«Iniciativa que reforma los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa de reforma con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Una de las practicas neoliberales que más ha dañado a la ciudadanía en las grandes urbes, debido al crecimiento del parque vehicular y que ha generado un gran debate sobre la protección de los derechos de los consumidores, es por el cobro de estacionamientos públicos en centros comerciales, plazas, instituciones educativas, clínicas u hospitales. Al ser considerado una paradoja, pagar estacionamiento por ir a consumir bienes y servicios.

Además de esa problemática, la ciudadanía se enfrenta con los operadores de los estacionamientos por cobros excesivos, gestiones ineficientes e inadecuadas de los espacios, aunando el abuso que comentan la mayoría al no hacerse responsables de los daños ocasionados a los vehículos y motocicletas en el tiempo transcurrido en el estacionamiento y las condiciones de inseguridad con las que operan.

Ejemplos abundan en la mayoría de los estados. Por dar algunos párrafos de noticias sobre el tema:

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que establece la regulación de la tarifa de los estacionamientos públicos en la capital.

Con tarifas que van desde los 25 hasta los 200 pesos, los dueños de estacionamientos en Nuevo León aprovechan la nula regulación de estos espacios por parte de las autoridades, lo que les otorga la libertad de cobrar importes abusivos con total impunidad y sin hacerse responsables u ofrecer alguna garantía de seguridad a los vehículos de sus clientes.

Aunque la ley establece que todos los establecimientos comerciales deben brindar a sus clientes un lugar para estacionarse, en la práctica es otra cosa. Esto debido a que en algunos establecimientos de este giro cobran la fracción, así sean 5 minutos, y no sellan el boleto. Encima de eso, apenas 5 por ciento de los estacionamientos públicos cuenta con póliza de seguro que proteja a las unidades que hacen uso de este servicio. Para la presidenta de la Amasfac en Tabasco, Leonor Olavarrieta, todas las empresas de este giro deberían tener una póliza de responsabilidad civil.

No existe una regulación, mucho menos un reglamento municipal de estacionamientos, por lo que es tierra fértil para cometerse abusos y perjuicios en contra de los propietarios que por necesidad utilizan estos parqueaderos públicos.

Los estacionamientos públicos siguen operando al margen de la ley, pues mientras unos cobran excesivas tarifas, otros no tienen ni siquiera los cajones necesarios o las medidas de seguridad que se requieren para la tranquilidad de los usuarios. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Madián de los Santos Chacón, admitió que no se está aplicando el reglamento municipal por lo que el tema se revisará este mismo año. Sin embargo, aseguró que se está trabajando en el tema de la mejora regulatoria, por lo que se dialogará con las tiendas departamentales, de autoservicio y negocios de estacionamientos, a fin de establecer un tabulador en los cobros a sus clientes, y evitar los cobros desmedidos.

Dichas prácticas han ido en aumento, debido a la carencia de regulaciones legales que protejan los derechos de los consumidores y garantice la accesibilidad de forma más equitativa.

Motivo por el cual, con esta iniciativa se busca atender una de las problemáticas básicas de los consumidores al proponer gratuidad en los estacionamientos, con la condición de haber adquirido un bien y/o servicio. Ir girando a un modelo de ciudades más igualitarias, regularizando algo que a simple vista podría superficial.

Sin embargo, la gratuidad en los estacionamientos, principalmente en las grandes ciudades, fomenta una mayor accesibilidad para todos los sectores socioeconómicos. Se genera una cancha más pareja, permitiendo que independientemente de los ingresos económicos tengan el acceso. Al eliminar los costos de estacionamiento, se incentiva el consumo local. Al no condicionar la adquisición de bienes y servicios.

En algunos estados, municipios y alcaldías se ha intentado regular el uso de estacionamientos, con pocos casos de éxito y de implementación, en consecuencia, presento esta iniciativa, para tener un marco legal federal. En el que, los estados tendrán la obligación de reglamentar, según su ámbito de competencia, para la transición a la gratuidad de los estacionamientos, la regulación de los espacios, establecimiento de sanciones para los que infrinjan las normativas.

El artículo 115 de la Constitución establece: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. Y por su parte: Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.

De conformidad con lo anterior, es facultad de los estados y municipios de legislar y administrar respectivamente, los planes de desarrollo urbano y la zonificación territorial. Por lo que, tendrán que homologar los marcos legales estatales y los bandos municipales para la regulación y cumplimiento de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que tiene como finalidad este presente.

A fin de ajustarse a la técnica legislativa, a continuación, se anexa un cuadro comparativo que consta las propuestas del proyecto de reforma:

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforma la fracción XXVIII del artículo 10; y se adicionan la fracción XXVII, con lo que recorre la actual para quedar como XXVIII, y la XXVII del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 10. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Establecer las normas conforme a las cuales se regulará el servicio que presenten los estacionamientos dedicados a cubrir las necesidades para realizar actividades de producción de bienes, compra—venta de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no, incluidas educativas u hospitalarias, se ofrezca la gratuidad a los consumidores, así como aplicar y promover las políticas y criterios para garantizar espacios de estacionamiento a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, y contar con un seguro de responsabilidad civil; y

XXVIII. Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 11. ...

I. a XXVI. ...

XXVII. Formular, aprobar, administrar y ejecutar la reglamentación para el servicio que prestan los estacionamientos dedicados a cubrir las necesidades para realizar actividades de producción de bienes, compraventa de mercancías o prestación de servicios, sea con fines mercantiles o no, incluidas educativas u hospitalarias, se ofrezca la gratuidad a los consumidores, así como realizar el seguimiento correspondiente para la efectividad de la norma.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas, así como los municipios y las alcaldías de Ciudad de México, deberán realizar las modificaciones a las leyes y reglamentos correspondientes en la materia dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 ¡Ni un peso más!, 2023,

https://www.nmas.com.mx/ciudad-de-mexico/tarifas-de-estacionamie ntos-en-cdmx-seran-reguladas-aprueba-congreso/

2 Estacionamientos se sirven con ‘cuchara grande’; operan sin regulación, pocas obligaciones y tarifas ‘al gusto’ (2024),

https://www.reporteindigo.com/reporte/estacionamientos-monterrey -nuevo-leon-regulacion-tarifas/

3 Letra muerta regulación de estacionamientos en Villahermosa (2024),

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/por-que-es-letra-mue rta-la-regulacion-de-estacionamientos-en-villahermosa-11423546.html

4 Necesaria regulación de estacionamientos en Reynosa (2024),

https://www.elmanana.com/local/reynosa/sin-regular-estacionamien tos-quedan-a-criterio-de-propietarios/5806074

5 Cobros excesivos, no tienen cajones necesarios, carecen de medidas de seguridad, son algunas de las quejas contra estos sitios,

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/estacionamientos-pub licos-al-margen-de-la-ley-4276264.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2024.– Diputados y diputadas: Juan Ángel Bautista Bravo, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Armando Corona Arvizu, Gabriela Valdepeñas González, Josefina Anaya Martínez, Melva Carrasco Godínez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 2o., 21 Bis y 27 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Rodrigo Ramos Enríquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Ramos Enríquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 21 Bis y 27 de la Ley de Planeación, al tenor de la siguiente

La pobreza es una de las problemáticas más urgentes en México, pues afecta los derechos fundamentales de millones de personas. Según datos oficiales, 9.1 millones de personas no tienen acceso a condiciones mínimas de bienestar, lo que incluye la falta de acceso a alimentación, salud, vivienda digna y educación de calidad. Este fenómeno de vulnerabilidad no solo atenta contra la dignidad humana y el desarrollo personal, sino que también limita el desarrollo económico y social del país, perpetuando ciclos de exclusión y desigualdad que afectan a las futuras generaciones.

La pobreza extrema es uno de los problemas sociales más persistentes y graves en México; su existencia vulnera derechos fundamentales y obstaculiza el desarrollo humano y económico de millones de personas. Definida por la presencia de múltiples carencias sociales y un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), la pobreza extrema exige un enfoque de política pública integral que aborde los factores económicos, sociales y territoriales que la perpetúan. A continuación, presento un análisis de la situación actual de la pobreza extrema en México desde una perspectiva multidimensional, considerando los aspectos de ingreso, derechos sociales, género, edad, y contexto territorial, con el objetivo de subrayar las áreas críticas en las que deben enfocarse los esfuerzos legislativos.

A pesar de los avances en el diseño de políticas y programas sociales, persisten retos considerables en la cobertura y efectividad de los mecanismos de apoyo, los cuales muchas veces no logran llegar a quienes más lo necesitan. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establecen un compromiso claro para garantizar los derechos sociales y combatir la pobreza en todas sus formas. Sin embargo, en la práctica, se observa una falta de coordinación entre distintos niveles de gobierno, duplicidad en la implementación de programas y una distribución desigual de los recursos, lo cual representa un obstáculo en la mejora tangible en la vida de las personas en situación de pobreza extrema.

Según el Coneval, los valores de la LPEI se situaron en $1,600.18 para áreas rurales y $2,086.21 para zonas urbanas. Bajo esta lógica, el 7.1 por ciento de la población mexicana, equivalente a 9.1 millones de personas, se encontraba en pobreza extrema. Esta cifra refleja la magnitud del problema y la urgencia de una intervención efectiva para combatirlo. Los datos también revelan que una de cada tres personas en pobreza extrema es menor de 18 años (aproximadamente 3.8 millones), lo cual evidencia un impacto profundo en la población infantil y adolescente, que enfrenta un futuro incierto y limitado por la falta de recursos y oportunidades.

La pobreza extrema no solo afecta de manera desigual a diferentes grupos de edad, sino también de género. En 2022, una mayor proporción de mujeres en los rangos de edad de 18 a 29 años y de 30 a 64 años se encontraba en situación de pobreza extrema en comparación con los hombres. Este dato es especialmente alarmante, pues sugiere que las mujeres enfrentan mayores barreras de acceso a recursos y oportunidades económicas, lo que perpetúa la desigualdad de género en sectores poblacionales críticos para el desarrollo económico y social.

Las desigualdades entre zonas rurales y urbanas son evidentes. En las zonas rurales, la proporción de personas en situación de pobreza extrema es del 14.9 por ciento, mientras que en áreas urbanas es del 4.5 por ciento. Esto demuestra que la pobreza extrema en México tiene un componente territorial importante: las áreas rurales carecen de infraestructura adecuada, acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo formales, lo cual limita las posibilidades de mejora económica de sus habitantes. Asimismo, dentro de la población infantil y adolescente en pobreza extrema, una mayor proporción reside en áreas rurales, lo que subraya la necesidad de una atención especial en estas zonas para evitar la reproducción de la pobreza intergeneracional.

A pesar de la existencia de programas sociales, en 2022, el 45.1 por ciento de la población en pobreza extrema (4.1 millones de personas) reportó que su hogar no recibía ningún tipo de apoyo monetario. Esta cifra incluye a 2.5 millones de personas en áreas urbanas y 1.6 millones en zonas rurales. Dentro de esta población, se identifican grupos prioritarios que requieren atención especial: 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes que asisten a escuelas públicas de educación básica, 0.5 millones de personas jornaleras y 0.2 millones de mujeres de entre 60 y 64 años. Estos grupos son especialmente vulnerables y necesitan intervenciones específicas que les permitan superar su condición de pobreza extrema y acceder a oportunidades de desarrollo.

La pobreza extrema en México es un fenómeno complejo que requiere una política pública multidimensional que abarque no solo la provisión de recursos económicos, sino también la atención a los derechos sociales, la eliminación de barreras de género, la adaptación de los programas sociales a los contextos territoriales y el fortalecimiento de la seguridad social y el empleo formal.

La evidencia demuestra que el enfoque actual necesita mejorar para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad y que se aborden las causas estructurales de la pobreza. Para erradicar la pobreza extrema, es fundamental implementar programas de apoyo monetario que contribuyan al bienestar económico y a la seguridad social de la población en situación de mayor desventaja.

Si México desea avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, debe priorizar políticas públicas que realmente transformen las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos y promuevan la igualdad de oportunidades para todos.

Esta iniciativa de reforma propone adicionar un enfoque crucial, el combate a la pobreza extrema en el Plan Nacional de Desarrollo, considerando que es el instrumento que sirve como la base que suministra las directrices de las políticas públicas.

Fundamento legal

La presente iniciativa tiene como fundamento los artículos 1 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

En razón de lo anterior y con el fin de ilustrar la propuesta, se incorpora el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2, 21 Bis y 27 de la Ley de Planeación

Único. Se reforman los artículos 2, 21 Bis y 27 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre la erradicación de la pobreza extrema, el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

Artículo 21 Bis. El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional de fomento económico, a fin de erradicar la pobreza extrema e impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento continuo de la productividad y la competitividad y la implementación de una política nacional de fomento económico, que incluya vertientes sectoriales, regionales.

Artículo 27. Para la ejecución del Plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias, entidades y la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, considerando los aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental, cultural y desarrollo de proyectos, en materia de humanidades, erradicación de la pobreza extrema, ciencias, tecnologías e innovación correspondientes.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Coneval, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024.

2 Coneval, Evaluación de Políticas y Programas, 2022.

3 Coneval, Evaluación de Políticas y Programas, 2022.

4 Coneval, Análisis de la población en situación de pobreza extrema, 2024.

5 Coneval, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.– Diputados y diputadas: Rodrigo Ramos Enríquez, Anayeli Muñoz Moreno, Ariana del Rocío Rejón Lara, Humberto Ambriz Delgadillo, Luis Armando Díaz, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Nubia Iris Castillo Medina, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres), la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de sus derechos humanos, que se debe de atender de manera inmediata y urgente nivel global.

Los tipos de violencia tiene graves consecuencias en la integridad de las mujeres y niñas y pueden ser físicas, psicológicas, y sexuales, los cuales son:

• Violencia por parte de su pareja: maltrato físico, psicológico, conyugal, violación y feminicidio.

• Violencia sexual y acoso: violaciones por actos sexuales, abuso infantil, matrimonio forzado y matrimonio infantil.

• Violencia digital: se visibiliza a través de la Inteligencia Artificial, redes sociales y medios de comunicación, causando daños a la integridad de los derechos humanos de las mujeres.

La violencia en las mujeres son aquellos actos que lastiman y van desde daños físicos, sexuales, psicológicos, amenazas y de privación de la libertad, afectando su empleo, educación, y, sobre todo, sus oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Sin embargo, ante el aumento de las tecnologías por un lado ayuda al progreso, crecimiento y desarrollo de cada país, por ejemplo, para el tema de la salud, se utilizan para salvar vidas, contrarrestando enfermedades. En educación es para crear espacios virtuales de aprendizaje. Y en espacios públicos, son cada vez más accesibles utilizándolos para algunas personas, en dañar, perjudicar y violentar a través de plataformas de la inteligencia artificial a mujeres, niñas y adolescentes, lo cual resulta necesario crear estrategias prioritarias para contrarrestar la violencia digital.

La violencia de género, a través de la era digital, sigue siendo un obstáculo para la igualdad, el crecimiento, desarrollo y el respeto de los derechos humanos a nivel internacional.

La violencia digital va más allá de las relaciones interpersonales, las mujeres se ven amenazadas en su seguridad, integridad, bienestar social y vida.

Una plataforma de la inteligencia artificial está integrada de tecnologías para entrenar y desarrollar modelos y algoritmos de aprendizaje automático.

La violencia generada a través de la inteligencia artificial causa daños psicológicos, sociales, económicos y de desarrollo que vulneran los derechos y libertades de todas las mujeres, niñas y adolescentes.

En este mismo orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que el aumento de plataformas digitales resulta preocupante por la protección de los derechos humanos. Por ello, los estereotipos e identidades de género se vulneran a través de programas, servicios de internet y plataformas como la inteligencia artificial que son decisiones automatizadas y algoritmos que tienen el potencial de difundir identidades perjudiciales sin consentimiento para las mujeres.

Por ello, como cada 25 de noviembre, la ONU conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para este 2024 el tema principal es: “Cada 10 minutos se asesina a una mujer”, con el objetivo de movilizar a toda la población a poner fin la violencia contra las mujeres y de revitalizar los compromisos y exigir responsabilidad en la toma de decisiones.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres), cada 10 minutos fallece una mujer. En este mismo sentido, dicha organización indica que, en todo el mundo, aproximadamente 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida, es decir, casi una de cada tres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. En temas de feminicidios, tan sólo en 2022, 48 millones de mujeres y niñas fallecieron a manos de sus parejas u otros familiares a nivel global.

La ONU plantea que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta a millones de mujeres, porque son más propensos a la violencia digital por cuestiones de su trabajo, identidades o acceso a la información, particularmente a las defensoras de derechos humanos, periodistas y legisladoras, activistas, feministas y académicas, por mencionar algunas, son las que enfrenan mayores índices de este tipo de violencia, que amenaza su seguridad, integridad, bienestar y calidad de vida.

La forma de violencia digital contra las mujeres se produce, de la siguiente manera:

• Sextorsión: chantaje con la amenaza de publicar información sexual, videos o fotos, o compartir imágenes íntimas sin consentimiento.

• Doxxing: publicar datos personales y privados.

• Ciberacoso: acoso sexual en línea.

• Phishing: fraude que busca obtener información bancaria.

• Grooming: personas adultas que intentan acercarse a menores de edad a fin de obtener satisfacción sexual.

• Incitación al odio.

• Cambio de identidad.

Para el caso de nuestro país, de acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, menciona que en 2021 a nivel nacional se presentaron las siguientes cifras:

• De los 84.1 millones de usuarios de internet son mayores de 12 años (44 millones son mujeres y 40.1 son hombres)

• En este sentido, 9.8 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso.

• El 29.3 por ciento de mujeres de 20 a 29 años de edad utilizaron internet y fueron víctimas de ciberacoso.

• El 61.3 por ciento de la población mayores de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso por un desconocido.

• El 19.1 por ciento de la población mayores a 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso por un conocido.

El Instituto Nacional de las Mujeres menciona que 65 por ciento de las mujeres no denuncian la violencia digital y quien intentó denunciarla no tuvieron respuesta alguna.

La violencia contra las mujeres y las niñas ya era reconocida como una crisis mundial antes de la pandemia de Covid-19, sin embargo, esta problemática ha aumentado los índices de casos de violencia en todas sus formas, según la ONU.

Resulta urgente aprobar leyes que mejoren la vida y la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el país, garantizando su bienestar, desarrollo y calidad de vida, en la era digital.

Los impactos de la violencia pueden tener graves consecuencias en la salud mental, calidad, desarrollo profesional y, si no se atiende o se previene, las mujeres que sufran alguna violencia en sus formas podrán contar con depresión, trastornos de ansiedad que afectarán en su vida cotidiana.

Ante esta era moderna, resulta imperativo seguir legislando a favor de las mujeres, niñas y adolescentes con el fin de garantizar una vida plena y de seguridad para su bienestar social.

Juntos contribuyamos a crear entornos seguros y sostenibles. Juntos logremos un México sin violencia.

En esta tesitura, el objetivo central de la presente iniciativa es prevenir la violencia digital en las plataformas de tecnologías de la información y la comunicación como aquellos recursos, herramientas, programas y plataformas de inteligencia artificial que se utilizan para crear, procesar, administrar, compartir y difundir la información en las redes sociales.

En tal virtud, se reforma el tercer párrafo del artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Quáter. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

...

Para efectos del presente capítulo se entenderá por Tecnologías de la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas, programas y plataformas de la inteligencia artificial que se utilizan para crear procesar, administrar, compartir, y difundir la información mediante diversos soportes tecnológicos.

La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) (2024). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Consultado en el siguiente link: HYPERLINK

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women- day

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women- day

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital: Lo que es virtual también es real. consultado en el siguiente link:

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/ diciembre-2020/violencia-digital

3 Idem

4 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2023). Cómo afecta a mujeres y niñas la violencia de género facilitada por la tecnología. Consultado en el siguiente link:

https://unric.org/es/violencia-de-genero-facilitada-por-la-tecno logia/

5 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 10 minutos se asesina a una mujer. #NoHayExcusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Consultado en el siguiente link:

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women- day

6 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2024). Datos y cifras: violencia contra las mujeres. Consultado en el siguiente link:

https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifr as-violencia-contra-las-mujeres

7 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2023). Cómo afecta a mujeres y niñas la violencia de género facilitada por la tecnología. Consultado en el siguiente link:

https://unric.org/es/violencia-de-genero-facilitada-por-la-tecno logia/

8 Idem

9 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. ¿Sabes que es la violencia Digital? Consultado en el siguiente link:

https://www.infoem.org.mx/es/iniciativas/micrositio/violencia-di gital#:~: text=Violencia%20Digital%20en%20México%3A%20Cifras%20Relevantes&text=de%20m ujeres%20de%2012%20años,de%207.6%20millones%20de%20hombres.&text=de%20las%2 0mujeres%20de%2020,al%2023.7%25%20de%20los%20hombres

10 Instituto Nacional de las Mujeres (2022). Mujeres violencia en línea. Consultado en el siguiente link:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-cirberviolencia-y-el-c iberacoso-es-una-realidad-que-debe-ser-visibilizada-con-datos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.– Diputadas y diputado: Ana Isabel González González, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Humberto Ambriz Delgadillo, Nadia Yadira Sepúlveda García, Verónica Martínez García (rúbricas).»

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone reformar la fracción I y III y por adición de una fracción IV del artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

La violencia de género es una realidad dolorosa que afecta a miles de familias en nuestro país, y sus consecuencias van más allá de la pérdida inmediata, dejando a hijos e hijas y madres y padres de familia en situaciones de vulnerabilidad extrema.

Los feminicidios no solo representan una violación extrema de los derechos humanos, sino que también dejan a las víctimas indirectas, especialmente a sus hijos e hijas, en una situación de vulnerabilidad emocional y económica.

La pérdida de una madre por actos de violencia tiene un impacto devastador y duradero en el desarrollo y bienestar de los menores.

Muchas de estas niñas, niños y adolescentes quedan desprovistos del sustento económico necesario para llevar una vida digna. La ausencia de la madre, que en muchos casos era el pilar económico del hogar, agrava su situación de pobreza y exclusión social.

En nuestro país la situación de orfandad por feminicidio es alarmante. Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre abril de 2018 y marzo de 2021, se documentaron más de 5,000 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a feminicidios.

Actualmente no hay una cifra exacta de cuántos niños han quedado en orfandad específicamente en 2024, pero se estima que miles de niñas, niños y adolescentes han perdido a sus madres debido a estos actos de violencia.

Y a pesar de que el 4 de agosto de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expide el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio”, la realidad es que su atención es casi nula o a medias, razón por la cual considero necesario elevarlo a rango de ley para que se garantice de una vez por todas la atención especializada para todas las niñas y niños que han perdido a su madres por este delito.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales de los que México es parte, reconocen el derecho de los menores a una vida libre de violencia, así como el derecho a la protección integral. Es imperativo que el Estado garantice estos derechos proporcionando un apoyo continuo y suficiente a quienes han quedado en orfandad por feminicidio.

En otros países se han implementado políticas públicas exitosas que proporcionan apoyos financieros, educativos y psicológicos a menores en orfandad por violencia de género. Es momento de que México adopte medidas similares, asegurando un futuro más seguro y justo para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Incluso en algunos estados de la Republica Mexicana ya se ha demostrado que es efectivo emplear programas para brindar atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio, demostrando que es sustancial atender esta temática porque se trata de una población vulnerable como lo son las infancias.

Esta iniciativa propone la creación de un fondo especial que garantice:

• Apoyo Psicológico: Atención psicológica continua para ayudar a los menores a sobrellevar el trauma y apoyar su salud mental.

• Seguro Social: Cobertura de salud para asegurar que tengan acceso a servicios médicos y preventivos.

• Becas Educativas: Apoyos educativos que incluyan becas y programas de tutoría, asegurando que puedan continuar su educación sin interrupciones.

• Apoyos Sociales: Ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.

• Apoyo Legal: Asistencia legal para proteger los derechos y propiedades de los menores, así como para tramitar cualquier tipo de beneficio derivado de la situación de orfandad.

La implementación de estos apoyos tiene un costo, pero es una inversión esencial en el futuro de nuestra sociedad. Proporcionar estabilidad y apoyo a estos menores no solo cumple con nuestros compromisos de derechos humanos, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y resiliente.

En un país donde la violencia de género cobra la vida de tantas mujeres, es nuestra responsabilidad moral y legal proteger y apoyar a quienes quedan en mayor vulnerabilidad tras estos actos atroces. Invito a mis colegas legisladores a aprobar esta iniciativa y a comprometerse con el bienestar y futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Juntos, podemos marcar una diferencia significativa en sus vidas y construir un México más justo y seguro para todos.

En tal virtud, se propone reformar por modificación la fracción I y III y por adición de una fracción IV del artículo 26; para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Único. Se propone reformar por modificación la fracción I y III y por adición de una fracción IV del artículo 26, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 26. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano sea parte, y en la Ley General de Víctimas y considerar como reparación:

I. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar todas las violaciones a derechos humanos vinculadas a la violencia feminicida, sancionar a las personas responsables y reparar el daño a las víctimas y en su caso a sus hijas e hijos en situación de violencia o personas que dependan de la víctima y en su caso del imputado;

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos con cobertura integral de salud y atención psicológica especializada de manera gratuita para la recuperación de las víctimas indirectas de feminicidio, con apoyo de las diferentes instituciones públicas de manera permanente y garantizar con ello su derecho a la salud física y psicológica y el acceso a la verdad y a la justicia;

III. ...

IV. Apoyos Educativos y Sociales: Para las hijas e hijos o personas que dependan de la víctima de feminicidio deberá garantizarse el acceso de apoyos educativos que incluyan becas y programas de tutoría, asegurando que puedan continuar su educación sin interrupciones, además de ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.

Toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador del contexto y cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de erradicarla.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos locales de las entidades federativas contarán con un plazo no mayor de hasta 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar sus leyes y normatividad en la materia con la finalidad de dar cumplimiento al presente decreto.

Tercero. Una vez aprobado el presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer una partida presupuestaria dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año a la aprobación del presente decreto.

