Carrillo Puerto", suscrito por la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para que se abstenga de suscribir el Acta 330 si ésta acredita cambios en el Tratado Internacional de Aguas de 1994, a cargo del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Solicitud de excitativa
Relativa a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el mes de julio de cada año Mes de la Catarata, suscrita por el senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena.
Agenda política
Comentarios relativos a la situación política nacional, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios relativos a la situación política nacional, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada secretaria.
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación. Y consulte la Secretaría, en votación económica.
La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión de instalación. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles trece de diciembre de dos mil veintitrés, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo ciento dieciocho, numeral dos, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se designa como presidenta provisional a la diputada Aleida Alavez Ruiz, y para los efectos del inciso b) de la misma porción normativa de la Ley Orgánica, se designa como secretarios provisionales a la diputada y el diputado: Fátima Almendra Cruz Peláez, y Hamlet García Almaguer.
Presidencia provisional de la diputadaAleida Alavez Ruiz
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría procede a pasar lista, en consecuencia, con la asistencia de diecinueve legisladoras y legisladores, a las veintiún horas con un minuto del miércoles trece de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidencia declara abierta la sesión.
La Secretaría da cuenta a la Asamblea con el Acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con relación a la integración de la Mesa Directiva que funcionará durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura. En votación económica, se aprueba el Acuerdo antes referido.
La Presidencia, en términos del artículo ciento veinte, numeral uno, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informa a la Asamblea que se procederá a la elección de la Mesa Directiva, en tal virtud, invita a las legisladoras y legisladores, a que pasen a depositar su cédula a la urna con la intención de su voto, al escuchar su nombre.
Realizado el escrutinio y cómputo correspondiente, por unanimidad de diecinueve votos a favor, son electos las y los siguientes legisladores: presidenta, diputada Marcela Guerra Castillo; vicepresidencias, senadora Ana Lilia Rivera Rivera; senadora Estrella Rojas Loreto; y diputada Aleida Alavez Ruiz; y secretarias diputadas y diputado, Rosangela Amairany Peña Escalante; María de los Ángeles Gutiérrez Valdez; Sue Ellen Bernal Bolnik; Fátima Almendra Cruz Peláez; y Ángel Benjamín Robles Montoya. Los legisladores electos toman posesión de sus cargos y entran en funciones.
Presidencia de la diputada Marcela Guerra Castillo
Puestos todos de pie, la Presidencia declara:
"La Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, se declara legalmente instalada". Comuníquese al Ejecutivo Federal, al Senado de la República, y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Presidencia levanta la sesión a las veintiún horas con doce minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el día martes diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, a las once horas.»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de instalación.
La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores remite copia del acuerdo aprobado por el que se designa al senador Ricardo Velázquez Meza, como secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, en sustitución de la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, a partir del 13 de diciembre de 2023.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente acuerdo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en relación con su Mesa Directiva, que en sus resolutivos dice:
“Primero. La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza deja de fungir como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, a partir del 13 de diciembre de 2023.
Segundo. Se designa al senador Ricardo Velázquez Meza como secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, a partir de la aprobación del presente acuerdo.”
Para conocimiento preciso del referido acuerdo, adjunto copia del mismo.
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023.– Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Acuerdo de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en relación con su Mesa Directiva.
Las y los senadores integrantes de la Mesa Directiva del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, 62 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
Considerando
I. Que con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión puede dictar resoluciones económicas en cuanto a su régimen interior;
II. Que el artículo 3, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las Cámaras del Congreso tengan la organización y funcionamiento de los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la intervención de la otra;
III. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 62 establece que la Mesa Directiva del Senado, se integrará con una presidencia, tres vicepresidencias y cuatro secretarías;
IV. Que el 31 de agosto de 2023 el Pleno del Senado eligió a las y los integrantes de la Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, y
V. Que la importancia de los trabajos de la Cámara de senadores hace necesaria una participación corresponsable y equilibrada entre los representantes de los diversos grupos parlamentarios en la integración de los órganos de la Cámara, por lo que se somete a la consideración del Pleno el siguiente:
Acuerdo
Primero. La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza deja de fungir como secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, a partir del 13 de diciembre de 2023.
Segundo. Se designa al senador Ricardo Velázquez Meza como secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, a partir de la aprobación del presente acuerdo.
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 13 de diciembre de 2023.– Mesa Directiva: Senadora Ana Lilia Rivera Rivera (rúbrica), presidenta; senador Checo Pérez Flores (rúbrica) vicepresidente; senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica), vicepresidenta; senador Noé Fernando Castañón Ramírez (rúbrica), vicepresidente; senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica); senadora Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica), senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, senador Navor Alberto Rojas Mancera (rúbrica), senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica), senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, senadora Elvia Marcela Mora Arellano (rúbrica), senador Daniel Gutiérrez Castorena (rúbrica), secretarios.»
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores comunica que se aprobó acuerdo por el que el senador Adolfo Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Diputada Wendy González Urrutia, presidenta de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.– Presente.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el siguiente resolutivo, entre otros:
“Segundo. Que el senador Adolfo Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas.”
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023.– Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores comunica la integración de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se eligieron por parte de esta Cámara de Senadores los integrantes de la Comisión Permanente que funcionará en el primer receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conformada con los siguientes senadores:
Titular: Senadora Ana Lilia Rivera Rivera Morena
Sustituto: Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Morena
Titular: Senadora Freyda Marybel Villegas Canché Morena
Sustituto: Senador Ricardo Monreal Ávila Morena
Titular: Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo Morena
Sustituta: Senadora Martha Lucía Micher Camarena Morena
Titular: Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano Morena
Sustituto: Senador Adolfo Gómez Hernández Morena
Titular: Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez Morena
Sustituto: Senador Jesús Lucía Trasviña Waldenrath Morena
Titular: Senador Reyes Flores Hurtado Morena
Sustituto: Senador Antares Guadalupe Vázquez Alatorre Morena
Titular: Senador Ricardo Velázquez Meza Morena
Sustituto: Senador José Narro Céspedes Morena
Titular: Senador Julen Rementería del Puerto PAN
Sustituto: Senador José Alfredo Botella Montes PAN
Titular: Senadora Estrella Rojas Loreto PAN
Sustituta: Senadora Yadhira Yvette Tamayo Herrera PAN
Titular: Senador Noé Castañón MC
Sustituto: Senador Dante Delgado MC
Titular: Senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla MC
Sustituta: Senadora Ruth Alejandra López Hernández MC
Titular: Senador Manuel Añorve Baños PRI
Sustituta: Senadora Sylvana Beltranes Sánchez PRI
Titular: Senador Mario Zamora Gastélum PRI
Sustituta: Senadora Beatriz Elena Paredes Rangel PRI
Titular: Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado PVEM
Sustituto: Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué PVEM
Titular: Senador Jaime Bonilla Valdez PT
Sustituto: Senador Joel Padilla Peña PT
Titular: Senadora Elvia Marcela Mora Arellano PES
Sustituta: Senadora Sasil de León Villard PES
Titular: Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa PRD
Sustituto: Senador Antonio García Conejo PRD
Titular: Senador Germán Martínez Cázares GP
Sustituto: Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz GP
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023.– Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores informa la clausura de su primer período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de las LXV Legislatura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito participarles que, en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores clausuró su primer período de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2023.– Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada secretaria. Se tiene por enterado.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores remite contestación a punto de acuerdo aprobado durante el segundo receso de la Comisión Permanente del Segundo Año de Ejercicio, en relación con la publicación del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito comunicar que se recibió respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura, presentados por las diputadas y diputados; es por ello que, conforme al Acuerdo de la Mesa Directiva de dicho órgano del Congreso de la Unión, aprobado el 3 de mayo de 2023, que establece las reglas básicas para el funcionamiento de la misma, y con fundamento en el artículo 117, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dispuso que se le hiciera llegar copia de dicha documentación.
Por lo anterior, se anexa respuesta de la Dirección de Enlace con el Congreso de la Coordinación General de Enlace Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno de la República, para que se publique el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida en este Senado de la República.
Atentamente
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2023.– Senadora Verónica Noemí Farjat (rúbrica), secretaria.»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Remítase a la Cámara de Senadores.
Continúe.
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores remite el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Pesca y Acuacultura correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores remite oficios del Congreso de la Ciudad de México con los que informa de la clausura de los trabajos del primer período ordinario de sesiones; la instalación de la Comisión Permanente del primer receso y la elección de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente correspondientes al tercer año de ejercicio de la II Legislatura.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Se tienen por enterados.
Continúe.
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Cámara de Senadores remite del honorable ayuntamiento constitucional de Puerto Peñasco, Sonora, exhorto a la Cámara de Senadores para llevar a cabo acciones tendientes para una pronta reapertura del puente internacional fronterizo Sonoyta, Sonora-Lukeville, Arizona, Estados Unidos de América, ante la decisión unilateral del cierre de dicho puente fronterizo por el gobierno de Estados Unidos de América.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Remítase a la Cámara de Senadores.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite en formato electrónico nueve tomos y un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal 2024, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se entrega en dispositivo de almacenamiento electrónico anexo, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2024 (PEF 2024), conforme a lo siguiente:
• Tomo I. Información global y específica
• Tomo II. Ramos autónomos.
• Tomo III. Ramos administrativos
• Tomo IV. Ramos generales
• Tomo V. Entidades de control directo
• Tomo VI. Entidades de control indirecto
• Tomo VII. Empresas productivas del estado
• Tomo VIII. Programas y proyectos de inversión
• Tomo IX. Analítico de plazas y remuneraciones
• Anexos
Cabe señalar que esta misma información estará disponible en la página de internet de la secretaría, en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2024/Introduccion
Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
Atentamente
Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2023.– Licenciada Alejandra Cañizares Tello (rúbrica), titular de la Unidad.»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Continúe la Secretaría.
INICIATIVAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: Se recibió del Congreso de la Ciudad de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción V, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
«Congreso de la Ciudad de México.
Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 31 y 32, fracciones XXI y XXIX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, le comunico que el pleno del Congreso de la Ciudad de México, en sesión ordinaria del 5 de septiembre de 2023, tuvo a bien aprobar el dictamen a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción V, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tal virtud, me dirijo a usted para remitir en versión impresa y electrónica documentos que a continuación se enlistan:
1. Iniciativa con proyecto de decreto.
2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y de Igualdad de Género.
3. Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan dos párrafos a la fracción V, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Versión estenográfica de la sesión ordinaria del 05 de diciembre de 2023.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo, a 5 de diciembre de 2023.– Diputada María Gabriela Salido Magos (rúbrica), presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.»
«Congreso de la Ciudad de México.– II Legislatura.
Presidencia de la Mesa Directiva de la onorable Cámara de Diputados de la LXV Legislatura.– Presente.
El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29, fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan dos párrafos a la fracción V, Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente:
Decreto
Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción V, Apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. ...
...
A. ....
I. a IV. ...
V. ...
Los hombres trabajadores disfrutaran de una licencia de paternidad con goce de sueldo hasta por cuarenta y cinco días naturales, que podrán ser utilizados, desde una semana antes de la fecha que aproximadamente se fije para el nacimiento de su hija o hijo, o también en el caso de adopción de un infante; debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido po la relación de trabajo.
En caso de parto prematuro, los días o semanas otorgados por periodo de descanso por prestaciones de maternidad y licencia de paternidad se ajustarán a la fecha del parto, garantizando que en ningún caso sean inferiores a las establecidas por esta Constitución.
VI. a XXXI. ...
B. ...
I. a XIV . ...
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto para realizar las reformas legales aplicables en la materia.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés.– Firmas de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan dos párrafos a la fracción V, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.– Por la Mesa Directiva: diputada María Gabriela Salido Magos (rúbrica), presidenta; diputada Marcela Fuente Castillo (rúbrica), secretaria; diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, secretaria.»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
COMUNICACIONES OFICIALES
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Honorable asamblea, esta Presidencia ha recibido del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitud de excitativa con relación a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el mes de julio de cada año Mes de la Catarata, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Remítase a la Cámara de Diputados.
SOLICITUDES DE LICENCIA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pido entonces a la Secretaría dar cuenta con las solicitudes de licencia.
La secretaria diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Doy cuenta con la solicitud de licencia del diputado José Luis Elorza Flores.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
El suscrito diputado José Luis Elorza Flores, electo por el 12 distrito electoral del estado de Chiapas, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción II, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ante usted, con el debido respeto, solicito licencia de manera indefinida al ejercicio de mi cargo como diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión a partir del 1 de enero de 2024, a mis funciones de esta soberanía.
Lo anterior, con el objeto de que se realicen los trámites correspondiente y se llame al ciudadano Limbergh Ulises Guillen Montoya, quien es mi suplente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre del 2023.– Diputado José Luis Elorza Flores (rúbrica).»
Acuerdo. Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Luis Elorza Flores, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 12 del estado de Chiapas, a partir del primero de enero de 2024.
Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada secretaria. Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Señora presidenta, doy cuenta con la solicitud de licencia del diputado Shamir Fernández Hernández.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
El suscrito diputado Shamir Fernández Hernández, electo por el distrito 6 electoral del estado de Coahuila, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ante usted, con el debido respeto, solicito licencia de manera indefinida al ejercicio de mi cargo como diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a partir del 8 de enero de 2024.
Lo anterior, con el objeto de que se realicen los trámites correspondientes.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2023.– Diputado Shamir Fernández Hernández (rúbrica).»
Acuerdo. Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Shamir Fernández Hernández, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 6 del estado de Coahuila de Zaragoza, a partir del 8 de enero de 2024. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada secretaria. Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Doy lectura a la solicitud de licencia del diputado Mario Gerardo Riestra Piña.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de Mesa Directiva de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Por este conducto, reciba un cordial saludo, al tiempo que, con fundernento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente presento a usted solicitud de licencia para seperarrne del cargo que ostento como diputado federal, a partir del 24 de diciembre de 2023 y hasta el 4 de enero de 2024.
Por lo expuesto y fundado, le solicito respetuosamente se dé el trámite constitucional y legal correspondiente.
Sin otro particular, quedo de usted, reiterando mi más alta y distingida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2023.– Diputado Mario Riestra Piña (rúbrica).»
Acuerdo. Único. Se concede licencia al diputado Mario Gerardo Riestra Piña, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 12 del estado de Puebla, del 24 de diciembre del presente año al 4 de enero del año 2024. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobado y comuníquese a la Cámara de Diputados.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Doy lectura a la solicitud de licencia del diputado Manuel de Jesús Narcia Coutiño.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Cámara de Diputados.
Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
El suscrito diputado Manuel de Jesús Narcia Coutiño, electo por el 7 distrito electoral del estado de Chiapas, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ante usted, con el debido respeto, solicito licencia de manera indefinida al ejercicio de mi cargo como diputado federal de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, a partir de 1 de enero del 2024, a mis funciones de esta soberanía.
Lo anterior, con el objeto de que se realicen los trámites correspondientes y se le llame al ciudadano José Juan Trinidad Balboa quien es mi suplente.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2023.– Diputado Manuel de Jesús Narcia Coutiño (rúbrica).»
Acuerdo. Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Manuel de Jesús Narcia Coutiño, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 7 del estado de Chiapas, a partir del primero de enero del año 2024. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA
CON RELACIÓN A SU INTEGRACIÓN DURANTE EL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXV LEGISLATURA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Proceda la Secretaría a dar cuenta con el acuerdo de la Mesa Directiva.
La secretaria diputada Fátima Almendra Cruz Peláez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Comisión Permanente.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con relación a su integración.
Para el mejor funcionamiento de este órgano de los recesos legislativos del Congreso de la Unión, conviene agregar dos secretarías más a la Mesa Directiva por lo que, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 116, 117, 118, 119, 120 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite proponer, el siguiente:
Acuerdo
Único. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente que funcionará durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, se integrará con dos secretarías más a las autorizadas mediante acuerdo aprobado por el Pleno en la sesión celebrada el 13 de diciembre del presente año, correspondientes a la diputada Taygete Irisay Rodríguez González del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y a la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con el objeto de garantizar un adecuado funcionamiento y la participación plural y equilibrada de todas las fuerzas políticas que integran este órgano del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sus decisiones se adoptarán por el sistema de voto ponderado.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 19 días del mes de diciembre de 2023.– La Mesa Directiva: diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta; senadora Ana Lilia Rivera Rivera, senadora Estrella Rojas Loreto (rúbrica), diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), vicepresidentas; diputada Rosangela Amairany Peña Escalante (rúbrica), diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica), diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (rúbrica), diputado Benjamín Robles Montoya (rúbrica, p.a.), secretarios.»
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada secretaria. Aprobado y comuníquese.
RELATIVO A LAS REGLAS QUE REGIRÁN LAS SESIONES Y TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DURANTE EL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE LA LXV LEGISLATURA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pido a la Secretaría dar cuenta con el acuerdo de la Mesa Directiva.
La secretaria diputada Fátima Almendra Cruz Peláez: Acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las reglas que regirán las sesiones y trabajo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de la LXV Legislatura.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobado y comuníquese.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: El siguiente punto es el capítulo de iniciativas. Tiene para ello la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de igualdad sustantiva.
La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Efectivamente, esta es una iniciativa para incluir preceptos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que tengamos en cuenta la perspectiva de género en diferentes momentos y además es una iniciativa que me da mucho gusto presentar hoy en tribuna porque recién la terminamos en el grupo plural de igualdad sustantiva, es una iniciativa signada por todos los grupos parlamentarios y por eso auguro y solicito su atención lo más pronto posible para que contemos con estos elementos ya en la Constitución de este país.
Para un desarrollo sostenible y equitativo es esencial que las políticas públicas, y en especial el Plan Nacional de Desarrollo y la planeación presupuestal reflejen principios fundamentales de inclusión, igualdad y no discriminación, perspectiva intercultural, enfoque interseccional y perspectiva de género, de manera que se consideren todos los sectores de la sociedad, así como se garantice el abordaje de las desigualdades de manera integral.
La discriminación, ya sea basada en género, etnia, orientación sexual u otras características, actúa como un obstáculo significativo para el progreso, por lo que es esencial considerar políticas que promuevan la igualdad y prohíban la discriminación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Además, el desarrollo de una nación no puede ser medido únicamente por limitadores económicos, debe reflejar una sociedad inclusiva, igualitaria y libre de discriminación.
La formulación de un Plan Nacional de Desarrollo y la asignación presupuestal deben considerar la diversidad de la población, abordando no solo las disparidades económicas sino también las inequidades entre mujeres y hombres, culturales y de interseccionalidad.
Incluir la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo y en la planeación presupuestal implica reconocer las diferencias de roles, oportunidades y desafíos que enfrentan mujeres y hombres.
Abordar las disparidades entre mujeres y hombres no solo es un imperativo ético, sino que también contribuye directamente al progreso económico y social.
Las mujeres representan un recurso valioso en todos los ámbitos, desde el hogar hasta la economía formal y su participación plena fortalece el tejido social y fomenta el crecimiento sostenible. La paridad de género es fundamental para la consolidación de una verdadera democracia, es decir, una democracia paritaria en la que se incluya a la diversidad social en la toma de decisiones.
De esta manera no solo se aceleran los procesos de participación equilibrada de las mujeres y hombres en los espacios públicos decisorios, sino que su finalidad estriba en una reivindicación transversal en todos los ámbitos de la sociedad. De manera que todas las mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades desde el espacio público hasta el espacio doméstico.
Es por ello que en la presente iniciativa se propone normar que el Plan Nacional de Desarrollo y la planeación presupuestal reflejen principios fundamentales de inclusión, igualdad y no discriminación, perspectiva intercultural, interseccional y perspectiva de género, para ello el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica deberá realizar el levantamiento de información estadística de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia, igualdad e inclusión.
Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá asegurar la inclusión, la igualdad y no la discriminación como principios rectores en la coordinación con las autoridades federales, locales, municipales, para el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que estamos considerando en nuestra iniciativa.
Y, por último, se propone un cambio de denominación, de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a establecer con un lenguaje incluyente el que sea de diputadas y diputados, senadores y senadoras.
Esto es, recopilando diferentes iniciativas de los grupos parlamentarios y haciendo que esta legislatura de la paridad no se quede solo de manera enunciativa, sino también incluyamos preceptos en los que la igualdad sustantiva rija nuestra norma constitucional. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Un momento. Sí, sí, diputado senador Germán Martínez Cázares, ¿con qué objeto?
El senador Germán Martínez Cázares (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el objeto de apoyar la iniciativa de la diputada Alavez, del Grupo Plural la suscribiría, si ella no tiene inconveniente. Y desearles a todas y a todos, el Grupo Plural no presentó en este turno iniciativa, entonces, desearles a todos una Feliz Navidad y una feliz fiesta. A usted también, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Germán Martínez. Gracias. Diputada Aleida Alavez, acepta usted que el diputado Germán Martínez Cázares se adhiera a su iniciativa.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto, gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, pase a Secretaría, aquí con el compañero Azcoytia, para hacer lo conducente, senador Martínez Cázares. Senador Martínez Cázares, pase a la Secretaría a hacer lo conducente, sería tan amable, para firmar.
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y suscrita también por el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, datos en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, del Inegi, revelan que somos las mujeres las que conforman el porcentaje más alto de percepción sobre inseguridad pública a nivel nacional, siendo ellas quienes más sufren algún tipo de acoso y/o violencia sexual.
Dentro de las conductas más reiteradas de acoso y/o violencia sexual que sufre la población de 18 años o más, encontramos en primer lugar los piropos groseros u ofensivos de tipo sexual, seguido de mensajes, insultos o insinuaciones sexuales mediante redes sociales, hasta llegar a la violación en los casos más extremos.
La violencia contra las mujeres es un problema que ofende a la sociedad en su conjunto. Lamentablemente los casos de mujeres que han sufrido agresiones físicas, emocionales, económicas y sexuales se han convertido en una constante en nuestro país, lo cual tiene graves consecuencias, no solo por ser víctimas directas, sino también para sus familias e incluso para comunidades enteras.
Son varios los esfuerzos encaminados a reducir y, en su caso, erradicar la violencia en cualquiera de sus expresiones y contra de cualquiera en su persona. Sin embargo, debemos poner especial énfasis en las que sufren las mujeres por haber alcanzado cifras y formar... que podemos tolerar.
El actual gobierno de la República ha puesto especial atención, no solo en lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la inclusión de la verdadera perspectiva de género en las distintas políticas contra la inseguridad. No obstante, seguimos siendo testigos de distintos tipos de abuso y violencia contra las mujeres, lo cual nos obliga a redoblar esfuerzos y a mejorar, desde el ámbito legislativo, las leyes que permitan contar con un sistema de seguridad y de justicia, capaces de poner un alto a la impunidad de la que hoy gozan quienes agreden a las mujeres.
Como Poder Legislativo y siendo esta Legislatura de la paridad, estamos obligados a revisar todos aquellos ordenamientos en donde sea necesaria una reforma con la finalidad de que los distintos órdenes de gobierno se coordinen mejor para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país.
Uno de estos ordenamientos es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que regula la integración, organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, a nivel federal, local y municipal, en el cual encontramos un área de oportunidades para integrar la obligación de las entidades federativas y municipios de contar con institutos policiales especializadas en la materia.
Consideramos necesario fortalecer un rubro importante que hoy aun muestra debilidades, la falta de especialistas dentro de las instituciones de seguridad, por lo que se busca que las entidades federativas y municipales tengan instituciones de seguridad pública especializadas en la respuesta y atención a los casos de violencia contra las mujeres.
Legisladoras y legisladores, esta propuesta tiene como objeto materializar la perspectiva de género en la legislación en materia de seguridad pública como eje transversal del modelo del desarrollo policial que permita la vinculación con la sociedad civil y dar respuesta inmediata al fenómeno de la violencia hacia las mujeres en coordinancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y que viven violencia basada en el género y el molde nacional de la política de la justicia cívica, así como los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Con lo anterior, no solo armonizamos nuestra legislatura, sino además se busca garantizar la seguridad de las mujeres a través de la profesionalización de los cuerpos policía-cos especializados en casos de violencia de género, contando con elementos suficientes en las entidades federativas municipales para atender este problema que, sin duda, se ha convertido en uno de los más importantes de la agenda pública.
Cabe mencionar que diversas entidades ya cuentan con unidades policiales especializadas en la atención de delitos de género, como es el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tabasco. Sin embargo, sigue siendo insuficiente y no cuentan con protocolos homologados para la atención de delitos cometidos contra las mujeres.
Por ello, proponemos esta reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Resulta fundamental que asumamos la responsabilidad de erradicar toda forma a la violencia en razón de género a través del fortalecimiento de nuestras leyes e instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez y suscrita por el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM
Los que suscriben, Fátima Almendra Cruz Peláez y Luis Edgardo Palacios Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa violencia contra las mujeres es un problema que ofende a la sociedad en su conjunto, lamentablemente, los casos de mujeres que han sufrido agresiones físicas, emocionales, económicas y sexuales se han convertido en una constante en nuestro país, lo cual tiene graves consecuencias, no sólo para las víctimas directas, sino también para sus familias e incluso para comunidades enteras.
En virtud de lo anterior, es fundamental que asumamos la responsabilidad de erradicar toda forma de violencia en razón de género y, al mismo tiempo, es necesario que las leyes encaminadas a este propósito tengan eficacia plena.
Para lograr que las mujeres tengan una vida libre de violencia es esencial que se sientan seguras en los espacios donde llevan a cabo sus actividades cotidianas. Estudios demográficos como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dan cuenta de un porcentaje más alto de percepción sobre inseguridad pública en mujeres (68.6) que en hombres (54.8) a escala nacional.
La misma encuesta arrojó que las mujeres son el grupo poblacional que más sufre situaciones de acoso o violencia sexual (23.7 por ciento), lo cual implica un gran margen de diferencia frente a las situaciones de acoso sexual que experimentan los hombres (7.3).
Entre las conductas más reiteradas de acoso o violencia sexual que sufre la población de 18 años o más encontramos en primer lugar los piropos groseros u ofensivos de tipo sexual, seguido de mensajes, insultos e insinuaciones sexuales mediante redes sociales hasta llegar a la violación en los casos más extremos.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública publicada en 2023 arrojó en todas las categorías de población que manifiesta sentirse insegura en lugares públicos y privados una mayor percepción de inseguridad en mujeres respecto de los hombres.
Las estadísticas anteriores demuestran que, si bien la percepción de inseguridad en la población en general ha descendido en los últimos años, ésta sigue afectando en mayor medida a las mujeres y que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por erradicar la violencia contra ellas, ésta sigue siendo recurrente y se manifiesta de distintas formas, tanto en los ámbitos público como privado, incluso en entornos virtuales, lo cual implica el deber de redoblar esfuerzos para construir un país en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo de sufrir violencia y, sobre todo, terminar con la impunidad de la que hoy gozan quienes agreden a las mujeres, ya sea por una inadecuada impartición de justicia o por una respuesta poco ágil de las autoridades que actúan como primeros respondientes.
En febrero de 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con objeto de establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos.
Sin embargo, consideramos necesario que las entidades federativas y municipales tengan instituciones de seguridad pública especializadas en la atención y prevención de delios cometidos contra las mujeres. En este sentido, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) regula la integración, organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, en este contexto, proponemos incorporar en este ordenamiento el deber de las entidades federativas y municipios de contar con instituciones policiales especializadas en la atención de casos de violencia contra las mujeres.
Esta propuesta tiene como objetivo materializar la perspectiva de género que se incorporó como principio rector de los Programas Rectores de Profesionalización de las Academias e Institutos en la reforma a LGSNSP, publicada el 27 de mayo de 2019 y en virtud del cual la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal incorporó en el mismo año dicha perspectiva como eje transversal del modelo del desarrollo policial para permitir la vinculación con la sociedad civil y dar respuesta inmediata al fenómeno de violencia hacia las mujeres en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres que viven violencia Basada en el Género y al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.
Lo anterior tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres a través de la profesionalización de cuerpos policiacos especializados en casos de violencia de género y contar con elementos suficientes en las entidades federativas y municipales para llevar esta tarea a cabo.
Diversas alcaldías y municipios ya cuentan con unidades de policía especializadas en la atención de delitos de género como en el caso de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tabasco, por mencionar algunos; sin embargo, siguen siendo insuficientes y no cuentan con protocolos homologados para la atención de los delitos cometidos contra las mujeres.
Para mayor entendimiento de las modificaciones planteadas se presenta a continuación el cuadro comparativo de la propuesta de modificación con el texto legal vigente:
Por todo lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 76....
...
