«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Clara Luz Flores Carrales, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Clara Luz Flores Carrales, diputada de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

La soberanía es el poder del pueblo. Inicialmente la soberanía se asoció al poder final e ilimitado del monarca como jefe de Estado, pero hacia finales del Siglo XVII y principios del XVIII, los pensadores liberales, principalmente Jean-Jacques Rousseau, asociaron la soberanía a la voluntad general que rige a toda la comunidad política. La idea de poder supremo define a la soberanía y su presencia fue inherente a la aparición del Estado; pero con las revoluciones burguesas el concepto pasó de la idea del poder supremo del Estado a la del poder supremo de la voluntad general del pueblo o nación.

Sus primeros teorizadores, Jean Bodin y Thomas Hobbes definieron la soberanía como el poder absoluto y perpetuo del monarca (suprema potestas), que se manifiesta en la función de promulgar leyes, anular costumbres, declarar la guerra y negociar la paz. Hobbes expresó que la soberanía nace de un pacto ficticio por el que el poder de la sociedad, inicialmente en manos de los individuos, se enajena en favor del Leviathan(Estado), que queda personificado en un soberano que legisla, juzga, nombra funcionarios, recompensa y castiga. Jean-Jacques Rousseau señaló que la soberanía es la suma de las voluntades individuales que se expresa por medio de un cuerpo electoral restringido a las clases burguesas.

Para Hermann Heller, la soberanía es aquella unidad decisoria que no está subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz. Por su parte, Norberto Bobbio postula que la soberanía es un concepto político-jurídico que sirve para indicar el poder de mando en última instancia en una sociedad política y, por consiguiente, para diferenciar a ésta de otras asociaciones humanas, en cuya organización no existe tal poder supremo, exclusivo y no derivado. Es así como la soberanía define la forma de Estado; es decir, a quien ocupa la jefatura del Estado, desde donde se desprende la forma de gobierno: que puede ser democracia o autoritarismo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 39, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. De la lectura de este artículo podemos señalar que el pueblo es quien tiene en sus manos el poder político; es decir, es el pueblo quien decide su forma de gobierno, así como las instituciones y las personas servidoras públicas en quiénes delega esa facultad de gobernar.

Sin embargo, en los tiempos de los gobiernos neoliberales que durante muchos años gobernaron este país, a esos gobernantes se les olvidó que la soberanía reside y dimana del pueblo, por lo que hicieron del nepotismo una forma de ejercer y traspasar el poder; es decir, prefirieron cuidar sus propios intereses y el de sus familiares cercanos, olvidando el mandato del pueblo.

A pesar de la gran transformación que nuestro movimiento inició en 2018, aún tenemos costumbres heredadas del pasado, como lo es el hecho de querer trascender en los cargos de elección popular. Aún quedan vestigios de malos gobernantes que no han entendido que el pueblo es sabio, que el pueblo pone y el pueblo quita, que los cargos de elección popular son un apostolado y un servicio del y para el pueblo. Es por ello que es momento de eliminar esas malas prácticas y continuar con la transformación de nuestra vida pública. Es momento de regresarle más poder al pueblo y plasmar una máxima de nuestro movimiento, “amor con amor se paga”.

El nepotismo es la utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores, al margen del principio de mérito y capacidad. Significa otorgarles puestos de trabajo a familiares, hacerles favores dentro del ámbito laboral de las instituciones públicas, y traficar influencias en su favor, sin tomar en cuenta el mérito. Es la predilección exagerada que algunas personas servidoras públicas que ocupan cargos públicos poseen con respecto a su familia.

Se ha definido al nepotismo como una práctica inadecuada que propicia el conflicto de intereses entre el interés personal y el servicio público, ya que restringe el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas y dificulta que las instituciones públicas cumplan de manera eficiente y objetivamente con las funciones para las que fueron creadas.

Además, el nepotismo debilita el control interno y la evaluación institucional, perturbando la disciplina laboral debido a la falta de imparcialidad de la persona con poder de decisión y que tiene un cargo superior al ejercer su potestad de mando en un plano de igualdad sobre las personas servidoras públicas vinculadas familiarmente con ella.

A nivel internacional, la figura del nepotismo se contempla como una práctica violatoria del derecho humano a la participación e igualdad de acceso a los cargos públicos, el cual está previsto en el artículo 23.1., inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en materia de derechos políticos establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y la oportunidad de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En la legislación mexicana, la figura del nepotismo se incluyó y reguló expresamente en la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019. De acuerdo con el artículo 4, fracción IV, de dicha ley, el nepotismo se entiende como la designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore.

De las concepciones anteriores se desprende que el nepotismo constituye en sí una forma de corrupción que atenta contra el derecho humano fundamental de acceder al servicio público con base en una competencia justa y una sólida formación profesional, atacando sistemas como la meritocracia que toma en cuenta las mejores capacidades y las cualidades éticas. El nombrar a una persona para un cargo público con la que se tiene un lazo familiar, dejando de lado la selección de personas evaluadas por sus méritos, conocimientos y experiencias, se puede considerar como una forma de corrupción.

Lo anterior se refuerza con lo planteado por Transparencia Internacional, en el sentido de que dos de las formas que adopta la corrupción son el favoritismo y el nepotismo, que se definen como el abuso de poder para favorecer a amigos, partidarios y familiares. De acuerdo con esta organización internacional, estas formas de corrupción se relacionan con el intercambio de favores que es una costumbre arraigada en algunas sociedades, lo que incluye prácticas que la población, o parte de ella, desafortunadamente no considera como corrupción.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción es concebida como una conducta deshonesta o fraudulenta por parte de aquellos que están en el poder, como el comportamiento deshonesto o ilegal por parte, especialmente, de gente poderosa.

Por su parte, en el Informe Perspectivas de Integridad y lucha contra la corrupción, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se considera que la corrupción profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico, afecta al crecimiento del producto interno bruto a través de su impacto en la inversión, la competencia y el emprendimiento, y afecta determinantes clave del crecimiento de la productividad, incluida la innovación y la difusión de nuevas tecnologías, el entorno del mercado y las decisiones de inversión pública y privada. Por ello, la OCDE sugiere revisar y mejorar los marcos normativos en beneficio de la ciudadanía que otorgó su confianza.

En el caso particular que nos ocupa en la presente iniciativa, se pretende desterrar las prácticas que se han realizado por parte de los servidores públicos que acceden al poder mediante el sufragio popular y que tienen acceso a los recursos públicos y que en ocasiones son utilizados para ayudar a familiares cercanos a posicionarse frente a otros candidatos.

A lo largo de varios años se han registrado muchos casos donde las candidaturas son rotadas por miembros de una misma familia, violentando con ello el hecho de que una posición de alto nivel en el gobierno debe ser competida por los méritos y conocimientos y no para que una familia copte alguna posición política que maneja recursos públicos.

Muchos son los ejemplos, tal como sucede en Chiapas, donde las presidencias municipales de Ixtapa, La Concordia, San Francisco, Chiapa de Corzo, Pueblo Nuevo, entre otros, se heredan entre padres, los hijos, hermanos, cuñados o el cónyuge. El caso más relevante es el del municipio de Ixtapa donde la familia Aguilar ha ocupado la presidencia desde 1938.

Nuevo León no es la excepción, en el municipio de Zuazua, Pedro Martínez Montemayor asumió el poder de 1946 a 1948. A partir de esa fecha han ocupado el mismo cargo su hijo Jesús Martínez Martínez y 3 familiares más. En el 2021, el alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano Munguía no tuvo empacho en hacer campaña con su hijo Patricio Lozano para el mismo cargo, pero con las siglas del PAN.

Otros casos que se vivieron en el Estado son los hermanos Heriberto y Francisco Treviño Cantú. En el municipio de Cerralvo, Baltazar Martínez Montemayor y su hijo Baltazar Martínez ya han compartido el cargo más de una vez. En Parás, Crescencio Oliveira Cantú ha gobernado por 6 ocasiones y ahora le “heredó” el cargo a su hija Ana Iza. En el municipio de Abasolo, David Enrique Milán Ramos en 2003 le pasó la presidencia a su hijo David, mientras que en Cadereyta Francisco Lozano la dejó en manos de su hermano José.

En el Estado de Puebla, en los municipios de Coyomeapan, Eloxochitlán y Nauzontla han sido gobernados por más de 10 años por una sola familia en cada demarcación. Mientras que en el Municipio de Venustiano Carranza los hermanos Valencia Ávila han despachado en la presidencia por más de 11 años y actualmente la autoridad electoral ha decidido repetir las votaciones por irregularidades que le dieron la mayoría de votos a otro hermano, Marcos Valencia.

En el mismo Estado de Puebla, en Zacatlán y San Andrés Cholula, dos matrimonios se traspasarán el poder y en Amozoc los hermanos De la Rosa Romero se han estado compartiendo el cargo.

En uno de los municipios más pobres de Yucatán, Tahdziú, los esposos Pedro Yah Sabido y María Teresa Yérvez Vera llevan 12 años ininterrumpidos pasándose el cargo. Mientras, en Maxcanú, la familia May-Catzín ya se adueñó del Municipio; siendo Camilo May Cauich 4 veces alcalde, su esposa Reyna Marlene Catzín en 3 ocasiones, y ahora le toca a su hijo Camilo Ferdinand May Catzín. En Maní los hermanos Interián Bojórquez llevan 10 años en el poder.

Desafortunadamente, los ejemplos anteriores no son aislados, son sólo algunos casos de los muchos que existen en el territorio nacional. El principal motivo para llevar a cabo esta práctica es el retener el poder, particularmente en los cargos donde se maneja presupuesto público, por tanto, las familias hacen uso discrecional del mismo para posicionar públicamente a sus familiares asegurando que sean los siguientes gobernantes.

Por todo lo anterior, considero que es pertinente someter ante ustedes la presente iniciativa que tiene por objeto eliminar, en primer lugar, el nepotismo en los cargos de elección popular que manejan recursos públicos, y con ello continuar con el combate a la corrupción que inició hace 6 años y que estoy convencida que el próximo gobierno que encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo continuará.

En ese sentido, propongo reformar y adicionar una serie de disposiciones a los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de precisar que todas aquellas personas que por voluntad popular tenemos el honor de acceder a un cargo de elección popular, no lo podamos transferir a nuestros familiares, eliminando con ello cualquier forma de nepotismo y corrupción. Aquí vale la pena destacar que no se pretende estar en contra del derecho que tiene toda persona a ser votada, establecido en el artículo 35 constitucional; por lo que lo único que se propone es que no se pueda suceder a un familiar que tenga un cargo de elección popular, de forma inmediata. Es decir, la prohibición aquí establecida no limita a que familiares que hayan decidido laborar en el servicio público puedan contender por un mismo cargo; lo que pretende es que una persona electa popularmente no pueda heredar el cargo que ostenta inmediatamente al terminar el periodo para el que fue electo, a su esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, suegro, suegra, cuñado, cuñada, yerno o nuera; evitando con ello:

• La tentación de emplear recursos públicos para beneficiar la imagen y posicionamiento político de alguno de esos familiares,

• El mantenimiento de una sola familia en el poder en determinado territorio y la reelección fáctica que ese mantenimiento del poder significa,

• El encubrimiento entre familiares de malos manejos y actos de corrupción.

Por ello propongo que quien desee desempeñar el cargo de presidente o presidenta de la República, gobernador o gobernadora, presidenta o presidente municipal, regidora o regidor, síndica o síndico, no podrá tener parentesco en línea recta por consanguinidad y por afinidad en primer grado, en línea colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo grado, con la persona a quien pretenda suceder. Considero que través de los cargos de elección popular se toman decisiones de interés general, por lo que se debe evitar la pretensión de salvaguardar intereses personales o familiares.

Con lo anterior se busca eliminar las oligarquías que se han establecido, sobre todo, a nivel regional en nuestro país, entendiendo éstas como cotos políticos que han gobernado sin tener en cuenta el interés común sino el propio, permaneciendo en el poder político y que buscan perpetuar los privilegios y satisfacer los intereses políticos, económicos y familiares de unas pocas personas.

Finalmente, vale la pena destacar que esta propuesta está en consonancia y es complementaria con una de las primeras propuestas que ha hecho nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en materia de no reelección de los cargos de elección popular. Es momento de cimentar el piso que nos permita continuar con este segundo piso de la transformación de la vida pública de México.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 82; se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción I del artículo 115; y un último párrafo a la fracción I del párrafo segundo del artículo 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 82. Para ser presidente se requiere:

I. a V. ...

VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección ;

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 , y

VIII. No tener parentesco en línea recta en primer grado, en línea colateral por consanguinidad hasta el segundo grado, y en línea colateral por afinidad hasta el segundo grado con la persona a quien se pretenda suceder en el cargo de presidenta o presidente.

Artículo 115. ...

I. ...

...

Las constituciones de los estados deberán establecer que las personas que aspiren a ocupar los cargos de presidenta o presidente municipal, regidora o regidor y síndica o síndico, no podrán tener parentesco en línea recta en primer grado, en línea colateral por consanguinidad hasta el segundo grado, y en línea colateral por afinidad hasta el segundo grado con la persona a quien se pretenda suceder en el cargo.

...

...

...

II. a X. ...

Artículo 116. ...

...

I. ...

...

...

...

...

Para ser gobernadora o gobernador constitucional de un Estado se requerirá no tener parentesco en línea recta en primer grado, en línea colateral por consanguinidad hasta el segundo grado, y en línea colateral por afinidad hasta el segundo grado con la persona a quien se pretenda suceder en el cargo.

II. a X. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas, contarán con un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias y a las constituciones locales, respectivamente, para dar cumplimiento a éste.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas

1 En Chiapas, presidencias municipales son patrimonio familiar — Gaby Coutiño | Noticias (gabycoutino.com)

2 Poder Político, Parte de las Dinastías en México: Familias ‘se Heredan’ Cargos Públicos | N+ (nmas.com.mx)

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 16 de octubre de 2024.– Diputadas y diputado: Clara Luz Flores Carrales, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Ariadna Barrera Vázquez, Petra Romero Gómez, Sandra Anaya Villegas, (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a las leyes General de Cambio Climático; de Transición Energética, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, Laura Irais Ballesteros Mancilla, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Cambio Climático, de Transición Energética, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En la actualidad, México carece de un marco jurídico-normativo y regulatorio para financiar las medidas de mitigación y adaptación necesarias para construir resiliencia ante la emergencia, la crisis climática, sus impactos y repercusiones. Por ello, esta iniciativa busca reformar integralmente nuestro marco legislativo para crear un Fondo Verde para la Resiliencia Climática (FVRC), que permita al Estado y a la sociedad mexicana hacer frente a todos los fenómenos relacionados con la emergencia climática, que afectan a la humanidad y al planeta.

Esta iniciativa tiene como antecedente el Parlamento Climático que realizamos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados en febrero de 2024, al cual acudieron más de 200 personas e intervinieron decenas de expertos, activistas, organizaciones, organismos internacionales, empresas, autoridades federales y locales así como integrantes de todos los grupos parlamentarios para definir medidas financieras necesarias para hacer frente a la emergencia climática. A partir de lo anterior se propuso crear un Fondo Verde para la Resiliencia Climática (FVRC) como herramienta para enfrentar los desafíos internacionales y nacionales, y de esta forma cumplir los compromisos en la materia.

Este paquete fue trabajado en conjunto con expertas en la materia, para garantizar que su diseño sea 1. Capaz de captar recursos privados, públicos e internacionales suficientes para el financiamiento; y 2 Cuente con herramientas adecuadas para el gasto justo, transparente y eficiente.

En un mundo donde el cambio climático presenta riesgos significativos para la estabilidad económica y ambiental, las finanzas climáticas desempeñan un papel crucial en la movilización de recursos financieros para mitigar los efectos de la emergencia climática y adaptarse a sus impactos. Es entonces que, si queremos salvar el ambiente, tenemos que hablar de recursos y de inversión pública, privada e internacional.

I. El bloque de constitucionalidad ante la emergencia climática

El aumento en la intensidad de la emergencia climática mundial ha impuesto la necesidad de realizar transiciones justas que aseguren la sostenibilidad del planeta y el bienestar de sus habitantes. Esta emergencia ha llevado a las naciones a realizar reformas internas y celebrar acuerdos internacionales que permitan al mundo hacerle frente al problema. Estas reformas son necesarias para adaptar y generar resiliencia en nuestras sociedades ante la emergencia climática. Sólo así se puede garantizar un mundo sostenible para la humanidad y para todas las especies que habitan el planeta.

En este contexto, México ha establecido una serie de preceptos constitucionales y legales para proteger al medio ambiente y garantizar un desarrollo sostenible. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prevé una serie de preceptos legales para proteger al medio ambiente. Así, el quinto párrafo del artículo 4o. establece de forma expresa: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

El artículo 25 constitucional establece que la rectoría del desarrollo nacional debe ser sustentable, es decir, que el crecimiento económico, debe de implicar un uso cuidadoso y la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, el artículo 27 de la Constitución señala que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Por otro lado, es importante recordar que los artículos 1o. y 133 de la CPEUM reconocen como parte de nuestro bloque de constitucionalidad, no sólo las disposiciones de la propia Constitución, sino también de los tratados que haya suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Por ello, es necesario tomar en cuenta el desarrollo del derecho humano a un medio ambiente sano desde el Derecho Internacional Público.

En ese sentido, la tradición de la política internacional en materia ambiental nació al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a dar cuenta del deterioro al medio ambiente a causa de este conflicto bélico. Dentro de los primeros antecedentes en la materia, se encuentra la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la cual se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia en junio de 1972. En dicha Declaración, se establecieron algunas de las primeras normas y medidas para evitar y mitigar daños al ambiente causados por las acciones de la humanidad a raíz de tener “mejores” condiciones de vida.

El resultado de esta conferencia fueron la Declaración de Estocolmo y el Plan de Acción de Estocolmo para el Medio Humano, que contiene 26 principios en los cuales se abordan cuestiones relativas a la industrialización, el impacto ambiental y el bienestar del ser humano. En ese sentido, el principio 12 del plan reconoce que la mejora y protección del medio ambiente no puede hacerse sin destinar recursos económicos y asistencia técnica para dicho fin. Por otro lado, el Plan de acción de Estocolmo para el medio humano engloba tres ejes principales: 1. El programa global de evaluación del medio humano (vigilancia mundial); 2. Las actividades de ordenación del medio humano; y 3. Las medidas internacionales auxiliares de la acción nacional e internacional de evaluación y ordenación.

Después de esto, en 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Carta Mundial de la Naturaleza. Dicha Carta toma como premisa que el deterioro de los sistemas naturales y el abuso de los recursos debilita nuestras estructuras económicas, políticas y sociales.

Ahora bien, en el marco del vigésimo aniversario de la Conferencia de Estocolmo, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. El informe de dicha conferencia reconoce el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza; el derecho de los países de aprovechar sus propios recursos de acuerdo con sus políticas ambientales y de participar en el desarrollo con la responsabilidad de no causar daños al medio ambiente de otros; así como proteger el ambiente como parte fundamental del proceso de desarrollo y no como una actividad aislada. El Informe también conmina a los estados a eliminar las modalidades de producción y de consumo insostenibles, para fomentar políticas demográficas adecuadas que prevean riesgos.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Convenio de Escazú) fue precursor en la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y la justicia ambiental en la región pues su objetivo principal es fomentar la participación ciudadana y a el acceso de la información ambiental.

II. Los compromisos de México ante la emergencia climática

A nivel internacional, México ha participado activamente en conferencias y acuerdos para abordar la crisis ambiental. Desde 1995, el país ha asistido a la Conferencia de las Partes (Cop) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar medidas de adaptación al cambio climático. En la Cop28, México ha aumentado su meta de reducción de emisiones y se ha comprometido a apoyar a los países insulares en sus esfuerzos de adaptación. Sin embargo, enfrenta críticas por su dependencia de combustibles fósiles y la falta de medidas concretas para abordar esta situación.

Además de suscribir los tratados internacionales referidos en el apartado anterior, el Estado mexicano ha suscrito varios compromisos en materia medioambiental. Sin embargo, como se mostrará a continuación, estos compromisos han sido incumplidos de manera sistemática por nuestras autoridades.

• Acuerdo de París

El Acuerdo de París, adoptado en 2015 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un hito en la cooperación internacional para combatir el cambio climático. Su objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, preferiblemente a 1.5 grados Celsius, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Los países participantes deben presentar contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que detallan sus planes de acción climática.

México fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo de París y ha integrado sus compromisos en la política nacional a través de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la actualización de sus NDC. México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22 por ciento para 2030 respecto a las emisiones proyectadas en un escenario de negocios como de costumbre, con la posibilidad de aumentar esta meta a 36 por ciento con apoyo internacional. La LGCC y la Estrategia Nacional de Cambio Climático establecen el marco para alcanzar estas metas.

Este instrumento reviste una especial importancia, pues señala como uno de sus objetivos en su artículo 2, reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, y para lograr esto establece que es necesario situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima. Al respecto señala en el artículo 9 lo siguiente:

Artículo 9

(...)

3. En el marco de un esfuerzo mundial, las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación para el clima a partir de una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces, teniendo en cuenta el importante papel de los fondos públicos, a través de diversas medidas, como el apoyo a las estrategias controladas por los países, y teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de las Partes que son países en desarrollo. Esa movilización de financiación para el clima debería representar una progresión con respecto a los esfuerzos anteriores.

4. En el suministro de un mayor nivel de recursos financieros se debería buscar un equilibrio entre la adaptación y la mitigación, teniendo en cuenta las estrategias que determinen los países y las prioridades y necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en especial de las que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y tienen limitaciones importantes de capacidad, como los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y tomando en consideración la necesidad de recursos públicos y a título de donación para la labor de adaptación.

(...)

[Énfasis añadido]

Es así como el Acuerdo señala un esfuerzo mundial que debe ser liderado por los países desarrollados para dirigir esfuerzos a movilizar una financiación por el clima, proveniente de diversas fuentes, instrumentos y vías, siempre bajo una importancia de los fondos públicos, priorizando las necesidades de los países en desarrollo. Esta movilización de recursos financieros debe buscar el equilibrio entre las medidas de adaptación y de mitigación bajo las prioridades de los países más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, y aquellos con limitaciones de capacidad financiera, considerando siempre la necesidad de recursos públicos a título y de donación.

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

México es parte de esta convención internacional que tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y prevenir interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible

En ese sentido, en 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS son de 17 objetivos globales que se centran en la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente y el fomento de la paz y la prosperidad, entre otros. Estos Objetivos enfatizan la necesidad de que se realicen acciones gubernamentales y privadas para garantizar el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En ese sentido, el Objetivo 13 de los ODS establece las siguientes metas:

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible

13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas”.

[Énfasis añadido]

• Convenio sobre la Diversidad Biológica

México es parte de este convenio internacional que busca conservar la diversidad biológica, hacer un uso sostenible de los recursos naturales y garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de dichos recursos.

• Protocolo de Montreal

México ha ratificado este acuerdo internacional para proteger la capa de ozono, comprometiéndose a eliminar gradualmente la producción y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos.

• Participación en iniciativas globales

Además del Acuerdo de París y la Agenda 2030, México es parte de varias otras iniciativas y acuerdos internacionales relacionados con el cambio climático, como la Alianza de Energía Solar Internacional y la Iniciativa de Bonos Verdes. Estas participaciones reflejan el compromiso de México con la cooperación internacional para abordar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible.

Así, podemos entender que la emergencia climática es uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Por esta razón, México es un participante activo de la cooperación internacional en materia medioambiental. En ese sentido, desde 1995, México ha participado en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual se celebra cada año para adoptar decisiones vinculantes entre las naciones que permitan reducir el cambio climático.

III. Creación y evolución del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales

Ahora bien, como parte de las obligaciones constitucionales de las autoridades para hacer frente a la crisis climática, así como los compromisos asumidos por el Estado mexicano para hacer combatir este problema, en 1996 se creó por primera vez el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), como un programa en el ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicho programa comenzó a operar en 1999, a partir de la publicación de sus primeras reglas de operación. Este fondo evolucionó en diciembre de 2010, cuando el Ejecutivo federal emitió un acuerdo mediante el cual creó el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En 2012 se protegió legalmente la existencia de este fideicomiso, a través de su regulación en la Ley General de Protección Civil.

Ahora bien, a través de este fondo, el gobierno federal buscaba contar con un instrumento jurídico y financiero que le permitiera responder económicamente, de manera pronta y efectiva, ante la ocurrencia de desastres naturales en el territorio nacional. Desde su creación, en 2010, el fondo ya tomaba en cuenta la existencia del “aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los fenómenos naturales perturbadores [lo cual] podría ocasionar consecuencias catastróficas de mayor magnitud, que requieren de atención inmediata”.

Entre sus finalidades específicas, el Fonden buscaba 1. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos; y 2. Financiar medidas de mitigación para daños futuros. Además, el fondo estaba compuesto por dos instrumentos financieros complementarios: el Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), y sus respectivos fideicomisos.

Estos instrumentos financieros permitían que el Estado mexicano pudiera responder económicamente ante la ocurrencia de desastres naturales, para realizar acciones de atención a emergencias y reconstrucción. Asimismo, permitían realizar algunas acciones de prevención y disminución de riesgos. Sin embargo, el diseño de estos fondos y el destino de sus recursos estaba dirigido, sobre todo, a una labor reactiva de reconstrucción, mientras que se dejaba en segundo término la prevención de futuros desastres. No obstante, era la principal herramienta del Estado mexicano para hacer frente a los desastres naturales que perjudicaban a nuestro país.

IV. Desaparición del Fonden

El 6 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a través de la cual desaparecieron 109 fideicomisos públicos que servían al Gobierno Federal para administrar más de 68 mil 400 millones de pesos. En el artículo décimo noveno transitorio de dicha reforma se estableció que desaparecería el Fonden, previsto en la Ley General de Protección Civil. Además, se ordenó que los recursos remanentes de dicho fideicomiso deberían ser concentrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar, el 30 de junio de 2021.

Para justificar la desaparición de los fideicomisos, el gobierno federal argumentó que eran instrumentos especialmente opacos y discrecionales, por lo que supuestamente propiciaban hechos de corrupción. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas de dicha corrupción ni se emprendió ningún procedimiento penal o administrativo para sancionar algún delito relacionado con su administración.

Por el contrario, como lo han mostrado diversos especialistas y organizaciones civiles, estos fideicomisos servían para disminuir la discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, asegurar que realmente fueran destinados a su finalidad específica, establecer una estructura orgánica y un comité técnico para su administración, garantizar la disponibilidad de recursos de manera plurianual, así como su reinversión, entre otras cosas. Además, contrario a lo sostenido en la exposición de motivos que dio lugar a su desaparición, el manejo de los recursos de estos fideicomisos sí se encontraba sujeto a obligaciones de transparencia, según el artículo 26 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además, la desaparición del Fonden disminuyó la capacidad del Estado mexicano para hacer frente a la ocurrencia de desastres naturales. La cantidad de recursos públicos para actividades de prevención y reconstrucción ante desastres naturales quedó sujeta a la entera discrecionalidad de la Cámara de Diputados, sin dejar establecido un monto mínimo ni un fondo estable destinado a dicha finalidad. Por otro lado, la forma en que se manejan estos recursos públicos perdió certeza y ganó discrecionalidad. Ello, ya que, con la desaparición del Fonden, también desapareció la estructura orgánica, reglas de operación y demás reglas jurídicas y financieras que otorgaban certeza sobre el manejo de estos fondos.

V. Aumento de desastres naturales en México y en el mundo debido a la crisis climática

La comunidad científica a lo largo del mundo ha mostrado que existe una relación causal entre los aumentos de desastres naturales y la crisis climática. En ese sentido, las y los expertos han coincidido de manera unánime que no solo existe una fuerte relación causa-efecto entre ambos fenómenos, sino que, además, la crisis climática ha aumentado la frecuencia, intensidad, imprevisibilidad y duración de estos desastres. A continuación, se hace un repaso de dichas afectaciones.

• Responsabilidad del gobierno actual respecto a desastres naturales

Las autoridades mexicanas tampoco han implantado medidas claras para alcanzar los objetivos del desarrollo y los compromisos en la materia. Además, México carece de un marco claro y efectivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, carece de financiamiento para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y ha realizado constantes recortes presupuestales a las autoridades ambientales. En ese sentido, a continuación, se realiza un repaso de las principales acciones que han llevado a que el Estado mexicano incumpla sus compromisos internacionales en materia medioambiental y a que las emergencias por desastres naturales, repercutan cada vez más grave en el país.

• La refinería de Dos Bocas, Tabasco

La refinería de Dos Bocas es un proyecto de infraestructura energética que tiene como objetivo aumentar la capacidad de refinación de petróleo de México. Sin embargo, la construcción de la refinería ha generado un importante impacto ambiental, incluidos la deforestación de áreas naturales, la contaminación del aire y del agua, y el aumento de los gases de efecto invernadero.

Según un estudio realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la construcción de la refinería de Dos Bocas ha generado un impacto ambiental significativo, incluyendo la deforestación de 10 mil hectáreas de selva tropical, contaminación del aire y del agua, aumento de los gases de efecto invernadero. Entre otros. El estudio estima que la refinería emitirá 2.16 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones de 855 mil 20 vehículos compactos.

La construcción de la refinería ha sido reprobada por diversas organizaciones civiles y sectores de la sociedad civil. En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno federal en la que señalaba que la construcción de la refinería estaba violando los derechos humanos de los habitantes de la región.

• La construcción de la autopista Oaxaca-Mitla

La autopista Oaxaca-Mitla es un proyecto de infraestructura vial que tiene como objetivo conectar la ciudad de Oaxaca con el sitio arqueológico de Mitla. Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por su impacto ambiental, incluyendo la deforestación de áreas naturales, la contaminación del agua, y el aumento de los gases de efecto invernadero. Hasta ahora, se calcula la deforestación de 5 mil hectáreas de selva tropical, contaminación de ríos y cuerpos de agua y el aumento de gases de efecto invernadero. Se estima que la autopista emitirá 200 mil toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a las emisiones de 77 mil vehículos compactos. Además, el proyecto ha sido reprobado por diversas organizaciones civiles y sectores de la sociedad civil. En 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) impuso una sanción de 10 millones de pesos a la empresa constructora del proyecto por incumplimiento de las medidas de mitigación ambiental.

• Recortes presupuestales a autoridades medioambientales

En ese sexenio, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, una de las principales autoridades en materia medioambiental, ha perdido el 29.4 por ciento de su presupuesto en términos reales. Estas medidas no solo han impedido que México alcance sus objetivos frente a la crisis climática, sino que además han hecho que retroceda en la materia. En 2019, la Semarnat recibió un presupuesto de 29 mil 869 millones de pesos, que representó el 2.4 por ciento del total del presupuesto federal. En 2024, el presupuesto de la Semarnat será de 20 mil 717 millones de pesos, lo que representa una disminución de 9 mil 152 millones de pesos. Además de que sí existe resistencia por parte de algunos sectores económicos para adoptar medidas que reduzcan residuos y emisiones, los proyectos insignia de esta administración han fomentado la idea de que México no tiene compromisos sobre los objetivos de desarrollo, por ejemplo.

• Aumento en la frecuencia y la intensidad de las olas de calor

Debido a que el aire caliente ahora puede contener más humedad, los eventos de calor extremo han sido una amenaza para la calidad de vida de las personas y los seres vivos. De acuerdo con la Coparmex, el 15 de noviembre de 2023 más de 71.5 por ciento del país estaba enfrentando una sequía anormal; es decir, sólo 28.5 por ciento del país. En contraste, en 2022, cuando las condiciones eran a la inversa, 71.4 por ciento del país se encontraba en una situación libre de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional. Tan solo en la zona metropolitana del valle de México, en 2023, podemos observar una situación crítica con recortes no vistos al abasto de agua por el bajo nivel en las presas del Sistema Cutzamala, lo que provoca una afectación directa al consumo y por tanto a la producción de bienes y servicios en la economía.

• Sequías aumentan en duración y alcance

Debido a que se cambian los patrones de precipitación, las regiones se han vuelto más secas y otras más húmedas. Esto se traduce directamente en una afectación al sector agrícola de México (ganadería, pesca, silvicultura y caza); el tercer sector más importante para la economía del país ya que equivale a cerca de una cuarta parte del PIB con 12.6 por ciento de la aportación.

• Aumento en la frecuencia y duración de las inundaciones

Con el aumento en el nivel del mar y la intensificación de las tormentas las inundaciones son cada vez más graves. Como la consecuencia más importante a considerar es la pérdida de vidas pues solo en 2022 las inundaciones causaron la muerte de más de mil personas registradas; colocando a este fenómeno como una de las principales causas de muerte en el año cursante. Además de estas afectaciones, también provoca desplazamientos; en 2022 un millón de personas se vieron obligadas a buscar otro hogar debido a la gravedad de las inundaciones causando pérdidas económicas considerables para los estados.

En 2020, las inundaciones en Tabasco causaron daños por más de 13 mil 500 millones de pesos y dejaron sin hogar a más de 100 mil personas. En 2021, las inundaciones en Chiapas causaron daños por más de 5 mil millones de pesos y desplazaron a más de 50 mil personas. En 2022, las inundaciones en Guerrero causaron daños por más de 3 mil millones de pesos y provocaron la muerte de más de 500 personas. Por último, hay fuertes riesgos en materia de salubridad, pues se ha comprobado que las inundaciones provocan el aumento de contagios de enfermedades transmitidas por el agua como la cólera, hepatitis y diarrea; sólo en 2022 se registraron 100 mil casos de enfermedades transmitidas por el agua.