Notas

1 Nota INAI-053-24.pdf

2 https://failover.www.gob.mx/mantenimiento.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2024.– Diputadas y diputado: Ana Isabel González González, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Humberto Ambriz Delgadillo, Nadia Yadira Sepúlveda García, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de sus derechos humanos, que se debe de atender de manera inmediata y urgente a nivel global.

Los tipos de violencia tiene graves consecuencias en la integridad de las mujeres y niñas y pueden ser físicas, psicológicas, y sexuales, los cuales son:

• Violencia por parte de su pareja: Maltrato físico, psicológico, conyugal, violación y feminicidio.

• Violencia sexual y acoso: Violaciones por actos sexuales, abuso infantil, matrimonio forzado y matrimonio infantil,

• Violencia digital: Se visibiliza a través de la Inteligencia Artificial, redes sociales y medios de comunicación, causando daños a la integridad de los derechos humanos de las mujeres.

La violencia en las mujeres son aquellos actos que lastiman y van desde daños físicos, sexuales, psicológicos, amenazas y de privación de la libertad, afectando su empleo, educación, y, sobre todo, sus oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Sin embargo, ante el aumento de las tecnologías por un lado ayuda al progreso, crecimiento y desarrollo de cada país, por ejemplo, para el tema de la salud, se utilizan para salvar vidas, contrarrestando enfermedades. En educación es para crear espacios virtuales de aprendizaje. Y en espacios públicos, son cada vez más accesibles utilizándolos para algunas personas, en dañar, perjudicar y violentar a través de plataformas de la inteligencia artificial a mujeres, niñas y adolescentes, lo cual resulta necesario crear estrategias prioritarias para contrarrestar la violencia digital.

La violencia de género, a través de la era digital, sigue siendo un obstáculo para la igualdad, el crecimiento, desarrollo y el respeto de los derechos humanos a nivel internacional.

La violencia digital va más allá de las relaciones interpersonales, lo cual las mujeres se ven amenazadas en su seguridad, integridad, de bienestar social y de su vida.

Una plataforma de la inteligencia artificial está integrada de tecnologías para entrenar y desarrollar modelos y algoritmos de aprendizaje automático.

La violencia generada a través de la inteligencia artificial causa daños psicológicos, sociales, económicos y de desarrollo que vulneran los derechos y libertades de todas las mujeres, niñas y adolescentes.

En este mismo orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona que el aumento de plataformas digitales resulta preocupante por la protección de los derechos humanos. Por ello, los estereotipos, e identidades de género se vulnera a través de programas, servicios de internet y plataformas como la inteligencia artificial que son decisiones automatizadas y algoritmos que tienen el potencial de difundir identidades perjudiciales sin consentimiento para las mujeres.

Por ello, como cada 25 de noviembre de cada año la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conmemora el Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para este 2024 el tema principal es: Cada 10 minutos se asesina a una mujer, con el objetivo de movilizar a toda la población a poner fin la violencia contra las mujeres y de revitalizar los compromisos y exigir responsabilidad en la toma de decisiones.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), cada 10 minutos fallece una mujer. En este mismo sentido, dicha organización indica que, en todo el mundo, aproximadamente 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida, es decir, casi una de cada 3 han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. En temas de feminicidios, tan solo en 2022, 48 millones de mujeres y niñas fallecieron en manos de sus parejas u otros familiares a nivel global.

La ONU, plantea que, la violencia de género facilitada por la tecnología afecta a millones de mujeres, porque son más propensos a la violencia digital por cuestiones de su trabajo, identidades o acceso a la información, particularmente a las defensoras de derechos humanos, periodistas y legisladoras, activistas, feministas y académicas, por mencionar algunas, son las que enfrentan mayores índices de este tipo de violencia, que amenaza su seguridad, integridad, bienestar y calidad de vida.

La forma de violencia digital contra las mujeres se produce, de la siguiente manera:

• Sextorsión: Chantaje con la amenaza de publicar información sexual, videos o fotos, o compartir imágenes íntimas sin consentimiento,

• Doxxing: Publicar datos personales y privados,

• Ciberacoso: Acoso sexual en línea,

• Phishing: Fraude que busca obtener información, bancaria,

• Grooming: Personas adultas que intenta acercarse a menores de edad a fin de obtener satisfacción sexual.

• La incitación al odio,

• Y el cambio de identidad.

Para el caso de nuestro país, de acuerdo con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, menciona que en 2021 a nivel nacional se presentaron las siguientes cifras:

• De los 84.1 millones de usuarios de internet son mayores de 12 años (44 millones son mujeres y 40.1 son hombres)

• En este sentido, 9.8 millones de mujeres de 12 años y más, fueron víctimas de ciberacoso.

• El 29.3 por ciento de mujeres de 20 a 29 años de edad utilizaron internet y fueron víctimas de ciberacoso.

• El 61.3 por ciento de la población mayores de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso por un desconocido.

• El 19.1 por ciento de la población mayores a 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso por un conocido.

El Instituto Nacional de las Mujeres menciona que 65 por ciento de las mujeres no denuncian la violencia digital y quien intento denunciarla no tuvieron respuesta alguna.

La violencia contra las mujeres y las niñas ya era reconocida como una crisis mundial antes de la Pandemia de Covid-19, sin embargo, esta problemática ha aumentado los índices de casos de violencia en todas sus formas, según la ONU.

Resulta urgente aprobar leyes que mejoren la vida y la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes en todo el país, garantizando su bienestar, desarrollo y calidad de vida, en la era digital.

Los impactos de la violencia pueden tener graves consecuencias en la salud mental, calidad desarrollo profesional y si no se atiende o se previene las mujeres que sufran alguna violencia en sus formas podrá contar con depresión, trastornos de ansiedad que afectaran en su vida cotidiana.

Ante esta era moderna, resulta imperativo seguir legislando a favor de las mujeres, niñas y adolescentes con el fin de garantizar una vida plena y de seguridad para su bienestar social.

Juntos contribuyamos a crear entornos seguros y sostenibles. Juntos logremos un México sin violencia.

En esta tesitura, el objetivo central de la presente iniciativa es prevenir la violencia digital en las plataformas de Tecnologías de la Información y la Comunicación como aquellos recursos, herramientas, programas y plataformas de inteligencia artificial que se utilizan para crear, procesar, administrar, compartir y difundir la información en las redes sociales.

En tal virtud, se reforma el tercer párrafo del artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Quáter. Violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

...

Para efectos del presente capítulo se entenderá por Tecnologías de la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas, programas y plataformas de la inteligencia artificial que se utilizan para crear, procesar, administrar, compartir, difundir y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos.

La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2024). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consultado en el siguiente link:

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women- day

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital: Lo que es virtual también es real. consultado en el siguiente link:

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/ diciembre-2020/violencia-digital

3 Ídem.

4 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2023). Cómo afecta a mujeres y niñas la violencia de género facilitada por la tecnología. Consultado en el siguiente link:

https://unric.org/es/violencia-de-genero-facilitada-por-la-tecno logia/

5 Organización de las Naciones Unidas (ONU). Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 10 minutos se asesina a una mujer. #NoHayExcusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Consultado en el siguiente link:

https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women- day

6 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2024). Datos y cifras: violencia contra las mujeres. Consultado en el siguiente link:

https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifr as-violencia-contra-las-mujeres

7 Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2023). Cómo afecta a mujeres y niñas la violencia de género facilitada por la tecnología. Consultado en el siguiente link:

https://unric.org/es/violencia-de-genero-facilitada-por-la-tecno logia/

8 Ídem.

9 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. ¿Sabes que es la violencia Digital? Consultado en el siguiente link:

https://www.infoem.org.mx/es/iniciativas/micrositio/violencia-di gital#:~: text=Violencia%20Digital%20en%20México%3A%20Cifras%20Relevantes&text=de%20m ujeres%20de%2012%20años,de%207.6%20millones%20de%20hombres.&text=de%20las%2 0mujeres%20de%2020,al%2023.7%25%20de%20los%20hombres

10 Instituto Nacional de las Mujeres (2022). Mujeres violencia en línea. Consultado en el siguiente link:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-cirberviolencia-y-el-c iberacoso-es-una-realidad-que-debe-ser-visibilizada-con-datos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2024.– Diputadas y diputado: Ana Isabel González González, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Humberto Ambriz Delgadillo, Nadia Yadira Sepúlveda García, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado federal a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Pesca y Acuacultura, bajo la siguiente:

La pesca y la acuacultura son, hoy día, actividades fundamentales, tanto para el desarrollo de quienes en ellas trabajan de manera directa, como para la población en su conjunto, dado los beneficios que representan en términos de lo que aportan a la seguridad alimentaria nutritiva, a la mitigación de la pobreza y a la generación de oportunidades de empleo, así como al crecimiento económico de las comunidades.

El comportamiento de ambas actividades demanda de estrategias profundas, para asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad de las mismas, bajo programas y normativas que procuren efectivas acciones de inspección y vigilancia, planes integrales de manejo pesquero, financiamiento a proyectos y establecimiento de vedas; entre otras medidas que les garanticen condiciones de desarrollo para un adecuado rescate de las zonas productoras.

El panorama que presentan las actividades pesqueras y acuícolas urge de nuevas acciones para la atención de la demanda creciente de alimentos de una población en aumento. Hay ya un sobresfuerzo pesquero que amenaza con hacer insostenible la producción pesquera y que por su dimensión requiere de un ordenamiento necesario e impostergable de las diversas pesquerías, así como de generar medidas que favorezcan la productividad en la acuacultura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha precisado que “la pesca y la acuicultura enfrentan retos de naturaleza muy diversa para alcanzar el desarrollo ordenado y sostenible que demanda el incremento regional en la producción de alimentos”.

La aseveración está contenida en el documento del organismo, titulado “Contexto, perspectivas y retos para incrementar la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional y las economías territoriales en América Latina y el Caribe”; en el cual cita la existencia de “áreas causales” como desafíos diversos en estos sectores de la economía.

Uno de ellos, el cambio climático, cuya causa “tiene un efecto doble sobre la pesca y la acuicultura, incidiendo sobre la disponibilidad de recursos pesqueros y la productividad acuícola”. Enuncia que “en la mayoría de los países, estos efectos superan la capacidad de respuesta de las instituciones y comunidades involucradas”, dado que “la nueva realidad les demanda, por un lado, una mayor capacidad de adaptación y, por otro, la adopción corresponsable de medidas de ordenamiento que contribuyan decisivamente a la sostenibilidad de los recursos pesqueros”.

El documento enumera que “muchas comunidades pesqueras han debido hacer frente” a situaciones como: la “disminución de recursos en zonas tradicionales de pesca, lo que les exige una inversión mayor en la navegación y provoca conflictos con otras comunidades cuando se accede a zonas ya asignadas”.

Asimismo, a “cambios en la composición de las capturas, lo que los obliga a reconvertirse tecnológicamente para poder pescar nuevas especies” y a “afectaciones directas a sus espacios de vida, debido a la elevación del nivel medio del mar o a una mayor incidencia de fenómenos meteorológicos”.

Entre los factores que amenazan a los productores acuícolas, están los “cambios en la temperatura del agua que rebasan la capacidad biológica de adaptación de las especies cultivadas o alteran sus ciclos de vida”, además de “mayores episodios de estrés hídrico a consecuencia de cambios en los patrones hidrológicos”. Así también “la aparición de nuevos y más virulentos patógenos asociados a climas extremos” y “afectaciones directas a sus espacios productivos y de vida, como resultado de una mayor incidencia de desastres naturales”.

En el documento se expone que “la vulnerabilidad del sector se ve acentuada por la carencia de estrategias de adaptación; sistemas de gestión de riegos de desastres y la ausencia de mecanismos de aseguramiento de los medios de producción de la pesca y la acuicultura”.

La publicación argumenta que “la carencia de recursos priorizados para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la inversión para impulsar la pesca y la acuicultura, impiden a países con menor nivel de desarrollo relativo aprovechar su potencia sectorial”. Ello, cuando compara que “a diferencia de lo que ocurre en sistemas agroalimentarios en tierra, la pesca requiere de permanentes esfuerzos de investigación, tanto para abrir nuevas pesquerías como para asegurar que los niveles de explotación de las tradicionales no comprometan su sostenibilidad”.

Añade el documento que “salvo en países tradicionalmente pesqueros, un común denominador en la región es la carencia de recursos humanos, tecnológicos y financieros para llevar a cabo la investigación pesquera requerida para la generación de flujos constantes de información para la toma de decisiones en la gestión sectorial”, de modo que esto permita el establecimiento de vedas, así como de “cuotas de captura y zonas de pesca”.

Cobra relevancia la afirmación de que a la pesca no se le ha hecho justicia debida “desde las políticas sociales en la región”, dado que “en tiempos de dificultad para los agricultores familiares y otros sectores de la economía”, es precisamente la actividad pesquera la que “se erige como un medio de ingreso familiar alternativo”.

Se indica asimismo que “las políticas sociales no han tomado debida cuenta de que el sector pesquero es el único que aún depende de existencias silvestres y, en la mayoría de los países, no hay grandes trabas para desempeñarse en él”. Esto, cuando se fundamenta que “la falta de reconocimiento de esta y otras características de la pesca y la acuicultura, en ocasiones ha impedido que este sector se incluya en los planes e instrumentos de planificación del desarrollo territorial, con poca o nula participación en el diálogo de política pública e incluso en la agenda de desarrollo nacional”.

El aumento de la población humana en las zonas costeras, cuya presión sobre los recursos pesqueros supera “la capacidad biológica de algunas especies”, aunado a “la debilidad de los sistemas institucionales de aplicación de medidas regulatorias”; es algo que agrava el panorama para el sector pesquero, dado lo cual “la pesca ilegal no declarada y no reglamentada” surge consecuentemente como “un problema cada vez más importante y de dimensiones aún no calculadas que exige atención inmediata”, alerta el documento.

El sector público reconoce por su parte lo imperioso de las necesidades enunciadas cuando se precisa la importancia de impulsar medidas, para que “a través del aprovechamiento sustentable y la conservación de las pesquerías de interés comercial” se pueda contar así “con un sector ordenado sustentable y sostenible”; de suerte que “permita garantizar la permanente contribución del sector a la alimentación, al mantenimiento y generación de empleos y al ingreso de los pescadores y acuicultores”.

Es este uno de los objetivos contenidos en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, que deriva a su vez del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se puntualiza asimismo que el desarrollo en comento “ha estado condicionado al estado físico que guardan los activos productivos (embarcaciones y unidades de producción acuícola) con los que se cuenta, así como a las posibilidades y capacidades que tienen los pescadores y acuicultores, sobre todo aquellos ribereños y rurales; y a las características propias de cada región del país, en lo que en materia del estado de salud de las pesquerías y especies de interés comercial se refiere”.

Estos resultados derivan del Encuentro de Diálogo para el Rescate del Sector Pesquero y Acuícola, realizado en septiembre de 2019, a partir de lo cual se ha concluido que las problemáticas enunciadas “han condicionado de manera negativa a los trabajadores de la pesca y la acuacultura, sobre todo de aquellos que se encuentran en las zonas rurales, incidiendo de manera perjudicial en la baja disponibilidad de productos que contribuyan a su seguridad alimentaria, a la imposibilidad de mantener su empleo y/o realizarlo en condiciones adecuadas y a no tener de manera constante y segura una fuente de ingresos económicos, provocando la migración de la población pesquera”, según lo expuesto en el programa correspondiente.

El programa cita los cambios que desde 1995 al 2001 ha registrado en su estructura y capacidad de gestión la institución encargada de la administración de la pesca y la acuacultura, al precisar qué a partir de ello, “se fueron reduciendo los recursos humanos, financieros y materiales”.

Una situación que “ha provocado una frágil institucionalidad y disfuncional estructura administrativa, la carencia de mecanismos efectivos de gestión, transparencia y rendición de cuentas”; lo que a su vez “generó entre otras cosas, prácticas de corrupción”.

Conforme a lo expuesto en el programa rector, la situación en referencia arroja como resultados “falta de planeación integral del sector, así como insuficientes recursos y/o malos manejos para la puesta en marcha de una nueva visión de la política pública pesquera”. Así mismo, un “sector acuícola con carencias de normatividad, asistencia técnica y planes de manejo”. Además, “pesca ilegal, no declarada y no documentada en niveles superiores al 40 por ciento” e “infraestructura pesquera no acorde con las necesidades del sector”.

Así también, “investigación pesquera y acuícola no articulada con los requerimientos del sector y los mercados, inadecuados controles en el registro para la estadística pesquera y acuícola, falta de transparencia, opacidad y corrupción en la gestión y aplicación de los recursos”.

Además, “normatividad no actualizada”, cuando se destaca la no existencia de un Reglamento para la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Está también el “rezago de permisos y concesiones, infraestructura institucional deteriorada y obsoleta, falta de coordinación y participación en las diferentes instancias de gobierno en los estados” y la “falta de estrategia internacional de fortalecimiento del sector pesquero y acuícola mexicano en el mundo”.

En el ánimo de dar certidumbre al sector productivo y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, se han determinado como propósitos generales para el fortalecimiento del marco legal e institucional de la pesca y la acuacultura: la instrumentación de políticas públicas bajo “un enfoque territorial y de poblaciones”, con un “combate a la corrupción y mejora de la gestión pública”, con “el establecimiento de una efectiva política exterior pesquera y acuícola”, con “la atención digna a productores y beneficiarios”; y una “responsabilidad compartida para el desarrollo sustentable”. Se refieren asimismo “la gobernanza y la sinergia con otras instituciones relacionadas para potencializar los recursos de que se dispone para el desarrollo de infraestructura y capacidades de gestión”.

El Programa reconoce que “la pesca y la acuacultura no han sido consideradas como actividades primarias, lo cual aseguraría mayores beneficios a estos sectores mediante la inclusión en programas concurrentes para contribuir de una manera más importante al desarrollo rural integral de manera sustentable” y al “uso y aprovechamiento del agua”. Esta situación, constituye “un problema histórico que se ha venido arrastrando”.

Anticipa que “a partir del análisis orientado a identificar el estado actual de la problemática, así como las causas de raíz y las consecuencias de los problemas, analizando la existencia de brechas de desigualdad, rezagos o afectaciones desproporcionadas entre personas o territorios; las nuevas políticas públicas en materia de pesca y acuacultura considerarán el enfoque territorial basado en el grado de desarrollo de dichos sectores y de la diferenciación del tipo de población que se encuentra relacionada”.

Enuncia que “en función de las demandas de sus actores”, cada territorio “requerirá su propia combinación de políticas básicas de carácter asistencial, de acceso y redistribución de activos y de formación y desarrollo de capacidades, con políticas más universales de fomento productivo, desarrollo tecnológico, acceso a mercados y desarrollo de marcos legales e institucionales”.

Acatando directrices para “la atención de las problemáticas identificadas” y detonar así el crecimiento del sector, se consideran como objetivos principales: “contribuir como actividad de pesca y acuacultura a la seguridad alimentaria prioritariamente a la población ubicada en zonas rurales”. Asimismo, “mejorar el ingreso y reducir la pobreza de comunidades pesqueras y acuícolas” y “garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas de interés comercial”.

Son las zonas rurales de México, donde se ubica la casi totalidad de pescadores ribereños, el espacio poblacional en las cuales se localiza la inseguridad alimentaria, en las que imperan “índices de marginalidad”, asociados estos “a la carencia de acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para su normal crecimiento y desarrollo y para llevar a cabo una vida activa y sana”. Según el Programa, esto resulta “de una disminución drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales, sociales e inestabilidad económica”.

La estimación oficial indica “que 210 mil pescadores que se encuentran en 179 municipios costeros con un alto y muy alto grado de marginalidad representan alrededor del 70 por ciento del total de la población pesquera y acuícola en México, los cuales se enfrentan a problemas de inseguridad de manera directa”.

El Programa sustenta que “los bajos niveles de ingresos y pobreza en las comunidades pesqueras y acuícolas han limitado la capitalización de las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas”; debido a lo cual “los activos de los pescadores y acuacultores pierden su valor, por las deficiencias que presentan las embarcaciones de algunas UEPA para el desarrollo de su actividad”.

Abunda que “alrededor de los 52 mil acuacultores que forman parte de las UEPA en el sector rural, carecen de la infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola adecuado y suficiente para la extracción, siembra, cosecha y manejo postextracción/cosecha”, a lo cual se suma “la insuficiente y deteriorada infraestructura común para su desarrollo” y “la falta de electrificación en zonas rurales”.

Reconoce que “la infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola, de acopio, industrialización y distribución de los productos es insuficiente”, situación que “no sólo constata con la poca atención que se da a la demanda del sector para los apoyos de este tipo de conceptos”, sino que también es evidente “la notoria disponibilidad de productos sólo en algunas localidades y/o estados y en su mayoría sin algún tipo de procesamiento”; sin dejar de mencionar la descapitalización causada “por los altos costos de operación y producción”, en el que “el rubro de combustibles y energía eléctrica representa un alto porcentaje principalmente en el sector más desprotegido”; aparte de “los bajos conocimientos técnico-administrativos a nivel de las UEPA, que afecta el desarrollo eficiente de su actividad”.

En búsqueda y cumplimiento de los objetivos prioritarios, se precisa que habrán de establecerse “estrategias y acciones para analizar y mejorar los mecanismos institucionales y disposiciones legales, mantener una constante vigilancia sobre el quehacer gubernamental e institucional y la ampliación de la labor de apoyo a la pesca y la acuacultura; mediante la sensibilización, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, el empoderamiento de las organizaciones de la pesca en pequeña escala; la generación y el intercambio de conocimientos, el apoyo a la reforma de las políticas y la prestación de asistencia técnica para lograr la sostenibilidad de la pesca y la acuacultura en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza”.

Se indica que “el enfoque territorial es clave en el desarrollo de políticas y canalización de apoyos”, dado que con este mecanismo “las acciones gubernamentales serán enfocadas hasta el mínimo nivel posible (estatal, municipal y/o localidad) para solventar las desigualdades territoriales y sociales de los trabajadores en esta actividad”.

Es este un proceso, contenido en las estrategias y objetivos sectoriales de bienestar y autosuficiencia alimentaria; el cual tiene por meta “sentar las condiciones para generar una estabilidad en cuanto a la disponibilidad, el acceso y la utilización correcta de los alimentos pesqueros”.

Es parte asimismo de los principios rectores contenidos en el PND 2019-2024, los cuales están referidos a procurar economía para el bienestar, a erradicar la migración por hambre o por violencia y a “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.

En lo sustantivo, la importancia del programa está no únicamente en “mejorar el aprovechamiento pesquero” sustentado en un aumento de la producción, sino que esto “debe contemplar, además de incrementos en volúmenes de producción en recursos y zonas donde sea posible, el incremento en el bienestar de los pescadores y sus familias y de todos aquellos que se dedican de forma directa o indirecta a esta actividad productiva”.

Frente al panorama expuesto y retos que éste supone, protagonistas del sector pesquero y acuícola han insistido en la necesidad de crear nuevamente una Secretaría de Estado, que desde una visión integral se enfoque en atender aquellas legítimas demandas y requerimientos qué para el desarrollo, con criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, requieren la pesca y la acuacultura.

Con amplio conocimiento de causa, afirman qué durante la vigencia de la Secretaría de Pesca, se cumplieron las metas de crecimiento proyectadas, al aplicarse alternativas de fomento y estímulo a la organización y ordenamiento de las actividades pesquera y acuícola; ejerciéndose las inversiones públicas requeridas para la construcción de infraestructura de captura, cultivo, industrialización y comercialización.

Aseguran que ocurrió asimismo un acercamiento a todas las regiones costeras del país, donde autoridad y agentes productivos participaron conjuntamente en la aplicación de mecanismos e iniciativas que derivaron en una actividad ordenada, sostenible y sustentable.

Las metas alcanzadas y resultados obtenidos dicen que fue una etapa de la administración pública federal, donde desde la óptica de una Secretaría fue posible atender al mayor número de organizaciones y dar cauce así a numerosos proyectos específicos de desarrollo para la pesca y la acuacultura.

La operación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura garantizaría a las actividades del sector un trato de mayor importancia. Significaría esto una medida administrativa para atender con amplitud retos y necesidades en estas materias.

Representaría una alternativa más articulada para el rescate del sector. Es de considerarse que las inversiones que para este propósito se realicen, justifican el planteamiento enunciado. La inversión requerida para su eventual creación en términos de costo presupuestal representaba en 2019 un monto de 8.5 millones de pesos.

En razón de ello, la presente iniciativa propone así una reforma al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para determinar en el ordenamiento la creación de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Plantea reformar también el artículo 35, restándole a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el despacho de los asuntos en materia pesquera y acuícola.

Adicionar además un artículo 35 Bis al ordenamiento, preceptuando así aquellas facultades a cargo de la nueva dependencia.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se reforman el artículo 26 en su párrafo, las fracciones XXI, XXII y XXIII del artículo 35; se adiciona el artículo 35 Bis, y se deroga la fracción XXIV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

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Secretaría de Pesca y Acuacultura;

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Artículo 35. ...