Las entidades federativas y municipios deberán contar con instituciones policiales especializadas en la atención de casos de violencia contra las mujeres, las cuales se coordinarán en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de sus funciones.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Inegi, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, comunicado de prensa, octubre de 2023, página 2. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ensu/ensu2023_07.pdf
2 Ibídem, página 21.
3 Ibídem.
4 Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Principales Resultados, septiembre de 2023, página 13. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/en vipe2023_5_percepcion_tendencia_seguridad_publica.pdf
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, a 19 de diciembre de 2023.– Legisladoras y legislador: Fátima Almendra Cruz Peláez, Luis Edgardo Palacios Díaz, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Elizabeth Pérez Valdez, Marisol García Segura, Rosangela Amairany Peña Escalante (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Fátima Almendra Cruz Peláez. Túrnese a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Un momento. Diputada Eli Pérez, sí adelante, ¿con qué objeto? Un momento, diputado Reginaldo, adelante, diputada.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Gracias presidenta. Con la finalidad de preguntarle a la diputada Fátima Almendra, si nos permite adherirnos a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada Fátima Almendra, ¿permite usted, que la diputada Eli Pérez se adhiera a su iniciativa? Sonido, por favor al, sonido... Tome la tribuna, diputada, adelante, adelante.
La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez: Gracias. Sí, con todo gusto, todo lo que sea contra la violencia de género. Bienvenidos.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Fátima. Por favor diputada Eli, favor de pasar con Azcoytia al área de Secretaría a hacer lo conducente.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ahora tiene el uso de la palabra, para presentar iniciativa, por cinco minutos, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores:Con su permiso, presidenta. Voy a presentar a nombre de mi diputada, María... bueno, de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT esta iniciativa. Como vamos todos en el espíritu navideño, les voy a hacer muy técnico lo que les voy a proponer y espero que se suscriban algunos.
La iniciativa que hoy presento en nombre de mi compañera, la diputada Esther Martínez Romano, tiene como finalidad promover una mayor transparencia en el acceso a la información a las solicitudes que se realicen a la autoridad ambiental, en específico se propone derogar el segundo párrafo del artículo 159 Bis-5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Me permitiré leer a continuación los párrafos primero y segundo. Artículo 159 Bis-5. La autoridad ambiental deberá responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor de 20 días a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente, la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.
Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad ambiental no emite su respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el promovente.
Como se observa, el párrafo segundo, que proponemos derogar descansa en la negativa ficta, un concepto arraigado en el derecho administrativo mexicano, que plantea la posibilidad de que una solicitud presentada por un particular se considere automáticamente rechazada, en caso de que la autoridad administrativa no emita una respuesta expresa dentro del plazo establecido.
Si bien dicho concepto busca fomentar la eficiencia en la gestión pública, su aplicación no exenta de críticas en donde destaca la posible violación de derechos fundamentales, el riesgo de arbitrariedad, el impacto en la seguridad jurídica, entre otros aspectos.
En ese sentido, debe mencionarse que la protección jurídica del medio ambiente y los recursos naturales también representan la protección de la persona, es decir, la protección de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Y, en se sentido, la protección al medio ambiente es también un derecho humano reconocido constitucionalmente en el artículo 4o. constitucional, el cual menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley.
Por eso, esta propuesta que presenta nuestra compañera diputada debiera ser inverso, la afirmativa ficta debiera funcionar en favor del solicitante y no en favor de la autoridad. Y por eso proponemos que -o propone nuestra compañera diputada-, que este 159 5 Bis se modifique.
Espero y nos acompañen en esta iniciativa. Ahora que estamos con el espíritu navideño, mínimo que se sume el senador paisano michoacano. A ver si escucha, porque está en otra cosa. Pero, bueno, nosotros los invitamos a que suscriban esta iniciativa y ojalá que la llevemos a la práctica, porque, sí, efectivamente en el derecho administrativo pues hay esta intención de siempre la afirmativa ficta quedar del lado de la autoridad y no del lado del peticionario, que es como debiera estar. Muchísimas gracias, presidenta.
«Iniciativa que deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
Esther Martínez Romano, diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de acceso a información pública de carácter ambiental, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa negativa ficta, concepto arraigado en el derecho administrativo mexicano, plantea la posibilidad de que una solicitud presentada por un particular se considere automáticamente rechazada en caso de que la autoridad administrativa no emita una respuesta expresa dentro del plazo establecido. Si bien este mecanismo busca fomentar la eficiencia en la gestión pública, su implementación no está exenta de críticas, destacándose la posible violación de derechos fundamentales, el riesgo de arbitrariedad, el impacto en la seguridad jurídica, entre otros aspectos.
La negativa ficta contraviene el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir respuestas prontas y expresas por parte de las autoridades, más si se trata de la protección de derechos humanos, en dicha materia resulta esencial garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una justicia pronta y expedita. Debemos tener en cuenta que la falta de una respuesta clara puede generar incertidumbre y afectar la certeza jurídica, socavando así la esencia de todo sistema jurídico.
Además, al dejarse en manos de la inacción administrativa la resolución de una solicitud, se corre el riesgo de que las decisiones se tomen de manera arbitraria.
La falta de un pronunciamiento expreso puede dar lugar a interpretaciones subjetivas y a decisiones basadas en criterios poco o nada claros; lo cual, sin duda socava la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de los órganos y autoridades administrativas.
De igual manera, la negativa ficta tiene un impacto contrario en la seguridad jurídica pues la ausencia de una respuesta clara puede dificultar la planificación y la toma de decisiones de los ciudadanos y las empresas.
La incertidumbre generada por una falta de respuesta clara y expedita va contra los principios de estabilidad y certeza jurídica, causando efectos negativos en el trabajo y desarrollo de los sectores económicos, políticos y sociales de nuestro país.
De igual manera, produce ineficiencia en la gestión administrativa, pues contrariamente a su objetivo aparente de promover la eficiencia administrativa, la negativa ficta podría genera una mayor carga de trabajo para las autoridades.
Lo anterior ocasiona que los ciudadanos se vean obligados a presentar recursos adicionales para impugnar los efectos de la negativa ficta, lo que da lugar a un aumento en el número de litigios que se presentan para combatir una decisión arbitraria de las autoridades administrativas, provocándose así una sobrecarga de trabajo en los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, nos obliga a cuestionarnos los supuestos beneficios de la negativa ficta y si en verdad resulta útil para agilizar la toma de decisiones administrativas.
La negativa ficta carece de una motivación específica que explique las razones detrás de la negativa. La falta de motivación puede limitar la posibilidad de impugnar la decisión y dificultar la defensa de los derechos de los ciudadanos. La transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública son fundamentales para garantizar la legitimidad de sus acciones, y la falta de motivación podría socavar estos principios.
Asimismo, contraviene los principios de buena administración, como el principio de eficacia y el principio de colaboración entre la administración y los ciudadanos.
La falta de una respuesta clara que atienda el fondo de la solicitud, dificulta la colaboración y la resolución de los problemas. En este sentido, una administración pública eficaz debe buscar soluciones eficientes sin comprometer la participación ciudadana y la protección de sus derechos.
Ahora bien, si en general no se entiende la supuesta utilidad que podría representar el uso desmedido de la figura de la negativa ficta en nuestro marco jurídico y dentro de la administración pública, en materia ambiental resulta francamente abusivo y violatorio de nuestros derechos fundamentales en materia ambiental.
Conforme a dicha premisa, la negativa ficta en materia ambiental y de acceso a la información, produce desequilibrios injustos que vulneran los derechos de los ciudadanos en dicha materia.
La relación entre la negativa ficta y el derecho a la información en el contexto ambiental en México plantea un desequilibrio entre la eficiencia administrativa y la protección de los derechos ciudadanos; su aplicación en el ámbito ambiental, afecta el acceso a la información, la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas en asuntos medioambientales.
En el contexto de la gestión ambiental, la eficiencia administrativa es crucial para abordar rápidamente los desafíos medioambientales; sin embargo, la negativa ficta obstaculiza el derecho a la información, fundamental para una gestión ambiental transparente y participativa. Así, la falta de una respuesta expresa en solicitudes de información ambiental restringe la capacidad de los ciudadanos para entender, evaluar y participar en decisiones que afectan su entorno ambiental.
La aplicación de la negativa ficta en materia ambiental representa un grave riesgo para la validación de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades.
La falta de un pronunciamiento claro posibilita que las autoridades administrativas consigan justificar interpretaciones subjetivas y por lo tanto abusivas y contrarias a la buena gobernanza, así como a las mejores prácticas ambientales.
En un país con rica diversidad ecológica como el nuestro, este riesgo podría tener consecuencias significativas para la conservación y sostenibilidad del ambiente.
No debemos dejar de lado que, la seguridad jurídica en asuntos ambientales es esencial para garantizar la sostenibilidad y protección a largo plazo de nuestros recursos naturales. Al respecto, la negativa ficta genera incertidumbre, afectando la certeza jurídica en relación con los derechos y responsabilidades ambientales, pues la ausencia de una respuesta expresa dificulta la planificación estratégica en proyectos ambientales y la implementación de medidas de conservación.
Igualmente, la participación ciudadana en decisiones ambientales es un pilar de la democracia y la gobernanza ambiental efectiva, al limitarse el acceso a la información, se genera desconfianza y se desmotiva la participación de la sociedad civil en asuntos ambientales; lo cual, incide negativamente en la calidad de las decisiones que en materia ambiental toman gobierno y sociedad.
Por último y no menos importante, la falta de motivación detrás de una negativa ficta en solicitudes de información ambiental dificulta la rendición de cuentas y la transparencia.
En un ámbito donde la transparencia es esencial para la confianza pública, la opacidad en las decisiones ambientales socava los esfuerzos para construir una gestión ambiental basada en la responsabilidad y la rendición de cuentas.
En conclusión, la aplicación de la negativa ficta en el ámbito ambiental del derecho a la información en México plantea contradicciones insalvables, la aplicación de dicha figura jurídica en materia ambiental resulta insostenible bajo el argumento de la eficiencia administrativa, pues por encima de esta última se encuentra la protección de derechos fundamentales y la promoción de una gestión ambiental transparente y participativa.
Eliminar la aplicación de la negativa ficta en este contexto específico es esencial para garantizar que la toma de decisiones ambientales se realice de manera informada, inclusiva y sostenible, en línea con los principios de la gestión ambiental moderna.
Asimismo, con la eliminación de la aplicación de la negativa ficta en materia ambiental, se contribuye a armonizar nuestra legislación con el Acuerdo de Escazú.
Sobre lo anterior, la LGEEPA establece un plazo no mayor de veinte días a partir de la recepción de la petición respectiva, para que la autoridad de respuesta por escrito a las solicitudes de información que le sean planteadas, sin embargo, señala que, si una vez transcurrido dicho plazo la autoridad ambiental no emite su respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el solicitante. Dicha situación produce una contradicción entre la LGEEPA y el Acuerdo de Escazú, pues este último en su artículo 5, numeral 2, establece que, el ejercicio del derecho de acceso a la información ambiental.
Comprende solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita; el ser informado en forma expedita sobre si la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente que recibe la solicitud y en última instancia ser informado del derecho a impugnar y recurrir la no entrega de información y de los requisitos para ejercer ese derecho.
En ningún caso, el Acuerdo de Escazú establece la posibilidad de poder recurrir a una figura jurídica tan arbitraria como resulta la negativa ficta, cuya aplicación resulta sumamente abusiva y nada transparente.
La presente iniciativa propone eliminar la figura de la negativa ficta dentro de la LGEEPA para armonizar nuestro marco jurídico con el Acuerdo de Escazú y contribuir al fortalecimiento de los derechos medioambientales de todas y todos los mexicanos.
Con la finalidad, de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios y adiciones propuestos a la LGEEPA, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de acceso a información pública de carácter ambiental
Único. Se deroga el segundo párrafo del artículo 159 Bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 159 Bis 5. La autoridad ambiental deberá responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor a veinte días a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación.
La autoridad ambiental, dentro de los diez días siguientes a la solicitud de información, deberá notificar al generador o propietario de la misma de la recepción de la solicitud.
Los afectados por actos de la secretaría regulados en este capítulo podrán ser impugnados mediante la interposición del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
García Ramírez, S. (2019). Derecho ambiental mexicano. Porrúa.
Orozco Henríquez, V. (2018). Derecho a la información y transparencia en México. Tirant lo Blanch.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, última edición vigente.
García Máynez, E. (2017). Derecho administrativo, Porrúa.
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2023.– Legisladores y legisladoras: Reginaldo Sandoval Flores, Esther Martínez Romano, Alma Delia Navarrete Rivera, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Elizabeth Pérez Valdez, Fátima Almendra Cruz Peláez, Graciela Sánchez Ortiz, Leonel Godoy Rangel, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, María del Rosario Reyes Silva, Rosangela Amairany Peña Escalante (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Reginaldo Sandoval Flores. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Ahora tiene el uso... Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto?
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde la curul): Presidenta, solamente para pedirle al diputado Reginaldo Sandoval si me acepta adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Con mucho gusto, diputado Godoy. Diputado Reginaldo Sandoval Flores, ¿acepta que el diputado Leonel Godoy se pueda adherir a la iniciativa que usted acaba de leer?
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Sí, con mucho gusto.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado. Favor. Diputado Godoy, favor de pasar al área de Secretaría a firmar y hacer lo conducente. Diputada. Senadora Marcela Mora, ¿con qué objeto?
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano (desde la curul): Para los mismos efectos, querida presidenta, para suscribirme, por favor, si me lo permite el proponente, a su iniciativa...
El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con mucho gusto, senadora.
La senadora Elvia Marcela Mora Arellano (desde la curul): ...Y desearnos, a todas y todos, unas felices fiestas.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Marcela Mora. Y tengo entendido que el diputado Reginaldo Sandoval admite que cualquier diputado o senadora o senador pueda adherirse a la iniciativa. ¿Es correcto? Muy bien. Adelante, por favor, quien así lo desee, favor de pasar al área de Secretaría, con Azcoytia.
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez:Gracias, presidenta. Con la venia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: En nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo presentamos la siguiente iniciativa.
Nuestra Constitución, particularmente el artículo 4o. constitucional, reconoce la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el medio ambiente sano como un derecho humano nacional. Diversos organismos, como la Organización Mundial de la Salud, han establecido que es necesario contar con 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y que éstas tendrían que estar a 15 minutos de distancia de la zona que habitamos. En México éste es un privilegio que se encuentra muy lejano, particularmente en la Ciudad de México.