• Aumento en intensidad y frecuencia de tormentas

Se debe a que existe un aumento en la temperatura del aire y del océano, lo que provoca tormentas más intensas. Este fenómeno tiene afectaciones directas a todos los sectores que componen a la economía mexicana. Las tormentas provocan daños importantes a las fábricas, equipos y suministros del sector manufacturero que se traduce en el mediano plazo a una pérdida importante en la producción, pérdidas en los ingresos y en la productividad de las empresas de este sector. Además, hay un alto costo en materia de infraestructura, tanto pública como privada, donde se registran daños importantes que afectan las telecomunicaciones del país, los servicios de salud, edificios y casas habitación. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en 2022 las pérdidas económicas ascendieron a 16,600 millones de pesos, un aumento del 8 por ciento con respecto al año anterior y los estados más afectados por estos fenómenos han sido Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

De acuerdo con el Índice de Riesgo Mundial de Desastres Naturales, México ocupa el puesto 14 entre los países con más riesgo de sufrir desastres naturales con un riesgo de 43.3 sobre 100. Estos desastres son causados propiamente por una combinación de factores que son ajenos a la intervención humana, por ejemplo, la actividad geológica y la topografía.

• Temblores y terremotos

México es un país con alta actividad sísmica, debido a su ubicación geográfica en el borde de la placa tectónica de Cocos que subduce bajo la placa Norteamérica. Las regiones con más riesgo de sufrir estas actividades sísmicas son la costa del Pacífico (desde Chiapas hasta Jalisco), la región central de México (incluyendo la Ciudad de México) debido a la presencia de fallas geológicas activas y la península de Yucatán (cercanía a la placa de Caribe).

Los costos económicos y de vidas humanas de los terremotos y temblores en México son significativos. En los últimos 50 años, los terremotos han causado más de 100 mil muertes y pérdidas económicas superiores a 100 mil millones de dólares. Algunos de los terremotos más destructivos de la historia de México son el terremoto de 1985, que tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter y causó más de 10.000 muertos. El terremoto de 2017, que tuvo una magnitud de 7.1 en la escala de Richter y causó más de 360 muertos. En ambos terremotos se han detectado fuertes áreas de oportunidad para la atención de la población vulnerable, estos espacios producen comportamientos oportunistas entre los actores.

• Erupciones y actividad volcánica

Las erupciones volcánicas en México son un riesgo importante debido a la posición del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una zona con gran actividad sísmica y volcánica. En México, la actividad volcánica se concentra principalmente en el Cinturón Volcánico Transmexicano, que se extiende desde el estado de Chiapas hasta el estado de Jalisco; este cinturón alberca más de 30 volcanes activos entre los que se encuentran el Popocatépetl, el Colima, el Paricutín y el Tres Picos. Las actividades de estos volcanes normalmente consisten en expulsión de cenizas, gases tóxicos y expulsión de rocas.

Además de que existen riesgos importantes sobre las enfermedades gastrointestinales y respiratorias que la ceniza volcánica puede provocar debido a la contaminación en el aire y agua. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el gobierno de México ha gastado más de 100 mil millones de pesos en daños económicos causados por erupciones y actividad volcánica en los últimos 50 años. Los daños económicos más significativos se han producido por las erupciones del volcán Popocatépetl en 1994 y 2017. La erupción de 1994 causó daños por más de 10 mil millones de pesos, mientras que la erupción de 2017 causó daños por más de 30 mil millones de pesos.

VI. Financiamiento climático, una alternativa para enfrentar la crisis y emergencia

El Comité Permanente de Finanzas (CPF) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) define el financiamiento climático como los flujos financieros que buscan reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que busca reducir la vulnerabilidad y mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los efectos negativos del cambio climático. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos define financiamiento climático como “los flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, los cuales pueden ser públicos o privados”.

Bajo estas ideas algunos mecanismos para promover el financiamiento climático son: Donaciones, Subvenciones, Participaciones de capital - Bonos Verdes, Pago por resultados/ mercado de carbono, Créditos (concesiones, microcréditos, capital semilla), Garantías/ Seguros. Mientras los actores en el financiamiento climático pueden ser: Sector productivo, financiero, Estado y sector público, comunidad internacional y ciudadanía.

Algunos fondos multilaterales a que los países en desarrollo tienen acceso son el Fondo Verde para el Clima (FVC), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo de Adaptación (FA). Éstos se crearon a lo largo de los años como mecanismos financieros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a fin de proporcionar recursos a los países en desarrollo.

Es así como el financiamiento climático, consiste en la manera de enfrentar los efectos negativos del cambio climático bajo múltiples formas de financiamiento, estos flujos financieros a su vez pueden provenir de diversos actores como el sector financiero, el Estado, sector privado, de la comunidad internacional e incluso de la ciudadanía.

De acuerdo con Naciones Unidas, la acción climática requiere importantes inversiones financieras, por ejemplo, en nuevos sistemas energéticos e infraestructuras que puedan soportar los efectos del cambio climático, sin embargo, la inacción climática es mucho más cara. La financiación del clima ayuda a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, financiando energías renovables como la eólica o la solar. También ayuda a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático. La introducción de semillas resistentes al clima, por ejemplo, significa que los agricultores, pese a las sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos, pueden seguir produciendo alimentos y obteniendo ingresos.

Además de la transición energética e infraestructura en energías limpias, también resulta pertinente que las inversiones financieras se encaminen a medidas de prevención adaptación, mitigación, recuperación y respuesta, en lo referente a cuando los efectos del cambio climático, se han transformado en riesgos, desastres o contingencias naturales, este rango ampliado significaría un mejor y mayor aprovechamiento de este financiamiento climático.

Simon Stiel, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, señaló en el Foro de inversión sostenible: “No podemos alcanzar nuestros objetivos climáticos sin financiamiento. Ya estemos hablando de la transición a las energías renovables, de mejorar la eficiencia energética o de proteger a las comunidades vulnerables de los efectos del cambio climático, todos estos esfuerzos requieren una inversión significativa. La financiación de la lucha contra el cambio climático trata, en última instancia, de lo que nosotros, como sociedades, valoramos: el mundo en el que queremos vivir y las vidas y dificultades que podemos salvar canalizando nuestro dinero para aumentar la resiliencia frente a los estragos del cambio climático”.

Respecto al financiamiento necesario para combatir la emergencia y crisis climática mundial, en el marco de las negociaciones climáticas de la ONU, en 2009, los países desarrollados se comprometieron a transferir a los países en desarrollo 100 mil millones de dólares anuales hasta 2020 (meta ampliada a 2025 en el Acuerdo de París). Pero este monto no se ha logrado. Por ejemplo, en 2016 solo se alcanzaron 58.5 miles de millones de dólares y aunque el monto aumentó significativamente para 2019, únicamente se alcanzaron 79,6 miles de millones de dólares. En ese sentido, para cumplir el objetivo de emisiones netas cero para 2050, la organización Climate Policy Initiative estima que se necesita un financiamiento global de 4.35 trillones (millones de billones) de dólares para 2030, cuando en 2020 sólo fue de 632 mil millones de dólares.

Por otro lado, y de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en el caso de México, este enfrenta costos económicos significativos debido al cambio climático, los cuales podrían alcanzar 6.9 por ciento del PIB para 2050 y el 18.4 por ciento en 2100. Tan sólo para 2022, México necesitaba destinar 126 mil millones de dólares para hacer frente al cambio climático, a través de 30 medidas en ocho sectores de la economía. Mientras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en 2023 que México requiere 1.7 billones de pesos (equivalentes a movilizar 7 por ciento del PIB) cada año hasta 2030 para garantizar el impulso de proyectos que le permitan transitar hacia un desarrollo sostenible.

La organización ambiental AIDA señala que el reto principal en cuanto al financiamiento climático es la necesidad de un incremento sustancial de los flujos de financiamiento, y que otro desafío clave es medir y rastrear este tipo de financiamiento, que no está sujeto a una definición universal común. También la necesidad de equilibrar la asignación de fondos de manera más equitativa entre las actividades de mitigación y de adaptación, así como las relacionadas con las pérdidas y daños que ya sufren comunidades en todo el mundo.

Es importante también que el financiamiento canalizado no resulte en afectaciones humanas o al ambiente, como suele suceder cuando existen grandes inversiones en las que no se implementan procesos adecuados de consulta y participación. Así mismo es importante señalar la continuación e incremento de dependencia a los combustibles fósiles que nos mantienen en un sistema económico depredador. Se requiere que todo el dinero movilizado aporte a la regeneración del planeta y a resolver la crisis ambiental y climática mundial, no a exacerbarla.

De acuerdo con lo anterior, el financiamiento climático es una forma y alternativa de hacer frente a la crisis, significa invertir en el futuro y también en el del planeta. Ante un reto financiero que resulta difícil, las propuestas integrales que se plantean, marcarán la pauta para enfrentar la crisis ambiental y climática en México.

VII. Experiencia Internacional para el mejoramiento de Fondos Climáticos

• Green Climate Fund o Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas

El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), es un elemento fundamental del histórico Acuerdo de París, es el fondo climático más grande del mundo, cuyo mandato es ayudar a los países en desarrollo a recaudar y hacer realidad sus ambiciones de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hacia vías bajas en emisiones y resilientes al clima. Cumple sus objetivos invirtiendo en cuatro transiciones: entorno construido; Industria energética; seguridad humana, medios de vida y bienestar; y uso de la tierra, bosques y ecosistemas.

Según datos del GCF, la mayor parte del financiamiento se canaliza hacia países utilizando agencias internacionales en lugar de entidades nacionales directamente a través de la modalidad de “acceso directo”. El GCF ha asignado 1.7 mil millones de dólares a través de acceso directo, a 38 de los 177 proyectos aprobados por este Fondo Verde. Tan solo entre 2015 y 2020, el GCF aprobó 23.4 millones de dólares para la preparación de proyectos. El Fondo Verde para la Resiliencia Climática está diseñado para captar estos recursos.

• Capitalización y fuentes de financiamiento climático

Respecto a las fuentes de financiamiento para los fondos nacionales de clima hay dos tendencias muy claras. En primeros términos, aproximadamente el 20 por ciento de los países han recurrido a fuentes de impuestos sobre la contaminación como el principal método para generar ingresos para los fondos.

Por ejemplo, países como India imponen un impuesto sobre el carbón, donde el Ministerio de Finanzas recoge y transfiere los ingresos recaudados al Fondo Nacional de Energía Limpia. Del mismo modo, en Tailandia, el Fondo de Rotación de Eficiencia Energética está respaldado por un impuesto sobre las ventas de gasolina, mientras que en China, el Fondo de Mecanismo de Desarrollo Limpio recauda fondos a través de un impuesto sobre las transacciones de Mecanismos de Desarrollo Limpio.

En segundo término, los donantes internacionales han contribuido a estos fondos, variando hasta en un número de un solo donante hasta siete donantes, como en el caso del Fondo de Resiliencia al Cambio Climático de Bangladesh, o el Fondo Enercon de Pakistán, que fue capitalizado con la ayuda de fondos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

• Participación del sector privado en fondos climáticos

Los fondos nacionales climáticos interactúan con el sector privado en diferentes grados, esto puede ser con base en los objetivos del fondo, en el nivel de tolerancia al riesgo, y la forma legal en la que pueden llegar a relacionarse. Por ejemplo, fondos como el de la Garantía Parcial de Riesgos de India para la Eficiencia Energética han sido diseñados para trabajar con instituciones financieras, proporcionando garantía de hasta el 50 por ciento del monto de préstamo, pues en este sentido las instituciones financieras pueden solicitar garantías al fondo y otorgar préstamos a empresas fomentando así la participación del sector privado en temas climáticos, energéticos, ambientales, etcétera.

Otro ejemplo, es el Fondo de Resiliencia al Cambio Climático de Bangladesh que proporciona recursos utilizados para reducir los costos de capital y permitir a los agricultores instalar bombas de riego solares. La mayoría de este tipo de fondos se realizan con instituciones que otorgan principalmente subvenciones, lo que limita la gama de instrumentos a disponer y la capacidad para interactuar con el sector privado.

• Enfoque de cartera

La experiencia internacional, marca que diversos países utilizan una combinación de fondos nacionales de clima y otros acuerdos de financiamiento para apoyar la acción climática. Por ejemplo, el plan climático nacional de India consta de ocho misiones distintas en materia medioambiental y se apoya de instrumentos financieros como el uso de subastas inversas, comercio de certificados, créditos fiscales y fuentes presupuestarias regulares.

Además de que el Banco Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural en India es una entidad acreditada ante el Fondo de aquel país, y ha tenido éxito como entidad de implementación nacional en términos de la cantidad de proyectos que ha podido financiar.

Así pues, los países pueden tener un enfoque de doble vía, donde no solo utilizan un fondo nacional de clima para desembolsar fondos, sino que también proporcionan gastos de desarrollo a ministerios (secretarías) implantadores, como es el caso del Fondo de Confianza para el Cambio Climático de Bangladesh que recibe asignaciones del tesoro y las destina a diversos ministerios.

VIII. Una visión comparada con otros países

• India: Fondo Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Fue establecido para apoyar actividades de adaptación en los Estados y Territorios de la Unión de India que son vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Se implementa en modo de proyecto y sus objetivos son financiar proyectos/programas relativos a agricultura, agua, manejo de desastres, vida rural, evaluar la vulnerabilidad y la evaluación del impacto climático.

• Colombia: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y Fondo para la Vida y la Biodiversidad

El propósito de éstos es disminuir la vulnerabilidad del país y fortalecer su capacidad de respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático, e implementar mecanismo para fortalecer y financiar proyectos y programas relacionados con la acción climática, la contención de la deforestación y la gestión del agua en los territorios respectivamente.

• Brasil: Apoyo para Proyectos Sociales y Ambientales y Programa del Fondo Climático, con 10 subprogramas

El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil ofrece un apoyo para proyectos en las áreas de desarrollo social y ambiental. A través de financiamiento con condiciones específicas, recursos no reembolsables o suscripción de valores, el Banco posibilita esfuerzos que se reflejan en el desarrollo ambiental y social en mejores condiciones de vida para las personas.

Sus apoyos financieros más comunes son líneas de financiamiento, permanentes y que pueden otorgarse en cualquier momento; programas, que tienen asignación de recursos y/o fechas de vencimiento; y los fondos gestionados por el propio Banco. Entre lo que más destaca de este tipo de fondo, es que tiene una línea de crédito dirigida a la reforestación, conservación y recuperación forestal. También sobresale que el Fundo Clima es financiado principalmente por ingresos generados de un impuesto a las compañías petroleras.

• Bangladesh: Fondo de Confianza para el Cambio Climático

A través de la gestión en los sectores público y privado lleva a cabo diferentes tipos de actividades para abordar los riesgos y efectos adversos del cambio climático, mediante la categorización en áreas temáticas realiza proyectos relacionados a la gestión integral de desastres y mitigación y desarrollo de bajo carbono.

• Indonesia: Fondo Fiduciario para el Cambio Climático

Es una entidad nacional de financiamiento cuyo objetivo es desarrollar formas innovadoras de vincular fuentes de financiamiento internacionales con estrategias de inversión nacionales, actúa para atraer inversión e implementar una variedad de mecanismos de financiamiento alternativos para programas de mitigación y adaptación al cambio climático y lograr una economía baja en carbono y resiliencia climática. Las entidades elegibles para presentar propuestas al ICCTF son instituciones gubernamentales como ministerios de línea, agencias gubernamentales y gobiernos locales. De este fondo destaca que los proyectos son administrados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actuando como administrador de fondos interino.

IX. Un nuevo Fideicomiso Fondo Verde para la Resiliencia Climática, una necesidad

Con la desaparición del Fonden en este sexenio, el gobierno federal se ha visto completamente incapaz para hacer frente a los desastres naturales que ocurren en nuestro país y a la crisis climática que se encamina. Esto es particularmente grave en un contexto donde los desastres naturales han aumentado por la emergencia climática. Apenas el 15 de noviembre de este año, 71.5 por ciento del país tenía una sequía. En 2020, las inundaciones dejaron sin hogar a 100 mil personas en Tabasco, en 2021 desplazaron a 50 mil personas en Chiapas y en 2023 causaron la muerte de 500 en Guerrero.

Además, como lo demostró el huracán Otis en Acapulco, la emergencia climática ha aumentado la frecuencia, intensidad e imprevisibilidad de los huracanes. Este huracán causó la muerte de al menos 49 personas y múltiples desapariciones, dejó sin hogar a más de 100 mil personas. Además, se estima que el huracán afectó 273 mil 844 viviendas, 600 hoteles y condominios y 120 hospitales.

Objetivo y principios

El Fideicomiso Fondo Verde para la Resiliencia Climática (FVRC) nace con el propósito de proporcionar una estructura financiera sólida y sostenible para respaldar acciones de mitigación, adaptación y recuperación frente al cambio climático en México, basándose en los siguientes principios rectores:

• Sostenibilidad: Garantizar que las acciones emprendidas perduren en el tiempo y beneficien a las generaciones futuras.

• Equidad: Distribuir los recursos de manera justa, priorizando a las comunidades más vulnerables ante los impactos del cambio climático.

• Transparencia: Promover la apertura y claridad en la gestión de fondos y decisiones, fomentando la confianza y participación de la sociedad.

• Rendición de cuentas: Establecer mecanismos para evaluar el impacto y eficacia de las acciones financiadas, asegurando una gestión responsable y orientada hacia resultados tangibles.

El fondo tiene como objetivo contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático y a la adaptación de las comunidades mexicanas a sus impactos, para lograrlo se centrará en financiar proyectos y acciones que promuevan la resiliencia de los ecosistemas, comunidades y sectores vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, buscará atender las pérdidas y daños causados por fenómenos climáticos extremos y apoyar la recuperación y reconstrucción de infraestructuras y medios de vida afectados.

Estructura

Con lo que la estructura de gobernanza del fondo se centrará en la colaboración de diversos actores clave y de múltiples órganos:

• Comité Directivo: Compuesto por representantes intersecretariales, así como representantes de la sociedad civil, sector privado, legisladores y otros sectores relevantes, será el encargado de tomar decisiones estratégicas y de aprobar proyectos. Será presidido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contará con un secretario ejecutivo designado por la Semarnat.

Aprobará y distribuirá fondos en los proyectos autorizados y proporcionará orientación estratégica para su uso. También establecerá pautas para el comité técnico sobre la aceptación del plan financiero anual y la financiación de proyectos. Cada representante tendrá voz y voto en las decisiones estratégicas y de aprobación de proyectos, no obstante, el gobierno federal tendrá un voto por cada secretaría, mientras que los representantes de los otros grupos y sectores presentes en el Comité tendrán únicamente un voto por cada respectivo grupo o sector que representen. Esto asegura una representación equitativa y diversa en el proceso de toma de decisiones.

Estará integrado por representantes seleccionados por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cada secretaría participante deberá designar a una de sus unidades administrativas, por lo menos a nivel de dirección general, como la encargada de coordinar y dar seguimiento permanente a los trabajos de la comisión.

• Comité Técnico: Formado por 16 integrantes mínimo, expertos en medio ambiente, representantes de la sociedad civil, cámaras e iniciativas destacadas del sector privado, gobiernos estatales, legisladores integrantes de comisiones relevantes para proyectos climáticos y/o financieros, y organizaciones no gubernamentales con reconocidos méritos y experiencia en cambio climático que se designarán por el presidente del Comité Directivo, a propuesta de las personas que lo integren.

El consejo tendrá un presidente, nombrado por el titular de la SHCP, y un secretario designado por el SHCP; durarán en su cargo tres años, y pueden ser reelectos por un periodo adicional, cuidando que las renovaciones de sus miembros se realicen de manera escalonada. Los integrantes del Consejo ejercerán su encargo de manera honorífica y a título personal, con independencia de la institución, empresa u organización de la que formen parte o en la cual presten sus servicios, y sin una compensación monetaria por sus servicios. El consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por año o cada vez que el Comité Directivo requiera su opinión.

Este órgano se encarga de examinar las solicitudes de proyectos recibidas y guiar al Comité Directivo en la selección de proyectos, formación de subcomités cuando sea necesario y el desempeño de otras tareas delegadas. Este Comité tiene el mismo sistema de votación que el Comité Directivo, en el cual cada Secretaría tiene un voto, y el resto de los integrantes tienen únicamente un voto por cada respectivo grupo que esté representado en el Comité Técnico.

Estructura financiera

El Fideicomiso Fondo Verde para la Resiliencia Climática (FVRC) se sustentará en 4 principales fuentes de financiamiento, cada una contribuyendo a su sostenibilidad y eficacia en la implementación de proyectos de adaptación, mitigación y atención de crisis en caso de desastres climáticos. Con los recursos propuestos, se estima que el primer año de operación, el Fondo pueda contar con recursos de 25 mil 107 millones de pesos (6 mil 500 millones de pesos de gasto programable, además de los 18 mil 212 millones de pesos en el presupuesto de otros fondos existentes que se integrarían al fondo, y 395 millones de pesos del IEPS al carbono). Estos componentes financieros se dividen en cuatro áreas clave:

1. Presupuesto acumulativo

El FVRC contará con la asignación de recursos gubernamentales, estableciendo que el gobierno destine un porcentaje específico de su gasto programable anual al fondo, como propuesta inicial un 0.1 por ciento. Esta medida asegurará una financiación continua y predecible, proporcionando los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos de adaptación de manera efectiva. Además, se establecerá que el fideicomiso sea acumulativo, lo que significa que los recursos no utilizados en un periodo determinado se mantendrán dentro del fondo para futuras implantaciones, es decir que como el extinto fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, no se regresarán los recursos a la Tesorería de la Federación. En el contexto del Paquete Económico para el 2024, esta aportación sería de aproximadamente 6 mil 500 millones de pesos. Además, se incorporarán a este componente del presupuesto los programas presupuestarios N001, “Fondo de Desastres Naturales” (Fonden), que para 2024 cuenta con 17 mil 984 millones de pesos en el Presupuesto), así como 228 millones de pesos del N002, “Fondo de Prevención de Desastres Naturales” (Fopreden).

2. Donativos internacionales

El segundo componente del financiamiento del Fideicomiso Fondo Verde para la Resiliencia Climática (FVRC) se refiere a la integración del Fondo Sostenible de Nafin como una fuente de donativos internacionales. El Fondo Sostenible de Nafin es una entidad gubernamental especializada en el financiamiento de proyectos sostenibles y ambientales en México. Al integrar este fondo al FVRC, se aprovechará la infraestructura y experiencia de Nafin en la gestión de fondos financieros para recibir y administrar donaciones internacionales de manera más eficiente y efectiva.

El Fondo Sostenible de Nafin tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo económico sostenible en México, financiando proyectos que promuevan la protección del ambiente, la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático. Su integración al FVRC permitirá canalizar las contribuciones internacionales a través de una entidad ya establecida y reconocida en el país, evitando duplicidades y garantizando una gestión transparente y eficiente de los fondos.

Además, la acreditación del Fondo Sostenible de Nafin ante el Fondo Verde para el Clima y el Adaptation Fund facilitará el acceso a financiamiento internacional y la participación en proyectos globales de mitigación y adaptación al cambio climático. En resumen, la integración del Fondo Sostenible de Nafin al FVRC contribuirá a fortalecer la capacidad del fondo para financiar proyectos de adaptación climática y promover la sostenibilidad en México, al tiempo que se garantiza una gestión responsable y transparente de los recursos financieros.

3. Impuestos y mercado de carbono

El FVRC considera la implantación de impuestos sobre el carbono y las emisiones como una medida adicional para fortalecer su base financiera y promover la reducción de emisiones contaminantes en el país. Se propone destinar 5 por ciento de los ingresos recaudados a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al carbono, el cual ascendió a alrededor de 7 mil 900 millones de pesos en 2023; es decir, los recursos ascenderían a 395 millones de pesos aproximadamente. Esta estrategia busca generar ingresos adicionales que se destinarán a financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Además, el FVRC podría explorar la posibilidad de obtener recursos del sistema de comercio de emisiones (SCE), que permitirá a las empresas comprar y vender derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Mediante la participación en este sistema, el fondo podría obtener ingresos adicionales derivados de la venta de créditos de carbono o de la imposición de tasas a las emisiones que excedan ciertos límites establecidos. Esta estrategia complementaría los ingresos obtenidos a través de los impuestos sobre el carbono y contribuiría a fortalecer la capacidad financiera del FVRC para financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en México.

4. Participación del sector privado

Se explorará la participación del sector privado y otros actores interesados en apoyar financieramente al FVRC, así como en la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, como por ejemplo proyectos de infraestructura sostenible. Esto podría incluir co-laboraciones con empresas e inversionistas privados que deseen contribuir al fondo, ya sea con aportes financieros o en especie, como mano de obra, materiales u otros recursos necesarios para llevar a cabo proyectos específicos. Además, se promoverá la participación directa de la comunidad en la identificación y financiamiento de proyectos que beneficien directamente a sus regiones y comunidades.

De esta manera, el FVRC adoptará un enfoque integral que combine recursos gubernamentales, financiamiento internacional, medidas fiscales innovadoras y participación del sector privado y la comunidad. Esta diversificación de fuentes de financiamiento garantizará que el fondo disponga de los recursos necesarios para abordar de manera efectiva los desafíos del cambio climático en México, promoviendo la resiliencia y la sostenibilidad de largo plazo.

Carteras de proyectos

El fondo administrará dos carteras de proyectos para abordar las necesidades de adaptación y mitigación del cambio climático en México:

• Proyectos financiados con los recursos del fondo.

• Proyectos que se desarrollen con el respaldo del sector privado en especie.

• Ambas carteras se someterán al riguroso proceso de aprobación del Comité Directivo para garantizar que cada proyecto seleccionado cumpla con los criterios de eficacia, sostenibilidad y pertinencia. Esta estructura dual permite una gestión flexible y diversificada de los proyectos, aprovechando tanto los recursos financieros del fondo como los recursos técnicos y tecnológicos del sector privado. Además, fomenta la colaboración entre el sector público y privado en la lucha contra el cambio climático, promoviendo una acción coordinada y eficiente para enfrentar los desafíos ambientales emergentes.

De esa forma, el Fideicomiso Fondo Verde para la Resiliencia Climática (FVRC) es el mecanismo idóneo ante las incapacidades gubernamentales para hacer frente a los riesgos, desastres naturales y a la crisis climática. Esta estructura financiera se encargará de implementar acciones de mitigación, adaptación y recuperación, además de atender las consecuencias de fenómenos y desastres climáticos, y de esta forma apoyar a la recuperación y reconstrucción tanto de infraestructura como medios de vida dañados o alterados.

Este Fondo tendrá la importante colaboración de actores clave, autoridades y miembros del gobierno, sociedad civil, sector privado, expertos y legisladores. Con su estructura financiera innovadora se alcanzará la ejecución e implantación de proyectos para afrontar las adversidades y necesidades climáticas en México.

Por todo lo expuesto se proponen las siguientes reformas de las Leyes General de Cambio Climático, de Transición Energética, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de las leyes General de Cambio Climático, de Transición Energética, de Planeación, y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero. Se adicionan la fracción XXI al artículo 3, una fracción VI, recorriendo la subsecuente al artículo 81 y se adicionan los artículos 95 Bis, 95 Ter, 95 Quáter y 95 Quinquies a la Ley General de Cambio Climático.

Artículo 3o. Para efectos de esta ley se entenderá por

(...)

XXI. Fondo: Fideicomiso Fondo Verde de Resiliencia Climática (FVRC).

(...)

Artículo 81. Las fuentes de financiamiento para apoyar la implementación de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático serán las siguientes:

(...)

VI. El Fideicomiso Fondo Verde de Resiliencia Climática (FVRC); y

(...)

Artículo 95 Bis. Se establece el Fideicomiso Fondo de Resiliencia Climática (FVRC) como un instrumento financiero destinado a apoyar proyectos y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la gestión integral del riesgo de desastres naturales.

Este operará bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito, que presidirá el comité directivo y el comité técnico, que se hacen referencia en el reglamento de esta ley.

Artículo 95 Ter. El fondo se financiará a través de aportaciones del presupuesto federal, contribuciones del sector privado, donaciones internacionales, y otros mecanismos que la ley permita, con el siguiente esquema:

I. Presupuesto acumulativo: El FVRC contará con asignaciones presupuestarias del gobierno federal, destinando un porcentaje específico del gasto programable anual del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año a este fondo. Como propuesta inicial, se destinará un 0.1 por ciento del gasto programable. Se establecerá un mecanismo acumulativo para garantizar que los recursos no utilizados en un periodo se mantengan dentro del fondo para su uso en futuras implementaciones. Esta financiación incluirá la integración de recursos provenientes de programas presupuestarios específicos como el N001, Fondo de Desastres Naturales (Fonden); y N002, Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden);

II. Donativos internacionales: El FVRC integrará el Fondo Sostenible de Nacional Financiera (Nafin) para gestionar y administrar donaciones internacionales de manera eficiente. Este componente aprovechará la infraestructura y experiencia de Nafin en el financiamiento de proyectos sostenibles y ambientales, facilitando el acceso a financiamiento internacional y la participación en proyectos globales de mitigación y adaptación al cambio climático;

III. Impuestos y mercado de carbono: El fondo implantará impuestos sobre el carbono y las emisiones, destinando un porcentaje de 0.05 por ciento de los ingresos recaudados a través de impuestos específicos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al carbono. Además, se explorará la obtención de recursos a través del sistema de comercio de emisiones, permitiendo a las empresas comprar y vender derechos de emisión, lo cual podría generar ingresos adicionales para el FVRC, y

IV. Participación del sector privado: Se fomentará la participación del sector privado, a través de colaboraciones financieras o en especie, para apoyar la implementación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto incluirá la promoción de la participación directa de la comunidad en la identificación y financiamiento de proyectos que beneficien a sus regiones.

Artículo 95 Quáter. Respecto a su gestión y operación, el fondo funcionará con un enfoque integral, combinando recursos gubernamentales, financiamiento internacional, medidas fiscales innovadoras, y la participación del sector privado y la comunidad. Este esquema de financiamiento garantizará que el fondo disponga de los recursos necesarios para enfrentar los desafíos del cambio climático en México, promoviendo la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo.

Artículo 95 Quinquies. El fondo administrará dos carteras de proyectos claramente diferenciadas para abordar de manera integral las necesidades de adaptación y mitigación del cambio climático en México:

I. Cartera de proyectos financiados directamente: Incluirá los proyectos que reciban financiación directa del FVRC, seleccionados por su potencial para contribuir a la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y

II. Cartera de Proyectos con Apoyo del Sector Privado: Comprenderá proyectos que, además de contar con el respaldo financiero del FVRC, se beneficien de aportaciones en especie del sector privado, como pueden ser tecnología avanzada, expertise técnico o recursos materiales

Segundo. Se adiciona el artículo 32 Bis a la Ley de Transición Energética.

Artículo 32 Bis. El Fideicomiso Fondo Verde de Resiliencia Climática a que hace referencia la Ley General de Cambio Climático se integrará en la estrategia nacional de transición hacia el uso de energías renovables y eficiencia energética, financiando proyectos que contribuyan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético.

Tercero. Se adicionan los párrafos segundo y tercero, con lo que se recorren los subsecuentes, al artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 37. En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para llevar a cabo acciones preventivas o ejecutar programas y proyectos para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales. El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos, así como a las disposiciones que emita la Secretaría, los cuales podrán destinarse a cubrir los gastos que se hayan devengado conforme a los fines antes referidos.

El Fideicomiso Fondo Verde de Resiliencia Climática contará con asignaciones presupuestarias del gobierno federal, destinando un porcentaje específico del gasto programable anual del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año a este fondo. Como propuesta inicial, se destinará 0.1 por ciento del gasto programable. Se establecerá un mecanismo acumulativo para garantizar que los recursos no utilizados en un periodo se mantengan dentro del fondo para su uso en futuras implementaciones. Esta financiación incluirá la integración de recursos provenientes de programas presupuestarios específicos como el N001, Fondo de Desastres Naturales; y el N002, Fondo de Prevención de Desastres Naturales.

Se establecerán mecanismos de transparencia y rendición de cuentas específicos para el FVRC, asegurando que la asignación y uso de los recursos sean públicos y sujetos a auditorías anuales.

(...)

(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá y, en su caso, modificará las disposiciones específicas que establezcan los mecanismos presupuestarios que permitan ejercer los recursos para ejecutar programas y proyectos para cumplir con el presente decreto.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados realizarán las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al presente decreto para el ejercicio fiscal de 2025.

Notas

1 En específico, participaron representantes de ITDP, Unión Interparlamentaria, WRI, Polea, EY México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Cemex, el gobierno de la Ciudad de México, Planisphera Sustentabilidad, el Cemda, Propuesta Cívica, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente en México, el coordinador del proyecto del mecanismo de gobernanza para la implantación del Acuerdo de Escazú en México y Amnistía Internacional, entre otros.

2 Declaración sobre Medio Ambiente Humano, Estocolmo, 1972, disponible en

https://www.gob.mx/semarnat/educacionambiental/documentos/declar acion-de-estocolmo

3 Dicho fondo fue creado mediante el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5169686&fecha=03/ 12/2010#gsc.tab=0

4 El artículo 4o. de las reglas de operación establecía: “Artículo 4o. Son fines del Fondo de Desastres Naturales (...) I. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales. En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas, en el entendido de que la dependencia o entidad de la administración pública federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendables (...)”.

