INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Se comunica a las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión permanente, los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 17 de enero de 2024 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2024.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, suscrita por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados

2. Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados

3. Que reforma el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados

4. Que reforma al artículo 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Diversidad, de la Cámara de Diputados

5. Que reforma el artículo 310 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados

6. Que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados

7. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley de Migración y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Reforma Política-Electoral, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados

8. Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados

9. Que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados

10. Que adiciona el artículo 162 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados

11. Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

12. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

13. Que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, suscrita por el diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y al INAH, a analizar la viabilidad de instalar un museo en Pátzcuaro, Michoacán alusivo a los pueblos y comunidades indígenas de dicho estado y se exhiba el ChacMool que fue hallado en esa comunidad en septiembre de 2023, suscrito por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a buscar a los migrantes que fueron "acarreados" al cierre de precampaña de Santiago Taboada realizado el miércoles 3 de enero de 2024 en el Parque del Mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y en caso de que no contar con estadía regular en nuestro país, se les otorgue una visa humanitaria, suscrito por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, a cumplir con lo previsto en el artículo 127 Constitucional en materia de remuneraciones, evitando salarios y prestaciones exorbitantes, tal y como lo ha solicitado la Ministra Lenia Batres Guadarrama, suscrito por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SESNSP y a la Condusef, a implementar conjuntamente una estrategia para prevenir las extorsiones y fraudes con motivo del empleo de plataformas para realizar inversiones en Pemex y la CFE, suscrito por la diputada Brenda Ramiro Alejo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a ejercer su facultad de atracción plasmada en el artículo 5o. de la Ley de la Fiscalía de la República, para atraer el caso de la teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel, suscrito por los diputados Jaime Martínez López del Grupo parlamentario de Morena y Salvador Caro Cabrera del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales, a realizar los trabajos legislativos necesarios para dar cumplimiento cuanto antes al mandato legal establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el cual establece un plazo para la armonización de las leyes locales en esta materia, suscrito por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a eliminar el límite respecto del monto de deducción, establecida en los numerales 2.2 y 3.3 de Resolución de Facilidades Administrativas para los Contribuyentes de los Sectores que en la Misma se señalan para 2023, suscrito por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a difundir mensajes para concientizar a la población electoral del país de la importancia de usar las plataformas digitales en contra de la violencia política en razón de género, así como difundir herramientas y mecanismos disponibles para denunciar la violencia política en razón de género que se produce a través de los medios digitales, suscrito por la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal de las 32 entidades federativas, a realizar un mantenimiento constante de parques y zonas recreativas, con el objeto de evitar accidentes y pérdidas lamentables, a cargo del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGJEM, a informar a este órgano sobre los trabajos que ha realizado para sancionar los delitos de maltrato y crueldad en contra de los animales en la entidad, así como también las acciones que ha puesto en marcha para terminar con estos actos, asimismo, al gobierno del Estado de México, a llevar a cabo campañas de concientización sobre el respeto y el trato digno hacia los animales, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Puebla, a informar a este órgano sobre los trabajos que ha realizado para sancionar delitos en contra de los animales, asimismo, respecto a los casos donde los agresores son menores de edad, el tipo de ayuda que se les ha brindado y el avance que se ha obtenido al día de hoy, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, a informar a esta soberanía los trabajos que se realizaron para sancionar, conforme al Código Penal de dicho estado, al sujeto que golpeó con un palo a una perrita y le provocó la muerte, de qué manera se fortalecieron las medidas de prevención de este tipo de delitos, los avances que se han obtenido al respecto, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, a emitir recomendaciones dirigidas a las legislaturas locales y a los municipios, a tomar las medidas necesarias y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes para que vivan en un entorno libre de todo tipo de violencia y crueldad animal, que queden prohibidas las escuelas que tengan que ver con la educación encaminada a actos de crueldad y maltrato animal, tales como las escuelas taurinas, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección de Ecología del municipio de Gómez Palacio, Durango y a la Semarnat, a intensificar sus acciones de supervisión para disminuir la emisión de contaminantes que emiten las marmolerías de esa demarcación, a cargo de la senadora Lilia Margarita Valdéz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEPUIMM de Baja California Sur, a presentar un informe pormenorizado ante esta soberanía, en un plazo no mayor a 60 días, sobre los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vialidades en la entidad federativa, a cargo del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a que, a través de la SHCP y la SE, determinen los daños que el efecto dumping ha generado a la producción Nacional. de calzado y con ello se analice la posibilidad de establecer derechos de importación adicionales a zapatos y sus materias primas provenientes del continente asiático, suscrito por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a abstenerse de aplicar a la población vacunas Abdala caducadas, en el marco de la vacunación contra Covid-19 y se solicita a diversas instituciones iniciar un proceso de investigación y determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, suscrito por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Leticia Zepeda Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, al Fonatur y a la SHCP, a informar las razones de la falla que presentó el Tren Maya el pasado 3 de enero, así como, las acciones que se están llevando a cabo para garantizar el óptimo servicio a los usuarios, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Senadores respecto de la iniciativa propuesta por el Sen. Juan Pablo Adame Alemán que reforma la Ley General de Salud presentada el 6 de septiembre de 2023, suscrito por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al DIF Guerrero y al Gobierno de dicha entidad, a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes respecto a la situación que viven derivado del paso del huracán Otis, suscrito por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Chiapas, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Colima, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Guerrero, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Sonora, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Tabasco, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Tamaulipas, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Zacatecas, a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrito por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo, en materia de transparencia del Programa Sembrando Vida, suscrito por el del diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SFP y a la SHCP, a realizar las acciones correspondientes para poner en debido funcionamiento la refinería Dos Bocas Olmeca, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y transparentar los recursos públicos que han sido ejercidos desde su construcción y mantenimiento hasta la fecha, suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, por el que se condenan los homicidios de diversos aspirantes a ocupar un cargo de elección popular y exhorta a diversas autoridades con motivo de los procesos electorales federal y locales 2023-2024, suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, con motivo de la denuncia realizada por la C. Sanjuana Martínez Montemayor, ex titular de Notimex, por la comisión de conductas ilícitas de carácter administrativo, penal y electoral en contra de diversos funcionarios públicos del gobierno federal, suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, que exhorta a diversas autoridades, a garantizar el correcto ejercicio de la función de procuración de justicia, esclarecimiento de delitos y atención a las víctimas en la Ciudad de México, suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a incrementar el número de academias de policía en todo el territorio nacional, para una óptima profesionalización de los cuerpos policiacos civiles, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a informar amplia y detalladamente, de las acciones urgentes que se tomarán para contener la ola de violencia y ejecuciones cometidas por el crimen organizado en diversas entidades, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, relativo al crecimiento de feminicidios y el robo al patrimonio de los tlaxcaltecas en casa habitación, negocios, y vehículos, presentados durante 2023 en Tlaxcala, suscrito por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

36. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Energía y del Director General de la CFE, para explicar la situación presupuestal, de mantenimiento y seguridad nuclear de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz de Ignacio de la Llave, suscrito por la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a reintegrar a las instituciones académicas de la UNAM y el IPN, al Consejo de Salubridad General, suscrito por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a desarrollar e implementar una estrategia de mejora en la política educativa, con base en los hallazgos del informe del PISA, suscrito por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

39. Con punto de acuerdo, de urgente resolución por el que se exhorta a autoridades federales, estatales y municipales, a combatir la crisis de inseguridad que se vive en Guerrero, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jorge Romero Herrera y Luis Ángel Espinosa Chazaro, y legisladores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a otras autoridades competentes, a remitir un informe a esta soberanía sobre lo abordado en la reunión bilateral México- Estados Unidos de América del 27 de diciembre de 2023, celebrada en la Ciudad de México, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a informar las razones de la eliminación de los actores no gubernamentales del Consejo de Salubridad General, a cargo de la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a informar a esta soberanía sobre las acciones que está llevando a cabo para que su Dirección General empiece a despachar desde Ciudad del Carmen, Campeche, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a delinear una estrategia integral de atracción de turismo, que contemple una exhaustiva campaña de promoción y publicidad, condonaciones, subsidios, exenciones y descuentos en peajes y transporte para que un mayor número de personas visiten Acapulco, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la Sader y a la Conapesca, a implementar acciones tendientes en proveer de subsidios a la gasolina para los pescadores ribereños de Campeche, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la SICT y a los Grupos Aeroportuarios de México, a evaluar la posibilidad de exentar el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, a los pasajeros que viajen desde o hacia el puerto de Acapulco durante su proceso de reconstrucción, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, a informar a esta soberanía sobre las acciones que ha emprendido con el objeto de proteger a los dos delfines que habitan en el parque acuático El Rollo, en Acapulco, Guerrero, después del huracán Otis, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a reevaluar el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población de Acapulco afectada por Otis y buscar soluciones alternativas como la entrega de un mayor número de apoyos económicos federales, y otorgar créditos a tasa cero a empresarios y comerciantes, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Campeche y su Secretaría de Educación Pública, a informar a esta soberanía sobre las gestiones que juntamente con la rectoría de la Universidad Autónoma del Carmen, están llevando a cabo con la finalidad de garantizar en todo momento el pago de la pensión a los jubilados y pensionados de la UNACAR, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

49. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a declarar una emergencia sanitaria en Acapulco por el incremento de casos de dengue y para que, en coordinación con las autoridades locales, se intensifiquen las labores de fumigación, limpieza y abatización para eliminar la reproducción del mosquito transmisor y la propagación de esta enfermedad, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, a realizar acciones correspondientes para mejorar las condiciones de vida y trato adecuado de la jirafa Benito, en el parque central de la Ciudad de Chihuahua, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a reforzar las condiciones de seguridad pública civil, ante los altos índices de criminalidad y violencia prevalecientes en todo el territorio nacional, suscrito por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara del Senado de la Republica, a realizar el nombramiento de las magistraturas vacantes en las Salas Regionales y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Cámara de Senadores para su atención.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de dicha entidad, a garantizar el debido proceso en el caso de feminicidio de María Fernanda Rejón Molina, suscrito por la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a cumplir con la sentencia dictada por la SCJN, para demostrar que la Guardia Nacional dejó de estar bajo el control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Defensa Nacional y devolverlo a la de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de la senadora Laura Iraís Ballesteros, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a informar el proceso de retirada y reubicación de la Planta Cervecera de la Empresa Constallation Brands del municipio de Mexicali, Baja California, suscrito por la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

56. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles gobierno, a dejar sin efectos y no otorgar permisos, autorizaciones o licencias a la empresa Niagara Bottling, para la construcción y operación de una planta embotelladora en el municipio de Mexicali, Baja California, suscrito por la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a informar los avances que tiene la educación de jóvenes de 15 años por lo que hace a los rubros: lectura, matemáticas y ciencias, así como de los retos que enfrentamos en estos aspectos, suscrito por la senadora María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

58. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a reparar y dar mantenimiento a la carretera federal número 129 Amozoc - Nautla en su tramo Teziutlán - El Mohón, en el municipio de Hueytamalco, Puebla, suscrito por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

59. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF de Oaxaca, a presentar denuncias ante la Fiscalía General de dicha entidad por las irregularidades encontradas en las 17 auditorías a obras adjudicadas en 2023, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

60. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos municipios de Oaxaca, a supervisar las construcciones de hoteles sobre la Playa de Puerto Escondido, con la finalidad de que no se vea afectado el oleaje y dar seguimiento ante la Semarnat el trámite de área protegida en la zona de Punta Colorada, suscrito por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de México y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, a destinar los recursos necesarios para la construcción del Laboratorio Mexiquense de la Pirotecnia en el municipio de Tultepec, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Baja California, a fin de dar solución a problemas derivados del suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexicali, a cargo del senador Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a las 32 entidades federativas, a revisar que las empresas y corporaciones cumplan con la legislación, normas y reglamentos en protección al ambiente, suscrito por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

64. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a fortalecer la protección, asesoría representación y acompañamiento de los migrantes mexicanos a través del Consulado de México en Texas, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.

65. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al fiscal de Michoacán de Ocampo, a determinar la realización de una investigación pronta y expedita con la intención de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables de los hechos acontecidos el pasado 21 de diciembre de 2023 en la comunidad Cuto del porvenir, en los que se atentó contra la vida del diputado federal Mauricio Prieto Gómez, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

66. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a la FGR y a las fiscalías de las entidades federativas, a realizar las acciones necesarias, encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las y los ciudadanos, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

67. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a celebrar una reunión de trabajo con representantes del sector productivo nacional, a fin de conocer y en su caso, establecer acciones de atención para dar solución a los productores agrícolas que adeudan crédito con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero, a cargo de la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

68. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diferentes instancias, a investigar y sancionar los probables hechos de corrupción y delitos electorales cometidos por servidores públicos durante la liquidación a trabajadores de Notimex, suscrito por la diputada Paulina Rubio Fernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

69. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a diversas autoridades federales y locales, a emitir y/o reforzar los protocolos para salvaguardar la seguridad e integridad física de quienes participan en el proceso electoral 2023-2024, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

70. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana, a remitir a esta soberanía, un informe de sus labores y resultados en el año 2023, a cargo de la senadora Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

71. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASEA, a Pemex y a la Semarnat, a intervenir para detener todas las actividades que se realizan y se clausuren, las instalaciones de la refinería de Cadereyta por ser un ente sumamente mortal para la población de Nuevo León, suscrito por la diputada Karina Marlén Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

72. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener, y al Gobierno de Nuevo León, a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, suscrito por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

73. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda la comparecencia de diversos titulares de la APF en materia de seguridad, ante la ola de violencia que se vive en el país y la intromisión del crimen organizado en la prestación de los servicios de internet y el control en la distribución de medicamentos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Primera Comisión de Trabajo.

74. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales en materia de producción y comercialización de maíz nacional, suscrito por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

75. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Segalmex y Liconsa, en materia de compra de leche en los altos de Jalisco por considerarlas zonas estratégicas de producción, suscrito por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Tercera Comisión de Trabajo.

76. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a que en coordinación con el gobierno de Guerrero y del municipio de Acapulco, ejecuten acciones focalizadas en la recuperación de la infraestructura física educativa afectada por el huracán Otis, a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Segunda Comisión de Trabajo.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY AGRARIA

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, suscrita por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Joanna Alejandra Felipe Torres, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Agraria, a fin de incorporar el principio de soberanía alimentaria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se encuentra el poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo:

“Tras décadas de una disminución constante, el número de personas que padecen hambre (medido por la prevalencia de desnutrición) comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8,9 por ciento de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años”.

Asimismo, se establece la necesidad de transformar el sistema agroalimentario, “si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2 mil millones de personas más que vivirán en el mundo en 2050.” La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), además, ha señalado que la gravedad de la actual crisis de hambre mundial es resultado de décadas de negligencia y pocas inversiones en el sector agropecuario.

Dentro de los indicadores para evaluar el cumplimiento de este objetivo, se encuentra el de “seguridad alimentaria”, distinto, como se verá, al de “soberanía alimentaria”, que se presenta “cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

En este sentido, “59.1 por ciento de los hogares mexicanos no tiene los recursos suficientes para obtener una alimentación suficiente en cantidad y calidad.” Tanto en el entorno urbano como rural, se presentan factores socioeconómicos e incluso de infraestructura que afectan la seguridad alimentaria:

“Actualmente, casi 80 por ciento de la población mexicana habita en zonas urbanas. En ese contexto, la inestabilidad y precariedad laboral, la vivienda irregular y la pobreza afectan a casi la mitad de los hogares, limitando su capacidad para obtener una alimentación suficiente, inocua y nutritiva. Esto hace evidente las inequidades socioeconómicas que prevalecen en el país. En zonas rurales, el consumo de alimentos de alto valor nutricional se ve afectado por la pobreza, las limitaciones en el acceso al agua para uso cotidiano y para consumo, y los escasos incentivos a la agricultura familiar y agroecológica.”

Dentro de las consecuencias de este fenómeno, se considera violentado el derecho a la alimentación, un derecho sin el cual no puede asegurarse la vida ni la dignidad humana, ni el disfrute de otros derechos. De hecho, alcanzar una mejor definición del derecho a la alimentación permitiría crear instrumentos concretos para mejorar su aplicación; por ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) adoptó en 1999 la Observación General número 12.

Este documento señala que el derecho a la alimentación adecuada debe interpretarse como un derecho dispuesto a atender tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; como el acceso a éstos de una forma sostenible.

El Comité estableció también que se viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), cuando un Estado no garantiza la satisfacción del nivel mínimo necesario para que sus ciudadanos estén protegidos contra el hambre, reconociendo, sin embargo, que se trata de un ámbito de participación conjunta: “si bien solamente los Estados son parte en el Pacto y son, por tanto, los responsables últimos del cumplimiento de este, todos los miembros de la sociedad son responsables de la realización del derecho a una alimentación adecuada”.

Se considera, así, con base en lo establecido por el Comité, que los Estados, de la mano de la sociedad, son responsables de que un país cuente con las condiciones mínimas para satisfacer sus necesidades de alimentación, garantizando a la población el acceso a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma. A estas condiciones se les denomina como “soberanía alimentaria.”

La soberanía alimentaria implica, además, el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción de alimentos, tanto a nivel local como nacional, de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente:

“Esto significa la posibilidad de acceder a alimentos producidos local y regionalmente a través de canales cortos de comercialización, construyendo puentes entre la gente y sus alimentos, y entre la gente y aquellos que producen sus alimentos. Quienes producen y consumen los alimentos deben estar en el centro de las políticas, y las economías locales y nacionales deben ser prioritarias”.

Es fundamental destacar que la soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares:

1. Se centra en alimentos para los pueblos:

a) Pone la necesidad de alimentación de las personas en el centro de las políticas.

b) Insiste en que la comida es algo más que una mercancía.

2. Pone en valor a los proveedores de alimentos:

a) Apoya modos de vida sostenibles.

b) Respeta el trabajo de todos los proveedores de alimentos.

3. Localiza los sistemas alimentarios:

a) Reduce la distancia entre proveedores y consumidores de alimentos.

b) Rechaza el dumping y la asistencia alimentaria inapropiada.

c) Resiste la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables.

4. Sitúa el control a nivel local:

a) Lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos.

b) Reconoce la necesidad de habitar y compartir territorios.

c) Rechaza la privatización de los recursos naturales.

5. Promueve el conocimiento y las habilidades:

a) Se basa en los conocimientos tradicionales.

b) Utiliza la investigación para apoyar y transmitir este conocimiento a generaciones futuras.

c) Rechaza las tecnologías que atentan contra los sistemas alimentarios locales.

6. Es compatible con la naturaleza:

a) Maximiza las contribuciones de los ecosistemas.

b) mejora la capacidad de recuperación.

c) Rechaza el uso intensivo de energías de monocultivo industrializado y demás métodos destructivos.

La diferencia entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, reside en la consideración respecto a las asimetrías de poder en la producción y comercialización de alimentos. El concepto de seguridad alimentaria “no prejuzga sobre la concentración de poder económico en los distintos eslabones de la cadena alimentaria ni en el comercio internacional de alimentos ni en la propiedad de medios de producción clave, como la tierra o, más contemporáneamente, el acceso a la información.”

Mientras tanto, el concepto de soberanía alimentaria parte justamente de constatar la asimetría del poder en los distintos mercados y espacios de poder involucrados, así como en los ámbitos de las negociaciones comerciales multilaterales. Apela, entonces, al papel equilibrador que puede jugar un Estado democrático, y concibe que los alimentos son más que mercancías. Incorpora, además, y como se ha visto, componentes culturales y factores identitarios, pues considera la pertinencia cultural de la producción y el consumo, el apoyo a pequeños productores y el trabajo colectivo de la tierra.

En otras palabras, a la seguridad alimentaria no interesa el origen ni las características de la producción y comercialización de alimentos, en particular, agropecuarios, mientras a la soberanía alimentaria, sí. Esta diferencia ha hecho, por ejemplo, que las grandes corporaciones productoras y comercializadoras de alimentos promuevan el concepto de “seguridad alimentaria” por sobre el de “soberanía alimentaria”, con el fin de justificar su expansión en el mercado y la solicitud de apoyos gubernamentales. Lo cierto es que la soberanía alimentaria implica siempre seguridad alimentaria, aunque ésta última no implique los beneficios de inclusión y desarrollo económico, social y cultural que implica la soberanía alimentaria:

Subrayar que el concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni alternativo al concepto de seguridad alimentaria. De sus dos componentes, uno se ubica más allá del concepto de seguridad alimentaria en el ámbito de las definiciones irrenunciables del estado moderno: es decir, más allá de su soberanía en general, específicamente para definir políticas alimentarias. En tanto, su otro componente, sobre las formas de producir priorizando la agricultura familiar, se coloca más acá del concepto de seguridad alimentaria, en el ámbito de las políticas públicas específicas.

En nuestro país, el esfuerzo principal en la materia se encuentra en el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, creado de la mano de la FAO, el cual busca “contribuir al desarrollo de capacidades de las personas y familias que se encuentran en comunidades de alta marginación, para que sean los principales actores en la apropiación de la problemática, la identificación de oportunidades y la búsqueda de soluciones para lograr su seguridad alimentaria y el incremento en el ingreso.” Como puede verse, este programa se limita a la seguridad alimentaria de las familias en comunidades de alta marginación, sin que se amplíe el concepto a la soberanía alimentaria.

En otros países de América Latina, el tema es abordado explícitamente a nivel legislativo, considerándose la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria:

Por todo lo anterior, se considera importante incorporar de manera explícita el principio de soberanía alimentaria dentro de la política nacional en materia agraria, mediante la Ley Agraria, en tanto ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho [...] de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana”

Así, se propone reformar el artículo 4 de la Ley Agraria, en términos del siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita , diputada federal integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, someto al pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley Agraria, a fin de incorporar el principio de soberanía alimentaria.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4, recorriendo el subsecuente, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Ley Agraria

Artículo 4. El Ejecutivo federal promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales con perspectiva de género, orientadas a elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional, en condiciones de igualdad y paridad.

El Estado promoverá, además, la soberanía alimentaria en el territorio nacional, entendida como las condiciones mínimas para satisfacer las necesidades de alimentación de la población, a través del acceso a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma, a través del fomento a la producción y comercialización local, regional y sostenible.

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

2 Ibid

3 Martínez, F.; Colino, J.; Gómez, M. Á. (2014). Pobreza y políticas de desarrollo rural en México. Estudios Sociales, XXII (43), pp. 11-33.

4 FAO. Cumbre Mundial de Alimentación. FAO, Roma. 1996.

5 Verónica Mundo Rosas, Norma Isela Vizuet Vega, et.al., “Seguridad alimentaria en hogares mexicanos”, Instituto Nacional de Salud Pública,

https://insp.mx/assets/documents/webinars/2021/CIEE_Seguridad_al imentaria.pdf

6 FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF. 2020. Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020. Seguridad alimentaria y nutricional para los territorios más rezagados. Santiago de Chile.

https://doi.org/10.4060/cb2242es

7 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Observación General número 12, 1999.

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Observación General número 12, 1999.

9 Víctor M. Quintana S., “Para recuperar nuestra soberanía alimentaria. Congreso Virtual Interinstitucional”, 2008.

10 https://www.tierra.org/soberania-alimentaria/

11 Food Secure Canada. 2012. The Six Pillars of Food Sovereignty, Developed at Nyéléni, 2007 (disponible en

http://usc-canada.org/UserFiles/File/SixPillars_Nyeleni.pdf).

12 Gustavo Gordillo, Obed Méndez, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Documento para discusión, FAO, 2013.

13 Ibid. p.vii.

14 Ibid. p.19.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2024.– Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«Iniciativa que reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Joanna Alejandra Felipe Torres, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se considere una obligación de transparencia común de los sujetos obligados, poner a disposición del público, de forma clara y accesible, las regulaciones que competen a las unidades económicas, incluyendo los enlaces a los trámites y servicios, y en caso de tener un costo, las ventanillas electrónicas de pago o el domicilio donde se realizan éstos, con la finalidad de garantizar el principio de máxima publicidad de dicha información, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas señala que el estado de derecho:

“Se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.”

Uno de los aspectos más relevantes que incluye esta concepción de estado de derecho, es la transparencia, entendiendo a ésta como la obligación que jurídicamente en México se ha establecido para que los actos de las autoridades sean públicos y motivados.

Esto se encuentra regulado y forma parte del derecho humano de acceso a la información, reconocido en el apartado A del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), donde se establecen los principios y bases sobre los que se rige, y en su fracción I hace referencia al principio de máxima publicidad de la información.

El apartado A del artículo 6o. se reglamenta en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), cuyo artículo 6 señala que el Estado debe garantizar:

“[...] el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.”

El acceso a la información pública es una prerrogativa de la ciudadanía consagrada como un bien público que debe ser garantizado por el Estado. La transparencia se ejerce respecto a la información que esté en poder de los sujetos obligados, siempre y cuando se garantice la protección de datos personales, o bien, entre otros aspectos, que no se vulnere la seguridad nacional.

La transparencia y el acceso a la información pública por parte de particulares, en relación con la rectoría del Estado respecto al desarrollo nacional establecida en el artículo 25 de la CPEUM, se considera de vital importancia, ya que bajo este marco se reconoce el mejoramiento de la comunicación entre el gobierno y los particulares, en especial, de las personas físicas o morales con actividades económicas.

En el artículo 6o. de la CPEUM, también se establece la facultad y atribución del Estado para llevar a cabo la “regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.”

La relación entre las regulaciones, la transparencia y el acceso a la información es una de las bases para mejorar la cultura de rendición de cuentas, pero también lo es para el crecimiento económico y la competitividad.

Las regulaciones son aquellas definidas en el artículo 3, fracción XV de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR):

“Regulación o Regulaciones: Cualquier normativa de carácter general cuya denominación puede ser Acuerdo, Circular, Código, Criterio, Decreto, Directiva, Disposición de carácter general, Disposición Técnica, Estatuto, Formato, Instructivo, Ley, Lineamiento, Manual, Metodología, Norma Oficial Mexicana, Regla, Reglamento, o cualquier otra denominación de naturaleza análoga que expida cualquier Sujeto Obligado.”

Entendiendo por sujetos obligados respecto a la definición anterior, a los señalados en la fracción XIX del mismo artículo 3 de la LGMR:

“Sujeto Obligado: La Administración Pública Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República y las procuradurías o fiscalías locales.”

De las regulaciones surgen los servicios y trámites, los que también están definidos en la LGMR, en las fracciones XVII y XXI del artículo 3, respectivamente. Los servicios se especifican como beneficio o actividad de los sujetos obligados para que sean brindados a particulares en cuanto éstos cumplan los requisitos aplicables; por su parte, los trámites se refieren a “cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado realicen ante la autoridad competente en el ámbito federal, de las entidades federativas, municipal o de la alcaldía, ya sea para cumplir una obligación o, en general, a fin de que se emita una resolución.”

Es decir, los trámites y los servicios están relacionados con las regulaciones y las obligaciones que surgen de éstos, ya que, mediante ellos, la administración pública entrega beneficios a personas físicas y morales del sector privado.

Dado que el Estado es el responsable de la rectoría económica del país, de acuerdo con el artículo 25 de la CPEUM, las regulaciones son impuestas por los diversos sujetos obligados a las empresas, las cuales, como integrantes del estado de derecho, deben cumplirlas.

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) señala que las regulaciones surgen de tres tipos de competencia del gobierno:

“La regulación económica. Son las disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer especificaciones técnicas y en general, restricciones que deben cumplir los ciudadanos y las empresas para participar en un mercado. Generalmente, este tipo de regulaciones se establecen en mercados relativamente concentrados o caracterizados por economías de redes.

La regulación social. Son las disposiciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud humana, animal y vegetal, así como establecer condiciones para el ejercicio de profesiones y para las condiciones de seguridad en los centros de trabajo.

La regulación administrativa. Es la que organiza el funcionamiento de la propia administración pública para proveer servicios y bienes públicos.

La regulación de tipo económico, entre otros aspectos, fija y establece la normativa que deben cumplir personas físicas y morales con participación en el mercado. El marco regulatorio es amplio y corresponde a las dependencias de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, así como a entidades públicas diversas, como los organismos constitucionales autónomos.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria emitida por la Conamer, en 2019 existían aproximadamente 113 mil 373 regulaciones de los tres niveles de gobierno.

De las regulaciones que, por lo general, atañen a unidades económicas, surgen las inspecciones o verificaciones, las cuales son realizadas por los sujetos obligados señalados por la LGMR para vigilar, controlar, comprobar supervisar o corroborar que las personas físicas o morales del sector privado están cumpliendo con uno o más aspectos de la regulación que les atañe según su actividad económica.

La Conamer, al 31 de octubre de 2022, tiene registros en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNRTS) “ [...] un total de 108,920 regulaciones publicadas en el Catálogo Nacional. De las cuales, 105,454 corresponden a la APF,

307 al Poder Legislativo Federal, 528 a Organismo Autónomo Federal, 1,228 regulaciones a la Administración Pública Estatal, 805 de la Administración Pública Municipal, 203 del Poder Judicial Estatal y 395 del Poder Legislativo Estatal.”

Por su parte, los trámites y servicios que la Conamer contempla en su Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS) al 30 de junio de 2023, solamente de la Administración Pública Federal (APF), es de un total de 5 mil 426, de éstos, un número importante pero no determinado, son susceptibles de ser solicitados por las empresas.

La Conamer señala que la inscripción y actualización del RTFS es de carácter permanente y obligatorio para los Sujetos Obligados de la APF.

El Inegi, en 2022, detectó que durante 2021 se solicitaron más de 381.72 millones de trámites y/o servicios a la APF, de los cuales, más de 376.65 millones se resolvieron favorablemente, mientras que un poco más de 5 millones se rechazaron.

Esta enorme cantidad de regulaciones, trámites y servicios requieren de un aparato burocrático eficiente y un equipamiento tecnológico por parte de la APF, sobre todo en la actualidad, cuando la mayoría de éstos se pueden realizar y pagar (cuando así se requiera) en línea.

Respecto a los trámites realizados por empresas, se estimó, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2020, que durante 2020 se realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno, representando un promedio de 20.1 trámites por unidad económica al año.

Si se compara con los más de 381.72 millones de trámites realizados reportados por el Inegi, se podría señalar que el 20.93 por ciento de los trámites y servicios del gobierno son requeridos por las empresas, representando ésta una cifra alta, ya que en el número total de trámites se incluyen trámites de tipo social, de salud, educativos, etccétera, que son requeridos por personas sin actividades de tipo económico.

La Encrige muestra también que durante 2020 el 39.8 por ciento de las empresas realizaron sus trámites a través de internet, mientras que un 23.5 por ciento fueron realizados en instalaciones de gobierno. Estas cifras revelan el cambio radical en la forma de realizar trámites, ya que, en 2016, en el mismo orden de porcentajes, fueron de 22.7 por ciento y 40.3 por ciento, respectivamente.

El portal del CNRTS, si bien representa un avance en el acceso de información consignado en la CPEUM, es confuso respecto a la organización de la información y su acceso a la misma, ya que puede presentar un cúmulo de información tal, que es imposible una consulta particular. Por ejemplo, si se buscan las regulaciones de la Secretaría de Economía, los resultados de búsqueda son iguales que si se busca la Secretaría de Gobernación, dando un total de 1 mil 125 páginas con 10 fichas por página.

Lo anterior, no está en concordancia con el principio de máxima publicidad, según el cual:

“[...] debe concebirse de dos maneras: primero, como la obligación del Estado de publicar el máximo de información posible y, segundo, como la facultad de todo individuo de publicar la información que éste desee sobre los actos de gobierno, mientras esta no se encuentre comprendida dentro del ámbito de excepciones del derecho a la información.”

La LGTAIP señala que los Organismos Garantes (OG) deben, entre otros, cumplir con el principio de máxima publicidad. El artículo 8, fracción VI señala que este principio hace referencia a que: “toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática”.

Los OG son “aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de acceso a la información y protección de datos personales en términos de los artículos 6o., 116, fracción VIII y 122, apartado C, base primera, Fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, de acuerdo con la fracción XVI del artículo 3 de la LGTAIP.

El OG, en materia de transparencia, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del cual depende la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde los sujetos obligados cumplirán lo dispuesto en la LGTAIP.

De acuerdo a la propia LGTAIP, en el artículo 70 se señala, respecto a los sujetos obligados, las obligaciones mínimas de transparencia comunes a todos:

“ Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas...”

En total, el artículo 70 señala 48 obligaciones comunes a todos los sujetos obligados. Entre ellas, se destaca la fracción XIX que obliga a poner a disposición la información de “los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos”; y la fracción XX, que señala la obligación de dar a conocer “los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.”

El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAIPPD) 2021, elaborado por el Inegi, encontró que de 7,954 sujetos obligados de todos los ámbitos, que reportaban información al INAI y a los OG, el 33.7 por ciento son municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y el 22.7 por ciento corresponden al Poder Ejecutivo tanto de la federación como de las entidades.

De los anteriores, en 2020 publicaron información respecto a los servicios que ofrecen y sus requisitos de acceso, un total de 5 mil 766; y de los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, un total de 5 mil 763. Estas cifras representan alrededor del 72.4 por ciento.

El principio de máxima publicidad es incumplido aproximadamente por 28 de 100 sujetos obligados, y aun con el Portal del CNRTS, administrado por la Conamer, este principio no se cumple a cabalidad, por la dificultad para encontrar la información, es decir, es poco accesible, lo que incumple con uno de los componentes del principio de máxima publicidad.

En particular, las empresas requieren de hacer efectivo el principio de máxima publicidad con relación a las regulaciones de las que son objeto, así como de los trámites y servicios que puedan serles útiles, respecto a las actividades económicas que llevan a cabo.

En la medida en que las unidades económicas o empresas puedan identificar de manera más clara las regulaciones a que están sujetas, además de los trámites y servicios que pueden llevar a cabo con las autoridades y órdenes de gobierno que tienen la facultad para instruir, verificar y evaluar el cumplimiento, o bien, que ofertan trámites y servicios, se verán beneficiadas en su operación y, al mismo tiempo, beneficiarán el crecimiento económico y la competitividad.

Por otra parte, al garantizar el principio de máxima publicidad en materia de regulaciones, trámites y servicios por parte de los sujetos obligados, el cumplimiento de las personas físicas y morales con actividades económicas, por ende, mejorará, y también representará menores costos en tiempo, recursos y hasta en asesorías para poder realizar trámites.

Por ello, la presente iniciativa propone aumentar las obligaciones comunes de transparencia de los sujetos obligados, en particular, las que se derivan de las relacionadas con las regulaciones que el sujeto obligado está facultado a requerir a las personas físicas y morales con actividades económicas; y, por otra parte, a establecer que la obligación de señalar los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, se especifique de manera clara, aquellos que forman parte del cumplimiento de una o más regulaciones por parte de las personas aquí señaladas.

Cabe señalar que las regulaciones a que se hace referencia, son distintas al marco normativo aplicable del sujeto obligado establecido en la fracción I del artículo 70 de la LGTAIP.

Lo anterior, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales en materia de calidad en los procesos regulatorios, mencionadas por la Conamer, entre las que se encuentra la transparencia en la regulación (Banco Mundial); y la OCDE menciona que, en la gobernanza regulatoria, se debe: “contar con los principios de gobierno abierto, utilizando como base la transparencia y participación en el proceso regulatorio para asegurar el interés público.”

Por su parte, el Índice de Competitividad Internacional (ICI), elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “[...] mide la capacidad de 43 economías del mundo para generar, atraer y retener talento e inversión. Un país competitivo es aquel que, más allá de las posibilidades con las que cuenta gracias a sus propios recursos y capacidades, resulta atractivo para el talento y la inversión exterior, y de esta forma está en condiciones de alcanzar una mayor productividad y generar bienestar para sus habitantes.”

El ICI mide en buena parte el crecimiento económico y la competitividad, de la cual, como ya se ha mencionado, el Estado tiene la rectoría. De los 43 países analizados a nivel general, México ocupa la posición 37, con una competitividad muy baja. En el indicador estado de derecho y en el indicador de percepción de la corrupción, se posicionó en el número 40, aunque tuvo un buen desempeño en la disponibilidad de información pública, posicionándose en el número 15; en el indicador de efectividad en el gobierno, en la posición 38; y en el desarrollo de gobierno electrónico, en el lugar 35; y en general, en el subíndice de Gobiernos eficientes y eficaces, se posicionó en el número 26.

Estos resultados exponen la urgencia y necesidad de mejorar en el tema de competitividad, y se considera que una de las vías para contribuir a ello, es relacionar la buena gobernanza con el marco regulatorio y el conocimiento de éste por parte de la sociedad, en este caso particular, de las personas físicas y morales con actividad económica, por lo que se requiere mejorar la transparencia en cuanto a éstas.

Por lo anteriormente expuesto, se propone la adición de una fracción XXI Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que se considere una obligación de transparencia común de los sujetos obligados, poner a disposición del público de manera clara y accesible, las regulaciones que competen a las unidades económicas, incluyendo los enlaces a los trámites y servicios, y en caso de tener un costo, las ventanillas electrónicas de pago o el domicilio donde se realizan éstos, con la finalidad de garantizar el principio de máxima publicidad de dicha información, tomando como base el siguiente cuadro comparativo:

Po lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita , diputada federal integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, someto al pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que se considere una obligación de transparencia común de los sujetos obligados, poner a disposición del público, de forma clara y accesible, las regulaciones que competen a las unidades económicas, incluyendo los enlaces a los trámites y servicios, y en caso de tener un costo, las ventanillas electrónicas de pago o el domicilio donde se realizan éstos, con la finalidad de garantizar el principio de máxima publicidad de dicha información

Artículo Único. Se adiciona una fracción XX Bis al artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 70. ...

I. a XX. ...

XX Bis. Las regulaciones en materia de unidades económicas, incluyendo tácitamente los servicios, trámites, requisitos y, en su caso, formas de pago;

XXI. a XLVIII. ...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas

1 ONU- 2004. Informe del Secretario General. El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos.

https://n9.cl/04oey

2 Conamer. (2020). Regulaciones, Trámites e Inspecciones.

https://n9.cl/oox5j

3 Conamer. (2019). Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Mejora regulatoria.

https://n9.cl/5q245

4 Op. Cit.

5 Conamer. (2022). Informe Anual de Desempeño 2021-2022.

https://n9.cl/hujfr

6 Conamer (2023) Datos Abiertos Stock de trámites en el RFTS al 30 de junio de 2023.

https://n9.cl/sweti

7 Inegi. (2022). Censo Nacional de Gobierno Federal 2022. Tabulados básicos. Trámites y servicios.

https://n9.cl/i988k

8 Inegi. (2020). Encrige 2020.

https://n9.cl/jxlps

9 Op. Cit.

10 Rosales-García, C.M. (2013). La regulación del derecho a la información pública en México.

https://n9.cl/5mhrn

11 Inegi. (2022). CNTAIPPD 2021. Presentación de Resultados Generales.

https://n9.cl/cyigt

12 Op. Cit.

13 Conamer. (2019). Ibid

14 IMCO. (2022). ICI. 2022.

https://n9.cl/3qt8u

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2024.– Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

En el artículo 65 de la Constitución federal se establece que el Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la república inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Primero “Del Congreso General”, dispone la manera en que deben ser las sesiones de Congreso General.

Por otro lado, en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, el artículo 38 dispone que el canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno Nacional se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.

Sobre la letra y música del Himno Nacional, los artículos 57 y 58 establecen la letra y música, respectivamente:

“ Artículo 57. La letra oficial del Himno Nacional es la siguiente:

Coro

Mexicanos, al grito de guerra

El acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra

Al sonoro rugir del cañón.

I

Ciña ¡oh patria! tus sienes de oliva

De la paz el arcángel divino,

Que en el cielo tu eterno destino

Por el dedo de Dios se escribió.

Más si osare un extraño enemigo

Profanar con su planta tu suelo,

Piensa ¡oh patria querida! que el cielo

Un soldado en cada hijo te dio.

Coro

II

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente

De la patria manchar los blasones!

¡Guerra, guerra! Los patrios pendones

En las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! En el monte, en el valle

Los cañones horrísonos truenen,

Y los ecos sonoros resuenen

Con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

Coro

III

Antes, patria, que inermes tus hijos

Bajo el yugo su cuello dobleguen,

Tus campiñas con sangre se rieguen,

Sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres

Se derrumben con hórrido estruendo,

Y sus ruinas existan diciendo:

De mil héroes la patria aquí fue.

Coro

IV

¡Patria! ¡patria! Tus hijos te juran

Exhalar en tus aras su aliento,

Si el clarín con su bélico acento

Los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva!

¡Un recuerdo para ellos de gloria!

¡Un laurel para ti de victoria!

¡Un sepulcro para ellos de honor!

Coro

Mexicanos, al grito de guerra

El acero aprestad y el bridón,

Y retiemble en sus centros la tierra

Al sonoro rugir del cañón.”

La música oficial del Himno Nacional es la siguiente:

El caso es que, por razones de tiempo, en muchas instancias se canta una versión abreviada del mismo. El artículo 42 de la multicitada Ley, señala que el Himno Nacional se puede ejecutar total o parcialmente, en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo, y para rendir honores a la Bandera, en la cual, se ejecuta la música del coro, de la primera estrofa y se terminará con la repetición de la del coro.

Sin embargo, en un acto oficial de la envergadura del inicio de un periodo de sesiones del Congreso de la Unión, donde se encuentra reunido el Congreso General, que es la representación de la Nación y de las entidades federativas, dada su solemnidad y lo que significa, consideramos importante se interprete el Himno Nacional de manera íntegra.

Por ello, proponemos señalar en nuestra Ley Orgánica, que, en la sesión conjunta para inaugurar los periodos de sesiones ordinarias, el Congreso deba entonar el Himno Nacional de manera total o íntegra.

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con los párrafos que se proponen adicionar:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la entonación del Himno Nacional en la apertura de cada periodo de sesiones ordinarias

Artículo Único. Se adiciona un numeral 3 al artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.

1. ...

2. ...

3. En la sesión conjunta a la que se hace referencia en el numeral 1 del presente artículo, se deberá ejecutar el Himno Nacional de forma total e íntegra, en los términos señalados en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 17 de enero de 2024.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Reyna Celeste Ascencio Ortega, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55. fracción II. y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a fin de incluir a las personas LGBTIQ+ como grupo prioritario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de este proyecto legislativo es adecuar la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a fin de incluir a las personas LGBTIQ+ respecto de los grupos a quienes prioritariamente se deben dirigir las acciones afirmativas.

En efecto, el 8 de diciembre de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en el artículo 15 Octavus respecto de los grupos a quienes prioritariamente se deben dirigir las acciones afirmativas, sin embargo, no se incluyó a las personas de la diversidad sexual.

Hágase un poco de historia: el artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación se adicionó mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2014, para quedar como sigue:

Artículo 15 Octavus. Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

En la precitada reforma del 8 de diciembre de 2023 se incluyó a las personas jóvenes como grupo de atención prioritaria de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 15 Octavus. ...

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Énfasis añadido

Como legisladora federal y representante popular es mi deber proponer que se actualice la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, a fin de que se incluya a las personas de la diversidad sexual como grupo de atención prioritaria.

Se trata de un acto de justicia y protección a un grupo vulnerable e históricamente discriminado, no existe justificación para que no se le considere un grupo de atención prioritario en la Ley especializada contra la discriminación.

En ese tenor, y conforme a un principio de progresividad (mejorar la situación actual de las personas), se propone adicionar en el segundo párrafo del artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación a fin de incluir a las personas LGBTIQ+.

Resulta inentendible porque no se incluyó a las personas de la diversidad sexual, cuando desde el Poder Legislativo Federal debemos enfocarnos en construir sociedades más tolerantes e incluyentes, particularmente con las personas que se adscriben a la comunidad LGBTIQ-+, se trata de una construcción que poco a poco promueva la tolerancia y la no discriminación; en el entendido que tolerancia y pluralidad son dos valores que permiten mantener la paz y reconocer diferencias, pero sobre todo que permiten un desarrollo social autentico, dejando de lado los conflictos y sumando las diferencias.

Como legisladoras y legisladores debemos dar condiciones para que las personas de la diversidad sexual crezcan y se desarrollen en espacios libres de violencia y discriminación.

Precisamente, la cuarta transformación busca una construcción colectiva y social de inclusión, donde la “diversidad de ideas, posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones e idiomas, ocupaciones y oficios, edades e identidades y preferencias sexuales que confluye en la población actual de México. Y no excluirá a nadie porque será precisamente una respuesta positiva y constructiva a las décadas de exclusión”.

Con motivo de lo anterior se formula la presente iniciativa, que se expone en el siguiente cuadro comparativo:

En mérito de lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma al artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 15 Octavus de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 15 Octavus. ...

Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas de la diversidad sexual.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5710865&fecha=08/12/2023#gsc .tab=0

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337623&fecha=20/03/2014#gsc .tab=0

3 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha =12/07/2019#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Diversidad, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 310 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente

Exposición de Motivos

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que es el acuerdo global más ambicioso de la historia por el bienestar de todas las personas. Su aprobación en el año 2015 por 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos nuestro país, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la conforman, dicha agenda señala que para el año 2030, la salud será reconocida como una condición indispensable para el bienestar de las personas y uno de los componentes fundamentales del capital humano del país. Con ese fin, México contará con un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal, eficiente, inclusivo, accesible y sostenible, cuya normatividad estará diseñada con base en un enfoque de derechos humanos y de ciclo de vida; así como con pertinencia cultural. Dicho Sistema atenderá las particularidades sociales, culturales, económicas, demográficas y regionales de la población, asegurando el goce más pleno posible de bienestar físico, mental y social de todas y todos los mexicanos.

En ese tenor, señala que se habrán consolidado las condiciones institucionales, financieras y materiales que garanticen cinco resultados de valor: salud física y mental en la población, acceso efectivo, organizaciones confiables y seguras, satisfacción del usuario al transitar por el sistema de salud, y costos razonables para el SNS, así como accesibles para toda la población. Para 2030, los tres niveles de gobierno y todos los actores sociales relevantes, públicos y privados, participarán de manera activa, comprometida y coordinada en el cuidado de la salud, impulsando hábitos de vida saludables y una cultura de la prevención, lo cual incluye la promoción de una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, libre de falsas creencias, y libre también de coerción, discriminación y violencia para toda la ciudadanía, independientemente de su condición y orientación sexual. Asimismo, el Sistema Nacional de Salud reconocerá y habrá incorporado debidamente los conocimientos y prácticas de la medicina tradicional mexicana, incluyendo la partería. Se trabajará en reducir el número de embarazos en adolescentes con absoluto respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Las políticas de prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles operarán eficientemente y de manera coordinada.

En esta sintonía, de acuerdo con la Ley de Planeación, esta propuesta debe estar alineada con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, y éste con la Agenda 2030.

Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual cuenta con metas específicas, que constituyen una agenda integral y multisectorial, los cuales se rigen por tres principios fundamentales:

1. No dejar a nadie atrás. Los objetivos y metas son relevantes para todas las personas, especialmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad y exclusión.

2. Una agenda universal, pero de apropiación nacional. La agenda identifica los retos que tienen en común todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, pero también permite traducir los objetivos, metas e indicadores globalmente definidos a los contextos nacionales y definir acciones para guiar sus propios procesos hacia el cumplimiento de los ODS2.

3. Una agenda integral. La agenda integra de manera permanente las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental.

En particular, para el tema que nos atañe, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, y las metas específicas”:

“3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos.

Énfasis añadido

En lo que se refiere a la Salud y el Bienestar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la industria farmacéutica juega un papel preponderante, ya que la actividad del sector farmacéutico ha hecho posible progresos en el abordaje de enfermedades graves y prevalentes, logrando en algunos casos la curación, como ha ocurrido con la hepatitis C, y en otros muchos, el control de los síntomas y la conversión de patologías que eran mortales y que coadyuvan en dolencias crónicas cuyos pacientes tienen una mayor esperanza de vida.

En cuanto a la meta de lograr la cobertura sanitaria universal para 2030, y en particular el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos, señalados en la meta 3.8, la industria farmacéutica ha estado firmemente comprometida y nosotros como legisladores no debemos ser ajenos a estos esfuerzos y debemos de contribuir con dotar de certeza jurídica a las acciones encaminadas a proteger a la población, logrando así un progreso continuado en términos de salud que mejore el bienestar de todos.

El Programa Sectorial de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2020 derivado del plan nacional de desarrollo, señala la relevancia del objetivo prioritario 1, señala que se deben Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y, el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

En el programa sectorial, en lo particular al tema que se encuentra bajo análisis, se precisa que un componente de suma importancia es la estrategia prioritaria 1.6, misma que señala que se deben “fortalecer los mecanismos relacionados con la producción, precios y abasto oportuno de medicamentos, materiales de curación e insumos para la salud en beneficio de toda la población, especialmente de grupos históricamente discriminados y población en condición de vulnerabilidad”.

Acción puntual

1.6.1. Homologar y unificar los cuadros de medicamentos e insumos considerando el modelo de atención APS-I y criterios de necesidad, eficiencia, efectividad, seguridad y calidad farmacéutica para procurar su uso racional.

1.6.2. Implementar una política farmacéutica que garantice la integración de los cuadros de medicamentos e insumos considerando los distintos niveles de atención para propiciar la disposición oportuna y reducir la perdida de medicamentos no utilizados o caducados.

1.6.3. Fomentar la realización de compras consolidadas a efecto de obtener mejores condiciones económicas por el volumen de las compras.

1.6.4. Sistematizar el monitoreo y control del ciclo de abasto de medicamentos e insumos para asegurar su disponibilidad en todo el sistema público de salud.

1.6.5. Fortalecer los mecanismos para el manejo trasparente efectivo y eficaz de los recursos para abatir la corrupción.

1.6.6. Promover las alianzas con el sector privado, la investigación y el desarrollo de tratamientos innovadores, para fortalecer la producción nacional de medicamentos, bajo una perspectiva bioética.

1.6.7. Analizar y someter a pruebas de seguridad, eficiencia y costo-beneficio los nuevos medicamentos respecto a su posible beneficio sobre los ya existentes en el mercado, para determinar su inclusión en los cuadros institucionales.

1.6.8. Implementar en coordinación con la Secretaría de Económica una estrategia para incentivar la producción y distribución de medicamentos y vacunas.

1.6.9. Implementar mecanismos de coordinación, articulación y validación de las instancias investigadoras sobre nuevos medicamentos que potencie el beneficio de los logros, evite duplicidad de esfuerzos y elimine conflictos de intereses.

Ahora bien, en suma a lo señalado y en particular a la problemática que como legislador considero necesario se debe atender, actualmente el artículo 310 de la Ley General de Salud en su párrafo cuarto señala:

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

Tal referencia a “medicamentos de libre venta” es imprecisa y genera problemáticas, ya que si bien hay criterios para definir un medicamento que se puede adquirir sin receta, para definir un medicamento como de “libre venta”, el medicamento debe cubrir ciertos requisitos, inicialmente el medicamento debió de haber demostrado eficacia y seguridad para ser usado en el alivio de enfermedades leves y de corta duración y principalmente haber obtenido su respectivo registro sanitario de acuerdo con el artículo 222 de la Ley General de Salud.

En el país hay 6 clasificaciones de cómo se vende o dispensa un medicamento. En el artículo 226 de la Ley General de Salud, los medicamentos de las fracciones V y VI son los que para su venta y suministro al público son de libre acceso, en contraste, para las primeras fracciones I a IV es necesario presentar una receta médica. La fracción V considera los medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en farmacias.

En el caso de los medicamentos en fracción VI se podrán adquirir sin receta médica y pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias, de ahí que el consejo o recomendación médica se centra en el etiquetado (marbete) del producto o en su instructivo. La misma Ley señala que no podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes.

La práctica del autocuidado es impulsada tanto por la OMS y los gobiernos como una manera de promover estilos de vida más saludables. Con todo, existe una vinculación clara entre el autocuidado, la automedicación y la autoprescripción. Por ejemplo, cuando el autocuidado resulta insuficiente, el consumidor suele recurrir a la automedicación para hacer frente a algún malestar o dolencia. Si la automedicación no reporta los resultados esperados, entonces se opta, en muchos casos, por la autoprescripción.

El autocuidado se refiere a las acciones que las personas realizan por sí mismas para proteger, mantener o mejorar su salud y bienestar. La OMS define al “autocuidado como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un profesional de la salud”.

Por lo que se refiere a la publicidad, actualmente se publicitan como medicamentos diversos productos a los que además se les atribuyen propiedades terapéuticas o de rehabilitación e incluso se ofrecen como solución definitiva para determinados padecimientos sin contar con la calidad de medicamentos de conformidad con la legislación vigente. Este tipo de publicidad cuenta con un formato que genera confusión en el público consumidor y con promociones que tienden a provocar la compra impulsiva del producto. Se trata de un problema de salud pública que requiere atención inmediata y el apoyo y comprensión de todos los involucrados.

Parte del problema es que se publicitan medicamentos de dudosa calidad, se calcula que menos de la mitad de sus medicamentos carece de las pruebas de intercambiabilidad y bioequivalencia que respalden su calidad y eficacia. Estas empresas, por lo general, no producen ni fabrican medicamentos, solamente revenden productos de otros laboratorios, que ya existen en las farmacias. Lo único que hacen es empaquetar de manera distinta los productos farmacéuticos y por el costo de las campañas de televisión, evidentemente los productos son hasta 35 por ciento más caros de lo que se puede encontrar el mismo medicamento en otras farmacias.

El problema es complejo. Sin embargo, es importante complementar la educación en materia de salud entre la población; la promoción de estilos de vida sanos y del autocuidado y automonitoreo, con la garantía de que los medicamentos que a través de la publicidad llegan al conocimiento de los ciudadanos son medicamentos que cuentan con su debido registro sanitario vigente. Por ello es muy importante mejorar la legislación que regula a los medicamentos y a la publicidad que los oferta.

A fin de atender la problemática planteada, se presenta la siguiente iniciativa, que reforma el artículo 310 de la Ley General de Salud, como se muestra a continuación:

Con base en lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el párrafo cuarto del artículo 310 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 310 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 310. ...

I. ...

II. ...

...

...

La publicidad dirigida a la población en general sólo se efectuará sobre medicamentos con registro sanitario vigente y remedios herbolarios, y deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así como otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 a 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia educativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dispone en el artículo 26:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

La Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho a la educación en niñas, niños y adolescentes:

Artículo 28

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente convención.

3. Los Estados parte fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

La convención en comento establece los derechos de niñas, niños ya adolescentes que requieran educación especial:

Artículo 23

3. En atención de las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

II. El 13 de diciembre de 2018, el Ejecutivo federal presentó la iniciativa que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante el proceso legislativo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo importantes propuestas con la finalidad de fortalecer las atribuciones del Estado, federación, estados, Ciudad de México y municipios, en materia educativa, para que se elevará a rango constitucional lo siguiente:

1. Se impartirá y garantizará la educación inicial y superior; y, le corresponderá la rectoría de la educación, que, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

2. Se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

3. Tenderá a el respeto a todos los derechos, las libertades, la dignidad de las personas y la cultura de la paz.

4. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5. Priorizará el interés superior de la niñez, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

6. La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación.

7. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función magisterial, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Lo cual no afectará la permanencia en el servicio.

8. Fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial, a las escuelas normales.

9. Garantizará que los materiales de los planteles educativos, didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno contribuyan a los fines de la educación.

10. Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza.

11. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

12. Apoyará a la investigación humanística y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes.

13. Alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura.

III. Derivado de la reforma constitucional, es que se aprobaron las leyes federales educativas que contemplan las siguientes cuestiones:

a) Ley General de Educación:

1. Priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la participación de educandos, familias y docentes;

2. Concebir a la educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la nación;

3. Consolidar el derecho a acceder a la educación desde la inicial hasta la superior;

4. Determinar que la educación deberá impartirse con respeto a la dignidad humana, igualdad sustantiva, diversidad cultural y lingüística, promoviendo la cultura de la paz y convivencia democrática;

5. Garantizar la educación indígena, para las personas mayores, y para niñas y niños repatriados o desplazados;

6. Obligar a las madres y a los padres de familia a participar en el proceso educativo;

7. Facultar a las autoridades educativas de las entidades federativas a regular los criterios en materia de infraestructura, supervisión, transparencia y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de escuelas;

8. Crear el Comité Escolar de Administración Participativa y el Consejo de Infraestructura Educativa;

9. Generar la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que regulará los procesos y labores en los planteles educativos;

10. Especificar que el presupuesto para educación no podrá ser menor de 8 por ciento del producto interno bruto, destinando 1 por ciento a investigación científica y desarrollo tecnológico;

11. Puntualizar obligaciones de los particulares que imparten educación, así como los mecanismos administrativos que utilizarán las instituciones educativas del Estado para verificar su buen funcionamiento;

12. Detallar los actores, instituciones y procesos que compondrán al Sistema Educativo Nacional;

13. Fortalecer a las instituciones públicas de formación docente; y

14. Consolidar la figura de Consejo de Participación Social.

b) Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros:

1. Indicar que el Sistema será un instrumento del Estado para que el personal acceda a una carrera justa y equitativa;

2. Señalar que serán sujetos de la presente ley los docentes, técnicos docentes, los asesores técnico-pedagógicos y el personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado;

3. Enumerar los objetivos, principios y ámbitos de competencia del sistema;

4. Puntualizar las atribuciones de las autoridades educativas, organismos descentralizados y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

5. Resaltar que en los procesos de selección en los que participe el personal que forme parte del Sistema se utilizarán los criterios e indicadores que establezca la Secretaría de Educación Pública, los cuales serán obligatorios;

6. Facultar a la Secretaría de Educación Pública para revisar periódicamente los perfiles, criterios e indicadores aplicables a los procesos de selección y de la evaluación diagnóstica con la finalidad de actualizar su contenido;

7. Crear la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros como órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gasto, adscrita a la Secretaría de Educación Pública;

8. Detallar el procedimiento para la admisión y promoción de cargos en educación básica y media superior;

9. Otorgar estímulos, reconocimientos y becas a las maestras y los maestros;

10. Instaurar la función de asesoría técnica pedagógica, técnica y tutorías; y

11. Mencionar que las estructuras ocupacionales deberán revisarse y, en su caso, ajustarse por lo menos una vez al año, así como estar permanentemente actualizadas en el Sistema de Información y Gestión Educativa.

c) Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación:

1. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será un conjunto estructurado y coordinado de actores, instituciones y procesos que contribuyan a la mejora continua de la educación para cumplir los principios, fines y criterios en la materia;

2. Garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;

3. Referir los principios rectores del sistema;

4. Señalar que éste contará con un comité consultivo y deliberativo formado por integrantes del Sistema Educativo Nacional;

5. Constituir la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Comisión), la cual será un organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que además coordinará el sistema;

6. Determinar las atribuciones, la formación y el patrimonio de dicha comisión;

7. Indicar que la evaluación del sistema será integral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria;

8. Establecer que ésta contará con un consejo técnico de educación, que será un órgano colegiado multidisciplinario cuyo propósito será asesorar a la Junta en aspectos técnicos y metodológicos en materia de mejora continua de la educación;

9. Instituir el consejo ciudadano como un órgano colegiado honorífico de consulta de la comisión constituido según el principio de máxima inclusión y el cual facilitará la participación activa y armónica de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado en dicha mejora;

10. Regular las disposiciones referentes a la transparencia, a la rendición de cuentas y de vigilancia del Órgano Interno de Control, y del régimen laboral de la Comisión;

11. Indicar que los recursos humanos, materiales y financieros adscritos al extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa pasarán a formar parte de la comisión; y

12. Establecer que la comisión permanecerá en el ramo 42 del decreto Presupuesto de Egresos de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2019 y a partir del 1 de enero de 2020 se incluirá en la relación de entidades paraestatales de la administración pública paraestatal como descentralizado no sectorizado.

d) Ley General de Educación Superior:

1. La ley es reglamentaria del artículo 3o constitucional, en materia de educación superior; y, su aplicación corresponde a las autoridades educativas de la Federación, las entidades federativas y los municipios;

2. Que tiene por objeto establecer las bases para cumplir la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; contribuir con la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora, con un alto compromiso social; distribuir la función social educativa del tipo educación superior entre los tres órdenes de gobierno; orientar los criterios para el desarrollo de políticas públicas con visión de Estado; establecer criterios para el financiamiento; y, regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior;

3. Puntualizar que el tipo educativo superior es el que se imparte después del medio superior y está compuesto por los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado u otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado;

4. La creación del Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; y

5. Formar el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, definido por el conjunto orgánico y articulado de autoridades, instituciones y organizaciones educativas e instancias para la evaluación y acreditación, así como de mecanismos, instrumentos de evaluación del tipo de educación superior.

e) Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación:

1. Indicar que el Estado garantizará un entorno favorable para la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación;

2. Referir que la política pública deberá salvaguardar el desarrollo de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las áreas estratégicas y prioritarias del Estado mexicano;

3. Determinar que el Estado garantizará la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación a través de los siguientes componentes de la política pública: a) el marco constitucional y normativo; b) la agenda nacional y la planeación estratégica y participativa; c) los ejes programáticos y de articulación; d) los recursos que anualmente aprueben la Cámara de Diputados y los congresos locales en los presupuestos de egresos correspondientes, y otros instrumentos de financiamiento; e) el Sistema Nacional; f) los órganos del Estado mexicano y las autoridades en la materia; g) los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo; y h) el Sistema Nacional de Información;

4. Señalar que el gobierno Federal formulará y publicará el Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación;

5. Resaltar que el Estado apoyará la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, además de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ellos, para lo cual proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio constitucional de progresividad y no agresión;

6. Estipular que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías será un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozará de autonomía técnica y de gestión, el cual tendrá por objeto formular y conducir la política nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación;

7. Recalcar que la Secretaría de Energía se coordinará con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías para definir y dar seguimiento a los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación enfocados a temas de exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, así como a la producción de petroquímicos;

8. Detallar la integración del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación;

9. Mencionar que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones proveerán su disponibilidad presupuestaria los recursos y estímulos suficientes para la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como para garantizar el acceso abierto a la información que derive de tales actividades;

10. Considerar que los derechos de autor y propiedad industrial sobre las obras e invenciones derivados de procesos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación financiados con recursos públicos a través del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías deberán redundar y reservarse para el bienestar del pueblo de México;

11. Precisar que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías: i) deberá implementar un Sistema Nacional de Posgrados con el objeto de organizar los programas acreditados por la Secretaría de Educación Pública, a partir de la naturaleza pública o privada de la institución en que se impartan; ii) premiará públicamente el mérito de personas humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras que cuenten con una destacada trayectoria docente, académica profesional, y cuyas aportaciones al desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación hayan redundado de forma excepcional el bienestar del pueblo de México; iii) implementará programas nacionales estratégicos orientados a diagnosticar, prospectar y proponer a las autoridades competentes acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas que requieran de una atención articulada y soluciones integrales, profundas y amplias; y iv) diseñará e impulsará una estrategia nacional de acceso a la información en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación con el fin de garantizar su disponibilidad para la comunidad y el pueblo de México;

12. Establecer el que Sistema Nacional de Información que establezca el Consejo deberá ser accesible al público en general, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y de la legislación aplicable;

13. Apuntar que el gobierno federal promoverá facilidades administrativas relacionadas con la adquisición de insumos, maquinaria y equipo que lleven a cabo las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público, siempre que la adquisición sea a empresas nacionales y con propósitos de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico o innovación;

14. Crear el Sistema Nacional de Centros Públicos como una herramienta de los recursos, infraestructuras y redes de los centros públicos, con el objetivo de contribuir con sus capacidades al diseño, ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con áreas estratégicas o prioritarias;

15. Instaurar que los centros públicos serán instituciones fundamentales para alcanzar y consolidad la independencia científica y tecnológica del país, por lo que brindarán al Estado mexicano solvencia humanística, científica, tecnológica y de innovación indispensable para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales relacionadas con la Agenda Nacional;

16. Agregar que respecto al Programa Sectorial en materia de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías realizará la elaboración y presentación de la propuesta;

17. Asentar que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías se regirá por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia; y

18. Añadir que los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente y por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en la materia de competencia.

IV. Si bien los cambios en materia educativa son importantes, también lo es la necesidad de armonizar la legislación federal nacional acorde con las nuevas leyes de educación con las facultades y atribuciones de la Secretaría de Educación Pública establecidas expresamente en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que la propuesta de la presente iniciativa es la siguiente:

V. Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Único. Se reforman las fracciones I y los incisos a), c) y e), II, III, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, y se adiciona la fracción X Bis del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 38. ...

I. Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas , con autorización o reconocimiento;

a) La enseñanza inicial, preescolar, primaria, secundaria , indígena, rural, especial, multigrado, normal, zonas de alta y muy alta marginación;

b)...

c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la educación que se imparta a los adultos, la educación física y la educación tecnológica;

d) ...

e) La educación superior.

f) ...

II. Organizar y desarrollar la educación artística, musical y cultural en coordinación con la Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares;

III. Establecer, a través del Sistema Educativo Nacional un sistema destinado a obtener, sistematizar, procesar, automatizar, analizar, estudiar, difundir y poner al alcance de la sociedad, información sobre la operación, cobertura, equidad, excelencia y demás atributos y condiciones estructurales de la educación nacional;

IV. ...

V. Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones relacionadas con la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, técnica y normal, media superior y superior establecidas en la Constitución y prescribir las normas a que debe ajustarse la incorporación de las escuelas particulares al sistema educativo nacional;

VI. a VII. ...

VIII. Con la participación del organismo descentralizado en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, promover la creación de institutos de investigación humanitaria, científica y técnica e innovación y el establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros tecnológicos que requiera el desarrollo de la educación inicial, primaria, secundaria, normal, técnica , media y superior; así como apoyar la investigación humanitaria, científica, tecnológica e innovación;

IX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias y concursos de carácter humanitario, científico, técnico, innovación y educativo;

X. Fomentar la lectura en todo el país, especialmente entre la niñez , adolescencia y la juventud, así como crear repositorios en bibliotecas, tanto físicas como digitales, dirigidos a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la memoria histórica y cultural nacional, regional, local y comunitaria;

X. Bis. Normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión.

XI. Mantener al corriente el escalafón del magisterio y el seguro de la maestra y el maestro, y crear un sistema de compensaciones y estímulos para el profesorado; atendiendo a las directrices que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el sistema general de administración y desarrollo de personal;

XII. Garantizar la formación, capacitación y actualización continuas del magisterio del país, así como del técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión escolar, con el fin de contribuir a su profesionalización y al desarrollo de competencias docentes, incluidas las referidas al aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación;

XIII. Otorgar becas para que las y los estudiantes de nacionalidad mexicana puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios en el extranjero;

XIV. a XVI. ...

XVII. Participar en la coordinación de los programas en que la educación sea uno de sus componentes, particularmente los de desarrollo en la primera infancia a través de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia;

XVIII. Intervenir, en los términos que defina la ley, en programas institucionales, regionales, sectoriales y especiales de inclusión social que tengan un componente educativo, dirigidos a la población que vive en situación de zonas de alta y muy alta marginación;

XIX. Coordinar con los organismos sectorizados la elaboración de los programas nacionales de educación y deporte;

XX. a XXIII....

XXIV. Cooperar en las tareas que desempeñe la Confederación Deportiva Mexicana y mantener la Escuela de Educación Física;

XXV....

XXVI. Impulsar la formación permanente del magisterio a través de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

XXVII. a XXVIII....

XXIX. Establecer los criterios educativos en la producción cinematográfica, de radio y televisión, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la industria editorial;

XXX. Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centros de estudio, programas de recreación y de atención a los problemas de las y los jóvenes, así como crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza especial para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran;

XXX Bis. a XXXIV....

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Poder Ejecutivo Federal, “Que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en

http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=&Clave=3795393

2 Cámara de Diputados, “Con proyecto de decreto que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.ph p?SID=e38142f794ed66d9e21fa05592d51589&Seguimiento=3911299&HistoriaLeg= 1&Asunto=3912942

3 Cámara de Diputados, “Con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.ph p?SID=e38142f794ed66d9e21fa05592d51589&Seguimiento=3911320&HistoriaLeg= 1&Asunto=3915591

4 Cámara de Diputados, “Con proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? Clave=3916161

5 Cámara de Diputados, Ley General de Educación Superior, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=e38142f794ed66d9e21fa05592d51589&Clave=4067606

6 Poder Ejecutivo federal, “Que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación; y, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, en

http://www.sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos. php?SID=&Clave=4472829

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, LEY DE MIGRACIÓN, Y LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; de Migración; y General en Materia de Delitos Electorales, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Manuel Alejandro Robles Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma las Leyes General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; de Migración; y General en materia de Delitos Electorales, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las acciones más deleznables que puede realizar una persona es aprovecharse y obtener ventaja de la situación social, política, legal o de cualquier otra índole en la que se encuentre otro ser humano. El caso del cierre de campaña de Santiago Taboada realizado el miércoles 3 de enero de 2024 en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el que se presentaron al menos, una docena de, presumiblemente, migrantes ataviados con playeras del Partido Acción Nacional, así como portando banderas de ese partido, pinta de cuerpo entero a una pléyade de partidos de derecha, que además de estar en contra de los intereses del pueblo (lo han demostrado en varias ocasiones al votar en contra de iniciativas que mejorarían las condiciones de vida de las mayorías) son además, clasistas, discriminadores y racistas.

El cierre de campaña de Santiago Taboada fue reportado por varios medios de comunicación, como El País, que lo reporteó de la siguiente manera:

Una decena de migrantes haitianos acudió este miércoles a apoyar a Santiago Taboada, candidato del Frente Amplio por México para la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, a su acto de cierre de precampaña en el Parque del Mestizaje, en Gustavo A. Madero. Los migrantes, que ondeaban banderas y portaban camisetas con los escudos del Partido Acción Nacional (PAN), fueron interrogados por uno de los asistentes al mitin, quien los grabó y colgó el video en redes sociales. “¿Ustedes de dónde son?”, pregunta el hombre a los caribeños, quienes se limitan a mirarse entre sí sin dar respuesta a su interlocutor (El País, 2024).

Ciertos operadores se encargan de “acarrear” migrantes a mítines del Partido Acción Nacional, probablemente se encuentre Francisco Ruiz Romo y existe también la posibilidad que haya más operadores del PAN ejecutando este tipo de acciones, consistentes en llevar a migrantes a mítines del Partido Acción Nacional.

Francisco Ruiz Romo es actualmente el coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana en Álvaro Obregón, como se visualiza en la página de dicha alcaldía (alcaldía Álvaro Obregón, sin fecha).

Reportajes periodísticos señalan que es militante del Partido Acción Nacional (PAN) y en el Registro Nacional de Militantes del partido blanquiazul “se encuentra dado de alta desde el 14 de junio de 2005 en la alcaldía Gustavo A. Madero, demarcación de la que fue presidente del partido hasta 2020” (SPR, 2024).

A raíz de los hechos aquí narrados, es factible deducir y existe la posibilidad de que haya en el PAN una red dedicada al tráfico de personas y explotación laboral, que podría estar siendo operada por prominentes miembros de ese partido, como Santiago Taboada y Francisco Ruiz Romo.

Hay evidencia concreta de que, a todas luces, personas en situación de vulnerabilidad por su estatus migratorio están siendo usadas y explotadas laboralmente, pues, posiblemente les fue otorgado un salario con el condicionamiento de ir a apoyar a Santiago Taboada en su cierre de campaña, lo cual, además, atentó contra su dignidad.