El espacio público tiene un papel fundamental en el andamiaje urbano, por las dimensiones que abarca y por la influencia de las relaciones humanas. Diversas investigaciones recientes han demostrado la importancia del espacio público en los ámbitos de la vida social. El Estado, a través de intervenciones que buscan convertirlo en el eje de la convivencia, puede fomentar comportamientos y acciones de la sociedad, cuyo objetivo pueda ser el de resarcir el daño al tejido social que se observa en contextos urbanos específicos, esencialmente frente al crecimiento de la mancha urbana.
La concentración poblacional en el ámbito urbano en nuestro país es muy alta. Un grave problema, no sólo en la Ciudad de México sino de metrópolis que representan graves conflictos de crecimiento, es la ilegalidad en los procesos de construcción. Ejemplo de ello es que más de 50 por ciento del crecimiento urbano en México es informal e ilegal. Lo anterior se refleja en ocupaciones que muchas veces violentan las normas de construcción de edificios en las zonas que están destinadas a la conservación del medio ambiente.
Una muestra dolorosa la tenemos en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, donde proliferan los proyectos de construcción de vivienda, muchos irregulares, con el corrupto acompañamiento de las autoridades, sin importar el hacinamiento, el deterioro del medio ambiente y, de manera más preocupante todavía, aminorando y abandonando los espacios públicos recreativos, sustentables y de paisajes naturales.
En Iztacalco viven 17 mil 523 personas por kilómetro cuadrado, superando incluso a Iztapalapa con 16 mil 202 por habitante. Lo anterior representa un claro ejemplo de cómo la acción del hombre ha minado la existencia de un medio ambiente sano y de cómo se violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar".
La Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su Título Segundo, Capítulo Cuarto, describe la concurrencia del ámbito municipal en materia de desarrollo urbano y al ser el municipio el ámbito de gobierno que concentra el mayor número de zonas metropolitanas en nuestro país y considerando que estas son aquellas de mayor concentración poblacional y, por ende, mayor demanda y problemáticas causadas al medio ambiente, producto del crecimiento desordenado y del crecimiento desmedido de desarrollo inmobiliarios, se considera necesario realizar una modificación a dicha ley, propiciando que estas tengan derecho a un medio ambiente sano.
La posibilidad de recuperar y preservar con primera prioridad espacios de esparcimiento y áreas verdes representa una necesidad para nuestro país. Las consecuencias del calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero resultan innegables. Como ejemplo, tenemos los estragos realizados por el huracán Otis, fenómeno que ha sido una de las tormentas más fuertes en los registros históricos que hayan azotado las costas de nuestro bello México.
Por lo antes expuesto, la siguiente propuesta busca cumplir con los principios de desarrollo urbano con una perspectiva de sostenibilidad, en concordancia con un avance social para vivir una vida más sana y respetuosa con el planeta. Es cuanto, querida presidenta.
«Iniciativa que adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona una fracción XXVII al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosComo herencia de la evolución política y de la sociedad misma, la humanidad a través de los Estados ha construido marcos legales inspirados en acuerdos internacionales cuyo objetivo es la protección de derechos, comúnmente reconocidos como derechos humanos, dentro de los cuales existen los llamados derechos de la segunda generación que están constituidos por los derechos económicos sociales y culturales del hombre, se les conoce también como derechos de “igualdad” en los cuales corresponde al Estado una obligación de hacer, dado que tales derechos tienen que realizarse a través de las propias acciones y garantías que el Estado está obligado a otorgar a la población .
Nuestra Constitución reconoce muchos de estos derechos, dentro de los cuales el derecho que todo ser humano tiene a que se le garanticen las medidas y programas para el cuidado del medio ambiente que le permitan disponer de un patrimonio natural adecuado, se encuentra respaldado en el artículo cuarto constitucional, y además responsabiliza a los diversos niveles de gobierno de garantizarlo. A través de políticas, públicas y o acciones de gobierno, cuya finalidad sea preservar el medio ambiente para así garantizar un desarrollo sano y bienestar así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que es necesario contar con nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y que éstas tendrían que estar a 15 minutos de distancia de la zona que habitamos; en México “no tenemos ese privilegio”, afirmó Gabriela de la Mora, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). Al referirse a los casos de Monterrey y Guadalajara, señaló que sólo hay 3.91 y 3.5 metros cuadrados, respectivamente.
El espacio público tiene un papel fundamental en el andamiaje urbano, por las dimensiones que abarca y por la influencia en las relaciones humanas. Diversas investigaciones recientes han demostrado la importancia del espacio público en diferentes ámbitos de la vida social. El Estado a través de intervenciones que buscan convertirlo en el eje de la convivencia, puede fomentar comportamientos y acciones de la sociedad cuyo objetivo pueda ser el de resarcir el daño al tejido social que se observa en contextos urbanos específicos, esencialmente, frente al crecimiento de la mancha urbana.
En la actualidad de nuestro país como en gran parte del mundo, la población como consecuencia de diversas dinámicas sociales y fundamentalmente económicas se concentra en las ciudades, creando a su vez un avance desmedido en materia de urbanización de las mismas. En México existen ciudades de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica, en nuestro país se concibe a estas concentraciones como Zonas Metropolitanas.
De estas se contabilizan 74 zonas metropolitanas (ZM) reconocidas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), en ellas habitan 75 millones de personas. De estas 16 están constituidas únicamente por un municipio, mientras que 58 están formadas de dos o más municipios.
La concentración poblacional en el ámbito urbano en nuestro país es muy alta, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aproximadamente 99 millones de personas radican en municipios urbanizados frente a 26 millones que conviven en asentamientos rurales. Dicha concentración antes tiene diversas consecuencias como: pobreza en barrios periféricos, congestionamientos vehiculares, distribución desigual del ingreso, desempleo y subempleo que orillan a la economía informal, problemas sobre el control del uso de suelo y la expansión territorial, que en definitiva ponen en riesgo a las áreas rurales circundantes y a zonas naturales, que sumado una alta demanda de recursos y servicios, provoca la destrucción del medio natural, transformando el entorno de manera drástica.
Un grave problema, no sólo de México, sino de metrópolis que presentan graves conflictos de crecimiento, es la ilegalidad en los procesos de construcción, ejemplo de ello es que más del 50 por ciento del crecimiento urbano en México es informal e ilegal. Lo anterior se refleja en ocupaciones que muchas veces violentan las normas de construcción de edificios en las zonas que están destinadas a la conservación del medio ambiente.
La conservación de los espacios verdes urbanos debe ser considerada como primera prioridad pues se ha comprobado que estos contribuyen al bienestar humano al permitir una mayor exposición al sol, aumentando la síntesis de vitamina D, además de facilitar la actividad física, mejorando la salud general. En términos de salud mental, el acceso a espacios naturales ayuda a disminuir los trastornos de atención e hiperactividad, la depresión y el estrés mejorando la productividad. Estos espacios favorecen oportunidades de socialización y fortalecen el sentido de apego la comunidad.
La corrupción y los intereses en múltiples ocasiones evitan que se cumpla un adecuado urbanismo, las inmobiliarias, aprovechándose de la ausencia de mecanismos legales que direccionen de manera adecuada y con sustento en los principios de sustentabilidad, logran consolidar proyectos cada vez más ambiciosos en materia de vivienda principalmente, esto a través de construcciones con un impacto ambiental negativo, al transformar y desaparecer grandes extensiones de áreas naturales, que son necesarias para la absorción de contaminantes, además de desaparecer los espacios de captación de agua, que es la forma natural de recargar los mantos freáticos.
Lo anterior representa un claro ejemplo de cómo la acción del hombre ha minado la existencia de un medio ambiente sano, y de cómo se violenta La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en su título segundo capítulo cuarto describe la concurrencia del ámbito municipal en materia de desarrollo urbano, y al ser el municipio el ámbito de gobierno que concentra al mayor número de zonas metropolitanas en nuestro país y considerando que estas son aquellas que mayor concentración poblacional y por ende mayor demanda y problemáticas causadas al medio ambiente producto del crecimiento desordenado y del crecimiento desmedido los desarrollos inmobiliarios se considera necesario realizar una modificación a la ley, propiciando que estas tengan derecho a un medio ambiente sano.
La posibilidad de recuperar y preservar con primera prioridad espacios de esparcimiento y áreas verdes, representa una necesidad para nuestro país, las consecuencias del calentamiento global y de la emisión de gases de efecto invernadero resultan innegables, como ejemplo tenemos los estragos realizados por el huracán Otis fenómeno que ha sido una de las tormentas más fuertes en los registros históricos que haya azotado las costas de México.
Por lo antes expuesto la siguiente propuesta busca cumplir con los principios de desarrollo urbano con una perspectiva de sostenibilidad, en concordancia con un avance social para vivir una vida más sana y respetuosa con el planeta. Para un mejor entendimiento de la iniciativa de reforma se elaboró cuadro comparativo del texto actual y la propuesta que sustenta esta exposición de motivos, como a continuación se muestra:
Por las consideraciones expresas antes expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona una fracción XXVII al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:
Artículo 11. Corresponde a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.
I. a XXVI. ...
XXVII. Expedir los acuerdos de liberación de predios propiedad de los mismos, por causa de utilidad pública debidamente sustentada, en los que se privilegiará la creación de espacios públicos sustentables. Pudiendo priorizar, sin que resulte limitativo: centros sociales o culturales, parques, deportivos y centros de esparcimiento
TransitorioÚnico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Mora Cecilia. (2011-04-15). Derecho al esparcimiento. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2975/18.pdf (Consultado el 14/01/2023).
2 Delgado Baruch, Bernal María, Coor. (2016). Catalogo para la Calcificación de violaciones a los Derechos Humanos. Comisión Estatal de Derechos Humanos.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4974/1.pdf
3 Romero M. Laura. Desatendidas, las áreas naturales protegidas urbanas. Gaceta UNAM. (jun. 27, 2022).
4 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Delimitación de las zonas metropolitanas.
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D1_R_SISCDS01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IB IC_pass=dgeia_mce (Consultado el 14/01/2023).
5 Conapo, Inegi y Sedatu, Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015 (México: Segob, 2018),
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344506/1_Prelimin ares_hasta_V_correcciones_11_de_julio.pdf (Consultado el 14/01/2023).
6 Inegi. Población rural y urbana.
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P. (Consultado el 15/01/2023).
7 Machorro, J. Más del 50% de crecimiento urbano en México es informal e ilegal. Mi Ambiente.
http://www.miambiente.com.mx/sustentabilidad1/mas-del50-de-creci miento-urbano-en-mexico-es-informal-e-ilegal (consultado el 16/01/2023).
8 Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad (COUS UNAM). octubre 30, 2022. Áreas verdes en las ciudades mejoran la calidad de vida y la biodiversidad.
https://unamglobal.unam.mx/areas-verdes-en-las-ciudades-mejoran- la-calidad-de-vida-y-la-biodiversidad/.
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 4. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de:
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de diciembre de 2023.– Legisladoras: Elizabeth Pérez Valdez, Edna Gisel Díaz Acevedo, Laura Ballesteros Mancilla, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada Elizabeth Pérez Valdez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.
Sí, diputada ¿con qué objeto? Senadora, perdón. Senadora Laura Ballesteros, ¿con qué objeto?
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla (desde la curul): Muchas gracias. Con el objeto de adherirme a la iniciativa de la diputada.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Con mucho gusto. Diputada Elizabeth Pérez Valdez, ¿acepta que la senadora Laura Ballesteros se adhiera a su iniciativa? Gracias, senadora, favor de pasar al área de Secretaría y hacer lo conducente.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla: Compañeras y compañeros legisladores. La semana pasada, en un hecho inédito en la historia de nuestro país, el presidente de la República designó de manera directa a quien ocuparía el cargo de la ministra en la Suprema Corte de Justicia por los siguientes 15 años, luego de que una terna presentada ante el Senado de la República tuviera un rechazo, no en una, sino en dos ocasiones, con señalamientos directos de demasiada cercanía al presidente de la República y de militancia partidista.
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa y sobre la mira todos aquellos señalamientos que se habían hecho a lo largo de estos años y que han suscitado respecto a la cercanía que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen con diversos funcionarios del gobierno en turno.
Nuevamente pone en riesgo la autonomía y la transparencia de la Corte, así como el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos del gobierno para garantizar la independencia y la toma de decisiones, y sobre todo lo que todos buscamos en este país, justicia.
Sin embargo, lo ocurrido la semana pasada no es un hecho aislado, hemos observado con anterioridad y de manera repetitiva una serie de irregularidades y parcialidad durante el proceso de selección de ministras y ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el caso de Loretta Ortiz o de Yasmín Esquivel, quienes constantemente apoyan con sus votos en la Suprema Corte a este régimen en el país.
No podemos permitir que a este tribunal constitucional lleguen personas que no cuentan con la capacidad y con la experiencia requerida para el cargo por el solo hecho de ser leales al presidente de la República. Un poder no puede ser sumiso a otro y esto debería de defenderse aquí. En la Corte se ocupa capacidad y experiencia, no abyección.
En Movimiento Ciudadano consideramos que es esencial que los integrantes de la Corte den prevalencia en todo momento a los principios dispuestos en nuestra Constitución y a los derechos humanos de todas las personas y no solo a preferencias personales, ideológicas y mucho menos políticas.
Por ello, la bancada naranja presentamos esta iniciativa que tiene por objeto garantizar la independencia de las y los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que exista una verdadera independencia e imparcialidad en su actuación y que no estén sujetos a la voluntad de cualquier tipo de intereses, es más para alejarlos también de la tentación. Asimismo, buscamos garantizar el cumplimiento de los conocimientos y requisitos mínimos exigidos a nivel internacional para ocupar el cargo.
Por último, proponemos que la terna enviada por el presidente que sea rechazada por el Senado de la República no podrá repetirse en una segunda ocasión y, por el contrario, esta deberá ser presentada con nuevas personas propuestas.
Que quede claro, la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el país es fundamental para hacer valer la tan ansiada justicia que nos deben y la democracia que seguimos construyendo, pero sobre todo para garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos, porque no descansaremos hasta lograr detener los atropellos que se gestionan desde Palacio Nacional para debilitar a nuestro Poder Judicial. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de MotivosI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país, cuya función esencial es la defensa del orden establecido en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Entre sus atribuciones se encuentran la de dirimir de manera definitiva asuntos jurisdiccionales de la mayor importancia para la sociedad, como amparos directos trascendentales, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares.