I. a XX. ...

XXI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las secretarías de Economía y de Bienestar bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales;

XXII. Contribuir a la seguridad alimentaria, garantizando el abasto de productos básicos, y

XXIII. Los demás que expresamente le atribuyan las leyes y reglamentos.

XXIV. Se deroga.

Artículo 35 Bis. A la Secretaría de Pesca y Acuacultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Aplicar las disposiciones jurídicas que conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su Reglamento, le correspondan;

II. Proponer y coordinar la política nacional en materia de aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas;

III. Administrar, regular y fomentar el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuacultura;

IV. Fomentar y promover las actividades pesqueras y acuícolas, y el desarrollo integral de quienes participan en ellas;

V. Coordinar y supervisar la operación de los programas de administración y regulación pesquera y acuícola;

VI. Proponer criterios generales para el establecimiento de instrumentos económicos que promuevan el desarrollo integral de la pesca y acuacultura;

VII. Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades acuícolas, de pesca comercial y deportiva;

VIII. Promover proyectos de inversión en las actividades pesquera y acuícola, en coordinación con otras dependencias competentes de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales y municipales;

IX. Participar ante los órganos de gobierno de entidades públicas o privadas, en las que sea miembro, que fomenten o se dediquen a actividades acuícolas y pesqueras;

X. Establecer y, en su caso, proponer las bases para la coordinación de acciones con otras dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, con los estados y los municipios, que desempeñen funciones relacionadas con las actividades acuícolas y pesqueras;

XI. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como de las artes de pesca y acuacultura;

XII. Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

XIII. Proponer el establecimiento y regulación de los sitios de desembarque y acopio para las operaciones pesqueras y acuícolas, y promover ante las autoridades competentes la ubicación de los mismos;

XIV. Promover y concertar ante las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y ante las organizaciones sociales y de productores del sector pesquero, la realización de proyectos, obras de conservación, mantenimiento y de ampliación necesarias para incrementar su productividad y eficiencia;

XV. Promover, en coordinación con las dependencias y órganos competentes, la implementación de políticas y mecanismos orientados a incrementar el valor agregado de los productos pesqueros y acuícolas, así como sus exportaciones;

XVI. Promover la organización y capacitación para el trabajo pesquero y acuícola, así como proponer medidas para incrementar la productividad del trabajo y prestar servicios de asesoría y capacitación a las organizaciones pesqueras y acuícolas;

XVII. Participar en la elaboración e instrumentación de las políticas y programas de fomento y capacitación en materia de sanidad pesquera y acuícola;

XVIII. Proponer e instrumentar políticas y acciones en apoyo a los programas de abasto y comercialización de productos pesqueros y acuícolas;

XIX. Promover mejoras en la infraestructura productiva de la acuacultura y la pesca para impulsar el aprovechamiento, transformación, distribución y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas;

XX. Promover la construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones, plantas procesadoras y el desarrollo tecnológico en las actividades pesquera y acuícola;

XXI. Proponer y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia de pesca comercial, acuícola y deportiva, con la participación que corresponda a otras dependencias de la administración pública federal;

XXII. Solicitar la acreditación de la legal procedencia de los productos y subproductos pesqueros y acuícolas, así como supervisar el control de inventarios durante las épocas de veda que correspondan;

XXIII. Determinar las zonas de captura y cultivo, las de reserva en aguas interiores y frentes de playa para la recolección de postlarvas, crías, semillas y otros estadios biológicos, así como las épocas y volúmenes a que deberá sujetarse la colecta;

XXIV. Promover el establecimiento de zonas de acuacultura y la construcción de parques y unidades de producción acuícola;

XXV. Impulsar la creación de zonas portuarias pesqueras, así como esquemas para su administración, conservación y mantenimiento;

XXVI. Coadyuvar, en lo que corresponda, en la instrumentación del Sistema Nacional de Información del Sector Agroalimentario y Pesquero, así como mantener actualizado el Registro Nacional de la Pesca y Acuacultura;

XXVII. Participar en la determinación de niveles de incidencia y, en su caso, proponer el reconocimiento de zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades y plagas acuícolas y pesqueras;

XXVIII. Proponer acciones orientadas a la homologación y armonización de medidas con otros países en materia de sanidad acuícola y pesquera y participar en su ejecución;

XXIX. Participar en el establecimiento y desarrollo de las bases de la investigación científica y tecnológica en materia pesquera y acuícola;

XXX. Establecer con la participación, qué en su caso, corresponda a otras dependencias de la administración pública federal, viveros, criaderos, reservas de especies acuáticas y épocas y zonas de veda;

XXXI. Regular la introducción de especies de la flora y fauna acuáticas en cuerpos de agua de jurisdicción federal;

XXXII. Proponer, ejecutar y supervisar los programas de producción, distribución y siembra de especies acuícolas en los cuerpos de agua de jurisdicción federal, con la participación que corresponda a otras dependencias de la administración pública federal;

XXXIII. Estudiar y evaluar el estado que guardan los puertos y abrigos pesqueros;

XXXIV. Operar y en su caso supervisar, por sí o por terceros, las instalaciones y equipos destinados al cultivo de especies acuáticas para promover la producción acuícola nacional;

XXXV. Constituir y participar en los comités consultivos nacionales de normalización que correspondan al sector pesquero y acuícola; y

XXXVI. Las demás que expresamente le atribuyan otras leyes y reglamentos.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición respecto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyas atribuciones en materia pesquera y acuícola se derogan por virtud de este decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Artículo Tercero. El titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda al despacho de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Artículo Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo federal instruirá el traspaso de personal, recursos financieros, materiales, bienes inmuebles, archivos y expedientes de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca que correspondan a la Secretaría de Pesca y Acuacultura, en un plazo que correrá a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que entre en funciones la nueva dependencia.

Artículo Quinto. La Secretaría de Pesca y Acuacultura entrará en funciones a partir del ejercicio presupuestal del 2025.

Fuentes de Consulta

-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Documento No. 16 “Contexto, perspectivas y retos para incrementar la contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y nutricional y las economías territoriales en América Latina y el Caribe”.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616554/PROGRAMA_N acional_de_Pesca_y_Acuacultura_2020-2024baja.pdf

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/pesca-mexicana-una-a ctividad- sostenible#:~: text=La%20FAO%20reconoce%20la%20 im-portancia,de%20empleo%20en%20zonas%20rurales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Luis Armando Díaz, Mario Zamora Gastélum, Nadia Yadira Sepúlveda García, Vanessa López Carrillo, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de creación del fondo de fortalecimiento competitivo y sostenible para la frontera norte, a cargo del diputado Alejandro Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Alejandro Pérez Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 2-B, 2-C y 2-D y se reforma el artículo 3o. a la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:

La presente iniciativa propone la creación del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte (FFCSFN), cuyo objetivo es destinar recursos económicos para mejorar la infraestructura, impulsar la competitividad, fortalecer la gestión migratoria y elevar la calidad de vida en los municipios fronterizos de México con Estados Unidos.

Este fondo busca atender el rezago en infraestructura, en especial la pavimentación y los servicios públicos, fomentar el desarrollo económico regional, mejorar el entorno para las empresas, incluyendo aquellas relocalizadas por el fenómeno del nearshoring, y fortalecer la atención a los flujos migratorios en la región fronteriza.

La frontera norte de México enfrenta un desafío de crecimiento poblacional acelerado, en gran parte debido a la migración nacional e internacional. Muchos mexicanos y migrantes buscan trabajo y educación, o bien, pretenden realizar negocios en la frontera, lo que ha llevado a una expansión desproporcionada de la población en las últimas tres décadas. Este crecimiento ha resultado en un notable rezago en servicios públicos e infraestructura, particularmente en pavimentación y movilidad urbana, lo que afecta tanto la calidad de vida de los residentes como la competitividad de la región.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la franja fronteriza es aquella que se encuentra a lo largo de la línea divisoria de 3 mil 152 kilómetros de este a oeste que separa a México de Estados Unidos de América y a una distancia de 105 kilómetros al sur; ésta comprende 38 municipios de los estados fronterizos de México, los cuales son:

Baja California

1. Mexicali

2. Tecate

3. Tijuana

Sonora

1. San Luis Río Colorado

2. Puerto Peñasco

3. General Plutarco Elías Calles

4. Caborca

5. Altar

6. Sáric

7. Nogales

8. Santa Cruz

9. Naco

10. Agua Prieta

Chihuahua

1. Janos

2. Ascensión

3. Ciudad Juárez

4. Práxedis G. Guerrero

5. Guadalupe

6. Ojinaga

7. Manuel Benavides

Coahuila

1. Ocampo

2. Acuña

3. Jiménez

4. Piedras Negras

5. Nava

6. Guerrero

7. Hidalgo

Nuevo León

1. Anáhuac

Tamaulipas

1. Nuevo Laredo

2. Guerrero

3. Mier

4. Miguel Alemán

5. Camargo

6. Gustavo Díaz Ordaz

7. Reynosa

8. Río Bravo

9. Valle Hermoso

10. Matamoros

En estos municipios se ha dado un crecimiento poblacional más rápido que en otras localidades del país, la mayoría de ellos tienen poblaciones menores a los 500 mil habitantes. Sin embargo, hay varias ciudades donde la población se concentra en mayor medida como es el caso de Reynosa, en Tamaulipas, por lo que aumenta el peso relativo de Tijuana y Mexicali, en Baja California y de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Esto corrobora la preferencia de la gente por las urbes de mayor tamaño.

Aunado a lo anterior, los servicios requeridos aumentan en virtud de la migración, tanto nacional como internacional, de personas que buscan cruzar la frontera para trabajar en los Estados Unidos, situación que, en virtud de la postura restrictiva en cuanto respecta al tema migratorio del presidente electo de aquel país, puede generar la necesidad de mayores esfuerzos por parte del Estado mexicano para garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de los migrantes, mediante una política migratoria ordenada, segura y regular.

Es fundamental que los municipios trabajen en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM) para establecer un marco de planeación y respuesta ante la posible llegada de flujos migratorios masivos. Esta colaboración permitirá una detección temprana de contingencias migratorias y la preparación de recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para atender adecuadamente a las personas migrantes y minimizar el impacto en las comunidades receptoras como lo es nuestra frontera norte.

La coordinación entre los municipios y el INM facilitaría la identificación de infraestructura física adecuada, como albergues y centros de atención, optimizando así la capacidad local para responder en tiempos de emergencia. Además, este trabajo conjunto permitirá desarrollar planes y escenarios de acción específicos, garantizando que, ante un aumento en los flujos migratorios, exista una respuesta rápida y organizada que asegure condiciones seguras y dignas para todos.

En 2023, se registraron 2 millones 542 mil 74 encuentros de migrantes en la frontera norte de México. Este impacto se redujo en parte por el fin del Título 42, que permitía expulsiones aceleradas de migrantes al país de último tránsito (en este caso, México) o, en algunos casos, a sus países de origen, bajo argumento relativos a la salud pública.

Además, el sistema electrónico de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha facilitado que migrantes en el centro y norte de México puedan agendar citas para presentarse en puntos de internamiento de la frontera, permitiendo un flujo más controlado.

Sin embargo, la situación actual en la frontera entre México y Estados Unidos de América podría transformarse de manera significativa con la llegada del nuevo presidente de EUA. Este cambio de liderazgo trae consigo la posibilidad de implementar políticas más restrictivas en la región fronteriza, afectando tanto la movilidad de personas como el flujo comercial entre ambos países.

Una de las mayores preocupaciones es la posible reactivación de políticas de deportación masiva, lo que implicaría una expulsión acelerada de migrantes que residen en Estados Unidos, muchos de ellos de origen mexicano. Este tipo de medidas no solo aumentarían la presión sobre las ciudades fronterizas de México, las cuales enfrentarían un aumento en la población migrante retornada sin las condiciones adecuadas de reintegración, sino que también podrían agravar problemas de seguridad, desempleo y servicios sociales en la región.

La implementación de estas políticas podría alterar profundamente la dinámica social y económica de la zona fronteriza, aumentando las tensiones en la relación bilateral y dificultando la gestión coordinada de temas como migración, seguridad y desarrollo regional. Por tanto, es fundamental anticiparse a estos posibles cambios y desarrollar estrategias que permitan abordar las consecuencias de una política fronteriza más restrictiva y una posible ola de deportaciones masivas.

De acuerdo a lo anterior, se establece la necesidad de contar con mayores recursos económicos para enfrentar los desafíos crecientes de la migración, un fenómeno impulsado por factores políticos y de violencia en diversas partes del mundo.

Para México, fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo en la frontera norte es crucial ante el aumento y la complejidad del flujo migratorio. Según la Organización Internacional para las Migraciones (ONU Migración), el número de migrantes sigue creciendo, y una proporción significativa buscará refugio o asilo en los próximos años. Con más recursos, podemos mejorar la atención y protección para los migrantes y fortalecer la cooperación internacional para abordar las causas del fenómeno migratorio.

En la frontera norte, la presión sobre los municipios no sólo proviene del crecimiento de su población, sino principalmente de la intensa actividad comercial. En 2022, las aduanas mexicanas registraron más de 20 millones de operaciones, de las cuales 67 por ciento se concentró en la región fronteriza norte. Además, solo las aduanas de Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez representaron 62 por ciento de esta actividad, según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Esta actividad impacta significativamente en la infraestructura vial, dado que el transporte terrestre es el principal medio de exportación (64 por ciento) e importación (51 por ciento), de acuerdo con el Inegi.

El comercio exterior también genera una alta recaudación fiscal, alcanzando en 2022 un monto histórico de 1.11 billones de pesos, un aumento de 8.76 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, este crecimiento tiene un costo: el desgaste de la infraestructura y la presión sobre los servicios municipales. Los gobiernos locales deben hacer frente a las demandas generadas tanto por quienes transitan por la región como por quienes se establecen de forma permanente, lo que aumenta la complejidad de la gestión de servicios públicos.

Además, la llegada de empresas maquiladoras y la relocalización de industrias (nearshoring) incrementarán aún más esta presión. Según el Consejo de Empresas Globales, esta tendencia podría generar un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 2.5 por ciento anual, la creación de 4 millones de empleos hacia 2030 y un aumento en las exportaciones de hasta 35 mil millones de dólares anuales, según el Banco Interamericano de Desarrollo.

El acelerado ritmo de crecimiento poblacional en los municipios fronterizos, confirmado por los censos del Inegi, y la intensa actividad comercial representan desafíos significativos para la región. En este contexto, es fundamental que los municipios cuenten con mayores recursos para mantener el equilibrio en la calidad de los servicios y fortalecer la sostenibilidad de sus territorios.

Hay una disparidad en el presupuesto per cápita destinado a Ciudad Juárez en comparación con otros estados y municipios. Ciudad Juárez, con una población de 1 millón 592 mil 942 habitantes, recibe un presupuesto total de aproximadamente 9.1 mil millones de pesos, lo que resulta en alrededor de 6 mil pesos anuales por habitante. Esta cifra es considerablemente baja en comparación con otros estados, como Colima, que, con una población de sólo 731 mil 391 habitantes, tiene un presupuesto de 30 mil 73.27 pesos por habitante.

Esta desigualdad en la asignación de recursos no refleja las necesidades reales de las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana, las cuales enfrentan altos índices de crecimiento poblacional y requieren servicios robustos en seguridad, infraestructura y atención social debido a su posición estratégica en la frontera norte. Estos municipios están expuestos a desafíos únicos como el flujo migratorio constante y la presión derivada de la actividad comercial, lo cual demanda una inversión adecuada para mantener el orden y garantizar la calidad de vida de sus habitantes.

Incrementar el presupuesto de Ciudad Juárez, Tijuana y los municipios de la frontera norte permitiría hacer frente a estos desafíos y proporcionar servicios básicos de calidad, mejorar la infraestructura y fortalecer la seguridad en una zona de alto impacto migratorio y económico. Este ajuste es fundamental para que los municipios fronterizos puedan sostener su crecimiento y continuar siendo un motor económico y social en la región.

En virtud de lo anterior, es necesario dotar a los municipios fronterizos de recursos suficientes para hacer frente al mantenimiento y ampliación de la infraestructura, motivo por el cual se propone la creación del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte, el cual se constituirá con una aportación igual a 0.05 por ciento del total de los recursos del Fondo General de Participaciones, pero no formará parte de éste.

Para 2024 el Fondo General de Participaciones fue de 914 mil 770 millones 681 mil 104 pesos (novecientos catorce mil setecientos setenta millones seiscientos ochenta y un mil ciento cuatro pesos moneda nacional) por lo que, haciendo una proyección para la creación del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte, le corresponderían a este 4 mil 573 millones 853 mil 405 pesos, lo cual se distribuiría entre los 38 municipios fronterizos dependiendo del número de habitantes con el que cuente cada uno.

A efecto de reflejar de manera esquemática las reformas planteadas al texto normativo, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adicionan los artículos 2-B, 2-C y 2-D y se reforma el artículo 3o. a la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adicionan los artículos 2-B, 2-C y 2-D a la Ley de Coordinación Fiscal y se reforma el artículo 3o. de la misma, para quedar como sigue:

Artículo 2-B. El Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte se constituye con un monto igual a 0.05 por ciento del relativo al Fondo General de Participaciones.

Artículo 2-C. La distribución de los recursos se realizará entre los municipios ubicados en la frontera norte, de forma proporcional al número de habitantes de cada uno en relación con el total de recursos asignados al Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte.

Para determinar el monto correspondiente a cada municipio, se calculará dividiendo el total de recursos del fondo entre la suma de los habitantes de los 38 municipios de la frontera norte. El resultado se multiplicará por el número de habitantes de cada municipio, obteniendo así su asignación específica.

Artículo 2-D. El objetivo del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte será el financiamiento de proyectos de infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios y aumentar la competitividad y sostenibilidad en la región, así como atender el fenómeno de la migración de manera ordenada, segura y regular.

Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto, estimados, que recibirá cada entidad federativa del fondo general, del fondo de fomento municipal y los municipios, así como del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte, para cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2025.

Segundo. La ministración de los recursos derivada del Fondo de Fortalecimiento Competitivo y Sostenible para la Frontera Norte será transferida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera directa a los municipios.

Notas

1 Véase, “Conociendo la Industria de Carga”, Inegi-Canacar, diciembre de 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463903994.pdf

2 Véase, Arturo Oropeza García (coordinador), “Nearshoring. La oportunidad de un nuevo desarrollo económico y social para México”, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, mayo de 2024. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7437/22.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre 2024.– Diputados y diputada: Alejandro Pérez Cuéllar, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Gilberto Herrera Solórzano (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Blanca Leticia Gutiérrez Garza, y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente:

En México, el cáncer de mama y el cáncer de próstata son dos de las principales causas de muerte entre las mujeres y los hombres, respectivamente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cada año se diagnostican más de 25 mil casos nuevos de cáncer de mama, mientras que el cáncer de próstata cobra la vida de aproximadamente 7 mil hombres al año. Ambas enfermedades presentan altas tasas de mortalidad si no se detectan a tiempo, lo que resalta la importancia de la prevención y de realizarse revisiones periódicas.

Es esencial que, como sociedad, se promueva la cultura de la prevención, ya que detectarlo en etapas tempranas no solo salva vidas, sino que también reduce significativamente los costos asociados al tratamiento de estas enfermedades. Las cifras de la Secretaría de Salud revelan que los costos promedio de tratamiento para cáncer de mama y de próstata en etapas avanzadas superan los 400 mil pesos por paciente. En comparación, un diagnóstico temprano puede reducir estos costos en más del 50 por ciento.

Para las empresas del sector privado, la detección temprana de estas enfermedades también representa un beneficio económico. Un trabajador que enfrenta una enfermedad avanzada puede generar mayores gastos en términos de incapacidades prolongadas, cobertura de tratamiento médico y disminución de la productividad. Al otorgar un día al año con goce de sueldo para que hombres y mujeres puedan acudir a realizarse estas revisiones, se está invirtiendo en la salud y el bienestar del capital humano, lo cual a largo plazo beneficiará tanto al empleador como al empleado.

A pesar de entender que esta medida implica un costo directo para las empresas, es indiscutible que las repercusiones de no implementarla pueden ser aún más graves tanto en términos económicos como sociales. La prevención es la estrategia más costo-eficiente para enfrentar enfermedades que, de no atenderse oportunamente, acarrean consecuencias devastadoras.

Cabe hacer mención que Acción Nacional, durante diversas legislaturas, ha venido presentando iniciativas para promover la prevención y atención de aspectos laborales en torno a esta grave y lastimosa enfermedad que es el cáncer en las y los trabajadores, es así que en la LXIII Legislatura la diputada Kathia Bolio Pinelo, del PAN, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIX Ter y XIX Quáter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y; durante la pasada legislatura la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, también de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adicionaba la fracción XIX Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para legislar en la materia, por lo que debido a su importancia se retoma el tema para presentar de nueva cuenta una iniciativa, que rescate la pretensión.

Finalmente con esta reforma, se busca fomentar una cultura de prevención en la sociedad mexicana, promoviendo la detección temprana de enfermedades graves y protegiendo la salud de la clase trabajadora del país.

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe, junto con los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que establece las obligaciones de los patrones, para establecer el derecho a un día de permiso remunerado al año con el fin de realizarse exámenes preventivos de cáncer

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

[...]

XIX Ter. Otorgar a las trabajadoras y trabajadores un día de permiso remunerado al año, para la realización de exámenes médicos preventivos de cáncer de mama y próstata, según corresponda. Este permiso deberá ser solicitado con al menos una semana de anticipación y estará sujeto a la presentación de un comprobante que acredite la realización de dicho examen.

[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos correspondientes para la correcta implementación de la medida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de noviembre de 2024.– Diputadas: Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Verónica Martínez García, Patricia Flores Elizondo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por la diputada Roselia Suárez Montes de Oca y legisladores integrantes, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Roselia Suárez Montes de Oca, Aniceto Polanco Morales, Olga Leticia Chávez Rojas, Nadia Yadira Sepúlveda García y Maribel Solache González, diputado y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de conformidad con el siguiente

Planteamiento del problema

Garantizar los derechos humanos de las personas jóvenes es una obligación constitucional del Estado mexicano a fin de preservar su dignidad y de promover su participación en todos los asuntos que les interesan y les afectan.

El derecho a la inclusión de las y los jóvenes mexicanos en el ámbito político, social y económico forma parte de los derechos fundamentales que tutela y garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con independencia de su lugar de residencia.

El 24 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al último párrafo del artículo 4o. constitucional en materia de juventud, mismo que a la letra establece:

“ Artículo 4o.

...

“El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos”.

En atención al principio de progresividad de los derechos humanos, desde antes de reforma constitucional y más a partir de ella, importantes han sido los esfuerzos de generar políticas públicas que garanticen la inclusión y participación de las y los jóvenes en diversas áreas y sectores de la vida pública de México. En particular, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) tiene la misión de definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a las juventudes al desarrollo nacional. El Imjuve está encargado de diseñar, implementar y ejecutar, desde una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de las personas jóvenes.

Cifras del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Evaluación Juventud, sistema que tiene por objetivo proporcionar insumos y datos para de fortalecer la política nacional de juventud, señalan que 12.5 por ciento de la población mexicana tenía entre 15 y 29 años en cuando se levantó el Censo de Población y Vivienda 2020.

Por diversas circunstancias y situaciones de carácter económico, social o político, muchas personas jóvenes salen de sus países de origen en busca de mejores oportunidades de vida. A nivel mundial, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las personas jóvenes migrantes representan más de 10 por ciento de los 232 millones de migrantes internacionales en general.

La juventud es una cualidad que se encuentra presente en las personas que emigran de México. Sólo en Estados Unidos de América, país que recibe más de 97.79 por ciento de la migración de mexicanas y mexicanos, en el año 2021, la mediana de edad fue de 28 años y la mediana de edad de los mexicanos nacidos en ese país en ese mismo año fue de 21 años.

Esta iniciativa pretende dar voz en el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud a las personas jóvenes mexicanas residentes en el exterior, en virtud de que, considerando un trato igualitario, tanto las y los jóvenes mexicanos que nacieron y radican en el territorio nacional como los jóvenes mexicanos que emigraron al exterior, y los mexicanos nacidos en otros países de primera, segunda y sucesivas generaciones tienen los mismos derechos y deben ser convocados a integrar el referido Consejo Ciudadano porque todos ellos y ellas son mexicanos.

Las y los jóvenes mexicanos que viven en el exterior integran la nación mexicana y su voz debe de ser escuchada para la construcción y definición de políticas públicas que les sean útiles y viables a lo largo de esa etapa de su vida con independencia del lugar donde residan, por ello, es fundamental escuchar su voz, atender sus propuestas e integrarlas en el diseño de políticas públicas dirigidas a ellas y ellos.

Se propone la ampliación del Consejo Ciudadano, agregando las experiencias de las y los jóvenes que han emigrado de México, para que esta institución sea incluyente, diversa y plural con la integración de las y los jóvenes radicados en el exterior del país. Sumar sus experiencias, visiones de vida y retos, sin duda será una fortaleza para la creación de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las juventudes que viven dentro y fuera de México.

Argumentación

La movilidad humana se refiere al desplazamiento de personas dentro de sus propios territorios nacionales y también incluye la migración internacional. Este fenómeno tiene como base el derecho humano a migrar y entraña derechos y obligaciones para las personas y los estados. La movilidad humana busca transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades y la discriminación acercando a las personas a un estado de bienestar fuera de sus lugares de origen.

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas. Los flujos migratorios de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior se integran de personas de diversas edades, siendo, como ya se expresó, las personas jóvenes aproximadamente 12.5 por ciento.

El artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud señala que el Instituto Mexicano de la Juventud genera políticas y programas para personas jóvenes comprendidas en la edad entre los 12 y 29 años de edad.

Derivado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se aprobó el Programa Nacional de Juventud 2021-2024, el cual tiene entre sus objetivos prioritarios:

“ 6.1. Relevancia del objetivo prioritario 1

Promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir en el proyecto de nación”.

Es de gran relevancia este objetivo dentro del Programa Nacional de Juventud, puesto que el Estado mexicano tiene el compromiso de promover la colaboración, intervención, aportación, contribución y evaluación de las y los jóvenes mexicanos a las políticas públicas, las cuales no se diseñan para ellas y ellos sino con ellas y ellos, con sus visiones y a partir de sus propias necesidades para que esas políticas tengan mayor alcance y efectividad.

El Instituto Mexicano de la Juventud es la dependencia encargada de definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a los jóvenes, con edades entre los 12 y los 29 años, al desarrollo del país, atendiendo de manera particular a aquellos que viven en regiones de extrema pobreza; asesorando al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud.

El Programa Anual de Trabajo 2024 señala que, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud es un órgano de participación ciudadana adscrito al Imjuve. El Consejo Ciudadano es un conjunto de personas jóvenes que tienen el objetivo de analizar el cumplimiento de los programas dirigidos a ellas y ellos implementados por Imjuve, así como de aquellos programas que realicen otras entidades y dependencias de la administración pública federal.

También tiene la facultad de opinar sobre los mismos, recabar la opinión de ciudadanos interesados en las políticas públicas en materia de juventud y presentar sus resultados y opiniones a la persona que ostente la Dirección General del Imjuve, formulando, en su caso, las propuestas que considere pertinentes.

