«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia del derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral (Ley Silla), a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena y coordinadores de distintos grupos parlamentarios

El suscrito, diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, y las y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia del derecho al descanso de las personas trabajadoras durante la jornada laboral, conforme a la siguiente

A comienzos del pasado Siglo XX surge en países como España, Chile y Argentina una significativa preocupación, la de facilitar a los trabajadores un asiento durante su jornada laboral. Por ejemplo, en 1912 España promulga la llamada Ley de la Silla, misma que nació de una iniciativa destinada a regular las condiciones de trabajo de mujeres en tiendas, talleres y comercios, otorgarles protección por la incidencia de la postura corporal en su salud, extendiendo tal beneficio en 1918 a los varones.

Por su parte, Chile aprobó la Ley de la Silla, conocida como Ley 2951 (actualmente derogada), promulgada en 1914, la cual establecía el derecho de los trabajadores a descansar sentados en sus centros de trabajo, obligando a los propietarios de establecimientos comerciales a tener sillas para sus empleados, especialmente en almacenes, tiendas, bazares, bodegas y depósitos de mercaderías.

En cuanto a Argentina, expidió la Ley 12205/1935, conocida también como la Ley de la Silla, la cual establecía que los lugares de trabajo debían contar con asientos con respaldo para los trabajadores, para mejorar las condiciones laborales de los obreros.

En contexto de lo anterior, durante la LXV Legislatura la senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó al Pleno de la Cámara de Senadores una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar la Ley Federal del Trabajo, con objeto de obligar a patrones a proveer de sillas con un respaldo a trabajadores y convenir periodos obligatorios de reposo durante la jornada laboral, señalando como obligación proveer el número suficiente a disposición de todas las personas trabajadoras en sectores de servicio, comercio y análogos, tanto para ejecución de sus funciones como para el descanso periódico en la jornada laboral, limitándose sólo cuando la naturaleza del trabajo involucrase riesgos a la seguridad e integridad de las personas, derivados de tomar asiento durante el desarrollo de la función laboral. Asimismo, la iniciativa prohibía a las personas empleadoras y a sus representantes obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie en la totalidad de la jornada laboral, salvo en caso de funciones incompatibles; también proponía que el reglamento interior contemplara periodos obligatorios de reposo durante la jornada, así como normas para regular el derecho para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, entre otras disposiciones. Cabe mencionar que dicha iniciativa fue aprobada el 20 de febrero de 2024, enviándose a la Cámara de Diputados como Cámara revisora.

Considerando que se trata de una propuesta con un noble objeto, se reflexiona que es fundamental dar cauce a los fines que persigue. Por ello, se considera sustancial dejar asentados los motivos que en su momento le dieron origen, los cuales son fortalecidos con los argumentos que más adelante se exponen.

Que el Congreso de la Unión ha concretado importantes avances legislativos en el reconocimiento de los derechos humanos laborales, en el marco de un régimen cuyos principios y reglas principalmente ha generado la Organización Internacional del Trabajo y otras instancias multinacionales e internacionales, y a pesar de que se han logrado reformas y decisiones importantes en la materia, como es el aumento de los salarios mínimos, las vacaciones, mejoras sobre libertad sindical, se visibilizó a los grupos que históricamente habían sido excluidos, entre otros. Pero aún, hay una gran deuda, poniendo en evidencia la necesidad de definir principios fundamentales de los derechos humanos como la dignidad, la integridad y la salud en el ámbito laboral, pues en las últimas décadas los modelos económicos dejan a su suerte a gran parte de la clase trabajadora, las condiciones laborales de millones de personas se transforman en sentido contrario a lo que se establece en el artículo 1 de nuestra Constitución, y persisten condiciones laborales precarias e injustificadas, en especial, en grupos de situación vulnerable, siendo imprescindible que toda problemática laboral se atienda con perspectiva de género, comprendiendo que tanto mujeres como hombres pueden vivir violencias en el entorno laboral.

Por otro lado, debe tenerse claro, que en muchos ámbitos laborales a las personas trabajadoras se les imponen demasiadas obligaciones, como es el permanecer de pie durante mucho tiempo, jornadas excesivas de trabajo, a veces mayores a las 48 horas a la semana, aunado a que existe una explotación, acoso y discriminación laboral, por lo que sigue siendo urgente seguir hacia adelante en definir reformas legislativas para atender diversas problemáticas en el entorno laboral. Por ello, al igual que el proyecto de decreto que se cita, esta misma se enfoca en atender esa precariedad y atender los casos en que se sigan violando los derechos laborales de las personas trabajadoras, pues es fundamental, protegerlos y garantizarlos como lo establece nuestra Constitución, pues se ha generalizado la práctica de prohibir a las personas trabajadoras poder sentarse o descansar durante la jornada laboral.

Siguiendo el orden de ideas expuestas de la propuesta, como principal antecedente de la presente, cabe recordar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en el momento de su promulgación, ya que fue ilustre al ser pionera a nivel internacional en cuanto a los derechos sociales, destacando su artículo 123 donde se incorporaron los derechos mínimos laborales, y que después fue desarrollado por la Ley Federal del Trabajo de 1931, y a casi un siglo de haberse expedido aún falta mucho camino que recorrer en su materia, así como priorizar en la salud de las personas trabajadoras, tanto física como mental. Por ello, es sustancial entrever y atender los daños o deterioros que acarrean las largas jornadas para las personas que permanecen de pie durante las mismas, tales afectaciones consisten en: fatiga, dolores musculares, insuficiencia venosa, tendinitis, aparición de varices, perjuicios varios en rodillas, zona lumbar, talones y tobillos, etcétera.

Aunque no hay estadísticas nacionales disponibles sobre los efectos de las personas trabajadoras en la salud al estar de pie o sentado durante largos períodos, esto no implica que el problema no exista. De hecho, se trata de un problema público que impacta negativamente en la salud y la productividad laboral, generando consecuencias económicas y sociales a largo plazo.

En esta medida, esta propuesta puede tener un doble impacto positivo, mejorar las condiciones de salud de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, aumentar la productividad y eficiencia de las empresas debido a la interconexión entre el ambiente laboral y el éxito empresarial.

Por todo lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto:

1. Reformar la fracción V del artículo 132 para establecer claramente que las personas empleadoras están obligadas a proveer a las personas trabajadoras asientos o sillas con respaldo para la ejecución de las funciones de la persona trabajadora o para su descanso periódico dentro de la jornada laboral, en áreas designadas para tal efecto; reconociendo que existen funciones, particularmente en los establecimientos industriales, que podrían ser incompatibles con esta medida;

2. Establecer como prohibición, en el artículo 133, que las personas empleadoras obliguen a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o les prohíban sentarse durante la misma;

3. Reformar las fracciones I y V del artículo 423 para establecer que en el Reglamento interior del centro de trabajo debe establecerse puntualmente los periodos de descanso obligatorios y las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras a usar los asientos o sillas durante su jornada laboral, y

4. Realizar adecuaciones de lenguaje con perspectiva de género.

Para mayor claridad a la propuesta, a continuación, se incluye un cuadro comparativo de la propuesta:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforman los artículos 132, primer párrafo y fracción V; 133, primer párrafo; 422, primer párrafo y 423, fracciones I, V, VIII y X, y se adiciona la fracción XVII Bis al artículo 133, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

“Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a IV. ...

V. Proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico durante la jornada laboral. En el caso de descansos periódicos, los asientos o sillas con respaldo deberán estar ubicados en áreas específicas que para tal efecto se designen en las mismas instalaciones del lugar de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo;

VI. a XXXIII. ...

Artículo 133. Queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes:

I. a XVI. ...

XVII. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores;

XVII Bis. Obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones, y

XVIII. ...

Artículo 422. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para personas trabajadoras y empleadoras en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento.

...

Artículo 423.

...

I. Horas de entrada y salida de las personas trabajadoras, tiempo destinado para las comidas y períodos obligatorios de reposo durante la jornada;

II. a IV. ...

V. Normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras para usar los asientos o sillas con respaldo durante la jornada laboral, de conformidad con lo previsto por el artículo 132, fracción V;

VI. y VII. ...

VIII. Tiempo y forma en que las personas trabajadoras deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades;

IX. ...

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. La persona trabajadora tendrá derecho a ser oída antes de que se aplique la sanción, y

XI. ...”

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes sobre los factores de riesgos de trabajo en un plazo no mayor a 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las personas empleadoras o empresas contarán con un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para adecuar su normativa interna para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Notas

1 La Ley de la Silla está vigente, Guadalupe Muñoz Álvarez, sábado, 12 de enero 2019

https://www.hoy.es/sociedad/silla-vigente-20190113223425-nt.html ?ref=

https%3A%2F%2Fwww.hoy.es%2Fsociedad%2Fsilla-vigente-201901132234 25-nt.html

2 Biblioteca el Congreso Nacional de Chile / BCN.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=23621

3 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12205-194 133/texto

4 https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/13 7555

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; Noemí Berenice Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Alan Sahir Márquez Becerra, Alberto Maldonado Chavarín, Alejandra Chedraui Peralta, Alejandro Avilés Álvarez, Alejandro Calderón Díaz, Alejandro Pérez Cuéllar, Alma Manuela Higuera Esquera, Alma Marina Vitela Rodríguez, Alma Monserrat Córdoba Navarrete, Alma Rosa de la Vega Vargas, Amalia López de la Cruz, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Miriam Ferráez Centeno, Anabel Acosta Islas, Anais Miriam Burgos Hernández, Anayeli Muñoz Moreno, Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Any Marilú Porras Baylón, Aremy Velazco Bautista, Ariana del Rocío Rejón Lara, Arturo Yáñez Cuellar, Azucena Arreola Trinidad, Azucena Huerta Romero, Beatriz Miland Pérez, Benito Aguas Atlahua, Bertha Osorio Ferral, Blanca Estela Hernández Rodríguez, Briceyda García Antonio, Bruno Blancas Mercado, Carlos Alberto Guevara Garza, Carlos Arturo Madrazo Silva, Carlos Morelos Rodríguez, Carlos Ventura Palacios Rodríguez, Carmelo Cruz Mendoza, Carol Antonio Altamirano, Catalina Díaz Vilchis, Celia Esther Fonseca Galicia, César Alejandro Domínguez Domínguez, Christian Mishel Castro Bello, Ciria Yamile Salomón Durán, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Claudia García Hernández, Claudia Ruíz Massieu Salinas, Daniel Andrade Zurutuza, Daniel Murguía Lardizábal, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Deliamaría Gonzalez Flandez, Diana Isela López Orozco, Diana Karina Barreras Samaniego, Dora Patricia Mercado Castro, Eduardo Castillo López,  Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, Elda María Xix Euan, Eleazar Guerrero Pérez, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Emilio Suárez Licona, Ernesto Núñez Aguilar, Eruviel Ávila Villegas, Eunice Abigail Mendoza Ramírez, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, Francisco Javier Estrada Domínguez, Francisco Javier Guízar Macías, Francisco Javier Sánchez Cervantes, Francisco Javier Velázquez Vallejo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Gabriela Benavides Cobos, Gabriela Valdespeña González, Gerardo Olivares Mejía, Gerardo Villarreal Solís, Gibrán Ramírez Reyes, Gilberto Herrera Solórzano, Gissel Santander Soto, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Greycy Marian Durán Alarcón, Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, Héctor Pedroza Jiménez, Herminia López Santiago, Hilda Magdalena Licerio Valdes, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Hugo Eric Flores Cervantes, Hugo Manuel Luna Vázquez, Irais Virginia Reyes de la Torre, Iván Marin Rangel, Iván Peña Vidal, Jaime Humberto Lastra Bastar, Jazmín Yaneli Villanueva Moo, Jéssica Ramírez Cisneros, Jéssica Saiden Quiroz, Jesús Antonio Pujol Irastorza, Jesús Emiliano Álvarez López, Jesús Martín Cuanalo Araujo, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Jesús Valdés Peña, Jorge Alberto Mier Acolt, Jorge Luis Sánchez Reyes, José Alejandro Aguilar López, José Antonio López Ruiz, José Javier Aguirre Gallardo,  José Luis Durán Reveles, José Narro Céspedes, Josefina Anaya Martínez, Juan Antonio González Hernández, Juan Antonio Meléndez Ortega,  Juan Armando Ruiz Hernández, Juan Carlos Varela Domínguez,  Juan Guillermo Rendón Gómez, Juan Hugo de la Rosa García, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Juan Luis Carrillo Soberanis, Juan Moreno de Haro, Julieta Villalpando Riquelme, Julio Javier Scherer Pareyón, Karen Yaiti Calcaneo Constantino, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Karina Isabel Martínez Montaño, Karina Margarita del Río Zenteno, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, Kenia López Rabadán, Laura Hernández García,  Laura Irais Ballesteros Mancilla, Liliana Carbajal Méndez, Luis Armando Díaz, Luis Orlando Quiroga Treviño, Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Marcela Guerra Castillo, Marcela Michel López, Margarita Corro Mendoza, Margarita García García, María Damaris Silva Santiago, María de Fátima García León, María de los Dolores Padierna Luna, María del Rosario Orozco Caballero, María Fabiola Karina Pérez Popoca, María Luisa Mendoza Mondragón, Mario Calzada Mercado, Mario Zamora Gastélum,  Martha Olivia García Vidaña,  Mary Carmen Bernal Martínez, Mayra Dolores Palomar González, Mayra Espino Suárez, Merilyn Gómez Pozos, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Noel Chávez Velázquez, Nora Yessica Merino Escamilla, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Olga Leticia Chávez Rojas, Olga Lidia Herrera Natividad, Oscar Iván Brito Zapata, Paola Michell Longoria López, Patricia Flores Elizondo, Pedro Vázquez González, Petra Romero Gómez, Ramón Angel Flores Robles, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Raúl Lozano Caballero, Raymundo Vázquez Conchas, Roberto Armando Albores Gleason, Roberto Ramos Alor, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Rocío López Gorosave, Rocío Natalí Barrera Puc, Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, Rosa Hernández Espejo, Rosa Irene Urbina Castañeda, Rosa Margarita Graniel Zenteno, Rosa María Castro Salinas, Rosalia León Rosas, Rosalinda Savala Díaz, Sandra Beatriz González Pérez, Saray Vázquez Adasa,  Sergio Gil Rullán, Sylvana Beltrones Sánchez,  Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Ulises Mejía Haro, Víctor Samuel Palma César, Wblester Santiago Pineda, Xitlalic Ceja García, Xóchitl Teresa Arzola Vargas, Zanyazen Roberto Escobar García, Zayra Linette Fernández Sarabia (rúbricas).»

Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La discusión y aprobación de la presente iniciativa significa la oportunidad de poder otorgar justicia social a las y los trabajadores de los sectores de servicios, comercios y centros de trabajo análogos.

Los descansos periódicos en asientos o sillas con respaldo permiten prevenir daños a la salud de las y los trabajadores como insuficiencia venosa, surgimiento de varices, lesiones de rodilla, hemorroides y fascitis plantar.

La presente iniciativa busca reformar los artículos 132, 133, 422, 423 y adicionar una fracción XVII al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo buscando otorgar la tan anhelada justicia social para quienes por años han tenido que desempeñar su trabajo de pie sin derecho a un descanso.

Con la aprobación de la presente reforma se prohíbe a los patrones tener en esas condiciones a sus empleados, ya que con el tiempo las enfermedades cobran factura.

Es una cuestión de voluntad, ya que no genera mayores problemas a los empleadores, ni fiscal, ni financieros o económicos, sino que, es un propósito noble que incluso permitirá a las y los trabajadores desempeñar sus cargos de mejor manera.

El principal objetivo se centra en dar mejores condiciones laborales, pero, desde otra perspectiva también es una política de salud pública que evita que los trabajadores tengan que acudir a un centro de salud para tratar su enfermedad, lo que genera un costo al bolsillo del trabajador, así como de las instituciones de salud. Es una solución integral.

La iniciativa es aplaudible, sin embargo, se queda corta ya que solo beneficiará en primer punto a las y los trabajadores privados, me comprometo a luchar para que también este beneficio sea para los trabajadores de gobierno. Que la justicia social sea pareja y sea de todos.

Desde el Partido del Trabajo manifiesto mi apoyo a esta reforma y seguiré luchando durante la presente legislatura para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores.

Atentamente

Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»

Por eso, presidenta, le suplico que se ponga a consideración el dispensar los trámites legislativos. Nosotros ya les tendimos la mano, sabemos ponernos de acuerdo. Ahora, la respuesta está de su lado. Quién está a favor de los mexicanos realmente. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y General de Responsabilidades Administrativas, en materia de los fondos sobre desastres naturales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Protección Civil, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de los fondos sobre desastres naturales, con base en la siguiente

El territorio mexicano, por su localización geográfica y condiciones geológicas y topográficas, está expuesto a eventos meteorológicos de alta magnitud con efectos perjudiciales para la sociedad y en su conjunto para el Estado mexicano.

México está expuesto a numerosos riesgos geológicos e hidrometeorológicos como huracanes, ciclones, terremotos, inundaciones, sequías, cuyo efecto ha sido y sigue siendo el daño físico a las personas, la devastación de poblaciones enteras, generando desolación y desesperación entre las familias que sufren las tragedias de perder todo su patrimonio, y hasta en el peor de los casos, decir adiós a un ser querido.

Por su parte, la atención a los daños a la infraestructura de estados y municipios representa golpes contundentes a las finanzas públicas tanto a nivel local como federal. Ante eventos de esta naturaleza, lo peor que puede pasar es que el gobierno se quede paralizado sin atender de manera ágil las emergencias y no contar con los recursos suficientes para hacer frente a las contingencias en apoyo a damnificados y para recuperar los servicios básicos en las comunidades.

El terremoto de 1985 y sus consecuencias, fueron un parteaguas en materia de protección civil en México. A partir de aquel lamentable evento que cimbró a toda la nación y gracias a la decidida acción de la sociedad, es que se comenzó a diseñar un esquema de política pública más eficiente tanto para prevenir los desastres, como para la actuación gubernamental posterior a ellos. Esto último es la materia de la presente iniciativa.

En 1996, por primera vez en la historia de las administraciones públicas de México se instituyó una partida presupuestal en el Ramo 23 para apoyar de manera eficaz y oportuna la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales. En 1999 El Fondo de Desastres Naturales de México (Fonden) tuvo sus primeras reglas de operación.

En esos primeros años, el Fonden tenía por objeto apoyar la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno y de las viviendas afectadas de familias de menores ingresos. En los años posteriores, el Fonden también incorporó la parte preventiva de riesgos, aunque con un menor impacto presupuestal que la de reconstrucción y rehabilitación.

Este instrumento financiero, comenzó a cobrar importancia al reconocer que era necesario que el Estado tomara las previsiones suficientes para poder apoyar a las poblaciones que sufrían por la actividad de algún fenómeno meteorológico, muchos de los cuales aparecen de forma súbita, como es el caso de los terremotos.

Desde aquella lamentable coyuntura, en México comenzó a crecer y evolucionar una nueva cultura de la prevención y una visión subsidiaria ante los efectos destructores de las catástrofes naturales.

El Fonden, financiado año con año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación que contemplaba una partida no menor al 0.4 por ciento del presupuesto federal anual, tenía como mecanismo eficiente para uso y distribución el Fideicomiso Fonden y dichos recursos eran administrados por una entidad fiduciaria hasta la fase de implementación y pagos a los contratistas responsables de las obras de reconstrucción de las zonas dañadas.

El Fonden también transfería recursos a un Fondo de Atención de Emergencias, a través del cual el gobierno podía brindar ayuda a la población damnificada mediante la distribución de víveres, medicamentos, herramientas, ropa, entre otros enceres y productos vitales que se necesitan durante las horas más apremiantes de la contingencia. Estos recursos se otorgaban a partir de que el gobierno emitía una declaratoria de emergencia a través de la Secretaría de Gobernación.

Sin importar el gran apoyo que significaba este instrumento financiero para prevenir y atender los riesgos y las situaciones de desastre, así como una gran ayuda a estados y municipios en términos financieros, el fideicomiso Fonden fue extinguido por el Congreso de la Unión con el auspicio del titular del Ejecutivo Federal. De manera formal, el 6 de noviembre de 2020 este fideicomiso, entre otros 108, fueron desaparecidos como instrumentos de financiación a proyectos específicos.

Durante el desarrollo del proceso legislativo que siguió la iniciativa para desaparecer los fideicomisos, se llevaron a cabo reuniones de parlamento abierto entre las que se trató el tema del Fonden. El dictamen aprobado por el pleno dio cuenta de las recomendaciones que hacían los expertos en el tema que no fueron atendidas al momento de ejercer el voto aprobatorio del dictamen por parte del pleno de la Cámara de Diputados ni en su discusión en lo particular. Entre los argumentos que señala el dictamen se reconocen los riesgos de la desaparición del fideicomiso Fonden:

“Los ponentes de este parlamento abierto mencionaron que los costos de desaparecer el Fonden son altos: desa-parecerían incentivos que se crean para que los estados aseguren la recuperación de los daños a la infraestructura y al no poder responder al desastre de manera inmediata, aumentar la necesidad de invertir los efectos indirectos. En un momento de emergencia es necesario hacer reformas al Fonden, más no desaparecerlo, pues dado la situación es momento de priorizar la atención integral del riesgo”.

Y continúa:

“Dado lo anterior, llegaron a la conclusión de que es necesario mantener el fideicomiso porque aísla y hace inmediatamente disponibles los recursos en caso de emergencia y necesidad. Disolverlo e integrar los recursos al flujo presupuestario de las dependencias dificulta este acceso y puede limitarlo, esto costaría vidas y se podría considerar como un ataque directo a los ciudadanos, principalmente a los más pobres del país que son los que sufren más en un fenómeno natural catastrófico”

La desaparición del Fonden, que llegó a alcanzar hasta el último momento la suma de $6,861,155,316.78 de pesos, ha representado un desequilibrio en las finanzas públicas de estados municipios y Federación ante los últimos acontecimientos meteorológicos que se han presentado en el territorio nacional.

Aunado a lo anterior, el Gobierno federal no brindó ni ha ofrecido ninguna claridad respecto del origen y monto para atender las necesidades apremiantes derivados de la atención de emergencias y desastres naturales. Tampoco ha transparentado el destino de esos recursos millonarios que servían para apoyar a las familias y a las poblaciones más desprotegidas. Es decir, se eliminó este fondo de reserva para situaciones catastróficas y no fue reemplazado por algún otro instrumento o institución que tuviera como objeto la prevención de riesgos y la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura y vivienda dañada por desastres naturales.

La desaparición del Fonden está dificultando el acceso a los recursos y ya ha costado vidas, particularmente de personas en situación de pobreza. Hoy los estados y municipios no tienen acceso ágil a recursos para prevenir y hacer frente a los efectos de los desastres que han estado ocurriendo y que, por obra de la naturaleza, se seguirán presentando a lo largo y ancho del territorio nacional.

Para ilustrar la importancia de dicho fondo, se presenta una relatoría de los desastres naturales ocurridos desde las fechas en que el tema de su extinción se debatió en el Congreso de la Unión, y los daños que este instrumento financiero ha dejado de cubrir.

El mismo día que se discutía en el Congreso la desaparición del Fonden, el 4 de octubre de 2020, el Sistema Me-teorológico Nacional anunciaba que el Huracán Delta, en esos momentos de categoría 4, tocaría tierra en Quintana Roo.

Delta tocó tierra el miércoles 7 de octubre, cerca de Puerto Morelos como categoría 2, dejando destrozos e inundaciones a su paso. El gobierno evacuó a casi 40 mil personas y desplegó a más de 10 mil autoridades civiles y militares, además se habilitaron más de 150 refugios. El campo yucateco fue el sector más afectado debido a que diversas áreas quedaron inundadas, se perdieron animales ovinos y bovinos, hubo daños a la apicultura y se perdieron cultivos de maíz, papaya y diversas hortalizas.

El paso del huracán Delta dejó, según datos de las autoridades locales de Protección Civil, a cerca de 301 mil 146 afectados en Yucatán, con 7 mil 116 en calidad de damnificados. Se reportó la caída de más de mil árboles, postes y cables eléctricos, pérdida de viviendas, calles inundadas, falta de energía eléctrica y agua potable, averías en embarcaciones menores, entre otros.

Días antes del Huracán Delta, Quintana Roo sufrió el paso de la tormenta tropical Gamma, que igual que Delta, dejó severas inundaciones y encharcamientos, caída de árboles y postes de luz, daños a caminos, vialidades y senderos, cortes de electricidad. Las lluvias también afectaron a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas. El Ejército instaló una planta potabilizadora de agua y cocina comunitaria para apoyar a la población afectada, tanto por Delta como por Gamma.

Un mes después, el 8 de noviembre de 2020, el estado de Tabasco sufrió severas inundaciones provocadas por fuertes lluvias. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, las lluvias habrían dejado a más de 90 mil personas afectadas y aproximadamente 25 mil viviendas con daños. Debido a la magnitud de las lluvias, se tuvo que desfogar la presa Peñitas, lo que produjo mayores inundaciones. En estas inundaciones se “rompió el récord” de lluvias cuando las precipitaciones alcanzaron los 450 milímetros en 24 horas, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Fue durante estas inundaciones que el gobierno de Tabasco acusó a la Comisión Federal de Electricidad de provocar las inundaciones en los municipios de Nacajuca, Jalpa y Cunduacán debido a la indebida extracción de agua de la presa Peñitas. Fueron las peores inundaciones en más de una década, y dejaron un saldo final de 10 muertos, 800 mil damnificados, 6 mil 263 hectáreas de cultivos afectados, 2 mil 211 kilómetros de carreteras dañadas. Los afectados señalan que además de las afectaciones materiales como la pérdida de enseres domésticos, se añadieron las preocupaciones por su salud, ya que algunos habitantes hablaban de padecimientos como diarrea, fiebres, catarros, además de la preocupación por el Covid-19.

Además de Tabasco, los estados de Veracruz y Chiapas también resultaron afectados. En total, se registraron más de 800 mil personas afectadas, además de daños y afectaciones a 200 mil 400 viviendas, 511 escuelas y 152 kilómetros de carretera federal. Tan solo en Tabasco se llevaron 181 mil 399 despensas a la población, 171 mil 303 colchones y cobertores, 202 mil 879 paquetes de aseo personal, 188 mil 517 apoyos con dinero en efectivo y 8 mil 894 paquetes de enseres domésticos.

En Chiapas, se registró un total de 54 mil 976 damnificados y 20 fallecidos, con 57 localidades afectadas, mientras que, en Veracruz, se registraron inundaciones en 5 municipios y se vieron afectados 10 mil 848 habitantes.

A finales de agosto de 2021, fuimos testigos del paso del huracán Grace en Veracruz que, para el 21 de agosto, había dejado ya al menos 9 muertos, 8 de ellos en Veracruz y 1 en Puebla. Grace avanzó por el centro de nuestro país generando lluvias torrenciales. Se produjeron deslizamientos de tierra que dejaron sepultadas a algunas viviendas. Grace afectó a cerca de 110 mil casas en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Hubo pérdida de cosechas y electrodomésticos como estufas, refrigeradores y colchones, entre otros.

Por su parte, Jalisco vivió el paso del huracán Nora de categoría 1 que provocó inundaciones en más de 500 viviendas, y dejó a su paso a un menor muerto y una mujer de-saparecida. Los ríos El Pitillal y Cuale se desbordaron, el puente peatonal del remanse quedó destruido por la misma corriente, también desbordó el río Boca de Tomatlán. Se registraron 11 deslaves, árboles y postes derribados. La población de La Huerta quedó incomunicada. Se desbordaron los arroyos El Cristiano, El Cangrejo, Ahucapán, El Tecomatán, El Rodeo y El Coajinque, El Naranjo y el río Mascota. Igualmente, en Nayarit, se desbordó el Río San Pedro, se inundaron cultivos y caída de árboles.

