«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo la facultad consagrada en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en la fracción I del 6 y el 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto, que reforma la fracción III del artículo 61 y adiciona la fracción V al artículo 64, ambos de la Ley General de Salud, bajo la siguiente:

El derecho a la salud debe entenderse como “un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”, es decir, todas las personas tienen el derecho de acceder a la atención, a los insumos, a los estudios, a los tratamientos e intervenciones que sean necesarias por parte de las instituciones de salud públicas y privadas, en aras de que alcancen un nivel de salud óptimo y una calidad de vida satisfactoria, y por consiguiente, el respeto a su dignidad humana.

Tal derecho fue reconocido en nuestra Constitución Política, siendo previsto en el cuarto párrafo del artículo 4, en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

En ese sentido, para darle funcionalidad al acceso de las y los mexicanos a la protección a la salud, se ha establecido como parte de la salubridad general, a la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud, en términos del contenido de las fracciones I, III y IV del artículo 34 de la Ley General de Salud, lo que contribuirá para que la salud materno-infantil se brinde prioritariamente a las mujeres durante el embarazo, parto, post-parto o puerperio, cuya finalidad es la preservación de la salud y vida de la madre y del neonato, procurando en todo momento el desarrollo de este último.

Desde las primeras etapas del embarazo, es fundamental que el feto tenga las condiciones necesarias para desarrollarse óptimamente, y de esa forma garantizar un nacimiento en los plazos previstos biológicamente, por lo que no solo es necesario vigilar constantemente el progreso y avance del periodo de gestación hasta su conclusión, sino también la recuperación de la mujer después del embarazo, así como la evolución y fortalecimiento del recién nacido.

En ese sentido, el embarazo dura en promedio entre 37 y 41 semanas a partir del último ciclo menstrual de la madre, pero debe precisarse que sí dicha gestación dura menos de 37 semanas, se estima que el nacimiento es prematuro, lo cual podría ser el reflejo de ciertas particularidades en el organismo de la mujer y del neonato que significarían un riesgo en la integridad e incluso la vida de ambos, por lo que deberán ser atendidos para garantizar su sobrevivencia.

Así, la Organización Mundial de la Salud señala que un recién nacido se considera “prematuro cuando nace vivo antes de que se hayan completado 37 semanas de embarazo... (Los) nacidos prematuros pueden subdividirse en categorías, de acuerdo con su edad gestacional, por lo que dichas etapas son las siguientes:

- Prematuro extremo (menos de 28 semanas)

- Muy prematuro (de 28 a 32 semanas)

- Prematuro entre moderado y tardío (de 32 a 37 semanas)”.

Cuando los neonatos se encuentran bajo esta última circunstancia requieren de una atención medica más profunda y meticulosa, por lo que se les debe dotar de los insumos, instrumentos y los tratamientos necesarios para superar su condición consistente en una posible insuficiencia orgánica, para que, de esa forma, logre su paulatina recuperación, y, en consecuencia, que el funcionamiento de su organismo sea óptimo para conservar la vida.

Las complicaciones que propician los partos prematuros tienen su origen en una serie de factores como lo son las condiciones físicas y de salud de la madre, los cuidados prenatales que hayan tenido durante la gestación, su alimentación, hábitos, y en general un estado de salud óptimo derivado del debido seguimiento médico que se haya tenido durante las diversas fases del embarazo.

Es importante resaltar que la edad de las madres es otro de los factores que pueden generar mayores riesgos para que se presenten nacimientos prematuros durante los periodos de gestación, por ello es qué, las mujeres que cuenten con una edad menor a los 19 y superior a los 40 años, son las que tienen más probabilidades de sufrir este tipo de eventualidades, debido a sus condiciones físicas y biológicas propias de su edad que pueden reducir su capacidad orgánica para procrear, y por ende, comprometer la integridad y la vida del neonato.

Al margen de la edad, cualquier mujer es susceptible de que en un eventual embarazo exista el riesgo de que termine antes de la semana 37, debido a las diversas circunstancias que su organismo pueda presentar, tales como la necesidad de practicar un parto múltiple, a la existencia de defectos físicos congénitos del feto, padecimiento de enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, diversos tipo de infecciones, exceso de líquido amniótico o incluso, el rompimiento anticipado de la bolsa de agua, mismas que por sí mismas ponen en riesgo la integridad o la vida de la madre, o bien, condicionar la salud del neonato, y por ende, reducir la viabilidad de vida.

Ahora bien, también pueden presentarse circunstancias que muestren otra perspectiva de las mujeres en condición de embarazo, ya que debido a la falta de conciencia respecto a la prevención, cuidados y seguimiento médico que deben realizarse periódicamente durante el embarazo presentados durante esa etapa, a la desinformación, o a los descuidos en que hayan incurrido, tales como el consumo de alcohol, drogas, tabaco o alguna otra sustancia nociva por parte de la madre, o bien, contar con una mala alimentación, incluso con malos hábitos que son perjudiciales tanto para ellas, como para el feto, pueden ocasionar el nacimiento prematuro del producto de su gestación, o incluso su muerte.

Todos los recién nacidos tienen necesidad de contar con atención médica y cuidados postnatales debido a su bajo peso y a la vulnerabilidad física que presentan, a fin de contar con los elementos para su sano desarrollo y crecimiento, por lo que resulta indispensable les sean aplicadas vacunas en esa etapa y durante la infancia, así como la realización del tamiz neonatal, etcétera, sin omitir que los neonatos prematuros deben recibir atención especializada, diferente a los nacidos dentro del término biológico.

Por ello es qué, cuando se presenta un nacimiento prematuro es indispensable que los neonatos reciban de forma inmediata la atención medica necesaria para lograr la estabilización que les permita alcanzar su recuperación, y de esa forma, existan condiciones que hagan viable la preservación de la vida.

Se estima que, en 2020, 13.4 millones de niños nacieron de forma prematura, lo que equivale a más de 1 de cada 10 nacimientos; durante 2019 nacieron de manera prematura 900, 000 neonatos, mismos que fallecieron como consecuencia de las complicaciones derivadas de su respectivo parto. No debe pasar desapercibido que muchos de los recién nacidos que logran sobrevivir a dichas circunstancias, probablemente les sobrevenga algún tipo de discapacidad en lo subsecuente, que puede ser de carácter auditivo o visual, o bien, causarle problemas de aprendizaje.

Durante las conmemoraciones del Día Mundial de la Prematuridad celebrada el 17 de noviembre de 2022, la Organización Mundial de la Salud emitió nuevas recomendaciones y métodos para atender este tipo de circunstancias, así como para reducir la mortalidad de los recién nacidos de manera prematura, tales como el “método de la madre canguro”, el inicio temprano de la lactancia materna, el uso de presión positiva continua en las vías respiratorias y la administración de medicamentos como la cafeína para tratar problemas respiratorios.

Así, el Estado mexicano, a través de sus 3 niveles de gobierno, tiene la responsabilidad de asegurar que la ciudadanía acceda al derecho a la salud. Esto implica que los recién nacidos en condiciones especiales deben recibir atención en las Unidades de Cuidados Intensivos Especializados de las instituciones de salud públicas, los cuales deben proporcionar las condiciones necesarias para que los bebés adquieran calor, reciban la nutrición adecuada para ganar peso, y tengan acceso a los tratamientos e insumos esenciales que aumenten sus posibilidades de sobrevivencia día a día. Por lo tanto, es crucial garantizar el acceso a lo siguiente:

- Incubadoras o de calentadores para mantener su temperatura corporal.

- Los instrumentos adecuados para procurar su alimentación y nutrición a través de la leche materna y de los suplementos vitamínicos que sean indispensables para su desarrollo.

- Los monitores y los dispositivos necesarios para supervisar constantemente el ritmo cardiaco y de respiración.

- Pruebas de laboratorio para prevenir algún tipo de infección, o anemias.

- Establecer medidas estrictas de higiene en el área de atención y cuidados neonatales, lo cual beneficiaría no sólo a los nacidos prematuramente, sino también a los recién nacidos dentro de su término.

Es importante señalar que los neonatos nacidos prematuramente deben contar con este tipo de atención, la cual es indispensable para lograr su estabilización y recuperación, por lo que su restricción, defecto o insuficiencia podría propiciar alguna secuela motriz, cerebral, de habla, de afectación en alguno de sus órganos, o incluso provocar su deceso, de ahí que sea fundamental que las instituciones de salud la garanticen para que accedan a los tratamientos necesarios para salvaguardar su vida, debido a la fragilidad y vulnerabilidad de sus condiciones físicas.

A pesar de la obligación que recae en los 3 órdenes de gobierno para garantizar el acceso al derecho a la salud, específicamente en el ámbito de la salud materno-infantil, en la práctica esta responsabilidad no se cumple cabalmente, ya que numerosos hospitales y centros médicos de carácter público carecen de los instrumentos, dispositivos e insumos esenciales para ofrecer los tratamientos necesarios a los recién nacidos prematuros.

Ante la imposibilidad de recibir la atención requerida en todos los hospitales, es necesario trasladar a estos pacientes a otras ciudades, incluso en diferentes estados, lo que por sí sólo ya coloca en situación de riesgo a dichos menores de edad, quienes por su particular grado de vulnerabilidad, pueden perder la vida en el trayecto.

Por ello es qué, con el objetivo de asegurar el acceso de la ciudadanía al derecho a la salud y proporcionar a los recién nacidos prematuros los tratamientos necesarios de manera inmediata, es esencial que estos se administren en el mismo nosocomio donde se llevó a cabo el parto para evitar que sean trasladados a otras ciudades o estados.

Por ende, la presente propuesta busca facultar a las instituciones de salud del sector público para implementar los procedimientos y acciones jurídico-administrativos requeridas, ya sea mediante recursos propios o en colaboración con instituciones privadas de salud.

De ese modo es que una de esas acciones que pudiera implementarse para lograr la atención efectiva de los nacidos prematuramente es la subrogación del servicio para que así, accedan a los insumos, estudios y tratamientos necesarios para ser estabilizados y lograr su total recuperación, en instalaciones de nosocomios privados, dejando a cargo del erario los gastos hospitalarios que se generen por ese motivo.

Lo anterior es de suma importancia, ya que la falta de capacidad de las instituciones públicas de salud en muchas ocasiones dejan a las familias en desamparo al no contar con los recursos económicos necesarios para acudir a una institución privada de salud que atienda adecuadamente al neonato para estabilizarlo, ni para acudir a otra ciudad para tal efecto, por lo que tales circunstancias sin duda lesiona su patrimonio, por ello se estima que esta propuesta abonaría a salvaguardar los derechos fundamentales de los derechohabientes y al fortalecer al sector público de salud en tan importante encomienda.