A partir de la reforma del 1 de marzo de 2024, el Consejo Ciudadano estará conformado por 20 personas jóvenes, diez personas propietarias y diez personas suplentes de nacionalidad mexicana y residentes de las diversas entidades federativas, quienes sesionan, de manera ordinaria, cuatro veces al año para desahogar los temas de su competencia y dar seguimiento a los acuerdos fijados.

El artículo 33 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud y la Convocatoria para renovar a 10 (diez) personas propietarias y 10 (diez) personas suplentes del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, periodo 2025-2026 que al efecto se expide para dar publicidad a las bases para integrar el Consejo Ciudadano, establecen los requisitos para la selección de aquellas personas jóvenes que quieran integrar el Consejo Ciudadano como propietarios o suplentes: La referida Convocatoria, señala los siguientes requisitos:

“Segunda: De los Requisitos

I. Contar con el aval de alguna institución de educación superior, de organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social del sector público o privado, o de pueblos y comunidades indígenas, o de la diversidad sexual;

II. Tener nacionalidad mexicana al momento de su postulación;

III. Tener una edad comprendida entre los 18 y los 29 años al día de la designación;

IV. Tener residencia en la República Mexicana;

V. No estar sujetos a proceso penal o haber sido sentenciados por delito intencional grave;

VI. No haber sido registrada como persona candidata ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular al momento de participar en la presente convocatoria;

VII. No pertenecer a una organización que al momento de la designación realice un proyecto financiado por el Imjuve;

VIII. No ser persona beneficiaria de programas del Instituto, para evitar intereses en conflicto que puedan afectar el desempeño imparcial de su cargo o comisión;

IX. Disponibilidad de tiempo para asistir a las sesiones, mismas que se celebrarán cuando menos cuatro veces al año;

X. Disponibilidad para participar en las actividades del CONSEPP del Imjuve”.

Al respecto, esta iniciativa propone que las y los jóvenes mexicanos residentes en el exterior que cumplan con el requisito señalado en la fracción II de la Convocatoria referente a tener la nacionalidad mexicana al momento de su postulación pueden participar para integrar el Consejo Ciudadano, porque todos los jóvenes que tengan la nacionalidad mexicana son mexicanos y tiene el derecho a participar en este órgano de construcción de políticas públicas para la juventud de México.

Asimismo, el requisito señalado en la fracción I referente a tener residencia en la República Mexicana, se considera que es discriminatorio porque los jóvenes y las jóvenes mexicanos no sólo se encuentran en territorio nacional, también, por diversas circunstancias viven en otras partes del mundo; por lo tanto, aquellas personas jóvenes que cumplan con todos los requisitos legales que establece la Convocatoria, con independencia de su lugar de residencia, deben tener el derecho de participar en la integración del Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud es de gran valía en la vida de la juventud mexicana ya que tiene el objetivo de promover la participación de liderazgos de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir en el proyecto de nación; asimismo, estimula la participación, organización y desarrollo de la capacidad de agencia de las personas jóvenes, entendiéndose ésta última como la facultad de las personas para actuar por su propia vida, tomar decisiones, y definir y conseguir sus metas.

De lo anterior se desprende que es fundamental promover la participación de todas las personas los jóvenes en la vida pública del país a través de este órgano de participación ciudadana del Imjuve, incluyendo a las y los jóvenes connacionales que radican fuera del territorio nacional, porque también son mexicanos.

Con base en todo lo anterior, a continuación, se muestra cuadro comparativo de la modificación que se propone:

Como una acción específica y contundente para considerar a las y los jóvenes mexicanos residentes en el exterior, buscando promover su participación en la generación y seguimiento de políticas públicas dirigidas a ellas y ellos por parte del Estado mexicano, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se reforma el artículo 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas , y las comunidades de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Mexicano de la Juventud. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Política de Evaluación Juventud. Disponible en:

https://simejuv.imjuventud.gob.mx/estadisticas

2 Organización Internacional del Trabajo. Disponible en:

lo.org/es/temas/migracion-laboral/areas-de-trabajo/juventud-y-mi gracion#:~: text=Los%20jóvenes%20migrantes%20constituyen%20más,los%20desplazamientos%20anua les%20de%20migración.

3 Disponible en:

https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-e n-el-extranjero#:~: text=El%20Instituto%20de%20los%20Mexicanos,los%20Estados%20Unidos%20de%20Am%C3% A9rica.

4 La información estadística de la población mexicana en el exterior, INEGI, UNAM, México, 2023. Disponible en:

http://pued.unam.mx/publicaciones/62/Mexico_exterior.pdf

5 Programa Nacional de Juventud 2021 — 2024, Publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2021. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639897&fecha =31/12/2021#gsc.tab=0

6 Ibidem. Programa Anual de Trabajo 2024, Instituto Mexicano de la Juventud.

7 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195806/ESTATUTO_O RGANICO_Y_REFORMAS_IMJUVE__1_.pdf

8 Convocatoria para renovar 10 personas propietarias y 10 personas suplentes del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud, periodo 2025-2026. IMJUVE. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/924407/CONVOCATOR IA_CONSEPP_2526_VF__1_.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2024.– Diputadas y diputado: Roselia Suárez Montes de Oca, Aniceto Polanco Morales, Katia Alejandra Castillo Lozano, Marcela Michel López, Maribel Solache González, Mejía Haro Ulises, Nadia Yadira Sepúlveda García, Olga Leticia Chávez Rojas, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 88 y 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Mario Zamora Gastélum, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) a la fracción VI del artículo 88, se reforma la fracción IX del artículo 89, todos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) correspondiente al tercer trimestre de 2023, 61.4 por ciento de la población mayor de 18 años, consideró sentirse inseguro vivir en su ciudad; y 33.9 por ciento señala haber tenido un conflicto directamente con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimiento o autoridades.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), señala que en el mes de septiembre disminuyeron 24.7 por ciento los delitos federales en comparación con diciembre de 2018; así como afirmó una disminución en la incidencia de delitos del fuero común como robo 25.6 por ciento, el feminicidio en 49.5 por ciento, el secuestro 75.1 por ciento. Además, la propia SSPC, indicó que al 9 de octubre la Estrategia Integral contra la violencia hacia Mujeres y Niñas ha atendido 452 mil personas.

Sin embargo, las cifras oficiales, contrastan con la cifra negra, que son aquellos actos delictivos que no son denunciados, por lo que no figuran en una estadística, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 (Envipe), 92.4 por ciento de los delitos cometidos en 2022 no fueron denunciados (11 de cada 100). Del total que se denunciaron, en 69.3 por ciento de los casos se abrió una carpeta de investigación.

Por otro lado, se estima que 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años o más, han sido víctimas de alguna situación de violencia y 49.7 por ciento ha sufrido algún tipo violencia sexual; en 2022, se tiene registro de 23 mil 102 carpetas de investigación ante el Ministerio Público por violación, pero la cifra negra de delitos sexuales ronda 99 por ciento.

Uno de los grupos vulnerables expuestos a delitos sexuales, los cuales se han incrementado por el desarrollo del mundo digital, son los menores de edad; se estima que 4 de cada 10 delitos sexuales que se comenten en el país, son contra menores de edad, los cuales tienen efectos físicos, psicológicos y sociales que repercuten en la adultez. Yil Felipe Wood, especialista en protección a la niñez e incidencia de la organización ChildFund México, refirió que durante la pandemia por la Covid-19, el número de denuncias sobre materiales de abuso sexual encontrados en internet en México aumentó en 117 por ciento.

Según un estudio de ChildFund México, de 2022 a 2023, WhatsApp, Facebook, YouTube y TikTok fueron las redes sociales más usadas por niños y adolescentes en el país; 25 por ciento usa redes sociales con perfiles públicos; 42% no toma ninguna medida de protección contra abusadores sexuales en línea; y casi 12% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) pasan 4 horas al día en internet. Por otro lado, Edgar Serralde, gerente nacional de Desarrollo de Programas de Aldeas Infantiles México, señala que una de cada tres niñas y uno de cada cinco niños en México sufren algún tipo de violencia sexual antes de cumplir 18 años; agregó que, la violencia sexual es uno de los cuatros problemas principales para menores de 10 a 13 años, y se ubica como el segundo para adolescentes de 14 a 17 años.

En ese sentido, pese a todos los mecanismos nacionales e internacionales para la protección de NNA, en México, de enero a julio de 2024, se han reportado 22,499 delitos contra menores (de 0 a 17 años), más que en 2023 (22 mil 353), con un incremento del 0.7 por ciento. Los delitos que se incrementaron fueron: corrupción de menores (9.5 por ciento), extorsión (8 por ciento), feminicidios (de 41 a 49), homicidios (1 por ciento), lesiones (3.3 por ciento), rapto (de 36 a 48), secuestro (de 44 a 50) y tráfico de niñez y adolescencia ( de 2 a 10); en cuanto a la corrupción de menores de NNA en 2024, representan un máximo histórico desde 2015.

Comisión de delitos sexuales contra menores de edad en establecimientos turísticos

El abuso sexual infantil, así como la trata de NNA con este objetivo, son problemáticas complejas y multidimensionales, cuyas raíces se entrelazan con factores sociales, culturales, económicos y psicológicos. Ambas convergen en una realidad que trasciende fronteras geográficas y contextos socioeconómicos; la falta de una atención adecuada y una respuesta eficiente por parte de las autoridades y la sociedad agrava la situación, perpetuando el ciclo de vulnerabilidad y silencio.

Lamentablemente, en México, este delito es poco castigado, ya que, de acuerdo con diversas instancias, de cada 1,000 denuncias, sólo 100 llegan a ser presentadas a un juez y sólo 1 por ciento recibe sentencia; expertos de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y de Reinserta, señalan que las denuncias no prosperan por la revictimización de los menores. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SPINNA), en 2021, 23 mil menores de entre 12 y 17 años, sufrieron algún tipo de agresión sexual; pero lo que nos debe poner en alerta, es que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre sus miembros, México ocupa el primer lugar en materia de abuso sexual de menores, pornografía infantil, violencia física y homicidios.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), resaltó que el incremento de la violencia y la desigualdad económica en el país pone en riesgo a las NNA; en suma, a que este tipo de delitos ocurren en los entornos cercanos de los menores, como su casa o escuela. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, refiere que los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes; en 30 por ciento abuelos o padrastros; 13 por ciento tíos; 11 por ciento padres biológicos; 10 por ciento primos; 8 por ciento vecinos; 7 por ciento maestros y 3 por ciento hermanos.

Otro factor que agrava la comisión de estos delitos es que, de acuerdo con la UNICEF, México tiene uno de los presupuestos más bajos para combatirlos, ya que sólo 1 por ciento, para 2024, se prevé destinar 5.72 por ciento de los recursos para la prevención y atención de todo tipo de violencia contra NNA, lo que equivale a 50 pesos por menor al año para su protección (World Visión México), cuando se estima que hay 38 millones de NNA.

Otro de los delitos que impactan en menores de edad, es la trata de NNA, de acuerdo con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, se entiende por trata de personas “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, mediante amenazas o engaño, para obligar u obtener el consentimiento de una persona con fines de explotación; pudiendo ser explotación sexual, laboral o servicios forzados, esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos”.

En México, cerca de 34 por ciento de las víctimas del delito de trata de personas son NNA; de acuerdo con la Línea y Chat Nacional Contra la Trata de Personas (LNCTP), de los 3 mil 498 reportes atendidos entre enero de 2022 y junio de 2023, 49.7 por ciento del total de víctimas son menores de 18 años, de ellos 23.4 por ciento tienen entre 13 y 17 años, 13.6 por ciento tiene entre 7 y 12 años y 11.4 por ciento menos de 6 años.

Entre 2015 y 2022, la cifra de NNA víctimas de este delito pasó de 146 a 430 menores anualmente, mientras que en lo que va de 2023 la cifra se mantiene en 213; ante ello, se puede concluir que en lo que va de esta administración las víctimas por este delito han incrementado 37 por ciento. Es importante señalar, que existen diversas modalidades de trata: prostitución u otras formas de explotación sexual, en el cual, el 80 por ciento de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes; con fines de trabajo o servicios laborales forzados, 60 por ciento son niños y hombres adolescentes; con fines de mendicidad, las víctimas casi son igual sin importar su género; y con fines de matrimonio forzoso o servil, 100 por ciento de las víctimas son niñas y mujeres adolescentes.

Principalmente, los victimarios captan a sus víctimas por medio de la desaparición forzada, según el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), entre 2015 y 2021, las y los menores que desaparecen en mayor medida comparten rasgos físicos, principalmente complexión y color de piel. estados como Nuevo León, Morelos y Baja California Sur, presentan tasas alarmantes de desaparición de niñas y mujeres adolescentes, relacionadas con la explotación sexual, el tráfico de personas y la violencia entre grupos delincuenciales.

Se ha detectado que la trata de menores, en mayor incidencia, tiene como fin la explotación sexual en un contexto de turismo; ya que, generalmente, quien comete este delito se hace pasar por turista y se traslada a cierto destino con el objetivo de establecer contacto sexual con NNA. La Organización Mundial del Turismo (OMT), mediante la publicación “Panorama 2018”, señaló que, en el mundo, cada año cerca de 250 mil turistas viajan al extranjero para tener encuentros sexuales con menores; que, junto con el tráfico de personas, representan un ingreso de 30 mil millones de dólares al año para los delincuentes.

México, ocupa el segundo lugar mundial en ser un país destino de explotación sexual contra NNA; según datos de Grupo Acción Regional de las Américas (GARA), nuestro país recibe 600 millones de viajes turísticos anuales, de ellos, 20 por ciento o 120 millones son para buscar sexo; de este porcentaje, 3 millones de personas lo hacen con algún menor de edad.

Existe otro porcentaje importante de NNA cuyo origen de reclutamiento es mediante videojuegos y/o redes sociales, ya que estos canales digitales han facilitado el acercamiento entre victimarios y víctimas; los videojuegos comúnmente tienen canales de comunicación entre jugadores, en los cuales los niños, niñas y adolescentes pueden interactuar con mucha facilidad con personas que no conocen en persona y poco a poco crear vínculos estrechos con ellas. El victimario logra ganarse la confianza de la víctima y estudia su rutina, sus gustos y sus necesidades; se convierte poco a poco en su “amigo” y obtiene su información personal más importante de forma que cada vez le resulta más sencillo lograr su objetivo, el cual puede ir desde obtener material sexual (fotos o vídeos) hasta convencerle de conocerse personalmente y privarla de la libertad con diferentes fines (prostitución, explotación laboral, etcétera).

Entre 2022 y el primer semestre de 2023, la LNCTP recibió 42 casos de víctimas en los cuales la primera interacción fue a través de algún videojuego; de estos reportes, 82.5 por ciento fueron niñas y el rango de edad con más riesgo oscila entre los 12 y 15 años, con 37.5 por ciento de los reportes. En México desde 2007, se castigan los delitos sexuales contra menores, pero a pesar de que están tipificados en la ley, nuestro país es uno de los principales destinos para estas prácticas, siendo Tijuana, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, Ciudad de México y Puebla las ciudades con mayor incidencia en este tipo de delitos.

El Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil en un contexto de violencia hacia la infancia en México, realizado por el Early Institute, revela que Tlaxcala y Querétaro son los estados que concentran la mayor cantidad de egresos hospitalarios por casos de abuso sexual infantil, sin considerar que las cifras reales deben ser mucho mayores que las reportadas, ya que no todos los casos de violencia son atendidos en instituciones médicas u hospitalarias.

Es muy importante señalar que, para la comisión de estos delitos, en ocasiones se hace uso de la infraestructura y servicios que ofrece la industria turística, como hoteles, moteles e inmuebles rentados, empresas o particulares de transporte terrestre, aéreo o marítimo, establecimientos de alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías), así como, spas y centros de entretenimiento; algunos en complicidad y otros mediante engaños que no les permite detectar situaciones de riesgo.

En ese sentido, consideró necesario brindar una adecuada y oportuna capacitación al personal operativo de la infraestructura turística, como un pilar fundamental para la erradicación de este problema ya que, si bien no está todo en sus manos, al observar un presunto caso de trata de menores para explotación sexual podrán alertar a los responsables del lugar o a las autoridades.

Ante ello, la Secretaría de Turismo crep el Código de Conducta Nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo (CNN), el cual se basa en el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo, y contiene criterios para proteger a las niñas, niños y adolescentes contra la explotación infantil; lamentablemente, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil.

México es parte de diversos tratados y convenciones que buscan proteger a los menores contra estos delitos, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que establece en su artículo 34, el derecho del niño a ser protegido contra la explotación sexual y el abuso.

El Protocolo Facultativo de la CDN sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, refuerza la lucha contra el abuso sexual infantil al penalizar la producción y distribución de material pornográfico que involucre a menores; el Protocolo Facultativo de la CDN relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, busca proteger a los menores de ser utilizados en actividades sexuales coercitivas en contextos de conflicto.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos se rige, entre otros, por el principio del “interés superior de la infancia”, entendido como la obligación del Estado de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, atendiendo a su protección integral y desarrollo armónico.

En cuanto a la legislación nacional, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Código Penal Federal establecen sanciones que van de los 15 a 30 años y multas de entre mil a 30 mil UMA.

Además, el Congreso de la Unión ha realizado diversos esfuerzos para prevenir y sancionar estos delitos, recientemente se aprobó una reforma al Código Penal Federal para que los delitos en contra de personas menores de 18 no prescriban para el ejercicio de la acción penal y sus sanciones, entre ellos, la pornografía infantil, corrupción de menores, abuso sexual, violación y turismo sexual. Además, en los casos en que quienes cometan este tipo de delitos contra menores de 18 años sean servidores públicos o ministros de algún culto religioso, las penas serán más severas.

En ese sentido, considero que no solo debemos fortalecer las sanciones, sino también las acciones de prevención, como lo he manifestado, es en el sector tuístico en donde mayor comisión de delitos sexuales se cometen contra menores, es por ello que la industria turística, debe contar con protocolos de actuación que implementen en sus instalaciones y servicios, a fin de disminuir la posibilidad de que más menores sean víctimas, y cuyas acciones sean vinculatorias.

Por lo anterior, propongo reformar el artículo 88 de la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para que la Comisión Intersecretarial en la materia, realice acuerdos de colaboración y coordinación para la prevención de estos delitos; así como facultar a la Secretaría de Turismo a elaborar un Protocolo de prevención y actuación respecto a los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Por lo expuesto, el suscrito, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso c) a la fracción VI del artículo 88, se reforma la fracción IX del artículo 89, todos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Único. Se adiciona el inciso c) a la fracción VI del artículo 88, se reforma la fracción IX del artículo 89, todos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue

Artículo 88. La comisión tendrá las siguientes facultades y competencias:

I. a V. ...

VI. ...

a) y b)...

c) Con los prestadores de servicios turísticos y de transporte, con el sector productivo en general, para la creación e implementación de protocolos para la prevención y actuación respecto a la comisión de delitos sexuales contra menores de edad, a fin de salvaguardar el interés superior del niño.

...

Artículo 89. Las dependencias integrantes de la comisión tendrán las siguientes obligaciones:

I. a X. ...

IX. La Secretaría de Turismo diseñará programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, capacitando al personal de las áreas de servicio de dicho sector, así como diseñará e implementará campañas dentro y fuera del país para prevenir y desalentar la proliferación del delito previsto en esta Ley, en cualquier actividad relacionada a su ámbito de competencia. Además, diseñará un protocolo de prevención y actuación respecto a los delitos sexuales cometidos contra menores de edad;

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de un plazo de 180 días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto, la Secretaría de Turismo deberá diseñar el protocolo de prevención y actuación respecto a los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, a que se refiere la fracción IX del artículo 89 de este decreto. Una vez publicado el protocolo en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Turismo tendrá un plazo de 60 días para modificar sus reglamentos y manuales.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/documentos/informe-de-seguridad-martes-17-de-oct ubre-de-2023

2 https://www.tyt.com.mx/nota/el-92-4-de-los-delitos-en-mexico-se-queda-en-cifra- negra

3 https://www.tvazteca.com/aztecauno/lo-que-callamos-las-mujeres-alguien-sufrido- violacion-acude-ayuda

4 https://formato7.com/2023/11/09/cuatro-de-cada-10-victimas-de-delitos-sexuales- en-mexico-son-menores-de-edad-childfund-mexico/

5 https://blog.derechosinfancia.org.mx/2024/08/21/delitos-contra-ninas-ninos-y-ad olescentes-en-mexico-a-julio-de-2024/#:~: text=Pese%20a%20estas%20obligaciones%20del,(de%202%20a%2010).

6 https://www.vertigopolitico.com/nacional/notas/golpe-a-la-impunidad-en-delitos- sexuales-menores-edad

7 Naciones Unidas. (2003). Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:

https://shorturl.at/bjnV7

8 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (2023). Trata de personas, desafío global y virtual (Tercer Reporte Anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México), página 25.

https://shorturl.at/nIQY3

9 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Infancias-tres-de-cada-10-victimas-de- trata-en-Mexico-20230730-0073.html

10 Las condiciones más comunes se refieren a ventas en la calle o establecimientos formales como expendios de agua con entregas a domicilio, abarrotes y/o cocinas de bares.

11 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (2023). Trata de personas, desafío global y virtual (Tercer Reporte Anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México), página 25.

https://shorturl.at/nIQY3

12 Hernández, O. (2022). Desaparición y no localización de niñas, niños y adolescentes en Sonora. Región y sociedad, 34, e1688. Epub 01 de junio de 2023. URL:

https://shorturl.at/itBTW

13 https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/las-rutas-del-turismo-sexual-que-se-ofr ecen-en-mazatlan.-3802297.html/amp

14 https://www.worldvisionmexico.org.mx/blog/ninez-turismo-mexico

15 https://alumbramx.org/tlaxcala-y-queretaro-estados-con-mas-casos-de-abuso-sexua l-de-menores-8-de-cada-10-victimas-son-ninas/

16 https://www.worldvisionmexico.org.mx/blog/ninez-turismo-mexico

17 https://www.senado.gob.mx/comisiones/trata_personas/docs/LGP SEDMTP.pdf

18 https://prevencionciberviolencia.org/8295-2/#:~: text=El%20%E 2%80%9Cturismo%E2%80%9D%20sexual%20infantil%20no,propia%20ni%C3%B1a%2C%20ni%C3% B1o%20o%20adolescente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Mario Zamora Gastélum, Ana Isabel González González, Ana Karina Rojo Pimentel, Miguel Alonso Reyes, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Patricia Flores Elizondo, Vanessa López Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nadia Sepúlveda García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 1o., 2o., 9o. y 8o., y deroga el 14 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, al tenor de la siguiente

1. Como consecuencia de los tratados comerciales suscritos por México, en especial el T-MEC (con Estados Unidos y Canadá) se ha agilizado el proceso de desarrollo económico y social del país, en el concierto de las naciones, representa continuidad en el marco regulatorio de las relaciones comerciales.

Con casi seis años transcurridos, el tratado se encuentra a dos años de su primera revisión por parte de los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos, como se establece en la cláusula sunset. Actualmente, el T-MEC tiene una vigencia de 16 años (hasta 2036). En la próxima revisión de julio de 2026, los países podrán tomar la decisión de extender la vigencia actual del tratado por 6 años adicionales, es decir, hasta 2042. De lo contrario, deberán llevar a cabo revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia original (2036).

El T-MEC y el avance de la economía nacional, pese a ser sustentable no ha logrado del todo la equidad entre todos los sectores de la población y entre las diversas regiones que integran el territorio nacional.

Marcados contrastes, representados por un precario crecimiento del sector rural en comparación con las grandes ciudades.

Los resultados son visibles pues en el medio rural se observa el subempleo, baja producción, mercados muy limitados y, en general, falta de oportunidades para lograr, por parte de la comunidad, un mejor nivel de vida.

Los programas de inversión pública pese al gran esfuerzo que representan no son suficientes, por lo que el campo requiere inversionistas, personas con arraigo en sus comunidades, aunque en la actualidad no vivan ahí, esto también visto como una forma de equilibrio en las reglas del T-MEC

2. La participación de la población rural en el crecimiento económico de México es indispensable para lograr un desarrollo de los elementos de modernización económica de ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra y trabajadores en general, al ritmo del desarrollo de México y aquí es donde se requiere la inversión de los mexicanos radicados en el extranjero.

Los presupuestos federales y estatales para lograr la reactivación del campo son progresivos, pero siempre se requieren inversionistas.

En el país hay ejemplos de ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, trabajadores, en general, de habitantes de las localidades, que suman sus esfuerzos en proyectos colectivos de producción a efecto de autosatisfacer sus necesidades, sin embargo, sus microempresas se enfrentan a un mercado con reglas cambiantes, innovaciones en los servicios bancarios, falta de conocimiento en materia, jurídica, de tecnología bancaria, aduanera y otras áreas.

3. Las sociedades de solidaridad social deben evolucionar a esquemas diferentes de los del año de su creación, 1976, y de la reforma de 2018, conservando la práctica de medidas tendentes a la conservación y mejoramiento del medio ecológico, el autofinanciamiento, mejorar la base económica para la creación de nuevas fuentes de trabajo y atender los requerimientos básicos.

La variedad de actividades que esta sociedad de carácter mercantil puede abarcar potencializa sus redes de comercialización.

Las sociedades de solidaridad social deben lograr constituir sistemas industriales y comerciales para ello requieren poder contratar personal, que a futuro pueda incorporarse como socio.

Mediante la instrucción financiera y actualización bancaria serán sujetos de crédito por parte de la banca social y particular.

4. 63 mil 459 millones de dólares (febrero de 2023-enero de 2024). Fue le producto de las remesas según el Banco de México.

El mismo banco de México jerarquiza por estados la cantidad de remesas siendo Guanajuato, Michoacán, Jalisco y estado de México, las entidades con mayor porcentaje de ingresos.

Se calcula que en México 4.9 millones de hogares y 11.1 millones de adultos reciben remesas de sus familiares en el exterior...