5 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial, Fonden: El Fondo de Desastres Naturales de México, una reseña, 2012, disponible en

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Re source/469/1/images/LibroFonden_versionEsp.pdf

6 Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de Ciencia y Tecnología; Aduanera; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; General de Cultura Física y Deporte; Federal de Cinematografía; Federal de Derechos; del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático; y General de Víctimas, y abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. DOF, 06 de noviembre de 2020. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha=06/ 11/2020#gsc.tab=0

7 Décimo Noveno. Se deroga el transitorio noveno del decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. A partir del 1 de enero de 2021, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales no asumirá compromisos adicionales a los adquiridos previamente, salvo los relativos a los gastos de operación, y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendentes a su extinción. Con los recursos a que se refiere el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se podrán cubrir las obligaciones que se tengan pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del fideicomiso. Los remanentes de recursos de este fideicomiso se deberán concentrar a más tardar el 30 de junio de 2021, por concepto de aprovechamientos, a la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la atención de desastres naturales, así como para cubrir las obligaciones pendientes y que no se paguen con cargo al patrimonio del fideicomiso”.

8 Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social, “Aprueba Senado en lo general la extinción de 109 fideicomisos”, 21 octubre de 2020. Disponible en

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletine s/49479-aprueba-senado-en-lo-general-extincion-de-109-fideicomisos.html

9 Artículo 26. Los fideicomisos y fondos públicos considerados entidades paraestatales deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes a que se refiere el artículo anterior por sí mismos, a través de sus áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia. En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura orgánica y, por tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán las obligaciones de esta ley a través de la unidad administrativa responsable de coordinar su operación”.

10 Cemda, (2022). Impacto ambiental de la refinería de Dos Bocas. México, DF: Cemda)

11 (Cemda. (2023). Impacto ambiental de la autopista Oaxaca-Mitla. México, DF: Cemda)

12 Coparmex, México es de los países más vulnerables ante el cambio climático. Acapulco es la muestra y podrían venir más desastres, 26 noviembre 2023. Disponible en

https://coparmex.org.mx/mexico-es-de-los-paises-en-el-mundo-mas- vulnerables-ante-el-cambio-climatico-acapulco-es-la-muestra-y-podrian-venir-mas -desastres/

13 Cuentas Nacionales de México, PIB, Inegi, 2022.

14 Informe sobre desastres naturales, Cenapred, 2022, Inegi, 2022.

15 Departamento Nacional de Planeación, Colombia, ¿Qué es el financiamiento climático? Disponible en

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/financiamientoclimatico/gene ralidades/Paginas/que-es-el-financiamiento-climatico.aspx

16 PNUD, Naciones Unidas, ¿Qué es la financiación climática y por qué es necesario incrementarla?, 2 de octubre de 2023, disponible en

https://climatepromise.undp.org/es/news-and-stories/que-es-la-fi nanciacion-climatica-y-por-que-es-necesario-incrementarla

17 Naciones Unidas, Acción por el Clima, ¿por qué debe financiarse la acción climática? Disponible en

https://www.un.org/es/climatechange/why-finance-climate-action

18 AIDA, Financiamiento climático: preguntas y respuestas, 29 de junio de 2023. Disponible en

https://aida-americas.org/es/blog/financiamiento-climatico-pregu ntas-y-respuestas

19 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Cambio climático: acciones desde los recursos públicos, 28 de junio de 2023, disponible en

https://ciep.mx/cambio-climatico-acciones-desde-los-recursos-pub licos/

20 El Economista, “México necesita 126 000 millones de dólares para combatir el cambio climático”, 18 de octubre de 2022. Disponible en

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-necesita-126000- millones-de-dolares-para-combatir-el-cambio-climatico-20221017-0131.html

21 Expansión, “México necesita 1.7 billones de pesos al año para enfrentar cambio climático”, 18 de septiembre de 2023. Disponible en

https://expansion.mx/economia/2023/09/18/mexico-necesita-1-7-bil lones-de-pesos-al-ano-para-enfrentar-cambio-climatico

22 Aida, Financiamiento climático: preguntas y respuestas, 29 de junio de 2023. Disponible en

https://aida-americas.org/es/blog/financiamiento-climatico-pregu ntas-y-respuestas

23 Green Climate Fund. Disponible en

https://www.greenclimate.fund/about

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Laura Irais Ballesteros Mancilla, Abigail Arredondo Ramos, Ana Isabel González González, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, César Alejandro Domínguez Domínguez, Christian Mishel Castro Bello, Federico Döring Casar, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Armando Ruiz Hernández, María de Fátima García León, Mario Calzada Mercado, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Noel Chávez Velázquez, Paloma Domínguez Ugarte (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un artículo 132 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Yerico Abramo Masso, diputado de la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 132 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

Una propuesta surgida en la ardua campaña realizada por el suscrito en el distrito 4 de Coahuila, fue la que realizaron trabajadores del estado que han padecido violación de sus garantías sociales, en particular, en lo que respecta al pago de sus pensiones en casos frecuentes de profesores, que cotizaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que en caso de muerte de algún cónyuge, no les pagan las pensiones íntegras, es decir, de acuerdo con el artículo 132 de la vigente Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suman las dos pensiones y el monto que les pagan es hasta por máximo de diez veces el salario mínimo.

En efecto, al no contemplarse la disposición idónea para atender este tipo de situación con la ley del ISSSTE, se procede a aplicar las disposiciones vigentes, incluyendo con ello en violaciones de sus garantías sociales, en tal virtud, el sector afectado solicitó se legisle a la brevedad al respecto, para evitar la afectación de sus derechos.

La seguridad social es un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX y el apartado B, fracción XI. Este derecho está constituido por aquellas protecciones para el bienestar de la persona trabajadora y operan a través de la figura jurídica del seguro que, de manera general, cubre diversos riesgos, como son: la muerte, los accidentes de trabajo, las enfermedades, la maternidad y paternidad, la jubilación, la cesación involuntaria del trabajo en edad avanzada, la invalidez y la vejez; coberturas que tienen su origen en la vida laboral productiva que se tuvo previa, en su caso, a la exigibilidad del derecho.

Por otra parte, este derecho también se ha dispuesto en los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); en el 9.1 y 9.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana octubre de 1961. Sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador”, y en el 28 del Convenio 102 Sobre Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano el 12 de octubre de 1961.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica el caso concreto de la pensión por jubilación derivada de un sistema de contribuciones o cotizaciones, como un componente de la seguridad social en relación con la necesidad económica de la persona y no necesariamente ligado a la edad prevista para acceder a una, en caso de vejez. Además, precisa que “la pensión de vejez es una especie de salario diferido del trabajador, un derecho adquirido luego de una acumulación de cotizaciones y tiempo laboral cumplido”.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6, 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 7, 9, 10 y 12 del Protocolo de San Salvador y los párrafos 28 y 51 Observación General 23 citada.

Es obligación de todas las autoridades mexicanas cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos que establece el artículo 1o, párrafo tercero constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En atención a la problemática descrita al inicio de esta exposición, en la que la autoridad suma la pensión por viudez y la pensión por edad y años de servicio, es ilegal y violatoria de sus derechos humanos.

El incumplimiento de estos derechos ha dado lugar a miles de demandas (se calculan más de 160 mil en los últimos 10 años) que se han resuelto a través de los tribunales federales de justica administrativa en todos los casos han sido a favor de las y los derechohabientes, es decir, de los actores reclamantes que exigen al ISSSTE que las dos pensiones, la de jubilación y la de viudez sean respetadas, es decir que el Instituto ha tenido que reconocer y respetar las garantías de jubilación, sin embargo, han tenido que realizarse miles de juicios para lograr la reparación individual del daño.

Las resoluciones de los tribunales federales de justicia administrativa resuelven en favor de quienes reclaman su derecho a las pensiones de jubilación y viudez de manera íntegra, pues la Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 104/2017 (10a.) que se puede ubicar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo II, página 1060 Materia(s): Administrativa — Laboral. Dicta textualmente:

Pensión de viudez. Para el cómputo de sus incrementos debe tomarse como base la ley vigente en el momento de su otorgamiento.

En términos de los artículos 73 y 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, la pensión de viudez se otorga con motivo del deceso del o la trabajadora o persona pensionada. En este segundo caso, esto es, cuando existe una pensión que en vida disfrutó el o la cónyuge fallecida, la pensión que a su vez se otorga por viudez constituye un derecho diferente al que gozaba aquélla. Por tanto, al no existir causahabiencia y transmitirse el mismo derecho, sino actualizarse uno nuevo a favor del o la viuda tras la muerte del pensionado inicial, su otorgamiento, así como el cálculo de los incrementos respectivos, se rigen por la ley vigente al momento de reunirse los supuestos para su obtención.

Esta Jurisprudencia es el principal argumento, para realizar esta modificación a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y también es el máximo criterio para las resoluciones que han emitido los tribunales federales de justicia administrativa, como ejemplo está el que resolvió la Sala Especializada en Materia de Resolución Exclusiva de Fondo y primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como en el Expediente 545/21-97-01-2 del 25 de agosto de 2021, en el que estima en este caso particular fundamental conocer en su totalidad al artículo 12 del Reglamento para otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 12. Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño -8 de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente:

I. La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada, con:

a) El disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos del trabajador o pensionado, y

b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo;

II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con:

a) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador;

b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo derivado de derechos propios o de los derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado, y

c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. La percepción de una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los derechos derivados del otro progenitor.

En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.

Fuera de los supuestos antes enunciados no se puede ser beneficiario de más de una pensión.

Si algún pensionado bajo la Ley abrogada reingresa al servicio para desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad, que impliquen la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá dar aviso inmediato al Instituto para efecto de que se suspenda la pensión en curso de pago.

Asimismo, el pensionado deberá dar aviso al Instituto cuando se le otorgue otra pensión. En caso contrario, éste podrá suspender la pensión que se otorgó con anterioridad.

Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas durante el tiempo que duró, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va efectuar el reintegro para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en una sola exhibición, y la devolución se realice al término de un plazo igual a aquél en que el trabajador o pensionado las estuvo recibiendo. En caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá el derecho a la pensión”.

Del numeral transcrito se desprende, en la parte que interesa, que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo, lo cual constituye una restricción del derecho a percibir íntegramente las pensiones a las que se tiene derecho —en este caso las pensiones por jubilación y por viudez.

De acuerdo con la resolución contraviene la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social, porque desatiende las siguientes diferencias sustanciales:

1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados, por el trabajador o trabajadora;

2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por edad y años de servicio protege su dignidad en la etapa de retiro; y,

3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador pensionado fallecido y la pensión por edad y años de servicio se genera con las aportaciones hechas por el trabajador pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas.

En este particular caso se concluye que resulta violatorio de la garantía de seguridad social y el principio de previsión social, previstos, en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre otros, establece que la suma de las pensiones compatibles no podrá exceder el Tope Máximo previsto para tal efecto, lo cual constituye una restricción del derecho a percibir íntegramente las pensiones a las que se tiene derecho, en este caso, las pensiones por jubilación y por edad y años de servicio, lo cual es violatorio de la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra señala lo siguiente:

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte”.

Actualmente, las autoridades del ISSSTE aplican la limitada legislación vigente y el reglamento correspondiente sobre pensiones, sin embargo, como ya se señaló, las posibilidades de éxito al defender su posición respecto de los acuerdos que emite para el pago de las mismas, es limitada o nula ante la existencia de jurisprudencia sobre el tema.

Cabe destacar que para el Estado resulta onerosa la distracción de recursos humanos y financieros en casos que, de antemano saben que sus resultados no serán favorables y por otro lado los trabajadores también pierden tiempo y recursos económicos para hacer frente a esta violación de derechos de seguridad social, es decir, todos pierden. Por lo que la propuesta genera una situación ganar-ganar, gana el Estado y gana el trabajador.

Asimismo, se ha solicitado información al ISSSTE para respaldar la presente iniciativa, en cuanto se cuente con ésta, se hará llegar como adenda a la comisión o comisiones a las que se turne.

En atención a lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para solicitar su apoyo para respaldar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 132 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Para una mayor claridad del contenido de la presente propuesta de adición, se presenta el siguiente cuadro comparativo respecto al texto vigente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un artículo 132 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se adiciona un artículo 132 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 132. ...

Artículo 132 Bis. En el caso de compatibilidad de las pensiones por jubilación y viudez, el Estado garantizará el pago íntegro de ambas, por lo que la suma de las mismas podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo establecido en el artículo anterior, ya que ambas pensiones tienen orígenes distintos, garantizan derechos diferentes y tienen autonomía financiera.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/202104/Derecho_ Seguridad_Social_ISSSTE.pdf

2 CIDH. Caso “Muelle Flores vs. Perú”. Sentencia de fondo, reparaciones y costa, 6 de marzo de 2019, párr. 185, disponible en

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_375_esp.p d

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Yerico Abramo Masso, Abigaíl Arredondo Ramos, Ana Isabel González González, César Alejandro Domínguez Domínguez, Christian Mishel Castro Bello, Juan Antonio Meléndez Ortega, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Mario Calzada Mercado, Noel Chávez Velázquez, Paloma Domínguez Ugarte (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, diputados de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en relación con el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV, Apartado A y la fracción II del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El trabajo es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país.

En México, las largas jornadas laborales han sido una característica distintiva, con una normativa que establece hasta 48 horas semanales según se establece en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. No obstante, en los últimos años ha habido un creciente debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, una reforma que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y alinearse con las tendencias internacionales.

A nivel global, muchos países han avanzado en la reducción de las horas laborales. El análisis del promedio de horas trabajadas anualmente en los países mostrados en la siguiente tabla proporciona información clave sobre las tendencias laborales a nivel global y su relación con el desarrollo económico, la productividad y el bienestar social.

México: El país con mayor carga laboral

México se destaca por tener el promedio de horas trabajadas más alto en 2021, 2022 y 2023, con 2,207 horas trabajadas anualmente en 2023. A pesar de una ligera disminución respecto a los años anteriores, sigue superando considerablemente al promedio de los países de la OCDE (1,746 horas en 2023). Desde una perspectiva económica, esta alta carga laboral no necesariamente se traduce en una mayor productividad. De hecho, muchos estudios sugieren que jornadas laborales más extensas pueden generar una disminución en la eficiencia de los trabajadores, lo que plantea un desafío importante para la economía mexicana.

Implicaciones económicas:

I. Aunque México registra muchas más horas trabajadas que otros países, la productividad por hora es baja. Esto sugiere la necesidad de mejorar las políticas de capacitación, innovación y tecnología para aumentar la productividad sin depender de largas jornadas laborales,

II. Un mayor número de horas trabajadas puede afectar negativamente el bienestar de los trabajadores, lo que a largo plazo puede reducir el consumo interno debido a que los individuos tienen menos tiempo y energía para el ocio y el gasto en actividades recreativas.

Comparativa con América Latina

Costa Rica y Chile, los otros dos países latinoamericanos incluidos en la tabla, también presentan un promedio elevado de horas trabajadas, aunque con una tendencia a la baja en el caso de Chile (de 1,966 horas en 2022 a 1,953 en 2023). Costa Rica, con 2,149 horas en 2023, sigue siendo otro ejemplo de alta carga laboral en la región.

Implicaciones económicas:

I. Similar a México, estos países enfrentan el reto de mejorar la productividad por hora trabajada. El alto número de horas no garantiza un mejor rendimiento económico. Estos países deberían priorizar políticas para aumentar la productividad a través de la educación, la adopción de tecnologías y una mejor distribución de las horas de trabajo,

II. La alta carga laboral, si no está acompañada de aumentos proporcionales en la productividad, podría limitar la capacidad de estos países para competir con economías más avanzadas que logran niveles más altos de productividad con menos horas trabajadas.

Países desarrollados: Menor carga laboral, mayor productividad

Los países con menos horas trabajadas anualmente, como Alemania (1,343 horas en 2023), Dinamarca (1,393 horas) y Países Bajos (1,415 horas), han logrado equilibrar las horas trabajadas con altos niveles de productividad. Este fenómeno refleja una evolución hacia un entorno laboral más eficiente, en el que se prioriza la calidad sobre la cantidad de horas trabajadas.

Implicaciones económicas:

I. Estos países han adoptado sistemas económicos en los que el tiempo de trabajo es más eficiente, aprovechando mejor el capital humano, invirtiendo en tecnología y fomentando la innovación.

II. El menor número de horas trabajadas está correlacionado con un mayor nivel de bienestar y un entorno laboral más equilibrado. Esto se traduce en economías más sostenibles a largo plazo, donde se promueve el consumo interno y el bienestar social.

Tendencias globales en la reducción de horas

El promedio de horas trabajadas anualmente en muchos países ha mostrado una tendencia a la baja, lo que indica un cambio hacia una mayor concienciación sobre el bienestar laboral y una mayor eficiencia. La reducción de horas trabajadas también responde a cambios estructurales en la economía global, donde la automatización, el teletrabajo y las nuevas tecnologías permiten una mayor flexibilidad y productividad.

Implicaciones económicas:

I. Flexibilidad laboral: La reducción de las horas de trabajo está relacionada con un cambio hacia una mayor flexibilidad laboral, permitiendo a las economías más desarrolladas adaptarse mejor a las necesidades de los trabajadores y a las nuevas dinámicas del mercado laboral.

II. Evolución de sectores productivos: Sectores como los servicios y la tecnología, que tienen un peso creciente en las economías desarrolladas, tienden a requerir menos horas trabajadas por su naturaleza más eficiente y su mayor grado de automatización.

Promedio global y la OCDE

El promedio global de horas trabajadas anualmente en los países de la OCDE es de 1,746 horas en 2023. México, con 461 horas más que este promedio, sigue alejándose de las tendencias internacionales. Los países con los promedios más bajos han logrado mantener un crecimiento económico robusto mientras reducen las horas de trabajo, lo que refleja una dirección hacia una mayor calidad de vida sin sacrificar el crecimiento económico.

El análisis de la relación entre las horas semanales trabajadas y la brecha de desigualdad en 2023, presentado en la tabla, refleja una disparidad clara en la estructura laboral y social entre las diferentes economías incluidas. Esta relación es esencial para comprender cómo la cantidad de horas trabajadas impacta en la desigualdad económica y, en última instancia, en el bienestar general de la población.

México lidera la lista con 42.44 horas semanales, siendo el país con la mayor carga laboral. Sin embargo, su brecha de desigualdad muestra una ligera reducción de apenas -0.70, Esta relación entre largas jornadas laborales y una mínima disminución en la desigualdad sugiere un desajuste en la eficiencia de las políticas laborales y redistributivas del país. Aunque los mexicanos trabajan más horas, esto no se traduce en una mejora significativa en la equidad social. Es posible que factores como los bajos salarios, la alta informalidad laboral y la falta de protección social jueguen un papel crucial en este fenómeno, A pesar de los esfuerzos laborales, México no está logrando una reducción efectiva de la desigualdad, lo cual evidencia la necesidad de reformas estructurales profundas.

Costa Rica y Chile, ambos con una carga laboral también elevada (41.74 y 37.56 horas semanales, respectivamente), presentan una situación diferente en cuanto a la brecha de desigualdad. En el caso de Costa Rica, la disminución de la desigualdad es similar a la de México, con -0.70, lo que sugiere que, a pesar de los esfuerzos laborales, no se ha logrado implementar políticas eficaces para reducir significativamente la brecha social. Chile, por su parte, experimenta una reducción mayor de -4.88, lo cual indica un sistema más eficiente en términos de políticas redistributivas y sociales que, aunque no eliminan completamente la desigualdad, logran corregir parte de las disparidades generadas por el mercado laboral. Este contraste sugiere que la carga laboral alta por sí sola no es un indicador suficiente de reducción de desigualdad; es necesario acompañar estas jornadas con políticas públicas que mejoren la equidad en la distribución del ingreso.

En los países de la OCDE, como Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, donde las jornadas laborales son significativamente más cortas (con promedios de 25 a 27 horas semanales), la reducción de la brecha de desigualdad es notablemente mayor, con valores entre -14 y -16 puntos. Esto pone de manifiesto que, en las economías más desarrolladas, donde se priorizan políticas de bienestar social, menor carga laboral y mejores condiciones de trabajo, la desigualdad tiende a reducirse de manera más efectiva. Estos países no solo presentan jornadas laborales más flexibles, sino que han implementado sistemas de protección social robustos que permiten una redistribución del ingreso más justa. En estos casos, la productividad por hora trabajada es mucho mayor, lo que permite a los trabajadores generar ingresos suficientes sin necesidad de extensas jornadas laborales.

El contraste entre estos grupos de países refleja la importancia de políticas públicas integradas y eficientes. Mientras que en México y América Latina se observa una alta dependencia en largas horas laborales que no reducen proporcionalmente la desigualdad, en Europa y otras regiones desarrolladas, la combinación de jornadas laborales reducidas y políticas redistributivas permite un mejor equilibrio entre el trabajo y el bienestar social. Esta diferencia pone en evidencia la necesidad de replantear las políticas laborales y sociales en economías como la mexicana, para mejorar tanto la productividad como la equidad en la distribución del ingreso.

Se puede concluir que el análisis de la tabla sugiere que trabajar más horas no se traduce necesariamente en una menor desigualdad. En cambio, los países que han logrado una reducción significativa en su brecha de desigualdad lo han hecho mediante la implementación de políticas efectivas que combinan jornadas laborales más cortas con mecanismos redistributivos sólidos. México y otros países con altas cargas laborales deben enfocarse en fortalecer sus políticas laborales y sociales si desean avanzar hacia una mayor equidad económica y social.

Además, estos datos resaltan cómo la duración de la jornada laboral puede variar significativamente según las normativas nacionales y las culturas laborales,

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lleva mucho tiempo promoviendo la reducción de la jornada laboral hacia un máximo de 40 horas semanales. A través de la Recomendación 116, emitida en 1962, la OIT ha instado a los países a avanzar hacia esta meta, argumentando que jornadas laborales más cortas tienden a mejorar la productividad, reducir el estrés laboral y fomentar un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.

La recomendación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4, señala a la letra:

“4. La duración normal del trabajo debería reducirse progresivamente, cuando sea apropiado, con objeto de alcanzar la norma social indicada en el preámbulo de la presente Recomendación, sin disminución alguna del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.”

La OIT también sostiene que esta reducción debe implementarse de manera gradual y acompañarse de políticas públicas que ayuden a las empresas a adaptarse sin afectar su competitividad. Un ejemplo de esto es el uso de tecnología y flexibilidad en los horarios, como el teletrabajo, que la OIT recomienda como un complemento ideal para estas reformas. Además, señala que los trabajadores tienden a ser más productivos con jornadas más cortas, lo que puede beneficiar tanto a las empresas como a los empleados.

En América Latina, los países de Ecuador y Perú han implementado la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con diversos impactos en sus economías y el bienestar de los trabajadores. Estos casos ofrecen lecciones importantes para México en su posible transición a una jornada más corta. A continuación, se analiza en detalle cómo ha funcionado esta política en ambos países.

Ecuador es uno de los países de América Latina que ha adoptado una jornada laboral de 40 horas semanales desde hace varios años, específicamente regulada por el Código de Trabajo. La legislación establece que la jornada laboral no debe exceder las 8 horas diarias, distribuidas en cinco días de trabajo (de lunes a viernes). Se establece un descanso obligatorio de al menos 30 minutos durante la jornada para garantizar la salud del trabajador. Y los empleados que trabajen fuera de este horario, como durante la noche o en días no laborables, deben recibir un pago adicional por horas extras o trabajo nocturno. (Osorio Idárraga, 2023)

Perú es otro caso interesante en América Latina en cuanto a la regulación de la jornada laboral.

Aunque la jornada laboral estándar en Perú es de 48 horas semanales, existen propuestas y movimientos sindicales que buscan reducirla a 40 horas para alinearse con otros países de la región y con los estándares internacionales. Según el decreto legislativo número 854, la jornada de trabajo en Perú es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, esta normativa permite cierta flexibilidad para que empleadores y empleados acuerden jornadas laborales inferiores a este límite. En algunos sectores o empresas, ya se han implementado jornadas más cortas de 40 horas, como resultado de negociaciones colectivas o decisiones empresariales.

En 2022, se presentaron propuestas de ley en el Congreso peruano para reducir la jornada laboral a 40 horas, aunque estas aún no han sido aprobadas.

Chile ha sido uno de los países pioneros en América Latina en discutir la reducción de la jornada laboral, inspirándose en modelos europeos que han mostrado mejoras en la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

En abril de 2023, el Congreso de Chile aprobó la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, tras varios años de debate. La ley contempla una implementación gradual, en que las empresas tienen varios años para adaptarse completamente a la nueva normativa. (Malacara, 2023)

Desde un punto de vista económico, uno de los principales argumentos en contra de la reducción de la jornada laboral es el posible impacto en la productividad de las empresas. Sin embargo, diversos estudios sugieren que jornadas laborales más cortas pueden, en realidad, aumentar la productividad.

Uno de los estudios más relevantes sobre la reducción de la jornada laboral se realizó en Islandia.

Entre 2015 y 2019, el país llevó a cabo uno de los experimentos más grandes del mundo en este campo, reduciendo la jornada laboral a 35-36 horas semanales sin reducir los salarios. Este experimento incluyó tanto al sector público como al privado, y afectó a más de 2.500 trabajadores. Los resultados mostraron que la productividad se mantuvo igual o incluso mejoró en la mayoría de los casos. Además, los empleados reportaron niveles más altos de bienestar, menor estrés y una mejor conciliación entre la vida personal y laboral. (Euronews, 2021)

Otro ejemplo clave es el experimento realizado por Microsoft Japón en 2019, donde la empresa implementó la semana laboral de cuatro días durante un mes. Durante ese periodo, se descubrió que la productividad aumentó en un 40%, y al mismo tiempo, los empleados reportaron una reducción significativa en el agotamiento. El ahorro de recursos, como electricidad y papel, también contribuyó al éxito de esta iniciativa. Este caso ejemplifica cómo las grandes empresas tecnológicas pueden beneficiarse de jornadas laborales más cortas sin comprometer su capacidad de innovación. (Kleinman, 2019)

Un estudio de la Universidad de Stanford dirigido por el economista John Pencavel analizó la relación entre las horas de trabajo y la productividad. El estudio encontró que trabajar más horas tiene un impacto negativo en la productividad. De hecho, se observó que una vez que los trabajadores superan cierto umbral de horas, la productividad disminuye. Es así que el resultado del estudio señala que trabajar más de 50 horas a la semana provoca una drástica caída en el rendimiento, y las personas que trabajan 70 horas no producen más que aquellas que trabajan 55 horas. (Pencavel, 2014)

La OIT en 2018 publicó un informe titulado Working time and the future of work, en el que concluyó que las jornadas laborales más cortas pueden tener un efecto positivo en la productividad cuando van acompañadas de mejoras en la organización del trabajo y una mayor inversión en tecnología. El informe sugiere que jornadas laborales más cortas permiten a los trabajadores estar más enfocados y menos agotados, lo que resulta en una mayor eficiencia en el trabajo. (Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018)

Como podemos observar los estudios internacionales han demostrado que la reducción de las horas laborales no necesariamente implica una disminución en la productividad. Países como Islandia, Suecia y grandes empresas como Microsoft han demostrado que jornadas más cortas pueden aumentar la eficiencia, reducir el estrés laboral y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal. Al optimizar las condiciones de trabajo, tanto los empleados como las empresas se benefician, lo que sugiere que la reducción de la jornada laboral podría ser una solución viable en diversas industrias y sectores a nivel global.

En México, el proceso legislativo para reducir la jornada laboral ha estado en discusión desde 2022. En abril de 2023, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reformar el artículo 123 de la Constitución, con el objetivo de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia en ciertos sectores empresariales, quienes argumentan que una reducción abrupta podría afectar la productividad y la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

La reducción de la jornada laboral en México es una reforma que, de aprobarse, marcaría un hito importante en la vida laboral del país. Aunque enfrenta retos importantes, especialmente en términos de implementación y adaptación por parte de las empresas, los beneficios a largo plazo en términos de productividad, bienestar de los trabajadores y alineación con las tendencias internacionales son significativos; además, de estar en concordancia con el compromiso número 60 de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

México tiene la oportunidad de dar un paso adelante hacia una economía más equitativa y eficiente, reconociendo que el bienestar de los trabajadores es esencial para el éxito económico.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV, apartado A y la fracción II, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción IV, apartado A y la fracción II, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

...

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a III. ...

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos.

V. a XXXI...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. ...

II. El. Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;

III. a XIV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Cámaras del honorable Congreso de la Unión tendrán un plazo de 180 días a partir del inicio de vigencia del presente decreto para hacer las adecuaciones a las leyes que correspondan.

Fuentes

- Euronews. (7 de julio de 2021). euro news. Recuperado el 4 de octubre de 2024, de Islandia reduce la jornada laboral de la mayoría tras el “rotundo éxito” del ensayo:

https: //es.euronews.com/2021/07/07/islandia-reduce-la-jornada-laboral-de-la-mayoria-t ras-el-rotundo-exito-del-ensayo

- Kleinman, Z. (5 de noviembre de 2019). BBC News Mundo, Recuperado el 4 de octubre de 2024, de Microsoft: cómo el experimento de reducir la semana laboral a 4 días impulsó la productividad y las ventas del gigante tecnológico un 40 por ciento en Japón:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-50302432

- Malacara, N. (27 de noviembre de 2023). Expansión. Recuperado el 4 de octubre de 2024, de ¿Cómo les ha ido a Colombia y Chile con la jornada laboral de 40 horas?:

https: //expansion.mx/carrera/2023/11/27/que-paises-tienen-jornada-laboral-40-horas-la tam

- Organización Internacional del Trabajo (OIT. (2018). Working time and the of work.

- Osorio Idárraga, S. (13 de abril de 2023). Bloomberg Línea. Recuperado el 4 de octubre de 2024, de Ecuador, el pionero en fijar 40 horas semanales de trabajo en Latinoamérica:

https: //www.bloomberglinea.com/latinoamerica/ecuador/ecuador-el-pionero-en-fijar-40-h oras-semanales-de-trabajo-en-latinoamerica/

- Pencavel, J, (2014). The Productivity of Working H. Universidad de Stanford: The Economic Journal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: José Alejandro Aguilar López, Reginaldo Sandoval Flores, Adrián González Naveda, Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, Ana Karina Rojo Pimentel, Brígido Ramiro Moreno Hernández, Carlos Morelos Rodríguez, Diana Karina Barreras Samaniego, Diana Castillo Gabino, Emilio Manzanilla Téllez, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Francisco Javier Guízar Macías, Gerardo Olivares Mejía, Greycy Marian Durán Alarcón, Irma Yordana Garay Loredo, Javier Vázquez Calixto, Jesús Fernando García Hernández, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, José Alberto Benavides Castañeda, José Alejandro López Sánchez, José Antonio López Ruiz, José Gloria López, José Luis Montalvo Luna, José Luis Sánchez González, José Luis Téllez Marín, Lilia Aguilar Gil, Luis Armando Díaz, Luis Enrique Martínez Ventura, Luis Fernando Vilchis Contreras, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María Isidra de la Luz Rivas, Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García, Martha Aracely Cruz Jiménez, Mary Carmen Bernal Martínez, Montserrat Ruiz Páez, Nora Jéssica Merino Escamilla, Olga Lidia Herrera Natividad, Olga Juliana Elizoldo Guerra, Patricia Galindo Alarcón, Pedro Vázquez González, Ramón Ángel Flores Robles, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Roberto Armando Albores Gleason, Rosalía León Rosas, Santiago González Soto, Vanessa López Carrillo, Wblester Santiago Pineda (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Omar Antonio Borboa Becerra, así como las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 186, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

La Conferencia Internacional del Trabajo declara que se deben: “fomentar medidas que ayuden a los trabajadores de edad a ampliar sus opciones, optimizando sus oportunidades de trabajar en condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación, y permitir un envejecimiento activo”.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las políticas de promoción del empleo de personas mayores se sitúan en un contexto único, que conjuga, entre otros fenómenos, (i) el envejecimiento acelerado de la población; (ii) los derechos humanos de las personas mayores y la alta prevalencia de la discriminación por edad; (iii) la consolidación de regímenes de seguridad social y pisos de protección social; (iv) los cambios en las dinámicas de género que han definido el aumento en la participación laboral, incluso entre personas mayores, y; (v) una meta normativa de empleo pleno, productivo y libremente escogido.

Según la OIT, más de la mitad de los trabajadores mayores de 50 años ha experimentado algún tipo de discriminación laboral por su edad, actitudes que van desde la negativa para una contratación hasta la pérdida de empleo en recortes de personal. En la sociedad actual, la discriminación por edad, conocida como “edadismo”, persiste como una barrera significativa en el mundo laboral. Esta discriminación se manifiesta en la forma de prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas de mayor edad, lo que dificulta su empleabilidad y limita sus oportunidades en el mercado laboral.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el edadismo como: “los estereotipos, prejuicios y discriminación con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de la edad”. La discriminación basada en la edad en el ámbito laboral, ya sea hacia personas jóvenes o mayores, se traduce en la negación de oportunidades de empleo, promoción o formación debido a la edad de una persona. Particularmente en lo que se refiere a las personas mayores, los estereotipos asociados con el edadismo pueden incluir ideas erróneas sobre la capacidad de aprender nuevas habilidades, adaptarse a tecnologías emergentes o mantener altos niveles de productividad.