Además de existir un abuso por parte de miembros del PAN hacia los migrantes, aprovechándose de su situación vulnerable en la que se encuentran debido a su situación migratoria.

El actuar de diversos políticos y funcionarios del PAN evidencia, de manera nítida, el racismo y discriminación con los que está actuando el Partido Acción Nacional al aprovecharse de la situación de desventaja de las personas presumiblemente migrantes.

Lo acontecido es además muestra fehaciente del racismo y la discriminación que el PAN, el PRI y el PRD practican. Reflejan la poca ética de esos institutos políticos y su proceder histórico de prepotencia y abuso que han practicado a lo largo de varias épocas en el país.

Por desgracia, estos hechos de abuso, de obtener ventaja a costa de la precaria situación de los migrantes, de violación de sus derechos humanos, de racismo y discriminación, no son casos aislados, pues los migrantes que transitan o se encuentran localizados en nuestro país, son de los más discriminados.

Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino (casi siempre Estados Unidos).

Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno (mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.

Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros (Conapred, sin fecha).

México ha pasado de ser un país de tránsito a uno de destino y esto incrementado los discursos de odio y discriminación. “El aumento del flujo de migrantes en territorio mexicano ha evidenciado que en la actualidad se replican narrativas que evocan y toman ventaja del miedo para justificar y fomentar la discriminación, la exclusión, el odio e inclusive actos de violencia contra las personas en movilidad” (Barbosa, 2023).

Por ello se presenta esta iniciativa la cual pretende inhibir la existencia de que se sigan cometiendo más abusos por parte de funcionarios públicos y partidistas en contra de la comunidad migrante irregular localizada en nuestro país y que se aprovecha de su situación desventajosa para obtener un provecho o lucro político. En ese caso, se propone que cuando una persona se aproveche de un o una migrante para posicionar sus aspiraciones políticas, el registro a su postulación o candidatura será rechazado o revocado según sea el caso.

Como argumento de lo anterior, se presenta a continuación un cuadro comparativo con las reformas propuestas:

Por lo expuesto me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto que reforma las Leyes General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; de Migración; y General en materia de Delitos Electorales

Primero. Se reforman los artículos 21 y 22 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctima de Estos Delitos, para quedar como sigue:

Artículo 21. Será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil unidades de medida y actualización, quien explote laboralmente a una o más personas.

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como

I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo con la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;

II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello; o

III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

Artículo 22. Será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión y de 5 mil a 50 mil unidades de medida y actualización quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados.

Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante

I. Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;

II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad;

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.

Segundo. Se reforma el artículo 159 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil unidades de medida y actualización a quien

I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro;

II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro; o

III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria;

IV. Aprovechándose de la situación migratoria irregular y desventajosa de una o varias personas, los utilice para obtener un beneficio o ventaja de naturaleza política o electoral.

Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente.

No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria.

Tercero. Se reforman los artículos 7 y 9 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien

(...)

XXII. Aprovechándose de la situación migratoria irregular y desventajosa de una o varias personas, los utilice para obtener un beneficio o ventaja de naturaleza política o electoral.

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años al funcionario partidista o al candidato que

(...)

XI. Aprovechándose de la situación migratoria irregular y desventajosa de una o varias personas, las utilice a fin de posicionar sus aspiraciones políticas. En este supuesto, el registro de su postulación o candidatura será rechazado o revocado según sea el caso.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

Alcaldía Álvaro Obregón (sin fecha). Estructura. Obtenido de Alcaldía Álvaro Obregón:

https://aao.cdmx.gob.mx/alcaldia-estructura/

Barbosa, M. (12 de junio de 2023). Repunta discriminación contra migrantes. Obtenido de Verificado:

https://verificado.com.mx/repunta-discriminacion-contra-migrante s/

Conapred (sin fecha). Discriminación personas migrantes. Obtenido de Conapred:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=11 5&id_opcion=43&op=43

El País (4 de enero de 2024). “Un grupo de migrantes haitianos presentes en el cierre de precampaña de Santiago Taboada enciende el debate sobre los acarreados”. Obtenido de El País:

https://elpais.com/mexico/2024-01-04/un-grupo-de-migrantes-haiti anos-presentes-en-el-cierre-de-campana-de-santiago-taboada-enciende-el-debate-s obre-los-acarreados.html

SPR (4 de enero de 2024). Francisco Romo, un añejo militante del PAN, posa con migrantes haitianos acarreados para evento de Santiago Taboada. Obtenido de Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano:

https://sprinforma.mx/ver/portada/francisco-romo-un-viejo-y-fiel -militante-del-pan-posa-con-migrantes-haitianos-acarreados-para-evento-de-santi ago-taboada

Palacio Legislativo de San Lázaro, recinto de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, y de Reforma Política-Electoral, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

«Iniciativa que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en materia de garantizar la procedencia del recurso de queja durante el cumplimiento de la sentencia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La finalidad de esta iniciativa es garantizar que las personas que obtienen una sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se puedan cumplir cabalmente, y que no se limite su capacidad de impugnar los actos que se dan en el procedimiento de cumplimiento de la sentencia.

En efecto, el problema a resolver radica en que en el artículo 58, fracción II, inciso a) de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo contiene un impedimento para interponer el recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, restringiendo que este recurso se pueda interponer en más de una ocasión para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, para mejor entendimiento se reproduce la parte conducente:

“La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia.”

Esta limitación legal afecta a los ciudadanos, ya que restringe la interposición de un medio de impugnación dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia.

En el foro legal se sabe que una vez que se obtiene una sentencia, no necesariamente concluye un juicio, sino que después viene una etapa de cumplimiento o ejecución de sentencia donde puede haber múltiples resoluciones que afecten los derechos de quien tiene una sentencia a su favor; por tales razones se establece un régimen de medios de impugnación dentro del procedimiento de cumplimiento de una sentencia.

Incluso dentro del foro legal, algunos abogados critican que dentro del procedimiento de cumplimiento de una sentencia se otorgue un plazo tan amplio para su acatamiento cuando se trata de una resolución “para efectos”, ya que si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del juicio ordinario o un mes tratándose del juicio sumario, contados en ambos casos a partir de que la sentencia quede firme, de acuerdo a lo que dispone el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que se reproduce a continuación en la parte conducente:

Artículo 52. La sentencia definitiva podrá:

I. a V....

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme.

Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aún cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

...

(Énfasis añadido)

En adición, y será hasta que transcurran los plazos previstos en el referido artículo 52 cuando se pueda pedir el cumplimiento, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se cita al calce:

Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:

...

(Énfasis añadido)

Teniendo presente lo anterior y, particularmente la limitación legal del precitado artículo 58 para interponer el recurso de queja así como las dificultades y vericuetos que se pueden suscitar durante una etapa de cumplimiento de sentencia es que se propone adecuar esta porción para asegurar la procedencia de un medio de impugnación efectivo durante la ejecución de una sentencia.

Cabe mencionar que este artículo ha sido declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones del amparo en revisión 461/2019 se manifestó:

47. De igual forma, el artículo 52 indica, en un primer supuesto, que si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o a iniciar un procedimiento, en virtud de que se haya declarado la nulidad de la resolución administrativa para determinados efectos, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme y, por otro lado, establece que transcurrido ese plazo sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla, salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

48. Luego, la ley establece en el artículo 53 que la sentencia quedará firme cuando: a) no admita recurso alguno; b) admitiendo recurso o juicio no fuere impugnada; c) habiendo sido impugnada, el recurso o juicio haya sido desechado, sobreseído o resulte infundado, o; c) las partes o sus representantes legales la consientan expresamente.

49. Satisfechas las circunstancias descritas, en términos del artículo 57, las autoridades demandadas y relacionadas con el juicio contencioso administrativo están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a las reglas que ahí se indican; mientras que el artículo 58 señala las medidas dirigidas a asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, para lo cual el Tribunal podrá actuar de oficio (fracción I) o a petición de parte (fracción II).

50. Por ser la hipótesis relevante en el caso, cuando sea el afectado quien considere que la sentencia no ha sido cumplida, la ley lo faculta a exigir su pleno cumplimiento a través de la queja, la cual procederá por una sola vez, entre otros supuestos, cuando a juicio del actor la autoridad hubiera repetido indebidamente la resolución anulada o incurra en exceso o defecto pretendiendo acatarla. De acudir a la queja en más de una ocasión por el mismo supuesto, ésta se declarará improcedente, pero el Tribunal deberá prevenir al promovente para que, transcurridos 45 días contados a partir del en que surta efectos la notificación del auto respectivo, presente la queja como demanda de nulidad.

51. Conforme a lo expuesto, es indudable para esta Primera Sala que el último párrafo de la fracción II del artículo 58 es contrario al principio de acceso a la tutela judicial efectiva, en las vertientes de plena ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que reconocen los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25.2, inciso c, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al restringir a que el interesado exija una sola vez el cumplimiento de sentencias del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin razón jurídica válida.

52. En efecto, la limitación impuesta por el legislador para presentar la queja por incumplimiento por una sola ocasión carece de sustento jurídico, incluso con la interpretación realizada por la Segunda Sala de que ello es por cada supuesto previsto en los subincisos del 1 al 4 del inciso a) de la fracción II; porque tanto la Constitución General como la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a que las leyes correspondientes establezcan mecanismos efectivos para la ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, mientras que el legislador no justifica, siquiera someramente, la razonabilidad para limitar estas garantías.

...

54. Por ende, contrariamente a lo señalado por el juez de distrito en la sentencia recurrida, no se advierte razón por la cual se impida ocurrir en queja en más de una ocasión ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, porque esa restricción injustificada impide a la persona que ha obtenido sentencia favorable, gozar de un derecho a la tutela judicial efectiva completo, en el entendido de que este es perfecto cuando se garantiza la ejecución, cumplimiento y efectiva reparación por parte de quien fue obligado a ello.

55. De admitir lo contrario, se valida que las autoridades demandadas puedan actuar arbitrariamente respecto del cumplimiento a las decisiones del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que podrá, a capricho, repetir el acto anulado o acatar la resolución de forma defectuosa o excesiva, con lo cual no puede afirmarse que se proteja una justicia efectiva.

56. Tampoco es posible validar la constitucionalidad de la norma con base en que es posible impugnar la nueva determinación derivada de la queja fundada con la presentación de una nueva demanda de nulidad, porque esta disposición se traduce en una carga desmedida para el justiciable, quien exclusivamente busca el cumplimiento de la resolución que le favorece y no volver a someterse a un juicio, con todo lo que ello implica; por lo que esta previsión sólo redunda en una evidente demora en el cumplimiento de un derecho que ya se ha declarado en beneficio del particular y violando la garantía de expeditez con que debe impartirse justicia.

57. Igual consideración debe tenerse en cuanto a que en contra de lo resuelto en el recurso de queja, la parte agraviada puede accionar el juicio de amparo indirecto -como ocurrió en el caso-, pues ello ocurre como única alternativa para hacer valer violaciones a derechos fundamentales en relación con la aplicación de normas que pudieran resultar inconstitucionales, pero no sustituye la falta de razonabilidad para que el legislador limitara la interposición del recurso de queja en el juicio contencioso administrativo para el cumplimiento de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a una sola ocasión y obligando al justiciable a instar, en su caso, de nuevo el juicio contencioso administrativo cuando únicamente se pretenda insistir en el pleno acatamiento de la sentencia en los términos propuestos.

58.Incluso teniendo en cuenta los diferentes tipos de actos y resoluciones administrativos, de estar en la hipótesis de un cumplimiento cuya fundamentación, motivación y fondo sea distinto, no cabe duda sobre que, si bien se trataría de un cumplimiento, lo cierto es que también tendría la naturaleza de novedoso y, por esa condición, la ley siempre permitirá combatirlo a través del juicio de nulidad, sin que para ello deba estarse a lo que establece el último párrafo del artículo 58 que se analiza.

(Énfasis añadido)

En ese tenor, los principales argumentos que sustentan este proyecto legislativo se encuentran:

• Se debe garantizar siempre el acceso a recursos judiciales efectivos, se trata de un derecho humano de acceso a la justicia.

• El cumplimiento de las sentencias es de orden público, y no debe haber trabas o formalidades excesivas para exigir y lograr su cumplimiento.

• No existe razonabilidad de que la Ley limite a una sola ocasión la interposición del recurso de queja durante la ejecución de una sentencia, cuando en muchas ocasiones hay renuencia y tardanza de las autoridades.

• En forma novedosa, esta propuesta de iniciativa contempla los supuestos de cumplimiento sustituto e imposibilidad de cumplimiento que pueden darse en el marco de las sentencias que se emiten con motivo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Con motivo de lo anterior se formula la presente iniciativa, misma que se expone en el siguiente cuadro comparativo:

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Único. Se reforma el segundo párrafo del inciso a) de la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:

I. ...

II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) Procederá en contra de los siguientes actos:

1. a 4....

5. Contra la resolución del incidente de cumplimiento sustituto o aquella que determine la imposibilidad de cumplimiento.

b) a g)...

III. a IV. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Amparo en Revisión: 461/2019. Juzgado de origen: Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (Exp. Origen: J.A. 454/2018) Quejoso: Servicios Industriales y Textiles del Norte, S.A. de C.V. Norma Impugnada: Inconstitucionalidad del artículo 58, fracción II, inciso A, subinciso 1, último párrafo, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

2 Tesis 2a. LXXVIII/2013 “ Queja relativa al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Procede una vez por cada supuesto (artículo 58, fracción II, inciso A), subinciso 4, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). El hecho de que el artículo referido disponga que la queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, no debe entenderse en el sentido de que el particular no puede interponerlo por cada uno de los supuestos de procedencia que describe, esto es, contra: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la citada Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del diverso 51 del indicado ordenamiento, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso; 3. La omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; y, 4. El incumplimiento de la autoridad a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Es decir, la frase: “La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez”, debe interpretarse en el sentido de que el particular podrá interponerla por cada uno de los supuestos referidos”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de 2013, t. 3, página 1859.

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2024.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para evitar se concedan licencias de armas de fuego a quienes sean agresores de mujeres, niñas y niños, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La finalidad de esta iniciativa es reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para evitar que los agresores de mujeres, niñas y niños puedan contar con una licencia de arma de fuego.

Para tales efectos, se propone agregar como requisito para que una persona física obtenga una licencia de portación de arma de fuego que no haya sido condenado por delito violento cometido en contra de mujeres, niñas y niños.

Asimismo, este requisito también será exigible para las personas morales titulares de licencias colectivas que deberán verificar que las personas físicas a su cargo cumplan con lo conducente.

Claramente lo que se busca con esta iniciativa es evitar, en algún grado, los crímenes violentos con armas de fuego cometidos en perjuicio de mujeres, niñas y niños.

Actualmente el inciso D) de la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece como requisito: “No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas”; claramente la intención del legislador es evitar que alguien que ha cometido previamente un delito con armas de fuego pueda ser titular de una licencia, en ese tenor, se estima que ante las crecientes agresiones a mujeres se debe considerar adicionar este supuesto como una restricción para obtener una licencia de arma de fuego, ya sea como persona física o como integrante de una persona moral que tenga una licencia colectiva.

Los delitos violentos cometidos en contra de mujeres, niñas y niños no forzosamente implican el uso de armas de fuego, las agresiones pueden ser físicas (con las propias manos del agresor), utilizando objetos poli contundentes o punzocortantes o bien, cualquier otro objeto o medio, como ácido o haciendo uso de automotores (atropellamiento); lamentablemente son muchas las formas de violencia feminicida.

Por tales razones se considera que debe modificarse el inciso D de la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para inhabilitar a quienes han cometido violentos en perjuicio de mujeres, niñas y niños.

Un arma de fuego potencializa el daño y agresión que se puede ejercer en contra de una mujer, es por ello que el Estado debe garantizar que este tipo de instrumentos (armas de fuego) no estén en disponibilidad de uso para agresores de mujeres.

El acceso a un arma de fuego por parte de una persona violenta es la peor combinación que puede existir, por lo que las mujeres y familias que se encuentran con alguien así corren un grave peligro, debido a que en cualquier momento pueden ser gravemente agredidas.

De acuerdo con especialistas, estudios y análisis el acceso a armas de fuego ha aumentado la violencia y los crímenes cometidos en perjuicio de mujeres, veamos la siguiente precisión de la experta Nicole Huete, que refiere lo siguiente:

“ Acceso a armas de fuego ha incrementado violencia contra las mujeres”

Martes 4 de octubre de 2022

En México, alrededor de cuatro de cada diez hogares tienen acceso a un arma de fuego, lo que ha incrementado la violencia contra las mujeres, señaló en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México la licenciada Nicole Huete, coordinadora de Incidencia de Intersecta.

Durante su participación en la conferencia Armas de fuego y violencia: impactos, reformas y futuro, donde habló de la “Violencia con armas de fuego y género”, dijo que entre 2000 y 2006 a tres de cada diez mujeres asesinadas en el país se les mataba con arma de fuego, cifra que hoy se incrementó a seis de cada diez, y en estados como Colima o Guanajuato es de ocho de cada diez.

Huete mencionó que, gracias a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), se sabe que, debido a la inseguridad y a la delincuencia, cada vez más personas portan armas de fuego; con las que mayormente se cometen los homicidios de mujeres.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), de las mujeres que denunciaron ante alguna autoridad haber sufrido violencia física o sexual, 28.1 por ciento fueron atacadas o agredidas con cuchillo, navaja o arma de fuego.

Mientras que el informe Violencia de Género con Armas de Fuego en México (publicado por Intersecta y otras instituciones) encontró que aproximadamente a cinco de cada diez mujeres trans asesinadas les arrebataron la vida con arma de fuego. Muchas de estas mujeres trans eran, antes de morir, trabajadoras sexuales, y son ellas quienes encabezan las cifras de violencia letal con arma de fuego en esta comunidad.

Pese a la gravedad del asunto, “la violencia armada se aborda muy poco en la agenda feminista de nuestro país”. Debido a ello, Intersecta opina que se debe considerar el impacto de las armas de fuego en las estrategias de prevención de violencia contra las mujeres.”

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en casi 6 de cada 10 feminicidios se utiliza un arma de fuego: “En cuanto a los medios utilizados en el homicidio, el arma de fuego es utilizada en más de la mitad de este tipo de defunciones, sin embargo, el uso de la fuerza a través del ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación representa 15.3 por ciento de los casos en mujeres, mostrando una diferencia notoria con los hombres en donde este medio para llevar a cabo el homicidio representa 6.8 por ciento de los casos2”, a continuación la gráfica correspondiente:

La violencia feminicida utilizando armas de fuego ha aumentado: “A principios de la década de 2000, sólo tres de cada 10 mujeres eran asesinadas de esta manera; en 2010, pasaron a representar 54.3 por ciento... por otro lado, 125 mil mujeres denunciaron haber sido amenazas por sus parejas con un arma de fuego o blanca. De estas, 25 mil fueron agredidas con arma de fuego” y ”El uso de armas de fuego para asesinar a las mujeres ha incrementado en un 13.4% en las viviendas, durante los últimos cinco años”

Mi compromiso como legisladora federal es proponer adecuaciones legales que permitan disminuir la violencia contra mujeres, y estimo que la disponibilidad de acceso a armas de fuego es un punto relevante, además bajo el régimen propuesto se dirige también a las licencias colectivas, ya que los titulares de las mismas deben asegurar que las personas a quienes les asignan un arma de fuego no tengan antecedentes de violencia contra mujeres y niños.

En tal sentido, la restricción que se propone guarda plena justificación, es necesaria para atender un problema social que estamos viviendo, es una medida proporcionada a las previsiones que ya existen y resulta idóneo para evitar que personas con claros antecedentes de violencia tengan acceso a un arma de fuego, ya sea en lo individual o como parte de una corporación que tiene una licencia colectiva.

Con motivo de lo anterior se formula la presente iniciativa, que se expone en el siguiente cuadro comparativo:

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Único. Se reforma el inciso D) de la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 26....

I....

A. a C....

D. No haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas ni por delito violento cometido en contra de mujeres, niñas y niños;

E. a F. ...

II....

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas morales titulares de licencias colectivas a que se refiere en la fracción II del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos deberán verificar que quienes portan armas cumplen con lo previsto en el presente decreto, debiendo presentar informe sobre las personas a las que se retiró de la licencia colectiva, el informe se presentará ante la autoridad correspondiente dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://ibero.mx/prensa/acceso-armas-de-fuego-ha-incrementado-violencia-contra- las-mujeres

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_Elimviolmujer21.pdf

3 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/19/en-mexico-seis-de-cada-10-asesi natos-de-mujeres-son-con-arma-de-fuego

4 https://www.forbes.com.mx/noticias-crece-feminicidios-mujeres-20-24-anos/

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2024.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 162 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blanca Araceli Narro Panameño, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI, y un tercer párrafo al artículo 162 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Antecedentes

En la sesión celebrada el 4 de noviembre de 2021, en la Cámara de Diputados, presenté la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y un tercer párrafo al artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5900-II del jueves 4 de noviembre de 2021 y que fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Justicia y Defensa Nacional para Dictamen.

No obstante, a pesar de que la propuesta deriva de una sentida demanda de la ciudadanía, las Dictaminadoras fueron omisas en sus atribuciones y la propuesta no fue dictaminada y sometida al análisis y votación de las y los integrantes de las referidas Comisiones.

El cuerpo técnico de la Comisión de Defensa, a pesar de no tener el primer turno, intentó convencerme de que retirará la propuesta con argumentos por demás antijurídicos, carentes de toda razón y ajenos al tema de estudio. En realidad, la Iniciativa estaba a punto de precluir, a pesar de que fue concedida la prórroga reglamentaria.

Debido a lo anterior, por segunda vez presente una Iniciativa para sancionar en la legislación penal federal la realización de disparos al aire el 13 de septiembre de 2022, en cuya propuesta amplié los argumentos y realicé precisiones al decreto a fin de garantizar su buen curso legislativo. La Mesa Directiva el 14 de febrero de 2023 le otorgó la prórroga de ley hasta el 15 de diciembre de 2023 para dictaminarla; sin embargo, la Comisión dictaminadora fue omisa en su análisis y discusión, a pesar de las reiteradas demandas de la sociedad y de las tragedias ocurridas en las entidades federativas del país.

Por lo antes señalado y porque mi compromiso y responsabilidad es con la ciudadanía por tercera vez pongo a su consideración la siguiente propuesta a fin de sancionar y prevenir la realización de disparos al aire, la cual amerita diversas precisiones y consideraciones a efecto de que sean atendidas por la dictaminadora.

Precisiones

1. Los disparos al aire deben tipificarse en el Código Penal Federal y en los Códigos de las entidades federativas, toda vez que en el Estado mexicano de acuerdo a la Constitución, la facultad para legislar en materia penal se ejerce tanto por la Federación como por las entidades federativas, lo que implica que el Congreso de la Unión puede establecer delitos, así como las entidades federativas pueden legislar en materia penal en sus ámbitos territoriales, siempre que no se trate de conductas que atenten contra la federación. A mayor abundamiento, es de precisar que, es de explorado derecho la conveniencia de legislar en dicho ordenamiento, a fin de prevenir y sancionar conductas típicas y antisociales cometida en territorio federal.

2. Los disparos al aire deben ser sancionados penalmente, toda vez que el bien jurídico tutelado es la paz social, el orden público y la tranquilidad de las personas, por lo que no es condición necesaria que dichos disparos resulten en una lesión grave o en la muerte de alguna persona. Es menester establecer con absoluta claridad la conducta antijurídica y su sanción en aras de orientar la conducta y no dejar lugar a dudas de cuál es la conducta repudiada socialmente con el objetivo de prevenir el delito, ya que el fin de tipificar los disparos al aire es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública para reconstruir el tejido social.

3. De acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), los casos de muertes y lesiones más evitables son aquellos causados por disparos al aire o disparos alegres, lo que representó 9 por ciento de los casos documentados en un estudio realizado entre 2014 y 2015. De igual forma, el UNLIREC señaló que muchos países de América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que penalicen este comportamiento, por lo que recomienda que los Estados que no cuenten con leyes que penalizan los disparos al aire, consideren, particularmente en contextos urbanos, adoptar pronto medidas legislativas en estos temas. Igualmente es recomendable que dicha legislación vaya acompañada de campañas públicas de sensibilización y educación y se centre en las épocas de festejo y celebración, así como en eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.

No podemos soslayar que, de acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), en 2019, México fue el segundo país de la región respecto a muertes por balas al aire.

4. Quien posea y porte un arma de fuego tiene la obligación de hacer buen uso de ésta, lo que implica que, habiendo obtenido los permisos y registros correspondientes, deberá utilizarla únicamente en los lugares y para los fines permitidos por la ley.

5. Nadie tiene derecho a alterar el orden público y la paz social, ni a perturbar la tranquilidad de las familias, como tampoco nadie tiene derecho a realizar actos que pongan en riesgo y la integridad física o la vida. Permitirlo, sería una grave omisión del Poder Legislativo.

6. Es fundamental desterrar la cultura de la violencia; es indispensable que la sociedad alcance la paz y la tranquilidad que merece. En muchas entidades, como en Tamaulipas, el sonido de las armas de fuego al ser detonadas, remiten a episodios muy dolorosos; el miedo y el sufrimiento por el que atraviesan las familias y la niñez con cada detonación es totalmente injusto.

7. Estoy plenamente convencida que la Cámara de Diputados, puede y debe contribuir a la reconstrucción del tejido social y a fomentar una cultura para la paz. Las bodas, los cumpleaños, los bautizos, los éxitos personales y la alegría se deben celebrar con abrazos y no a balazos.

8. Quienes consideren que es normal realizar disparos al aire, que esta conducta es lícita y, por lo tanto, debe ser pasada por alto, debe expresar su postura de cara a la sociedad, diciéndole de frente al pueblo que la tranquilidad personal y la paz social no son bienes jurídicos fundamentales y tampoco temas que les importen a sus representantes populares.

9. La omisión legislativa nunca, nunca, nunca debe ser la respuesta a la confianza que depositaron las mexicanas y mexicanos.

10. Las y los exhorto nuevamente para que legislemos con sensibilidad, con responsabilidad y para el bienestar de las personas, de las familias y de las generaciones venideras.

Hago un paréntesis para relatar brevemente una historia: “Ismael has estado dormido casi toda la clase, ¿qué te pasa? ¿te sientes mal? -No maestra, es que anoche dormimos en el piso, puso mi mamá las cobijas en el pasillo porque los vecinos de atrás tenía fiesta, andaban tomando y echando balazos. Y pues no pudimos dormir por el ruido y porque teníamos miedo, mi hermana la chiquita estaba llore y llore”.

Realizadas las precisiones anteriores y referida una de las muchas historias que existen en torno a las detonaciones al aire, me permito exponer íntegramente las motivaciones que sustentaron la Iniciativa referida y que antecede a la presente, la cual fue objeto de la expiración de su término. Son las mismas motivaciones porque la demanda ciudadana no ha cambiado y la jurídica antisocial sigue prevaleciendo. En tal virtud reitero, que:

La posesión y uso de armas de fuego en México se encuentra prevista en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa. Asimismo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

Artículo 7o. La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas.

Sin embargo, a pesar de que las normas son claras en establecer los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas, aún se lleva a cabo en diversas partes de la República Mexicana una práctica que no sólo refleja una clara irresponsabilidad de quien la realiza, sino que va en contra de la seguridad pública, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Con esto hacemos alusión a los disparos al aire.

Las celebraciones o reuniones como las bodas, 15 años, navidad o año nuevo, por mencionar algunas, sirven de excusa para llevar a cabo disparos al aire sin tomar en cuenta ningún tipo de medida de protección o de seguridad, así como quien los ejecuta desconoce y no le importa las consecuencias que generen los disparos que de forma indiscriminada fueron realizados.

Es importante señalar que, si se dispara un arma de fuego al aire, la bala viajará hasta 1,6 km hacia lo alto (dependiendo del ángulo de disparo y de la potencia del arma). Una vez que alcanza su apogeo, la bala caerá. La resistencia al aire limita la velocidad, pero las balas se diseñan para ser altamente aerodinámicas, de modo que la velocidad es bastante letal si llega a impactar a una persona.

De igual forma, si el disparo es totalmente vertical, la bala caerá a plomo tras subir y detenerse en el punto más alto de su trayectoria, cayendo a la mencionada velocidad de 160 km/h. Si el disparo no es perfectamente vertical a 45º, la bala tendrá dos componentes de velocidad, la vertical y la horizontal. La velocidad vertical descenderá a 0 en el punto más alto de la parábola, la velocidad horizontal no se ve afectada por la gravedad, sólo por la resistencia del aire, y puede ser bastante alta cuando la bala llegue al suelo. Si la velocidad de salida de la bala es de 300 metros por segundo, en un tiro a 45º, el componente horizontal será de más de 200 metros por segundo (720 km/h), y al llegar al suelo puede superar fácilmente los 500 km/h, suficiente para atravesar a una persona de parte a parte.

Los medios de comunicación dan cuenta permanentemente de casos en donde las personas resultan heridas o pierden la vida a causa de balas perdidas debido a disparos realizados al aire, a manera de ejemplo se enlistas algunos de los muchos que existen en la red.

Para cerrar el 2023, “Sangrientos festejos de año nuevo en México: 3 muertos y varios heridos por disparos al aire, incluidos niños. México ocupa el segundo lugar de América Latina en este tipo de incidentes”.

- En Durango, una persona murió y tres más resultaron heridas por disparos al aire durante los festejos de Año Nuevo. La víctima mortal fue identificada como José Gámez, de 23 años, quien fue alcanzado por una bala perdida en el municipio de Simón Bolívar.

- Un adolescente de 14 años se encontraba en la calle jugando con sus amigos cuando una bala perdida lo alcanzó. De inmediato cayó muerto al piso. Los hechos ocurrieron en la comunidad de San José del Progreso, en el municipio de Villa de Tututepec, en la costa de Oaxaca.

- En Sinaloa, varias personas decidieron recibir el 2023 con disparos al aire, el saldo de esto fue de un niño muerto y cinco personas detenidas, entre ellas dos menores de edad, según informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien dijo que solo recibieron 47 reportes de balazos al aire, los cuales duplicaron los recibidos en 2021. De estos, 35 se suscitaron en Culiacán.

- Las primeras horas del 1 de enero, Janette, una mujer de 36 años se encontraba afuera de su casa situada en la colonia Puerta Real, en Hermosillo, Sonora, cuando sintió un golpe en la parte posterior de su cabeza, al llevarse la mano a la parte afectada notó que sangraba.

- Habitantes de San Felipe Maderas, Puebla, se volvieron virales después de disparar al aire en varias ocasiones; no es la primera vez que ocurre algo parecido.

- ¿Impunidad o tradición? El Grito de Independencia es uno de los eventos más importantes para México, por lo que las alcaldías y comunidades celebran este hecho histórico con bailes, conciertos y diferentes actividades, pero en la localidad de San Felipe Maderas, en el municipio de Nicolás Bravo, Puebla, parece que se celebra con disparos al aire.

- Habitantes refieren que a la localidad se han acercado grupos delictivos dedicados al narcomenudeo y robo de vehículos de carga e incluso huachicol. Sin embargo, respecto a los disparos al aire libre, los lugareños señalan que esto se hace en complacencia de la autoridad y que se ha hecho caso omiso a aquellos que se han quejado, ya que estas acciones representan un riesgo.

Alto a los disparos al aire libre piden autoridades hospitalarias en el sur de Tamaulipas. Exigen que no se festeje con armas de fuego este año nuevo pes han ocasionado graves lesiones e incluso la muerte.

- Los disparos al aire han ocasionado severas lesiones a personas en la zona sur del estado y en el último caso, un niño de 3 años murió a causa de una bala perdida.

De conformidad con diversos medios de comunicación, en 2020 durante los festejos de Año Nuevo al menos una persona murió y 19 más resultaron heridas en distintos estados del país por balas perdidas que fueron disparadas al aire.

En 2019 un hombre murió y tres personas más resultaron heridas por balas pérdidas durante nochebuena en el municipio de Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez en Costa Grande, Guerrero, mientras que, en Durango, el 25 de diciembre, un hombre de 31 años resultó con una herida por arma de fuego en el hombro izquierdo, motivo por el cual fue internado para recibir atención médica.

Entre el lunes 29 de abril y el sábado 4 de mayo de 2019, en México se registraron dos muertes por balas perdidas: una de una joven de 18 años, Aidé Mendoza, en un salón de clases del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente y el otro en una calle de Cholula, Puebla, donde un niño de nueve años murió cuando un proyectil se incrustó en su pecho.

De acuerdo con el Trabajo “Balas Perdidas II: Análisis de Casos de Balas Perdidas Reportados en Medios de Comunicación en América Latina y el Caribe (2014-2015)” publicado en el año 2016 por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), México es el segundo país en América Latina con el mayor número de incidentes identificados como balas perdidas por país, con un total de 116, sólo por debajo de Brasil que registra un total de 197 incidentes.

De igual forma, el citado Trabajo señaló que, de los 116 incidentes registrados en México, se reportaron 77 lesiones y 55 muertes, dando un total de 132 víctimas, siendo 84 hombres (64 por ciento) y 39 mujeres (30 por ciento).

En nuestro país se carece de una fuente de información oficial respecto del número de casos que se suscitan en el territorio nacional, por lo que, de igual forma que en el trabajo formulado por la UNLIREC, la información que da cuenta de los casos de lesiones o muertes que se presentan como consecuencia de disparos al aire, sólo se puede obtener a través de los medios de comunicación.

Sumado a lo anterior, es preciso señalar que en muchos hogares mexicanos se cuenta con armas de fuego; sin embargo, la gran mayoría de éstas no cuentan con los permisos legales emitidos por las autoridades, así como no cuentan con un adecuado adiestramiento en el manejo de éstas que garantice su adecuado uso.

Es importante añadir que, la formulación de disparos al aire va en contra de la seguridad pública, toda vez que dicha conducta como ya se mencionó párrafos arriba, pone en riesgo la salud y la vida de las personas. De tal forma que su comisión es contraria a los fines de la seguridad pública, los cuales son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala...”.

En nuestro país, realizar disparos al aire no se encuentra tipificado como un delito, con excepción de algunos estados, a pesar de la gravedad de los daños que pueden causar estos hechos, así como en la mayoría de los casos en que un proyectil (bala perdida) llega a herir a una persona o lamentablemente causa la muerte de ésta, las investigaciones que se realizan son nulas o poco eficientes.

Código Penal para el Estado de Nuevo León:

Artículo 175. Comete el delito de disparo de arma de fuego el que dispare poniendo en peligro la seguridad de una o más personas. Al responsable de este delito se le impondrá una pena de seis meses a seis años de prisión y multa de veinte a cien cuotas. Si con el disparo de arma de fuego se causan lesiones u homicidio, se aplicarán solamente las sanciones para estos delitos”.

Código Penal para el Distrito Federal:

Artículo 211 Ter. Al que, sin causa justificada, realice disparo de arma de fuego, se le impondrá de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieren corresponderle por la comisión de otros delitos.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por causa justificada, todas aquellas circunstancias en las que se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio, propio o de cualquier otra persona”.

Código Penal del Estado de México:

Artículo 253. Comete este delito quien:

I. Dispare un arma de fuego sobre una persona o grupo de personas, o en domicilio particular, en la vía pública, en un establecimiento comercial, de servicios, o fuera de un campo de tiro debidamente autorizado, o en algún lugar concurrido.

II. ...

III. ...

...

...

...

Se refrenda la convicción de que en el Estado mexicano, la facultad de legislar en materia penal se ejerce tanto por la federación como por las entidades federativas, lo que implica que el Congreso de la Unión puede establecer conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en su comisión, así como las entidades federativas pueden legislar en materia penal en sus ámbitos territoriales, siempre que no se trate de conductas que atenten contra la federación.

En este sentido, no sobra volver a referir que, de acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), los casos de muertes y lesiones más evitables son aquellos causados por disparos al aire o disparos alegres, lo que representó el 9% de los casos documentados en un estudio realizado entre 2014 y 2015. De igual forma, el UNLIREC señaló que muchos países de América Latina y el Caribe no cuentan con leyes que penalicen este comportamiento, por lo que recomienda que los Estados que no cuenten con leyes que penalizan los disparos al aire, consideren, particularmente en contextos urbanos, adoptar pronto medidas legislativas en estos temas. Igualmente es recomendable que dicha legislación vaya acompañada de campañas públicas de sensibilización y educación y se centre en las épocas de festejo y celebración, así como en eventos deportivos para hacer frente a los aspectos culturales de este comportamiento.

Por lo expuesto, se propone adicionar una fracción VI y un tercer párrafo al artículo 162 del Código Penal Federal, con el objeto de tipificar como delito el disparo de armas de fuego sin justificación lícita en lugares no autorizados para tal efecto (disparos al aire), o su uso sea contrario a garantizar su seguridad y legítima defensa. Asimismo, en los casos en que el delito sea cometido por una persona que cuente con licencia de portación de arma de fuego, se procederá a la cancelación de la misma.

A efecto de ilustrar de mejor manera las modificaciones que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI y un tercer párrafo al artículo 162 del Código Penal Federal

Único. Se adiciona una fracción VI y un tercer párrafo, recorriéndose el orden del subsecuente, al artículo 162 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 162. Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:

I. a V. ...

VI. Al que, sin justificación licita dispare un arma de fuego en lugares no autorizados para tal efecto, o su uso sea contrario a garantizar su seguridad y legítima defensa.

En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas.

En los casos de la fracción VI además de las sanciones señaladas, cuando el delito sea cometido por una persona que cuente con licencia de portación de arma de fuego, se procederá a la cancelación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo anterior, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.

Notas

1 https://cdfdz.gob.mx/seguridad-publica/balistica-el-peligro-de-disparar-al-aire /

2 Ídem

3 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/2/sangrientos-festejos-de-ano-nu evo-en-mexico-muertos-varios-heridos-por-disparos-al-aire-incluidos-ninos-47034 5.html

4 https://www.adn40.mx/seguridad/san-felipe-maderas-donde-esta-por-que-su-gente-t iene-armas-largas

5 https://www.milenio.com/politica/comunidad/disparos-aire-piden-alto-autoridades -hospitalarias-tamaulipas

6 https://www.milenio.com/policia/disparos-aire-ano-dejan-muerto-19-heridos

7 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/disparos-al-aire-por-festej o-o-tradicion-sin-sanciones-concretas-4640834.html

8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/onu-balas-perdidas-llueven-sobre-mexico-m uchos-casos-no-son-investigados/1312636

9 http://unlirec.screativa.com/wp-content/uploads/2018/04/Balas_Perdidas.pdf

10 http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CODIGO %20PENAL%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20LEON.pdf?2021-08-25

11 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a081549aa 7 cee4622fffa881b53a6bbd00d52179.pdf

12 http://www.legislativoedomex.gob.mx/documentos/leyes/pdf/009. pdf

13 Un equipo de investigadores de UNLIREC documentó 741 casos de violencia armada a causa de balas perdidas —con 826 víctimas como resultado— reportados en medios de comunicación de 25 países de América Latina y el Caribe durante un período de dos años (1 de enero de 2014-31 de diciembre de 2015). Disponible en:

https://frentequintanaroo.com/elecciones/elecciones-2021/denunci a-blanca-merari-ante-la-fge-hechos-delictivos-que-atentan-contra-su-seguridad/

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputada Blanca Araceli Narro Panameño (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Manuel Alejandro Robles Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo.

Exposición de Motivos

Primero. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el “salario mínimo es la cuantía mínima de la remuneración que un empleador debe abonar a sus asalariados por las prestaciones que éstos han efectuado durante un determinado período, sin que esta cantidad pueda ser reducida mediante contrato colectivo ni acuerdo individual”.

Esta definición es vinculante, independientemente del método que se utilice para fijarlos en los diferentes países. Algunos se establecen por ley, otros por autoridades laborales o por un consejo de salarios o por tribunales de trabajo, otros tantos se determinan en los contratos colectivos de trabajo.

La finalidad de fijar salarios mínimos es proteger a las personas trabajadoras para que reciban un salario justo y equitativo. Son parte esencial, junto con otras políticas sociales y económicas de los gobiernos para superar la pobreza y la desigualdad entre mujeres y hombres u otros sectores que durante nuestra historia han sido discriminados.

También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en el artículo 7, que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona para gozar de una remuneración que proporcione como mínimo un salario que permita una existencia digna para los trabajadores y sus familias”.

En el informe de la reunión de expertos celebrada en 1967 de la OIT se señaló que “el salario mínimo es considerado como suficiente para satisfacer las necesidades vitales de habitación, alimentación, vestido, educación y recreo del trabajador”.

Hay varios convenios internacionales relativos a los salarios mínimos, que se enuncian enseguida:

1. Convenio Número 26, relativo a la institución de métodos para la fijación de salarios mínimos (multilateral, 1928).

2. Convenio Número 99, relativo a los métodos para fijar salarios mínimos en la agricultura, acordado en la trigésima cuarta reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el 6 de junio de 1951.

3. Convenio Número 95, relativo a la protección del salario, aprobado por la Conferencia General de la OIT en la su trigésima segunda reunión, en Ginebra, el 8 de julio de 1949; y

4. Convenio Número 131 relativo a la fijación de Salarios Mínimos en referencia a los países en desarrollo, adoptado el 22 de junio de 1970 por la Conferencia Regional de la OIT en Ginebra, Suiza.

Segundo. En México, la figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción VI, conforme al principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente “para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia”.

Esta definición en nuestra Carta Magna ha ido modificándose al paso de los años, de tal forma, que actualmente en el texto del artículo 123 constitucional fracción VI se señala que: “... Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” ...

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 90:

Artículo 90. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos.

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores.

La fijación anual de los salarios mínimos, o la revisión de éstos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido.

En el país, el organismo encargado de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), cuyo objeto es analizar, revisar y determinar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones económicas y sociales del país, respetando en todo momento el derecho de las personas trabajadoras a una vida digna.

Pese a estar establecido en la Constitución y leyes secundarias, es un hecho que por décadas las personas mexicanas han trabajado por un salario mínimo que no cubre ni siquiera la canasta básica necesaria para una familia, menos les alcanza para gastos de habitación, vestido ni mucho menos educación.

Tercero. Hay que recordar que cuando inicia este periodo, el salario mínimo se encontraba en uno de los niveles más bajos de la historia del país, con un poder adquisitivo equivalente a 10.4 por ciento, que fue disminuyendo durante 14 sexenios presidenciales: 12 del PRI y 2 del PAN, que trataron de controlar la inflación mediante incrementos del salario mínimo menores que los índices de inflación. La situación económica del país en los periodos del ex presidente Luis Echeverría Álvarez (1971-1976) y su sucesor, José López Portillo (1977-1982), llevaron al país a la peor crisis inflacionaria de nuestra historia, que dio como consecuencia la mayor caída del poder adquisitivo del salario. Al continuar con una política neoliberal los siguientes gobiernos olvidaron la obligación de restablecer el poder adquisitivo del salario de las personas trabajadoras controlando aún más el aumento a los sueldos bajo el pretexto de controlar la inflación.

La evolución del poder adquisitivo del salario mínimo (1935-2018) se muestra en la siguiente tabla:

La pérdida de más de 85 por ciento del poder adquisitivo real del salario mínimo en el país y su estancamiento ha sido un proceso largo y acumulativo desde hace décadas.

La mayoría de la población en México en enero de 2019, no contaba con ingresos suficientes para comprar la canasta básica, por lo que una familia podía comprar sólo 34 por ciento de una canasta de productos recomendables con un salario mínimo, reveló un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo fue uno de los factores para que aumentara el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza y que la demanda interna se redujera sensiblemente.

Cuarto. El nuevo gobierno democrático, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado la ruta del país y denominado a esta etapa “la cuarta transformación” y tomando como eje principal la consigna “Primero los pobres”.

Las nuevas estrategias del gobierno se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 cuyo objetivo es lograr el bienestar social, mediante la recuperación del poder adquisitivo del trabajo, reducción de desempleo, apoyo social a jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y en general a la población más pobre.

La Conasami elaboró el documento El impacto del salario mínimo en la pobreza, cuyos autores son Marco Antonio Gómez Lovera y Luis Felipe Munguía Corella. Es importante para el propósito de la propuesta de iniciativa transcribir las conclusiones del estudio, que van acordes con las estrategias y los resultados obtenidos en materia laboral y económica, así como las aportaciones de ellas a la disminución de la pobreza en México:

En los últimos 5 años, el gobierno mexicano tuvo un giro en su política social y laboral. La social se volvió universal y el monto de transferencia se incrementó considerablemente. Por otro lado, la política laboral ha sido revolucionada por cambios muy significativos, como el aumento a casi el doble del salario mínimo en términos reales, la prohibición de la subcontratación, la democratización de los sindicatos, entre muchos otros cambios. Este estudio muestra la efectividad que tienen los programas sociales y la política de salarios mínimos para reducir la pobreza. Si el salario mínimo es incrementado en mercados laborales muy concentrados, como es el caso de México, es poco probable que exista pérdida de empleos, pero el ingreso de los hogares más pobres sí puede crecer de manera significativa. El incremento del salario mínimo entre 2018 y 2022 logró sacar de la pobreza a 4.1 millones de personas. La elasticidad de la pobreza al salario mínimo de -0.36 se puede interpretar que por cada 10 por ciento que ha aumentado el salario mínimo la pobreza se redujo en 3.6. Esto se explica porque el salario mínimo prácticamente no tuvo ningún impacto en el empleo, pero sí incrementa el ingreso laboral de los hogares de manera significativa. Una vez que controlamos por endogeneidad, la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores tiene un impacto muy significativo en la reducción de la pobreza. Por cada incremento del 10% en el monto del programa, la pobreza se reduce en 13 por ciento, pero dado que el incremento del salario mínimo ha sido mayor, el impacto de éste es más alto.

La política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo implantada por el gobierno federal ha dado frutos, considerando que tuvieron que pasaron 5 años para ello, con porcentajes de incrementos superiores a los de la inflación. Sin embargo, será prioritario para los años próximos que los aumentos al salario mínimo deban cubrir por lo menos el mismo porcentaje que el índice de inflación anual que se tuvo durante el año.

El objetivo de esta propuesta de iniciativa es elevar a constitucional esta medida de prevención para que a las personas trabajadoras se les garantice un salario mínimo que cubra las necesidades que se requieren para vivir dignamente.

Por todas las consideraciones mencionadas se propone adicionar un párrafo al artículo 123, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se muestra enseguida:

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo

Único. Se reforma y adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

(...)

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar las personas trabajadoras serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un o una jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los y las hijas. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el período de su vigencia transcurrido.

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relacionados con el empleo.

2 https://www.idhc.org/arxius/altres/files/Pacto_DESC.pdf

3 Datos Abiertos de México, Acerca de Conasami, Instituciones.

4 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2021, para mantener actualizado el poder adquisitivo del salario.

Recinto de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Manuel Alejandro Robles Gómez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos sociales para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.

Exposición de Motivos

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema del sistema jurídico del país. Expone los principios y objetivos, define las relaciones entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sus facultades y límites, sienta las bases de las instituciones públicas y define los derechos de la población y como hacerlos efectivos.

Hay artículos constitucionales esenciales que responden a las demandas de la Revolución Mexicana, como el 3o., que establece la educación gratuita, laica y obligatoria; el 4o., que establece la igualdad y no discriminación, t define varios derechos; el 27, que señala la devolución de las tierras y su uso público; y el 123, referente al derecho al trabajo, donde se establecen la jornada de ocho horas diarias, salarios equitativos y derecho de sindicación y negociación colectiva.

Segundo. Durante el periodo neoliberal (1982-2018) se decretaron varias reformas llamadas “estructurales” y que modificaron los tres artículos prioritarios constitucionales vulnerando los principios de la propia Carta Magna:

El artículo 3o. dio lugar a reformas punitivas contra maestros opositores al sindicato oficial y consideradas también como un paso hacia la privatización de la educación; el artículo 27 permitió la privatización de los ejidos y tierras comunales y el restablecimiento del latifundio y la reforma al artículo 123 flexibilizó y precarizó los empleos, dando paso a la subcontratación, a bajos salarios, despidos injustificados con el consecuente aumento del sector informal.

Esa reforma fundamental representó un gran avance jurídico, es la que se hizo en este periodo al artículo 1o. para reconocer que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el país. Ello obligó a los gobiernos a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Tercero. En 2018, con el cambio de gobierno neoliberal a uno democrático, presidido por Andrés Manuel López Obrador, se inicia la etapa denominada de la “cuarta transformación”. El reto principal de este gobierno es revertir los efectos de después de treinta años de política neoliberal aplicada que favoreció sólo a ciertos grupos económicos y hundió en la pobreza a más de la mitad del pueblo mexicano.

Por ello se creó un cambio de ruta que pone como eje central “Primero los pobres”.

Las nuevas estrategias se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 cuyo objetivo es lograr el bienestar social, mediante la recuperación del poder adquisitivo del trabajo, reducción de desempleo, apoyo social a jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y en general a la población más pobre.

Para ello se han hecho varias reformas constitucionales y a leyes secundarias a fin de garantizar estos derechos sociales.

Entre estas modificaciones se encuentra la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de mayo de 2020., entre ellas las que se enumeran a continuación:

Artículo 4o. ...

(...)

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

(...)

Con esta reforma se elevaron a derecho constitucional estos programas que han sido fundamentales en el gobierno de la 4T, para cumplir con el objetivo de disminuir la pobreza en nuestro país.

También es un hecho que estos derechos sociales constitucionales han ido en aumento, abarcando cada vez a mayor población garantizándoles mejor calidad de vida.

Esta iniciativa tiene por objeto reformar los párrafos del artículo 4o. constitucional mencionados anteriormente para establecer la ampliación de dichos derechos sociales a sectores no contemplados en la Constitución, para que queden establecidos en la Carta Magna, y así puedan prevalecer para el bien de las y los mexicanos.

Para mayor entendimiento de esta propuesta de iniciativa, presento el siguiente cuadro:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas de apoyo sociales

Único. Se reforman tres párrafos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

(...)

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley, hasta la edad de sesenta y cuatro años.

Las personas mayores de sesenta y cinco años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor de éste, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual, conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente decreto.

Tercero. El monto de los recursos asignados, en los Presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en escuelas públicas, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Recinto de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, suscrita por el diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 a 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal, en materia de alimentos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Diccionario de la Real Academia Española dice que “alimento” viene del latín alimentum, derivado de al re, que significa “alimentar”. En este sentido, alimentar significa “suministrar a alguien lo necesario para su manutención y subsistencia, conforme al estado civil, a la condición social y a las necesidades y recursos del alimentista y del pagador”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice en su estudio Alimentos: se establece con las percepciones tanto ordinarias como extraordinarias del deudor alimentista, con excepción de los viáticos y gastos de representación:

En el derecho civil, los alimentos no sólo comprenden lo necesario para nutrir el cuerpo, sino que abarcan una serie de elementos indispensables para el sano desarrollo y armónico de la convivencia respecto del entorno social y económico al que pertenece cada individuo, y comúnmente se dan mediante el apoyo y sustento económico cuantificado en dinero.

Los gastos que comprenden los “alimentos” son de acuerdo con el Código Civil Federal

Artículo 308. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

La definición de alimentos no ha tenido cambios desde su publicación en 1928 en el Diario Oficial de la Federación, con el título de Código Civil para el Distrito y Territorio Federales en materia común, y para toda la república en materia federal.

Sin embargo, dicha definición no está acorde con el siglo XXI en dos partes:

a) Respecto de hijas e hijos, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista; y

b) Para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el tema de educación obligatoria va desde la educación inicial hasta la media superior; y, proporcionar algún oficio, arte o profesión honesta “adecuada al sexo” de la hija o el hijo se puede considerar como un acto de discriminación que vulnera el derecho humano a la educación de las personas jóvenes.

Por lo anterior es indispensable reformar el artículo 308 del Código Civil Federal, conforme a los siguientes argumentos:

II. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la alimentación “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.

También el interés superior de la infancia es parte de los derechos humanos de niñas y niños, que reconoce nuestra Constitución en su artículo 4º que a la letra dice:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa”, donde se establece:

La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria forman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Lo anterior desprende que la educación desde la inicial hasta la media superior es obligatoria para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que permitan su ingreso, permanencia y continuidad en el sistema educativo mexicano.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que son obligación de los padres, madres o tutores de niñas, niños y adolescentes para que reciban la educación obligatoria.

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

III. En materia de “alimentos” hay variedad de definiciones en los códigos civiles y/o familiares de las entidades federativas, que a continuación se presentan:

1. Código Civil del Estado de Aguascalientes

Artículo 330. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II. Respecto de las personas menores de edad, incluyen además, los gastos necesarios para su sano esparcimiento; educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y en su caso, educación especial; así como para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus necesidades personales. La obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad y hasta los veinticinco años siempre que continúen estudiando en grado acorde con su edad y no cuenten con ingresos propios;

III. Con relación a las personas declaradas en estado de interdicción o con discapacidad sin posibilidad de trabajar, comprenden también lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo e inclusión social; y

IV. Con relación a las personas adultas mayores que sean incapaces de satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

2. Código Civil para el Estado de Baja California

Artículo 305. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y los gastos correspondientes a la asistencia en caso de enfermedad. Los alimentos para el concebido no nacido comprenden también los gastos de atención médica tanto para él como para la mujer embarazada, incluyendo los del parto. Respecto de las personas menores de dieciocho años de edad, se comprenden por alimentos, además, los gastos necesarios para la educación básica y la media superior obligatoria del alimentista y, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo, capacidades, potencialidades y circunstancias personales. También comprende, la atención a las necesidades resultantes de algún tipo de trastorno del desarrollo, discapacidad y de sano esparcimiento.

3. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur

Artículo 451. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además los gastos necesarios para dar educación preescolar, primaria y secundaria al alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos, adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Esta obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad, cuando los descendientes llegan a la mayoría de edad mientras estudian una carrera técnica o profesional, por todo el tiempo necesario para concluir estos estudios, si los realizan sin interrupción.

4. Código Civil del Estado de Campeche

Artículo 324. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. En cuanto a los adultos mayores, además de incluir todos los gastos necesarios para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

5. Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza

Artículo 276. Para los efectos legales se entiende por alimentos: la alimentación nutritiva, el vestido, la habitación, la atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médica y terapéutica en casos de enfermedad, los gastos relativos al embarazo y el parto, la recreación, así como los cuidados y asistencia que requiera el acreedor alimentario en lo particular. Respecto de las niñas y niños los alimentos comprenden los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista, su recreación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

Con relación al trabajo de cuidado y asistencia en favor del acreedor alimentario, deberá ser considerado como un aporte económico a quien lo realiza en el debido cumplimiento de las obligaciones alimenticias, lo cual deberá ser tomado en cuenta por el juez de la causa al momento de fijar la pensión alimenticia.

Para personas con algún tipo de discapacidad o que requieran de asistencia o representación para el ejercicio de sus derechos se deberá proporcionar en la medida de lo posible su rehabilitación y los elementos para una vida digna.

En el caso de las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, la persona a la que le corresponda proporcionarle alimentos deberá además proveer atención geriátrica que redunde en una buena calidad de vida, debiéndose en la medida de lo posible integrarse a la familia.

6. Código Civil para el Estado de Colima

Artículo 308. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, incluyendo la hospitalaria y en su caso, los gastos de gestación, de embarazo y de parto, así como las erogaciones económicas por concepto de cuidados y atención médica de la mujer, por un periodo de tres meses posteriores al nacimiento de la hija o hijo;

II. Respecto de los menores y mayores de 18 hasta los 25 años de edad, los alimentos comprenderán además, los gastos para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

7. Código Civil del Estado Libre y Soberano de Chiapas

Artículo 304. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la asistencia médica en caso de enfermedad, así como, los gastos de embarazo y parto.

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación (oficio, arte o profesión), así como para el esparcimiento indispensable para su edad.

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habitación o rehabilitación y su desarrollo.

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, también comprende lo necesario para su atención geriátrica.

8. Código Civil del Estado de Chihuahua

Artículo 285. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto. Respecto de las personas menores de edad, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales.

Tratándose de personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo.

9. Código Civil del Estado de Durango

Artículo 303. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica y hospitalaria, así como en su caso los gastos que se generen durante el embarazo, parto y postparto, la atención psicológica, afectiva y de sano esparcimiento y gastos funerarios;

II. Respecto de los menores, los gastos para estancias infantiles, educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y en el caso de mayores de edad para proporcionar algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a circunstancias personales;

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación e integración social; y

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de los alimentos se proporcionará todo lo necesario para su atención geriátrica.

10. Código Civil para el Estado de Guanajuato

Artículo 362. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad y las expensas necesarias para la educación obligatoria del alimentista.

Respecto de los hijos, los alimentos comprenden, además, los gastos para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícita y adecuados a sus circunstancias personales.

Los alimentos para el concebido comprenden, además, los gastos de atención médica tanto para la mujer embarazada como para el concebido, y los del parto.

11. Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358

Artículo 387. Los alimentos comprenden

La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación y desarrollo. Por lo que hace a los adultos mayores, además de todo lo necesario para su atención geriátrica.

Artículo 388. Respecto de los menores, además de lo establecido en el artículo anterior, los alimentos comprenderán los gastos para su educación y para proporcionarle oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

Artículo 389. La obligación de dar alimentos no comprenderá la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado.

12. Ley para la Familia del Estado de Hidalgo

Artículo 118. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y en su caso los gastos de embarazo y parto.

Respecto a los menores, además, los gastos para la educación.

Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habitación o rehabilitación y su desarrollo.

Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

13. Código Civil del Estado de Jalisco

Artículo 439. Los alimentos comprenden recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son comida, vestido, habitación, la asistencia en casos de enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos para la educación de preescolar, primaria, secundaria y media superior del acreedor alimentario y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales.

También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales.

Definida la paternidad conforme lo establece este código, toda mujer tiene derecho a exigir al padre del menor los gastos de embarazo y del parto.

14. Código Civil del Estado de México

Aspectos que comprenden los alimentos

Artículo 4.135. Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.

En el caso de personas adultas mayores, los familiares deberán cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, así como garantizar y procurar sus derechos y obligaciones.

15. Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo

Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente:

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

16. Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos

Artículo 43. Alimentos. Los alimentos comprenden la casa, la comida, el vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se encuentre incapacitado para trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor alimentista se encuentre estudiando y no cause baja, conforme al reglamento escolar, y que esta se curse en instituciones educativas que se encuentren en posibilidades de pagar los deudores alimentistas, siempre que los acreedores no cuenten con ingresos propios.

En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores alimentarios a que se refiere el artículo 41 de este ordenamiento.

En el caso de los adultos mayores, cuando no tengan autosuficiencia económica, además de su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado.

17. Código Civil para el Estado de Nayarit

Artículo 301. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.

18. Código Civil para el Estado de Nuevo León

Artículo 308. Los alimentos comprenden la manutención en general que incluye entre otros, la comida, el vestido, la habitación y la salud. Respecto de los menores de edad, los alimentos comprenderán además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su edad y circunstancias personales, lo cual también deberá considerarse respecto de los mayores de edad, cuando el caso así lo amerite.

Cuando el acreedor alimentista tenga alguna discapacidad temporal o permanente, los alimentos incluirán también, los gastos en higiene, asistencia personal, rehabilitación y los de traslado cuando la persona requiera acudir a recibir atención derivada de la misma; y en general, todo aquél gasto originado con motivo de la discapacidad.

19. Código Familiar para el Estado de Oaxaca

Artículo 155. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de las niñas, niños o adolescentes los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales.

También comprenden las atenciones a las necesidades psíquicas, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales.

Por lo que hace a las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o aquellas declaradas en estado de interdicción lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo.

Los descendientes que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos hasta concluida la misma, siempre y cuando realicen sus estudios de manera ininterrumpida y éstos sean acordes con su edad.

20. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 497

Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad y, en el supuesto del artículo 499, libros y material de estudio necesarios.

Además, los alimentos comprenderán la atención médica y hospitalaria del embarazo y parto, en cualquier caso, del padre hacia la madre.

Artículo 498

Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio arte o profesión, que resulte adecuado para la subsistencia del deudor alimentario.

Artículo 499

Los hombres y las mujeres que al adquirir la mayoría de edad estén estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos hasta que obtengan el título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción.

21. Código Civil del Estado de Querétaro

Artículo 293. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el esparcimiento y la salud.

Respecto de los hijos, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su educación básica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Para el caso de los mayores de edad, la obligación de proporcionar alimentos al acreedor alimentario, subsistirá siempre y cuando éste se encuentre estudiando una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluirla sin interrupción, siempre y cuando no sea mayor de 25 años de edad.

Respecto de las personas con discapacidad, de los adultos mayores o las declaradas en estado de interdicción, los alimentos también comprenderán los gastos necesarios para el tratamiento especial que requieran.

22. Código Civil para el Estado de Quintana Roo

Artículo 845. La obligación alimentaria consiste en la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado de la persona acreedora alimentaria integrante de la familia que permita se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas, y comprenden, entre otros:

I. La alimentación, el vestido, la habitación de acuerdo con la edad y la asistencia médica preventiva, así como lo requerido para la conservación de la integridad física que permita el desarrollo biopsicosocial de la persona acreedora alimentaria, y, en caso de enfermedad, lo requerido para la recuperación de la salud de éste; y en caso de fallecimiento del acreedor alimentario, los gastos funerarios;

II. En el caso de las personas gestantes, comprenderán los gastos que se generen durante el embarazo, en el parto y después de este hasta la total recuperación de la madre;

III. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, comprenderá además los gastos necesarios para su preparación académica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión y adecuada a sus circunstancias personales.

Para el caso que las personas acreedoras alimentarias adquieran la mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en el artículo 839 segundo párrafo, sin que ello, implique la obligación de suministrar recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento y desarrollo de su oficio, arte o profesión.

23. Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí

Artículo 150. Los derechos alimentarios comprenden

I. Los alimentos, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos del embarazo y parto;

II. Respecto de las o los menores, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria del acreedor alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales;

III. Respecto a las personas con algún grado de discapacidad o declaradas en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación y desarrollo; y

IV. Respecto a las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica se procurará, además, todo lo necesario para su atención geronto-geriátrica, independientemente de su integración al seno familiar.

24. Código Familiar del Estado de Sinaloa

Artículo 206. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia médica y hospitalaria, en caso de enfermedad; además los gastos necesarios para la educación del alimentista; y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales.

Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.

La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos, para ejercer la profesión, el arte u oficio a que se hubieren dedicado.

25. Código de Familia para el Estado de Sonora

Artículo 513. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el sano esparcimiento y la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, comprenden, además, los gastos necesarios para su educación, hasta proporcionarles un oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. Respecto de los discapacitados o declarados incapaces se prorrogará durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo y, comprenden, además, todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de los discapacitados o declarados incapaces. La obligación referida en este artículo se prorroga después de la mayoría de edad, si los acreedores alimentarios estudian una carrera técnica o superior, hasta el término normal necesario para concluir los estudios, si realizan los mismos de forma ininterrumpida.

26. Código Civil para el Estado de Tabasco

Artículo 304.

Qué comprende

Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para su educación básica obligatoria, para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; así como para su sano esparcimiento que le permitan un desarrollo integral.

27. Código Civil para el Estado de Tamaulipas

Artículo 277. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales;

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación;

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. El Juez suplirá de oficio, las deficiencias de orden procesal en términos del artículo 1º del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.

28. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala

Artículo 154. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;

III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y

IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

La obligación de dar alimentos subsistirá cuando los acreedores alimentarios adquieran la mayoría de edad y se encuentren cursando una carrera profesional o técnica acorde a su edad.

29. Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 239

Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, se incluirán los gastos de embarazo y parto en cuanto no estén cubiertos de otro modo; gastos de educación desde educación inicial hasta el nivel licenciatura o equivalente; recreación, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por la persona beneficiada, para su normal desarrollo físico y psíquico.

Si las personas son menores de dieciocho años se le proporcionarán los recursos necesarios a fin de procurar se concluya la educación a nivel superior o el aprendizaje de un arte u oficio, aun después de los 18 hasta los 25 años de edad, si los estudios se realizan en forma satisfactoria, tanto en tiempo como en el rendimiento académico.

En el caso de personas con discapacidad, aquellas que padezcan una enfermedad crónico-degenerativa permanente, así como una incapacidad que no les permita proveerse lo necesario para sustentarse a sí mismas, la obligación se extenderá el tiempo que la persona lo requiera.

En cuanto a los gastos de embarazo y parto deberán incluirse el costo de las pruebas para acreditar el embarazo, constatar y monitorear todas aquellas acciones que tiendan a garantizar el estado general de salud de la madre y del producto, así como todas aquellas necesidades médicas, de vestido y alimenticias que sean necesarias para asegurar el sano desarrollo.

Por lo que hace a las personas mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen de manera suficiente para satisfacer sus necesidades, integrándolos a la familia en condiciones dignas, sin que ello implique la extinción de la obligación alimentaria.

30. Código de Familia para el Estado de Yucatán

Definición de alimentos

Artículo 24. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II. Las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento;

III. En su caso, los gastos de funerales;

IV. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios para la educación básica y, en su caso, para que aprendan algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales;

V. En su caso, lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir; y

VI. Tratándose de los adultos mayores que carecen de recursos económicos, además, de lo necesario para su atención geriátrica.

31. Código Familiar del Estado de Zacatecas

Artículo 265

Los alimentos comprenden:

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto;

II. Con relación a las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, en especial los menores con discapacidad, lo necesario y suficiente para lograr, en la medida de lo posible, su habilitación o rehabilitación, su desarrollo e inclusión en la sociedad; y

III. Con relación a los adultos mayores que sean incapaces de satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia.

IV. La propuesta de la presente iniciativa es la siguiente:

V. Por lo expuesto y fundado se somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 308. Los alimentos comprenden

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención psicológica preventiva integrada a la salud, la asistencia médica y terapéutica en casos de enfermedad, la afectiva y de sano esparcimiento y gastos funerarios;

II. Respecto de las personas menores de edad, incluye además, los gastos necesarios para su sano esparcimiento; educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, y en su caso, educación especial; así como para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus necesidades personales.

Esta obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad, cuando los descendientes llegan a la mayoría de edad mientras estudian una carrera técnica o profesional, por todo el tiempo necesario para concluir estos estudios, si los realizan sin interrupción.

La obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad y hasta los veinticinco años siempre que continúen estudiando en grado acorde a su edad y no cuenten con ingresos propios.

III. En el caso de las personas gestantes, comprenderán los gastos que se generen durante el embarazo, en el parto y después de este hasta la total recuperación de la madre;

IV. Con relación a las personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, en especial los menores con discapacidad que requieren de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, por padecer algún trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir; y

V. Por lo que hace a las personas adultas mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “Alimento”, en

https://dle.rae.es/alimento

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Alimentos”, colección Temas Selectos de Derecho Familiar, volumen 1, 2010, en

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/publicaciones_scjn/p ublicacion/2016-10/TEMAS%20SELECTOS%20DE%20DERECHO%20FAMILIAR%2C%20SERIE%2C%20N %C3%9AM.1%20ALIMENTOS%2082537_0.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2024.– Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y AL INAH, A ANALIZAR LA VIABILIDAD DE INSTALAR UN MUSEO EN PÁTZCUARO, MICHOACÁN, ALUSIVO A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y al INAH a analizar la viabilidad de instalar un museo en Pátzcuaro, Michoacán, alusivo a los pueblos y comunidades indígenas de dicho estado y se exhiba el Chac Mool que fue hallado en esa comunidad en septiembre de 2023, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se analice la viabilidad de instalar un Museo en Pátzcuaro, Michoacán alusivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán y se exhiba el Chac Mool que fue hallado en esa comunidad en septiembre de 2023, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La promoción de la cultura y de nuestros orígenes debe estar presente en las acciones del presente, por ello propongo que se analice la viabilidad de instalar un Museo en Pátzcuaro, Michoacán alusivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán y se exhiba el Chac Mool que fue hallado en esa comunidad en septiembre de 2023.

Michoacán debe ser punta de lanza en el reconocimiento pleno a pueblos y comunidades indígenas, y una manera de lograrlo es a través del reconocimiento a la riqueza cultural que representan, exponiendo su legado particularmente aquellas piezas históricas que le dan significado a los orígenes e historia de Michoacán.

En septiembre pasado surgió la noticia relativa a que en el mercado de Pátzcuaro, Michoacán fue encontrado un Chac Mool, lo que es un gran hallazgo que, de acuerdo a los expertos es inusual encontrar obras precolombinas en el occidente de México, para mejor referencia se reproduce la nota periodística:

Los arqueólogos explican que este descubrimiento en Michoacán es “notable” porque no es usual encontrar creaciones artísticas precolombinas de tales dimensiones en el occidente de México

Carlos S. Maldonado

México - 06 sept 2023 - 15: 14Actualizado: 06 SEPT 2023 - 17: 33 CST

El hallazgo de una representación de un Chac Mool en Michoacán, una estatua precolombina por lo general usada en Mesoamérica en ceremonias de sacrificio y ofrenda, ha llamado la atención de arqueólogos y antropólogos. Las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunciaron que la estatua fue hallada a finales de agosto por obreros mientras realizaban una construcción en Pátzcuaro, una de las joyas turísticas de México, y analizan por qué esta efigie ha aparecido fuera de sus tradicionales regiones de origen: el sudeste del país, en las zonas que fueron parte del imperio maya. “Al no haber localizado, hasta el momento, materiales arqueológicos asociados con la efigie, los especialistas teorizan que fue removida de un emplazamiento original cercano y hallada en el relleno constructivo del pueblo de Pátzcuaro”, ha informado el INAH en un comunicado. Las autoridades de Cultura mexicanas han denunciado constantemente el trasiego y robo del patrimonio histórico del país y han iniciado una intensa ofensiva para recuperarlo, aunque todavía es pronto para determinar si la estatua fue robada de su localidad original.

Varias estatuas de Chac Mool han sido encontradas en trabajos de arqueología a lo largo de décadas en los estados del sureste de México, rica zona arqueológica que ahora cuenta con intensas labores de investigación en el contexto de las labores de construcción del Tren Maya, la mega obra de infraestructura insignia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades de Cultura informan periódicamente del hallazgo de vasijas, estatuas, centros de ceremonia, osamentas y materiales usados tanto en las labores cotidianas como ceremoniales de la época prehispánica.

Hasta mayo, habían encontrado 25.000 monumentos arqueológicos, 129 entierros humanos y pinturas rupestres. Entre los hallazgos más destacados está el del dios maya K’awiil, vinculado con el rayo, encontrado durante los trabajos realizados en el llamado Tramo 7 –que corre de Bacalar, en Quintana Roo, a Escárcega, en Campeche, en el sureste de México. Y a inicios de marzo, los científicos encontraron una cámara funeraria, cercana a Palenque, en Chiapas, con dos cuerpos enterrados, una ofrenda y un nicho con figuras de piedra verde. Este tipo de estatuas de Chac Mool son muy comunes en la zona arqueológica de Chichén Itzá, tanto así que aparecen en muchas ocasiones como un símbolo de la zona. Es famosa también una expuesta en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Las primeras de estas esculturas fueron descubiertas en Yucatán por el explorador Augustus Le Plongeon, quien decidió nombrarlas con el término maya Cháak mool, que literalmente significa ‘garra de la lluvia’. “Estas imágenes que conocemos con el nombre maya de chacmool eran mesas rituales en tiempos prehispánicos. Se ha especulado que se usaban en ceremonias de sacrificio y ofrenda”, ha explicado el arqueólogo del INAH José Luis Punzo Díaz. La pieza encontrada en Pátzcuaro está tallada en basalto y mide de 90 centímetros de largo y 80 de alto, con un peso estimado de 200 kilos. Para Punzo Díaz este descubrimiento en Michoacán es “notable” porque no es usual encontrar creaciones artísticas precolombinas de tales dimensiones en el occidente de México.