A principios de septiembre de 2021, el estado de Hidalgo sufrió terribles inundaciones. Fueron evacuadas más de mil personas. En el municipio de Tezontepec, se desbordó el río Tula y en Tlahuelilpan se desbordó el río El Salado, dejando cerca de un centenar de viviendas anegadas y más de 100 familias afectadas. También desbordó el Río Rosas. Hasta ahora van más de 2 mil viviendas, 10 comunidades afectadas, y más de 30 mil personas damnificadas.

Lamentablemente, a consecuencia de las inundaciones, se registró la muerte de 17 personas que estaban hospitalizadas por Covid-19 en una clínica del IMSS en Tula, a causa de que el hospital se quedó sin luz eléctrica, lo que ocasionó que fallaran los respiradores. Los pacientes del hospital tuvieron que ser evacuados debido a que el hospital quedó inundado. Estas inundaciones también han afectado al municipio de Ecatepec, Estado de México, dejando como saldo la pérdida del patrimonio de las familias.

Es necesario recordar también lo ocurrido el 25 de octubre de 2023 por el paso del Huracán Otis en las costas de Guerrero. La infraestructura hotelera devastada por los fuertes vientos, los hogares con severos daños estructurales, la infraestructura urbana sumamente dañada y los servicios básicos aún no se han logrado reestablecer en su totalidad. Las familias estuvieron sin luz, agua, comida, lo esencial para sobrevivir; saqueos y rapiña en los negocios y hasta en las casas. Y la autoridad brilló por su ausencia para hacer frente a lo económico y a todas las necesidades estructurales de las colonias afectadas.

Durante las horas de mayor emergencia, la población no tuvo el respaldo gubernamental. La gobernadora del estado ausente de sus responsabilidades. El municipio de Acapulco rebasado totalmente por la tragedia y el Gobierno federal sin las herramientas financieras para poder apoyar a la población. Cabe mencionar que el presidente de la República tomó la decisión de que todos los apoyos que la sociedad civil enviara para los damnificados serían recibidos y administrados solamente por el Ejército Mexicano, generando un cerco en el que no se permitía la ayuda externa, dejando solos y a su suerte a los habitantes de Acapulco y zonas aledañas.

El 1 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el monto discrecional de 61 mil 313 millones de pesos para la atención de los desastres dejados por el ciclón tropical, distribuidos en los siguientes rubros:

-Adelanto del pago de pensiones y programas para el Bienestar: 508 millones de pesos.

-Ampliación por 10 mil jóvenes al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro: 379.2 mdp.

-Aumento al doble del número de becas del nivel básico, el cual se amplía a 45 mil beneficiarios: 796.4 mdp.

-Prórroga por 6 meses en el pago del IMSS, Infonavit y Fovissste: 9,001 mdp.

-Exención por el servicio de luz, de octubre 2023 a enero 2024: 1,352 mdp.

-Canasta básica semanal para 250 mil familias durante tres meses: 3,250 mdp.

-Apoyo para viviendas (8 mil pesos a todas y de 35 mil a 60 mil pesos según las afectaciones): 10,471 mdp.

-Apoyo para locales comerciales (45 mil pesos para locales afectados): 1,922 mdp.

-Créditos a la palabra de Financiera para el Bienestar: 500 mdp.

-Plan de Recuperación de Infraestructura Urbana: 10,000 mdp.

-Exención de impuestos (IVA e ISR) al SAT, de octubre 2023 a febrero 2024: 9,109 mdp.

-Implementación de cuarteles de la Guardia Nacional: por determinar.

-Otorgamiento de créditos sin intereses de Nacional Financiera para pequeñas empresas: 1,747 mdp.

-Apoyo por parte de Hacienda del pago de la mitad de los intereses de los créditos otorgados por la banca comercial a 373 hoteles de Acapulco: 5,000 mdp.

-Rehabilitación de la infraestructura carretera: 218 mdp.

-Entrega de paquetes de enseres domésticos dañados por la inundación: 4,000 mdp

-Recuperación de la infraestructura de energía eléctrica por parte de la CFE: 2,341.8 mdp.

-Nuevo apoyo a todas las escuelas a través del programa La Escuela es Nuestra: 457.7 mdp.

-Apoyo extraordinario para productores y pescadores para 34,609 beneficiarios: 259.6 mdp.

Como se puede observar, una buena parte de estos recursos sirvieron para ensanchar los programas sociales bandera del gobierno de López Obrador. Otro tanto sugería apoyos fiscales. Además, es importante recordar la forma en que se politizó el tema al señalar que los recursos del extinto fideicomiso del Poder Judicial sería utilizado para atender la emergencia. De cualquier forma, lo que dejó la extinción del Fonden fue la improvisación y la discrecionalidad por parte del gobierno para hacer frente a las emergencias.

Casi un año después ha vuelto la desgracia a las costas de Guerrero y Oaxaca. El huracán John ha dejado a su paso destrucción y pérdida de vidas. Para el 27 de septiembre se ha contabilizado 16 decesos. Derrumbes, inundaciones, infraestructura totalmente dañada, falta de servicios, alimentos, luz, agua potable.

Ante estas situaciones, ni el Gobierno federal ni los estatales y municipales han tenido margen de maniobra. No existe una figura institucionalizada que sirva para apoyar de manera ágil a las familias y poblaciones damnificadas por desastres naturales y para rehabilitar la infraestructura pública.

Es preciso señalar que la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa suscrita por diputados de diversos partidos por la que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil el 3 de diciembre de 2020, y cuya minuta quedó pendiente en la Cámara de Senadores ante la evidente negligencia del Gobierno Federal y de su grupo parlamentario; el tema no ha sido de suficiente interés como para ponerlo en la agenda de discusión.

En virtud de lo anterior es que las diputadas y los diputados presentamos esta iniciativa que tiene por objeto establecer los Fondos destinados a atender los desastres naturales provocados por eventos climatológicos perturbadores conocidos en general como Fonden. Para ello proponemos que, tanto en la legislación en la materia como en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, se destinen recursos en Fondos permanentes que no dependan sólo de la asignación anual presupuestal, sino que se puedan generar reservas a través de fideicomisos para atender la previsión, la atención inmediata a la población, y la reconstrucción de infraestructura dañada.

Por tanto, consideramos inaplazable instituir el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden), así como el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, a fin de que el Estado mexicano cuente con un instrumento que facilite el acceso y la distribución de recursos para apoyar a las personas y familias ante los efectos de los desastres naturales.

Se debe evitar a toda costa la discrecionalidad en el reparto de apoyos a estados y municipios, y en ese mismo espíritu de transparencia, establecer sanciones para quienes hagan mal uso de los recursos o los nieguen por razones de interés político.

Por definición, los recursos del Estado son escasos, por lo que buscamos que estos se apliquen a lo más urgente e importante, sin arbitrariedades y sin sesgos de ningún tipo cuando hay una situación de emergencia, en especial durante las primeras horas que son determinantes y pueden significar en muchos casos la vida o la muerte.

De igual manera se propone incorporar sanciones a aquellos servidores públicos que tengan a su cargo el manejo de los recursos públicos que integran los fondos en comento, cuando éstos, omitan aplicar, retrasar su aplicación o ejercer indebidamente los recursos que lo conforman, toda vez que dichas acciones generan una trascendencia de graves consecuencias para la sociedad que se está viendo afectada en su patrimonio, seguridad y salud por el evento catastrófico de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXVI Legislatura, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Protección Civil, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo Primero. Se reforma el artículo 19, fracción I, primer párrafo, y el artículo 37, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia con el monto estimado en la Ley de Ingresos correspondiente; así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.

II a V. ...

...

...

Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres, así como para el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos naturales.

Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto neto total.

La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2, fracción LIX, de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a LVIII. ...

LIX. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales.

LX. y LXI. ...

Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos recursos deberá estar determinado por cada Entidad Federativa, el cual como mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación realizada por la Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios, actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que se constituya específicamente para dicho fin.

Los recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, como la contraparte de la Entidad Federativa a los programas de reconstrucción acordados con la Federación.

En caso de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de la Entidad Federativa, medido a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, la Entidad Federativa podrá utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la Entidad Federativa de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.

Artículo Cuarto.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 64 Bis y un artículo 80 Ter, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para quedar como sigue:

Artículo 64 Bis. ...

También se considerará como falta administrativa grave la no aplicación directa e inmediata de los recursos públicos de los fondos destinados al apoyo y atención de daños ocasionados por fenómenos naturales.

Artículo 80 Ter. Tratándose de la falta administrativa prevista en el segundo párrafo del artículo 64 Bis, la sanción de inhabilitación será de cinco a quince años.

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal realizará las adecuaciones normativas correspondientes para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previo a la entrada en vigor del presente decreto, generará los instrumentos, recursos y medidas necesarias que posibiliten la creación del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales.

Cuarto. Las entidades federativas y, en su caso, los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este decreto, a más tardar a los 180 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo previsto en el presente decreto.

Nota

1 Fuente: Comunicado de prensa número 73 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 1 de noviembre de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protocolos de búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas y contra la discriminación, trata de personas y la libertad de desarrollo psicosexual, a cargo de la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío Natalí Barrera Puc, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XII Bis del artículo 132 y VI Ter del artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como X del artículo 47 y XXIV del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

Garantizar los derechos humanos de las mujeres es una obligación constitucional del Estado Mexicano a fin de preservar su dignidad y su bienestar integral.

El derecho al acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva, es un derecho fundamental para garantizar el resto de los derechos humanos de las mujeres y vivir libres de violencia, principalmente evitar la revictimización de las mujeres y sus familias, e impedir la repetición de los delitos.

Importantes han sido los esfuerzos del Estado mexicano para erradicar la violencia contra de las mujeres, este flagelo representa un grave problema que atenta en contra de la dignidad y la vida de las mujeres, y de la sociedad en general. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2024 en México se registraron 74 mil 2 delitos reportados del fuero común contra mujeres, 463 feminicidios y mil556 homicidios tipificados como dolosos contra mujeres. Se anexa cuadro descriptivo.

La erradicación de la violencia en contra las mujeres debe ser una tarea coordinada que involucre a la sociedad y a todas las instituciones y poderes de la Unión. Recordemos que el Estado Mexicano se ha comprometido en reiteradas ocasiones en ponerle fin a este lamentable delito. Primero, en 1981 al ratificar el principal instrumento internacional que consagra los derechos humanos de las mujeres; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y que, junto con su protocolo, ordena a los Estados parte luchar contra la discriminación de las mujeres.

Como legisladoras y legisladores, es nuestra obligación velar porque nuestro marco jurídico este armonizado en este sentido y con ello se complete la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En 2018, el Comité facultativo de la CEDAW, encargado de vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de la Convención, emitió una serie de recomendaciones al Estado Mexicano en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, donde respecto al acceso a la justicia realizó la siguiente observación:

14. De conformidad con la convención y con su recomendación general número 33(2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el comité recomienda al Estado parte que

a) Vele por que se capacite, de manera sistemática y obligatoria, a los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, para poner fin al trato discriminatorio de que son objetos las mujeres y las niñas;

En la misma recomendación, apartado 24, el comité recuerda al Estado mexicano la necesidad de

c) Velar por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio;

d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba, agilice la búsqueda de las mujeres y niñas desaparecidas, adopte políticas y protocolos específicamente orientados a mitigar los riesgos asociados con la desaparición de mujeres y niñas, como el feminicidio y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, y vele por que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refuerce su perspectiva de género;

Los protocolos, son fundamentales durante todos los procesos que involucran la atención de la violencia contra las mujeres, desde los primeros respondientes, como son las actuaciones de los policías preventivos, los ministerios públicos y los juzgadores, por ello la importancia de esta propuesta que propone volver eficientes éstos, a través de la homologación, debido a la diversidad de acciones, procedimientos y tiempos en los estados de la República, a pesar de que persisten mandatos en nuestra legislación para su implementación tanto en la Ley General de Accesos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimiento Penales, así como en la legislación local, se requiere su homologación en un estricto sentido.

Homologación que garantice que las instancias correspondientes de procuración de justicia fortalezcan, actualicen y apliquen los protocolos de actuación con la debida diligencia, como herramientas fundamentales para el acceso de las mujeres a la justicia en el país.

Con esta reforma se fortalece la capacitación al personal encomendado a la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, se fortalece la puntual y efectiva aplicación de los protocolos para la investigación de estos delitos. porque son las primeras aproximaciones, las primeras horas que la mayoría de los casos son fundamentales para evitar incluso se perpetren otros delitos.

Con esta propuesta, se fortalece la coordinación interinstitucional entre las procuradurías para coordinar esfuerzos en la armonización de estos protocolos, y actualizarlos de manera constante derivado de la importancia de estos mecanismos para el cumplimiento y la debida diligencia en el actuar de las procuradurías.

Efectivamente, nuestro marco jurídico mandata la implementación de protocolos en las legislaciones antes mencionadas, no obstante, esta propuesta propone añadir el mandato de su homologación, en una ley secundaria que tiene efectos generales para las leyes locales, lo que facilitará que las instancias correspondientes de procuración de justicia en los estados fortalezcan, armonicen, actualicen y apliquen los protocolos de actuación.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece una serie de acciones para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el derecho a la justicia pronta y expedita, entre ellas en el artículo 38 que se refiere a las acciones que contiene el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres:

III. La coordinación con las instituciones responsables de la procuración de justicia, para que éstas brinden educación y capacitación a su personal, al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género;

Pese a que constan mandatos en nuestra legislación, las omisiones y negligencias son un tema presente en todos los estados de la República, particularmente para la investigación del delito de feminicidio, entendido éste “como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, lamentó que diariamente mueran 10 mujeres en promedio por razones de género, y dijo que uno de los factores que dificultan el combate de esta problemática es la falta de comunicación entre las instituciones y la aplicación de protocolos.

La coordinación interinstitucional debe ser otro aspecto de suma importancia a considerar, para que desde la Fiscalía General se puedan coordinar esfuerzos para armonizar estos protocolos en la mayor medida posible entre las 32 entidades federativas, así también actualizarlos de manera constante, sin duda el nivel de cumplimiento y diligencia tiene que ver con la sistematización del actuar de las procuradurías, por ello y por las mujeres de México debemos fortalecer todas y todos nuestro actuar en atención a nuestras atribuciones, y así garantizar la debida diligencia.

A continuación se muestra cuadro comparativo de las modificaciones que se proponen

En cumplimiento de nuestra obligación como Estado mexicano para erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita y efectiva, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia protocolos homologados y especializados con perspectiva de género, para el delito de feminicidio y en la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas

Primero. Se reforman las fracciones XII Bis del artículo 132 y VI Ter del artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 132. Obligaciones del policía

...

III. a XII. ...

XII Bis. Cuando se trate de delitos por motivo de género se deberán aplicar los protocolos homologados y especializados previstos para tales efectos;

Artículo 134. Deberes comunes de los jueces

...

I. a VI Bis. ...

VI Ter. Cuando se trate de delitos por motivo de género se deberán aplicar los protocolos homologados y especializados para juzgar con perspectiva de género; y

Segundo. Se reforman las fracciones X del artículo 47 y XXIV del artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 47. Corresponde a la Fiscalía General de la República:

I. a IX. ...

X. Elaborar y aplicar protocolos homologados y especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y los ordenamientos aplicables en la materia:

III. a XXIII. ...

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos homologados y especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Visto en Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información de Violencia contra las Mujeres al corte 31 de julio de 2024,

https://drive.google.com/file/d/1ynT_lJN6k2HlU7xVbD1uDEQ1pdTEPCC m/view

2 Visto en Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer,

https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/ced aw

3 Visto en Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México,

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/c edaw/archivos/2021-11/observaciones_finales%20%281%29.pdf

4 Visto en Comité CEDAW emite observaciones a México sobre derechos de las mujeres luego de novena revisión,

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Down load.aspx?symbolno=CEDAW/C/MEX/CO/9&Lang=en

5 Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

6 Visto en nota “‘Falta de protocolos dificulta combate a feminicidios’: ministra de SCJN”,

https://www.milenio.com/policia/feminicidios-falta-protocolos-di ficultan-combatirlos-ministra

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas: Rocío Natalí Barrera Puc, Elda María Xix Euan, Jazmín Nayeli Villanueva Moo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración de las comisiones de cortesía, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6o., fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de integración de las comisiones de cortesía, conforme a la siguiente

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 1 de octubre de 2024, en sesión del Congreso General, se llevó a cabo la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; siendo así, con base en lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente en turno, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, informó sobre la integración de las comisiones para recibir y despedir tanto a la presidenta entrante, como al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. De la versión estenográfica de esta sesión de Congreso General, se advierte la integración de estas comisiones, a saber:

“ El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Procedo a dar cuenta de las comisiones protocolarias para su oportuno cometido. Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo y despedir, en su momento, al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente saliente, a los siguientes legisladores.

Senadores: Luisa Cortés García, Geovanna Bañuelos de la Torre, Karina Isabel Ruiz Ruiz, Higinio Martínez Miranda, Félix Salgado Macedonio, Rosario Alejandro Esquer Verdugo.

Por parte de diputados: Hilda Araceli Brown Figueredo, Alma Marina Vitela, Claudia Rivera Vivanco, Daniel Asaf Manjarrez, Pedro Zenteno Santaella y Gilberto Herrera Solórzano.

Doy cuenta ahora con las comisiones protocolarias para recibir a las puertas del Palacio Legislativo y despedir, en su momento, a la presidenta electa doctora Claudia Sheinbaum Pardo, los siguientes legisladores:

Por parte de los senadores: Julieta Ramírez Padilla, Edith López Hernández, Laura Itzel Castillo, Andrea Chávez Treviño, María Martina Kantún Can y Lizeth Sánchez. Por parte de diputados: la diputada Irma Juan Carlos, Merilyn Pozos Gómez, Ana María Lomeli Robles, Flor de María Esponda Torres, Diana Karina Barreras Samaniego y Claudia Leticia Alcántara.”

Como puede observarse, en la integración de ambas comisiones no estuvieron representados todos los grupos parlamentarios, pues la comisión que acompañó al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, se conformó por cinco senadoras y senadores de Morena y una del PT; y por seis diputadas y diputados de Morena. En tanto que la comisión que acompaño a la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, se conformó por cinco senadoras de Morena y una del PT; y cuatro diputadas de Morena, una del PT y una del PVEM.

Este hecho no es menor. No se trata de una simple anécdota, se trata de uno de los actos en los que se ve reflejada la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en el modelo republicano de división de poderes, y que forma parte de uno de los acontecimientos más relevantes del Estado constitucional y democrático de derecho: la transmisión de la titularidad del Poder Ejecutivo, en la residencia del Poder Legislativo y con la asistencia del Poder Judicial. No es, entonces, cualquier acto, sino uno que debe reflejar la calidad de nuestra democracia y de nuestro modelo republicano.

Y debe señalarse, además, que en el caso concreto la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo conocimiento, con el tiempo necesario, del interés de al menos una diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para integrar una de las comisiones. Por ende, lo menos que esperamos los promoventes de la presente iniciativa, es una disculpa del presidente de la Cámara.

Siendo pues, un institucional y constitucional acto del Estado mexicano, las referidas comisiones protocolarias de ninguna manera pueden ser solamente la representación de los grupos parlamentarios de los partidos que postularon a la titular del Poder Ejecutivo, sino que, como cualquier otro órgano conformado por los legisladores, estas comisiones deben reflejar en su integración la pluralidad y la proporcionalidad en la representación de cada grupo parlamentario en ambas Cámaras del Congreso.

Lo anterior resulta por demás desafortunado porque la exclusión de legisladores en las comisiones de cortesía en estas ceremonias no tiene precedentes. En efecto, en la Gaceta Parlamentaria del 1 de diciembre de 2000, es posible consultar la integración de las comisiones de cortesía para la ceremonia realizada aquel día, como se observa a continuación:

“Ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de diciembre de 2000

Comisión de Cortesía para acompañar al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia al Palacio Legislativo de San Lázaro

PRI

Diputado Amador Rodríguez Lozano

Diputada Lorena Beaurregard de los Santos

Senadora Silvia Hernández Enríquez

Senador Netzahualcóyotl de la Vega García

PAN

Diputado Tereso Martínez Aldana

Diputada Celita Alamilla Padrón

Senador Rómulo de Jesús Campuzano González

PRD

Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar

PVEM

Diputado Francisco Agundis Arias

Senadora Sara Castellanos Cortés

Comisión de Cortesía para recibir al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro

PRI

Diputado Augusto Gómez Villanueva

Diputado José Ramírez Gamero

Senador Fidel Herrera Beltrán

Senador Héctor Vicario Castrejón

Senadora Dulce María Sauri Riancho

PAN

Diputado José Marcos Aguilar Moreno

Diputado Moisés Alcalde Virgen

Senador Federico Ling Altamirano

PRD

Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar

Senador Antonio Soto Sánchez

PVEM

Senadora Sara Castellanos Cortés

PT

Diputada Jaime Cervantes Rivera

Comisión de Cortesía para acompañar al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, del Palacio Legislativo de San Lázaro a su residencia

PRI

Diputada Beatriz Paredes Rangel

Diputado Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas

Senador David Jiménez González

Senador José Eduardo Robinson Bours Castelo

PAN

Diputado Jorge Urdapilleta Núñez

Diputada María Eugenia Galván Antillón

Senador Luis Alberto Rico Zamaniego

PRD

Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar

PVEM

Senadora Paulina Ayala Morán

PT

Diputado Juan Carlos Regis Adame

Comisión de Cortesía para acompañar al C. Vicente Fox Quesada, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, de su residencia al Palacio Legislativo de San Lázaro

PRI

Diputado Federico Granja Ricalde

Diputada Lorena Martínez Rodríguez

Senadora Addy Cecilia Joaquín Coldwell

Senadora Aracely Escalante Jasso

PAN

Diputada Nelly Campos Quiroz

Diputado Eduardo Arnal Palomera

Senador Cecilia Romero Castillo

Senador Patricio Patrón Laviada

PRD

Diputado Gregorio Urías Germán

Senadora Leticia Burgos Ochoa

Senador Serafín Ríos Alvarez

PVEM

Diputada Esveida Bravo Martínez

Senador Jorge Emilio González Martínez

Comisión de Cortesía para recibir al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, a las puertas del Palacio Legislativo de San Lázaro

PRI

Diputado Luis Gerardo Rubio Valdez

Diputada Hortensia Enríquez Ortega

Senador Ernesto Gil Elorduy

Senador Érick Rubio Barthell

PAN

Diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez

Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán

Senador Carlos Medina Plascencia

Senador Jorge Zermeño Infante

PRD

Diputado Martí Batres Guadarrama

Senador José Moisés Castro Cervantes

Senador Elías Miguel Moreno Brizuela

PVEM

Senadora Emilia Patricia Gómez Bravo

PT

Diputado Félix Castellanos Hernández

Comisión de Cortesía para acompañar al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del Palacio Legislativo a su residencia

PRI

Diputado Rafael Rodríguez Barrera

Diputado Carlos Aceves del Olmo

Senadora Addy Cecilia Joaquín Coldwell

Senadora Aracely Escalante Jasso

PAN

Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Senadora Lydia Madero García

Senador Patricio Patrón Laviada

PRD

Diputado Martí Batres Guadarrama

Senadora María del Carmen Ramírez García

Senador Rodimiro Amaya Téllez

PVEM

Diputada María Cristina Moctezuma Lule.”

Asimismo, en la versión estenográfica de la sesión de Congreso General del 1 de diciembre de 2018, se da cuenta de la integración plural y representativa de las comisiones de cortesía:

“Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y acompañarlo a la tribuna del recinto, invitamos a los siguientes legisladores: diputados Mario Delgado Carrillo, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Alfredo Villegas Arreola, Fabiola Loya Hernández, Irasema del Carmen Buenfil Díaz, Armando Reyes Ledesma, José Ricardo Gallardo Cardona y Jorge Emilio González Martínez. Y a las senadoras y los senadores Ifigenia Martínez Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Gina Andrea Cruz Blackledge, Ángel García Yáñez, Patricia Mercado, Sasil de León Villard, Cora Cecilia Pinedo Alonso, María Leonor Noyola Cervantes y Gabriela Benavides Cobos.

...

Para recibir a las puertas del Palacio Legislativo al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y acompañarlo a la tribuna del recinto, a los siguientes legisladores, si son tan amables: Sebastián Aguilera Brenes, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Jacobo David Cheja Alfaro, Francisco Javier Saldivar Camacho, Gerardo Fernández Noroña, Lilia Villafuerte Zavala, Arturo Escobar y Vega. Los senadores Delfina Gómez Álvarez, Nadia Navarro Acevedo, Manuel Añorve Baños, Juan Quiñones Ruiz, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Alejandra del Carmen León Gastélum, Antonio García Conejo, y la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz.”

Está lógica de la integración proporcional de los órganos parlamentarios, que reflejen la pluralidad de cada cámara, es práctica común en cada una de éstas, y está ampliamente reconocido por los ordenamientos que regulan al Congreso, como puede observarse en las siguientes disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso:

- Artículo 17. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario.

- Artículo 31. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario.

- Artículo 43. Las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados tendrán el número necesario de integrantes para garantizar la proporción entre la integración del pleno y la conformación de comisiones, de tal manera que los grupos parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas.

- Artículos 80 y 81. La Junta de Coordinación Política del Senado se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios, expresa la pluralidad de la Cámara y en tal carácter es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Cámara.

- Artículo 104. Para la integración de las comisiones en el Senado, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del pleno y la conformación de las comisiones.

Además, el artículo 16 del mismo ordenamiento señala, con relación a la sesión de instalación de la Cámara de Diputados, que una vez instalada, la presidencia de la Mesa Directiva citará a sesión del Congreso General (1 de septiembre) y “hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad en función de la integración del pleno”.

Como puede advertirse de las disposiciones antes referidas, lo extraordinario no es que los órganos legislativos reflejen la pluralidad y la proporcionalidad en la representación de los grupos parlamentarios en cada Cámara, por el contrario, esto es una práctica común. De manera que lo sucedido el 1 de octubre, con relación a la integración las comisiones para acompañar y despedir a la presidenta entrante y al presidente saliente, sólo con la participación de legisladoras y legisladores de los partidos que postularon a la titular del Ejecutivo, resulta contrario no sólo a la práctica parlamentaria, sino también al artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso, y aún más, resulta contrario a la representación plural del pueblo mexicano que se ve reflejado en el Poder Legislativo.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto modificar el artículo 185 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como los artículos 15, 16, 20, 60, 61 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso, con el objetivo de evitar que en el futuro se repita este actuar faccioso y antidemocrático de excluir a cualquier grupo parlamentario de la integración de las comisiones de cortesía.

El artículo 185 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso es el que dispone las comisiones de cortesía específicamente para la ceremonia de toma de protesta de la persona titular del Ejecutivo federal, de manera que se propone modificar este artículo para especificar que tal comisión deberá reflejar, en su integración, la pluralidad y representatividad de los grupos parlamentarios de ambas cámaras. En el mismo sentido son las modificaciones que se proponen a la Ley Orgánica del Congreso, pero éstas relativas a las comisiones de cortesía en general.

Para una mejor identificación de los cambios propuestos, se presentan a continuación los cuadros comparativos entre el texto vigente y el texto que se propone modificar.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de integración de las comisiones de cortesía

Artículo Primero. Se reforma el artículo 185 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 185. Cuando la presidenta o presidente de la República asista al Congreso a hacer la protesta que previene la Constitución, saldrá a recibirlo hasta la puerta del salón, una comisión compuesta de seis diputados e igual número de senadores cuya integración deberá reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, incluso un secretario de cada Cámara. Dicha comisión lo acompañará hasta su asiento y después, a su salida, hasta la misma puerta. Asimismo, se nombrarán comisiones para acompañarlo de su residencia a la Cámara y de ésta a su residencia.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 15, 16, 20, 60, 61 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 15.

1. a 3. ...

4. El presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno de los Secretarios procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, el presidente de la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos: declaración del quórum; protesta constitucional del presidente de la Mesa de Decanos; protesta constitucional de los diputados electos presentes; elección de los integrantes de la Mesa Directiva; declaración de la legal constitución de la Cámara; cita para sesión del Congreso General y designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión, estas comisiones deberán reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios en el pleno.

5. a 10. ...

Artículo 16.

1. a 2. ...

3. A su vez, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, estas comisiones deberán reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios en el pleno.