Según el Informe mundial sobre el edadismo, “El edadismo se refiere a los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) hacia las personas en función de su edad. Puede ser institucional, interpersonal o autoinfligido. El edadismo institucional se refiere a las leyes, reglas, normas sociales, políticas y prácticas de las instituciones que restringen injustamente las oportunidades y perjudican sistemáticamente a las personas en razón de su edad. El edadismo interpersonal surge en las interacciones entre dos o más personas, mientras que el edadismo autoinfligido se produce cuando se interioriza el edadismo y se vuelve contra un mismo”.

De acuerdo con este Informe, y basado en diversas revisiones realizadas, se ha demostrado que el edadismo en el lugar de trabajo se da a lo largo de todo el ciclo laboral: durante el reclutamiento, una vez que una persona es contratada y durante los procesos de despido o jubilación. El edadismo en el lugar de trabajo puede limitar los ingresos de las personas mayores. La revisión se hizo mediante 60 estudios y se observó que los empleadores mostraban una menor probabilidad de contratar a aspirantes mayores que a aspirantes jóvenes; que una vez contratadas, las personas mayores tenían menos acceso a la capacitación; y que quienes afrontaban edadismo en el lugar de trabajo tenían una mayor probabilidad de jubilarse de forma temprana.

El documento recomienda estrategias y acciones, entre las que destaca la siguiente: “Estrategia 1: Políticas y legislación. Las políticas y la legislación pueden ser útiles para reducir el edadismo contra cualquier grupo de edad. Entre ellas cabe mencionar, por ejemplo, políticas y leyes que aborden la discriminación y la desigualdad por motivos de la edad, y la legislación relativa a los derechos humanos. El fortalecimiento de las políticas y las leyes contra el edadismo puede lograrse mediante la adopción de instrumentos a nivel local, nacional o internacional, y la modificación de los instrumentos vigentes que permitan la discriminación por motivos de edad. Esta estrategia requiere mecanismos de observancia y órganos de seguimiento a nivel nacional e internacional que aseguren la aplicación efectiva de las políticas y leyes que abordan la discriminación, la desigualdad y los derechos humanos”.

En nuestro país, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación laboral por edad (artículos 2o. y 3o.) en los hechos las contrataciones se limitan a ciertos rangos de edad, aunque las vacantes sean en teoría inclusivas. Ciertamente, aunque una oferta de empleo no incluya específicamente un rango de edad especifico, la orden en las empresas está presente: no contratar personas mayores a 35 años para puestos operativos y 45 años para cargos directivos. Es la realidad, en México cumplir años puede marcar la diferencia entre conseguir un empleo o quedarse esperando la llamada que no llega.

Según especialistas en recursos humanos la discriminación laboral por edad es una realidad que lastima y se presenta tanto a nivel operativo como ejecutivo. De acuerdo con estos especialistas, parte del problema se vincula con estigmas, malas prácticas y áreas de recursos humanos que no han conseguido educar a los líderes de que el talento no tiene edad, e incluso de establecer que estas barreras limitan aún más a los negocios en la contratación de los mejores perfiles. Los mismos especialistas coinciden en que la eliminación del edadismo de los procesos de reclutamiento tiene distintas claves, y que deben enfocarse en las contrataciones por competencias mostrando con datos a los jefes las desventajas para el propio negocio de limitar la búsqueda de talento a un rango de edad.

Los especialistas están convencidos que la selección del personal debe ser objetiva e incluyente y que es posible demostrar con hechos, no percepciones, que las personas mayores de 45 años tienen mayor estabilidad, que pueden seguir preparándose, que son capaces de aprender y que sí hay flexibilidad a distintos procesos.

En ese orden de ideas, de acuerdo con las Proyecciones de Población de México y de las Entidades Federativas 2020-2070 del Consejo Nacional de Población (Conapo), el grupo de personas jóvenes adultas hoy representa el mayor volumen de la población (38.1 por ciento tiene entre 30 a 59 años) y en 50 años engrosará al grupo de mayores de 60 años, casi triplicando su volumen (al pasar de 12.4 por ciento actual a 34.2 por ciento, dentro de 50 años). La pirámide poblacional de México se invertirá y mostrará mayor presencia relativa de personas mayores que de jóvenes y niñas/os.

Aunado a lo anterior, según el Consejo, conforme disminuye la participación de la población en edades laborales, hay una reducción en el número de trabajadores contribuyentes a los sistemas de pensiones. Este escenario conlleva menos contribuyentes y más beneficiarios, lo que puede generar dificultades en los fondos destinados a pagar las pensiones, si no se toman medidas adecuadas.

Es de destacar, que el documento de Conapo muestra la relevancia de las pensiones provenientes de las contribuciones laborales como parte de la seguridad económica en las edades avanzadas. Los resultados muestran la baja cobertura y las prestaciones insuficientes para la mayoría de la población que envejece. Se trata de un elemento que es fundamental para la seguridad económica de las personas mayores, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida y promueve la autonomía en la toma de decisiones.

De acuerdo con una nota periodística publicada el 09 de febrero de 2023, firmada por Sara Morgan, las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) demuestran que existe una caída de personas mayores a 45 años dentro del empleo formal. Según las estadísticas de 2021, la población asegurada de entre 25 y 29 años representa 3.4 millones de personas, pero al entrar a la edad de 45 a 49 años, ésta desciende a 2.2 millones de personas y en el grupo de 50 a 54 años baja a 1.2 millones de personas.

En ese sentido, es importante tomar en cuenta que a mayor estabilidad laboral de las personas de 45 y más años, también habría un mejor soporte en las finanzas gubernamentales a efecto de evitar un mayor gasto público de impuestos en el área de salud y educación, así como un mayor adeudo en el sistema de pagos hipotecarios de vivienda social y media a través de las instituciones bancarias, por citar algunos casos.

Aunado a lo anterior, contratar personas mayores de 45 años puede derivar en beneficios para las empresas y la sociedad en su conjunto. Al contratar personal de esta edad los empleadores suelen beneficiarse al obtener: experiencia y conocimientos, estabilidad y compromiso, mentoría y desarrollo, y diversidad generacional, ya que contrario a lo que se piensa, la inclusión de trabajadores de diferentes grupos de edad en el lugar de trabajo fomenta la diversidad de pensamiento y perspectiva.

Es importante incrementar las oportunidades, reducir los costos y permitir que las personas prosperen a cualquier edad, por eso es necesario que las empresas adopten enfoques inclusivos y basados en el mérito. Por lo que se recomienda: eliminar sesgos de edad en el proceso de selección, es decir, la eliminación de los prejuicios basados en la edad; promover la diversidad generacional; reconocer y valorar la experiencia, los empleadores deben reconocer y valorar la experiencia y el conocimiento que aportan los trabajadores mayores y; ofrecer horarios de trabajo flexibles o trabajo remoto.

Es por todo lo anterior que la presente iniciativa busca que se reconozca y valore la experiencia y las habilidades que aportan los trabajadores mayores de 45 años, para ello se propone otorgar un estímulo fiscal consistente en el equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado a quien contrate personas de 45 a 64 años. Actualmente la ley sólo contempla a las personas de 65 años y más, pero deja fuera a un sector de la población que, como ya se advirtió, también está siendo objeto de discriminación laboral por motivo de edad.

Con esta iniciativa se busca impulsar que los empleadores adopten enfoques inclusivos y que tomen en cuenta los méritos, con lo que se estaría promoviendo la diversidad generacional y la creación de entornos laborales dinámicos y productivos. Al mismo tiempo, se pretende contribuir a solucionar una problemática real y que cada vez se presenta más debido al incremento de edad en la población y a la disminución de trabajadores formales mientras más edad tienen; de lo que se trata es de aumentar las oportunidades, reducir los costos y permitir que las personas prosperen a cualquier edad.

Para una mayor claridad de las modificaciones que propone la presente iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la ley con la propuesta de reforma a la misma:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 186, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 186. ...

...

Se otorga un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente, el equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Y a quien contrate personas de 45 a 64 años, se otorga un estímulo fiscal consistente en el equivalente a 20 por ciento del salario efectivamente pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes para la aplicación del presente decreto, dentro de los sesenta días siguientes de su entrada en vigor.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo (2019). Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo., página 4. Consultado en: wcms_711699.pdf (ilo.org)

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Organización Internacional del Trabajo (2018). Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. La inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones.Consultado en: content (cepal.org)

3 Información recuperada de:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Entre-mas-canas-ma s-ganas-Edadismo-y-trabajo-20240225-0036.html

4 Informe mundial sobre el edadismo (2021). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Consultado en:

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55871, página XVII.

5 Ibídem, página 29.

6 Ibídem, página XIX.

7 Información recuperada de: Edadismo: El candado que cierra (y traba) las puertas del empleo después de los 35 (eleconomista.com.mx)

8 Consejo Nacional de Población (2024). 50 años del Conapo. Transformación de la política de población, página 10. Consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/930553/50a_WEB_18 0724_PAGINAS.pdf

9 Ibídem.

10 Información recuperada de:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-odisea-de-perde r-el-empleo-despues-de-los-45-20230208-0070.html

11 Información consultada en:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Entre-mas-canas-ma s-ganas-Edadismo-y-trabajo-20240225-0036.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 2 de octubre de 2024.– Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Omar Antonio Borboa Becerra, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX, recorriéndose los subsecuentes párrafos, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Según los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en enero de 2023 se registró un incremento en las colegiaturas respecto del mismo mes de 2022. Las colegiaturas de primaria subieron 4.98 por ciento en ese periodo; las de preescolar crecieron 5.73 por ciento; en secundaria, 4.53 por ciento, y en guarderías y estancias infantiles, 4.63 por ciento. Para las escuelas preparatorias el aumento fue de 4.95 por ciento en el mismo lapso, y en las universidades subió 4.48 por ciento.

Por otro lado, de acuerdo con cifras del Inegi, la educación privada registró una tasa de inflación interanual de 6.31 por ciento durante la primera quincena de julio de 2024. Al hacerse el desglose por nivel educativo se encontró que las colegiaturas en primaria, durante la primera mitad de julio registraron una tasa de inflación de 6.85 por ciento; le siguieron las colegiaturas de universidades con 6.61 por ciento. Las colegiaturas en secundaria registraron un alza de 6.28 por ciento en su nivel de precios, en preescolar 6.19 por ciento y en preparatoria 5.78 por ciento. Por su parte, el costo de las carreras cortas aumentó 5.30 por ciento, mientras que la enseñanza adicional registró un alza de 4.50 por ciento en este periodo.

Como se puede advertir, la información disponible indica que, a nivel nacional, existe un incremento importante de las colegiaturas en todos los tipos de educación. Aunado al incremento en el precio de los alimentos, la educación se posiciona como uno de los rubros del gasto que más ha elevado su costo. Los ajustes en los precios de estos productos y servicios están impactando los bolsillos de las familias mexicanas que, en promedio, gastan el 8 por ciento de sus ingresos en la educación.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) mostró que, en promedio, de los 13 mil 322 pesos de su gasto total, un hogar mexicano destinó 935 pesos al mes a la educación durante 2022. La cifra tuvo una disminución drástica respecto a 2018, antes de la crisis sanitaria y económica: el gasto educativo disminuyó 19.8 por ciento en términos reales.

Para su análisis, el Imco, toma en cuenta los gastos de los hogares entre 2018 y 2022. En esos cuatro años, la manera en que los hogares mexicanos gastan cambió y los recursos destinados a la alimentación, el cuidado de la salud, la limpieza y el cuidado personal cobraron más relevancia. Destaca que el mayor ajuste se dio en los alimentos, cuyo gasto incrementó en 2.5 por ciento en comparación con 2018, es decir, 424 pesos mensuales; una de las razones fue la elevada inflación en alimentos durante los últimos años.

Nuevamente, con base en este estudio se hace hincapié en el efecto que ha tenido el incremento en precios en bienes tan necesarios como la comida, lo que provocó que muchos hogares se vieran obligados a reducir el dinero que destinan a otros rubros, como la educación. Es importante resaltar una de las conclusiones a las que se llega, de acuerdo con el Imco, “la reducción en el gasto en educación no se dio porque los hogares mexicanos dejaran de creer en la educación, sino porque ahora les es más difícil poder invertir en ella”.

Ahora bien, según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en todo el país existen 42 mil 458 planteles privados, a los que acuden 5 millones 330 mil 744 estudiantes, de los cuales 2 millones 620 mil 105 asisten a primaria; 802 mil 270 a bachillerato y un millón 908 mil 369 a educación superior. Sin embargo, la ENIGH 2022 también mostró que menos niños y niñas están asistiendo a la escuela: en 2021 hubo 700 mil 164 estudiantes menos que en 2018, los principales afectados fueron los menores de edad que asisten a preescolar; en ese grupo se perdieron 433 mil estudiantes.

No se puede omitir que el ajuste económico en términos de crecimiento hizo que muchas familias ya no tuvieran posibilidades de continuar pagando el costo de las escuelas privadas, simplemente muchos estudiantes de estos planteles ya no pudieron continuar teniendo esta ventaja con la que contaban en años pasados.

Esta situación se agrava cuando se observa que, a pesar de que uno de los gastos que pueden deducir los contribuyentes en su declaración anual de persona física son las colegiaturas de diferentes niveles académicos, los montos deducibles no se han actualizado desde hace 13 años, lo cual es una desventaja para las familias debido a la inflación que va en aumento en nuestro país.

Los limites anuales de deducción están establecidos en el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013. De acuerdo con dicho decreto, el monto anual de la deducción del gasto en educación privada a nivel preescolar es de 14 mil 200 pesos; en primaria, 12 mil 900 pesos; en secundaria, 19 mil 900 pesos; en profesional técnico, 17 mil 100 pesos; y bachillerato o su equivalente, 24 mil 500 pesos.

Pero antes, el 15 de febrero de 2011, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, también publicó un decreto que permitía deducir, del cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) de las personas físicas, los gastos en colegiaturas de los niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato. Y establecía que este beneficio sería válido al realizar dichas erogaciones en los hijos, el cónyuge, los padres o en el mismo contribuyente, y cuando éstos estuvieran inscritos en instituciones privadas debidamente autorizadas o reconocidas por la SEP. Los montos máximos a deducir, anualmente por estudiante, eran los mismos que dos años después, en 2013: 14 mil 200 pesos para preescolar; 12 mil 900 pesos para primaria; 19 mil 900 pesos para secundaria; 17 mil 100 pesos para profesional técnico; y 24 mil 500 pesos para bachillerato. En ese año, según información de la SEP, esos costos correspondían al gasto por alumno que ejercía el Estado para cada nivel.

Desde su entrada en vigor estos montos a deducir no se han modificado, por lo que, al no ser actualizados, las deducciones se quedan cortas toda vez que no es lo mismo el costo de una colegiatura que se pagaba en 2013 a lo que actualmente erogan las familias cuando alguno o varios de sus miembros estudian en una institución educativa particular. Actualmente, de acuerdo con el sexto Informe de Gobierno, el gasto federal por alumno, en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29 mil 200 pesos en educación básica, de 30 mil 800 pesos en educación media superior y de 61 mil 300 pesos para educación superior. Como se puede observar, los costos que corresponden al gasto por alumno ejercido por el Estado para cada nivel, ha subido sustancialmente, no así los montos deducibles para las familias contribuyentes.

En este contexto, se advierte que existen diferentes factores que dificultan el acceso o la permanencia de los estudiantes a la educación que se imparte en escuelas privadas. La inflación y, por ende, el incremento de las colegiaturas, la falta de actualización de los montos de deducción, y que un decreto no representa certeza jurídica debido a que la deducción de las colegiaturas depende de que el gobierno en turno mantenga vigente el decreto en cuestión.

En ese sentido, la presente iniciativa busca establecer en la ley la deducción de los pagos totales por servicios de enseñanza que realicen los contribuyentes, correspondientes a todos los tipos de educación a que se refiere la Ley General de Educación. De esta manera se estaría otorgando certeza jurídica a la deducción de colegiaturas y se incorporaría la educación superior. Sin duda, resultaría un gran apoyo para las familias que el estímulo fiscal que permite la deducción de gastos escolares como las colegiaturas, se implemente también en universidades y posgrados.

Una deducción en el cálculo del ISR representa, para los contribuyentes, la disminución de su ingreso gravable y, por ende, del impuesto a pagar. Es importante considerar que, un gasto fiscal no implica una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos por parte del Estado, sólo permite a sus beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos.

Lo anterior incentivaría la facturación de quienes prestan servicios educativos, y promovería un aumento en la recaudación por concepto de Impuesto Sobre la Renta. Este es un efecto que no se ha considerado en su justa dimensión, la deducción total del gasto de las familias en educación privada, puede tener un efecto fiscalizador, en donde más personas y prestadores de servicios educativos se incorporen a la formalidad y donde las escuelas se verían obligadas a dar comprobantes fiscales y a reportar sus ingresos.

En el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de que las familias mexicanas requieren de apoyos y estímulos para salir adelante. El esfuerzo que hace cualquier familia por brindarle educación a las hijas e hijos no se debe desestimar. Por ello, estamos convencidos que es necesario apoyar a las familias que destinan una parte importante de su ingreso a la educación de sus hijos. Y esta ha sido una de las propuestas permanentes de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, por eso seguiremos insistiendo que la educación es una herramienta indispensable para la movilidad social de toda persona, pero especialmente para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, nuestras iniciativas en la materia van en ese sentido, impulsar la educación pública y privada de calidad.

Para una mayor claridad de las modificaciones que propone la presente iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente de la ley con la propuesta de adición al precepto indicado:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona la fracción IX, recorriéndose los subsecuentes párrafos, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX, recorriéndose los subsecuentes párrafos, del artículo 151, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151....

I. a VIII. ...

IX. Los pagos totales por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico, medio superior y superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta.

Para que se cumpla lo anterior, los pagos se deben realizar a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación; y deben ser para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.

Los pagos a que se refiere esta fracción deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios.

...

...

...

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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá expedir las disposiciones que sean necesarias para la aplicación del presente decreto, dentro de los sesenta días siguientes de su entrada en vigor.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputado Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 194 del Código Penal Federal con el objeto de aumentar la pena por la comisión de conductas delictivas relacionadas con el fentanilo, con base en la siguiente:

¿Qué es el fentanilo?

El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) define el fentanilo como un opioide sintético que es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina, y se considera el opioide más fuerte disponible para uso médico en humanos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El fentanilo pertenece a la categoría de analgésicos narcóticos, que son medicamentos para tratar el dolor y que se distribuyen legalmente con receta médica. Sin embargo, su uso también se ha extendido de manera ilegal, generalmente como adulterante de la heroína o para la producción de píldoras falsas, e incluso se mezcla ocasionalmente con otras drogas, como la cocaína. Por lo general, los médicos prescriben fentanilo a pacientes con dolores severos derivados de cirugías o para quienes sufren de dolor crónico y han desarrollado tolerancia a otros opioides. Según el NIDA, la tolerancia se refiere a la necesidad de consumir mayores cantidades de la droga o con más frecuencia para obtener el mismo efecto.

El fentanilo pertenece a un grupo de analgésicos opioides muy potentes conocidos como 4-anilidopiperidinas, que tienen una alta afinidad con los receptores opioides. Esto implica que, aunque proporcionan un gran alivio del dolor, también generan una fuerte dependencia.

El fentanilo fue sintetizado por primera vez en 1960 por Paul Janssen y recibió la aprobación para uso médico en los Estados Unidos en 1968. Hoy en día, el fentanilo y sus derivados se pueden producir a través de diferentes métodos, como el Siegfried y el Gupte, los cuales requieren precursores químicos específicos.

Por un tiempo, el método desarrollado por Janssen es uno de los más complejos y que requiere más tiempo, debido a los conocimientos químicos avanzados que demanda, siendo el Siegfried considerado en su momento como el más sencillo y el preferido por los fabricantes ilegales. Sin embargo, en 2017, dos precursores principales utilizados en el método Siegfried (NPP y ANPP) fueron sometidos a control internacional, lo que hizo que el método Janssen volviera a ser popular.

Además, los fabricantes ilícitos empezaron a utilizar benzilfentanilo, una sustancia no regulada a nivel internacional, en la síntesis de norfentanilo, con el fin de producir fentanilo. Según la Administración de Control de Drogas (DEA), en 2018, el 94 por ciento de 85 muestras de fentanilo y en 2019, el 64 por ciento de 312 muestras seleccionadas para el análisis de perfiles de drogas se elaboraron usando el método Janssen. Los fabricantes ilegales también emplean la 4-AP como precursor alternativo a la NPP para sintetizar ANPP, utilizando el procedimiento de síntesis descrito por Gupte.

Es importante mencionar que existe una fuerte tendencia entre los usuarios a consumir distintas drogas simultáneamente, lo cual incrementa la experiencia psicoactiva y genera un fenómeno denominado “tolerancia cruzada”. Esto implica que el consumo conjunto de diferentes sustancias puede amplificar sus efectos o generar respuestas similares. Algunos ejemplos incluyen la combinación de alcohol con benzodiazepinas, cannabis o cocaína; la ingesta simultánea de heroína, benzodiazepinas y antihistamínicos; así como la mezcla de alcohol y otros opioides (como metadona o fentanilo) junto con cocaína y otros estimulantes.

En cuanto al fentanilo puro, su potencia es tal que una cantidad equivalente a un grano de sal puede inducir un estado de euforia similar al de la heroína, mientras que dos granos pueden detener la respiración de un adulto y provocarle la muerte en un lapso de cinco a diez minutos. En el caso de su elaboración clandestina, los efectos pueden ser fatales incluso por la inhalación de partículas en el aire o el contacto directo con la piel.

Existen varias drogas derivadas del fentanilo que reciben distintos nombres en las calles de Estados Unidos, como “China White”, “Apache”, “Dance Fever”, “He-Man”, “King Ivory”, “TNT”, “China Girl”, “Friend” y “Jack Pot”, entre otros. Se estima que hay más de 131 mil tipos de opioides, lo que evidencia que el comercio ilegal de estas sustancias ha superado la capacidad de respuesta de los gobiernos de Estados Unidos y México.

Algunos de los efectos que produce el fentanilo en el cuerpo humano son:

Situación a nivel mundial y en Estados Unidos

El “Informe Mundial sobre las Drogas 2023”, elaborado por la Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), señala que la producción de drogas sintéticas se ha convertido en un proceso más rápido, económico y fácil, transformando de manera significativa los mercados de drogas ilegales en todo el mundo.

Los grupos criminales que producen metanfetamina, considerada la droga sintética de fabricación ilegal más común a nivel mundial, han implementado nuevas estrategias para evitar la persecución de las autoridades y las regulaciones internacionales. Esto incluye el desarrollo de nuevas rutas de síntesis, la reubicación de sus operaciones y el uso de precursores químicos que no están controlados por la legislación vigente.

El fentanilo, en particular, ha tenido un impacto devastador en el mercado de opioides en América del Norte, generando consecuencias trágicas. En 2021, la mayoría de las aproximadamente 90,000 muertes por sobredosis relacionadas con opioides en la región se debieron a fentanilos de producción ilegal. A diferencia de las drogas tradicionales que requieren insumos vegetales y grandes superficies de tierra –muchas veces en lugares donde la gobernabilidad es limitada–, la producción de drogas sintéticas solo necesita productos químicos relativamente económicos y accesibles. Esto ha permitido que su fabricación ilegal se expanda en países de ingresos bajos y medios, así como en naciones con sistemas jurídicos más sólidos.

La creciente aparición de laboratorios clandestinos en regiones como Asia Central, Asia Sudoriental, Cercano Oriente, Oriente Medio, África, Europa y América del Norte evidencia la capacidad de estos grupos para producir una gran variedad de estimulantes, depresores y sustancias disociativas. Estas drogas se elaboran en laboratorios que operan fuera del alcance de las autoridades y, al no depender de cultivos agrícolas, su producción puede llevarse a cabo en casi cualquier lugar.

La crisis de opioides en América del Norte no se ha traducido en un aumento significativo en el número de consumidores, sino en un incremento alarmante en las muertes por sobredosis. Este fenómeno está estrechamente vinculado a la presencia de fentanilos en el mercado ilícito. En 2021, Estados Unidos reportó más de 80,000 muertes por sobredosis de opioides, la mayoría de ellas (70,000) relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Del total de personas fallecidas por sobredosis en el país, aproximadamente el 30 por ciento eran mujeres.

Por su parte, Canadá también ha visto un incremento en las muertes por sobredosis a medida que los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, se han vuelto más frecuentes. Durante el primer semestre de 2021, se detectó fentanilo en el 86 por ciento de las muestras de personas que fallecieron por sobredosis de opioides. Ese mismo año, el país registró casi 8,000 muertes atribuidas al consumo de estas sustancias.

La proliferación de opioides sintéticos como el fentanilo en América del Norte ha reconfigurado el panorama de las drogas en la región, superando en peligrosidad a los opioides tradicionales como la heroína, y continúa siendo una de las mayores crisis de salud pública de los últimos años.

El fentanilo en México

A raíz del preocupante incremento en el consumo y producción de fentanilo en nuestro país, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones se dio a la tarea de elaborar a través del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones el “Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual”. En este documento se plasma información objetiva y disponible en nuestro país en relación a la demanda y oferta de fentanilo, brindando una perspectiva amplia y certera de la situación actual.

Este informe menciona que, durante décadas, la heroína ha sido el principal opioide utilizado en México, y su consumo ha permanecido bajo y estable desde 2002. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), el consumo de heroína alguna vez en la vida fue de 0.1 por ciento en 2002 y 2008, aumentando ligeramente a 0.2 por ciento en 2011 y 2016. El consumo es más común entre los hombres (0.3 por ciento en 2016) y en personas de entre 18 y 34 años (0.3 por ciento en 2016). La prevalencia del consumo en el último año ha sido consistentemente menor al 0.1 por ciento en todas las mediciones desde 2002 hasta 2016.

Dentro de este grupo de consumidores, desde 2017 se han reportado los primeros casos de uso de fentanilo, a través de relatos sobre el consumo de una sustancia llamada China White, que se creía que era heroína posiblemente mezclada con fentanilo. A partir de estas primeras referencias, se ha investigado sistemáticamente el uso de esta sustancia para evaluar mejor su impacto en la salud de los usuarios.

Debido a su doble rol, ya que posee propiedades terapéuticas pero también representa un riesgo para la salud pública por su potencial de adicción, el fentanilo en México está clasificado como un estupefaciente controlado por la Ley General de Salud (Artículo 234), junto con otras sustancias similares como el alfentanil y el sufentanil.

Durante muchos años, el uso de fentanilo en México se limitó casi exclusivamente al ámbito médico. Incluso, en la última década, se subrayó la necesidad de facilitar el acceso a medicamentos controlados para pacientes con dolor crónico o en etapas terminales de enfermedades como el cáncer. En 2017, bajo el acuerdo “Acceso a Sustancias Controladas para Fines Médicos”, con el lema “Acceso sin exceso”, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) implementó medidas para agilizar y asegurar la disponibilidad de medicamentos para el manejo del dolor, incluyendo la creación de un Grupo de Acción Rápida para la emisión de recetarios especiales que aseguraran el acceso a estos medicamentos.

En ese año, Cofepris documentó que 3,664 médicos contaban con recetarios especiales para la prescripción de estupefacientes, y se dispensaron más de 198,410 recetas en todo el país. En este contexto, se consideraba que México, al igual que el resto del mundo, no disponía de suficientes estupefacientes y psicotrópicos para cubrir las necesidades médicas básicas, por lo que el desvío de fentanilo no era visto como un problema de salud pública. De hecho, si se tiene en cuenta que las importaciones de fentanilo farmacéutico, tanto en materia prima como en producto terminado, registradas por Cofepris entre 2021 y 2024 suman 7,233.25 gramos, se puede inferir que el aumento en el uso de esta sustancia no se debe a la disponibilidad de fentanilo farmacéutico.

Situación Actual

En el “Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual” encontramos que los primeros registros documentados del consumo de fentanilo en México abarcan el período entre 2013 y 2017, cuando ocasionalmente se reportaban casos en centros de tratamiento donde los usuarios mencionaban el consumo de medicamentos legales fuera de un contexto médico. A partir de 2018, el número de casos atendidos en los que el fentanilo, principalmente de origen ilícito, era la sustancia psicoactiva principal ha ido en aumento, alcanzando decenas de casos hasta 2020 y superando las centenas desde 2021.

Según la Comisión Nacional Contra las adicciones, estos casos de consumo de fentanilo se han concentrado principalmente en estados del norte de México, como Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Diversos estudios han documentado el consumo de fentanilo en esta región. Un estudio etnográfico realizado en 2017 sobre el consumo de heroína en la frontera norte de México reveló que algunos usuarios consumían una sustancia llamada China White, que posiblemente era una mezcla de heroína y fentanilo. Los usuarios desconocían que estaban consumiendo fentanilo.

A partir de entonces, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la reducción de daños comenzaron a documentar la presencia de fentanilo en las sustancias consumidas, como cristal metanfetamina y heroína. Con el tiempo, los usuarios comenzaron a ser más conscientes de que estaban consumiendo fentanilo. Un estudio realizado por la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) encontró que el 93 por ciento de las muestras de China White analizadas contenían fentanilo.

Otro estudio, realizado con 612 personas que se inyectaban drogas en San Diego, California, y Tijuana, Baja California, encontró que las principales drogas consumidas eran heroína (79.1 por ciento) y metanfetamina (75.3 por ciento). Sin embargo, el 31 por ciento de los participantes reportó haber usado fentanilo en los últimos seis meses, y el 18.1 por ciento mencionó haber consumido China White. Cuando se les preguntó sobre el contenido de China White, el 40 por ciento de los participantes creía que contenía fentanilo u otro opioide, mientras que el 33.2 por ciento pensaba que contenía heroína.

En cuanto a las experiencias de sobredosis en los últimos seis meses, el 89 por ciento de los usuarios de heroína, el 89.7 por ciento de los usuarios de metanfetamina, el 63.9 por ciento de los usuarios de fentanilo y el 34 por ciento de quienes consumían China White reportaron haber experimentado una sobredosis. A pesar de una mayor conciencia sobre el consumo de fentanilo, el 77.9 por ciento de los usuarios de China White no podía identificar con certeza si esta sustancia contenía fentanilo u otro opioide sintético.

En otro estudio realizado en Mexicali con 30 mujeres que se inyectaban drogas en una sala de consumo seguro, se encontró fentanilo en el 50 por ciento de las muestras de heroína negra analizadas. A pesar de la información sobre los riesgos asociados con el fentanilo, las mujeres continuaron consumiéndolo debido a la dificultad de encontrar sustancias sin esta droga.

Además, en un estudio en el occidente de México, se analizó el cabello de 300 mujeres embarazadas en Jalisco para detectar el consumo de sustancias psicoactivas. De ellas, 127 presentaron consumo, y en 3 casos (2.4 por ciento) se detectó fentanilo.

En otros contextos, como festivales de música electrónica, organizaciones como el Colectivo Reverde Ser han realizado análisis de sustancias, encontrando fentanilo en dos de cuatro muestras de cocaína analizadas.

Estudios innovadores, como el análisis de metabolitos de drogas en aguas residuales, también han revelado la presencia de fentanilo en México. Se detectaron niveles de fentanilo y norfentanilo en ciudades como Tijuana y San Luis Río Colorado, siendo más altos durante los fines de semana. Sin embargo, estos niveles son significativamente menores en comparación con países como Estados Unidos, donde se han registrado niveles de hasta 169 mg/día por cada 1,000 habitantes, mientras que en México los niveles no superaron 1.0 mg/día por cada 1,000 habitantes.

Impacto en la salud pública

El uso de fentanilo fuera de un entorno médico es preocupante no solo por su alto potencial adictivo, sino también por el elevado riesgo de sobredosis cuando se consume en exceso. Con el fentanilo ilícito, muchas veces se desconoce si la cantidad en una dosis es letal, y lamentablemente, el peligro de sobredosis suele detectarse solo cuando ya ha ocurrido una intoxicación aguda.

De acuerdo con el “Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual”, según los registros de emergencias atendidas en salas de urgencias y admisión continua del sistema de salud en México, entre 2013 y 2024 se brindó atención a 5,901 personas por emergencias relacionadas con el uso de opioides. Los años con mayor número de casos fueron 2019 (721 casos), 2022 (713 casos), y 2023 (759 casos).

En 2023, las entidades con el mayor número de casos reportados fueron Baja California (218 casos), Ciudad de México (54 casos), Sinaloa (52 casos) y Chihuahua (47 casos), lo que coincide con las regiones donde se registra un mayor consumo de fentanilo.

Dado que el uso de fentanilo es un fenómeno emergente que requiere un monitoreo constante, el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) introdujo en el segundo semestre de 2023 el código U9432 para su uso en todo el sistema de salud. Este código tiene como objetivo llevar un registro preciso de las atenciones médicas relacionadas con la intoxicación por fentanilo. Según los registros disponibles entre junio de 2023 y enero de 2024, se atendieron 22 urgencias por intoxicación por fentanilo en varias regiones del país, incluyendo Baja California (7), Ciudad de México (1), Morelos (1), Jalisco (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (2), Sinaloa (6), Sonora (2), y Tamaulipas (1).