Entre estas funciones esenciales, se encuentra precisamente la de analizar el apego a la Constitución federal de todo tipo de actos de autoridad, emitidos por cualquier órgano del Estado, entre los que necesariamente se encuentra la verificación de regularidad constitucional de leyes y decretos.
Por ello resulta más que indispensable que se garantice la independencia de sus integrantes, a fin de que exista una verdadera independencia e imparcialidad en su actuación y no estén sujetos a la voluntad de cualquier tipo de intereses.
Además, al ser uno de los poderes del Estado encargado de mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de sus resoluciones, es imperante que se garantice la independencia de cualquiera de las y los funcionarios que lo integran.
Es esencial que por sus funciones y la relevancia de sus pronunciamientos, sus integrantes den prevalencia en todo momento a los principios dispuestos en nuestra Constitución federal y los derechos humanos de todas las personas, y no a las preferencias personales, ideológicas, políticas o de cualquier otra índole.
Para el doctor César Astudillo, las fuentes reguladoras de este importante procedimiento son insuficientes. Señala que al sistema mexicano le falta una ley de jerarquía supralegal que defina con claridad cada uno de los rubros que componen el sistema de designación, bajo la premisa de abonar certidumbre y legalidad, garantizar la independencia de los miembros de la Corte y reducir las zonas de franca discrecionalidad política producida por la carencia de normas.
En el país, la última vez que se analizó la pertinencia de este mecanismo fue en mediante la reforma de 1994, es decir hace ya 28 años, esto para evitar que un político que hubiera ocupado un cargo en la Administración Pública fuera inmediatamente después Ministro o Ministra de la Corte, a efecto de garantizar la independencia respecto del Poder Ejecutivo.
Para efecto de lo anterior, con la reforma judicial se introdujo una fracción al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señalaba lo siguiente:
No haber sido secretario de estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
No obstante, aun cuando es necesario, ha sido un tema que no se ha querido abordar para salvaguardar algunos intereses particulares, que distan mucho de lo que le conviene a las y los mexicanos.
II. Al ser el órgano jurisdiccional más importante de nuestro sistema jurídico, es indispensable que para su designación se tome en consideración los principios esenciales desarrollados en el ámbito internacional, a fin de que no sólo garanticen está impartición de justicia independiente e imparcial, sino también que generen confianza en las personas, para efecto de que se sientan verdaderamente protegidas.
En el derecho internacional de los derechos humanos se ha desarrollado una serie de estándares enfocados en las garantías que los Estados deben proporcionar a los jueces y las juezas para proteger la independencia judicial, para respetar el derecho humano a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Entre éstos destacan los siguientes:
• Garantía a un adecuado proceso de nombramiento:
Éste se refiere a que el procedimiento para el nombramiento de jueces y juezas debe cumplir con algunos criterios mínimos para que exista un verdadero régimen independiente que permita el acceso a la justicia.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Ello, pues si no se respetan los parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas.
Incluso, en el mismo sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que uno de los principales problemas en algunos países de la región es el elevado grado de politización en los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia, como acontece en el Estado mexicano.
Para el cumplimiento de esta garantía se requiere
a) Que la selección sea por méritos y capacidad profesional: Implica que se deba seleccionar a las y los jueces exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia, que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar.
b) Que exista igualdad de condiciones y no discriminación: Requiere que para la selección de las y los jueces, no exista discriminación motivada por raza, color, sexo, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o condición. También, que las personas seleccionadas sean personas íntegras e idóneas, y tengan la formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Además, todo método utilizado para la selección del personal judicial debe garantizar que no sea nombrado por motivos indebidos.
c) Que exista publicidad y transparencia en el método de selección: Para el cumplimiento de este requisito, la Corte Interamericana ha estimado necesario otorgar oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. Al respecto, el Consejo de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados a que se cercioren que en los requisitos para ingresar a la profesión judicial se permita establecer un proceso de selección público y transparente, basado en criterios objetivos, y garanticen el nombramiento de personas íntegras e idóneas que tengan la formación y las cualificaciones apropiadas.
• Garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que la permanencia en el cargo es un presupuesto esencial de la independencia judicial, como complemento para un adecuado proceso de nombramiento de las y los jueces. Destaca que esta garantía es esencial para garantizar su independencia frente a los cambios políticos o de gobierno.
La Corte Interamericana señala que esta garantía implica que la separación de jueces y juezas obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o periodo de su mandato; que sólo puedan ser sustituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia; y que todo proceso disciplinario deba resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas en procedimientos justos que aseguren la objetividad e imparcialidad.
Para el cumplimiento de esta garantía se requiere
a) Que haya duración o permanencia en el cargo: Entendida como un deber de respeto, consistente en la obligación negativa para las autoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Poder Judicial o en sus integrantes, es decir, con relación a la persona del juez específico; prevenir esta injerencia e investigar y sancionar a quien la cometa, entre lo que se encuentra necesariamente la adopción de un apropiado marco normativo que asegure un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y las demás condiciones referidas.
b) Un proceso de ascensos adecuados: Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se traduce en procedimientos claros con criterios objetivos específicos establecidos en la ley, que valore aspectos objetivos como la capacidad profesional, la integridad y la experiencia, a efecto de que las y los jueces y otros operadores de justicia se liberen de la necesidad de conducirse en el manejo de los casos con el objetivo de complacer a las autoridades de las cuales pudiera depender el mismo, eliminándose así los riesgos relacionados con la corrupción en los procesos internos que ofrecen sistemas en los cuales la decisión de ascensos es discrecional.
c) Traslados: Igualmente, dicha comisión destaca que si bien el traslado de las y los operadores de justicia de plaza o de la sala en la cual trabajan puede tener un fin legítimo y ser necesaria para la reestructuración y administración eficiente del Poder Judicial, fiscalías o defensorías públicas, lo cierto es que esta no puede basarse en criterios discrecionales, ya que ello podría traducirse en una represalia a sus decisiones, y servir como una amenaza o amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores.
d) Procesos disciplinarios para separar y remover del cargo: Aun cuando la inamovilidad constituye una premisa esencial para la independencia judicial, no debe ser absoluta. El Comité de Derechos Humanos ha manifestado que los jueces pueden ser destituidos de su cargo únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley. Destaca que, por ejemplo, la destitución de jueces por el Poder Ejecutivo antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia del Poder Judicial. Además, estos procesos disciplinarios deben comprender las características siguientes:
- Que sean sustanciados por una autoridad disciplinaria independiente, competente e imparcial;
- Cumplir con el principio de legalidad;
- Que otorguen la posibilidad de una defensa adecuada;
- Que culminen con la emisión de resoluciones debidamente motivadas; y
- Que haya la posibilidad de la revisión del fallo cuando se quiera recurrir.
• Garantía contra presiones externas.
Para la Corte Interamericana uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Así, el ejercicio autónomo de las personas que desempeñen esta función debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, como también en su vertiente individual, es decir, con relación a la persona en específico.
Destaca que el objetivo de esta protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de los magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.
Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas, destacan que los jueces deben resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, directas o indirectas, de cualquier sector y por cualquier motivo.
En esta garantía se encuentra el requisito de imparcialidad, el cual de acuerdo con la Corte Interamericana exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, este requisito de imparcialidad tiene dos aspectos: el primero, referente a que los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra; el segundo, relativo a que el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable.
Igualmente, en esta garantía se inscribe el requisito de condiciones adecuadas de servicio, que incluyen lo siguiente:
- Remuneración: Implica que las y los jueces reciban una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función y con las exigencias y responsabilidades que conlleva.
- Capacitación permanente: Conlleva la obligación para el Estado de brindar capacitación jurídica constante y permanente durante el ejercicio de la función de las y los jueces, para que esta función se realice de forma informada, eficiente y adecuada.
- Recursos humanos y técnicos: La provisión de los elementos materiales y humanos adecuados en los puestos de trabajo de las y los operadores de justicia así como durante las diligencias que les corresponda realizar, permite fortalecer su actuación independiente.
- Seguridad y protección: Esta implica la obligación para el Estado de garantizar que esas personas que fungen como funcionarias judiciales cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, tomando en cuenta las circunstancias de los casos a su cargo y el lugar donde se encuentran laborando, que les permita desempeñar sus funciones con debida diligencia.
III. En México, han sido constantes los señalamientos que se han realizado contra las personas que han sido propuestas para ser designadas como Ministras o Ministros de la Suprema Corte, en virtud de su cercanía con los funcionarios que los han propuesto o, incluso, con personas cercanas o vinculadas a estos.
Desde el recién salido de ese órgano jurisdiccional, el entonces Ministro José Fernando Franco González Salas, quien fue señalado por su cercanía con el entonces Presidente Vicente Fox Quezada, al haber desempeñado diversos cargos en su gobierno, llegando incluso a desempeñarse como subsecretario del Trabajo, durante la gestión del entonces secretario del Trabajo, Carlos María Abascal Carranza.
Pasando por los actuales Ministros Luis María Aguilar Morales y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuyas designaciones fueron señaladas por ser resultado de un proceso simulado de selección, efectuado de manera apresurada y omitiendo toda evaluación de las candidaturas propuestas al Senado. Esto, toda vez que la terna presentada por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa fue el 19 de noviembre y para el 1 de diciembre el Senado ya había realizado la designación correspondiente, con votaciones que evidenciaron que únicamente se estaba cumpliendo con el requisito del trámite.
Igualmente, en cuanto a las designaciones de la ministra Lucía Piña Hernández, Javier Láynez Potisek y, sobre todo, de Eduardo Medina Mora, se vieron envueltas en críticas y diversos señalamientos de grupos diversos de la sociedad civil, entre los que se encontraban la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, organizaciones civiles en materia de defensa y protección de derechos humanos y en materia de rendición de cuentas, así como diversos académicos, esencialmente por la cuestionable independencia que podían garantizar sus perfiles como jueces constitucionales del más alto tribunal del país.
Esto, pues, por un lado, el ministro Javier Laynez Potisek desempeñó desde el presidente Ernesto Zedillo múltiples cargos relevantes con todas las administraciones posteriores, en la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Procuraduría General de la República.
Por otro, en cuanto al entonces ministro Eduardo Medina Mora, por ser un funcionario calificado incluso como “incondicional políticamente del Presidente de la República”, que se desempeñó en altos cargos ligados al ejecutivo federal en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y finalmente como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Reino unido y Estados Unidos, que además fue señalado de carecer de los conocimientos judiciales que deben tomarse en cuenta para su designación a ese cargo. Incluso, también fue criticada esta designación al considerarse que no cumplía el requisito de residencia efectiva en el país dos años anteriores a la designación, por encontrarse fuera del país.
Sin embargo, está marcada cercanía entre las y los ministros designados y el titular del Ejecutivo, así como la inobservancia de los requisitos constitucionales exigidos para ser designado como tal, últimamente es mucho más marcada y preocupante.
Primero, para la designación del hoy ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una terna compuesta por dicho ciudadano, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García.
Esta terna fue señalada no sólo de no garantizar la independencia de sus integrantes por la cercanía con el titular del Ejecutivo federal, sino incluso por quebrantar las reglas mínimas de independencia de la función judicial. Ello, en razón de que en el caso de Loretta Ortiz Ahlf, tenía una intensa trayectoria política, siempre cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso formando parte del grupo fundador del partido político Morena, partido del cual emana el funcionario que la propuso; en el caso de Celia Maya García, porque se trataba de una persona que desde el 2015 contendió como candidata a la gubernatura y en 2018 al Senado, igualmente por el partido Morena.
Al respecto, Saúl López Noriega, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y experto en temas judiciales, señaló incluso: “Celia Maya lleva varios años en la judicatura, pero es una clara militante de Morena. Sería muy extraño en otro país que alguien que ha sido postulado a un puesto político salte inmediatamente a un tribunal constitucional”.
En cuanto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, su cercanía con el titular del ejecutivo se remonta desde que fue jefe del gobierno del Distrito Federal, donde incluso llegó a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, incluso, ya en como presidente de la República intentó impulsarlo como titular de la Fiscalía General de la República sin haberlo conseguido.
Luego, en 2019, para cubrir la vacante que dejó la Ministra en retiro Margarita Luna Ramos, se envió una terna compuesta nuevamente por las cuestionadas Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, agregando ahora a la que resultó designada, Yasmín Esquivel Mossa.
En este caso, fue seriamente señalado el posible conflicto de interés que podía existir dado el vínculo entre el presidente de la República y el esposo de la hoy ministra, el empresario José María Riobóo. Esto, ya que fue contratista del presidente cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México y ahora su asesor para la construcción del polémico aeropuerto internacional de Santa Lucía, aunado al hecho de que el presidente en ningún momento ha pretendido descartar u ocultar la continuidad de ese nexo que aparenta ser más personal que profesional.
Igualmente, a finales de 2019, el Senado designó a Ana Margarita Ríos Farjat como nueva ministra, en sustitución de la vacante que dejó Eduardo Medina Mora, sustitución que igual que en los casos anteriores fue duramente señalada de tener impedimentos insuperables para ejercer ese cargo dada su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso la había nombrado en su cargo previo, jefa del Servicio de Administración Tributaria.
Su designación como titular del Servicio de Administración Tributaria también estuvo precedida por una cuestionable modificación a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que eliminó el importante requisito de haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y aduanera, ya que no lo cumplía. Sobra señalar la relevancia y fin para el que la ley establecía tal requisito para un cargo de tan alta responsabilidad y decisión como ése.
Por último, en este recuento de aparentes ultrajes a los fines de la independencia del máximo tribunal constitucional del país, está la reciente designación de la ya referida Loretta Ortiz Ahlf, quien en su tercera postulación logró ser designada para el cargo, aun cuando el conflicto de intereses resulta evidente e, incluso, reconocido.
Esto, pues fue ella misma quien señaló que no ve un conflicto de interés en que siendo militante de Morena esté en la terna para ocupar un lugar en la Suprema Corte; también, que analizaría renunciar a su militancia si resultaba elegida, pero que no veía que fuera un obstáculo puesto que es un derecho político de las personas, admitiendo abiertamente su afinidad con la presente administración federal.
IV. Si bien la fracción VI del artículo 95 constitucional hoy se encuentra en términos menos rigurosos que como se encontraba en su origen, el objetivo de su creación sigue estando plasmado en ella. Hoy señala a la letra lo siguiente:
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita
...
VI. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.
Al modificar esta disposición se eliminaron altos cargos dentro de la administración pública, como son los jefes de departamento administrativo, que idealmente deben retomarse para efecto de ampliar el espectro de prohibición, y así fomentar une verdadera independencia del ejecutivo con las personas designadas para este cargo tan importante.