4. a 5. ...

Artículo 20.

1. ...

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) a g)...

h) Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el ceremonial , estas comisiones deberán reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios en el pleno;

i) a k)...

Artículo 60.

1. a 5. ...

6. El presidente de la Mesa de Decanos ordenará el pase de lista, y uno de los secretarios comprobará el quórum para la celebración de la sesión constitutiva. Declarado el quórum, el presidente abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos:

I. a VII. ...

VIII. Designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de la sesión de Congreso General , estas comisiones deberán reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios en el pleno.

7. a 10. ...

Artículo 61.

1. y 2. ...

3. Cumplido lo anterior, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General , estas comisiones deberán reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios en el pleno.

4. y 5. ...

Artículo 66.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

a) a d)...

e) Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial , estas comisiones deberán reflejar la pluralidad y repesentatividad de los grupos parlamentarios en el pleno;

f) a m) ...

2. a 3. ...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su aprobación por ambas cámaras.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas: Liliana Ortiz Pérez, Laura Irais Ballesteros Mancilla (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la frase “14 de septiembre de 1824, Día de la Federalización de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa”, a cargo de la diputada Azucena Arreola Trinidad, del Grupo Parlamentario de Morena

Azucena Arreola Trinidad, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente

Primero. Después de una guerra de once años iniciada el 16 de septiembre de 1810, el 27 de septiembre de 1821 culminó la lucha por la Independencia de México para librarse del dominio español.

El conflicto llegó a su fin y México logró su libertad a raíz de la alianza entre el jefe del ejército realista en la Nueva España, Agustín de Iturbide, y el jefe de las fuerzas insurgentes, Vicente Guerrero, quienes juntos decidieron consumar la Independencia a través de un pacto político que se plasmó en el Plan de Iguala, con el que se identificaron prácticamente todos los grupos sociales del país y todas las regiones.

Así pudo surgir la Nación Mexicana libre y soberana, con nuevas instituciones y leyes que hicieron posible el cumplimiento de las principales demandas del movimiento insurgente: la abolición de la esclavitud y los tributos, la soberanía popular, la libertad y la igualdad de todos ante la ley, conquistas que quedaron plasmadas en la Constitución Política de 1824, en la que igualmente se estableció que México sería una República federal.

Entre la declaración de independencia de México y la promulgación de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de octubre 1824, se dieron una serie de acontecimientos relevantes para la conformación del Estado Mexicano, entre los que podemos mencionar:

• El 22 de septiembre de 1821 se inició la sesión de la Junta Provisional Gubernativa que promulgó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano;

• El 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia;

• El 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, que fue la primera organización constitucional y un estatuto provisional del nuevo gobierno;

• El 2 de octubre de 1824 se aprobó la unión de Chiapas a México; y

• El 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En el caso particular de la adhesión de Chiapas, pasaron casi tres años entre la promulgación de la Independencia de México y su formal incorporación a México

Para solucionar, en definitiva, de manera pacífica y democrática el destino de Chiapas, el 24 de marzo de 1824, el Congreso de Chiapas expidió una convocatoria para celebrar un plebiscito, cuyo objetivo era que los habitantes de la provincia decidieran, al término de tres meses, su unión a México o a Guatemala.

Para su realización se fijó el plebiscito para el 12 de septiembre de 1824, a efecto de dar tiempo al debate. Se trataba de “explorar la opinión de los partidos, dirigiéndoles una circular para que cada uno de ellos dijese con franqueza si se declaraba por México o por Guatemala, fundando su voto” (...) las actas y contestaciones de los pueblos servirían de base a la declaración final de la Junta Suprema.

Por su parte, el soberano Congreso Constituyente Mexicano, en un antecedente del principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, decretó el 26 de mayo siguiente, la absoluta libertad de Chiapas para unirse o no a México. Las condiciones que dio el Poder Ejecutivo para que “la agregación de la provincia fuese la expresión fiel de la voluntad libre y espontánea” fueron: el desarme de todas las fuerzas de la provincia y la aceptación de José Javier Bustamante como mediador ante la Junta. México invitó a Guatemala a participar en el plebiscito, pero el gobierno guatemalteco, que reclamaba Chiapas y el Soconusco como integrantes de su territorio, no aceptó la invitación.

Para culminar el proceso de consulta mediante el plebiscito, el 28 de agosto la Junta nombró una comisión compuesta por Martín Esponda, Joaquín Miguel Gutiérrez y Manuel Espinosa para que examinaran las actas y respuestas de los pueblos al plebiscito. Y otra, por Fernando Corona, Manuel Robles e Ignacio Ruiz, para que reconocieran los padrones. El 4 de septiembre se dio primera lectura al dictamen y, en las sesiones de los días 9 y 11, se acordó tomar de base los padrones de 1821 y que los faltantes se suplieran con el estado presentado por el ministro de hacienda. Por su lado, la Junta acordó el desarme de las tropas y declaró amnistía por la conducta política observada durante el plebiscito.

El 12 de septiembre finalizó el plebiscito con la elaboración del acta de resultados a favor de la reincorporación de Chiapas a México, lo que dio base al pronunciamiento solemne que hoy tiene lugar.

La unión se realiza conforme a lo resuelto por la comisión encargada de efectuar el plebiscito en los términos siguientes:

... teniendo la vista los padrones originales y demás comprobantes a que se contrae la comisión, se resolvió: que la Provincia de Chiapa, compuesta de doce Partidos indicados y en ellos de ciento cuatro pueblos, presenta por base de su población ciento setenta y dos mil novecientas cincuenta y tres almas, Consecutivamente ceñida la calificación y discusión a los indicados pronunciamientos particulares, se tuvieron por legítimamente manifestados en favor de su Federación a la República Mexicana a los pueblos siguientes: Ciudad Real, Chamula, Zinacantán, Partido de Llanos, con exclusión dé los pueblos de que se hará mérito en esta acta; el Partido de San Andrés, el de Huixtán, el de Simojovel, Yajalón y Petalcingo. En su Federación a la República de Guatemala los siguientes: pueblo de San Felipe, Zapaluta, Chicomuselo, el Partido de Tuxtla, el de Tonalá, el de Ixtacomitán, el del Palenque, el pueblo de Tila y el Partido de Soconusco. Y habiéndose recorrido las actas de los pueblos del Partido de Ocosingo, Sabanilla, Tumbalá, y Moyos, se calificó que no daban opinión ni a una ni a otra parte, y debían, por lo mismo, considerarse como indiferentes. En seguida se pasó a hacer la regulación, y resultaron por la federación de la República Mexicana noventa y seis mil ochocientas veinte y nueve almas, y por la de la República Guatemala sesenta mil cuatrocientas, con lo que quedó evidenciada la mayoría de lapoblación en favor de la primera de dichas repúblicas; y comparadas las dos sumas con más la que dan de sí los pueblos graduados por indiferentes con la base total de población indicada, se hallaron conformes. En cuya virtud la Suprema Junta provisional, conforme en todo a los sentimientos de su circular de 24 de marzo último, en que ofreció respetar los votos de los pueblos , ha venido en declarar por legítimamente pronunciada esta provincia de Chiapa, a fin de que este acto tenga toda la publicidad, carácter y solemnidad que demandan las leyes: para su debida firmeza quedó señalado el martes 14 del presente para el pronunciamiento solemne...

El 14 de septiembre de 1824, las chiapanecas y los chiapanecos formalizaron ante el Congreso mexicano su deseo de unirse a México como estado federal, por lo que cada 14 de septiembre Chiapas festeja esa decisión, libre y soberana, expresada a través del voto popular.

Finalmente, el 2 de octubre de 1824, durante la sesión del soberano Congreso de la Unión, con la presidencia de Lorenzo de Zavala, se aprueba la unión de Chiapas a la Federación Mexicana.

El periódico Águila Mexicana publicó que el martes 5 de octubre de 1824 una crónica donde se narra que la discusión del pleno se dio alrededor del artículo 5 de la Constitución vigente, que trata sobre los territorios que forman la nación, y se detalla que el congreso aprobó incluir a Chiapas.

Chiapas pertenece a la federación mexicana por voluntad propia, y su adhesión fue decidida a través de métodos democráticos a México.

Tercero. Según los datos del Censo y Población y Vivienda de 2020, del Instituto Nacional Estadística y Geografía (Inegi), la población total en Chiapas es de 5 millones 543 mil 828 habitantes. De ellos, 2 millones 837 mil 881 son mujeres (51.2 por ciento) y 2 millones 705 mil 947 son hombres (48.8 por ciento). Chiapas ocupa el octavo lugar nacional por número de habitantes, bajó 1 lugar respecto a 2010.

Por municipios, Tuxtla Gutiérrez es el más poblado, con 604 mil 147 habitantes, mientras que Sunuapa es el menos poblado, con 2 mil 308.

En 2000, el promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más era de 2.7, en 2010 fue de 2.5 y en 2020 es de 2.3 hijas e hijos nacidos vivos por mujer.

De acuerdo con los resultados del Censo de 2020, 61 de cada 100 personas de 12 años y más son económicamente activas. La tasa de participación económica es de 78.8 en hombres y 44.8 en mujeres.

De la población del estado (56 mil 532 personas), 1.0 por ciento se autorreconoce como afromexicano o afrodescendiente.

Entre 2010 y 2020, el porcentaje de población que declaró estar afiliada a los servicios de salud aumentó de 56.8 a 66.7.

La tasa de analfabetismo se redujo de 22.9 por ciento en 2000 a 17.8 en 2010 y a 13.7 en 2020. En sentido inverso, el grado promedio de escolaridad presenta una tendencia creciente: 5.3 años en 2000, 6.7 en 2010 y 7.8 en 2020.

En 2020 había 1 millón 351 mil 23 viviendas particulares habitadas. En 2000, la cifra era de 806 mil 131 viviendas y en 2010 de 1 millón 90 mil 914. El promedio de ocupantes por vivienda mantiene una tendencia decreciente, de 4.9 ocupantes en 2000, pasó a 4.4 en 2010 y a 4.1 en 2020.

Entre 2000 y 2020, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada pasó de 68.0 a 89.6. La disponibilidad de teléfonos celulares en las viviendas creció de 43.1 a 70.1 por ciento; internet, de 7.2 a 21.7; computadoras o laptops, de 12.6 a 15.8; y las líneas telefónicas fijas descendieron de 16.3 a 11.8 por ciento.

Las exportaciones de Chiapas alcanzaron un valor de 207 millones de dólares en 2023. Los productos con mayor nivel de ventas internacionales fueron bananas, incluidos los plátanos Plantains, frescos o secos (95.3 millones de dólares), café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción (70.2 millones de dólares) e higos, piñas, aguacates, guayaba, mangos, frescos o secos (27.5 millones de dólares).

Las compras internacionales de Chiapas en 2023 fueron de 315 millones de dólares, las cuales crecieron 48.7 por ciento respecto al año anterior.

En el primer trimestre de 2024, la población económicamente activa de Chiapas fue de 2.26 millones de personas. La fuerza laboral ocupada alcanzó 2.22 millones de personas (31.9 por ciento mujeres y 68.1 hombres), con un salario promedio mensual de 5 mil 14 pesos. Las ocupaciones que concentran mayor número de trabajadores fueron trabajadores en el cultivo de maíz o frijol (353 mil), trabajadores de apoyo en actividades agrícolas (246 mil ) y empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios (111 mil). Se registraron 38.3 mil desempleados (tasa de desempleo de 1.7 por ciento).

Chiapas contribuye con 6.2 por ciento de la producción bruta de energía eléctrica en México. Además, produce más de 40 por ciento de la energía hidroeléctrica del país.

Respecto a las aportaciones que Chiapas hace al país, podemos decir que es el primer productor mexicano de café y plátano; el segundo de papaya, mango y cacao, así como el tercero de tabaco. Asimismo, ocupa el tercer lugar en producción nacional de carne de bovino, y el cuarto en miel.

Otros productos, que incluso tiene denominación de origen, son el mango Ataúlfo, el café Chiapas, o el ámbar.

En cuanto al sector pesquero, este ha posicionado al estado chiapaneco en el segundo puesto en lo que se refiere a la captura de mojarra y atún. De estos productos, el primero es el más importante para la región.

Chiapas es además un paraíso culinario cuyo platillo distintivo son los tamales de los que existen alrededor de 35 variedades, siendo el principal y más representativo el tamal de chipilín. Algunas otras comidas típicas son: ninguijuti, chipola, chanfaina, butifarras, cochito al horno, caldo de shuti y de conejo en Sihuamonte, frijoles negros con carne salada de res y palmito. Son también símbolo de la gastronomía chiapaneca las bebidas: tascalate, chicha, comiteco, pozol, agua de chía, atole de granillo, Posh (aguardiente de maíz y trigo).

A nivel cultural, podemos reconocer a la marimba como una contribución Chiapaneca, así como a grandes escritores y poetas dentro de los cuales podemos mencionar entre otros a: Rodulfo Figueroa Esquinca, Santiago Serrano Ruiz, Alejandra Meyer, actriz tuxtleca con gran legado en la TV mexicana; Armando Duvalier; la poesía de José Emilio Grajales; a José Falconi Castellanos; a la escritora, ensayista y poeta Rosario Castellanos Figueroa; a la escritora Elba Macías, a Jaime Sabines Gutiérrez; a Enoch Cancino Casahonda, poeta tuxtleco; A Juan Bañuelos; a Daniel Robles Sasso; a Eraclio Zepeda, y a Óscar Oliva, entre otros.

Cuarto. Actualmente, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, se encuentran inscritas 76 frases y nombres, como se muestra en la siguiente imagen:

Sin embargo, en los muros de esta soberanía no existe ninguna referencia a la federalización de Chiapas a México, tal y como ocurrió el 14 de septiembre de hace 200 años, a pesar de las grandes aportaciones culturales y económicas de Chiapas a México.

Quinto. El martes 23 de abril de 2024 se sometió a discusión y votación ante el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados, y se reforma el artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, el cual fue aprobado con 380 votos en pro, 0 votos en contra, 0 abstenciones y 102 ausencias, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2024.

El dictamen precisa que las inscripciones de nombres tendrán como objetivo rendir homenaje a un personaje, valorando su trascendencia, que sus aportaciones tengan impacto en la vida pública, el desarrollo nacional y en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.

En cuanto a las inscripciones de leyendas o apotegmas, su finalidad será reconocer a alguna institución o suceso históricos de trascendencia para el país, así como dar visibilidad y permanencia a los valores y principios que deben guiar la acción legislativa.

Asimismo, señala que la Comisión resolverá sobre las propuestas presentadas de inscripción de nombres de ciudadanos mexicanos o mexicanas, valorando los méritos, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad, considerando las virtudes, grado de eminencias, trascendencia histórica y perdurabilidad de su legado, en beneficio de los mexicanos y mexicanas, sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

Además, resolverá sobre las propuestas de inscripción de instituciones, leyendas o apotegmas presentadas, valorando, en el caso de las instituciones, la eminencia, la trascendencia histórica, su doctrina y legado de servicio a la nación.

Para determinar la viabilidad de los hitos históricos, será estudiada la magnitud de su influencia en la vida nacional, la herencia a través del tiempo y la enseñanza que nos ha dejado el suceso, así como su valor histórico de una tragedia o pérdida, cuya huella recuerde la importancia de los valores nacionales y de la ciudadanía.

Menciona que la comisión, a través de un dictamen, podrá atender todas las iniciativas pendientes de resolución, en materia de inscripciones de honor, que no alcancen el consenso de sus integrantes para ser aprobadas, o bien las propuestas recurrentes de cada legislatura y solicitar opinión a instancias específicas, cuyo punto de vista se considere relevante.

Relata que cuando se proponga la inscripción del nombre o nombres de ciudadanas mexicanas o ciudadanos mexicanos deberá haber transcurrido, cuando menos, un periodo no menor a 50 años, desde su fallecimiento. En caso de leyendas o apotegmas deberá haber transcurrido, cuando menos, un periodo no menor de 50 años, desde el hecho transcurrido.

La inscripción se hará en el espacio físico adecuado para ello, de la plaza central del recinto legislativo, Eduardo Neri Reynoso, edificios, o bien en los salones o auditorios y espacios, que habitualmente se utilizan para las reuniones de las comisiones ordinarias.

El decreto, entre otros puntos, señala:

Artículo 2.

1. ...

2. Las inscripciones de leyendas o apotegmas tendrán como objetivo rendir homenaje a alguna institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país. Así como dar visibilidad y permanencia a los valores y principios que deben guiar la acción legislativa.

Artículo 3.

1. ...

Artículo 5.

1. ...

2. La comisión resolverá sobre las propuestas de inscripción de instituciones, leyendas o apotegmas presentadas, valorando, en el caso de las instituciones, la eminencia, la trascendencia histórica, su doctrina y legado de servicio a la nación. En el caso de los apotegmas, deberán considerarse en la valoración los criterios de validez universal para todos los ciudadanos, así como su aplicación en todos los ámbitos de la vida nacional, su rango de preeminencia en la preservación y superación de la Patria, la humanidad y la ciudadanía. Y para determinar la viabilidad de los hitos históricos, será estudiada la magnitud de su influencia en la vida nacional, la herencia a través del tiempo y la enseñanza que nos ha dejado el suceso; así como el valor histórico de una tragedia o pérdida, cuya huella recuerde la importancia de los valores nacionales y de la ciudadanía.

Sexto. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chipas establece en el artículo 1 la pertenencia del estado a los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1. El estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, desde el 14 de septiembre de 1824 , por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa.

Chiapas es un estado democrático de derecho de composición pluricultural que reconoce los sistemas normativos internos de sus pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está comprometido con la protección de su biodiversidad.

El artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las partes integrantes de la Federación son

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

Séptimo. Considerando que el 14 de septiembre de 2024 se cumplen 200 años de la federalización de Chiapas a México y que, a la fecha, a nivel nacional no hay pronunciamientos que recuerden este suceso trascendental para el país, es que hago esta propuesta de iniciativa de Ley para que inscriba en los muros del recinto Legislativo de San Lázaro la frase “ 14 de septiembre de 1824, día de la Federalización de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa” y, con ello, reconocer el hito histórico de la federalización de Chiapas a México.

Ahora que se cumplen dos centurias de que Chiapas forma parte de México y que en buena medida su identidad se debe precisamente la incorporación de Chiapas, es dable honrar de manera oficial este evento, de relevancia nacional e incluso internacional, en la construcción del país que tenemos.

Así que, en su segundo centenario, en vista de la magnitud de la influencia de Chiapas en la vida nacional, en lo económico, histórico y cultural; la herencia a través del tiempo, que representa la adhesión de Chiapas a México; la enseñanza que nos ha dejado el suceso, y cuya huella recuerda la importancia de los valores nacionales y de la ciudadanía, es completamente viable enaltecer lo sucedido mediante la acción legislativa que se sugiere.

Por las consideraciones arriba vertidas someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la frase “14 de septiembre de 1824, día de la Federalización de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa”

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda “ 14 de septiembre de 1824, día de la federalización de Chiapas a los Estados Unidos Mexicanos, por voluntad del pueblo chiapaneco, expresada por votación libre y directa”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Acta publicada en Águila Mexicana, 29 de mayo de 1824, página1.

2 Boletín del Archivo General de la Nación. Independencia y Pacto Federal en Chiapas,

https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/article/download/ 1153/1149/

3 Memoria Política de México. Se une Chiapas a México,

https://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/9/14091824.ht ml

4 Ibídem.

5 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Memórica. México, haz memoria,

https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=5DTJJnQBSV tlObmhJwqw

6 Inegi: comunicado de prensa número 37/21, 26 de enero de 2021, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, página 1/3,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/ResultCenso2020_Chis.pdf

7 Gobierno de México. Data México,

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/chiapas-cs ?redirect=true

8 Obra citada.

9 Obra citada.

10 Chiapas produce más de 40 por ciento de energía hidroeléctrica,

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-produce-mas-del-40-de -energia-hidroelectrica/116393#:~: text=Chiapas%20produce%20m%C3%A1s%20del%2040%25%20de%20energ%C3%ADa%20hidroel%C 3%A9ctrica

11 Chiapas, un cofre de tesoros exóticos y maravillosos,

https://www.gob.mx/agricultura/articulos/chiapas-un-cofre-de-tes oros-exoticos-y-maravillosos#:~: text=Gracias%20al%20trabajo%20de%20sus,y%20el%20cuarto%20en%20miel

12 29 de agosto de 2024. Letras de Oro en los Muros de Honor de la Cámara de Diputados,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/index.htm

13 Gaceta Parlamentaria número 6510-IV, martes 23 de abril de 2024,

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/abr/20240423-IV.pdf# page=2

14 Gaceta Parlamentaria,

https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/65/tabla3or2-1 28.php3

15 DOF, 2 de mayo de 2024. Decreto por el que se expide el Reglamento para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados y se reforma el artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5725310&fecha =02/05/2024#gsc.tab=0

16 Congreso de Chiapas. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas,

https://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/ LEY_0002.pdf?v=NDk=

17 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Azucena Arreola Trinidad, Carlos Morelos Rodríguez, Catalina Díaz Vilchis, Deliamaría González Flandez, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, Joaquín Zebadúa Alva, Karina Isabel Martínez Montaño, Karina Margarita del Río Zenteno, Roberto Armando Albores Gleasson, Rosa Irene Urbina Castañeda, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley General de Salud en materia de atención médica domiciliaria, al tenor de la siguiente

En nuestro país, en el año 2011, el Estado mexicano, a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos generó un marco de reconocimiento y protección de los mismos; sobre esta base se justifica la gestión institucional pública en favor de la persona y sus derechos; como parte de este conjunto de derechos humanos, se encuentra el derecho a la salud, el cual es elemento fundamental para acceder a un nivel de vida digno y adecuado.

El derecho a la protección de la salud,se considera como un derecho humano y fundamental, derivado de la importancia que representa asegurar el correcto desarrollo individual y social de las personas, por tanto, su acceso debe ser sin discriminación de ningún tipo. Nuestra Constitución señala que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de los ámbitos de gobierno.

A su vez, diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte reconocen como derecho humano la protección y el acceso a la salud, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, en el que establece como derecho humano el acceso a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo XI, establece como derecho de toda persona a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

En el mismo tenor, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, además, el Estado a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, debe establecer las condiciones que aseguren a las personas la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Así como la Observación general número 14, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, que reconoce que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Señala que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente; la efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud o la adopción de instrumentos jurídicos concretos.

En nuestro país, la Ley General de Salud, LGS, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, señala que las finalidades de este derecho son entre otros, el bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida y el disfrute de servicios de salud.

El artículo 1o. Bis de la LGS define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, definición que coincide con la definición establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS.

Pero para poder ejercer este derecho y que el estado pueda asumir sus responsabilidades en materia de salud, en muchos casos nuestro Sistema Nacional de Salud necesita de herramientas para llegar a más mexicanas y mexicanos de manera pronta, segura y eficaz. Por lo que la atención médica domiciliaria se debe convertir en una herramienta que permita al Estado mexicano cumplir con sus responsabilidades en materia de protección de la salud.

En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que la atención domiciliaria es aquella modalidad de asistencia programada que lleva al domicilio del paciente, los cuidados y atenciones biopsicosociales y espirituales.

En general, en materia de salud, se considera como atención domiciliaria al conjunto de actividades que surgen del contexto de un planificación previa, desarrollada por profesionales, que tienen como objetivo proporcionar atención a la salud mediante actividades que incluyen contenidos de promoción, protección, curación y rehabilitación para la persona, dentro de un marco de plena corresponsabilidad entre el usuario y/o familia con los profesionales de la salud, las cual se realiza en el domicilio de aquellas personas, que debido a su estado de salud, edad o a otros criterios no pueden desplazarse a una unidad de atención a la salud.

No debemos olvidar que el domicilio es el hábitat natural de las personas, en él se ubica el núcleo familiar, es el sitio de referencia del paciente y llega a constituir la parte más importante del entorno personal. El domicilio se constituye en el espacio de seguridad, calidez, intimidad, de acompañamiento, de comprensión permanente e incondicional; espacio que cobra la mayor importancia en el caso de pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales, cuya carga emocional y espiritual se intensifica en los últimos momentos de su vida.

Así, la atención a domicilio se constituye en una opción viable para el usuario dependiente que necesita recibir atención médica continua, integral y multidisciplinaria, agrupada en un conjunto de servicios que se prestan por el personal de salud.

La atención a domicilio tiene como particularidad principal que la consulta se realiza en el domicilio del paciente, fuera del entorno sanitario, por lo que el material complementario para realizar el diagnóstico es limitado. La atención a domicilio se constituye en un servicio planificado y concertado con el usuario que puede surgir a propuesta del personal de salud o por requerimiento del paciente y/o algún miembro de su familia (atención a domicilio solicitada).

Se caracteriza por tener una serie de particularidades y problemas sobre todo de tipo logístico, que hacen necesaria una buena planeación y organización por parte del prestador de servicios. El reto de la atención a domicilio consiste en que sea capaz de proporcionar al paciente una atención médica de calidad y con calidez.

En este proceso, el domicilio puede convertirse en el entorno habitual e ideal para la atención médica y el cuidado de pacientes, siempre y cuando los problemas de salud no precisen de cuidados complejos y que exista un soporte familiar adecuado para la realización de dichos cuidados. En ciertos casos, el visitar al paciente en su domicilio puede darle al médico una perspectiva diferente de la capacidad de la persona y la familia para enfrentar su problemática.

La atención a domicilio es un recurso que permite proveer atención médica a quienes, por su situación de incapacidad física no pueden desplazarse a un centro de atención médica, en el entendido de que el nivel de complejidad de los problemas de salud a resolver no requiere la hospitalización del paciente.

Hasta ahora, en México, las instituciones públicas de salud tienen escasos ejemplos de esquemas de atención domiciliaria, destaca el programa de Atención en el Enfermo Crónico, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue iniciado en la década de los años noventa, y que actualmente opera en todo el país. Asimismo, en el entonces Distrito Federal a partir de 2005 da inicio un programa de asistencia médica domiciliaria, dirigido a población vulnerable y adultos mayores, el cual solo abarca el ámbito local.

En nuestro país, el proceso de envejecimientos de la población y la transición epidemiológica, han puesto de manifiesto un creciente interés por optimizar los servicios y modelos de atención médica para las personas adultas mayores con enfermedades crónicas y personas con discapacidad en su domicilio; para los cuales los servicios de atención médica y/o cuidados a domicilio son una alternativa.

En este contexto, la regulación vigente en el ámbito federal en materia de atención médica domiciliaria que se encuentra de manera explícita en la Ley General de Salud (LGS) solo se refiere a la atención de cuidados paliativos en los artículos 166 Bis 3 y 166 Bis 13, como se señala a continuación:

“ Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos:

...

IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular;

Artículo 166 Bis 13. Las Instituciones del Sistema Nacional de Salud:

I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal;

II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular;

III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus familiares o persona de su confianza;

...”

De estas disposiciones de la LGS se derivan las disposiciones específicas en el “Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, el cual señala de mañera explicita en sus artículos 138 Bis 15 y 138 Bis 16 lo siguiente:

“ Artículo 138 Bis 15.- El plan de cuidados paliativos deberá considerar aquellas acciones que se deban llevar a cabo en el domicilio del enfermo en situación terminal, por parte de los familiares, cuidadores o personal voluntario, tomando en cuenta los siguientes criterios:

I.- Deberán ser indicados por el médico tratante, de acuerdo con las características específicas y condición del usuario. Este hecho deberá ser registrado en el expediente clínico del enfermo en situación terminal;

II.- Se deberá involucrar al equipo multidisciplinario de la institución o establecimiento de atención médica que proporciona los cuidados paliativos;

III.- El equipo multidisciplinario brindará la capacitación que corresponda en los distintos ámbitos de competencia profesional, a los familiares, cuidadores o personal voluntario, que tendrá a su cargo la atención y cuidados básicos domiciliarios del enfermo en situación terminal;

IV.- El equipo multidisciplinario supervisará el cumplimiento de las acciones y cuidados básicos domiciliarios indicados por el médico tratante, dentro del plan de cuidados paliativos. Los hallazgos deberán ser reportados al médico tratante y registrados en el expediente clínico del enfermo en situación terminal, y

V.- Los demás que determinen las disposiciones aplicables.