El investigador ha explicado que a fines del siglo XIX el etnólogo noruego Carl Lumholtz adquirió en Pátzcuaro un Chac Mool hallado en la localidad de Ihuatzio, que actualmente se expone en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. “Estas piezas representan a personajes masculinos recostados sobre sus espaldas, generalmente con sus cabezas erguidas hacia un costado”, han explicado los expertos del INAH. “Se trata de esculturas presentes en distintas partes del área mesoamericana, fechados hacia el Posclásico (900-1521 d.C.) como los identificados en Tula, Hidalgo; en Chichén Itzá, Yucatán; y en el Templo Mayor, en Ciudad de México”, ha agregado. Tras el descubrimiento en Pátzcuaro, los expertos han iniciado trabajos de investigación y “rescate arqueológico, a fin de ampliar las exploraciones en las áreas inmediatas a la imagen pétrea”, ha informado el INAH. “El Chac Mool localizado en días pasados, ya ha sido extraído y permanece bajo resguardo del Instituto, cuyos especialistas han iniciado análisis adicionales para valorar a fondo su estado de conservación”, han informado las autoridades.

Como se observa es un hallazgo de la mayor trascendencia para Michoacán y para México, vemos que en ocasiones pasada nuestro patrimonio histórico ha sido saqueado y se exhibe en museos del extranjero.

Otros aspectos interesantes es que la figura tiene algunos referencias a la cultura purépecha, y puede ser datado durante el esplendor purépecha en la época postclásica tardía, además de que sería la séptima figura que se encuentra en el Estado, y pasaron 85 años para que se encontrase una nueva pieza de un Chac Mool en Michoacán.

Haber encontrado la obra artística se estima que es una excelente noticia para Michoacán, y creo es oportunidad para que en el lugar del hallazgo arqueológico se pueda gestionar ante la autoridad federal la posibilidad de construir un pequeño museo de sitio en Pátzcuaro y ahí mismo se exhiba la escultura (no se lo vayan a llevar), que además ayudará al turismo de este pueblo mágico y para el desarrollo de nuestro Estado.

La eventual construcción de este museo se alinearía con la política que ha desarrollado nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de apoyo a los pueblos y comunidades indígenas, apenas el 28 de diciembre de 2023, el Gobernador señalaba que “Nuestro gobierno promueve la autonomía y el derecho que, por ley, les consagra a la autodeterminación, según sus usos y costumbres, lo que genera entre las y los habitantes de estas comunidades la seguridad de que los recursos públicos serán ejercidos y aprovechados en las acciones que más convengan a sus intereses y al desarrollo local”.

Se trata de promover la historia, los usos y costumbres, y el legado de los pueblos comunidades indígenas, siendo los más representativos los purépechas, mazahuas, otomíes y nahuas.

La idea de este posible museo también se alinea con la idea de “ no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” en el entendido que el modelo de crecimiento económico excluyente y concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, ha sido opresor de sectores poblacionales y minorías, como sería el caso de los pueblos originarios, de tal forma que se trata de crear espacios que muestren y realcen los usos y costumbres, el derecho a la autodeterminación y a la preservación de los territorios de las comunidades indígenas, que han vivido desde hace siglos la opresión, el saqueo y la discriminación, y que padecieron con particular intensidad ese modelo.

Los museos son espacios comunitarios, de reencuentro y de reafirmación de nuestras identidades, y particularmente sirven a niñas, niños y jóvenes para entender lo que somos, y se animen a seguir expresándose y sentirse orgullosos de su pasado.

Este nuevo museo tiene múltiples ventajas, a saber:

• Se resaltaría la cultura y las artes de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán;

• El ChacMool sería una pieza artística emblemática de este museo;

• Se buscaría que la pieza arqueológica permanezca en la comunidad donde fue hallada;

• Sumaría a la oferta de museos que hay en Pátzcuaro, como son el Museo de Artes y Oficios, el Museo Agrarista, Centro de Interpretación Ruta Don Vasco;

• Sería un museo dedicado a resaltar la cultura indígena de la región;

• Ayudará al turismo de Pátzcuaro como pueblo mágico y para el desarrollo de nuestro Estado.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se analice la viabilidad de instalar un Museo en Pátzcuaro, Michoacán alusivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán y se exhiba el ChacMool que fue hallado en esa comunidad en septiembre de 2023.

Notas

1. https://elpais.com/mexico/2023-09-06/hallada-una-efigie-de-un-chac-mool-en-patz cuaro-lejos-de-los-territorios-mayas-originales.html

2. https://www.youtube.com/watch?v=-nNtfzsPk2Y

3. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Michoacan-punta-de-lanza-en-el-reconoc imiento-pleno-a-pueblos-indigenas-20231229-0029.html

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL INM, A BUSCAR A LOS MIGRANTES QUE FUERON "ACARREADOS" AL CIERRE DE PRECAMPAÑA DE SANTIAGO TABOADA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INM a buscar a los migrantes que fueron “acarreados” al cierre de precampaña de Santiago Taboada realizado el miércoles 3 de enero de 2024 en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero y, en caso de que no contar con estadía regular en nuestro país, se les otorgue una visa humanitaria, suscrita por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se solicita al Instituto Nacional de Migración busque a los migrantes que fueron “ acarreados” al cierre de precampaña de Santiago Taboada realizado el miércoles 3 de enero de 2024, en el parque del mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y en caso de que no contar con estadía regular en nuestro país, se les otorgue una visa humanitaria, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1.- Como es de dominio público, el 5 de noviembre de 2023 inició la precampaña para Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. (INE s.f.)

2.- En el Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRD y PRI, se designó a Santiago Taboada como precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno.

3.- Mediante un comunicado, en la cuenta de X del Partido Acción Nacional, se informó lo siguiente el día 17 de noviembre de 2023:

Primero. Conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia para ser considerado precandidato.

Segundo. El ciudadano Santiago Taboada Cortina recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno y, por lo tanto, es considerado precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno. (Partido Acción Nacional 2023)

4.- La precampaña del hoy denunciado concluyó el 3 de enero de la presente anualidad. (INE s.f.) en dicho cierre de precampaña se presentaron los hechos que derivan en la interposición de la presente denuncia.

5.- En el cierre de precampaña de Santiago Taboada realizado el miércoles 3 de enero de 2024 en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se presentaron al menos, una docena de, presumiblemente, migrantes ataviados con playeras del Partido Acción Nacional, así como portando banderas de ese partido.

Dicha acontecimiento fue reportado por varios medios de comunicación, como El País, que lo reporteó de la siguiente manera:

Una decena de migrantes haitianos acudió este miércoles a apoyar a Santiago Taboada, candidato del Frente Amplio por México para la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, a su acto de cierre de precampaña en el Parque del Mestizaje, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los migrantes, que ondeaban banderas y portaban camisetas con los escudos del Partido Acción Nacional (PAN), fueron interrogados por uno de los asistentes al mitin, quien los grabó y colgó el video en redes sociales. “¿Ustedes de dónde son?”, pregunta el hombre a los caribeños, quienes se limitan a mirarse entre sí sin dar respuesta a su interlocutor. (El País 2024)

6.- Esta acción de llevar migrantes a actos proselitistas de Acción Nacional no es nueva, todo lo contrario, se trata de una estrategia por parte de los operadores de dicho Instituto Político.

7.- Entre los operadores que se encargan de “acarrear” migrantes a mítines del Partido Acción Nacional, probablemente se encuentre Francisco Ruiz Romo y existe también la posibilidad que haya más operadores del PAN ejecutando este tipo de acciones, consistentes en llevar a migrantes a mítines del Partido Acción Nacional.

8.- Francisco Ruiz Romo es actualmente el coordinador del Centro de Servicios y Atención Ciudadana en la alcaldía Álvaro Obregón, tal como se visualiza en la página de dicha alcaldía (Alcaldía Álvaro Obregón s.f.)

9.- Reportajes periodísticos señalan que es militante del Partido Acción Nacional (PAN) y en el Registro Nacional de Militantes del partido blanquiazul “... se encuentra dado de alta desde el 14 de junio de 2005 en la alcaldía Gustavo A. Madero, misma demarcación de la que fue presidente del partido hasta el 2020.” (SPR 2024)

10.- De los hechos e investigaciones que se han venido gestando en las últimas horas por diversos medios de comunicación, probablemente en el Partido Acción Nacional esté operando un grupo de prominentes miembros de ese partido para realizar conductas que podrían ser tipificadas como delitos, con el fin de obtener una ventaja al llevar migrantes a los mítines de sus precandidatos, entre ellos Santiago Taboada.

11.- Por otro lado, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, en una entrevista que le hicieron, señaló que con los migrantes que fueron llevados al cierre de campaña de Santiago Taboada, “estaban sumando.”

El video de apenas 36 segundos de duración fue motivo para que internautas lamentaran que se usara a los migrantes con fines proselitistas, especialmente porque ellos además de no hablar el idioma, se encuentran en un estado de vulnerabilidad que le valió críticas al partido dirigido por Marko Cortés, así como al mismo Taboada.

En ese sentido, el dirigente del blanquiazul fue cuestionado por integrantes de la prensa a modo de aclarar si en realidad se había reclutado a los migrantes con el fin de apoyar a Taboada Cortina quien aspira a ser el próximo jefe de Gobierno de la Ciudad de México y, aunque no hubo una respuesta clara de parte del antes mencionado, ha llamado la atención que se refirió a los migrantes con el fin de poderles otorgar la posibilidad de votar, derecho que es solo de los ciudadanos mexicanos.

El dirigente nacional del PAN insistió a los integrantes de la prensa que ellos como políticos, le estaban ganando el voto a los migrantes, lo que permitió que se escuchara la pregunta sobre si les estaban pagando o no por haber acudido a dar su apoyo al Alcalde con licencia por Benito Juárez, a lo que éste respondió de manera inmediata:

“ Estamos sumando a gente que quiere que las cosas en México ... estamos sumando”. -

12.- A raíz de los hechos aquí narrados, es factible deducir y existe la posibilidad de que exista, al interior del PAN una red dedicada al tráfico de personas y explotación laboral, misma que podría estar siendo operada por prominentes miembros de ese partido, como lo son Santiago Taboada y Francisco Ruiz Romo.

Existe evidencia concreta de que, a todas luces, personas en situación de vulnerabilidad por su estatus migratorio están siendo usadas y explotadas laboralmente, pues, posiblemente les fue otorgado un salario con el condicionamiento de ir a apoyar a Santiago Taboada en su cierre de campaña, lo cual, además, atentó contra su dignidad.

Por otro lado, debe destacarse que las personas, presumiblemente extranjeras y que aparecen en el cierre de campaña de Santiago Taboada, no es la primera vez que lo hacen, lo cual es preocupante pues se trata de una acción reiterada de abuso por parte de miembros del PAN hacia los migrantes, aprovechándose de su situación vulnerable en la que se encuentran debido a su situación migratoria.

Por ello las autoridades competentes deben investigar la probable existencia de una red de tráfico de personas en la que el Partido Acción Nacional podría estar detrás. Además, destacar que hubo una operación de estado, pues un funcionario como lo es Francisco Ruiz Romo, en días y horas laborales se encargó de llevar a las personas en contexto de movilidad al cierre de campaña de Santiago Taboada.

Por otro lado, se evidencia, de manera nítida, el racismo y discriminación con los que está actuando el Partido Acción Nacional al aprovecharse de la situación de desventaja de las personas presumiblemente migrantes.

Bajo esta tesitura es que se propone el presente punto de acuerdo.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita al Instituto Nacional de Migración busque a los migrantes que fueron “acarreados” al cierre de precampaña de Santiago Taboada realizado el miércoles 3 de enero de 2024, en el parque del mestizaje, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, y en caso de que no contar con estadía regular en nuestro país, se les otorgue una visa humanitaria.

Bibliografía

- Alcaldía Álvaro Obregón. Estructura. s.f.

https://aao.cdmx.gob.mx/alcaldia-estructura/.

- El País. Un grupo de migrantes haitianos presentes en el cierre de precampaña de Santiago Taboada enciende el debate sobre los acarreados. 04 de enero de 2024.

https://elpais.com/mexico/2024-01-04/un-grupo-de-migrantes-haiti anos-presentes-en-el-cierre-de-campana-de-santiago-taboada-enciende-el-debate-s obre-los-acarreados.html.

- INE. Ciudad de México 2024. s.f.

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2024/ciudad-de-m exico-2024/.

- Partido Acción Nacional. Cuenta oficial del Partido Acción Nacional. 17 de noviembre de 2023.

https://twitter.com/AccionNacional/status/1725750071927 484787/photo/1.

- SPR. Francisco Romo, un añejo militante del PAN, posa con migrantes haitianos acarreados para evento de Santiago Taboada. 04 de enero de 2024.

https://sprinforma.mx/ver/portada/francisco-romo-un-viejo-y-fiel -militante-del-pan-posa-con-migrantes-haitianos-acarreados-para-evento-de-santi ago-taboada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SCJN, A CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 127 CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE REMUNERACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a cumplir con lo previsto en el artículo 127 constitucional en materia de remuneraciones, evitando salarios y prestaciones exorbitantes, tal y como lo ha solicitado la ministra Lenia Batres Guadarrama, suscrita por la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cumplan con lo previsto en el artículo 127 constitucional en materia de remuneraciones, evitando salarios y prestaciones exorbitantes, tal y como lo ha solicitado la Ministra Lenia Batres Guadarrama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la llegada de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, la Cuarta Transformación se está afianzando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el cambio profundo y verdadero esta permeando en las instituciones, incluso en aquellas donde hay resistencias al mandato del Pueblo.

El Pueblo ha ordenado y así está plasmado en la Constitución, donde claramente se ordena que: “ Ningún servidor público podrá recibir remuneración...por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”, para mejor referencia se transcribe a continuación:

. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

Durante el discurso de la nueva Ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que se requiere un fuerte activismo judicial en favor de los derechos de las personas, particularmente de los más desfavorecidos, en lugar de ello tenemos una Suprema Corte enfocada en asuntos políticos y que se ha extralimitado, además de que ha incumplido con el límite de las remuneraciones establecida en el Artículo 127 Constitucional lo que han sido excesos; por lo que tenemos una Corte no subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte.

La Cuarta Transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción y la “burocracia dorada”, históricamente los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de las instituciones fueron una práctica recurrente del periodo neoliberal.

Actualmente hay un nuevo régimen jurídico promovido por la Cuarta Transformación que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos, por ello se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de austeridad republicana, sin embargo los fines y principios que persiguen estas leyes, están siendo obstaculizados judicialmente e incluso en el garante de la Constitución aún no se cumple con lo previsto en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El mandato del Pueblo fue claro, desde 2018, ya no se quiere ni se debe permitir un “ Gobierno Rico y un Pueblo Pobre”, pese a ello, algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a mantener el régimen de remuneraciones estratosféricas.

El principio constitucional de que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República es claramente la ruta que debemos seguir y que se ha trazado en el proyecto de Nación, al efecto podemos citar una porción del Plan Nacional de Desarrollo:

No al gobierno rico con pueblo pobre

Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana.

En un acto republicano y de congruencia, la Ministra Lenia Batres Guadarrama ha pedido que sus remuneraciones se ajusten a lo previsto en el Artículo 127 Constitucional renunciando a los privilegios y canonjías que se han venido dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se ha pedido que se ajuste su sueldo y sea inscrita en el ISSSTE como cualquier trabajador al servicio del Estado, de lo que dan cuenta diversas notas periodísticas.

El Pueblo desea un cambio, sigue anhelando que se hagan las cosas distintas a como se venían haciendo en el pasado, las acciones de la Ministra Lenia Batres Guadarrama son reconocidas por las personas, y por supuesto que incomodan a las personas que han venido gozando de privilegios.

Con motivo de todo lo anterior, es que desde el Congreso de la Unión que es la representación del Pueblo, se hace un respetuoso exhorto para que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se siga el ejemplo que ha dado la Ministra Lenia Batres Guadarrama renunciado a beneficios y privilegios indebidos.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cumplan con lo previsto en el artículo 127 constitucional en materia de remuneraciones, evitando salarios y prestaciones exorbitantes, tal y como lo ha solicitado la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

Notas

1. https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARRO LLO-2019-2024.pdf

2. https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/06/politica/201cvientos-de-cambio201 d-en-scjn-con-llegada-de-lenia-batres-dicen-morenistas-2752

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ministra-Lenia-Batres-s olicita-a-la-SCJN-no-ganar-mas-dinero-que-el-presidente-AMLO-20240106-0020.html

https://www.milenio.com/videos/politica/lenia-batres-solicita-sc jn-ganar-presidente

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

ESTRATEGIA PARA PREVENIR EXTORSIONES Y FRAUDES CON MOTIVO DEL EMPLEO DE PLATAFORMAS PARA REALIZAR INVERSIONES EN PEMEX Y LA CFE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al SESNSP y a la Condusef a implementar conjuntamente una estrategia para prevenir las extorsiones y fraudes con motivo del empleo de plataformas para realizar inversiones en Pemex y la CFE, suscrita por la diputada Brenda Ramiro Alejo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Brenda Ramiro Alejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás aplicables, se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los delitos cibernéticos son hechos antisociales que actualmente amenazan la integridad y el patrimonio de las personas, estos derivan de la brecha tecnológica que se yergue en la sociedad, ya que, aunque el uso de las tecnologías de la información y comunicación cada vez penetra más en la sociedad, la gran mayoría de los usuarios están expuestos a ser víctimas de los delincuentes cibernéticos. Si bien en los últimos años, se ha comenzado a socializar la idea de que lo que son los delitos cibernéticos, aún es una mínima cantidad de personas que conocen los detalles hacia dónde o con quién hay que dirigirse para levantar una denuncia en caso de haber sido una víctima más de un delito cibernético.

Desde octubre de este año, el Gobierno federal advirtió sobre una presunta estafa en la que, por medio de inteligencia artificial, se invita a invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex) con la promesa de obtener ganancias de hasta 300 mil pesos al mes.

Los nombres de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empleados por grupos de estafadores para cometer fraudes cibernéticos, bajo la oferta engañosa de otorgar altos dividendos por invertir en ambas compañías.

Los modos para cometer fraudes monetarios han evolucionado, a la par de la tecnología. Uno de los más habituales es a través del comercio electrónico, lo cual ha sido documentado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Incluso, en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se evidenció la circulación de un video utilizando Inteligencia artificial que engaña con supuestas inversiones a Pemex, con lo que los delincuentes cibernéticos pretenden obtener depósitos y datos de mexicanas y mexicanos a partir del empleo de plataformas digitales, valiéndose del desconocimiento de los usuarios de las redes sociales.

El Gobierno de México ha aclarado que no existe un esquema en el que se le pida a la gente dinero para invertir en PEMEX o CFE por medio de plataformas digitales, por lo que se ha llamado a los usuarios a no dejarse estafar.

Las páginas web que piden dinero o depósitos a través de plataformas digitales sin duda se tratan de una estafa cibernética, por lo que se debe hacer caso omiso a los anuncios publicitarios y acudir a la autoridad a denunciar estas prácticas.

La forma en que se lleva a cabo este tipo de fraude para invertir en Pemex consiste en prometer rendimientos muy atractivos. Con una inversión mínima de $5,000 se garantiza obtener ganancias potenciales de hasta $64,000 en tan solo un mes.

No obstante, las políticas financieras que se aplican en le empresas productivas del Estado como lo son Pemex y CFE, permiten la inversión en títulos de deuda como instrumentos financieros, pero en estos la observancia a la ley es rigurosa y no se adquieren por plataformas digitales.

Pero lo más delicado es que al ser sorprendidos los usuarios, estos no solo se exponen a perder su dinero sino también a que sus datos personales queden en manos de delincuentes con el posible riesgo de ser extorsionados.

En este sentido, es importante que las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos articulen una estrategia para que las personas no caigan en el engaño de los delincuentes, quienes emplean métodos sofisticados para obtener no solo ganancias ilícitas, sino también los datos personales y financieros.

Es por ello que también la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) al ser la entidad pública a quien acuden los usuarios de la banca, se involucre para que se emita una regulación especializada en las materias de supervisión, transparencia, información y publicidad, respecto de los productos y servicios de las Instituciones de Tecnología Financiera, ya que los fraudes que se comenten se hacen por medio del empleo de la banca en línea o móvil.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a que diseñen una estrategia conjuntamente para prevenir estafas y fraudes con motivo del empleo de plataformas para realizar inversiones en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Notas

1. https://www.jornada.com.mx/2023/09/24/economia/016n2eco

2. Ídem.

3. Consultado en:

https://blog.nu.com.mx/invertir-en-pemex-se-trata-de-un-fraude/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputada Brenda Ramiro Alejo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FGR, A EJERCER SU FACULTAD RESPECTO AL CASO DE LA TENIENTE GLORIA CAROLINA CHÁZARO BERRIEL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a ejercer su facultad de atracción plasmada en el artículo 5o. de la Ley de la Fiscalía de la República, para atraer el caso de la teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel, suscrita por los diputados Jaime Martínez López, del Grupo Parlamentario de Morena, y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, el diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y el diputado Jaime Martínez López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en los Resolutivos aplicables de las Reglas Básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nacida en La Paz, Baja California Sur, la Teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel sirvió por más de 13 años a las fuerzas de la Armada de México, se distinguió por su destacada trayectoria. Sin embargo, medios de comunicación señalan que la investigación sobre su fallecimiento está plagada de irregularidades y nula transparencia, ante esto la sociedad mexicana clama que el caso sea esclarecido, si esto no ocurre, se mandaría el mensaje de que la justicia y el Estado de Derecho no existen, al tiempo que se desincentivaría que las personas denuncien y aumentaría la impunidad, se estima.

Trayectoria destacada

En 2018, la teniente Cházaro fue seleccionada para estudiar una maestría en Reino Unido a través del Programa de Becas Chevening, cursó un posgrado en Estrategia y Seguridad Aplicadas, en la Universidad de Exeter.

El 30 de agosto 2020 la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel fue la primera mujer en comandar un buque de la Armada de México, el Secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Duran le escribió una carta a la Teniente Cházaro en la que la enalteció con las siguientes palabras “” y “una clara muestra de honor, deber, lealtad y patriotismo”.

Con base en diversos medios de comunicación consultados, se realiza la siguiente relatoría:

Acoso en SEMAR

En agosto de 2022 la SEMAR mandó a la Teniente Cházaro a una base cerca de Puerto Cortés, en Baja California, en dicha embarcación se desempeñaría como la segunda al mando. Durante su estancia en ese lugar la Teniente Cházaro fue acosada por el Capitán Rodolfo Torres Chávez. Al respecto de esto Paola Schietekat, amiga de la teniente Cházaro, refiere:

Fue una cosa gradual. Este superior la trataba de abrazar y ella le rechazaba. Llegó un punto en que el superior le quitaba autoridad delante de sus subordinados, con humillaciones, dando órdenes para revertir las suyas... Le quitaba lo único que importa en las Fuerzas Armadas: la jerarquía.

En diciembre del 2022 la Teniente Cházaro se comprometió con el Capitán Octavio Capetillo. Sin embargo, el Capitán Rodolfo Torres le exigió a la Teniente Cházaro que se quitara el anillo de compromiso y quitara la foto de perfil de WhatsApp con su prometido.

En una ocasión la Teniente Cházaro fue a andar en bicicleta, cerca de Puerto Cortés, Baja California, siendo seguida por el Capitán Rodolfo Torres, de acuerdo con una copia de la queja que después interpondría la joven, él Capitán le dijo a su subordinada “”. Ante lo acontecido, la Teniente Cházaro reportó lo sucedido de forma interna con el superior de ambos.

 El 19 de febrero del 2023, la Teniente Cházaro hizo un oficio reportando el acoso del Capitán Rodolfo Torres, ante el comandante de la IV Región Naval, quien le indicó que presentara una queja ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) de la SEMAR para que aplicara el protocolo correspondiente. La Teniente Cházaro interpuso su queja entre finales de febrero y principios de marzo de 2023.

La penalista Fernanda Martínez, fue abogada de Gloria, indica que la queja interpuesta por la Teniente Cházaro molestó al Capitán Rodolfo Torres.

Torres empieza a tomar represalias administrativas. Arrecia el acoso con arrestos arbitrarios por cosas menores, por ejemplo, que no había hecho 50 lagartijas que le había ordenado hacer.

SEMAR mandó llamar a la Teniente Cházaro a la Ciudad de México, para realizarle evaluaciones por el caso.

Debido a que el CEPCI no cuenta con facultades para sancionar y solo puede hacer recomendaciones, la penalista Fernanda Martínez y el abogado Manuel Mateos, le sugirieron a la Teniente Cházaro no seguir el procedimiento ante el CEPCI y que se presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a esto el 27 de marzo Cházaro le comunicó al CEPCI que desistía de la queja.

La Teniente Cházaro tenía contemplado reunirse con sus abogados Fernanda Martínez y Manuel Mateos, el lunes 12 de junio de 2023, para hablar de la estrategia legal que seguirían ya que pensaban sacar el caso de acoso sexual y abuso laboral, fuera del ámbito naval para llevarlo al civil y evitar la discrecionalidad con la que SEMAR había tratado dicho caso y presentarla ante la FGR; sin embargo, la reunión ya no pudo llevarse a cabo por la muerte de la Teniente Cházaro.

Al respecto la abogada Fernanda Martínez menciona:

A mí me preocupa que se use el pasado de una persona para dejar de investigar su posible feminicidio... Subsistía esta situación de acoso por parte de este señor, el capitán Torres, pero de momento no hemos llegado a nada. La muerte parece que interrumpió la investigación.

La muerte de la Teniente Cházaro

En junio de 2023, Alberto Cházaro Berriel, marino y hermano de Gloria, fue papá por lo cual la Teniente Cházaro pidió permiso para ir un par de días para ir a conocer a su sobrino a Veracruz.

La Teniente Cházaro llegó a Veracruz entre el jueves 8 y el viernes 9 de junio, el mismo viernes visitó a su sobrino, en la noche llegó el Capitán Octavio Capetillo. Al respecto de esto Eduardo Cházaro Berriel, hermano de Gloria, explica que el plan era festejar el compromiso de la Teniente Cházaro y el Capitán Capetillo y menciona “ Tenían planes de casarse el próximo año. De hecho, mi hermana ya estaba viendo lo del salón, la iglesia y demás”.

El sábado 10 de junio Gloria Cházaro, Octavio Capetillo, Eduardo Cházaro Berriel, la cuñada y el padre de Cházaro, fuero a un bar restaurante cerca de su casa en la Colonia Santa Leticia, en el que cenaron y al que fueron porque Eduardo es amigo del dueño. La cena transcurrió, hasta que Eduardo Cházaro Berriel y su esposa hablaron de la mudanza a Canadá, programada para agosto del 2023, derivado de esto Gloria Cházaro comentó que pidió un permiso de tres meses a la Armada de México para ir a visitar a su familia a Canadá, esto disgustó a su prometido.

La discusión continuó cuando Gloria Cházaro recriminó a Octavio Capetillo que nunca le enseñó un papel que confirmara que se había divorciado, porque éste podía seguir casado sin que ella lo supiera.

Eduardo Cházaro Berriel relata que la cena terminó entre las 08: 30 pm y las 09: 00 pm, Octavio Capetillo se fue y que a pesar de lo sucedido su hermana estaba contenta “Ella siguió conviviendo, cantando, bailando y que ésta le comentó que pensaba terminar con Octavio Capetillo.

Todavía yo hablé con ella y me comentó que ya iba a terminar su relación con él. Porque él siempre decía una cosa y al final era otra, que no le daba su lugar y que ella ya no quería seguir con esa relación. No me lo dijo triste, me lo dijo normal, decidida.

 A las 11: 00 pm del sábado, Gloria Cházaro, su papá y su cuñada, se fueron del bar, Eduardo se quedó en el bar porque su amigo le pidió que lo ayudara porque le faltaba personal.

Gloria Cházaro, su papá y su cuñada, caminaron de vuelta a casa, la abogada Fernanda Martínez cuenta que durante este trayecto la Teniente Cházaro le mandó mensaje.

Me escribió cuando venía regresando del bar... Gloria me dijo que ya no quería volver a trabajar y que si podíamos seguir el proceso legal si ella se salía de la Marina. Y yo le dije que sí, sin ningún problema. Por eso para mí fue tan raro cuando el lunes supe que había muerto

Al llegar a la casa Gloria Cházaro, su cuñada y su papá, encontraron en la puerta de la casa a Octavio Capetillo, todos entraron a la casa, la Teniente Cházaro se quedó en su cuarto en la planta baja, su cuñada en la recamara de Eduardo en la planta de arriba, su padre en su recamara en la planta de abajo y Octavio Capetillo se quedó en la planta de arriba.

Las cámaras de seguridad de los vecinos muestran que Octavio Capetillo salió de la casa a las 12: 40 de la madrugada. Aproximadamente la 01: 30 am, Eduardo llegó a la casa y encontró colgada a su hermana, entre él y su padre descolgaron el cuerpo, enseguida avisaron a la policía.

Eduardo le mandó mensaje a Octavio Capetillo para decirle que Cházaro falleció y éste le contestó: “No me digas eso”. Después del fallecimiento de la Teniente Cházaro, la familia de Octavio Capetillo no ha tenido noticias de él y tampoco se ha presentado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el que trabaja como piloto de helicópteros.

Irregularidades en el caso

La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, por medio de su oficina en la dependencia en Fortín Flores, mantiene abierta una indagatoria por la muerte de Cházaro a cargo de la Fiscal Clarisa Tapia Uría.

En julio de 2023 la Fiscal General de Veracruz, aseveró que no existen indicios para que la muerte Gloria Cházaro sea catalogada como feminicidio y que presuntamente fue un suicidio. Al respecto de esto Eduardo Cházaro Berriel informa que la Fiscalía de Justicia de Veracruz no tiene elementos para clasificar la muerte de su hermana como suicidio y señala que la investigación ha sido deficiente y poco transparente.

Los conocidos, amigos y abogados de Gloria Cházaro tampoco creen en la hipótesis del suicidio. Daniel Santander, compartió piso con la Teniente Cházaro y cursó la maestría con ella en Reino Unido, refiere que la mujer quería hacer la licenciatura de marinera civil.

Los amigos de la Teniente Cházaro la describen como una persona alegre, con planes a futuro y con arduo activismo feminista para lo cual había creado un grupo privado en Facebook, llamado Información que cura color violeta, en el que compartía reflexiones sobre los roles de género y el machismo que existe en el interior de la Armada de México. Paola Schietekat, comenta que su amiga Gloria Cházaro nunca les perdía la cara a los problemas.

La abogada Fernanda Martínez explica que Eduardo Cházaro Berriel se iba a mudar a Canadá, por lo cual Cházaro consideraba irse a vivir a Canadá y trabajar en la navegación civil, lo cual no sería difícil considerando su destacada trayectoria. Los planes a futuro de Gloria Cházaro contrastan con la hipótesis de la Fiscalía de Veracruz.

La familia Cházaro Barriel ha pedido a la Fiscalía de Justicia de Veracruz y a la FGR, que lleven a cabo una investigación a profundidad 30 y que el caso se investigue como feminicidio ya que existen dos posibles móviles, la queja que hizo en contra del Capitán Rodolfo Torres; y al Capitán Octavio Capetillo, con quien Gloria discutió y que se encuentra desaparecido desde el fallecimiento de la Teniente Cházaro. El colectivo Brujas del Mar, también pidió que el caso de la se investigue como feminicidio.

El 10 de agosto de 2023 , la embajada Británica en México y el Programa de Becas Chevening del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico, pidieron a las autoridades mexicanas que esclarezcan el fallecimiento de la Teniente Gloria Cházaro y que hagan las investigaciones pertinentes con perspectiva de género.

Otro punto que se debe tener en cuenta es la poca información proporcionada por las autoridades a la familia Cházaro Berriel y los abogados de estos. Al respecto, la penalista Fernanda Martínez sospechan que los movimientos de los investigadores no fueron realizados “O sea, sí ordenaron que se llevara a cabo el protocolo de investigación, pero no lo realizaron”. La abogada no tiene forma de corroborar esto debido no ha permitido que tengan acceso a toda la información sobre el caso. Eduardo tampoco a logrado tener acceso a la carpeta de investigación correspondiente al caso de su hermana.

Al respecto de lo mencionado anteriormente, el artículo 109 del Código Penal Federal establece los derechos de la víctima u ofendido, especificando en la fracción XXII que tiene derecho a acceder a los registros de investigación y a obtener copia de estos. En este caso los ofendidos son los padres y hermanos de Gloria Cházaro, a los cuales al igual que a sus abogados se les a negado el acceso a la información de la investigación, constituyendo así una violación a sus derechos.

Eduardo Cházaro Berriel reportó que la investigación no se ha hecho de forma efectiva, destacando que los peritos no tomaron adecuadamente los indicios y que la Fiscalía Veracruzana ha dilatado la recolección de evidencia.

Al respecto de esto las fracciones IV, V y VIII del art. 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público tiene la obligación de ordenar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, ordenar que los indicios sean recolectados garantizando la integridad de estos y supervisar que se sigan las reglas y protocolos para su debida preservación y procesamiento. Sin embargo, esto no ocurrió en el caso de la Teniente Cházaro, su hermano Eduardo refiere:

Desde el inicio hemos recibido negativas, en la fiscalía... Tres días después del fallecimiento de Carito, yo fui a la fiscalía y le comenté a la fiscal que cuándo se iban a presentar, que nadie lo había hecho, realizó unas llamadas y me dijo, la encargada ya tiene tu número se va a comunicar contigo. Nadie se comunicó...

Nosotros sentimos que la investigación no se está haciendo de manera adecuada, no está siendo exhaustiva, hay muchas cosas que están pasando por alto y que se están manejando de manera equivocada.

Eduardo Cházaro Berriel puntualiza que otra de las cosas que la fiscalía veracruzana ha pasado por alto es llamar a declarar a Octavio Capetillo, esto a pesar de que es una figura fundamental en el caso. La fracción X del art. 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público debe entrevistar a las personas que puedan aportar datos o elementos de la investigación, lo cual ha sido incumplido al no llamar a declarar a Octavio Castillo, que es una pieza clave en el caso. Eduardo también refiere que las autoridades no han investigado a otros testigos, ni han acudido al bar para recoger las grabaciones.

Las irregularidades cometidas en el procesamiento de indicios constituyen violaciones a los principios de eficiencia y profesionalismo plasmados en el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los padres de Gloria Cházaro solicitaron la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim). por lo cual, en agosto de 2023, los padres de Cházaro y dicha institución sostuvieron una reunión en la que solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Veracruz que investigue el caso de Gloria Cházaro como feminicidio.

Actualmente, en la página Change.org existe una petición para que la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, atraiga el caso y lo investigue como feminicidio. 40 Al respecto de esto los familiares de la Teniente Cházaro refieren que no han sido contactados por la Fiscalía General de la República.

La sociedad mexicana demanda que el Caso de la Teniente Cházaro se esclarezca y en su caso se sancione a los responsables. Debido a la ineficacia de la fiscalía que actualmente lleva el caso y a la trascendencia social de este es prudente que la Fiscalía General de la Republica ejerza su facultad de atracción plasmada y por medio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, investigue el caso por ser un hecho de violencia contra la mujer por su condición de género.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que, con base en sus atribuciones, ejerza su facultad de atracción plasmada en el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía de la República, para atraer el caso de la Teniente Gloria Carolina Cházaro Berriel y por medio de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, investigue el caso aplicando protocolos especializados con perspectiva de género.

Notas

1 Redacción. (2023). “PERFIL: Ella era Gloria Cházaro, reconocida teniente de la Marina, víctima de presunto feminicidio”. El Financiero. Consultado el 1 de octubre de 2023, en: HYPERLINK

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/08/01/perfil-ella- fue-gloria-chazaro-reconocida-teniente-de-la-marina-victima-de-presunto-feminic idio/

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/08/01/perfil-ella- fue-gloria-chazaro-reconocida-teniente-de-la-marina-victima-de-presunto-feminic idio/

2 Dina, Eduardo. (2023). “Embajada británica en México pide esclarecer muerte de la teniente Gloria Cházaro en Veracruz”. El Universal. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/embajada-britanica-en-mexi co-pide-esclarecer-muerte-de-la-teniente-gloria-chazaro-en-veracruz

3 Redacción. (2023). “PERFIL: Ella era Gloria Cházaro, reconocida teniente de la Marina, víctima de presunto feminicidio”. El Financiero. El Financiero. Consultado el 1 de octubre de 2023, en: HYPERLINK

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/08/01/perfil-ella- fue-gloria-chazaro-reconocida-teniente-de-la-marina-victima-de-presunto-feminic idio/

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/08/01/perfil-ella- fue-gloria-chazaro-reconocida-teniente-de-la-marina-victima-de-presunto-feminic idio/

4 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

5 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

6 Redacción. (2023). “PERFIL: Ella era Gloria Cházaro, reconocida teniente de la Marina, víctima de presunto feminicidio”. El Financiero. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/08/01/perfil-ella- fue-gloria-chazaro-reconocida-teniente-de-la-marina-victima-de-presunto-feminic idio/

7 Ferri, Pablo (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

8 Ferri, Pablo, (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

9 Univisión. (2023). “La primera mujer comandante de la Marina mexicana aparece sin vida: denuncian extrañas circunstancias de su muerte [Vídeo]”. Univisión. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://www.univision.com/noticias/america-latina/gloria-chazaro -acoso-sexual-violencia-mexico-militares-marina

10 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

11 García, Jair. (2023). “Familia de la teniente Cházaro contrató a Fernanda Robleda y Rodolfo Reus; buscan justicia”. PalabrasClaras.mx. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://palabrasclaras.mx/estatal/familia-de-la-teniente-chazaro -contrato-a-fernanda-robleda-y-rodolfo-reus-buscan-justicia/

12 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

13 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

14 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

15 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

16 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

17 Ferri, Pablo. (2023) “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

18 Ferri, Pablo. (2023) “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

19 Ferri, Pablo. (2023) “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

20 Ferri, Pablo. (2023) “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

21 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

22 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

23 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

24 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

25 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en: HYPERLINK“

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html”

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

26 Redacción AN/KC (2023). “Fiscalía de Veracruz no tiene elementos para clasificar como suicidio muerte de teniente Gloria Cházaro: familiares”. Aristegui Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en: HYPERLINK

https://aristeguinoticias.com/2707/aristegui-en-vivo/entrevistas -completas/fiscalia-de-veracruz-no-tiene-elementos-para-clasificar-como-suicidi o-muerte-de-teniente-gloria-chazaro-familiares/

https://aristeguinoticias.com/2707/aristegui-en-vivo/entrevistas -completas/fiscalia-de-veracruz-no-tiene-elementos-para-clasificar-como-suicidi o-muerte-de-teniente-gloria-chazaro-familiares/

27 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

28 Ferri, Pablo. (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

29 Ferri, Pablo (2023). “La muerte ignorada de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-07-17/la-muerte-ignorada-de-la-te niente-chazaro.html

30 Mares, Tamara (2023). La muerte de la teniente Cházaro: un posible crimen que la Fiscalía no investiga. Sin Embargo MX. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://www.sinembargo.mx/01-08-2023/4391692

31 Redacción AN/ RDG. (2023). “Pareja de la teniente Gloria Cházaro no ha sido llamado a declarar, denuncia familia”. Aristegui Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://aristeguinoticias.com/2807/mexico/pareja-de-gloria-chaza ro-no-ha-sido-llamado-a-declarar-denuncia-familia/

32 Vega, Ana Francisca. (2023). “Caso Gloria Carolina Cházaro: ´Existen inconsistencias en las investigaciones´. MVS Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en: HYPERLINK “

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2023/7/21/caso-gloria-caroli na-chazaro-existen-inconsistencias-en-las-investigaciones-600187.html

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2023/7/21/caso-gloria-caroli na-chazaro-existen-inconsistencias-en-las-investigaciones-600187.html

33 Dávila, Patricia. (2023). “Embajada británica pide que se esclarezca el caso de la muerte de la teniente Gloria Cházaro”. Proceso. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/8/2/embajada-britanica- pide-que-se-esclarezca-el-caso-de-la-muerte-de-la-teniente-gloria-chazaro-31199 4.html

34 Ferri, Pablo. (2023). “Dos meses de incógnitas en el caso de la teniente Cházaro”. El País México. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://elpais.com/mexico/2023-08-13/dos-meses-de-incognitas-en- el-caso-de-la-teniente-chazaro.html

35 Dávila, Patricia. (2023). “Embajada británica pide que se esclarezca el caso de la muerte de la teniente Gloria Cházaro”. Proceso. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/8/2/embajada-britanica- pide-que-se-esclarezca-el-caso-de-la-muerte-de-la-teniente-gloria-chazaro-31199 4.html

36 Redacción AN/KC. (2023). “Acusan a FGE Veracruz por dilatar recolección de evidencia del caso Cházaro Berriel | Entérate”. Aristegui Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://aristeguinoticias.com/2707/aristegui-en-vivo/enterate/ac usan-a-fge-veracruz-por-dilatar-recoleccion-de-evidencia-del-caso-chazaro-berri el-enterate/

37 Redacción AN/KC. (2023). “Familiares de la teniente Cházaro piden exhaustividad a Fiscalía de Veracruz para investigar su muerte”. Aristegui Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://aristeguinoticias.com/2707/mexico/familiares-de-la-tenie nte-chazaro-piden-exhaustividad-a-fiscalia-de-veracruz/

38 Redacción AN/RDG. (2023). “Pareja de la teniente Gloria Cházaro no ha sido llamado a declarar, denuncia familia”. Aristegui Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://aristeguinoticias.com/2807/mexico/pareja-de-gloria-chaza ro-no-ha-sido-llamado-a-declarar-denuncia-familia/

39 Dina, Eduardo. (2023). “Conavim y Fiscalía de Veracruz revisan caso de teniente Gloria Cházaro para esclarecer su muerte”. El Universal. Consultado el 1 de octubre, en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conavim-y-fiscalia-de-vera cruz-revisan-caso-de-teniente-gloria-chazaro-para-esclarecer-su-muerte/

40 Sign the petition. (2023). Change.org. HYPERLINK

https://www.change.org/p/fge-veracruz-fgr-ver-justicia-para-chaz ?algorithm=promoted&source_location=search&grid_position=8&pt=AVBld Gl0aW9uAHdoNAIAAAAAZMp4bl0aqxgwMDRjZWZkMg%3D%3D

https://www.change.org/p/fge-veracruz-fgr-ver-justicia-para-chaz ?algorithm=promoted&source_location=search&grid_position=8&pt=AVBld Gl0aW9uAHdoNAIAAAAAZMp4bl0aqxgwMDRjZWZkMg%3D%3D

41 Redacción AN/RDG. (2023). “Familia de la teniente Cházaro no ha sido contactada por la FGR | Entérate”. Aristegui Noticias. Consultado el 1 de octubre de 2023, en:

https://aristeguinoticias.com/2807/aristegui-en-vivo/enterate/fa milia-de-la-teniente-chazaro-no-ha-sido-contactada-por-la-fgr-enterate/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputados: Salvador Caro Cabrera, Jaime Martínez López (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES, A DAR CUMPLIMIENTO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, PARA ARMONIZACIÓN DE LAS LEYES LOCALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a realizar los trabajos legislativos necesarios para dar cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo segundo transitorio de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el cual establece un plazo para la armonización de las leyes locales en esta materia, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de varios trabajos legislativos por parte del Senado de la República y la Cámara de Diputados, se llegó a un consenso sobre la necesidad de aprobar una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la movilidad y a la seguridad vial y para establecer la concurrencia de facultades en ambas materias, permitiendo al Congreso de la Unión expedir una ley general que las regulara.

El 18 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que ahora establece que:

“ Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”

Este fue el primer gran paso del Congreso de la Unión hacia la consolidación de la seguridad vial y de la movilidad como derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución, exigibles por todas las personas en el país.

Esta reforma constitucional tuvo, principalmente, los siguientes objetivos:

• Reconocer el derecho humano a la movilidad y a la seguridad vial (artículo 4 CPEUM).

• Establecer la concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en materia de movilidad y seguridad vial (artículo 4 CPEUM).

• Facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (artículo 73, fracción XXX-A CPEUM).

• Determinar expresamente, la obligación de los municipios para garantizar el derecho a la movilidad y a la seguridad vial (artículo 115 CPEUM).

El pasado 17 de mayo de 2022, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Ley que reunió diversas propuestas que englobaron conceptos esenciales para concretar el derecho a la movilidad de los ciudadanos y las bases para establecer la seguridad vial necesaria para protegerlos. La Ley fue construida bajo un extenso diálogo, consenso y participación de la sociedad civil, académicos, expertos y especialistas, así como diversos sectores de la ciudadanía.

Este Decreto sentó las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque general y de protección de estos derechos, ya que empezó por definir los mecanismos de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial.

Estableció la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, estableció la jerarquía de la movilidad y los principios rectores a que deben sujetarse las autoridades competentes en la implementación de esta Ley, en la expedición de disposiciones reglamentarias y en la formulación y aplicación de políticas, programas y acciones en la materia.

Además, estableció las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad. Asimismo, promueve la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial.

Esta Ley también contemplaba en su artículo segundo del apartado transitorio que:

“ El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán aprobar las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo dispuesto en esta Ley.”

Esto implica que las 32 entidades federativas están obligadas a armonizar sus leyes locales de movilidad, tránsito y transporte, para alinearlas con la ley general, a más tardar el día 13 de noviembre de 2022.

Sin embargo, esta obligación legal de armonizar los marcos normativos locales con las disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se ha desarrollado de manera lenta ya que la gran mayoría de las entidades federativas no avanzaron en esta labor.

Hasta el momento se tiene registro que los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit y Yucatán son los primeros en armonizar sus legislaciones en esta materia, hecho que reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, en el marco del tercer foro regional para la construcción conjunta de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial (Enamov) 2023-2040.

Quedando pendientes 28 Estados: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Esta omisión legislativa implica que los congresos locales incumplan el precepto establecido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano y complica la posibilidad de que el Estado mexicano cuente con las medidas necesarias para brindar a la ciudadanía las bases que garanticen la seguridad en la materia.

Al no armonizar su normativa los Estados, los congresos locales están faltando al derecho que tienen los ciudadanos de garantizar el derecho a la movilidad para trasladarse en sus territorios, en los términos en que se materializó la reforma Constitucional de 2020, lo cual además, implica frenar con el avance efectivo de la puesta en marcha de la Enamov 2023-2040.

Asimismo, uno de los mandatos que señala la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en los artículos 44 y 48 para las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, es la de no sobre regular ni gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su demarcación territorial, así como tampoco podrán prohibir la entrada o salida a su territorio de ninguna mercancía nacional o extranjera. Para ello, deben abstenerse de exigir permisos adicionales para la movilidad de bienes y mercancías, debiendo reconocer las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los permisos otorgados por éstas para suministrar los servicios de transporte.

Bajo esta consideración y ante la falta de armonización de las leyes locales en materia de movilidad y seguridad vial, en la actualidad se tiene un registro de al menos 211 Municipios de 30 Estados de la República Mexicana que requieren permisos adicionales de carga, descarga y circulación de mercancías, contraviniendo el mandato de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

En ese sentido y para tener una correcta armonización a nivel local, los congresos locales deberán establecer leyes apegadas a los principios establecidos por la Ley general entre los que destacan los siguientes:

Accesibilidad, para garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el uso de ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con discapacidad, movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad.

Diseño universal, que implica que todos los componentes de los sistemas de movilidad deben seguir los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas independientemente de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad, de acuerdo con las condiciones de cada centro de población; así como otorgarles las condiciones mínimas de infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad.

Inclusión e Igualdad, que determina que el Estado atenderá de forma incluyente, igualitaria y sin discriminación las necesidades de todas las personas en sus desplazamientos en el espacio público, infraestructura, servicios, vehículos, transporte público y los sistemas de movilidad.

Seguridad, como medida fundamental para proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es prevenible.

Sostenibilidad, para satisfacer las necesidades de movilidad procurando los menores impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras;

Transparencia y rendición de cuentas, para garantizar la máxima publicidad y acceso a la información relacionada con la movilidad y la seguridad vial, así como sobre el ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Transversalidad, como instrumento para integrar las políticas, programas y acciones en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública, que proveen bienes y servicios a la población, poniendo especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Es por todo esto que, consideramos de vital importancia realizar un atento llamado a los Congresos locales que actualmente no tiene una armonización legislativa en materia de movilidad y seguridad vial para que a la brevedad den cumplimiento al mandato legal y den así, seguridad jurídica a los ciudadanos de sus Estados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas a homologar sus leyes en materia movilidad y seguridad vial conforme lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a fin de dar cumplimiento al mandato legal establecido en el artículo segundo transitorio de dicha ley, el cual establece un plazo para la Armonización de las leyes locales en esta materia que feneció desde el mes de noviembre de 2022.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 Congresos locales para que garanticen el irrestricto cumplimiento a los principios y mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en materia de movilidad y seguridad vial.

Notas

1. Párrafo adicionado DOF 18-12-2020

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. Reforma publicada en el DOF 17-05-2022

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha =17/05/2022#gsc.tab=0

3. Nota periodística 22 de marzo 2023.

http://www.pasajero7.com/cuatro-estados-han-armonizado-legislaci on-la-ley-general-movilidad/

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SHCP, A ELIMINAR EL LÍMITE RESPECTO DEL MONTO DE DEDUCCIÓN ESTABLECIDO PARA 2023

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a eliminar el límite respecto del monto de deducción, establecida en los numerales 2.2 y 3.3 de Resolución de Facilidades Administrativas para los Contribuyentes de los Sectores que en la misma se señalan para 2023, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable asamblea de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El autotransporte de carga es la actividad dedicada a transportar productos o mercancías de cualquier tipo, pudiendo requerir para su transportación equipo especializado o no.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su colección de estudios sectoriales y regionales, específicamente el relativo a conociendo la industria del autotransporte de carga publicado en diciembre de 2021 ha establecido datos muy precisos relativos a la importancia del autotransporte de carga:

• El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del autotransporte de carga fue de 3.4% en promedio cada año de 1993 a 2020, cifra superior al crecimiento del PIB de la economía que fue de 1.9 por ciento.

• En contraste, en 2020 debido a las restricciones causadas por la pandemia del COVID-19, la caída del PIB de la economía fue de 8.2% y el PIB del autotransporte de carga se redujo 10.1 por ciento.

• En 2020 el PIB del autotransporte de carga aportó 3.3% del PIB de la economía.

• De cada 100 pesos de insumos utilizados por la industria del autotransporte de carga, 58.7 son insumos nacionales y 41.3 importados.

• El aumento de los precios del autotransporte de carga (variación con respecto al mismo mes del año anterior) se mantuvo por arriba del aumento del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) desde junio de 2019 hasta julio de 2020, y después de ese mes se observa una reducción en la tasa de crecimiento.

• De las exportaciones de mercancías, el 64.0% se movió por medio de transporte carretero en 2020 y en el caso de las importaciones el 51%, constituyéndose este medio de transporte como el más importante en los flujos de comercio exterior de mercancías.

Es necesario destacar que el producto interno bruto del autotransporte de carga ha aumentado de manera constante desde 1993, sin embargo, cada crisis económica lo golpea de manera muy sensible, en la primera de ellas la crisis económica de 1994 y 95, la segunda en 2008-2009 y finalmente la ocasionada por el COVID Cómo se puede apreciar en la siguiente tabla elaborada por el INEGI

Es precisamente en estos momentos de gran crisis del sector del autotransporte de carga que cualquier instrumento de política económica y tributaria que pudiera ayudar a fortalecer el proceso de Reactivación económica para el sector es de suma importancia.

En ese sentido y considerando la realidad, en materia de conectividad el programa sectorial de comunicaciones y transportes 2020-2024, en el análisis del estado actual en su punto número 5 reconoce qué hoy únicamente el 65.8% de la población nacional tiene conectividad para internet.

Lo cual impacta de forma directa en las facilidades que se tienen para acreditar todos los gastos que se realicen mediante una factura, toda vez que, al no haber internet, no hay posibilidades de que emitan una factura los proveedores en la carretera o en localidades con un alto índice de marginación. Es una realidad que se ha venido reconociendo desde 2013 es por ello que mediante el Artículo Noveno Transitorio, Fracción XLI se estableció que el Ejecutivo, a través del Servicio de Administración Tributaria de manera potestativa pudiera otorgar Facilidades Administrativas y de Comprobación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, foráneo de pasaje y turismo hasta por un monto de 4% de sus ingresos propios.

Este importante sector para el desarrollo económico de nuestro país, tiene su principal actividad a lo largo y ancho de los caminos y carreteras del país, en donde los oferentes de servicios y/o bienes no cuentan con la infraestructura para recibir pagos en forma electrónica ni para emitir comprobantes fiscales por internet, por lo cual el objetivo de esta facilidad de comprobación es que las empresas del sector puedan hacer frente a los gastos por pagos a maniobristas de carga y descarga, pagos de reparaciones de llantas (talachas), reparaciones menores efectuadas en el camino, alojamiento en el trayecto, pagos por servicio de guías en las ciudades, peajes que no emiten CFDI, pensiones para resguardar las unidades, extorsiones y rescates derivados de la inseguridad, pagos de grúas que solo aceptan efectivo, servicios de comunicación en el camino, entre otros.

Aunado a lo anterior es necesario considerar que varios de los gastos del servicio de carga año con año suben, por ejemplo, el costo de las casetas, que el año pasado subieron un 7.82%, si bien es cierto que en esta administración los aumentos corresponden a la inflación, los mismos no se ven reflejados, como los ciudadanos y transportistas se merecen en la mayoría de las autopistas. Es importante destacar que el último año del sexenio de Peña Nieto, el costo de las cuotas en casetas, tuvieron un aumento entre el 12% y 18%, lo cual sigue presionando los costos en el transporte que en varios casos se siguen absorbiendo por parte de los transportistas, para no iniciar una escalada de precios.

Hasta el Ejercicio Fiscal de 2020 el Servicio de Administración Tributaria publicaba a través de la Resolución de Facilidades Administrativas para los mencionados sectores la facilidad de comprobación establecida en el Artículo Noveno Transitorio, Fracción XLI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; esto a través de las reglas, por ejemplo, para el 2020, 2.2. y 3.3. de dicha Resolución.

A manera de ejemplo citamos una parte de la regla 2.2. de la mencionada Resolución de Facilidades vigente en el ejercicio fiscal 2020 en donde se otorgaban las Facilidades de Comprobación, la cual establecía:

“ 2.2. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítu lo II, Sección I de la Ley del ISR, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, sin documentación que reúna requisitos fiscales siempre que:

Sin embargo, a partir de la publicación de la “Resolución de Facilidades Administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para 2021” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2021 el Servicio de Administración Tributaria efectuó una modificación en la cual estableció un límite de hasta un millón de pesos para la deducción, lo cual se mantiene en la Resolución de facilidades administrativas para los contribuyentes de los sectores que en la misma se señalan para 2023, quedando de la siguiente manera:

Facilidades de comprobación

Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga federal, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, durante el ejercicio, sin documentación que reúna requisitos fiscales, siempre que:

Facilidades de comprobación

Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes personas físicas y morales, dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del Título II, Capítulo VII o Título IV , Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, podrán deducir hasta el equivalente a un 8 por ciento de los ingresos propios de su actividad, durante el ejercicio, sin documentación que reúna requisitos fiscales, siempre que:

Por lo anterior en las dos modificaciones mencionadas el Servicio de Administración Tributaria limita la facilidad de comprobación durante ejercicio a un monto elegido de manera discrecional sin ninguna justificación, lo anterior es así, pues la expresión “sin exceder de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.)”, distorsiona el porcentaje de ingresos que es permitido deducir para cada contribuyente, lo cual se demuestra con la siguiente tabla a guisa de ejemplo:

En tal sentido el límite impuesto de manera arbitraria, nulifica el impacto del beneficio en el hombre camión y en las empresas, toda vez que el monto establecido es por los ingresos y no por lo beneficios obtenidos, siendo que el margen es mínimo como ya lo ha quedado establecido en los estudios del INEGI, en tal sentido a efecto de que mediante la actividad de las empresas de autotransporte pueda beneficiar a las comunidades más apartadas y sin servicios de internet, es que se solicita que se elimine el límite impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar deducciones sin requisitos fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaria de Hacienda y Crédito Público a efecto de que elimine el límite respecto del monto de deducción, establecida en los numerales 2.2 y 3.3 de Resolución de facilidades administrativas para los contribuyentes de los sectores que en la misma se señalan para 2023.

Nota

1. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565614/Programa_Sectorial_de_Com unicaciones_y_Transportes_2020-2024.pdf

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL INE, EN RELACIÓN CON LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO QUE SE PRODUCE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DIGITALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE a difundir mensajes para concientizar a la población electoral del país de la importancia de usar las plataformas digitales en contra de la violencia política en razón de género, suscrita por la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La violencia política en razón de género es una de las problemáticas que hoy ocupa los reflectores de la agenda pública. El aumento exponencial de la violencia política en contra de las mujeres en el plano digital es una constante que desalienta la participación política de las mujeres, porque se genera gran cantidad de contenidos a través de perfiles falsos que tienen como intención, la desvalorización, desinformación y acoso hacia las mujeres en los espacios públicos, que no debe ser tolerado.

Hoy en día, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) abrieron la conexión entre las personas en tiempo real, a través de páginas web, plataformas, correo electrónico, mensajería instantánea y redes sociales. Sin embargo, como en todos los ámbitos de interacción social, la violencia política en razón de género también usa el espacio digital.

De manera particular la crisis sanitaria por Covid-19, trajo consigo la digitalización de diversas acciones, laborales, económicas, sociales y la forma de hacer política no fue la excepción; el contexto de la pandemia, en el que por ejemplo, para la contienda del año 2021, se estructuraron estrategias de difusión de campañas políticas diversas y novedosas para atraer la atención del electorado, por lo que, el uso de canales digitales en las redes sociales llegaron para quedarse y se siguen fortaleciendo, como la forma predilecta para llegar a la preferencia de la ciudadanía en condiciones de votar.

En esta nueva forma de llegar a la ciudadanía, la violencia digital, captó los reflectores de la agenda pública y, a través de un andamiaje robusto de diferentes leyes, hoy tenemos la garantía de poder ejercer los derechos políticos en condiciones de igualdad, tales como: reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el principio de paridad de género en todo el espectro social y político, aprobada en 2019, reforma que sin lugar a dudas marca un importante precedente para la participación paritaria real y efectiva de las mujeres en nuestro país.

En abril de 2020, se avanzó en establecer la paridad en la participación política y con el propósito de atender, sancionar y prevenir la Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género (VPRG), se reformaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como las Leyes Orgánicas de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF, 2020). En estas reformas se visibilizó y reconoció el fenómeno de la violencia política contra las mujeres desde el marco normativo de nuestros derechos y se materializaron las medidas para su atención.

Agregado a lo anterior, en mayo de 2023 aprobamos una reforma ya plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos, denominada Ley 3 de 3, que protege los derechos de las mujeres al establecer que ningún agresor sexual, deudor alimenticio y/o culpable de violencia de género, podrá competir por un cargo de elección popular ni ocupar un puesto en el servicio público.

No obstante lo anterior descrito, la digitalización de la política ha traído consigo al fenómeno de violencia histórica en contra de las mujeres que, en otras palabras, se trata de la reproducción de un sistema patriarcal machista en el que siempre hemos estado sumergidas y simplemente se traslada a este espacio digital y lamentablemente, lo que hacen estas herramientas digitales es potencializarlo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las Mujeres de 18 a 24 años tienen 27% más de probabilidad de ser atacadas en Internet que los hombres.

Al participar el panel de discusión: “Acciones para fortalecer la participación política de las mujeres frente al proceso electoral 2023-2024”, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, afirmo que, hasta agosto de 2023, había reportadas 43 quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, de las cuales 16 ocurrieron en el ámbito digital. De 2020 a la fecha, hemos recibido 294 quejas por violencia política contra las mujeres por razón de género y 97 ocurrieron en el ámbito digital”,

Los comicios de este año 2024, serán un escenario histórico para vida democrática de nuestro país, puesto que un mayor número de mujeres estarán compitiendo por un cargo público, proceso en el que tenemos como principales candidatas a dos mujeres, aunado a los más de 19 mil cargos de elección popular, en las 32 entidades del país, de los cuales, al menos la mitad obligatoriamente serán mujeres.

Las cifras anteriores dan cuenta de la magnitud de actos de violencia que pueden ser cometidos en contra de las mujeres en razón de género a través de las tecnologías de la información, por ello, es necesario que las autoridades instrumenten procesos y mecanismos ágiles para que ese tipo de violencia se inhiba, específicamente en los procesos electorales y con ello, se obstaculice el ejercicio de los derechos político-electorales.

En plataformas digitales y redes sociales como Facebook o Twitter ocurren muchas manifestaciones de violencia digital contra las mujeres. Unos de los casos de violencia política en razón de género a través de las redes sociales más sonados, es el de la Senadora Citlalli Hernández quien denunció a 61 tuiteros en menos de una semana, tras haber recibido más de 200 mensajes por la plataforma X, antes Twitter, que atentan contra su dignidad.

Además de los mensajes anteriores, la afectada también denunció al conocido empresario Ricardo Salinas Pliego, quien emitió más de 200 mensajes en su contra y a quien el INE ordenó retirarlos, pero el magnate apeló y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón y revocó la medida; también destacan los mensajes del presentador y comediante Chumel Torres, quien emitió mensajes con insultos y alusiones al físico de la también Secretaria general de Morena.

Otro caso de los más sonados es el de la alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc quien ha recibido innumerables ataques a través de las redes sociales, que van desde críticas a su gestión, insultos, hasta los que abiertamente la sexualizan.

Y qué decir de los montajes fotográficos en los que se difunden imágenes, tal es el caso de la virtual candidata del partido Morena Claudia Sheinbaum en la que se le observa a un lado del ex presidente Vicente Fox. “¡Es Claudia! es una fotografía de finales de los 90. Chapulines vienen y luego lo niegan” agregan en la publicación que cuenta con más de 300 mil visualizaciones y más de 4 mil “me gusta”.

Sumando a lo anterior, de acuerdo con una investigación del medio de comunicación Milenio, Claudia Sheinbaum es la mujer más atacada en Internet, por lo menos 6 veces más que su principal contrincante en esta contienda electoral, “Xóchilt Gálvez aparece 43 mil 180 veces ligada a alguna palabra despectiva en internet. Mientras que Claudia Sheinbaum se encuentra en 246 mil 351 ocasiones, por lo menos 6 veces más que a la aspirante panista”.

Al realizar la búsqueda en la plataforma de Google, la búsqueda asociada a las palabras “títere”, “marioneta” y “muñeca de ventrílocuo”. Los resultados fueron los siguientes:

“Xóchitl Gálvez” en combinación con “títere” 28 mil resultados; “marioneta”, 10 mil, y “muñeca de ventrílocuo”, muy poquitas, 10. Con el nombre de “Claudia Sheinbaum” con “títere”, 28 mil 700; “marioneta”, 121 mil, y “muñeca de ventrílocuo”

Lo anterior sin dejar de lado la falsificación de fotos y de caras, especialmente, para realizar vídeos falsos distribuidos en las redes sociales que, jocosamente y con total liberalidad, denominan memes. En todos los casos, la velocidad de distribución de estos contenidos es mucho mayor que las imágenes reales y sus cifras de alcance llegan a ser también muy elevadas.

Si bien los casos que se documentan son los que refieren a las figuras públicas más sonadas en el ámbito político, resulta imperante atender cualquier tipo de agresión en razón de género que puedan estar enfrentando las más de 9 mil 500 mujeres candidatas que participarán a lo largo y ancho del país, por un cargo público para este año 2024.

Es un hecho que, las mujeres siguen ganando terreno en la toma de decisiones en aspectos clave de la vida pública, aportado una influencia positiva en el orden de las prioridades, así como en la sensibilidad para la aprobación de leyes más inclusivas, sin dejar de lado la aprobación de presupuestos con perspectiva género y fomento a la familia, existen fenómenos como la violencia en razón de género, que no dan tregua, todo lo contrario, se adaptan a las circunstancias para lacerar el desarrollo de las mujeres en los distintos ámbitos de las vida económica, política y social.

Por lo anterior descrito, es imperante mantener alzada la guardia y hacer valer los avances legislativos en los que se asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes de la Unión del Estado mexicano, recordando que, la representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones, es un indicador fundamental para medir la democracia de un país.

En función de ello, desde este poder legislativo se hace un llamado a las instituciones ejecutoras de la Ley a que se instrumenten mecanismos prácticos, con la finalidad de que este tipo de violencia en los medios digitales no se multiplique y llegue a obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres que estarán participando en la contienda de este 2024.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral, difunda mensajes para concientizar a la población electora del país de la importancia de usar las plataformas digitales en contra de la violencia política en razón de género, así como difundir herramientas y mecanismos disponibles para denunciar la violencia política en razón de género que se produce a través de los medios digitales.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral a producir campañas de difusión en los medios digitales, señalando que pronto estaremos viviendo los comicios electorales de este año e invitar a la ciudadanía a abstenerse de crear o reproducir información que contenga violencia en razón de género, ya que, al estar tipificada es posible caer en la comisión de un delito.

Notas

1. https://www.ieem.org.mx/UCTIGEVP/docs/slider/Guia-vs-VPMRG. pdf

2. Op.Cit.

3. https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/la-cirberviolencia-y-el-ciberacoso-es -una-realidad-que-debe-ser-visibilizada-con-datos? idiom=es

4. https://centralelectoral.ine.mx/2023/08/28/en-elecciones-2024-cuan-do-mas-mujer es-competiran-por-un-cargo-publico-podria-aumentar-la-violencia-digital-dania-r avel/

5. https://www.ieem.org.mx/UCTIGEVP/docs/slider/Guia-vs-VPMRG. pdf

6. https://www.debate.com.mx/politica/Senadora-Citlalli-Hernandez-denuncio-a-61-tu iteros-en-menos-de-una-semana-20231203-0152.html

7. https://www.contrareplica.mx/nota-Los-ataques-a-Claudia-Sheinbaum-202313817#goo gle_vignette

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 10 de enero de 2024.– Diputada Anahí González Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A REALIZAR UN MANTENIMIENTO CONSTANTE DE PARQUES Y ZONAS RECREATIVAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Ejecutivo local de las 32 entidades federativas a realizar un mantenimiento constante de parques y zonas recreativas, con el objeto de evitar accidentes y pérdidas lamentables, a cargo del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los derechos humanos y garantías individuales son derechos inherentes que garantizan a cada ciudadano la vida y la integridad, cada renglón reconoce la obligación del gobierno y sus instituciones, de brindar certeza a las condiciones dignas y un entorno social adecuado.

Los derechos de los niños son normas jurídicas que tiene el propósito de proteger la integridad de nuestras niñas, niños y jóvenes menores de 18 años.

Los derechos infantiles, son el resultado de una larga lucha, que desafortunadamente en la historia está marcada por sangre y lamentables pérdidas humanas. Infantes a los que la sociedad les dio la espalda y sus derechos naturales fueron pisoteados, pero hoy no quiero politizar un tema tan sensible, que se debería estar abordando de manera periódica en las mesas diplomáticas, pero que pese a la falta de sensibilidad y empatía se toma poco en cuenta; si bien México ha avanzado en la materia, aún es indispensable que todos los niveles de gobierno tomen una directriz congruente y de estricto apego en su actuar.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes fueron reconocidos por primera vez en el año de 1924, cuando la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños. A partir, de ese momento se destacó la importancia de que los niños cuenten con los recursos necesarios para su pleno desarrollo, tener acceso a la educación, gozar de libertades económicas, entre otros derechos.

Esta proclamación fue promovida con el objeto de que, los infantes de países suscritos, pero esencialmente de todo el mundo tuvieran garantía a la protección física, intelectual y moral, para así permitirle a cada uno de ellos la integración social de manera armónica en convivencia. Para ello, a continuación, se presentan los derechos de los niños:

1. Derecho a la vida. Todas las personas tenemos derecho a la vida desde el momento en que nacemos. Este es uno de los derechos más importantes que hay, y ninguna persona debe ser privada de este derecho.

2. Derecho a la identidad. Todos los niños y adolescentes tienen el derecho a tener un nombre y apellido que los identifique legalmente, tanto en su país de nacimiento como en cualquier otro lugar del mundo. Incluso, deben tener un registro civil que les permita obtener su nacionalidad y conocer su origen.

3. Derecho a vivir en familia. Todos los niños y adolescentes tienen el derecho de pertenecer a una familia, tener un hogar y crecer junto a sus padres y familiares en un espacio donde se les quiera y respete. La familia es el núcleo principal de la sociedad y donde se aprenden los principales valores de la vida.

4. Derecho a la igualdad. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley y debemos ser tratados con respeto, dignidad e igualdad de oportunidades.

5. Derecho a la salud y atención médica adecuada. Los niños y adolescentes tienen derecho a recibir cuidados médicos gratuitos y ser asistidos en los centros de salud para garantizar su bienestar y realizar tratamientos médicos.

6. Derecho a la educación. El Estado debe garantizar que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la educación gratuita y de calidad para que desarrollen sus capacidades de forma integral. La educación debe fomentar valores como la solidaridad, el respeto y la amistad.

7. Derecho a la alimentación. Todos los niños deben tener garantizada una alimentación balanceada y sana para su óptimo desarrollo físico y mental. Por ejemplo, en las escuelas los estudiantes tienen derecho a alimentarse bajo una dieta balanceada.

8. Derecho a una vida libre de violencia. Los niños y adolescentes tienen derecho a tener una vida libre de violencia y donde se garantice su integridad. Cuando los menores de edad crecen en espacios seguros, pueden desarrollar mejor su personalidad.

9. Derecho a vivir en condiciones de bienestar. Los niños y adolescentes tienen derecho a vivir, disfrutar y conocer diversos espacios libres como bosques, campos, playas, parques que estén libres de basura, contaminación o estado de peligro. Los espacios de esparcimiento favorecen el desarrollo pleno de los niños.

10. Derecho a no ser discriminado. Todos los niños y adolescentes deben ser tratados con respeto y sin distinción por su nacionalidad, color de piel, religión, género, edad, condición económica, discapacidad u opinión. Es importante tomar en cuenta las necesidades particulares de cada niño y atenderlas para integrarlo de la mejor manera en la sociedad.

11. Derecho al descanso, el juego y al esparcimiento. Los niños y adolescentes tienen derecho a descansar, jugar con otros niños, realizar actividades recreativas, deportes y disfrutar en espacios al aire libre que garanticen su desarrollo integral.

12. Derecho a la libertad de pensamiento, religión y cultura. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados cuando desean expresar lo que piensan, decir aquello que les gusta o no les gusta y dar su opinión.

13. Derecho a la intimidad. Es decir, sus datos personales y su vida privada y familiar no deben ser divulgados de forma ilegal, pues estas acciones pueden atentar contra el bienestar de los niños.

14. Derecho a la protección y seguridad jurídica. Los niños y adolescentes tienen derecho de gozar de una protección especial que les permita crecer, física y mentalmente, libres de cualquier acto de violencia o discriminación.

Las autoridades tienen el deber de garantizar los procedimientos jurídicos o administrativos en beneficio de los menores de edad para que puedan crecer en libertad y desarrollar sus principios morales, éticos y sociales.