En cuanto a las defunciones, las estadísticas se generan a partir de los registros del acta de defunción en el Registro Civil o de las Agencias del Ministerio Público en casos de muertes accidentales o violentas. Entre 2013 y 2022, se registraron 114 defunciones relacionadas con el uso de opioides en México. Estas cifras sugieren un posible aumento desde 2017, con 12 casos en ese año y un pico de 26 casos en 2020. Los estados con más defunciones fueron Baja California (28 casos), Chihuahua (22 casos), y Sonora (38 casos), coincidiendo con las principales zonas de consumo de opioides. Aunque no se puede afirmar que todas estas muertes estén relacionadas con el fentanilo, es posible que algunas, especialmente en los estados fronterizos, involucren esta sustancia debido al uso de “China White” documentado en la región.

Aunque aún faltan datos claros sobre las defunciones específicamente causadas por fentanilo, según la Conadic existen buenas prácticas de monitoreo, como la del Servicio Médico Forense de Baja California (Semefo-BC). Desde 2022, este servicio ha implementado un programa para detectar la presencia de sustancias psicoactivas en todos los cuerpos que llegan a su laboratorio de toxicología forense. De los 1,775 análisis realizados, 50.5 por ciento (896) resultaron positivos a alguna sustancia, y de estos, 39 por ciento (351) dieron positivo a fentanilo. Aunque este análisis es cualitativo y no establece que la causa de muerte sea la intoxicación aguda, SEMEFO-BC clasificó el 71 por ciento de estos casos como defunciones por insuficiencia respiratoria aguda, un síntoma común en sobredosis de fentanilo.

Oferta y consumo

El Observatorio Mexicano de Salud Mental llegó a la conclusión de que el aumento en el consumo de fentanilo en México se puede explicar, en parte, por la creciente disponibilidad de esta sustancia. Aunque es difícil conocer la verdadera magnitud del mercado ilegal, un buen indicador es la cantidad de fentanilo incautado por las fuerzas de seguridad.

En los últimos años, México ha visto un incremento significativo en los decomisos de fentanilo. Por ejemplo, entre 2015 y 2017, se incautaron 71 kilogramos de fentanilo ilícito, pero en 2018, la cantidad decomisada aumentó a 341 kilogramos. Desde 2019, los decomisos han seguido creciendo de manera constante, superando los miles de kilogramos incautados.

Según el Esfuerzo Nacional en el Combate al Narcotráfico y Actividades de Seguridad Pública, las principales regiones donde se ha decomisado fentanilo incluyen Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa, y Sonora. La mayoría de estas entidades se encuentran en la frontera norte del país, con la excepción de Chiapas, que está en la frontera sur.

Tráfico de fentanilo

Diversos factores han contribuido al auge de la producción y tráfico de fentanilo, entre los más importantes se encuentran:

a. La rentabilidad: El fentanilo es extremadamente rentable para los grupos del crimen organizado debido a su alta potencia. Esto permite que con pequeñas cantidades se obtengan grandes ganancias en comparación con otras drogas ilegales.

b. La síntesis es relativamente sencilla: La fabricación de fentanilo y sus variantes puede ser más simple en comparación con otras drogas. Se ha observado que la producción de fentanilo puede realizarse en laboratorios clandestinos improvisados, utilizando diversas rutas de síntesis cuando los precursores escasean en el mercado.

c. Tráfico internacional: El tráfico y producción de fentanilo suele involucrar redes criminales a nivel global. Muchos de los precursores utilizados provienen de Asia y América, y son sintetizados en la región para ser posteriormente enviados a los Estados Unidos.

d. Internet y dark web: La disponibilidad de información y materiales en Internet, incluyendo la dark web, ha facilitado la compra y producción de fentanilo y otros opioides sintéticos. En México, se sospecha que los grupos del crimen organizado utilizan la dark web para negociar la adquisición de precursores, que luego son transportados mediante servicios legítimos de envío aéreo o marítimo.

e. Regulación de precursores químicos: La falta de control sobre los precursores químicos necesarios para la síntesis del fentanilo facilita su producción clandestina. Aunque en México existe una estrategia de regulación y vigilancia de estos precursores, el constante cambio en las rutas de síntesis de fentanilo genera la aparición de nuevos químicos, lo que requiere un esfuerzo continuo para mantener su control.

f. Desafíos en la detección: La detección y control del fentanilo presenta grandes retos debido a su alta potencia y la facilidad con la que puede pasar desapercibido al ser transportado en pequeñas cantidades. Las transacciones realizadas a través de redes sociales disminuyen la posibilidad de detección, y el pequeño tamaño de los paquetes traficados representa un desafío significativo para la vigilancia en servicios postales y de mensajería.

La disponibilidad de sustancias como el fentanilo representa un desafío crucial para la seguridad y la salud pública en México. Sin embargo, es esencial reconocer que varios factores socioeconómicos y estructurales también influyen en la incidencia, prevalencia y patrones de consumo de estas sustancias. Entre los más importantes se encuentran:

a. Desigualdades socioeconómicas: México enfrenta grandes disparidades socioeconómicas, especialmente en ciertos sectores de la población, lo que puede contribuir al uso de sustancias psicoactivas. Esto es evidente en la frontera norte, donde muchas personas consumidoras enfrentan situaciones difíciles, como la falta de vivienda, empleo y acceso a servicios médicos y sociales. Esta precariedad a menudo refuerza el uso de sustancias, ya que incrementa la desesperanza y limita las oportunidades para la rehabilitación, que abarca mucho más que simplemente dejar de consumir.

b. Desempleo y precariedad laboral: La falta de oportunidades y la inestabilidad en el empleo pueden aumentar la vulnerabilidad al consumo de drogas. En las ciudades donde se consume fentanilo, es común que las personas consumidoras se dediquen a trabajos informales, como lavar parabrisas, abrir puertas en tiendas, pedir dinero en las calles o reciclar cartón y metal, actividades que apenas cubren sus necesidades básicas y el costo de las sustancias.

c. Acceso limitado a servicios de salud: Otro factor crítico entre los consumidores de fentanilo es la falta de documentos oficiales, lo que les impide acceder a la seguridad social pública. Como resultado, no tienen acceso a servicios de prevención, tratamiento o atención para abordar los problemas de salud relacionados con su consumo.

d. Falta de información: La carencia de información y de programas locales que promuevan la reducción de riesgos y daños asociados con el uso de fentanilo y otros opioides puede perpetuar el consumo, especialmente en comunidades con poca conciencia sobre los peligros de estas sustancias.

e. Estigma y falta de apoyo social: El estigma relacionado con el consumo de drogas juega un papel significativo en la perpetuación del uso, ya que dificulta que las personas busquen ayuda y apoyo. En ciudades donde se consume fentanilo, los usuarios a menudo enfrentan acoso por parte de las autoridades solo por llevar utensilios de consumo, como pipas o jeringas. Además, la comunidad tiende a estigmatizar y excluir a estas personas, forzándolas a vivir en áreas marginadas, como el caso de Tijuana, donde muchos consumidores han sido desplazados a zonas como el río Tijuana debido a la segregación ejercida por la policía y los residentes.

Los factores que impulsan el tráfico y el consumo de fentanilo necesitan una intervención que se realice de manera complementaria a las acciones de seguridad y salud pública.

Acciones en conjunto para su erradicación

El problema del tráfico y consumo de fentanilo no es exclusivo de un solo país. En América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos han unido esfuerzos para combatir este problema y han establecido mecanismos de cooperación internacional desde hace varios años.

En 2021, Estados Unidos y México firmaron el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, un acuerdo bilateral que enfoca la colaboración en seguridad y salud, con especial atención a la violencia y los efectos del consumo de drogas.

Este acuerdo se implementa a través de un plan de acción con varios subgrupos de trabajo, que incluyen:

• Subgrupo para proteger a las personas.

• Subgrupo para prevenir crímenes transfronterizos.

• Subgrupo para combatir redes criminales.

• Subgrupo informativo de fuerzas armadas.

• Comité binacional de cooperación.

Estos subgrupos se centran en combatir el tráfico de drogas sintéticas y en colaborar desde una perspectiva de salud pública. Además, desde 2016, México, Canadá y Estados Unidos participan en el Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas (NADD), un foro para analizar y cooperar en temas relacionados con la producción, tráfico y consumo de drogas en la región.

Recientemente, los intercambios entre los tres países se han enfocado en las amenazas de las drogas sintéticas. En 2023, se creó un Comité Trilateral de alto nivel sobre fentanilo para coordinar las acciones prioritarias y enfrentar la amenaza del fentanilo ilícito en América del Norte.

Conclusiones

La producción y tráfico de fentanilo ha tenido un impacto profundo en los mercados de drogas, obligando a las autoridades a responder con rapidez y eficacia.

El fentanilo atrae a los traficantes de drogas debido a su fácil producción y bajo costo, lo que permite grandes beneficios económicos. Para los consumidores, el fentanilo es atractivo por su bajo precio y la potencia de sus efectos psicoactivos.

Los usuarios de fentanilo, que inicialmente no sabían que estaban consumiéndolo, ahora son más conscientes de su presencia en productos como heroína y metanfetamina. Aunque no siempre buscan fentanilo específicamente, lo consumen cuando no tienen otras opciones de opioides disponibles.

El aumento en el número de usuarios de fentanilo es notable a nivel local, aunque no en todo el país. La principal preocupación es su alta peligrosidad, especialmente debido a las señales de posibles muertes relacionadas con su consumo.

La presente iniciativa tiene como objetivo hacer un llamado a la inmediata implementación de acciones de reducción de daños a nivel nacional, municipal y estatal, en los lugares donde hay mayor proliferación de casos de consumo. Asimismo, a modificar la penalidad relacionada con esta sustancia para tener la seguridad de que el consumo ilícito de este fármaco sea erradicado de las calles.

Para ilustrar los cambios propuestos, se presenta el cuadro comparativo siguiente:

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración del pleno de esta soberanía, el proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 194 del Código Penal Federal

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 194 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que:

I. a IV. (...)

(...)

Cuando se trate del estupefaciente denominado fentanil (1-fenetil-4-n-propionilanilinopiperidina), la pena será de cincuenta a sesenta años de prisión y de cien hasta quinientos días multa;

Único. El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas

González Lozano, R. U., Morales Zárate, J. I., & Rebollar López, E. J. (2024). Revisión documental de fentanilo. Revista Mexicana de Ciencias Penales,7(22), 29—48.

https://doi.org/10.57042/rmcp.v7i22.657 (Original work published 9 de febrero de 2024). Consultado en:

https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view /657

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (2024). Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual. Consultado en:

https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/informe-de-la-demand a-y-oferta-de-fentanilo-en-mexico-generalidades-y-situacion-actual

UNODC, Informe mundial sobre las drogas 2023 (publicación de las Naciones Unidas, 2023). Consultado en:

https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_ExSum_Spanish.pdf

Calderón-Villarreal, A., Terry, B., Friedman, J., González-Olachea, S. A., Chavez, A., Díaz López, M., Pacheco Bufanda, L., Martinez, C., Medina Ponce, S. E., Cázares-Adame, R., Rochin Bochm, P. F., Kayser, G., Strathdee, S. A., Muñoz Meléndez, G., Holmes, S. M., Bojorquez, I., Los Huertos, M., & Bourgois, P. (2022). Deported, homeless, and into the canal: Environmental structural violence in the binational Tijuana River. Social science & medicine (1982), 305, 115044.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115044

Dirección General de Información en Salud (2022). Defunciones (Mortalidad) Cubos dinámicos. Consultado en

http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones _gobmx.html

Gobierno de México (2023). 096. Fentanilo, sustancia con alto potencial adictivo; en baja cantidad puede ocasionar la muerte. Secretaría de salud. Consultado en

https://www.gob.mx/salud/prensa/096-fentanilo-sustancia-con-alto -potencialadictivo-en-baja-cantidad-puede-ocasionar-la-muerte

Ley General de Salud. Consultado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

Código Penal Federal. Consultado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: César Alejandro Domínguez Domínguez, Abigaíl Arredondo Ramos, Ana Isabel González González, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Arturo Yáñez Cuellar, Christian Mishel Castro Bello, José Alejandro Aguilar López, Juan Antonio Meléndez Ortega, Mario Zamora Gastélum, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Noel Chávez Velázquez, Paloma Domínguez Ugarte (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de despenalización del uso y etapas de producción y comercialización del cannabis, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Antonio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En los últimos años, el cáñamo (Cannabis spp.) ha surgido como un protagonista destacado en los sectores de investigación y desarrollo agroindustrial, despertando interés por su amplio potencial de uso en diversas áreas industriales. La distinción clave entre el cáñamo y la marihuana radica en su contenido de tetrahidrocannabinol (THC), siendo el primero notablemente bajo (menor al 1.0 por ciento). Este hecho ha permitido que el Cáñamo (Cannabis spp.) se consolide como un recurso versátil destinado principalmente a su explotación de carácter industrial como lo es la producción de papel moneda y de seguridad (documentos de seguridad, certificados, pasaportes, papel para cheques, papel para bonos y acciones); la elaboración de productos de la rama farmacéutica (aceite de CBD “cannabidiol”, cubierta de cápsula, suplementos alimenticios, cremas y ungüentos terapéuticos, productos para el cuidado de la piel “lociones, bálsamos, medicamentos para el alivio del dolor y la inflamación” , aceite de uso comestible “de cocina, aderezos para ensaladas, suplementos nutricionales, margarina de cáñamo” y textil en la fabricación de telas “camisetas, pantalones, chaquetas, ropa de cama como lo son sábanas, fundas de almohada, así también toallas, paños, bolsas y mochilas, calzado” así como fibras para la industria automotriz “paneles interiores de automóviles, revestimientos de puertas, tableros de instrumentos, aislantes acústicos, componentes de biocompuestos para carrocerías”, entre otros).

Recientemente los congresos de representación de países extranjeros han implementado acciones legislativas, especialmente en Estados Unidos y Canadá, los cuales han revitalizado la presencia global del Cáñamo (Cannabis spp.), siendo más de 47 naciones que lo cultivan con propósitos comerciales o de investigación.

En México se tiene un enorme potencial para desarrollar la industria del cáñamo (Cannabis spp.), para lo cual es necesario que, en el marco legal, haya una distinción clara entre el uso de la marihuana para fines medicinales o recreativos, y el cáñamo (Cannabis spp.), para su uso industrial.

Las propiedades del cáñamo (Cannabis spp.) están ampliamente reconocidas en diversos países por sus usos con fines alimenticios, textiles, farmacéuticos y automotrices, por tanto, resulta crucial la desvinculación del cáñamo (Cannabis spp.), con la marihuana, ya que su despenalización y regularización beneficiaría principalmente a los pequeños productores, así como al sector industrial en México, impulsando con ello la economía mexicana, y el fomento de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, ya que, el cultivo de cáñamo (Cannabis spp.) de acuerdo con algunos estudios de especialistas, como el realizado por la Universidad de York en el Reino Unido que encontró que el cáñamo puede absorber entre 8 a 15 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por hectárea durante su ciclo de crecimiento, lo que convierte al cáñamo en una planta altamente eficiente para la captura de carbono. También, investigaciones de la Universidad de Cracovia en Polonia han demostrado que el cáñamo puede ser utilizado para la fitorremediación, un proceso en el cual las plantas eliminan contaminantes del suelo. El cáñamo ha mostrado ser efectivo en la absorción de metales pesados como el cadmio y el plomo y un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente destaca que el cáñamo mejora la estructura del suelo y reduce la erosión, además de requerir menos pesticidas y herbicidas en comparación con otros cultivos. De igual forma, el cultivo de cáñamo (Cannabis spp.), de acuerdo con un informe de la Conferencia de la Naciones Unidad para el Comercio y el Desarrollo (UACTAD, 2022) , tiene amplios beneficios ambientales, destacando su alta absorción de dióxido de carbono (CO2) la biorremediación de suelos contaminados y genera menos cantidad de residuos ya que pueden ser utilizadas todas las partes de la planta -raíces, flores, frutos, tallos y hojas.

En consecuencia, ante la evidente ausencia de un marco legal que regule el cultivo de cáñamo (Cannabis spp.) esto imposibilita que en México al menos 470 mil productores potenciales se dediquen a su producción, donde se estima que pudiesen obtener ganancias por más de 131 mil millones de pesos a las que se podrían acceder si se participara en este proceso productivo.

Tan sólo en Puebla se han identificado características climáticas y edáficas que estiman una producción en más de 38,000 hectáreas, esto de acuerdo con un estudio de factibilidad técnica elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, lo que permitiría ser el primer desarrollo de la industria del cáñamo (Cannabis spp.) en México como fuente productora en la economía nacional.

En México, el 28 de junio de 2021, tras cinco sentencias en el mismo sentido entre los años 2015 y 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) establecida en la Ley General de Salud. De acuerdo con la Corte, la actual regulación afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad de manera desproporcionada. A partir de esta resolución quedaron anuladas varias normas de esa ley. Además, la Corte resolvió que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), podrá “autorizar el cultivo, cosecha, preparación, posesión y el transporte de la marihuana con fines recreativos a las personas adultas que lo soliciten, en el entendido de que dicha autorización no podrá incluir en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto de enajenación o distribución de tales sustancias.” Derivado de este fallo, la Suprema Corte exhortó al Congreso de la Unión a legislar en materia de consumo recreativo de marihuana con el fin de generar seguridad jurídica a usuarios y terceros.

El cáñamo (Cannabis spp.) en el territorio mexicano, tuvo gran auge en 2023 ya que, por primera vez, se autorizó su producción, lo anterior, pues la Cofepris, en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial, dio tal concesión a la empresa denominada Desart Mx, filial mexicana de Xebra Brands, misma que da oportunidad a dicha empresa de importar, sembrar, cultivar y cosechar esta variedad de la planta que no podrá tener un porcentaje mayor del 1 por ciento del compuesto tetrahidrocannabinol (THC).

Lo anterior, surge por el razonamiento realizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión número 355/2020, ya que, entre otras circunstancias, advirtió que uno de los derechos fundamentales que se ven acotados por la falta de regulación, es la libertad del trabajo, refiriendo que los presupuestos fundamentales que identifican a dicho derecho humano son los siguientes:

a) No se trate de una actividad ilícita;

b) No se afecten derechos de terceros; y

c) No se afecten derechos de la sociedad en general.

Por lo anterior es menester precisar que la libertad de trabajo está contemplada en nuestro sistema jurídico, reconocida en los artículos 5 y 123, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversas normas de fuente internacional, tanto del sistema interamericano, como del sistema universal, como es el caso del artículo 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 6 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, identificado como “Protocolo de San Salvador” y artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sin embargo, para que esta visión se materialice, es imperativo abordar las lagunas jurídicas relativas a la experimentación, producción y comercialización del cáñamo (Cannabis spp.), ya que ante la ausencia de la legislación en nuestro país, se advierte que el sistema normativo, incide en el contenido prima facie del derecho fundamental, constituyendo la necesidad inminente de una revisión sistemática de la cadena de suministro del cáñamo (Cannabis spp.),el cual es empleado para actividades industriales.

Por consiguiente, la industria nacional se encuentra limitada por la falta de un marco regulatorio adecuado, ya que no puede desarrollar productos derivados del cáñamo (Cannabis spp.), generando una situación de desigualdad frente a la industria internacional impidiéndonos la competitividad y su posibilidad de desarrollar dichos productos, por lo tanto en México no existe una justificación fehaciente para limitar la producción y el procesamiento del cáñamo (Cannabis spp.), pues al contener en menos de 1 por ciento del compuesto tetrahidrocannabinol (THC), este carece de efectos psicotrópicos y, por ende, no debería de estar supeditado a un vacío regulatorio que evite su experimentación, producción y comercialización.

En consecuencia, es menester realizar adecuaciones al sistema jurídico mexicano a fin de garantizar que las actividades encaminadas a la experimentación, producción y comercialización del cáñamo (Cannabis spp.),cuyo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) será menos de 1 por ciento para el uso exclusivo y limitado a nivel industrial, en tales consideraciones, es imperante reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud; del Código Penal Federal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que implican una barrera jurídica para el desarrollo económico nacional y en particular el de los pequeños productores.

Para mayor entendimiento, se presenta el cuadro comparativo con las propuestas planteadas:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Primero. Se reforma el estupefaciente cannabis del artículo 234, se adiciona un segundo párrafo al artículo 235 Bis, se adiciona al segundo párrafo del artículo 237, se reforma el segundo párrafo de la fracción V al artículo 245 y se adiciona un segundo y cuarto párrafos a la fracción II al artículo 290 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 234.- Para los efectos de esta ley, se consideran estupefacientes:

Acetildihidrocodeina al butirato de dioxafetilo (etil 4-morfolín-2,2-difenilbutirato).

Cannabis sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas, excepto el cáñamo Cannabis spp el cual, deberá de contener menos de 1 por ciento del compuesto denominado tetrahidrocannabinol THC.

Cetobemidona (4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina) o 1-metil-4-metahidroxifenil-4- propionilpiperidina). al Trimeperidina (1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina); y

...

...

Artículo 235. ...

I. a VI. ...

...

Artículo 235 Bis. La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.

Asimismo, generará y ejecutará políticas públicas a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, en coadyuvancia con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, para la regulación de la fase experimental y comercial en la producción del cáñamo Cannabis spp, el cual, no deberá de exceder el 1% del compuesto denominado tetrahidrocannabinol THC.

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto a las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, Papaver somniferum o adormidera, Papaver bactreatum y Erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

Igual prohibición podrá ser establecida por la Secretaría de Salud para otras sustancias señaladas en el artículo 234 de esta ley, cuando se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen dependencia, y con excepción del cáñamo Cannabis spp el cual, no deberá de exceder de 1 por ciento del compuesto denominado tetrahidrocannabinol THC, mismo que está destinado para uso industrial.

Artículo 245. En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las sustancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos:

I. a IV. ...

...

V. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Los productos que contengan derivados del cáñamo Cannabis spp en concentraciones menores de 1 por ciento del compuesto denominado tetrahidrocannabinol THC y que tengan amplios usos industriales, podrán experimentar, sembrarse, cultivarse, cosecharse, elaborarse, producirse, comercializarse, transportarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

Artículo 290. La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, exclusivamente a

I. Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficinales que el propio establecimiento elabore.

II. Los establecimientos destinados a producción de medicamentos autorizados por la propia secretaría.

Y a las personas físicas o morales que tengan la autorización emitida por la autoridad competente para el empleo y uso industrial del cáñamo Cannabis spp, el cual, deberá contener concentraciones menores del 1% del compuesto denominado tetrahidrocannabinol THC.

Su proceso quedará sujeto a lo establecido en los Capítulos V y VI de este Título, quedando facultada la propia Secretaría para otorgar autorización en los casos especiales en que los interesados justifiquen ante la misma la importación directa.

Respecto a la fracción II del presente artículo se estará a lo dispuesto en el numeral 235 Bis, segundo párrafo, del presente ordenamiento.

Segundo. Se adiciona un sexto párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

...

...

...

...

Para el uso industrial del cáñamo Cannabis spp el cual no deberá exceder el 1% de tetrahidrocannabinol THC, no será punible la experimentación, siembra, cultivo, cosecha, elaboración, producción, comercialización, transportación, exportación o importación en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita la autoridad administrativa competente.

Tercero. Se adiciona la fracción XXXIV al artículo 3o., se reforma la fracción II al artículo 5o., se reforman las fracciones XV y XVIII al artículo 37 y se reforma el primer párrafo al artículo 53 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

II. a XXXIII. ...

XXXIV. Cáñamo Cannabis spp: Es una planta fibrosa y versátil perteneciente a la familia de las cannabáceas y se caracteriza por tener bajo contenido del compuesto de tetrahidrocannabinol THC y su uso es exclusivo con fines industriales en conformidad por la legislación nacional.

Artículo 5o. En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

I. ...

II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable para garantizar las necesidades de los sectores productivos.

III. a V. ...

Artículo 37. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable deberá atender las demandas de los sectores social y privado en la materia, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales y especies animales que eleven los ingresos de las familias rurales, proporcionen ventajas competitivas y favorezcan la producción de alto valor agregado, así como las necesarias para garantizar la necesidad de los diversos sectores industriales;

XVI. a XVII. ...

XVIII. Vincular de manera prioritaria la investigación científica y desarrollo tecnológico con los programas de reconversión productiva de las unidades económicas y las regiones para aumentar sus ventajas competitivas y mejorar los ingresos de las familias rurales y garantizar la satisfacción de las necesidades de los sectores industriales.

Artículo 53. Los gobiernos federal y estatales estimularán la reconversión, en términos de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones complementarias, a fin de garantizar las necesidades de los sectores productivos e industriales.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Universidad de York, “Carbon sequestration potential of industrial hemp”, 2021.

2 Universidad de Cracovia, “Phytoremediation potential of hemp (Cannabis sativa L.) in contaminated soils”, 2020.

3 Agencia Europea de Medio Ambiente, Environmental benefits of hemp cultivation, 2019.

4 https://unctad.org/system/files/official-document/ditccom2022d1_ en.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputados y diputada: Juan Antonio González Hernández, José Alejandro Aguilar López, María del Rosario Orozco Caballero, Mario Zamora Gastélum, (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 y 138 de la Ley General de Salud, al tenor de los siguientes

Los laboratorios son espacios equipados con los medios necesarios para experimentos, investigaciones o trabajos científicos o técnicos según el rubro al que se dedica, estos lugares cuentan condiciones ambientales controladas para evitar que se alteren las mediciones, existen diferentes tipos de laboratorios los químicos que se dedican al estudio de compuestos y mezclas, los de biología en donde se trabaja con materiales biológicos en todos sus niveles y los clínicos los cuales son expertos en diagnósticos que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud.

Los laboratorios clínicos cuentan con siete áreas especializadas: Uroanálisis, Química Clínica, Hematología y Coagulación, Pruebas Especiales, Inmunología, Microbiología y Radioinmunoanálisis, en cada una de las áreas se debe de llevar un estricto control interno y externo, así como contar con el personal necesario y capacitado para la atención.

Se considera que los laboratorios son uno de los primeros filtros en donde se puede diagnosticar o descartar enfermedades, padecimientos, lesiones, etc., para que posteriormente por medio de los médicos se dé un diagnóstico más certero, así como tratamiento para su atención.

Sin importar si son laboratorios públicos o privados todos son supervisados por la Secretaria de Salud, y deben de cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, la cual se encuentra vinculadas con otras normas oficiales en el ámbito laboral, seguridad e higiene, medio ambiente, requisitos de infraestructura y equipamiento entre otras.

La Ley General de Salud también hace mención de otras obligaciones que deben cumplir los laboratorios clínicos además de los ya establecido en la norma 7, específicamente en su capítulo II sobre Enfermedades Transmisibles, en donde el gobierno federal y los de las entidades federativas deben de realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles que enumeran en los artículos 134 y 136 en donde se incluyen cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, shigelosis, amibiasis, hepatitis virales, influenza epidémica, otras infecciones agudas del aparato respiratorio, infecciones, meningocóccicas, enfermedades causadas por estreptococos, infecciosas del aparato digestivo, tuberculosis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubeóla, parotiditis infecciosa, rabia, peste, brucelosis, zoonosis, fiebre amarilla, dengue, enfermedades virales transmitidas por artrópodos, paludismo, tifo, fiebre recurrente transmitida por piojo, rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis, oncocercosis, sífilis, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual, lepra, mal del pinto, micosis profundas, helmintiasis intestinales, extra intestinales, toxoplasmosis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las consideradas por el Consejo de Salubridad General, los tratados y convenciones internacionales.

En el Título Décimo Octavo, sobre las Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, en el Capítulo II de Sanciones Administrativas, en el artículo 419, se hace mención que se sancionará con multa de hasta 2 mil unidades de medida y actualización (UMAS) a quienes incumplan con lo establecido en los artículos 137 y 138, por el impacto que estas enfermedades causan a la población.

El problema surge cuando se detectan enfermedades que no están contempladas en la ley o reconocidas por el Consejo de Salubridad y que se considera pueden traer afectaciones importantes a la población, lo que provoca que se salgan de control, ya que no se atiende a tiempo y pueden llegar a convertirse en epidemia o pandemia como la que aún seguimos enfrentando y que ha causado muchas muertes a nivel mundial.

Por lo que esta iniciativa lo que pretende es que los laboratorios y personal de salud, en general, den aviso a las autoridades sobre alguna detección de enfermedades que, aunque no se encuentren contempladas en la ley General de Salud en enfermedades transmisibles o consideradas por el Consejo y puedan causar afectaciones a la salud de la población en general por el alto nivel de contagio.

Por los motivos anteriormente expuestos, someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 137 y 138 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Artículo 137. Las personas que ejerzan la medicina o que realicen actividades afines están obligadas a dar aviso a las autoridades sanitarias de los casos de enfermedades transmisibles o que consideren pueda provocar afectaciones a la población, posteriormente a su diagnóstico o sospecha diagnóstica.

Artículo 138. Están obligados a dar aviso, en los términos del artículo 136 de esta Ley, los jefes o encargados de laboratorios, los directores de unidades médicas, escuelas, fábricas, talleres, asilos, los jefes de oficinas, establecimientos comerciales o de cualquier otra índole y, en general, toda persona que por circunstancias ordinarias o accidentales tenga conocimiento de alguno de los casos de enfermedades a que se refiere esta Ley o que se considere pueda provocar afectaciones a la población.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- DOF (1984) Ley General de Salud

-DOF (2012) Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Secretaría de Salud, Recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5240925&fecha=27/ 03/2012#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputada y diputado Margarita García García, José Gloria López (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ernesto Núñez Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente:

Las SIM Cards o tarjetas SIM, según la IA, son “pequeñas tarjetas de plástico con un chip que se insertan en los teléfonos móviles para conectarlos a una red de telefonía móvil”. Estas pequeñas tarjetas son las que nos permiten realizar llamadas de un dispositivo telefónico a otro pues cada una de ellas “almacena información vital como el número de identificación único, los contactos y las claves de acceso de un usuario concreto en una operadora de telefonía”. En sí, podría decirse que las SIM Cards pertenecen a un determinado usuario para llevar a cabo los fines antes mencionados.

La venta de tarjetas SIM en el país es muy accesible, en virtud de que casi cualquier tienda o puesto en donde se vendan celulares o accesorios para los mismos, o bien, que realicen recargas de tiempo aire oferta este tipo de productos. Su costo normalmente ronda los 100 pesos, lo cual las hace fáciles de conseguir.

Es importante señalar que el crecimiento de las compañías telefónicas en el país ha aumentado en los últimos años. Un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para la valuación de los servicios de telecomunicaciones en el periodo comprendido entre el año 2023 y 2024, señaló que “de acuerdo con los datos del BIT (Banco de Información de Telecomunicaciones), la cantidad de líneas del servicio móvil de Internet aumentó sostenidamente en comparación con el servicio móvil de telefonía”.

Los servicios de telefonía representan un eslabón importante para mantener bien comunicada a la sociedad, ya que el acceso a internet y redes sociales o la simple red para realizar llamadas telefónicas son los medios digitales más utilizados por los usuarios para comunicarse. Dicho lo anterior, la mayoría de los usuarios utilizan estos medios con fines personales o como medio de promoción para sus negocios o actividades profesionales.

No obstante, así como los servicios de telefonía nos facilitan la comunicación con otras personas y representan una herramienta para el progreso y el desarrollo individual y colectivo, hay quienes utilizan estos servicios para delinquir, especialmente, por tratarse de un medio que se encuentra al alcance de todos. Bajo esta perspectiva, recordemos que el acceso a la comunicación y la información es un derecho humano inherente a todas las personas cuyo ejercicio permite a cualquier individuo buscar, recibir o difundir información por cualquier medio que se lo permita, incluidas las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Los avances tecnológicos y, por supuesto, la necesidad constante por facilitar la comunicación entre los miembros de la sociedad han hecho que los servicios de telefonía vayan al alza en la utilización de estas herramientas. Según datos de Telecom, “del cuarto trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2022, el número de líneas de internet aumentó de 66 a 93 líneas por cada 100 habitantes, mientras que el servicio móvil de telefonía pasó de 93 a 106 líneas por cada 100 habitantes”.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, podemos observar que el servicio de comunicación telefónica en nuestro país es utilizado para fines personales, de servicios profesionales, laborales o de cualquier otro tipo. Observamos también que, de acuerdo a las necesidades particulares de comunicación de cada usuario, hay quienes cuentan con más de una línea telefónica.

Ante este hecho podemos señalar que, indistintamente del fin por el que se adquiere un servicio de telefonía móvil o de internet, los usuarios pueden adquirir el servicio con facilidad (sin importar del dispositivo que utilicen), pues hay una gran variedad de costos y modalidades, lo cual les permite a casi cualquier persona acceder a éste.

No obstante, también es importante señalar que, debido a la creciente utilización de los medios digitales, la información de las personas se encuentra más vulnerable, precisamente porque ésta es compartida en redes sociales. Esto provoca que un núcleo muy importante de información de cualquier persona esté al alcance de muchas otras.

Debido al flujo de información y la facilidad con la que se pueden adquirir los servicios referidos, tanto de internet como de telefonía, la delincuencia ha aprovechado los medios digitales, tan ricos en aplicaciones, para conocer u obtener información sensible de personas o de empresas para atentar contra la integridad, el patrimonio y la vida de terceros.