Artículo 138 Bis 16.- Para el caso de que los cuidados paliativos se lleven a cabo en el domicilio del enfermo en situación terminal y se requiera asistencia telefónica, la Secretaría deberá:

I.- Ser expedita, atenta, respetuosa y suficiente para satisfacer las necesidades de información de la persona que llama;

II.- Documentar y anexar el reporte de la llamada al expediente clínico del enfermo en situación terminal, y

III.- Satisfacer los demás requisitos que al efecto se establezcan.

...”

Las dos principales instituciones de seguridad social en nuestro país, IMSS e ISSSTE consideran a la atención médica domiciliaria en los reglamentos respectivos, referidos a servicios y atención médica.

En el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se señala de forma explícita lo siguiente:

“ Artículo 9.- El Instituto proporcionará a los derechohabientes, previa acreditación de la vigencia de derechos, servicios de salud en:

IV. El domicilio, tratándose de pacientes incluidos en los programas de extensión de la atención hospitalaria a domicilio.

Artículo 67.- Para efectos de este Reglamento se entiende por:

VII. Extensión hospitalaria al domicilio.- El conjunto de servicios hospitalarios que se le proporcionan al paciente en su domicilio, con el propósito de proteger, promover y restaurar su salud;

VIII. Atención medica domiciliaria al adulto mayor.- El conjunto de servicios de atención médica y extensión hospitalaria preferencial que se le proporcionan al adulto mayor en su domicilio, con el propósito de proteger, promover y restaurar su salud, y

Artículo 70.- Se evitará el internamiento de pacientes que puedan ser atendidos en forma ambulatoria, mediante la consulta externa general o especializada o bien, cuando puedan ser candidatos a incorporarse al servicio de extensión hospitalaria a domicilio.

Artículo 81.- Las delegaciones y unidades médicas desconcentradas establecerán acciones de extensión de la atención hospitalaria a domicilio con base en los lineamientos que expida la Subdirección General, con el objeto de proporcionar dentro del domicilio del paciente la atención prescrita por el médico tratante, a través de un equipo multidisciplinario de salud.

Artículo 82.- La extensión de la atención hospitalaria a domicilio, comprende:

I. La atención médica para el manejo y control del padecimiento;

II. La atención del personal de enfermería para el manejo, curación y aplicación de medicamentos;

III. La toma de muestras para exámenes de laboratorio;

IV. El suministro de medicamentos e insumos para la salud, y

V. Todas aquellas acciones necesarias para la atención médica al paciente que sean autorizadas por la unidad médica.

El médico tratante estará facultado, de acuerdo al diagnóstico y evolución del paciente, para darlo de alta o, en su caso, para solicitar su hospitalización.

Artículo 83.- La atención médica domiciliaria al adulto mayor se proporcionará de conformidad con lo establecido en el artículo anterior.”

Por su parte, en el “ Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social”, se señala de manera explícita lo siguiente:

“Sección Sexta

De la atención domiciliaria

Artículo 74. El servicio de atención médica domiciliaria se podrá proporcionar a los derechohabientes por los médicos adscritos a la unidad de medicina familiar correspondiente, sólo cuando se encuentren imposibilitados física o psíquicamente para acudir a los servicios de consulta externa.

Artículo 75. La atención médica domiciliaria deberá solicitarse en la unidad médica de adscripción o por vía telefónica, proporcionando todos los datos necesarios para facilitar al Instituto la comprobación de los derechos de la persona que solicita la atención.

Artículo 76. La persona que solicite el servicio de atención médica domiciliaria deberá proporcionar toda la información que permita la localización del domicilio del paciente, inclusive algunas referencias que faciliten dicha localización y la propia visita del médico. Si fuera necesario, a juicio del Instituto, algún familiar o persona conocida deberá acompañar al médico de la unidad de adscripción al domicilio del paciente.

Artículo 77. Al realizar la visita domiciliaria el médico se identificará previamente y solicitará los documentos que acrediten la identidad del paciente como asegurado o beneficiario.

Artículo 78. Si el enfermo no se encontrara en el domicilio señalado al presentarse el médico, éste dejará constancia de tal hecho en el expediente respectivo y podrá concederse otra visita domiciliaria siempre que justifique el enfermo o su familiar el motivo de la ausencia, ante el personal autorizado de la unidad de medicina familiar correspondiente.

Artículo 79. El goce de los servicios de atención médica domiciliaria implica la obligación de parte del enfermo y de sus familiares, de permitir el acceso domiciliario para la práctica de las visitas que sean necesarias por parte del personal médico o paramédico.

Artículo 80. Cuando a juicio del médico tratante que realiza la visita médica domiciliaria, considere necesario hospitalizar al paciente, lo comunicará a los familiares y al propio paciente y elaborará la documentación administrativa correspondiente para tal efecto.

Artículo 81. Las solicitudes y visitas médicas domiciliarias se ajustarán a los días y horarios establecidos por el Instituto, para las unidades de medicina familiar.”

En el ámbito local, la atención médica domiciliaria se encuentra regulada en algunos casos, por ejemplo: la Ciudad de México y de los estados de Aguascalientes e Hidalgo.

En la Ley de Salud de la Ciudad de México, señala, de forma explícita en relación con la atención médica domiciliaria, lo siguiente:

“ Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

VII. Atención Médica Ambulatoria: conjunto de servicios que se proporcionan en establecimientos fijos o móviles y en domicilio, con el fin de proteger, promover o restaurar la salud de personas usuarias que no requieren ser hospitalizadas;

XXXVIII. Salud en tu Vida: modelo de atención integral a la salud de la Secretaría, enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios médicos y medicamentos a través de la atención primaria de salud, la integralidad de la atención, la coordinación intersectorial y la estrategia de Redes Integradas de Servicios de Salud.

Los cuales incluirán servicios de salud a domicilio a mujeres embarazadas, personas mayores, enfermos postrados o terminales y personas con discapacidad;”

En la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, se señala lo siguiente:

“Artículo 5o.- Para los efectos de esta ley se entiende por:

VII.- El Médico en Tu Casa: El Programa mediante el cual se proporcionan servicios de salud en el domicilio de mujeres embarazadas sin control prenatal, adultos mayores, enfermos postrados o terminales, personas en situación de abandono, así como a personas con discapacidad imposibilitados para acudir a una unidad de salud.”

En la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo se señala lo siguiente:

“ Artículo 5 Bis.- En lo que se refiere el apartado A, fracción I Bis del Artículo 5 de esta Ley, las mujeres embarazadas sin control prenatal o de alto riesgo obstétrico, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, así como las personas en situación de abandono y/o imposibilitadas para acudir a la unidad de salud, podrán preferentemente recibir los servicios de salud en domicilio particular o a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad con lo establecido en el programa correspondiente y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con que al efecto se cuente.”

La atención médica domiciliaria puede ser una opción viable para garantizar el acceso a los servicios de salud de enfermos crónicos que no requieren hospitalización o para grupos de población que enfrentan barreras en su movilidad como pueden ser las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

La atención médica domiciliaria con una regulación adecuada se puede convertir en una herramienta para lograr un mayor acceso a los servicios de salud de calidad, como un modelo de intervención costo efectivo.

Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer que los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán ofrecer servicios de atención médica domiciliaria para todos los pacientes; en particular a quienes por sus condiciones de enfermedad, edad, discapacidad o vulnerabilidad se encuentren imposibilitados para acudir personalmente a las instalaciones de atención médica.

Así mismo, plantea que sea Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) quien en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, dispongan los programas y acciones a través de los cuales se proporcionará atención médica domiciliaria para las personas sin seguridad social.

Además, que sea la Secretaría de Salud federal en coordinación con el Consejo de Salubridad General quienes establezca la regulación específica para la prestación de los servicios de atención domiciliaria, entre ellos, los requisitos para los proveedores y los mecanismos de supervisión y evaluación, el consentimiento informado y la protección de datos y privacidad de los pacientes entre otras; de manera que se garantice la calidad y seguridad de los servicios.

Las disposiciones propuestas en la iniciativa buscan contribuir a reducir la saturación de los servicios de atención médica hospitalaria, pues la regulación adecuada de la atención domiciliaria evitará que adultos mayores, personas con discapacidad o personas que enfrenta alguna enfermedad crónica con dificultades de movilidad, tengan que pasar largas horas de espera en los centros de atención médica para recibir una consulta, con el consecuente deterioro de la calidad en la atención y el aumento en el riesgo de agravamiento y mortalidad.

Lo que permitirá también, liberar el uso de recursos como infraestructura y personal de salud en los centros hospitalarios, para mejorar la atención de las personas que necesariamente requieran una atención hospitalaria.

La atención médica domiciliaria será una herramienta para contribuir a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud en favor de la población; en particular, de aquella en condiciones de vulnerabilidad y con problemas de movilidad, lo que permitirá garantizarle su derecho a la protección de la salud.

Por anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que adiciona un artículo 32 Bis a la Ley General de Salud, en materia de atención médica domiciliaria

Único. Se adiciona un artículo 32 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán ofrecer servicios de atención médica domiciliaria a todos los pacientes; en particular a quienes por sus condiciones de enfermedad, edad, discapacidad o vulnerabilidad se encuentren imposibilitados para acudir personalmente a las instalaciones de atención médica.

El organismo Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, dispondrán de los programas y acciones a través de los cuales se proporcionará atención médica domiciliaria para las personas sin seguridad social.

La Secretaría en coordinación con el Consejo de Salubridad General establecerán la regulación específica para la prestación de los servicios de atención médica domiciliaria, entre ellos, el tipo de servicios prestarán en el domicilio, los requisitos para los proveedores y los mecanismos de supervisión y evaluación; el consentimiento informado, la protección de datos y la privacidad de los pacientes entre otras; de manera que se garantice la calidad y seguridad de los servicios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría y el Consejo de Salubridad General deberán emitir dentro los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto la regulación o normatividad específica en materia de atención médica domiciliaria.

Tercero. Las dependencias públicas competentes se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, para el cumplimiento del presente decreto.

Cuarto. La Secretaría de Salud realizará los acuerdos y convenios necesarios para impulsarla formación, capacitación y certificación del personal de salud para brindar una atención médica domiciliaria de calidad.

Notas

1 Ver párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud...”.

2 Para más información ver:

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

3 Para más información ver:

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

4 Para más información ver:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

5 Para más información ver:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1451.pdf

6 Flores A. Cuidado y subjetividad: Una mirada a la atención domiciliaria. División de Asuntos de Genero de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Chile: ONU; 2012. Series Mujer y desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba, Joaquín Zebadúa Alva (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social, con base en la siguiente

El Estado deben garantizar que las personas tengan derecho a un ingreso digno y una adecuada protección para la salud, pero sobre todo en los casos particulares de desempleo, enfermedad, vejez, invalidez y maternidad. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 123, Apartado A, fracción XXIX, la creación de un marco normativo que garantice el derecho humano a la seguridad social:

Artículo 123. ...

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

El derecho a la seguridad social, reconocido como derecho humano está contemplado en diversos tratados internacionales, como lo es el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” establece en el artículo 9, numeral 1: “ Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”; en el artículo 28 del Convenio 102 sobre Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 22 de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El derecho humano a la salud se establece en el párrafo cuarto del artículo 4 constitucional, el cual garantiza su protección, así como la necesidad de implementar un sistema de salud para el bienestar, que tenga como finalidad “garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.

El derecho a la seguridad social incluye entre otros derechos, la protección de la salud y la asistencia médica tal cual como lo establece el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, el cual a letra cito:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

El derecho a la salud también está contemplado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. En relación con el referido derecho, la ley en comento determina en el artículo 4o., fracción V, el principio de atención preferente, que obliga “a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores”. En el artículo 5o., fracción III, garantiza la protección de la salud, la alimentación y la familia así como a “ tener acceso preferente a los servicios de salud”.

El artículo 18 de la ley anteriormente mencionada garantiza a las personas adultas mayores que las instituciones públicas del sector salud les corresponderá lo siguiente:

I. El derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley General de Salud;

II. Especial atención que deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas y neoplasias entre las personas adultas mayores, así como de atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales. Asimismo, los programas de salud dirigidos a atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida incorporarán medidas de prevención y promoción de la salud a fin de contribuir a prevenir discapacidades y favorecer un envejecimiento saludable, en igualdad de condiciones para el ejercicio del derecho a la protección de la salud de las mujeres y los hombres;

III. El acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, con el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son la Geriatría y la Gerontología;

IV. ...

V. Mecanismos de coordinación interinstitucional para proporcionar medicamentos, previo estudio socioeconómico para su distribución sin costo alguno;

VI. ...

VII. El apoyo a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud física o mental de la población senecta.

VIII. ...

Por tanto, los derechos a la seguridad social y a la salud, representan derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado, máxime cuando los sujetos de dichas garantías son los adultos mayores, quienes de conformidad con nuestro marco jurídico se les debe dar preferencia.

La Ley del Seguro Social establece diversos seguros para los trabajadores que están sujetos a una relación laboral, como son, los siguientes: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

En el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez se considera el derecho de las personas a obtener una pensión, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la ley; esta pensión, incluye el servicio médico mediante el cual está incluido el seguro de enfermedades y maternidad; es decir, al obtener la pensión ya sea por cesantía en edad avanzada o por vejez, se tiene derecho a gozar de los servicios médicos, como son la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria del seguros de enfermedades y maternidad.

Actualmente, para obtener una pensión se requieren mínimo 60 años y al menos tener 825 semanas cotizadas de conformidad con el artículo 170 de la Ley del Seguros Social y el artículo cuarto transitorio de la reforma de tal artículo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, la cual entró en vigor en el ejercicio de 2021.

De acuerdo con lo anterior, si bien la reforma señalada, redujo el número de semanas cotizadas para obtener a una pensión a un mínimo de setecientos cincuenta en el año 2021; a partir de la reforma, estas semanas van incrementado en veinticinco cada año, hasta llegar a un mínimo de mil semanas cotizadas para el ejercicio de 2031; sin embargo, no todas las personas pueden cumplir con el requisito del mínimo de semanas cotizadas para acceder a una pensión y con ellas obtener el servicio médico.

Si nos remitimos a la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, se requerían sólo 500 semanas cotizadas para obtener una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez y, con ella, el acceso a los servicios médicos como son la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria del seguro de enfermedades y maternidad de acuerdo con los artículos 137, 138, 144 y 145 de la ley mencionada.

Si comparamos los beneficios de la Ley del Seguro Social de 1973, con sólo quinientas semanas se tenía acceso a una pensión y no con mil semanas como ocurre en la actualidad. La ley vigente, incorpora un beneficio que no contemplaba la anterior, que consiste en acceder a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad con un mínimo de setecientas cincuenta semanas cotizadas; es decir, si bien alguna veces no se puede obtener a una pensión de cesantía o vejez por no cumplir con las semanas mínimas de cotización; sí se contempla el acceso a los a los servicios médicos como son: la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, cuando se cuente por lo menos, con setecientas cincuenta semanas cotizadas, de conformidad con lo que señala el artículo 154, cuarto párrafo, que regula el seguro cesantía en edad avanzada y segundo párrafo del artículo 162, que regula el seguro de vejez.

Para muchas personas no es una tarea fácil poder acumular semanas de cotización, porque no siempre se cuenta con un empleo formal donde se cotice al Seguro Social; ya que la tasa de informalidad en nuestro país es alta.

Por tanto, muchas personas no pueden alcanzar las setecientas cincuenta semanas mínimas para acceder a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad; en consecuencia, se propone que se reduzcan las semanas de cotización a quinientas, ya que si bien, estas semanas no les permite alcanzar una pensión; por lo menos, les permite tener garantizado el derecho a la salud a través de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, y con ello, la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, máxime cuando se trata de personas adultos mayores que no lograron cumplir las semanas mínimas cotizadas que exige la ley para acceder a una pensión.

Con esta reforma

a) Se garantiza el derecho a la salud de los adultos mayores, al poder acceder más fácilmente a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.

b) Se garantiza el derecho de preferencia de los adultos mayores a los servicios de salud de acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

c) Se cumple la progresividad de los derechos humanos, porque al reducir las semanas cotizadas, una cantidad mayor de personas podrán acceder a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Por lo anterior, el objeto de la presente iniciativa es reformar los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social con la intención de garantizar el derecho humano a la salud y derecho de preferencia de las personas adultas mayores que, habiendo pertenecido al régimen obligatorio del seguro social, con un mínimo de quinientas semanas cotizadas, se les permitan acceder a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad.

Para que mi propuesta sea más entendible, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social

Único. Se reforman los artículos 154, párrafo cuarto; y 162, párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 154. ...

...

...

En este caso, si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de quinientas semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este título.

Artículo 162. ...

En caso que el asegurado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna las semanas de cotización señaladas en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión. Si el asegurado tiene cotizadas un mínimo de quinientas semanas tendrá derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, en los términos del capítulo IV de este título.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultado el 28 de junio de 2024.

2 Recuperado de

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html Consultado el 28 de junio de 2024.

3 Recuperado de

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts Consultado el 28 de junio de 2024.

4 Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultado el 28 de junio de 2024.

5 Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf Consultado el 28 de junio de 2024.

6 Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDPAM.pdf Consultado el 28 de junio de 2024.

7 Ibídem.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes del Impuesto Sobre la Renta, y de la Ley del Seguro Social, en materia de estímulos fiscales a patrones que contraten a personas con capacidades diferentes, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, y a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a nombre de sus integrantes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los artículos 25, 106, 107 y 147 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente:

De acuerdo a datos de la organización Inclúyeme, en América Latina hay 85 millones de personas con discapacidad. La mayoría de estas personas (80 por ciento) no nació con una condición de discapacidad, sino que la adquirieron entre los 18 y los 64 años de vida. Lo anterior da cuenta de que todos estamos expuestos a sufrir alguna discapacidad a lo largo de nuestra existencia, ya sea temporal o permanentemente.

En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de población en el país (126 millones 14 mil 24 personas), 5.7 por ciento (7 millones 168 mil 178 personas) tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Las personas con discapacidad son uno de los sectores sociales que más barreras y dificultades enfrentan para acceder a derechos básicos como la educación y el empleo en América Latina. Una muestra de lo anterior es que 3 de cada 4 personas con discapacidad en la región se encuentran desempleadas.

En cuanto respecta a nuestro país, de acuerdo a los datos del Inegi, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más representó en 2020 el 38 por ciento (2.4 millones de personas). Esta cifra fue apenas poco más de la mitad de la tasa de participación observada en las personas sin discapacidad 67 por ciento (59 millones de personas).

De acuerdo a los resultados sobre la situación de pobreza multidimensional para las personas con discapacidad, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2020, 49.5 por ciento de las personas con discapacidad se encontraban en situación de pobreza, cifra que contrasta con el 43.5 por ciento en el caso de las personas sin discapacidad.

El derecho al trabajo es fundamental porque éste es el medio a través del cual las personas pueden cubrir sus necesidades básicas, por ello, el derecho al trabajo constituye un elemento indispensable para asegurar el cumplimiento de otros derechos humanos.

En este sentido, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas en edad de trabajar, incluidas aquellas que tienen alguna discapacidad, tengan un empleo, no sólo para acceder a una vida digna en el plano económico, sino como un medio para alcanzar la superación, la realización y el desarrollo personales.

Es necesario entender que la diversidad es un valor y que la discapacidad es una forma más de la diversidad humana. Por lo anterior se debe impulsar la construcción de sociedades con entornos que tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad con el propósito de garantizar que éstas puedan vivir una vida plena y enfrenten menos dificultades para acceder a la salud, a la educación, al empleo y a la protección social, rompiendo así con la correlación que hoy, lamentablemente, existe entre discapacidad, exclusión y pobreza.

Bajo esta lógica, los gobiernos de distintos países han intentado impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, enfocándose en los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de la creación e instrumentación de diversas leyes, políticas públicas y programas.

Nuestra Carta Magna en su artículo 1o. establece que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y que está prohibida la discriminación motivada por las discapacidades, en este sentido, las personas con discapacidad no deberían tener dificultades para acceder al derecho consagrado en el artículo 123 constitucional, es decir, el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

México cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, expedida en 2011, la cual desde su creación contempla un capítulo relativo al Trabajo y al Empleo en donde se establece lo siguiente:

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad;

III. Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado;

IV. Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado, en materia laboral de discapacidad, que así lo soliciten;

V. Revisar las Normas Oficiales Mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

VI. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado;

VII. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad, y

VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Por otra parte, también en el ámbito federal, se han instaurado diversos beneficios para estimular a las empresas a contratar personas con discapacidad como los que se enlistan a continuación:

• En 2003, a fin de fomentar el empleo de las personas con discapacidad, el Ejecutivo federal propuso otorgar un incentivo que permitiera a los patrones deducir el 20 por ciento del salario que recibiera el trabajador con discapacidad que contratara.

• En 2014, se otorgó la posibilidad de deducir un monto equivalente al 100 por ciento del Impuesto Sobre la R enta (ISR) retenido y enterado de los trabajadores con discapacidad, siempre y cuando el patrón estuviera cumpliendo las obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social y obtuviera del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

• De acuerdo a la redacción actual del artículo 186 del Impuesto Sobre la Renta (el cual fue reformado en diciembre de 2019), las empresas que empleen personas con discapacidad pueden obtener un estímulo fiscal consistente en el equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas con discapacidad contratadas, siempre que cumplan con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Seguro Social (párrafo segundo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta).

• Adicionalmente, los empleadores pueden deducir el 100 por ciento de las adaptaciones realizadas en sus instalaciones que impliquen adiciones o mejoras que tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de las mismas (fracción XII del artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta).

• Asimismo, en los procedimientos de obra pública y en la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación por puntaje, se otorgan puntos adicionales a aquellas empresas que comprueben que por lo menos el 5 por ciento de su personal son trabajadores con discapacidad contratados con seis meses o más de antigüedad (segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público).

En el mismo sentido, tanto el estado de Tamaulipas como la Ciudad de México son entidades que en el ámbito de su competencia otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que contratan personas con discapacidad.

En el primer caso se estima en 25 por ciento de subsidio al Impuesto sobre Nóminas cuando las empresas ocupan 10 por ciento o más de su planta de trabajadores con personas jóvenes, mayores o con capacidades diferentes y de 50 por ciento cuando ocupen 20 por ciento o más.

Por su parte, la Ciudad de México aplica descuentos que van del 20 al 30 por ciento sobre el pago de la tasa del 3 por ciento del Impuesto sobre Nóminas al patrón que demuestre tener en su plantilla laboral cuando menos a 20 por ciento de trabajadores con discapacidad, adultos mayores o madres solteras.

No obstante lo anterior, esto no ha sido suficiente para garantizar la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad en nuestro país.

Además, cabe destacar que existe una brecha de ingresos considerable entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, pues las primeras perciben por su trabajo menos de lo que ganan las segundas.

El hecho de que la tasa de personas con discapacidad que cuentan con un empleo sea de poco más de la mitad que la correspondiente a la de las personas sin discapacidad se explica en buena medida por la existencia de ciertos estereotipos que nos han hecho concebir a las personas con discapacidad como enfermas, no aptas, incapaces, improductivas, como una carga para las empresas, dependientes o como objetos de cuidado, lo cual no solo representa una idea falsa, sino también ofensiva y perjudicial para las personas que viven con alguna discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden ser tanto o más productivas que las personas que no viven con alguna condición de este tipo. Además, al brindarles la oportunidad de devengar un salario, las personas con discapacidad potencian no sólo su capacidad productiva, sino su capacidad como consumidores de bienes y servicios, mejorando con ello la distribución del ingreso en una sociedad.

Para potenciar la inclusión laboral de las personas con discapacidad algunos países han optado por establecer en su legislación sistemas de cuotas que obligan al sector público y a las empresas a incluir en sus plantillas laborales a un determinado número de trabajadores con esta condición.

Este mecanismo surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial y, al principio, los únicos beneficiarios eran los veteranos de guerra que habían quedado mutilados en actos de servicio, quedando exentos de esta obligación los pequeños empleadores. Tras la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de cuotas se ampliaron para abarcar a los civiles discapacitados y se adoptaron en países de todo el mundo. La instauración de este tipo de sistemas se justifica porque ha demostrado ser efectiva para contrarrestar las bajas tasas de empleo que enfrentan las personas con discapacidad.

Alemania fue uno de los primeros países en adoptar en 1974 un sistema de cuotas. Actualmente, el Libro 9 del Código Social, de 2002, señala que los empleadores públicos y privados con al menos 20 empleados habrán de garantizar que al menos un 5 por ciento de ellos sean personas con discapacidad. Quienes no cumplen con la cuota obligatoria deben pagar una tasa compensatoria fija por cada puesto de la cuota no cubierto. Esta suma se destina a promover la rehabilitación y el empleo de personas con discapacidad y puede utilizarse, por ejemplo, para dar subvenciones a los empleadores que superen la cuota obligatoria o para ayudarles a sufragar los costes adicionales que ocasione la contratación de una persona con discapacidad.

En Austria, la Ley de Empleo para la Discapacidad exige a las empresas que proporcionen al menos un empleo a un trabajador con discapacidad por cada 25 trabajadores no discapacitados, una regla que se aplica estrictamente mediante una penalización por incumplimiento en forma de tasa compensatoria. El Fondo Compensatorio se utiliza para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo, por ejemplo, mediante subsidios salariales, subsidios para las adaptaciones en el lugar de trabajo y primas para los empleadores que superen su cuota obligatoria.

En el ámbito latinoamericano, Ecuador cuenta con un sistema de cuotas para el empleo de discapacidad que abarca tanto a los empleadores públicos como a los privados que tengan al menos 25 empleados. Desde 2010, las personas con discapacidad deben representar un 4 por ciento del número total de empleados. La legislación también incluye disposiciones relativas a las tasas por no respetar las cuotas establecidas.

Por su parte, en Japón la cuota para personas con discapacidad varía en función del índice de empleo a tiempo completo y del desempleo en el mercado de trabajo global. Los empleadores que dispongan de una fuerza de trabajo de 200 o más empleados regulares están obligados a pagar una tasa por cada empleado por debajo del nivel estipulado por ley de un 1.8 por ciento de la fuerza de trabajo total.

Finalmente, en Tailandia la Ley para la Participación Ampliada de las Personas con Discapacidad, de 2007, establece un cupo de empleo para los empleadores públicos y privados de una persona con discapacidad por cada 100 empleados. Los empleadores que incumplan las normas pueden ofrecer una concesión de su negocio, proporcionar ventas o servicios u ofrecer formación profesional para personas con discapacidad. Aquellos que incumplan estas opciones están obligados a efectuar un pago compensatorio.

En nuestro país la Ciudad de México contempla desde hace años una cuota laboral para las personas con discapacidad en las entidades de la Administración Pública local, las cuales, de acuerdo al artículo 24 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, están obligadas a destinar el 5 por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad. Lamentablemente, lo anterior no es aplicable al resto de las entidades federativas del país.

En este sentido, es importante recalcar que los estereotipos son en realidad barreras estructurales que impiden o limitan a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, conviene resaltar que, de conformidad con un modelo social de la discapacidad con enfoque de derechos humanos, ésta debe ser entendida como “una problemática social que surge de la interacción de las personas con ciertas características (físicas, sensoriales, intelectuales, psicoemocionales) y la interacción con las barreras de su entorno (físicas o actitudinales)”. Nuestra labor como legisladores es contribuir a retirar las barreras estructurales que afectan a las personas con discapacidad.

En virtud de lo anterior, el trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas el cual permite a quienes lo ejercen vivir de manera plena e independiente.

En este sentido, consideramos oportuno proponer una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta a fin de establecer que los patrones que empleen personas con discapacidad pueden obtener un estímulo fiscal consistente en el equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas, siempre y cuando los trabajadores citados cuenten con el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así mismo, proponemos que los empleadores estén exentos de pagar las cuotas de seguridad social correspondientes a las personas con discapacidad que empleen.