15. Derecho a la atención y ayuda en caso de peligro. Los niños y adolescentes deben ser alertados ante cualquier situación de peligro que ponga en riesgo su vida o bienestar. Se trata de una responsabilidad de los padres, representantes, educadores o de cualquier persona que aviste una situación de riesgo. Ante cualquier circunstancia de peligro los niños deben recibir socorro y protección.

16. Derecho a ser protegidos contra el abandono. Los niños y adolescentes deben ser protegidos ante cualquier tipo de abandono, explotación o acto de crueldad. Los niños no deben trabajar antes de alcanzar la edad estipulada para ello. Tampoco se debe permitir que realicen ningún tipo de actividad que ponga en peligro su salud y desarrollo integral.

17. Derecho a la libertad de expresión. Los niños y adolescentes tienen derecho a expresar y dar a conocer sus opiniones, participar y tener acceso a la información que les permita desarrollar sus habilidades y ampliar sus conocimientos.

La opinión de los niños es importante, pues amplía la posibilidad de comprender diversas situaciones.

Sin embargo, en México, no fue hasta el 10 de junio del año 2011, cuando por primera vez se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional de Derechos Humanos, la cual ha tenido como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Esta reforma trascendental, que buscó principalmente el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos en México, implicó la modificación de 11 artículos constitucionales: 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Entre lo más destacado y favorable para las niñas, niños y adolescentes fue, la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con cuatro obligaciones específicas:

1. Promover;

2. Respetar;

3. Proteger, y

4. Garantizar los derechos humanos.

Desafortunadamente, cada día, los accidentes de la vida cotidiana y la violencia se cobran la vida de unas 12,000 personas alrededor del mundo, según un nuevo informe publicado el martes por la Organización Mundial de la Salud.

Algunas personas son más vulnerables que otras en función de las condiciones en las que nacen, crecen en general, ser joven y de bajo nivel socioeconómico aumenta el riesgo de sufrir lesiones.

A nivel mundial casi el 90 por ciento de las muertes relacionadas con lesiones se producen en países de ingresos bajos y medios. En todo el mundo, las tasas de mortalidad por lesiones son más altas en los países de bajos ingresos que en los de altos ingresos. Incluso dentro de los países, las personas de entornos económicos más pobres tienen tasas más altas de accidentes con lesiones mortales y no mortales que las más ricas.

De acuerdo con datos de la encuesta Ensanut Continúa realizada en el año 2022, mismos datos que han sido publicados por la Secretaría de Salud, 712 mil niñas y niños de entre 0 y 9 años sufrieron alguna lesión accidental en México el último año en 2022. Esto quería decir que 3-3 por ciento de las niñas y niños de 0 a 9 años en el país habían sufrido un accidente durante 2022, cifra que era similar a las observadas durante 2018 y 2021 (3.3 por ciento y 3.4 por ciento, respectivamente). En adición, el porcentaje de niñas y niños que sufrieron un accidente durante 2022 fue mayor entre la población de 5 a 9 años que entre la de 0 a 4 años (3,7 por ciento y 2,9 por ciento, respectivamente).

En ese sentido, siete de cada 10 accidentes sufridos por las niñas y niños de 0 a 9 años en México durante 2022 fueron caídas. Estas representaron 69.2 por ciento de los accidentes de niñas y niños de 0 años.

El principal lugar donde tuvieron lugar los accidentes de niñas y niños de 0 a 9 años en México durante 2022 fue en su hogar. En este entorno sucedieron 46.3 0/0 de los accidentes de personas de 0 a 9 años.

El siguiente lugar en el que sucedieron más accidentes de niñas y niños de 0 a 9 años en México durante el mismo año fue en la vía pública. En este entorno se vio el 25-1 por ciento de los accidentes de personas de 0 a 9 años ocurridos en 2022.

El tercer lugar en el que tuvieron lugar más accidentes de personas de 0 a 9 años en el país durante 2022 fue en la escuela. 17.1 por ciento de las niñas y niños de 0 a 9 años que tuvieron un accidente en México durante 2022 lo padecieron en este entorno.

En un centro recreativo o deportivo se registraron 4.2 por ciento de los accidentes de niñas y niños de 0 a 9 años que tuvieron lugar en México durante 2022.

Desafortunadamente, un caso que indigno al pueblo de Baja California Sur, ocurrió el pasado miércoles 13 de diciembre del año 2023, cuando una menor de 8 años perdió la vida en unos columpios en el parque de la Solidaridad, los hechos trascendieron aproximadamente a las 4: 30 de la tarde.

Personas que se encontraban cercas del lugar, atestiguaron que los hechos ocurrieron muy rápido, dijeron y con asombro que se percataron de lo sucedido, cuando la familia trataba de socorrer a la menor, y cuando los agentes preventivos llegaron para acordonar el área, nada se pudo hacer acotaron, en el lugar paramédicos llegaron hasta los juegos infantiles del parque de la solidaridad al igual que agentes de la Fiscalía Estatal de Baja California Sur y del Servicio Médico Forense.

Tras el hecho padres de familia y vecinos reclamaron que los juegos del parque se habían vertido un peligro y demandaron que Protección Civil los revisara al igual que otros más que se ubican en esta población, con el propósito de que hechos no se vuelvan a repetir.

Por otro lado, jovencitos que los utilizan con regularidad, detallaron que los columpios ya no servían y muchos de ellos ya presentaban fisuras en las estructuras, están quebrados dijeron, con las cadenas oxidadas por el salitre y otros más, como las escaladoras estaban rotos debido a que muchachos más grandes con navajas los han cortado de manera intencional. Todo esto, entre otras anomalías que se presentan en los juegos infantiles de la solidaridad, por lo que urge una inspección a detalle.

En ese sentido la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estipula la necesidad y obligación, para que, los distintos niveles de gobierno promuevan las medidas de prevención de accidentes (LGDNNA, Art. 50).

Asimismo, la supremacía constitucional establece en sus primeros artículos el derecho a la vida e integridad, y que el estado deberá garantizar las condiciones necesarias para un libre y sano desarrollo.

No podemos ser ajenos a las necesidades, como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias a una vida de libertad y libre desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de morena, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Poder Ejecutivo estatal de las 32 entidades federativas, para que, realicen un mantenimiento constante de parques y zonas recreativas, con el objeto de evitar accidentes y perdidas lamentables.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a los municipios de Mulegé, Comondú, Loreto, Los Cabos y La Paz, ubicados en el estado de Baja California Sur, para que, realicen un mantenimiento periódico programado en parques y zonas recreativas, con el objeto de evitar accidentes y lamentables pérdidas.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal de las 32 entidades federativas, para que, en un lapso no mayor a 60 días remitan a esta soberanía, un informe pormenorizado sobre los mantenimientos realizados a parques y zonas recreativas de carácter público.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a los municipios de Mulegé, Comondú, Loreto, Los Cabos y La Paz, ubicados en el estado de Baja California Sur, para que, remitan a esta soberanía en un lapso no mayor a 30 días, un informe pormenorizado sobre los mantenimientos realizados a parques y zonas recreativas de carácter público.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Fiscalía Estatal del Estado de Baja California Sur, para que, se realicen las investigaciones correspondientes y los responsables de llevar a cabo el mantenimiento expliquen el mal estado del parque la Solidaridad, ubicado en el municipio de Mulegé, estado de Baja California Sur, y paguen por su negligencia.

Notas

1 20 derechos fundamentales de los niños - Significados, consultado el 18 de diciembre de 2023.

2 https://www.significados.com/derechos-de-los-niños/#:~: text=20% 20derechos20%fundamentales20%20de20%20los20%20ni%C3%B1os20%201.,una20%vida20%Ol ibre%20de%20violencia%20...%20M%C3%A1s%20elementos. Consultado el 18 de diciembre de 2023.

3 año en que se reformo la constitución y se establecen los derechos humanos - Búsqueda (bing.com), consultado el 18 de diciembre de 2023

4 Unas 12.000 personas mueren al día por los accidentes, los actos violentos... y la desigualdad | Noticias ONU

5 Accidentes de la niñez en México (2022). Blog de datos e incidencia política de REDIM (derechosinfancia.org.mx), consultado el 18 de diciembre de 2023.

6 Accidentes de la niñez en México (2022). Blog de datos e incidencia política de REDIM (derechosinfancia.org.mx), consultado el 18 de diciembre de 2023.

7 GN Noticias - Una menor de 8 años de edad... | Facebook consultado el 18 de diciembre de 2023.

8 Accidentes de la niñez en México (2022). Blog de datos e incidencia política de REDIM (derechosinfancia.org.mx), consultado el 18 de diciembre de 2023.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a los diez días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.– Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FGJEM, A INFORMAR SOBRE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADO PARA SANCIONAR LOS DELITOS DE MALTRATO Y CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE MÉXICO

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGJEM, a informar a este órgano sobre los trabajos que ha realizado para sancionar los delitos de maltrato y crueldad en contra de los animales en la entidad, así como también las acciones que ha puesto en marcha para terminar con estos actos, asimismo, al gobierno del Estado de México, a llevar a cabo campañas de concientización sobre el respeto y el trato digno hacia los animales, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE PUEBLA, A INFORMAR SOBRE LOS TRABAJOS QUE HA REALIZADO PARA SANCIONAR DELITOS EN CONTRA DE LOS ANIMALES

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Puebla, a informar a este órgano sobre los trabajos que ha realizado para sancionar delitos en contra de los animales, asimismo, respecto a los casos donde los agresores son menores de edad, el tipo de ayuda que se les ha brindado y el avance que se ha obtenido al día de hoy, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE VERACRUZ, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA SANCIONAR AL SUJETO AGRESOR DE UNA PERRITA

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, a informar a esta soberanía los trabajos que se realizaron para sancionar, conforme al Código Penal de dicho estado, al sujeto que golpeó con un palo a una perrita y le provocó la muerte, de qué manera se fortalecieron las medidas de prevención de este tipo de delitos, los avances que se han obtenido al respecto, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA QUE VIVAN EN UN ENTORNO LIBRE DE VIOLENCIA Y CRUELDAD ANIMAL

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, a emitir recomendaciones dirigidas a las legislaturas locales y a los municipios, a tomar las medidas necesarias y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes para que vivan en un entorno libre de todo tipo de violencia y crueldad animal, que queden prohibidas las escuelas que tengan que ver con la educación encaminada a actos de crueldad y maltrato animal, tales como las escuelas taurinas, a cargo de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE INTENSIFIQUE LA SUPERVISIÓN PARA DISMINUIR LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES QUE EMITEN LAS MARMOLERÍAS DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Dirección de Ecología del municipio de Gómez Palacio, Durango, y a la Semarnat a intensificar sus acciones de supervisión para disminuir la emisión de contaminantes que emiten las marmolerías de esa demarcación, a cargo de la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Dirección de Ecología del municipio de Gómez Palacio y a la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente a intensificar sus acciones de supervisión para disminuir la emisión de contaminantes que emiten las marmolerías de esa demarcación del estado de Durango, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación del aire por partículas minúsculas en el aire ya sean producto de la emisión de gases a la atmósfera o bien resultado de alguna actividad económica deben ser supervisadas y reguladas por el daño que provocan a la salud.

En este caso, en particular me refiero a la petición de un grupo de habitantes del municipio de Gómez Palacio que es parte de la zona metropolitana conformada también por los municipios de Lerdo, Durango y Torreón, Coahuila, en donde operan empresas marmolerías, que desprenden hacia el aíre partículas pm 10 y pm 2.5, de acuerdo con lo establecido en la NOM-025-SSA1-2014 Salud Ambiental. Valores límites permisibles para la concentración de partículas PM10 y PM 2.5. Valores normados para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM 2.5 en el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población.

De acuerdo con los datos emitidos en un boletín de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las partículas PM 2.5 tienen un mayor riesgo sobre la salud humana sobre todo por su composición que puede ser más tóxica y se caracteriza por la presencia de sulfatos, nitratos, ácidos metales y carbono negro.

Si bien es cierto que estas partículas son resultado de diversos contaminantes atmosféricos como el combustible de la quema de vehículos, la quema de residuos y cultivos, así como las condiciones orográficas por la proximidad con el desierto, existe la necesidad de actuar con relación a la emisión de la parte de contaminantes que provienen directamente de dicha actividad económica para cuidar la salud de quienes habitan en asentamientos humanos próximos a la zona donde operan estás instalaciones de extracción de mármol.

Es competencia de las autoridades municipales y estatales la aplicación de la referida norma que regula la emisión de contaminantes por lo cual mi punto de acuerdo consiste en la siguiente propuesta para que las autoridades responsables lleven a cabo acciones que incidan en un aire más limpio para quienes viven en esa zona de La Laguna de Durango.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Congreso de la Unión exhorta a la Dirección de Ecología del municipio de Gómez Palacio y a la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno de Durango a intensificar las acciones de supervisión y a realizar las acciones pertinentes para disminuir la emisión de partículas PM10 y PM 2.5 emitidas por empresas marmolerías de esa demarcación.

Dado en el Congreso de la Unión, el 10 de enero de 2024.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez.»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEPUIMM DE BAJA CALIFORNIA SUR, A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEPUIMM de Baja California Sur, a presentar un informe pormenorizado ante esta soberanía, en un plazo no mayor a 60 días, sobre los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vialidades en la entidad federativa, a cargo del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE DETERMINEN LOS DAÑOS QUE EL EFECTO DUMPING HA GENERADO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CALZADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a que, a través de la SHCP y la SE, determinen los daños que el efecto dumping ha generado a la producción nacional de calzado y con ello se analice la posibilidad de establecer derechos de importación adicionales a zapatos y sus materias primas provenientes del continente asiático, suscrita por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es miembro activo de la Organización Mundial del Comercio desde el primero de enero de 1995 y miembro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) desde el 24 de agosto de 1986, históricamente ha reconocido y adoptado múltiples relaciones comerciales y económicas con diversas potencias mundiales, incluyendo naciones del continente asiático, no obstante, dichas relaciones deben celebrarse en el marco de acuerdos de reciprocidad y de mutuas ventajas económicas que favorezcan el adecuado comercio de mercancías, privilegiando en todo momento a las ramas de producción nacionales, como es el caso del calzado mexicano.

La industria del calzado en México representa un creciente indicador del producto interno bruto (PIB) nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que durante el primer trimestre de 2023 la fabricación de calzado en México registró un producto interno bruto (PIB) de 5.48 billones de pesos, estableciendo un alza de 0.93 por ciento respecto del trimestre anterior y un alza de 5.98 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, siendo las entidades federativas con mayor número de unidades económicas, Guanajuato, Michoacán de Ocampo y Jalisco.

A su vez, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), presentó la cantidad de unidades económicas en fabricación de calzado según la cantidad de empleados señalando que para finales del año pasado se registraron 7 mil 743 empresas con 0 a 10 empleados; mil 471 empresas con 11 a 50 empleados; 122 empresas con 51 a 100 empleados y 211 empresas con más de 101 empleados, posicionando a este rubro como una fuente importante de empleo a nivel nacional.

Siendo así, la importación de materia prima para la elaboración de calzado, así como la introducción directa de zapatos al mercado mexicano provenientes del continente asiático, han generado importantes daños a la producción nacional, pues el ingreso masivo de zapatos chinos a un valor comercial menor al pactado en el mercado mexicano genera competencia desleal e incertidumbre financiera y económica para los productores y distribuidores locales, configurándose un caso latente de “dumping”, pues se trata de empresas que están exportando un producto o sus componentes a un precio inferior al que se aplica y conoce en el mercado nacional.

El 15 de agosto de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modificó la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en el que se estableció el aumento de impuestos a fracciones arancelarias específicas que tienen por objeto frenar el ingreso de calzado extranjero, lo que si bien es cierto representa un importante avance en la protección de la industria del calzado no es suficiente, pues la importación de calzado ha aumentado considerablemente en los últimos tres años.

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ha señalado que actualmente las importaciones de calzado en México son lideradas por China con 56.15 por ciento del ingreso total de pares, a este le sigue Vietnam con 21.40 por ciento y en tercera posición aparece Indonesia con el 12.16 por ciento, que en su conjunto representan 89.71 por ciento del calzado extranjero que ingresa a nuestro país. De enero a octubre de 2023, China ingresó a México 57 millones 771 mil 859 pares de calzado con un valor de 519 millones 658 mil 424 dólares, en tanto Vietnam ingresó 22 millones 19 mil 317 pares con un valor de 393 millones 443 mil 763 millones de dólares, mientras que Indonesia ingresó 12 millones 509 mil 448 pares por un valor de 189 millones 59 mil 116 dólares.

El precio promedio por par proveniente de China es de los 9 dólares, para Vietnam es de 17.87 dólares y para Indonesia es de 15.11 dólares por par de calzado, situándose por debajo del promedio de costos nacionales, situación que afecta directamente a la rama de producción de calzado mexicano, haciendo necesario que el Estado mexicano adopte medidas antidumping las cuales pudieran consistir en aplicar un derecho de importación adicional al calzado y su materia prima para lograr que el precio de dichas mercancías se aproxime al valor real del mercado mexicano y con ello se supriman los daños causados a la industria del calzado en México.

En este sentido, teniendo en cuenta la obligación que tiene el Estado de velar por la estabilidad del sistema financiero, así como para generar condiciones favorables para el crecimiento económico y del empleo en el país, atendiendo a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que se adopten medidas y estrategias que garanticen el desarrollo integral y sostenible de la competitividad del mercado, implementando medidas arancelarias efectivas que privilegien a los productores de calzado mexicano sobre los exportadores extranjeros, pues se trata de un sector de interés nacional que incluye a los sectores público, social y privado como un área prioritaria de desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se requiere la intervención inmediata del Gobierno federal para que a través de las dependencias competentes en la materia se realicen los estudios antidumping necesarios que acrediten y demuestren el grado de afectación basado en los precios de los productos en el mercado en donde se evalúen los factores económicos de la industria del calzado, para con ello establecer medidas antidumping que permitan sostener una competencia justa en el mercado zapatero nacional ante la importación masiva de calzado y sus componentes provenientes de países asiáticos y con ello garantizar el crecimiento económico nacional, el desarrollo empresarial y la diversificación del mercado.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, determinen los daños que el efecto dumping ha generado a la producción nacional de calzado y con ello se analice la posibilidad de establecer derechos de importación adicionales a zapatos y sus materias primas provenientes del continente asiático como una medida antidumping, debiendo informarlo a la opinión pública.

N otas

1 https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/footwear-manufacturi ng?yearSelectorGdp=timeOption0

2 https://www.inegi.org.mx/temas/productividadsec/

3 https://noticierosenlinea.com/china-lidera-las-importaciones-de-calzado-en-mexi co/#:~: text=a%20nuestro%20pa%C3%ADs.-,De%20 enero%20a%20octubre%20del%202023%2C%20China%20ingres%C3%B3%20a%20M%C3%A9xico,mi llones%20509%20mil%20448%20pares

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A ABSTENERSE DE APLICAR A LA POBLACIÓN VACUNAS ABDALA CADUCADAS, EN EL MARCO DE LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a abstenerse de aplicar a la población vacunas Abdala caducadas, en el marco de la vacunación contra Covid-19, y se solicita a diversas instituciones iniciar un proceso de investigación y determinar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, suscrita por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Leticia Zepeda Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La aplicación de vacunas caducadas

La fecha de caducidad de las vacunas es la fecha límite hasta la cual se garantiza la eficacia y seguridad de la vacuna. Después de esa fecha, no se puede garantizar que la vacuna funcione como se espera o que sea segura para su uso. Así, la fecha de caducidad se establece después de realizar pruebas exhaustivas de estabilidad y efectividad de la vacuna.

Las razones para tener una fecha de caducidad en las vacunas son las siguientes:

• Eficacia: las vacunas son productos biológicos que contienen componentes biológicos activos, como proteínas o virus debilitados. Con el tiempo, estos componentes pueden degradarse, lo que afecta la capacidad de la vacuna para estimular una respuesta inmunitaria eficaz. Por lo tanto, se establece una fecha de caducidad para garantizar que la vacuna sea efectiva.

• Seguridad: con el tiempo, las condiciones de almacenamiento pueden afectar la integridad de la vacuna. Una vacuna caducada podría no ser segura para su administración, ya que podría contener impurezas o componentes dañados.

• Control de calidad: establecer una fecha de caducidad ayuda a mantener el control de calidad de las vacunas. Las vacunas se fabrican bajo condiciones estrictas y se someten a pruebas continuas para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad y eficacia. La fecha de caducidad es parte de este proceso de control de calidad.

Por lo tanto, es importante que las vacunas se administren antes de su fecha de caducidad y que se almacenen de acuerdo con las instrucciones del fabricante para garantizar su eficacia y seguridad. Utilizar una vacuna después de su fecha de caducidad o sin seguir las condiciones de almacenamiento recomendadas puede ser ineficaz y podría llegar a ser peligroso.

Si bien la Food and Drug Administration (FDA, por su sigla en inglés) ha considerado la extensión de la fecha de caducidad inicial, esto debe hacerse de acuerdo criterios estrictamente científicos, y si se conservan en condiciones adecuadas para garantizar su integridad para su uso.

En cambio, en México ha bastado solamente un oficio de agosto de 2023, firmado por Ruy López Ridaura, entonces director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y control de Enfermedades (Cenaprece) y hoy subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, para ampliar la caducidad de las vacunas, en el que se cita lo siguiente:

Ruy López Ridaura en mi carácter de director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y control de Enfermedades (Cenaprece) con fundamento en los términos establecidos en el artículo 45, fracciones I, VII, IX, X, XI, y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y del diverso SPPS-0615-2022 de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por medio del cual se me instruye a coordinar la dirección técnica de la estrategia correcaminos, hago de su conocimiento que:

En alcance a mi diverso CENAPRECE-DG-6043-2023 de fecha 28 de julio de 2023, mediante el cual se les hizo de conocimiento el oficio COFEPRIS-CAS-DEAPE-18372-2023, suscrito por el director ejecutivo de Autorización de Productos y Establecimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se les hizo de conocimiento que, mediante la resolución número 23330022130630 se dio la modificación de las condiciones de la autorización temporal de la vacuna “Abdala” y cito textual:

“Se da por enterado de la ampliación de la vida útil a 18 meses para la presentación en caja de cartón con 10 frascos ámpula, cada frasco ámpula para 10 dosis de 0.5 mL cada una (50 mcg) de la vacuna “Abdala” en la condición de almacenamiento recomendado de 2 a 8 °C”.

De lo anterior, se les informa que mediante el oficio número COFEPRIS-CAS-21224-2023 de fecha 23 de agosto del año en curso 2, suscrito por el director ejecutivo de Autorización de Productos y Establecimientos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se hizo de mi conocimiento que, y cito textual:

“...La Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió las autorizaciones de la ampliación de la vida útil a 18 meses para todos los lotes que en este momento se encuentran disponibles en el país, incluyendo los mencionados en el listado adjunto...” Énfasis añadido.

Por lo tanto y con base en los certificados de análisis de los lotes de la vacuna Abdala, proporcionados por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), la fecha de vida útil se actualiza, para quedar de la siguiente manera:

Criterios políticos en la aplicación de las vacunas

El pasado 9 de mayo, el presidente López Obrador publicó el decreto por el que se declara terminada la emergencia por Covid-19. Sin embargo, el decreto publicado por el Ejecutivo federal y las acciones que se han desarrollado de manera posterior, como la estrategia de vacunación, presentan serios rezagos y negligencia.

Por ejemplo, el oficio viene dirigido a los coordinadores estatales de las brigadas especiales (correcaminos), es decir, a los operadores políticos del Gobierno federal en territorio. Si el Gobierno federal decretó el fin de la pandemia desde mayo de 2023, no hay razón para mantener una estructura y mecanismo de emergencia en la vacunación.

El uso de emergencia prolongado que se le ha dado a las vacunas en nuestro país, en la práctica, ha limitado el acceso de la población a los biológicos, retrasando considerablemente las coberturas en vacunación y dejando a la población vulnerable sin medicamentos, con el riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.

Lo anterior, pese a que el Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de Covid-19, propone incluir a la vacuna contra Covid-19 como parte del Programa de Vacunación Universal. Sin embargo, para que esto suceda, Cofepris debe validar los registros sanitarios de las vacunas.

Los gobiernos estatales, el sector privado y grandes sectores de la sociedad, se han manifestado por terminar con este control monopólico de las vacunas y medicamentos contra Covid-19, a fin de que exista libre acceso a las mismas.

En ese sentido, el Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de Covid-19, mandató a Cofepris a iniciar los procesos para que las autorizaciones temporales de aquellos insumos para la salud transiten hacia la obtención del registro sanitario. Pero Cofepris va muy tarde en dicha tarea. Y, por el contrario, sigue validando las decisiones irresponsables del presidente y su gabinete, como la aplicación de vacunas caducadas.

En ese contexto, quienes firmamos el siguiente punto de acuerdo, consideramos que extender la fecha de caducidad de las vacunas contra Covid-19 sin una base científica sólida y sin la adecuada aprobación de las autoridades reguladoras, compromete la salud pública por varias razones:

Las vacunas se prueban rigurosamente para determinar su eficacia y seguridad dentro de un periodo de tiempo específico. Extender la fecha de caducidad sin evidencia científica sólida, como hizo Cofepris y se validó por la Secretaría de Salud, podría hacer que la vacuna sea menos efectiva, ya que los componentes de la vacuna pueden degradarse con el tiempo, disminuyendo su capacidad para estimular una respuesta inmunitaria adecuada.

Además, el proceso de fabricación y almacenamiento de las vacunas se basa en condiciones controladas y específicas para garantizar la seguridad y calidad del producto. Cambiar estas condiciones sin una justificación científica podría dar lugar a problemas de seguridad, como la contaminación de las vacunas.

La extensión de la fecha de caducidad de una vacuna requiere la aprobación de las autoridades reguladoras de salud, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en los Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Europa, todo esto bajo estándares rigurosos. Estas agencias realizan revisiones exhaustivas de los datos antes de permitir cualquier cambio en las condiciones de uso de una vacuna, en México bastó con un simple oficio de Cofepris, en el que no se informa del proceso técnico de revisión.

Lo grave es que si se utilizan vacunas con fechas de caducidad extendidas sin una base sólida, existe el riesgo de que las personas no estén adecuadamente protegidas contra el Covid-19, esto podría llevar a la propagación continua del virus, dar una falsa idea de protección y poner en peligro la salud pública.

Quienes firmamos este punto de acuerdo manifestamos que la extensión de la fecha de caducidad de las vacunas debe basarse en evidencia científica sólida y seguir los procedimientos regulatorios apropiados que marcan la ley y los reglamentos, a los que tanto Cofepris como la Secretaría de Salud están obligados.

Alterar las fechas de caducidad sin una justificación sólida podría tener graves consecuencias para la eficacia y seguridad de las vacunas y, en última instancia, para la salud pública.

Rechazamos el manejo político que se ha querido dar a la vacunación contra Covid19 en México, esto solamente nos ha llevado a un fracaso en la gestión contra la pandemia y a miles de muertes evitables desde 2020.

Ni la vacuna cubana, ni la rusa ofrecen protección contra las nuevas variantes, además, están caducadas y tampoco han sido evaluadas por Cofepris en el proceso de evaluación anunciado en octubre de 2023, como sí se hizo con los biológicos de Astrazeneca, Moderna y Pfizer. No hay razón de aplicar vacunas que no son útiles como Abdala y Sputnik, el gobierno tiene los recursos para aplicar las vacunas de nueva generación.

Están aplicando vacunas Abdala debido a que ya caducaron y buscar tapar su negligencia, millones de pesos se invirtieron en comprarlas y no las pudieron administrar a tiempo. Por ello, anunciaron esta jornada de vacunación que empezó el 16 de octubre, quieren simular que protegen a la población, pero realmente no quieren reconocer que los recursos se fueron a la basura.

Aplicación de vacunas que sí sirvan en México

El gobierno de México tiene los recursos necesarios para comprar las vacunas de nueva generación, como las ya validadas por el Comité de Molécula Nuevas y Cofepris en días recientes, es decir, la de Moderna y la de Pzifer. En el programa de vacunación tiene asignados 14 mil millones de pesos para 2023 y apenas ejercieron 3 por ciento, ¡hay dinero suficiente para proteger a la población!

La gente está gastando más de su bolsillo, mientras el gobierno no compra las vacunas con el dinero que se presupuestó en la Cámara de Diputados.

Toda la población, sea por decisión propia de compra o por la jornada de vacunación del sector público, debe tener acceso a vacunas eficaces y seguras.

Ni la vacuna cubana, ni la rusa ofrecen protección contra las nuevas variantes, además, hay indicios de que están caducadas y tampoco han sido evaluadas por Cofepris en el proceso de evaluación anunciado en octubre de 2023, como sí se hizo con los biológicos de Astrazeneca, Moderna y Pfizer. No hay razón de aplicar vacunas que no son útiles como Abdala y Sputnik, el gobierno tiene los recursos para aplicar las vacunas de nueva generación.

El 9 de mayo se publicó el decreto que declaró terminada la emergencia sanitaria por Covid-19. El 8 de junio la Secretaría de Salud da a conocer el documento Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de Covid, donde se señala, entre otras recomendaciones, la inclusión en el corto plazo de la vacuna contra Covid-19 en el Programa de Vacunación Universal.

Para que ello suceda se debe contar con varios pasos previos, que a la fecha, 5 meses después, no han sucedido: como es contar con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación sobre qué vacunas se incluirán en la cartilla de vacunación; la aprobación de los registros sanitarios para las vacunas que demuestren calidad, seguridad y eficacia; incluir la vacuna en el Compendio Nacional de Insumos, y su posterior adquisición y gestión, que será a cargo del Centro Nacional de la Salud de la Infancia y Adolescencia (como con las otras vacunas).

En México nos enfrentamos a la incertidumbre de una estrategia de vacunación que no ha evolucionado con la misma agilidad que el virus. Por el contrario, se siguen recurriendo a criterios políticos.

Desde el Congreso, legisladores de los distintos grupos parlamentarios hemos hecho diversos llamados sobre la falta de claridad de esta estrategia, y también hemos sido muy activos en solicitar a la Cofepris que acelere los procesos de comercialización de aquellas vacunas con registro sanitario y con estudios que respaldan su seguridad, calidad y eficacia, para que el gobierno también las aplique, y no sólo deje esta responsabilidad a los particulares con posibilidades de compra.

Por el contrario, Cofepris se empeña en validar las vacunas cubanas por órdenes de Palacio Nacional, aunque eso signifique aplicar biológicos caducados a la población, incluso en escuelas.

Rechazamos que se quiera aplicar vacunas Abdala a toda costa: ya inició la temporada invernal de vacunación de influenza más Covid-19, y están vacunando a la población adulta mayor y personas con comorbilidades y mujeres embarazadas, con vacunas que no han sido actualizadas para las cepas actuales, ni que han demostrado estudios de beneficios en la población.

El Comité de Moléculas Nuevas de la Cofepris, realizó sesiones abiertas con los laboratorios farmacéuticos solicitantes de registro sanitario, para emitir su opinión científica, y al día de hoy han resultado dos votaciones favorables, para la vacuna de Moderna-Asofarma y para la vacuna de Pfizer.

A partir del otorgamiento del registro sanitario, la Cofepris debe asegurarse que la comercialización de las vacunas sea rápida y segura, para contar a la brevedad con las vacunas tanto para el sector público como privado.

Desde el Congreso de la Unión estaremos exigiendo que se apliquen vacunas eficaces y seguras. Es indispensable hacer valer nuestro derecho de protección a la salud y que el Estado garantice vacunas de calidad, que hayan probado su seguridad, calidad y eficacia.

Celebramos la venta de las vacunas de Pfizer en farmacias, es un gran paso para que la población proteja su salud y la de sus familias. Pero no significa que el gobierno deje de invertir en vacunación, el gobierno debe aplicar vacunas actualizadas contra Covid-19, no dejar esta responsabilidad sólo a los particulares.

Quienes suscribimos este punto de acuerdo consideramos que con los errores e irregularidades de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y existen posibles afectaciones al gasto público, principalmente debido a que millones de pesos invertidos en la adquisición de vacunas se tiraron a la basura.

Hay una creciente sospecha de que se empeñan en aplicar vacunas Abdala debido a que ya caducaron y no quieren reconocer que esto significó millones de dólares tirados a la basura.

La Secretaría de Salud ha reconocido que desde el 16 de octubre de 2023, cuando inició la inmunización, el sector salud ha aplicado un total de 3.8 millones de dosis anticovid, que representan solamente 18 por ciento de la meta contemplada.

Cuando comenzó la vacunación de refuerzo con Abdala, la población acudió en menor medida a vacunarse, por el temor de aplicarse una vacuna que no los protege. Por ello, el gobierno debe garantizar la aplicación de vacunas con el respaldo científico debido y para ello, Cofepris ya otorgó el registro sanitario de las vacunas Pfizer y Moderna, que también deberían estar considerándose por el gobierno.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública deben exigir cuentas a las autoridades para determinar qué pasará con esa gran cantidad de dosis Abdala caducadas, que posiblemente no se administrarán, e inicien una investigación para verificar si la negligencia en la administración de estos lotes de biológicos constituye un daño patrimonial a la hacienda pública y una violación del derecho a la salud para la población.

Y, en su caso, se proceda a interponer las responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por todo lo anterior, ante esta soberanía presentamos la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a abstenerse de autorizar para su aplicación las vacunas Abdala de origen cubano, debido a que ya caducaron de conformidad con los registros para su administración; por lo que carecen de eficacia contra las cepas circulantes de Covid-19, además de que podrían tener repercusiones negativas en la salud de las personas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal a considerar la adquisición y aplicación de las vacunas que ya fueron validadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, otorgándoles el registro sanitario correspondiente, utilizando los recursos del Programa de Vacunación, mismo que presenta un subejercicio de 13 mil millones de pesos al tercer trimestre de 2023.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, investigar los procesos realizados, en el marco de la Estrategia Nacional de Vacunación contra Covid-19, para garantizar un manejo adecuado y conservación de vacunas de manera que se garantice su eficacia, calidad y seguridad; en particular sobre las causas de la caducidad de las vacunas Abdala de origen cubano, que pudieran constituirse en un daño patrimonial o algunas otras responsabilidades, además de un riesgo para la salud de las personas.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a investigar posibles violaciones a la normatividad vigente en el marco de la aplicación de vacunas Abdala caducadas y, en su caso, iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas y dar vista al Ministerio Público respecto de las conductas que pudieran ser constitutivas de delito, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Notas

1 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-an d-policy-framework/expiration-dating-extension#covidvaccines

2 Plan de Gestión a Largo Plazo para el control de COVID-19.

https://www.gob.mx/salud/prensa/170-presenta-secretario-de-salud -plan-de-gestion-a-largo-plazo-para-control-de-covid-19?idiom=es#:~: text=Detall%C3%B3%20que%20el%20Plan%20de,social%20como%20eje%20de%20prioridad.

3 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/venta-vacunas-covi d-en-mexico

4 https://politica.expansion.mx/mexico/2023/12/19/la-vacunacion-contra-covid-19-s e-rezaga-en-2023-salud-pide-aplicarse-dosis

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado y diputada: Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez (rúbricas).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEDENA, AL FONATUR Y A LA SHCP, A INFORMAR LAS RAZONES DE LA FALLA QUE PRESENTÓ EL TREN MAYA EL PASADO 3 DE ENERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, al Fonatur y a la SHCP a informar las razones de la falla que presentó el Tren Maya el pasado 3 de enero, así como las acciones que se están llevando a cabo para garantizar el óptimo servicio a los usuarios, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que informe las razones de la falla que presentó el Tren Maya el pasado 3 de enero, así como las acciones que se están llevando a cabo para garantizar el óptimo servicio a los usuarios. Asimismo, los motivos del porqué dicha obra ya está en funcionamiento a pesar de que se continúan expropiando hectáreas para la construcción de obras de infraestructura ferroviaria del Tren Maya, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que el Presidente López Obrador asumió la presidencia el primero de diciembre de 2018, anunció que se acabaría el dispendio de recursos y se enfocaría en los sectores prioritarios de su administración, como la atención a la población mediante programas sociales y la elaboración de obras que impulsarían la economía mexicana.

Una de esas obras es el Tren Maya, obra que prometió que la economía mexicana recibiría el impulso necesario para atacar el rezago social que ha afectado a nuestro país en los últimos 30 años. En palabras del propio Presidente López Obrador en su discurso de toma de posesión expresó lo siguiente al respecto:

“Vamos a impulsar proyectos productivos con inversión pública y privada, nacional y extranjera. Estos proyectos se crearán como cortinas de desarrollo de sur a norte del país, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Queremos que la migración sea optativa, no obligatoria. Vamos a lograr que los mexicanos tengan trabajo, prosperen y sean felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas”.

Es importante señalar los siguientes datos, el Tren Maya originalmente en 2018, el entonces director del Fondo Nacional al Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, comentó que el costo total de este proyecto sería aproximadamente de 110 mil millones de pesos.

Posterior, de conformidad con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el costo total de esta obra ascendería a 167 mil 341 millones de pesos, es decir 47 mil millones más.

Ante los cambios que ha sufrido el Tren Maya por la inviabilidad de sus rutas, antes de dejar el cargo Rogelio Jiménez Pons, en una comparecencia en el Senado en octubre de 2021, comentó que el costo total de éste sería de hasta 230 mil millones de pesos. Ante estas estimaciones, en tan sólo tres años, esta obra ha tenido un sobrecosto de 110 mil millones de pesos, es decir, poco más de 90 por ciento.

Y no obstante a las constantes actualizaciones del costo de la obra, recientemente se informó que el costo de construir el tramo 5 el cual pasará a través de la selva de Quintana Roo, aumentó al pasar de 31 mil millones de pesos a 59 mil 603 millones de pesos, es decir 92 por ciento más.

El gastó oficial al tercer trimestre de 2023 es de 297 mil millones de pesos (mdp). Es decir, hasta septiembre de 2023 el sobrecosto es de 177 mil mdp, 177 por ciento, y tomando en cuenta la obra no está terminada, el costo en 2024, al cierre del sexenio podría ser en suma de 484 mil millones de pesos, 364 mil millones más que lo anunciado por el Primer Mandatario.

Aunado al sobrecosto exorbitante que tuvo la obra hay que considerar que pasó a estar bajo el control de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) gracias al decreto publicado el 31 de agosto de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, lo que se traduce en más funciones a nuestras Fuerzas Armadas más allá de las cuales tiene facultades.

Ahora bien, en la historia del Tren Maya en 2023 sorprendió el anuncio sobre el cambio en la dirección del Tren Maya, donde Javier May, asumiría en ese momento la conducción del proyecto desde el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La primera decisión que se tomaría con la batuta de May, es referente al tramo 5; el cual implicaba la suspensión de trabajos a la altura de Playa del Carmen, donde se construía desde hace más de dos meses un bulevar elevado que atravesaría la mancha urbana.

Este cambio sería el séptimo a la planeación del trazo que ha sufrido este proyecto federal en sus diferentes tramos, pero el primero que implicaría la suspensión de una obra ya con avances.

Cabe señalar que el tramo 5 es financiado con recursos públicos, dividiéndose en dos segmentos: norte (Cancún-Playa del Carmen) y sur (Playa del Carmen-Tulum).

Anteriormente, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció en marzo de 2021 que el segmento norte construiría su trazo en un segundo piso al centro de la carretera 307. Actualmente, esta decisión cambió y se anunció que la vía correría a ras de tierra, y ahora el tren correrá del lado oeste de los hoteles y no del lado de la playa.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró al Tren Maya de utilidad pública, expropiando 198 terrenos en Quintana Roo, lo cual abarca 2 millones 410 mil metros cuadrados, con la finalidad de recortar tiempo para cumplir con los tiempos del presidente.

Los terrenos fueron valuados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y bajo dichos términos se negoció el pago a sus posesionarios.

Como resultado de este cambio de trazo de la ruta del Tren Maya en el tramo Cancún-Playa del Carmen y la cancelación de los trabajos que ya se tenían avanzados dejó como saldo aproximadamente 20 mil árboles talados y 478 millones de pesos invertidos tirados a la basura.

Es bajo ese contexto, que bajo la supervisión de mandos militares el 16 de diciembre de 2023, entró en operaciones el primer tramo que abarca un total de 473 kilómetros y va desde San Francisco Campeche hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún. Dos semanas después, el 31 de diciembre, el gobierno inauguró un nuevo segmento que irá de Cancún a Palenque, Chiapas. Finalmente, se espera que el Tren Maya funcione en su totalidad hasta el 29 de febrero de 2024.

Tristemente, en el segundo tramo inaugurado en la víspera del año nuevo, sólo pudo operar unos cuantos días sin presentar fallas, ya que el pasado miércoles 3 de enero en el recorrido que comprende de Cancún a Chiapas en la estación Palenque los usuarios vivieron un contratiempo inesperado cuando uno de los motores del tren experimentó una falla, dejándolos varados por horas.

Es inconcebible que en una obra a la que se destinan miles de millones de pesos presente este tipo de inconvenientes y que afecte a los usuarios que pretenden viajar en el Tren Maya; este tipo de situaciones demuestran que la planeación del proyecto fue al vapor y que no se consideraron todos los factores que influyen en una obra de esta magnitud.

Además, que el 4 de enero, el Presidente declaró la expropiación por causas de utilidad pública de otras 22 hectáreas para la construcción del Tren Maya. Se trata de predios ubicados en los municipios de Mérida, Yucatán, y Champotón en Campeche.

Cabe mencionar que las propiedades pasarán a manos de Fonatur Tren Maya, SA de CV, para destinarlas a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria del tren.

Este gobierno inaugura obras sin estar concluidas y con el óptimo funcionamiento, lo cual deja en evidencia que las obras insignia de la Cuarta Transformación únicamente son una fachada que en apariencia se realizaron pero que no cumplen con los objetivos para los que fueron diseñadas.

Además, de que al realizar la inauguración de las mismas se causa un detrimento al patrimonio y recursos de las dependencias, pues como se ha manifestado, dichas obras han resultado más onerosas de lo proyectado después de su inauguración, pues continúa elevándose su costo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, informe a esta soberanía las causas por las cuales falló el motor del Tren Maya que daría servicio en el tramo Chiapas-Cancún.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, informe a esta soberanía cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para evitar futuras fallas que se puedan presentar en la operación del Tren Maya, con la finalidad de garantizar un servicio óptimo para las y los usuarios de éste.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), informe a esta soberanía el estatus que guarda la expropiación de los últimos predios para la construcción de infraestructura del Tren Maya y la fecha en la cual ya estará concluida en su totalidad dicha obra.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, informar con precisión a esta soberanía, cuál es la población objetivo beneficiada y cuantos años se tardará en recuperar la inversión del proyecto del Tren Maya en función del precio de los boletos y del monto total de recursos destinados.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/discurso-del-lic-andres-manuel-lope z-obrador-durante-su-toma-de-posesion-como-presidente-de-los-estados-unidos-mex icanos-331219

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5700590&fecha=31/08/2023#gsc .tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA CÁMARA DE SENADORES RESPECTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA POR EL SENADOR JUAN PABLO ADAME ALEMÁN QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD, PRESENTADA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Cámara de Senadores respecto de la iniciativa propuesta por el senador Juan Pablo Adame Alemán que reforma la Ley General de Salud, presentada el 6 de septiembre de 2023, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El cáncer es una enfermedad “por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo”, esta enfermedad la hemos escuchado con frecuencia y en aumento los últimos años. Como todas las enfermedades el cáncer puede llegar a ser diagnosticado en cualquier persona sin distinción alguna, tanto en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

En México, según la Secretaría de Salud, se diagnostican cada año alrededor de 195 mil 500 casos de cáncer en sus diferentes tipos.

La batalla que enfrenta cada uno de los pacientes con cáncer es diferente por diversas cuestiones como la edad, el tiempo de detección y tratamiento.

Fue el 6 de septiembre de 2023, cuando el senador Juan Pablo Adame Alemán, presentó ante la LXV Legislatura del Senado de la República esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de apoyos a personas que acompañan y cuidan a enfermos con cáncer en sus tratamientos, donde refiere lo siguiente en su exposición de motivos:

“En México, en los últimos años, los enfermos por cáncer han venido aumentando, convirtiéndose en un problema de salud pública. La enfermedad y su tratamiento traen severas consecuencias a quienes lo padecen, pero también conlleva enormes cargas al entorno familiar del paciente. Los familiares o gente cercana que se encargan de atenderlo y cuidarlo tienen que soportar cargas económicas y emocionales, para poder salir adelante...”.

Así, exponiendo un tema que en diversas ocasiones se considera como periférico derivado de la grave y terrible situación de una enfermedad como lo es el cáncer y que, por tanto, no se toma en cuenta, es la cuestión de las y los familiares o, en general, de quienes cuidan a quienes padecen de ese terrible padecimiento.

Las personas que quedan responsables de quienes padecen algún tipo de cáncer, han quedado invisibles, y son ellas quienes requieren hoy por hoy, todo el apoyo del Estado. Apoyo, que esta administración les quitó, debido a la suspensión de servicios médicos a causa de la pandemia de Covid-19 y por el desabasto de medicamentos, ocasionado por las acciones del Gobierno federal...

Segunda. Las personas que se quedan encargadas del cuidado y atención de las y los que padecen cualquier tipo de cáncer, realizan gastos catastróficos en tratamientos y medicamentos para tratar curar a sus enfermos.

Dichos gastos los dejan impedidos para poder utilizar ese dinero en otras cuestiones, como pagar su renta, su hipoteca, realizar reparaciones en su hogar, utensilios, escuelas, libros, incluso comida.

Por mencionar datos, de acuerdo a una nota en El Economista,el costo de tratar el cáncer de mama puede llegar hasta los 200,000.00 pesos al año, eso según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero la misma nota, también refiere a que la consultora PwC dice que el paquete de 20 quimioterapias puede llegar a costar hasta 350,000.00 pesos. Algunos tratamientos pueden llegar a costar más de 16 mil pesos al mes, u otro, 17,500.00 pesos por quimioterapia, esto representa un gasto elevado, el cual la mayoría de las familias mexicanas no puede solventar.

Además de la carga emocional que las personas cuidadoras enfrentan, tienen un desgaste económico por lo cual el Estado debe brindar este tipo de ayuda para la responsabilidad que actualmente están asumiendo las y los cuidadores de personas que padecen cualquier tipo de cáncer, tenemos que ayudarles. La actual administración los dejó a un lado, por lo que el apoyo que se brinde no puede consistir sólo en cubrir los gastos del tratamiento de cáncer, debemos ser empáticas y empáticos y por lo menos, ayudar con los gastos periféricosque ocasiona una enfermedad como esta y que, como señala la iniciativa de ley propuesta por el senador Juan Pablo Adame Alemán, consisten en transporte, alojamiento, alimentación adecuada y atención psicosocial a los familiares y/o personas que acompañen y cuiden a enfermos de cáncer.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores a aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de apoyos a personas que acompañan y cuidan a enfermos con cáncer en sus tratamientos, presentada por el senador Juan Pablo Adame Alemán.

Notas

1 ¿Qué es el cáncer?, Instituto Nacional del Cáncer, recuperado de

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/que-es#:~: text=El%20c%C3%A1ncer%20es%20una%20enfermedad,formado%20por%20billones%20de%20c %C3%A9lulas, el día 11 de noviembre de 2023 a las 11: 04 horas.

2 México registra al año más de 195 mil casos de cáncer: Secretaría de Salud, 16 de septiembre 2023, recuperado de

https://www.gob.mx/salud/prensa/294-mexico-registra-al-ano-mas-d e-195-mil-casos-de-cancer-secretaria-de-salud el día 11 de diciembre de 2023 a las 11: 27 horas.

3 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de apoyos a personas que acompañan y cuidan a enfermos con cáncer en sus tratamientos presentada por el Sen. Juan Pablo Adame Alemán el seis de septiembre de 2023

4 Los costos siguen siendo un lastre en la lucha contra el cáncer de mama. (2022). Toche, N. El Economista. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Los-costos-siguen-si endo-un-lastre-en-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-20221017-0136.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESPECTO A LA SITUACIÓN QUE VIVEN DERIVADO DEL PASO DEL HURACÁN OTIS EN GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al DIF Guerrero y al gobierno de dicha entidad a garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes respecto a la situación que viven derivado del paso del huracán Otis, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Acapulco, uno de los puertos más emblemáticos de nuestro país, junto con 46 municipios más, fue devastado por el paso del huracán Otis, el 25 de octubre de 2023 con categoría 5. Esta devastación fue total como lo pudimos observar gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales. Los municipios de Guerrero quedaron en una situación de emergencia total, en donde vivieron tiempos de incertidumbre sin luz, agua, comunicaciones, ni un lugar en donde poder resguardarse.

Segunda. Las personas que vivieron el paso del huracán Otis vivieron un sinfín de afectaciones, no sólo económicas sino psicológicas, el hecho de vivir un desastre natural de este tipo significa enfrentar diversos retos en un futuro. En estos 47 municipios existen más de 296 mil niñas, niños y adolescentes, los cuales también vivieron este huracán, para ellos la afectación emocional derivado de este suceso les afecta de diversas maneras, como dejar de tener espacios de recreación, un aula para poder continuar sus estudios o un simple lugar en donde convivir de manera sana y en armonía con sus pares.

Además, dentro de estos municipios se dio la afectación de cinco hospitales, los cuales tienen daños moderados.

Tercera. Dentro de estas niñas y niños existen más de 177 mil 804 estudiantes de educación básica los cuales han sido afectados tras el cierre de escuelas en esos 5 municipios. Para estas niñas y niños el hecho de no poder contar con un espacio seguro para seguir formándose para construir un futuro mejor puede derivar en una deserción escolar, la cual no beneficiaría a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país para que forjen un futuro mejor y con ello construyamos un mejor país, al frustrar sus mayores sueños, las niñas, niños y adolescentes estudian para lograr forjar un futuro mejor.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero y al Gobierno del Estado de Guerrero para que garanticen la protección integral de niñas, niños y adolescentes respecto de la situación que viven derivado del paso del huracán Otis.

Bajo el tenor de las siguientes propuestas:

1) Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero en conjunto con el Gobierno del Estado de Guerrero, realice una base de datos para tener conocimiento con precisión respecto de la situación concreta que vive cada niña, niño y adolescente.

2) Ayuda médica para la valoración de alguna enfermedad física derivada del estrés postraumático, así como para atender las enfermedades físicas y psicológicas previamente adquiridas y otorgar los medicamentos necesarios.

3) Entrega de artículos primarios de limpieza personal para niñas, niños y adolescentes, buscando que cuenten con alimentos adecuados para su pleno desarrollo.

4) Apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes, así como a sus familias por las pérdidas emocionales y materiales que sufrieron derivado del paso del huracán Otis.

5) Establecer lugares seguros para el alojamiento y descanso de niñas, niños y adolescentes, así como de sus familias, otros espacios para su esparcimiento y otros para integrarse poco a poco a sus estudios.

Nota

1 Huracán Otis: UNICEF coordina con gobierno en Guerrero para determinar la afectación a niñez y adolescencia, recuperado de

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/hurac% C3%A1n-otis-unicef-coordina-con-gobierno-en-guerrero-para-determinar-la el día 15 de diciembre del 2023 a las 14: 56 horas

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIAPAS, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Chiapas, ciudadano Rutilio Escandón Cadenas, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad a lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la que en su artículo 9 numeral 1 declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución Política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto por los artículos 1 y 21 de la Constitución Política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional en su parte conducente señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Chiapas en su artículo 59, fracción IX que dispone la obligación del gobernador de velar por la protección ciudadana, la seguridad pública, la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del Estado.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Chiapas se estima que 15.1 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 225 mil 717 hogares víctimas, de un total de un millón 491 mil 211 hogares estimados.

En Chiapas se ha intensificado la disputa territorial entre diferentes organizaciones criminales, incluyendo el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Éstas no serían las únicas organizaciones criminales presentes en la región, lo que complica aún más el panorama de seguridad.

En octubre de 2023, el CJNG se adjudicó el asesinato de dos encuestadores en Chiapas, además de la desaparición de otro. Este acto fue interpretado como una advertencia del grupo criminal en su lucha por el control territorial.

Una facción del CJNG conocida como MAIZ ha estado en conflicto con el Cártel de Sinaloa en Chiapas. Estos enfrentamientos han generado una fuerte violencia en la zona fronteriza con Guatemala.

Durante las últimas semanas de 2023, Chiapas experimentó una espiral de violencia causada por la feroz disputa por el control de la frontera con Guatemala, lo que también ha impactado en los flujos migratorios.

Estos eventos destacan los desafíos significativos que enfrenta el gobierno de Chiapas para abordar la inseguridad y la violencia en el estado. La situación exige respuestas efectivas y estrategias integrales para mejorar la seguridad y proteger a los ciudadanos.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador del estado de Chiapas, ciudadano Rutilio Escandón Cadenas, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes, un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, pags. 3-14.

5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chiapas/wo 21023.doc

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/ envipe2023_chis.pdf

7 https://www.infobae.com/mexico/2023/09/24/narco-en-chiapas-que-grupos-criminale s-se-disputan-el-territorio-al-sur-del-pais/

8 https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/mexico/2023/10/04/ chiapas-violencia-cartel-sinaloa-jalisco-nueva-generacion-cjng/

9 https://www.infobae.com/mexico/2023/12/20/por-que-se-llama-maiz-la-faccion-del- cjng-que-pelea-con-el-cartel-de-sinaloa-en-chiapas/

10 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Chiapas-enfrenta-espiral-de-violencia- y-nuevo-aluvion-de-migrantes-20230930-0028.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE COLIMA, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Colima a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de Colima, ciudadana Indira Vizcaíno Silva, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad a lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la que en su artículo 9, numeral 1, declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 21 de la Constitución política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional en su parte conducente señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Colima en su artículo 10, tercer párrafoque dispone que la seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los municipios que, en concurrencia con la federación y de acuerdo con las competencias que señalen la Constitución federal y la constitución estatal, comprende la prevención de los delitos, la coadyuvancia en su investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de las leyes de la materia.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Colima se estima que 24.6 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 63 mil 733 hogares víctimas, de un total de 259 mil 414 hogares estimados.

El estado de Colima ha experimentado un aumento significativo en la violencia y la delincuencia durante el año 2023 y lo que va de 2024, presentando un gran desafío para el gobierno estatal en términos de seguridad pública.

El año 2023 fue el más violento con un total de 885 homicidios dolosos registrados hasta el 15 de diciembre, lo que ha generado una gran preocupación entre la ciudadanía.

El incremento de la inseguridad que enfrenta Colima hace necesario que las autoridades fortalezcan las estrategias para combatir de manera efectiva y contundente a la delincuencia y mejorar la seguridad en el estado.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a la gobernadora del estado de Colima, ciudadana Indira Vizcaíno Silva, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, pags. 3-14.

5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Colima/wo9 5635.doc

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/oc/ envipe2023_col.pdf

7 https://elcomentario.ucol.mx/?p=49469

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUERRERO, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora del estado de Guerrero, ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad a lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la que en su artículo 9, numeral 1, declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto por los artículos 1 y 21 de la Constitución política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional en su parte conducente señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Guerrero en su artículo 91, fracción XIX que dispone que la gobernadora tiene la obligación de garantizar la protección y la seguridad ciudadana, la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad en el Estado, y disponer de las corporaciones policiales estatales y municipales, en aquellos casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Guerrero se estima que 20.5 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 206 mil 259 hogares víctimas, de un total de un millón 7 mil 403 hogares estimados.

El estado de Guerrero ha enfrentado una serie de eventos delictivos alarmantes durante los meses de noviembre y diciembre de 2023 y enero de 2024, que han conmocionado a la opinión pública y planteado serios desafíos de seguridad.

En enero de 2024, un violento ataque en Buena Vista de los Hurtado, en el municipio de General Heliodoro Castillo, dejó un saldo de cinco muertos. Este incidente, atribuido a la disputa territorial entre grupos delictivos rivales, resalta la intensa violencia que enfrenta el estado.

En noviembre de 2023, tras el paso del huracán Otis, Acapulco experimentó una ola de rapiña y saqueos. Los comercios sufrieron daños estimados en más de 390 millones de pesos, demostrando el impacto de la delincuencia en situaciones de emergencia.

La violencia en la Costa Grande y la sierra de Guerrero obligó a más de 100 familias y 800 personas a abandonar sus comunidades. Se reportaron dos masacres y más de 40 muertos entre Heliodoro Castillo y Coyuca de Benítez, evidenciando el grave impacto del narcotráfico en la región.

Estos eventos subrayan la compleja situación de seguridad en Guerrero y la necesidad urgente de estrategias efectivas para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos en esta región azotada por la violencia.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a la gobernadora del estado de Guerrero, ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/ 2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, págs. 3-14.

5 https://congresogro.gob.mx/legislacion/CONSTITUCION-GUERRERO-15-06-2022.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/ envipe2023_gro.pdf

7 https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2024/01/06/autoridades-indagan-hechos-v iolentos-en-guerrero-numero-indeterminado-de-cuerpos-reporta-activista/

8 https://elpais.com/mexico/2023-11-01/rapina-saqueos-y-desabasto-los-comercios-c ifran-en-mas-de-390-millones-de-pesos-los-danos-tras-el-huracan-otis.html

9 https://www.infobae.com/mexico/2024/01/06/el-rastro-del-narco-en-guerrero-dos-m asacres-y-mas-de-40-muertos-entre-heliodoro-castillo-y-coyuca-de-benitez/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE SONORA, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Sonora a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Sonora, ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la que en su artículo 9, numeral 1, declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 21 de la Constitución política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional en su parte conducente señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Sonora en su artículo 79, fracciones II y XX, que dispone que corresponde al gobernador del estado velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad, y ejercer el mando supremo de las fuerzas del estado y movilizarlas según las necesidades públicas en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Sonora se estima que 28 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 262 mil 713 hogares víctimas, de un total de 939 mil 211 hogares estimados.

Es un hecho público que la inseguridad en la entidad va en aumento, en donde el inicio del año 2024 ha sido marcado por una ola de violencia particularmente en el municipio de Cajeme con un incidente que conmocionó a la comunidad local y nacional.

Nos referimos a la masacre ocurrida durante la noche del 28 y la madrugada del 29 de diciembre, que dejó un saldo trágico de seis personas fallecidas en una fiesta. Según informes de las autoridades han logrado la detención de cuatro presuntos responsables del ataque. Este suceso ha generado una profunda preocupación entre los habitantes y las autoridades, dada la brutalidad y la naturaleza pública del ataque y ha intensificado el debate sobre la seguridad pública en la región, poniendo en evidencia los grandes desafíos que enfrentan las autoridades federal, estatal y municipal en su lucha contra la delincuencia organizada.

Las y los habitantes de Sonora se encuentran en estado de alerta, y muchos ciudadanos exigen respuestas y acciones concretas para prevenir futuros actos delincuenciales; exigen que disminuya la violencia y se recupere la tranquilidad en la región.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador del estado de Sonora, ciudadano Francisco Alfonso Durazo Montaño, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, págs. 3-14.

5 http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento2.php? idArchivo=2765&ambito=ESTATAL

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/ envipe2023_son.pdf

7 (https://www.infobae.com/mexico/2023/12/30/caen-cuatro-presuntos-responsables-d e-la-masacre-en-sonora-donde-asesinaron-a-seis-personas-en-una-fiesta/)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE TABASCO, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tabasco a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Tabasco, ciudadano Carlos Manuel Merino Campos, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad a lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2+ la que en su artículo 9, numeral 1, declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional, además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 21 de la Constitución política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional, en su parte conducente, señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Tabasco en su artículo 51, fracción III, que dispone que el gobernador tiene bajo su mando a la corporación de seguridad pública estatal y puede disponer de la policía preventiva municipal y reconoce que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Tabasco se estima que 27.8 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 206 mil 718 hogares víctimas, de un total de 744 mil 153 hogares estimados.

En los últimos meses, la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, ha experimentado un notable aumento en la actividad delictiva, especialmente en forma de robos a comercios, generando alarma entre los ciudadanos y desafiando las estrategias de seguridad locales.

Los asaltos, caracterizados por su violencia y frecuencia, han causado un clima de miedo y preocupación en la comunidad empresarial y entre los residentes de la ciudad.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido la situación de inseguridad al señalar que la violencia en Villahermosa se debe al reacomodo de bandas locales, por lo que es evidente, urgente y necesario que se refuercen las medidas de seguridad y prevención del delito en la región.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la Gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador del estado de Tabasco, ciudadano Carlos Manuel Merino Campos, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, págs. 3-14.

5 http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento2.php? idArchivo=17537&ambito=ESTATAL

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/ envipe2023_tab.pdf

7 https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/mexico/2024/01/05/robos-villahermosa- atracos-tabasco-narcoviolencia-negocios-cerrados/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE TAMAULIPAS, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Tamaulipas a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Américo Villarreal Anaya, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la que en su artículo 9, numeral 1, declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución Política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 21 de la Constitución política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional, en su parte conducente, señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en su artículo 19 Bis, fracción I, que dispone la existencia de un Sistema Estatal de Seguridad Pública que se organiza en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la ley general de la materia y reconoce que la seguridad pública es una función a cargo del estado y de los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, dentro de sus respectivas competencias.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Tamaulipas se estima que 18.4 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 209 mil 684 hogares víctimas, de un total de un millón 136 mil 917 hogares estimados.

En un evento que capturó la atención de la comunidad nacional e internacional, 31 migrantes latinoamericanos de diversas nacionalidades fueron secuestrados y posteriormente liberados en Reynosa, Tamaulipas.

Este incidente hace evidente los riesgos a los que se enfrentan los migrantes en su camino hacia Estados Unidos de América y la imposibilidad de la población de ejercer su derecho al libre tránsito.

Los migrantes fueron secuestrados por un grupo delictivo en Reynosa, una ciudad que ha sido testigo de numerosos actos de violencia relacionados con el tráfico de personas y el narcotráfico. Afortunadamente, los migrantes fueron liberados por sus secuestradores sin que al momento exista el reporte de que hayan sido detenidos y puestos a disposición.

Este secuestro destaca los peligros que enfrentan los migrantes en su travesía por Tamaulipas, especialmente en regiones controladas por carteles de la droga y bandas criminales por lo que se estima urgente que el gobierno estatal y el federal refuercen la estrategia de seguridad en la entidad.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Américo Villarreal Anaya, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, págs. 3-14.

5 http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento2.php? idArchivo=37775&ambito=ESTATAL

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/ envipe2023_tamps.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE ZACATECAS, A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PRESERVAR EL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD CIUDADANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Zacatecas a presentar a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, ciudadano David Monreal Ávila, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo que establece la parte conducente del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo “...tiene derecho... ...a la seguridad de su persona...”, lo que es ratificado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la que en su artículo 9, numeral 1, declara el derecho a la seguridad personal.

En nuestro país, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dio la apertura del sistema jurídico mexicano al derecho internacional, elevando a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos a rango constitucional, estando por ende obligadas todas las autoridades a regir sus actos bajo el principio pro persona.

Con la citada reforma constitucional, además del sistema de garantías individuales desarrollado desde la promulgación de la Constitución política, el Estado asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tutelados y reconocidos no solamente por la carta fundamental sino también a los consignados en los tratados internacionales como los que hemos referido anteriormente.

Es por ello que se considera que el Estado mexicano, a través de su representante, es el primer obligado en tutelar bajo el principio pro persona el derecho humano a la seguridad personal que en su concepción colectiva se traduce en el derecho humano a la seguridad ciudadana que es la “condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida”, sin seguridad personal y colectiva la población no puede desplegar y ejercer con plena libertad todos y cada uno de los derechos que les asisten como personas.

Bajo esa concepción es que se afirma que el titular del Poder Ejecutivo federal es el primer sujeto obligado a establecer las condiciones necesarias para que las personas pueden ejercer en plenitud sus libertades y derechos, obligación que por virtud de lo dispuesto por los artículos 1 y 21 de la Constitución política en relación con el 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en segundo lugar y grado les corresponde a las personas que ejercen la titularidad de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Lo anterior es así en atención a que el artículo 21 constitucional, en su parte conducente, señala que la seguridad pública es una función a cargo también de las entidades federativas cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.

La labor a cargo de la federación y de los estados en materia de seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos que establezca la ley.

La afirmación de nuestra parte en el sentido de que a los gobiernos estatales también les compete el preservar el orden y la paz pública y así dar vigencia al derecho humano a la seguridad ciudadana encuentra sustento en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en su artículo 26, séptimo párrafo, que dispone que la seguridad pública es un servicio a cargo del estado y los municipios para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, el mantenimiento del orden y la paz públicos.

Las consideraciones así vertidas sirven de base al suscrito para presentar a esta soberanía la presente proposición en virtud de que la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) señala que en el estado de Zacatecas se estima que 20.6 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022, esto es, 99 mil 120 hogares víctimas, de un total de 480 mil 424 hogares estimados.

En un lamentable suceso ocurrido el 24 de septiembre que conmocionó a México, seis adolescentes fueron secuestrados en el estado de Zacatecas y encontrados posteriormente sin vida, mientras que uno más sobrevivió al terrible incidente.

Los jóvenes fueron secuestrados el domingo mientras dormían en un rancho llamado El Potrerito, cerca de la localidad de Malpaso, en Zacatecas. Un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y se llevó por la fuerza a los adolescentes, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados el miércoles 27 de septiembre en un punto remoto del municipio de Villanueva, el mismo en el que se dio el secuestro.

Este trágico evento es un lamentable ejemplo de que la violencia criminal en Zacatecas está fuera de control, una región que ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos que se disputan las rutas para traficar drogas y otros negocios ilícitos por lo que es necesario que las autoridades federal, estatal y municipales refuercen las labores de vigilancia para recuperar la paz y restablecer el orden público en la entidad.

Estos desafortunados resultados en materia de seguridad pública no pueden pasar desapercibidos por esta Comisión Permanente razón por la que es urgente y necesario exhortar a la titularidad de la gubernatura para que informe a esta soberanía las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana de sus habitantes y sobre todo de las desarrolladas para hacer frente a la inseguridad que se percibe en aumento, por lo que me permito someter a la consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, ciudadano David Monreal Ávila, para que presente a esta soberanía y a sus habitantes un informe detallado y pormenorizado sobre las acciones implementadas en la entidad para salvaguardar y preservar el derecho humano a la seguridad ciudadana y de las desarrolladas para combatir la inseguridad que se percibe en aumento.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_ Translations/spn.pdf

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights

3 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0

4 CARTAGENA SANTOS, Ilda Lilian, “Seguridad ciudadana un derecho humano”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Revista Regional de Derechos Humanos, número 2, 2010, págs. 3-14.

5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/constitucionEdo.php#gsc.tab=0:~: text=Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20del%20Estado%20Libre%20y%20Soberano%20 de%20Zacatecas

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/ envipe2023_zac.pdf

7 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/09/27/jovenes-desaparecidos-en-vil lanueva-zacatecas-encuentran-cuerpos-sin-vida-cronologia-del-caso/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA SEMBRANDO VIDA

«Proposición con punto de acuerdo, en materia de transparencia del Programa Sembrando Vida, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Salvador Alcántar Ortega y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El Programa Presupuestario “Sembrando Vida” es una política pública en materia agroecológica que fue puesta en marcha en 2019 por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el cual busca mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas en los ejidos y comunidades en localidades rurales con mayor pobreza, rezago social y degradación ambiental mediante apoyos económicos y en especie para la producción agroforestal, así como acompañamiento social y técnico. Cabe mencionar que dicho programa se implementa desde 2020 y con cargo presupuestal nacional, en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, con una estrategia complementaria de política migratoria, con la finalidad de generar empleos en dichos países y detener la migración.

Principalmente, el Programa Sembrando Vida es considerado a nivel Internacional por parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como un programa que contribuye al bienestar social de sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, donde se busca atender la problemática de la pobreza rural y la degradación ambiental, donde el objetivo es reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades.

No obstante, los objetivos establecidos en el programa presentan las primeras críticas, siendo así que una diputada federal denunció el clima de corrupción en el que se desenvuelve dicho programa, puesto que se han concedido pagos sin documentar la acreditación de su entrega, existiendo inclusive beneficiarios menores de edad, personas con edades que van de los 95 a 117 años y retribuciones mayores a la normativa establecida. Resulta relevante mencionar lo anterior, ya que la población objetivo para el programa está definida como “sujetos agrarios mayores de edad que habitan en localidades rurales, cuyos municipios se encuentran con niveles de rezago social y que son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal”, pero se tienen datos de que hay personas que reciben los montos económicos siendo menores de edad y no contando con las hectáreas necesarias, por lo cual talan los árboles para tener el terreno necesario expuesto en las Reglas de Operación, generando así deforestación.

Coneval, académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y los propios beneficiarios del programa han denunciado que presenta deficiencias al momento de identificar y atender a la población objetivo, puntualizando que, de no cuidar los criterios de selección incluidos en sus propios lineamientos, se corre el riesgo de beneficiar a personas que no necesitan de los apoyos económicos. Es necesario hacer mención de las inconsistencias que muestra el programa al no tener un estudio eficiente de las zonas de atención prioritaria y del número de personas que supuestamente reciben el apoyo. Respecto a los apoyos económicos adicionales, se establece que únicamente el Comité Técnico podrá determinar quién y el monto a otorgar, siendo determinaciones ambiguas en el diseño del programa y en sus reglas de operación, dejando un espacio de oportunidad para realizar actos de corrupción y desvío de recursos. Por otro lado, se establece que habrá apoyos en especie, comprendidos como plantas, semillas, insumos, herramientas, viveros comunitarios, biofabricas y Centros de formación; pero se estipula que también los apoyos económicos adicionales son destinados a los recursos antes expuestos, en ese sentido se sigue sosteniendo que hay confusión respecto a la finalidad de los montos económicos adicionales dentro del programa.

Según el Índice de Seguimiento al Desempeño (ISD), que es un instrumento que genera información cuantitativa y cualitativa del desempeño de los Programas Presupuestarios, a fin de que se elijan buenas alternativas en la asignación del gasto público, con base en los resultados de los programas; en el cual la valoración cualitativa para el Programa Sembrando Vida es bajo, puesto que sus resultados no son favorables y eso significa que no es viable considerarlo como prioritario en la asignación de presupuesto, ya que no está siendo eficiente ni efectivo para el bienestar de la población mexicana. Sin embargo, para el Ejercicio Fiscal de2023, el presupuesto aprobado fue de 37 mil 65 millones 993 mil 63.00 de pesos, pese a la falta de resultados del programa. En la siguiente gráfica se puede observar el aumento del presupuesto que se le ha asignado al programa desde 2019:

De 2019 a 2020, casi duplicó el monto asignado de presupuesto para el ejercicio fiscal, posteriormente fue aumentando gradualmente, de 2020 a 2021 aumento 1.46 por ciento y de 2021 a 2022 aumentó 3.36 por ciento, sin embargo, de 2022 a 2023 aumentó 24 por ciento, aun cuando múltiples expertos en el tema han evidenciado que el programa no es viable y presenta inconsistencias en su elaboración, aplicación y evaluación. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, ha realizado cinco auditorias respecto a los criterios en la implementación del programa, puesto que se evidenciaron cantidades de recursos sin entregar y deficiencias en los registros de beneficiarios, representando una pérdida de presupuesto e incumplimiento de lo establecido dentro de las Reglas de Operación.