De esta manera, otorgar a las instituciones de salud la capacidad de tomar decisiones y poner en práctica acciones preventivas específicas en relación con la atención a los neonatos prematuros contribuiría a fortalecer significativamente la Ley General de Salud, al establecer la posibilidad de que operar las acciones administrativas que sean necesarias para asegurar la provisión inmediata de cuidados de salud esenciales para estos menores de edad, a través de insumos, instrumentos y dispositivos adecuados, sin exponer sus vidas a riesgos por defectos o insuficiencias en la atención médica.

En conjunto con la propuesta anterior, este enfoque integral busca salvaguardar el acceso oportuno y adecuado a la atención médica necesaria para los recién nacidos prematuros, evitando traslados innecesarios y optimizando la capacidad de respuesta de las instituciones de salud pública.

Simultáneamente a ello, se estaría cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, específicamente con el número 3 y 5, relativos a Salud y Bienestar, así como a Igualdad de Género, respectivamente, ya que los Estados suscriptores se comprometieron a garantizar la existencia de las condiciones, de los procedimientos, tratamientos, servicios, y atención necesaria para que niñas, niños, mujeres y hombres puedan acceder al más alto nivel de vida sana, así como a promover su bienestar en todas sus etapas de vida, lo cual será un factor que contribuirá al desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, como se ha afirmado anteriormente, la propuesta de mérito también abonaría al fortalecimiento de aquellas medidas orientadas a reducir la brecha de desi-gualdad que padecen las mujeres, sobre todo de las más vulnerables, al garantizarles el acceso universal a la salud gineco-obstetricia, así como a la sexual y reproductiva, en términos de la meta 5.6 del objetivo de desarrollo sostenible 5 de Igualdad de Género, que establece lo siguiente:

“Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.”

Desafortunadamente, la brecha de desigualdad de género ha tomado un matiz estructural al haber mujeres que debido a las condiciones de precariedad que padecen de forma intergeneracional, son incapaces de satisfacer sus diferentes necesidades básicas, entre ellas la de contar con una sana alimentación, acceso a la salud general, acceso a la salud sexual y reproductiva de forma periódica durante el embarazo, acceso a la salud de gineco-obstetricia, entre otras, por lo que tales circunstancias, desde un enfoque interseccional, podrían construir escenarios que las conduzcan a tener embarazos que no culminen satisfactoriamente en los tiempos biológicamente adecuados, dando lugar a nacimientos prematuros como ya se ha descrito.

Desde hace algunos años se han logrado avances en la atención de la salud materno-infantil, en la que fue posible crear las condiciones necesarias que permitieron aumentar la esperanza de vida y reducir las causas de mortalidad infantil y materna, por lo que con esta propuesta se contribuye para que se continue avanzando y se redoblen esfuerzos para que las instituciones de salud pública garanticen la atención médica, insumos u tratamientos necesarios que requieren los nacidos en forma prematura.

Al mismo tiempo, se amplía la cobertura de los servicios médicos sobre todo de las personas con mayor vulnerabilidad y favorece para asegurar plenamente su acceso al derecho a la salud en cumplimiento a lo previsto en la legislación de la materia.

Sin duda, lo anterior fortalecerá lo actualmente previsto por la Ley General de Salud, al establecer la posibilidad de las que las instituciones de salud cuenten con mecanismos administrativos adecuados para satisfacer las necesidades de los nacidos prematuramente y de sus familias, al estabilizarlos y alcanzar su recuperación.

Por lo descrito, se presenta ante esta asamblea, para su estudio, análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de:

Único. Se reformar la fracción III del artículo 61 y adicionar la fracción V al artículo 64, ambos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

...

I. a II Bis. ...

III. La atención, cuidados, detección oportuna y la aplicación de todos los tratamientos necesarios para estabilizarlos y controlar las complicaciones que presenten los nacidos prematuramente hasta su total recuperación, así como la revisión de retina y tamiz auditivo;

IV. a VI Bis. ...

Artículo 64. ...

I. a IV. ...

V. Procedimientos y acciones jurídico administrativos que sean necesarios para garantizar la atención médica a los nacidos prematuramente, estabilizándolos hasta su total recuperación, ya sea por sí o en coordinación con instituciones privadas de salud.

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párrafo 8, consultado en

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r08064-9.pdf

2 Artículo 3 de la Ley General de Salud. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta Ley; IV. La atención materno-infantil...

3 Consultado el 28 de julio de 2024 en

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birt h#:~: text=Se%20considera%20prematuro%20un%20beb%C3%A9,completado%2037%20semanas%20de %20embarazo.

4 Ohuma E, Moller A-B, Bradley E, entre otros. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth in 2020, with trends from 2010: a systematic analysis. Lancet. 2023;402 en

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birt h#:~: text=Se%20considera%20prematuro%20un%20beb%C3%A9,completado%2037%20semanas%20de %20embarazo.

Dado en el salón de sesiones el 8 de octubre de 2024.– Diputada Verónica Martínez García (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley para el Desarrollo Sustentable y la Productividad Rentable del Maíz, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo Sustentable y la Productividad Rentable del Maíz, con el propósito de que se garanticen apoyos permanentes que incentiven la siembra, comercialización e industrialización de este grano, al tenor de la siguiente:

Antecedentes

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM) surge en 1980 como un novedoso programa del gobierno de la república, vigente apenas un par de años, a través del cual y con la inversión de recursos públicos, se incentivó la productividad agrícola nacional y el consumo de alimentos básicos. Una medida trascendente que apostó por la anhelada autosuficiencia alimentaria.

La creación de este programa, que representó un abierto rechazo al modelo de libre comercio de granos básicos, supuso un nuevo ordenamiento en el proceso de siembra, comercialización e industrialización de estos productos agrícolas, para así llevar a nuestra nación por el camino de la autosuficiencia en este importante renglón de la economía.

El espíritu nacionalista del SAM significó reorientar las prioridades agrícolas de México, atendiéndolas con la capitalización suficiente de recursos financieros y materiales a la siembra y cultivo, así como al consumo de granos básicos; generando una mayor productividad del campo para abatir en consecuencia la dependencia de las importaciones.

De entrada, el programa buscó recuperar, en principio, la autosuficiencia en el cultivo de maíz y frijol. Ello representaría atender puntualmente aquellas necesidades alimentarias de amplios segmentos de población, gracias a un articulado mecanismo que incluía la producción, transporte, distribución y consumo. Para ello se establecieron las medidas y atribuciones necesarias a las dependencias públicas responsables.

Entre otros incentivos —siendo estos dos de los componentes de mayor importancia para los propósitos determinados— el programa destinó recursos al incremento preferente de los precios de garantía para el maíz y el frijol; así como subsidios a los productos alimentarios básicos, de suerte que la venta al público estuviera controlada y se ofertara a precios bajos.

Otros componentes fundamentales fueron la disposición crediticia a cargo del Banco Nacional de Crédito Rural con esquemas de tasas de interés bajas, servicios de extensión, reducción en los precios de los fertilizantes e insecticidas, así como en el de semillas mejoradas; además en los costos de los seguros a las cosechas y esquemas de riesgos compartidos en beneficio de aquellos productores que aceptaron emplear innovaciones tecnológicas.

En conjunto, los componentes del SAM que tenían por objetivos claros expandir la producción, garantizar la rentabilidad a los productores y atender de esta manera las necesidades alimentarias del pueblo de México; creados para beneficiar por igual a pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, buscaron cerrar las brechas de desigualdad en el campo.

Dada la dependencia presupuestal del SAM sujeta a los excedentes que generaba la renta petrolera y a la reducción de ésta por la repentina baja en los precios internacionales de los hidrocarburos, fue cancelado el programa que apostó a la productividad agrícola e integración de las zonas rurales, con créditos y apoyos económicos, precios de garantía rentables, subsidios al consumo e introducción de tecnologías y apoyos al campo. De esta manera, el rescate y la rentabilidad del agro mexicano quedaron sujetos a los vaivenes del libre mercado.

Panorama

La legislación en materia de desarrollo rural sustentable, determina la obligatoriedad del Estado de promover y apoyar “la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización”, para así elevar la competitividad de las cadenas productivas en el sector.

Entre otros propósitos, la política de comercialización busca “dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, estimular la productividad y estabilizar los ingresos”. De la misma manera, “evitar las prácticas especulativas, la concentración y el acaparamiento de los productos agropecuarios en perjuicio de los productores y consumidores”; así como “estimular el fortalecimiento de las empresas comercializadoras y de servicios de acopio y almacenamiento de los sectores social y privado”.

Establece para ello el Programa Básico de Producción y Comercialización de Productos Ofertados por los Agentes de la Sociedad Rural, definido como “un instrumento de coordinación de los servicios y apoyos institucionales en la materia y de referencia a la actividad productiva del sector rural”, el cual “deberá establecer para cada ciclo agrícola, producto y región, el volumen estimado de apoyos a otorgar y los posibles mercados de consumidores, los cuales se incorporarán en el proyecto de presupuesto anual de apoyos a la comercialización”.

Preceptúa que “el gobierno federal promoverá entre los agentes económicos la celebración de convenios y esquemas de producción por contrato mediante la organización de los productores y la canalización de apoyos”, al dictar que “el Estado, a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, integrará y difundirá la información de mercados regionales nacionales e internacionales, relativos a la demanda y la oferta, inventarios existentes, expectativas de producción nacional e internacional y cotizaciones de precios por producto y calidad a fin de facilitar la comercialización” e igualmente enuncia que “mantendrá programas de apoyo y de capacitación para que las organizaciones de productores y comercializadores tengan acceso y desarrollen mercados de físicos y futuros para los productos agropecuarios y forestales”.

Puntualiza también que “el Ejecutivo federal aplicará las medidas que los Comités Sistema-Producto específicos, le propongan a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable , previa su evaluación por parte de ésta, para la protección de la producción nacional por presupuesto anual, para equilibrar las políticas agropecuarias y comerciales del país con la de los países con los que se tienen tratados comerciales, tales como el establecimiento de pagos compensatorios, gravámenes, aranceles, cupos y salvaguardas, entre otros, y para contribuir a la formación eficiente de precios nacionales y reducir las distorsiones generadas por las políticas aplicadas en otros países”.

Respecto a ello, enuncia que “la Comisión Intersecretarial instrumentará las medidas para evitar que las importaciones de productos con subsidios obstaculicen el proceso de comercialización de la producción y perjudiquen a los productores nacionales”.