... Las remesas no se pueden considerar ni como una forma de ahorro ni como una fuente para la inversión productiva, sino que se deben conceptualizar como un fondo salarial que, como tal, se destina principalmente al consumo y a la reproducción material del hogar.

Este esquema tiende a cambiar y convertirse las remesas en fondos de inversión, solo hace falta las instancias más adecuadas para ello.

Como una forma de esquematizar presentamos el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Sociedades de Solidaridad Social

5. Conclusiones: La Ley de Sociedades de Solidaridad Social requiere una actualización de su marco normativo, requiere inversionistas (mexicanos en el exterior) actualizar la educación financiera y tecnológica de sus miembros, y poder contratar personal. Las presentes reformas, aquí planteadas, pretenden aseguran su viabilidad financiera e histórica.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 1o., 2o., 9o. y 28; y se deroga el 14 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social

Artículo Único. Se reforman los artículos 1; la fracción V del artículo 2; artículo 9; fracción II del artículo 28 y se deroga el artículo 14; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social , para quedar como sigue:

Artículo 1o. Las sociedades de solidaridad social se constituye con un patrimonio de carácter colectivo, cuyos socios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, parvifundistas, mexicanos radicados en el extranjero y personas que tengan derecho al trabajo, que destinen una parte del producto de su trabajo, o inviertan a un fondo de solidaridad social y que podrán realizar actividades mercantiles. Los socios convendrán libremente sobre las modalidades de sus actividades, para cumplir las finalidades de la sociedad.

Artículo 2o. Las sociedades de solidaridad social tendrán por objeto

I. La creación de fuentes de trabajo;

II. La práctica de medidas que tiendan a la conservación y mejoramiento de la ecología;

III. La explotación sustentable de los recursos naturales;

IV. La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios; y

V. La educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la solidaridad social, la capacitación financiera, la afirmación de los valores cívicos nacionales, la defensa de la independencia política, cultural y económica del país y el fomento de las medidas que tiendan a elevar el nivel de vida de los miembros de la comunidad.

Artículo 9o. Para ingresar en la sociedad, se requiere

I. Ser persona física de nacionalidad mexicana, en especial ejidatario, comunero, campesino sin tierra, parvifundista, mexicanos radicados en el extranjero o persona que tenga derecho al trabajo.

Artículo 14. Se deroga

Artículo 28. La Comisión de Educación tendrá los siguientes objetivos:

I. Procurar la educación para la totalidad de los socios, tomando como base los principios que consagran el artículo 3o. de la Constitución General de la República y la Ley General de Educación;

II. La formación de los socios con sentido de la solidaridad social, de la conducta responsable y con espíritu de disciplina e iniciativa adicionalmente procurar la educación financiera y capacitación tecnológica en materia comercial; y

III. Proporcionar orientaciones claras y precisas a todos los miembros de la sociedad para alcanzar su formación intelectual, moral y social.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Imco y Wilson Center analizan el T-MEC a cuatro años, 1 de julio de 2024, Imco,

https://imco.org.mx/a-cuatro-anos-del-t-mec/

2 Reporte Analítico, 2023, Banco de México, Ingresos y Egresos por Remesas,

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/% 7BA3350383-2234-0F8C-4323-2EE62E0428D2%7D.pdf

3 “Porcentaje de ingresos por remesas en México en 2023, por entidad federativa, 2024”, en Statista,

https://es.statista.com/estadisticas/1180853/ingresos-remesas-me xico-entidad-federativa/

4 Cervantes González, Jesús A.; y Ostolaza, Rodolfo (2023) ¿Cuántas personas y hogares reciben remesas en México?,

https://www.cemla.org/foroderemesas/notas/2022-06-notas-de-remes as.pdf

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2024.– Diputadas y diputado: Nadia Yadira Sepúlveda García, Katia Alejandra Castillo Lozano, Marcela Michel López, Maribel Solache González, Roselia Suárez Montes de Oca, Sandra Beatriz González Pérez, Ulises Mejía Haro (rúbricas).»

«Iniciativa que decreto por el que se declara el año “2025: Aniversario 50 del año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer”, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ciria Yamile Salomón Durán, diputada federal por el distrito 2 del estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara al año “2025: Aniversario 50 del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer”, al tenor de la siguiente

En este 2024, México sigue haciendo historia al haber elegido por el voto popular, mayoritario y contundente a una mujer científica como su primera presidenta de la República. Como lo ha sostenido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a Palacio Nacional “no llega sola”, con ella “llegamos todas”. Se refiere a las “heroínas que nos dieron patria, nuestras ancestras”, madres, hijas y nietas. Sin lugar a duda, su elección representa la inscripción en letra mayor de un nuevo capítulo en los anales históricos de la nación.

La lucha por el reconocimiento de la importancia de la participación de la mujer en la vida pública del país es de viejo cuño. Se tiene registro formal de que el “Primer Congreso Feminista de México” al que asistieron al menos 617 delegadas –entre ellas Hermila Galindo quien fuera secretaria de don Venustiano Carranza durante el Congreso Constituyente de Querétaro– tuvo lugar del 13 al 16 de enero de 1916 en la ciudad de Mérida, Yucatán, planteándose de manera fundamental la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer.

De hecho, en las conclusiones de este Primer Congreso Feminista de México se advirtió de manera premonitoria:

“ La mujer del porvenir estará facultada para desempeñar cualquier cargo público, porque no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para dirigir a la sociedad”.

Sin embargo, como advierte la doctora e historiadora Patricia Galeana al analizar el devenir de la presencia de la mujer en las luchas sociales y políticas del México posrevolucionario, “las mujeres hicieron la Revolución, pero ésta no les hizo justicia. Las demandas de mujeres y hombres, que podemos llamar feministas, no permearon en la mayoría de la población. Subsistió la mentalidad patriarcal, apoyada por las tradiciones religiosas”. Por curioso que resultara, por años se asoció al voto de la mujer con los principios y valores de la derecha y el conservadurismo y ello explicó, en buena medida, el por qué la reticencia del gobierno en turno para dar mayor participación a la mujer en los asuntos políticos y públicos del país.

Afortunadamente, décadas después se logró el voto de las mujeres a nivel municipal y posteriormente se reconoció la igualdad jurídica y política de la mujer frente al varón en nuestra Carta Magna en el año de 1953 producto de la lucha interna, pero también de la proclamación de la Convención de Derechos Políticos de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, no fue sino hasta la década de los años setenta del Siglo XX que la lucha feminista comenzó a tener un mayor impacto y resonancia a nivel nacional e internacional. De hecho, el 18 de diciembre de 1972 la ONU proclamó al año 1975 como el “Año Internacional de la Mujer”, marcando un hito en la lucha por los derechos de las mujeres a nivel global. Esta decisión no solo fue un reconocimiento a las décadas de lucha feminista en todo el mundo, sino también un llamado a la acción gubernamental para abordar las desigualdades de género que permeaban (y continúan permeando) las sociedades en todo el mundo.

Hoy, a cinco décadas de que se dé la conmemoración de esta decisión histórica por parte de las Naciones Unidas y en favor de las mujeres, los mexicanos hemos elegido a la primera mujer presidenta del país en nuestra historia y ello nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances logrados, los desafíos persistentes y las lecciones aprendidas desde una perspectiva jurídica, política y social.

La proclamación de 1975 como el “Año Internacional de la Mujer” fue un reflejo de las luchas y demandas de los movimientos feministas que habían ganado fuerza durante las décadas de 1960 y 1970. Este periodo estuvo marcado por una creciente conciencia sobre las desigualdades de género y una demanda urgente de reformas en diversos ámbitos, desde los derechos laborales hasta la participación política.

En el contexto de la llamada Guerra Fría, la declaración del “Año Internacional de la Mujer” permitió incorporar la discusión de los derechos de las mujeres en la agenda internacional, ya que las Naciones Unidas aprovecharían este escenario de polarización en torno a causas comunes, a pesar de las divisiones ideológicas.

La cuestión de los derechos de las mujeres ofrecía una plataforma neutral que, sin embargo, estaba profundamente entrelazada con las dinámicas de poder globales. La “Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer”, celebrada en la Ciudad de México del 19 de junio al 2 de julio de 1975, fue un reflejo de estas tensiones, pero también una oportunidad para que las mujeres de diversas partes del mundo articularan sus demandas y estrategias para el cambio. Como lo advierte Guadalupe Rivera Marín:

“ Con anterioridad a la realización del mencionado evento, durante la época colonial y posteriormente, en ninguna de las Constituciones promulgadas en nuestro país se mencionaba a la mujer como sujeto político. La participación de la población femenina en México en los asuntos del gobierno del país fue prácticamente nula. A saber, durante los trescientos años del colonialismo español y los cien años siguientes del México Independiente, es decir, de 1524 a 1910, el criterio tradicional de la sociedad mexicana, por ser una sociedad evidentemente patriarcal, prácticamente impedía a las mujeres realizar otro tipo de actividades que no fueran como madres y esposas. Es decir, en una sociedad patriarcal como la nuestra la mujer se veía obligada a restringir sus acciones al ámbito privado: en el espacio social del hogar y asumir el papel de esposa y madre de manera prioritaria”.

Afortunadamente, este paradigma arcaico cambió gracias a la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyos objetivos incluyeron la igualdad de género, la eliminación de la discriminación por motivos de género, la plena participación de las mujeres en el desarrollo y una mayor contribución de las mujeres a la paz mundial. En este sentido, la Conferencia no solo fue un evento histórico por su magnitud y participación, sino también un punto de inflexión en la política global sobre los derechos de las mujeres.

Uno de los logros más significativos de la Conferencia fue la adopción del “Plan de Acción Mundial para la Implementación de los Objetivos del Año Internacional de la Mujer”. Este plan abarcaba diversas áreas, incluyendo la igualdad de oportunidades laborales, la educación, la salud, y la participación política de las mujeres. Además, la conferencia sentó las bases para la creación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1979, que se convirtió en un pilar jurídico en la lucha por la igualdad de género.

De hecho, esta Convención es considerada la “ Carta Internacional de los Derechos de la Mujer” y fue directamente influenciada por las discusiones y conclusiones de la Conferencia que se desarrolló en México en 1975. Este instrumento internacional establece un marco legal vinculante para los Estados miembros de la ONU, obligándolos a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer abarca áreas clave como los derechos políticos, la nacionalidad, la educación, el empleo, la salud, y el matrimonio, entre otros.

Ahora bien, el “Año Internacional de la Mujer” también impulsó reformas jurídicas a nivel nacional en muchos países. Por ejemplo, en América Latina, donde la Conferencia de México tuvo un impacto particularmente positivo, se llevaron a cabo cambios significativos en las legislaciones laborales, matrimoniales y de derechos reproductivos. La Conferencia sirvió como un espacio donde activistas y gobiernos pudieron intercambiar ideas y estrategias, lo que resultó en un efecto dominó de reformas legales en la región.

Desde una perspectiva social, el 50 aniversario del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer nos invita a reflexionar sobre los cambios en las dinámicas de género y el progreso en la igualdad de las mujeres en la sociedad. Aunque se han logrado avances notables en varios aspectos, como el aumento de la participación de las mujeres en la educación y en el mercado laboral, persisten desafíos significativos, incluyendo la violencia de género, la disparidad salarial y la representación política desigual.

En los últimos cincuenta años, el feminismo ha evolucionado para abordar una gama más amplia de temas, incluyendo el feminismo interseccional, que reconoce cómo las diferentes formas de discriminación (racismo, xenofobia y homofobia) interactúan con la desigualdad de género. Este enfoque más inclusivo ha permitido un entendimiento más profundo de las diversas experiencias de las mujeres y ha impulsado políticas y prácticas más equitativas.

A pesar de los avances, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas más graves y persistentes que enfrentan las mujeres en todo el mundo. La Conferencia de México de 1975 subrayó la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres como una prioridad, pero los esfuerzos para erradicar este flagelo han sido insuficientes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, “una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado alguna forma de violencia física o sexual”, es decir, cerca de 736 millones de mujeres, lo que indica que aún queda mucho por hacer en esta área.

Los movimientos sociales, como #MeToo y #NiUnaMenos, han renovado la atención sobre la violencia de género en los últimos años, destacando tanto la prevalencia de este problema como la necesidad de respuestas más efectivas por parte de los gobiernos y las instituciones. Estos movimientos también han puesto de relieve la importancia de cambiar las normas sociales y culturales que perpetúan la violencia contra las mujeres, un desafío que persiste desde 1975.

Al conmemorar el 50 aniversario del Año Internacional de la Mujer, es esencial reconocer tanto los logros alcanzados como las áreas donde aún queda trabajo por hacer. El nombramiento de 1975 como el Año Internacional de la Mujer y la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México representaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las mujeres, estableciendo un marco para el desarrollo de políticas de género a nivel global y para la implementación de reformas jurídicas significativas.

Sin embargo, el progreso no ha sido uniforme y los desafíos persistentes nos recuerdan que la igualdad de género es un objetivo en constante evolución. La violencia de género, la disparidad económica y la representación política desigual son problemas que siguen afectando a millones de mujeres en todo el mundo. Además, la interseccionalidad ha revelado nuevas dimensiones de la desigualdad que requieren atención y acción.

Por todo lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa se somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara al año “2025: Aniversario 50 del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la mujer”

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al “2025: 50 Aniversario del Año Internacional de la Mujer”

Artículo Segundo. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial Federales, instrumentarán acciones para que toda la correspondencia y documentación oficial contenga al rubro o al calce la siguiente leyenda: “ 2025: Aniversario 50 del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer”.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Mujer, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial Federales, establecerá un programa de actividades para conmemorar el 50 aniversario del Año Internacional de la Mujer y de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2025 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Notas

1 Vid. Patricia Galeana, “La historia del feminismo en México” en Cien ensayos para el centenario. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo 1: Estudios históricos, México, IIJ-UNAM, 2017, página 107.

2 Vid. Guadalupe Rivera Marín, Isabel Custodio, Martha Chapa, Patricia Ruiz Anchondo, Ana Lilia Cepeda, Guadalupe Loaeza, Mujeres en Lucha. “Presencia de la mujer en las luchas sociales y políticas de México”, Honorable Cámara de Diputados, México, 2013.

3 Cfr. Liza Luna, “En México, la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975” en El Universal, 5 de marzo de 2023.

4 Mariana Iglesias, “Una de cada tres mujeres en el mundo sufren violencia física y sexual” en El Clarín, 23 de febrero de 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.– Diputadas: Ciria Yamile Salomón Durán, Katia Alejandra Castillo Lozano, Marcela Michel López, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por la diputada Claudia Quiñones Garrido y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Claudia Quiñones Garrido, y suscrita por las diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y), recorriéndose la subsecuente del artículo 25; se adiciona un artículo 33 Bis; se reforma la fracción e) del artículo 38; se reforma la fracción f) del artículo 39 y se adiciona una fracción VI al artículo 51, todos de la Ley General de Partidos Políticos, al tenor de la siguiente

En México, la democracia ha facilitado la inclusión de diversos sectores sociales en la participación y representación política del país. Este sistema democrático se basa en el principio fundamental de “una persona, un voto”, que garantiza a cada ciudadano la capacidad de influir en las decisiones políticas y de ejercer un control sobre el poder del Estado. La democracia promueve y protege los derechos y libertades individuales de cada persona, se ampara bajo un Estado de derecho sustentado en valores esenciales como la igualdad, la tolerancia y el respeto por la diversidad.

Estos valores ayudan a construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde cada individuo tenga la oportunidad de contribuir a la dirección del país. Además, la participación activa de los ciudadanos en la política fortalece la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno, esto permite que una variedad de perspectivas y visiones se integren en el proceso decisional, enriqueciendo la calidad de las decisiones tomadas y la legitimidad del sistema democrático en su conjunto.

En este sentido, es fundamental fomentar una cultura cívica que incentive la participación ciudadana en todos los niveles, promoviendo así un entorno donde la inclusión y la diversidad sean necesarias en el quehacer político. Es un compromiso que debemos continuar fortaleciendo para garantizar que cada ciudadano tenga no solo la capacidad de votar, sino también de ser un agente activo de cambio en su comunidad y en el país en su conjunto.

Considerar a las minorías es, por tanto, fundamental para garantizar justicia y equidad en los procesos electorales. México es un país pluriétnico, caracterizado por la rica diversidad de sus culturas y tradiciones, los pueblos indígenas poseen una historia que se remonta a épocas anteriores a la conquista española y han logrado conservar muchos de sus rasgos culturales hasta nuestro tiempo. Esta herencia cultural enriquece el tejido social del país y también representa una valiosa fuente de conocimiento y sabiduría ancestral que merece ser reconocida y respetada por las instituciones democráticas.

En la actualidad, nuestro país alberga una significativa población indígena que enriquece la diversidad cultural. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay aproximadamente 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que representa el 19.4 por ciento de la población total. De este segmento, se estima que 7.4 millones son hablantes de alguna lengua indígena, lo que equivale al 5.9 por ciento de la población nacional en el mismo rango de edad.

La población indígena se distribuye principalmente en el sureste y el centro del país, destacando estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Campeche y Quintana Roo.

Junto con la Ciudad de México, estas entidades concentran alrededor del 86 por ciento de la población indígena del país. La riqueza de las lenguas, tradiciones, saberes y modos de vida que aportan las comunidades indígenas es un patrimonio invaluable que debe ser valorado y preservado.

Sin embargo, a pesar de su importante contribución a la identidad nacional, estas comunidades siguen enfrentando condiciones de desigualdad, marginación, pobreza, falta de acceso a servicios básicos, educación, atención médica y el pleno respeto y reconocimiento de sus derechos político-electorales frente a otros sectores de la población.

La representación y participación política en los órganos legislativos de las personas indígenas y afrodescendientes en nuestro país ha adquirido gran relevancia, sobre todo desde los procesos de transición política en México a principios del Siglo XXI, donde se buscó más pluralidad en los procesos políticos, así como elecciones limpias, transparentes y competitivas, esto dio paso a una nueva era del sistema de partidos políticos en México y la construcción de instituciones promoviendo la pluralidad, negociación y la formación de consensos entre las fuerzas políticas y diferentes actores sociales.

No obstante, ha sido difícil la regulación y tratamiento integral de las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. A pesar de los esfuerzos legislativos y de que la Constitución y las leyes que rigen a los partidos políticos y los procesos electorales reconocen la diversidad cultural y los derechos de estas comunidades, la realidad muestra que su ejercicio efectivo no está garantizado, y son hasta nuestros días, uno de los pendientes institucionales de nuestro país.

La marginación que presenta la población indígena y afrodescendiente es un fenómeno estructural, donde se repite el patrón histórico que dificulta el progreso de las regiones donde habitan, así como la exclusión sistemática del disfrute de derechos básicos, por lo que, la representación y su participación política fortalecería los vínculos entre las comunidades y los gobiernos municipales, estatales y federal, con el propósito de poner fin a la brecha que separa al gobierno y a las comunidades indígenas.

Aunado a lo anterior, existen barreras como la falta de acceso a la información y a la educación cívica, que tienen consecuencias como el desligamiento y la desinformación sobre sus derechos políticos. La desigualdad en la educación y el analfabetismo en algunas de estas poblaciones dificultan la comprensión de los procesos electorales y de la importancia de su participación en ellos. Sin los medios necesarios para tener acceso a la información, a la organización y a ejercer un papel político es difícil que puedan ejercer su pleno derecho de votar y ser votados.

Además, la discriminación sistemática y el racismo persistente en el país crean un ambiente en el que la participación de estas comunidades es desalentada. Muchos indígenas y afrodescendientes se enfrentan a prejuicios y estigmas que menosprecian su identidad y cultura, lo que puede llevar a la desconfianza en el sistema político y a la percepción de que sus voces no son valoradas. Esta exclusión social no solo afecta su participación en elecciones, sino también en espacios de toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas que les conciernen.

El proceso electoral mismo puede ser un campo de batalla lleno de obstáculos. La violencia, las amenazas y la coacción en algunas regiones afectan la capacidad de los indígenas y afrodescendientes para votar libremente. Estas condiciones pueden llevar a la intimidación y, en última instancia, a la exclusión de estas poblaciones en la elección de sus representantes.

En resumen, el cumplimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en México está amenazado por una variedad de factores, que incluyen la falta de acceso a información, la discriminación, la violencia, la marginación y las limitaciones estructurales en el sistema político. Es necesario que el Estado mexicano y la sociedad en general realicen un esfuerzo consciente para combatir estas desigualdades, promoviendo la inclusión y garantizando que todas las voces sean reconocidas, escuchadas y representadas.

El impulso hacia una política inclusiva resulta fundamental para garantizar que la voz de las comunidades indígenas sea representada. Esto implica no solo promover su participación en los procesos democráticos, sino también implementar políticas que aborden de manera efectiva sus necesidades y reconozcan sus derechos fundamentales.

Hoy, en cinco estados de la República se lleva a cabo la renovación de autoridades municipales a través de Sistemas Normativos Indígenas. Esto ocurre en 417 municipios de Oaxaca, así como en las localidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo, en Morelos; en Oxchuc, Chiapas; en Ayutla de los Libres, Guerrero; y en Cherán, Michoacán.

Con estos antecedentes, las autoridades electorales y la legislación en México han permitido los siguientes avances en el Congreso de la Unión:

En la Cámara de Diputados:

—En el proceso electoral de 2024, las autoridades electorales determinaron que los partidos políticos nacionales y coaliciones postularan, como parte de una acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que se autoadscriben como indígenas en los 25 distritos electorales federales donde la población indígena supera el 60 por ciento. Además, estas postulaciones debieron llevarse a cabo de manera paritaria, lo que implica que no más de 13 candidatos puedan pertenecer al mismo género.

—En lo que respecta a la representación proporcional, los partidos políticos nacionales postularon fórmulas compuestas por personas que se autoadscriben como indígenas en las cinco circunscripciones electorales. Cada circunscripción debía incluir al menos una de estas fórmulas en el primer bloque de 10, garantizando así una mayor inclusión y representación en el proceso electoral.

En el Senado:

—Los partidos políticos nacionales (PPN) y las coaliciones tuvieron la obligación de postular al menos cuatro fórmulas de candidaturas a senadurías compuestas por personas que se autoadscriben como indígenas en alguna de las siguientes entidades: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo o Yucatán.

—En lo que respecta a la representación proporcional, los partidos políticos nacionales (PPN) y las coaliciones deberán incluir al menos una fórmula dentro de los primeros quince lugares de la lista nacional, asegurando así una representación adecuada de las comunidades indígenas en el Senado.

Sin embargo, estas acciones no son suficientes, sobre todo, en cuanto a la representación de estos grupos en los espacios de dirección política y en cuanto a la profesionalización de los partidos políticos en materia de derechos indígenas y afrodescendientes.

Reconocer y valorar la diversidad de la población indígena y afrodescendiente en México es un paso vital hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Al abordar las desigualdades que enfrentan estas comunidades y fomentar su inclusión en todos los aspectos de la vida política y social, no solo se enriquece el país en su totalidad, sino que se establece un precedente importante para el respeto de la diversidad cultural y el reconocimiento de los derechos humanos de todos los mexicanos.

Por lo anterior, estamos presentado esta iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Partidos Políticos, con los siguientes objetivos:

— Fomentar la participación activa en la toma de decisiones: Se propone garantizar que las personas indígenas y afromexicanas sean incluidas en los órganos internos de dirección de los partidos políticos, para asegurar que sus voces sean escuchadas en la formulación de políticas y decisiones que les afectan directamente. Esto fortalecerá la representación democrática y permite que sus intereses y realidades sean tomados en cuenta.

— Fortalecimiento de derechos político-electorales: Se obliga a los Partidos Políticos a contar con esquemas de capacitación y sensibilización sobre los derechos político-electorales para las personas indígenas y afromexicanas es un paso crítico para empoderarlas. A través de estos procesos, se fomentará una mayor comprensión de los mecanismos democráticos y se proveen las herramientas necesarias para que puedan ejercer su derecho al voto y a ser votadas, lo que contribuye a una mayor participación política.

— Promoción de la equidad de género: Se plantea hacer hincapié en la necesidad de realizar actividades de sensibilización específicas para mujeres indígenas y afromexicanas, con ello, la iniciativa busca combatir las barreras de participación que enfrentan. Esto no solo promueverá la inclusión de mujeres en la política, sino que también ayuda a erradicar prejuicios culturales que limitan su acceso a posiciones de liderazgo.

— Acceso a capacitación y desarrollo profesional: Se propone establecer convocatorias y apoyo para que las personas indígenas y afromexicanas participen en cursos, talleres y asesorías es esencial para su desarrollo profesional. Esto les permitirá adquirir las habilidades necesarias para competir en igualdad de condiciones en elecciones y ocupar cargos de poder, contribuyendo así a un sistema político más representativo.

— Educación y sensibilización de los partidos políticos: Se les da la obligación de incluir en su estructura interna organismos especializados en la promoción de los derechos de estas comunidades, para fomentar una cultura de respeto y promoción de la diversidad dentro de los propios partidos. Esto conducirá a una mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión y la necesidad de políticas que atiendan las particularidades de estos grupos.

— Prevención de la Violencia Política: Para abordar la violencia política, especialmente hacia las mujeres indígenas y afromexicanas, se busca que los partidos políticos participen activdamente en proteger a las víctimas, disuadir la violencia y crear un entorno más seguro para la participación política de todos.

— Financiamiento para apacitación y desarrollo del liderazgo político: Se propone destinar un dos por ciento del financiamiento público ordinario específicamente para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las personas indígenas y afromexicanas. Esta medida proporciona los recursos necesarios para llevar a cabo programas de formación, sino que también refuerza el compromiso de los partidos políticos de fomentar la inclusión y la equidad en sus filas. Al reservar un porcentaje del financiamiento público para estas iniciativas, se brinda a las comunidades indígenas y afromexicanas la oportunidad de acceder a programas de capacitación y liderazgo que antes podrían haber estado fuera de su alcance.