En 2022, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en un seminario bajo el nombre, “Análisis Critico lógico de los impactos del programa Sembrando Vida”, expertos consideraron, de acuerdo a sus análisis realizados, que el programa amenaza la biodiversidad, ya que sólo se limita a dos técnicas de cultivo, provocando deforestación, erosión del suelo y distribución de especies no endémicas, de tal manera que no considera la diversidad y las diferentes técnicas milenarias existentes en las localidades de las entidades de la República Aunque el programa menciona la adopción del conocimiento de las localidades y las personas beneficiarias dentro del programa, en la realidad es que no se toman en cuenta los saberes ancestrales de los lugares en donde se implementa, invisibilizando la cultura y diversidad que existe en el país.

Los investigadores apuntan a que el desarrollo de las comunidades donde se lleva a cabo este programa, pierde su origen comunitario y desarrollo económico, transformando a los campesinos en empleados del gobierno, además de que sólo se promueve una visión desarrollista con la creación de proyectos que favorecen el comercio internacional y el turismo, modificando la cosmovisión de los pueblos originarios y comunidades rurales por una visión consumista que propicia la apropiación cultural. De tal manera que resulta necesario analizar la viabilidad del programa en las distintas regiones del país, analizando y llevando acabo un diagnóstico para evaluar los impactos que tendrá en la cultura, el entorno natural y social, así como en los usos y costumbres

Respecto a la producción de las unidades agroforestales, no existen datos de los resultados del programa en este ámbito y tampoco se especifica la producción en las Reglas de operación, por lo cual no se tienen datos reales sobre las practicas forestales y su relación con la agricultura, dejando en la incertidumbre la efectividad del programa en relación a las tierras de cultivo y la producción de alimentos. En relación a lo anterior, no existen planes de negocio para la comercialización de los productos cultivados por los campesinos, de tal manera que no se está beneficiando a los productores en materia económica y los excedentes se desperdician, generando pérdidas económicas y alimentarias para el país. Pese a que en el programa se habla de generar comercialización, no hay resultados tangibles de como se ha avanzado en dicho tema, si se están comercializando los productos que son cultivados, los márgenes de ganancia y como se benefician los productores de las ventas. Por ende, no se analizan las cadenas de valor, aun cuando son herramientas de análisis estratégico para determinar las ventajas competitivas y mejorar la rentabilidad del programa.

En este orden de ideas, es necesaria la información respecto a las complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios, a fin de desarrollar políticas integrales donde se pueda colaborar mutuamente con el objetivo de garantizar el bienestar de la población, en específico de los productores y los campesinos. Aunque el programa esta diseñado para operar de manera interinstitucional, aun no existe claridad en los roles y responsabilidades de cada actor institucional. Es necesario cuestionarse si el programa Sembrando Vida no se convertirá únicamente en un instrumento político, en donde se use el programa social para la creación de clientelas electorales.

Finalmente, es necesario hablar de reuniones de trabajo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; en ese sentido, se necesita la colaboración de ambos poderes para mejorar la implementación del programa en beneficio de la población. Es por ello, que se vuelve relevante solicitar que la secretaria del Bienestar asista a reuniones de trabajo ante la Comisión de Bienestar, a fin de tener información de primera mano y veraz, respecto al padrón de beneficiarios, los apoyos en especie y apoyos económicos adicionales, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, así como los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias, a fin de que haya una cooperación interinstitucional para mejorar el programa y erradicar las prácticas de corrupción, deforestación y brindar la asesoría técnica adecuada a las distintas regiones del país.

Por lo expuesto, se afirma que hay una necesidad de tener mayor información, estudios, análisis y diagnósticos de este programa, puesto que se está considerando el incluirlo en la Constitución Política de nuestro país. De esta manera es que el programa “Sembrando Vida” no debe ser tomado a la ligera y es preciso que tenga un diseño, implementación y resultados efectivos, para así asegurar que da solución a los temas de la recuperación del campo y de la autosuficiencia alimentaria, de tal manera que se encamine en beneficio del campo mexicano. Además, en el marco de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, se necesitan los datos veraces, actualizados y al alcance de la población en general, en concordancia con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en sus artículos 9 y 11.

Finalmente, es necesario resaltar que no todos los estados de la República cuentan con las condiciones climatológicas e hídricas adecuadas para sustentar y responder al programa, por lo cual habrá entidades federativas en donde no será viable su implementación y no se obtendrán los resultados esperados. Es por ello que también se debe evaluar su factibilidad en ciertos estados debido a sus condiciones particulares, como es el caso de Chihuahua; donde por su clima y el estado hídrico, no es apto para que se implemente el programa. Es así que se resalta la importancia de realizar diagnósticos en cada entidad y publicar sus resultados, de tal manera que la población pueda acceder a ellos, para que las instituciones y actores responsables de la implementación del programa, consideren su operatividad en las distintas partes del país.

Es por todos los argumentos expuestos, que, desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Bienestar integre en el padrón de beneficiarios del Programa Sembrando Vida la información de los apoyos económicos adicionales y los apoyos en especie para la producción agroforestal por beneficiario desde el inicio del programa hasta la fecha, y en particular en Chihuahua.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que la Secretaría de Bienestar publique en su página electrónica los impactos económicos y sociales de los beneficiarios respecto a la producción de cada unidad agro forestal, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, señalando el impacto que se ha tenido en Chihuahua.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Bienestar publique en su página electrónica los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en la ejecución del Programa “Sembrando Vida” se evite la deforestación y exista asesoría técnica en materia agrícola, de protección forestal y del suelo, y de desarrollo silvícola, señalando en lo particular las acciones realizadas en Chihuahua.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a la secretaria del Bienestar, la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, a asistir a reunión de trabajo ante la comisión de Bienestar con la finalidad de conocer datos actualizados sobre el padrón de beneficiarios del Programa “Sembrando Vida”, los municipios y comunidades en las que se está aplicando dicho programa, los planes de negocios existentes, los programas de comercialización de productos y análisis de cadenas de valor, así como los acuerdos o apoyos interinstitucionales que se han realizado con otras dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir y atender cuestiones de deforestación y dar asesoría técnica en materia agrícola, de protección forestal y del suelo, y de desarrollo silvícola, haciendo especial énfasis en la región Tarahumara de Chihuahua.

Notas

1 Consultado en:

https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=185 25 de septiembre 2023.

2 Consultado en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Diputada-del-PAN-denunc ia-ante-FGR-irregularidades-por-2742mdp-en-programa-Sembrando-Vida-20230823-009 5.html el día 25 de septiembre de 2023.

3 Diario Oficial de la Federación. (30 de diciembre de 2023). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida, para el Ejercicio Fiscal de 2023. Consultado en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676230&fecha=30/ 12/2022#gsc.tab=0

4 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos

5 Auditoría Superior de la Federación:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019c/Documentos/Auditor ias/2019_0249_a.pdf

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2020c/Documentos/Auditor ias/2020_0311_a.pdf

6 Consultado en:

https://www.animalpolitico.com/politica/entregas-anomalias-sembr ando-vida

7 Consultado en:

https://www.youtube.com/watch?v=pEk8lY7fMQ4

8 Gris, P. C., y Ramírez, S. (2019). El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,Temas Estratégicos número 73, México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE PONGA EN DEBIDO FUNCIONAMIENTO LA REFINERÍA DOS BOCAS OLMECA, EL TREN MAYA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES Y SE TRANSPARENTEN LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la SFP y a la SHCP a realizar las acciones correspondientes para lograr el debido funcionamiento de la Refinería de Dos Bocas “Olmeca”, del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y transparentar los recursos públicos que han sido ejercidos desde su construcción y mantenimiento hasta la fecha, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al secretario de la Función Pública y al secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones correspondientes para poner en debido funcionamiento la refinería Dos Bocas “Olmeca”, el Tren Maya y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y transparentar los recursos públicos que han sido ejercidos desde su construcción y mantenimiento hasta la fecha, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme a nuestro texto constitucional, el ejercicio de los recursos públicos federales debe realizarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

No obstante, en la construcción de las obras emblemáticas del gobierno federal, entre las que se encuentran el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas “Olmeca” y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, se han dado a conocer diversos datos que indican en términos generales, una mal utilización de los recursos públicos, toda vez que no existe claridad respecto de los sobrecostos que se han registrado en dichos proyectos, así como en los altos costos de mantenimiento que estos han generado.

En efecto, la Secretaría de la Función Pública debe realizar una vigilancia reforzada de la utilización de los recursos públicos asignados a la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas, ante el aumento del gasto en su construcción.

De acuerdo con datos dados a conocer por Animal Político, “Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tren Maya tendría un costo de entre 120 y 150 mil millones de pesos. Pero ahora, cinco años después, su gobierno calcula al menos 500 mil millones, el triple de lo proyectado inicialmente en un proyecto que además ha sido criticado por grupos ambientalistas, al avanzar en varios tramos sin los estudios ambientales requeridos.

Considerando los 120 mil millones que se proponen para la obra tan sólo en 2024, el secretario de Hacienda Rogelio Martínez de la O aceptó el incremento millonario en el proyecto, ahora a cargo del Ejército, y lo atribuyó a que durante la construcción han tenido que desviar el Tren en varias instancias al tener encuentros “con la física” y la “naturaleza”.

El funcionario federal dijo que el estimado del gobierno es que en 2023 se cierre con un gasto de 143 mil millones de pesos en el tren. Los datos presupuestales muestran que en 2022 se gastaron 181 mil millones, en 2021 un monto de 38 mil, en 2020 unos 11 mil millones y en 2019 se ubicó la cifra de 708.2 millones.” Según documentos del Consejo de administración de Pemex, la refinería de Dos Bocas “costará al menos 16 mil 816 millones de dólares, incluyendo el pago de impuesto al valor agregado, siendo que la estimación inicial de costo difundida por el gobierno era de 8 mil millones de dólares, unos 166 mil millones de pesos en 2019.”

Otro aspecto que toma relevancia, es la correspondiente inauguración de cada una de dichas obras realizada por el titular del Ejecutivo federal, sin que éstas hayan estado debidamente concluidas.

A saber, el primer tramo del Tren Maya fue inaugurado el pasado 15 de diciembre, que abarca de Campeche a Cancún, pero que, sin embargo, aún cuenta con partes inconclusas, así como se mantiene demora en la construcción del resto de la ruta ante la falta de los debidos estudios de suelo que han complicado su construcción.

De la misma forma, la refinería de Dos Bocas “Olmeca”, fue inaugurada el 1 de julio de 2022, cuando, según se informó comenzarían los trabajos de prueba para que empiece a funcionar todo el conjunto de la planta. No obstante, hasta la fecha, la refinería no ha iniciado con los respectivos trabajos para los que fue construida, lo cual implica también gastos en su mantenimiento.

Mismos gastos de mantenimiento ha tenido el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que de acuerdo con información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, han sido superiores a los recursos obtenidos por su funcionamiento. De acuerdo con el análisis de dicha organización dada a conocer en octubre de 2022, “...el total de ingresos de abril a junio pasado sumaron 162 millones de pesos, de los cuales 144 millones provinieron de transferencias y asignaciones de la Secretaría de Hacienda. Ello representa que el AIFA obtuvo ingresos, por sí solo, en los primeros meses de operación por solamente 18.3 millones de pesos, unos 223 mil pesos por día”.

La serie de datos señalados llevan implícita la necesidad de realizar una debida rendición de cuentas, en la que es necesario clarificar el ejercicio de los recursos públicos, así como realizar las acciones necesarias que permitan poner en funcionamiento correspondiente y de inmediato dichas obras, pues el Estado debe dejar de realizar un eventual subsidio para el funcionamiento y mantenimiento de dichas obras.

Como legisladores federales, estamos obligados a vigilar el respeto a los derechos humanos de las personas, dentro de los cuales podemos ubicar el correcto ejercicio de la función pública, la cual una de sus manifestaciones se observa a través del correcto ejercicio de los recursos públicos que pertenecen a todas las mexicanas y mexicanos.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, en estricto ejercicio de sus funciones y a través de las dependencias correspondientes, implementen las acciones necesarias para empezar con el debido funcionamiento de la refinería Dos Bocas “Olmeca”, del Tren Maya y del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a efecto de que dichas obras que ya han sido inauguradas, cumplan con la finalidad para la que fueron construidas y se puedan hacer tangibles los beneficios sociales y económicos que motivaron su creación, en favor de la población mexicana.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública, ciudadano Roberto Salcedo Aquino, así como al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Rogelio Ramírez de la O a emitir un informe público en el que consten detalladamente los datos de los recursos públicos y presupuestales que se han ejercido desde el inicio de la construcción de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya y para el mantenimiento del aeropuerto Felipe Ángeles hasta esta fecha.

Notas

1 Sobrecostos: Tren Maya costará el triple de lo estimado; Dos Bocas, el doble y contando.

https://www.animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico /sobrecostos-tren-maya-dos-bocas

2 Presidente AMLO encabeza recorrido inaugural del Tren Maya, primera etapa. Presidencia de la República, 15 de diciembre de 2023. Comunicado disponible en

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-amlo-encabeza-r ecorrido-inaugural-del-tren-maya-primera-etapa?idiom=es

3 Presidente AMLO inaugura Refinería Dos Bocas “Olmeca”: es un sueño convertido en realidad. Presidencia de la República | 01 de julio de 2022, comunicado. disponible en

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-amlo-inaugura-r efineria-dos-bocas-olmeca-es-un-sueno-convertido-en-realidad?idiom=es

4 Hacienda subsidia el 100% del AIFA. Por: Mauricio Rubí, 13 octubre, 2022. Disponible en

https://contralacorrupcion.mx/hacienda-subsidia-el-100-del-aifa/ #:~: text=Asimismo%2C%20el%20AIFA%20tuvo%20gastos,de%20pesos%2C%20entre%20otros%20de sembolsos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE CONDENAN LOS HOMICIDIOS DE DIVERSOS ASPIRANTES A OCUPAR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR Y SE HACE UN EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES CON MOTIVO DE LOS PROCESOS ELECTORALES 2023-2024

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condenan los homicidios de diversos aspirantes a ocupar un cargo de elección popular y exhorta a diversas autoridades con motivo de los procesos electorales federal y locales 2023-2024, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura condena los homicidios de diversos aspirantes a ocupar un cargo de elección popular y exhorta a diversas autoridades con motivo de los procesos electorales federal y locales 2023-2024, en razón de las siguientes:

Consideraciones

El pasado septiembre de 2023, el Instituto Nacional Electoral dio por iniciado el proceso electoral federal 2023-2024 a través del cual se renovarán los cargos de presidente (a) de la República, así como la totalidad de integrantes de la Cámara de Diputados y Senado de la República, ambos del honorable Congreso de la Unión.

De forma concurrente en las entidades federativas se elegirán integrantes de sus congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías y particularmente en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán también se elegirán a sus gobernadores y jefe (a) de gobierno, según sea el caso.

En total suman 20 mil 263 cargos de elección popular a elegirse el próximo 2 de junio convirtiéndose este proceso electoral en el más grande que se haya registrado en nuestro país.

Sin embargo, lo que debería convertirse en un ejercicio para la consolidación de nuestro sistema democrático, así como de las autoridades en funciones de los tres niveles de gobierno y de aquellas por conformarse con motivo de dichos procesos electorales, es ahora un desafío que debe ser atendido con carácter de urgencia.

Lo anterior, debido a la intervención de factores profundamente relacionados con la inseguridad pública y el crimen organizado que invariablemente tienen como objetivo incidir en los procesos electorales y posteriormente disminuir las capacidades de decisión de las autoridades ya conformadas y de aquellas que sean electas.

Asimismo, tienen como objetivo intervenir en la decisión de las y los ciudadanos que tienen la capacidad legal de participar en los procesos electorales ejerciendo su voto por alguno o alguna de las opciones registradas ante las autoridades electorales correspondientes.

La agresión física en contra de aspirantes, precandidatas (os) o candidatas (os) para algún cargo de elección popular es una de las variantes utilizada por la delincuencia para intervenir e incidir en los procesos electorales.

Lamentablemente las agresiones físicas cometidas en contra de aspirantes, precandidatas (os) o candidatas (os) para algún cargo de elección popular no es una innovación de la delincuencia para intervenir e incidir en algún proceso electoral.

En los procesos electorales federal y locales 2020-2021 se reportaron, al menos, noventa asesinatos y seiscientas agresiones cometidas en contra de políticos y candidatas (os) considerándose el más violento de los últimos veinte años.

Al día de hoy, apenas iniciando los procesos electorales federal y locales 2023-2024 se tiene el reporte del homicidio de los ciudadanos Ricardo Taja Ramírez, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, David Rey González y Sergio Hueso quienes habían manifestado su aspiración a ocupar un cargo de elección popular en Guerrero, Morelos, Colima y Oaxaca, respectivamente.

Las y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que la intervención de autoridades federales y locales en materia de seguridad pública debe realizarse de forma inmediata y coordinada.

Esto, no sólo para garantizar la seguridad de aspirantes, precandidatas (os) o candidatas (os) que participarán para ocupar un cargo de elección popular, además para garantizar que los procesos electorales se desarrollen en paz, especialmente el día de la jornada electoral. Asimismo, con la finalidad de garantizar diversos principios en materia electoral como es el respeto de la voluntad de las y los ciudadanos.

En razón de lo anterior, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, presentamos ante esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura condena los homicidios de los ciudadanos Ricardo Taja Ramírez, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, David Rey González y Sergio Hueso quienes habían manifestado su interés en participar en algún proceso electoral para ocupar un cargo de elección popular.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a las fisca-lías de Guerrero, Morelos, Colima y Oaxaca para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realicen las debidas investigaciones de los homicidios de los ciudadanos Ricardo Taja Ramírez, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, David Rey González y Sergio Hueso.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de los Ejecutivos federal y de las entidades federativas, así como a sus respectivas Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, garanticen la seguridad de aspirantes, precandidatas (os) y candidatas (os) a ocupar algún cargo de elección popular, federal o local, con motivo de los diversos procesos electorales que se encuentran en curso.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los Titulares de los Ejecutivos federal y de las entidades federativas, así como a sus respectivas Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, garanticen el libre desarrollo de los procesos electorales en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA REALIZADA POR LA C. SANJUANA MARTÍNEZ MONTEMAYOR, EX TITULAR DE NOTIMEX, POR LA COMISIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS EN CONTRA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, con motivo de la denuncia realizada por la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, extitular de Notimex, por la comisión de conductas ilícitas de carácter administrativo, penal y electoral en contra de diversos funcionarios públicos del gobierno federal, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, las legisladoras y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a diversas autoridades con motivo de la denuncia realizada por la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, ex titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) por la comisión de conductas ilícitas de carácter administrativo, penal y electoral en contra de diversos funcionarios públicos del Gobierno Federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En más reciente periodo de sesiones fue aprobado el decreto por el que se extinguió la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex. Dicha extinción ha sido una decisión polémica que incluso supuso una discusión en el seno de ambas Cámaras en donde no hubo consenso respecto de la misma y por lo tanto fue una determinación responsabilidad de la mayoría en dichas instancias.

A propósito de diversos sucesos ocurridos en el contexto de la desaparición y liquidación de Notimex y la huelga que se estalló por parte de los trabajadores, la titular de dicha agencia de noticias, la ciudadana Sanjuana Martínez, fue entrevistada por un periódico de circulación nacional y algunas de sus declaraciones, contienen información que de resultar cierta podrían constituir faltas administrativas e incluso ilícitos electorales.

En ese tenor, la especie que ha sido hecha del conocimiento público y que ha sido retomada por diversos periodistas, medios de comunicación y redes sociales, indica una presunta práctica de extorsiones a servidores públicos para canalizar recursos a la campaña de la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Textualmente, en la entrevista señala la exservidora pública que:

“Durante meses, Marath (el actual Secretario de Trabajo y Previsión Social) y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones, hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20 por ciento para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Me negué en rotundo a aceptar semejante condición y a continuación en venganza se nos ofreció sólo 6 por ciento de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto”.

Dicho titular de la cartera del Trabajo, adujo que eso era una costumbre en el gobierno.

Como se recordará, el propio ex secretario de Relaciones Exteriores señaló hace unas semanas que en la contienda interna de Morena se había dado desvío de recursos públicos de la Secretaría de Bienestar para apoyar a Claudia Sheinbaum.

Lo anterior confirma que en efecto, se estaría dando una operación masiva de extorsión y desvío para apuntalar la alicaída campaña de la precandidata oficial.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicie el correspondiente procedimiento de fiscalización y contabilidad sobre origen y aplicación de recursos del partido político de Morena, así como de los utilizados por la aspirante y posteriormente precandidata de ese partido para el cargo de presidenta de la República, ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de la denuncia realizada por la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, ex titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) e imponga las sanciones correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de las correspondientes facultades y atribuciones, inicien la investigación de las conductas ilícitas presuntamente cometidas por funcionarias y funcionarios del gobierno federal y por particulares en favor de la aspirante y posteriormente precandidata del partido político de Morena para el cargo de presidenta de la República, ciudadana Claudia Sheinbaum, con motivo de la denuncia realizada por la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, ex titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), lo anterior debe incluir la separación temporal del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, a efecto de facilitar el esclarecimiento de hechos y fincamiento de responsabilidades.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, analice las operaciones financieras y económicas realizadas por el partido político de Morena, así como de la aspirante y posteriormente precandidata de ese partido para el cargo de presidenta de la República, C. Claudia Sheinbaum Pardo, para determinar la presunta realización de actos u operaciones con de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos con motivo de la denuncia realizada por la ciudadana Sanjuana Martínez Montemayor, ex titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE EL CORRECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, ESCLARECIMIENTO DE DELITOS Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a diversas autoridades a garantizar el correcto ejercicio de la función de procuración de justicia, esclarecimiento de delitos y atención a las víctimas en la Ciudad de México, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a efecto de garantizar el correcto ejercicio de la función de procuración de justicia, esclarecimiento de delitos y atencion a las víctimas en la Ciudad de México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Después de desahogar el proceso correspondiente, el lunes 8 de enero de 2024 el Congreso de la Ciudad de México en el ejercicio de sus facultades tomó la resolución de no aprobar la continuación en el cargo de la titularidad de la Fiscalía de la entidad respecto de la ciudadana Ernestina Godoy Ramos.

En tal respecto, esta Comisión Permanente expresa su respeto al ejercicio soberano de las atribuciones de las y los legisladores del Congreso de la capital de la República.

Siendo que la problemática de inseguridad e impunidad que enfrentan los habitantes de la capital debe ser objeto de atención, análisis y acciones eficaces y oportunas, así como por el hecho de que esta es la sede de los poderes federales, esta Comisión Permanente expresa lo siguiente:

En la Ciudad de México existen niveles elevados de impunidad derivado de la falta de eficacia y atingencia en la labor de prevención del delito y procuración de justicia.

Dichos niveles de impunidad se encuentran en niveles muy preocupantes. A continuación se exponen algunos datos publicados en “Hallazgos 2022, seguimiento y evaluación de la justicia penal en México.”:

De acuerdo a la Encuesta de Envipe del Inegi, la confiaza en las autoridades del sector, las de la Ciudad de México son merecedoras del nivel más bajo de confianza, con un número negativo de -2.2.

En el índice de impunidad por entidades federativas, la Ciudad de México tiene el 99.1, lo que la ubica como la entidad con el quinto peor nivel de desempeño del país, no obstante que es una de las entidades con mayores recursos financieros y humanos.

Respecto de la impunidad por delito, la Ciudad de México tuvo en la medición referida un 100 por ciento de impunidad.

En feminicidio, la capital de la República observó un muy lamentable nivel de impunidad del 100 por ciento, igualmente.

Igualmente, tanto en desaparición como en secuestro, la ineficacia de la labor de la institución bajo el mando de Godoy Rangel, fue incapaz de actuar de manera mínimamente funcional, ya que tuvo un nivel de impunidad del 100 por ciento.

Las mismas cifras y niveles que revelan un total colapso de la función de investigación y procuración de justicia en la Ciudad durante el mandato de Claudia Sheinbaum se registraron en extorsión, violación, violencia familiar, abuso sexual, despojo, fraude y otros delitos de alto impacto social.

La problemática señalada no se resuelve con un simple cambio en la titularidad de la Fiscalía de la Ciudad. Se requiere de acciones de diversa índole incluso para actualizar y colmar los rezagos y pendientes en la procuración de justicia del país, considerando que la existencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública del país implica la necesidad de abordar de manera general, con la participación de todas la instancias concernidas y el acompañamiento del propio Poder Legislativo.

Desafortunadamente el sistema penal acusatorio, elemento crucial del sistema nacional de seguridad y justicia, ha sido abandonado en los últimos 5 años. En este lapso no se ha verificado un avance, consolidación ni maduración de los distintos elementos que lo conforman con una visión de estado en la que prevalezca la centralidad de la justicia, la atención a las víctimas y el pleno esclarecimiento de los hechos.

En muchos sentidos las dolencias de la procuración de justicia en la Cuidad de México, también se presentan a nivel federal y en prácticamente todas las entidades del país. Al respecto, consideramos urgente la realización de acciones para fortalecer y corregir las insuficiencias y fallas del sistema, tanto en el orden sustantivo, como adjetivo y desde luego orgánico.

Una de las más urgentes tareas la constituye la necesidad de designar a la mayor brevedad a la persona que habrá de dirigir a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al efecto, y de manera respetuosa, sabedores de que dicha designación requiere el desahogo de un proceso debidamente establecido en el marco normativo de la capital, los integrantes de esta Comisión Permanente hacemos un comedido exhorto para que los capitalinos cuenten de manera oportunda con la certeza y seguridad jurídica que se requieren y que solamente podrán ser garantizadas con la designación correspondiente.

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Ciudad de México a que garantice la emisión de la convocatoria para iniciar el proceso de designación de la persona que habrá de ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México, a efecto de darle certidumbre a la ciudadanía y combatir de la manera más eficaz posible la impunidad en la capital de la República.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más respetuosa a las instancias involucradas en el proceso para la designación de la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México a efecto de que en dicho mecanismo se procure garantizar el más alto nivel de autonomía, probidad, capacidades técnicas y experiencia de quienes resulten los aspirantes finales a dicha responsabilidad.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las partes que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se reactiven los trabajos necesarios para fortalecer, evaluar y actualizar los diversos componentes del sistema de justicia penal, a efecto de corregir y colmar los rezagos que se han acumulado en la materia en los últimos cinco años.

Nota

1 México Evalúa y otros, Hallazgos 2022, seguimiento y evaluación de la justicia penal en México, México, 2023.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SSPC, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A INCREMENTAR EL NÚMERO DE ACADEMIAS DE POLICÍA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a incrementar el número de academias de policía en todo el territorio nacional, para una óptima profesionalización de los cuerpos policiacos civiles, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas y los suscritos senadores de la República a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, así como a sus homólogas de las entidades federativas, a incrementar el número de academias de policía en todo el territorio nacional, para una óptima profesionalización de los cuerpos policiacos civiles, ante el fracaso del modelo de militarización de la seguridad pública impuesto por el gobierno federal. Lo anterior, con arreglo a las siguientes:

Consideraciones

México ha registrado los años más violentos de su historia reciente, durante el transcurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con 164 mil 859 víctimas de homicidio doloso a partir de diciembre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2023.

Durante el sexenio del presidente López Obrador, una persona es asesinada cada 15 minutos.

La organización “Causa en Común” asegura que 2 de cada 3 estados, lo que representa 21 de 32 entidades, “maquillan” las cifras del número de homicidios dolosos, para hacer creer que la incidencia de ese delito ha disminuido.

El gobierno de López Obrador ofreció como la solución a la violencia y criminalidad, la militarización de la seguridad. Esa medida ha resultado un rotundo fracaso.

Lo mismo ha sucedido con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal. La ocurrencia dicha por el presidente de “abrazos, no balazos”, ha propiciado un derramamiento de sangre a lo largo y ancho de la República; la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas, no se percibe en lo que resta del sexenio.

La Guardia Nacional no ha demostrado capacidad para disuadir, arrinconar, detener a criminales con alto poder de fuego y disrupción.

Las fuerzas armadas tienen un diseño y un propósito distinto y distante al de la seguridad pública, se encargan de la seguridad nacional, es decir, de enfrentar al enemigo externo. Están formadas para enfrentar y tratar con el enemigo, no con el ciudadano.

El suscrito, en nombre las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional, reiteramos que es el momento adecuado para fortalecer a las policías civiles, para el desempeño de tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivencia social.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, actualizadas al 4 de enero de 2024, a nivel nacional se reportaron 36 academias o institutos de formación policial de las instituciones de seguridad pública estatal, las cuales contaron con 53 sedes o planteles. Respecto de los espacios con los que contaron, área de entrenamiento, servicio médico y comedor fueron los de mayor frecuencia.

Durante 2022, 15 mil 474 personas ingresaron a las academias o institutos de formación policial estatal, 12 mil 223 personas egresaron y 2 mil 908 personas desertaron. En contraste con 2021, los ingresos aumentaron 10.3, los egresos 8.4 y las deserciones se redujeron en 10.2 por ciento.

El mismo estudio reveló que, del personal fallecido adscrito a las instituciones de seguridad pública estatales, 75 personas fallecieron durante la jornada laboral, de las cuales, 40.0 por ciento fue por enfrentamientos con grupos de personas civiles armadas (incluye delincuencia organizada). Comparado con 2021, el personal fallecido durante la jornada laboral aumentó 1.4 por ciento.

Lo anterior evidencia que, las policías civiles son el primer cuerpo de seguridad que se enfrenta con la delincuencia organizada, por ello, es necesario prepararlas mejor y fortalecerlas.

Es necesario que la federación y las entidades de la República apoyen y fortalezcan a las academias de policía, para que formen elementos que tengan la capacidad de prevenir la comisión de los delitos que más lastiman a las familias mexicanas.

Es necesario que el gobierno federal nuevamente asigne los recursos del Fortaseg que dejó de aportar desde 2020, para que, ese dinero se utilice, entre otros aspectos, para mejorar las condiciones de las academias de policía.

Por lo expuesto, las suscritas y los suscritos senadores de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta atentamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, así como a sus homólogas de las entidades federativas, a incrementar el número de academias de policía en todo el territorio nacional, para una óptima profesionalización de los cuerpos policiacos civiles, ante el fracaso del modelo de militarización de la seguridad pública impuesto por el gobierno federal.

Notas

1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-c omun-nueva-metodologia?state=published

2 https://vanguardia.com.mx/destacados/en-sexenio-de-amlo-una-persona-ha-sido-ase sinada-cada-15-minutos-HM7952786

3 https://www.datanoticias.com/2023/05/25/maquillan-datos-de-asesinatos-en-mexico /

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2023/doc/ cnspe_2023_resultados.pdf

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2023/doc/ cnspe_2023_resultados.pdf

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspe/2023/doc/ cnspe_2023_resultados.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SSPC, A INFORMAR DE LAS ACCIONES PARA CONTENER LA OLA DE VIOLENCIA Y EJECUCIONES COMETIDAS POR EL CRIMEN ORGANIZADO EN DIVERSAS ENTIDADES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a informar amplia y detalladamente de las acciones urgentes que se tomarán para contener la ola de violencia y ejecuciones cometidas por el crimen organizado en diversas entidades, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas y los suscritos, senadores de la República a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la ciudadana Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, a informar amplia y detalladamente, de las acciones urgentes que se tomarán para contener la ola de violencia y ejecuciones cometidas por el crimen organizado en diversas entidades de la República. Lo anterior, con arreglo a las siguientes:

Consideraciones

La violencia en México está imparable. Prácticamente no hay una entidad en donde no ocurra día con día algún hecho delictivo en donde se cometan asesinatos con la huella del crimen organizado.

Nadie está seguro ante esta situación. La delincuencia asesina a cualquier gente sin distingo alguno.

Para ilustrar lo anterior, señalo algunos de los hechos más recientes y que tuvieron mayor eco en los medios de comunicación y en las redes sociales.

1) El 1 de diciembre de 2023, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, fueron asesinadas 6 personas. Los cuerpos corresponden a 2 hombres, 2 mujeres y 2 niños.

2) El 14 de diciembre de 2023, se encontraron 9 cadáveres afuera de una funeraria en Reynosa, Tamaulipas. Las primeras investigaciones indican que las víctimas están relacionadas con ejecuciones previas perpetradas en el municipio de San Fernando, también en Tamaulipas.

3) El 17 de diciembre de 2023, durante la celebración de una posada, en Salvatierra, Guanajuato, un grupo armado irrumpió en el festejo y asesinó a 12 personas y otras 12 resultaron heridas.

4) El 20 de diciembre de 2023, un grupo de campesinos, cansados de las extorsiones de la delincuencia organizada, en el poblado de Texcapilla, estado de México, se enfrentaron a miembros de la Familia Michoacana. El resultado de la trifulca fue de 10 presuntos delincuentes y 4 pobladores muertos.

5) El 7 de enero de 2024, un grupo armado asesinó a 5 hombres y dejó por lo menos a 20 personas heridas, en el palenque municipal de Petatlán, Guerrero.

6) El mismo 7 de enero de 2024, en el municipio de Heliodoro Castillo, Guerrero, se encontraron 5 cuerpo calcinados dentro de un vehículo.

Los casos referidos, son una muestra del grave clima de violencia que se vive en todo México.

¿En dónde está la Guardia Nacional? ¿Qué ha pasado con la Estrategia de Seguridad del gobierno federal? ¿Acaso el presidente López Obrador, va a acusar a los asesinos con sus papás y abuelos? ¿O enviará a las fuerzas armadas a dar “abrazos” a los delincuentes?

Todas esas preguntas surgen ante el rotundo fracaso del gobierno de la 4T en materia de seguridad.

Exigimos al gobierno federal que cumpla con su obligación de brindar seguridad a todas y todos los mexicanos porque es una obligación irrenunciable, sobre todo considerando que todos esos homicidios, feminicidios e infanticidios son generados por la pasividad e inactividad del gobierno federal ante el avance de la delincuencia organizada.

Por todo lo antes expuesto, las suscritas y los suscritos senadores de la República sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la ciudadana Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, a informar amplia y detalladamente, de las acciones urgentes que se tomarán para contener la ola de violencia y ejecuciones cometidas por el crimen organizado en diversas entidades de la República.

Notas

1 https://www.infobae.com/mexico/2023/12/01/ejecutan-a-seis-personas-en-tarimbaro -michoacan-dos-eran-menores-de-edad/

2 https://www.infobae.com/mexico/2023/12/14/abandonan-nueve-cadaveres-en-funerari a-de-reynosa-indagan-posible-relacion-con-ejecuciones-en-san-fernando/

3 https://www.telediario.mx/comunidad/salvatierra-esto-sabemos-de-la-masacre-en-u na-posada

4 https://www.bbc.com/mundo/articles/cv2jl4pyvg6o

5 https://aristeguinoticias.com/0701/mexico/guerrero-al-menos-5-muertos-y-20-heri dos-por-ataque-en-palenque-de-petatlan/

6 https://aristeguinoticias.com/0701/mexico/fiscalia-de-guerrero-confirma-cinco-c uerpos-calcinados-en-buenavista-abre-investigacion/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

RELATIVO AL CRECIMIENTO DE FEMINICIDIOS Y EL ROBO AL PATRIMONIO DE LOS TLAXCALTECAS EN CASA HABITACIÓN, NEGOCIOS, Y VEHÍCULOS, DURANTE 2023

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al crecimiento de feminicidios y el robo al patrimonio de los tlaxcaltecas en casa habitación, negocios y vehículos, presentados durante el año 2023, en el estado de Tlaxcala, suscrita por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que durante 2023, presenté diversas proposiciones con punto de acuerdo ante el pleno del Senado de la República dando cuenta del incremento de acontecimientos presentados en Tlaxcala en materia de inseguridad, presuntos actos de corrupción, obras públicas sin planeación e inconclusas, etcétera, sin que estos hayan sido dictaminados por las comisiones a las que fueron turnados.

2. Que es preocupante la situación de inseguridad que se vive en Tlaxcala pues, día a día, diversos medios de comunicación dan cuenta de actos delictivos como feminicidios, robo a casa habitación, comercios ,etcétera.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante, SESNSP) durante 2023 en Tlaxcala principalmente aumentó:

• La violencia contra las mujeres al triplicarse los feminicidios, y

• El robo al patrimonio de los Tlaxcaltecas en casa habitación, negocios, y vehículos.

Por otro lado, de acuerdo con el Índice de Paz México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz en 2022, Yucatán es el estado más pacífico de México, seguido de Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit.

Lo anterior pone en evidencia que, contrario al discurso oficial, Tlaxcala no es la entidad más pacífica del país. Tan es así que, de hecho, en el propio Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 (en adelante, Plan) se reconoce que “... El estado de Tlaxcala ha sido el segundo estado más pacífico de México desde 2016. No obstante, la calificación general del estado se ha deteriorado con el paso de los años...”

En la medición realizada en el Índice de Paz México 2023, se da cuenta que de 2020 a 2022 se incrementaron los delitos con violencia y los cometidos con armas de fuego.

En ese mismo estudio se señala que el impacto económico de la violencia en Tlaxcala tuvo un costo, en 2022, de 28 mil millones de pesos (20 mil 69 pesos per cápita) lo que representa el gasto total de todo el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2024 (27 mil 644 millones de pesos).

1. Que de acuerdo con datos del SESNSP, durante el periodo 2022-2023, las entidades federativas que presentaron el menor índice de Incidencia Delictiva son Aguascalientes y Yucatán, gobernadas por Acción Nacional, pues han venido disminuyendo los hechos delictivos como el feminicidio y el robo al patrimonio de la ciudadanía.

Sin embargo, en el caso de Tlaxcala los resultados de este gobierno se explican por sí mismos. Es la primera vez en la historia moderna que, en menos de dos años, han removido más de 3 veces al encargado de la seguridad de las familias tlaxcaltecas, ya sea por encontrarse prófugos de la justicia, por incapacidad para estar en el cargo o porque este gobierno es la agencia de colocación para reclutar a los amigos externos que, además de desconocer las condiciones de Tlaxcala, tienen un desprecio por nuestras raíces e identidad.

Lo mismo se replica en la capital de Tlaxcala donde acumulan 8 titulares encargados de la seguridad de la ciudadanía y existe opacidad en el manejo de los recursos públicos y, como resultado de ello, el Congreso del Estado reprobó la Cuenta Pública de 2022, por malos manejos y desvío de recursos.

Pero lo más absurdo es que, de acuerdo con el portal de internet del ayuntamiento morenista de la capital tlaxcalteca, se han reservado hasta por cinco años los siguientes contratos:

• Adquisición de las “Letras Talladas de Madera” colocadas en la Plaza de la Constitución (2022-2027);

• Colocación de luminarias —focos, lámparas, fotoceldas, brazos, cable— (2023-2028);

• Costo de las flores para la remodelación de la Plaza de la Constitución —especie de plantas y árboles adquiridos— (2023-2028) , y

• Renta de vehículos tipo patrullas que se otorgaron a la Dirección de Seguridad (2023-2028).

Información que fue reservada al amparo del artículo 105, fracciones III, IV, VII, y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que establece:

Artículo 105. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

III. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

IV. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

...

VII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, y

VIII. Afecte los derechos del debido proceso;

La pregunta obligada sería ¿acaso el transparentar a la ciudadanía la adquisición de las “Letras Talladas de Madera” la colocación de luminarias y el costo de las flores para la remodelación de la Plaza de la Constitución podrá poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona?

2. Que ante el incremento de los hechos delictivos la respuesta del gobierno de Tlaxcala a las mujeres violentadas y las familias que han perdido su patrimonio ha sido la creación de nuevas oficinas para establecer fiscalías especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Secretaría de Seguridad Ciudadana (una erogación de 21 millones de pesos).

Cabe señalar, que a pesar de que en la mayoría de las entidades federativas han sido transformadas las instituciones de procuradurías a fiscalías para dar eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos., en Tlaxcala, hay una negación por parte del gobierno estatal para otorgarle autonomía y transformar a la institución.

2. Que el Planplantea un cambio de paradigma en materia de seguridad para introducir el concepto de seguridad de prioridad local, integral y humanitaria, que se traduciría en:

• Respeto al estado de derecho y reconstrucción del tejido social;

• Mayor capacidad de reacción inmediata;

• Uso adecuado de la investigación policial;

• Enfoque ciudadano y de proximidad policial;

• Investigación de los delitos, la judicialización de las carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal, para el combate a la delincuencia;

3. Que expertos en la materia y estudios afirman que, para enfrentar el crimen y la violencia de manera eficaz, se necesita principalmente una mayor inversión. No obstante, el (en adelante PET 2024) da cuenta de lo contario, pues el raquítico crecimiento del 4.3% (84.9 millones en pesos) en “Gobierno y Seguridad” representa el nulo compromiso de este gobierno morenista, por combatir la inseguridad que se vive en el estado.

El PET 2024 manifiesta que con 84.9 millones de pesos:

- Se creará la Oficina de Defensa de Derechos Humanos y Periodistas y el Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado.

De acuerdo con el Periódico Oficial Número 1 Extraordinario, del 15 febrero de 2022, el gobierno de Tlaxcala creó la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, encargada de coordinar políticas públicas, acompañamiento a los Peticionarios y acciones locales para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

En el caso del Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, se presupuestó con gasto del año 2023, toda vez que, debió comenzar a funcionar a partir del 15 de abril de 2023 (60 días naturales después de su publicación en el Periódico Oficial el 14 de febrero de 2023);

- Licenciamientos casa de Justicia Tlaxcala y Apizaco;

- Se incrementará el presupuesto destinado para el Centro de Justicia para las Mujeres y la operación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i);

Durante el ejercicio fiscal de 2023, la Secretaría de Infraestructura del gobierno de Tlaxcala informó en el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2023, que se aplicaron 93.8 millones de pesos, para la construcción del C5i.

- Creación de los Centros de Comando para los Municipios;

- Ampliación de video Wall;

- Creación de plazas operativas para fortalecer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (incluye el sistema penitenciario), e

- Implementación de Sistemas de Inhibición Celular.

Como podemos observar, algunos de estos compromisos forman parte de los proyectos presupuestados en el año 2023. Lo que se pone en tela de juicio es la falta de compromiso del Gobierno de Tlaxcala para ejecutar sus propias políticas públicas propuestas en el Plan y, lo que es aún más grave, que a más de dos años de estar en el gobierno no se tenga un diagnóstico del estado que guarda Tlaxcala en materia de seguridad.

De acuerdo con el SESNSP al corte de noviembre de 2023, en Tlaxcala principalmente se incrementaron los delitos de: Feminicidio, Robo a Casa Habitación, Robo a Vehículo Automotor, y Robo a Negocios.

El Ejecutivo estatal les da seguimiento puntual a estas estadísticas, toda vez que, como propaganda gubernamental pregona por todo el estado que estos indicadores supuestamente nos colocan como el estado más “seguro del país” (aunque solo en algunos meses de 2023) no obstante, la prioridad debería estar centrada principalmente en atacar los problemas de los principales hechos delictivos y no en ocurrencias que para promocionar sus intereses personales o los de su partido político.

Más aún, ¿por qué después de dos años se les ocurre pensar en los periodistas? cuando desde 2021 la

En efecto, de las denuncias que fueron presentadas por delitos contra la libertad de expresión en toda la República, solamente se ejerció acción penal a través de la judicialización de 134 carpetas de investigación, concentrándose en las 6 entidades federativas antes señaladas de la siguiente manera: Quintana Roo (12.7 por ciento), Ciudad de México (11.9 por ciento), Yucatán (9 por ciento), Estado de México (6 por ciento), Tlaxcala (6 por ciento) y Puebla (6 por ciento)

Sin que resulte óbice a lo anterior destacar que, bajo el llamado sistema tradicional de justicia penal, en Tlaxcala también se ejerció la acción penal por delitos cometidos contra la libertad de expresión a través de la consignación de 2 averiguaciones previas ante la autoridad judicial.

Y esto se explica porque, nacionalmente, el número total de denuncias presentadas por delitos contra periodistas (2010-2021) tanto en el sistema de justicia penal adversarial como en el sistema tradicional, fueron mil 469 expedientes, y de éstos 40 son de Tlaxcala; asimismo, de las 40 denuncias presentadas en Tlaxcala, se ejerció acción penal en 8 carpetas de investigación (sistema adversarial) y 2 averiguaciones previas (sistema tradicional)

Asimismo la FEADLE da cuenta que, solamente durante 2021, se obtuvieron 15 de las 42 suspensiones condicionales a proceso: 6 por abuso de autoridad; 3 por amenazas y lesiones, respectivamente; y 1 por robo, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y contra la administración de justicia.

De las 42 suspensiones condicionales a proceso, se tomaron en Tlaxcala 3 por abuso de autoridad (2019 y 2020) y 1 por Amenazas (2020) con sanciones económicas y disculpa pública como medidas de reparación.

En cuanto a los acuerdos reparatorios entre 2016 y 2021, se lograron 30 acuerdos reparatorios por 6 distintos tipos de delitos.

De esos 30, en Tlaxcala tuvieron lugar 2 por amenazas (2016 y 2020) con disculpa pública como medida de reparación.

Ahora bien, si revisamos el Informe estadístico 2023 de la FEADLE, Tlaxcala vuelve a aparecer dentro de las entidades federativas en que se concentra el ejercicio de la acción penal por delitos contra la libertad de expresión, a través de la judicialización de carpetas de investigación, bajo el sistema adversarial de justicia penal.

En efecto, de las 195 carpetas de investigación que se han judicializado en el periodo de 2016 a 2023, las entidades federativas que concentran el 66.1 por ciento de esa incidencia son: Quintana Roo (13.8 por ciento) Ciudad de México (11.3 por ciento) Yucatán (10.3 por ciento) Tlaxcala (6.2 por ciento) Estado de México (5.6 por ciento) Veracruz (5.1 por ciento) Oaxaca, Puebla y Sonora (4.6 por ciento respectivamente).

Aunado a ello, hay que señalar que para el Informe estadístico 2023 de la Feadle, se mantienen vigente la consignación ante autoridad judicial de las 2 averiguaciones previas, por delitos cometidos contra la libertad de expresión, llevadas bajo el sistema tradicional de justicia penal.

Atendiendo al corte a julio de 2023 del informe de la Feadle se advierte que, a nivel nacional, el número total de denuncias presentadas por delitos contra periodistas (2010-2023) tanto en el sistema de justicia penal adversarial como en el sistema tradicional, fueron mil 641 expedientes, de los cuales 52 son de Tlaxcala; de las 52 denuncias presentadas en Tlaxcala, se ejerció acción penal en 12 carpetas de investigación (sistema adversarial) y 2 averiguaciones previas (sistema tradicional).

Conforme a los datos de la FEADLE, al comparar los informes de 2021 y de 2023, podemos observar que en Tlaxcala no solamente se incrementó la denuncia por delitos contra la libertad de expresión (de 40 a 52 denuncias) sino también el número de carpetas de investigación que fueron judicializadas bajo el sistema de justicia penal adversarial (de 8 a 12 carpetas de investigación) lo que demuestra una mayor incidencia de los delitos contra los periodistas.

4. Que el 5 de diciembre de 2023, diversos medios de comunicación en Tlaxcala dieron cuenta de los hechos delictivos cometidos por un comando armado en contra del patrimonio de la jefa de información y sus familiares del periódico digital “Cuarto de Guerra”, en la comunidad de San Esteban Tizatlán en el municipio de Tlaxcala. A más de un mes de haberse perpetrado estos hechos delictivos hasta el momento no hay avance alguno en la investigación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la gobernadora de Tlaxcala, licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, para que en ámbito de sus atribuciones:

A) Convoque a la brevedad a los gobiernos municipales y las autoridades de las comunidades, titulares del Poder Judicial, legisladores federales y estatales, miembros de los sectores empresariales, académicos y sociedad civil organizada del Estado de Tlaxcala, así como a las instituciones de seguridad nacional, para construir un “Pacto por la Seguridad” de Tlaxcala” para salvaguardar la vida de las familias tlaxcaltecas ante el incremento de los hechos delictivos como feminicidios, el robo al patrimonio de los Tlaxcaltecas en casa habitación, negocios, y vehículos durante el año 2023;

B) Realice los ajustes presupuestales en el ejercicio fiscal de 2024, para que se lleven a cabo acciones y de cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 consistentes en:

• Incremente los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos encargados de la seguridad de la ciudadanía;

• Reasigne a los sesenta municipios que conforman el estado, recursos para incrementar los salarios y las prestaciones sociales de sus corporaciones en materia de seguridad;

• Respeto al estado de derecho y reconstrucción del tejido social;

• Mayor capacidad de reacción inmediata;

• Uso adecuado de la investigación policial;

• Enfoque ciudadano y de proximidad policial, e

• Investigación de los delitos, la judicialización de las carpetas de investigación y el ejercicio de la acción penal, para el combate a la delincuencia.

C) Instruya a la Procuraduría General del estado de Tlaxcala, a dar celeridad, ejecución, cumplimiento y seguimiento a las carpetas de investigación contra de los periodistas del estado de Tlaxcala.

Referencias

- Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Decreto Número 204 Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, febrero 2023.

- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Informe estadístico 2021.

- Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Informe estadístico 2023.

- Gobierno de Tlaxcala, Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

- Honorable ayuntamiento del municipio de Tlaxcala,

https://www.capitaltlaxcala.gob.mx/transparencia/ayuntamiento/94 /I

- Institute for Economics & Peace, Índice de Paz México 2023.

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

- Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2023.

- Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2024.

- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, número 1 Extraordinario, por el que se crea la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 15 febrero de 2022.

- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, No Extraordinario Decreto no. 204 Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del estado de Tlaxcala, 14 febrero del 2023.

- Secretaría de Infraestructura del gobierno de Tlaxcala, Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2023.

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022-2023.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente, el 10 de enero de 2024.– Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ENERGÍA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA DE LAGUNA VERDE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Energía y del director general de la CFE, para explicar la situación presupuestal, de mantenimiento y seguridad nuclear de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, suscrita por la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa la comparecencia del titular de la Secretaría de Energía, en su carácter de presidente de la Comision Nacional de Seguridad Nuclear y salvaguardias, así como del director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen la situación presupuestal, de mantenimiento y seguridad nuclear de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La generación de energía eléctrica tiene varias fuentes: los combustibles fósiles, al agua y la energía nuclear. Este último es el caso de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, ubicada en el municipio Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en Veracruz de Ignacio de la Llave, única en México dedicada a la producción de electricidad a través del uso de uranio-233 enriquecido.

Después del drama que significó el uso de la energía nuclear con fines bélicos en agosto de 1945, la humanidad se dio a la tarea de utilizar el potencial energético de la fisión nuclear para actividades pacíficas y provechosas para el desarrollo de los países. En México, a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado se planteó la posibilidad de aplicar la energía nuclear para generar electricidad a través de una infraestructura ex profeso para ello que utilizara uranio como materia prima.

Destacados científicos mexicanos protagonizaron las ideas y discusiones en torno al tema, como Nabor Carrillo Flores y José Ortiz Tirado, en aquél entonces primer presidente de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, fundada en 1956. Los lugares propuestos por estos ínclitos científicos para instalar dicha infraestructura fueron el Distrito Federal, Monterrey y Chihuahua.

Poco más adelante, en 1966, la Comisión Federal de Electricidad -creada en agosto de 1937- asesorada por el Instituto de Investigaciones de Stanford, propuso otros sitios viables para la instalación del proyecto de una central nucleoeléctrica, siendo propuestos Valle de Bravo, Apasco y Laguna Verde. En 1968 el entonces presidente de México Gustavo Díaz Ordaz determinó la instalación de dicha central, con un reactor de 654 MWe (mega-watts eléctricos), en Laguna Verde, en Veracruz.

Sin embargo, por diversos factores, los trabajos de licitación e ingeniería comenzaron a partir de 1972, siendo relevantes las firmas de los contratos respectivos, uno con la compañía General Electric para la compra del reactor, y otro con Mitsubishi para la del turbogenerador. Los trabajos de construcción de la central iniciaron en 1976 debido a problemas con las licitaciones respectivas y a diferencias con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTERM.

El uranio enriquecido para la central nucleoeléctrica era proveído por los Estados Unidos. En 1978 el gobierno norteamericano suspendió el surtimiento de dicho material en virtud de que no había llegado a un acuerdo con el gobierno mexicano para la entrega de regreso del residual del uranio, mismo que podía ser utilizado por nuestro país para la fabricación de armas nucleares. Esta preocupación se zanjó permitiendo a las autoridades estadounidenses visitar la construcción de la planta para constatar sus avances y el uso del uranio provisto.

Después de problemas presupuestales y protestas sociales contra la construcción de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, el 29 de julio de 1990 inició operaciones la unidad 1 y el 10 de abril de 1995 la unidad 2.

En el transcurso de este proceso el Estado mexicano firmó varios tratados internacionales obligatorios y expidió tres leyes fundamentales para la protección de los recursos minerales radiactivos y la seguridad de su utilización. Entre los primeros más importantes tenemos:

1. La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, vigente desde el 4 de mayo de 1988.

2. La Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, vigente desde el 10 de junio de 1988.

3. La Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica, vigente desde el 10 de junio de 1988.

4. La Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, vigente desde el 25 de julio de 1989.

5. La Convención sobre Seguridad Nuclear, vigente desde el 24 de octubre de 1996.

Asimismo, la actividad legislativa sobre la seguridad de la energía nuclear se anticipó a la entrada en vigor de los tratados internacionales mencionados, siendo tres leyes las emitidas conforme se fue dando la tarea de decidir el uso pacífico de la energía nuclear en nuestro país:

1. La Ley que Declara Reservas Mineras Nacionales los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Substancias de las cuales se Obtengan Isótopos Hendibles que puedan Producir Energía Nuclear, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de enero de 1950 y cuya última modificación data del 12 de enero de 1972.

2. La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1974 y sin reforma.

3. La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, publicada en el DOF el 4 de febrero de 1985 modificada por última vez el 9 de abril de 2012.

Mención especial merece este último ordenamiento legal, por dos razones: primera, porque entre otros aspectos regula las obligaciones del Estado Mexicano en materia de seguridad de la energía nuclear, y segunda, por la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias que preside el titular de la Secretaría de Energía.

La seguridad nuclear es definida en el artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear como el conjunto de acciones ymedidas encaminadas a evitar que los equipos, materiales e instalaciones nucleares y su funcionamiento constituyan riesgos para la salud del hombre y sus bienes, o detrimentos en la calidad del ambiente. Además, estas acciones y medidas deben tomarse en cuenta desde la planeación, diseño, construcción y operación, hasta el cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como en las disposiciones y destino final de todos sus desechos.

En principio, las instalaciones que manejan material nuclear siempre han sido seguras. Laguna Verde ha sido históricamente claro ejemplo de ello, así como las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ubicadas en el Municipio Salazar, en el Estado de México, donde también se hace uso de la energía nuclear con otros fines pacíficos, como la esterilización de materiales médicos.

Sin embargo, hace unos días el diputado federal Carlos Valenzuela, del Partido Acción Nacional, denunció la reducción presupuestal de 1,000 millones de pesos para el mantenimiento y seguridad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, además de que los equipos de su centro de motores se encuentran en pésimo estado, sin mantenimiento, oxidados, carcomidos y en abandono, lo que representa un riesgo para las familias que viven en las zonas aledañas, habiendo subido videos al respecto en las redes sociales.

Es conocido de todos que la política de una supuesta austeridad del actual gobierno federal ha afectado a muchos sectores de la población en materias como la salud y la seguridad pública, por señalar los más sensibles. Hoy esa austeridad pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la población cercana y el medio ambiente de esa zona.

A pesar de ello, no les ha importado las obligaciones contenidas en los tratados internacionales y la ley: El riesgo de un accidente nuclear derivado de las pésimas decisiones presupuestales del gobierno federal está surgiendo como tema inicial del nuevo año 2024.

Un accidente nuclear tiene siempre consecuencias catastróficas y de muy alto y largo alcance en el tiempo y el espacio. Recordemos las tragedias de la Central Nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en abril de 1986, y de la Central Nuclear de Fukushima, Japón, en marzo de 2011, que dejaron miles de personas muertas y generaciones afectadas por la radiación nuclear, con efectos adversos allende las fronteras de esos dos países.

Con este tipo de energías no deben escatimarse los recursos necesarios, ni debe bajarse la guardia en cuestiones de medidas y acciones de seguridad permanentes y del más alto nivel científico y técnico. Esto es una responsabilidad de la administración pública federal del presidente López Obrador.

Los videos difundidos por el diputado Carlos Valenzuela son alarmantes y han encendido focos rojos en la percepción pública, con independencia de la existencia y magnitud del riesgo o de la seguridad que algunos han afirmado que se tiene en dicha Central. Por eso se requiere conocer la realidad de la seguridad de las instalaciones y equipos de esta planta nucleoeléctrica a la luz del cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas de tratados internacionales de los que México es parte y de las leyes federales mencionadas, en materia de seguridad y salvaguardias.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, presidida por el titular de la Secretaría de Energía, Miguel Ángel Maciel Torres, deben rendir cuentas a las y los mexicanos sobre este tema para tranquilidad de todos y para que se sigan manteniendo las medidas y acciones de seguridad nuclear, y/o se implementen otras, que sigan haciendo de Laguna Verde, en Veracruz, y las instalaciones del ININ en el estado de México, de las más seguras en América Latina y el mundo.

Con estos materiales radioactivos no deben minimizarse los riesgos, ni burlarse de ellos y de sus denunciantes, como son dados algunos actores políticos de esta Administración Pública Federal. Son asuntos de vida o muerte para las personas y para el medio ambiente y sus recursos naturales en vastas superficies a la redonda. Por eso se debe solicitar a las instancias responsables de la seguridad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde que expliquen a la población mexicana lo que está sucediendo en esa planta y a que se aseguren de que, en efecto, no hay nada que temer.

El riesgo que se enfrenta por la desatención de esta Central Nucleoeléctrica es muy alto. Es un asunto de seguridad humana por su cercanía con varios centros urbanos, como Veracruz capital, y un potencial peligro con relación a las intensidades de los fenómenos hidrometereológicos, al ascenso del nivel del mar, y porque a pesar de todo esto no se brinda mantenimiento a esa infraestructura. Esto es no darle importancia a la vida humana de las mexicanas y los mexicanos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Energía, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, a que informen de manera detallada la situación actual presupuestal, de mantenimiento y de seguridad nuclear de las instalaciones y equipos de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz de Ignacio de la Llave, en cumplimiento de los tratados internacionales de los que México es parte y de las leyes federales vigentes en la materia, en virtud de que la falta de mantenimiento a su infraestructura pone en grave riesgo la seguridad de la población.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A REINTEGRAR A LA UNAM Y AL IPN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a reintegrar a las instituciones académicas de la UNAM y el IPN al Consejo de Salubridad General, suscrita por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo de Salubridad General constituye un elemento fundamental para la estabilidad del Estado Mexicano, al ser la autoridad rectora en materia de salud de nuestro país. Como sabemos, la salud es primordial para la estabilidad de cualquier Estado dada la trascendencia que requiere el tener un ambiente sanitario en condiciones óptimas.

Ante esto, es por todos conocido el terrible momento que vivió el mundo con la crisis sanitaria del Covid 19, la humanidad vivió la peor crisis desde las Guerras Mundiales, cuando todas las personas tuvimos que encerrarnos en nuestros hogares para evitar ser contagiados por este desconocido virus.

En México, la emergencia sanitaria causó grandes daños, en virtud de que durante el periodo de esta epidemia se determinaron actividades económicas esenciales y no esenciales.

El autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social fueron las principales medidas que fueron utilizadas para contrarrestar la Covid-19 a nivel global. Si bien estas medidas permitieron aplanar la curva de contagio, también afectaron la actividad económica, al desacelerar e incluso interrumpir la producción, lo que disminuyó las horas de trabajo y los salarios y dio lugar a la reducción de la demanda agregada de bienes y servicios.

En esta compleja crisis, México tuvo que echar andar un órgano del Estado que hasta esos momentos parecía intrascendente: el Consejo de Salubridad General.

El 23 de marzo del 2020, el Consejo acordó medidas extraordinarias en todo el territorio nacional, entre las que destaca la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por Covid-19 en la población residente en el territorio nacional. El CSG solicitó a las diferentes dependencias del gobierno federal y a los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias brindar el apoyo para el éxito de la declaración, tomando las medidas necesarias bajo una estrategia coordinada y alineada a los valores y compromisos de la actual administración.

Como podemos comprender, el Consejo fue una autoridad esencial para la toma de decisiones durante la pandemia del Covid 19, que hasta ese entonces parecía un órgano apartado del escenario público.

El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones que emita serán de carácter general y obligatorias en el país.

Este Consejo es de vital importancia para la estabilidad del Estado Mexicano, lo cual curiosamente se encuentra regulado a nivel constitucional dentro de las facultades de este Congreso, sin embargo, delimita de manera muy específica las facultades con las que cuenta este Consejo.

El artículo 73 fracción XVI de la CPEUM establece lo siguiente:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

...

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.”

Como vemos, en nuestra Constitución General se le confiere la responsabilidad directa de este Consejo al presidente de la República sin intervención de ninguna secretaría de Estado, incluida la de Salud (de ahí proviene la importancia de este organismo).

De igual forma, y de manera casi promisoria o visionaria, nuestra ley fundamental estableció que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país (como fue el caso con el Covid 19), deja en manos de la Secretaría de Salud la emisión de medidas preventivas indispensables, que, como podemos observar el juicio de la historia, fue manejada de forma desastrosa.

El pasado jueves 14 de diciembre de 2023, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

Este Decreto modificó la integración de este Consejo, la cual, conforme al artículo 15 de la Ley General de Salud, se conforma por la Secretaría de Salud, quien lo presidirá, así como las personas integrantes que su Reglamento Interior determine.

En consecuencia, el presidente de la República expidió un nuevo Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, con lo cual sacó a la Universidad Nacional Autónoma de México, y al Instituto Politécnico Nacional como integrantes de dicho Consejo, mismos que, en el Reglamento Interior pasado, sí fungían como integrantes del mismo.

Asimismo, eliminó a diversas organizaciones civiles, entre ellas: la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, A.C., Fundación Mexicana para la Salud, Coordinación General de Protección Civil, Academia Mexicana de Pediatría, A.C., Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C., Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, Asociación Nacional de Hospitales Privados A.C., Colegio Médico de México, Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, A.C., Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (Cetifarma), Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) y a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones públicas en materia de salud en México.

Su experiencia académica y científica influye directamente en la formulación de políticas que impactan la salud de la población. Tanto la investigación de vanguardia como la formación de profesionales altamente capacitados provenientes de estas instituciones contribuyen a la base de conocimientos necesaria para abordar los retos y diseñar estrategias efectivas en el ámbito de la salud pública.

La UNAM y el IPN, al ser instituciones líderes en educación superior e investigación en México, ejercen una influencia significativa en la toma de decisiones en salud pública. Sus investigaciones y estudios epidemiológicos proveen datos cruciales para la identificación de problemas de salud prioritarios.

Además, la formación integral de profesionales en áreas como medicina, enfermería, y salud pública, garantiza la disponibilidad de expertos capacitados para abordar las complejidades de los desafíos sanitarios.

Ambas instituciones también colaboran estrechamente con autoridades sanitarias, aportando asesoramiento técnico y propuestas basadas en evidencia para la elaboración de políticas de salud. La participación activa de sus expertos en comités y mesas de trabajo contribuye directamente a la formulación de estrategias y programas que buscan mejorar la salud de la población.

En el PRI consideramos que la UNAM y el IPN, a través de su investigación de calidad y la formación de profesionales, son pilares esenciales en la toma de decisiones públicas en materia de salud en México, garantizando enfoques informados y efectivos para abordar los desafíos sanitarios.

Consideramos inconveniente expulsar a estas dos instituciones académicas del órgano rector en materia de salud, toda vez que, sin estos dos pilares educativos y científicos, estamos restándole estas visiones al Consejo de Salubridad General.

En la integración de este Consejo, el PRI considera trascendental incluir a la UNAM y al IPN como integrantes de este órgano rector en materia de salud, como sabemos las aportaciones que estas dos instituciones académicas le dan al tema de salud, es incuestionable.

Ante ello, el PRI exhorta a la Presidencia de la República a reincorporar a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional como integrantes del Consejo de Salubridad General.

Con esta propuesta le daremos un impulso positivo al desarrollo de los trabajos de este organismo rector en materia de salud y por ende, en beneficio del pueblo de México.

En el Partido Revolucionario Institucional, como representantes del pueblo, queremos que las y los mexicanos tengan instituciones sólidas y vigorosas que le respondan a sus necesidades, en este caso concreto, a la política de Estado en materia de salud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidencia de la República para que, en el marco de sus atribuciones legales, reintegre a las instituciones académicas Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Politécnico Nacional, al Consejo de Salubridad General.

Notas

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-americas/–-ro-lima/–-ilo-mexico/docu ments/publication/wcms_757364.pdf

2 Ibídem.

3 https://coronavirus.gob.mx/2020/03/30/consejo-de-salubridad-general-declara-eme rgencia-sanitaria-nacional-a-epidemia-por-coronavirus-covid-19/

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711276&fecha=13%2F12%2F2023 &s=08#gsc.tab=0

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEP, A DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA POLÍTICA EDUCATIVA, CON BASE EN LOS HALLAZGOS DEL INFORME DEL PISA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a desarrollar e implementar una estrategia de mejora en la política educativa, con base en los hallazgos del informe del PISA, suscrita por el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La edición 2022 del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) ha revelado una situación crítica en materia de educación global. De acuerdo con los resultados publicados en diciembre de 2023, las afectaciones negativas se encuentran en los sistemas de todo el mundo.

La prueba PISA, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 1997, incluye una muestra significativa de estudiantes de 15 años de 81 países. La intención es medir a través de evaluaciones técnicas, el conocimiento y razonamiento matemático de las y los jóvenes para determinar la calidad de su sistema educativo. A través de ello, realiza valuaciones sobre la situación nacional y emite recomendaciones de política pública.

Las últimas aplicaciones han mostrado las afectaciones negativas ocasionadas por la pandemia de Covid-19. Particularmente en la región de América Latina en áreas como matemáticas, lectura y ciencias. Los principales años se observan en México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina.

En el caso de México, los resultados de 2022 observan una marcada deficiencia en el aprendizaje matemático a raíz de la pandemia. Con 126 puntos menos que Japón, el líder del estudio global, y solo seis puntos por encima de Colombia, el último lugar de los países de la OCDE, México se posiciona como el tercer país con el peor rendimiento.

Los resultados también indican que dos tercios de los estudiantes mexicanos no logran alcanzar el nivel básico en esta área, y solo dos de cada mil alcanzan niveles sobresalientes. Comparado con 2012, hay un aumento del 11 por ciento en estudiantes que no alcanzan un nivel básico en matemáticas. Además, para efectos de aplicación de política pública y análisis social, se observa que no importa el sector de educación pública o privada. En materia de matemáticas, el nivel socioeconómico no determina los resultados.

Estas tendencias también se expanden al sector de comprensión lectora y de ciencias. En el caso de comprensión, las y los niños mexicanos con un promedio de 15 años que realizaron la prueba, tuvieron una baja desde 2018, descendiendo cinco puntos de los 420 a los 415. El puntaje representa la peor caída para México vista desde 2023, con una disminución de 24 puntos desde 2009 y 14 puntos desde 2018 en matemáticas.

Al respecto, el gobierno federal mexicano ha asegurado que la prueba PISA formulada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos “no considera las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes.” Estas afirmaciones buscaban validar la aplicación de los cambios al modelo educativo en el país durante el actual sexenio.

Sin embargo, de acuerdo con expertos, uno de los factores que más influye es la gestión educativa y la poca asignación presupuestal. En un análisis del panorama presupuestal para la educación nacional, se observa una tendencia descendente desde 2015.

Con base en datos proporcionados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto asignado a la educación ha experimentado una reducción significativa, pasando de 1.057 billones de pesos en 2015 a 1.019 billones en 2024. Esta disminución, que representa un 3.6 por ciento en términos reales, señala una contracción notable en la inversión gubernamental en el sector educativo, lo cual plantea interrogantes de gravedad sobre las implicaciones a largo plazo para el desarrollo y la calidad de la educación en México.

En este sentido, desde el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exhortamos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal a que, dentro de su margen de acción de política pública, implemente una estrategia que atienda los déficits presentados por el informe. Es crítico que México efectúe estrategias orientadas a fortalecer estos campos en sus planes de estudios, a fin de revertir estas tendencias negativas y mejorar la calidad de la educación en México.

Esta situación ha situado a México dentro de uno de los rangos más bajos dentro de la OCDE, evidenciando deficiencias fundamentales en el sistema educativo nacional. Por ello, insistimos en que la dependencia federal encargada de la educación debe evaluar de forma crítica y objetiva estos resultados, en virtud de que desarrolle una estrategia integral para abordar estos desafíos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar e implementar una estrategia de mejora en la política educativa, con base en los hallazgos del informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA).

Notas

1 El informe PISA mide el efecto de la pandemia en América Latina: peor en matemáticas, lectura y ciencias. Disponible en:

https://elpais.com/america/2023-12-05/el-informe-pisa-mide-el-ef ecto-de-la-pandemia-en-america-latina-peor-en-matematicas-lectura-y-ciencias.ht ml

2 Ibídem.

3 PISA 2022 Country Notes: México. Disponible en:

https://www.oecd.org/pisa/publications/Countrynote_MEX_Spanish.p df

4 México lleva 15 años a la baja en la prueba PISA entre reformas educativas, recortes al presupuesto y la pandemia. Disponible en:

https://animalpolitico.com/sociedad/prueba-pisa-mexico-resultado s

5 PISA 2022: Dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizajes en matemáticas. Disponible en:

https://imco.org.mx/pisa-2022-dos-de-cada-tres-estudiantes-en-me xico-no-alcanzan-el-nivel-basico-de-aprendizajes-en-matematicas/

6 SEP asegura que aplicará prueba PISA a estudiantes en 2022; pandemia retrasó la evaluación, dice. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/sociedad/prueba-pisa-estudiantes- sep-2022

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, A COMBATIR LA CRISIS DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a combatir la crisis de inseguridad que se vive en el estado de Guerrero, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jorge Romero Herrera y Luis Ángel Espinosa Cházaro, y legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática

Quienes suscriben, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Jorge Romero Herrera y Luis Ángel Espinosa Cházaro, legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los relativos aplicables de las Reglas que rigen las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de la LXV Legislatura, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crimen organizado y la violencia se ha apoderado de gran parte del territorio nacional, y principalmente de estados como Guerrero.

Su presencia se deja sentir atemorizando a las familias, poniendo en riesgo el libre tránsito de los ciudadanos y de labor periodística, e interviniendo en las actividades económicas que a diario millones de mexicanas y mexicanos realizan para su sustento, generando con ello terribles consecuencias.

Los lamentables acontecimientos ocurridos en el estado de Guerrero hace unos días, son tan solo un reflejo de la crisis de seguridad que impera en ese estado y en el país.

Tres periodistas secuestrados, una pareja de maestros asesinada y doce trabajadores municipales desaparecides en el pueblo mágico de Taxco, así como los ataques con drones y el calcinamiento de varias personas en la localidad de Buenavista, muestran una gran realidad: Guerrero y México se encuentra ante una grave crisis de inseguridad.

Las autoridades competentes en materia de seguridad y de procuración de justicia deben asumir su responsabilidad; coordinarse de manera pronta y efectiva; perseguir y castigar a los culpables; brindar protección a las familias, a quienes se desempeñan en la labor periodística, a los artesanos y diversos sectores económicos, a su población y visitantes nacionales y extranjeros; hacer que la violencia no se generalice y normalice; y construir la paz.