Indica claramente que “la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y en concordancia con los compromisos adquiridos por nuestro país, definirá los productos elegibles de apoyo que enfrenten dificultades en su comercialización, que afecten el ingreso de los productores, creando estímulos, incentivos, apoyos y compras preferenciales de gobierno, además de acciones que permitan acercar la ubicación de las empresas consumidoras a las zonas de producción”. Es explicita cuando anota que “serán elegibles para recibir los apoyos para la comercialización, las cosechas nacionales que por su magnitud o localización conlleven costos que impidan al productor nacional acceder a ingresos competitivos”.

Abunda que “los instrumentos de apoyo a la comercialización que promueva el gobierno federal, deberán ser concurrentes y complementarios de los apoyos para la reconversión y diversificación productiva, así como de aquellos relacionados con la regionalización de los mercados”, donde “los gobiernos de las entidades federativas podrán también canalizar recursos de manera concurrente a dichos fines, previo acuerdo con la Comisión Intersecretarial y con la participación del Consejo Mexicano”.

Destaca que “el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, determinará el monto y forma de asignar a los productores los apoyos directos, que previamente hayan sido considerados en el programa y presupuesto anual de egresos para el sector; los que, conjuntamente con los apoyos a la comercialización, buscarán la rentabilidad de las actividades agropecuarias y la permanente mejoría de la competitividad a ingreso de los productores”.

Cuando precisa que “la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, propondrá la asignación de estímulos fiscales a las acciones de producción, reconversión, industrialización e inversión que se realicen en el medio rural en el marco de las disposiciones legales y normatividad aplicable”, dice que “los programas que formulen la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y demás dependencias del Poder Ejecutivo federal, así como los acordados entre éste y los demás órdenes de gobierno que concurren para lograr el desarrollo rural sustentable, definirán esquemas de apoyos, transferencias y estímulos para el fomento de las actividades agropecuarias”.

Con relación a lo preceptuado, la legislación detalla que las previsiones presupuestales podrán comprender entre otros rubros: apoyos directos al campo, “apoyos a la comercialización y al financiamiento para cosechas elegibles con problemas de comercialización, a la cobertura de riesgos; para el otorgamiento de crédito por la banca de desarrollo y demás fondos; para el seguro agrícola; y fondos de apoyo a empresas sociales y fondos regionales gubernamentales y no gubernamentales para el combate a la pobreza”.

Ordena que el otorgamiento de apoyo a los productores, observará entre otros criterios: la contribución de éstos “a compensar los desequilibrios regionales e internacionales, derivados de las relaciones asimétricas en las estructuras productivas o de los mercados cuando la producción nacional sea afectada por la competencia desigual derivada de los acuerdos comerciales con el exterior o por políticas internas”, incluida “la concurrencia de recursos federales, estatales y municipales de los propios beneficiarios, a fin de asegurar la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y multiplicar el efecto del gasto público”.

Amén de lo especificado, lo que en la legislación en materia de desarrollo rural sustentable se determina tiene un claro propósito: impulsar la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias, de suerte que ello se traduzca en el fortalecimiento del ingreso de los productores, la generación de empleos y desde luego; la competitividad del sector. Existe para este propósito un rubro presupuestal específico: el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que dispone de reglas y estrategias claramente definidas, susceptibles de aplicación.

Si bien lo dispuesto en la legislación aplicable en cuanto a la comercialización y apoyos a la productividad y rentabilidad del campo es claro respecto a las acciones a seguir, es verdad también que año tras año, ciclo tras ciclo agrícola; los productores enfrentan la incertidumbre de no saber cuál será el precio que les garantice y cubra el valor de sus cosechas.

En el caso de la siembra del maíz, tema materia de la presente iniciativa; productores de este grano acusan con justicia que el no contar con reglas certeras en cuanto a esquemas de apoyos directos y subsidios permanentes fijos a la comercialización por arriba de los costos de producción; continúa siendo uno de tantos factores que desalienta los compromisos de productividad a los cuales han sido convocados por el sector público.

Se afirma y con razón qué para la siembra del maíz en sus diversas variedades, sobre todo aquellas destinadas al consumo humano, al procesamiento industrial y a la fabricación de alimentos para la producción ganadera; como lo son el blanco y el amarillo, es un asunto estratégico en términos de seguridad alimentaria, conforme a lo determinado en planes y programas sectoriales.

Aun con la importancia que este grano guarda, al dar ocupación a 2 millones de agricultores, con una productividad promedio anual de 27 millones de toneladas de la variedad blanca y 15 millones de la amarilla; el proceso de siembra, cosecha y comercialización sigue presentando inconsistencias que afectan la rentabilidad; donde el principal argumento de los productores es que no pueden estar vendiendo barato lo que cuesta caro producir.

Productores de maíz urgen contar con la certeza que les incentive a seguir trabajando, bajo mecanismos de apoyo real a la actividad; donde efectivamente ocurra la aplicación de esquemas de comercialización a partir de compras parejas, de agricultura por contrato a futuros, de precio base a las cosechas y apoyos al ingreso objetivo; que se traduzcan en componentes por un precio de garantía rentable frente a los riesgos que supone un inestable comportamiento del mercado mundial de alimentos; que dicta realidades contrarias a los costos de producción nacional.

Urge también contar con la garantía y oportunidad de créditos blandos de avío, bajo tasas efectivas de interés y largos plazos de pago, que les permitan cubrir necesidades propias de capital de trabajo, salarios, compra de insumos y otras materias diversas y necesarias para la producción.

La rentabilidad del maíz requiere de esquemas de apoyo a la productividad, como un componente general que se signifique por garantizar certidumbre a los productores primarios; donde esté considerada asimismo una capacidad suficiente para el acopio y almacenaje a la producción, de suerte que no estén sujetos al acaparamiento y la especulación en detrimento del valor de sus cosechas.

En este requerimiento y necesidad debemos pensar y anteponer el interés nacional por lo que corresponde a la seguridad alimentaria, tomando en cuenta el esfuerzo que día a día realizan los millones de productores que con enorme espíritu de responsabilidad han asumido y responden con hechos al compromiso con la productividad agrícola de un cultivo fundamental para nuestra dieta y economía, como lo es el maíz.

Los esquemas de apoyo a la comercialización del maíz deben asegurar precios por arriba de los costos de producción, de lo contrario la rentabilidad no será suficiente y la productividad corre el riesgo de ir en caída. La consecuencia para la economía será grave, dado que el consumo interno quedaría a expensas de las importaciones y eso agravaría todavía más la situación que sufre y vive el agro mexicano; que no tiene que estar sujeto a los vaivenes del mercado externo, donde casualmente se comercializan productos primarios desde naciones de origen a precio preferente; gracia entre otras causas, a subsidios que otorgan los gobiernos.

El sector público reconoce la importancia de incrementar el ingreso de los productores agrícolas, no sólo para mejorar el nivel de vida de estos; sino también para seguir apostando por la autosuficiencia productiva y reducir las importaciones. En esta necesidad guarda un papel definitorio la planeación y aplicación oportuna de apoyos directos por igual para pequeños, medianos y grandes productores; a fin de contrarrestar con ello los riegos que derivan de la inestabilidad de precios sujeta a factores de oferta y demanda.

Vale precisar que en el mercado mundial se comercializan otros productos agrícolas básicos que alcanzan rentabilidad, gracias precisamente a estímulos y subsidios diversos; por cuya medida se enfrentan y contrarrestan los riegos que supone la inestabilidad de precios en un mercado que se ha vuelto cada vez más especulativo.

Es así que la presente iniciativa propone expedir una ley específica, donde se preceptúen acciones públicas necesarias para la planeación, que lleve a fijar, entre otros propósitos, precios de garantía máximos a las cosechas de maíz por arriba de los costos de producción, como una de otras tantas medidas en apoyo al rescate y rentabilidad del campo mexicano.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo Sustentable y la Productividad Rentable del Maíz

Artículo Único. Se expide la Ley para el Desarrollo Sustentable y la Productividad Rentable del Maíz, para quedar como sigue:

Ley para el Desarrollo Sustentable y la Productividad Rentable del Maíz

Artículo 1. Se expide la presente Ley en el marco de lo dispuesto en los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que resulten aplicables.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de interés público y estratégicas para la economía nacional en términos de lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 3. Se considera la siembra, comercialización e industrialización como un asunto estratégico para la autosuficiencia alimentaria.

Artículo 4. La presente Ley tiene por objeto impulsar la productividad, sustentabilidad y rentabilidad de la siembra del maíz.

Artículo 5. Son sujetos de esta Ley las personas físicas o morales que se dedican a la siembra, comercialización e industrialización.

Artículo 6. La presente Ley tiene por objetivos:

I. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los productores, comercializadores e industriales, a través de los programas que para el efecto se instrumenten;

II. Generar programas de apoyo directo e incentivos para la siembra de maíz;

III. Crear programas para la promoción y estímulos directos que garanticen la rentabilidad en la siembra, comercialización e industrialización;

IV. Establecer las bases y los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la federación y las entidades federativas, para el cumplimiento del objeto de este ordenamiento, y;

V. Establecer mecanismos para elevar la competitividad en la cadena productiva del maíz;

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

II. Comercialización: La comercialización del maíz;

II. Comercializador: Persona física o moral que se dedica a la comercialización del maíz.

III. Comisión Intersecretarial: La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable;

IV. Consejo Mexicano: El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable;

V. Cosechas: Las cosechas de maíz;

VI. Industrial: Persona física o moral que se dedica a la industrialización del maíz;

VII. Industrialización: la industrialización del maíz;

VIII. Organizaciones: Las organizaciones de productores, comercializadores e industriales del maíz.

IX. Productor: Persona física o moral que se dedica a la siembra del maíz;

X. Secretaría: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XI. Siembra: La siembra del maíz.

Artículo 8. La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, y en lo que corresponda, con los gobiernos de las entidades federativas, realizará las acciones necesarias para promover e impulsar la siembra, comercialización e industrialización en sus diversas variedades.

Artículo 9. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá los mecanismos que determinen los incentivos fiscales y apoyos directos a la siembra, comercialización e industrialización.

Artículo 10. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público gestionará la disponibilidad de créditos de avío blandos y oportunos para productores, comercializadores e industriales.

Artículo 11. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Economía, establecerá los mecanismos de apoyo que garanticen la rentabilidad en la comercialización e industrialización de las cosechas;

Artículo 12. La Secretaría será responsable de concertar las acciones que involucren la participación de organismos públicos y privados, así como de personas físicas y morales en los mecanismos de siembra, comercialización e industrialización.