Ahora bien, vale la pena retomar el caso de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, a efecto de observar una problemática existente, que debe prevenirse mediante una modificación normativa extensiva y taxativa que verdaderamente garantice la buscada independencia judicial.
En su caso, como jefa del Servicio de Administración Tributaria, cargo de altísimo rango y responsabilidad, designada por el propio titular del Ejecutivo federal, quien a la postre la propuso para ministra, vale la pena preguntarse si objetivamente resultaba necesario que la Constitución señalará dentro de las personas impedidas para ser ministra al jefe o jefa del SAT.
Es decir, si con el catálogo existente no le resultaba aplicable la restricción constitucional y, consecuentemente, invita a reflexionar sobre ¿cuál fue la verdadera intención del legislador con la reforma judicial de 1994, al pretender despolitizar a la Suprema Corte?
Claramente estos cuestionamientos no fueron tomados en consideración al momento de postular y ratificar a la hoy Ministra en su cargo.
Ello, pues el catálogo contemplado en la fracción VI del referido artículo 95 no debe entenderse de manera limitativa, sino enunciativa, pues haberlo hecho de esta forma limita la intención del legislador de haber dispuesto estas restricciones en esta fracción.
Por ello resulta fundamental atender la naturaleza de las funciones públicas que el legislador de 1994 pretendió limitar e, incluso, ir más allá para efecto de evitar las posibles vulneraciones a la independencia judicial como las que han venido ocurriendo.
Esto, a efecto de limitar claramente aquellos cargos, cuyo común denominador es la designación directa y discrecional por parte del Presidente y, con ello, independizar al Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Lo anterior, puesto que la discrecionalidad en su nombramiento y la dependencia directa del presidente, es precisamente lo que se pretendía desvincular de la integración de las y los ministros de la Corte.
Asimismo, para que este efecto nocivo no se replique al interior de los partidos políticos como sucede en la administración pública, resulta fundamental también desvincular la posición y participación política de las personas aspirantes a ministras y ministros de la Corte de todo este proceso.
Ello, en razón de que resulta evidente que la intención de la reforma judicial era mantener una plena independencia no sólo del poder ejecutivo, sino también del legislativo, cargos de elección popular a los que se accede con militancia y participación política activa, cuestiones ajenas e incompatibles con el desempeño de un cargo judicial de tal importancia como lo es el máximo tribunal constitucional del país.
En la bancada naranja, estamos convencidas y convencidos que el estado de derecho y los derechos humanos únicamente serán verdaderamente respetados y garantizados en la medida de la independencia e imparcialidad de sus jueces constitucionales, que cumplan con los conocimientos y requisitos mínimos exigidos a nivel internacional.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforman las fracciones VIII del artículo 76 y VI, así como el último párrafo, del artículo 95; y el primer y segundo párrafos del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado
I. a VII. (...)
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario, tomando en consideración las conclusiones de los foros ciudadanos de expertas y expertos en el tema judicial que deberán organizarse para el análisis y designación;
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:
I. a V. [...]
VI. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, titular de un organismo administrativo descentralizado o desconcentrado, jefe o jefa del Servicio de Administración Tributario, comisionado o consejero de algún órgano constitucional autónomo, gobernador o gobernadora del banco central, estar a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, titular de una empresa de participación estatal mayoritaria, titular de una empresa productiva del Estado, candidatos o candidatas a cargos de elección popular, dirigentes de partidos políticos, senador, diputado federal, magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante los cinco años previos al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los ministros deberán recaer entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia con honorabilidad, competencia y que cuenten con antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica de cuando menos quince años.
Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Este proceso se realizará hasta que sea designado por el Senado.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, deberá someter una nueva propuesta, hasta que sea designada por la mayoría requerida. Para efectos del presente párrafo, en la segunda terna que se envíe no podrán repetirse integrantes de la primera terna rechazada, por lo que esta deberá ser con nuevas personas propuestas.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Una vez que se publique el presente Decreto, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para la realización de cambios a la normativa en la materia.
Notas
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2021) ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuperado de
https://www.scjn.gob.mx/conoce-la-corte/que-hace-la-scjn
2 Astudillo, César. El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2894/16.pdf
3 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (2019). Compendio de estándares internacionales para la protección de la independencia judicial. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Recuperado de
https://cejil.org/wp-content/uploads/pdfs/compendio_de_estandare s_judiciales_online.pdf
4 Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, obra citada, párrafo 74.
5 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, párrafo 57. Recuperado de
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-ju sticia-2013.pdf
6 Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, párrafo 72. Recuperado de
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.p df
7 Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Principio 10. Recuperado de
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/independence judiciary.aspx
8 Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, obra citada, nota 6, párrafo 73. Recuperado de
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.p df
9 ONU. Resolución del Consejo de Derechos Humanos. La independencia e imparcialidad del Poder Judicial, los jurados y asesores y la independencia de los abogados. Párrafo 2. Recuperado de
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9683.pdf
10 CIDH, Democracia y derechos humanos en Venezuela, párrafo 229. Recuperado de
http://www.cidh.org/pdf%20files/VENEZUELA.2009.ESP.pdf
11 Corte IDH, Caso López Lone y otros vs. Honduras, párrafo 200. Recuperado de
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.p df
12 Corte IDH, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, obra citada, nota 6, párrafo 146. Recuperado de
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.p df
13 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, obra citada, nota 6, párrafo 120.
14 ONU. Comité de Derechos Humanos. Observación general número 32, párrafo 20. Recuperado de
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_justicia_instrumentos _internacionales_recursos_rec_gral_23_un.pdf
15 Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, párrafo 55. Recuperado de
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.p df
16 Ibídem.
17 Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Obra citada. Principio 2.
18 Comité de Derechos Humanos ONU. Observación general número 32: artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. Recuperado de refworld.org.es/type,GENERAL,,,478b2b602,0.html
19 Artículo 32. Estatuto del Juez Iberoamericano. Consultable en
http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/Doc uments/estatutodeljueziberoamericano.pdf
20 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (2019). Compendio de estándares internacionales para la protección de la independencia judicial. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Recuperado de
https://cejil.org/wp-content/uploads/pdfs/compendio_de_estandare s_judiciales_online.pdf
21 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, obra citada, párrafo 136.
22 CIDH, Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, párrafo 297, Recuperado de
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.p df
23 Proceso, “Presenta Fox terna para la SCJN”. Recuperado de
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2006/11/22/presenta- fox-terna-para-la-scjn-48856.html
24 Proceso, “Ministros marcados”. Recuperado de
https://www.proceso.com.mx/nacional/2010/1/7/ministros-marcados- 11051.html
25 México Evalúa (2015). La independencia judicial: una lucha permanente. México Evalúa. Recuperado de
https://www.mexicoevalua.org/la-independencia-judicial-una-lucha -permanente/
26 Nexos (2022). Javier Láynez. Nexos. Recuperado de
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/biografias/javier-laynez-p otisek/
27 Navarro, M. (2019). “¿Quién es Medina Mora y por qué su renuncia a la SCJN es inédita?”, Forbes México. Recuperado de
https://www.forbes.com.mx/quien-es-medina-mora-y-por-que-su-renu ncia-a-la-scjn-es-inedita/
28 Pérez, D. (2021). “Loretta Ortiz, una fundadora de Morena en la Suprema Corte”, El País. Recuperado de
https://elpais.com/mexico/2021-11-24/loretta-ortiz-una-fundadora -de-morena-en-la-suprema-corte.html
29 Chávez, V. (2021). “La jueza cercana a AMLO que va por su tercer intento en Querétaro”, El Financiero. Recuperado de
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/13/la-jueza-cer cana-a-amlo-que-va-por-su-tercer-intento-en-queretaro/
30 Arista y Flores (2019). “‘A la Corte llegará un perfil sin cercanía al poder’, asegura AMLO”, Expansión Política. Recuperado de
https://politica.expansion.mx/presidencia/2019/10/10/a-la-corte- llegara-un-perfil-sin-cercania-al-poder-asegura-amlo
31 Aristegui Noticias (2019). “Yasmín Esquivel Mossa defiende su independencia: “No soy la señora de, ni la esposa de’”. Aristegui Noticias. Recuperado de
https://aristeguinoticias.com/0403/mexico/yasmin-esquivel-mossa- defiende-su-independencia-no-soy-la-senora-de-ni-la-esposa-de/
32 El Financiero (2019). “Margarita Ríos-Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni conforman la terna para la Suprema Corte”, El Financiero. Recuperado de
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/margarita-rios-farjat-d iana-alvarez-y-ana-laura-magaloni-conforman-terna-para-la-suprema-corte/
33 Animal Político (2018). “Modifican requisitos para que candidata propuesta por AMLO pueda ser titular del SAT”, Animal Político. Recuperado de
https://www.animalpolitico.com/2018/12/cambian-requisitos-jefa-s at-amlo/
34 Animal Político (2018). “Terna para nuevo ministro de la Corte: militantes de Morena o cercanos a AMLO”, Animal Político. Recuperado de
https://www.animalpolitico.com/2018/12/perfil-candidatos-ministr o-corte-cercanos-amlo/
35 Fierro, J. (2021). “Ministra Loretta Ortiz: tiempo de reflejar su independencia u obedecer a AMLO”, Proceso. Recuperado de
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/12/4/ministra-loretta -ortiz-tiempo-de-reflejar-su-independencia-obedecer-amlo-276950.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de diciembre de 2023.– Legisladoras y legislador: Laura Iraís Ballesteros Mancilla, Jorge Álvarez Máynez, Elizabeth Pérez Valdez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Diputada Elizabeth Pérez, ¿con qué objeto?
La diputada Elizabeth Pérez Valdez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para preguntarle a la senadora Laura Iraís Ballesteros, ¿si nos permite adherirnos a su iniciativa?
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputada Ballesteros Mancilla, ¿acepta usted que la diputada Elizabeth Pérez se adhiera a su iniciativa? Adelante, diputada, favor de pasar al área de Secretaría.
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik:Gracias, presidenta, con su venia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Compañeras y compañeros, cada proceso electoral en México representa una nueva interacción entre la información y el panorama político. Las encuestas sin duda son instrumentos de medición que nos ayudan a conocer un poco de la opinión pública, pero también son herramientas que nos ayudan para la democracia participativa. Estas encuestas y sondeos son buenos, siempre y cuando se revisen con rigor metodológico y ético. Si lo hacen nos ayudan para observar las preferencias electorales, pero también para conocer las preocupaciones reales de las y los ciudadanos.
Estas encuestas y sondeos expanden una red de posibilidades sobre la configuración de las propuestas y tendencia del voto, desde las colonias más alejadas hasta los centros urbanos de todo el país.
La experiencia internacional demuestra que cuando existe una regulación adecuada las encuestas pueden ayudar a configurar la inercia política. En la Unión Europea, por ejemplo, las regulaciones sobre la transparencia y metodología de las encuestas ha mejorado significativamente su calidad y confiabilidad.
En Francia, la Comisión de Encuestas Electorales supervisa todas las encuestas para garantizar su conformidad con los estándares éticos y metodológicos. Esto contrasta marcadamente con el escenario nacional que vivimos en México, donde el fenómeno de las encuestas ha dañado la opinión pública, ha dañado la confianza de los ciudadanos en ella.
En muchas ocasiones ha manchado la integridad de los procesos electorales. Su aumento significativo, desde el 2018 hasta las elecciones de este año han heredado, precisamente, inquietudes sobre su fiabilidad. Y muestra de ello es que en este año se presentaron 37 veces más mediciones vía telefónica que las encuestas presidenciales pasadas, 37 veces.
Por ello, la propuesta que hoy vengo a presentar a nombre de mi coordinador, del diputado Rubén Moreira, quien ha estado sumamente atento a este tema y ha denunciado en muchas ocasiones, busca que se puedan abordar las deficiencias a través de un marco regulador que asegure la imparcialidad, precisión y transparencia de las encuestas electorales de México.
Resulta necesario crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión y ayudarle a la autoridad electoral a darles más certeza a estas herramientas.
Compañeras y compañeros, todos sabemos que es necesario que se regulen estas casas encuestadoras, que sean revisadas seriamente en cuanto a su metodología, en cuanto a la transparencia de sus ingresos, quién les está pagando, por qué las están publicando y cuál es la finalidad de estas encuestas y de estos sondeos.
Lo que hemos visto en la experiencia, sobre todo, en los últimos años, es que hoy las encuestas y los sondeos de opinión no son esta herramienta que eran antes. Hoy se ocupan como una herramienta propagandística, se ocupan como una herramienta para sesgar las preferencias electorales y, sobre todo, para no alentar la participación de las y los ciudadanos en el derecho máximo que tienen a participar y elegir a quienes nos representan.
Son encuestas, en muchos casos, pagadas a modo, que han sido denunciadas y que han sido sancionadas, pero que las sanciones llegan después del proceso electoral y para qué los queremos, y para muestra un botón, lo hago muy brevemente, la elección pasada en el Estado de México, encuestas muchas de ellas fantasmas, otras sancionadas posterior al proceso electoral, que le daban a la hoy gobernadora una ventaja de 40 puntos sobre nuestra candidata gobernadora y, sin embargo, la realidad es que solo fueron 8 puntos.
Es importante que reconozcamos que la gente quiere confianza, quiere confiar y quiere guiarse por instrumentos éticos y metodológicos. Hoy vengo a pedirles que podamos trabajar en esta nueva iniciativa, que sin duda dará mayor certeza al proceso electoral que tenemos ya en puerta para el 2024. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y suscrita por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscribimos, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosUn elemento crucial en el proceso democrático de nuestro país que ha tomado gran fuerza en el nuestro país y el mundo, son las encuestas o sondeos electorales, pues se han convertido en valiosas herramientas que desempeñan un papel fundamental en la conformación y evolución de la opinión pública, así como en la toma de decisiones informadas durante los procesos electorales locales o federales.
Las encuestas electorales, además de ser una forma de medir preferencias y tendencias políticas, también representan un instrumento valioso para la ciudadanía, ya que brindan información clave para entender el panorama político, social y económico, permitiendo a los ciudadanos construir su decisión electoral informada sobre el futuro de la nación.
Las encuestas o sondeos van más allá de simples números, son el reflejo de la voz del pueblo mexicano, miden el pulso de la sociedad, y funcionan como un elemento que necesariamente debe ser tomado en cuenta por los líderes y representantes políticos.