El Estado Mexicano, a través de sus diversos niveles de gobierno, no debe rehuir a garantizar la protección y seguridad de las y los ciudadanos.

La seguridad de la población mexicana no de soslayarse debe ser una prioridad.

Esta representación popular no debe ser ajena a la violencia que se apodera y que va dejando a su paso lamentables consecuencias.

Durante años el Estado Mexicano ha procurado el diseño y la existencia de instituciones, mecanismos y acciones para garantizar la seguridad de la población, así como para quienes desempeñan labores vulnerables y de riesgo como el periodismo.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y al gobierno del estado de Guerrero, para que de manera conjunta y coordinada implementen acciones de vigilancia en todo el territorio de ese estado, para garantizar la seguridad de las familias, sectores productivos y económicos, así como a los visitantes nacionales y extranjeros.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, a que de forma inmediata y efectiva, realicen las investigaciones y operaciones que permitan la localización y liberación con vida de los trabajadores municipales secuestrados, de periodistas y sus familiares desaparecidos, e integren los elementos necesarios para la sanción y castigo de los delitos cometidos en los municipios de Taxco y Heliodoro Castillo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a la gobernadora del estado de Guerrero, a que coordinen de forma eficiente, eficaz y efectiva la construcción, implementación, supervisión y evaluación de una estrategía en materia de seguridad que combata la crisis de violencia e inseguridad que se vive en el territorio de esa entidad federativa, para garantizar la protección de sus habitantes y visitantes, y construya la paz en esa entidad federativa.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que de forma expedita se coordinen con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y apliquen el Protocólo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión, para la debida y eficaz investigación y castigo de los delitos cometidos en contra de periodistas y sus familiares, así como para garantizar su protección y seguridad en la labor diaria que desempeñan.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la gobernadora del estado de Guerrero y a los gobiernos municipales de ese estado, a promover e implementar programas y acciones que eviten la normalización de la violencia e inseguridad que afecta a las familias de esa entidad federativa, y la vulneración del libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Diputados: Rubén I. Moreira Valdez, Jorge Romero Herrera, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbricas).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SRE A INFORMAR SOBRE LO ABORDADO EN LA REUNIÓN BILATERAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a otras autoridades competentes a remitir un informe a esta soberanía sobre lo abordado en la reunión bilateral México-Estados Unidos de América del 27 de diciembre de 2023, celebrada en la CdMx, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Beatriz Paredes Rangel, Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Sylvana Beltrones Sánchez, Nancy de la Sierra Arámburo, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Cecilia Sánchez García y senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a otras autoridades competentes, a que remitan un informe a esta soberanía sobre lo abordado en la reunión bilateral México-Estados Unidos de América del 27 de diciembre de 2023, celebrada en la Ciudad de México. Este informe debe contener los acuerdos alcanzados y su programa de implementación, lo anterior de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. México siempre ha sido un país con una política exterior generosa y respetuosa hacia los derechos humanos de todo ciudadano extranjero que ha deseado transitar o residir en territorio nacional. Más si las causas de ese interés se deban a conflictos internos en sus países de origen o a catástrofes de diferente tipo. Ejemplos fueron las migraciones de ciudadanos chinos durante los conflictos en Asia en el siglo XIX y XX, las migraciones de españoles a causa de su guerra civil en el siglo XX, así como los exiliados sudamericanos perseguidos en sus países en la década de los setenta del siglo pasado.

Segunda. A finales del siglo XX, los conflictos sociales en Guatemala motivaron que grupos de indígenas desplazados de sus lugares de origen cruzaran la frontera mexicana y el gobierno mexicano les dio cobijo y protección hasta que el conflicto en el país hermano se resolvió y pudieron regresar con las garantías del caso a su país de origen.

Tercera. De unos años a la fecha, ha aparecido un nuevo tipo de migración, en donde nuestro país se ha convertido en destino de paso de migrantes de diferentes países, pero principalmente de Centroamérica y el Caribe con destino a los Estados Unidos de América. El incremento en número de estos migrantes ha creado diferentes problemas en su paso por territorio nacional, ya que incluso ha rebasado la capacidad de las instituciones mexicanas abocadas al tema, brindando servicios insuficientes de registro, custodia, protección y facilidades de transportación a la frontera norte del país.

Cuarta. Al llegar a la frontera norte los migrantes se han encontrado con las leyes y restricciones de la autoridad norteamericana impidiéndoles el paso, por lo que ha habido cruces masivos de manera ilegal lo que ha ocasionado su detención por las fuerzas policiacas de Estados Unidos y, en muchos casos, su deportación a territorio nacional o a sus países de origen. Según informaciones de prensa, EU informó que las retenciones de migrantes irregulares en todos los puestos migratorios estadounidenses subió de 1 millón 9 mil 519 de octubre de 2020 a septiembre de 2021, a 2 millones 766 mil 582 de octubre de 2021 a septiembre de 2022, y a 3 millones 201 mil 144 de octubre de 2022 a septiembre de 2023. Las corrientes mayoritarias salieron de Cuba, Haití, México, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia y Ecuador. Otras informaciones de prensa señalan los más recientes datos: En septiembre de 2023, los funcionarios de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. registraron más de 200 mil detenciones de migrantes que cruzaron de manera ilegal la frontera con México, la mayor cifra mensual de 2023. El número incluye unas 50 mil detenciones de venezolanos.

Quinta. Otros migrantes que no han podido cruzar a territorio de Estados Unidos se han asentado a lo largo de la frontera mexicana y en otros Estados no fronterizos con posibilidades limitadas de infraestructura y servicios, creando situaciones de riesgos sanitarios y de alimentación y cuidado deficientes, en particular preocupan las situaciones de menores de edad algunos de ellos viajando sin familiares adultos que los socorran.

Sexta. Ante esta difícil problemática, ambos gobiernos se han reunido en innumerables ocasiones, tanto en territorio nacional como en Estados Unidos y han implementado diferentes formas de trabajo, por lo que de esos encuentros se han derivados acuerdos entre ambos países que tienen importancia central en la resolución de la problemática. La más reciente reunión entre ambos países fue encabezada por el secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, quien viajó a México el 27 de diciembre de 2023 para dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Otras reuniones entre funcionarios de ambos países que se realizaron en 2023 fueron las encabezadas por ambos presidentes en enero de 2023 y el 17 de noviembre de 2023, en el marco del Foro APEC al que asistió el presidente López Obrador en Estados Unidos. Y otra reunión de igual importancia se realizó el 4 de octubre de 2023, en territorio nacional que fue encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, por parte de Estados Unidos. Estas reuniones no fueron las únicas, se realizaron muchas otras de diferentes niveles y en diversos momentos tanto en Estados Unidos como en México.

Séptima. En todas las reuniones se lograron importantes acuerdos que fueron dados a conocer a la prensa en breves comunicados, que no mencionan al detalle el contenido de los acuerdos y los programas de implementación.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la secretaria de Relaciones Exteriores, y a las autoridades competentes, para que a través de la Cancillería Mexicana informen a esta soberanía, sobre los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral México-Estados Unidos de América en donde se abordó el tema migratorio, realizada el 27 de diciembre de 2023 en territorio nacional, de la que dieron cuenta los medios de prensa nacionales.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe en qué consiste la reciprocidad del gobierno de Estados Unidos, por la colaboración del gobierno de México en la política migratoria acordada.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración, a la Guardia Nacional para que, por ningún motivo, independientemente de los acuerdos a que se hayan llegado, se violen los derechos humanos de los migrantes en tránsito por nuestro país, o de las personas que buscan establecerse o requieren refugio en territorio nacional, o en la región de América del Norte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A INFORMAR LAS RAZONES DE LA ELIMINACIÓN DE LOS ACTORES NO GUBERNAMENTALES DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a informar las razones de la eliminación de los actores no gubernamentales del Consejo de Salubridad General, a cargo de la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sylvana Beltrones Sánchez, senadora de la República de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar las razones de la eliminación de los actores no gubernamentales del Consejo de Salubridad General, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todas las personas el derecho a la protección de la salud, asegurando un acceso equitativo sin discriminación. La normativa constitucional establece que la ley definirá las condiciones y formas para acceder a los servicios de salud, así como la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia, ha delineado el significado y alcance del derecho a la protección de la salud consagrado en nuestra Constitución. Subraya que la salvaguarda de la salud es responsabilidad del Estado, abarcando tanto aspectos individuales como colectivos.

A partir de esto, la Constitución de 1917 crea el Consejo de Salubridad General, una entidad dedicada a velar por la salud del pueblo mexicano, con la autoridad legal para establecer normativas de aplicación general y obligatoria en el país en situaciones de epidemias graves o amenazas de enfermedades exóticas.

La Secretaría de Salud está obligada a implementar de inmediato medidas preventivas esenciales, sujetas a la posterior aprobación por parte del presidente de la República. Las acciones promovidas por esta entidad en la lucha contra el alcoholismo, la comercialización de sustancias perjudiciales para el individuo o que degradan a la especie humana, así como aquellas destinadas a prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán sometidas a revisión por el Congreso de la Unión en los casos de su competencia.

El Consejo de Salubridad General fue creado para generar una mayor y efectiva coordinación entre las instituciones públicas responsables de dar una respuesta a eventos y situaciones relevantes para la salud pública, como son las emergencias epidemiológicas; además que permita incrementar la calidad en la prestación de los servicios y hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos destinados para tal propósito.

Actualmente, este Consejo tiene como Misión el “identificar asuntos prioritarios de salubridad general -incluyendo crisis y epidemias-, convocar intersectorialmente a su análisis y generación de alternativas de política, lograr decisiones de Estado sobre ellas, instrumentar ágilmente acuerdos, disposiciones y prácticas que las impulsen, establecer el marco de monitoreo y evaluación de éstas y dar seguimiento a los responsables de su ejecución”.

Es la autoridad sanitaria y referente a la sociedad, rectora en la identificación, análisis, decisión, evaluación y seguimiento de políticas nacionales de Estado dentro del sector salud informadas en la mejor evidencia técnica y científica; de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales en una construcción de salud por todo el gobierno y sociedad, y de las políticas de otros sectores públicos y no gubernamentales que inciden sobre la salud de la población.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley General de Salud, dentro de las competencias del Consejo, entre otras, están:

• Elaborar el compendio nacional de insumos para la salud.

• Definir las enfermedades de gastos catastróficos que requieran financiamiento.

• Dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas.

• Adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles prioritarias, no transmisibles más frecuentes, sindemias, así como las de fuentes de radiaciones ionizantes y de naturaleza análoga.

• Participar, en el ámbito de su competencia, en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

Desde el siglo XIX, el Consejo de Salubridad General ha sido una entidad técnica y autónoma, con el carácter de autoridad sanitaria; sin embargo, durante la administración del actual gobierno ha sufrido modificaciones que dejan vulnerada esta autonomía.

Aún antes de la pandemia global provocada por el Covid-19, el gobierno federal dejó fuera al Consejo al momento de tomar decisiones importantes en nuestro sistema de salud y obstaculizado su operación, que, en estricto sentido, no debe estar condicionada a los intereses políticos del gobierno en turno; puesto que el Consejo tiene atribuciones, como reglamentar el manejo de enfermedades graves que, deben realizarse con evidencia científica y con criterios de salud pública.

La actuación del Consejo de Salubridad General es fundamental para atender emergencias como a la que nos enfrentamos recientemente, así como lo fue el caso de la pandemia de influenza.

El pasado 13 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, donde elimina la participación de instituciones educativas, comunidad médica y expertos de este Consejo.

La nueva normativa establece que la entidad estará integrada por los secretarios de Salud, Defensa, Marina, Hacienda, Bienestar, Medio Ambiente, Agricultura y Educación, por los titulares de IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, DIF y Pemex.

Están incluidos también los titulares de las presidencias de la Academia Nacional de Medicina de México, A.C., y de la Academia Mexicana de Cirugía, A.C.

Sin embargo, ya no aparecen la Universidad Nacional Autónoma de México, 19 vocalías, entre los que se contaban el Instituto Politécnico Nacional, la Coordinación General de Protección Civil y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, entre otros.

Tampoco figuran la Fundación Mexicana para la Salud, la Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas y la Asociación Nacional de Hospitales Privados, entre otras agrupaciones médicas.

Con la eliminación de los actores no gubernamentales del Consejo de Salubridad General, su autonomía e independencia pueden llegar a ser violentadas, y la ausencia de una entidad reguladora de las políticas de salud con capacidad para tomar decisiones respaldadas por evidencia científica es una situación seria.

Durante la crisis del Covid-19, la falta de participación del Consejo de Salubridad General llevó a tomar medidas preventivas y de contención descoordinadas y sin cohesión desde sectores público, social y privado. Esta falta de sincronización dejó como consecuencia la propagación de la enfermedad en números que pudieron ser controlados y contribuyó al aumento de las tasas de mortalidad.

El propósito original del Consejo de Salubridad General fue satisfacer la necesidad de contar con un órgano ejecutivo técnico, respaldado por expertos, capaz de reaccionar de manera inmediata y eficiente ante diversos problemas de salud en el país, especialmente frente a epidemias graves que requieren acción inmediata.

Esta institución debería ser diversa y estar comprometida con la preservación de la vida y la salud de millones de ciudadanos mexicanos. Estas son las facultades que le fueron conferidas por el Constituyente Permanente en 1917.

Por todo lo anterior, y con la finalidad de velar por la vida y la salud de las y los mexicanos, someto a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formula atento exhorto al gobierno federal a informar las causas y motivos por los que fueron eliminados los actores no gubernamentales del Consejo de Salubridad General.

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formula atento exhorto al gobierno federal para que en el ámbito de sus competencias, reconsidere la inclusión de entidades no gubernamentales como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación General de Protección Civil, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en el Consejo de Salubridad General.

Notas

1 http://www.csg.gob.mx/consejo/mision.html

2 Ídem.

3 https://www.diputadospan.org.mx/lxv/sala-de-prensa/boletines/12 86/boletin-secretaria-de-salud-debe-respetar-la-autonomia-y-funciones-del-conse jo-de-salubridad-general-ector-jaime-ramirez-barba

4 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5711276&fecha=13/ 12/2023#gsc.tab=0

5 https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/12/13/gobierno-de-amlo-excluye-la-unam -del-consejo-de-salubridad-general-320359.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Senadora Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A PEMEX, A INFORMAR DE LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO PARA QUE SU DIRECCIÓN GENERAL EMPIECE A DESPACHAR DESDE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a informar a esta soberanía sobre las acciones que está llevando a cabo para que su Dirección General empiece a despachar desde Ciudad del Carmen, Campeche, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cecilia Sánchez García, senadora de la República por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos para que informe a esta soberanía sobre las acciones que está llevando a cabo, a fin de que la Dirección General de Pemex empiece a despachar desde Ciudad del Carmen, Campeche, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como olvidar aquel discurso que el presidente de la República presentó en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2018, horas después de haber asumido el mandato en el Congreso de la Unión, en aquella fecha histórica en donde recibió el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, en el que delineó los 100 primeros compromisos de su gobierno, a cinco años en que seguimos esperando la transformación de nuestro país.

En aquella memorable fecha el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, expresó: “Hoy hablé en el Congreso sobre el antiguo régimen y de la nueva política para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de México; ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar; lo que bien podríamos llamar, una modernidad forjada desde abajo y para todos.”

Así, reafirmó los 100 compromisos; entre ellos se encuentra el registrado con el número 54 que a la letra dice:” Se descentralizará el gobierno federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la República, porque todo el país es México. Este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado; por el contrario, tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social”.

El traslado de las dependencias sería así:

Secretaría de Bienestar a Oaxaca, Oaxaca.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Mérida, Yucatán.

Secretaría de Energía a Villahermosa, Tabasco.

Secretaría de Economía a Monterrey, Nuevo León.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a Ciudad Obregón, Sonora.

Secretaría de Comunicaciones a San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Secretaría de la Función Pública a Querétaro, Querétaro.

Secretaría de Educación Pública a Puebla, Puebla.

Secretaría de Salud a Acapulco, Guerrero.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social a León, Guanajuato.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a Pachuca, Hidalgo.

Secretaría de Cultura a Tlaxcala, Tlaxcala.

Secretaría de Turismo a Chetumal, Quintana Roo.

Las únicas secretarías que no se mudarían por razones de seguridad eran Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales permanecerían en la Ciudad de México.

En cuanto a organismos descentralizados y empresas estatales, el presidente López Obrador propuso la distribución siguiente:

Pemex a Ciudad de Carmen, Campeche.

CFE a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Conagua a Veracruz, Veracruz.

Capufe a Cuernavaca, Morelos.

Infonavit a Toluca, Estado de México.

IMSS a Morelia, Michoacán.

ISSSTE a Colima, Colima.

Inegi a Aguascalientes, Aguascalientes (Descentralizada en 1985)

Diconsa a Zacatecas, Zacatecas.

Nafin a Torreón, Coahuila.

Conafor a Durango, Durango.

Fonatur a Bahía de Banderas, Nayarit.

Conacyt a La Paz, Baja California Sur.

SAT a Mexicali, Baja California.

La descentralización de las dependencias del gobierno federal tiene como finalidad fomentar un crecimiento económico equitativo en todos los estados de la República, y así reactivar la economía en las regiones en donde existe crisis severa por inseguridad, pobreza y violencia.

El compromiso realizado por el titular del Poder Ejecutivo Federal es reubicar a las secretarías del gobierno federal en las distintas entidades de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores. El estado que hoy presenta esta propuesta es que se encuentra en proceso todavía. Sin embargo, algunas de las acciones que se realizaron y con el fin de reactivar la economía en distintas regiones del país, el proceso de traslado de las dependencias se está llevando a cabo. Por el momento Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) y Conapesca (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca).

En aquella ocasión se nos invitó a colaborar, a actuar con optimismo y alegría, porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes; estamos ante un momento estelar de la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo se merece y una nueva vida a nuestra gran nación.

Ahora bien, desde agosto del 2021 Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) han ido avanzando en su descentralización administrativa con la movilización de trabajadores de la Ciudad de México, en principio a Campeche y también a Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Además, tenía programados otros 570, que van de la Ciudad de México hacia la nueva sede, Ciudad de Carmen, Campeche, y los cuales se encuentran en otros estados del país. Asimismo, se mencionó que ya se habilitaron oficinas para los titulares de la Dirección General, de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios y la Coordinación de Abastecimiento para la Exploración y Producción, pero además se realizan las gestiones necesarias para el traslado del personal, asegura que esto ha sido sin menoscabar sus derechos laborales.

Por otra parte, se sabe que Pemex ha disminuido contratos de arrendamiento con fines administrativos, pues al inicio de esta administración tenía 45 y al cierre del 2020 bajaron a 35 ya había terminado 10 contratos de arrendamientos de inmuebles que tenían fines administrativos, lo que significó un ahorro por 27.4 millones de pesos al año.

Para mayo del 2022, Pemex espera concretar 298 solicitudes pendientes para el traslado de trabajadores; 244 irán a Ciudad del Carmen y 54 a Veracruz, el avance de la descentralización va a macha lenta y aunque se ha mencionado que ya se tienen oficinas para la dirección general y otras direcciones, la operatividad de Pemex se mantiene en la Ciudad de México.

De acuerdo con el último reporte anual de Pemex, se han reubicado 3,582 plazas de las cuales se han formulado 1,068 solicitudes por parte de la empresa productiva del Estado y sus subsidiarias, puesto, que requirieron en la elaboración de proyectos de aprovechamiento inmobiliario en edificios propios y arrendados. El documento detalla que, de las 1,068 solicitudes, 770 ya se concluyeron y se encuentran en proceso de ejecución y las 298 restantes se espera se concreten durante ese año 2022.

Las entidades a las que han sido movilizados los 770 trabajadores son de la Ciudad de México hacia Campeche, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y Sonora. De las 298 solicitudes pendientes, se indica que 244 se van a Ciudad del Carmen, Campeche, y 54 a Veracruz.

De los informes de Pemex se señala que se ha reubicado a personal de confianza en los distintos centros de trabajo y es que hasta marzo del 2023 se reporta que ya habían sido transferidas la Dirección General de Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche; la Dirección General de Pemex Exploración y Producción a Villahermosa, Tabasco; y subdirecciones de Planta de Reciclaje de PET a Tabasco, y áreas corporativas a Campeche y Veracruz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que todas las direcciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) se trasladarán a Ciudad del Carmen, Campeche, como parte del plan de descentralización para reactivar la economía en distintas regiones. La petrolera estatal “deja de funcionar desde la Ciudad de México, desde la Torre de Pemex, y se traslada el director de Pemex [Octavio Romero] a Ciudad del Carmen, Campeche”, dijo López Obrador, en su conferencia matutina celebrada en la ciudad de Mérida, en octubre de 2021. A mediados de octubre, Layda Sansores San Román, la gobernadora de Campeche, dijo durante una reunión con el presidente en Palacio que la construcción de las nuevas oficinas de Pemex en Ciudad del Carmen ya había concluido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos para que informe a esta soberanía a la brevedad sobre las acciones que está llevando a cabo para dar cumplimiento al compromiso registrado con el número 54 de los 100 que fueron presentados en su discurso del 1 de diciembre de 2018 por parte del titular del Ejecutivo federal, a fin de que proceda la descentralización de Petró-leos Mexicanos, así la Dirección General de Pemex empiece a despachar desde Ciudad del Carmen, Campeche.

Notas

1 Los 100 compromisos de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, consultado en línea en:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Los-100-compromisos-de- Andres-Manuel-Lopez-Obrador-como-presidente-de-Mexico-20181207-0072.html

2 Descentralización, uno de los 100 compromisos de AMLO con más retraso, consultado en línea en:

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/11/18/amlo-recono ce-retraso-en-descentralizacion-de-dependencias-va-a-un-20

3 100 compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, al 1 de septiembre de 2020, consultado en línea en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/580709/100_compro misos_1_de_septiembre_2020.pdf

4 Pemex avanza en descentralización y recorta contratos de arrendamiento, consultado en línea en:

https://www.forbes.com.mx/pemex-avanza-descentralizacion-recorta -contratos-arrendamiento/

5 Pemex muda a más trabajadores para descentralización; va a marchas forzadas, consultado en línea en:

https://www.forbes.com.mx/pemex-muda-a-mas-trabajadores-para-des centralizacion-va-a-marchas-forzadas/

6 López Obrador confirma traslado de Pemex a Ciudad del Carmen, Campeche, consultado en línea en

https://www.axisnegocios.com/breves.phtml?id=101869

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SECTUR, A DELINEAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ATRACCIÓN DE TURISMO PARA QUE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS VISITEN ACAPULCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sectur a delinear una estrategia integral de atracción de turismo, que contemple una exhaustiva campaña de promoción y publicidad, condonaciones, subsidios, exenciones y descuentos en peajes y transporte para que un mayor número de personas visiten Acapulco, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Esther Balderas Espinoza, Nancy de la Sierra Arámburo, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nadia Navarra Acevedo, Cecilia Sánchez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Guerrero es uno de los estados de la República que cuenta con una diversidad de recursos para desempeñar distintas actividades económicas, no obstante que la entidad se sustenta en diferentes sectores como la agricultura, la pesca, la minería, la manufactura y el turismo, este último juega un papel crucial en su desarrollo.

Acapulco es un pilar esencial de la economía de Guerrero y el principal destino de playa de la entidad, pues contribuye con el 65.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal; sus hermosas playas, clima cálido y una amplia oferta de hoteles, restaurantes y entretenimiento han atraído a turistas nacionales e internacionales durante décadas.

La actividad turística no solo abarca la hotelería y la hospitalidad, sino también una amplia gama de servicios que van desde el transporte hasta las actividades de entretenimiento, lo que genera empleo para miles de personas en la región. Acapulco genera ingresos esenciales que alimentan la economía local y estatal, siendo un motor clave para el crecimiento económico y el desarrollo de la región.

Acapulco ha sido vulnerable a factores externos como desastres naturales, eventos como el huracán Otis tienen repercusiones significativas, afectando no solo la infraestructura, sino también la economía, el empleo y los ingresos generales. El impacto del huracán Otis afectó por completo la economía de Acapulco y mermó alrededor del 60 por ciento de la actividad económica de Guerrero; el 80 por ciento de la actividad turística será declaró pérdida total y el 99 por ciento de los establecimientos comerciales y cadenas de supermercados fue víctima de vandalismo.

Tras poco más de dos meses de este desastre natural, los hoteles, comerciantes habitantes de Acapulco comenzaron a levantarse de entre los escombros.

Es cierto que el Acapulco de hoy es un poco diferente al Acapulco de finales de octubre del año pasado, pero se encuentra muy lejos del esplendor y brillo que este bello puerto solía brindar a todos sus visitantes en tiempos memorables.

A pesar de las esperanzas y esfuerzos de los hoteleros y restauranteros en que para diciembre el turismo regresaría a Acapulco, los esfuerzos no fueron suficientes para recibir a los vacacionistas en navidad y año nuevo. Durante las vacaciones de fin de año, Acapulco contó solo con 4,500 habitaciones disponibles en 127 hoteles de las más de 20,000 que se tienen habitualmente en los más de 300 hoteles del puerto, esto debido a los daños que dejó el pasado huracán Otis.

Santos Ramírez Cuevas, secretario de Turismo de Guerrero, estimó previo al periodo vacacional, que el puerto alcanzaría el 70 por ciento de ocupación hotelera en las casi 5 mil habitaciones de hoteles disponibles, donde pronosticó recibir a más de 85 mil turistas.

Acapulco se resiste a morir, los datos reales no estuvieron lejanos a lo pronosticado por la Secretaría de Turismo. Acapulco cerró el año con un 72.3 por ciento de ocupación hotelera en sus 4,534 habitaciones disponibles, mientras que abrió el 2024 con una ocupación de 83.3 por ciento

Sin embargo, la derrama económica alcanzada del 16 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 fue de 343 millones de pesos, es decir, una cifra muy lejana a la registrada entre el 17 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023, cuando Acapulco recibió 826,976 turistas que dejaron una derrama económica de 6,405 millones de pesos.

La retención del Tianguis Turístico 2024 y del Abierto Mexicano de Tenis serán una prueba de fuego para Acapulco y es una clara muestra de la disposición de algunos empresarios y del gobierno federal por no dejar sólo al puerto, aunque la realidad nos demuestra una vez más, que Acapulco necesitará de toda la ayuda posible para recuperarse.

Ante la necesidad de impulsar la reactivación económica y turística del puerto más emblemático de México, es fundamental plantear la implementación urgente de una estrategia integral de atracción de turismo, que contemple una exhaustiva campaña de promoción y publicidad, condonaciones, subsidios, exenciones y descuentos en peajes y transporte para que un mayor número de personas visiten Acapulco.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, a delinear una estrategia integral de atracción de turismo, que contemple una exhaustiva campaña de promoción y publicidad, condonaciones, subsidios, exenciones y descuentos en peajes y transporte para que un mayor número de personas visiten Acapulco.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ACCIONES TENDIENTES A PROVEER DE SUBSIDIOS A LA GASOLINA PARA LOS PESCADORES RIBEREÑOS DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, a la Sader y a la Conapesca a implementar acciones tendentes en proveer de subsidios a la gasolina para los pescadores ribereños de Campeche, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cecilia Sánchez García, senadora de la República por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al director de la Conapesca para que implementen acciones tendentes en proveer de subsidios a la gasolina para los pescadores ribereños de Campeche, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pesca es la actividad que forma parte del sector primario de la economía, y consiste en la captura y cría de peces, crustáceos, moluscos y otros organismos de aguas saladas y dulces para aprovechar algunos recursos de la Naturaleza sin transformarlos. Es una de las actividades que mejor contribuye al desarrollo y crecimiento socioeconómico, genera empleos e ingresos y contribuye a erradicar la pobreza en comunidades costeras que la practican y, en muchos casos, representa el único sustento para las familias.

Según el Compendio de Estadísticas Ambientales 2018, la pesca se distingue entre pesca de altura y pesca ribereña, así como pesca de acuicultura, o acuacultura.

La Pesca de altura consiste en la captura que se hace en mar abierto por medio de embarcaciones mayores adecuadas para la pesca de fondo u oceánica, fuera de la plataforma continental.

La pesca ribereña, por su parte, es la captura que se realiza en cuerpos de agua interiores, bahías, sistemas lagunares o estuarinos, así como en el mar hasta un límite de tres millas náuticas (5.6 km) a la costa. En la mayoría de los casos, este tipo de pesca se práctica con embarcaciones menores.

La Acuicultura o acuacultura “es el cultivo de flora y fauna acuáticas en condiciones controladas; incluye todo estadio biológico, ambiente acuático y tipo de instalaciones. Conforme a esta definición, son propias de la acuicultura la producción de esporas, cepas de algas, semillas, huevos, larvas, postlarvas y crías en laboratorio, así como el desarrollo de éstas en estanques artificiales, lagos, presas, lo mismo que en instalaciones ubicadas en bahías, estuarios y lagunas costeras.”

Por otra parte, las embarcaciones pueden ser de dos tipos: embarcaciones mayores y embarcaciones menores:

La embarcación mayor es el barco pesquero con arqueo (capacidad) neto igual o superior a 10 toneladas. Por el tipo de pesquería se clasifican en atuneros, sardinero-anchoveteros, camaroneros y escameros o de pesca múltiple.

La embarcación menor son lanchas o barcos pesqueros con arqueo (capacidad) neto inferior a 10 toneladas.

La eslora es la longitud de un barco de proa a popa.

La pesca de altura se caracteriza por llevarse a cabo en embarcaciones de gran y mediano calado, es decir en barcos pesqueros que miden entre 13 y 23 metros de eslora si son de mediana altura y más de 24 metros de eslora si son de gran calado, que pueden tener hieleras y/o frigoríficos para mantener refrigerada la captura e infraestructura mínima para que la tripulación pueda vivir en la embarcación entre 1 semana y 4 meses, de acuerdo con las necesidades que impone la pesquería.

La pesca ribereña, por su parte, se desarrolla en embarcaciones de hasta 12 metros de eslora como canoas, lanchas y pangas que pueden ser de tipo más bien artesanal (de madera) o de tipo industrial (de fibra de vidrio o aluminio), con o sin motores fuera de borda para su propulsión.

Para avanzar, una embarcación a motor utiliza un motor marino, un inversor, uno o varios ejes, una hélice y un timón. A este mecanismo se le conoce como “sistema de propulsión”, el cual produce la potencia suficiente para mover la embarcación.

Se distingue entre motores intraborda y fueraborda. En el primer caso, el motor se instala dentro de una bodega o sala de máquinas. La transmisión, el timón y diversos equipos se encuentran en el casco y bajo la embarcación, dejando el espejo de popa libre. El motor intraborda puede ser de gasolina o diésel y puede ser monomotor o bimotor (o más).

En las embarcaciones con motores fueraborda, el motor es compacto y se instala en la parte trasera de la embarcación. Combina el motor, la transmisión y la hélice. Actúa como un timón.

Con la finalidad de apoyar al sector pesquero, en nuestro país se implementaron diversos programas de apoyo económico para los pescadores como el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables (Pronapesca), el Programa Nacional de Fomento al Consumo del Producto Pesquero (Pronafoc), el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (Pronasa) y el Programa Nacional de Ordenamiento Pesquero (Pronop), todos ellos basados en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

La legislación mexicana contempla el impulso a la pesca y el apoyo para los pescadores, a saber:

• El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la nación tiene el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.

Asimismo, señala que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la zona económica exclusiva marina comprendida en el espacio situado fuera del mar territorial y adyacente a éste, hasta una distancia de doscientas millas náuticas medidas a partir de la línea base desde la que se mide el mar territorial. En aquellos casos en que el litoral continental adyacente a nuestro país pertenezca a dos o más Estados, o cuando un Estado se encuentre frente a una isla nuestra, la zona económica exclusiva se fijará por acuerdo con ese Estado. A falta del acuerdo o mientras éste no se logre, se aplicarán las normas del derecho internacional.

La nación ejerce su soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo situado sobre su mar territorial, su zona contigua y su zona económica exclusiva en los términos del derecho internacional y las leyes nacionales. La nación tiene una zona contigua más allá del mar territorial hasta una distancia de veinticuatro millas náuticas medidas a partir de la línea base desde la que se mide el mar territorial. En esta zona México ejercerá las facultades que determine su legislación en materia aduanera, fiscal, sanitaria o migratoria.

La nación tiene plena soberanía sobre sus islas, cayos y arrecifes en sus mares territoriales adyacentes. Las islas adquirirán la extensión del mar territorial que corresponda al litoral continental más próximo.

• También, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que es reglamentaria del artículo 27 constitucional y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros; así como propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

• Igualmente, contamos con las Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas, que son reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación en materia pesquera y acuícola. Estas normas establecen criterios para ordenar el aprovechamiento sustentable de las especies pesqueras; regular las operaciones de pesca con diferentes artes; proteger a las especies amenazadas o en peligro; fomentar el desarrollo tecnológico e innovador; garantizar la calidad e inocuidad sanitaria; entre otros aspectos.

Como es lógico, para poder realizar la actividad pesquera, los pescadores necesitan el combustible para mover sus embarcaciones, llámese diésel marino para embarcaciones mayores (pesca de altura) o gasolina para embarcaciones con motores fueraborda o fuera de borda.

Sin embargo, el alto costo de los combustibles ha imposibilitado de seguir con la actividad pesquera a una gran cantidad de pescadores, y los ha obligado a dejar sus embarcaciones, pues no resulta redituable la actividad.

Subsidios para la pesca en México

Se entiende por subsidio a “una contribución financiera que otorga beneficios privados al sector pesquero,” la cual puede ser directa o indirecta (exención de impuestos sobre los beneficios). Los subsidios más comunes al sector pesquero se han otorgado con apoyos monetarios, otorgamiento de créditos y seguros, exención de impuestos, apoyo al precio de combustible (o exención del impuesto al combustible), pagos directos a la industria, como pagos por retiro de flota, precios de garantía y financiamiento público de permisos de pesca.

El subsidio más representativo para la pesca es el subsidio a los combustibles, que subsidiaba el diésel marino para la flota industrial o de altura y a la gasolina para la pesca ribereña. Antes del año 2005 se manejaba un subsidio del 17.1 por ciento, aproximadamente, sobre el precio real del combustible y, a partir de 2005, en el gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitió un decreto para el subsidio del diésel marino, que estableció un precio de venta fijo de $3.50 por litro.

Este decreto se basó en lo dispuesto por la Ley de Energía para el Campo, que establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con diversas secretarías de Estado, establecía precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios

El subsidio al diésel marino se mantuvo hasta el año 2015, cuando se publicó el acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, que cambió el esquema de apoyo a estos combustibles mediante la aplicación de estímulos fiscales a las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios. Este acuerdo se basó en lo dispuesto por el Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

Los estímulos fiscales consistían en un porcentaje, que se fijaba mensualmente, y se aplicaba a las cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios de los combustibles automotrices sujetos a este beneficio. Estos estímulos fiscales tienen por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Energía para el Campo, que establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con diversas Secretarías de Estado, establecerá precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios.

Sin embargo, desde el 29 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020, el cual informaba que los porcentajes de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional, en el mes de junio de ese año 2020, serían del 00.00 por ciento, es decir, serían suprimidos.

Desde entonces, el sector pesquero se ha ido rezagando cuando debería ser una fuente importante de alimentos e ingresos, debido a la gran variedad de fauna marina con la que contamos, no se diga de los pescadores ribereños que son los más desvalidos y no han podido recuperarse.

Para subsanar el grave problema del sector, se implementó el programa Bienpesca que es uno de los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura que, a su vez, pertenece a los Programas para el Bienestar impulsados por el actual gobierno, con el que se pretende impulsar la producción de pequeños pescadores y acuicultores para mejorar sus condiciones de bienestar y ayudar a su autosuficiencia alimentaria.

Sin embargo, este apoyo consiste en otorgar solamente la cantidad de $7,500.00 pesos por solicitante, y se entrega de manera directa, única y de forma anual a través del Banco del Bienestar. En algunos estados, gracias a los acuerdos entre los gobiernos federal y locales, el apoyo se puede ampliar hasta en un 50 por ciento adicional respecto al monto original, es decir, $3,750.00 más conforme a la disponibilidad de presupuesto. Este programa es de cobertura nacional. Sin embargo, sólo se atiende “preferentemente las regiones geográficas estratégicas con mayor necesidad y alto potencial productivo, dando prioridad a las entidades con mayor rezago”.

Este apoyo evidentemente no resuelve la grave crisis que enfrentan los pescadores. Es urgente que se tomen medidas que apoyen a este sector en diferentes ámbitos, como el económico, el social, el ambiental y el legal. Algunas de estas medidas podrían ser:

• Otorgar un subsidio de combustible a los pescadores artesanales que les permita reducir sus costos de operación y aumentar sus ingresos.

• Ampliar y mejorar la infraestructura portuaria, el equipamiento y la capacitación para los pescadores, que les facilite el desarrollo de la pesca comercial ribereña y su competitividad.

• Promover el consumo de pescado a nivel nacional, que incremente la demanda y el precio del producto.

• Implementar programas de conservación y restauración de los ecosistemas marinos y costeros, que mejoren la disponibilidad y la calidad de las especies pesqueras.

• Fortalecer la organización y la participación de los pescadores en la toma de decisiones sobre el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.

Los pescadores no cuentan con subsidio alguno de gasolina porque el gobierno no ha establecido un mecanismo para apoyar a este sector ante el alza de los precios del combustible.

Un artículo de “El Financiero”, señala que el gobierno está subsidiando alrededor del 35 por ciento del precio minorista de la gasolina utilizando fondos de su ganancia extraordinaria del petróleo, pero este beneficio sólo aplica para el sector transporte terrestre público de pasajeros, colectivo y selectivo.

Los pescadores artesanales han solicitado al gobierno que se les otorgue un subsidio similar al del transporte terrestre, sin embargo, hasta el momento no se ha dado una respuesta favorable a esta demanda.

En el caso concreto del estado de Campeche, además de lo anterior, es necesario:

• Revisar y flexibilizar las zonas de exclusión por parte de Pemex, que les impide el acceso a los recursos pesqueros en el perímetro de la Sonda de Campeche.

Los pescadores de Campeche se encuentran en condiciones deplorables por varios factores que afectan su actividad económica y su calidad de vida. Algunos de estos factores son:

• La restricción de las zonas de pesca por parte de Pemex, que mantiene un cerco de exclusión en el perímetro que abarcan las plataformas de la Sonda de Campeche, lo que limita el acceso a los recursos pesqueros.

• El cierre de los puertos marítimos por los fenómenos meteorológicos, como los frentes fríos, que ocasionan lluvias, vientos y oleaje que ponen en riesgo la seguridad de los pescadores y sus embarcaciones.

• La falta de infraestructura portuaria, equipamiento y capacitación para los pescadores, que dificulta el desarrollo de la pesca comercial ribereña y reduce su competitividad.

• La contaminación y el deterioro ambiental de los ecosistemas marinos y costeros, que disminuye la disponibilidad y la calidad de las especies pesqueras.

• La baja demanda y el bajo precio del pescado en el mercado nacional, que reduce los ingresos y el bienestar de los pescadores y sus familias.

De no actuar de forma inmediata, el sector pesquero perecerá, afectando a miles de familias que dependen de esta noble actividad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al director de la Conapesca para que implementen acciones tendientes en proveer de subsidios a la gasolina para los pescadores ribereños de Campeche.

Notas

1 Cuéntame México (Inegi), consultado en línea en:

https://cuentame.inegi.org.mx/Economia/primarias/pesca/default.a spx?tema=e

2 Compendio de Estadísticas Ambientales 2018, Semarnat. Consultado en línea en:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServlet3d52.h tml

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Motor Barco. Revista de los barcos a motor y Powerboats. Consultado en línea en:

https://www.boatsnews.es/noticias/25097/explicacion-de-todas-las -propulsiones-de-las-embarcaciones-a-motor

6 Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en línea en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

7 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, consultada en línea en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS.pdf

8 Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas, consultada en línea en:

https://www.gob.mx/conapesca/documentos/normas-oficiales-mexican as-pesqueras-y-acuicolas-30453

9 “Diálogos sobre Subsidios a la Pesca en México: Una perspectiva de los actores”, consultado en línea en:

https://www.researchgate.net/publication/344461866_Dialogos_sobr e_Subsidios_a_la_Pesca_en_Mexico_Una_perspectiva_de_los_actores

10 Ibídem.

11 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo que establece el lineamiento para la aplicación del subsidio de apoyo al diésel para actividades agropecuarias en el marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, jueves 3 de marzo de 2005.

12 Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario; consultado en línea en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421732&fecha=30/ 12/2015#gsc.tab=0

13 Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican. Consultado en línea en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415894&fecha =18/11/2015#gsc.tab=0

14 Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020, consultado en línea en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/ 05/2020#gsc.tab=0

15 Programa de apoyo para el bienestar de pescadores y acuicultores, consultado en línea en:

https://programasparaelbienestar.gob.mx/bienpesca/

16 El Financiero, 15 de junio de 2022, consultado en línea en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/15/esto-es-lo-q ue-esta-haciendo-el-gobierno-para-subsidiar-35-del-costo-de-la-gasolina/

17 PORESTO! “Frente frío 26 afecta actividad de 5 mil pescadores en Campeche”, consultado en línea en:

https://www.poresto.net/campeche/2022/1/30/frente-frio-26-frena- actividad-de-mil-pescadores-en-campeche-312375.html

18 Crespo-Guerrero, José-Manuel. El trabajo de campo en la investigación geográfica de la pesca comercial ribereña en las áreas naturales protegidas del estado de Campeche, México. Invest. Geog, 2017, n.93 [citado 2023-05-31]. Disponible en:

<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S0188-46112017000200012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 2448-7279.

19 PORESTO! Pemex pone en crisis a pescadores de Campeche; mantiene restricción en áreas de captura”, consultado en línea, en:

https://www.poresto.net/campeche/2023/4/26/pemex-pone-en-crisis- pescadores-de-campeche-mantiene-restriccion-en-areas-de-captura-381188.html

Referencias consultadas:

- Cuéntame México, (INEGI), consultado en línea en:

https://cuentame.inegi.org.mx/Economia/primarias/pesca/default.a spx?tema=e

- Compendio de Estadísticas Ambientales 2018, Semarnat. Consultado en línea, en:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/compendio_2018/dgeiawf.semarnat.gob.mx_8080/ibi_apps/WFServlet3d52.h tml

- Motor Barco. Revista de los barcos a motor y Powerboats. Consultado en línea, en:

https://www.boatsnews.es/noticias/25097/explicacion-de-todas-las -propulsiones-de-las-embarcaciones-a-motor

- "Diálogos sobre Subsidios a la Pesca en México: Una perspectiva de los actores", consultado en línea en:

https//www.researchgate.net/publication/344461866_Dialogos_sobre _Subsidios_a_la_Pesca_en_Mexico_Una_perspectiva_de_los_actores

- Diario Oficial de la Federación. Acuerdo que establece el lineamiento para la aplicación del subsidio de apoyo al diésel para actividades agropecuarias en el marco de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción, jueves 3 de marzo de 2005.

- Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario; consultado en línea, en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421732&fecha=30/ 12/2015#gsc.tab=0

- Decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican. Consultado en línea en:

https://wwwdof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415894&fecha= 18/11/2015#gsc.tab=0

- Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020, consultado en línea en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594050&fecha=29/ 05/2020#gsc.tab=0

 - El Financiero, 15 de junio de 2022, consultado en línea en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/15/esto-es-lo-q ue-esta-haciendo-el-gobierno-para-subsidiar-35-del-costo-de-la-gasolina/

- Programa de apoyo para el bienestar de pescadores y acuicultores, consultado en línea en:

https://programasparaelbienestar.gob.mx/bienpesca/

- Poresto! "Frente frío 26 afecta actividad de 5 mil pescadores en Campeche", Consultado en línea en:

https://www.poresto.net/campeche/2022/1/30/frente-frio-26-frena- actividad-de-mil-pescadores-en-campeche-312375.html

- Crespo-Guerrero, José Manuel. El trabajo de campo en la investigación geográfica de la pesca comercial ribereña en las áreas naturales protegidas del estado de Campeche, México. Invest. Geog, 2017, n.93 [citado 2023-05-31]. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0188-46112017000200012&Ing=es&nrm=iso>. ISSN 2448-7279.

- Poresto! Pemex pone en crisis a pescadores de Campeche; mantiene restricción en áreas de captura", consulado en línea, en:

https://www.poresto.net/campeche/2023/4/26/pemex-pone-en-crisis- pescadores-de-campeche-mantiene-restriccion-en-areas-de-captura-381188.html

- Celaya Tentori, M. y Almaraz Alvarado, A. (2018). Recuento histórico de la normatividad pesquera en México: un largo proceso de auge y crisis. Entre ciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, 6 (16), 33-48.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457654930004

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en línea, en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, consultada en línea, en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS.pdf

- Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas, consultada en línea, en:

https://www.gob.mx/conapesca/documentos/normas-oficiles-mexicana s-pesqueras-y-acuicolas-30453

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE EVALÚE LA POSIBILIDAD DE EXENTAR EL COBRO DE LA TARIFA DE USO DE AEROPUERTO, A LOS PASAJEROS QUE VIAJEN DESDE O HACIA EL PUERTO DE ACAPULCO DURANTE SU PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la SICT y a los Grupos Aeroportuarios de México a evaluar la posibilidad de exentar el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto a los pasajeros que viajen desde o hacia el puerto de Acapulco durante su proceso de reconstrucción, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Esther Balderas Espinoza, Nancy de la Sierra Arámburo, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nadia Navarra Acevedo, Cecilia Sánchez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir del 1 de enero de 2024, se actualizó la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la principal terminal aérea de nuestro país. La TUA es un impuesto federal cobrado al pasajero por el uso de las instalaciones de los aeropuertos y su valor es diferente en cada uno de ellos.

En México, el 70 por ciento del precio de un boleto de avión corresponde a costos que no dependen de las aerolíneas, de los cuales 42 por ciento es de TUA, 22 por ciento de combustible y el resto a otros factores. Los impuestos, derechos y tarifas aeroportuarias a que son sujetos los pasajeros en México son de los más altos en América Latina y de ciertas partes del mundo.

La actualización de la TUA en el AICM contempla un incremento de 3.2 por ciento en vuelos nacionales, es decir, se coloca en $28.95 dólares; mientras que, en vuelos internacionales, con el incremento asciende a $54.96 dólares. Sin embargo, ese no es el único incremento que el AICM aplicó a las aerolíneas que operan en sus terminales aéreas, sino que, incorpora ajustes en cuatro conceptos de servicios aeroportuarios (tarifa de aterrizaje, plataformas de embarque y desembarque de pasajeros, tarifa de pernocta de aeronaves y tarifas de revisión de pasajeros) para sumar un incremento total de 77 por ciento en los costos operativos en el aeropuerto, que aunque no serán pagados directamente por los usuarios, afectarán indirectamente el precio de los boletos de avión.

La decisión del aeropuerto fue tomada bajo el argumento de que las tarifas de estos servicios no habían sido ajustadas desde hace varios años, sin toar en cuenta que el AICM es uno de los aeropuertos con más demoras y servicios ineficientes en todo el país, cuya capacidad está saturada y su infraestructura es una de las más antiguas.

Sin embargo, la TUA que cobraba previo a estos incrementos el AICM, correspondía a una de las más elevadas del mundo y gracias a ella, que representaba el 73 por ciento (un aproximado de 18,500 millones de pesos anuales) de los ingresos del aeropuerto, se generaban ingresos suficientes para su óptima operación. Por lo que, todo indica que este incremento surge a partir de la responsabilidad de pago trimestral que tiene el AICM de los bonos del aeropuerto de Texcoco, tras su cancelación.

No podemos permitir que sean los mexicanos quienes cubran el costo de un error gubernamental, o peor aún, que sacrifiquemos la industria turística de nuestro país, que es el sustento de millones de familias, por un capricho que ha costado miles de millones de pesos.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) ha solicitado evitar incrementar la TUA y revisar los cobros de los aeropuertos mexicanos. Asimismo, es importante revisar el modelo de TUA que tiene México, pues no es correcto que los aeropuertos dependan más de los ingresos aeroportuarios que de los espacios comerciales que rentan dentro de las terminales.

La realidad nos demuestra que estos aumentos, en su totalidad, repercutirán en múltiples áreas de la industria aérea y turística del país. Particularmente en el puerto de Acapulco, que se resiste a morir tras el paso del huracán Otis y que navega contra corriente para recuperar los niveles previos a la tragedia, a pesar del poco apoyo de la Federación.

El próximo 5 de febrero, después del primer puente del año, será un día crucial para evaluar la afectación que tendrá la actividad turística por el incremento en el precio de los vuelos en nuestro país, que, en algunos destinos, será hasta del 60 por ciento.

El mercado turístico de Acapulco es preponderantemente nacional y el 87 por ciento de las personas que viajan en avión al interior del país son mexicanos, es decir, de maneral inercial, Acapulco se verá afectado por estos incrementos. Por ello la importancia de evaluar el beneficios o perjuicios que pueden causar estas medidas, en un destino turístico destrozado por la fuerza de la naturaleza y que no del todo ha comenzado a recuperarse, a pesar de los esfuerzos de todas y todos los acapulqueños durante la temporada vacacional de fin de año.

No podemos permitir que Acapulco y otros destinos del país se vean afectados por decisiones unilaterales. Sin embargo, la prioridad radica en la emergencia que se vive en Guerrero y debemos encontrar medidas viables para que Acapulco pueda volver a brillar, como lo hacía antes del devastador paso del huracán Otis.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los Grupos Aeroportuarios de México a evaluar la posibilidad de exentar el cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto, a los pasajeros que viajen desde o hacia el puerto de Acapulco durante su proceso de reconstrucción, con el objetivo de no afectar la actividad turística, principal sustento de millones de familias en este destino turístico.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA PROFEPA, A INFORMAR DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS DOS DELFINES QUE HABITAN EN EL PARQUE ACUÁ-TICO EL ROLLO, EN ACAPULCO, GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a informar a esta soberanía sobre las acciones que ha emprendido con el objeto de proteger a los dos delfines que habitan en el Parque Acuático “El Rollo”, en Acapulco, Guerrero, después del huracán Otis, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cecilia Sánchez García, senadora de la República por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116,122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), para que informe a esta soberanía sobre las acciones que ha emprendido con el objeto de proteger a los dos delfines que habitan en el Parque Acuático “El Rollo”, en Acapulco, Guerrero, después del huracán Otis, que azotó al puerto el pasado mes de octubre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los delfines son animales marinos inteligentes y sociales que necesitan vivir en un ambiente limpio y saludable. Sin embargo, los delfines que viven en parques recreativos pueden estar expuestos a una serie de riesgos debido a la falta de condiciones adecuadas de limpieza, lo que puede llevar a la acumulación de bacterias y otros contaminantes en el agua, que puede causar enfermedades y problemas de salud en los delfines. Además, la falta de limpieza también puede afectar la calidad del aire en el parque, lo que puede tener un impacto negativo en la salud de los delfines y otros animales que viven allí. Es importante que los parques recreativos tomen medidas para garantizar que los delfines reciban el cuidado adecuado y vivan en un ambiente limpio y saludable.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la institución encargada de garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a la preservación y protección de las especies marinas en riesgo, áreas naturales protegidas marinas y contingencias ambientales, entre otras. Para lograr sus objetivos, la Profepa implementa políticas y estrategias que se orientan al logro de metas ambientales, combinando una mayor cobertura de las acciones de inspección y vigilancia.

Segunda. El 25 de octubre del año pasado, el huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra en Acapulco, y asoló al estado de Guerrero con fuertes lluvias, vientos, inundaciones y deslizamientos de tierra y que la población está sufriendo las terribles consecuencias del tifón. En medio de toda la gravedad de la situación se encuentran “Brisa” y “Chiquillo”, dos delfines que habitan en el Parque Acuático “El Rollo”, anteriormente conocido como Centro Internacional de Convivencia Infantil “CiCi”, situado en la Costera Miguel Alemán, en el fraccionamiento Costa Azul, un lugar de recreación y diversión, que también resultó dañado.

EL diario Milenio realizó un sobrevuelo por medio de un dron, en el que se pudo demostrar severos daños internos en las instalaciones del parque acuático, también lograron observar que los dos delfines, “Brisa” y “Chiquillo” se encontraban nadando en aguas verdosas estancadas. Además, no se observó la presencia de entrenadores o personal administrativo del lugar atendiendo la situación.

Según Infobae, un diario en línea de actualidad y economía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección para verificar las condiciones físicas y de salud de los delfines en el parque acuático. En su cuenta oficial de X, antes Twitter, la Profepa Guerrero publicó: “La Profepa Guerrero realizó una visita técnica a un parque acuático en Acapulco para verificar las condiciones físicas y de salud de los delfines que se encuentran en esas instalaciones”.

La Profepa informó que las instalaciones del parque acuático sufrieron daños significativos debido al paso del huracán Otis. Para proteger a los delfines, se colocó una lona sobre la alberca. El reflejo del color de la lona hace que el agua se vea más oscura de lo que realmente es. La Profepa también concluyó que se seguirá monitoreando la situación de los delfines en el parque acuático.

Tercera. En México, la Ley General de Vida Silvestre y sus disposiciones reglamentarias establecen los elementos jurídicos bajo los cuales se desprenden las políticas públicas e instrumentos para proteger y preservar los recursos naturales, incluyendo las especies marinas, sin embargo, no hay artículos específicos que hablen sobre la protección de los delfines.

No debemos olvidar que los delfines son seres sintientes, lo que significa que tienen la capacidad de sentir dolor, sufrimiento y placer. Por lo tanto, es importante que cuidemos de ellos y que procuremos su bienestar y tranquilidad.

En ese sentido, es imperativo que el Parque Acuático “El Rollo”, antes “CiCi”, se obligue a proteger la salud física, mental y ambiental de “Brisa” y “Chiquillo”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que realice una inspección en las instalaciones del parque recreativo “El Rollo” en Acapulco, Guerrero, e informe a esta asamblea sobre la situación actual en la que se encuentran las especies marinas en dicho parque.

Notas

1 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del 7 de septiembre de 2022; consultado en línea en:

https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-202 1?state=published

2 Milenio. Dos delfines permanecen en agua estancada del CICI en Acapulco; consultado en línea en:

https://www.milenio.com/estados/delfines-permanecen-agua-estanca da-cici-acapulco

3 Infobae; ¿Qué pasará con los delfines del Cici Acapulco afectados por el huracán Otis?; consultado en línea en:

https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/que-pasara-con-los-del fines-del-cici-acapulco-afectados-por-el-huracan-otis/

4 Ídem.

5 Cámara de Diputados. Ley General de Vida Silvestre; consultado en línea en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_200521.pdf

Referencias consultadas:

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del 07 de septiembre de 2022. Consultado en línea en:

https://www.gob.mx/profepa/documentos/informe-de-actividades-202 1?state=published

• Milenio; Dos delfines permanecen en agua estancada del CICI en Acapulco; Consultado en línea en:

https://www.milenio.com/estados/delfines-peermanecen-agua-estanc ada-cici-acapulco

• Infobae; ¿Qué pasará con los delfines del Cici Acapulco afectados por el Huracán Otis?; Consultado en línea en:

https://www.infobae.com/mexico/2023/11/11/que-pasara-con-los-del fines-del-cici-acapulco-afectados-por-el-huracan-otis/

• Cámara de Diputados; Ley General de Vida Silvestre; Consultado en línea en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_200521.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE REEVALÚE EL PLAN GENERAL DE RECONSTRUCCIÓN Y APOYO A LA POBLACIÓN DE ACAPULCO AFECTADA POR OTIS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a reevaluar el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población de Acapulco afectada por Otis y buscar soluciones alternativas como la entrega de un mayor número de apoyos económicos federales, y otorgar créditos a tasa cero a empresarios y comerciantes, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Esther Balderas Espinoza, Nancy de la Sierra Arámburo, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nadia Navarra Acevedo, Cecilia Sánchez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno federal anunció el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, tras el paso del huracán Otis. Como parte de los apoyos, se otorgaron $8,000 para limpieza, mismos que fueron entregados del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2023. Asimismo, para la reconstrucción de las 274,502 viviendas y 47,627 locales comerciales afectados, se destinarían entre $35,000 y $60,000 en dos exhibiciones: la primera del 8 de diciembre al 21 de diciembre de 2023 y la segunda del 22 de diciembre al 31 de diciembre.

Adicionalmente, el propio gobierno federal anunció la instalación de 101 puntos de venta de material para la reconstrucción con precios justos; la impartición de talleres para la autorreconstrucción; paquetes de electrodomésticos; así como programas especiales de créditos y préstamos.

De acuerdo con información oficial, desde que Otis golpeó al puerto de Acapulco, el gobierno federal ha destinado alrededor de 40 mil millones de pesos para la reconstrucción del municipio.

Sin embargo, expertos afirman que otorgar $60,000 en promedio, a cada familia afectada por Otis, es insuficiente para que reconstruyan sus viviendas, en virtud de que este monto, no contempla la supervisión de personal calificado para garantizar la calidad y duración de la obra e, inclusive, contempla un programa de autorreconstrucción, en donde cada familia será quién se encargue de la mano de obra para rehabilitar sus hogares.

De acuerdo con expertos, cada vivienda afectada requiere de entre $250,000 y $300,000 para cubrir sus daños:

“Una casa de 60 metros cuadrados que se va a reconstruir y que fue dañada en su techumbre, algunos muros, vidrios, puertas, ventanas, pintura, acabados; según mi experiencia, para esto se necesitaría un aproximado de 300 mil pesos, solo de material, sin contar mano de obra especializada”, indicó el arquitecto Óscar Rodríguez Ávila, quién coincidió a su vez con Juan Carlos Domínguez Chona, arquitecto de Diseño de Proyectos y Obra Civil que trabaja en Acapulco.

Los recursos anunciados por el gobierno federal para atender las afectaciones que dejó el huracán Otis serán insuficientes para cubrir los costos de los daños al no asegurar apoyo integral para todas las personas damnificadas. La mayoría de los expertos aseguran que Acapulco tardará de uno a dos años en resurgir y aunque consideran insuficientes los apoyos oficiales no se han quedado de brazos cruzados.

La ayuda que hasta este momento ha desplegado el gobierno federal es buena, pero Acapulco necesita mucho más que eso para recuperar su principal actividad económica: el turismo. Es fundamental reevaluar el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada por Otis y buscar soluciones alternativas como entregar más apoyos económicos federales, otorgar créditos a tasa cero o a fondo perdido a empresarios y comerciantes, con el objetivo de Acapulco pueda recuperarse en el menor tiempo posible.

De no hacerlo, el puerto que se alimenta de la actividad turística seguirá siendo un espectador más en temporadas vacacionales, ya lo vimos durante la temporada de fin de año, Acapulco se resiste a morir a pesar de la adversidad, las y los mexicanos se resisten a dejar morir el destino turístico más emblemático de nuestro país, pero desgraciadamente, si no actuamos de manera rápida y concisa, durante las vacaciones de semana santa y de verano, Acapulco seguirá perdiendo mucho terreno.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos el esfuerzo del Gobierno Federal, de los gobiernos estatal y municipal, así como la participación de la sociedad civil en la ardua tarea que significa restablecer la cotidianidad en la vida de miles de acapulqueños. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por la incapacidad del Estado mexicano para solventar la totalidad del gasto de rehabilitación y reconstrucción, toda vez que una vez entregados estos apoyos, el avance en la recuperación es menor, no se ha anunciado una segunda fase del plan federal para la reconstrucción y apoyo a la población afectada, y no se etiquetaron recursos extraordinarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 para la atención de damnificados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal a reevaluar el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada por Otis y buscar soluciones alternativas como la entrega de un mayor número de apoyos económicos federales, y otorgar créditos blandos a tasa cero a empresarios y comerciantes, con el objetivo de Acapulco pueda recuperarse en el menor tiempo posible.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE INFORME SOBRE LAS GESTIONES PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA UNACAR, EN CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Campeche y a su Secretaría de Educación Pública a informar a esta soberanía sobre las gestiones que juntamente con la rectoría de la Universidad Autónoma del Carmen están llevando a cabo, con la finalidad de garantizar en todo momento el pago de la pensión a los jubilados y pensionados de la Unacar, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Cecilia Sánchez García, senadora de la República por el estado de Campeche e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Campeche y al titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado para que informen a esta soberanía sobre las gestiones que juntamente con la rectoría de la Universidad Autónoma del Carmen están llevando a cabo con la finalidad de garantizar en todo momento el pago de la pensión a los jubilados y pensionados de la Unacar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) se fundó en junio de 1967, como una respuesta de las necesidades de formación de recursos humanos en el ámbito académico, que permitiera impulsar el desarrollo del estado de la región, la cual cuenta con grandes potencialidades, entre ellas la pesca, la agricultura, la ganadería y principalmente el petróleo. El descubrimiento de este último recurso natural no renovable ha sido de gran importancia para el progreso de nuestro estado y del país, en el ámbito económico.

La Unacar ofrece programas académicos que proporcionan a los estudiantes conocimientos especializados y habilidades necesarias para desempeñarse en diversas profesiones. Esto contribuye al desarrollo de una fuerza laboral calificada. También, es un centro de investigación, donde se llevan a cabo exploraciones innovadoras en diversos campos. Asimismo, puede estimular el desarrollo económico local al atraer inversiones, crear empleo y fomentar la innovación y la transferencia de tecnología desde la academia hasta la industria.

La necesidad de formar profesionistas con cierto perfil que cubriera las demandas del reciente auge petrolero, así como la transformación de los recursos naturales con que cuenta nuestro estado y la región, marcaron la pauta para crear carreras profesionales que armonizaran con los requerimientos de la localidad. Como respuesta a esto, la máxima casa de estudios, dirigida en ese entonces por el rector, ingeniero y abogado, Pedro Ocampo Calderón, conformó la Facultad de Ingeniería en septiembre de 1989. El mismo rector apoyó a la facultad para que iniciara sus actividades en las instalaciones del Liceo Carmelita ofreciendo como única opción educativa la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista, siendo esta la primera y última generación con esta especialidad.

De aquí, la importancia de la máxima casa de estudios en Carmen, Campeche, por ello, es necesario que el gobierno del estado juntamente con los órganos de gobierno internos que participan en la toma de decisiones de la Unacar, ponga fin a la crisis creada ante el adeudo que se tiene a los trabajadores jubilados y pensionados, a fin de garantizar la buena administración de la institución.

Tras la renuncia del rector José Antonio Ruiz Hernández a consecuencia del conflicto con el Sindicato de Trabajadores de la misma universidad. El honorable Consejo Universitario en sesión especial celebrada el lunes 21 de noviembre de 2022, nombra a la doctora Sandra Martha Laffón Leal como rectora de la Universidad Autónoma del Carmen.

La actual rectora Sandra Laffon Leal es doctora en Estudios Veterinarios Acuáticos por la Universidad de Stirling, Reino Unido (2011); maestra en Ciencias en la especialidad de Biología Marina por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida, Yucatán (2000) y Químico farmacéutico biólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán (1998).

Como parte de su trayectoria profesional se desempeñó como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (Semabicce) desde septiembre de 2021 hasta estos días. Fue directora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Unacar (agosto de 2017 a febrero de 2021), coordinadora de la maestría en Ciencias en Restauración Ecológica (2014 — 2017), responsable de la Evaluación PNPC por Conacyt del Programa de Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica (2015 y 2017), líder de la Academia de Desarrollo Sustentable (2011 — 2012). Con su toma de protesta, la doctora Sandra M. Laffon Leal es la segunda mujer en desempeñar el cargo de rectora en los 55 años de historia universitaria, el número 13 como representante legal y autoridad ejecutiva máxima de la Unacar.

Ahora bien, reconociendo la importancia que reviste la Unacar para la sociedad carmelita y tomando en cuenta el problema que tiene por la deuda de 34 millones de pesos con los jubilados y pensionados de la universidad lo que ha generado un problema con el sindicato de la máxima casa de estudios, pues la institución no genera los recursos suficientes para solventar las carencias heredadas. El problema actual es el resultado de la mala administración en el pasado. La rectora ha sostenido reuniones con el Consejo Universitario de la Unacar para buscar alternativas estratégicas, para cubrir la deuda que se tiene con los jubilados y pensionados.

La institución universitaria les adeuda varios meses de depósitos a los 152 extrabajadores jubilados y que el monto del adeudo rebasa los 15 millones de pesos. Tampoco se ha realizado la gestión necesaria para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcione los recursos precisos para que la Unacar pueda cumplirles a los jubilados, por lo que se hace un llamado a la rectoría y al Gobierno del Estado para que coordinen esfuerzos para apoyarles, pues estos extrabajadores tienen puesta su vida en estas pensiones ya que muchos no tienen otra entrada de dinero.

Ante el incumplimiento de pago de sus remuneraciones, jubilados y pensionados de la Unacar han tomado algunas medidas de presión como el bloqueo de calles y la toma de las instalaciones de la rectoría para exigir el pago de sus remuneraciones vencidas. La falta de respuesta de la rectora ha dado lugar para que los jubilados y pensionados exijan su renuncia, y la designación de alguien que venga con la capacidad para resolver los problemas que aquejan a la máxima casa de estudios, ante la “incapacidad” de gestión demostrada por la rectora de la Unacar,

Por lo antes mencionado, la deuda que tiene la Unacar con los jubilados y pensionados ha quedado estancada, sin solución, se está violado los derechos laborales plasmados en el Contrato Colectivo de Trabajo que obliga a la Unacar a jubilar a sus trabajadores, desde 1983. “Este compromiso hoy se omite y vulnera su integridad como personas de la tercera edad, al poner en riesgo nuestro derecho a una vida digna”. Así han manifestado algunos de los extrabajadores.

Reconocemos el esfuerzo para encontrar como resolver el problema de la Unacar con sus trabajadores jubilados y pensionados, pues, luego que se acordara la aportación extraordinaria del gobierno del estado por 15 millones de pesos, para el pago a los jubilados sindicalizados, hasta lo correspondiente al mes de octubre. Los jubilados universitarios decidieron levantar el bloqueo y otorgar un voto de confianza al gobierno del estado, por lo que es necesario exhortar al gobierno del estado y a la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche para que garanticen el pago a los jubilados y pensionados, a fin de salvaguardar en todo momento sus derechos fundamentales.

Con motivo de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Campeche y al titular de la Secretaría de Educación Pública del estado para que informen a la brevedad esta soberanía sobre las gestiones que juntamente con la rectoría de la Universidad Autónoma del Carmen están llevando a cabo con la finalidad de garantizar en todo momento el pago de la pensión a los jubilados y pensionados de la Unacar.

Referencias

- Universidad Autónoma del Carmen; consultado en línea en:

https://www.unacar.mx

- Sandra Laffon Leal, nueva rectora de la rectora de la Universidad Autónoma de Carmen; consultado en línea en:

https://puntomedio.mx

- Jubilados toman Rectoría de la Unacar en exigencia del pago de prestaciones; consultado en línea en:

https://www.lajornadamaya.mx

- Campeche: Unacar adeuda siete meses a jubilados y pensionados; consultado en línea en:

https://www.lajornadamaya.mx

- Unacar debe 34 mdp a jubilados y pensionados; consultado en línea en:

https://www.lajornadamaya.mx

- Unacar y sindicato firman acuerdo contractual; consultado en línea en:

https://www.lajornadamaya.mx

- Contrato colectivo del trabajo; consultado en línea en:

https://www.unacar.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A DECLARAR UNA EMERGENCIA SANITARIA EN ACAPULCO POR EL INCREMENTO DE CASOS DE DENGUE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a declarar una emergencia sanitaria en Acapulco por el incremento de casos de dengue y para que, en coordinación con las autoridades locales, se intensifiquen las labores de fumigación, limpieza y abatización para eliminar la reproducción del mosquito transmisor y la propagación de esta enfermedad, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, senadoras y senadores Manuel Añorve Baños, Mario Zamora Gastélum, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Edith Anaya Mota, Claudia Esther Balderas Espinoza, Nancy de la Sierra Arámburo, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nadia Navarra Acevedo, Cecilia Sánchez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las autoridades sanitarias de Guerrero han manifestado su preocupación por el incremento rápido y excesivo de casos de dengue en la entidad, durante los últimos dos meses. Guerrero pasó de ocupar el 12o. lugar a ocupar el 5o. lugar nacional en incidencia de contagios por este padecimiento.

La secretaria de Salud de Guerrero, Aidé Ibarez Castro, ha señalado que el gobierno del estado está llevando a cabo trabajos de contención y que la situación está controlada. Lo anterior debido a que tienen registro de únicamente 14 defunciones por dengue y 55 personas hospitalizadas; además de la campaña permanente de fumigación en todo el estado.

Sin embargo, el personal médico experto en la materia ha señalado que la situación de dengue en Acapulco es crítica y que la realidad rebasa las cifras oficiales. Cientos de personas llegan a los diferentes hospitales presentando una serie de síntomas relacionados con el dengue, tales como vómitos, dolor de cuerpo, sangrados y en algunos casos, hemorragias internas, siendo los principales afectados niños menores de quince años.

La propia titular de la Secretaría de Salud de Guerrero reportó el pasado 29 de diciembre de 2023 un total de 7,579 casos sospechosos por confirmar y 1,772 casos confirmados, de los cuales 1,104 se concentraban en el puerto de Acapulco. Con corte al 5 de enero de 2024, se reportaron más de 3,600 contagios, de los cuales alrededor de 1,625 se instalaron en Acapulco, lo que supone que las condiciones en la que viven miles de acapulqueños después del huracán Otis, agudizaron en el problema. El propio director de Salud de Acapulco, Aniceto Leguizamo Dimas, destacó que el número de casos positivos al cierre del 2023 es mucho mayor a los registrados al cierre del 2022.

Los gobiernos estatal y municipal están haciendo su parte, al implementar operativos para combatir la reproducción del mosquito que ocasiona la enfermedad. Sin embargo, las autoridades federales en materia de salud no están haciendo nada al respecto, para revertir esta emergencia sanitaria.

Asimismo, el desabasto de agua potable en gran parte de la ciudad, el clima de la zona y los destrozos ocasionados por Otis en la mayoría de las viviendas, son factores propicios para la reproducción del dengue. La basura y el escombro ocasionados por Otis han ocasionado el alza de casos de dengue en Acapulco, por lo que es fundamental, que se tomen medidas urgentes para bajar este pico de contagios en las zonas de mayor riesgo de propagación, de no hacerlo, el número de casos positivos podría incrementarse e incluso triplicarse en los próximos días.

Pese a que la sede de la Secretaría de Salud federal se encuentra en el puerto, no hay acciones contundentes para atender este problema, dijo que no se tiene claro cuáles son las funciones del titular de la Ssa, ya que no se le ha visto recorriendo las colonias de Acapulco para conocer de manera directa el problema que está generando el dengue.

En los hospitales de la ciudad no hay disponibilidad de camas ni medicamentos, ya que estos están colapsados y no pueden brindar atención médica oportuna contra el dengue

Acapulco vive desde hace más de dos meses una crisis sanitaria, los hospitales del puerto están completamente desbordados y en condiciones insalubres generadas por el huracán Otis. La respuesta por parte del gobierno federal ha sido insuficiente y el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional recoge el clamor de la comunidad médica para hacer un llamado urgente a la Federación para que active una emergencia sanitaria por el incremento de casos de dengue en Acapulco y que en coordinación con las autoridades locales, se intensifiquen las labores de fumigación, limpieza y abatización para eliminar la reproducción del mosquito transmisor y la propagación del dengue.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a declarar una emergencia sanitaria Acapulco por el incremento de casos de dengue y para que, en coordinación con las autoridades locales, se intensifiquen las labores de fumigación, limpieza y abatización para eliminar la reproducción del mosquito transmisor y la propagación de esta enfermedad.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA PROFEPA, A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y TRATO ADECUADO DE LA JIRAFA BENITO, EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a realizar acciones correspondientes para mejorar las condiciones de vida y trato adecuado de la jirafa Benito, en el parque central de la ciudad de Chihuahua, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Jorge Álvarez Máynez, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El pasado 04 de mayo de 2023 en el Parque Central, uno de los centros recreativos más importantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, llegó un ejemplar de jirafa macho de 3 años de edad al que se nombró como Benito.