Se anexa un cuadro comparativon con las modificaciones propuestas:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción y), recorriéndose la subsecuente del artículo 25; se adiciona un artículo 33 Bis; se reforma la fracción e) del artículo 38; se reforma la fracción f) del artículo 39 y se adiciona una fracción VI al artículo 51, todos de la Ley General de Partidos Políticos

Artículo Único. Se adiciona una fracción y), recorriéndose la subsecuente del artículo 25; se adiciona un artículo 33 Bis; se reforma la fracción e) del artículo 38; se reforma la fracción f) del artículo 39 y se adiciona una fracción VI al artículo 51, todos de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a x) ...

y) Garantizar a las personas indígenas y afromexicanas la participación en sus órganos internos de dirección, espacios de toma de decisiones y candidaturas, y

z) ...

Artículo 33 Bis.

Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en legislación en la materia.

Los partidos políticos deberán:

I. Contribuir al desarrollo de mecanismos que aseguren la participación y representación de las comunidades indígenas y afromexicanas;

II. Fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las personas indígenas y afromexicanas mediante procesos de capacitación y sensibilización tanto dentro de los partidos como en la sociedad en general;

III. Realizar actividades de sensibilización que promuevan y respeten los derechos de participación política de las personas indígenas y afromexicanas, con énfasis especial en las mujeres;

IV. Ampliar las convocatorias y el apoyo para que las personas indígenas y afromexicanas puedan participar en cursos, talleres y asesorías, asegurando así su capacitación para el ejercicio de cargos de elección popular;

V. Incluir en su estructura interna organismos y personal especializado en la promoción y difusión de los derechos políticos-electorales de las comunidades indígenas y afromexicanas;

VI. Implementar medidas efectivas para abordar la violencia contra mujeres indígenas y afromexicanas, enfocándose en la prevención, protección y apoyo a las víctimas, con el fin de reducir su vulnerabilidad y fomentar la equidad y la justicia, y

VII. Establecer políticas y mecanismos que permitan la prevención, atención y sanción efectiva de la violencia política contra mujeres en contextos indígenas y afromexicanos.

Artículo 38. ...

1. ...

a) a d) ...

e) Establecer mecanismos de promoción y acceso de las mujeres, las personas indígenas y afromexicanas a la actividad política del partido, así como la formación de liderazgos políticos, y

f) ...

Artículo 39....

1. ...

a) a e)...

f) Los mecanismos y procedimientos que permitirán garantizar la integración de liderazgos políticos de mujeres y las personas indígenas y afromexicanas al interior del partido;

g) a m) ...

Artículo 51....

1. ...

a) ...

I... a V. ...

VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las personas indígenas y afromexicanas, el dos por ciento del financiamiento público ordinario.

b. ...

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los partidos políticos tendrán 360 días, una vez la entrada en vigor del presente decreto, para cumplir con las obligaciones a las que se refiere el presente decreto, incluyendo la actualización de sus estatus, programas de acción y estructuras organizacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2024.– Diputada Claudia Quiñones Garrido (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 3 y la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Introducción

Mi compromiso como legislador y como joven es siempre velar por el futuro de las juventudes, es por ello que nuevamente busco que se pueda reconocer esta gran problemática que vivimos día a día quienes nos incorporamos a la vida laboral y que muchas de las veces por nuestra edad somos discriminados.

Desde la legislatura pasada, traigo el compromiso de ser la voz de las juventudes que anhelamos con crecer profesionalmente cada día, es por ello que nuevamente retomo e inscribo esta iniciativa, dedicada a todas y todos los jóvenes de este país.

Dejándolos reflexionar una frase que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria personal y profesional:

“

La juventud es una etapa clave para el desarrollo personal y profesional de las personas, y en ella se forjan las bases para su vida laboral futura. En México, sin embargo, uno de los mayores obstáculos que enfrentan los jóvenes al intentar ingresar al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa por parte de los empleadores. Esta situación genera un círculo vicioso: los jóvenes no pueden obtener experiencia porque no consiguen empleo, y no pueden conseguir empleo porque no tienen experiencia. La eliminación del requisito de experiencia previa para las juventudes que buscan su primer empleo es, por lo tanto, un imperativo social y económico que debe abordarse con urgencia desde el marco legislativo.

México cuenta con una población juvenil significativa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más del 30 por ciento de la población nacional está constituida por jóvenes entre los 15 y 29 años. Sin embargo, el mercado laboral no ha sido capaz de absorber a este sector de manera adecuada. La tasa de desempleo juvenil es considerablemente más alta que la del resto de la población, y una de las principales barreras identificadas es la falta de experiencia previa. Esto se traduce en una precarización laboral que afecta el desarrollo de los jóvenes, quienes, en su búsqueda por conseguir un empleo, se ven obligados a aceptar trabajos informales o de baja remuneración que no corresponden a su nivel educativo o a sus aspiraciones profesionales.

La exigencia de experiencia previa como requisito para el primer empleo es una práctica injusta e ineficaz que perpetúa la desigualdad. En muchos casos, los jóvenes recién egresados de instituciones educativas tienen habilidades, conocimientos y competencias actualizadas, pero se les niega la oportunidad de demostrarlas debido a una exigencia que favorece la exclusión. Las empresas, al imponer este filtro, pierden la oportunidad de contar con talentos emergentes que podrían aportar nuevas ideas y perspectivas innovadoras.

Es pertinente recordar que la juventud no es solo una etapa de formación, sino también de creatividad, energía y flexibilidad. Los jóvenes tienen la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías, asumir riesgos y contribuir al crecimiento de las empresas y la economía nacional. Sin embargo, para liberar este potencial, es necesario derribar las barreras que impiden su acceso al mercado laboral formal.

Impacto social de la exclusión juvenil

El desempleo juvenil tiene consecuencias profundas y duraderas en la vida de las personas. No solo afecta su desarrollo económico, sino también su bienestar emocional, autoestima y sentido de pertenencia. La falta de oportunidades laborales en edades tempranas puede conducir a la frustración, el desencanto con el sistema y, en algunos casos, la migración o la inmersión en economías informales o ilegales.

Además, esta exclusión laboral afecta a sectores más vulnerables de la población juvenil, como las mujeres, las personas con discapacidad y aquellos que viven en zonas rurales o marginadas. La falta de políticas inclusivas que garanticen oportunidades laborales sin requisitos arbitrarios perpetúa la desigualdad y amplía la brecha social entre quienes logran insertarse en el mercado laboral y quienes no.

Argumentos en favor de la eliminación del requisito de experiencia previa

Eliminar el requisito de experiencia previa para los jóvenes que buscan su primer empleo es una medida que se justifica desde varios enfoques:

1. Equidad e igualdad de oportunidades: El acceso al empleo debe basarse en la capacidad y el potencial de los individuos, no en requisitos excluyentes. La eliminación de la experiencia previa permitirá que los jóvenes compitan en igualdad de condiciones con otros postulantes, sin ser penalizados por su falta de historial laboral.

2. Desarrollo económico: La inserción laboral de los jóvenes no solo beneficiará a los individuos, sino también a la economía nacional. Un mayor empleo juvenil contribuye al crecimiento económico, aumenta el consumo interno y reduce los costos asociados con el de-sempleo y la informalidad.

3. Innovación y adaptación: Los jóvenes suelen ser más propensos a adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de trabajo. Al abrirles las puertas del empleo formal, las empresas se beneficiarán de su capacidad para aportar ideas frescas y soluciones innovadoras.

Lecciones internacionales y precedentes normativos

En diversos países del mundo, se han implementado políticas exitosas para garantizar la inserción laboral de los jóvenes eliminando barreras como la experiencia previa. En la Unión Europea, por ejemplo, el programa “Garantía Juvenil” busca asegurar que los jóvenes menores de 25 años reciban ofertas de empleo, educación continua, formación o prácticas dentro de los cuatro meses posteriores a quedar desempleados o salir de la educación formal. Este tipo de iniciativas ha demostrado que, al facilitar el acceso de los jóvenes al empleo, no solo se combate el desempleo juvenil, sino que también se generan entornos más inclusivos y productivos.

En México, algunas iniciativas locales y programas federales, como el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, han dado pasos importantes en este sentido. Sin embargo, estas medidas no son suficientes si no se establecen mecanismos permanentes que eliminen de manera estructural las barreras de acceso al empleo formal, y en particular, la exigencia de experiencia previa.

De ahí la relevancia de esta propuesta; la juventud de México no puede seguir enfrentando obstáculos para acceder a su primer empleo. Es urgente que desde el ámbito legislativo se promueva un cambio estructural que garantice su plena inclusión en el mercado laboral. La eliminación del requisito de experiencia previa no solo beneficiará a los jóvenes, sino que fortalecerá el desarrollo económico y social del país. Por ello, es necesario que las políticas públicas, así como el marco legal vigente, se adapten para reflejar esta realidad y abrir oportunidades a quienes más lo necesitan.

Este cambio no solo es una cuestión de justicia social, sino también de aprovechar el potencial de una generación que, si bien enfrenta retos, tiene la capacidad de contribuir significativamente al crecimiento de México en el Siglo XXI. La eliminación de este requisito no solo resolverá una barrera injusta, sino que creará las condiciones para un mercado laboral más inclusivo, equitativo y próspero.

Para una mayor claridad, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de modificación a los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo:

Tomando consciencia de la generación de condiciones favorables para el trabajo digno y libre de discriminación solo será posible como resultado de un esfuerzo interinstitucional entre el Poder Legislativo, la presente iniciativa propone a esta soberanía reformas al párrafo segundo del artículo 3o., y fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del siguiente proyecto de

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. y la fracción I del artículo 133, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, experiencia o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. La Secretaría, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, deberán garantizar el derecho a no ser discriminado.

Artículo 133. ...

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, experiencia o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Nación.

Nota

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023/ EAP_Trabajo23.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.– Diputado y diputadas: Armando Corona Arvizu, Ana Elizabeth Ayala Leyva, JulietaVillalpando Riquelme (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Felipe Miguel Delgado Carrillo, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

La presente iniciativa busca atender la urgente necesidad de proteger y conservar los manglares en México, ecosistemas cruciales para el equilibrio ecológico y la mitigación del cambio climático. Estos ecosistemas, ubicados principalmente en áreas costeras intermareales, actúan como barreras naturales que protegen a las comunidades costeras de fenómenos como inundaciones, huracanes y erosión. Además, los manglares son importantes sumideros de carbono, capaces de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), con un promedio de 1,023 toneladas de carbono almacenadas por hectárea, posicionándolos entre los ecosistemas más ricos en carbono del planeta.

Pese a su enorme valor, los manglares en México enfrentan serias amenazas derivadas de la expansión urbana, la construcción de infraestructuras turísticas y portuarias, la deforestación y los efectos del cambio climático. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México cuenta con aproximadamente el 5 por ciento de los manglares del mundo, distribuidos principalmente en las costas del Pacífico, Golfo de México y el Caribe. No obstante, en las últimas décadas, estos ecosistemas han sufrido una acelerada pérdida de cobertura vegetal, con una tasa anual de desaparición que oscila entre el 0.26 por ciento y el 0.66 por ciento, lo que representa una amenaza no solo para la biodiversidad, sino también para la seguridad de las comunidades costeras.

Además de su función en la protección contra desastres naturales, los manglares son vitales para las economías locales, especialmente en el ámbito pesquero. Estos ecosistemas ofrecen refugio y alimento a diversas especies marinas durante sus etapas juveniles, contribuyendo significativamente a la productividad pesquera en regiones como el Golfo de California. Se ha demostrado que una hectárea de manglar puede generar entre 25,000 y 50,000 dólares anuales en productividad pesquera, beneficiando a comunidades que dependen de especies como el pargo amarillo y la jaiba azul.

Desde el punto de vista ecológico, los manglares no solo protegen las costas, sino que también desempeñan un papel esencial en la purificación y filtración del agua. Actúan como barreras naturales que retienen contaminantes y sedimentos antes de que lleguen a los océanos y cuerpos de agua costeros. De igual manera, desempeñan un papel crucial en el ciclo de nutrientes, sirviendo como hábitat, fuente de alimento y refugio para una amplia variedad de especies marinas, terrestres y aéreas. Se estima que el 75 por ciento de las especies de peces de importancia comercial pasan alguna fase de su ciclo de vida en los manglares.

La deforestación de los manglares no solo aumenta la vulnerabilidad de las zonas costeras ante desastres naturales, sino que también tiene graves consecuencias para el clima global. Los manglares son uno de los ecosistemas más eficientes en la captura y almacenamiento de carbono. Su capacidad para almacenar hasta 1,023 toneladas de carbono por hectárea los convierte en sumideros esenciales para la reducción de gases de efecto invernadero. Cuando estos ecosistemas son destruidos, el CO2 almacenado durante siglos es liberado a la atmósfera, contribuyendo significativamente a las emisiones globales y agravando la crisis climática.

Propuesta de reforma legislativa

En este contexto, resulta imperativa la inclusión de los manglares como prioridad en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Aunque se han logrado avances legislativos en materia de conservación, no existe una regulación específica que garantice la protección de estos ecosistemas frente a los crecientes riesgos derivados del cambio climático y la expansión urbana. Actualmente, muchos proyectos de desarrollo en zonas costeras no incluyen evaluaciones de impacto ambiental que consideren las repercusiones a largo plazo sobre los manglares, lo que agrava su vulnerabilidad.

Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo integrar de forma clara y precisa la protección de los manglares en los planes de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico. Se propone que cualquier proyecto de desarrollo que afecte zonas de manglares sea sometido a una evaluación de impacto ambiental rigurosa y que se establezcan zonas de amortiguamiento donde se prohíba la expansión urbana o cualquier actividad que pueda degradar estos ecosistemas.

Importancia del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático

El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático es una herramienta clave para identificar las áreas más expuestas a los riesgos asociados al cambio climático, como inundaciones y erosión costera. Sin embargo, este instrumento no contempla de manera específica la vulnerabilidad de los manglares, lo que limita su eficacia como herramienta de planificación urbana y ordenamiento territorial. La presente iniciativa propone actualizar el Atlas para incluir las vulnerabilidades específicas de los manglares, reconociendo su papel crucial en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

La inclusión de los manglares en el Atlas permitirá a las autoridades identificar con mayor precisión las áreas más susceptibles al impacto del cambio climático, facilitando el desarrollo de estrategias específicas de conservación y restauración. Esto resulta especialmente relevante en un contexto en el que el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes y tormentas, que afectan gravemente a las zonas costeras.

La reforma no solo busca garantizar la conservación de los manglares como un ecosistema vital para el equilibrio ecológico, sino también proteger a las comunidades costeras de los impactos negativos del cambio climático, generar beneficios económicos sostenibles a través de la pesca y el turismo, y cumplir con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de conservación y cambio climático.

Desde una perspectiva económica, la reforma reducirá la necesidad de construir infraestructuras costosas de protección costera, ya que los manglares actúan naturalmente como barreras protectoras. Además, al garantizar la sostenibilidad de las actividades pesqueras, se contribuirá al bienestar económico de miles de familias que dependen de la pesca artesanal y comercial. El ecoturismo también se verá beneficiado, dado que los manglares atraen a turistas interesados en la observación de aves y otras actividades de bajo impacto ambiental.

En términos ambientales, la protección de los manglares fortalecerá su capacidad para actuar como sumideros de carbono, contribuyendo a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático. Su conservación también garantizará la supervivencia de las especies que dependen de ellos, lo que impactará directamente en la biodiversidad y en la sostenibilidad de las actividades económicas relacionadas.

Referencias:

1. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). (s.f.). Manglares de México. Recuperado de

https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/manglares

2. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (2020). Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Recuperado de

https://www.gob.mx/inecc

3. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). (2020). Protocolo de Monitoreo de Manglares en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.

4. Conabio. (2017). Caracterización y Análisis de los Manglares en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

5. Estrada, E. G., Zárate Lomelí, D., Fernández, A., & Núñez, S. (2023). Evaluación de la vulnerabilidad de los ecosistemas costeros en México ante el cambio climático. Revista de Ecología y Medio Ambiente, 88(1), 146-160.

6. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). (2019). Manglares 60X90. Ensenada, México: CICESE.

Justificación legal

Este proyecto encuentra una sólida justificación legal en los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagran los derechos humanos relacionados con la protección del medio ambiente y el uso de los recursos naturales. El artículo 4o. establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, mientras que el artículo 27 otorga al Estado la facultad de regular la explotación de los recursos naturales con el fin de “distribuir equitativamente la riqueza pública” y asegurar su uso sostenible.

Asimismo, el contenido se alinea con el principio de progresividad de los derechos humanos, consagrado en el artículo 1o. de la Constitución, que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, asegurando su desarrollo continuo y evitando retrocesos. Lo anterior, subraya la necesidad de actualizar la legislación para mejorar la protección ambiental, específicamente en la conservación de los manglares.

Finalmente, para una mejor comprensión de las modificaciones aquí planteadas, se presenta a continuación un cuadro comparativo entre el texto legal vigente y las modificaciones propuestas:

Con base en las razones que aquí se presentan y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforman los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

I. a X. ...

XI. En la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, se considerará prioritario la protección y conservación de los manglares, debido a su importancia en la mitigación de los efectos del cambio climático, la protección contra inundaciones, y su valor ecológico como hábitat de biodiversidad. Los programas de ordenamiento ecológico del territorio deberán incluir estrategias específicas para la preservación y restauración de los manglares.

Artículo 24. Los planes de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico del territorio deberán integrar la protección de los manglares como un componente esencial. Los manglares deberán ser considerados zonas de alta prioridad para la conservación, y su alteración o destrucción estará estrictamente regulada.

Artículo 25. Cualquier proyecto de desarrollo urbano, infraestructura o cambio de uso de suelo en zonas donde existan manglares deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental detallada, que considere las implicaciones a largo plazo sobre estos ecosistemas. Dicha evaluación deberá incluir un plan de restauración y compensación en caso de que se autorice la intervención.

Artículo 26. Se establecerán zonas de amortiguamiento alrededor de los manglares, en las cuales no se permitirá la expansión urbana ni actividades que puedan deteriorar estos ecosistemas. Estas zonas serán determinadas con base en estudios científicos y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.

Artículo 27. Las autoridades correspondientes, en todos los niveles de gobierno, deberán utilizar el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático como una herramienta obligatoria para la identificación y gestión de áreas de alta vulnerabilidad.

Dichas vulnerabilidades incluyen, de manera enunciativa y no limitativa: la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a inundaciones, la vulnerabilidad de los asentamientos humanos a deslaves, la vulnerabilidad de la población al incremento potencial del dengue, la vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva a inundaciones, la vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva a estrés hídrico, la vulnerabilidad de la producción forrajera a estrés hídrico, y la vulnerabilidad de los ecosistemas de manglares frente al cambio climático, considerando riesgos como la inundación, la erosión costera y la pérdida de biodiversidad.

La planificación urbana, los programas de desarrollo y las políticas de ordenamiento territorial deberán ajustarse a las recomendaciones derivadas de este Atlas, con el fin de mitigar los riesgos asociados a estas vulnerabilidades y garantizar la protección de los ecosistemas involucrados, incluyendo los manglares.

El Atlas deberá ser actualizado periódicamente para asegurar que refleje los riesgos más recientes y las mejores prácticas en la gestión del cambio climático. Las autoridades competentes deberán desarrollar e implementar estrategias de conservación y restauración de manglares, asegurando que se protejan de los riesgos identificados y se promueva su resiliencia ante los impactos del cambio climático.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2024.– Diputados y diputadas: Felipe Miguel Delgado Carrillo, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Azucena Arreola Trinidad, Gabriela Valdepeñas González, Héctor Pedroza Jiménez, Jesús Martín Cuanalo Araujo, Julieta Villalpando Riquelme, Katia Alejandra Castillo Lozano, Marcela Michel López, Ricardo Astudillo Suárez, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Rosa María Castro Salinas, Sandra Beatriz González Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada actualmente en el Código Penal Federal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Tiene origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentra el sexo femenino respecto de los hombres, lo que lleva a una de las manifestaciones más graves y fuertes de discriminación hacia las mujeres.

El Código Penal Federal tipifica el feminicidio en el artículo 325:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Sin embargo, podemos decir que este concepto de tipificación que maneja el Código Penal Federal, se instauró en 2012, ya que anteriormente, las muertes violentas de mujeres eran clasificadas como homicidios con sus respectivas agravantes.

Se puede señalar que los feminicidios en México comenzaron en la década de los 90s, cuando las muertes violentas de mujeres crecían cada vez más, principalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua; sin embargo, en ese momento el término feminicidio no se encontraba en el catálogo de delitos.

Uno de los primeros casos de muerte violenta de una mujer, que hoy podríamos catalogar como feminicidio, fue en 1993: se encontró el cuerpo sin vida de Alma Chavira Farell, de 16 años, en un terreno baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los reportes policiacos referían que la víctima fue estrangulada, así como también mostraba golpes en la cara y señales de violencia sexual.

En los años posteriores al asesinato de Alma, los homicidios violentos en contra de las mujeres fueron en aumento, tan sólo en 1994 se registraron 40 asesinatos mientras que en 1995 se contabilizaron 76, es decir que, estos casos casi se duplicaron en un año. Las víctimas eran, sobre todo, mujeres jóvenes que trabajaban en las maquiladoras, así como niñas, en muchos de los casos. Los cuerpos frecuentemente revelaban que habían sido violadas y estranguladas.

Ante el incremento de muertes violentas, principalmente en Ciudad Juárez, las autoridades estatales crearon la Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, con la que se buscó cambiar la forma de trabajar de la policía y del ministerio público. Sin embargo, esto no ayudó a disminuir las muertes violentas, por el contrario, siguieron aumentando sin que hubiera detenidos al respecto.

Con el tiempo, este tipo de crímenes se fueron extendiendo a otras entidades federativas, Chihuahua dejó de ser la entidad con más muertes de este tipo en el país. Veracruz, estado de México y Michoacán ocuparon los primeros lugares en muertes violentas de mujeres.

Ese tipo de actos obligó a que el marco jurídico se actualizara de acuerdo con las situaciones sociales que se presentaban en ese momento, debido a que, de acuerdo con las cifras sobre homicidios que hace publicas el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2000 y 2015 se registraron en México 251 mil 35 homicidios, de los cuales 28 mil 175 (11.2 por ciento) fueron asesinatos violentos de niñas y mujeres, donde cerca de 56 por ciento (15 mil 790) eran mujeres jóvenes de entre 15 y 39 años; 23.6 por ciento (6 mil 640) tenía entre 40 y 64 años; mientras, 9.3 por ciento (2 mil 610) eran niñas y adolescentes de 0 a 14 años y 8.2 (2 mil 309) tenía 65 años o más.

Debido a ello, por no ser suficiente el tipo penal del homicidio para castigar las muertes violentas de mujeres y niñas, en 2012 se buscó reformar las leyes penales, con la finalidad de que estos asesinatos fueran investigados y clasificados como feminicidio, ya que, como se menciona con anterioridad, es la forma más extrema de violencia en contra las mujeres.

Actualmente, son pocos los casos en los que los homicidios que se cometen contra las mujeres son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de crímenes en razón de género, es decir, feminicidio o violencia encaminada a este. Por esta razón, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.

Asimismo, el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, enmarca los distintos tipos de violencia, donde nos centraremos será en la violencia feminicida, definiéndola como la “forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Aquí también podemos hablar de la tentativa o intento de feminicidio, ya que para culminar en este delito, primero se debió de haber recorrido un camino de actos violentos, mismos que deberían ser investigados y castigados con perspectiva de género, ya que, según datos del censo poblacional 2020, realizado por el Inegi, hasta ese año eran 64 millones 540 mil 634 mujeres en México, mismas que componen 51.2 por ciento de la población nacional. Al menos 49 millones de estas mujeres se han enfrentado a algún tipo de violencia por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc., cifra que es alarmante debido a que representa 76 por ciento de mexicanas.

Es importante mencionar que, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a conocer en días recientes que el 2021 fue el año que se registró más violencia contra las mujeres en toda la historia, ya que se contabilizaron 966 feminicidios, las ciudades y municipios que se encuentran en los primeros lugares son Ciudad Juárez, Culiacán, Tlaquepaque, Tlajomulco y Ecatepec de Morelos; asimismo, se registraron 3 mil 712 homicidios dolosos en contra de mujeres y ni11as; se presentaron 21 mil 189 denuncias por violación; 3 mil 359 por extorsión; mil 548 por corrupción de menores y 253 mil 739 por violencia familiar, cifra que aumento con respecto a 2020, ya que en ese año se presentaron cerca de 220 mil denuncias por violencia dentro de la familia. También se señaló que el 911 recibió cerca de 291 mil 331 llamadas relacionadas con casos de violencia contra la mujer.

En México, tenemos muchos casos en los que si bien, no se ha llegado a la muerte de la víctima, la saña con las que son agredidas es enorme, por lo que estos deberían ser investigados y sancionados como feminicidio en grado de tentativa, tal como sucedió con un caso que podría ser precedente para tipificar la tentativa de feminicidio, esto ocurrió en marzo de 2019 en Xochimilco, Ciudad de México, la víctima comentó que el responsable, con quien había sostenido una relación sentimental años atrás, ingresó violentamente en su casa para reclamarle por otras relaciones y exigirle que le dejara ver su teléfono celular y su computadora. Al negarse, él comenzó a golpearla. La agresión pasó de jaloneos a golpes en la cara de la joven. El sujeto metió su mano en la boca de la víctima para que no gritara, con lo que ella comenzó a ahogarse. Al mismo tiempo abusó sexualmente de la joven.

El agresor se detuvo debido a la intervención de una vecina que escuchó los gritos e ingresó al domicilio. El atacante intentó escapar, pero fue detenido por otros vecinos que también escucharon lo que había ocurrido.

Un juez del Reclusorio Sur consideró que lo ocurrido, así como las evidencias eran suficientes para abrir proceso en contra del inculpado, por el delito de tentativa de feminicidio, ya que se acreditaban causales de género como que el agresor era un conocido de la víctima y que hubo violencia sexual y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, tras considerar que dicho delito debería recibir el mismo tratamiento del homicidio.

Ante esto el inculpado promovió un amparo reclamando, entre otras cosas, que se le impusiera la medida contemplada en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, referente a esta medida cautelar por un delito ( feminicidio) que no estaba incluido hasta antes de la reforma de abril de 2019 en el catálogo de delitos que la ameritan, y porque además se le impuso por una “tentativa”, y no por un hecho consumado.