Artículo 13. A efecto de generar oportunidades para el productor, comercializador e industrial, la Secretaría de Economía informará a la Secretaría acerca del comportamiento de los precios del maíz que se ofertan en los mercados nacionales e internacionales.

Artículo 14. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría de Economía dispondrá de los servicios que ofrece el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.

Artículo 15. La Secretaría de Economía será responsable de evitar aquellas prácticas que vayan en detrimento de la competitividad de precios de insumos y servicios que afecten la rentabilidad de costos en la siembra.

Artículo 16. La Secretaría procurará y garantizará a productores, apoyos al ingreso objetivo e incentivos directos a la siembra.

Artículo 17. La Secretaría procurará y garantizará a productores bases justas y transparentes para la comercialización de las cosechas.

Artículo 18. La Secretaría procurará a productores precios de garantía máximos a las cosechas por arriba de los costos de producción de la siembra.

Artículo 19. La Secretaría gestionará a productores, comercializadores e industriales instrumentos y recursos públicos para la aplicación de esquemas de riesgo.

Artículo 20. La Secretaría gestionará para productores agricultura por contrato bajo esquemas de compras preferenciales futuras de las cosechas.

Artículo 21. La Secretaría procurará la construcción de infraestructura suficiente para el acopio y almacenaje de las cosechas.

Artículo 22. La Secretaría a solicitud de las organizaciones de productores, proporcionará los servicios de información científica y tecnológica que realicen y le remitan las instituciones a cargo de la investigación agrícola, que tengan como propósito contribuir a la sustentabilidad y sostenibilidad de la siembra.

Artículo 23. La Comisión intersecretarial informará a la Secretaría de los esquemas de apoyo y estímulo para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

Artículo 24. La Comisión Intersecretarial será responsable de dar seguimiento a los programas que tengan como propósito la sustentabilidad y rentabilidad del maíz.

Artículo 25. La Comisión intersecretarial propondrá a la Secretaría los mecanismos para el seguimiento y control de los recursos financieros e incentivos que se otorguen para la siembra, comercialización e industrialización.

Artículo 26. La Comisión Intersecretarial coordinará e informará a la Secretaría de los programas sectoriales que tengan como propósito generar condiciones públicas para la siembra, comercialización e industrialización.

Artículo 27. La Comisión Intersecretarial informará a la Secretaría de las estrategias a seguir para contrarrestar que las importaciones de maíz obstaculicen los procesos de compra a las cosechas nacionales.

Artículo 28. El Consejo Mexicano será el encargado de promover la participación de las organizaciones, agentes y sujetos de la cadena productiva del maíz, escuchando los argumentos que tengan como propósito la sustentabilidad y rentabilidad de la siembra.

Artículo 29. El Consejo Mexicano informará a la Comisión Intersecretarial de los acuerdos aprobados para la promoción de la siembra, comercialización e industrialización. Acuerdos que a su vez se harán del conocimiento de la Secretaría.

Artículo 30. Para los efectos de los beneficios a que se refiere la presente Ley, así como para la representación y defensa de sus intereses; productores, comercializadores e industriales podrán estar constituidos en organizaciones.

Artículo 31. Para una mejor aplicación y seguimiento de los objetivos de la presente Ley, La Secretaría conocerá del registro de las organizaciones de productores.

Artículo 32. La Secretaría de Economía conocerá del registro de las organizaciones de comercializadores e industriales.

Artículo 33. Las organizaciones deberán ser convocadas por la Secretaría, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía, a reuniones periódicas con el propósito de ser informadas acerca de la aplicación y el seguimiento de los programas que tienen por objetivos los contenidos en la presente Ley.

Artículo 34. Las organizaciones estarán facultadas para participar y presentar planteamientos en las reuniones periódicas informativas que se realicen con motivo de la aplicación y el seguimiento de los programas que tienen por objetivos los contenidos en la presente Ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las previsiones presupuestales para efectos del cumplimiento de la presente ley, estarán contenidas en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

Fuentes de consulta

https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view /1204 Documento “El Sistema Alimentario Mexicano (SAM): ascenso y decadencia”, Rose J. Spalding.

-Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

-https://www.gob.mx/agricultura/articulos/precios-de-garantia-pa ra-maiz-y-frijol-236555?idiom=es

-https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/maiz-grano-la-impor tancia-de-llamarse-maiz#:~: text=El%20maíz%20grano%20 blanco%20y,alimentaria%2C%20como%20en%20la%20ganadera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputados y diputada: Jesús Fernando García Hernández, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, José Gloria López (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 103 de la Ley General de Educación y 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Eva María Vásquez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Eva María Vásquez Hernández y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta para su análisis y dictamen iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención y cuidado de la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes en planteles escolares, al tenor de la siguiente

La protección de la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar es una responsabilidad ineludible del Estado y la sociedad. Las instituciones educativas, como espacios donde los menores pasan una parte significativa de su tiempo, deben garantizar un ambiente seguro y confiable, no sólo en términos académicos, sino también en la protección de sus derechos fundamentales, como la seguridad personal y la protección frente a cualquier forma de abuso o violencia.

La educación no sólo implica la transmisión de conocimientos, sino también la responsabilidad de garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En México, los centros educativos deben ser espacios donde los menores estén protegidos de cualquier riesgo que atente contra su integridad física y emocional. Sin embargo, las cifras sobre violencia y abuso en el entorno escolar son alarmantes. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), cada año se registran miles de casos de violencia escolar, incluidos episodios de abuso sexual, los cuales ocurren en entornos que, hasta el momento, carecen de la supervisión adecuada.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha señalado que, aunque la mayoría de los abusos sexuales contra menores ocurren en entornos familiares, un número significativo de estos incidentes tiene lugar en instituciones escolares. En México, una encuesta realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que más de 35 por ciento de los estudiantes ha experimentado algún tipo de violencia en su entorno escolar, y dentro de este porcentaje, los abusos en los baños representan un área crítica de preocupación.

Estos datos revelan que, si bien las escuelas son consideradas espacios seguros por definición, hay zonas dentro de ellas, como los baños, que siguen siendo vulnerables a la falta de control y vigilancia. Este tipo de casos no sólo afectan gravemente a las víctimas y sus familias, sino que además generan un profundo malestar social y una crisis de confianza en el sistema educativo.

En los últimos años hemos sido testigos de preocupantes casos de abuso y violencia en planteles escolares, algunos de los cuales han tenido lugar en las áreas más vulnerables y privadas de las instituciones: los baños. Este tipo de incidentes no sólo afecta a las víctimas y sus familias, sino que mina la confianza de la sociedad en el sistema educativo y pone en riesgo el derecho de los menores a un entorno escolar libre de violencia.

La Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen la obligación del Estado de velar por la seguridad y bienestar de los menores en las escuelas, pero hasta el momento, estas leyes no contemplan mecanismos eficaces para la supervisión en espacios como los baños, donde la privacidad debe ser respetada, pero también es esencial garantizar que no se conviertan en zonas de riesgo. La instalación de cámaras de videovigilancia en estos espacios, junto con la implementación de bitácoras que registren el ingreso y salida del personal, se presenta como una solución integral que equilibra la privacidad con la seguridad.

Justificación

La presente reforma se fundamenta en la necesidad de prevenir cualquier tipo de abuso, maltrato o negligencia que pueda poner en peligro a las y los estudiantes en los centros educativos. Las cámaras de videovigilancia han demostrado ser una herramienta efectiva para disuadir actos delictivos y ofrecer pruebas claras en caso de que se produzcan incidentes. Sin embargo, entendemos que la instalación de cámaras en baños escolares podría generar preocupación sobre la privacidad de los menores. Por ello, se propone que dichas cámaras estén ubicadas en zonas estratégicas que no vulneren la intimidad de los estudiantes, como los accesos a los baños y áreas de tránsito común, garantizando así el respeto a su privacidad.

La bitácora de ingreso y salida del personal a los sanitarios escolares complementará este sistema de videovigilancia. Al exigir que cada miembro del personal que acceda a estas áreas registre su entrada y salida, se establece un control adicional que refuerza la rendición de cuentas y la supervisión dentro de las instalaciones. Esta medida permitirá, en caso de incidentes, identificar rápidamente a las personas que estuvieron presentes y tomar las acciones correspondientes.

La importancia de estas medidas se ve reflejada en los estándares internacionales de protección infantil. Organismos como Unicef y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han subrayado la necesidad de que los estados adopten estrategias proactivas para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra los menores en entornos educativos. La presente reforma a la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pretende alinearse con estas recomendaciones, colocando a la seguridad infantil como una prioridad ineludible en las políticas públicas educativas de México.

Beneficios de la reforma

La implementación de esta reforma tiene un impacto directo en la protección de la integridad física y emocional de los estudiantes. Entre los beneficios esperados se incluyen:

1. Disuasión de actos delictivos: la presencia de cámaras y bitácoras de registro crea un entorno más seguro y supervisado, reduciendo significativamente el riesgo de que ocurran abusos, maltratos o negligencias en los baños escolares.

2. Mejor control del personal: la obligación de registrar el ingreso y salida en bitácoras permite un monitoreo más exhaustivo de la presencia de adultos en áreas críticas, lo que aumenta la responsabilidad y la transparencia en las actividades dentro de la escuela.

3. Prevención de futuros casos: al implementar medidas de seguridad como estas, se fortalece el compromiso del Estado y de las autoridades educativas para evitar que casos de abuso, como el ocurrido recientemente, se repitan.

4. Restauración de la confianza: las familias de los estudiantes podrán sentirse más seguras sabiendo que existen mecanismos de vigilancia efectivos que protegen a sus hijos, lo que puede contribuir a restablecer la confianza en el sistema educativo.

Consideraciones éticas y técnicas

Es fundamental que estas medidas de vigilancia se implementen bajo estrictos lineamientos que respeten los derechos humanos y la privacidad de los menores. Las cámaras deberán instalarse en ubicaciones estratégicas, como los accesos a los baños, de modo que se minimice cualquier invasión a la intimidad. Por su parte, las bitácoras deberán ser manejadas con absoluta confidencialidad, resguardando la información del personal de manera responsable y en cumplimiento con la legislación en materia de protección de datos personales.

La implementación de estas medidas debe ir acompañada de un marco normativo claro y de la capacitación adecuada del personal docente y administrativo, para que comprendan la importancia de su rol en la prevención y vigilancia. Además, se debe asegurar el acceso equitativo a los recursos necesarios para que todas las instituciones educativas, independientemente de su ubicación o recursos económicos, puedan cumplir con estas disposiciones.