Se trata de promover el acceso de las personas con discapacidad a la justicia social y al ejercicio pleno de los derechos que nuestra Constitución consagra para todos los miembros de la sociedad, pero también de incentivar a los empleadores que, más allá de los apoyos y asistencia que el Estado está obligado a otorgar a quienes viven con esta condición, apuestan por la responsabilidad social e incluyen en su fuerza laboral a quienes necesitan una oportunidad para mejorar su calidad de vida.

Por lo aquí expuesto, los que suscriben somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los artículos 25, 106, 107 y 147 de la Ley del Seguro Social

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 186. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. El estímulo fiscal a que se refiere este párrafo será aplicable siempre que los contribuyentes obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de los citados trabajadores.

(...)

(...)

El Servicio de Administración Tributaria elaborará y mantendrá actualizado un padrón de las personas trabajadoras registradas por los contribuyentes para obtener el estímulo previsto en este artículo.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículo 25, 106, 107 y 147 de la Ley del Seguro Social, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 25. En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

Los patrones que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, estarán exentos de aportar la cuota a la que hace referencia el párrafo anterior.

Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:

I. a III. (...)

No se contemplarán para los cálculos de la fracción I y II, los asegurados que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes.

Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente:

I. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota;

Los patrones que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, estarán exentos de aportar la cuota a la que hace referencia el párrafo anterior.

II. y III. (...)

Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.

Los patrones que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, estarán exentos de aportar la cuota a la que hace referencia el párrafo anterior.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “¿Por qué existimos?”, Incluyeme.com. Consultado el 13 de septiembre de 2021. Disponible en:

https://www.incluyeme.com/

2 Véase, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (datos nacionales)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comunicado de prensa número 713/21, 3 de diciembre de 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_PersDiscap21.pdf

3 Véase, “¿Por qué existimos?”... Op. Cit.

4 Véase, “estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (datos nacionales)”... Op. Cit.

5 Véase, “Nota técnica sobre la identificación de personas con discapacidad, 2020”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 5 de agosto de 2021. Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/N otas_pobreza_2020/Nota_tecnica_identificacion_de_personas_con_discapacidad_2020 .pdf

6 Véase, “Estímulos y beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad”, Gobierno de la República, México, sin fecha. Disponible en:

http://setracoahuila.gob.mx/descargar/EstimulosyBeneficios.pdf

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Véase, Organización Internacional del Trabajo, “Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad a través de la legislación”, segunda edición, Suiza, 2014. Disponible en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_emp/–-ifp_skills/d ocuments/publication/wcms_322694.pdf

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Véase, Díaz Figueroa, Mariana, “El derecho al trabajo de las personas con discapacidad, elemento necesario para su efectiva inclusión social”, Impunidad Cero, marzo de 2018, 24 páginas. Disponible para descargar en:

http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=56&t=el-derecho -al-trabajo-de-las-personas-con-discapacidad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de octubre de 2024.– Diputados: José Luis Hernández Pérez, Carlos Alberto Puente Salas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 58 y 62 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rocío Adriana Abreu Artiñano, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

El turismo, tal y como lo conocemos en la actualidad, nace en el siglo XIX, como consecuencia de la Revolución Industrial, época en la que comienzan a surgir los desplazamientos con la intención de descanso, enriquecerse culturalmente, para investigaciones sobre temas de salud, negocios o relaciones familiares.

A comienzos de 1930, el alemán Arthur Bormann, uno de los primeros teóricos de la Escuela Alemana de los estudios en Turismo, definió el turismo como el conjunto de viajes realizados por placer o por motivos comerciales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no se considera como turismo los viajes realizados para llegar al lugar de trabajo. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, un visitante, ya sea interno, receptor o emisor, se clasifica como turista o como visitante que pernocta, es decir, que permanece por lo menos una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado en la región visitada; o como visitante del día o excursionista, aquella persona que visita un destino, pero no pasa la noche en el.

Para 1942, los teóricos en Turismo, Walter Hunziker y Kurt Krapf, señalan que el turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa. Ambos teóricos provienen de la escuela de St. Gallen, en Suiza, la cual proponía la idea de estudiar al turismo como un mecanismo centrado en la reproducción socio-económica de una sociedad. El consumo turístico refleja los valores cultuales de una sociedad.

Sin embargo, en la antigüedad, se tienen datos donde también había turismo, aunque no de la manera en que lo es ahora, tenemos el ejemplo de Grecia, donde se dio este turismo con la finalidad de que los romanos pudieran conocer más sobre los griegos, su cultura, el comercio, su religión, su forma de subsistencia, etc. Los viajes se concentraban en ciertas épocas del año, como las festividades religiosas o los juegos olímpicos, donde los visitantes se hospedaban en templos, casas particulares o posadas, incluso, existían guías turísticas que acompañaban a los visitantes a los lugares de interés y les proporcionaban información.

Asimismo, la antigua Roma se siguieron dando los viajes con motivos religiosos y deportivos, pero también para conocer más sobre la salud en las termas o las vacaciones que disfrutaban los emperadores. En esta época comenzaron a abrirse nuevas vías de comunicación que se usaban para ir a la playa o conocer lugares de todo el imperio.

A pesar de no existir el concepto de “vacaciones” como lo entendemos ahora, los romanos se desplazaban a diversos lugares por diferentes motivos. La Pax Romana, un período de relativa paz y estabilidad, facilitó considerablemente estos viajes. Los motivos eran diversos, la clase alta, buscaban alejarse del ajetreo de la ciudad y disfrutar de sus villas en el campo o en la costa; otros romanos visitaban las aguas termales en diversos puntos del imperio, mismas que eran consideradas beneficiosas para la salud.; había quien viajaba por motivos culturales, ya que, eran grandes admiradores de la cultura griega, por lo que muchos viajaban a Grecia para visitar sus monumentos y ciudades históricas. También lo hacían por la religión, realizaban peregrinaciones a santuarios y templos, mientras que otros lo hacían por negocios, viajaban por todo el imperio para expandir sus negocios.

Los destinos más populares eran las villas en el campo, se construyeron numerosas villas en las zonas costeras y en las colinas cercanas a Roma, donde podían disfrutar del aire fresco y de la naturaleza. Contaban con las aguas termales en las ciudades de Baiae y Pompeya, también, Grecia y Egipto eran destinos muy comunes.

Los romanos solían viajar durante los meses más cálidos, buscando escapar del calor de la ciudad, contaban con la extensa red de carreteras romanas, facilitando los desplazamientos, también se hospedaban en sus propias villas, en posadas o en casas de amigos.

Para el periodo medieval se planteó en ocasiones como una época de aislamiento, de ruptura con la época clásica del Imperio Romano, con el comercio y las vías terrestres como una realidad que no se recuperaría hasta el Renacimiento.

En la Edad Media los viajes podían emprenderse por múltiples razones, las peregrinaciones a lugares sagrados, como Santiago de Compostela o Jerusalén, eran muy comunes. Los peregrinos viajaban en grupo y encontraban refugio en hospitales y monasterios, también, los mercaderes viajaban entre ciudades para comerciar. Las ferias eran eventos importantes donde se intercambiaban bienes, y las rutas comerciales, como la Ruta de la Seda, conectaban diferentes regiones. Las cruzadas llevaron a muchos caballeros y soldados a viajar a Tierra Santa, lo que también creó rutas y asentamientos temporales. Asimismo, la nobleza podía permitirse viajar por placer, visitando cortes de otros reyes o asistiendo a eventos y torneos.

El siglo XIX es la etapa más trascendente en el desarrollo de la industria turística, provocada por la Revolución Industrial que promovió el auge del ferrocarril y la navegación a vapor, lo que proporcionó ventajas sobre los sistemas de transporte, aportando velocidad, comodidad y capacidad. El otro medio de transporte fue el barco de vapor que incrementó el tráfico desde Europa a América y Extremo Oriente, desarrollándose las compañías británicas que establecieron servicios regulares con los principales puertos del mundo.

A partir de la segunda mitad del siglo, las preferencias se orientan hacía dos vertientes: los turistas que preferían el sedentarismo con estancias en una playa o un balneario, y los que les apetecía el desplazamiento o el itinerario.

Los principales destinos de aquella época fueron las playas del norte Europa, así como las del mediterráneo y las de La Costa Azul francesa. Los flujos hacia las playas originaron una abundante actividad social. También se dio el turismo de con la naturaleza, el paisaje y la práctica de deportes de invierno.

Desde la segunda mitad del Siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial se experimentó un aumento turístico. Países como Austria, Suiza, Francia, Gran Bretaña e Italia, entre otros, obtuvieron considerables ingresos. En lo que se refiere a la evolución en América podemos mencionar la creación de los primeros Parques Nacionales en Estados Unidos y los centros turísticos de costa, como el de Atlantis City o los de la península de Florida. Y en el sur del continente, la creación de los centros turísticos de Mar del Plata, en Argentina y Viña de Mar en Chile.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se causó una parálisis económica que repercutió de forma negativa en el sector. La recuperación durante la posguerra se prolongó unos años y es a partir de 1950 cuando de nuevo comienza a crecer el turismo, originando el período de oro, los posteriores 25 años se consideran uno de las etapas de mayor expansión.

Los factores que hacen posible la explosión del turismo de masas son:

Factores políticos: en el planeta se comienza a vivir un periodo prolongado de paz, a excepción de algunos conflictos, lo que permite el crecimiento del turismo en las zonas de estabilidad política: el mediterráneo, Centroeuropa y Estados Unidos.

Los elementos económicos. A partir de los años 50 aumenta el poder adquisitivo de capas de población en los países occidentales como consecuencia del desarrollo industrial y productivo. Se consolidan las clases medias.

Agentes educacionales y culturales: la expansión de la educación y la cultura despierta un mayor interés por conocer otros pueblos.

Componentes sociológicos y laborales: la expansión de la población urbana e industrial y los problemas que plantea esta nueva vida, provocando el deseo de evasión, descanso y recreo. Con las mejoras de las condiciones laborales y sociales disminuyen las jornadas de trabajo, lo que permiten el establecimiento de vacaciones anuales retribuidas.

Ingredientes técnicos: los grandes avances tecnológicos, la comunicación y el transporte: el automóvil, el autocar, el ferrocarril, el avión etcétera. van a permitir viajar con más rapidez y comodidad a las zonas más lejanas del mundo con un abaratamiento progresivo de los precios.

Factores psico-comerciales: la expansión de la publicidad y las técnicas de marketing propician una gran penetración e influencia y establecen un aumento de la motivación.

Trasladándonos al caso particular de México, la creciente demanda por los viajes de ocio, los adelantos tecnológicos y científicos, el incremento en la infraestructura de hospedajes, el final de la fase armada de la Revolución Mexicana y la necesidad de conciliar intereses entre el ámbito empresarial y el régimen del nuevo Estado, fueron factores que convergieron en la década de 1920 e incorporaron el tema del turismo en los programas de gobierno.

En febrero de 1921, algunos miembros de la Cámara Nacional de Comercio solicitaron apoyo al presidente Álvaro Obregón para emprender una excursión por Estados Unidos, con el fin de poner remedio a la dañada relación comercial entre ese país y México, dando como resultado propuestas para atraer capital a México.

Entre las propuestas se destacó el turismo, lo que permitiría un mayor contacto entre la sociedad mexicana e induciría la construcción de infraestructura. Los empresarios propusieron crear juntas locales que integraran a las cámaras de comercio y a la sociedad para que apoyaran la ampliación y construcción de los caminos que comunicaran a los sitios urbanos con las localidades turísticamente atractivas, pues un mayor contacto social, la mejora de comodidades y la propaganda provocarían que el turista volteara hacia nuestro país. También se sugirió que las ciudades y localidades fomentaran las fiestas populares y ferias periódicas y se propuso la promoción de las playas del Pacífico mexicano para satisfacer la demanda de confort que exigían los viajeros.

En la década de 1920, el turismo se concibió como un espacio que pretendía recuperar el prestigio financiero internacional; una industria que conciliaría a empresarios, gobernantes y sociedad civil; una industria que iba a contribuir a mejorar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. En esta etapa se dio mayor vista al paisaje rural de México y las manifestaciones de la cultura mexicana.

En 1923 México recibía solamente 4.6 por ciento de los gastos estadounidenses en turismo, y la motivación de los viajes solían ser las playas de Tampico y los casinos que comenzaban a surgir en el norte del país. Se planteó que esta demanda de ocio se perfilaría para convertirse en una industria nacional a la que definió como el “conjunto de empresas y actividades de diversa índole que posibilitan, provocan y mantienen el movimiento de viajantes nacionales y extranjeros a través de nuestro territorio”. Se insistió en la construcción de hoteles y restaurantes, se construyeron líneas férreas que comunicaran al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con Guadalajara y Laredo, y se proyectó la ampliación de carreteras.

En 1927 los diplomáticos estadounidenses tuvieron acercamientos con artistas mexicanos como Frida Kahlo y Diego Rivera, con lo que se apreciaron las artesanías y la arquitectura mexicana, describiendo a México como un sitio donde se podían pasar buenas vacaciones, y promovían la seguridad y la diversidad cultural del país.

En 1928 se constituyó la Comisión Mixta Pro-Turismo (CMPT) con la participación de empresarios y distintas secretarías de Estado, con la intención de estudiar las necesidades del turismo en México e incentivar el crecimiento de esta industria. La Comisión estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, ya que el turismo representaba un tema delicado ante la inmigración. Un año más tarde la Comisión Mixta Pro Turismo se transformó en Comisión Nacional de Turismo y, en 1934, se convirtió en Departamento de Turismo dentro de la Secretaría de la Economía Nacional.

El Departamento de Turismo oscilaba entre las secretarías de Economía y de Gobernación, y como parte del proceso de desarrollo estabilizador del país se aplicaron importantes inversiones en infraestructura hotelera y carreteras. Creció el flujo del turismo doméstico, limitado antes a balnearios de aguas termales, ciudades cercanas a la propia y a visitas a familiares en estados del país diferentes al propio. La migración del campo a la ciudad también se incrementó en esta época.

Para apoyar al Departamento de Turismo, en 1958 se creó el Consejo Nacional de Turismo (CNT). Este órgano tuvo a su cargo la promoción turística de México en el extranjero. Las campañas de promoción de la década de los sesenta se abrieron a nuevos mercados: Francia, Italia, Alemania Occidental e Inglaterra en Europa; Canadá y Estados Unidos en América, y Japón en Asia.

El Consejo Nacional de Turismo creó el Fondo de Garantía Privado de Fomento Turístico (Fogatur), cuyos patrocinadores destinaron cerca de 5 por ciento del presupuesto a la publicidad de sus empresas para fomentar una conciencia turística nacional y estimular así esta industria.

Entre las campañas de promoción realizadas en los años sesenta destacó la denominada Conozca México, bajo el patrocinio de Coca-Cola, que promovía paquetes turísticos en 56 ciudades del país con el fin de incrementar el número de viajantes nacionales. El CNT también diseñó un material especial para fomentar la cultura turística entre los mexicanos, con lo que el ingreso por concepto de turismo alcanzó 8 mil 850 millones de pesos en 1961.

En 1930, el número de turistas extranjeros fue de cerca de 24 mil, llegó a 126 mil en 1940 y a 385 mil en 1950. De 1950 a 1960 el número de turistas ascendió a poco más de 960 mil viajeros.

Para 1974 se aprobó la Ley Federal de Fomento al Turismo para respaldar las expectativas de desarrollo turístico, pues se esperaba un incremento de 5.1 millones de visitantes en 1967 a 8.9 millones en 1980. Esta ley consideró de interés público la creación, conservación, mejoramiento y protección de los recursos turísticos del país. En la ley se plasmó la protección para quienes ofrecían servicios turísticos y para quienes los compraban, se dio nacimiento al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) y elevó a rango de Secretaría de Turismo (Sectur) al Departamento de Turismo.

A Fonatur se le asignó el diseño de destinos, la compraventa de lotes y la construcción hotelera, para consolidar a la industria del turismo como un gran negocio de bienes raíces en beneficio de los hombres de negocios. Se desarrollaron Centros Turísticos Integralmente Planeados (CIPS): Cancún fue el primero, proyectado desde los años sesenta, seguido por Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco. Con estos destinos se consideró que habría un consistente desarrollo regional. No obstante, no hubo proyectos paralelos que fomentaran el desarrollo social de los pobladores de dichos sitios, ni que protegieran su patrimonio cultural. Sólo fueron destinos de sol y playa en los que se presentaron procesos de aculturación para la población local. La fórmula se redujo al manejo de grandes capitales donde el papel de la población local se limitaba al trabajo eventual en los servicios turísticos, lo que provocó migración temporal a las ciudades desde los CIPS.

En el Programa de Turismo de 1978 se mencionó la importancia de la conservación, protección y mejoramiento de los recursos turísticos naturales y culturales, así como de ampliar los servicios y ofrecer facilidades a los visitantes, proteger el medio ambiente y respetar las costumbres y tradiciones nacionales.

En los años ochenta al turismo se le otorgó un importante sustento: la declaración de sitios Patrimonio de la Humanidad. La visión de la UNESCO de proteger el patrimonio cultural repercutió en los flujos de turismo con interés en la cultura.

La conservación de los monumentos históricos y los sitios arqueológicos quedó en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Sectur también los promovió para atraer divisas.

En 1994, México ocupaba el decimosegundo lugar a nivel mundial en cuanto a recepción de turistas, con ingresos por un total de 6 mil 363 millones de dólares. En lo que se refiere a la región de Norteamérica, México ocupaba el segundo lugar en cuanto a captación de divisas aportadas por turistas internacionales. A partir de 1994 se puso énfasis en el desarrollo sustentable del turismo y en la revaloración de los recursos naturales y culturales. Se insistió en el desarrollo regional y hacia 1999 se propuso la creación de un organismo auxiliar para la Sectur, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), empresa de participación estatal mayoritaria, con la participación de los diversos actores de la actividad turística, cuyo propósito fue la planeación y operación de estrategias de desarrollo turístico en el ámbito nacional e internacional.

En el Programa de Turismo 2001-2006, se partió del lema “El turismo, la fuerza que nos une”. La Agenda 21 para el turismo es una adaptación que intenta desarrollar el turismo con base en el desarrollo sustentable y en el apoyo a las comunidades locales e indígenas.

Cada estado de la República cuenta con una dependencia de turismo y cada municipio con un departamento que lo fomenta. Se han firmado convenios entre diversas instituciones y han surgido nuevos programas como el de Pueblos Mágicos, basado en el atractivo y conservación del patrimonio cultural de los sitios y la importancia del municipio como base para generar desarrollo.

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), el turismo en México experimentó un crecimiento significativo, ya que este incrementó 20.6 millones de turistas en el 2000 a 21.9 millones en 2006, se invirtieron 3 mil 500 millones de dólares en proyectos turísticos y se lanzaron campañas publicitarias para promocionar destinos turísticos mexicanos en el extranjero. Se creó el programa “Desarrollo de Pueblos Mágicos” para promover el turismo en municipios con riqueza cultural y patrimonio histórico, así como también se implementaron medidas para mejorar la seguridad turística en zonas fronterizas y destinos populares.

Algunos proyectos turísticos que destacaron durante su administración son el Desarrollo del Corredor Turístico del Pacífico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de Cancún, la Construcción del Puerto Turístico de Cozumel y la mejora de la infraestructura hotelera en destinos como Los Cabos y Puerto Vallarta. En general, el sexenio de Fox fue positivo para el turismo en México, debido a que se dio un enfoque en la inversión, promoción y desarrollo de la infraestructura turística.

En el periodo que va de 2006 a 2012, es decir, el sexenio de Felipe Calderón, México enfrentó desafíos en el sector turístico. A pesar de incrementar el presupuesto de turismo en un 400 por ciento, el país cayó del octavo al décimo lugar en el ranking mundial de turismo. La inseguridad y epidemia de influenza AH1N1 afectaron en gran manera la industria turística mexicana, pero se continuó impulsando el turismo a través de estrategias como el programa de televisión “The Royal Tour” y se lanzó el Programa “Mundo Maya” para impulsar el turismo cultural, se declaró el 2011 como el “Año del Turismo en México” para alinear esfuerzos y promover la industria. Además, se invirtieron 207.7 millones de pesos en el Programa Pueblos Mágicos para detonar el crecimiento turístico en municipios.

Para el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 — 2018), el turismo experimentó un crecimiento. En 2017, el país recibió 39.3 millones de turistas internacionales, un récord histórico que colocó a México en la sexta posición mundial en llegada de turistas. Además, el sector turístico registró un crecimiento anual del 3.2 por ciento, superando el crecimiento de la economía nacional.

Se invirtieron 8 mil 631.2 millones de dólares en proyectos turísticos, se lanzaron campañas para promocionar destinos turísticos como Acapulco y se firmaron convenios con estados como Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca para desarrollar la actividad turística. El PIB turístico creció 8.5 por ciento durante su administración, impulsado por el incremento en la producción de servicios turísticos, lo que le permitió a México recibir reconocimientos por la calidad de sus playas, como la distinción de la bandera azul para cinco playas en Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Nayarit.

En el periodo de 2018 a 2023, parte del periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la industria turística mexicana experimentó un crecimiento. La inversión en infraestructura turística alcanzó un récord de 42 mil 678 millones de dólares, la más alta en más de 70 años. Esto se tradujo en la creación de 105 proyectos de gran envergadura entre 2019 y 2022, lo que situó a México en la sexta posición a nivel mundial en este aspecto, mejorando la posición de México en el ranking mundial de turismo, así como también nos situamos en el noveno lugar en captación de divisas. Esta industria generó 4.2 millones de empleos directos y seis millones de indirectos, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Durante este periodo se siguió desarrollando infraestructura, tal como la construcción de aeropuertos, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el nuevo Aeropuerto de Tulum, se dio una mejora en la red de carreteras y autopistas, con la creación de mil kilómetros de nuevas autopistas. Para promocionar el turismo en México, se participó en ferias internacionales como Fitur, World Travel Market y ITB, para seguir dando a conocer los destinos turísticos de México.

Uno de los mega proyectos turísticos que se dio durante este periodo es el Tren Maya, el cual, busca conectar los destinos turísticos de Cancún, Tulum, Palenque y Calakmul, promoviendo la cultura maya y el turismo sostenible.

Como podemos ver, los gobiernos mexicanos han invertido fuertes cantidades de dinero en la industria turística de México, se han desarrollado grandes proyectos que puedan atraer turistas a nuestro país, quienes están en territorio nacional por algunos días para conocer más acerca de nuestra cultura o simplemente relajarse en nuestras playas, bosques o pueblos mágicos. Sin embargo, en temporadas vacacionales, tanto turistas extranjeros como nacionales, viajan a diversos puntos de nuestro país y el alojamiento es uno de los problemas a los que se enfrentan, esto debido a que la capacidad hotelera se ve reducida en ciertas épocas del año, así como también, los altos costos que se llegan a manejar en algunas zonas del país y en distintos destinos turísticos del mundo.

Es por ello que, en 2008 nace “Airbnb”, una compañía que ofrece una plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, es decir, alquiler vacacional, mediante la cual, los anfitriones pueden publicitar y contratar el arriendo de sus propiedades con sus huéspedes; anfitriones y huéspedes pueden valorarse mutuamente, como referencia para futuros usuarios. El nombre es un acrónimo de airbed and breakfast y tiene una oferta de unos 2 millones de propiedades en 192 países y 33 mil ciudades. Desde su creación en noviembre de 2008 hasta junio de 2012 se realizaron más de 10 millones de reservas.

Airbnb fue fundada por Brian Chesky, Joe Gebbia y Nathan Blecharczyk en San Francisco, California. Los tres compartían un apartamento cuya renta subió un 25 por ciento, por lo que Blecharczyk tuvo que dejar su habitación. Para pagar la renta, Chesky y Gebbia decidieron ofrecerla en el foro de asistentes a un congreso de diseñadores en el que participaban, instalando un colchón inflable.

Algunos de los países con mayor cantidad de opciones de alojamiento en Airbnb son Estados Unidos con ciudades como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco; Francia en París y Lyon; España en Madrid y Barcelona; Italia en Roma y Florencia; y México en Cancún y Puerto Vallarta.

Además, Airbnb también ofrece experiencias y aventuras únicas en cada destino, desde tours guiados hasta clases de cocina y actividades al aire libre. La plataforma ha revolucionado la forma en que las personas viajan y se hospedan en todo el mundo.

Sin embargo, en los últimos años, se han dado casos de turismo sexual infantil de esta modalidad de Airbnb, en México, alrededor de 17 mil menores son explotados sexualmente, de acuerdo con cifras del DIF nacional, delito que involucra a por lo menos 22 estados de la República Mexicana. El organismo de servicio social de México informa que más de 16 000 niños y niñas están atrapados en la prostitución, la mayor parte en los destinos turísticos.

Un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que un 36 por ciento de los clientes vienen de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania. Asimismo, REDIM indicó que de cada 100 carpetas de investigación donde los menores son víctimas, sólo una alcanza sentencia condenatoria. Con la trata de personas esas cifras son aún peores, de 3 mil investigaciones realizadas en la última década, solo contabilizaron 45 sentencias.

Actualmente, en Puerto Vallarta, la explotación sexual infantil ha aumentado de manera preocupante. Según el Observatorio Integral de la Región Turística Puerto Vallarta-Bahía de Banderas (OIT), los casos de prostitución infantil y corrupción de menores pasaron de 157 en 2019 a 188 en 2021 y a 201 a lo que va de 2024.

Esto representa un siete por ciento de las víctimas de abuso sexual infantil en el estado de Jalisco. Estas cifras son alarmantes y exigen una acción decidida por parte de las autoridades y la sociedad, ya que, esta zona metropolitana encabeza las listas de violencia sexual infantil. A la investigación se agregó que, al comparar las cifras de 2021, Puerto Vallarta registraba 314 casos, Bahía de Banderas 88, Acapulco 72 y Playa del Carmen 106.

En 2012, se realizó una encuesta con mil personas a la población, sobre todo en la zona turística, aunque con la participación de vallartanses, quienes en un 97 por ciento dijeron saber qué es la trata de personas. El 64 por ciento dijo que éste es un delito que no está sancionado en Jalisco y el 90 por ciento señaló que las víctimas son principalmente niños.

La Aurora, la playa Los Muertos y el Malecón fueron lugares identificados como zonas donde se encuentra este problema, además de los “tables dance”, casas de citas y de masajes. Y es que, según el Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas en México desde 2014 señala a Puerto Vallarta como polo de atracción de trata de personas con fines de explotación sexual y en donde han sido denunciadas redes de explotación sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual infantil.

Para ejemplificar mejor este asunto, se tiene la historia de Thomas Frank White, un estadounidense que llegó a Puerto Vallarta en 1997 para invertir en la industria hotelera, era propietario de Casa Iguana, que posteriormente cambiaría su nombre a Hotel Iguana. Asimismo, puso un albergue bajo el cobijo de la asociación civil “Los Niños de Vallarta” para presuntamente ayudar a los menores de edad con problemas de adicciones o en situación de calle, pero pronto comenzaron a circular rumores de asuntos turbios.

Desde 1999 empezaron las primeras acusaciones en su contra. Se decía que se aprovechaba de los menores, los drogaba y pagaba por favores sexuales. Todo esto en la finca conocida posteriormente como “La Casa Blanca”.

María Nicolasa García Reynoso, comisionada del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, presentó una denuncia por corrupción de menores y violación, basándose en el testimonio de varios muchachos de entre 10 y 14 años. Sin embargo, el Juez Primero de lo Penal dictó orden de aprehensión contra el estadounidense en febrero de 2001, pero se dio a la fuga de inmediato.

Fue hasta 2007 cuando se le sentenció a 7 años 7 meses de prisión por violación de un menor en Puerto Vallarta, pero mantenía más casos pendientes en otros juzgados. Finalmente, este personaje falleció a los 78 años en un hospital en 2013. Aunque seguía bajo la custodia del sistema penitenciario de Jalisco, se permitió que lo atendieran en un nosocomio privado, dado que presentaba un cuadro múltiple de enfermedades y en la prisión no podían atenderlo.