La importancia de las encuestas y sondeos radica en su capacidad para ofrecer una visión panorámica de las necesidades, deseos y preocupaciones de la población, lo cual es fundamental para que se declinen por alguno de los perfiles que se encuentren en la contienda electoral.
Las encuestas electorales también fomentan la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político, pues sirven como una evaluación constante de las preferencias de la ciudadanía, contribuyendo a un proceso electoral más transparente y justo, donde las y los candidatos pueden ajustar sus propuestas según las demandas reales de la sociedad.
Es importante señalar que las encuestas son herramientas, no resultados definitivos, pues solo brindan indicadores, pero no deben ser tomadas como verdades absolutas, ya que solamente la participación activa de la ciudadanía en el proceso electoral será la única que podrá asegurar que las preferencias expresadas en estas encuestas se reflejen fielmente en las urnas.
Ante ello, es necesario que se promueva la diversidad y la calidad de las encuestas, garantizando su imparcialidad y rigor metodológico, puesto que solamente de esta manera se podrá confiar plenamente en los resultados que éstas nos ofrecen.
Es así, que las encuestas y sondeos son un medio que fortalece e incentiva la libertad de expresión, pues permiten construir puentes entre diferentes puntos de vista, enriquecen el debate público y promueven la tolerancia y el entendimiento mutuo, lo que impulsa el progreso, la innovación y la diversidad de pensamiento.
Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, también conlleva una gran responsabilidad, ya que se debe de ejercer con respeto hacia los demás, entendiendo que la libertad de expresión no es una licencia para expresar odio, fomentar la discriminación o la difusión de información falsa que dañe a otros.
En un mundo interconectado como el nuestro, donde las ideas se difunden en segundos, es crucial comprender el impacto de las palabras, acciones e información que se dice o difunde. Debemos proteger la libertad de expresión, pero también abogar por que se lleve de forma responsable, ético y respetuoso, que promueva la inclusión y salvaguarde la dignidad humana.
Es necesario regular el tema de las encuestas o sondeos de opinión, porque puede resultar en un asunto que genere violencia electoral, pues la no regulación y la elaboración tendenciosa pueden alterar los resultados de una elección federal o local, afectando directamente en la intención del voto de las personas.
Basta señalar los fenómenos ocurridos en las encuestas y sondeos para el proceso electoral de 2022, específicamente para la gubernatura del Estado de México (Edomex) donde se publicaron varias encuestas “patito” con números distorsionados, de acuerdo con una investigación realizada por medios periodísticos.
Los periodistas encargados de este reportaje contactaron a FactoMétrica, una de las casas encuestadoras que se encargó de hacer los sondeos, que señaló que la manera de operar es aparentemente sencilla: el interesado contacta a la encuestadora, le paga el monto pactado y ésta realiza sondeos en los que la o el aspirante va igual o mejor que sus contrincantes, aunque en la realidad los hechos sean distintos.
Con estos servicios se busca depreciar la imagen de quien verdaderamente va a la cabeza. A dicho método lo llaman push polls (pseudo encuestas o encuestas propagandísticas), y ayudan a empujar u orillar a los votantes hacia una candidata o candidato en específico.
La investigación de este medio periodístico señala que algunas de estas encuestadoras que ofrecen el servicio fueron sancionadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero a pesar de ello siguen operando, ya que si no pagan la multa de más de 207 mil pesos no suelen pasar de una amonestación pública.
Asimismo, el medio periodístico menciona que de las encuestas realizadas en mayo de 2023 sobre las elecciones del Edomex fallaron un 51%, cifra por encima de su margen de error; mientras que de las 30 reportadas entre marzo y abril, 25 fueron pagadas supuestamente por la propia casa encuestadora.
La legislación mexicana, contempla en el artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo siguiente:
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales federales y locales.
Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión.
Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe sobre los recursos aplicados en su realización.
La metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidas en su página de Internet, por los Organismos Públicos Locales.
En consecuencia, no hay una regulación que limite a las personas físicas o morales para que emitan encuestas que puedan resultar tendenciosas, es por ello, que resulta necesario crear un registro nacional de personas físicas o morales que quieran participar en el proceso electoral a través del levantamiento y publicación de encuestas o sondeos de opinión.
La finalidad es blindar a la opinión pública de aquellos entes que quieran hacer uso de artimañas que manipulen la información para influir en la preferencia política de las personas que participen en una contienda electoral.
Asimismo, es necesario robustecer las penas en contra de aquellas personas físicas que, al no formar parte de este Registro Nacional de Encuestas y Sondeos de Opinión, emitan encuestas con información manipulada, en virtud de que violentan el principio de transparencia, certeza y legalidad.
En este sentido, la propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales
Artículo Primero. Se agregan los artículos 213 Bis y Ter a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Capítulo IIIDe las Encuestas y Sondeos de OpiniónArtículo 213 Bis. El Instituto Nacional Electoral tendrá la obligación de crear, administrar y actualizar el Registro Nacional de Encuestas y Sondeos Públicos, que funcionará como un ente regulador de las personas físicas o morales que deseen participar en la elaboración de Encuestas y Sondeos Públicos que sean publicados a través de cualquier medio de comunicación, durante las precampañas y campañas electorales federales y locales.
La habilitación de este Registro Nacional se dará 30 días antes del inicio de las precampañas y finalizará 15 días después de cada elección federal o local.
Solo podrán emitir encuestas y sondeos, aquellas personas físicas y morales que previamente se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Encuestas y Son-deos Públicos, que dará inicio 15 días antes del acuerdo del Consejo General correspondiente, por el cual se da inicio el proceso electoral.
Las personas físicas o morales que no se hayan registrado durante el plazo correspondiente, no podrán publicar por ningún medio de comunicación encuestas o sondeos de opinión. Hacer caso omiso a lo anterior, se estará a lo que dispone la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
El Registro Nacional de Encuestas y Sondeos de Opinión será operado únicamente vía internet, a través del sitio web del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 213 Ter. El Registro Nacional de Encuestas y Sondeos Públicos tendrá la autoridad para revisar, aprobar y supervisar las metodologías utilizadas en la realización de encuestas y sondeos públicos. Ello incluye:
1. Evaluar la representatividad, precisión y fiabilidad de las técnicas estadísticas y muestrales empleadas;
2. Validar las fuentes de financiamiento de las encuestas y sondeos públicos, a fin no afectar la imparcialidad y credibilidad de los resultados;
3. Determinar y realizar observaciones específicas a los procedimientos de realización de encuestas y sondeos, garantizando su adhesión a los estándares y normativas del Consejo General y;
4. Dar vista a las autoridades competentes para la aplicación de sanciones y medidas en caso de que las encuestas o sondeos sean falsos o infrinjan las normativas establecidas.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXII y se reforma la fracción XX y XXI del artículo 7 Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
I. a XIX. ...
XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla;
XXI. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo, o
XXII. Publique encuestas o sondeos de opinión, sin estar inscrito en el Registro Nacional de Encuestas y Sondeos de Opinión o, estando inscritos, su metodología y financiamiento no se encuentren conforme a Derecho.
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Los lineamientos para las personas físicas y morales que deseen la inscripción en el Registro Nacional de Encuestas y Sondeos de Opinión serán emitidos por el Instituto Nacional Electoral.
Nota
1 La-Lista, Encuestas "patito" manipulan resultados antes de elecciones, revela reprtaje. Retomado de:
https//La-Lista.com/poder/pilitica/2023/08/10/encuestas-patito-n anipula-resultados- antes-de-elecciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2023.– Legisladoras y legisladores: Sue Ellen Bernal Bolnik, Rubén Ignacio Moreira Valde, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Elizabeth Pérez Valdez, María Clemente García Moreno, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Sue Ellen Bernal Bolnik. Túrnese a la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados.
La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (desde la curul): Solicitarle a la postulante de la iniciativa, si me permite suscribirla.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Con mucho gusto. Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, ¿acepta que la diputada Cecilia Márquez Alkadef se adhiera a su iniciativa? Sí, adelante, favor de pasar al área de Secretaría a hacer lo conducente.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ahora, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual está también suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado Héctor.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: El objetivo de esta iniciativa es incluir las previsiones en los fondos de prevención y atención a desastres, así como crear un fondo para la población rural afectada por contingencias climatológicas.
El objetivo es construir reservas para acciones preventivas y respuesta rápida a los daños causados por fenómenos naturales. El presupuesto asignado, junto con las disponibilidades en las reservas, creemos que no debe de ser menor al 0.4 por ciento del presupuesto anual aprobado para cada ejercicio fiscal. Esto nos ayudará a que los desastres naturales tengan los fondos suficientes para tener el menor impacto económico y también, obviamente, para darle una estabilidad económica a las finanzas públicas.
Un fondo adecuado permite una distribución eficiente de recursos para la reconstrucción y ayuda humanitaria, evitando desequilibrios regionales y sociales.
La composición geológica de México, con su propensión a terremotos y huracanes hace esencial tener un fondo de desastres para la pronta reconstrucción de la infraestructura dañada. También la ausencia de un fondo robusto podría provocar el desplazamiento masivo de población, generando crisis humanitarias y aumentando la presión de sobrepoblación sobre otras regiones.
La falta de medidas adecuadas afectaría a los pequeños productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, acuícolas, resultando en pérdida de empleo y disminución de la producción.
La inexistencia de un fondo podría desincentivar la inversión en sectores vulnerables a desastres naturales, debilitando la capacidad productiva del país. un fondo de desastres contribuye al desarrollo sostenible al facilitar la recuperación rápida y la reconstrucción de comunidades, promoviendo la continuidad de actividades económicas.
Desde la perspectiva microeconómica, la ausencia de un fondo afecta directamente a comunidades locales, al poner en peligro sus medios de vida, viviendas y activos económicos, exacerbando la pobreza y la desigualdad.
Un desastre natural afecta claramente al producto interno bruto en cada uno de sus componentes, que son el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y exportaciones netas. Con ello el fondo puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación de las zonas que están completamente devastadas.
La falta de un fondo contingente puede llevar a que el gobierno asuma directamente los costos de la recuperación, generando presiones financieras significativas para las finanzas públicas.
Compañeros, les quiero recordar que, en el año 96, 1996 se estableció por primera vez el Fondo de Desastres Naturales y fue en el año de 1999 cuando por primera vez tuvo las primeras reglas de operación. Sin embargo, en el año 2019, con la llegada de este nuevo gobierno, se tomó la decisión de eliminar el fideicomiso del Fonden, teniendo erradicados en ese momento alrededor de 27 mil 500 millones de pesos.
Es por eso que, los fondos para desastres naturales se vieron mermados durante 2019, 2020, 2021 y 2022, llegando apenas en esos cuatro años con el mismo presupuesto que se otorgó en el año 2018, que fue de 27 mil 500 millones de pesos.
Lo que pasó en Acapulco, con la desgracia que provocó el huracán Otis, nos obliga a entender, a reflexionar que es necesario un Fondo de Desastres Naturales, que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se prevea nuevamente que el 0.4 por ciento del Presupuesto anual se radique en un fondo con reglas claras de operación y dispersión de los recursos.
Con ello podríamos lograr, al menos, si tenemos 9 billones de pesos para el gasto de 2024, un monto de hasta 40 mil millones de pesos que no generarían un impacto a las finanzas públicas y el gobierno no se vería presionado.
Es cierto que el gobierno federal otorgó 61 mil millones de pesos de presupuesto emergente para la atención, sin embargo, este es claramente insuficiente. Si hubiera existido todavía la disposición del 0.4 por ciento en Presupuesto, hoy tendríamos 84 mil millones de pesos adicionales en el Fondo de Desastres Naturales.
Hagamos que Acapulco se reconstruya pronto. Démosle a los acapulqueños y a México una feliz navidad. Otorguemos en el Presupuesto...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, por favor.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández:...el 0.4 por ciento del Presupuesto para que tengamos adicionalmente 40 mil millones de pesos y año con año haya recursos...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: ...suficientes en el Fondo de Desastres Naturales. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 19 y 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, y las y los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 19 y el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia del Fonden, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLos desastres naturales constituyen una fuente de riesgo fiscal en países altamente expuestos a catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los gobiernos de dichos países. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico y, esto, en el largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.
De conformidad con la publicación “Fonden El Fondo de Desastres Naturales- Una Reseña”, publicado en su momento por la Secretaría de Gobernación, en el 2012, El Fonden fue originalmente creado como un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, quedando con capacidad operativa en 1999 cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación. En un inicio los recursos del Fonden se destinaban únicamente a la realización de actividades ex post de rehabilitación y reconstrucción de (I) infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal-, (II) vivienda de la población de bajos ingresos y (III) ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.
Hasta su desaparición El instrumento original, y aún el más importante del Fonden es el Programa Fonden para la Reconstrucción. Sin embargo, en reconocimiento de la necesidad de promover ante el manejo proactivo del riesgo, el Gobierno de México comenzó, a inicios de los años 2000, a asignar recursos específicamente destinados a actividades preventivas. Aunque los recursos para la prevención siguen siendo significativamente menores que para la reconstrucción, el Gobierno de México continúa dirigiendo esfuerzos a la transición de un enfoque del financiamiento del riesgo post-desastre a la gestión del riesgo financiero ex ante. El ejercicio de los recursos financieros de los dos instrumentos del Fonden (de reconstrucción y de prevención) se realiza con cargo al Fideicomiso Fonden y con cargo al Fideicomiso Preventivo (Fipreden), cuya institución fiduciaria en ambos casos es Banobras, un banco de desarrollo del Gobierno de México, menciona la publicación.
Asimismo, señala que, La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria requiere que al inicio de cada ejercicio fiscal, se destine una cantidad no menor al 0.4 por ciento del presupuesto federal anual al Fonden, al Fopreden y al fondo agropecuario para los desastres naturales. Esta cantidad incluye los fondos no comprometidos en el Fideicomiso Fonden a finales del año fiscal anterior. En la práctica, el requisito mínimo de 0.4 por ciento -que fue equivalente a cerca de 800 millones de dólares estadounidenses en el 2011- se ha convertido en la asignación presupuestaria estándar para el Fonden anualmente. En caso de que esta asignación sea insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros programas y fondos, tales como los ingresos de excedentes de la venta del petróleo.
En caso de ocurrencia de un desastre, los fondos autorizados a los programas de reconstrucción son transferidos a subcuentas específicas dentro del fideicomiso Fonden para ser ejercidos. El Fideicomiso Fonden, a través de la institución fiduciaria administra estos recursos hasta que se ponen en marcha los programas de reconstrucción y realiza los pagos por las obras y acciones de reconstrucción directamente a los contratistas.