Conclusión

La protección de niñas, niños y adolescentes en las escuelas es una obligación primordial del Estado. Esta reforma a la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca atender una preocupación urgente: la seguridad en los espacios vulnerables de las instituciones educativas, como los baños. Con la instalación de cámaras de videovigilancia y el uso de bitácoras de ingreso y salida del personal, se refuerzan los mecanismos de prevención, detección y respuesta ante cualquier amenaza a la integridad de los menores. Así, el sistema educativo mexicano podrá ofrecer un entorno más seguro y confiable para todas y todos los estudiantes.

Por lo anteriormente expuesto, se propone una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de prevención y cuidado de la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes en planteles escolares.

Para una mayor comprensión de la iniciativa que pongo en consideración de esta soberanía, presento ante ustedes el siguiente cuadro de reforma:

En virtud de lo anterior, se somete a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención y cuidado de la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes en planteles escolares

Primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 103 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto de ejercer sus atribuciones referidas en este capítulo, emitirá los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación.

Dichos lineamientos deberán contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales serán, entre otros:

I. a VII.

VIII. La instalación de sistemas de videovigilancia en tiempo real, conectados a un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Dichos sistemas deberán garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y operarán bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales. Asimismo, se deberá llevar una bitácora del ingreso y salida del personal a los sanitarios, la cual será supervisada para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene. La información registrada en dichas bitácoras deberá resguardarse conforme a la normativa vigente en protección de datos personales.

...

...

Segundo. Se reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; su seguridad e integridad, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

...

...

I. a XXIII.

Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la instalación de sistemas de videovigilancia en tiempo real, conectados a un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano. Dichos sistemas deberán garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, y operarán bajo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales. Asimismo, se deberá llevar una bitácora del ingreso y salida del personal a los sanitarios, la cual será supervisada para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad e higiene. La información registrada en dichas bitácoras deberá resguardarse conforme a la normativa vigente en protección de datos personales.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de acceso gratuito y universal a tratamientos oncológicos avanzados para mujeres con cáncer de mama, suscrita por la diputada Eva María Vásquez Hernández y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Eva María Vásquez Hernández, y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral I fracción I; y 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo XVI Bis denominado “Atención Integral y Prevención del Cáncer de Mama” a la Ley General de Salud, en materia de acceso gratuito y universal a tratamientos oncológicos avanzados para mujeres con cáncer de mama, al tenor de lo siguiente:

Introducción

El cáncer de mama no solo es un problema de salud pública en México, sino que representa una crisis sanitaria global. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta enfermedad se ha convertido en la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres mexicanas, desplazando otras enfermedades malignas en términos de impacto y relevancia.

La magnitud del problema es alarmante: en 2020, se estimaron 29 mil 929 nuevos casos de cáncer de mama en el país, acompañados de 7 mil 931 defunciones. Esto refleja una tasa de mortalidad de 10.6 por cada 100 mujeres, situando a México como uno de los países donde esta enfermedad tiene un alto costo humano. Estas cifras no solo son un recordatorio de la gravedad del cáncer de mama, sino también de la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para combatirlo.

El cáncer de mama no discrimina por edad, condición socioeconómica o lugar de residencia, afectando a mujeres de todo el país. Sin embargo, ciertos factores como la ubicación geográfica, el acceso a servicios de salud y las desigualdades estructurales, hacen que algunas mujeres sean más vulnerables a no recibir una detección temprana oportuna, lo cual es clave para mejorar las tasas de supervivencia.

Estados como Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango presentan las tasas de mortalidad más altas, con más de 15 muertes por cada 100 mil mujeres, lo cual revela una disparidad preocupante en el acceso a servicios de salud de calidad.

Ante esta situación, resulta imprescindible que el Estado mexicano adopte un enfoque integral y equitativo para garantizar que todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia o condición económica, tengan acceso a una atención médica adecuada y tratamientos efectivos.

Por lo tanto, esta iniciativa propone la adición de un Capítulo XVI Bis a la Ley General de Salud, bajo el nombre “Atención Integral y Prevención del Cáncer de Mama”, con el fin de establecer un marco legal que asegure la atención oportuna, equitativa y gratuita para todas las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. El cáncer de mama debe ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos, donde cada mujer tenga garantizado el acceso a la salud sin barreras ni limitaciones que pongan en riesgo su vida.

Contexto Actual del Cáncer de Mama en México

El panorama actual del cáncer de mama en México refleja no solo la complejidad de esta enfermedad, sino también las brechas que existen en términos de prevención, diagnóstico y tratamiento. El IMSS, la principal institución de seguridad social del país, reportó en 2021 un total de 4 mil 780 casos nuevos de cáncer de mama y 2 mil 225 defunciones entre sus derechohabientes. Esto equivale a una tasa de incidencia de 25.14 por cada 100 mil mujeres y una tasa de mortalidad de 11.70 por cada 100 mil mujeres, lo que subraya la gravedad del problema en el ámbito de la seguridad social.

A pesar de estos alarmantes números, la detección oportuna ha mostrado mejorías en los últimos años. La estrategia PrevenIMSS, que tiene como objetivo la prevención, detección y control de enfermedades, incluyendo la salud reproductiva, ha sido fundamental para este avance. Gracias a esta estrategia, la oportunidad diagnóstica de cáncer de mama pasó del 56.1 por ciento en 2015 al 64.9 por ciento en 2021, lo que significa que un porcentaje creciente de mujeres están siendo diagnosticadas en etapas más tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento exitoso son mayores. Sin embargo, este avance es solo un paso en el camino hacia la equidad en salud. Aún persisten grandes desafíos, especialmente en lo que respecta a la infraestructura sanitaria y los recursos disponibles en zonas rurales y marginadas, donde las mujeres siguen enfrentando barreras para acceder a estudios preventivos como mamografías y ultrasonidos.

Otro aspecto crítico es la tasa de mortalidad. Aunque en general ha habido una leve disminución, las cifras siguen siendo preocupantes en ciertos estados. Las tasas de mortalidad más altas se registran en Nuevo León (15.55), Quintana Roo (15.53), Tamaulipas (15.41) y Durango (15.19), lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque territorializado en las políticas de salud pública. Estas regiones requieren de mayor atención y recursos para combatir de manera efectiva esta enfermedad.

Por último, es importante destacar que el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, uno de los centros más avanzados en el país, atiende aproximadamente 2 mil 200 casos de cáncer de mama al año, siendo esta enfermedad la principal causa de atención en el hospital. Este centro cuenta con tecnología de punta y experiencia médica para ofrecer tratamientos de alta calidad, pero su capacidad no es suficiente para atender la demanda nacional.

Derecho a la Salud

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Este derecho es fundamental y debe ser garantizado de manera efectiva y equitativa. Sin embargo, la realidad actual muestra que muchas mujeres, especialmente aquellas que enfrentan la batalla contra el cáncer de mama, no están recibiendo la atención que necesitan. Esta desigualdad en el acceso a la salud es inaceptable y contradice los principios de justicia y equidad que deben regir en nuestro sistema de salud.

Compromisos Internacionales

México es parte de importantes tratados internacionales que promueven el derecho a la salud y la atención médica integral. Entre ellos se encuentran:

-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 establece el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

-La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que resalta la importancia de garantizar a las mujeres el acceso a la atención médica, en especial en lo que respecta a la salud reproductiva y el tratamiento de enfermedades específicas como el cáncer.

Estos compromisos obligan a México a garantizar que todas las mujeres tengan acceso a servicios de salud adecuados y a adoptar medidas que aseguren que las mujeres puedan recibir atención oportuna y de calidad.

Propuesta de Adición del Capítulo XVI Bis

La propuesta de crear el Capítulo XVI Bis en la Ley General de Salud busca abordar de manera integral la crisis del cáncer de mama en nuestro país. Este capítulo se estructurará en los siguientes artículos:

Artículo 66-A. El Estado garantizará que todas las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tengan acceso gratuito y universal a los tratamientos necesarios para su atención, incluyendo:

-I. Medicamentos innovadores y de última generación para el tratamiento del cáncer de mama, como inmunoterapia, terapia hormonal y terapias dirigidas, que deben estar disponibles en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

-II. Acceso a terapias especializadas, asegurando su distribución equitativa en todo el territorio nacional.

Artículo 66-B. La Secretaría de Salud implementará programas de prevención y detección temprana del cáncer de mama, con un enfoque especial en:

-I. Realización gratuita de mastografías, ultrasonidos mamarios y otros estudios preventivos en todas las instituciones públicas de salud, asegurando su disponibilidad en comunidades rurales y zonas marginadas.

-II. Campañas nacionales de concientización y educación para la detección temprana del cáncer de mama, dirigidas a todas las mujeres sin distinción, utilizando medios de comunicación masiva y redes comunitarias.

Artículo 66-C. El financiamiento para los tratamientos y programas de prevención del cáncer de mama provendrá de un fondo específico asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizando que las mujeres reciban atención integral y oportuna.

Artículo 66-D. La Secretaría de Salud deberá rendir un informe anual al Congreso de la Unión respecto a los avances en la cobertura de tratamientos oncológicos para mujeres con cáncer de mama, así como en los programas de prevención implementados a nivel nacional.

Impacto Esperado

La implementación de este capítulo no solo garantizará que las mujeres con cáncer de mama tengan acceso a los tratamientos que necesitan, sino que también fortalecerá la prevención y detección temprana de esta enfermedad. Al asegurar que los recursos estén disponibles en todas las regiones del país, se podrá reducir significativamente la mortalidad asociada al cáncer de mama, mejorando la calidad de vida de miles de mujeres y sus familias.

Conclusión

La adición del Capítulo XVI Bis a la Ley General de Salud es un paso crucial en la defensa del derecho a la salud para todas las mujeres en México. Esta reforma no solo aborda la urgencia del acceso a tratamientos oncológicos avanzados, sino que también enfatiza la importancia de la prevención y detección temprana, elementos clave en la lucha contra el cáncer de mama. Hacemos un llamado a todos los legisladores para que respalden esta iniciativa, que representa una esperanza tangible para miles de mujeres en nuestro país y un avance hacia un sistema de salud más justo, equitativo y centrado en las necesidades de la población.

Para una mayor comprensión de la iniciativa que pongo en consideración de esta soberanía, presento ante ustedes el siguiente cuadro de reforma:

En virtud de lo anterior, se somete a consideración del pleno el siguiente...