El juez federal que revisó el caso decidió no concederle el amparo al presunto feminicida tras considerar que no se habían violado sus derechos, y que tanto su detención como la imposición de la medida cautelar fueron completamente legales.

Inconforme con lo anterior, el acusado, a través de sus abogados, promovió un recurso de revisión en contra de dicha resolución, mismo que fue revisado por el Noveno Tribunal Colegiado, el cual, ratificó la negativa para concederle el amparo, y decidió elaborar una tesis que sirva de referencia para otros casos, misma que a la letra dice:

Prisión preventiva oficiosa en el feminicidio en grado de tentativa. El hecho de que este delito no se encuentre en el catálogo de los que ameritan dicha medida cautelar conforme al artículo 19 de la Constitución federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019), no impide su imposición (legislación aplicable para Ciudad de México).

Si bien el delito de feminicidio en razón de la relación sentimental entre el activo y la víctima en grado de tentativa previsto y sancionado en el artículo 148 Bis, último párrafo (vigente hasta el 1 de agosto de 2019) en relación con el diverso 20, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no se encuentra dentro del catálogo de delitos que merezcan la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019), lo cierto es que debe tomarse en consideración que el bien jurídico tutelado es la vida y aunque en el artículo constitucional invocado sólo se señala, entre otros, al homicidio doloso, ello no obsta para que el Juez pueda ordenarla, toda vez que el feminicidio es un homicidio en razón de género agravado y lo que se salvaguarda es la vida y salud de las mujeres; de ahí que resulte correcta la imposición de dicha medida cautelar, ya que por razones de género se sanciona la privación de la vida de una mujer con mayor severidad que si se tratara de un homicidio doloso, regulado por el artículo 123 del propio código. Asimismo, si bien la relación de los delitos en que debe decretarse la prisión preventiva oficiosa que establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no refiere expresamente a los delitos que se cometan en grado de tentativa, ello es así en razón de que la tentativa no es un ilícito en sí mismo, al que corresponda un específico y particular tipo penal, sino un grado de comisión de un delito, éste sí autónomo, cuya consumación no se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente.

Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión número 230/2019, 12 de diciembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña.

La tesis publicada además establece que la prisión automática u oficiosa debe aplicar a los casos aun cuando se queden en “grado de tentativa”, es decir, sin ser totalmente consumados, pese a que la Constitución o los códigos no lo. señalen literalmente.

El razonamiento de los magistrados es que se trata del mismo delito solo que con un grado de consumación distinta, y en donde la persona que lo comete tiene la intención de llevarlo a cabo, con independencia de que por factores ajenos a él se materialice o no. Dicho de otra forma, no existe el delito de tentativa de feminicidio. Existe el feminicidio en grado consumado o tentativa y, por lo tanto, le aplica la prisión preventiva oficiosa.

Aunado a lo anterior, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, ha declarado que la Fiscalía de Feminicidios y la de Violencia de Familia investiga también las tentativas de feminicidio para proteger a la víctima de futuros ataques, ya que se tienen que sancionar a los responsables y es que son numerosos los casos en que el feminicidio queda en grado de tentativa, por lo que los agresores no son juzgados debidamente y vuelven a atacar a las víctimas. Asimismo, señaló que hasta antes de 2018 las investigaciones por tentativa de feminicidio eran nulas o escasas, mientras que durante 2019 fueron abiertas 18 carpetas de investigación y, respecto a 2020, fueron cerca de 36.

Se deben distinguir y llevar a cabo un registro de estos ataques, ya que su invisibilidad nos lleva a numerosos casos de injusticia e impunidad, lo que representa una irresponsabilidad por parte de las autoridades, quienes deberían investigar con perspectiva de género, debido a que la violencia que se ejerce en contra de las mujeres cuando son atacadas, ya sea que se consume o quede en tentativa el feminicidio, va desde golpes, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento, inmersión; heridas con objetos cortantes, mismas que se dan en repetidas ocasiones por el cuerpo de la víctima; quemaduras, ya sean con fuego, cigarrillos o sustancias químicas y violencia sexual. En muchos casos, ello muestra la clara intención agredir de diversas formas el cuerpo de la mujer, así como de privarla de la vida.

Este tipo de agresiones se deben tipificar en razón de género, ya que si bien, se pone en peligro la vida, la integridad física y mental, así como la libertad sexual e inviolabilidad de los cuerpos de las mujeres, la base de estos ataques está en la discriminación y subordinación hacia las mujeres.

Actualmente, la mayoría de las entidades federativas han tipificado la tentativa de feminicidio, mientras que, en otros casos, las fiscalías estatales parecen no contar con capacidad para identificar las circunstancias que, de acuerdo con el Código Penal, constituyen un feminicidio o un conjunto de agresiones que van encaminadas a este delito. Simplemente tipifican los casos como si fueran tentativas de homicidios, casos de violencia familiar o meras agresiones. Un ejemplo de esto lo encontramos en el estado de Guanajuato, ya que el Inegi registró que en 2018 se dieron 362 asesinatos de mujeres, de los cuales, la Fiscalía General de Justicia de dicho estado, sólo identificó 21 feminicidios, es decir, sólo el 6 por ciento de los asesinatos de mujeres registrados en Guanajuato, durante 2018, fueron por razones de género. Mientras, en 2019 se reportaron sólo 18 feminicidios para todo el año.

Del mismo modo, el Código Penal Federal tipifica el feminicidio consumado, más no en grado de tentativa, lo que provoca que los agresores no sean debidamente juzgados, ya que sus condenas son menores a lo que deberían, así como en algunos otros casos, provoca que estos sujetos puedan salir de prisión y ataquen a la víctima nuevamente.

El número de feminicidios año con año crece significativa y alarmantemente, tan solo, el año pasado 2020 se registraron en nuestro país, cuando menos mil 4 71 feminicidios, siendo el Estado de México la entidad que ocupó el primer lugar con un total de 704 delitos de este tipo, seguido por el de Veracruz y Ciudad de México. Para 2021, se registraron más violencia contra la mujer en Chihuahua, estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.

De 2012 a la fecha, en el país se han abierto cerca de 600 carpetas de investigación diarias por violencia y agresiones en contra de las mujeres, mismas que van desde los golpes, quemaduras o estrangulamientos, hasta lesiones con armas blancas o de fuego, lo que nos lleva a más de 1 millón 970 mil carpetas de investigación. Sin embargo, según cifras del Inegi, en este mismo periodo no son ni 800 carpetas de investigación las que se han abierto por feminicidio en grado de tentativa. De esta enorme cifra, solo se clasificaron el 68 por ciento por el delito de violencia familiar, y el32 por ciento por lesiones dolosas. Mientras que menos del 0.05 por ciento fueron calificados como feminicidio en grado de tentativa.

En su mayoría, las víctimas que han sobrevivido señalaron que hubo amenazas o incluso agresiones previas por parte de los victimarios, asimismo, acudieron a denunciar los hechos sin que fueran escuchadas o atendidas por las autoridades, mientras que a otras, únicamente se les dio una orden de protección, la cual no garantiza que estas mujeres ya no serán agredidas nuevamente.

Uno de los efectos del feminicidio es que crece el número de menores en situación de riesgo por haber sido privados súbitamente de sus madres, lo que nos lleva a un grave impacto en los ámbitos, social, familiar y comunitario, con lo que podemos decir que este delito trasciende el bien jurídico protegido, mismo que es la vida de las mujeres, asimismo, afecta también, a las personas de su entorno, desestructurándolo y dejando secuelas y ausencias irreparables.

Aunado a lo anterior, el investigador Wilson Hernández Breña, en 2018 realizó el estudio Determinantes y evaluación del riesgo, donde hace una aproximación a las consecuencias de la violencia con riesgo de feminicidio, específicamente en la salud física y mental de las víctimas y sus hijos.

El estudio señala que una mujer que es víctima de violencia con riesgo de feminicidio sufre consecuencias físicas que afectan su salud mental, ya que le causa una severa depresión, lo que trae consigo falta de energía, ansiedad, cambios en el apetito, problemas de concentración, alteraciones del sueño, entre otros., por lo tanto, significa un alto impacto, debido a que le puede causar dificultades significativas en su vida cotidiana. Además, estar expuesta a este tipo de violencia aumenta la hipertensión, puede llegar a generar cambios en el consumo de alcohol y cigarros.

La violencia contra las mujeres debe ser considerada como un problema social y que debe ser atendido con una perspectiva transversal, ya que trae consigo graves consecuencias y que día con día se extiende a distintas regiones, culturas y países. Es a partir de la década de los setenta cuando las mujeres comienzan a alzar la voz y protestar en contra de la violencia hacia ellas mismas, en varias partes del mundo.

Se debe erradicar la idea de que la violencia hacia las mujeres es un tema que no amerita importancia, que es un hecho natural y, sobre todo, que únicamente compete a las parejas, por lo que nadie debe inmiscuirse. Asimismo, se debe terminar por completo con la noción de las mujeres son responsables de sus propias agresiones, e incluso, de sus muertes.

La violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos y una manifestación de la discriminación que se ejerce hacia ellas mismas. Asimismo, es producto de una organización social conformada sobre la base de la desigualdad entre mujeres y hombres. En nuestra cultura, la violencia hacia la mujer se ha justificado de diversas formas y autoriza al varón para que pueda ejercer cualquier tipo de violencia para corregir a las mujeres que se apartan, desafían o trasgreden las normas y los roles esperados de madre, esposa y ama de casa.

Diversos estudios señalan que la violencia contra las mujeres es continuamente ignorada, además, de estar presente en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta las edades adultas. La manifestación extrema en la se materializa esta violencia es el asesinato de las mujeres por el simple hecho de serlo, lo que constituye la negación al derecho a la vida.

Esta violencia que día a día se vive en contra de las mujeres, así como las implicaciones que tiene en el desarrollo personal y social, tanto de la víctima como de sus familiares directos, ha sido motivo de preocupación y atención por parte de la comunidad internacional y regional, quienes han formulado diversos instrumentos y/o tratados en materia de derechos humanos. Asimismo, se ha fijado un compromiso para la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por parte de diversos países. Además, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, misma en la que se señalan diversos objetivos que deben ser de atención prioritaria para alcanzar el desarrollo sostenible, en su objetivo número 5 destaca lo relativo a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, por lo que dentro de las metas de este objetivo se menciona lo siguiente:

• Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en la esfera pública y privada incluida la trata y la explotación sexual. Esto resulta vital para erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, y los derechos humanos.

Con ello, podemos observar que el derecho de las mujeres a vivir libres de cualquier tipo de discriminación y violencia se ha establecido tanto a nivel nacional como internacional. Al respecto, hemos visto que se han promulgado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo que refleja un reconocimiento por parte de distintos países sobre el trato discriminatorio hacia las mujeres. Debido a esto, nos hemos visto en la necesidad de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, lo que ha sido una determinante en la agenda política mexicana.

Como legisladores, debemos buscar el bienestar de todos y todas. Por ello debemos reforzar el marco jurídico para castigar las conductas delictivas de todos aquellos que las lleven a cabo. Asimismo, se debe dar un castigo ejemplar a todos los que intenten cometer alguna conducta de este tipo para así evitar que se presente nuevamente o que, más adelante, se concrete la misma.

Es por lo anteriormente expuesto que, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Tratándose de la tentativa del mismo, se le impondrán de 20 a 40 años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, la pena podrá aumentar hasta en dos terceras partes, si la víctima presentara secuelas permanentes.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 16 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Rocío Adriana Abreu Artiñano, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Gabriela Valdepeñas González, Herminia López Santiago, Julieta Villalpando Riquelme, Katia Alejandra Castillo Lozano, Marcela Michel López, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Ricardo Astudillo Suárez, Rosa María Castro Salinas, Ulises Mejía Haro (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones del artículo 24 la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, al tenor de la siguiente:

México es un país con un territorio privilegiado para la actividad pesquera, debido principalmente a sus dos grandes regiones marinas: la primera de ellas en el Pacífico mexicano (incluidos los golfos de California y Tehuantepec) y la segunda en el Atlántico, con el Golfo de México y el mar Caribe, representando una extensión total de 11 mil 112 kilómetros.

Respecto a los ríos, lagos y lagunas, el país cuenta con un volumen anual de 1 mil 492 mil millones de metros cúbicos, dividido en aguas superficiales (58 por ciento) y subterráneas (42 por ciento).

Lo anterior, otorga a México una composición estratégica para el desarrollo de la pesca, distribuyéndose de la siguiente manera según el cuerpo de agua donde se desarrolla:

-Río, lago o laguna — 38 por ciento

-Estero, costa o altamar — 35 por ciento

-Presa o estanque — 27 por ciento

Como es posible suponer, el impacto de la pesca para la economía nacional es sumamente trascendental, por lo que se enlisan a continuación una serie de indicadores que dan cuenta de la importancia de la actividad.

-En 2024, se contabilizaron 34 mil 792 unidades económicas, y las entidades con mayor número de estas fueron Tabasco (5 mil 436), Oaxaca (4 mil 910) y Veracruz (4 mil 182).

-Para 2019, la producción bruta total fue de $22,348M MX. Los estados con mayor producción bruta total fueron Sinaloa ($4,114M MX) y Sonora ($3,182M MX).

-Durante el segundo trimestre de 2024 , la población ocupada fue 190 mil personas, 91.2 por ciento hombres y 8.81 por ciento mujeres.

-El salario promedio mensual informado fue $6.75k MX.

-A nivel de entidad federativa, la población ocupada de Pesca se concentró en Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.

-La edad promedio de los trabajadores en Pesca en el segundo trimestre de 2024 fue 42.7 años. En el mismo periodo, el promedio de escolaridad de la fuerza laboral de Pesca fue 7.76 años.

Lo anterior no solo señala la importancia económica de la actividad, sino también de que son miles las familias mexicanas que dependen directa o indirectamente de la pesca y acuacultura en sus distintas modalidades. Se estima que son alrededor de 300 mil familias las que dependen directamente de la actividad pesquera, mientras que más de 2 millones de mexicanos lo hacen de manera indirecta.

En el ámbito internacional, organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), han realizado diversos llamados a consolidar la función de los sistemas alimentarios acuáticos, con vistas a lograr una pesca y acuicultura mundiales sostenibles y equitativas, precisamente para incrementar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, erradicar la pobreza y apoyar el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

No obstante, las dificultades que han surgido en años recientes son inherentes al crecimiento experimentado por la actividad pesquera, tanto en el ámbito económico como en el ecológico.

De este último, se desprenden diversos datos que indican una disminución en la cantidad de especies marinas de consumo, principalmente por la crisis climática, la sobreexplotación y la destrucción de ecosistemas. Se habla de que el 38 por ciento de especies pesqueras en México cuentan con algún grado de deterioro, y tan solo seis de ellas ingresaron a esta categoría en el último año.

Derivado de lo anterior, es que se ha optado desde hace tiempo por proteger áreas y especies a través de las vedas, lo que se consagra en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, definiendo como el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie.

Y si bien puede entenderse la época de veda como un sacrificio temporal en pos de un bien mayor, que es la preservación de las especies marinas susceptibles al consumo humano, otra realidad es que las familias que dependen al cien por ciento de esta actividad quedan sin sustento durante dichas temporadas.

Se coincide en la necesidad de las acciones de preservación de las especies, pero también resulta necesario señalar la falta de apoyo que se brinda a quienes permanecen sin llevar a cabo su labor económica durante las jornadas de veda.

Actualmente se ofrece el apoyo Bienpesca 2024, donde se otorga a los beneficiarios la cantidad de $7,500. No obstante, es una cantidad que no resulta suficiente, ya que, dependiendo de la especie, los periodos pueden ser de dos a tres meses, por lo que a través de la reforma en comento se propone una ampliación de este, además de que, al quedar asentado en la Ley, se deberán seguir otorgando sin importar la administración en turno.

Otro de los factores que complican la labor de los pescadores, es el riesgo constante de huracanes, tormentas y demás desastres naturales y biológicos.

Durante la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV2 (Covid-19), el sector fue uno de los que experimentaron la mayor incertidumbre, principalmente debido al cierre de los mercados internacionales, así como las limitaciones en los mercados domésticos, lo que se tradujo.

Según datos del estudio Las voces de la costa en la pandemia por la Covid-19,de la asociación Comunidad y Biodiversidad, para abril de 2020, el 48 por ciento de los pescadores entrevistados habían detenido sus actividades pesqueras, 41 por ciento continuaban la actividad de manera comercial (reduciendo sus capturas hasta 80 por ciento), y 11 por ciento para autoconsumo, y de las personas que manifestaron haber interrumpido sus labores; además, los productos que escasamente llegaban a las zonas de comercio, reportaron un decremento del 70 por ciento en su valor.

Ante esta situación, y tal como sucedió con otros oficios en todo el país, los pescadores se vieron en la necesidad de realizar ventas a domicilio (aumentando así sus costos operativos), de modificar su presentación (congelado para durar más) e incluso llegaron a intercambiar su pesca por otros artículos de primera necesidad.

Huracanes, tormentas, ciclones y demás fenómenos meteorológicos, son otro de los factores que llegan a impedir que los pescadores lleven a cabo su actividad, y no solo durante el tiempo que duran los eventos, sino días o semanas después, por los destrozos que suelen causar.

Ejemplo de ello fue el huracán categoría 5 Otis,que impactó en las costas de Guerrero principalmente, y que generó que las especies de importancia para la pesca huyeran, además de que las lanchas y artes de pesca quedaron inutilizadas, y con ello, truncada la posibilidad de salir al mar.

Estas situaciones por supuesto que justifican la necesidad de crear un apoyo, desde la ley, para que en cualquiera de estos eventos los pescadores y sus familias tengan un respaldo que les permita salir adelante durante el tiempo que duren los eventos.

Finalmente, el proyecto en comento busca que las empresas, cooperativas o negocios del giro pesquero, operadas por mujeres, puedan contar con acceso a créditos y otras facilidades, que en algunas regiones del país les son negados por su sexo.

Datos de la FAO, revelaron que en 2018, a nivel mundial las mujeres representaron tan solo el 19 por ciento de las personas dedicadas directamente a la pesca, y hasta el 50 por ciento de la mano de obra postcaptura en la pesca artesanal.

Respecto al caso mexicano, la población femenina ocupada en el sector fue de apenas el 10 por ciento en 2018, participando en todo lo largo de la cadena de producción, y en la mayoría de los casos desarrollan la actividad junto a sus esposo o hijos, aunque también hay registros de cooperativas conformadas exclusivamente por mujeres, en los estados como Veracruz, Baja California y Sinaloa.

Por lo anterior, es que quien suscribe considera necesario el acceso a créditos, así como a capacitaciones por parte de la secretaría encargada, enfocados exclusivamente en el sector femenino, toda vez que con este tipo de acciones sería posible equilibrar las oportunidades para todas aquellas mujeres que decidan dedicarse a la actividad pesquera.

A fin de visualizar de mejor forma la propuesta en comento, se ofrece el siguiente cuadro comparativo, donde se coteja la redacción actual del ordenamiento con la propuesta de reforma.

Es por lo antes fundado y motivado, que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Único. Se reforma el inciso c; se modifican los incisos k y l; y se adicionan los incisos m y n, todos de la fracción III del artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 24. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:

I. — II ...

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes a:

a — b ...

c. La construcción, mejora y equipamiento de embarcaciones y de artes de pesca selectiva y ambientalmente seguras, mediante el apoyo a programas de sustitución, modernización y mantenimiento de las mismas;

d - j ...

k. Favorecer la creación de figuras organizativas para la promoción comercial de los productos pesqueros y acuícolas en los mercados nacional e internacional;

l. Establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento de las redes de valor, en coordinación con los diversos comités sistema-producto acuícolas y pesqueros;

m. Garantizar un apoyo suficiente a las personas que realizan trabajo pesquero y acuícola para su sustento durante las temporadas de veda, así como en caso de que sea emitida una declaratoria de emergencia o desastre que imposibilite su desarrollo total o parcial; y

n. Promover la capacitación constante y el acceso a créditos a cooperativas, empresas u organizaciones pesqueras y acuícolas operadas por mujeres.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural contará con 180 días para realizar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento al presente decreto.

Tercero. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Notas

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2028). Océanos y mares de México, consultado en:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-y-mares-de-mexico# :~: text=%C2%B7%20De%20las%2032%20entidades%20federativas,sin%20considerar%20el%20t erritorio%20insular.

2 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2022). Atlas del agua en México, consultado en:

https://sinav30.conagua.gob.mx: 8080/port_publicaciones.html

3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (2023). Actividad pesquera y acuícola, consultado en:

https://beta.cuentame.inegi.org.mx/explora/economia/pesca_y_acui cultura/#:~: text=N%C3%BAmero%20de%20establecimientos%20dedicados%20a,menos%20establecimient os%20en%20el%20pa%C3%ADs?&text=Un%20r%C3%ADo%2C%20un%20lago%2C%20un,pesquer as%20y%20acu%C3%ADcolas%20en%202018.

4 Data México (2024). Pesca. Rama Industrial, consultado en:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/fishi ng

5 Culinaria Mexicana (2021). Pesca sustentable en México: El tiempo de nuestros mares, consultado en:

https://www.culinariamexicana.com.mx/pesca-sustentable-en-mexico -el-tiempo-de-nuestros-mares/#:~: text=En%20M%C3%A9xico%2C%20m%C3%A1s%20de%20300,lo%20hacen%20de%20manera%20indir ecta.

6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2024). El estado mundial de la pesca y la acuacultura 2024, consultado en:

https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f93e199 d-7cba-48ff-a8aa-4b514e226512/content/sofia/2024/executive-summary.html

7 Nmas (2024). Hay Especies Marinas en Riesgo de Desaparecer en México: ¿Cómo Afecta y Qué Implica?, consultado en:

https://www.nmas.com.mx/foro/nacional/desaparicion-especies-mari nas-mexico-riesgo-economia-ecosistema/

8 Comunidad y Biodiversidad A.C. (2021). Las voces de la costa en la pandemia por COVID-19: Retos y soluciones de la pesca en pequeña escala, consultado en:

https://cobi.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/COBI_Las-voces-de -la-costa-en-la-pandemia-por-la-Covid-19.pdf

9 Animal Político (2023). Pese a falta apoyos, pescadores en Acapulco comienzan desde cero después del huracán Otis, consultado en:

https://animalpolitico.com/estados/pescadores-acapulco-otis-hura can-comienzo

10 López Ercilla, Inés y López-Sagástegui, Raquel (2018). Las mujeres y el sector pesquero en México, consultado en:

https://datamares.org/stories/mujeres-en-la-pesca/?lang=es

11 Pedroza, Carmen (2028). El rol de las mujeres en la pesca en México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.– Diputadas: María del Rosario Guzmán Avilés, Julia Licet Jiménez Angulo (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Cuitláhuac, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Herminia López Santiago, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los Criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados , publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011, someto a consideración de los integrantes del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

De acuerdo con la Crónica Mexicayotl, Cuitláhuac falleció el 3 de diciembre de 1520 víctima de la viruela. Por eso, en el marco del 504 aniversario de su muerte, escribir su nombre en el Muro del Honor de esta honorable Cámara de Diputados sería la mejor forma de honrar su memoria, así como su legado histórico, el cual se detallará a continuación.

Después de la muerte de Moctezuma Xocoyótzin, quien fue su hermano, Cuitláhuac, fue nombrado tlatoani de Tenochtitlan. Mientras se realizaban los cortejos fúnebres de Moctezuma, Hernán Cortés preparaba su huida de Tenochtitlan por la calzada de Tepeyac junto con sus soldados, pero les fue imposible.

La noche siguiente, los españoles iniciaron su retirada por el camino de Tacuba, pero no pudieron burlar al ejército mexica comandado por Cuitláhuac, quien cerró el paso a los conquistadores provocando alarma y confusión entre ellos, quienes, en medio de la lluvia y la oscuridad, se hallaban prácticamente indefensos, al no poder usar sus armas de fuego. Muchos soldados de Cortés murieron ahogados al caer al lago, arrastrados por el peso de sus propias armaduras y de los cargamentos de oro y plata que transportaban.

Cortés perdió en esa noche la mayor parte de su ejército, tanto hombres como caballos y armamento, por lo que, al ver pasar los restos de sus tropas, lloró de dolor al pie de un viejo ahuehuete al saberse vencido por los mexicas. Aquella batalla del 20 de junio de 1520 pasaría a la historia para conocerse como Noche de la Victoria, la noche en la que el conquistador y sus ejercito fueron vencidos.

Hoy, a 504 años de la muerte de Cuitláhuac, su nombre sigue pasando desapercibido, pese a que fue el primer gobernante mexicano en repeler una invasión extranjera, pese a que Cuitláhuac fue el único tlatoani que logró derrotar a los españoles.

Colocar el nombre de Cuitláhuac en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo es un primer paso para reivindicar a un héroe del que poco se habla en los libros de historia, a un mexicano cuyo nombre fue olvidado a propósito por los conquistadores para no aceptar su penosa derrota, un hombre que sin saberlo estaba defendiendo la soberanía nacional. Esto sumado a la iniciativa de ley de pueblos originarios y afromexicanos que busca reivindicar y reconocerlos.

Es importante brindarle al Cuitláhuac el lugar que se merece en la historia de nuestro país, así como a los pueblos indígenas, pues, como lo dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum: “ la visión histórica que se tiene de la Conquista tiene que cambiar y dejar atrás la versión romancista para reivindicar la grandeza de México que proviene de la diversidad pluricultural de entonces y de ahora”.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables que sometemos a la atenta consideración de esta asamblea la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que dispone la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados la leyenda “Cuitláhuac”

Artículo Único. Inscríbase en todo lo alto con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados la leyenda: “ Cuitláhuac”.

Primero. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, realizarán los preparativos necesarios y el protocolo de salubridad necesarios a aplicarse en la Sesión Solemne que deberá llevarse a cabo el 4 de diciembre de 2024 para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.

Tercero. La Secretaría General llevará a cabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.