Benito fue trasladado desde un zoológico localizado en Culiacán, Sinaloa hasta el anteriormente mencionado, Parque Central. Esto con el motivo de atraer más visitantes a dicho parque, ya que anteriormente éste ya había albergado en sus instalaciones a otro ejemplar de jirafa macho, quien pasó 20 años en el lugar hasta el día de su fallecimiento.

Los visitantes y habitantes de Ciudad Juárez lamentaron la partida de la anterior jirafa, causando que eventualmente las asistencias al parque disminuyeran. Debido a lo anterior, la administración del Parque Central buscó reactivar el flujo de visitantes y es así que se tomó la decisión de adquirir a Benito.

Cabe mencionar que las jirafas son una especie longeva que en cautiverio, con cuidados y condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo pueden llegar a vivir hasta 30 años, sin embargo, a pesar de su larga expectativa de vida, actualmente son una especie en peligro de extinción; esto en gran parte se debe a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat.

Asimismo, para que esta especie pueda vivir de acuerdo a su expectativa de vida es necesario que vivan en un hábitat adecuado; ya que al ser animales de gran tamaño, es primordial que cuenten con un espacio amplio para correr y desplazarse, así como condiciones ambientales que ayuden a mantenerse saludables, con una alimentación especializada en las necesidades físicas de estos animales.

Respecto al caso de la jirafa Benito, las condiciones antes mencionadas no han sido proporcionadas para su vida digna, lo que ha llevado a que habitantes y activistas que han visitado a Benito en el Parque Central de Ciudad Juárez, notaran que el área en la que se encuentra no tiene los elementos esenciales para el bienestar de la jirafa, además de no contar con un espacio amplio para desplazarse ni estímulos que lo mantengan activo físicamente.

De la misma forma, en reiteradas ocasiones han denunciado que el parque no vigila la alimentación de Benito, ya que los visitantes pueden alimentarlo libremente con comida no apta para su consumo. Por otro lado, Ciudad Juárez se caracteriza por estar situada en un punto geográfico que propicia climas extremos, es decir, las temperaturas pueden llegar a alcanzar 45 grados centígrados y durante el invierno disminuir hasta menos 10 grados centígrados, por lo que la ciudadanía denunció que la jirafa no cuenta con un espacio apto para refugiarse del sol ni del frío.

Hasta el día de hoy, las denuncias continúan, no obstante, a mediados de 2023 se viralizó en redes sociales la imagen capturada por visitantes del parque en la que se podía apreciar que Benito no tenía sombra suficiente para cubrirse de las intensas temperaturas de calor y actualmente de las temperaturas frías que caen sobre Ciudad Juárez.

Debido a las denuncias de activistas y ciudadanía acerca de las condiciones en las que se encuentra Benito, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita a las estancias del parque el día 09 de junio, con la finalidad de inspeccionar las condiciones físicas en las que se encuentra Benito, las dimensiones del espacio que habita y documentación que acredite su legal procedencia. Posteriormente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Profepa señalaron que era necesario realizar una segunda visita para continuar la evaluación de las condiciones de la especie.

Derivado de lo anterior y tras las quejas de vecinos y ambientalistas, el Parque Central anunció que se realizarían adaptaciones al hábitat de la jirafa. Por ejemplo, el 21 de noviembre el gobierno de Chihuahua anunció la ampliación de la casa de Benito y el 09 de junio, un reporte médico del Parque Central consignó que la casa de Benito contaba con calefacción.

Sin embargo, la asociación Salvemos a Benito denunció públicamente que fue hasta finales de noviembre de 2023 que comenzaron a construir la calefacción y que para inicios de enero de este año no se encontraba terminado, a pesar de temperaturas bajo cero y nevadas

Derivado de dichas evaluaciones, los últimos días surgió la noticia sobre el posible traslado de Benito a las instalaciones del zoológico Africam Safari ubicado en el estado de Puebla, mismo que se había dado luego del proceso que Profepa realizó para asegurar a Benito para garantizar que tuviera un trato digno.

Al respecto, la Profepa reveló que luego de un procedimiento administrativo que determinó el aseguramiento precautorio de la especie, actualmente se encuentra en la etapa de apertura de alegatos, por lo que el inspeccionado cuenta con tres días hábiles para la formulación de estos y que transcurrido ese tiempo se deberá elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

Por su parte, el parque Africam Safari Puebla comunicó que estaba listo para recibir a Benito y que solo necesitaba el visto bueno de la autoridad federal. Sin embargo, Profepa comunicó que no es así y que las autoridades de Chihuahua son las responsables de la seguridad del ejemplar.

Además de afirmar que no es procedente referir al traslado de la jirafa, ya que es necesario que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, lo que es obligación ineludible del parque y no es suficiente solicitar la reubicación del ejemplar.

II. Finalmente, la Profepa, mediante un comunicado anunció que en relación con diversas notas informativas que se han publicado respecto a la jirafa Benito que se encuentra en el Parque Central, Ciudad Juarez, Chihuahua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se permite precisar que a diferencia de lo que en ellas se menciona, no se está en presencia de un último trámite para proceder a su traslado, sino que con motivo de diversas denuncias presentadas por colectivos ambientalistas y autoridades locales, así como por particulares, se realizó una visita de inspección.

Asimismo, que la visita tuvo por objeto conocer las condiciones en que se encuentra el ejemplar, en cuanto a trato digno y respetuoso, conociéndose que no se ha cumplido el Plan de Manejo a que debe sujetarse quien tiene autorización al respecto. Lo anterior dio lugar a que se asegurara precautoriamente el ejemplar, situación en la que se encuentra a la fecha, y se ordenó al parque, que llevará a cabo diversos actos para preservar su dignidad y condiciones de trato adecuado.

Los actos ordenados no se realizaron y dieron lugar a que el parque fuera emplazado a un procedimiento, después de dos visitas de verificación en las que se constató que no se ha cumplido con las acciones que la Procuraduría determinó que debían realizar para preservar su salud y condiciones adecuadas en cuanto a su trato digno.

Además, la Profepa aseguró que el parque no sólo está obligado a cumplir con las obligaciones que asumió al adquirir dicho ejemplar, lo que no ha hecho, sino que además se encuentra sujeto al procedimiento mencionado, en el que se emitirá la resolución correspondiente en el transcurso de esta semana, la que deberá acatar. No es procedente hacer referencia a su traslado, pues es necesario, desde el punto de vista técnico y científico que se tomen medidas para preservar la salud y condiciones de vida digna, lo que es obligación del Parque Central sin que haya lugar a eludirlas, pues no es suficiente con solicitar simplemente, el cambio de depositaría en que se encuentra el ejemplar.

Antes de adquirir un ejemplar de vida silvestre, las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre y los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre de Forma Confinada Fuera de su Hábitat Natural, deben tener en cuenta que deberán llevar a cabo ineludiblemente las acciones a las que se comprometen en el Plan de Manejo correspondiente, pues no es posible pasar por alto que de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, todos los habitantes del país deben conservarla y que queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación.

Por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta cámara la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Chihuahua, para que, con base en sus atribuciones, realicen de manera urgente las acciones correspondientes para cumplir con el plan de manejo a que debe sujetarse, con la finalidad de dar a la jirafa Benito condiciones de vida digna y de trato adecuado, que incluya un espacio amplio para su desarrollo que le permita desplazarse y tener estímulos que lo mantengan activo físicamente, así como una alimentación especializada y condiciones ambientales que lo protejan de climas extremos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Chihuahua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, con base en sus atribuciones, tomen las medidas necesarias para preservar la salud de la jirafa Benito, mediante una evaluación respecto a la salud actual de la jirafa ante los posibles padecimientos que pueda sufrir, así como su condición física y mental.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Chihuahua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, con base en sus atribuciones, ofrezcan las condiciones necesarias que hagan posible el traslado inmediato de la jirafa Benito al parque Africam Safari, ubicado en Puebla.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que lleve a cabo una inspección detallada al Parque Central en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se verifique que los protocolos implementados, en dicho lugar, garanticen el bienestar animal de las especies que ahí habitan; y de no ser así, se realicen las acciones necesarias para tal fin.

Notas

1 “Alza la voz PETA por jirafa Benito”, El Diario mx. Disponible en:

https://diario.mx/juarez/alza-la-voz-peta-por-jirafa-benito-2023 0915-2099207.html

2 “¿Quién es Benito? La jirafa de Ciudad Juárez que se enfrenta al extremo calor de la frontera”, El Heraldo de Juárez. Disponible en:

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/quien-es-benit o-la-jirafa-de-ciudad-juarez-que-se-enfrenta-al-extremo-calor-de-la-frontera-10 299779.html

3 “Las jirafas, en peligro de extinción”, Heraldo. Disponible en:

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2023/10/24/jirafas -peligo-extincion-1686487.html

4 “Activistas denuncian que jirafa Benito sufre una muerte lenta en Parque Central, Ciudad Juárez”. El Financiero. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/07/07/activistas-de nuncian-que-jirafa-benito-sufre-una-muerte-lenta-en-parque-central-ciudad-juare z/

5 “La foto de Benito cubriéndose del sol que enojó a todo México”. El Heraldo de Juárez. Disponible en:

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/juarez/quien-es-benit o-la-jirafa-de-ciudad-juarez-que-se-enfrenta-al-extremo-calor-de-la-frontera-10 299779.html

6 Profepa inicia proceso para rescatar a la jirafa “Benito” tras varios meses de vivir en malas condiciones. Infobae. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2024/01/07/profepa-inicia-proceso -para-rescatar-a-la-jirafa-benito-tras-varios-meses-de-vivir-en-malas-condicion es/

7 Profepa inicia proceso para rescatar a la jirafa “Benito” tras varios meses de vivir en malas condiciones. Infobae. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2024/01/07/profepa-inicia-proceso -para-rescatar-a-la-jirafa-benito-tras-varios-meses-de-vivir-en-malas-condicion es/

8 Jirafa Benito se queda en el frío: no procede el traslado pese a malas condiciones, afirma Profepa. Aristegui Noticias. Recuperado de:

https://aristeguinoticias.com/0801/mexico/jirafa-benito-se-queda -en-el-frio-no-procede-el-traslado-pese-a-malas-condiciones-afirma-profepa/

9 Ídem.

10 Respecto a la jirafa Benito que se encuentra en el Parque Central, Ciudad Juarez, Chihuahua. Profepa. Recuperado de:

https://www.gob.mx/profepa/prensa/respecto-a-la-jirafa-benito-qu e-se-encuentra-en-el-parque-central-ciudad-juarez-chihuahua

11 Respecto a la jirafa Benito que se encuentra en el Parque Central, Ciudad Juarez, Chihuahua. Profepa. Recuperado de:

https://www.gob.mx/profepa/prensa/respecto-a-la-jirafa-benito-qu e-se-encuentra-en-el-parque-central-ciudad-juarez-chihuahua

12 Ídem.

13 Ídem.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SSPC Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A REFORZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA CIVIL, ANTE LOS ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a reforzar las condiciones de seguridad pública civil, ante los altos índices de criminalidad y violencia prevalecientes en todo el territorio nacional, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. En México cada vez son más los estados que son controlados por grupos delictivos y el narcotráfico, dejando a la deriva a los miles y millones de mexicanos que residen en los diferentes estados del país.

Incumpliendo los Ejecutivos estatales con el mandato constitucional de reforzar a las policías estatales para garantizar una mejor protección y profesionalización del equipo policiaco en nuestro país.

A falta de este incumplimiento estados como Chiapas, Guanajuato, Guerrero y Tabasco han registrado sucesos violentos donde la policía no se hace presente.

Chiapas

A finales del año pasado pobladores de los municipios de Bella Vista y la Grandez, Chiapas denunciaron extorsiones de los cárteles de la droga que controlan esa zona cercana a la frontera con Guatemala.

Son los mismos vecinos de esta región quienes afirmaron que el pasado 22 de diciembre de 2023 aparentes integrantes del Cártel de Sinaloa amenazaron y cortaron los servicios de agua, luz e internet para obligarlos a trabajar para este grupo delictivo.

Pese a que en esta región existe la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano las extorsiones y amenazas no terminan, no obstante familias han tenido que dejar sus hogares por miedo a sufrir represalias.

Se sabe que al menos 4 grupos delictivos son los que se encuentran operando en el estado de Chiapas entre los que se encuentra, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Huistas, un grupo de Guatemaltecos dedicados al tráfico de drogas y la Mara Salvatrucha.

No obstante la presencia de estos grupos delictivos ha originado que sean ellos mismos quienes lleven a cabo el famoso “censo de familias” con el objetivo de reclutar más personas a sus filas. Al menos 60 familias de Motozintla de Mendoza y Mazapa, Chiapas abandonaron sus hogares en septiembre de 2023 luego de que el narco los obligan a unirse a sus filas con la finalidad de ayudarlos en los bloqueos carreteros y “guardias” para vigilar las actividades de otros grupos rivales.

Incluso la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documentó enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Sinaloa cerca de la frontera con Guatemala, una región que durante el año pasado quedó en medio de la disputa entre estos dos cárteles.

Guanajuato

El pasado domingo 7 de enero de 2024 se registraron balaceras, quema de vehículos y bloqueos carreteros en Guanajuato, además de la muerte de un bombero de Celaya luego de que fuera atacado por delincuentes, mientras iba a atender los incendios provocados

LA violencia fue a raíz del presunto arresto de un líder del Cártel Santa Rosa de Lima, pues hasta el momento se han registrado al menos 15 vehículos en diferentes zonas de la ciudad de Celaya quemados por parte de este grupo criminal.

Se sabe que fueron sujetos armados quienes despojaron a civiles de sus automóviles para después incendiarse esto provocó bloqueos en carreteras.

Hasta el momento continúan los ataques y bloqueos carreteros en Guanajuato perjudicando a miles de familias que residen en estos estados y exponiendolos a una ola de violencia de las cuales no se toman medidas para frenarlas.

Guerrero

El viernes 5 de enero llegaron a Tlacotepec, municipio del estado de Guerrero, pobladores provenientes de la comunidad de Buenavista de los Hurtado, del municipio Heliodoro Castillo, reportando que la noche del jueves se habían realizado ataques con drones artillados y bombas dirigido a pobladores. El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello estima que son 30 personas fallecidas hasta el momento, sin embargo esta cifra no ha sido confirmada por el gobierno estatal.

Después del reporte recibido en Tlacotepec, el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello e instituciones gubernamentales de seguridad se dirigieron a la comunidad afectada, encontrando un vehículo que contenía un número indeterminado todavía de cuerpos calcinados.

El ataque se atribuye a un enfrentamiento entre dos grupos delictivos denominados La Familia Michoacana y “Los Tlacos”, quienes se disputan el control de la zona. El director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez precisó que el área de Buenavista de los Hurtado prácticamente no cuenta con presencia policial, por lo que los habitantes han tenido que hacer frente a los ataques y violencia por sí mismos.

Tabasco

El 23 de diciembre de 2023 en diferentes puntos del Estado de Tabasco se dieron hechos violentos con la quema de automóviles, comenzaron los robos a las tiendas de autoservicio y conveniencia, así como gasolineras y negocios nocturnos, quienes optaron por cerrar sus puertas. Para el cierre de la edición se reportaba lo siguiente:

- Nacajuca, Pyasur: 2 autos

- Cedro, Nacajuca en “El Manguito”: 2 autos

- Fraccionamiento Cedros: 1 auto

- Saloya 2.ª sección: asalto a Bodega Aurrerá

- Ranchería “La Cruz” de Nacajuca: 1 auto

- Calle Ignacio Ramírez en Nacajuca: 1 auto

- Poblado C 31, Huimanguillo: camioneta abandonada.

- Avenida Lázaro Cárdenas, Paraíso: 1 auto calcinado.

- Calle Juan santo Romero, Paraíso: 1 auto

- Carretera Paraíso a Comalcalco: 1 auto

- “La venta”, Huimanguillo: 3 autos

- Cabezal del puente La venta Ejido “La Ceiba”: 2 autos

- Ejido “La Ceiba” carretera federal: 2 autos

- Ranchería Monte Adentro, Paraíso: 1 auto

- Parque Central de Tacotalpa: 1 motocicleta incendiada

- Carretera Villahermosa — Frontera, km 14: 2 autos

- Carretera Villahermosa — Cárdenas: 4 autos

- Comalcalco: 1 narcomanta, 2 desaparecidos y un civil baleado

- Motines en penales de Centro, Huimanguillo, Cárdenas y Comalcalco

- Penal de Centro: 1 fallecido

- Penal de Huimanguillo: 1 fallecido

Asimismo, el pasado 4 de enero en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, fue escenario de una serie de asaltos a mano armada a diversos establecimientos comerciales, que desencadenó una ola de violencia que ha dejado a la comunidad sumida en la inseguridad, pues de acuerdo a diversos medios de comunicación en las calles prevaleció el pánico ante personas civiles que comenzaron a saquear tiendas en la Ciudad. Hubo cierre de vialidades durante dos horas dejando daños materiales y asaltos en diversos puntos.

I. Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública.

El 20 de noviembre de 2018, diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio turno a la Comisiones de Puntos Constitucionales y para opinión la de Gobernación y Población y de Seguridad Pública.

El día 12 de diciembre de 2018 a propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ante la Junta de Coordinación Política, y como parte de un ejercicio de Parlamento Abierto -como siempre lo ha hecho conforme a su Agenda Legislativa- se realizó el foro denominado “La Guardia Nacional, y otras propuestas en materia de Seguridad Pública: Retos y perspectivas”, donde se cuestionó la viabilidad y las contradicciones de la iniciativa presentada, con las reformas realizadas tras la creación de la Secretaría de Protección y Protección Ciudadana, por lo que se solicitaba un marco legal integral conforme a las prioridades de agenda pública en materia de seguridad pública.

El 3 de enero de 2019 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario de sesiones para la discusión y aprobación de la Guardia Nacional fijándose para el día 16 de enero de 2019; previo a esta fecha se realizaron las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, donde diversos legisladores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano destacaron la naturaleza jurídica de los cuerpos de seguridad pública y los militares, así como las capacidades institucionales que debían prevalecer en cada una de estas, en materia de detención y persecución de los delitos, así como su capacitación y fortalecimiento.

Una característica fundamental previa a la discusión del Dictamen en materia de Guardia Nacional fue que todas las funciones, tanto de conducción y de mando fuera de carácter civil, ante la crisis sustantiva de inseguridad que prevalece en el país, y con ello establecer claramente que los protocolos de seguridad pública estén enfocados en el respeto de los derechos humanos y con capacidad de reacción ante cualquier eventualidad, ya sea por caso fortuito o de fuerza mayor, fortaleciendo a las y los elementos de seguridad pública.

Tras la aprobación de esta Cámara de Diputados se envía la minuta en el Senado de la República, quien la recibió el 17 de enero de 2019: “la Cámara de Senadores recibe la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”. La Mesa Directiva del Senado de la República turnó la minuta de referencia a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Tras un proceso de parlamento abierto entre el 11 al 15 de febrero de 2019, el 16 de febrero de 2019, la Comisión de Puntos Constitucionales recibió el documento con las conclusiones por mesas temáticas, derivadas de las Audiencias Públicas en torno a la creación de la Guardia Nacional.

Se determinó lo siguiente:

Al haber definido con claridad que la Guardia Nacional será un cuerpo civil, el quinto transitorio queda sin efecto y por ello se elimina. En este sentido, queda sin efectos la previsión de que por un periodo máximo de cinco años la Guardia Nacional dependería de la secretaría de la defensa nacional, caso que fue no fue aceptado por los partidos de oposición que estan en contra de la militarización de la Seguridad Pública; y,

En el artículo séptimo transitorio, se añade la obligación de fortalecer y capacitar a las policías estatales y municipales, de carácter civil.

El 28 de febrero de 2019 la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó la aprobación de las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores y turnándose al pleno para su discusión y aprobación, precisando las mismas en lo sucesivo:

- Fortalecer el carácter civil de la Guardia Nacional. Se propuso que la Federación contará con una institución policial de carácter y dirección civil denominada Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas y la preservación de los bienes y recursos de la nación. También, que la ley determinaría la estructura orgánica de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría del ramo de seguridad, y tendría una Junta de Jefes de Estado Mayor compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, de Defensa Nacional y de Marina.

- La dependencia del ramo de seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones. En tanto, la dependencia del ramo de la Defensa Nacional dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, la disciplina, el régimen de servicios, los ascensos, las prestaciones, el ingreso, la profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades, y que las tareas de la Guardia Nacional están homologadas a los que se aplican en el ámbito de la fuerza armada permanente. La formación, la capacitación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, se aprobó constitucionalmente lo siguiente:

1) Los detenidos deberán ser puestos a disposición en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan;

2) Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional;

3) La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, estas dos últimas actuarán bajo la conducción jurídica del primero en el ejercicio de esta función;

4) La seguridad pública es una función a cargo de la Federación a través de las instituciones que para tal efecto dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tanto de las Entidades Federativas como de los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones;

5) El Ministerio Público, la Guardia Nacional y las instituciones policiales deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al que las entidades federativas y los municipios, a través de sus órganos de policía, deberán suministrar la información de que dispongan en la materia;

6) En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Aérea, en la Armada ni en la Guardia Nacional;

7) Para ser diputado o Presidente de la República se requiere no estar en servicio activo en la Fuerza Aérea, en la Armada ni en la Guardia Nacional;

8) El Congreso tiene la facultad para expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización, operación y evaluación de la Guardia Nacional. Así como expedir la Ley General del Uso Legítimo de la Fuerza garantizando el respeto de los derechos humanos;

9) Son facultades exclusivas del Senado analizar el informe anual que el Presidente de la República le presente sobre las actividades de la Guardia Nacional;

10) Los miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional se regirán por sus propias leyes;

11) El Estado proporcionará a los miembros en activo de la Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional en lo que resulte aplicable, las prestaciones a que se refiere el inciso f), fracción XI del Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

12) Los delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional serán conocidos por la autoridad civil competente y, por otro lado, las faltas y los delitos contra la disciplina militar serán conocidas por las autoridades y tribunales militares que correspondan.

En los artículos transitorios se implementa lo siguiente:

a) El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

b) Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto el Congreso de la Unión expedirá la Ley de la Guardia Nacional;

c) Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto el Congreso de la Unión expedirá las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones;

d) La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el presidente de la República;

e) El Sistema Nacional de Seguridad Pública implementará un esquema de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales bajo objetivos cuyos resultados sean verificables;

f) Se establece un plazo de 30 días posteriores al tercer año de la constitución de la Guardia Nacional para que el Ejecutivo federal envíe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión una evaluación integral del desempeño de la Guardia Nacional, así como de los resultados que en materia de seguridad se hayan obtenido.

g) Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del Informe a que hace referencia en la fracción IV del artículo 76.

Ahora bien, en semanas recientes la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública, en atención con lo dispuesto en los Acuerdos aprobados en las Cámaras del Congreso de la Unión, y conforme lo establece el numeral 2 del artículo 4 y el artículo 9 del Reglamento Interno de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública realizó el dictamen en preciso señalar lo siguiente:

El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública, funge como un instrumento de rendición de cuentas que tiene por objeto dar cuenta de las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública, así como de los esfuerzos de coordinación de dependencias, entidades y organismos federales, estatales y municipales, que comprende los resultados del 19 de noviembre de 2022 al 19 de mayo de 2023, incorporando el avance de indicadores cuantificables y verificables siguientes :

Se informa el despliegue de 79 mil 399 efectivos de la Fuerza Armada permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de Seguridad Pública.

- Vigilancia de los 3 mil 175 kilómetros de la frontera norte y 959 kilómetros de la frontera sur.

- Vigilancia de los 11 mil 122 kilómetros del litoral y más de 3 millones de kilómetros cuadrados de mar territorial y zona económica exclusiva.

- Seguridad en poblaciones y ciudades en donde se presenta actividad de la delincuencia organizada.

- Seguridad en aduanas y puertos.

- Seguridad y vigilancia del espacio aéreo.

- Apoyo a la población en caso de desastres.

Del Ejercito Mexicano de las operaciones militares que se desarrollan en el territorio nacional se derivan de las cinco Misiones Generales del Ejército y Fuerza Aérea. Actualmente mantiene 59 mil 217 elementos apoyando a la Guardia Nacional y un despliegue de 1590 efectivos en 83 instalaciones, de las paraestatales siguientes: PEMEX con 1,534 en la seguridad y vigilancia de doce de sus duetos; CFE; CONAGUA; CEN EGAS; I.N.I.N; Y CASA DE La MONEDA.

La Fuerza Aérea Mexicana La vigilancia del Espacio Aéreo Nacional a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana se materializa con 1,107 elementos, 334 aeronaves y un sistema de radares, para llevar a cabo actividades de vigilancia y reconocimiento; disponiendo además de fuerzas de reacción para atender alertamientos aéreos.

El despliegue operativo del personal de la Armada de México, asignado a tareas de Seguridad Pública, abarca 21 Entidades Federativas (los 17 estados costeros, EDOMEX, Puebla, Morelos y CDMX) y 38 municipios. El Estado de Fuerza destinado a estas labores fue de 20 mil 182 elementos, de los cuales 3, 480 están comisionados a dependencias de Seguridad Pública; 16 mil 702 son elementos de los Batallones, Compañías Independientes, Unidades Navales de Protección Portuaria que realizan y coadyuvan en actividades de Seguridad Pública.

Informan que las operaciones para combatir el narcotráfico que permitieron las detenciones de 5 mil 668 personas; el aseguramiento de más de 26 mil 375 kilogramos de cocaína, 44 mil 387 kilogramos de marihuana, 155 mil 967 kilogramos de metanfetamina y más de mil 238.72 kilogramos de fentanilo.

Así como la incautación de 6 mil 255 vehículos utilizados para el trasiego de drogas y más de 58.2 millones de pesos, además de 63.3 millones de dólares americanos. Destacan el aseguramiento de 4 mil 973 armas, 383 granadas, así como 543 mil 2023 cartuchos y 18 mil 240 cargadores.

Se informa sobre la identificación y clausura de mil 682 tomas clandestinas y el decomiso de 3 millones 554 mil 579 litros de hidrocarburo extraído de forma ilegal. Informan la presencia operativa con la Fuerza Armada permanente en las fronteras norte y sur y a lo largo de los litorales del territorio nacional, como se resguardó la infraestructura estratégica del país, y se brindó apoyo a la población damnificada por algún desastre con las operaciones del Plan DN-111-E y Plan Marina.

Funciones de la Fuerza Armada Permanente en tareasde Seguridad Pública

Índices de letalidad. La Fuerza Armada ha recibido 231 agresiones resultando 140 personas agresoras fallecidas contra 197 agresoras heridas y detenidas. teniendo como índice de letalidad de menos 57, siendo esto favorable para la Fuerza Armada permanente desplegada en apoyo a las autoridades de Seguridad Pública.

Auxilio a la población civil. Durante este periodo se atendieron 586 eventos y las acciones realizadas permitieron la atención a emergencias provocadas por sismos, lluvias e incendios, así como el rescate de personas.

Índice de percepción de aceptación de las Fuerzas Armadas. Cuenta con un nivel de percepción de confianza de 87.1 por ciento.

Capacitación en Derechos Humanos. La Defensa Nacional no señala cuántos elementos se capacitaron. La Marina 9 mil 149 elementos navales se capacitaron en materia de derechos humanos. Mediante la plataforma EDUCA-CNDH se capacitó sobre Prevención de la Tortura a 267 elementos navales de las diferentes jerarquías, cuerpos y servicios; asistieron 17 elementos navales para el curso El procedimiento de investigación de violaciones de derechos humanos, en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, violencia laboral y discriminación 7 mil 255 elementos navales.

Capacitación en doctrina policía civil. La Defensa Nacional tiene 12 centros de adiestramiento de combate individual, durante este periodo se han capacitado 6150 elementos en la primera fase y se capacitaron a 254 elementos navales que realizan tareas de apoyo a la Seguridad Pública.

Observaciones de la Bancada Naranja.

- No ha incidido en disminuir los altos índices de criminalidad o letalidad.

- No existen datos de la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la CDMX cuales fueron el alcance de su intervención, ni mucho menos que beneficios trajo para evitar los “incidentes” que se viven a diario.

- No señala cuántos elementos de la Defensa Nacional ha tenido capacitación en derechos humanos a diferencia de la Marina.

- No se especifican los alcances presupuestarios en materia de fortalecimientos de las policías de las entidades federativas, incluso responsabilizan la falta de información, cuando ésta es obligación del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, es importante destacar que dicha información señala únicamente responsabilizan a las y los elementos de seguridad pública a nivel estatal y municipal de los actos o hechos de violencia del país, mientras que la federación no se responsabiliza de dejarlos sin equipamiento, capacitación o los elementos mínimos para hacer frente a la criminalidad del país.

En este sentido vale la pena señalar que nuestra Constitución señala claramente las funciones y atribuciones de las instituciones de Seguridad Pública y las que tienen las fuerzas armadas. En esta administración ha habido un abandono institucional y presupuestal de los elementos de seguridad pública al mismo tiempo que se han incrementado sustancialmente los recursos para los militares. No estamos en contra del Ejército sino a favor del respeto fundamental de las actividades civiles y de las militares.

El 93.8 por ciento de los elementos provenientes de la Sedena no cuentan con formación inicial policial como establece en esencia la creación de la Guardia Nacional. Esta subordinación de la Guardia Nacional implica que quedará en mandos castrenses y que la regulación ilegal por medio de un decreto pone en peligro a los principios subsidiarios de estados de excepcionalidad. Es decir que los elementos de la Guardia Nacional tendrán actuaciones y funciones militares que debilitan las capacidades de seguridad pública de las entidades federativas.

La operatividad y despliegue territorial deberían estar subordinadas al carácter institucional de seguridad pública en el ámbito federal. Caso contrario a lo que sucede al dejar más actividades al ejército. El ejército debe estar cuidando otro tipo de actividades como son las amenazas que vulneren nuestra soberanía nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana para que con base a sus atribuciones legales se dé cumplimiento al mandato constitucional en el decreto: “en el decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de guardia nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019”, reformado el 18 de noviembre de 2022, respecto el uso de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública”. En materia de fortalecimiento en materia presupuestal de las y los policías en el territorio nacional, en que en coordinación con sus homólogas de las entidades federativas se emprenda un programa para la integración de recursos específicos al fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en el país.

Notas

1 Narco en Chiapas corta agua y luz a pobladores para obligarlos a unirse a sus filas. Infobae. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2023/12/28/narco-en-chiapas-corta -agua-y-luz-a-pobladores-para-obligarlos-a-unirse-a-sus-filas/

2 idem

3 Guerras del narco en guerrero y Chiapas desplazaron a miles de personas en 2023. Infobae. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2024/01/04/guerras-del-narco-en-g uerrero-y-chiapas-desplazaron-a-miles-de-personas-en-2023/

4 Reportan 15 narcobloqueos en Guanajuato tras detención de Líder criminal. La Jornada. recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/07/estados/reportan-n arcobloqueos-en-guanajuato-tras-detencion-de-lider-criminal-2107

5 “Arde” Guanajuato: Reportan narcobloqueos y balaceras en Celaya. El Financiero. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2024/01/07/arde-guanajua to-reportan-narcobloqueos-y-balaceras-en-celaya/

6 Guerrero: denuncian ataque con drones en Heliodoro Castillo, La Jornada, Sergio Ocampo Arista, recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/05/estados/guerrero-d enuncian-ataque-con-drones-en-heliodoro-castillo-7596

7 Autoridades del estado mexicano de Guerrero investigan presunto ataque con drones en la comunidad de Buenavista de los Hurtado, CNN, Natalia Cano, Michael Rios, recuperado de:

https://cnnespanol.cnn.com/2024/01/06/autoridades-guerrero-inves tigan-presunto-ataque-drones-buenavista-hurtado-orix/

8 Estos fueron los daños que dejó la noche violenta en Tabasco, Tabasco Hoy, Alejandro Chacón, recuperado de:

https://www.tabascohoy.com/estos-fueron-los-danos-que-dejo-la-no che-violenta-en-tabasco/

9 Ola de asaltos en Villahermosa desata pánico; Detienen a 8 presuntos responsables, Lopez Doriga Digital, 4 de enero de 2024, recuperado de:

https://lopezdoriga.com/nacional/ola-asaltos-villahermosa-panico -detienen-8-presuntos-responsables/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA CÁMARA DEL SENADORES, A REALIZAR EL NOMBRAMIENTO DE LAS MAGISTRATURAS VACANTES EN LAS SALAS REGIONALES Y EN LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LOCALES EN MATERIA ELECTORAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Senado de la República a realizar el nombramiento de las magistraturas vacantes en las Salas Regionales y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral, a cargo del diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Braulio López Ochoa Mijares, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Senado de la República para que, en atención a las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice en cuanto sesione el nombramiento de las magistraturas vacantes en las Salas Regionales y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral, en el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A la fecha, el Senado de la República ha sido omiso a nombrar 49 magistrados electorales. Esto, a menos de seis meses de la renovación de más de 20 mil cargos públicos, entre ellos la presidencia de la República. Resulta preocupante que a lo largo del segundo año de trabajo de la LXV legislatura, no se haya logrado alcanzar un consenso entre las diferentes fuerzas políticas para nombrar a las y los magistrados electorales estatales (42), regionales (5) y de la Sala Superior (2), siendo estos últimos los encargados de calificar la elección presidencial el próximo año.

Esta situación refleja que la falta de consensos y construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas representativas en el Senado de la República puede poner en riesgo pilares democráticos. En este sentido, el retraso en los nombramientos de las magistraturas en la Sala Superior en las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en los Organismos Jurisdiccionales Locales, desencadena procesos de que ponen en riesgo los principios democráticos bajo los cuales deben llevarse a cabo los procesos electorales, como los establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad. Por lo que, para mitigar los riesgos para el proceso electoral del 2024, esta situación debe ser atendida de manera urgente por parte del Senado de la República, y así, evitar caer en una situación que ponga en riesgo el desarrollo y los resultados del Proceso Electoral 2023-2024, el más grande de la historia de nuestro país.

Los supra citados nombramientos, deberán respetar las disposiciones legales establecidas en los distintos instrumentos jurídicos:

- De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los nombramientos que se realicen para ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial deberán cumplir con los requisitos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (señalados en el artículo 95 constitucional) durarán en su encargo nueve años de manera improrrogables.

- Asimismo, las y los magistrados electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que no pueden ser menores a los que se exigen para ocupar las magistraturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. También durarán en su encargo nueve años improrrogables.

- En cuanto a las 42 Magistraturas pendientes de nombrar en los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral, debe recordarse que la composición de las magistraturas debe observarse que sea paritaria, y que el género mayoritario debe alternarse para lograr tal fin, lo cual ha sido reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en distintas sentencias. Esto, además de que deberán respetarse los requisitos señalados en el artículo 115 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En la actualidad, el Senado de la República ha viciado de manera sistemática la falta de nombramientos de funcionarios públicos, por ejemplo, se ha llegado a dejar inoperante al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ante la omisión de designar a sus comisionados faltantes desde el 2022. Nuestro control parlamentario no puede seguir viéndose debilitado ante la obstrucción de generar consensos, cuyas consecuencias impactan en la preservación de nuestro Estado democrático.

El caso exhibido en la presente exposición de motivos es una muestra más de este vicio político que debe de ser resuelto para no dejar inoperante las posibles resoluciones democráticas que vayan a acatarse en el proceso electoral del próximo año.

Considerando necesario sumar esfuerzos desde esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al Senado de la República para que, en atención a las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice en cuanto sesione el nombramiento de las magistraturas vacantes en las Salas Regionales y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los Órganos Jurisdiccionales Locales en materia electoral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2024.– Diputado Braulio López Ochoa Mijares (rúbrica).»

Se turna a la Cámara de Senadores para su atención.

GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO EN EL CASO DE FEMINICIDIO DE MARÍA FERNANDA REJÓN MOLINA, EN MORELOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública de dicha entidad a garantizar el debido proceso en el caso de feminicidio de María Fernanda Rejón Molina, suscrita por la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos, a la Fiscalía General del estado de Morelos y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de María Fernanda Rejón Molina”, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Contexto de los feminicidios en México y en Morelos.

1. El contexto de los feminicidios en México es complejo y abarca diversos factores sociales, económicos, culturales y políticos. La violencia de género, y el mayor signo de su expresión, los feminicidios, ha sido un problema persistente en el país y ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.

Las mujeres, en particular, hemos sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica en diferentes contextos, desde el ámbito doméstico hasta situaciones de violencia generalizada, ya no nos sentimos seguras de salir a las calles, de usar el transporte público o de tener una relación afectiva sin que ello conlleve violencia de por medio, esto tiene que parar.

En el estado de Morelos se reportaron a través de la sociedad civil 91 feminicidios en el 2023 sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reconocen solo 41 feminicidios de enero a noviembre de 2023, lo cual coloca en un vergonzoso segundo puesto a Morelos en este delito por cada cien mil habitantes y en el sexto lugar más peligroso nivel nacional para las niñas y mujeres.

La impunidad y la falta de justicia en el estado y en el país son los desafíos más significativos, la impunidad asociada con los casos de feminicidio da como resultado que los perpetradores no enfrentan consecuencias legales. La falta de justicia contribuye a la perpetuación de la violencia de género.

Se debe de otorgar la importancia que se merece al combate a la violencia de género, implementando políticas públicas que den un tratamiento estructural al problema, se deben destinar recursos a esta causa, se debe dar tolerancia cero a la violencia contra las mujeres y evaluar la estrategia actual de seguridad que lo único que está dando como resultado es un mayor número de feminicidios.

II. Asesinato de María Fernanda Rejón Molina

1. María Fernanda Rejón Molina tenía 32 años, era artista, activista cultural y feminista. Estudió la Licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde se especializó en Reciclaje y Eco-Diseño. Dedicaba gran parte de su tiempo a la pintura, el dibujo, la ilustración y el grabado. La libertad de la mujer, la espiritualidad, la sexualidad y la diversidad eran los temas centrales de su obra. Colaboró con organizaciones como la Fundación Comunidad AC, donde coordinaba proyectos e impulsaba la formación de jóvenes en la gestión cultural y en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos.

La información que se tiene actualmente es escasa pues se continúa en proceso de investigación, lo que se conoce es derivado de los medios de comunicación, se sabe que la última vez que se tuvo contacto con ella fue el jueves 21 de diciembre en Tepoztlán, iría a Cuernavaca para una reunión, pero nunca llegó a su destino.

El cuerpo de María Fernanda fue localizado por la Fiscalía General del Estado en la autopista México-Acapulco a la altura de la colonia Adolfo López Mateos el pasado sábado 23 de diciembre, sin embargo, fue el viernes 29 de diciembre que se identificó y se informó a sus familiares.

A partir de la fecha de identificación las colectivas y movimientos feministas como Divulvadoras, Las nombramos bordando, La palabra labra, Jijas del Maíz, Feminismo_mex, Crianza Feminista, entre otras, así como personas de la sociedad civil, comenzaron a socializar imágenes que pugnaban “Por un 2024 con justicia y paz para las mujeres. #justiciaparamafer” y el 07 de enero de 2024 anunciaron la lectura de un “Pronunciamiento de Justicia para Mafer” el día 08 de enero del mismo año; este pronunciamiento fue leído afuera del Palacio de Cortés en Cuernavaca, Morelos en la fecha anunciada, fue firmado por más de 171 colectivos y 850 personas físicas hasta el corte de la lectura, aunque más personas han pedido sumarse.

III. Reforma Constitucional en materia de derechos humanos

1. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.

Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.

2. De las modificaciones realizadas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica y, en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la CPEUM, el Estado Mexicano tiene la obligación de observar los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que sea parte.

3. Estas reformas dan paso a las originadas por las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 554/2013, caso Mariana Lima y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que señala que es obligatorio que todas las muertes violentas tienen que ser reconocidas en primera instancia como feminicidios.

IV. Acceso a la justicia y debido proceso

1. El acceso a la justicia es un derecho humano protegido por diversos instrumentos internacionales de los que México es Estado Parte. Asimismo, se encuentra garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El acceso a la justicia se puede definir como “... la obligación del Estado consistente en garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales, en condiciones de equidad, y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.”

Es un derecho fundamental que se considera la piedra angular para la protección de los derechos humanos que permite a las personas acudir a los tribunales para hacer valer y respetar los mismos.

En ese sentido, el poder judicial es el depositario de la confianza de todas las personas y la última instancia para que sus derechos sean garantizados a través de una tutela judicial efectiva.

2. De la misma forma, se trata de un asunto que trasciende del ámbito normativo y que incide directamente en la conformación de la democracia constitucional como régimen político. El acceso efectivo a la justicia establece mecanismos a través de los cuales puede garantizarse la normalidad democrática, así como sancionarse cualquier hecho ilícito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la siguiente interpretación sobre el derecho humano referido a través de la siguiente jurisprudencia:

“Por otro lado, la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han precisado que la obligación de los estados no sólo es negativa —de no impedir el acceso a esos recursos—, sino fundamentalmente positiva, esto es, a través de la organización del aparato institucional, de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. De igual manera, han reconocido como componentes del debido proceso el derecho a contar con una decisión fundada relativa al fondo del asunto, así como el derecho al plazo razonable del proceso. Con base en esos estándares constitucionales y convencionales, es de suma relevancia que los Estados remuevan cualquier obstáculo que limite la posibilidad de acceso a la justicia completa”

Esto significa que la consolidación de la justicia como derecho humano depende no sólo de eliminar cualquier obstáculo ejercido desde el Estado, sino de una promoción activa de esta norma fundamental.

En el caso del derecho humano de acceso a la justicia, México forma parte de diversos instrumentos internacionales para su protección, entre ellos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948)

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966)

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

3. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 17. ...

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]”

El objetivo del presente punto de acuerdo es alzar la voz, que en Morelos se sepa que desde la Cámara de Diputados estamos al pendiente de la investigación y en disposición de colaborar en lo que beneficie a los derechos de María Fernanda y todas las víctimas de feminicidio que aún no alcanzan justicia. Un mensaje de apoyo a las familias de las mujeres y niñas víctimas de este delito, a las colectivas feministas, a las instituciones que luchan por la vida de las mujeres, no están solas.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Morelos, para que realice las acciones competentes a su cargo en relación a la investigación del feminicidio de María Fernanda Rejón Molina y las acciones de prevención del delito de feminicidio dentro de la administración pública estatal.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Morelos para evitar la revictimización de María Fernanda Rejón Molina y su familia, cuidando sus datos personales e información del proceso. Aplicar en todo momento el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para la Fiscalía General del estado de Morelos. Mantener informada a la familia respecto de cualquier cambio en la investigación.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del estado de Morelos, para que lleve a cabo las acciones en materia de seguridad señaladas en las leyes evitando con ello la comisión de más feminicidios en el territorio morelense.

Notas:

1 Morelos cerró 2023 con 91 feminicidios: Divulvadoras

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/policiaca/morelos-cerro-202 3-con-un-total-de-91-feminicidios-divulvadoras-11233704.html# recuperado el 08 de enero de 2024.

2 Investigan feminicidio de María Fernanda Rejón Molina, desaparecida en Tepoztlán,

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/12/31/investigan-femini cidio-de-maria-fernanda-rejon-molina-desaparecida-en-tepoztlan-321262.html recuperado el 08 de enero de 2024.

3 Pronunciamiento Justicia para Mafer

https://www.facebook.com/share/p/PhvvvdVdjzDBcduR/?mibextid=gik2 fB

4 Cámara de Diputados. Reforma 194: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10 jun11.pdf Consultada: 01 de febrero de 2023.

5 Cappelletti, mauro y Brian Garth. “General Report”, en Mauro Cappelletti y Brian Garth (eds.), Access to Justice. A World Survey. Milán: Dott. A. GiuffréEditore. 1978 citado por Caballero, José Antonio. 2016. Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, coords. Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, LXIII Legislatura; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Senado de la República, LXIII Legislatura; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Nacional Electoral; y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México: Miguel Ángel Porrúa. Consultado: 01 de febrero de 2023.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: PC.III.A. J/10 A (11a.), disponible en:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024104 Consultada: 23 de enero de 2023.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2022. México: Cámara de Diputados. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultada: 29 de marzo de 2023.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE CUMPLA CON LA SENTENCIA DICTADA POR LA SCJN, PARA DEMOSTRAR QUE LA GUARDIA NACIONAL DEJÓ DE ESTAR BAJO EL CONTROL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL Y DEVOLVERLO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a cumplir con la sentencia dictada por la SCJN, para demostrar que la Guardia Nacional dejó de estar bajo el control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Defensa Nacional y devolverlo a la de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de la senadora Laura Iraís Ballesteros, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SE INFORME EL PROCESO DE RETIRADA Y REUBICACIÓN DE LA PLANTA CERVECERA DE LA EMPRESA CONSTALLATION BRANDS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar el proceso de retirada y reubicación de la planta cervecera de la empresa Constallation Brands del municipio de Mexicali, Baja California, suscrita por la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta a la Semarnat a que informe a esta soberanía el estado que guarda el proceso de retirada y reubicación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands del municipio de Mexicali, Baja California, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Teniendo en consideración las constantes sequías en la región, el estrés hídrico del acuífero Valle de Mexicali, la preocupante reducción de los volúmenes de agua que llegan a los estados de Baja California y Sonora a través del Río Colorado, así como la irresponsable sobreexplotación que diversas empresas transnacionales hacen de nuestros recursos naturales, el 19 de marzo de 2019 esta honorable cámara aprobó un punto de acuerdo de pronta y urgente resolución mediante el que se exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a dejar sin efectos todas las autorizaciones, permisos y licencias que dentro del ámbito de sus competencias hubieran otorgado a la empresa Constellation Brands para la instalación y operación de una planta cervecera en el municipio de Mexicali, Baja California.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2020, la Secretaría de Gobernación del gobierno de México, organizó y desarrolló una consulta pública en el municipio de Mexicali, en la que el 76.1 por ciento de los participantes manifestó no estar de acuerdo con la construcción e instalación de la planta en comento, por lo que el gobierno federal expresó que respetaría la voluntad del pueblo y negaría cualquier permiso o concesión que la empresa solicitara a la Comisión Nacional del Agua.

Además, el gobierno federal también expresó públicamente que otorgaría todas las facilidades a la empresa para que construyera la planta que no podría operar en Mexicali en otra entidad federativa, siendo Veracruz el estado el finalmente elegido por la compañía para realizar tal inversión.

Asimismo, el 30 de noviembre de 2022 en comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, como respuesta ante el cuestionamiento preciso de quien propone este punto de acuerdo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniera María Luisa Albores González, expresó que para el mes de septiembre de 2023 “no quedaría ni un solo tornillo” de la planta cervecera en Mexicali.

Sin embargo, a pesar de todo lo señalado anteriormente, la planta cervecera sigue encontrándose en Mexicali, incluso, con un estado de construcción más avanzado que el que tenía antes de que se llevará a cabo la consulta pública antes referida en la que la mayoría de la ciudadanía manifestó su rechazo y de la que derivó su supuesto retiro programado de la ciudad.

En ese tenor, resulta alarmante que a casi tres años de que el gobierno comunicó que la cervecera no operaría en el municipio de Mexicali, esta no se haya retirado de la ciudad y, lejos de “no quedar un solo tornillo” de ella, prácticamente ya se haya terminado de construir.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíe un informe detallado acerca del estado que guarda el proceso de retirada y reubicación de la planta cervecera objeto de esta preposición en el que además se indique la fecha exacta en la que terminará su desmantelamiento.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe a esta soberanía si la empresa ha recibido permisos o concesiones en materia de aguas para llevar a cabo sus operaciones en el municipio de Mexicali desde el pasado 19 de marzo de 2019 a la fecha.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 10 días del mes de enero de 2023.– Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A DEJAR SIN EFECTOS Y NO OTORGAR PERMISOS A LA EMPRESA NIAGARA BOTTLING, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de los tres niveles gobierno a dejar sin efectos y no otorgar permisos, autorizaciones o licencias a la empresa Niagara Bottling, para la construcción y operación de una planta embotelladora en el municipio de Mexicali, Baja California, suscrita por la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, la senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus competencias, a que dejen sin efectos o, en su caso, no otorguen permisos, autorizaciones o licencias a la empresa Niagara Bottling para la construcción y operación de una planta embotelladora en el municipio de Mexicali, Baja California, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Como ha sido señalado de forma reiterada por diversos académicos, organizaciones ciudadanas y las propias autoridades de los tres órdenes de gobierno en los últimos años, las sequías que han afectado a Baja California, el estrés hídrico bajo el que actualmente se encuentra el acuífero Valle de Mexicali, así como la preocupante reducción de los volúmenes de agua que llegan a los estados de Baja California y Sonora a través del Río Colorado, hace inviable la instalación de cualquier empresa que pretenda producir bienes cuya materia prima sea el agua.

En ese tenor, en el año 2020 a raíz de la consulta pública llevada a cabo por el gobierno federal, la ciudadanía mexicalense rechazó rotundamente la construcción y operación de una planta cervecera propiedad de la empresa transnacional Constellation Brands, pues requería de una explotación anual de más de 20 millones de metros cúbicos de agua, lo que sin duda alguna representó una amenaza para el suministro y disponibilidad de este recurso natural para el resto de la población.

Como resultado, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de agua en el municipio y en todo el estado, así como el respeto a la voluntad popular, el gobierno federal expresó que negaría cualquier permiso o concesión que la empresa solicitara a la Comisión Nacional del Agua con el fin de llevar a cabo sus operaciones.

Por ello, resulta extremadamente preocupante e incongruente que a inicios de diciembre del año en curso, la presidenta municipal de Mexicali, Baja California, Norma Alicia Bustamante Martínez, haya anunciado la instalación de una planta embotelladora en la ciudad propiedad de la empresa Niagara Bottling, pues esto claramente contraviene la voluntad general de la ciudadanía previamente manifestada y se encuentra en oposición directa a la política del gobierno federal de no conceder permisos a este tipo de empresas debido a la escasez de agua en la región y a los conflictos sociales que su instalación suele generar.

En otras palabras, el anuncio hecho por la presidenta municipal constituye un abierto desafío a la mayoría de la ciudadanía que definitivamente tendrá como consecuencia conflictos y tensiones sociales similares a las que se experimentaron en el municipio por motivo de la instalación de la planta cervecera en años anteriores.

En ese sentido, la decisión comunicada por el gobierno municipal de permitir la instalación de una empresa como esta sólo puede ser valorada como una grave irresponsabilidad política y socioambiental que tendrá consecuencias muy negativas para la población general, principalmente para los sectores más vulnerables de esta.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, dentro del ámbito de sus competencias, a que dejen sin efectos o, en su caso, no otorguen permisos, autorizaciones o licencias a la empresa Niagara Bottling para la construcción y operación de una planta embotelladora en el municipio de Mexicali, Baja California.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 10 días del mes de enero de 2023.– Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEP, A INFORMAR LOS AVANCES QUE TIENE LA EDUCACIÓN DE JÓVENES DE 15 AÑOS POR LO QUE HACE A LOS RUBROS: LECTURA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a informar los avances que tiene la educación de jóvenes de 15 años por lo que hace a los rubros: lectura, matemáticas y ciencias, así como de los retos que enfrentamos en estos aspectos, suscrita por la senadora María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita senadora María Graciela Gaitán Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116, 117, 118, 121 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción II, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano a la educación para todas las personas, promoviendo, entre otras, la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. Además, señala que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

También mandata que nuestro gobierno es el encargado de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, su obligatoriedad en la impartición en los citados niveles, así como que será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Ahora bien, el 14 de diciembre de 1960 se crea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un foro único en donde los gobiernos de 31 democracias y economías de mercado trabajan juntos para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y de gobernanza relacionados con la globalización, así como para aprovechar sus oportunidades.

La Organización constituye un marco para que los gobiernos comparen experiencias de políticas, busquen respuestas a problemas comunes, identifiquen las buenas prácticas y coordinen políticas públicas nacionales e internacionales. Este foro, en el que la presión de sus integrantes puede contribuir significativamente a la mejora de políticas, elabora instrumentos reconocidos a nivel internacional, toma decisiones y hace recomendaciones en áreas en que es necesario el acuerdo multilateral para que cada país progrese en una economía globalizada.

La misión de la OCDE es identificar políticas públicas que fomenten la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todos, está estratégicamente aliada con grupos como G20, G7, APEC y el sistema de Naciones Unidas. México ingresó en 1994, periodo en el que la OCDE dio un giro más social a su visión del mundo. Durante más de 40 años, esta organización ha sido una de las mayores y más confiables fuentes de información estadística, económica y social. Las bases de datos de la OCDE abarcan campos muy diversos: informes nacionales, indicadores económicos, comercio, empleo, migración, educación, energía, salud y medio ambiente.

En días recientes, se dieron a conocer los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes (PISA), que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reveló que México retrocedió en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

Es importante destacar que el objetivo del PISA, es evaluar la formación de los alumnos para afrontar los retos de la vida real, y ha sido concebido como un recurso para ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia científica.

La Secretaría de Educación Pública enfatizó que los resultados que da a conocer PISA no demuestran cambios significativos respecto a las ediciones anteriores de esta evaluación, además de que se realizaron en un contexto mundial de la etapa final de la emergencia sanitaria (covid-19) y que todos los países enfrentaron de manera diferenciada esta circunstancia, por lo que las pruebas internacionales estandarizadas no reflejan la situación real del país, esto es, no consideran las condiciones del trabajo docente, así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas de los distintos países, aunado a que en el contexto en que fue realizada esta evaluación, los esfuerzos realizados por las y los adolescentes y docentes reflejan la adaptabilidad de nuestro sistema educativo frente a circunstancias inusuales.

Aunado a lo anterior, se indicó que se diseñaron estrategias de atención para privilegiar la seguridad y el interés superior de los estudiantes, y una vez que se superó la contingencia se realizaron esfuerzos para asegurar el regreso a las aulas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En opinión del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los referidos resultados no se deben tomar “en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal”.

No obstante, considero que, si bien es cierto el contexto de la pandemia por covid-19, alteró las formas de educación, particularmente en nuestro país, y que con la reforma constitucional del presente sexenio se implementó un nuevo modelo educativo con resultados a largo plazo, también es verdad que, debemos seguir trabajando arduamente en eliminar las desigualdades, para que nuestros estudiantes enfrenten los retos en las tres áreas evaluadas: matemáticas, español y ciencias; así como para garantizar el pleno acceso y la gratuidad de la educación en México, sobre todo si se considera que el PISA es un proyecto que evalúa a jóvenes de 15 años de edad que estén en cualquier grado escolar a partir del primero de secundaria; se lleva a cabo cada tres años, y evalúa las competencias necesarias para la vida actual.

Por todas las anteriores razones, para las mexicanas y mexicanos, las potosinas y los potosinos, así como para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental que, al ser nuestro país miembro activo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE ), se cuente con la información, respecto de los avances en lectura, matemáticas y ciencias por lo que hace a jóvenes de 15 años de edad en México.

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, para que, a la brevedad posible y de no tener inconveniente legal o material alguno, informe de manera detallada los avances que tiene la educación de jóvenes de 15 años por lo que hace a los rubros: lectura, matemáticas y ciencias, así como de los retos que enfrentamos en estos aspectos.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Senadora María Graciela Gaitán Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SICT, A REPARAR Y DAR MANTENIMIENTO A LA CARRETERA FEDERAL NÚMERO 129 AMOZOC-NAUTLA, EN SU TRAMO TEZIUTLÁN-EL MOHÓN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a reparar y dar mantenimiento a la carretera federal número 129 Amozoc — Nautla, en su tramo Teziutlán — El Mohón, en el municipio de Hueytamalco, Puebla, suscrita por la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que se reparare y de mantenimiento mayor a la carretera federal número 129 Amozoc - Nautla en su tramo Teziutlán — El Mohón, en el municipio de Hueytamalco, Puebla, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En redes sociales se hizo viral videos que muestran el pésimo estado en que se encuentra la carretera federal 129 Amozoc-Nautla, en su tramo Teziutlán a la localidad de El Mohón en el municipio de Hueytamalco, Puebla. Dicha situación ha sido denunciada por automovilistas y choferes del transporte público y de carga que transitan en la región limítrofe de los estados de Puebla y Veracruz.

En la red social de Facebook, el Canal Nueve Teziutlán, en su publicación titulada Exhiben el mal estado del tramo carretero Teziutlán-El Mohón, documenta mediante video las deplorables condiciones del asfalto de la carretera Teziutlán — El Mohón, lo cual afecta gravemente la seguridad en las que se encuentra operando dicho tramo carretero federal.

Es importante señalar, que se trata de un camino sinuoso con curvas peligrosas y prolongadas subidas y bajadas; sin dejar de mencionar que se trata de una carretera donde los automovilistas deben lidiar con la neblina y las lluvias propias de esta región limítrofe del estado de Puebla con Veracruz.

Al respecto, como ya se menciono el trazo de la carretera 129 en su tramo Teziutlán — Tlapacoyan es complicado para los conductores debido a la orografía y el clima propio de la región, por lo que se hace necesario contar con una carretera en buenas condiciones para garantizar la seguridad y comodidad de quienes transitan por dicha vía.

Sin embargo, el mal estado del tramo Teziutlán - El Mohón, no permite garantizar a los conductores y acompañantes su seguridad al circular por dicha vía, prueba de lo anterior son los enormes baches, vados y el pésimo estado general en que se encuentra la misma.

Cabe hacer mención, que personalmente he sido testigo del pésimo estado que guarda la carretera Teziutlán — El Mohon. En los recorridos y jornadas de trabajo realizados por los municipios de Hueytamalco y Ayotoxco he padecido el lamentable estado de dicha carretera, asimismo he recogido las quejas de los pobladores de estos municipios, quienes se quejan de las averías que sufren sus autos por los enormes baches que cubren toda la carretera y de lo inseguro que resulta transitar por la misma; es pertinente señalar que la carretera 129 es la principal vía de comunicación para estos dos municipios.

En razón de lo anterior, resulta urgente que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inicie la rehabilitación mayor de la carretera federal 129, en su tramo Teziutlán- El Mohón. Dichos trabajos no se pueden limitar al bacheo de la carretera, la falta prolongada de mantenimiento ha dejado inservible gran parte del asfalto junto con el resto de las capas de materiales que integran la cinta asfáltica. Por tal razón es necesario que la SICT realice trabajos mayores para rehabilitar de manera adecuada, para el uso óptimo y seguro de dicha vía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que se reparare y de mantenimiento mayor a la carretera federal número 129 Amozoc - Nautla en su tramo Teziutlán — El Mohón, en el municipio de Hueytamalco, Puebla.

Referencias

1 https://www.facebook.com/search/top/?q=mal%20estado%20carretera%20teziutlan%20e l%20mohon

2 https://www.facebook.com/share/etwfdFbikFBjcr8H/?mibextid=WC7FNe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA ASF DE OAXACA, A DENUNCIAR ANTE LA FISCALÍA GENERAL LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LAS 17 AUDITORÍAS A OBRAS ADJUDICADAS EN 2023

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF del estado de Oaxaca a presentar denuncias ante la Fiscalía General de dicha entidad por las irregularidades encontradas en las 17 auditorías a obras adjudicadas en 2023, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Fiscalización del estado de Oaxaca para que presente las denuncias correspondientes ante las Fiscalía General del estado de Oaxaca por las irregularidades encontradas en la 17 auditorías a obras adjudicadas en 2023 en la infraestructura educativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es un derecho establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, que a la letra dice:

“Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”

Como bien se menciona los países miembro de la ONU adoptan las medidas que se establecen en esta declaración, en el caso de México se hace mención desde la creación de la Constitución a partir de 2019 se reforma y toma en cuenta como parte integral de una educación de calidad la infraestructura educativa, como bien se menciona en nuestra en el párrafo 10 del artículo 3, que a la letra dice:

“...

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.

...”

La infraestructura es de gran relevancia para el desarrollo y crecimiento de una sociedad, lo que no deja fuera la educación, por lo que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tiene como uno de sus propósitos el de conocer las condiciones en las que se encuentran estos centros educativos para brindar un buen funcionamiento, en el ámbito de la infraestructura se evalúan los servicios básicos del plantel, espacios escolares suficientes y accesibles y las condiciones básicas de seguridad e higiene.

Basados en estos estudios cada estado se hace responsable de la mejora de infraestructura de su territorio, para que su comunidad estudiantil goce de mejores condiciones de infraestructura dentro de los planteles.

El problema surge cuando este programa de infraestructura para el estado se utilizó para desvío de recursos como es el caso del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) en donde la Auditoría Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca detecto en las auditorias hechas a este instituto un faltante de 74 millones 295 mil 938 pesos en un total de 17 obras de infraestructura educativa en 2023, entre las más relevantes se encuentran:

En la segunda etapa del gimnasio auditorio en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz el cual costo 14 millones 43 mil 144 pesos y de los cuales no se justificaron 11 millones 234 mil 515.20 pesos.

Del monto anterior hubo faltas en los conceptos de contrataciones no se presentó un catálogo, no hubo un oficio del responsable que ejecuto la obra, ni oficio de los trabajos realizados, reporte fotográfico o notas de bitácora, por lo que se consideró que hubo un falta de documentación comprobatoria por un total de 8 millones 524 mil 542.77 pesos.

En la demolición y construcción de barda norte en el Instituto Tecnológico del Istmo el cual se ejecutó con un costo de 8 millones 21 mil 190.68 pesos y no se comprobaron 8 millones de pesos.

De igual manera en la construcción de aula 5, cocina tradicional, azotea general y ocho anexos en Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, y en la construcción de pasillos, 3 aulas, 5 anexos administrativos, enfermería en Universidad Tecnológica de los Valles Centrales en ambos casos se encontró un faltante de 8 millones de pesos.

Otros 5 millones de pesos faltantes de comprobar en la construcción de 2 aulas y 5 anexos en Universidad Tecnológica de los Valles Centrales Campus Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Fiscalización del estado de Oaxaca para que presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del estado de Oaxaca por los montos faltantes en las obras de ejecutadas en 2023 por el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa.

Bibliografía

1 ONU (1948) Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts#:~: text=Toda%20persona%20tiene%20derecho%20a%20la%20educaci%C3%B3n.,La%20instrucci %C3%B3n%20elemental%20ser%C3%A1%20obligatoria.

2 DOF (1917) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 INEE (2014) Infraestructura para el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Disponible en:

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/ECEA3-1.pdf

4 Estado 20 (2024) Hallan irregularidades por 74 mdp en el IOCIED a cargo de Alejandro López Jarquín. Disponible en:

https://www.estado20.com/estado/hallan-irregularidades-por-74-md p-en-el-iocied-a-cargo-de-alejandro-lopez-jarquin/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A DIVERSOS MUNICIPIOS DE OAXACA, A SUPERVISAR LAS CONSTRUCCIONES DE HOTELES SOBRE LA PLAYA DE PUERTO ESCONDIDO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversos municipios del estado de Oaxaca a supervisar las construcciones de hoteles sobre la playa de Puerto Escondido, con la finalidad de que no se vea afectado el oleaje y dar seguimiento ante la Semarnat el trámite de área protegida en la zona de Punta Colorada, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los presidentes de los municipios de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec del estado de Oaxaca para que supervisen las construcciones de hoteles sobre la Playa de Puerto Escondido con la finalidad de que no se vea afectado el oleaje, así como dar seguimiento ante la Semarnat el trámite de área protegida en la zona de Punta Colorada, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México se encuentra en una zona geográfica rodeada de mar por lo que nuestro país cuenta con un gran número de playas en 17 estados que constituyen nuestro país que son visitadas por nacionales y extranjeros al considerarlas zonas turísticas y vacacionales por la gran biodiversidad de playas que se prestan para practicar actividades recreativas y deportivas como lo es el buceo, kayak, sky acuático, esnórquel, surf de remo, surf, entre otros.

El surf es considerado un deporte muy antiguo, que se reconoce hasta en 1778 en las islas de Hawái, definiéndolo como un deporte acuático que consiste en deslizarse encima de una tabla sobre las olas, la base de este deporte es mantenerse sobre la tabla el mayor tiempo posible, que va desde remar una ola, ponerse de pie en la tabla y realizar diferentes maniobras, giros o trucos apoyados en la fuerza de las mismas olas.

Este deporte contiene una gran cantidad de categorías, algunas variables tienen que ver con el tamaño de la tabla o la forma, el kayaksurf que se practica en kayak, el bodysurf donde no usan tabla sino su propio cuerpo y unas aletas, el kitesurf se practica con esquís, windsurf que se práctica con una tabla y un velero, y el skimboarding que es una variante entre el surf y el skate; estas son de las más reconocidas.

Las olas se forman por la combinación de viento y agua, el cual se explica de la siguiente manera, las olas son ondulaciones de agua sobre la superficie del mar, cuando el viento sopla sobre el mar a lo largo de muchos metros o varios kilómetros las ondas capilares crecen y se van formando olas mayores que pueden llegar a tener alturas de hasta 10 o 15 metros, aunque las más comunes son de entre .5 y 2 metros de altura, esto se explica en la siguiente imagen:

Tabla obtenida de la Página Hoe Nalu

Las playas que en México se consideran tienen las características necesarias para practicar este deporte son:

- Puerto Arista y Puerto Madero en el estado de Chiapas.

- Playa Bonfil, Playa Troncones, Morro Colorado, El Palmar, La Ropa, La Barrita, El Carrizal, La Condesa, Revolcadero, Playa Ventura en el estado de Guerrero.

- Playa de la Nexpa y La Ticla en el estado de Michoacán.

- Manzanillo y Cuyutlán en el estado de Colima.

- Barra de Navidad, Playa Cuastecomate, Playa Arroyo Seco, Melaque, El Tecuán, Playa Mahauas, Playa Peñitas, Quimixto en el estado de Jalisco.

- Sayulita, La Lancha, Playa Burros, Stoner Point Break, Las Islitas, Veneros, San Pancho, El Anclote, Ola Lola de Chacala, Lo de Marcos, Santa Cruz de Miramar, Platanitos en el estado de Nayarit.

- Playas El Patole, Barras de Piaxtla, Playa Hermosa, Mazatlán en el estado de Sinaloa.

- Villas del Mar, El Muelle, Popotla, Calafia, Campo Martha, Las Gaviotas, Campo López, El Morro, San Miguel, Stacks, Isla de Todos Santos, Playa Tres Emes, Playa Hermosa, Cabo Colonet, Puerto San Carlos, Puerto Rosarito, Seven Sister en el estado de Baja California Norte.

- Playa Costa Azul, Playa de Bahía Magdalena, Playa Acapulquito, Playa Punta San Carlos, Bahía Escorpión y Todos Santos en el estado de Baja California Sur.

- Playa Zicatela, Playa Marineros, San Agustinillo, Playa Carrizalillo, Zipolite, Punta Conejo, Barra de la Cruz, Chacahua, Huatulco y Puerto Escondido en el estado de Oaxaca.

Por estas características es que se considera que las playas de Puerto Escondido cumplen con las necesidades para practicar el surf, ya que pueden ser centros de práctica para principiantes o expertos, ya que en los meses de enero a mediados de abril el oleaje es tranquilo para que puedan surfear los principiantes y de finales de abril a septiembre el oleaje es más alto para que los expertos puedan practicar.

El 8 de enero de 1986 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal del Mar bajo la premisa de cuidar, proteger y supervisar las zonas marinas mexicanas en donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos y en donde se consideran cuáles son las zonas marinas, estipuladas en su artículo 3o., a saber:

“Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son:

a) El Mar Territorial

b) Las Aguas Marinas Interiores

c) La Zona Contigua

d) La Zona Económica Exclusiva

e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y

f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.”

El Comité Olímpico Internacional en 2016 aprobó la incorporación del surf en los juegos olímpicos de Tokio, por lo que ya es considerado deporte olímpico, para el debut olímpico de este deporte fueron convocados los mejores surfistas del mundo para practicar el shortboard que es una variable del surf, además se consideró la participación de 20 mujeres y hombres en competencias separadas.

Los juegos Olímpicos de Tokio 2020, por la pandemia fueron celebrados hasta 2021, para ser exactos se llevaron a cabo del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021 y se consideró que la inauguración del surf como deporte olímpico fue todo un espectáculo, se llevaron a cabo en la playa de Tsurigasaki, en donde asistieron los mejores sufistas del mundo, tal fue la impresión que dejo que para los juegos Olímpicos que se llevaran a cabo en París en 2024 está considerado la segunda edición del surf como deporte Olímpico y propusieron la playa de Teahupoo en Tahití, una de las playas con “las olas más famosas del mundo”, así consideradas por los surfistas.

La competencia se basó en una ronda inicial y una principal, en las rondas iniciales participaron de 4 a 5 deportistas y en las rondas principales solo participaron 2 deportistas; estas competencias se llevan a cabo siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan, se permite a cada atleta tomas hasta 25 olas y se toman en cuenta las 2 con puntuaciones más altas, el jurado se conformó de 5 jueces se califica la clave de compromisos, grado de dificultad, maniobras innovadoras, combinaciones de maniobras con calidad, variedad, velocidad, dominio y estilo.

Como representantes de México en esta disciplina se presentaron Jhony Corzo en competencias varoniles y Leila Takeda para competencias femeniles, ambos de origen oaxaqueño y forjados en las costas del estado de Oaxaca.

México necesita generar más deportistas en esta nueva categoría olímpica para poder competir en próximos juegos, se necesita crear las condiciones propicias para la práctica y entrenamiento en este deporte olímpico y poder competir al nivel de otros países. Además de que existen surfistas mexicanos que han participado en diversos campeonatos representado a nuestro país por lo que considero que tenemos un gran potencial para ser cuna de deportistas de alto nivel en esta especialidad.

Por lo anterior, es la preocupación que externan los deportistas que se encuentran practicando actualmente en las playas de Puerto Escondido, ya que con la construcción de los nuevos complejos hoteleros en las playas de este puerto se ven afectadas la formación de olas, esto debido, a que, como ya lo explique para que las olas se formen se necesita la fricción del aire con el agua, por lo que estos complejos hoteleros están bloqueando la circulación del aire para que puedan formarse las olas.

Cabe mencionar que en años anteriores se comenzó el trámite para la conservación de áreas naturales en una zona de Punta Colorada una zona que de igual manera es reconocida por los surfistas como una de las playas para poder practicar este deporte, sin embargo, en últimas fechas se ha dado a conocer que en esta región se quieren construir complejos hoteleros los cuales como ya mencione pueden afectar la formación de olas de olas, además de que se está luchando para que sea una zona de conservación y de la cual ya tiene conocimiento la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por medio de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Esta situación es de gran preocupación ya que la falta de olas empieza afectar el turismo que va a practicar surf y el que van a disfrutar la práctica de este deporte, los presidentes municipales de estas zonas no han tomado cartas en el asunto, ya que al otorgar los permisos de construcción para el servicio hotelero deben considerar que no deben existir edificaciones muy altas por la afectación que causa al flujo del aire.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec para que realicen mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para establecer parámetros de construcción en los que no se afecten el flujo de aire que ayuda a la formación de olas.