Decreto por el que se adiciona un Capítulo XVI Bis denominado “Atención integral y prevención del cáncer de mama” con los artículos 66-A, 66-B, 66-C y 66-D de la Ley General de Salud, en materia de acceso gratuito y universal a tratamientos oncológicos avanzados para mujeres con cáncer de mama

Único. Se adiciona un Capítulo XVI Bis denominado “Atención Integral y Prevención del Cáncer de Mama” con los artículos 66-A, 66-B, 66-C y 66-D de la Ley General De Salud, para quedar como sigue:

Artículo 66-A. El Estado garantizará que todas las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, tengan acceso gratuito y universal a los tratamientos necesarios para su atención, incluyendo:

I. Medicamentos innovadores y de última generación para el tratamiento del cáncer de mama, como inmunoterapia, terapia hormonal y terapias dirigidas, los cuales deben estar disponibles en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

II. Acceso a terapias especializadas, asegurando su distribución equitativa en todo el territorio nacional.

Artículo 66-B. La Secretaría de Salud implementará programas de prevención y detección temprana del cáncer de mama, con un enfoque especial en:

I. La realización gratuita de mastografías, ultrasonidos mamarios y otros estudios preventivos en todas las instituciones públicas de salud, asegurando su disponibilidad en comunidades rurales y zonas marginadas.

II. Campañas nacionales de concientización y educación para la detección temprana del cáncer de mama, dirigidas a todas las mujeres sin distinción, utilizando medios de comunicación masiva y redes comunitarias.

Artículo 66-C. El financiamiento para los tratamientos y programas de prevención del cáncer de mama provendrá de un fondo específico asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizando que las mujeres reciban atención integral y oportuna.

Artículo 66-D. La Secretaría de Salud deberá rendir un informe anual al Congreso de la Unión respecto a los avances en la cobertura de tratamientos oncológicos para mujeres con cáncer de mama, así como en los programas de prevención implementados a nivel nacional.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal tendrá un plazo que no excederá de 90 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias conforme a lo previsto en este decreto.

Tercero. Las autoridades de Salud federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto, deberán implementar las políticas y acciones correspondientes y, en su caso, incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.– Diputada Eva María Vásquez Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona un artículo 273 Bis al Código Civil Federal, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blanca Araceli Narro Panameño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Para nadie es un secreto que existen una gran cantidad de actividades que se realizan dentro del hogar y la comunidad que son de gran importancia para el funcionamiento del sistema familiar, social y económico, tales como: la preparación de los alimentos, el arreglo y mantenimiento del hogar y la ropa, actividades de cuidado a personas mayores, con discapacidad, así como a niñas y niños, incluidas la labores de enseñanza, trasmisión de cultura y valores, entre otras, las cuales han sido y son minusvaloradas.

Para darnos una idea del valor económico de dichas actividades, basta decir que las labores del hogar y de cuidado a personas dependientes representa 24 por ciento del Producto Interno Bruto de México, lo que representa un porcentaje mucho mayor al de los sectores económicos punteros, como la industria manufacturera y el comercio, que oscila entre 18 y 20 por ciento, respectivamente.

El trabajo de cuidados y del hogar mayoritariamente no es remunerado y recae casi siempre en las mujeres, quienes aportan tres veces más valor económico que los hombres por su empleo, teniendo como resultado una contribución calculada en 1.8 billones de pesos a la economía mexicana.

De acuerdo con el Inegi, 32 millones de personas de 15 o más años brindan cuidados a integrantes de su hogar o de otros hogares, de las que 75 por ciento (23.8 millones) corresponde a mujeres. En promedio, ellas dedican 40 horas semanales a estas actividades, mientras que los hombres sólo 25.6, lo que evidencia la desigual distribución de las cargas de trabajo. Las mujeres destinan 67 por ciento de su tiempo semanal al trabajo no remunerado en el hogar y sólo 31 por ciento a actividades de trabajo para el mercado laboral.

La economía de cuidado busca otorgar valor a estas actividades, debido a que en realidad son bienes o servicios económicos que además de generar valor, también demandan costos representados en tiempo y energía necesarios para producirlos.

En este sentido, es oportuno señalar que las labores de cuidado y del hogar generan bienestar a las personas que los reciben y posibilitan a otros integrantes de la familia trabajar en actividades remuneradas, estudiar, viajar y desarrollarse.

Por eso, la economía de cuidado reconoce el valor económico de las actividades no remuneradas como fuente de desarrollo económico y social, y analiza las cargas de éstas en términos de género, donde el mayor costo lo asumen las mujeres.

Por todo lo mencionado, las políticas públicas en la materia permiten retribuir y redistribuir estas actividades entre los distintos agentes del sistema económico y social, en beneficio no sólo de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto.

El Informe mundial sobre la brecha de género señala que la deficiencia de los sistemas de cuidado es uno de los mayores obstáculos para mejorar las diferencias de género en los mercados laborales de todo el mundo.

La falta de infraestructuras adecuadas para el cuidado de las personas dependientes constituye un obstáculo importante para la participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que limita su elección de trabajo, remuneración y desarrollo profesional. Asimismo, la presencia excesiva de las mujeres en estos campos sirve para reforzar aún más las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de remuneración y liderazgo.

Ante tal contexto resulta relevante que una de las políticas prioritarias de la próxima administración, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum, sea precisamente el Sistema Nacional de Cuidados, el cual pone en el centro de atención tanto a las personas que necesitan atención especial como a quienes la proporcionan. Entre las muchas acciones proyectadas está la pensión retributiva de 3 mil pesos que recibirán las mujeres de 60 a 64 años a fin de contribuir a su independencia y empoderamiento económico.

El programa anterior constituye sin duda una política de avanzada que será un parteaguas para el desarrollo social y económico de México, pues incluirá a ese 50 por ciento de la población históricamente excluido.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se necesitan sistemas de cuidados con una serie de políticas que organicen, reconozcan y redistribuyan las labores de atención a la niñez y personas adultas mayores, personas con discapacidad y enfermas, no solamente entre los integrantes de la familia, hombres y mujeres, sino también con la participación del Estado u otras instituciones, para que las cargas sean compartidas y menos pesadas.

Es necesario invertir en un sistema de cuidados adecuado, pues ello contribuye a incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral y a la creación de empleos relacionados con la salud y los cuidados.

En su documento Sistema Nacional de Cuidados: una vía para la igualdad de oportunidades y la movilidad social (2023), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias muestra que sólo 32 por ciento de las mujeres sin acceso a servicios de cuidados infantiles logran avanzar económicamente, mientras que 63 por ciento de las mujeres con acceso a ellos lo hacen. Esta diferencia de más de 30 puntos porcentuales se relaciona exclusivamente con el cuidado infantil, no obstante, faltaría agregar el cuidado de adultos mayores, personas enfermas o con alguna discapacidad.

La economía de cuidados es una política pública fundamental para reducir las desigualdades; sin embargo, es necesario reformar el marco jurídico, a fin de dar paso a la igualdad sustantiva, hacer realidad el empoderamiento económico de las mujeres y reconocer en los hechos las labores de cuidado y dentro del hogar que realizan, las cuales no son remuneradas e inclusive constituyen una doble o hasta triple jornada laboral.

Las políticas de bienestar son tan importantes como la regulación jurídica entre particulares, en este caso entre las personas que formen un matrimonio o concubinato, ya que la norma jurídica también contribuye a equilibrar la balanza de la igualdad, evita que se cometan injusticias y guía la actuación de las personas juzgadoras en la resolución de las controversias.

Dicho lo anterior, es menester precisar que la legislación civil que regulan la figura del matrimonio, no obstante que ha sido reformada en diversas ocasiones desde 1928, año en que fue expedido, presenta diversos rezagos, ya que sus ordenamientos se construyeron con base a roles y estereotipos de género que minusvaloraban a las mujeres, imponiéndoles construcciones sociales y escamoteándoles derechos fundamentales.

Para ilustrar lo anterior, basta recordar la Epístola de Melchor Ocampo, por fortuna actualmente en desuso , “dejaba clara la superioridad física, moral y económica del hombre, con respecto a la sumisión, debilidad y obediencia de las mujeres, lo cual se explica por el contexto de la época, donde la obligación del hombre era la de ser proveedor, representante público y legal de su familia, así como el que toma las decisiones en el sentido más amplio de la frase. Por otro lado, a la mujer le tocaba el arreglo de los asuntos domésticos, la crianza y educación de los hijos, tanto como la atención y esmero por agradar y aconsejar al marido”.

Desde luego, la permanente y consistente lucha de las mujeres ha impulsado cambios profundos en los códigos civiles de todo el país a efecto de evitar las asimétricas jurídicas entre hombres y mujeres y dar paso a la igualdad sustantiva. Debemos continuar esa lucha desde el Poder Legislativo.

La igualdad se encuentra íntimamente relacionada con la no discriminación y a su vez, con el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en todas sus formas. De hí que existen diversos instrumentos internacionales en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará”.

La CEDAW ha consignado que “la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.

La Convención de Belem do Pará reconoce que “el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación”.

Tenemos ante nosotros importantes desafíos y pendientes legislativos que nos permitan emparejar las desigualdades existentes en todos los ámbitos de la vida, incluidos los procesos de divorcio, a fin de reducir las brechas de género en el acceso y disfrute de los derechos humanos.

Por los motivos antes señalados, es preciso establecer la figura de la compensación en el Código Civil Federal, de tal suerte que el avance de una persona concubina o unida en matrimonio jamás sea en menoscabo o detrimento de su contraparte, como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La SCJN en la Contradicción de Tesis 39/2009 señaló que el desequilibrio económico que vulnera a la persona dedicada preponderantemente a las labores del hogar durante el matrimonio es una complicada combinación de factores sociales y económicos. Así, se explicó:

Resulta evidente que el cónyuge que se dedica preponderantemente al trabajo del hogar, o al cuidado de los hijos, no está en las mismas condiciones para desarrollarse profesional y laboralmente que el otro cónyuge, principalmente, debido a que no puede dedicar a este objetivo el mismo tiempo y diligencia. De esta premisa se ha derivado, por una parte, la afirmación en el sentido de que el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos es una actividad que puede valorarse económicamente, no sólo por el tipo de actividades que implica, como administración de bienes y cuidados personales, sino también porque el desempeño preponderante de estas actividades por parte de uno de los cónyuges releva al otro cónyuge de las responsabilidades hogareñas que, jurídicamente, comparten por igual, y le permite dedicar su tiempo y diligencia a su desarrollo profesional y laboral, lo cual, a su vez, contribuye al crecimiento del nivel socioeconómico de todos los miembros de la familia; y por otra parte, que el cónyuge que preponderantemente se dedica al hogar y en su caso a los hijos, sufre un perjuicio económico, que tendría que estimarse en función de lo que dejó de percibir por no dedicar su tiempo y diligencia a su desarrollo profesional y laboral.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió con fecha 28 de febrero de 2018 el Amparo Directo en Revisión 4883/2017, contra la sentencia que dictó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del otrora Distrito Federal que versa sobre el que una mujer cuestiona que para acceder al mecanismo compensatorio se le exija acreditar que se dedicó al cuidado del hogar y los hijos de manera exclusiva durante toda la vigencia del matrimonio, y que debe determinarse si la interpretación efectuada por el Primer Tribunal Colegiado en relación con que este supuesto no contiene un trato discriminatorio ni exige requisitos desproporcionales.