Los delitos a través de los medios de comunicación son muy frecuentes, debido al fácil acceso que un usuario tiene para poder adquirir un dispositivo que así se lo permita, utilizando principalmente el teléfono celular. Entre estos delitos se encuentran el fraude y la extorsión, de los que han sido víctimas muchos usuarios a través del engaño o presión psicológica.

Los tipos de extorsión ejercidos por esta índole son de manera indirecta, ya que son realizados a través de los medios de comunicación como el teléfono o las redes sociales y no existe un contacto directo (personal) entre la víctima y agresor.

Aunado a ello, las extorsiones por medio de las redes de telefonía han ido creciendo de manera significativa pues, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión telefónica es el delito más frecuente en 14 entidades de la república, siendo el centro del país, el lugar donde se concentra mayormente.

A pesar de las propuestas de reforma que se han presentado a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer un mecanismo que permita tener un control de los usuarios de tarjeas SIM, los delitos que se realizan a través de las redes de comunicación telefónica siguen en aumento. Lo anterior se debe, fundamentalmente, a que estos delitos no son investigados y perseguidos adecuadamente.

En algunos países de América del Sur existen mecanismos que se han implementado para regular la venta de chips o tarjetas SIM con la finalidad de que los crímenes que uno o varios usuarios puedan realizar sean rastreados conforme al padrón de registro de usuarios de telefonía móvil. Aunque esto no descarta la posibilidad de que siempre sea así, ya que los delitos pueden ser realizados a través de otros dispositivos o inclusive alguno que haya sido robado a una persona o empresa.

El padrón de registro de usuarios de telefonía móvil en países como España o Alemania obligan al registro de celulares de prepago como parte de sus políticas de seguridad y como mecanismo que coadyuve a la prevención de delitos a través de los medios digitales. Sin embargo, se ha estudiado a nivel mundial que los registros de las tarjetas SIM de los celulares de prepago corresponden principalmente a las personas más pobres, a quienes se asocia con mayor frecuencia los teléfonos de prepago por su falta de capacidad crediticia.

La propuesta de establecer un padrón de usuarios de telefonía móvil es precisamente para poder reconocer a quienes hagan mal uso de ésta por medio de las denuncias que se presenten de estos delitos. Se trata de contar con un medio de prevención o control para evitar que estos ilícitos sigan teniendo una tasa tan alta de impunidad. Sin embargo, entre las desventajas de establecer un registro como el referido está la preocupación ciudadana del control que desde el Estado pudiera ejercerse, así como posibles casos de mal uso de datos.

El establecimiento de un padrón como el referido ha registrado ya varios intentos, sin embargo, debido a lo delicado que son los datos solicitados, específicamente los datos biométricos, éste no se ha concretado. A pesar de lo anterior, debemos tener en cuenta que, de acuerdo a un documento elaborado para la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones en Chile, se reconoce que “la tecnología más difundida en el mundo es la derivada de la GSM (Global System for Mobile Communications) y que concentra en un chip llamado SIM, tarjeta SIM o SIM Card (Subcriber Identity Module)” que prácticamente contiene las funciones de identificación esenciales de un teléfono celular, es decir, sin esta tarjeta, ningún dispositivo electrónico puede realizar funciones telefónicas.

En el mismo documento antes señalado se menciona que simplemente para el año 2018, México contaba con más de 120 millones de líneas de telefonía móvil, lo que lo convertía en el tercer país con más teléfonos celulares del continente, detrás de Estados Unidos de América, que contaba con 422 millones, y Brasil, con 207 millones. Además se señala que aproximadamente el 80 por ciento de las líneas correspondía a servicios de prepago.

Los intentos por construir un padrón de usuarios de telefonía móvil se han descartado hasta ahora porque se argumenta que esta propuesta vulnera los derechos reconocidos por los artículos 6o. y 7o. constitucionales, los cuales tratan sobre la protección del derecho a la información, la prohibición de censura previa y libertad de opinión. No obstante, cuando un medio es utilizado con fines delictivos podemos considerar que el poder contar con información con el único objeto de proteger los derechos de las víctimas permitiría que las denuncias de este tipo de delitos sean resueltas con mayor agilidad y precisión. En este sentido, se trata de facilitar el acceso a la justicia para quienes son perjudicados en su persona o patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

I. a XLII. [...]

XLII Bis. Llevar a cabo el registro de usuarios de telefonía móvil, mismo que será actualizado con el registro de titulares de líneas de prepago y postpago. El registro y almacenamiento será gratuito y los datos deben ser eliminados de los registros después de un año calendario de la conclusión del servicio.

En el registro se recabarán los siguientes datos:

a) Número telefónico correspondiente a la línea adquirida;

b) Nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP) y número de identificación oficial con fotografía;

c) En el caso de menores de edad, el registro deberá ser acompañado de una persona adulta que proporcione los datos requeridos por este artículo, y

d) En el caso de turistas extranjeros, se les requerirá su nombre, nacionalidad y número de pasaporte.

El mal uso de la información recopilada en el registro de usuarios de telefonía móvil será sancionado por el Instituto en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 OpenAI. (2024)

2 Idem

3 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Pronósticos de los servicios de telecomunicaciones”, 2023, Ciudad de México, p. 5. Disponible en:

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/esta disticas/PronosticosTelecom2023.pdf

4 Idem

5 Inegi, “Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública”, 2023, México, sin página. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/en vipe2023_2_caracterizacion_delitos.pdf

6 M. Raimundo Roberts, “Inscripción obligatoria de tarjetas SIM para teléfonos móviles de prepago. Experiencia comparada”, 2019, Chile, p. 1. Disponible en:

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/1022 1/32443/2/BCN_inscripcion_obligatoria_SIM_act_2021_BCN.pdf

7 Ibidem, p. 2

8 Ibidem, p. 10

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputado y diputada: Ernesto Núñez Aguilar, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que deroga el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2022, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Genoveva Huerta Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, invalidado por resolutivos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus Acumuladas 30/2023, 37/2023, 43/2023 y 47/2023.

La seguridad jurídica se sustenta en las leyes, por eso, la armonía normativa entre éstas y la Constitución es fundamental para concretar un verdadero Estado de derecho. En ese sentido, nuestra labor como integrantes del Poder Legislativo debe ser la de garantizar que toda la estructura normativa sea coherente y concordante con la Constitución General y las convenciones. Es decir, nuestra obligación es reducir al mínimo la interpretación regresiva de las normas.

Huelga decir que, en nuestra historia constitucional, el legislador no solo cumplió con la labor de iniciar, reformar o derogar dispositivos legales, también fue intérprete de la norma; eventualmente dicha potestad le fue conferida a los jueces a efecto de que los actos de los otros dos poderes fueran revisados conforme a la Constitución.

Es por eso, que los teóricos del derecho constitucional afirmaron que el juez por antonomasia es el “ legislador negativo”, ya que, en su labor interpretativa están facultados para invalidar preceptos que colisionan con el espíritu de la norma suprema.

En consecuencia, los Tribunales adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran facultados para conocer de controversias de índole constitucional en términos de los artículos 103 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son medios de control al poder, sin más, porque ningún país puede preciarse de gozar un auténtico Estado de derecho si lo que prevalece por sobre todas las cosas, es la violencia del poder.

En el caso que nos atañe, “la acción de inconstitucionalidad” es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas que sean contrarias a la Constitución o al derecho comunitario. Su objeto primordial es el control abstracto de las leyes. Por lo anterior, con el propósito de prevenir interpretaciones laxas y de abonar a la seguridad jurídica, propongo derogar un Decreto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declarado inconstitucional por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023, promovida por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, y diversos diputados y diversos senadores integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, partido político Movimiento Ciudadano y partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos.

En ese orden de ideas, debemos actuar con responsabilidad, y en armonía con lo dispuesto por el Poder Judicial de la Federación; configurar nuestro marco legal a sus determinaciones, como una respuesta institucional del Poder Legislativo que se subsume en la división de poderes.

Es por lo anterior que me permito presentar a esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se deroga el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de responsabilidades administrativas, invalidado por resolutivos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 37/2023, 43/2023 y 47/2023

Artículo Único. Se deroga el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, invalidado por por resolutivos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2023 y sus Acumuladas 30/2023, 37/2023, 43/2023 y 47/2023, para quedar como sigue:

Decreto declarado inválido por Resolutivos de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificados para efectos legales el 08-05-2023, con Engrose notificado a su vez el 31-05-2023 y publicado DOF 24-11-2023

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022

Se reforman las fracciones IX y X del párrafo primero del artículo 49, y el artículo

73, y se adiciona la fracción XI al párrafo primero del artículo 49, de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas, para quedar como sigue:]

........

[ Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.]

[ Segundo. La persona titular del Ejecutivo Federal debe realizar las adecuaciones reglamentarias

correspondientes en un plazo no mayor a 180 días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto.

En el mismo plazo, la Secretaría de Gobernación emitirá los Lineamientos a que se refieren los Artículos 4, 25, 28 y 37 de la Ley General de Comunicación Social.]

[ Tercero. Los Entes Públicos, en un plazo máximo de 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, adecuarán conforme a éste, sus disposiciones legales y reglamentarias.]

[ Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.]

[ Quinto. En caso de inicio de labores o de gestión, los Entes Públicos emitirán su Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social de ese ejercicio fiscal a los tres meses siguientes a que se haya emitido y publicado su Programa de trabajo, o equivalente. En los ordenamientos locales se establecerán las disposiciones transitorias conducentes para el procedimiento referido en el párrafo anterior.]

[ Sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.]

[Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2022.- Sen. Alejandro Armenta Mier, Presidente.- Dip. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Dip. M aría Macarena Chávez Flores, Secretaria.- Rúbricas.”]

[En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2022.- Andrés Manuel López Obrador. - Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández. - Rúbrica.]

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputada Genoveva Huerta Villegas (rúbrica).»

«Iniciativa que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en lo relativo a que la estructura normativa sea coherente y concordante con la Constitución, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Genoveva Huerta Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La seguridad jurídica se sustenta en las leyes, por eso, la armonía normativa entre estas y la Constitución es fundamental para concretar un verdadero Estado de derecho. En ese sentido, nuestra labor como integrantes del Poder Legislativo debe ser la de garantizar que toda la estructura normativa sea coherente y concordante con la Constitución General y las convenciones. Es decir, nuestra obligación es reducir al mínimo la interpretación regresiva de las normas.

Huelga decir que, en nuestra historia constitucional el legislador no solo cumplió con la labor de iniciar, reformar o derogar dispositivos legales, también fue intérprete de la norma; eventualmente dicha potestad le fue conferida a los jueces a efecto de que los actos de los otros dos poderes fueran revisados conforme a la Constitución.

Es por eso, que los teóricos del derecho constitucional afirmaron que el juez por antonomasia es el “legislador negativo”, ya que, en su labor interpretativa están facultados para invalidar preceptos que colisionan con el espíritu de la norma suprema.

En consecuencia, los Tribunales adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentran facultados para conocer de controversias de índole constitucional en términos de los artículos 103 y 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son medios de control al poder, sin más, porque ningún país puede preciarse de gozar un auténtico Estado de Derecho si lo que prevalece por sobre todas las cosas, es la violencia del poder.

En el caso que nos atañe, “la acción de inconstitucionalidad” es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas que sean contrarias a la Constitución o al derecho comunitario. Su objeto primordial es el control abstracto de las leyes.

Por lo anterior, con el propósito de prevenir interpretaciones laxas y de abonar a la seguridad jurídica, propongo derogar diversas porciones normativas de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mismas que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 130/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En ese orden de ideas, debemos actuar con responsabilidad, y, en armonía con lo dispuesto por el Poder Judicial de la Federación, configurar nuestro marco legal a sus determinaciones, como una respuesta institucional del Poder Legislativo que se subsume en la división de poderes.

A manera de dilucidar de mejor forma la cuestión planteada, detallo en la siguiente tabla, los cambios propuestos en la presente iniciativa:

Es por lo anterior que me permito presentar a esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se derogan las fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter del artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Artículo Único. Se derogan las fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

Párrafo reformado DOF 23-01-2009

I a VII...

VIII. Se deroga

Fracción adicionada DOF 16-06-2016. Reformada DOF 08-11-2019

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 25-11-2022

VIII Bis. Se deroga

Fracción adicionada DOF 08-11-2019

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 25-11-2022

VIII Ter. Se deroga

Fracción adicionada DOF 08-11-2019

Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad notificada para efectos legales 25-11-2022

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputada Genoveva Huerta Villegas (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 27 de septiembre de cada año “Día Nacional de la Industria Eléctrica”, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 27 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Industria Eléctrica, al tenor de la siguiente:

El negocio de abastecimiento de energía eléctrica en México, previo al estallido de la Revolución en 1910, sin duda transitó de un periodo de asentamiento, crecimiento y consolidación durante el porfiriato, hacia el peligro que representaba el inminente nacionalismo económico revolucionario que amenazaba la presencia extranjera de las compañías eléctricas, particularmente las británicas. El desarrollo de estas compañías, incluso en la etapa post revolucionaria, encontró en el centralismo gubernamental el medio idóneo para prolongar su permanencia en este sector clave de la economía nacional.

Si bien durante el porfiriato la integración de la economía mexicana a la economía internacional permitió el acceso a fondos internacionales para obras de infraestructura, todos ellos ligados a la industria eléctrica, esta contó con un marco legal que permitía al ejecutivo otorgar directamente las concesiones, estableciendo desde entonces la red de complicidad entre el círculo de Díaz y los inversionistas que expandieron sus negocios a lo largo y ancho del territorio nacional. Esa misma red propició la monopolización y la concentración que fue acompañada de una política inexplicable de exención de impuestos dedicada a beneficiar al capital extranjero. Ya durante la Revolución, la transformación política y social impulsó la idea de regular y controlar los negocios extranjeros, aunque dicha idea fuera limitada por una serie de factores como la presión diplomática, las restricciones financieras, así como las constantes amenazas de intervención extranjera, lo que limitó la materialización del nacionalismo económico aunque sentó las bases de un marco regulatorio que estableciera una política pública en materia económica tendiente a generar una nueva relación con la inversión extranjera.

A pesar de este nuevo marco, las condiciones de las empresas británicas del sector eléctrico permanecerían sin cambios significativos. No sería sino hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles cuando se presentarían una serie de modificaciones legislativas destinadas a regular la actuación extranjera en esta área estratégica de la economía nacional, especialmente cuando su crecimiento se mantenía constante y se hacía necesaria para atender el proceso de urbanización. Entre dichas disposiciones destacaba el Código Nacional Eléctrico de 1926 expedido por Plutarco Elías Calles y las subsiguientes reformas impulsadas por Abelardo L. Rodríguez que significaron sin duda, un avance significativo en la regulación del suministro de energía eléctrica. Ya para 1939, bajo la conducción del General Lázaro Cárdenas, comenzaría el proceso de nacionalizar tanto la generación como el suministro de energía eléctrica gracias a la expedición de dos grandes leyes como la Ley de Impuesto sobre el Consumo de Energía Eléctrica y la Ley de la Industria Eléctrica.

La creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937, primero como dependencia de gobierno y, posteriormente en 1940, como organismo descentralizado a partir del decreto del presidente Miguel Alemán, tuvo un propósito fundamental que se mantiene vigente a pesar del atraco del que fue objeto desde hace décadas y que sólo pudo detenerse a partir de los preceptos de la cuarta transformación, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ese propósito, el de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, planteaba el beneficio de los intereses generales, no obstante, la incesante resistencia de los inversionistas extranjeros que retiraron las inversiones para provocar el freno al desarrollo de la industria. Todos estos antecedentes culminaron con la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960 siendo presidente Adolfo López Mateos con un régimen jurídico nuevo que permitiera el cumplimiento de su objeto, pero además instaurando diversos mecanismos para el aprovechamiento de los recursos naturales y, sobre todo, con un enfoque social y de justicia distributiva que resalta el nacionalismo inconcluso de la revolución, al menos para este sector.

Época actual

Los antecedentes señalados permiten comprender la trascendencia de la CFE, particularmente porque sus orígenes y su proceso evolutivo ha abarcado varias etapas históricas del país. Cada uno, en su propio espacio temporal, obligadamente requiere destacar el sentido nacionalista de las diversas reformas frente a la concentración y monopolización de la industria eléctrica. Por tal motivo, es de destacar el efecto negativo que tuvieron las reformas de 2013, las cuales dieron preponderancia a los privados por encima del interés público sobre premisas falsas como la que la empresa pública era ineficiente y que no tenía la capacidad de atender adecuadamente la demanda de energía eléctrica en el país.

Lo anterior causó una grave crisis en la CFE que amenazaba su viabilidad como empresa pública. A partir de 2018 se logró frenar el desmantelamiento de la CFE y retomar no solo el espíritu de competitividad, sino también su enfoque social que ha destacado desde entonces. Actualmente, se privilegia la austeridad, se combate la corrupción y se desmiente la falsa versión de que esta empresa del Estado carece de la tecnología necesaria y del personal capacitado para cumplir con su objeto, de hecho, a partir del primero de octubre, está al frente una mujer, una ingeniera (Emilia Calleja Alor) formada en la CFE que destaca por su trayectoria y que, sin duda, culminará el rescate de la empresa y seguirá defendiendo nuestra soberanía energética.

Hoy, la CFE es más que energía, “transita hacia ser una empresa de energía con capacidad para involucrarse en la distribución de gas natural; además, apoya activamente los proyectos sociales del Gobierno mexicano, que incluyen conectar a Internet a las comunidades que, durante años, han carecido de este servicio” . La CFE tiene ante sí grandes retos, como la competitividad, el cumplimiento de los Acuerdos de París y, sobre todo, garantizar la seguridad energética de la nación. Quedan atrás por fin los efectos del neoliberalismo extractivo donde una élite ignoró a la sociedad para enriquecerse a costa del patrimonio de las y los mexicanos y en detrimento del interés público.

En ese sentido, la presente iniciativa busca destacar, promover y generar conciencia entre la sociedad mexicana respecto a la importancia de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, su papel trascendental en los sucesos históricos, su enfoque social, justo y humanista, así como parte fundamental de nuestra soberanía energética.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se declara el 27 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Industria Eléctrica

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 27 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Industria Eléctrica”.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 10 y sexto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por la diputada Elizabeth Martínez Álvarez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, y suscrita por los integrantes del mismo, con fundamento los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con la finalidad de armonizar en materia de seguridad, salud mental, atención a la discapacidad, atención a los pacientes de enfermedades renales y de atención a los temas de salud en las entidades federativas y municipios, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10 y el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del Problema

De los trabajos realizados por las diversas organizaciones de la sociedad civil en el estado de Aguascalientes en materia de discapacidad y de la problemática en salud que incluye: Diabetes 1 y 2, enfermedades renales, enfermedades relacionadas con salud mental, se recoge la necesidad de realizar esta propuesta parlamentaria con la finalidad de establecer en la agenda nacional, para brindar herramientas a los estados y municipios para poder atender estos rubros desde sus facultades.

México enfrenta un desafío crucial en materia de seguridad y diversos rubros de salud y atención a la discapacidad. En ese sentido, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, promulgada en 2016, busca reducir el costo de financiamiento y moderar el endeudamiento. Sin embargo, su contenido actual genera una disonancia legal que limita la capacidad del Estado para invertir en personal para seguridad pública, salud, y atención a la discapacidad.

La temporalidad de cuatro años, establecida en el artículo sexto transitorio para la excepción de seguridad pública y salud, ya ha expirado, dejando una laguna que afecta gravemente a la población. Esto ha provocado inmovilidad ante la creciente inseguridad y ha afectado la respuesta del Estado durante la pandemia de Covid-19.

Esta legislación fue promulgada el 17 abril de 2016, y, en su contenido, se acota la discrecionalidad de endeudamiento durante y al final de una gestión de los gobiernos estatales y municipales, con el propósito de evitar que realicen operaciones que comprometan la continuidad de programas o el equilibrio de las finanzas públicas.

La Ley de Disciplina Financiera es una herramienta para controlar e identificar con oportunidad el comportamiento elevado de deuda que tienen algunas entidades y municipios, desempeñando así un rol fundamental en los procesos de transición de este año.

La Ley establece los requisitos y condiciones para que el Gobierno de la República pueda otorgar un aval federal a la deuda contratada por los estados y los municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento. En términos de pesos y contrapesos, esta legislación prevé un fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento, que otorgan las legislaturas locales a los entes públicos.

Es decir, ante los razonamientos antes presentados, queda claro que la legislación está enfocada a lograr un gasto público responsable, y en esta ley esta previsto el concepto de pago de la nómina a los funcionarios públicos de las entidades federativas y de los municipios y con el fin de evitar incrementos exponenciales del gasto en este aspecto.

En el espíritu de la legislación se estableció un criterio para integrar un techo de crecimiento. fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y ética pública y se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.

Además de estas excepciones, el proyecto también previó otra excepción, que se relaciona directamente con los conceptos de seguridad pública en las entidades y los municipios, esta se encuentra planteada el artículo sexto transitorio del dictamen que originó la ley, este señala:

En este artículo sexto transitorio, como vemos, establece en su redacción, una temporalidad de cuatro años para esta excepción, ya que el momento legislativo en el que fue expedido se encontraba relacionado con el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el cual, en el momento en el que nos encontramos, ya no es vigente y por ello es necesario mantener y armonizar en la legislación vigente las excepciones en los temas de seguridad y salud. Esa temporalidad ya se ha cumplido, dejando una laguna que afecta a la población.

Los objetivos de la reforma son los siguientes:

—Garantizar la seguridad pública y la salud como derechos fundamentales.

—Armonizar la legislación vigente para evitar contradicciones y barreras.

—Fortalecer la capacidad del Estado para invertir en seguridad pública y salud en los rubros de salud mental, atención a pacientes renales, personal capacitado para atender cualquier tipo de discapacidad, personal relacionado con la atención y orientación en materia de diabetes, cáncer y cualquier tema relacionado con la salud.

—Proteger los derechos humanos y garantizar la dignidad de la persona humana.

Las propuestas específicas de esta reforma son:

—Modificar la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera.

—Establecer un nuevo marco legal para la seguridad pública y la salud.

—Aumentar la inversión en programas y estrategias para la seguridad pública y la salud.

La reforma de armonización propuesta es un paso crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de la población mexicana. Es hora de tomar medidas concretas para proteger los derechos fundamentales y garantizar un futuro más seguro y saludable para todos. Y, por ello, se plantea este trabajo parlamentario que propone solventar esta laguna legal que limita a las entidades federativas y los municipios a invertir en el fortalecimiento del sistema de seguridad pública y las acciones en materia de salud, haciendo una armonización en la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esta reforma de armonización esta planteada bajo los principios de dignidad de la persona humana y el bien común y se plantea al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La historia de la salud mental en México refleja la evolución del país y su compromiso con la atención en salud mental. Es importante abordar los principales problemas de salud mental y superar los desafíos actuales para garantizar una atención integral y efectiva en salud mental para todos los mexicanos. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico.

La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo, que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes.

Como grupo parlamentario, a la luz del análisis de los impactos que hemos vivido en los últimos 4 años, consideramos que es muy necesario priorizar la atención a la salud mental de las y los mexicanos. El triple impacto del Covid-19, el cambio climático, las oleadas de violencia en nuestro país, las guerras y conflictos en curso, exigen a la población un gran desgaste, tanto si se ve afectada de forma directa como indirecta. El gobierno mexicano recientemente presentó el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, que busca brindar servicios de salud mental de forma universal y gratuita, con enfoque comunitario y perspectiva de género.

Entre las acciones específicas del gobierno mexicano para abordar la salud mental, se encuentran:

—Fortalecimiento de la rectoría: Creación de una Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para coordinar esfuerzos y recursos.

—Prevención y detección temprana: Promoción de hábitos de vida saludables y detección temprana de factores de riesgo.

—Acceso a servicios: Mejora de la accesibilidad a servicios de atención de la salud mental.

—Capacitación: Capacitación de recursos humanos en salud mental y adicciones.

Es importante destacar que la salud mental es un tema prioritario para el gobierno mexicano, y se está trabajando para eliminar los estigmas asociados a los problemas de salud mental y promover la búsqueda de ayuda temprana

La situación de la salud mental en nuestro país es extremadamente preocupante y los municipios y Estados están maniatados por la redacción actual de la Ley en estudio. Antes de la pandemia, casi mil millones de personas ya sufrían algún trastorno mental diagnosticable, el 82 por ciento de las cuales vivían en países en vías de desarrollo, y las personas con trastornos mentales graves morían entre 10 y 20 años antes que la población general. Desde entonces, la pandemia del Covid-19 ha afectado a la salud y bienestar mental de muchas más personas, tanto las que ya padecían estos problemas como las que no, acentuando las deficiencias de los sistemas sanitarios y las desigualdades socioeconómicas. Se calcula que la pandemia ha incrementado entre un 25 por ciento y un 27 por ciento la prevalencia de la depresión y la ansiedad a escala mundial.

La atención de la salud mental, la atención de los diversos tipos de discapacidades, las enfermedades como la diabetes, cáncer, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares, exigen un gran esfuerzo que combina políticas públicas, estrategias de reacción y en materia de salud tratamientos y cuidados. En este rubro, es donde consideramos que es vital generar la reforma propuesta con la finalidad de que los estados y municipios puedan tomar medidas para contar con personal para atender los principales problemas de salud en México son:

1. Obesidad y sobrepeso

2. Diabetes

3. Hipertensión

4. Enfermedades cardiovasculares

5. Cáncer

6. Enfermedades respiratorias

7. Enfermedades infecciosas (como la influenza y la tuberculosis)

8. Problemas de salud mental (como la depresión y la ansiedad)

Descripción por estado de la república:

A continuación, se presenta una descripción de los principales problemas de salud por estado:

Norte

—Baja California: Obesidad, diabetes y problemas de salud mental.

—Chihuahua: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer.

—Coahuila: Problemas de salud mental, obesidad y diabetes.

—Durango: Enfermedades respiratorias, hipertensión y problemas de salud mental.

—Nayarit: Enfermedades infecciosas, obesidad y problemas de salud mental.

—Nuevo León: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer.

—Sinaloa: Problemas de salud mental, obesidad y diabetes.

—Sonora: Enfermedades respiratorias, hipertensión y problemas de salud mental.

—Tamaulipas: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer.

Centro

—Aguascalientes: Obesidad, diabetes que provoca diversas discapacidades como ceguera y amputaciones y problemas de salud mental.

—Ciudad de México: Problemas de salud mental, obesidad y diabetes.

–Guanajuato: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer.

—Hidalgo: Enfermedades infecciosas, obesidad y problemas de salud mental.

—México: Enfermedades respiratorias, hipertensión y problemas de salud mental.

—Morelos: Problemas de salud mental, obesidad y diabetes.

—Puebla: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer.

—Querétaro: Obesidad, diabetes y problemas de salud mental.

—Tlaxcala: Enfermedades infecciosas, obesidad y problemas de salud mental.

Sur

—Campeche: Enfermedades infecciosas, obesidad y problemas de salud mental.

—Chiapas: Problemas de salud mental, obesidad y diabetes.

—Guerrero: Enfermedades respiratorias, hipertensión y problemas de salud mental.

—Oaxaca: Enfermedades infecciosas, obesidad y problemas de salud mental.

—Quintana Roo: Problemas de salud mental, obesidad y diabetes.

—Tabasco: Enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer.

—Veracruz: Enfermedades respiratorias, hipertensión y problemas de salud mental.

—Yucatán: Obesidad, diabetes y problemas de salud mental.

Es importante destacar que estos son solo algunos de los principales problemas de salud en cada estado y que la situación puede variar dependiendo de la región y la población.

Con la propuesta presentada se podrán atender las dificultades y condiciones de salud que se viven en todo el país, pues se calcula que una de cada cuatro personas padece algún trastorno psicológico, con un déficit de tratamiento que alcanza el 90 por ciento.

A pesar de los datos disponibles sobre las repercusiones económicas de los trastornos psicológicos, y pese a las pruebas de la rentabilidad de toda inversión en salud mental, solo un promedio del 2 por ciento del presupuesto destinado a la salud se asigna a la salud mental.

Entre otras consecuencias, esto implica que sea insuficiente el número de trabajadores dedicados a la salud mental, que puede no superar la cifra de 2 por cada 100 mil habitantes en algunos países. Durante 2020 se registró en México la cifra más alta de suicidios desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publica estos datos. En dicho año, 7896 personas se quitaron la vida de manera deliberada, cuando de 1994 a 2019 se registraron 4720 suicidios en promedio por año. En las últimas dos décadas este fenómeno aumentó en 203 por ciento, lo que llevó a que seis de cada 100 mil mexicanos mueran por esta terrible causa que, en promedio, ocurre en 21 ocasiones por día. El grupo de edad con mayor incidencia es el de los jóvenes de entre 18 y 29 años, seguido por el grupo de 30 a 59 años, y se presenta con mayor frecuencia entre los hombres.

Al desagregar los datos de 2020 por entidad federativa, se observa que las tasas más altas de suicidios por cada 100 mil habitantes se presentan en Chihuahua (14), Aguascalientes (11.1), Yucatán (10.2), Sonora (8.8), Estado de México (4.1) mientras que los estados que menores tasas registraron fueron Guerrero (2), Veracruz (3.3), Hidalgo (3.7) y Chiapas (3.8). Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el 45 por ciento de la población de 10 años o más ha pensado en suicidarse alguna vez, esto muestra la necesidad de diagnosticar, prevenir y tratar un problema de salud mental a fin de evitar este tipo de desenlace cada vez más común en nuestro país.

Aunque en los últimos veinte años se han producido grandes avances en la identificación del origen de las dolencias psíquicas y su tratamiento, son pocas las mejoras logradas en la cobertura y calidad de los servicios. El artículo 73 de la Ley General de Salud estipula que las entidades federativas deben fomentar y apoyar la promoción de la salud mental a través de actividades educativas, de comunicación, de oferta de servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos; también establece que deben implementar programas de detección a grupos en riesgo de sufrir trastornos mentales. Sin embargo, no existe una política integral diseñada nacionalmente que permita generar capacidades conforme a los contextos que exige cada entidad federativa, lo cual, aunado a la fragmentación del sistema de salud en varios subsistemas, hace imposible que la atención a la salud se brinde de manera equitativa.

En 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó un programa pionero en este ámbito: la Iniciativa Especial para la Salud Mental. La Iniciativa Especial para la Salud Mental de la OMS surgió ante la necesidad de intervenir de modo sistemático e implantar programas orientados a largo plazo y dirigidos a transformar los sistemas de salud mental, integrar la salud mental en la cobertura sanitaria universal y conceder un carácter permanente a los cambios. La Iniciativa Especial para la Salud Mental de la OMS trata de ser un programa de ámbito mundial que, al menos, incluya la respuesta a emergencias de salud mental y apoyo psicosocial, y trate la salud mental desde una perspectiva de salud pública y refuerzo de los sistemas de atención psicosanitaria.

La Iniciativa Especial para la Salud Mental de la OMS es un proyecto ambicioso que pretende ampliar el acceso a la asistencia sanitaria a cien millones de personas más en doce países diferentes. Nueve de ellos ya se han adherido al programa: Bangladesh, Jordania, Paraguay, Filipinas, Ucrania y Zimbabue lo están desde enero de 2020, a los cuales se unieron Argentina, Ghana y Nepal en los dos años siguientes.

El Programa se centra en dos áreas de actuación principales en cada país: i) el impulso de la política sobre salud mental, protección y derechos humanos, y ii) el incremento de las intervenciones y servicios en entornos comunitarios de salud general y especializados. Estas estrategias prioritarias contribuirán a alcanzar los Objetivos Mundiales y la triple meta de los mil millones del Decimotercer Programa General de Trabajo 2019-2023 de la OMS y de la agenda de Cobertura Sanitaria Universal.

También se trata de demostrar la transformación de los servicios de salud mental recomendados en el recientemente publicado Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos (2022) y orientar a los Estados miembros sobre cómo lograr los objetivos del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental (2013-2030).

En este trabajo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, anteponiendo el bien común y el objetivo de defender la dignidad de las personas, proponemos que en la agenda de trabajo propuesta en los 125 municipios del estado de México, se retomen estos principios.

El Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS recomienda a los Estados miembros implementar acciones en torno a cuatro objetivos para extender los servicios de salud mental: reforzar el liderazgo gubernamental e involucrar a las partes interesadas en la formulación de políticas y planes; proporcionar servicios completos, integrados y con capacidad de respuesta en el ámbito comunitario; poner en práctica estrategias de promoción y prevención en este campo; y fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre la salud mental.

En los trabajos en conferencia que proponemos, se debe establecer una agenda que abarque:

1. Establecer un sistema de atención en salud mental integral, atención a la diabetes, cáncer y todos los tipos de discapacidades y continuo.

2. Incrementar la inversión en la atención de estas enfermedades.

3. Fortalecer la capacitación de profesionales en atención de estas enfermedades.

4. Promover la participación comunitaria en la atención en salud mental.

5. Establecer indicadores de desempeño para evaluar la efectividad de los servicios en estos rubros.

6. Implementar tecnologías de información y comunicación para mejorar el acceso a servicios de salud mental y de atención a las enfermedades referidas.

7. Fomentar la investigación en salud mental y las enfermedades que son base de este trabajo parlamentario.

Es importante destacar que estas propuestas deben ser discutidas y consensuadas en Conferencia de ambas Cámaras con los diferentes actores y autoridades involucradas en su atención.