Segundo.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los presidentes municipales de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec para que al otorgar permisos de construcción para hoteles vigilen que las edificaciones no excedan las medidas instituidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de lo contrario se apliquen las sanciones pertinentes establecidas en las leyes correspondientes.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los presidentes Municipales de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec para que agilicen los gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas los trámites de área de conservación natural de la región de Punta Colorada en la costa de Oaxaca.

Bibliografía

1 Bio surf camp. Página Oficial

https://www.biosurfcamp.com/es/que-es-el-surf-y-que-tipo s-de-surf-existen/

2 Tokyo 2020, Surf Disponible en:

https://tokyo2020.org/es/deportes/surf/

3 Lo que aprendimos: resumen del surf en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (15.08.2021)

https://olympics.com/tokyo-2020/es/noticias/lo-que-aprendimos-re sumen-d el-surf-en-los-juegos-olimpicos-de-tokio-2020

4 Programa Destinos México. (2022) Disponible en:

https://programadestinosmexico.com/aventura-y-ecoturismo/surf-pu erto-escondido.html#:~: text=En%20La%20Punta%20puedes%20surfear,y%20es%20m%C3%A1s%20f%C3%A1cil%20maniob rar.

5 Hoa nalu (2015) Disponible en:

https://hoenalu.com/es/sup-blog/sup-general/prediccion-olas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE DESTINEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia a destinar los recursos necesarios para la construcción del Laboratorio Mexiquense de la Pirotecnia, en el municipio de Tultepec, suscrita por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los preceptos sexta, decima quinta, vigésima novena, de las Reglas que regirán las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de la LXV Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, del presupuesto público con el que ya cuenta esta institución, sean destinados los recursos necesarios para la construcción a la brevedad posible del Laboratorio Mexiquense de la Pirotecnia en el municipio de Tultepec, como fue anunciado oficialmente desde el 17 de junio de 2021 por el titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, bajo las siguientes:

Consideraciones

Recientemente, casi todas las naciones del orbe recibieron el 2024 con espectáculos pirotécnicos que iluminaron los cielos de sus sitios más representativos, ampliamente difundidos en medios de comunicación y redes sociales. Ello pone de manifiesto el cómo este ancestral arte se ha consolidado globalmente de forma duradera. No obstante, esto conlleva una responsabilidad colectiva por lograr que su práctica sea cada vez más segura, eficiente y menos contaminante.

La producción y manipulación de pirotecnia requiere un manejo responsable y seguro. Para ello, es vital certificar la materia prima utilizada en la elaboración de estos productos, a fin de garantizar la protección de los artesanos pirotécnicos, consumidores y la sociedad en general. En este sentido, resulta prioritario que en la zona de mayor producción pirotécnica del país se construya un laboratorio especializado para realizar análisis y pruebas rigurosas de los insumos empleados en la fabricación de artículos pirotécnicos.

Al respecto, desde el Congreso de la Unión, una servidora no ha quitado el dedo del renglón y en la pasada LXIV Legislatura la Comisión de Defensa Nacional aprobó por unanimidad el 14 de octubre de 2020, la proposición con punto de acuerdo que presenté para exhortar al gobernador del Estado de México y al titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), a destinar recursos necesarios y trabajar en la creación de un laboratorio de certificación de insumos de productos pirotécnicos, de conformidad con estándares internacionales.

En correspondencia a lo anteriormente señalado, el 17 de junio de 2021 el entonces titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, el Mtro. Derek Isaac Cancino Aguilar anunció en su Twitter personal y en la página de Facebook del IMEPI que ese día “[...] se llevó a cabo la firma del Contrato de Comodato por parte del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR) y este Instituto, para seguir avanzando en la construcción del primer laboratorio de pirotecnia en la entidad mexiquense, siempre en beneficio del sector pirotécnico.” No obstante, a más de dos años de pronunciarse este anuncio oficial, se desconocen por parte del sector pirotécnico y de la sociedad mexiquense en general, los avances del proyecto antes mencionado, en la entidad.

Uno de los principales pendientes del poder público local respecto a un sector económico y cultural de gran importancia en la entidad, relegado por décadas, es el diseño de una política pública integral sobre el arte pirotécnico. Quienes encabezan la nueva administración pública estatal deben asumir esto como prioridad. Se trata de una deuda histórica no solo con las y los artesanos pirotécnicos, sino con la sociedad mexiquense, ya que la omisión cobra vidas y el que exista una tendencia a criminalizar este bello arte mediante tabúes.

En la actualidad, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la Lic. Laura Velázquez Alzúa, el arte pirotécnico genera una derrama económica de más de 17 mil millones de pesos al año y beneficia a más de 200 mil familias mexicanas que depende su sustento de esta actividad.

Desde el gobierno federal se tiene el registro de la fabricación de arte pirotécnico en 28 estados de la República, donde sólo el Estado de México produce más del 60 por ciento, y es el municipio de Tultepec el principal elaborador de fuegos artificiales en el país.

De acuerdo con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, institución que es autoridad en la materia en el gobierno del Estado de México, señala que Tultepec es el municipio que tiene el mayor número de fabricantes y comerciantes de pirotecnia, por lo que el municipio es conocido como “La Capital de la Pirotecnia”.

En México impera la producción artesanal ante la producción de tipo industrial, en esta tesitura de acuerdo con el especialista en arte pirotécnico, el doctor Gabriel H. Angelotti Pasteur, más del 99 por ciento de los productores de pirotecnia en México son artesanos tradicionales.

La pirotecnia se considera un arte porque los productos artesanales son elaborados por las propias manos de la gente de los pueblos y barrios; se fundamenta en una tradición y representa la pluralidad cultural de nuestras regiones.

Se entiende por artesano, a “aquel individuo portador de una cultura, que mediante el dominio de una técnica predominantemente manual y con el apoyo de algunas herramientas primarias, transforma la materia con la finalidad de crear objetos socialmente útiles”.

En nuestro país, el arte pirotécnico representa una moneda de dos caras. Por un lado, es amado en sus virtudes artísticas, está presente en nuestras raíces culturales, en la identidad de nuestros pueblos y barrios; por la otra, es poco entendida, criminalizada -por algunos- a base de prejuicios y falta de fundamentos científicos; sin que por parte de ciertas autoridades locales que criminalizan este arte brinden las herramientas necesarias para que los artesanos pirotécnicos puedan ser partícipes de una política pública integral que no los orille al clandestinaje.

Algunas autoridades locales, sobre todo al norte del país (Ensenada y Tijuana, en B.C.; Hermosillo, en Son.), utilizan una retórica que atribuye todo daño ambiental, maltrato animal y daño a las personas con discapacidad que padecen el síndrome del espectro autista a la pirotecnia. Lo cual es más en base a desconocimiento que en argumentaciones basadas en la evidencia científica y sólo se limitan a citar campañas publicitarias de algunas organizaciones, pero no escuchan a los pirotécnicos del país y desconocen profundamente la relevancia social, cultural y económica del arte pirotécnico.

No obstante, ante el intento de criminalización hacia el gremio pirotécnico se erigen, desde otros espacios, algunas acciones que reivindican la relevancia social, económica y cultura del arte pirotécnico; tal es el caso del Poder Legislativo del Estado de México, que el pasado 13 de septiembre de 2022, aprobó declarar a los Toritos y la Castillería Pirotécnica Mexiquense como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de México, para preservar el arte pirotécnico y en reconocimiento a la expresión de creatividad, peculiaridad, rareza y antigüedad que les confiere un valor universal único, al talento de artesanas y artesanos pirotécnicos en la entidad.

También, en defensa del arte pirotécnico, con información sustentada en estudios científicos, el titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia ha declarado, que “el IMEPI ha recabado información sobre temas técnicos ambientalistas y ha demostrado que no existe registro de que se haya presentado una contingencia ambiental provocada por la detonación de fuegos artificiales”, “...muchas de las sustancias pirotécnicas son partículas muy pesadas que no se van a una contaminación atmosférica, sino que se disipan rápidamente al suelo...”.

Asimismo, en la pirotecnia se considera la generación de ruido impulsivo, es decir, con base en la norma 011 de la STPS este dura menos de un segundo y por los decibeles alcanzados no se rebasan los límites permitidos por lo que no existe evidencia de que sea generador de daños al oído.

No obstante, también es importante reconocer que la pirotecnia es una actividad que, aunque puede ser muy divertida y alegrar nuestras celebraciones, también puede ser peligrosa. Por un lado, puede entretener y llenar de luces nuestras festividades, pero por otro, en caso de situaciones imprevistas, puede generar explosiones y daños a bienes y personas. Es importante tener en cuenta los riesgos asociados a esta actividad y promover un uso responsable y seguro de los productos pirotécnicos para proteger la seguridad y el bienestar de todos.

Al respecto, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) existe un incremento de accidentes con pirotecnia siendo el Estado de México el que encabeza la lista de mayor número de accidentes con 199 accidentes con pirotecnia del periodo de 2003 al 2021. El mayor número de estos accidentes con pirotecnia se concentró en los municipios de Tultepec, Almoloya de Juárez y Zumpango en el Estado de México con 83, 19 y 14 accidentes respectivamente. Asimismo, en el mismo periodo en el Estado de México se concentró el mayor número de muertes y lesionados en accidentes con pirotecnia con 742 muertes y 202 lesionados.

El Cenapred señala que es durante la fabricación de los artículos pirotécnicos cuando se presenta el mayor número de accidentes.

En esta tesitura, ante la necesidad de transformar a la pirotecnia en una industria más segura, eficiente y menos contaminante, investigadores del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en la creación de nuevos materiales nanoestructurados, los cuales tienen la capacidad de mejorar el proceso de combustión de la pirotecnia y reducir la cantidad de emisiones al medio ambiente, suprimir la nube de humo y manipularla con mayor seguridad evitando los fatales accidentes en su fabricación, transportación y uso.

El impulso a dichas investigaciones y su articulación con la práctica cotidiana en la industria pirotécnica no solo es más viable, sino estratégica frente a falsas premisas. Un ejemplo es la pretensión de sustituir los fuegos artificiales por drones, sin considerar previamente que una sola batería de estos artefactos podría contaminar más de un millón de litros de agua.

Complementando lo anterior, el desarrollo de nuevos materiales pirotécnicos mediante métodos de química verde representa una solución integral, que conjuga innovación tecnológica, responsabilidad ambiental, seguridad y preservación de ancestrales tradiciones culturales que dan no sólo identidad y orgullo al Pueblo de México, sino también sustento económico.

De acuerdo con el marco legal, México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado en 1981, en donde en el numeral 1 del artículo 6 se establece que “Los Estados Parte en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.

En México el arte pirotécnico es una actividad lícita. De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, así como en el artículo 123 que establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

De igual manera, les corresponde a las entidades federativas y a los municipios la obligación de dar cumplimiento al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional”, lo que da pauta a la obligación por parte de las autoridades a apoyar, más no limitar, la actividad pirotécnica, la cual representa una actividad de relevancia no sólo económica.

Se establece la participación y responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo mención que el control y la vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con artificios será hecho por la Secretaría de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

“[...] El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. [...]”

En el Estado de México, el artículo 2 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia señala que el IMEPI tiene por objeto:

“I. Formular, controlar y vigilar las medidas de seguridad que se deben observar en las actividades de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de artículos pirotécnicos, desarrolladas en el Estado de México;

II. Coordinar y promover acciones modernizadoras de capacitación y tecnológicas en materia pirotécnica, entre los diferentes grupos de la sociedad y las autoridades;

III. Generar, desarrollar y consolidar una cultura de prevención y de seguridad en materia pirotécnica.”

En la fracción IV del artículo 3 del mismo ordenamiento normativo se especifica, entre sus atribuciones:

“IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación, con los sectores público, privado y social, según corresponda, para el cumplimiento de su objeto;”

Por lo tanto, el arte pirotécnico, con el cuidado, atención y regulación vigente que requiere, es una actividad económica de gran relevancia social, económica y cultural para nuestro país.

En intercambio de correspondencia entre una servidora y el experto en pirotecnia artesanal, el doctor Gabriel Angelotti Pasteur, coincidimos en una preocupación en común: “...el camino que deberá seguir esta actividad será el de reducir el peligro e incrementar la diversión (riesgo vs lúdico). Para que ello suceda, los artesanos pirotécnicos deberán cambiar sus maneras de trabajar y, especialmente, las formulaciones de sus fuegos artificiales. También deberán ocuparse de la promoción y difusión de su actividad y quehacer artesanal en afán de mitigar el miedo de las personas y de demostrar que la pirotecnia puede seguir siendo divertida. De este modo, ellos podrán conducir a la pirotecnia a un nuevo horizonte normativo.”

En esta tesitura, los artesanos pirotécnicos enfrentan varios retos con relación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo la protección del medio ambiente, la promoción de una producción y consumo responsable, la protección de la salud y seguridad de los artesanos pirotécnicos y el fomento del desarrollo económico local. Es importante que se tomen medidas para abordar estos desafíos y garantizar una industria pirotécnica sostenible y responsable en el futuro.

La construcción de un laboratorio para certificar la materia prima utilizada en la elaboración de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, constituye una acción gubernamental de alta relevancia, con potencial para erigirse en modelo para el resto de las entidades. Lo anterior contribuiría a mejorar la calidad y seguridad de estos productos, proteger la salud de los trabajadores y fomentar el desarrollo económico del sector.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo resulta urgente apoyar a las y los artesanos pirotécnicos del país en virtud de que, con la construcción de un laboratorio de certificación de insumos para la elaboración de sus productos, se contribuye a fortalecer su derecho a un trabajo lícito, promover la cultura y tradiciones locales, la prevención de accidentes y fomentar el desarrollo económico local con perspectiva de sustentabilidad.

Es igualmente importante que el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia establezca alianzas y convenios estratégicos con las instituciones educativas del país, como el Instituto Politécnico Nacional. Los investigadores de dicha institución han progresado en la creación de nuevos materiales que podrían permitir a los artesanos pirotécnicos desarrollar productos con menor riesgo de accidentes, mayor belleza al reducir el humo negro y menor contaminación.

Por las consideraciones expuestas, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, del presupuesto público con el que ya cuenta esta institución, sean destinados los recursos necesarios para la construcción a la brevedad posible del Laboratorio Mexiquense de la Pirotecnia en el municipio de Tultepec, como fue anunciado oficialmente desde el 17 de junio de 2021 por el Titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia a dar a conocer a la sociedad los avances y pendientes de la construcción del Laboratorio Mexiquense de la Pirotecnia con base en el principio de máxima publicidad.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes del Estado de México y al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia a establecer convenios de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional con el objetivo de promover entre el gremio pirotécnico la implementación de nuevos materiales de combustibles nanoestructurados de “cero carbono”, recientemente creados por investigadores de dicha institución educativa mediante procesos de química verde, lo que permite emplear insumos para elaborar pirotecnia de forma más eficiente, menos contaminante y reducir los accidentes.

Notas

1 Cámara de Diputados. Comisión de Defensa aprueba dictámenes sobre educación militar y servicio militar. Disponible en:

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index .php/boletines/comision-de-defensa-aprueba-dictamenes-sobre-educacion-militar-y -servicio-militar#gsc.tab=0 Consultado el 8 de enero de 2024

2 https://web.facebook.com/IMEPI.Edomex/posts/pfbid02mkvjQMVw13icNdGWePCj5QnFcWiR J1pnCuQvykoYyVM5hNE8hm4ZEr3nZU1h7qpHl

https://mobile.twitter.com/DerekCancino/status/140564775 4915979267

3 Ciudadana, S. de S. y P. (s. f.). Trabaja SSPC con productores para evitar accidentes por pirotecnia. gob.mx. Recuperado 8 de enero de 2024, de

http://www.gob.mx/sspc/prensa/trabaja-sspc-con-productores-para- evitar-accidentes-por-pirotecnia.

4 Ibid.

5 Angelotti Pasteur, Gabriel (2004). Artesanía prohibida de cómo lo tradicional se convierte en clandestino. Conaculta INAH. p. 214

6 Ibid. p. 26

7 LXI Legislatura del Estado de México |. (s. f.). Recuperado 8 de enero de 2024, de

https://legislacion.legislativoedomex.gob.mx/comunicado/T1Rreg

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.m x/files/files/pdf/gct/2022/octubre/oct072/oct072g.pdf

8 Llama el Imepi a no satanizar la actividad pirotécnica. (s. f.). Recuperado 8 de enero de 2024, de

https://informativonacional.com.mx/llama-el-imepi-a-no-satanizar -la-actividad-pirotecnica-e3TQ2Nzc2e3w.html

9 CENAPRED. Estrategia para la prevención de accidentes en las actividades con pirotecnia. Disponible en:

https://www1.cenapred.unam.mx/DIR_SERVICIOS_TECNICOS/SANI/PAT/20 21/4to%20Trimestre/DAYGR/DAGR%20PAT%202021%204o%20trimestre/Apoyos%20SINAPROC/O tros%20apoyos/Estrategia%20prevenci%C3%B3n%20pirotecnia%202022%20final.pdf Consultado el 8 de enero de 2024.

10 Ibid.

11 Gaceta politécnica: “Trabaja IPN en Pirotecnia más segura”. Disponible en:

https://www.ipn.mx/assets/files/ccs/docs/gaceta-seleccion/2023/0 8/g-seleccion-165-pirotecnia.pdf Consultado el 8 de enero de 2024.

12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en:

http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco /Pacto_IDESC.pdf

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://cutt.ly/fpLLc1R. Consultado el 8 de enero de 2024.

14 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAFE.pdf Consultado el 8 de enero de 2024

15 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Disponible en:

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.m x/files/files/pdf/ley/vig/leyvig092.pdf Consultado el 8 de enero de 2024.

16 Ibid.

17 Gabriel Angelotti Pasteur es autor del libro: Artesanía Prohibida. México, Colegio de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero de 2024.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE DAR SOLUCIÓN A PROBLEMAS DERIVADOS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE DE MEXICALI

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Baja California, a fin de dar solución a problemas derivados del suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexicali, a cargo del senador Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEMARNAT Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A REVISAR QUE LAS EMPRESAS Y CORPORACIONES CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a las 32 entidades federativas, a revisar que las empresas y corporaciones cumplan con la legislación, normas y reglamentos en protección al ambiente, suscrito por el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SRE, A FORTALECER LA PROTECCIÓN, ASESORÍA REPRESENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MIGRANTES MEXICANOS A TRAVÉS DEL CONSULADO DE MÉXICO EN TEXAS

Proposición conn punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a fortalecer la protección, asesoría representación y acompañamiento de los migrantes mexicanos a través del Consulado de México en Texas, suscrito por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBERNADOR Y AL FISCAL DE MICHOACÁN DE OCAMPO, A INVESTIGAR Y ESCLARECER LOS HECHOS EN LOS QUE SE ATENTÓ CONTRA LA VIDA DEL DIPUTADO FEDERAL MAURICIO PRIETO GÓMEZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador y al fiscal del estado de Michoacán de Ocampo a determinar la realización de una investigación pronta y expedita con la intención de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables de los hechos acontecidos el pasado 21 de diciembre de 2023 en la comunidad “Cuto del Porvenir”, en los que se atentó contra la vida del diputado federal Mauricio Prieto Gómez, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, diputado a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 40 constitucional, establece que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, así mismo, el artículo 9 de dicho ordenamiento reconoce el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.

Estos derechos consagrados en la constitución representan pilares fundamentales del desarrollo de nuestra nación como una república democrática, pues a través de la implementación efectiva de estos, es que se constituye la viabilidad del ejercicio democrático, con la finalidad de que todas las personas puedan tener diferentes recursos para manifestar sus opiniones y participar en la vida pública.

Tanto el marco constitucional como los marcos legales que se desprende de estos artículos citados y otros más, refieren que es una responsabilidad del Estado mexicano el garantizar el libre desarrollo de la democracia en nuestro país a través de la implementación efectiva de las garantías individuales, y del cumplimiento de las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno y de las instituciones creadas para dichos fines.

Dichas instituciones tienen como objetivo que las actividades de la ciudanía se realicen en condiciones óptimas, que cualquier ciudadana y ciudadano puedan expresar su voluntad y promover legitimidad de las autoridades, fundamentalmente aquellas son emanadas de elecciones.

Frente al próximo inicio del proceso electoral más grande de la historia de este país resulta Indispensable que durante el proceso electoral, el Estado garantice los derechos de reunión pacífica y asociación, así como las libertades de opinión y de expresión. Este ejercicio tan necesario de libertades será posible únicamente bajo un entorno propicio y seguro para la población.

Ante el preocupante clima de violencia que se registra en nuestro país, que ha derivado en cifras que revelan que se comete un asesinato cada 15 minutos en México, y como consecuencia perfila que este sexenio concluya con más de 200 mil homicidios. Además de registrar cifras también preocupante en materia de asesinatos a candidatos y figuras públicas. Datos no oficiales revelan que en lo que va del sexenio se han sido asesinados más de 18 alcaldes, 31 regidores y 11 síndicos.

Las circunstancias y alcances de la violencia en México lastimosamente son sufridas por millones de mexicanas y mexicanos, como también lamentablemente el Grupo Parlamentario del PRD ha sido víctima directa. El pasado 21 de diciembre de 2023 en la comunidad Cuto del Porvenir, perteneciente al Distrito de Tarímbaro, Michoacán, se atentó contra la vida del diputado federal Mauricio Prieto Gómez, integrante de la LXV Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del PRD.

Frente a esta situación y con la firme convicción de que se respeten los derechos de cualquier ciudadano y de que se cumpla con la obligación constitucional de garantizar el respeto al fuero de las legisladoras y legisladores, en términos de lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador y al Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, para que en uso de sus atribuciones y facultades determine la realización de una investigación pronta y expedita con la intención de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades a quien o quienes resulten responsables de los hechos acontecidos el pasado 21 de diciembre de 2023 en la comunidad “Cuto del Porvenir”, perteneciente al Distrito de Tarímbaro, Michoacán, en los que se atentó contra la vida del diputado federal Mauricio Prieto Gómez, asímismo se tomen las medidas de protección necesarias a fin de garantizar la seguridad e integridad del legislador.

Notas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 9, 40. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.

2. Nácar Jonathan (2023). 60 Ediles y ocho legisladores asesinados en gobierno de AMLO. Eje Central.

https://www.ejecentral.com.mx/60-ediles-y-ocho-legisladores-ases inados-en-gobierno-de-amlo/

Sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A LA FGR Y A LAS FISCALÍAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a la FGR y a las fiscalías de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias, encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las y los ciudadanos, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe , Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, diputado a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad es un derecho humano, que es garantizado por tratados internacionales suscritos por nuestra nación, así como por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece es sus artículos 4, 18, 21, y la fracción XIII del Artículo 123 los principios de protección y promoción de la seguridad pública.

Estos son principios que indiscutiblemente son condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida. El marco general de la seguridad se encuentra contenido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley en la que se establecen las bases de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, y en ella se establecen la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema.

En dicho documento normativo se establecen las responsabilidades y la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, con el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, por medio de la prevención del delito, la persecución y sanción de las infracciones y delitos.

Con preocupación se observa en el país que la existencia de un marco normativo de acción para enfrenta a la delincuencia, no se refleja en acciones concretas que generen condiciones de seguridad en el territorio nacional, al grado tal que existen territorios en el país n los que la percepción de inseguridad por parte de la población ronda en porcentajes alarmantes, por ejemplo, en Fresnillo (un 96%) y Zacatecas (un 94,3%), de la población se siente inseguro.

En otras regiones del país como lo es el Estado de Michoacán, en el que por ejemplo en el municipio de Uruapan un 86,2% de la población se siente inseguro o en zonas fronterizas como con un Tijuana el que un 71% o Mexicali con un 69,6%, Ciudad Juárez un 72% y Reynosa con un 72,7%, representan un claro ejemplo de la problemática de inseguridad que lastimosamente ya no queda solamente en un esquema de percepción, los diversos índices en materia de inseguridad se han disparado en lo que va de esta administración

La inseguridad sigue siendo un reflejo de la problemática que aún queda por resolver el objetivo aún se ve lejano y lastimosamente no queda mucho tiempo, la evaluación de la política de seguridad pública de este gobierno enfrentara su última barrera este año que inicia.

La trasformación del país será una realidad si y solo si se cumplen con el objetivo fundamental de Estado que es el de la seguridad, el pacto social tiene como origen esa garantía la protección última de la vida de las personas, tema pendiente en un país en el que la violencia obliga a autoridad a mudar su residencia a instalaciones militares y que bueno que esto sucede, pero que hacemos con las y los demás ciudadanos, no todos podemos vivir en un bunker militar.

En nuestro país 68.1% de las mujeres se siente vulnerable el reto seguirá siendo comprender que el problema es multifactorial, y no se puede resumir o simplificar a una discurso de bien portados y mal portados ciudadanos, la complejidad es mucho más profunda, “No se trata de pandillas o ladrones, sino de grandes grupos que han intensificado su portafolio de negocios ilícitos, y han pasado de la violencia y la venta de drogas a la extorsión presencial, el cobro de derecho de piso y el asesinato”.

La violencia hoy amenaza no solo a la ciudadanía, pues esta ha alcanzado ya a los próximos procesos electorales y en la antesala de lo que será el mayor proceso electoral de nuestro país, en el incipiente arranque de este años 2024 suma ya 3 asesinatos dos aspirantes a alcaldes y un regidor, todos de oposición.

La atención de la seguridad debe ser la columna vertebral y debemos buscar atenderla desde la educación, la salud el trabajo y la construcción de oportunidades, es indispensable ocuparse de un tema tan fundamental para el país, ya que, si este gobierno y las diversas fiscalías no son capaces de atender un tema tan trascendental como este, como podrán garantizar el Estado de Derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, al Gobierno federal, la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades realicen las acciones necesarias, encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las y los ciudadanos.

Notas

1. Cartagena Ilda. Seguridad Ciudadana un Derecho Humano. Revista Regional de Derechos Humanos dispoible en

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf

2. Ramos Rolando, (7 de Enero 2024). Violencia política: suman 3 aspirantes asesinados en 2024. El Economista.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Violencia-politica-suma n-3-aspirantes-asesinados-en-2024-20240107-0070.html

Sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2024.– Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SHCP, A CELEBRAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL, A FIN DE DAR SOLUCIÓN A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE ADEUDAN CRÉDITO CON LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a celebrar una reunión de trabajo con representantes del sector productivo nacional, a fin de conocer y, en su caso, establecer acciones de atención para dar solución a los productores agrícolas que adeudan crédito con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo de la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, senadora de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 y 82, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 108 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 29 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que extingue a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, como organismo público descentralizado.

Un evento que, al margen de cuestionamientos a favor y en contra, finalmente dio por terminado, el organismo financiero para el sector rural de México el cual, era una importante fuente de financiamiento de la que hoy carece este importante sector productivo y alimentario.

A lo anterior se suma la falta de claridad en los procesos de liquidación y la falta de acompañamiento para quienes, seguían utilizando este mecanismo de financiamiento de forma constante y cumpliendo puntualmente con sus obligaciones crediticias, manteniendo en todo momento un buen historial crediticio.

A la par y previo a su extinción, la propia Financiera de Desarrollo Rural inició un agresivo esquema de cobranza terciada con despachos externos y utilizando, métodos poco convencionales y sin considerar factores ajenos a los propios productores agrícolas, como el caso de los productores de trigo en el norte del país, que sufrieron las consecuencias de la caída de precios internacionales y el acaparamiento leonino de parte de intermediarios que no repararon en el daño que les ocasionaban con sus métodos especulativos.

O como es el el caso del sector triguero del Valle de Mexicali, que se vieron abandonados en el 2010 durante los efectos del terremoto que destrozó los canales de riego como las superficies cultivables, cayendo desde entonces en muchos de los casos en cartera vencida, como seguramente existen otros casos de productores a nivel nacional, que han sido severamente afectados por fenómenos naturales y no han visto el acompañamiento de las autoridades responsables en su restablecimiento.

No podemos perder la visión propia de todo ente público de financiamiento al campo y su correlación con la producción de alimentos específicamente. Pues estas deben tener como misión primordial, el apoyar la producción en el campo para asegurar la autosuficiencia y el auto abasto de los alimentos estratégicos y esto no es una perorata para justificar dichos apoyos, sino una realidad convertida en política pública de carácter estratégico, en prácticamente todos los países del mundo, quienes en la medida de sus capacidades buscan asegurar su producción alimentaria básica.

Un ejemplo claro son los productores agropecuarios europeos -que suman en total alrededor de 10,5 millones de explotaciones con una superficie promedio de 16,6 hectáreas cada una- recibieron según un estudio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) subsidios de los Estados miembros de la UE por más de 40 mil millones de euros en 2020, año en que se elaboró este análisis.

Solo en España, se estableció un programa de apoyo frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, que contempla un conjunto de medidas para los sectores agrario y pesquero que suponen más de 430 millones de euros en ayudas directas, además de otras de carácter fiscal, laboral y social.

Estos claros ejemplos de los cuales existen más casos documentados de como otras naciones consideran este sector productivo estratégico y se refleja presupuestalmente en apoyos directos, no fueron diseñados en frías oficinas de ministerios de economía o finanzas, o en una Secretaría de Hacienda cuyo interés primigenio son el dar rendimientos de carácter financiero, sin considerar políticas públicas estratégicas y sin medir el impacto social o de rendimiento remunerativo en términos no monetarios, pero si altamente esenciales para asegurar un abasto suficiente y oportuno en alimentos.

Desafortunadamente en el Decreto que extingue a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en su articulo segundo se establece que; y se cita textualmente:

“Artículo Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora de sector, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, será la responsable del proceso de extinción y liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero”.

De igual manera el Artículo Cuarto del documento establece:

“Artículo Cuarto. El proceso de liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, estará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), quien fungirá como liquidador único del Gobierno Federal, conforme a las disposiciones legales aplicables, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; para suscribir u otorgar títulos de crédito, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un eficiente proceso de liquidación”.

Claramente llama la atención que el enfoque dado en dicho proceso de liquidación es el de buscar la recuperación de activos financieros y cumplimentar al máximo posible una liquidación de la paraestatal lo mas exitosamente posible, de igual forma que el organismo responsable para el proceso de liquidación y de recuperación de adeudos de la FND sea el Indep, ya que los recursos no se encuentran en un contexto de fraude a las arcas públicas por parte de los productores, por lo que se requiere de un enfoque de atención solidario con los agricultores nacionales procurando en todo momento el establecimiento de estrategias de pago atendiendo requerimientos y características específicas de demanda este sector productivo.

En este proceso liquidatario, no se consideró a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como parte del sector más afectado por la extinción de tan importante organismo financiero para el sector rural. Tampoco se estableció un proceso de planeación ordenada, viable y que cuidara y atendiera las necesidades de apoyos crediticios supletorios a los que otorgaba la Financiera Nacional para quienes producen los alimentos que demanda el mercado nacional.

Este desaseo ha ocasionado serios problemas a muchos productores, sobre todo los de menos recursos, pero que son los mas numerosos, llegando al sin sentido de que hoy, son requeridos quienes mantenían sus pagos al corriente para que liquiden sus créditos en una sola exhibición sin considerar los términos contractuales que mantenían con su acreedor, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Es necesario hacer la acotación de que, existe un programa de liquidación para quienes estaban en cartera vencida, otorgándoseles diversas opciones de pago y que ya están siendo aprovechadas por los productores rurales.

Sin embargo, resulta incongruente que, quienes mantienen un historial de crédito al corriente en sus obligaciones, estén siendo presionados a pagar de manera total su adeudo con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Es necesario dejar claro nunca se ha estado en contra de buscar nuevos y mejores esquemas de financiamiento, pero estos deben ser sustitutivos de los mecanismos que ya se encuentran en vigor, a fin de dar certidumbre a nuestros productores quienes ya demostraron su temple en la pasada pandemia, al incrementar su producción tanto para consumo interno como externo.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto el presente asunto a consideración para urgente y obvia resolución de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a celebrar una reunión de trabajo de alto nivel, con representantes del sector productivo nacional, como con senadores y diputados federales, a fin de conocer y en su caso establecer acciones de atención para dar solución a los productores agrícolas que adeudan crédito a la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; y que, por motivo de su extinción, les fueron requeridos los pagos violentando los términos contractuales establecidos para el otorgamiento de dichos créditos, creando con ello un escenario de crisis inminente en el sector productivo nacional y por ende en los objetivos de seguridad alimentaria de la presente administración federal.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 10 de enero de 2024.– Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE INVESTIGUEN Y SE SANCIONEN LOS PROBABLES HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS ELECTORALES COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE LA LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES DE NOTIMEX

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diferentes instancias, a investigar y sancionar los probables hechos de corrupción y delitos electorales cometidos por servidores públicos durante la liquidación a trabajadores de Notimex, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En un texto publicado el 8 de enero pasado, en La Jornada, Sanjuana Martínez Montemayor, ex directora general de Notimex, acusó a Marath Bolaños López, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), de condicionar el pago de liquidaciones para su equipo a que “de las mismas teníamos que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum”.

Sanjuana Martínez señala que se negó a aceptar estacondición y a continuación les ofrecieron, como venganza,sólo 6% de los 256 millones entregados al sindicato junto a 14 millones en concepto de canasta y un millón más para las fiestas de un sindicato que ya había desaparecido luego de la publicación del decreto.

Después señala, que, pese a que el presidente López Obrador aseguró no se permitirían abusos, “la secretaria Luisa María Alcalde decidió acceder a todas las pretensiones del sindicato. De esa manera, favorecían no solamente el final de la huelga impuesta e ilegal avalada por Alcalde, sino que, con una bolsa de 256 millones de pesos, beneficiaban a los abogados del líder vitalicio del sindicato de telefonistas, Francisco Hernández Juárez, quien apoyó, sostuvo y alentó la huelga en Notimex y, por supuesto, al asesor legal, operador y padre de la secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde.”

También afirmó que “En el caso del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, a quien el jefe del Ejecutivo federal le encomendó desde un principio apoyarme para resolver el conflicto sindical, nunca me ayudó. Al llegar a la agencia, no hubo una entrega-recepción, porque Alejandro Ramos, el anterior director de Notimex, se fue antes, dejando un cúmulo de anomalías administrativas, la mayoría constitutivas de delito.”

Además, agregó “Ramírez y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, no permitieron que los medios públicos de comunicación informaran del desarrollo y litigio del caso Notimex. Peor aún, esos medios entrevistaban a la lideresa sindical acusada de corrupción ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública mientras a mí me negaron siempre el espacio. Cuando reclamé a Villamil, me dijo: Es que yo vine a conciliar y tú preferiste el conflicto. Sorprendida por sus palabras, le contesté: “Vinimos a transformar y eso a veces provoca conflicto, no vinimos a ‘conciliar’, esa no es la encomienda del presidente ni el compromiso con los mexicanos”.

Las afirmaciones de Sanjuana Martínez constituyen hechos de corrupción y probables delitos, tanto en materia administrativa, laboral, como electoral.

Por un lado, la forma en que operaron diferentes servidores públicos del gobierno federal, para desviar recursos a la campaña de Claudia Sheinbaum, implica la probable comisión de delitos y una clara corrupción. Todo ello en un probable perjuicio de cientos de trabajadores de Notimex.

Pero el fondo, es que esta corrupción está al servicio de un financiamiento ilícito a la candidata presidencial de Morena, que pueden implicar múltiples delitos electorales.

Esta red de corrupción y moches de dinero mal habido en la campaña de Sheinbaum es muestra de la gestión opaca, tramposa y delictiva del actual gobierno, que sin pudor alguno roba para favorecer a su candidata presidencial, evidenciando la elección de Estado que se esta fraguando.

Debemos exigir a la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y a las autoridades electorales, investiguen y deslinde las responsabilidades correspondientes.

Sabemos que ni la Función Pública, ni la FGR han actuado, durante la presente administración, con la imparcialidad y el decoro debido, que han protegido a los servidores públicos corrutos de la mal llamada 4T, sin embargo, ello no implica que desde este Congreso de la Unión se les siga exigiendo cumplan con su deber y se termine la terrible impunidad que ha reinado en los casos de corrupción del gobierno encabezado por López Obrador.

Con independencia de ello, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de sus competencias, deben investigar y sancionar la posible comisión de faltas administrativas y delitos cometidos por los servidores públicos referidos y por la candidata de Morena a la presidencia de la República.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública, para que, en el ámbito de su competencia, se investiguen y, en su caso, se sancionen, las probables responsabilidades administrativas cometidas por los servidores públicos señalados por la ex directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, durante la liquidación de trabajadores de dicha agencia, por el desvío de recursos, en beneficio de la candidata presidencial de Morena.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República, para que, en el ámbito de su competencia, se investiguen y, en su caso, se sancionen, los probables delitos por hechos de corrupción, cometidos por los Servidores Públicosseñalados por la ex directora general de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, durante la liquidación de trabajadores de dicha agencia, por el desvío de recursos en beneficio de la candidata presidencial de Morena.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en el ámbito de su competencia, se investiguen y, en su caso, se sancionen, los probables delitos electorales, referidos en las declaraciones de la ex directora general de Notimex,Sanjuana Martínez Montemayor, con motivo del desvío de dinero de la liquidación de trabajadores de dicha agencia, en beneficio de la candidata presidencial de Morena.

Palacio de San Lázaro, a 10 de enero de 2024.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE EMITAN O REFUERCEN LOS PROTOCOLOS PARA SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE QUIENES PARTICIPAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2023-2024

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a diversas autoridades federales y locales, a emitir y/o reforzar los protocolos para salvaguardar la seguridad e integridad física de quienes participan en el proceso electoral 2023-2024, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL BÚSQUEDA Y AL CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN HUMANA, A REMITIR UN INFORME DE SUS LABORES Y RESULTADOS EN 2023

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Búsqueda y al Centro Nacional de Identificación Humana, a remitir a esta soberanía, un informe de sus labores y resultados en el año 2023, a cargo de la senadora Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

DETENER TODAS LAS ACTIVIDADES DE LAS INSTALACIONES DE LA REFINERÍA DE CADEREYTA POR SER UN ENTE SUMAMENTE MORTAL PARA LA POBLACIÓN DE NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASEA, a Pemex y a la Semarnat a intervenir para detener todas las actividades que se realizan y se clausuren las instalaciones de la refinería de Cadereyta por ser un ente sumamente mortal para la población del estado de Nuevo León, suscrita por la diputada Karina Marlén Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlén Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo señalado por los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, a intervenir a la brevedad para detener todas las actividades que se realizan en la refinería de Cadereyta y se clausuren definitivamente estas instalaciones, por ser un ente mortal para la población de Nuevo León, ya que por largo tiempo ha producido altos índices de contaminación provocando con ello, graves repercusiones y daños irreversibles en la salud de la población nuevoleonesa como lo son las infecciones respiratorias crónicas, asma, cáncer, la diabetes e hipertensión u otras, que involucran oídos, nariz y garganta con base en las siguientes

Consideraciones

Desde su origen, la importancia de la protección del medio ambiente ha cobrado relevancia porque involucra directamente el “Derecho a la protección a la salud, a la vida” como la finalidad de garantizar la seguridad y sobrevivencia del ser humano, lo que supondría que los trabajos y acciones que se emprenden desde las autoridades tanto locales como federales sea, cumplir y ejecutar las disposiciones medioambientales que se han aprobado con el paso del tiempo o bien, adecuarlas en aras del bienestar y protección de la vida y de la salud humana, por lo que resulta fundamental e imprescindible, se consolide el principio de proteger un medio ambiente adecuado como un eje fundamental para la vida, para evitar provocar dañar el organismo con padecimientos de graves enfermedades que perjudican la vida y salud de la población en general, pero principalmente de los más vulnerables como los niños y adultos mayores.

Pero en el caso del estado de Nuevo León, no entendemos qué es lo que sucede, si sea un caso de ignorancia de las disposiciones legales o se trate de un caso de corrupción, ya que pese a que se ha advertido en repetidas ocasiones durante esta legislatura, desde esta tribuna, sobre los estragos que ocasiona la gran contaminación que existe en el aire de Monterrey y en diferentes partes del estado y que, se ha mencionado la importancia del cuidado del medio ambiente para la sobrevivencia de la población, han hecho caso omiso las autoridades del estado, quienes han mencionado que los altos índices de contaminación, son algo menor y para ellos, no pasa nada y sólo dictan un “estado de contingencia sin que sea una solución al problema” y qué decir de la poca eficacia de las autoridades federales, todos ellos siguen sin hacer nada contundente y permiten que las personas sigan enfermando y muriendo por la gravedad de la contaminación del aire en la entidad.

Las autoridades locales y federales pasan por alto que la población de Nuevo León, principalmente la de los municipios de Monterrey y Cadereyta sufran las graves afectaciones en su salud, como son los padecimientos en las vías respiratorias, auditivas, otras que impactan psicológicamente (insomnio, dolores de cabeza, ataques al corazón) e infecciosas. Todas ellas, con un desenlace de enfermedades mortales.

Reiteramos, en el estado de Nuevo León existe un problema real de contaminación ambiental, el aire que respiramos es mortal, es muy preocupante que no transcurre una semana completa sin la no veamos publicado en los principales medios de comunicación, la noticia sobresaliente sobre las malas condiciones de la calidad del aire y que hacen las autoridades locales, sólo dictan un estado de “contingencia”, pero la contaminación no cesa ni disminuye y tampoco, el grave impacto que sufre la población nuevoleonesa en su salud, las enfermedades respiratorias siguen aumentando a consecuencia de la mala calidad del aire: “las infecciones respiratorias agudas crecieron el 55 por ciento y los casos de asma un 30 por ciento. Los regios ya tienen muchos años exponiéndose diariamente a un aire sucio y esto ha hecho que se enfermen con más facilidad porque viven constantemente inflamados de las vías respiratorias y que otras enfermedades graves que se detonan, son el cáncer, la diabetes y la hipertensión o bien, otras que involucran los órganos de: oídos, nariz y garganta”; pero ninguna autoridad local se hace responsable.

Y, lo que más nos indigna es que en este inicio de año, esta misma refinería, de injerencia federal, siga generando grandes cantidades de contaminantes duplicando su emisión de azufre; el mismo gobernador reconoció que “Ante la fuerte crisis de contaminación se activó la primera alerta ambiental de 2024 en Nuevo León y señalo que sin minimizar la alerta continuará activa hasta el día martes 16 de enero”, también dijo que “en el estado hay contaminación y que se encuentran trabajando a marchas forzadas para reducir estas condiciones lo antes posible”. Por su parte, en los diferentes medios de comunicación impresos y digitales, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León advirtió que “Monterrey, Nuevo León, se encuentra bajo una gran nube de contaminación por lo que se activó la alerta debido a las altas concentraciones de partículas menores a 10 micrómetros (PM10) ante las condiciones atmosféricas que prevalecen actualmente y que impiden la dispersión de las mismas” y que esta situación registró en un ranking internacional, situar a seis municipios del Nuevo León, entre ellos Monterrey, entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo.

¡Basta ya de engañar a la población! ¡De tener mano tibia con la corrupción! ¡De ser cómplice de las autoridades federales! La población de Nuevo León está enfermando, está muriendo y los niveles de contaminación que se han registrado en el aire en la zona metropolitana del estado han rebasado en distintas ocasiones, los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Queremos ya soluciones tangibles, concretas e inmediatas. actuemos ya con mano dura y cuidemos de nuestra población y de nosotros mismos que vivimos en Monterrey, de los nuevoleoneses.

Todas las personas tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, tenemos derecho a la vida y a gozar de salud; por lo que nos corresponde señalar los graves errores que comete la administración local para que los atienda, corrija y trabaje para garantizar la protección del medio ambiente y con ello, de la vida y salud de todos los regios.

Como representante de la población regia, solicito a esta soberanía de la Comisión Permanente, se solicite el cese de todas las actividades que se llevan a cabo en la refinería de Cadereyta y se clausuren definitivamente, estas instalaciones, por generar altos índices de contaminación; así como aplicar acciones concretas y efectivas para la atender la contaminación ambiental que esta refinería ha generado en los últimos meses y semanas, ya que el incremento de los registros de la contaminación ambiental procura un mayor índice del padecimiento de enfermedades, tales como el riesgo de cáncer, infertilidad, patologías neurológicas, procesos alérgicos, enfermedades autoinmunes, ansiedad o depresión según ha informado el jefe de endocrinología y nutrición del hospital San Francisco de Asís de Madrid, Alberto García Valdés.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita de urgente y obvia resolución a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales del Gobierno federal, a intervenir a la brevedad para detener todas las actividades que se realizan en la refinería de Cadereyta y se clausuren definitivamente, estas instalaciones, por ser un ente mortal para la población de Nuevo León, ya que por largo tiempo ha producido altos índices de contaminación provocando con ello graves repercusiones y daños irreversibles en la salud de la población nuevoleonesa.

Notas

1 Samuel: Alza de la contaminación fue un fenómeno natural (info7.mx)

2 Activan alerta atmosférica en Monterrey; aseguran que es por tolvaneras (msn.com)

3 https://www.milenio.com/politica/comunidad/area-metropolitana-de-monterrey-la-m as-contaminada-del-mundo

4 www.nationalgeographic.com.es/ciencia/impacto-contaminacion-salud-y -calidad-vida El impacto de la contaminación en la salud y la calidad de vida (nationalgeographic.com.es); La contaminación mata nueve millones de personas al año, el doble que el covid-19 | Noticias ONU (un.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputada Karina Marlén Barrón Perales (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A LA SEMARNAT, A LA SENER, Y AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A TOMAR MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y al gobierno de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, disposición jurídica que a la letra señala lo siguiente: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

La contaminación ambiental se considera como un problema de salud pública ya que son muchos los efectos que ejerce sobre la salud de las personas. En México, las principales causas de muerte atribuibles a la contaminación son las enfermedades crónico-respiratorias, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, existen grupos más vulnerables: los niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con acceso limitado a servicios de salud.

Particularmente, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, está catalogada como una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, diversas actividades contribuyen a la contaminación de esta ciudad como es el alto tráfico vehicular, diversas actividades industriales como la metalera, la cementera, la química y la petroquímica, asimismo el estado cuenta con zonas agrícolas importantes donde el uso de plaguicidas también se suma al problema de la contaminación. Aunque en el área metropolitana de Monterrey (AMM) se ubican estaciones de monitoreo ambiental, éstas no reflejan necesariamente los riesgos asociados a la contaminación, en especial los generados por contaminantes emergentes.

Según el Clean Air Institute, la ciudad de Monterrey y su área metropolitana (AMM) es una de las más contaminadas de Latinoamérica a nivel atmosférico, a causa de su alta actividad industrial y del tráfico vehicular.

Particularmente, en Cadereyta Jiménez, donde se ubica una refinería, la actividad petroquímica acentúa los problemas de contaminación, por las emisiones de compuestos volátiles, entre ellos el benceno. Este compuesto es un hidrocarburo extremadamente tóxico que se ha clasificado como un cancerígeno humano por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.

El benceno es un hidrocarburo aromático que tiene amplios usos industriales. Debido a sus diversas fuentes de emisión, tanto antrópicas como naturales, el benceno se encuentra de manera ubicua en el ambiente (ATSDR 2007). La exposición a benceno puede ser ambiental a través de las emisiones vehiculares o industriales, quema de basura o leña, incendios forestales o humo de cigarro; o bien, puede ser ocupacional como en las industrias del petróleo o petroquímicas y en estaciones de gas y gasolina, siendo la industria petroquímica una de las principales fuentes de emisión de benceno.

La exposición al benceno se ha relacionado con importantes problemas de salud, la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) ha clasificado al benceno en el grupo 1 como cancerígeno en humanos, incluso establece una asociación directa con el desarrollo de leucemias mieloides.

Además, se ha descrito ampliamente que la exposición a benceno aumenta el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades como leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y varios tipos de cáncer (linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón).

En México existen sitios en los que la exposición a benceno en niñas y niños es de alta preocupación. Tal es el caso de Cadereyta Jiménez, en donde el 28 por ciento de los niños que participaron en un estudio de investigación (Ochoa-Martínez, AC) presentaron una exposición a benceno muy por encima del índice de exposición biológica establecido por la NOM-127-SSA1 para adultos ocupacionalmente expuestos a este contaminante.

Al comparar estos resultados con estudios realizados en otros países se identificó que la exposición crónica a benceno de los niños de Cadereyta Jiménez es similar a la que presentan los trabajadores de estaciones de gas o de gasolinerías en México y otros países. Es decir, las niñas y niños están expuestos al benceno como si fueran adultos que trabajan en la industria del benceno. La alta exposición a benceno en niñas y niños está relacionada a efectos hematológicos a nivel subclínico como la disminución de hemoglobina, glóbulos rojos y glóbulos blancos, así como algunos eventos genotóxicos como aberraciones y translocaciones cromosómicas.

Información reciente dada a conocer por el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia (Pronaii) de leucemia infantil del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), revela que nueve de cada diez casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) se deben a diversos factores ambientales, entre los que se encuentra la exposición a benceno y otras sustancias químicas. En México, la leucemia representa 52 por ciento de los cánceres en menores de 18 años, siendo la principal causa de muerte en menores en edades entre cinco y 14 años.

En cuanto a regulaciones para la protección al ambiente y la salud humana en México, contamos únicamente con la NOM-127-SSA1-2021 que regula las sustancias químicas en el agua destinada para uso y consumo humano, y la NOM-047-SSA-2011 que establece los límites de exposición ocupacional. Irónicamente, el benceno no está incluido en los contaminantes criterio para la calidad del aire, solamente se considera en la NOM-165-SEMARNAT-2013 para su reporte dentro del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

La falta de regulación ambiental es una razón de peso por la que poblaciones mexicanas resultan altamente expuestas a benceno y otros contaminantes de manera crónica, especialmente en zonas urbanizadas e industrializadas.

Haciendo hincapié al informe de la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que cada año mueren más de 1.7 millones de niños menores de cinco años como consecuencia de impactos ambientales los cuales son evitables. Por ello, se insta a comprender que la crisis ambiental también es una crisis de derechos de la infancia.

El 13 de enero el área metropolitana de Monterrey padeció una “extraordinariamente mala” calidad de aire, lo que llevó a siete municipios a estar momentáneamente en el Top 10 de las ciudades más contaminadas del mundo.

Según los registros locales del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, la contaminación rebasó hasta en 10 veces el límite establecido en la Norma de Salud Ambiental federal para PM10, que es de 60 microgramos por metro cúbico. Aunque la situación fue grave al menos desde las 7: 00 horas, el Estado emitió una alerta ambiental, la primera del año, hasta las 11: 00 horas.

Además de que la ciudad presentó muy mala calidad del aire los días previos, la Secretaría de Medio Ambiente atribuyó en la alerta, la contaminación a las rachas de viento de 25 kilómetros por hora, en promedio, que preceden el frente frío 26 de la temporada.

Según el ranking mundial del sitio Air Quality, que cada hora reporta las 100 ciudades con mayor concentración de contaminantes, en este caso de PM10 y PM2.5, el municipio de Cadereyta, donde se encuentra la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), alcanzó el primer lugar. Las PM10 y PM2.5 son las más peligrosas para el ser humano pues al ser más pequeñas pueden penetrar directamente al torrente sanguíneo.

También el municipio de Apodaca alcanzó el primer lugar de este top internacional, mientras que San Pedro llegó al tercer lugar. Los otros municipios que llegaron al top 10 durante la jornada fueron Santa Catarina, Juárez, García y San Nicolás.

Durante el día, 13 de 14 estaciones de monitoreo ambiental que estaban en funcionamiento alcanzaron el nivel de “extremadamente mala” calidad del aire, en una situación inédita en la ciudad. Los índices comenzaron a repuntar desde alrededor de las 7: 00 horas, pero alcanzaron sus niveles más altos entre las 10: 00 y las 12: 00 horas.

A las 11: 24 horas, la Secretaría de Medio Ambiente emitió la primera alerta ambiental del año, llamando a empresas a tomar medidas para amortiguar efectos de emisiones y a los ciudadanos a no salir al aire libre y proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Energía y al Gobierno de Nuevo León a tomar las medidas necesarias para disminuir los índices de contaminación en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce en su artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar.

Bibliografía

- https://ciatej.mx/elciatej/comunicacion/Noticias/Contaminacion-ambiental–factor -de-riesgo-en-ninas-yninos/74

- https://ciencias.jornada.com.mx/ecologica/2023/11/26/ninezexpuesta-a-benceno-en -zonas-con-actividad-petroquimica-5283.html

- https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/ RICA.2018.34.03.15/46779

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE ACUERDA LA COMPARECENCIA DE DIVERSOS TITULARES DE LA APF EN MATERIA DE SEGURIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda la comparecencia de diversos titulares de la APF en materia de seguridad, ante la ola de violencia que se vive en el país y la intromisión del crimen organizado en la prestación de los servicios de internet y el control en la distribución de medicamentos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los relativos aplicables de las reglas que rigen las sesiones y trabajos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el primer receso del tercer año de la LXV Legislatura, se somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se encuentra en una grave crisis de inseguridad.

Hechos como los ocurridos en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde cinco jóvenes fueron secuestrados y posteriormente asesinados; posteriormente en Zacatecas, cerca de la localidad de Malpaso, en donde siete adolescentes fueron secuestrados y seis fallecieron; hace unas semanas en Celaya, Guanajuato, cinco jóvenes del campus de la Universidad de Guanajuato fueron también raptados y asesinados; y el pasado fin de semana doce jóvenes en el estado de Guanajuato fueron masacrados, hacen que se exija el cese de homicidio de jóvenes.

Asimismo, lo acontecido en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México; el secuestro de tres periodistas, una pareja de maestros asesinada y doce trabajadores municipales desaparecidos en el pueblo mágico de Taxco, así como los ataques con drones y el calcinamiento de varias personas en la localidad de Buenavista, Guerrero; el asesinato y desafío a las corporaciones policiacas en Chiapas, hacen ver la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días en diversos estados de la República.

A lo anterior se suman situaciones que no se pueden pasar por alto ni permitir, por ejemplo, el crimen organizado se ha adueñado del servicio de internet en Apatzingán y Múgica, en Michoacán, obligando a los usuarios de este servicio a pagarles un precio más alto al que cobran las empresas telefónicas, con la gravedad además de que esto facilita a la delincuencia el robo de datos al efectuarse operaciones bancarias, la intromisión en la intimidad y la localización de las personas para su extorsión y secuestro; el servicio de transporte en Acapulco, Guerrero, se encuentra paralizado ante las amenazas de grupos delictivos ocasionando severos perjuicios en la población y grandes pérdidas económicas; y lo más deleznable, que en diversos municipios del estado de Michoacán, los grupos delictivos tengan el control de la distribución y venta de medicinas y productos médicos.

Conforme a lo establecido en la Carta Magna, es deber del Estado mexicano, garantizar la protección y seguridad de toda la población del país, ante lo cual esta representación del pueblo no puede estar ajena a los hechos violentos y la ola de inseguridad que se ha desatado en el territorio nacional, y se requiere conocer la forma en que se cumplen a cabalidad las responsabilidades en materia de seguridad.

La seguridad de la población mexicana no debe soslayarse, debe ser una prioridad.

Este no es el país que la población mexicana desea tener y las autoridades deben actuar.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda convocar a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al comandante de la Guardia Nacional, para que comparezcan ante esta soberanía e informen sobre la ola de violencia que se vive en el país, así como la estrategia y medidas que el Gobierno federal implementará para garantizar la integridad y protección de la población, principalmente de las y los jóvenes del país, así como la seguridad en la realización de actividades económicas prioritarias.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda convocar al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que comparezca ante esta soberanía e informe sobre la situación que guarda la prestación del servicio de internet en el estado de Michoacán, ante la intromisión del crimen organizado, así como de las medidas que se han implementado para la salvaguarda de la población en el uso de la telefonía móvil y comunicación de datos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión acuerda convocar al titular de la Secretaría Salud para que comparezca ante esta soberanía e informe sobre las medidas que se habrán de implementar para evitar el desabasto de medicamentos en los estados del país en donde grupos delictivos controlan la venta y distribución de productos médicos, situación que pone en alto riesgo a la población que los necesita, principalmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Cuarto. Se instruye a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a fijar fecha y hora para la realización de las comparecencias ante el pleno de este órgano legislativo, girando atento oficio a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al comandante de la Guardia Nacional, para su conocimiento y cumplimiento, así como al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES EN MATERIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias federales en materia de producción y comercialización de maíz nacional, suscrita por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Economía, Seguridad Alimentaria Mexicana y a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen de manera conjunta y urgente una estrategia integral de política pública para garantizar la producción y comercialización de maíz nacional en favor de las y los productores del sector agropecuario y consumidores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), refiere que el maíz es el segundo cultivo del mundo que se produce, después del trigo, además indica que es el primer cereal en rendimiento de grano por hectárea y es el segundo, después del trigo, en producción total, por lo que el maíz es fundamental para la economía a nivel mundial ya sea como alimento para humano, para el ganado o como fuente de un gran número de productos industriales.

Segunda. Con datos de la misma organización internacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señala que México produce cerca de 900 cultivos, de los cuales 12 son considerados estratégicos, entre los que se encuentran el maíz como un grano básico de nuestra alimentación y cultura. En este sentido, la dependencia federal, indica que el maíz se cultiva en las 32 entidades federativas con una producción en 2021 de 27.5 millones de toneladas, siendo en ese año Sinaloa como la mayor entidad productora.

Tercera. Para 2023, la producción de maíz en México cayó aproximadamente 40 por ciento, así lo señaló la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señalando a la sequía y la falta de apoyos por parte del Gobierno para apoyar la producción nacional de este grano estratégico, resaltaron, como ejemplo, que 6 de cada 10 granos que se consumen en México provienen de otros países, valorado en unos 40.000 mil millones de dólares.

Así también, durante el año anterior las productoras y los productores de granos de México fueron perjudicados por la caída en los precios de sus cosechas y en la producción, sumando al incremento de las importaciones, sobre todo en maíz, lo que aleja a nuestro país de la soberanía alimentaria.

Cuarta. Un ejemplo preocupante de lo anterior, lo da Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) que, mediante un análisis, indicó que durante 2023 crecieron las importaciones de granos, destacando al maíz donde las compras en el extranjero en los primeros 11 meses del año pasado fueron 16.9 por ciento más que en 2022, es decir alrededor de 18.2 millones de toneladas. Además, señalaron que la sequía en gran parte del territorio nacional durante el año pasado fue un factor determinante que provocó la caída en la producción de maíz, donde en Sinaloa bajará de 6.4 millones de toneladas del ciclo otoño invierno 2022-2023 a entre 4.6 y 2.6 millones de toneladas en el ciclo 2023-2024, alejando a México de la autosuficiencia alimentaria.

Quinta. Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) refieren que las productoras y los productores de maíz vendieron hasta 30 por ciento menos sus cosechas con los intermediarios respecto a lo que pagó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con pagos de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos la tonelada. A esto vienen los problemas de comercialización que afectan severamente a toda la cadena de valor y al consumidor. Un ejemplo de ello, el precio de la tortilla, que en 2023 cerró con un precio de 22.90 pesos por kilo, es decir 6.8 por ciento con mayor precio al año 2022, que fue de 21.43 pesos el kilo, de acuerdo a datos de la Secretaría de Economía.

Pero, cabe señalar, que la falta de políticas públicas estratégicas para detonar la producción nacional de maíz, han sido poco eficiente, lo cual se ve reflejado en un alimento de primera necesidad y de la canasta básica como lo es la tortilla, debido a que en 2013 su precio era de aproximadamente 12.41 pesos y para 2023 fue de 22.90 pesos por kilo, es decir un aumento de 85 por ciento, afectando directamente la economía de las familias de México.

Sexta. Es por ello que desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sostenemos la necesidad de que se implemente una estrategia integral conjunta y urgente de política pública para garantizar la producción y comercialización de maíz nacional en favor de las y los productores del sector agropecuario y consumidores.

Lo anterior es necesario ya que en 2023, México tuvo un nuevo récord de importaciones de maíz, siendo de 18.2 millones de toneladas, es decir 16.9 por ciento más respecto a 2022, siendo el valor de compras externas de alrededor de 5 mil 366 millones de dólares, que significó un alza de 7.6 por ciento.

Lo anterior nos aleja de la autosuficiencia y soberanía alimentaria, haciéndonos dependientes de las importaciones de maíz. Por lo que es necesario que el Estado mexicano implemente políticas públicas y mecanismos de protección, programas y presupuesto que contribuyan a fomentar la producción de este grano estratégico.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante la honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Economía; Seguridad Alimentaria Mexicana y a la Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera conjunta y urgente una estrategia integral de política pública para garantizar la producción y comercialización de maíz nacional en favor de las y los productores del sector agropecuario y consumidores.

Nota

1 Datos de las estadísticas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GCMA.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EXHORTO A SEGALMEX Y LICONSA, EN MATERIA DE COMPRA DE LECHE EN LOS ALTOS DE JALISCO POR CONSIDERARLAS ZONAS ESTRATÉGICAS DE PRODUCCIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex y Liconsa, en materia de compra de leche en los altos de Jalisco, por considerarlas zonas estratégicas de producción, suscrita por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana y a Liconsa, para que fortalezcan la compra de leche en los altos norte y sur de Jalisco, ya que son zonas estratégicas y productivas de leche a nivel nacional, así como se les respete el precio de garantía establecido por el Gobierno federal, debido a que han dejado de hacerlo, afectando directamente el patrimonio y economía familiar de las productoras y productores de leche, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. México ocupa el lugar 15 a nivel mundial con una producción de 13 mil millones de litros por año, pero a pesar de ello, el sector lechero mexicano es deficitario en alrededor de 30 por ciento, además, el consumo per cápita por persona es de 130 litros al año, mientras la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es que sea de 180 litros al año.

Segunda. Las y los productores de las zonas de los altos norte y sur del estado de Jalisco se caracterizan por ser líderes en la producción de leche, los cuales han generado mil 796 millones de litros, con una participación de 68.2 por ciento de su producción estatal, contribuyendo al liderazgo del estado de Jalisco a nivel nacional en producción de leche de bovino cercana a los 3 millones de litros, arriba de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Veracruz, que en conjunto producen 70 por ciento de la leche en México, donde la entidad jalisciense aporta 20 por ciento.

Tercera. El trabajo diario de las y los productores de los Altos de Jalisco coadyuvan para que la leche ocupe el tercer lugar del valor de la producción pecuaria nacional que es de 17 por ciento. Las unidades de producción pecuarias alteñas (UPP), forman parte y se suman a las más de 154 mil UPP dedicadas a la producción de leche que hay en el país, las cuales 97 por ciento tienen menos de 100 cabezas, lo que indica que la gran mayoría son pequeños y medianos productores.

Asimismo, se destaca que la producción de leche de los Altos de Jalisco contribuye para que a nivel nacional haya más de 600 mil fuentes de empleos directos y más de 1 millón de carácter indirecto, que se extienden a lo largo de toda la cadena productiva en el país.

Cuarta. Desafortunadamente, las productoras y los productores de los altos norte y sur del estado de Jalisco se encuentran en dificultades, sobre todo porque durante los últimos tres años se han agudizado y mantenido las problemáticas de inflación en la producción de alimentos, como lo es la leche, así como la falta de presupuesto, subsidios, programas federales para incentivar la producción de leche, la sequía, la importación anual de leche en polvo que es de 340 mil toneladas por año, principalmente la proveniente de los Estados Unidos de América (EUA), el que no se les respeta el precio de garantía por litro de leche que venden a Liconsa y ahora empeorando la situación Segalmex-Liconsa, no les está comprando la leche a productoras y productores de los Altos de Jalisco, lo cual está provocando que su producción se pierda, la desaparición del hato lechero en los Altos de Jalisco y está afectando la economía familiar de las y los productores de leche jaliscienses.

Lo anterior, ha provocado que al menos 25 por ciento de productoras y productores de leche en Jalisco hayan desaparecido en el actual sexenio, la mayor parte han sido de los Altos de Jalisco. Quedando en todo el estado, entre 15 y 16 mil ganaderas y ganaderos dedicados a la producción de leche, donde 10 por ciento son grandes productores, 35 por ciento medianos y 55 por ciento pequeños, con menos de 50 vacas.

Quinta. En este sentido, si la zona que más produce leche en el país, como lo es los Altos de Jalisco está en crisis y Segalmex-Liconsa no les están comprando leche a pequeños y medianos productores, no se entiende el aumento de captación de leche a nivel nacional, que según fuentes del Gobierno federal han pasado de 345.2 millones de litros que se tenía en 2022 a 576.2 millones de litros en 2023, significando un aumento de 65 por ciento, por lo que indican que para 2024 no se importará leche en polvo debido al incremento en el acopio de leche de productores y productoras nacionales.

Lo anterior, es complicado de tener certeza, ya que como sabemos durante el presente sexenio se desaparecieron los subsidios para productoras y productores de leche, no hay programas federales, ni políticas públicas, ni presupuesto etiquetado para detonar la producción y el consumo de leche a nivel nacional, por lo que el déficit de 30 por ciento que tiene México en leche para satisfacer la demanda nacional puede aumentar, ocasionado un incremento en los costos de producción y en el precio final de este alimento y sus derivados que impactará directamente a las y los consumidores.

Sexta. Por ello, es necesario que Seguridad Alimentaria Mexicana y Liconsa, fortalezcan la compra de leche en los altos norte y sur del estado de Jalisco, ya que son zonas productivas de leche estratégicas a nivel nacional, además deben pagarles el precio de garantía establecido por el Gobierno federal, debido a que han dejado de hacerlo, lo cual ha afectado directamente el patrimonio y economía familiar de las productoras y productores de leche. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos a favor de que se privilegie la producción nacional de leche. Consideramos que, si en 2024 no habrá importación de leche, es necesario incrementar la productividad de este alimento y sobre todo que la producción de leche le sea comprada puntualmente a las y los productores de leche de los Altos de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se propone ante la honorable Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Seguridad Alimentaria Mexicana y a Liconsa, para que fortalezcan la compra de leche en los altos norte y sur del estado de Jalisco, ya que son zonas estratégicas y productivas de leche a nivel nacional, así como se les respete el precio de garantía establecido por el Gobierno federal, debido a que han dejado de hacerlo, afectando directamente el patrimonio y economía familiar de las productoras y productores de leche.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SE EJECUTEN ACCIONES FOCALIZADAS EN LA RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUC-TURA FÍSICA EDUCATIVA AFECTADA POR EL HURACÁN OTIS EN ACAPULCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a que, en coordinación con el gobierno de Guerrero y el municipio de Acapulco, ejecuten acciones focalizadas en la recuperación de la infraestructura física educativa afectada por el huracán Otis, a cargo del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado lunes 8 de enero fue el regreso a clases a nivel nacional, culminaron las vacaciones de fin de año en todo el país y millones de alumnos de educación básica y media superior regresaron a las aulas. Sin embargo, en Guerrero y particularmente en Acapulco, la historia fue otra. No todas las escuelas de Acapulco se reincorporaron a sus labores académicas y las que sí, lo hicieron en medio de limitaciones sustanciales provocadas por el huracán Otis.

Entre los casos más relevantes encontramos:

• La escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de Acapulco, en donde se determinó que el regreso a clases se daría con una jornada reducida únicamente durante los días lunes y jueves de cada semana, toda vez que el plantel no cuenta con el servicio de agua potable plenamente restablecido.

• La secundaria Ignacio Chávez reanudó clases a pesar de que Otis se llevó el techado de una parte de las instalaciones.

• La escuela Rubén Figueroa Figueroa, por su parte, lleva sus actividades académicas en las instalaciones de Plaza La Cima, debido a que sus instalaciones se encuentran doblemente afectadas por el sismo de septiembre de 2021 y el paso de Otis.

• En la secundaria 9 Alfonso Ramírez de Altamirano, en Ciudad Renacimiento, se cayó una barda y volaron varios techos, situación que atenta directamente contra la seguridad de los estudiantes.

• La escuela primaria Gabriela Mistral no pudo reanudar sus actividades debido a que en sus instalaciones continúan instaladas casas de campaña de la Guardia Nacional.

• Otras escuelas que tampoco pudieron reanudar clases el 8 de enero fueron la primaria 6 de Enero de la colonia La Laja y la secundaria Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, la primaria Teniente José Azueta, la Manuel Ávila Camacho, la Secundaria Técnica 1 y la Secundaria 70, todas ellas ubicadas en avenida Solidaridad del fraccionamiento Hornos Insurgentes.

Entre las escuelas que sí regresaron a clases encontramos en su mayoría instituciones particulares como los colegios Simón Bolívar, el Español y el Zumárraga, así como las escuelas preparatorias y licenciaturas de la Universidad Autónoma de Guerrero.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó de manera oficial que el 8 de enero de 2024 se logró el regreso a clases en 827 escuelas públicas y privadas, es decir, 51.5 por ciento de la totalidad de planteles educativos de Acapulco y Coyuca de Benítez.

El impacto del huracán Otis la madrugada del 25 de octubre del año pasado, afectó la infraestructura de varias escuelas de Acapulco, a algunas se les voló el techo de las canchas y aulas, se cayeron bardas y se rompieron vidrios.

La situación que se vive después del paso del huracán Otis en Acapulco es alarmante y tiene consecuencias significativas, especialmente en el ámbito educativo. La devastación sin precedentes ha dejado a numerosas escuelas con infraestructuras severamente afectadas, impidiendo que la mitad de ellas puedan retomar las clases después de dos meses y medio del desastre natural. Esta situación tiene implicaciones y afectaciones graves para los alumnos y pone en riesgo su proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo normal del ciclo escolar.

En primer lugar, la interrupción prolongada de las actividades académicas afecta directamente el progreso educativo de los estudiantes. La continuidad en el proceso de enseñanza es esencial para el aprendizaje adecuado, y la falta de acceso a la educación durante un periodo prolongado puede tener consecuencias a largo plazo en el rendimiento académico de los estudiantes afectados.

Además, la falta de estructuras educativas funcionales puede generar estrés y ansiedad en los estudiantes. La escuela no sólo es un lugar para adquirir conocimientos, sino también un entorno que proporciona estabilidad, rutina y apoyo emocional. La pérdida de este entorno puede afectar negativamente el bienestar emocional de los alumnos, lo que a su vez puede afectar su capacidad para concentrarse y aprender.

El retraso en la reanudación de las clases también puede tener consecuencias económicas para las familias, ya que muchos padres pueden tener dificultades para equilibrar el trabajo y el cuidado de los niños en casa. Esto podría resultar en una disminución en los ingresos familiares y, en última instancia, afectar la calidad de vida de las personas afectadas.

Ante esta situación, es urgente prestar atención focalizada en la recuperación de la infraestructura física educativa. La reconstrucción rápida de las escuelas es esencial para restaurar la normalidad y permitir que los estudiantes regresen a un entorno de aprendizaje seguro y adecuado. Esto no sólo implica reparar los daños visibles, sino también evaluar y abordar posibles problemas estructurales que puedan surgir en el futuro.

Es imperativo que las autoridades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general trabajen de manera coordinada para priorizar la reconstrucción de las escuelas afectadas. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de una sociedad, y garantizar la continuidad de la enseñanza es esencial para el bienestar y el futuro de los estudiantes afectados por esta tragedia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con el Gobierno de Guerrero y el Gobierno municipal de Acapulco, ejecuten acciones focalizadas en la recuperación de la infraestructura física educativa afectada por el huracán Otis, esencial para restaurar la normalidad y permitir que los estudiantes regresen a un entorno de aprendizaje seguro y adecuado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2024.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.