En consecuencia, la Primera Sala consideró que esta interpretación es contraria a los principios de igualdad y equidad que persigue la institución de compensación.

Por ello, la Corte resolvió revocar la sentencia del tribunal colegiado para que emitiera otra en la que atendiera a la doctrina de la Primera Sala sobre la institución de compensación y el reconocimiento de la doble jornada laboral, y con base en ella determine: (i) si la solicitante se dedicó preponderantemente al hogar, no obstante hubiera realizado otras labores profesionales; (ii) si el haberse dedicado en mayor proporción que su ex cónyuge a las actividades domésticas le generó algún costo de oportunidad; y (iii) con libertad de jurisdicción establezca el porcentaje de compensación que, en su caso, le corresponda.

La importancia de esta sentencia radica en el reconocimiento de las labores del hogar y profesionales que realizan las mujeres, y que ambas jornadas laborales se estiman como merecedoras de la institución de la compensación sin la medida restrictiva de exclusividad de funciones, lo cual refleja la vida cotidiana con base a los derechos de las personas.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 18 de octubre de 2023, resolvió el amparo directo en revisión 613/2023, estimó que es dable concluir que el desarrollo profesional de quien desempeñó una doble jornada laboral al interior de su familia necesariamente se vio afectado por esta circunstancia. Lo anterior, pues no pudo invertir el tiempo y energía que dedicó a las labores de cuidados en el hogar no remuneradas a su crecimiento en el ámbito profesional o académico.

Asimismo, consideró que con esto se verificaría la existencia de un coste de oportunidad y un desequilibrio económico, ya que es imposible asumir que el éxito profesional alcanzado bajo esta situación de sobreesfuerzo permitió que la persona que lo soportó se desarrollara al máximo de su potencial cuando asumió de manera preponderante estas cargas de cuidados al interior de su familia. Lo anterior, sin que deba estimarse como primordialmente relevante el hecho de que la persona haya acumulado ciertos bienes durante su desempeño de la mencionada doble jornada.

Por ende, la realización de una doble jornada laboral merece ser reconocida y retribuida en su debida proporción. Hacer lo contrario sería tanto como desconocer y desvalorizar todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que se desempeña en el seno familiar, lo cual, como ya se ha señalado, constituiría sin lugar a duda una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos.

Con base en lo expuesto, la SCJN dio diversas consideraciones que deben guiar a las personas juzgadoras al momento de analizar la institución de la compensación, de conformidad con lo asentado en la doctrina constitucional:

• El perjuicio económico que resiente el o la cónyuge por haberse dedicado preponderantemente a las labores de cuidado en el hogar tendría que estimarse en función de lo que dejó de percibir por no dedicar su tiempo y diligencia a su desarrollo profesional.

• Los costos de oportunidad que un cónyuge resiente por haberse dedicado de manera preponderante a las labores de cuidado no remuneradas en el hogar se traducen en una falta de oportunidad para incrementar el patrimonio con bienes tangibles o en la dificultad para desarrollarse en el mercado laboral convencional en su máximo potencial y obtener una remuneración económica coincidente con ello.

• Para efectos de determinar la procedencia de la compensación, no resulta relevante si la parte solicitante adquirió bienes propios o si sus bienes son notoriamente menores. Lo que debe valorarse es el hecho de que la parte demandante haya asumido costos de oportunidad, inclusive ante el desempeño de un trabajo remunerado.

• La institución de la compensación no busca igualar los bienes que tenga cada cónyuge, sino resarcir una desventaja derivada de la desvalorización del trabajo de cuidados no remunerado al interior de los hogares. Por lo tanto, no es trascendente que tan grande o pequeña sea la diferencia entre los patrimonios para la procedencia de la acción. En todo caso, esto podrá ser relevante al momento de determinar el monto concreto de la compensación.

• En este sentido, la procedencia de la compensación depende únicamente de que la parte demandante haya absorbido en mayor medida las cargas domésticas y familiares, incurriendo en un costo de oportunidad que genera un efecto desequilibrador en su patrimonio.

• Así, debe advertirse la existencia de una asimetría derivada del hecho de que uno de los cónyuges no pudo desarrollar con igual tiempo, intensidad y diligencia sus actividades en el mercado laboral convencional por haber absorbido de manera preponderante las cargas de cuidado al interior de su familia.

• Los mecanismos de compensación son aplicables a cualquiera de los cónyuges que integraban una familia, sin importar su género o cualquier otra condición.

• La doble jornada no puede constituir un obstáculo para acceder al mecanismo compensatorio.

El 17 de abril de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión número 4316/2023, donde señaló que “cualquiera” de los cónyuges o concubinos —mujeres, hombres o personas de la diversidad sexo-genérica— puede tener acceso en condiciones de igualdad a este mecanismo compensatorio, siempre que las labores del hogar y de cuidado hubieran sido su principal ocupación durante la relación.

Finalmente, es importante precisar que existen ya algunas entidades federativas que en sus respectivas legislaciones civiles incluyen la figura de la compensación, tal es el caso de Aguascalientes, Yucatán, entre otras; no obstante es importante establecerlo en el Código Penal Federal en tanto legislación supletoria y por ser éste una caja de resonancia en todo el país, por lo que su perfeccionamiento alentaría el de las legislaciones de todas las entidades federativas en México e incluso en otras naciones hermanas de América Latina.

Para tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal

Único. Se adiciona el artículo 273 Bis al Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 273 Bis. Cualquier cónyuge podrá demandar al otro una compensación de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, siempre que ocurran las siguientes circunstancias:

I. Haber estado casado bajo el régimen de separación de bienes; y

II. Que la persona demandante se haya dedicado a las labores de trabajo en el hogar y/o de cuidado, o preponderantemente a éstas, no obstante, hubiera realizado otras labores remuneradas y, en su caso, no haya adquirido bienes propios o habiéndolos adquirido, sean notoriamente menores a los de la contraparte.

El juez habrá de resolver atendiendo al tiempo que duró el matrimonio, los bienes con que cuenten los cónyuges, la custodia de los hijos y las demás circunstancias especiales de cada caso.

Se exceptúan de los bienes establecidos en este artículo, los que se adquieran por sucesión y donación.

La concubina o el concubinario podrán demandar, en igual forma, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados en el artículo 1635.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/razones-por-las-que-incluir-a-la-mujer-en-el-mercado- laboral-exige-un-sistema-de-cuidados/

2 https://mxc.com.mx/2017/03/02/matrimonio-segun-la-epistola-melchor-ocampo/

3 https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40051

4 Sentencia recaída a la contradicción de tesis número 39/2009, fallada el 7 de octubre de 2009, por mayoría de cuatro votos de la señora ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas y los señores ministros José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza (ponente) y Sergio A. Valls Hernández (presidente), en contra del emitido por el señor ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien formuló voto particular, páginas 37-38.

5 http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=22 1697

6 Ídem.

7 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=3 08228

8 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=3 16298

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.– Diputadas: Blanca Araceli Narro Panameño, Julieta Kristal Vences Valencia, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de dignificar las pensiones y jubilaciones que reciben y recibirán los mexicanos, de conformidad con la siguiente

Como resultado de una intensa campaña, por la cual recorrimos el territorio del Distrito 12 que abarca casi la totalidad de la extensión de la alcaldía Cuauhtémoc, hemos observado que en nuestra comunidad, como en muchos lugares de nuestra ciudad y del país, la falta de un empleo formal y bien remunerado sigue dificultando que las personas cuenten con un salario suficiente para satisfacer sus necesidades en el orden material, familiar, social y cultural, tal como establece el actual artículo 123 de la Constitución.

Las consecuencias inmediatas de estas circunstancias se observan en la precariedad de la vida de muchas y muchos mexicanos que aún no cuentan con los recursos suficientes para para satisfacer las necesidades normales de una de familia en el orden material, social y cultural. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que la población mayor se encuentra expuesta a la reducción de las capacidades físicas y el retiro del mercado laboral, así como a condiciones específicas de salud y educación, entre otros factores, relacionados y condicionados en mayor medida a su pensión.

En la actualidad la reducción del poder adquisitivo producto de calcular las pensiones en UMAs, en lugar de salarios mínimos, sin lugar a dudas reduce el poder adquisitivo de los jubilados, afectando su calidad de vida, especialmente en un contexto de inflación. Las UMAs suelen tener un incremento anual menor comparado con el salario mínimo, lo que significa que las pensiones basadas en UMAs crecen más lentamente.

Reconocemos indiscutiblemente que existe una estrecha relación entre las pensiones de retiro y la movilidad social a lo largo de la vida productiva de las personas. Por lo anterior y como uno de los retos que he asumido como candidata y hoy como diputada en pro de la justicia social, tomo como mía la propuesta del Partido Revolucionario Institucional en materia de las personas jubiladas, quienes han trabajado toda su vida contribuyendo a la economía del país y tienen derecho a una pensión digna.

En el estado social y democrático de derecho se incluyen la tutela del individuo y de sus derechos de participación política y las relaciones de clase, instituyendo mecanismos de distribución de riqueza a través del salario, del ejercicio de derechos colectivos y de un conjunto de prestaciones que atienden al bienestar.

Es una obligación del Estado la tutela del salario, el cual según La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es “la cuantía mínima de la remuneración que un empleador deberá abonar a sus asalariados por las prestaciones que estos hayan efectuado durante un determinado periodo, sin que dicha cuantía pueda ser rebajada mediante convenio colectivo ni acuerdo individual”.

El marco jurídico mexicano, la Ley Federal del Trabajo define al salario mínimo como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una de familia en el orden material, social y cultural. En consecuencia, se han creado instituciones e instrumentos que protegen la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.