El Fideicomiso Fonden (a través de Banobras) también actúa como ente encargado de contratar en el mercado mecanismos financieros para la transferencia de los riesgos del propio Fonden, tales como seguros y bonos catastróficos.
El Fonden también transfiere recursos a un Fondo de Atención de Emergencias, a fin de que el Gobierno de México pueda brindar auxilio con víveres, materiales de abrigo y protección, herramientas y medicamentos a la población que resulte afectada como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador. Dichos apoyos se detonan a través de la emisión de una declaratoria de emergencia.
Al pasar de los años, la evolución del Programa Fonden para la Reconstrucción permitió que en el año 2009 se lograra implementar un nuevo y eficiente mecanismo, que permitiera destinar recursos inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre natural para atender las acciones prioritarias y urgentes dirigidas a solventar la situación crítica, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza de las calles y viviendas afectadas, remoción de escombros, pasos provisionales y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad en la zona afectada. Este mecanismo se ha denominado Apoyos Parciales Inmediatos (APIN).
Más aún, el Fonden se esfuerza por financiar trabajos de reconstrucción que disminuyan la vulnerabilidad frente a nuevos fenómenos naturales perturbadores, de tal forma que el financiamiento del Fonden se usa para reconstruir infraestructura con base en mejores estándares de construcción que los utilizados previamente, para evitar daños frente a futuras amenazas (el principio de “reconstruir mejor”) y para la reubicación de edificios públicos y/o comunidades que habitan en zonas de alto riesgo a zonas libres de riesgo o con riesgo controlado.
Semejante al programa Fonden para la Reconstrucción, el Fopreden también maneja un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y un Fideicomiso Preventivo denominado Fipreden, que es el brazo financiero ejecutor a través del cual se destinan los recursos para financiar los proyectos específicos de prevención de desastres naturales. El Fopreden promueve la toma de decisiones informadas para la inversión de recursos en la reducción de riesgos, requiriendo que las entidades federativas estimen sus riesgos (incluyendo el desarrollo de un atlas de riesgo) antes de ser elegibles a financiamiento para proyectos de prevención y mitigación del riesgo. El Fopreden continúa siendo mucho más pequeño que el programa Fonden para la reconstrucción, con una asignación anual aproximada de 25 millones de dólares estadounidenses.
Finalmente, en la referida publicación se incluye un esquema que explica el funcionamiento del Fonden:
A pesar de lo anterior, Hasta julio de 2021, México contaba con el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que fue creado en 1996. Sin dejar garantías sólidas para su funcionamiento, en 2021 comenzó a vaciarse el Fonden; este fideicomiso que reportó una bolsa de recursos de 30 mil 955 millones de pesos al cierre de 2020.
A partir de 2021, el presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos de la SHCP y no es posible que se usen de forma plurianual. Además, en 2021 y 2022, aún con un presupuesto promedio de 10 mil 161 mdp y 645 declaratorias de desastres y emergencias, ese dinero no se utilizó.
Para 2023, se aprobó un presupuesto de 17 mil 245 millones de pesos -con un recorte de 21 por ciento al primer semestre del año, equivalente a 3 mil 761 mdp- y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 se proyecta un total de 17 mil 984 millones de pesos. Con la extinción del Fonden como fideicomiso, los recursos ahora dependen de la aprobación de fondos presupuestales anuales que, como este año, pueden estar sometidos a disminuciones.
El presidente López Obrador justificó la decisión afirmando que el Fonden era un “barril sin fondo” del que se robaban los recursos y que no se atendía realmente las emergencias del país ni a los damnificados.
Sin embargo, desafortunadamente ocurriría un desastre natural sin precedentes que traería consigo reforzar la idea de la necesidad apremiante del Fonden para la atención de fenómenos naturales inesperados, y este fenómeno fue Otis que llegó a las 00.25 horas con vientos de más de 250 kilómetros por hora y tocó Acapulco como un huracán de categoría cinco.
Ante esta situación y ante la falta del Fonden el Gobierno anunció un plan de reconstrucción que contempla la exención en el pago de impuestos, el desembolso de ayudas sociales, créditos, así como la entrega de electrodomésticos y despensas para los miles de damnificados en la zona. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que la iniciativa tendrá un costo de 61.313 millones de pesos.
Es importante mencionar que un servidor en vísperas de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ante el Pleno de la Cámara de Diputados una propuesta de un Fondo para la Rehabilitación de Acapulco, Guerrero y zonas devastadas por el huracán Otis, por un monto de 100 mil millones de pesos contemplado en el Ramo 23, que operaría como un fideicomiso público que se constituya para tal fin en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, con el objeto de atender con prontitud la reconstrucción, activación económica y social de las zonas afectadas por dicho fenómeno natural.
Dentro de la propuesta se contemplaba que con la finalidad de dar el seguimiento de las acciones que se lleven a cabo y la mayor transparencia en el uso de estos recursos se instalaría el Consejo Directivo de Evaluación, Seguimiento y Aprobación de Acciones que sería integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Sistema Nacional Anticorrupción, además de representantes de la sociedad civil.
Además de que la Secretaría publicaría y remitiría a la Cámara de Diputados, los informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto, los cuales serán revisados y avalados por el Consejo Directivo referido.
La operatividad de este fideicomiso, así como las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Directivo de Evaluación, Seguimiento y Aprobación de Acciones, se establecería en las reglas de operación correspondientes, las cuales se emitirán 15 días después de publicado el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Además, se planteó la propuesta de que en el ejercicio fiscal 2024 y en virtud de los efectos de devastación a causa del huracán Otis a Acapulco, Guerrero y zonas aledañas, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los excedentes a los que se refiere la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se transferirá el 50 por ciento de estos al Fondo para la Rehabilitación de Acapulco Guerrero y zonas devastadas por el Huracán Otis, los cuales se destinarán para la rehabilitación y reconstrucción de zonas afectadas.
Sin embargo, ni estas propuestas ni ninguna otra para asignar desde el presupuesto ayuda para los damnificados por el huracán Otis fue aprobada por la mayoría oficialista de la Cámara de Diputados.
Carlos Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda y Crédito Público con el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que para la reconstrucción de Acapulco el gobierno “se hizo bolas. Para Urzúa, el gobierno no tiene dinero porque tiene muchos elefantes blancos que absorben presupuesto.
“Por tanto, no hay dinero disponible para este tipo de emergencias. Por eso nunca debió haber eliminado el Fonden. Pero también creo que, como el año que entra es 2024, ellos están cuidando sus guardaditos por razones electorales”, señaló.
“La verdad es que el gobierno decidió no dedicar la cantidad suficiente de dinero para reconstruir Acapulco, pero Acapulco necesita como 300 mil millones de pesos”.
Es así, que en atención a lo acontecido y de que se comprobó la necesidad de un Fondo con recursos permanentes para hacerle frente a los fenómenos naturales del país es que se realiza esta propuesta para traer de vuelta al Fonden como mecanismo de política pública encargado de atender situaciones como la acontecida con Otis en Guerrero.
A efecto de clarificar la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 19 y se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia del Fonden
Único. Se reforma la fracción I del artículo 19 y se reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 19. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:
I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente, así como a la atención de desastres naturales a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.
...
...
II. a V. ...
Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.
Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación y la Secretaría publicará y remitirá a la Cámara de Diputados, los informes trimestrales sobre el ejercicio del gasto.
Artículo TransitorioÚnico. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 19 de diciembre de 2023.– Legisladores y legisladoras: Héctor Saúl Téllez Hernández, Elizabeth Pérez Valdez, Laura Ballesteros Mancilla, Manuel Añorve Baños, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Mario Zamora Gastélum, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Les recuerdo a los oradores que tienen cinco minutos para procesar... Sí, adelante, diputado Manuel Añorve. Sonido a la curul 037, senador Manuel Añorve. Adelante, ¿con qué objeto?
El senador Manuel Añorve Baños (desde la curul): Si me permite el diputado, que el Grupo Parlamentario del PRI, se sume a esta iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Sí. Con mucho gusto. Diputada también, Laura Ballesteros, senadora, perdón es la costumbre, es la costumbre. Adelante senadora ¿con qué objeto?
La senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla (desde la curul): Muchas gracias. También a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, decirle al diputado Héctor Saúl Téllez, si nos permite adherirnos a su iniciativa. Desde el Senado de la República, Movimiento Ciudadano está promoviendo esta iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, senadora. Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, ¿acepta que el senador Añorve y la bancada también del PRI se adhiera a su iniciativa, asimismo, la senadora Ballesteros también se adhiera y su bancada? Adelante, pasen al área de Secretaría a hacer lo conducente.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de integración y funcionamiento de la Sección Instructora de cada Cámara.
El diputado Leonel Godoy Rangel:Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Efectivamente, estamos presentando una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, en la Sección Instructora, los artículos 10, 11, 12, 34 y 35. El objetivo es romper el empate que en este momento existe en ambas Secciones Instructoras y con mayor énfasis en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Este órgano funciona así desde hace 24 años y obviamente eran tiempos diferentes, en aquellos años el PRI era partido hegemónico y no pasaba nada con que fueran cuatro o tres, o un miembro de la Sección Instructora, porque se hacía lo que se decidía políticamente, principalmente por el presidente de la República.
Pero los tiempos han cambiado, actualmente la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, de la cual yo formo parte, se integra por cuatro miembros, dos de la oposición y dos nuestros, y obviamente ocurre muy seguido de que, si no acepta la oposición propuestas de desafueros de personajes que son afines a ellos, es imposible que se pueda realizar esta acción legislativa por la Cámara de Diputados. Hay muchos casos que nos sirven de ejemplo para ello.
En cambio, nosotros varios casos hemos aceptado votar en contra de diputados federales nuestros. Tenemos el caso de tres diputados: uno que está fugado en Chile, otro que está sujeto a proceso, dos, un poblano y un hidalguense.
Por eso creemos que debe romperse este empate, con la finalidad de que los grupos parlamentarios que tengan mayoría sean los que determinen el rumbo del desafuero sin tintes políticos, exclusivamente jurídicos, y que no al revés, que tintes políticos impidan que las decisiones jurídicas se tomen.
Tiene muchos beneficios esta iniciativa, principalmente el asunto del empate, que son pares, había un número impar, cinco integrantes, y tendrían participación en la Sección Instructora proporcionalmente a la integración de la Cámara de Diputados en su momento.
También tiene otros defectos procesales interesantes, mejor el proceso de sustituciones permite la participación de aquellos que tienen interés específico en alguno de los asuntos que se lleven, se ventilen en la Sección Instructora.
Por eso estamos presentando esta iniciativa, en su momento vamos a pedir al pleno de la Cámara de Diputados que lo apruebe para que en su caso pase al Senado y podamos tener una Sección Instructora imparcial, proporcional y que permita que todos aquellos que comentan delitos al amparo del fuero sean desaforados.
Quiero hacer un breve comentario en el tema del Fonden. El Fonden existe. Lo que no existe es el fideicomiso, porque los fideicomisos por sus características los administran los bancos y los ganones son los bancos. Y este Fonden actual, como está previsto en el Presupuesto, lo administra la Secretaría de Hacienda, no un banco... Por eso, pero...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Sin diálogos, por favor, diputados.
El diputado Leonel Godoy Rangel: ...Bancos privados también lo hacen. Entonces, la idea es que ningún banco opere los... no haya fideicomisos. Que sean directos. Y está en el Presupuesto de Egresos. Este año tiene 17 mil millones de pesos el Fonden. Pues es un programa, todos los programas.
Entonces les queremos decir que el Fonden existe, que está operándose en Acapulco, que como nunca, más de 200 mil millones de pesos se están operando en Acapulco, y van a servir... Ahí están los 250 mil enseres que se van a entregar. Está el programa carretero, está el programa de vivienda, está el programa de becas, de incentivos. Hay una serie de programas que se están realizando. Y sin duda, y sin duda en Navidad los acapulqueños van a tener una feliz Navidad...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Leonel Godoy Rangel: ...Le agradezco mucho, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Leonel Godoy. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.
Sí. Un momento. ¿Con qué objeto, diputada María del Rosario Silva?
La diputada María del Rosario Reyes Silva (desde la curul): Preguntarle al diputado Leonel Godoy si me permite adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Con mucho gusto. Diputado Leonel Godoy, ¿permite que la diputada María del Rosario Silva se pueda adherir a su iniciativa?
El diputado Leonel Godoy Rangel: Sí, señora presidenta. Y todos los que gusten. Gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Bueno. Muy bien, diputado. Y cualquier diputado o diputada que quiera adherirse, diputado Godoy, también lo acepta. Sí. Okey. Entonces, en conclusión... Sí, diputada... senadora. Perdóneme.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Muchas gracias. En nombre de los senadores de Morena, también nos queremos adherir, si así nos los permite el diputado Godoy.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Sí, senadora Rocío Abreu, con mucho gusto. Él ya lo acaba de decidir, que sí. Así que por favor pase, senadora, al área correspondiente.
SOLICITUD DE LICENCIA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pido a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia del diputado Alfredo Vázquez Vázquez.
La secretaria diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
El suscrito Alfredo Vázquez Vázquez, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ante usted, con el debido respeto, solicito licencia por tiempo indefinido al ejercicio de mi cargo como diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con efectos a partir del 5 de enero de 2024.
Lo anterior, con el objeto de que sea sometida a consideración del pleno de la Comisión Permanente en la siguiente sesión.
Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole las seguridades de mi más alta consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2023.– Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica).»
Acuerdo. Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfredo Vázquez Vázquez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 3 del estado de Chiapas, a partir del 5 de enero del año 2024. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Aprobada. Y comuníquese a la Cámara de Diputados.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo (a las 13:29 horas): Honorable asamblea, se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar el miércoles 10 de enero del año 2024 a las 11: 00 horas. Felices fiestas a todas y todos. Un abrazo navideño.
––––– O –––––
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 2 horas 03 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 29 legisladoras y legisladores
• Comunicaciones oficiales: 10
• Iniciativa del Congreso de la Ciudad de México: 1
• Solicitudes de licencia: 5
• Acuerdos de la Mesa Directiva: 2
• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 8
• Legisladores que participaron durante la sesión: 8
2-Morena, 1-PAN, 1-PRI, 1-PVEM, 1-PT, 1-MC, 1-PRD
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)