De acuerdo con la Constitución, la seguridad pública se reconoce como responsabilidad del Estado en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. y bajo este mandato el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.

El objetivo principal es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como realizar todas las acciones posibles para preservar el orden público, y para lograrlo se depende de estrategias y programas presupuestarios que por muchas variables han sido insuficientes, o bien, por los conceptos planteados en la legislación vigente se causan contradicciones y barreras para lograr estos objetivos.

La falta de satisfacción de las necesidades humanas fundamentales es otro factor que incide en la inseguridad pública. Las principales carencias que reportan los índices actuales se relacionan con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Burton, en su teoría de las necesidades humanas básicas, advierte que “las conductas que son respuestas a la frustración de tales necesidades frecuentemente son agresivas y contraproductivas”. Es decir, en una sociedad donde impera la insatisfacción de las necesidades humanas básicas, aumenta la desviación del comportamiento humano respecto de los estándares sociales y de las normas jurídicas. En otras palabras, incrementan las conductas delictivas.

En cualquier Estado de derecho, la función policial tiene un amplio campo de acción en el tema de la seguridad. Las estrategias y vías que cada gobierno implemente respecto a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen una repercusión directa, ya sea positiva o negativa, en la seguridad de la ciudadanía.

Por ello, previo al análisis concreto de la función policial, se ha de entender a la seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir como un mínimo vital que requiere de medidas concretas para su garantía.

Así, en el caso de la materia de seguridad pública y ciudadana y los temas relacionados a la salud mental, discapacidad y diversos temas relacionados con la salud, en el contenido de esta propuesta de reforma, sin duda, la policía constituye un elemento central para asegurar la seguridad y estabilidad de las personas y de la misma forma el personal de salud y especializado para atender salud mental y las diversas discapacidades es vital, por ello es necesario revisar la actual legislación para que se armonice su contenido a fin de garantizar de manera primordial el bienestar de la población permitiendo a estados y municipios contar con el personal suficiente para esta tarea.

Este es el caso de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo contenido actual provoca una disonancia legal que se traduce en una limitación a las funciones del Estado, tan grave que, por ejemplo, afectó la operación de reacción y respuesta durante la pandemia del Covid 19 y provoca también inmovilidad ante la creciente inseguridad que se presenta en las 32 entidades federativas y todos los municipios de nuestro país, pues se relacionan directamente con la nómina de los servidores públicos relacionados con seguridad pública y salud, ya que estas actividades por la naturaleza de las situaciones que abarcan es muy factible que requieran de mayores erogaciones a las programadas.

Este trabajo parlamentario recoge la salvedad considerada en el artículo sexto transitorio del decreto que dio origen a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en relación a la fracción I del artículo 10, de acuerdo a la siguiente propuesta:

En la propuesta de modificación al texto vigente queda muy claro que en ambos conceptos de seguridad pública y los conceptos de salud y atención a temas de discapacidad no se deben limitar gastos en servicios personales, pues constituyen elementos esenciales en el desarrollo y bienestar de las personas. En la redacción propuesta se establece también la forma de plantear la comprobación de los recursos en ambos casos y así no dejar duda que los recursos públicos estatales y municipales sean ejercidos en favor de la ciudadanía.

Con esta armonización se podrán cumplir los siguientes objetivos:

1. Coordinación de la seguridad pública y salud entre los tres niveles de gobierno, pudiendo atender emergencias como la que vivimos por Covid-19.

2. Poder institucionalización acciones de seguridad pública y salud en el gobierno local, pudiendo destinar recursos de manera adecuada y apegada a la ley y la normatividad, bajo los principios de transparencia y acceso a la información.

3. Generar información confiable para la ciudadanía.

4. Contar con recursos para capacitar a la policía municipal y estatal en temas de prevención.

5. Realizar acciones de prevención situacional de la inseguridad, por ejemplo, el diseño de espacios seguros, la provisión de servicios básicos y el acceso a equipamiento urbano adecuado, lo que puede reducir la desi-gualdad y la fragmentación urbana.

6. Contar con tecnología e innovación en ambos conceptos.

De la lectura del artículo sexto transitorio del decreto que dio origen a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios podemos apreciar lo siguiente:

Sexto. La fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2018.

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo.

Esta salvedad establecida en el régimen transitorio se encuentra directamente relacionada con el fortalecimiento del sistema de seguridad pública y las acciones en materia de salud.

En la LXV Legislatura, la diputada Leticia Zepeda Martínez, como secretaría de la Comisión de Presupuesto, planteó atender esta disonancia legal, esta iniciativa retoma la problemática y enfoca los esfuerzos a mejorar la redacción con la finalidad de brindar mayores herramientas a los estados y municipios para atender los puntos establecidos en este trabajo parlamentario.

Esta iniciativa recoge la salvedad considerada en el artículo sexto transitorio del decreto que dio origen a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en relación a la fracción I del artículo 10, de acuerdo a la siguiente propuesta:

En la propuesta de modificación al texto vigente queda muy claro que los conceptos de seguridad pública, atención a las discapacidades, salud mental y salud no se deben limitar gastos en servicios personales, pues constituyen elementos esenciales en el desarrollo y bienestar de las personas y en la redacción propuesta se establece también la forma de plantear la comprobación de los recursos en ambos casos y así no dejar duda que los recursos públicos estatales y municipales sean ejercidos en favor de la ciudadanía.

Esta armonización permite cumplir los siguientes objetivos:

1. Coordinación de la seguridad pública y salud entre los tres niveles de gobierno, pudiendo atender emergencias como la que vivimos por Covid-19.

2. Poder generar programas de atención a la discapacidad de manera más eficiente.

3. Dar atención a los problemas de salud mental.

4. Poder institucionalización acciones de seguridad pública y salud en el gobierno local, pudiendo destinar recursos de manera adecuada y apegada a la ley y la normatividad, bajo los principios de transparencia y acceso a la información.

5. Generar información confiable para la ciudadanía.

6. Contar con recursos para capacitar a la policía municipal y estatal en temas de prevención.

7. Realizar acciones de prevención situacional de la inseguridad, por ejemplo, el diseño de espacios seguros, la provisión de servicios básicos y el acceso a equipamiento urbano adecuado, lo que puede reducir la desigualdad y la fragmentación urbana.

8. Contar con tecnología e innovación en ambos conceptos

La modificación propuesta del artículo sexto transitorio del decreto que dio origen a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, permitirá a los municipios poder contar con el personal necesario para dar cumplimiento al espíritu de esta propuesta legislativa.

Por ello, bajo los razonamientos antes planteados resulta muy necesario armonizar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por medio de esta iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 10 y el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo Sexto Transitorio de la misma

Único. Se reforma el párrafo tercero de la fracción primera del artículo 10 y el artículo Sexto Transitorio ambos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 10. En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:

I. ...

a) y b)...

...

Los gastos en servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, de enfermería, personal paramédico y asociado a la salud, personal especializado en atención salud mental, atención a la discapacidad, atención a los pacientes de enfermedades renales, diabetes, hipertensión arterial y de atención a los diversos temas de salud en las entidades federativas y municipios, así como aquellos que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. La comprobación y documentación de estos recursos se realizará de acuerdo al reglamento, lineamientos y normatividad que se expida para dicho fin.

Artículo Sexto Transitorio. La fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico, dedicado a salud mental, atención a la discapacidad, atención a los pacientes de enfermedades renales, diabetes, hipertensión arterial y de atención a los diversos temas de salud y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En ningún caso, la excepción deberá considerar personal administrativo.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Con la finalidad de dar operatividad al presente decreto, dentro de los siguientes 90 días naturales posteriores a la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo deberá expedir los reglamentos, lineamientos y normatividad necesaria para dar cumplimiento al mismo.

Bibliografía Consultada

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios

Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27de abril de 2016.

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Nota

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5434883&fecha=27/ 04/2016#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Elizabeth Martínez Álvarez, Clara Cárdenas Galván, Laura Irais Ballesteros Mancilla, Luis Armando Díaz, Noel Chávez Velázquez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados y expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Marítimo “Pedro Sáinz de Baranda y Borreiro”, suscrita por los diputados Gabriela Georgina Jiménez Godoy y Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Gabriela Georgina Jiménez Godoy y Humberto Coss y León Zúñiga, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer la medalla al mérito marítimo Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, y expedir su reglamento, al tenor de la siguiente

El desarrollo marítimo en México es de vital importancia debido a su impacto integral en la economía, la seguridad y la sostenibilidad del país pues, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “México es uno de los países megadiversos a nivel mundial con una mayor extensión oceánica que terrestres, 65 y 35 por ciento respectivamente”. Asimismo, los litorales mexicanos tienen acceso a los dos océanos más grandes del mundo: el Atlántico y el Pacífico.

Lo anterior, permite dimensionar la significativa participación que tiene nuestro país en el comercio marítimo pues, de manera natural, se convierte en un paso obligado para las mercancías que entran al territorio a través de los 103 puertos y 15 terminales marítimas habilitadas a lo largo de los 11 mil 122 kilómetros de costas.

De tal manera que, la magnitud de la riqueza marítima de nuestro país nos demanda diseñar espacios que permitan visibilizar la contribución de las y los mexicanos al desarrollo marítimo nacional; es así que, resulta fundamental incentivar y reconocer todos aquellos esfuerzos encaminados a impulsar nuestros intereses marítimos.

Por ello, esta iniciativa tiene por objeto facultar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para entregar anualmente la medalla al Mérito Marítimo “Pedro Sainz de Baranda y Borreiro”, al ciudadano, ciudadana, ciudadanas, ciudadanos mexicanos u organización de la sociedad civil que, por su actuación y trayectoria destaque en el fomento e impulso del desarrollo marítimo nacional.

Al respecto, es importante precisar que el presente proyecto retoma la iniciativa presentada por la diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI), los diputados Rubén Moreira Valdez (PRI) y Jaime Martínez López (Morena), y suscrita por 129 legisladoras y legisladores de los diversos grupos parlamentarios de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, la cual se publicó el 02 de octubre del 2023 en la Gaceta Parlamentaria y se encuentra disponible en

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/oct/20231003-III-3- 1.pdf

Asimismo, es oportuno señalar que, por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el 10 de octubre del 2023 la iniciativa se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión; sin embargo, ésta no fue dictaminada durante dicha legislatura.

No obstante se considera de vital importancia retomar e impulsar dicha iniciativa en esta LXVI Legislatura, con el firme objetivo de premiar el esfuerzo y compromiso de las y los mexicanos con el sector marítimo nacional, fundamental para el futuro de nuestro país.

En la iniciativa de origen, las y los diputados señalaron que, actualmente la Cámara de Diputados, como el máximo ente de representación popular, fomenta diversas actividades para el engrandecimiento del Estado y de la sociedad. El artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece los siguientes reconocimientos:

Artículo 261.

1. La Cámara otorgará la medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

2. La Cámara otorgará anualmente la Medalla de Honor Gilberto Rincón Gallardo de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el decreto de su institución, así como su Reglamento.

3. La Cámara otorgará anualmente la medalla de reconocimiento al mérito deportivo a ciudadanos nacionales, destacados por su actuación y trayectoria en el deporte mexicano, o a aquellos destacados por el fomento, la protección o el impulso del deporte social, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regula su entrega.

4. La Cámara otorgará anualmente la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz, para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el Reglamento que regule su entrega.

5. La Cámara otorgará la Medalla “Francisco Toledo”, para reconocer y premiar a la o el artista comprometido socialmente, que haya contribuido con su obra o acciones en la formación, defensa, conservación, rescate y difusión del patrimonio natural, cultural y artístico de México.

6. Dichas distinciones se entregarán de conformidad con el Decreto de creación respectivo y el Reglamento que regula la entrega de medallas.

Asimismo, consideraron que el ámbito marítimo no es la excepción y requiere de la participación social. La construcción del poder marítimo requiere crear, desarrollar, explorar y defender los intereses marítimos nacionales y usar el mar en su beneficio; por tal motivo, es importante incentivar la participación de las y los ciudadanos, así como de las organizaciones civiles en preservar la soberanía e integridad del territorio, mantener el estado de derecho en el mar, resguardar las instalaciones estratégicas en el ámbito marítimo, proteger y preservar el medio ambiente marino y los recursos marítimos renovables y no renovables, auxiliar a la población ante desastres naturales o provocados por el hombre y salvaguardar la vida humana en el mar.

Por tal razón, la presente iniciativa tiene por objeto reconocer a las mujeres y hombres mexicanos que se hayan distinguido en fomentar el desarrollo de los intereses marítimos nacionales; de tal manera que, es esencial incentivar la participación de personas o de organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo marítimo nacional a través de un reconocimiento a quienes por su actuación y trayectoria destaquen por el fomento de la seguridad marítima, el sistema portuario nacional, la protección marítima y portuaria, la educación y cultura marítima, la industria naval, los recursos naturales marinos, el comercio marítimo, la marina mercante, el medio ambiente marino y el turismo náutico, afirmaron.

Refirieron a la conceptualización de los siguientes intereses marítimos nacionales:

• Seguridad marítima: Medidas y acciones destinadas a garantizar que la operación de las embarcaciones y artefactos navales se realicen de manera segura, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente.

• Sistema portuario nacional: Conjunto de personas, tecnologías y obras de infraestructura situadas en un puerto o fuera de él, que interactúan armónicamente para la atención de embarcaciones, prestación de servicios portuarios, la construcción o reparación de embarcaciones.

• Protección marítima y portuaria: Medidas y acciones destinadas a salvaguardar de cualquier amenaza o acto que puedan afectar las embarcaciones, así como a las personas, carga, unidades de transporte y provisiones, a bordo de embarcaciones o instalaciones portuarias.

• Educación y cultura marítima: Es la orientación y difusión del conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo marítimo y permiten el aprovechamiento y conservación de las playas, riberas, lagos, ríos, cuencas, mares y océanos, para permear la conciencia marítima, a fin de contribuir con el desarrollo marítimo nacional.

• Industria naval: Actividad económica especializada en el planeamiento, diseño, desarrollo, conservación y reparación de buques y artefactos navales, en el territorio nacional están establecidas 63 instalaciones privadas y 16 instalaciones pertenecientes a la Administración Pública Federal bajo el despacho de la Secretaría de Marina.

• Recursos naturales marinos: Conjunto de elementos, considerando seres vivos y elementos no vivos, que pueden encontrarse en los mares y océanos, de los que se obtiene beneficios económicos y ecológicos; su sobreexplotación conlleva grandes impactos ambientales, así como pérdidas económicas.

• Comercio marítimo: Es el empleo de medios de transporte vía marítima con fines comerciales, actualmente es el sistema de transporte internacional más eficiente, rentable y seguro para movilizar la mayoría de las mercancías.

• Marina mercante: Conjunto formado por las personas físicas o morales, embarcaciones y artefactos navales que conforme a la legislación aplicable ejerzan o intervengan en el comercio marítimo.

• Ambiente marino: Conjunto de elementos y factores de los ecosistemas acuáticos, abarcando seres vivos y no vivos, que interactúan de forma natural encontrándose vinculados a los intereses marítimos nacionales por su gran importancia.

• Turismo náutico: Actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, cuya principal motivación es el ánimo recreativo o deportivo; se llevan a cabo en grandes masas de agua como el mar, los ríos y los lagos; con embarcaciones menores de recreo y deportivas de uso particular o comerciales.

También, expusieron que dicha medalla tendrá por nombre “Pedro Sainz de Baranda y Borreiro” a fin de que se instituya como un reconocimiento al mérito para premiar a las y los mexicanos que se hayan distinguido en fomentar el desarrollo marítimo nacional, salvamentos, servicios y acciones distinguidos, méritos eminentes, relevantes servicios prestados a la Patria o a la Humanidad, o actos heroicos; o cualquier otra circunstancia que la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados estime que constituyan acciones o hechos sobresalientes para impulsar los intereses marítimos nacionales.

Por otro lado, realizaron el siguiente recuento histórico a fin de reconocer la trayectoria de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, destacado marino y militar mexicano que desempeñó un papel clave en la lucha por la independencia de México en el Siglo XIX.

Este ilustre marino, nació en Campeche el 13 de marzo de 1787. A la edad de 11 años se embarcó a España con la finalidad de realizar sus estudios en una academia naval. Es relevante mencionar que dentro de sus actividades como militar de la Armada española, fue partícipe en la batalla de Trafalgar, combatiendo a los ingleses.

Cabe precisar que su trayectoria como oficial de la Armada Real Española le permitió conocer a fondo el poderío naval de la época, lo que lo convirtió en un líder natural en la lucha por la Independencia de nuestro país. Aun cuando sus estudios los realizó en España, su espíritu de marino estaba anclado en México.

Uno de los principales méritos de Sainz de Baranda fue la acción histórica que significó la consolidación de la Independencia de nuestro país, al expulsar a los españoles que se encontraban la fortaleza de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz.

Desde la citada fortaleza, los españoles hacían sentir su presencia como una forma de no reconocer nuestra independencia, por lo que ante este hecho, el Capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, al mando de una fuerza naval mexicana, tripulada por marinos de Campeche y Alvarado, logró mediante un bloqueo marítimo la rendición de los españoles, quienes firmaron la capitulación de la plaza y fueron expulsados el 23 de noviembre de 1825, consolidando con ello de manera definitiva la Independencia de México.

Con acciones heroicas como las realizadas por el capitán de fragata, hemos podido consolidar la nación que ahora somos, un país que hemos creado a lo largo de nuestra historia con mexicanas y mexicanos con inquebrantable voluntad de ser una nación independiente, una vocación que siempre nos ha distinguido a las y los mexicanos.

El hecho histórico realizado por el Capitán Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, resulta uno de los actos de armas de mayor relevancia y más aún cuando se reflexiona respecto de las dificultades para organizar, armar y pertrechar sus naves, con el fin de que estuvieran en aptitud de cumplir la misión de rendir desde el mar la fortaleza de San Juan de Ulúa.

Toda vez que, parafraseando al ilustre marino mexicano Almirante Miguel C. Carranza y Castillo, la independencia se consolidó en el mar, es necesario que apreciemos el enorme valor que tienen los recursos marítimos de México, reconociendo a las y los mexicanos que se distingan por sus méritos al promover el desarrollo de los intereses marítimos nacionales.

Por todo lo expuesto, esta iniciativa propone que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorgue anualmente la medalla al mérito marítimo con el nombre del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda, como símbolo de reconocimiento a todas las personas mexicanas que emulan su esfuerzo y su dedicación en el ámbito marítimo de nuestro país.

Sin duda, y en coincidencia con las y los diputados iniciantes esta medalla será un símbolo del coraje, la determinación y el compromiso que inspiraron la gesta heroica de Pedro Sainz de Baranda, y que siguen siendo una fuente de inspiración para todas y todos los mexicanos.

A continuación, el respectivo cuadro comparativo:

Ante lo expuesto, fundado y motivado, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer la medalla al mérito marítimo Pedro Sainz de Baranda y Borreiro” y expedir su reglamento

Primero. Se reforma el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con la adición del numeral 5 Bis, para quedar como sigue:

Artículo 261.

1. a 5. (...)

5 Bis. La Cámara otorgará anualmente la medalla Pedro Sainz de Baranda y Borreiro al ciudadano, ciudadana o ciudadanos mexicanos u organización de la sociedad civil que por su actuación y trayectoria destaque por el fomento, la protección e impulso al desarrollo marítimo de México.

6. (...)

Segundo. Se expide el Reglamento de la Medalla al Mérito Marítimo Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, para quedar como sigue:

Reglamento de la Medalla al Mérito Marítimo Pedro Sainz de Baranda y Borreiro

Artículo 1. Este reglamento tiene por objeto establecer los órganos, requisitos y procedimientos, para la entrega de la medalla al mérito marítimo Pedro Sainz de Baranda y Borreiro de la Cámara de Diputados.

Artículo 2. La medalla Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, con la cual la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reconocerá en sesión solemne, preferentemente el 23 de noviembre de cada año de ejercicio de la legislatura que corresponda, a aquel mexicano, mexicana u organización de la sociedad civil que se haya distinguido por incidir o promover el desarrollo de los intereses marítimos de México.

La medalla Pedro Sainz de Baranda y Borreiro constará del diploma alusivo y tejo de oro diluido de forma circular, pendiente de una cinta de seda blanca para fijarse al cuello, bajo las especificaciones siguientes:

1. Forma: circular.

2. Plano frontal: círculo de 46 mm (cuarenta y seis milímetros) de diámetro que traerá labrado el busto de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, por la parte superior llevará inscrito “Pedro Sainz de Baranda y Borreiro” y en la parte inferior llevará la fecha “23 de Noviembre de 1825” (número de la legislatura que entrega), el tejo dorado llevará un cabo que circundará la figura mencionada.

3. Plano reverso: El Escudo Nacional.

4. Diámetro: 46 mm (cuarenta y seis milímetros).

5. Peso: 63 gramos.

6. Canto: liso de 5 mm (cinco milímetros).

7. Contenido: 0.900 oro (cero punto novecientos oro) y 0.100 cobre (cero punto cien cobre). Total: 21 quilates.

8. Listón: colores de la bandera (verde, blanco y rojo) en forma diagonal con un ancho de 27 mm (veintisiete milímetros).

Se entregará a la persona galardonada, junto con esta medalla; un pergamino que contendrá el dictamen que determinó a la mexicana, mexicano u organización de la sociedad civil, acreedor a este reconocimiento.

Artículo 3. Para los efectos de este reglamento se entenderá por

I. Comisión: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

II. Comision dictaminadora: Comisión de Marina, sin quedar exentas otras comisiones ordinarias que puedan coadyuvar en la realización del análisis y dictamen de los candidatos a obtener la medalla.

III. Medalla: Medalla Pedro Sainz De Baranda y Borreiro.

IV. Mesa Directiva: Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

V. Presidente o Presidencia: Presidente o Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

VI. Reglamento: Reglamento de la medalla Pedro Sainz de Baranda y Borreiro; y

VII. Secretario: Secretariado de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Artículo 4. La medalla se otorgará a la mexicana, mexicano u organización de la sociedad civil que se haya distinguido por promover o incidir en el desarrollo de los intereses marítimos de México.

Artículo 5. La medalla tiene un solo grado, se otorgará en sesión solemne de la Cámara preferentemente el 23 de noviembre de cada año de ejercicio de la legislatura que corresponda.

La Cámara podrá acordar que la sesión solemne para entregar la medalla se celebre un día distinto, procurando que su realización siempre sea durante el mes de noviembre.

Artículo 6. La Comisión en conjunto con las Comisiones dictaminadoras, elaborarán el dictamen por el que la Cámara reconocerá al ciudadano, ciudadana mexicana u organización que por sus méritos se haga acreedor a la medalla.

Artículo 7. La Comisión y las comisiones dictaminadoras, en sus decisiones, se guiarán por los más altos criterios para evaluar los actos o hechos éticos, sociales, democráticos, culturales y de valor cívico, en el ámbito marítimo, que tengan o hayan tenido repercusión nacional, de aquellas mexicanas o mexicanos o integrantes de la sociedad civil que puedan ser candidatos a la medalla.

Artículo 8. La Cámara deberá expedir la convocatoria respectiva, a través de su Mesa Directiva y usando los medios de comunicación social disponibles:

I. La entrega de la Medalla se realizará, a más tardar, en el mes de noviembre; y

II. Los plazos para la recepción de candidaturas serán en el mes de octubre.

Artículo 9. La convocatoria estará dirigida a las mexicanas, mexicanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a las universidades nacionales públicas y privadas, y demás instituciones representativas de la sociedad, para que propongan candidatos con méritos suficientes para recibir la Medalla.

Artículo 10. La convocatoria deberá contener los requisitos, las fechas y los datos que les permitan a los ciudadanos conocer con claridad el desarrollo del proceso.

Artículo 11. La Mesa Directiva dispondrá lo necesario para que la convocatoria sea publicada en la Página de Internet de la Cámara, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara y, en al menos tres diarios de circulación nacional. Asimismo, procurará que se difunda de manera oportuna en el Canal del Congreso, y en los medios electrónicos de cobertura nacional.

Artículo 12. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a través de una carta dirigida a los secretarios de la Mesa Directiva. La carta deberá estar firmada por las mexicanas, mexicanos o integrantes de organizaciones de la sociedad civil que propongan a un candidato y deberá contener lo siguiente:

I. Datos generales del promovente:

a) Nombre;

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos;

c) Teléfono; y

d) Dirección de correo electrónico y página de Internet, en caso de contar con ellos.

II. Datos generales del candidato:

a) Nombre;

b) Edad, en caso de ser persona física;

c) Profesión o actividad que desempeña;

d) Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos;

e) Teléfono; y

f) Dirección de correo electrónico y página de internet, en caso de contar con ellos.

III. Exposición de motivos breve, por los que se promueve la candidatura.

Artículo 13. Los documentos que deberán anexarse a la carta de propuesta son los siguientes:

I. Acta de nacimiento original o acta constitutiva de la organización;

II. Currículum vite, de ser el caso o informe de las actividades desempeñadas por la organización.

III. Copia de comprobante del último grado de estudios, de ser el caso; y

IV. Documentos o pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura.

Artículo 14. Podrán registrar candidatos las mexicanas, mexicanos u organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 15. Serán aceptadas las propuestas que se envíen por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre y cuando lleguen a las oficinas de la Mesa Directiva, antes de que concluya el plazo establecido en la convocatoria.

Artículo 16. Las candidaturas que se envíen a la comisión por mensajería serán remitidas a la Mesa Directiva, con el fin de que cursen el proceso legal, y el acuse de recibo será enviado en forma simultánea al proponente y al candidato, por los medios que disponga la Mesa Directiva.

Artículo 17. La presidencia designará al secretario que hará la revisión de los documentos y el registro correspondiente. El secretario dará cuenta a la Presidencia de las propuestas aceptadas e inmediatamente las remitirá a la comisión y a las comisiones dictaminadoras para su examen, opinión y dictamen correspondiente.

Artículo 18. El Secretario tendrá cinco días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la propuesta, para revisar si cumple los requisitos que establece el Reglamento.

Artículo 19. Si el expediente no cumple los requisitos, el secretario hará una advertencia al promotor para que subsane, corrija o complete el expediente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción, apercibido de que, en caso de no atender la notificación, el registro quedará sin efecto.

Artículo 20. La advertencia a que se refiere el artículo anterior se hará a través de medios escritos, por correo electrónico y por estrados, señalando el motivo de la advertencia. Si el secretario no formula ninguna advertencia dentro de ese término, la inscripción y el registro quedarán firmes y el expediente pasará a la comisión.

Artículo 21. Si el expediente es subsanado, corregido o completado dentro de este término, la inscripción y el registro quedarán firmes y pasará a la comisión y a las comisiones dictaminadoras; si no, la inscripción y el registro quedarán sin efecto.

Artículo 22. Los expedientes cuya inscripción y registro hayan quedado sin efecto, en términos del artículo anterior, no podrán volver a presentarse para registro e inscripción durante esa legislatura.

Artículo 23. El procedimiento señalado en los artículos 19 a 22 de este Reglamento se aplicará solamente a los expedientes que reciba el secretario, cuando menos cinco días antes de que se venza el plazo de inscripción de candidaturas.

Artículo 24. Los expedientes que reciba el Secretario, con menos de cinco días antes de que venza el plazo de inscripción de candidaturas, pasarán directamente a la etapa de examen de cumplimiento de requisitos sin derecho a que se subsane, corrija o complete.

Artículo 25. El Secretario puede admitir como documentos y pruebas fehacientes que avalen los motivos de la candidatura, los expedidos por las autoridades de este país: fotografías, audio, video, notas periodísticas, archivos privados y, en general, todo aquel que documente tiempo, modo y lugar de las acciones del candidato propuesto.

Artículo 26. Los documentos originales serán devueltos por la comisión, al secretario, y éste a su vez, al proponente o al candidato, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega de la medalla, aún sin que medie solicitud, pero la comisión guardará una copia que anexará a los informes correspondientes.

Artículo 27. Los expedientes cuya inscripción y registro queden firmes pasarán a la etapa de resolución en la comisión, donde los diputados que la integran elegirán mediante votación, en reunión plenaria, al candidato merecedor de la medalla.

Artículo 28. A los candidatos que pasen a la etapa de resolución y no resulten electos para recibir la medalla se les reconocerá su participación en el proceso, a través de un documento por escrito. La Mesa Directiva podrá organizar un evento en el que se les entregue el reconocimiento y serán invitados a la sesión solemne en la que se otorgará la medalla.

Artículo 29. El pleno de la Cámara, previo dictamen de la comisión, en conjunto con las comisiones dictaminadoras, aprobará el decreto por que se conferirá la medalla a las mexicanas, mexicanos u organizaciones de la sociedad civil que se hayan distinguido por promover o incidir en el desarrollo de los intereses marítimos de México.

Artículo 30. Durante el mes de octubre de cada año de ejercicio, la Mesa Directiva encargará a la Casa de Moneda de la Nación la elaboración de dos ejemplares de la medalla que vaya a entregarse. Uno de los ejemplares será el que se entregue a la persona galardonada y el otro será entregado al Museo Legislativo para su exhibición al público en general, en un plazo no mayor a 30 días naturales, posteriores a la celebración de la sesión solemne.

Artículo 31. La medalla, el pergamino alusivo al dictamen de la comisión y un ejemplar original del decreto de la Cámara, serán entregados en sesión solemne que celebre la Cámara de Diputados para tal efecto, en la fecha prevista en el artículo 5 de este Reglamento.

I. En la sesión podrán hacer uso de la palabra un diputado miembro de la comisión, de las comisiones dictaminadoras, la persona u organización galardonada y el presidente de la Mesa Directiva.

II. La Junta de Coordinación Política propondrá al pleno un acuerdo que señale los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores.

III. La Mesa Directiva determinará el protocolo de la sesión.

IV. El Comité Editorial de la Cámara, en coordinación con la Biblioteca, publicará un folleto o un libro sobre la sesión solemne, ya sea a través de edición de la Cámara o en coedición con otra casa editorial.

Artículo 32. El decreto de la Cámara por el que se otorga la medalla será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en diarios de circulación nacional y los medios de difusión electrónicos que al efecto se consideren pertinentes.

Artículo 33. El decreto que apruebe el pleno de la Cámara será inapelable.

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Reglamento en ningún caso podrá ser reformado, derogado o abrogado mediante acuerdo parlamentario.

Tercero. Cuando surja un hecho o acto no previsto por este Reglamento, la Mesa podrá acordar lo conducente para dar certeza al proceso.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mares Mexicanos, México,

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mares-mexicanos

2 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Marina, Mapa del Sistema Portuario Nacional, México,

https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/documentos/mapa-del-si stema-portuario-nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Humberto Coss y León Zúñiga, Clara Cárdenas Galván, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Juan Luis Carrillo Soberanis, Julieta Villapando Riquelme, Luis Arturo Oliver Cen, Sergio Gil Rullán (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Clara Cárdenas Galván diputada de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, fracción I, numeral 1, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XII, XX y XXXIX al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley de Transición Energética, al tenor de la siguiente:

A nivel mundial se han tomado medidas para hacer frente a las amenazas del cambio climático y el aumento de la temperatura mundial, principalmente a través de disminuir los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

México tiene compromisos nacionales e internacionales en materia de mitigación de GEI. En el Acuerdo de París se planteó como meta una reducción de 25 por ciento con medios propios para 2030, o bien una reducción de 40 por ciento para 2030 cuando la comunidad internacional proporcione tecnología o financiamiento.

En el marco del Acuerdo de París nuestro país se comprometió a que 35 or ciento de la energía generada para 2024, y 43 por ciento para 2030, sería limpia. En este contexto y para cumplimiento del Acuerdo de París el gobierno mexicano expidió la Ley de Transición Energética, la cual busca impulsar las energías renovables en la generación de energía eléctrica y su aprovechamiento sustentable.

El Decreto por el que se expide la Ley de Transición Energética publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2015 establece en su artículo tercero transitorio lo siguiente:

“ La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica de 25 por ciento para el año 2018, de 30 por ciento para 2021 y de 35 por ciento para 2024.”

Dicho artículo transitorio es congruente con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General de Cambio Climático, el cual fue publicado en el DOF el 6 de junio de 2012, el cual establece en su parte conducente, lo siguiente:

“Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios deberán de implementar las acciones necesarias en Mitigación y Adaptación, de acuerdo a sus atribuciones y competencias para alcanzar las siguientes metas aspiracionales y plazos indicativos:

I. ...

II. ...

a) a d) ...

e ) La Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance por lo menos 35 por ciento para el año 2024.”

La Ley de Transición Energética establece que los Certificados de Energías Limpias (CEL) son títulos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica.

En este sentido, es la Ley de la Industria Eléctrica la cual dispone que la CRE expedirá las CEL, los cuales son títulos que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirven para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga.

Los CEL son un instrumento para promover nuevas inversiones en energías limpias y permiten transformar en obligaciones individuales las metas nacionales de generación limpia de electricidad, de forma eficaz y al menor costo para el país.

Una de las principales ventajas de los CEL es la generación de ingresos económicos, la diversificación energética y la reducción de la externalidad negativa.

Del texto de las Leyes de Industria Eléctrica y de Transición Energética no se desprende que contengan una definición de “generación” desde la perspectiva energética, lo que se considera un paso fundamental en la expedición de CEL.

A partir de esto es como la Comisión Reguladora de Energía lleva un seguimiento de los contratos de las pequeñas y medianas empresas de generación distribuida, pero la generación de energía eléctrica es más amplia.