En Puerto Vallarta, se han presentado casos mediáticos e indignantes que han dejado al descubierto la gravedad de la situación. En agosto de 2009, el propietario de un hotel, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, y una mujer que operaban en complicidad para ofrecer a menores de edad con fines sexuales, fueron detenidos por la Delegación de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, acusados por los delitos de lenocinio y prostitución infantil.

En febrero de 2012, luego de esconderse alrededor de tres años, una mujer fue aprehendida por agentes de la Policía Investigadora, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra, por su probable responsabilidad en los delitos de prostitución infantil y corrupción de menores. Durante el año 2009, Eva Rodríguez Díaz, ofrecía y facilitaba a una menor de 8 años de edad, a diferentes hombres para que sostuvieran relaciones sexuales con ella, a cambio de una retribución económica.

En julio de 2018, 28 menores de edad fueron liberadas y se detuvieron a cinco personas, entre ellas varios taxistas, al desmantelar una red de trata. Según testimonios, las menores fueron capturadas por hasta dos semanas y llevadas a algún lugar del puerto sin su consentimiento donde fueron drogadas para prostituirlas. Entre menos experiencia sexual tenían, mayor era el cobro por cada encuentro sexual.

En 2022, en un operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se detuvo al director del Refugio Infantil Santa Esperanza, A.C. ubicado en la colonia Benito Juárez, por acusaciones de abuso sexual a una menor de edad, y por una investigación de otros dos casos de niñas albergadas.

En febrero de 2023, Louis Whitaker, conocido animador en Puerto Vallarta, cuyo nombre real es Wyatt Maxwell, fue detenido y llevado a Estados Unidos donde enfrenta cargos por producir pornografía infantil.

Uno de los casos más indignantes ocurrió en 2020, cuando una niña de diez años fue abusada sexualmente por un funcionario municipal de Puerto Vallarta. El individuo fue sorprendido in fraganti en su vehículo, con la menor desnuda y sometida.

Aunque se esperaba que se hiciera justicia, las autoridades en un principio decidieron no procesar al culpable, generando una gran indignación en la comunidad. Al final el funcionario fue procesado y declarado culpable.

Asimismo, en Puerto Vallarta se ha descubierto la existencia de redes locales dedicadas a la explotación sexual infantil. Estas organizaciones de chóferes de transporte público y vendedores ambulantes aprovechan la vulnerabilidad de niñas entre 13 y 17 años, privándolas de su libertad por períodos de tiempo y obligándolas a ofrecer servicios sexuales a turistas y locales.

Esta realidad es especialmente alarmante, ya que Puerto Vallarta ha sido señalada como uno de los destinos turísticos más afectados por este delito.

Ante esta problemática, la sociedad civil ha emprendido acciones para hacer frente al turismo sexual infantil en Puerto Vallarta. A finales de 2022, la Secretaría de Turismo y la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta firmaron convenio para la erradicación de la trata, la prostitución y la pornografía Infantil en La ciudad de Puerto Vallarta; delitos que ponen a la ciudad en el foco rojo a nivel mundial.

También se han establecido oficinas exclusivas para la atención y denuncia de este delito, y se han promovido campañas de concientización y prevención. Sin embargo, es necesario fortalecer estas acciones y garantizar que se implementen de manera efectiva y sostenible.

El turismo sexual infantil, no solo en Puerto Vallarta, sino en todo el país, es una realidad que no puede ser ignorada ni minimizada. La situación exige una atención inmediata y acciones efectivas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Por ello, para evitar que este tipo de delitos se sigan dando en las nuevas plataformas de alojamiento que van surgiendo, necesitamos trabajar en conjunto, tal como lo ha hecho la Ciudad de Medellín, en Colombia, una de las ciudades que también tiene mayor turismo en aquél país y donde también tiene presencia la plataforma Airbnb, ya que, en trabajo conjunto con la Alcaldía de Medellín, se dieron tres medidas para ayudar a mitigar los delitos sexuales contra los menores de edad y la trata de personas en la ciudad.

Se cerraron 150 propiedades, que en su mayoría están vinculadas a la plataforma, mismas que habrían sido utilizadas para fines de turismo sexual y explotación de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, en lo que va de 2024, las capturas de las personas responsables de cometer estos delitos han aumentado significativamente en comparación con el 2023, casi un 600 por ciento de incremento en capturas, la mayoría de ellas de extranjeros. Afirman que el problema radica en que algunas de estas propiedades, ofrecidas por medio de esta plataforma, han sido utilizadas para encuentros delictivos que involucran la explotación sexual de menores de edad. Comenta que en los inmuebles que encuentran siendo utilizados para estos fines, se capturará a las personas involucradas y se aplica la extinción de dominio.

Comenta también que ha dialogado con los representantes de Airbnb y otras plataformas digitales para tomar medidas estrictas frente a esta problemática, donde no solo será culpable el o los infractores directos, sino también los dueños de los inmuebles, ya que deben estar pendientes sobre el uso que le den a ese bien.

También, se le manifestará a los viajeros que llegan a la ciudad sobre la prohibición del trabajo y explotación sexual. La empresa Airbnb, implementó una medida que requiere que cualquier huésped de todo el mundo que desee hacer una reserva en Medellín debe atestiguar que entiende las políticas de la plataforma que prohíben estrictamente el uso de todos los alojamientos para estos delitos, es decir, cualquier extranjero que desee adquirir los servicios de la plataforma debe confirmar que atiende a esta política y que apoya las investigaciones locales penales.

En nuestro país, Quintana Roo comienza a hacer lo propio al solicitar que la plataforma Airbnb, elabore un registro donde los huéspedes puedan comprobar el parentesco con algún menor de edad, cuando vayan acompañados por alguno o algunos de ellos, de lo contrario, se harán acreedores a una multa que va de los 12 mil a los 105 mil pesos, además de perder el registro para seguir operando como inmueble de alojamiento, esto con el fin de erradicar el abuso sexual infantil, así como el turismo sexual del que son víctimas los menores de edad.

Sin embargo, esta es una problemática que no es únicamente de Quintana Roo, como se detalló con anterioridad, Puerto Vallarta es el principal punto de turismo sexual en México.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo

Único. Se reforma la fracción V; se adicionan una fracción XI Bis y una fracción XI Ter al artículo 58 de la Ley General de Turismo; asimismo, se adiciona una fracción V al artículo 62 de la misma Ley, para quedar como sigue:

Artículo 58. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento la dirección, teléfono o correo electrónico, tanto del responsable del establecimiento, como de la autoridad competente, ante la que puede presentar sus quejas;

II. Informar al turista los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, de los servicios y productos que éste requiera;

III. Implementar los procedimientos alternativos que determine la Secretaría, para la atención de quejas;

IV. Participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente;

VI. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VII. Expedir, aún sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;

VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;

IX. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;

X. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de la presente Ley;

XI. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas, y

XI Bis. Llevar a cabo medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de menores de edad, antes de la prestación del servicio. Para ello, el huésped o los huéspedes deberán acreditar la mayoría de edad, en caso de que se encuentren acompañados de un menor de edad, se deberá acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los acompañantes, de lo contrario, serán reportados con las autoridades y se harán acreedores a las sanciones que dicten las leyes en la materia

XI Ter. Avisar a las autoridades sobre la comisión o posible comisión de algún delito.

XII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

Artículo 59. ...

Artículo 60. ...

Artículo 62. Son deberes del turista:

I. Observar las normas usuales de convivencia en los establecimientos turísticos;

II. Respetar el entorno natural y patrimonio cultural de los sitios en los que realice una actividad turística;

III. Acatar las prescripciones particulares de establecimientos mercantiles y empresas cuyos servicios turísticos disfruten o contraten y, particularmente las normas y reglamentos mercantiles de uso o de régimen interior, y

IV. Pagar el precio de los servicios utilizados en el momento de la presentación de la factura o del documento que ampare el pago en el plazo pactado.

V. En los casos donde se encuentren acompañados de un menor de edad, deberán comprobar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con el mismo, de lo contrario, serán reportados con las autoridades y serán acreedores a las sanciones que dicten las leyes en la materia.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. De acuerdo con las facultades del Ejecutivo federal, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la titular de este Poder de la Unión contará con un plazo de 90 días hábiles para hacer las adecuaciones correspondientes en el Reglamento de la Ley General de Turismo, a fin de reformar el artículo 83 del mismo, para agregar que las Plataformas Digitales que presten servicios de alojamiento a turistas, deberán incorporarse al Registro Nacional de Turismo.

Fuentes:

• https://mediterrani.com/el-origen-del-turismo-nos-ponemos-historicos/

• https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-antigua/20230 805/9146607/turismo-gran-invento-romanos.html

• https://pompeiisites.org/en/

• https://www.ucm.es/amcytme-historiamedieval/viajar-en-la-edad-media#:~: text=En%20la%20Edad%20Media%20los,duda%2C%20con%20las%20mayores%20comodidades.

• https://www.turiscom.org/articulo/formacion/turismo-contemporaneo/2015080822074 0001161.html

• https://vallartavive.mx/turismo-sexual-infantil-en-puerto-vallarta-una-problema tica-local-que-exige-accion/

• https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-busca-inhibir-turismo-sexu al-infantil-en-plataformas-de-hospedaje-20231002-0082.html

• https://www.elcolombiano.com/medellin/airbnb-medidas-lucha-explotacion-sexual-N A25348027

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Rocío Adriana Abreu Artiñano, Adrián González Naveda, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Alberto Maldonado Chavarín, Alejandra Chedraui Peralta, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Isabel González González, Ana Karina Rojo Pimentel, Anabel Acosta Islas, Aniceto Polanco Morales, Beatriz Andrea Navarro Pérez, Celia Esther Fonseca Galicia, César Alejandro Domínguez Domínguez, Eduardo Castillo López, Emilio Suárez Licona, Enrique Vázquez, Gabriela Benavides Cobos, Gabriela Valdepeñas González, Gilberto Herrera Solórzano, Iván Peña Vidal, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Josefina Anaya Martínez, Juan Antonio González Hernández, Juan Antonio Meléndez Ortega, Karina Isabel Martínez Montaño, Karina Margarita del Río Centeno, Lorena Piñón Rivera, Luis Armando Díaz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Marcela Guerra Castillo, Marcela Michel López, María del Carmen Pinete Vargas, Maribel Solache González, Mario Zamora Gastélum, Mónica Fernández César, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Olegaria Carrazco Macías, Olga Leticia Chávez Rojas, Pedro Miguel Haces Barba, Petra Romero Gómez, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Rocío López Gorosave, Rosa María Castro Salinas, Rosalía León Rosas, Sonia Rincón Chanona, Víctor Samuel Palma César, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Ciria Yamile Salomón Durán, diputada federal por el distrito 02 del estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente:

A consecuencia de fenómenos antropogénicos como el crecimiento demográfico y la concentración excesiva de población en los centros urbanos; la contaminación atmosférica y de ríos y, en general, el cambio climático cuyos efectos cada vez son más severos y palpables aún para los más escépticos, hoy en día, México enfrenta una alarmante crisis del agua que exige nuevos mecanismos de gestión integral del recurso más vital para la vida, pues es un hecho incontrovertible que esta problemática no sólo amenaza la sostenibilidad del agua en sí misma, sino la existencia humana en sí misma, todo lo cual nos obliga a plantear nuevos derroteros en el plano jurídico para lograr un adecuado reordenamiento del uso y gestión del agua a nivel nacional.

Luego de más de tres décadas de existencia, en los planos académico y legislativo se ha planteado la necesidad de expedir una nueva Ley de Aguas Nacionales en más de una ocasión. A decir verdad, una empresa tan importante implica un amplio y profundo diálogo de carácter nacional en el que más allá de intereses de grupos ambientalistas, políticos y hasta privados, se abogue por un marco normativo que promueva un uso más equitativo y responsable del agua. Nadie puede negar que, a la luz de la crisis que se vive actualmente, es necesaria una nueva Ley que “ordene y eficiente los usos del agua y que elimine la discrecionalidad en las decisiones sobre obras”. aunque por años han existido intentos loables por lograr ese objetivo, aún no es una realidad.

Por esta razón, desde la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión las y los legisladores debemos abordar el reto de gestionar la crisis del agua, considerando la urgencia de concretar reformas legislativas de impacto inmediato que ayuden a atajar y resolver los retos gubernamentales que por años se han gestionado a través de acciones ejecutivas, cuyo impacto positivo no ha sido suficiente para poder lograr una adecuada regulación del uso y explotación del agua, particularmente en lo que se refiere a las concesiones o asignaciones de derechos de uso del vital líquido.

Al final, es un hecho que la concesión o asignación de derechos de uso del agua está sujeta a procesos administrativos de renovación de vigencia, que en el marco en el que actualmente está la Ley de Aguas Nacionales para este efecto provoca que en muchas ocasiones los usuarios de aguas nacionales presenten sus trámites de prórroga de forma extemporánea, lo cual ocasiona la pérdida de sus derechos concesionados o asignados, quedando en completa vulnerabilidad ante la autoridad del agua.

De allí que el objetivo central de esta iniciativa sea plantear, más allá de una nueva Ley de Aguas Nacionales, una reforma a la ya existente que permita que los usuarios de aguas nacionales no queden en desamparo en el periodo que actualmente contempla la citada Ley para la presentación de las solicitudes de prórroga a la vigencia de títulos de concesión y asignación.

De manera específica esta propuesta plantea reformar el artículo 24 de la Ley de Agua Nacionales, que establece la obligación que tienen los usuarios de concesiones y asignaciones de solicitar su prórroga “al menos seis meses antes de su vencimiento” y que puedan solicitarla hasta el último día de vigencia del título.

Lo anterior permitirá que los usuarios tengan menos posibilidad de perder sus derechos sobre los títulos de concesión o asignación de aguas nacionales; sobre todo, tomando en cuenta que, en gran parte del país, existen cuencas y acuíferos con veda y sin disponibilidad de aguas para el otorgamiento de nuevas concesiones y asignaciones.

Asimismo, esta iniciativa propone establecer disposiciones que den mayor claridad y certeza a todos aquellos que se encuentran en el actual supuesto jurídico, es decir, fuera de los tiempos de renovación o prórroga de las concesiones o asignaciones de aguas nacionales para que normalicen su situación ante la “Autoridad del Agua”.

Si bien el acceso al agua y su saneamiento ha sido reconocido como un Derecho Humano esencial por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que implica que los Estados deben garantizar su acceso y calidad para toda la población, y aunque en México este derecho está consagrado en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que esto no es del todo una realidad, debido en buena medida a la falta de mecanismos efectivos para la defensa de este derecho, lo cual ha dejado a millones de personas en una situación de vulnerabilidad.

El acceso desigual al agua es uno de los problemas sociales más graves de la crisis hídrica en México. Mientras que en las zonas urbanas y de mayor poder adquisitivo el agua suele estar disponible, aunque a menudo con cortes y restricciones; en las comunidades rurales y marginadas el acceso al agua es limitado o inexistente. Esta desigualdad se traduce en un círculo vicioso de pobreza y falta de oportunidades, ya que el agua es esencial no solo para el consumo humano, sino también para la agricultura y otras actividades económicas básicas.

Es lamentable, pero la falta de agua para la agricultura y el consumo humano ha llevado a comunidades enteras a abandonar sus hogares en busca de mejores condiciones de vida. Este fenómeno agrava los problemas sociales y económicos en las áreas urbanas, que ya enfrentan desafíos significativos en términos de infraestructura y servicios públicos.

Por lo anterior, desde nuestra perspectiva, es preciso que, sobre el actual marco normativo, demos pasos firmes en torno a que los usuarios de aguas nacionales conserven sus concesiones y asignaciones; lo cual nos obliga a abordar esta desigualdad y asegurar que todos los usuarios de aguas nacionales, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico, tengan acceso al agua a partir de la renovación gradual y paulatina de sus concesiones y asignaciones.

Al final, la crisis hídrica en México representa un desafío multidimensional que exige respuestas urgentes y coordinadas. Los problemas políticos, sociales, jurídicos y humanos que derivan de ella no pueden ser abordados de manera aislada, requieren una visión integral que combine reformas legislativas, inversión en infraestructura y una gobernanza más equitativa.

Sin embargo, desde hace más de veinte años la Autoridad del Agua enfrenta problemas de gestión de las concesiones y asignaciones, derivado de una reforma al artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales. En efecto:

 “El 29 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales’, mediante el cual se modificó, entre otros, el artículo 24 de la referida Ley, a fin de establecer un nuevo periodo para la presentación de solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación, lo cual generó confusión entre los usuarios del recurso hídrico que ya contaban con un título autorizado hasta esa fecha”.

Esta reforma:

“...estableció que los usuarios que requirieran la prórroga de su título de concesión o asignación podrían solicitarla dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia, al menos seis meses antes de su vencimiento, y que en caso de que los concesionarios y asignatarios no realizaran el trámite de prórroga dentro del plazo antes referido, se consideraría como renuncia al derecho de solicitarla, lo que ocasionaría el vencimiento del título correspondiente.

Ante esta situación, que ha generado confusión a los usuarios de aguas nacionales para solicitar en tiempo y forma la prórroga a la vigencia de sus títulos de concesión y asignación de aguas nacionales y que ha provocado la pérdida de sus títulos, el Ejecutivo federal ha tenido la necesidad de publicar diversos decretos de facilidades administrativas que permitan la recuperación de los derechos de los concesionarios y asignatarios.

Los decretos que otorgan facilidades administrativas a este respecto fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2014, el 17 de mayo de 2016, el 23 de marzo de 2018, el 1 de julio de 2019 y 14 de marzo de 2023 respectivamente, con el objeto de recuperar las concesiones y asignaciones cuya vigencia había concluido.

Todos y cada uno de estos decretos presidenciales respondieron a una necesidad apremiante de regularizar la situación de los titulares de concesiones y asignaciones de aguas nacionales, para lo cual establecieron procedimientos simplificados y plazos específicos para que los usuarios pudieran recuperar sus títulos.

Además, sin estas medidas administrativas, miles de usuarios y productores agrícolas habrían quedado en una situación de irregularidad, exponiéndose a sanciones y a la imposibilidad de seguir aprovechando las aguas nacionales de manera legal. Los decretos, por lo tanto, respondieron a una necesidad urgente de proteger el derecho humano al agua de los ciudadanos, mediante la recuperación de concesiones de uso doméstico y asignaciones de uso público urbano; así como la protección de campesinos y pequeños productores mediante la recuperación de sus concesiones, garantizando la continuidad de las actividades agrícolas en diversas regiones del país; así como la recuperación de concesiones de otros usos de las aguas nacionales.

No obstante, a pesar de los beneficios inmediatos que los decretos presidenciales de facilidades administrativas ofrecieron, su recurrencia en el tiempo señala una problemática estructural en el sistema de concesiones y asignaciones de agua en México. El hecho de que estos decretos se hayan tenido que emitir de manera reiterada sugiere que el marco normativo vigente, es decir, la Ley de Aguas Nacionales, no es suficientemente efectivo para garantizar la regularidad en la renovación de títulos y la adecuada gestión del recurso.

Especialistas han señalado que esta situación refleja, en parte, la complejidad y burocracia del proceso de renovación, especialmente en áreas rurales.

Si bien las concesiones y asignaciones son títulos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que permiten a personas físicas o morales hacer uso de las aguas nacionales durante un periodo determinado. Es necesario solicitar el trámite de la prórroga para la renovación de la vigencia de los títulos correspondientes y quien no lo realice en tiempo pierde sus derechos concesionados o asignados.

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo federal, muchos titulares no han renovado sus concesiones en tiempo, lo que ha resultado en una situación de irregularidad en la explotación de recursos hídricos.

De allí la necesidad de regularizar la situación de estos usuarios, especialmente en contextos donde el acceso al agua es vital para la actividad económica y el bienestar social. De hecho, uno de los principales problemas que enfrentan los campesinos y productores, al no tener vigentes sus títulos de concesión de aguas nacionales, es la exclusión del Subsidio del Programa Especial de Energía para el campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA). Este programa del Gobierno federal tiene como fin apoyar a los productores agrícolas mediante subsidios en el costo de la energía eléctrica utilizada para el riego y exige como requisito indispensable que los beneficiarios cuenten con títulos vigentes de concesión de aguas nacionales.

La falta de acceso a este subsidio coloca a los productores agrícolas en una situación de desventaja competitiva y pone en riesgo la viabilidad de sus actividades agrícolas. Además, la carencia de títulos vigentes lleva a la pérdida de sus derechos sobre el uso de aguas nacionales, lo que tendría consecuencias devastadoras tanto para la seguridad alimentaria como para la estabilidad económica de las comunidades rurales.

En conclusión, los decretos presidenciales de facilidades administrativas emitidos por Ejecutivo federal en los años 2014, 2016, 2018, 2019 y 2023 respondieron a una necesidad urgente de regularización de concesiones y asignaciones de aguas nacionales y evitaron que miles de pequeños productores agrícolas quedaran en una situación de vulnerabilidad. No obstante, la expedición reiterada de estos decretos ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la Ley de Aguas Nacionales, en materia del plazo que tienen los usuarios de aguas nacionales para solicitar la prórroga a la vigencia de sus títulos.

Por todo lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa, se somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

Las concesiones o asignaciones en los términos del artículo 22 de esta Ley, serán objeto de prórroga por igual término y características del título vigente por el que se hubieren otorgado, siempre y cuando sus titulares no incurrieren en las causales de terminación previstas en la presente Ley, se cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de esta Ley y en el presente artículo y lo soliciten dentro de los últimos cinco años previos al término de su vigencia y hasta el último día de vigencia del título.

Las solicitudes de prórroga a la vigencia de los títulos, que se hayan presentado estando vigente la concesión o asignación, y estén pendientes de resolverse, serán tomadas como presentadas en tiempo.

..

..

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cfr. Rafael López, “México experimenta escasez de agua y falta de equidad en su distribución” en Gaceta UNAM, México, 2017.

2 Cfr. Elena Burns, “El último grito de los hidrosaurios” en Aristegui Noticias, 17 de febrero de 2024.

3 Vid. “El Derecho Humano al agua y al saneamiento. Hitos”, publicado por la Oficina de Naciones Unidas de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” 2005-2015/Programa de la ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio (UNW-DPAC).

4 “Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2014.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de aguinaldo digno, con base en la siguiente

Con el transcurso del tiempo, los derechos de la clase trabajadora se han dignificado gracias a la lucha incansable de quienes son el motor productivo del país, sin embargo, en la época contemporánea aún persisten grandes obstáculos que contravienen a la igualdad de condiciones entre grupos sociales.

México se ha caracterizado por garantizar una protección social, es decir, reconocer y salvaguardar los derechos más elementales de los grupos sociales mayormente vulnerados. Es así que nuestro país ha sido considerado como el primero en contar con una Constitución Federal de orden social, en la cual se otorgan garantías individuales a las clases sociales desprotegidas y se avanzó hacia una vanguardia garantista.

Con la evolución de la sociedad y la progresividad de los derechos, el marco constitucional y legal de nuestro país ha avanzado hacia una mayor y mejor protección de los derechos sociales, políticos y culturales. En 2011, la Carta Magna tuvo una serie de reformas en materia de derechos humanos por el que el Gobierno Federal adopta formalmente la protección más amplia de los mismos.

Con dicha reforma cambió el texto del artículo 1o. constitucional, pasando de “...todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución” a “...todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución...”, lo que gramaticalmente implica una transformación en el actuar del Gobierno, es decir, que los derechos ya no serán constituidos de forma unilateral por la autoridad, sino que, por el contrario, de ahora en adelante, a medida que evolucione la sociedad, el Derecho y los derechos fundamentales, así como la seguridad jurídica se encontrarán en un constante cambio progresivo que beneficie a la sociedad.

Se debe reconocer que se han logrado importantes avances en materia laboral como los derechos a un trabajo digno, a la seguridad social, a un salario justo, a una jornada de trabajo plena, a la capacitación constante, a las condiciones óptimas en lugar de productividad, a la huelga, al contrato colectivo, entre muchos otros que permiten acceder a un trabajo decente.

No obstante, hemos de referirnos a las palabras del filósofo y escritor Ferdinand Lassalle en su obra ¿Qué es una Constitución?, en la cual demuestra que la norma puede llegar a convertirse en una simple hoja de papel si no tiene una verdadera aplicación, por lo que debe sumarse un valor jurídico y real que haga valer las prerrogativas establecidas y que dé sentido a la lucha de las y los trabajadores en las que se ha derramado sangre y sudor y se han perdido vidas para que las presentes generaciones gocemos de mejores condiciones laborales.

Hoy en día, la lucha sigue en pie, pero ésta se da a través del diálogo, el debate, el estudio, el intercambio de opiniones y criterios, la confrontación de argumentos y movimientos pacíficos para alzar la voz, a fin de visualizar los problemas reales de la clase trabajadora que se ha visto subyugada por quienes se niegan a reconocer sus derechos y a pagarles lo justo por su trabajo.

Desde el Legislativo se ha venido construyendo una política nacional de trabajo que escuche a todas las partes involucradas para que mediante el consenso se amplíen los derechos laborales y se garantice una verdadera igualdad de condiciones en términos de los artículos 1o. (derechos humanos), 4o. (igualdad de condiciones ante la ley) y 123 (derecho al trabajo digno y socialmente útil) constitucionales.

De este modo, el Constituyente ha reformado la norma secundaria en favor de la clase trabajadora para asegurar la equidad de género, el fortalecimiento al acceso a las prestaciones de seguridad social, la innovación/transformación de la justicia laboral (órganos jurisdiccionales), el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, el combate a la subcontratación, el derecho a las vacaciones dignas, entre otros cambios que abonan a una mayor seguridad de las y los trabajadores, así mismo se siguen impulsando reformas y cambios legales para eliminar las limitantes en el acceso a derechos de seguridad social (limitantes en pensión de viudez), para garantizar los derechos de las personas adultas mayores, para regular el trabajo a través de las plataformas digitales, para establecer permisos médicos de prevención del cáncer, entre otras propuestas que buscan solidificar un trabajo digno y decente.

Lamentablemente, la realidad se basa en los hechos, pues pese a que muchos derechos laborales son ley vigente y se garantiza su ejecución, existen otros supuestos en los que se debe seguir trabajando para asegurar su plena eficacia y, algunos otros deben ser replanteados para su optimización.

En México, se trabajan 2 mil 137 horas en promedio al año, es decir, casi el doble del promedio estimado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), convirtiéndose nuestro país en uno de los que más horas trabajan a nivel mundial, esto es debido a que en muchos de los escenarios la jornada laboral no se ve respetada por el empleador y, pese a que la norma secundaria establece el pago de horas laborales extras, éstas no se pagan y muchas veces sobrepasan la jornada extra permitida.

A partir del 1 de enero del año en curso, el Ejecutivo federal anunció un incremento de 20% en el salario mínimo, el cual equivale a $248.93 pesos diarios para todo el país, excepto en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde este aumentó a $374.89 pesos diarios, beneficiando a más de 6 millones de trabajadores. Sin embargo, el país aún se posiciona como una de las naciones de Latinoamérica con un salario mínimo bajo, el cual, si se pone en perspectiva con el consumo de insumos necesarios (canasta básica), representa una insuficiencia del ingreso mínimo ante las necesidades primarias; además, este factor se agrava cuando solo existe un proveedor en el núcleo familiar.

Esta situación cobra mayor relevancia en comparación con los gastos de los meses de diciembre y enero, principalmente tratándose de familias numerosas o con presencia de menores de edad, en virtud de que en la época decembrina e inicios del año nuevo acontecen diversos supuestos que aprietan la disponibilidad del capital recaudado para sufragar las necesidades primarias, a lo cual deben sumarse otros gastos complementarios, como pueden ser: la atención de un contagio por gripe (gasto en medicación debido a la alta probabilidad de contagio durante estos meses por las bajas temperaturas y la vulnerabilidad del sistema inmunológico); periodo vacacional (debido al plazo vacacional, las familias aprovechan para reunirse y viajar, con el objetivo de descansar del estrés laboral); reuniones familiares (debido a la temporada vacacional, las familias aprovechan para reunirse y gozar de un tiempo de calidad en familia); fiestas decembrinas (debido a la temporada, se acostumbra hacer intercambios de regalos como muestra de aprecio y unidad); celebraciones por inicio de año (las familias y amigos se reúnen para celebrar la llegada de un nuevo año); y, principalmente el pago de bienes y servicios (agua, luz, impuesto predial, mantenimiento del hogar en algunos casos, internet, gas, despensa, colegiaturas, entre otros que deben pagarse al inicio de año).