Notas

1 D. Olmo Guillermo, 30 de octubre de 2024,

https://www.bbc.com/mundo/noticias-55224571

2. León Portilla, Miguel, Visión de los vencidos, México, UNAM, 2007, pp. 266 y 267

3. Mario Grimaldo, 30 de octubre de 2024,

https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/cuitlahuac-quien-fue-el -tlatoani-que-casi-vence-a-los-espanoles-pero-la-viruela-termino-con-su-vida-12 605545.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2024.– Diputadas: Herminia López Santiago, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de diversidad sexual y de género, a cargo del diputado Jaime Genaro López Vela, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado federal Jaime Genaro López Vela, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de diversidad sexual y de género, de conformidad con la siguiente:

Marco Histórico Internacional

A lo largo de la historia de la humanidad se ha documentado la existencia de las relaciones entre personas del mismo sexo. En la época de los griegos y romanos estas reacciones existían en la sociedad sin mayor transcendencia, sin embargo, en esa misma época y a partir de la necesidad de tener más guerreros estas relaciones fueron prohibidas con el propósito de incrementar la población.

La dominación patriarcal surgió en algún momento próximo al desarrollo de la agricultura, gracias a esta nueva práctica, la sociedad humana primitiva se asentó y abandonó el nomadismo, dependiendo del cultivo de la tierra y la domesticación de animales, este cambio ocurrió hace 12 mil años, durante la llamada Revolución del Neolítico. Como consecuencia surgió de la propiedad privada, del mismo modo se estableció un régimen de propiedad sobre la mujer, dichas prácticas fueron asumidas por la estructura religiosa en el ámbito social, lo que dio como resultado el menosprecio en el papel de las mujeres y descalificando a los hombres proclives a mostrar su lado femenino o aquellos que mostraban su afecto a otros hombres, surgiendo desde la iglesia católica el pecado nefando.

Sin embargo, con la llegada del cristianismo, la homosexualidad comenzó a ser condenada y considerada como un pecado, ocasionando que estas relaciones se mantuvieran en el anonimato y ocultas de lo público. Durante la Edad Media y la Santa Inquisición, aquellos que se descubrían como homosexuales eran perseguidos, torturados e incluso condenados a muerte debido a que la homosexualidad era vista como una desviación moral y una amenaza para la sociedad.

Michel Foucault, el gran estudioso de la sexualidad, postula una “voluntad de saber” sobre el sexo. A partir del Siglo XVII puede encontrarse una proliferación de discursos sobre el sexo, una exhortación a hacer hablar y a oír de él. Con ello se opone a la “hipótesis represiva” que supone que la sexualidad ha tendido a ser rechazada y reprimida en la modernidad por la burguesía.

A la caída de la monarquía francesa, la presencia de filósofos como Marqués de Sade, tuvieron una fuerte influencia ya que al tiempo que el pueblo francés reclamaba el término de la monarquía reclamaba también la liberación de la sexualidad.

Fue hasta el Siglo XIX que se comenzaron los primeros esfuerzos por despenalizar la homosexualidad, algunos países europeos comenzaron a eliminar las leyes que castigaban las relaciones entre personas del mismo sexo, efecto que se extendería en más países y continentes.

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la homosexualidad de la lista de trastornos mentales.

A este desarrollo se suman diversas declaraciones de carácter internacional:

La recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos menciona: “Las leyes que criminalizan la homosexualidad o la conducta sexual entre parejas del mismo sexo, las leyes que criminalizan el travestismo y otras leyes que criminalizan la expresión transgénero violan la legislación internacional sobre derechos humanos debe derogarse. Aunque nunca se hayan aplicado, esas leyes penales constituyen un incumplimiento de las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. El Comité ha afirmado que las leyes que criminalizan la homosexualidad violan los derechos a la privacidad y a la no discriminación incumpliendo las obligaciones jurídicas de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual. Los Estados tienen la obligación de proteger a los individuos de la discriminación por motivo de la orientación sexual. Además, el Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la falta de leyes que prohíban la discriminación. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño y Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han confirmado que la discriminación contra personas debido a su orientación sexual está prohibida conforme a los tratados sobre derechos humanos que tienen carácter vinculante para los Estados que los ratifican.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha establecido que “los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, especialmente a los sectores más vulnerables y marginados de la población”. El Comité ha afirmado que “el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de orientación sexual” y también ha expresado inquietud por la discriminación contra las personas transgénero e intersexuales en la atención sanitaria.

Comité contra la Tortura. El Comité contra la Tortura advirtió en una Observación General (2008) del particular riesgo de ser sometidos a torturas que sufren las personas con identidades y orientaciones de género diversas. El Comité aconsejó que, a fin de garantizar la protección de los grupos minoritarios, los Estados deben garantizar que los actos de violencia y abuso contra miembros de grupos minoritarios deben ser completamente perseguidos y castigados.

Organización Mundial de la Salud, los intentos por cambiar de manera forzada la orientación sexual de las personas lesbianas, gays o bisexuales son ineficaces, perjudiciales y pueden equivaler a actos de tortura. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades. No había razones científicas que justificaran que se hubiese incluido como trastorno mental.

El Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos han confirmado que el uso de la pena de muerte por actos no violentos, incluidas las relaciones sexuales consentidas entre adultos, constituye una violación de la legislación internacional sobre derechos humanos.

Resolución 275 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, mayo de 2014. Condena la creciente incidencia de violencia y otras violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinato, violación, abuso sexual, encarcelamiento arbitrario y otras formas de persecución de las personas, por razón de su orientación sexual o identidad de género real o atribuido.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) artículo 2.2 y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) artículo 2.1, establecen la obligación a cada Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) artículo 26, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley y en consecuencia se prohíbe cualquier discriminación en virtud de la ley.

Comité de Derechos Humanos, Observación General n. 18 precisó que el término «discriminación», debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos huma nos y libertades fundamentales de todas las personas.

Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la 10a revisión de la Estadística Internacional de Clasificación de las Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (ICD-10) 17 de mayo de 1990, con la cual se reconoció que la “orientación sexual” por sí misma no era un trastorno.

Consejo de Derechos Humanos Resolución 17/19 (A/ HRC/RES/17/19) junio de 2011, la primera resolución de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género - expreso su preocupación por la violencia y la discriminación contra las personas por su orientación sexual e identidad de género, pavimento el camino para el primer reporte oficial de Naciones Unidas en la materia denominado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género”.

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013 reconoció que la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género sitúan a las personas LGBTI en una posición de vulnerabilidad, impidiendo el acceso a la igualdad y al pleno ejercicio de la ciudadanía.

Resolución 32/2 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, la ONU cuenta con un nuevo Procedimiento Especial a cargo del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, en la que se le encomienda principalmente evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios para superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Organización Mundial de la Salud (OMS) el 18 de junio de 2018 eliminó de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11 (CIE 11) la “incongruencia de género”- la transexualidad- en el capítulo de las enfermedades mentales, pierde así, la categoría de trastorno psicológico. Con ambas decisiones, las orientaciones sexuales e identidades de género diversas dejaron de ser consideradas por la comunidad científica como enfermedades.

Informe de la CIDH: “Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” 2015 analiza el impacto de las leyes que criminalizan a las personas LGBTIQ+ por su identidad y expresión de género, o bien a través de conductas tipificadas como la sodomía, la indecencia seria o grave, o de disposiciones para “proteger” la moral pública y su impacto en la violencia.

Actualidad

Sin embargo, a pesar de todas estas declaraciones seguimos viendo los efectos nocivos de las LGBTIQfobias, que van desde el bullying escolar, expulsión del hogar, rechazo laboral, agresiones callejeras, intentos de suicidio, homicidios -crímenes de odio-, que se siguen viviendo.

Frente a ello ha habido dos intentos de reforma para que desde el cuerpo constitucional se incorpore el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que reconocerá entre otras cosas de manera expresa, situaciones como la expresión de género o el derecho de las personas no binarias, dichos intentos de legislación ante el Congreso de la Unión, fueron en el 2001 quedando preferencias y en el 2011 quedando preferencias sexuales, sin embargo atendiendo al principio de literalidad de la ley, no corresponde al reconocimiento de la condición humana de la orientación sexual e identidad de género, tal y como lo reconocen los principios de Yogyakarta y lo que ha valido que de manera más expresa la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, ya lo reconoce por primera vez.

Lo anterior refleja que a pesar de los avances que se han tenido en los marcos internacionales, no ha sido suficiente para eliminar la discriminación y desigualdad que viven las personas con pertenecientes a las poblaciones LGBT+.

A dar inicio a esta LXVI Legislatura, misma que con la coyuntura actual, integrantes de esta legislatura hemos encontrado consensos necesarios para legislar derechos de las mujeres y de la diversidad sexual.

Para un desarrollo sostenible y equitativo, es esencial que las políticas públicas y en especial el Plan Nacional de Desarrollo y la planeación presupuestal, reflejen principios fundamentales de inclusión, igualdad y no discriminación, perspectiva intercultural, enfoque interseccional y perspectiva de género, de manera que se consideren todos los sectores de la sociedad, y se garantice el abordaje de las de-sigualdades de manera integral.

La discriminación, basada en género, etnia, orientación sexual e identidad de género u otras características, impide el ejercicio de derechos y que además ha sido ampliamente documentada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, desde el 2005, cuando se hace la primer medición sobre discriminación en México.

Además, el desarrollo de una Nación no puede ser medido únicamente por indicadores económicos; debe reflejar una sociedad inclusiva, igualitaria y libre de toda discriminación.

La pluralidad de voces y experiencias enriquece la toma de decisiones y fortalece la cohesión social.

La interseccionalidad reconoce que las personas no experimentan la discriminación de manera aislada, sino que las intersecciones de identidades como origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, así como por orientación sexual e identidad de género, crean experiencias únicas de discriminación. Integrar un enfoque interseccional en el Plan Nacional de Desarrollo implica entender y abordar estas complejidades.

El reconocimiento de las intersecciones de la discriminación no sólo mejora la precisión de las políticas, sino que también asegura que se atiendan las necesidades específicas de grupos marginados. Esto implica, por ejemplo, de-sarrollar políticas específicas para mujeres indígenas, considerando no solo su género, sino también su identidad cultural.

Además, abordar las desigualdades estructurales requiere un enfoque integral que trascienda lo superficial, por ello, se debe considerar la discriminación interseccional, que afecta a personas que experimentan múltiples formas de discriminación, debe ser considerada en la formulación de políticas para asegurar que ninguna persona sea dejada atrás.

El 29 de febrero de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendación 42/2024 dirigida a las Presidencias de la Cámara de Diputados y de Senadores, al Subsecretario de Derechos Humanos, Población, y Migración de la Secretaría de Gobernación y a la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la educación, al trabajo , a la identidad de género, a la igualdad y no discriminación, a la vivienda, a la cultura y al acceso a la justicia en agravio de la población trans por la falta de armonización legislativa a nivel constitucional, y en el cual señala en el apartado A. diversos puntos, destacando lo siguiente:

-Que en 2006 se formularon los Principios de Yogyakarta, un instrumento internacional que reúne 30 principios básicos sobre la orientación sexual y la identidad de género, con la finalidad de orientar a los Estados sobre la interpretación y aplicación del marco normativo internacional en materia de derechos humanos para las personas que se identifican como parte de este grupo de atención prioritaria.

-Que esos Principios resultaron de los abusos dirigidos en contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género. Su creación tuvo como propósito implementar medidas internacionales de cumplimiento por todos los Estados para que las personas LGBTIQ+ tengan posibilidad de ejercer y hacer valer sus derechos humanos.

-Que en México se han implementado varias modificaciones legales con la finalidad de transformar la perspectiva convencional sobre el derecho a la autodeterminación y la identidad de género, en especial para las personas trans. Uno de estos cambios significativos ocurrió en 2008 con la reforma al artículo 135 Bis del Código Civil para el entonces Distrito Federal, que otorgó pleno reconocimiento a estos derechos al permitir que las personas trans solicitaran la emisión de una nueva acta de nacimiento que reconociera su identidad de género.

-Que un antecedente clave para el avance en el reconocimiento de derechos de la población trans, fue la reforma constitucional de derechos humanos en el año 2011, pues permitió contar con herramientas que han posibilitado una transición en la cual el Estado Mexicano debe garantizar el cumplimento de la ley, para comprometer a todas las autoridades, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos.

-Que esas reformas parten de la premisa de que todas las personas deben gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones, mediante la comprensión de la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y la libertad de expresión; es decir, la libertad de que todas las personas tienen derecho al reconocimiento de su identidad y que esta sea respetada en la sociedad bajo la óptica del principio pro persona.

-Que a nivel regional, en América Latina también se han emitido pronunciamientos; entre ellos sobresale el Consenso de Montevideo como el espacio más importante donde se tratan asuntos en materia de gobierno, población y desarrollo. En 2013 este acuerdo gubernamental, reconoció que la violencia y discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género pone a las personas LGBTTTIQ+ en una situación vulnerable. También destaca que la elaboración de estadísticas públicas realizadas por los distintos organismos del Estado debe tener lógica inclusiva y de ampliación de derechos mediante la política pública y que la generación de información sobre grupos de población específicos es un insumo básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia para el monitoreo de los objetivos planteados en las agendas nacionales y regionales.

Asimismo, señala de manera textual en la recomendación que, el reconocimiento de la identidad de género es un derecho humano fundamental que implica el respeto y la protección de las personas trans contra la violencia, la discriminación y la exclusión social. Sin embargo, por lo que todavía señala, existen muchos desafíos y obstáculos para garantizar el pleno ejercicio de este derecho en todo el país y que es necesario que las instituciones municipales, estatales y federales lleven a cabo las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas trans en el ámbito de sus atribuciones en materia de educación, salud, empleo, seguridad, acceso a la justicia, deporte, cultura y en general, en todas aquellas áreas implicadas en la garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la igualdad y la no discriminación, entre otros.

Asimismo, señala en el apartado C.4. sobre el derecho humano a la identidad de género, estableciendo diversos puntos, destacando los siguientes:

-Que, a través de la progresividad de los derechos humanos, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad ha sostenido su esencia a partir del respeto de la dignidad humana como referente primordial para no menoscabar otros derechos humanos que asociados a éste permitan garantizar una calidad de vida de las personas.

-Que en ese sentido, el artículo 1o. de la Constitución Política, en transversalidad con la protección al derecho humano a la no discriminación, establece a su vez la prohibición de cualquier acto o conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

-Que el Glosario de la Diversidad Sexual, de género y características sexuales publicado en el año 2016 por Conapred, define al derecho al libre desarrollo de la personalidad como:

-“Derecho personalísimo, que deriva de la dignidad de toda persona, a partir del cual se reconoce su libertad de elegir de forma autónoma quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con su proyecto de vida, que entre otros aspectos incluye la forma en cómo se relaciona sexual y afectivamente con las demás personas.” Además, establece que “La orientación sexual y la identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad”.

-Por lo expuesto, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad debe ser observado a la luz del respeto y protección del derecho de toda persona a decidir, entendiéndose éste, como al derecho a tomar o elegir decisiones respecto a su desenvolvimiento y desarrollo personal, social o familiar; por lo que también, involucra su derecho a no sufrir afectaciones, restricciones por actos o decisiones públicas o privadas de otros agentes entorno a la libre voluntad de las personas respecto de sus propios actos o determinaciones, que les impidan ejercer libremente ese derecho, lo que tiene una importante relevancia al ser el derecho al libre desarrollo de la personalidad, del cual deriva el derecho a la identidad de género.

Lo anterior se relaciona con la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos de comprende.

De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.

-Que la CIDH por otra parte, enfatiza que los Estados deben incluir expresamente la identidad de género como un motivo de protección en la legislación y en las políticas públicas y toma nota de los argumentos de algunos Estados en el sentido de que la protección de las personas trans puede ser subsumida en los términos sexo o género incluidos en el texto de las disposiciones legales; no obstante, la CIDH recomienda que el término identidad de género sea incluido expresamente para mayor seguridad jurídica y visibilidad, también considera que un corolario del reconocimiento de la identidad de género como una categoría prohibida de discriminación bajo la Convención Americana, es precisamente el reconocimiento integral de la identidad de género de las personas trans. En este sentido, considera que dentro de la prohibición de discriminación por motivos relacionados con la identidad y expresión de género, real o percibida, se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de dicha identidad y garantizar de forma transversal el reconocimiento de la identidad de género en los distintos aspectos de la vida de la persona, lo que implica la posibilidad de proyectarse libremente hacia los demás, acorde a la identidad de género de cada persona y el derecho de ser reconocida en función de dicha identidad.

-Que en ese sentido, el Estado en su calidad de garante de la pluralidad de derechos, debe respetar y garantizar la coexistencia de individuos con distintas identidades, expresiones de género y orientaciones sexuales, para lo cual debe asegurar que todas ellas puedan vivir y desarrollarse con dignidad y el mismo respeto al que tienen derechos todas las personas, esa protección no se refiere simplemente al contenido de esos derechos, sino que a través de ella, el Estado también estaría garantizando la plena vigencia y ejercicio de otros derechos de las personas cuya identidad de género es diferente a la que es asociada con el sexo que les fue asignado al nacer; ya que la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derechos a la salud, a la educación, la vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación. Asimismo, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, señaló que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales.

Por último, señala en los puntos recomendatorios que las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y Senadores deberán generar acciones tendentes a impulsar la reforma al párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se incluya la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación.

Ahora bien, respecto a la orientación sexual, la Asociación Americana de Psicología la define como “la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las normas culturales de conducta femenina y masculina).

En el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, que expidió el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, hace referencia al termino “orientación sexual” en lugar de “preferencia sexual”, ya que refiere que el último incluye una gama de actividades y practicas amplísimas, como la pedofilia y la necrofilia, mientras que “la orientación sexual” se refiere a la atracción erótica afectiva de las personas; por lo que señala que al hablar de diversidad sexual y de genero el termino pertinente es “orientación sexual”.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó la Guía para legislar contra la discriminación ofreciendo recomendaciones para construir legislaciones anti discriminatorias, en la introducción se advierte lo siguiente.

En México, la discriminación es un fenómeno dinámico y extendido con dimensiones estructurales. Constituye una forma de exclusión que se manifiesta en acciones generalizadas que restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales. Debido a ello, la discriminación aleja a las personas de alcanzar su pleno potencial y de vivir en dignidad, lo que impide al Estado mexicano consolidar la democracia y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Frente a este fenómeno discriminatorio, resulta necesario la adopción de medidas urgentes que busquen revertir esa situación y avanzar progresivamente hacia la garantía plena del derecho a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (en adelante Conapred o Consejo) considera que uno de los cimientos esenciales de una estrategia nacional efectiva contra la discriminación se encuentra en la legislación.

Con respecto a la discriminación motivada por características sexuales Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en 2018 menciona lo siguiente “Mientras las personas estén sujetas a la criminalización, los prejuicios y la violencia a causa de su orientación sexual, su identidad de género y sus características sexuales, debemos redoblar esfuerzos para poner fin a estas violaciones”.

Según datos de la ONU “en todo el mundo personas intersex son sometidos a cirugías, tratamientos hormonales y otros procedimientos médicamente innecesarios en un intento de cambiar forzosamente su apariencia para alinearla con expectativas de la sociedad sobre cuerpos femeninos y masculinos. Cuando, como es frecuentemente el caso, estos procedimientos se llevan a cabo sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona misma, estos son violaciones de derechos humanos fundamentales, por lo que resulta de importancia se agregado en el articulo 1ero constitucional.

Datos Estadísticos Nacionales

El esfuerzo de distintas organizaciones de la sociedad civil y la voluntad política lograron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Implementara la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg), 2021 arrojando datos de importancia que a continuación se citan:

-4.6 millones de personas se consideran parte de las poblaciones LGB+, lo que representa el 4.8 por ciento del total de la población.

-908.6 mil personas se identifican con identidad de género trans.

-5 millones de personas se identifican como LGBTI+, lo que representa el 5.1 por ciento de la población.

-El 28.1 por ciento de las poblaciones LGBTI+ manifestaron que en el ámbito laboral han recibido un taro desigual.

-El 26.1 por ciento de las poblaciones LGBTI+ manifestaron que han pensado en suicidarse.

-158 mil 194 casos notificados de VIH del 2014 al 2024.

Libre desarrollo de la personalidad.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad no lo consagra de manera expresa la Constitución, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha advertido en diversos amparos directos, jurisprudencias y tesis sobre ese derecho al que define como un derecho que deriva del reconocimiento de una superioridad de la dignidad humana, prohibiéndose cualquier conducta que la violente.

En tal sentido, señala que la doctrina jurídica ha sentado que “la dignidad del hombre es inherente a su esencia, a su ser. Se trata del reconocimiento de que, en el ser humano, hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, pues se trata del derecho a ser considerado como ser humano, como persona, es decir, como ser de eminente dignidad.

Es un derecho absolutamente fundamental para el ser humano, base y condición de todos los demás: el derecho a ser reconocido siempre como persona humana. El derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad propia de la persona humana.

Para la Corte, “son derechos personalísimos, de los que dispone con libertad, pero, a su vez, constituyen una obligación de los demás de respeto a ese derecho y, por tanto, se configuran como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana, en tanto pueden reclamarse por la defensa de la intimidad violada o amenazada, cuanto se puede exigir del Estado que prevenga eventuales intromisiones que lesionen ese derecho personalísimo”. (Pág. 88, párr. 3) “El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes.” (Pág. 85, párr. 5). En este orden de ideas, para la Suprema Corte “aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian, en forma expresa, en la Constitución mexicana, sí están implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales antes mencionados, suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, previsto en el primero de los preceptos de nuestra Constitución, pues, sólo a través de su pleno respeto, podría realmente hablarse de un ser humano en toda su dignidad.”

Así pues, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, comprende, entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma.

Importancia de la Iniciativa

A pesar de la evidente trascendencia de que sea considerada la inclusión y la no discriminación en la planificación del desarrollo, existen grandes desafíos debido a la resistencia social a cambios estructurales, así como a la falta de conciencia sobre las desigualdades; sin embargo, superar estos desafíos es esencial para construir un futuro más equitativo y justo.

La integración de enfoques inclusivos también presenta oportunidades significativas, pues la diversidad de pensamiento y experiencia puede impulsar la innovación y la resiliencia. Además, se sientan las bases para sociedades más estables y cohesionadas.

Es por ello que la presente iniciativa propone reflejen y normen los principios fundamentales de inclusión, igualdad y no discriminación; asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá asegurar la inclusión, la igualdad y la no discriminación como principios rectores en la coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 4, apartado c, numeral 2, prohíbe toda forma de discriminación por preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, así que nos toca hacerlo a nivel nacional, agregando que esta reforma permitirá que al interior del país, que las entidades federativas, legislen reconociendo derechos plenos a todas estas poblaciones.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones de ley a efecto de dotar de mayor claridad la presente propuesta:

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de diversidad sexual

Único. Se reforma el artículo 1, párrafo quinto, y se adiciona un párrafo sexto al artículo 1o., recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, las características sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como el derecho de cada individuo a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, deberán ajustar sus Constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente decreto.

Notas

1 Anexo 2: Recomendaciones de los organismos (pgaction.org)

2 Anexo 2: Recomendaciones de los organismos (pgaction.org)

3 Anexo 2: Recomendaciones de los organismos (pgaction.org)

4 Anexo 3: Marcos regionales relevantes relativos a los derechos humanos (pgaction.org)

5 Orientación-sexual-e-identidad-de-género-en-el-derecho-internacional-de-los-der echos-humanos.pdf (acnudh.org)

6 Orientación-sexual-e-identidad-de-género-en-el-derecho-internacional-de-los-der echos-humanos.pdf (acnudh.org)

7 INFESP-LGBTI .pdf (cndh.org.mx)

8 3 Disponible en:

CNDH emite Recomendación en materia de derechos humanos de la población trans que habita, reside o transita por el territorio nacional | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México

9 4 Disponible en: Principios de Yogyakarta. Disponible en:

http://yogyakartaprinciples.org/wpcontent/uploads/2016/08/princi ples_sp.pd

10 Disponible en: Artículo 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.

11 Disponible en: Gaceta Oficial del Distrito Federal. Disponible en:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Decre tos/DFDEC149.pdf

12 Disponible en: El reglamento de la CNDH define al principio pro persona como: Aquel que deben observar todas las autoridades del País y los organismos públicos de derechos humanos en todas sus actuaciones, que toda autoridad, al aplicar normas relativas a derechos humanos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales de la materia en los que el Estado mexicano sea parte, deberán aplicar aquellas que favorezcan en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

13 Disponible en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Consenso de Montevideo sobre población y

14 Disponible en: CNDH, Recomendación 192/2022, párr. 76.

15 Disponible en: bidem, párr. 77.

16 Disponible en: Chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://sindis.conapred.org.mx/wpcontent/uploads/2018/09/Glos ario_TDSyG_WEB.pdf.

17 Disponible en: Íbidem, párr. 82.

18 Disponible en: CNDH. Recomendación 86/2022, párr. 90

19 Disponible en: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia No. 19. Derechos de las personas LGTBI. Pág. 38

20 Disponible en: Orientación sexual y identidad de género (apa.org)

21 Disponible en: Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. (www.gob.mx)

22 Disponible en: Cfr. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav), Investigación sobre la atención de personas lgbt en México [en línea]. Diciembre, 2015, p. 283. . [Consulta: 29 de septiembre, 2016.]

23 Disponible en Día de la Visibilidad Intersex — miércoles 26 octubre:

https://www.ohchr.org/es/2016/10/intersex-awareness-day-wednesda y-26-october

24 Disponible en: Cuaderno de Jurisprudencia núm. 16, Libre Desarrollo de la Personalidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales

25 Amparo directo 6/2008

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2024.– Diputados y diputadas: Jaime Genaro López Vela, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Astrit Viridiana Cornejo Gómez, Edén Garcés Medina, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Gabriela Valdepeñas González, Katia Alejandra Castillo Lozano, María Magdalena Rosales Cruz, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Rafaela Vianey García Romero, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Rosa María Castro Salinas (rúbricas).»