Como se puede identificar en la gráfica anterior, en los contratos se habla de la generación distribuida, pero la generación de energía se caracteriza por los siguientes puntos:

• Libre para participar y generarla cualquier ciudadano.

• Libre de competencia

• No es parte del servicio público.

• No se encuentra en límites de máximos y mínimos de producción.

En el artículo 3o., fracción XX, de la Ley Transición Energética se señala la definición de Generación Limpia Distribuida, en los siguientes términos:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones:

I. a X. ...

XI Decreto: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Si bien, el citado ordenamiento legal define la generación limpia distribuida, no señala que debe entenderse por “generación”, lo cual resulta fundamental. La ley de Transición energética establece las estrategias de transición de energía, promoviendo el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, por ello, es importante contar con una definición de conceptos claves para la ley.

Por lo anterior, es importante contar con una definición general de “generación” pues constituye un elemento fundamental de la Ley de Transición Energética.

El siguiente cuadro comparativo muestra las modificaciones propuestas:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XII, XX y XXXIX al artículo 3 de la Ley de Transición Energética, al tenor del siguiente proyecto de

Único. Se reforman las fracciones XII, XX y XXXIX al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta ley se considerarán las siguientes definiciones:

I. a XI. ...

XII. Distribución: Acción de acercar y dar destino a la energía eléctrica a través de la red o líneas de Transmisión la electricidad de bajo voltaje.

XIII. a XIX. ...

XX. Generación: Actividad de transformar energía y producir electricidad.

XXI. a XLI. ...

XLII. Transmisión: es la acción de transmitir por medio de la red o líneas de transmisión la electricidad de alto voltaje.

Único. El presente decreto entrará en vigor en un plazo de 90 días siguientes a su de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para realizar las adecuaciones necesarias para la aplicación.

Notas

1 El Acuerdo de París, es un acuerdo histórico para combatir el efecto del cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Este acuerdo se llevó a cabo el 12 de diciembre 2015, y trata de sumar esfuerzos de los países en desarrollo a hacerlo, para mantener la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y aumentar la capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

2 https://wrimexico.org/news/los-compromisos-clim%C3%A1ticos-de-m%C3%A9xico

3 Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el DOF el 31 de octubre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputada Clara Cárdenas Galván (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Alejandra Chedraui Peralta, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal y el 32 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al tenor de la siguiente

En los últimos años, el crecimiento del uso de redes sociales y otras plataformas digitales ha facilitado la comunicación entre personas. Sin embargo, también ha traído consigo un aumento en los casos de acoso cibernético, amenazas, violencia, insultos y la difusión no consentida de información personal o imágenes íntimas, afectando gravemente la dignidad y seguridad de los usuarios.

El crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la globalización ha generado nuevos desafíos para la protección de los derechos fundamentales, particularmente en lo que respecta a la privacidad y seguridad de los datos personales.

En México, el Código Penal y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares representan los principal marco jurídico para la protección de los ciudadanos ante el manejo indebido de sus datos por parte de entidades privadas. Sin embargo, el entorno digital de 2023 evidencia que ambos instrumentos legales requieren actualización para enfrentar las nuevas amenazas.

El aumento de ciberataques, violaciones de datos masivas y el uso indebido de la información personal por parte de empresas y plataformas digitales exigen una revisión exhaustiva de los mecanismos de protección existentes. México ha experimentado varios incidentes recientes de vulneración de datos personales, afectando tanto a empresas como a ciudadanos. Por tanto, se propone garantizar mayor protección de los derechos en un entorno digital seguro y confiable.

Los ciberataques y la vulnerabilidad digital han aumentado significativamente en los últimos años. De hecho, México lidera en ciberataques en Latinoamérica. Según un estudio reciente, el 70 por ciento de las empresas mexicanas reportaron haber sufrido al menos un ataque de phishing o ransomware en el último año, lo que implicó pérdidas financieras, exposición de datos confidenciales y, en algunos casos, daños psicológicos. Entre los ataques más comunes están el ransomware y la fuga de datos, siendo 51 por ciento de las organizaciones las más preocupadas por estas amenazas.

Un estudio reciente de la empresa Deloitte reveló que México ocupa el segundo lugar latinoamericano en cantidad de ataques cibernéticos, sólo detrás de Brasil. Las organizaciones delincuenciales utilizan técnicas sofisticadas como phishing, ransomware y el uso no autorizado de datos biométricos. Estos ataques no solo generan pérdidas económicas, sino que afectan gravemente la privacidad de las personas, exponiéndolas a fraudes, extorsiones y otros delitos.

La exposición a la inseguridad digital es especialmente grave en México debido a la falta de inversión en seguridad digital, a pesar del aumento de las amenazas. Muchas empresas aún no asignan suficientes recursos para prevenir estos ataques, dejando a muchas infraestructuras vulnerables.

Por otro lado, el ciberacoso es un problema creciente en el país, afectando tanto a menores como a adultos, principalmente a través de redes sociales. Aunque han aumentado las iniciativas de concientización, las medidas para prevenir y combatir el ciberacoso siguen siendo insuficientes.

Datos del Inegi revelan lo siguiente:

En 2023, la población total en México de 12 años y más ascendió a 106.7 millones de personas; de esa cantidad, 87.9 millones (82.4 por ciento) utilizaron internet en cualquier dispositivo y 20.9 por ciento de esas personas (18.4 millones) vivió alguna situación de ciberacoso. A nivel nacional, 35.9 por ciento de la población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses manifestó haber sido contactada mediante identidades falsas, pero también, 33.3 por ciento recibió mensajes ofensivos y 26 por ciento recibió contenido sexual.

De la población de 12 años y más que experimentó alguna situación de ciberacoso, 41.8 por ciento sufrió acoso mediante Facebook. Siguieron WhatsApp y llamadas de teléfono celular, con 37.8 por ciento y 28.9 por ciento, respectivamente.

61.7 por ciento de la población víctima de ciberacoso desconocía a la persona acosadora; 23.4 por ciento identificó sólo a personas conocidas y 14.8 por ciento señaló haber sufrido ciberacoso tanto de personas conocidas, como desconocidas.

De la población de hombres que fueron víctimas de ciberacoso que pudieron identificar el sexo de las personas agresoras, 60.4 por ciento indicó haber sido agredido sólo por hombres; de la población de mujeres, 53 por ciento manifestó haber sido agredida sólo por hombres.

La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en Durango, con 28.8 por ciento. Siguieron Oaxaca y Puebla, con 25.5 por ciento y 25 por ciento, respectivamente. Las entidades con menor prevalencia fueron Guerrero, con 17.4 por ciento y Sinaloa y Ciudad de México, ambas con 17.6 por ciento.

En este contexto, se puede señalar que 2 de cada 10 usuarios de internet han sufrido algún tipo de ciberacoso.

El término ciberacoso se refiere a la “forma de acoso o intimidación que se lleva a cabo a través de las tecnologías digitales. Ocurre en plataformas como redes sociales, plataformas de mensajería, juegos en línea y smartphones. Se caracteriza por un comportamiento repetitivo con la intención de atemorizar, enojar o humillar a otras personas.

El ciberacoso incluye, por ejemplo:

• Difundir mentiras.

• Publicar fotos o videos vergonzosos o amenazar con publicarlos.

• Enviar mensajes abusivos.

• Hacerse pasar por otra persona para provocar y enemistarlos.

Combatir el ciberacoso es necesario para proteger a los usuarios de internet y preservar los derechos humanos, la dignidad y la salud mental. Este fenómeno afecta especialmente a niños, adolescentes y mujeres, aunque cualquier persona puede ser víctima. El ciberacoso tiene consecuencias emocionales, psicológicas e incluso físicas, pudiendo llevar al suicidio en los casos más extremos. Es imperativo abordarlo de manera integral, con políticas públicas, educación digital y colaboración entre la sociedad civil y el gobierno.

El efecto del ciberacoso es devastador en términos emocionales y psicológicos. Las víctimas pueden sufrir de ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento social. Según un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las víctimas de ciberacoso tienen una mayor probabilidad de experimentar trastornos del sueño, problemas académicos y, en los casos más graves, desarrollar pensamientos suicidas.

Entre los efectos más comunes del ciberacoso destacan:

• Problemas de salud mental: Las víctimas de ciberacoso suelen desarrollar trastornos como depresión, ansiedad y, en casos graves, tendencias suicidas. Investigaciones de la Journal of Adolescent Health muestran que las personas jóvenes que experimentan acoso en línea tienen el doble de probabilidades de experimentar síntomas depresivos que aquellos que no lo han sufrido.

• Daño a la reputación y vida social: Los comentarios hirientes o la difusión de contenido privado pueden arruinar la reputación de una persona, afectando su vida social y laboral.

• Impacto en el rendimiento académico o profesional: Las víctimas de ciberacoso a menudo muestran un menor rendimiento escolar o laboral debido al estrés y la ansiedad relacionados con el acoso.

• Efectos de largo plazo: A menudo, las personas que han sido víctimas de ciberacoso durante su juventud pueden enfrentar consecuencias emocionales y sociales duraderas que afectan su autoestima y habilidades interpersonales.

Ante estas consecuencias, la falta de regulación clara en muchos países, incluido México, agrava el problema. Las plataformas digitales carecen de mecanismos eficaces para prevenir y sancionar este comportamiento de manera inmediata. Las barreras legales para enjuiciar a los acosadores, especialmente cuando son anónimos, complican la defensa de las víctimas.

En muchos países existen leyes que abordan el ciberacoso, pero su aplicación es inconsistente. España, por ejemplo, incluyó el acoso cibernético en su Código Penal bajo el delito de stalking. Sin embargo, se necesita un enfoque global más coordinado.

La educación es clave en la prevención del ciberacoso. Muchos no comprenden el impacto de sus acciones en línea. Los programas educativos deben enseñar sobre respeto digital y ciudadanía. Es fundamental que las escuelas implementen programas antiacoso que aborden tanto el acoso físico como el cibernético.

Además, es crucial capacitar a los padres para reconocer señales de ciberacoso y cómo ayudar a sus hijos. Las redes sociales también tienen responsabilidad en la lucha contra el ciberacoso. Deben implantar políticas de tolerancia cero, ofrecer herramientas para monitorear el acoso y colaborar con gobiernos y ONG.

Plataformas como Facebook y X ya han introducido filtros para bloquear palabras clave ofensivas y alertas automáticas, pero es necesario un mayor esfuerzo colectivo para frenar el acoso. Según el informe de la Anti-Defamation League, 28 por ciento de los usuarios de plataformas populares reportaron haber sufrido acoso severo, como amenazas físicas.

En consecuencia, para poder combatir eficazmente el ciberacoso, se propone un enfoque integral que combine acciones legales, educativas y tecnológicas. Entre las medidas más urgentes se encuentran:

1. Fortalecimiento de las leyes y su aplicación: Actualizar y hacer cumplir leyes que penalicen el acoso en línea de manera coherente en todos los países.

2. Colaboración global: Crear un marco internacional de cooperación que permita rastrear y sancionar a los acosadores transfronterizos.

3. Programas educativos: Incluir en los planes de estudio formación sobre ciudadanía digital, empatía y consecuencias legales del acoso.

4. Apoyo a las víctimas: Asegurar el acceso a servicios psicológicos y legales para las víctimas de ciberacoso.

5. Mejora de la tecnología: Incentivar a las empresas tecnológicas a desarrollar herramientas más avanzadas para detectar y prevenir el ciberacoso de manera temprana y eficaz.

El ciberacoso es una de las formas más insidiosas de violencia en el mundo digital. Combatir el ciberacoso no solo protegerá a las generaciones actuales y futuras, sino que también garantizará que internet sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos.

De ahí surge la necesidad de reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con el objetivo de sancionar de manera efectiva el acoso cibernético y proteger a las víctimas.

La situación subraya la necesidad urgente de políticas de ciberseguridad más robustas, tanto a nivel empresarial como gubernamental, para proteger la información y mitigar las amenazas digitales.

Por ello, resulta urgente crear una tipificación clara del ciberacoso en nuestra legislación penal, estableciendo sanciones efectivas para quienes cometan estos delitos y brindando mecanismos para la protección de las víctimas.

Este proyecto de decreto busca proteger a las personas de la creciente problemática del ciberacoso, proporcionando un marco legal adecuado para sancionar esta conducta y generar conciencia sobre la gravedad de sus efectos en las víctimas.

Por lo anterior, la que suscribe, poniendo por delante el interés superior de la prevención y eliminación de la violencia a lo largo del país, así como el beneficio hacia la población y su protección, propone adicionar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tal como se ilustra en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal y el 32 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Primero. Se adicionan los artículos 211 Ter a 211 Ter 3 al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 211 Ter. Se define como ciberacoso cualquier conducta realizada mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, dispositivos electrónicos, plataformas digitales o cualquier medio digital, con la finalidad de hostigar, acosar, intimidar o atemorizar a una persona, afectando su dignidad, tranquilidad, integridad o seguridad.

Artículo 211 Ter 1. Comete el delito de ciberacoso la persona que

1. Utilice medios digitales para enviar mensajes, imágenes, videos, sonidos o cualquier contenido que intimide, degrade o acose a una persona de manera persistente.

2. Divulgue, sin consentimiento, imágenes, vídeos, audios, o información íntima de una persona a través de medios digitales con el propósito de dañar su reputación, vulnerar su privacidad o intimidarla.

3. Suplante la identidad de una persona a través de medios digitales para realizar actos que perjudiquen su integridad, reputación o bienestar.

Artículo 211 Ter 2. Las sanciones aplicables a quien cometa el delito de ciberacoso serán:

1. Prisión de uno a cinco años y una multa de 500 a 1 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización.

2. Si el delito es cometido en contra de menores de edad, personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, la pena se aumentará hasta en una mitad.

3. Si la conducta descrita en este artículo conduce al suicidio o al intento de suicidio de la víctima, se impondrá una pena de hasta diez años de prisión.

Artículo 211 Ter 3. Se considerarán agravantes del delito de ciberacoso:

1. El uso de plataformas digitales anónimas o con identidades falsas para dificultar la identificación del agresor.

2. La divulgación masiva o repetida de contenido con el propósito de causar un daño mayor a la víctima.

Segundo. Se adiciona el artículo 32 Bis a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. Los titulares de datos personales tienen el derecho a que sus datos sean tratados de manera lícita y conforme a los principios de confidencialidad y seguridad. El responsable de los datos deberá adoptar las medidas necesarias para evitar su uso indebido o su divulgación no autorizada, incluyendo en plataformas digitales.

Las empresas y plataformas digitales que no implementen medidas de protección adecuadas serán sancionadas con una multa de 1 000 a 5 000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse de dicha omisión.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades correspondientes emitirán las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación del presente decreto en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 El País, “La sofisticación de los ciberataques aumenta el secuestro de datos y redes sociales en México”. Obtenido de

https://elpais.com/mexico/2024-09-08/la-sofisticacion-de-los-cib erataques-aumenta-el-secuestro-de-datos-y-redes-sociales-en-mexico.html

2 Inteligencia de Mercado. IDC Online. “México, primer lugar en ciberataques en Latam”. Obtenido de

https://idconline.mx/corporativo/2023/05/11/mexico-primer-lugar- en-ciberataques-en-latam

3 Expansión, “México, uno de los países más expuestos a la inseguridad digital en 2024”. Obtenido de

https://expansion.mx/opinion/2024/03/14/mexico-uno-de-los-paises -mas-expuestos-a-la-inseguridad-digital-en-2024

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. “Comunicado de prensa número 413/24: Módulo sobre Ciberacoso, 2023”. Obtenido de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ MOCIBA/MOCIBA2023.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. “Ciberacoso: qué es, impacto y cómo detenerlo”. Obtenido de

https://www.unicef.es/blog/educacion/ciberacoso-que-es-impacto-y -como-detenerlo

6 UNICEF, “El impacto del ciberacoso en niños y adolescentes en México”. Obtenido de

https://www.unicef.org/mexico/mantener-seguros-ni%C3%B1as-ni%C3% B1os-y-adolescentes-en-internet

7 International Journal of Psychology and Psychological Therapy, “Prevalencia y consecuencias del cyberbullying: una revisión”. Obtenido de

https://www.redalyc.org/pdf/560/56019292003.pdf

8 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. “The effectiveness of prevention programs for problematic internet use in adolescents and youths: a systematic review and meta-analysis, volumen 15, número2 (2021)”. Obtenido de

https://cyberpsychology.eu/article/view/13570

9 El Español. “El 44 por ciento de los usuarios de internet han sido víctimas de algún tipo de acoso virtual, ¿cómo se pueden detectar?”. Obtenido de

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/innov adores/tecnologicas/20211027/usuarios-internet-victimas-algun-virtual-pueden-de tectar/621188663_0.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Alejandra Chedraui Peralta, Alejandro Pérez Cuéllar, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Karina Rojo Pimentel, Anais Miriam Burgos Hernández, Armando Corona Arvizu, Arturo Olivares Cerda, Azucena Arreola Trinidad, Carlos Morelos Rodríguez, Celia Esther Fonseca Galicia, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Diana Karina Barreras Samaniego, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Fernando Mendoza Arce, Gabriela Benavides Cobos, Gerardo Olivares Mejía, Gloria Sánchez López, Humberto Coss y León Zúñiga, José Luis Cruz Lucatero, José Luis Durán Reveles, José Luis Téllez Marín, Katia Alejandra Castillo Lozano, Leonel Godoy Rangel, Liliana Carbajal Méndez, Luis Arturo Oliver Cen, Luis Enrique Miranda Barrera, María Damaris Silva Santiago, María Guadalupe Morales Rubio, María Luisa Mendoza Mondragón, Maribel Martínez Ruiz, Mayra Espino Suárez, Melva Carrasco Godínez, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Patricia Galindo Alarcón, Petra Romero Gómez, Ricardo Madrid Pérez, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Rosa María Castro Salinas, Rosalinda Savala Díaz, Sandra Anaya Villegas, Wblester Santiago Pineda (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Alejandra Chedraui Peralta, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tentativa de feminicidio, al tenor de la siguiente

La violencia de género es un mal que la sociedad femenina en México vive diariamente. Desde lo interno de su familia, así como en su vida académica y profesional. Aquella violencia está contenida en todos los aspectos de su cotidianeidad.

En México, la lucha por visibilizar la violencia de género es un camino que sólo pudo hacerse visible con la extrema violencia que estas sufrían, como ejemplo claro, la máxima de estas violencias; el feminicidio.

Vale la pena describir lo que en términos generales significa la violencia de género, pues del núcleo de su propia epistemología, sus ramificaciones se vierten en la estructura social a tal punto que terminan derivando en el asesinato por el mero hecho de ser mujer. Generalmente, cuando se habla de violencia de género, se habla de la violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer, incluso, la misma ONU la entiende no como violencia de género, sino como violencia contra la mujer. De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ese fenómeno es definido como

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

De igual manera, la violencia contra la mujer, o también nombrada violencia de género, constituye un ataque hacia todo un sector de la población por pertenecer al sexo femenino. La violencia que sufren tiene diferentes características y la padecen en diferentes grados, el factor común entre las mujeres que sufren esta violencia es precisamente ese, ser mujeres. En México, lamentablemente las mujeres son de forma constante receptoras de violencia en cuestión de género.

Tan sólo, desde 2016 a 2021, la violencia de género ha aumentado en el país. En ese año, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 por ciento han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la sexual (49.7), la física (34.7) y la económica, patrimonial o discriminación (27.4).

Dentro de este tipo de violencias, la expresión máxima es el feminicidio, pues supone el asesinato de una mujer por pertenecer a un sexo. Esta violencia es una extrapolación de un desprecio hacia la mujer, arraigado en nuestra propia sociedad. Ya bien lo menciona Azzolini “La figura del feminicidio no hace más que atender a una desigualdad que está presente en la realidad cotidiana”. No podemos entender la violencia contra la mujer en México, sin entender que es una sociedad que ha interiorizado el maltrato hacia el sexo femenino.

Esta violencia es descrita en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como

“La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las adolescentes y las niñas”.

Pese a que los casos en México de feminicidio han ido disminuyendo desde 2021, año en el que tuvo su pico más alto. En 2023 el último año en el que se han registrado completamente los casos de feminicidio es de 831 contraponiendo las cifras de 2021 que son de 981. Se puede constatar la disminución de los casos de feminicidios registrados, sin embargo, no puede ser visto como un logro significativo, y habla de una deficiencia en la estructura tanto social, como legal para la efectiva disminución y erradicación de la violencia de género. Incluso, junto a otras formas de violencia que sufre la mujer, la tendencia indica que va aumentando la violencia que estas sufren.

Mas éstas son sólo cifras que representan los feminicidios registrados oficialmente. De acuerdo con la nota técnica presentada por el Inegi de las Estadísticas de Defunciones Registradas de 2022, el número total de muertes registradas por homicidio es de 23 mil 150. De éstas, 3 mil 675 pertenecen a homicidios que sufrieron mujeres, sus cifras más altas se encuentran entre los 15-44 años.

Tan sólo entre este margen de edad se encuentra la mayoría de las defunciones por homicidio de mujeres, registrando 76.9 por ciento representando 2 mil 828 defunciones por homicidio en mujeres. Entre los grupos de edad de 15-24 años y de 25-34, la segunda causa de defunción es el homicidio. No es concluyente que estas cifras pertenezcan a casos de feminicidio, sin embargo, tampoco se puede asegurar que no lo sean, la falta de una metodología estricta a la hora de registrar los casos puede dejar inconclusos muchas carpetas de investigación.

Mayoral, tomando como ejemplo el caso de Mariana Lima Buendía, quien oficialmente su muerte fue calificada como suicidio, pero que la situación de violencia y la decisión de separarse de la pareja que la maltrataba, además del entorpecimiento de la investigación de su caso, apuntan a que sufrió un feminicidio a manos de su pareja, nos refleja la impunidad y deficiencias a la hora de atender casos de feminicidio en México. La autora menciona que:

Es pues concluyente que en todo caso criminal existen víctimas que son invisibilizadas, que viven en la más oscura incertidumbre y que cada noche van a dormir con las mismas preguntas sin respuesta, ¿dónde está?, ¿cómo pudo pasarle esto en nuestra comunidad?, ¿cómo sucedieron los hechos?, víctimas que necesitan saber qué fue lo que pasó, pero no sólo eso, también cómo, por qué, de qué manera, cuándo y dónde. Siendo la incertidumbre un efecto traumático sin límites ni valoraciones que les alcancen; los padres pierden a sus hijas, los hijos a sus madres, los hermanos a sus hermanas, las parejas a sus esposas, lo mínimo que merecen son respuestas basadas en investigaciones apegadas a los protocolos, atendiendo las buenas prácticas y con perspectiva de derechos humanos y de género.

Precisamente esa necesidad de una metodología capaz de encarar la problemática que el país vive en violencia de género vuelve difícil la investigación de la misma problemática y de tomar medidas que erradiquen o disminuyan la constante afluencia de casos de violencia de género que son reportados. Lo que crea una deficiencia en la capacidad de generar respuestas ante casos que necesitan de una óptica educada ante los casos de violencia hacia la mujer. Mayoral menciona:

“Los operadores jurídicos están ineducados no sólo en perspectiva de género, sino además escasamente capacitados en investigación criminal dentro de las buenas prácticas; prueba de lo dicho es que, en 2020, la Fiscalía General de la República presentó la propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio, argumentando lo difícil que le es acreditarlo al Ministerio Público. Es claro que tales dichos y posicionamientos no pretenden de ninguna manera basarse en el conocimiento social, sino que llanamente van en defensa de la penología clásica y del imaginario cultural dominante, lo que muy desatinadamente permea la práctica diaria de la procuración y administración de justicia y que se refleja finalmente en violencia institucional. [...] En relación a lo anterior es necesario considerar que a pesar de que México posee un tipo penal, que incluye y pronuncia las necesarias razones de género, y que cuenta además con protocolos de actuación y alertas de violencia de género, nada parece ser lo suficientemente efectivo ante la imparable ola feminicida que arrecia día a día, cimbrando los sentires más profundos de una sociedad cansada de la impunidad y el desparpajo con que se llevan a cabo las investigaciones criminales en casos de feminicidio. Ante esto, debe considerarse pertinente el tener una tipificación de este acto criminal como un delito autónomo, puesto que esto nos posibilita el tener una visión de la conducta que es diferente a la del homicidio, ya que no sólo se atenta contra el derecho a vivir, sino contra una suma de derechos previos y posteriores a la privación de dicha vida; donde se habla de la dignidad, la integridad, la libertad y la seguridad a una vida libre de violencia” (Mayoral, 2023, página 158).

Nos afirma Mayoral que dentro de nuestro sistema de justicia impera el desconocimiento ante las perspectivas de género, y la poca o nula capacidad para atender violencias desde esta perspectiva refleja una sociedad en el que ha prevalecido u desinterés o complicidad ante la violencia hacia la mujer. Por otro lado, aun teniendo medidas que buscan cubrir las necesidades que se requieren al ser atendidas problemáticas con razón de género, se muestran como ineficientes, pues no logran disminuir las cifras, como ya se ha presentado por los datos del Inegi. Sin embargo, la existencia de estas medidas marca la diferencia y se vuelven fundamentales para combatir la violencia que sufre la mujer. Después de todo, el respeto a la vida de la mujer es el respeto a la vida de un ser humano como el de todos los demás, y como tal, las mujeres gozan del derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, tal y como es remarcado en el tercer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 2007, la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que sustituye a nivel nacional a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Todas encaminadas en la perspectiva de los derechos humanos que presentó la Convención Belem do Para, han sido pasos importantes en la visibilización a nivel Jurídico de las violencias que viven diariamente las mujeres. Si bien, no han sido suficientes para su prevención, así como su erradicación, suponen una pieza fundamental para combatir ese tipo de violencias.

En México, especialmente se vuelve necesario tener un marco legal en el que se puedan apoyar las posibles víctimas o aquellos que busquen justicia para algún familiar o conocida que sufra este tipo de violencias. Históricamente, el país sufre de una deuda con las mujeres violentadas. Desde los feminicidios que empezaron en Ciudad Juárez en 1993, hasta las noticias más actuales que hoy están siendo registradas. En el que los feminicidios de Ciudad Juárez, de acuerdo con Hernández, “no han cesado, y la tendencia, documentada a inicios de este siglo (González 2010), es a desaparecer a las víctimas borrando cualquier rastro material de su existencia, en una estrategia macabra de eliminación total del cuerpo del delito”. Ello muestra un acto de desprecio hacia el sexo femenino, a tal grado que el crimen en sí mismo no es suficiente, sino que la negación de la mujer es una negación total, hasta de la existencia de su ser material.

Autoras, como la investigadora Azzolini, remarcan que existe una historia de invisibilidad de la violencia contra la mujer que es expresión de una cultura patriarcal en la que los hombres ocupan un lugar jerárquicamente superior al de las mujeres. Esta cultura, que permea en la manera en que las personas perciben el mundo y analizan los hechos, está presente con frecuencia en quienes investigan los delitos.

Si bien, este comentario supone que en todo el mundo existe esta invisiblización a la violencia que la mujer ha sido sometida a lo largo de la historia, no puede dejar de remarcarse que en el escenario mexicano las estadísticas de violencia de género presentan un índice preocupante de casos, ya que, de acuerdo con cifras presentadas por el Inegi, de la población femenina de 15 años o más que ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, es de 70.1 por ciento.

De acuerdo con Blanca Ivonne Olvera Lezama, investigadora del Inacipe, por tres razones principales los feminicidios no disminuyen en nuestro país. La primera de estas es que en México se carece de políticas públicas que ayuden, de manera eficiente, a combatir la aparentemente intrínseca misoginia de la sociedad mexicana. Como siguiente punto es que existe poca a nula perspectiva de género por parte de las autoridades en el momento de atender situaciones de violencia de género. Por último y como consecuencia de lo anterior, no se atiende desde un primer momento los casos de violencia de género como tal, sino que se categoriza de forma general, y en el momento en que el problema escala hasta el feminicidio, no se reclasifica, lo que vuelve complicado el estudio de los casos para que sean evitados a futuro.

En conclusión, la tentativa de feminicidio, como acto que revela la intención de privar de la vida a una mujer por motivos de género, representa un grave peligro para la vida, integridad y seguridad de las mujeres. Pese a ello, actualmente no se contempla como un delito de alta prioridad en el contexto constitucional para efectos de prisión preventiva oficiosa.

La Constitución, en su artículo 19, establece que ciertos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, la privación de libertad sin la necesidad de una resolución judicial en casos específicos por la gravedad del delito. Actualmente, el feminicidio consumado se encuentra incluido dentro de esta categoría; sin embargo, la tentativa de feminicidio no está contemplada de manera explícita.

Dada la gravedad que implica el feminicidio en grado de tentativa, es necesario actualizar la redacción constitucional para incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, garantizando así una mayor protección a las mujeres víctimas de este delito y una respuesta más efectiva del sistema de justicia.

Toda vez que, implica actos de extrema violencia que, en muchos casos, dejan a las víctimas con daños físicos, emocionales y psicológicos graves. Ante la falta de una acción más contundente para detener al agresor antes de que se consume el feminicidio, las víctimas permanecen en riesgo constante de ser asesinadas.

Es esencial que la tentativa de feminicidio tenga un tratamiento especial en el marco jurídico, por lo que debe estar contemplada como un delito de alta gravedad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de riesgo. De esta manera, se protege no solo el derecho a la vida, sino también el derecho a una vida libre de violencia y el principio de igualdad de género.

La incorporación de la tentativa de feminicidio en el artículo 19 de la Constitución es un paso fundamental para combatir la violencia de género en México. Elevar su gravedad a rango constitucional permitirá una actuación más enérgica de las autoridades judiciales, reforzando la protección de las mujeres y contribuyendo a la prevención de feminicidios en el país.

Con todo lo expuesto me permito impulsar esta iniciativa, con el propósito de impulsar medidas que tengan su foco puesto en la protección a las mujeres para garantizar una vida libre de violencia, para que con ello se vuelva materia primordial en la agenda legislativa.

Por lo anterior, la que suscribe con el interés superior de la población a lo largo de la república, y con el interés en la violencia que vive la población femenina, propone la siguiente reforma, ilustrada con el cuadro comparativo que se describe:

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19....

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, tentativa de feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

...

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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU (1993), artículo 1, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Obtenido de

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/decl aration-elimination-violence-against-women

2 Inegi (sin fecha), Violencia contra las mujeres en México, en Inegi. Obtenido de

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#General

3 Azzolini, A. (2022), “El delito de feminicidio en México. Tipificación y dificultades probatorias. Alegatos”, en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma Metropolitana, número 111/112, 263-286, página 270.

4 México (DOF, 26 de enero de 2024), artículo 21 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2024), Información sobre violencia contra las mujeres, página 9. Obtenido de

https://drive.google.com/file/d/1Od-CdX-3cfdc_4JvFJy OBWFlt_Kc1Pf4/view

6 Inegi (2023), Estadísticas de Defunciones Registradas, 2022. Obtenido de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/edr/doc/defuncione s_registradas_2022_nota_tecnica.pdf

7 Mayoral, D. (2023), Revisión del feminicidio: el caso mexicano. Vox Juris. Lima, Perú. 41 (2): 145-160, página 150

8 Mayoral, D. (2023), Revisión del feminicidio: el caso mexicano. Vox Juris. Lima, Perú. 41 (2): 145-160, páginas 158, 160.

9 Hernández, D. (2023), “Feminicidio: elementos para su comprensión desde la crítica de la economía política feminista”, en Debate Feminista, volumen 67, páginas 3-31, página 7.

10 Azzolini, A. (2022), “El delito de feminicidio en México. Tipificación y dificultades probatorias. Alegatos”, en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma Metropolitana, número 111/112, 263-286, página 283.

11 Inegi (sin fecha), “Violencia contra las mujeres en México”, en Inegi. Obtenido de

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/#General

12 Olvera, I. (2020), “Feminicidio en México, la otra pandemia”, en Revista Mexicana de Ciencias Penales. Número 11, páginas 21-31. Obtenido de

https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/02/article/view /317/164

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Alejandra Chedraui Peralta, Alejandro Pérez Cuéllar, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Karina Rojo Pimentel, Anais Miriam Burgos Hernández, Armando Corona Arvizu, Arturo Olivares Cerda, Azucena Arreola Trinidad, Carlos Morelos Rodríguez, Celia Esther Fonseca Galicia, Claudia Leticia Garfias Alcántara, Diana Karina Barreras Samaniego, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Fernando Mendoza Arce, Gabriela Benavides Cobos, Gerardo Olivares Mejía, Gloria Sánchez López, Humberto Coss y León Zúñiga, José Luis Cruz Lucatero, José Luis Durán Reveles, José Luis Téllez Marín, Katia Alejandra Castillo Lozano, Leonel Godoy Rangel, Liliana Carbajal Méndez, Luis Arturo Oliver Cen, Luis Enrique Miranda Barrera, María Damaris Silva Santiago, María Guadalupe Morales Rubio, María Luisa Mendoza Mondragón, Maribel Martínez Ruiz, Mayra Espino Suárez, Melva Carrasco Godínez, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Patricia Galindo Alarcón, Petra Romero Gómez, Ricardo Madrid Pérez, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Rosa María Castro Salinas, Rosalinda Savala Díaz, Sandra Anaya Villegas, Wblester Santiago Pineda (rúbricas).»