De acuerdo al Título Tercero, Capítulo V, de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo forma parte del salario y debe ser entregado antes del 20 de diciembre; éste es equivalente a 15 días de salario (artículo 87 de la LFT, aplicable para todo trabajador que se rija por la Ley). Se trata de un derecho que se recibe como retribución por la prestación de un servicio correspondiente a un año laborado o, en su caso, el pago proporcional al tiempo laborado.

Este derecho sirve como mecanismo financiero para enfrentar los gastos mayores que se presentan durante los meses de diciembre y enero en los casos que anteriormente se han mencionado y para hacer frente al aumento de la inflación del año próximo, por ello, se constituye como un apoyo adicional al gasto corriente y complementario de los meses mencionados.

Esta retribución funge además como un salvavidas a la presión presupuestal, sin embargo, la realidad es que es un derecho que no ha sufrido ningún cambio progresivo desde la reforma del 31 de diciembre de 1975 (artículo 87 de la LFT), pese al encarecimiento de los productos, el cambio de estilo de vida de la sociedad y la variación de la moneda nacional ante otras divisas, lo cual ha provocado cambios en las economías de los países.

Colombia, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, Argentina, Guatemala y China son tan solo algunas de las naciones que establecen el aguinaldo en un valor equivalente a por lo menos 30 días de salario, o bien, a la doceava parte de la remuneración percibida durante un año laboral. De acuerdo al país de que se trate, este derecho puede denominarse como aguinaldo, décimo tercer sueldo, prima, aguinaldo navideño, entre otras denominaciones y en algunos casos es pagado en dos partes, sin embargo, en esencia, el significado del aguinaldo representa el mismo concepto en todos los países, aunque la clara diferencia es el valor equivalente, puesto que en los casos mencionados es hasta el doble del valor que tiene en nuestro país.

Contenido de la iniciativa

En virtud de lo anterior, la política nacional de trabajo se debe seguir fortaleciendo como hasta ahora ha sucedido con el propósito de dignificar los derechos de las personas trabajadoras quienes día con día se levantan desde muy temprana hora para hacer funcionar al país y alcanzar una mejor calidad de vida para las familias mexicanas.

Es por lo anterior que duplicar los días de aguinaldo, pasando de 15 a 30 días de salario, favorecerá al sector productivo, pero, además, permitirá inyectar dinamismo a la economía nacional, ya que debe recordarse que la fecha en que se ejerce este derecho laboral se da durante meses en los que las familias mexicanas más consumen haciendo gastos necesarios y complementarios para satisfacer sus necesidades.

Además, la reforma pretende contribuir a la política de disminuir las desigualdades salariales entre los distintos sectores de nuestra sociedad, siendo consistente con las medidas que ha implementado el Ejecutivo federal desde 2018 a fin de aumentar el ingreso de las y los trabajadores mexicanos.

México es uno de los países con reconocimiento internacional por contar con calidad manufacturera y de su mano de obra, no obstante, hay más de 40 años de aprovechamiento desde la última reforma laboral en materia de aguinaldo, por ello, éste debe ser revisado y atendido.

Debe recordarse que el aguinaldo es un derecho que se constituye como un agradecimiento por la prestación de un servicio durante un año laboral y debe ponerse en perspectiva con la situación de la población que percibe un salario mínimo y las dificultades que estos trabajadores enfrentan para adquirir la canasta básica. En este sentido, establecer en 30 días el aguinaldo es solo un acto de humanidad que tiene que pensarse debe servir para unificar a la familia, para hacer feliz a los menores de edad y para celebrar el término de un ciclo e iniciar de una forma próspera un año nuevo que muchas veces trae consigo el incremento en el costo de productos y la acumulación de pagos pendientes de distintos bienes, impuestos y servicios.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a treinta días de salario, por lo menos.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

(2011). Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, Diario Oficial de la Federación [En línea] [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2023] Recuperado de:

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Pasquali, Marina. (2023). Los salarios mínimos en América Latina para 2023. Statista [En línea] [Fecha de consulta: 13 de febrero de 2023] Recuperado de:

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https://www.bloomberglinea.com/2022/10/27/sueldo-numero-13-o-agu inaldo-como-se-paga-en-cada-pais-de-america-latina/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de octubre de 2024.– Diputadas: Gabriela Benavides Cobos, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las leyes General de Cultura Física y Deporte, y Federal del Trabajo, al tenor de los siguientes

El deporte se considera un vínculo para del desarrollo y la paz entre los países, pues promueve la tolerancia y el respeto entre ellas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Asimismo, considera que el deporte es un gran instrumento para promover la paz y los derechos humanos, pues impulsa los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con la globalización y comercialización de diversas disciplinas deportivas los deportistas han decidido hacer de sus actividades deportivas su modus vivendi por lo que han dado paso al profesionalismo de su disciplina.

En México como en resto del mundo, el auge de la práctica del futbol es cada vez mayor y en consecuencia su demanda profesional se convierte en uno de los principales anhelos y prospectos de vida de los niños y jóvenes del país, esta elevada demanda hace que las federaciones, particularmente, la Federación Mexicana de Fútbol, Asociación A.C., establecen normas que, en el afán de tener control total de los activos deportivos, violentan o son contrarias de derecho particularmente en materia laboral, dejando a los profesionales de la disciplina en un estado de indefensión y violentando sus derechos laborales y elementales constitucionales como el de la libertad de ejercicio de profesión, contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo son la base sobre la cual se construyen sociedades equitativas y justas por lo que, atendiendo la jerarquía jurídica, las garantías laborales se encuentran en los artículos 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo; y la Ley Federal del Trabajo, de donde emanan los derechos mínimos de los trabajadores del país incluyendo los profesionales del deporte, quienes están debidamente contemplados en Capítulo X de la Ley Federal del Trabajo por lo que cualquier reglamento, estatuto o norma interna en las federaciones o asociaciones, no podrán ser contrario a los principios de derecho o a las garantías mínimas señaladas en los preceptos jurídicos arriba mencionados, ni ejercer prohibiciones o intentar coaccionar el ejercicio de sus derechos fundamentales en el trabajo como son el libre ejercicio de profesión, la libertad de asociación, la libertad sindical entre otros; en otro sentido si bien en cierto que las instancias jurisdiccionales en materia laboral deben de atender los conflictos laborales, una vez que se hayan agotado las instancias internas, también lo es que resulta inaceptable condicionar la afiliación a las renuncia de derecho de ejercicio de un proceso conciliatorio y de arbitraje ante la entidad jurisdiccional en materia laboral, toda vez que las instancias de juicios internos en las federaciones y/o asociaciones, no tienen un carácter de definitivas o inapelables ya que justo en ese instante es cuando surge el derecho en materia procesal laboral.

Durante la revisión de diversos estatutos y reglamentos, encontramos que algunos de éstos contienen renuncias de derechos, limitantes, prohibiciones y coacciones del ejercicio de derechos y procesos jurisdiccionales como es el caso del Estatuto Social de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, AC, en los artículos 12, incisos a) y c);y 14 y de su Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede en sus artículos 6, 10 inciso 10.2, entre otros.

Por los motivos expuestos someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Primero. Se reforma el artículo 50, primer párrafo; y se adiciona el artículo 85 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo 50. La presente ley reconoce a las federaciones deportivas mexicanas el carácter de asociaciones deportivas nacionales, por lo que todo lo previsto en esta ley para las asociaciones deportivas, les será aplicable. Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su reglamento, observando en todo momento los principios de derecho, democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

...

Artículo 85 Bis. Los deportistas no podrán ser condicionados, amenazados, coaccionados o desafiliados de su Federación o asociación por hacer valer sus derechos contraídos en la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Se reforman los artículos 298 fracción I, y 300, fracción II; y se adiciona una fracción III y 301 fracciones I y II de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 298. Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales siguientes:

I. Someterse a la disciplina de la empresa o club , cuidando en todo momento que este sometimiento no represente renuncia de derechos ni que sea contrario a la ley y los principios de derecho;

II. y III. ...

Artículo 300. Son obligaciones especiales de los patrones

I. ...

II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 71 ; y

III. Crear estatutos, reglamentos y cualquier tipo de norma reguladora, respetando los derechos en general y en estricto apego a la materia laboral.

Artículo 301. Queda prohibido a los patrones

I. Exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida; y

II. Coartar o coaccionar el derecho de los deportistas a asociarse en organizaciones sindicales.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

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https://www.un.org/es/observances/sport-day

- DOF (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

- Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.

- DOF (2013), Ley General de Cultura Física y Deporte. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD.pdf

- DOF (1970), Ley Federal del Trabajo. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

- Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, AC.

- FMF (2023), Estatuto Social de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, AC. Disponible en

https://fmf.mx/docs/reglamentos/93.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Margarita García García, Ana Isabel González González, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Luisa del Muro García, Gerardo Olivares Mejía, Javier Vázquez Calixto, Jesús Roberto Corral Ordóñez, José Luis Montalvo Luna, José Luis Sánchez González, José Luis Téllez Marín, Lilia Aguilar Gil, Luis Armando Díaz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, Mary Carmen Bernal Martínez, Mónica Herrera Villavicencio, Pedro Vázquez González, Ramón Ángel Flores Robles, Rosalía León Rosas (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La verdad es fundamental para la dignidad inherente al ser humano.

Estoy convencido de ello y en congruencia, presento por cuarta ocasión esta iniciativa para reconocer el derecho a la verdad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ocasiones previas, esta reiterada propuesta ha padecido el silencio de la congeladora.

A lo largo de la historia patria, hemos sido testigos de etapas de violencia, en las que incluso, han participado agentes vinculados con el Estado.

El periodo conocido como la guerra sucia, de acuerdo con el investigador Jorge Mendoza García, se caracterizó por el surgimiento de grupos guerrilleros en demanda de tierras o inconformes con el orden político y social imperante. La mayoría fueron violentamente reprimidos por el Estado mexicano, y a la fecha, cientos de personas continúan desaparecidas.

En años anteriores se han registrado eventos que significan violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.

Enumero algunos ejemplos:

1. La masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos y 23 más resultaron heridos por presuntos policías estatales.

2. El incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños por presuntas omisiones de servidores públicos. El caso es emblema de impunidad.

3. Los hechos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, con la participación de presuntos policías. Una década después no se conoce la verdad de lo ocurrido, y las madres y padres de familia aún esperan conocer el paradero de sus hijos.

Ante esta realidad, es imperante reconocer como garantía constitucional el derecho a conocer la verdad. Por ello propongo adicionar una fracción al artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado, o personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto, y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio.

La búsqueda de la verdad no debe abandonarse a la buena voluntad o espontaneidad de nuestras autoridades. Es importante que el quehacer en el tema, sea una obligación institucional derivada del establecimiento del derecho a la verdad, en nuestra Constitución y a la definición de reglas que establezcan los procedimientos para garantizar su cumplimiento.

Con esa consideración, propongo un artículo transitorio para señalar que después de la aprobación de la reforma constitucional, se emita una ley reglamentaria donde se señalen todos los mecanismos para el esclarecimiento de los hechos.

Conocer la verdad contribuye a poner punto final a capítulos de obscuridad y sufrimiento. Es una forma de recuperar la dignidad humana y exigir rendición de cuentas a las autoridades encargadas de la seguridad y protección.

El derecho a la verdad es reconocido en el marco jurídico internacional. Así, en el Estudio sobre el derecho a la verdad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006), se establece que la verdad es un derecho fundamental y por consiguiente, no puede estar sujeto a restricciones y debe considerarse como un derecho que no se puede suspender.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su estudio Derecho a la Verdad en las Américas (2014), recomienda a los Estados redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho a la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los insta a revisar su normativa interna; derogar aquellas disposiciones que de manera directa o indirecta impidan cumplir con sus obligaciones internacionales; y adoptar legislación que garantice el derecho a la verdad.

Ser indiferente ante la injusticia es el acto más perverso. Es la pérdida del sentido humano.

Ante la crueldad, la solidaridad.

Ante el crimen, la ley.

Ante la incertidumbre, la verdad.

Ése debe ser nuestro camino.

Por los motivos expuestos, presento la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII al Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción VIII al Apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

A. a C. ...

I. a VII. ...

VIII. Cuando se cometan violaciones a los derechos humanos en las que los perpetradores sean agentes del Estado, o personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia, se considerará como víctima a la sociedad en su conjunto, y se le reconocerá y protegerá el derecho a conocer la verdad, para lo cual el Estado dictará todas las medidas para esclarecer los hechos en un plazo razonable y perentorio. Dichas medidas deberán fijarse en la Ley Reglamentaria correspondiente.

Primero. La presente adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se fija como plazo máximo para la expedición de la Ley Reglamentaria el de un año.

Notas

1 Estudio sobre el derecho a la verdad, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006).

2 Se presentó en las siguientes fechas: 29 de octubre de 2019, 28 de septiembre de 2021 y 3 de octubre de 2023.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada María Isidra de la Luz Rivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 9 de la Ley General de Educación, con base en el planteamiento del problema, fundamentos legales y los siguientes argumentos:

Planteamiento del Problema

Desde 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) crearon el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Este grupo, conformado por científicos de todo el mundo, presenta periódicamente evaluaciones sobre los avances en el conocimiento sobre el sistema climático, la variabilidad climática y el cambio climático.

México padece los efectos del cambio climático con marcada diferencia del resto de países de América Latina, debido a su posición geográfica, desde 1996 hemos tenido en aumento sequías, huracanes, incendios, olas de calor, por mencionar algunos efectos negativos en materia ambiental.

En el tema de huracanes, recordemos sus consecuencias destructivas, ya que las ráfagas de viento y lluvia dañan la infraestructura pública y privada, la vegetación, existen inundaciones y pérdida de vidas.

Aunque existen registros de llegada de huracanes a las costas mexicanas, es desde 1997, que golpean nuestras tierras con mayor frecuencia, de lo anterior, se da cuenta con el siguiente cuadro:

Hablar del clima es conocer de varios elementos naturales que interactúan en el medio ambiente y, que, si tienen una pequeña modificación, alteran el equilibrio y por ende, todo el sistema. Los resultados son que todos los seres vivos suframos los embates de la naturaleza.

Actualmente se experimentan dichos cambios y en próximos años continuarán los siguientes efectos, como son:

Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie terrestre:

-Aumento promedio del nivel y de la temperatura del mar,

-Acidificación del mar, alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos,

-Modificación de los patrones naturales de precipitación e inundaciones,

-Huracanes de mayor intensidad,

-Sequías prolongadas,

-Aumento en el número de días y noches cálidas,

-Disminución en la disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola,

-Reducción y adelgazamiento de las capas de nieve (volcanes de México),

-Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas,

-Mayor propensión a incendios forestales,

-Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna,

Independientemente de la entidad federativa que trate, todos en mayor o menor medida hemos sentido el aumento de temperaturas y se han reducido los días frescos y tenemos noches más cálidas.

El impacto económico, social y natural es a distintos sectores, como son: la agricultura, la infraestructura, las zonas costeras, la biodiversidad y todo lo concerniente al sistema hídrico.

Para tener conocimiento y fortaleza en lo futuro, respecto al cambio climático en el país, es necesario que nuestras niñas y niños tengan conocimientos mínimos de los impactos naturales a los que van a enfrentarse.

La SEP, para el ciclo escolar 2023-2024, entregó cinco libros de texto gratuitos y son:

1. Saberes específicos

2. Proyecto en el aula

3. Lenguaje

4. Proyecto en la escuela

5. Proyecto en la comunidad

A estos libros, se suman cuatro materias relacionadas a la vida cotidiana de los estudiantes, que incluye las distintas formas de comunicación, las lenguas extranjeras, la crisis ambiental, los derechos humanos, la ética y las ciencias exactas.

Sin embargo, dichas materias poco impactan en el comportamiento y cambio de hábitos nocivos de las niñas y niños estudiantes, porque carecen de efectos prácticos y son esfuerzos que deben robustecerse con otras actividades.

Con la obligación constitucional y legal, pero, sobre todo, por sobrevivencia de los seres vivos, debemos trabajar a marchas forzadas en combatir los efectos del cambio climático y a vivir la adaptación.

En 2015, La Organización de las Naciones Unidas planteó el cumplimiento de la agenda 2030 que contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental y, especificamente el número 13 implica realizar acciones por el clima.

Recordemos que, de no controlarse los efectos del cambio climático elevarán la temperatura media mundial por encima de los 3 °C y afectarán negativamente a todos los ecosistemas. Todos observamos cómo el cambio climático intensifica tormentas y catástrofes, y nos arroja como resultado la escasez de alimentos y agua. No podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos tomar acción inmediata.

Es urgente fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales para cada región de la nación.

Por tanto, debemos mejorar la educación de niñas y niños para que ejecuten en su entorno beneficios al medio ambiente, como plantar árboles, separar los residuos, gastar menos energía eléctrica, no tirar basura.

Para lograrlo, no son suficientes los esfuerzos que realizan las y los maestros de educación básica, sea pública o privada en los planteles del país, por lo que, se requiere la sinergia de esfuerzos con las Secretarías de Estado, donde se puede aprovechar los programas federales que poseen.

En suma, con el apoyo de la Administración Pública Federal, se podría ampliar el conocimiento para las niñas y niños que cursan educación básica sobre los efectos del cambio climático.

Además de que, la implementación de programas específicos en materia de cambio climático para alumnos de nivel básico en el país, no generaría impacto presupuestal porque las obligaciones que se generarían con la aprobación del presente decreto, será cubierto con cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores de gasto correspondiente en cada ejercicio fiscal y, podrá derivar de programas existentes.

Aun cuando ya existen conocimientos en materia ambiental en los planes y programas de estudio en nivel primaria como resultado a la observancia de la ley, es necesario reforzar dicho estudio con práctica para mejor entendimiento, para generar conciencia y una actitud positiva en los infantes que cursan primaria para que con responsabilidad tengan una mejor calidad de vida en lo futuro y se relacionen con lo que pasa en su entorno.

En ese sentido, se propone que las autoridades educativas realicen acciones de coordinación con las Secretarias de Estado que conforman la Administración Pública Federal, como serían la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o la Comisión Nacional Forestal.

Fundamentos Legales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación (...)

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

(...)

Agenda 2030

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Metas del objetivo.

13.1  (...)  al   13.2  (...)

13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

13 a. (...) al 13 b. (...)

Ley General de Educación

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:

I. (...) al  VII.  (...)

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación, y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático;

IX.   (...) al  X.  (...)

Artículo 16.

La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; (...)

I. (...) al IV. (...)

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad.

VI. (...) al. X. (...)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático, protección del medio ambiente, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

(...)

Para mayor comprensión, se incluye el siguiente cuadro comparativo con la propuesta:

Ley General de Educación

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 9, adicionando una fracción VII y recorriendo las subsecuentes de la Ley General de Educación

Único. Se reforma el artículo 9, adicionando una fracción VII y recorriendo las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades educativas, el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I. (...) al VI. (...)

VII. Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con Dependencias de la Administración Pública Centralizada, para llevar a cabo acciones conjuntas que desarrollen programas para estudiantes de nivel básico de instituciones educativas oficiales y particulares, para que fortalezcan la resiliencia, sensibilicen y capaciten para la adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático.

VIII. (...) al XIV. (...).

Primero. El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

Nota

1 Tomado de

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio -climatico#:~: text=Efectos%20del%20Cambio%20Climático%20en%20México&text=El%20país%20se%2 0ha%20vuelto,y%20hay%20más%20noches%20cálidas. el 25 de septiembre del 2024.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: María Isidra de la Luz Rivas, Ana Luisa del Muro García, Gerardo Olivares Mejía, Javier Vázquez Calixto, José Luis Montalvo Luna, José Luis Sánchez González, José Luis Téllez Marín, Lilia Aguilar Gil, Luis Armando Díaz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Margarita García García, Mary Carmen Bernal Martínez, Pedro Vázquez González, Ramón Ángel Flores Robles (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de perspectiva de género, con base a la siguiente

El papel de la mujer en la vida política se ha invisibilizado a causa de diversas barreras estructurales que limitan su acceso a la participación activa en la toma de decisiones en los espacios públicos, viviendo en una sociedad donde los hombres se imponían, privando e invisibilizando los derechos de las mujeres, excluyendo su desenvolvimiento para únicamente desempeñar labores del hogar, el cuidado de la familia y como un instrumento para mantener la especie humana, privándoles de cualquier tipo de derecho: humano, social, económico, cultural.

Era imposible que las mujeres pudieran incursionar en la educación y desempeñarse en el ámbito laboral a través de un cargo; sin embargo, sí eran explotadas en el campo, laborando por largas horas la tierra, además de realizar sus actividades en el hogar; asimismo, cuando eran contratadas en alguna fábrica sus jornadas laborales eran infrahumanas y en pésimas condiciones, lo poco que ganaban era arrebatado por su pareja o padres para contribuir en saldar las necesidades de la familia, anulando la posibilidad de tener autonomía financiera.

No obstante, es menester hacer un reconocimiento a aquellas mujeres que se han visto envueltas en los hechos históricos alrededor del mundo y que hoy sabemos fungieron como parteaguas en dichos eventos.

En el caso de México, destacan heroínas como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, no obstante, es fundamental hacer mención muchas otras mujeres que fungieron como espías, militares, propagandistas o informantes como lo fueron Juana Barragán, Manuela Medina, Rosa Arroyo, María Guadalupe “La Rompedora”, entre otras, durante la etapa de la independencia.

La Revolución Mexicana sin duda alguna ha sido un icono de trascendencia para las mujeres en la participación activa de los movimientos sociales, encontrando en sus páginas a coronelas y capitanas realizando trabajo de inteligencia, a periodistas que se oponían a la dictadura de Porfirio Díaz y exponiendo las condiciones deplorables en las que vivía la mayoría de la población, así lo escribía María Teresa Arteaga, colaboradora del periódico Regeneración. En el caso de Dolores Jiménez Muro, su habilidad en la escritura le impulsó a redactar el Plan Político y Social de Tacubaya para exigir la libertad de imprenta, la disminución de las jornadas de trabajo y la dignificación del pueblo indígena. Por su parte, Eva Flores Blanco aprovechó su posición como telegrafista para informar sobre los movimientos del ejército federal al movimiento zapatista.

Tras esta fase armada, el país necesitaba iniciar un periodo de reconstrucción que estuviera alimentado por las demandas campesinas, obreras y sociales que dieron pie a la Revolución Mexicana. De aquí nace la urgencia de elaborar una nueva Constitución que retome las ideas antes mencionadas, además de restablecer el papel de la mujer en la Carta Magna.

Así, Hermila Galindo expresaba al Congreso Constituyente de Querétaro, la propuesta de otorgar el voto a la mujer, misma que sería rechazada. Aún con el gran desafío que significaba, decidió postularse como candidata a diputada federal por el V Distrito Electoral de la Ciudad de México, marcando un paradigma a partir de este momento en la lucha por conquistar y abrir espacios en la vida política de nuestro país para las mujeres.

En 1937, como parte de una promesa en campaña, Lázaro Cárdenas envió al Congreso una iniciativa al artículo 34 Constitucional para otorgarle a la mujer el derecho a votar y ser votada, y aunque en el Senado de la República se aceptó la propuesta, en la Cámara de Diputados no transitó.

Para 1952, más de 20 mil mujeres salieron a las calles a exigirle al Presidente Adolfo Ruiz Cortines hacer cumplir su promesa de establecer en la Constitución su derecho a votar y a ser electas. Este hecho histórico quedaría plasmado hasta el 17 de octubre de 1953 garantizando a las mujeres su derecho al voto y ser votadas en puestos de elección popular y, se vería materializado en 1955 cuando se ejerció este derecho por primera vez en nuestra historia como nación.

Así, Aurora Jiménez Palacios sería la primera Diputada Federal por Baja California en la XLII Legislatura, le siguieron en la Legislatura XLIII Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Ursúa Flores por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas. En el Senado de la República la historia recibiría a Alicia Arellano Tapia por Sonora y a María Lavalle por Campeche. Para 1979, Colima elegiría su primera Gobernadora, Griselda Álvarez, demostrando que la población estaba lista para el cambio y ganando con una ventaja de 50 mil votos frente a su competidor. Al tomar protesta, Griselda Álvarez expresó:

“Vivimos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres; sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.

De esta manera, las mujeres mexicanas se abrieron paso por la defensa y lucha de sus derechos políticos y se comienza a romper aquella idea patriarcal de que las mujeres solo podían desempeñarse en tareas del hogar y demás funciones que los hombres instruyeran.

Posterior a este hito, alrededor del mundo las mujeres comenzaron la lucha por seguir visibilizando sus derechos, haciendo suyos otros espacios como la radio, dando pauta a la integración de diversos movimientos feministas que décadas más tarde culminaría en la creación de organizaciones no gubernamentales (ONG), instituciones académicas y organismos políticos que comparten en común el reconocimiento y lucha de las mujeres en los ámbitos público y privado.

Así, poco a poco las naciones fueron implementando mecanismos de participación activa de las mujeres dentro de la esfera pública. Sin duda, la ratificación de diversos tratados internacionales de Derechos Humanos es el instrumento más recurrido para iniciar como punto de partida en hacer efectivos tales derechos, como en el caso de nuestro país, que tiene la obligación de garantizar tanto a hombres como a mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

En este sentido, sigue siendo necesario impulsar acciones afirmativas con base a la estructura social y política que nuestro país vive en la actualidad y en razón de una deuda histórica previa que generaba menos oportunidades, discriminación en todos los sentidos hacia las mujeres; estamos en una perspectiva de ejercer un gobierno incluyente, preponderando el gran aporte de la mujer dentro de los órganos de poder.

Reconociendo que previo al ámbito político, para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, y así incrementar su importancia en el contexto político y de toma de decisiones.

En virtud de lo anterior, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) es una herramienta vinculante universalmente reconocida, que no solo lucha contra la discriminación contra la mujer, sino que también protege los derechos de las niñas para preservar su dignidad y bienestar; asimismo, alienta todas las políticas públicas que les puedan ofrecer oportunidades de igualdad.

El objetivo de la misma es garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tanto en las leyes a manera de antecedentes vinculantes, como en los hechos.

La CEDAW prevé como una de las principales preocupaciones en cuanto a temas de género, la falta de participación política de las mujeres, esto como consecuencia directa de la invisibilización y falta de oportunidades en los países hacia cargos verdaderamente de toma de decisiones políticas. En México con el propósito de cumplir con este pacto internacional, en materia de transversalización de la perspectiva de género, ONU Mujeres colabora con Inmujeres en el desarrollo y gestión de conocimiento que documentan y difunden el nivel de avance en las leyes, políticas y presupuestos para la igualdad de género.

Los esfuerzos realizados por redes de mujeres, por la sociedad civil, por mujeres al poder y por la propia CEDAW, no deben de dejarse únicamente en palabras, sino aplicarse en leyes y transformar lo que está establecido en éstas, en planes y políticas, en acciones y resultados concretos para avanzar hacia una verdadera igualdad sustantiva en México.

Dentro del Comité de Expertas de la CEDAW, se han trabajado propuestas de reformas a leyes para que estos textos dejen de invisibilizar a las mujeres, y por el contrario desde la propia legislación incluirlas con todos los procesos, así como reconocerlas dentro del ámbito público de los países.

Generar políticas públicas que conlleven acciones afirmativas en la legislación es esencial para promover la no discriminación desde ámbitos sociales, hasta aspectos políticos.

Cumplir los compromisos derivados de tratados internacionales es de suma importancia para construir un país con igualdad sustantiva y garantizar los derechos humanos, sobre todo de las mujeres en cuanto a género se trata.

En este orden de ideas, en el ámbito político-electoral, las mujeres fueron completamente invisibilizadas, en todo el articulado de la Constitución de 1917 no existe alguna mención de la mujer, mucho menos de sus derechos, provocando condiciones de desigualdad social, su nula participación política y el inexistente derecho político para votar y ser votadas, siendo hasta 1953 que el Estado reconoció el derecho electoral de la mujer mexicana a votar, como ya se mencionó anteriormente.

De acuerdo con Nohlen, el derecho electoral se entiende en dos sentidos:

En sentido estricto: como sinónimo de sufragio. Consiste en el derecho de votar (sufragio activo) y de ser elegido (sufragio pasivo). El sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a saber: universal, igual, libre, directo y secreto.

En sentido amplio: como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, instituciones y principios referentes a la organización, administración y realización o ejecución de las elecciones; la constatación de validez de los resultados electorales; así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación.

En ese año, la mujer solamente logró que en sentido amplio pudiera sufragar, el Estado aún no le proporcionaba los atributos constitucionales en una democracia representativa; esto era inicio de una lucha constante para las mujeres, había una brecha de la cual sostenerse para abrirla y alcanzar el verdadero derecho político-electoral.

Actualmente, en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; no han tenido aún una mujer gobernadora.

Desde la institucionalización del voto femenino hasta el año de 2018, nuestro país solamente ha tenido 7 mujeres encabezando el Poder Ejecutivo en sus estados y de 2018 a la fecha la cifra aumentó a 9 mujeres más en dicho cargo, gracias a la implementación de acciones afirmativas de género en el marco jurídico que obliga a los partidos políticos a garantizar la postulación paritaria en sus candidaturas a cargos de elección popular y en los espacios plurinominales.

La lucha de las mujeres ha alcanzado algunas metas, ahora la paridad de género es un derecho fundamental; esto permitió que, en los comicios electorales de 2023, hubiera candidatas al cargo de Presidencia de la República con amplias posibilidades para ganar que, a diferencia de otras candidatas en décadas anteriores, no habían conseguido.

Por ello, siendo congruentes con la realidad es importante que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capítulo III Del Poder Ejecutivo, en el artículo 80 en el texto se modifique la redacción para incluir la perspectiva de género.

En 2024, México tendrá a la primera mujer ocupando el espacio de la Presidencia de la República. En consecuencia a esta exposición de motivos, y con el propósito de generar igualdad sustantiva y acciones afirmativas dentro de la Carta Magna de nuestro país, y dar justicia a las luchas históricas de las mujeres por visibilizar su historia y diversidad a nuestra sociedad contemporánea, adicionando la situación y necesidades actuales, se propone reformar el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de agregar el término “Presidenta” como depositaria del Poder Ejecutivo federal.

A continuación, se agrega un cuadro comparativo de la propuesta de reforma:

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en una sola persona, que se denominará “Presidenta o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las menciones al titular del Ejecutivo en esta Constitución y las leyes que de ella emanan, se entenderá que refieren a la presidenta o el presidente de la República, según corresponda.

Notas

1 Girón, Alicia; González Marín, María Luisa y Jiménez, Ana Victoria (2008): Breve historia de la participación política de las mujeres en México, pág. 35, disponible en

https://ru.iiec.unam.mx/1774/1/breve.pdf

2 Ibídem, págs. 36-37.

3 National Geographic en Español, Del voto a la presidencia, a 70 años del sufragio femenino en México, disponible en

https://www.ngenespanol.com/el-mundo/70-anos-del-derecho-al-voto -de-las-mujeres-en-mexico/

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Aniversario luctuoso de Griselda Álvarez, primera gobernadora en México, consultado en

https://www.gob.mx/inafed/articulos/aniversario-luctuoso-de-gris elda-alvarez-primera-gobernadora-en-mexico.

7 SUP-REP-11/2016, consultable en portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUPREP-00011-2016.htm

8 Nohlen, Dieter; “Instituciones y cultura política”. Revista de la Facultad de Derecho de México, Vol. 57, No. 247, 2007, págs. 267-288.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas: Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, María Fabiola Karina Pérez Popoca (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto “que modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental”, considerando la siguiente

La salud mental se ha vuelto un tema recurrente en la agenda pública, es común escuchar con mayor frecuencia mencionar este término en las pláticas de las personas. Siendo las generaciones más jóvenes quienes lideran la discusión, en busca de soluciones que les permita generar herramientas de afrontamiento y una mejor realidad que la que vivieron y normalizaron tantas generaciones anteriores.

Sin embargo, es menester de este proyecto el aclarar que la salud mental no se puede ni se debe resumir en una perspectiva simplista en la que se encasille o segmente a la población de acuerdo con un nivel de “daño” que puedan tener u ocasionar.

La División de Política Social del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados define la salud mental de la siguiente forma:

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud pública, para prevenir, tratar y rehabilitar.

Otro aspecto inherente a la política social es que la salud mental se relaciona al igual que la salud física, con la pobreza, en donde la incidencia de estos padecimientos exige de los afectados mayor proporción de los pocos ingresos que generan, además de lo incapacitantes que resultan, que como consecuencia disminuyen o frenan el potencial de desarrollo de las personas y por tanto de los núcleos familiares.

Cabe destacar que diversos instrumentos internacionales como la declaración de Caracas, La Declaración de Madrid y los Principio Básicos para la Atención de la Salud Mental abordan la materia.

En México, el Artículo 72 de la Ley General de Salud define la salud mental como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La salud mental es un tema sumamente complejo, delicado y de amplia relevancia actualmente.

Pues la sociedad se enfrenta un panorama adverso en el que se deben costear dificultades económicas, como la devaluación constante de la moneda, la injusta retribución salarial o la disminución del poder adquisitivo.

Otro factor trascendente son los problemas sociales derivados de la pandemia, la crisis en materia laboral por el desempleo y el encono social que ha incrementado paulatinamente, como la pérdida de la cohesión social, el aumento de la violencia y la delincuencia o el enfrentamiento que tienen unos con otros.

Todas las personas en México se enfrentan a estas dificultades desde los sectores más desprotegidos que son quienes mayores afectaciones tienen, como los sectores más acaudalados. Sin embargo, los sectores más vulnerables suelen padecer más los efectos de una salud mental perjudicada y deteriorada, toda vez que tienen menos herramientas para atenderla.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Cabe destacar que, en esta reforma se estableció principalmente la obligatoriedad del Gobierno Federal y todos los gobiernos estatales, de la Ciudad de México y municipales, los órganos legislativos, todos los tribunales y sus jueces, jueza y en general todo el órgano público, autoridad o persona funcionaria para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas que estén en México, sin distingo alguno y bajo los principios de máxima protección y progresividad.

Esto representó un replanteamiento en el Estado mexicano, ahora los gobiernos y todo el servicio público deben promover y garantizar la efectiva protección de los derechos de todas las personas.

Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la salud, el cual se encuentra previsto en el artículo 4 de la Constitución, párrafo tercero que a la letra dice:

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Este derecho, considerado uno de los ejes fundamentales del Estado de bienestar, implica una serie de obligaciones para un país. Su elemento fundacional se encuentra en un pacto colectivo de solidaridad y reciprocidad, el Estado de bienestar parte de reconocer y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en las constituciones nacionales. Esto es lo que sustenta la inversión en desarrollo humano “educación y salud” y los sistemas de protección social frente a los riesgos.

De acuerdo con lo anterior, para tener un verdadero Estado de bienestar en México es necesario contar con un servicio de salud accesible, preventivo, oportuno, eficaz, integral y con atención de calidad.

El Seguro Social actualmente atiende al mayor número de población: en el Régimen Ordinario a 71.6 millones de derechohabientes potenciales al cierre de 2021 y en el programa IMSS-Bienestar a 11.6 millones de personas.

Si bien es cierto que, a través del Seguro Social se han generado esfuerzos importantes por atender la salud física de las personas, lo cierto es que México sigue rezagado en materia de salud mental.

De acuerdo con datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, actualmente, cerca del 30 por ciento de la población nacional se encuentra afectado por trastornos mentales; sin embargo, apenas una de cada cinco recibe tratamiento. Esto es porque existen diversos prejuicios que dificultan su efectiva atención.

Al abordar las causas de la deficiencia en materia de salud mental, se encuentran barreras principalmente motivadas por esquemas discriminatorios. El entorno económico del individuo, la exposición a la violencia y hasta la situación migratoria impactan de manera directa en su estado de salud mental de las personas.

Cabe destacar que, del presupuesto en salud en México, sólo se destina alrededor del 2 por ciento a la salud mental, cuando la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda que se invierta entre el 5 y el 10 por ciento. Además, el 80 por ciento del gasto en salud mental se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación”.

Cuando se padece una enfermedad por afectaciones a la salud mental, es crucial contar con apoyo y tener un sistema eficaz sostenido que provea de atención, medicamentos y ayuda terapéutica para que los efectos del tratamiento prescrito sean eficaces.

En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, por encontrarse en etapa formativa, se debe procurar por todos los medios disponibles aminorar los factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial en la edad adulta producto de afectaciones a su salud mental.

Entre el 10 y 20 por ciento de jóvenes en el mundo se enfrentan a esquemas depresivos y han tenido relación con el suicidio. Mientras que, en México, de acuerdo con el Inegi, el suicidio es la tercera causa de muerte entre niños de 10 a 14 años y también en el bloque de 15 a 24 años.

El 17 de febrero de 2021, durante la LXIV Legislatura se aprobó un dictamen de la Comisión de Salud por el cual se modificó la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Cabe destacar que para lograr este primer paso se realizó incluso un parlamento abierto en la materia con expertos y usuarios de los servicios de salud de alta especialidad.

Sin embargo, a pesar de que reconocerlo en la legislación secundaria fue un primer paso importante, no es suficiente aún. Pues, como se mencionó con anterioridad, aún faltan otros elementos importantes en la materia, como una mejor asignación presupuestal y un diseño institucional y de políticas públicas enfocadas en una atención integral y sin tabú alguno.

Por eso la necesidad de elevar a rango constitucional que la política en materia de salud esté dotada de especificidad y reconozca a la salud mental en la máxima norma que México.

Para lograr un verdadero marco legal, es decir, un contenido apropiado para integrar un verdadero reconocimiento y aseguramiento de la salud mental, se presenta el siguiente análisis de 17 Constituciones del mundo en materia de salud mental:

1. Azerbaiyán, artículo 31: Con excepción de los casos especificados por la ley, está prohibido atentar contra la vida de una persona, su salud física y mental, sus bienes, su residencia y el uso de la fuerza contra ella.

2. Chad: Tener buena salud física y mental.

3. Congo, artículo 18: Todo detenido debe beneficiarse de un trato que preserve su vida, su salud física y mental, así como su dignidad.

4. Ecuador: Una adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su salud física y mental.

5. Eswatini (Suazilandia): La continuación del embarazo constituirá una grave amenaza para la salud mental de la mujer.

6. Hungría, artículo 20: Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.

7. Lesoto, artículo 27: Lesoto adoptará políticas encaminadas a garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental para sus ciudadanos.

8. Moldavia, artículo 36: La estructura del sistema nacional de asistencia médica y los medios necesarios para la protección de la salud física y mental de las personas serán establecidos por ley orgánica.

9. Nigeria, artículo 47: Nadie es elegible para la Presidencia de la República si no goza de un buen estado de salud física y mental, así como de una buena moralidad comprobada por los servicios competentes.

10. Reino Unido: Evaluación de la salud mental y tratamiento del trastorno mental.

“Lesión personal” incluye cualquier enfermedad y cualquier impedimento de la salud física o mental de una persona. Servicios de atención social relacionados con la salud mental. “Salud” significa salud física o mental.

11. Rumanía, artículo 34: La organización de los sistemas de atención médica y de seguridad social en caso de enfermedad, accidente, parto y recuperación, la supervisión del ejercicio de las profesiones médicas y de las actividades paramédicas, así como otras medidas para la protección de la integridad física y mental de la persona. de salud están establecidos por la ley.

12. Seychelles: El Estado reconoce el derecho de todo ciudadano a la protección de la salud y al disfrute del nivel alcanzable de salud física y mental.

13. Sudáfrica: Poner en peligro el bienestar, la educación, la salud física o mental o el desarrollo espiritual, moral o social del niño.

14. Togo, artículo 16: Todo imputado o detenido debe gozar de un tratamiento que preserve su dignidad, su salud física y mental y que ayude a su reinserción social.

15. Trinidad y Tobago: Es un enfermo mental, de acuerdo con la Ley de Salud Mental.

16. Turquía, artículo 59: El Estado tomará medidas para desarrollar la salud física y mental de los ciudadanos turcos de todas las edades y fomentar la difusión del deporte entre las masas.

17. Zimbabue, artículo 187: Una ley del Parlamento puede facultar a la Comisión del Servicio Judicial o a un tribunal designado en virtud de esta sección para exigir a cualquier juez que se someta a un examen médico por parte de una junta médica establecida para tal fin, a fin de determinar su salud física o mental.

Como se observa, estos países hacen tan extenso o tan corta su definición o inclusión y marco de actuación en materia de salud mental. Es momento de aplicarlo en México y garantizar un verdadero derecho a la salud de forma integral.

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretende llevar a cabo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el siguiente cuadro:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se modifica el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud mental

Único. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud preventivo y de atención eficaz, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de la salud física y mental de las personas que no cuenten con seguridad social.

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexico.pdf”

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/SaludMentalMexic o.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf”

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

3 https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/reforma-constitucional-en-materia-de- derechos-humanos-10-de-junio#_ftn1”

https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/reforma-constitucional -en-materia-de-derechos-humanos-10-de-junio#_ftn1

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf”

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 https://bienestar.colmex.mx/wp-content/uploads/2020/12/Hacia-un-Estado-de-biene star-2020.pdf”

https://bienestar.colmex.mx/wp-content/uploads/2020/12/Hacia-un- Estado-de-bienestar-2020.pdf

6 https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202201/030#:~: text=El% 2520Seguro%2520Social%2520atiende%2520al,a%252011.6%2520millones%2520de%2520ben eficiarios”

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202201/030#:~: text=El%20Seguro%20Social%20atiende%20al,a%2011.6%20millones%20de%20beneficiari os.

7 http://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/ INCYTU_18-007.pdf”

http://www.foroconsultivo.org.mx/INCyTU/documentos/Completa/INCY TU_18-007.pdf

8 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health”

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-m ental-health

9 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf”

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf

10 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/feb/20210217-II.pdf”

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2021/feb/20210217-II.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Ana Isabel González González, Arturo Yáñez Cuéllar, César Alejandro Domínguez Domínguez, Christian Mishel Castro Bello, Emilio Suárez Licona, Juan Moreno de Haro, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Marcela Guerra Castillo, Mario Zamora Gastélum, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Víctor Samuel Palma César, Verónica Martínez García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Juan Francisco Espinoza Eguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

El campo mexicano vive una realidad compleja, y entre las distintas problemáticas hay una que nos debe preocupar de sobremanera y es la falta de jóvenes en la actividad primaria.

Para hacer frente a esta realidad, primero tenemos que aceptar que el campo no está siendo una alternativa para las y los jóvenes mexicanos, quienes, ante la falta de una actividad rentable y con oportunidades de desarrollo, se están viendo obligados a migrar a las ciudades, tanto de nuestro país como del extranjero.

Los datos del Censo Agropecuario 2022 realizado por el Instituto de Estadística y Geografía retratan con contundencia esta situación: el 72 por ciento de las y los productores tienen más de 45 años, y de ellos casi el 30 por ciento tiene una edad de 65 años y más.

Es decir, mientras que prácticamente 7.3 de cada 10 productores son mayores de 45 años, menos de 1 de cada 10 jóvenes mexicanos, de entre 15 y 29 años, se dedican al sector primario.

Es alarmante especialmente si consideramos el bono demográfico que vive el país, donde alrededor del 25 por ciento de la población -31 millones de personas- son jóvenes de 15 a 29 años, y el universo de jóvenes ligados a la actividad productiva primaria apenas alcanza los 1.7 millones de jóvenes (5.45 por ciento).

Pero el Censo Agropecuario 2022 no solo muestra la baja presencia de los jóvenes en el sector primario, sino que también nos presenta datos sobre lo que está necesitando el campo y aún más las y los jóvenes productores.

La superficie no sembrada superó el millón ochocientas mil hectáreas y las causas que reconoce el Inegi fueron: por mal temporal, por falta de crédito, por enfermedad, por falta de dinero o apoyos o porque no hubo quien la sembrara, entre otras causas (excepto descanso).

A la par de lo anterior, las unidades de producción agropecuaria reportan como principales problemas los altos costos de insumos y servicios, pérdidas por factores climáticos o biológicos, baja de precios o de ventas, pérdida de fertilidad del suelo, inseguridad, dificultades para la transportación, escasez de mano de obra y productores de edad avanzada o enfermos, como se muestra en la gráfica siguiente

Para una o un productor joven enfrentar estas condiciones en la primera etapa de su vida productiva, es una carga que en muchas ocasiones acaba significando la conclusión de su actividad y migrar para buscar oportunidades laborales.

En este contexto, es claro que corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el marco de competencia de sus diferentes dependencias e instituciones, realizar todos los esfuerzos para generar condiciones para que las y los jóvenes que quieren desarrollarse productivamente en el campo puedan hacerlo.

El Instituto Mexicano de la Juventud es fundamental en este esfuerzo. Su ley marco señala que, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y dotado de autonomía técnica y operativa, es una institución de importancia estratégica para representar a la población de 12 a 29 años.

Se trata del organismo que define e instrumenta una política nacional de juventud para incorporar a los jóvenes al desarrollo del país; del órgano asesor del Ejecutivo federal en la planeación y programación de políticas y acciones; y del órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores privado y social, cuando así lo requieran.

Pero el instituto debe voltear a ver más a las y los jóvenes de las zonas rurales porque las problemáticas, las necesidades y las oportunidades son totalmente diferenciadas; y, por tanto, las acciones y políticas deben ser focalizadas.

En abril de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para que el instituto propusiera al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como los espacios para la convivencia y recreación.

La propuesta que aquí se realiza es para que esa fracción considere a los jóvenes pertenecientes a zonas rurales dentro del plan de programas especiales para mejores condiciones de salud y educación; y es para que también presente al Ejecutivo federal programas especiales y con componentes específicos en el caso de aquellos programas que van dirigidos a una población más amplia para jóvenes que radican en zonas rurales, pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas, a fin de impulsar su empleabilidad y desarrollar su capacidad emprendedora en el sector agropecuario.

Hoy en el campo se requieren nuevas aptitudes, habilidades y conocimientos para que las y los jóvenes derriben barreras que los alejan de más empleos mejor remunerados, ya que se utilizan cada vez más tecnologías para producir alimentos.

Hoy en el campo se requiere impulsar a las y los jóvenes a desarrollar su capacidad emprendedora mejorando su acceso a asistencia técnica, a capitalización productiva, a crédito barato, a procesos de asociatividad, a tecnologías y a los mercados.

Tan se requieren que el mayor rezago, la mayor desigualdad y la mayor pobreza se concentran en las zonas rurales, en los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas y es fundamental destacar que en la Junta Directiva del Instituto están los titulares de secretarías fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes como lo son las secretarías encargadas de atender al campo, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Educación, del Trabajo y Previsión Social y de Bienestar; de ahí que está reforma sea por demás importante para tener un buen diagnóstico y articular todos los esfuerzos necesarios.

Por las y los jóvenes del campo, de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas: todos. Para ellas y para ellos: todo.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV, con lo que se recorren las subsecuentes, al artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:

I. a II...

III. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes pertenecientes a zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. Presentar al Ejecutivo federal una propuesta con programas especiales y con componentes específicos para jóvenes que radiquen en las zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a fin de impulsar su empleabilidad y desarrollar su capacidad emprendedora, mejorando su acceso a asistencia técnica, capitalización productiva, financiamiento, procesos de asociatividad, tecnologías y mercados del sector agropecuario;

V. Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

VI. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado cuando así lo requieran;

VII. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y

VIII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La propuesta con programas especiales y componentes específicos para las y los jóvenes radicados en zonas rurales, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a la que refiere la presente reforma, deberá ser presentada por el Instituto Mexicano de la Juventud a la persona titular del Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a tres meses tras su entrada en vigor a fin de que sea considerada en los ejercicios de planeación y programación inmediatos siguientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

El derecho a la salud es de naturaleza universal, cuyo objetivo es asegurar que todas las personas, sin distinción, puedan gozar del más alto nivel posible de bienestar, este derecho implica que los Estados deben garantizar un entorno donde las personas puedan vivir en salud, a través de la prevención, el acceso a servicios de atención médica, y la promoción de factores que favorezcan una vida saludable; no se limita únicamente a la ausencia de enfermedades, sino que abarca un estado completo de bienestar que incluye aspectos sociales, mentales y ambientales.

Como derecho, está vinculado a otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, y la igualdad, lo que subraya su carácter indivisible e interdependiente dentro del sistema de derechos humanos, la salud es clave para que las personas puedan desarrollarse plenamente y participar activamente en la vida económica, social y política del país; en este sentido, garantizar el acceso a la salud es esencial para lograr el desarrollo humano y asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y alcanzar su máximo potencial.

En las últimas décadas, México ha mostrado avances importantes en la ampliación del acceso a los servicios de salud, en 2000, sólo 40.8 por ciento de la población estaba afiliada a algún servicio de salud, mientras que para 2022, aproximadamente 73.5 ciento de los mexicanos ya contaban con afiliación a servicios de salud públicos o privados, este crecimiento refleja un aumento de casi 33 puntos porcentuales en dos décadas. A pesar de estos avances, aún persisten desafíos, en 2022, alrededor de 33 millones de personas, es decir, 26.5 por ciento de la población, no tenía acceso a servicios de salud, lo que subraya la necesidad de seguir trabajando para cerrar esta brecha, en especial para los sectores más vulnerables; en México, este derecho tiene un papel crucial en la promoción de la justicia social y en la reducción de las desigualdades que existen entre las diferentes regiones y sectores de la población.

México forma parte de diversos tratados internacionales, que enmarcan este derecho en los siguientes instrumentos jurídicos:

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC): El artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el cual compromete a los Estados parte, incluido México, a adoptar medidas para mejorar la atención médica, prevenir y tratar enfermedades, y asegurar el acceso universal a los servicios de salud.

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica): A través del Protocolo de San Salvador, el Artículo 10 reconoce que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar.

3. Constitución de la Organización Mundial de la Salud: Este documento reafirma que el disfrute del más alto nivel posible de salud es un derecho de todo ser humano, y que los Estados deben cooperar a nivel internacional para lograr sistemas de salud efectivos y accesibles para todos.

El derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un principio central dentro del marco jurídico mexicano; sin embargo, el alcance actual de este derecho en la Constitución establece sólo los principios generales, sin dotar aún de carácter universal y gratuito a los servicios de salud y a los medicamentos, ni establece que se pueda emplear en las condiciones adecuadas para las personas en situación de vulnerabilidad; esto significa que, si bien el Estado mexicano está comprometido con la protección de la salud, aún queda pendiente garantizar que dicho acceso sea total, equitativo y sin costo para todos los habitantes.

El derecho a la salud, tal como está consagrado, coloca al Estado en una posición de garante para asegurar que las personas cuenten con los recursos necesarios para preservar su salud; asimismo, también subraya la concurrencia de responsabilidades entre la Federación y las entidades federativas para lograr una cobertura más amplia y eficaz en todo el país.

La naturaleza de este derecho, al estar enmarcada en la Constitución, implica que el Estado tiene el deber de crear las condiciones que aseguren el acceso a los servicios de salud, promoviendo un bienestar colectivo que abarque tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto. La consagración de este derecho en la Constitución refuerza la necesidad de que el Estado asegure que los servicios de salud estén disponibles y adaptados a las necesidades de todos los mexicanos, estableciendo las bases para que el sistema de salud sea más inclusivo, accesible y efectivo.

La presente iniciativa busca reforzar esta disposición, asegurando que el Estado no solo proporcione atención médica, sino que lo haga de manera integral, universal, gratuita y adecuada para el contexto y el sector vulnerable que la requiera, y también que brinde medicamentos a la población, elevando esta concepción a nivel constitucional, para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica o ubicación geográfica, reciban la atención que necesitan para preservar su salud. Al elevar el derecho a la salud a rango constitucional, se consolidaría un marco normativo que clarificaría y ampliaría las responsabilidades del Estado.

Aspecto semántico y lingüístico:

• Integral: de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), el término integral se refiere a lo “que comprende todas las partes o aspectos de algo”. En el contexto de la salud, esto significa que el sistema debe abordar todas las dimensiones del bienestar, incluyendo la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Un sistema de salud integral garantiza que cada ciudadano reciba atención médica completa, no sólo en situaciones de emergencia, sino también a través de medidas preventivas que contribuyan a una vida saludable.

• Universal: La RAE define universal como lo “que se extiende a todos los individuos de una especie”. En el contexto del derecho a la salud, esto significa que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención médica, sin discriminación, y que nadie debe quedar excluido de los servicios de salud esenciales.

• Gratuita: La RAE define gratuito como algo “de balde, sin pagar”. En el marco del derecho a la salud, la gratuidad implica que los servicios de salud, incluidos tratamientos y medicamentos, deben proporcionarse sin costo para los pacientes, eliminando las barreras económicas que podrían limitar el acceso a la atención médica.

• Adecuada: Según la RAE, adecuado es lo “apropiado o conveniente a las circunstancias o necesidades de alguien o algo”. Es esencial que el sistema de salud en México se ajuste no solo a las características geográficas, sino también a las condiciones sociales y físicas de la población.

El derecho a la salud, consagrado en la Constitución, debe ser entendido como un mandato para que los servicios médicos se adapten a las realidades geográficas y sociales de la población, garantizando un acceso efectivo para todos. En este sentido, es necesario que el sistema de salud responda a las particularidades de los contextos específicos. Por ejemplo, en las zonas rurales o alejadas, donde las barreras geográficas limitan el acceso a clínicas y hospitales, es indispensable implementar soluciones como clínicas móviles y telemedicina. Estas herramientas permiten llevar atención médica de manera directa a comunidades que, de otra manera, tendrían dificultades para acceder a estos servicios, asegurando así el derecho a la salud de todos los ciudadanos, sin importar su ubicación.

Asimismo, los sectores vulnerables, como los adultos mayores y las personas con movilidad reducida, requieren atención diferenciada y especializada. En este caso, los servicios de salud deben incluir la atención médica domiciliaria, que permitirá que estas personas reciban atención en su hogar, asegurando que sus circunstancias no se conviertan en un obstáculo para acceder a servicios médicos. La atención domiciliaria no solo asegura una atención más personalizada y ajustada a las necesidades individuales, sino que también facilita un seguimiento adecuado y constante de los pacientes, evitando complicaciones y hospitalizaciones innecesarias.

Esta reforma permitirá la adecuación de las leyes secundarias necesarias para garantizar el acceso de estos sectores vulnerables a los servicios de salud. Las leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad serán más viables de ser modificadas para asegurar que tanto los adultos mayores como las personas con discapacidad reciban servicios de salud domiciliarios y otros mecanismos adaptados a sus necesidades particulares.

Con estas modificaciones, se fortalecerá el marco jurídico y se promoverá un sistema de salud que cumpla con los principios de equidad y universalidad, asegurando que todos los ciudadanos, sin distinción, puedan ejercer plenamente su derecho a la salud, tal como lo establece la Constitución.

Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

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Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado garantizará medicamentos y atención médica integral, universal, gratuita y adecuada para el contexto y el sector vulnerable que la requiera. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades sanitarias de la Federación y de las entidades federativas contarán con un plazo de 365 días a partir de la entrada en vigor de este decreto para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias y adoptar las medidas que permitan la implementación progresiva de los servicios de salud universales, gratuitos e integrales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución.

Tercero.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizarán las gestiones necesarias para garantizar suficiencia presupuestal, con el fin de asegurar el acceso universal, gratuito y adecuado a los servicios de salud.

Cuarto. Los estados y municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer los mecanismos de coordinación con las autoridades federales para la aplicación efectiva del del acceso universal, gratuito y adecuado a los servicios de salud.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2024.– Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica).»