Las mexicanas y mexicanos, por ser o haber sido trabajadoras o trabajadores, son sujetos de derechos sociales-laborales, como lo es una pensión digna, la cual se ejerce una vez que el trabajador cumple con los supuestos descritos en la Constitución Política Mexicana y la ley reglamentaria, los sistemas de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), son los encargados de operar la entrega de los beneficios del trabajo de muchos años a las mexicanas y mexicanos.

El pago que perciben las personas pensionadas o jubiladas es un derecho social que se modifica anualmente para subsanar conceptos como la inflación y en general para procurar mantener un poder adquisitivo que les permita acceder a una vida digna.

El sistema de pensiones actualmente presenta una problemática que está relacionada con la idea del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que en 2011 mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de diciembre del año mencionado, en su resolutivo sexto, señala:

“Los sectores obrero y patronal que integran el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con el Gobierno federal, hacen un público manifiesto y acuerdan promover que se realicen estudios que analicen la viabilidad de desvincular la figura del salario mínimo utilizada en las diversas disposiciones legales como unidad de cuenta, base o medida de referendo”.

Es así que la desindexación del salario mínimo fue retomada por el Congreso de la Unión, como un pilar para la recuperación del poder adquisitivo del salario y poder así sustentar su naturaleza para el cálculo de las prestaciones sociales-laborales.

Por ello, la presente iniciativa plantea una propuesta de reforma constitucional que permita subsanar las erróneas interpretaciones sobre la desindexación del salario minino el cual en materia de pensiones ha perdido su función social perjudicando gravemente a la población mexicana, clarificando que las pensiones de las y los trabajadores deben ser calculadas en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización como actualmente está siendo aplicado por las instituciones de seguridad social del Estado.

Antecedente legislativo

La reforma en materia de desindexación tuvo su origen en tres iniciativas de ley presentadas en la Cámara de Diputados:

• La primera, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica, presentada el 11 de septiembre de 2014 por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo.

• La segunda, con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo a la sección B del artículo 26; y se reforma el inciso a), fracción II, del artículo 41; y la fracción VI, párrafo primero, del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 11 de noviembre de 2014, por el diputado Julio César Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Y, por último, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41, y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue presentada el 5 de diciembre de 2014, por el entonces presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto.

El 10 de diciembre de 2014 se sometió a discusión el dictamen ante el pleno de la Cámara de Diputados y, toda vez que se llevó a cabo la discusión en lo general y la presentación de reservas —y que ninguna de estas fue aprobada para su incorporación al dictamen—, se recabó la votación nominal y finalmente fue aprobado por 368 votos a favor, 3 votos en contra y 0 abstenciones.

La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo fue enviada al Senado de la República, misma que fue turnada y dictaminada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Segunda; asunto que fue llevado al pleno el 22 de octubre de 2015.

Después de un gran debate al interior del Congreso y de una serie de modificaciones al dictamen, el 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El decreto de referencia, tal como se exponía en las Cámaras del Congreso de la Unión, reformó el artículo 26 de la Constitución para facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el cálculo del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual serviría como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, las entidades federativas y del entonces Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que derivarán de todas las anteriores.

Es aquí en donde el legislador omitió plasmar en la modificación constitucional que:

• La UMA no sería considerada como la referencia que sustituyera al salario mínimo aplicable para el cálculo o pago de pensiones.

Dejando en el tercero transitorio del decreto, la raíz del problema, que a la letra dice:

“A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.

Este transitorio fue y es usado por la autoridad respectiva para fijar los recursos de la pensión y la jubilación en UMA y no en salarios mínimos.

Con la expedición de dicha ley, misma que fue publicada el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación se establecería el método de cálculo que debe aplicar el Inegi para determinar el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización. Además, en su artículo 3 se definió claramente que la UMA se utilizará como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Esta redacción en la ley sobre las UMA, ha tenido repercusiones negativas en las percepciones de las personas pensionadas y jubiladas desde su aplicación, hasta este 2024, derivando en diversas controversias de orden jurisdiccional.

Controversias jurisdiccionales e interpretaciones referentes a las pensiones

Durante los últimos años, las actualizaciones en los ingresos anuales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país han dejado de cumplir su finalidad y lejos de mantener el poder adquisitivo, se han mermado a un punto que resulta insostenible para las beneficiarias y beneficiarios.

Ello, como consecuencia de un cálculo equivocado que se basa en una figura jurídica que nada tiene que ver con los derechos de las y los trabajadores y más aún, con el de las personas pensionadas o jubiladas, que, en muchos de los casos, no tienen alguna otra fuente de ingresos y satisfacen sus necesidades básicas con una pensión disminuida a causa de un tecnicismo.

Ahora bien, no obstante que el salario en sí mismo constituye un derecho y que de él derivan distintos derechos sociales-laborales, en la práctica se ha comprobado que durante los últimos años, de forma sistemática, se han mermado esos derechos, particularmente los relativos a la seguridad social, los cuales garantizan al trabajador derecho a la salud, asistencia médica, protección de los medios de subsistencia y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

En este último apartado, es de resaltarse que, con motivo de la adopción de la UMA, las distintas autoridades en materia de seguridad social, se han visto en la necesidad de adoptar criterios que les permitan mantener el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la legalidad, pero a costa del bienestar de las y los pensionados o jubilados.

A manera de ejemplo, se demostrará de forma pertinente cómo fue que las trabajadoras y trabajadores comenzaron a perder incrementos en sus ingresos por concepto de seguridad social, a los cuales, de conformidad con lo establecido en la Constitución tienen derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció recientemente al respecto para reforzar los argumentos anteriores, al señalar que las jubilaciones, pensiones o retiros son asimilables a la naturaleza del salario mínimo, aun cuando el trabajador no se encuentre activo, ya que estos derechos son por sí una extensión del ingreso recibido por años de trabajo, tal como se enuncia a continuación:

Seguridad social. Las jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro gozan de las medidas protectoras del salario contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII, y B, fracción VI, de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos.

El citado precepto, ubicado en el título sexto, “Del trabajo y de la previsión social”, contiene los derechos de los trabajadores del sector privado (Apartado A) y del sector público (Apartado B), y sus medidas de protección, en particular, las atinentes al salario (mínimo y en general), con la finalidad de que el trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia, sin atentar contra su dignidad, decoro y libertad humanas; asimismo, en dichos apartados se establecen las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores a través de diversos seguros, entre ellos, los que dan lugar al pago de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Ahora, si bien sobre estos últimos conceptos la norma suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas para el salario que les resulten aplicables, específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador, y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro derivadas de la seguridad social se obtienen cuando el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas. Además, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo, y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón —en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano—, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto señalado, esto es, por ser equivalentes en cuanto a su naturaleza al salario mínimo, deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento (artículo 123, Apartado A, fracción VIII), y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley (artículo 123, Apartado B, fracción VI).

Además de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia reiteración, relativa a lo siguiente:

Unidad de Medida y Actualización (UMA). No puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo.

Con motivo del decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se modificó el artículo 123, Apartado A, fracción VI de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la unidad de medida y actualización para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de atender para esos aspectos a la unidad de medida y actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible.

Dicho criterio jurisprudencial advierte con claridad que las prestaciones de los trabajadores por concepto de seguridad social deberán aplicarse sobre la base de un calcula a partir del salario mínimo, puesto que esa es la naturaleza por la cual se construyeron los montos de dichas prestaciones laborales, tal como ya se ha demostrado anteriormente.

Si bien es cierto que la resolución de la SCJN constituye es un avance importante en la protección al derecho que todas las personas pensionadas o jubiladas tienen al obtener los beneficios de una larga vida laborada, no menos cierto es que para obtener la aplicación de este criterio, es necesario acudir ante juzgados, para lograr que se imparta justicia, toda vez que en apego al principio de relatividad de las sentencias de amparo establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de las quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Lo anterior resulta problemático, toda vez que el artículo 217 de la Ley de Amparo establece que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, las juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Lo que significa que, a pesar de ser una jurisprudencia, su contenido no es obligatorio para las autoridades administrativas, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ejemplo de lo que hicieron los institutos de seguridad social, se encuentra en el oficio 09 52 17 9000 I UISS/ 01,17 fechado el 5 de enero de 2017, emitido par el IMSS y dirigido a las delegados estatales y regionales y en el Distrito Federal, cuyo objeto era: comunicar, como todos las años, el nuevo salario mínimo aprobado de conformidad con la Resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, publicada el 19 de diciembre de 2016, así como hacer “de su conocimiento que en conjunto con las diversas tareas del instituto, se está haciendo un análisis de los supuestos en que será aplicable la UMA, lo cual se les dará a conocer una vez concluido el mismo”.

En ese mismo sentido se encuentran las resoluciones del ISSSTE, que mediante oficio SP/02/3415/2017,18 confirmó que modificaría sus sistemas informáticos para adecuarlos al nuevo mecanismo para el cálculo de pensiones.

Así, el nuevo cálculo se realizará conforme al valor de la UMA, estas resoluciones han causado un daño exponencial que se debe parar, el cuadro 1, muestra la disparidad entre el salario mínimo y la UMA desde su creación hasta el día de hoy, lo cual es inversamente proporcional a la cantidad que habrán de recibir como pensión las y las jubilados, y disminuye de forma significativa su poder adquisitivo:

Como se ha observado, la omisión por parte del Legislativo al no salvaguardar la función del salario mínimo para el cálculo de la pensión de los jubilados, ha llevado a los ciudadanos a la judicialización de sus derechos, generando criterios judiciales diferentes a trabadores según su condición y empleador, lo cual rompe el estado de derecho y limita los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Ejemplo de esto es que, a pesar de diversos criterios, cuando esta problemática llegó al ISSSTE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de febrero de 2021 determinó que para los trabajadores del Estado las pensiones serían calculadas en UMA y el máximo de pensión jubilatoria a alcanzar para los empleados del sector público será de 10 UMA:

El cálculo del tope máximo de pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado, sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, debe determinarse con base a la UMA.

El tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivada de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario.

La reforma constitucional eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular el monto de pago de diversas obligaciones, multas, créditos, y aportaciones de seguridad social. La finalidad de esta modificación fue permitir que el salario mínimo pudiera ser incrementado constantemente para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores; ello sin que al mismo tiempo se incrementaran otra serie de conceptos ajenos al salario. La decisión de la Segunda Sala permitirá que continúe la recuperación del salario, sin poner en riesgo los fondos de pensiones.

Por todo lo anterior, la Sala concluyó que, acorde con la Constitución federal, la Ley del ISSSTE abrogada y el artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base en la UMA.

Con esta determinación, las y los trabajadores sufrieron un duro golpe en sus derechos laborales toda vez que para quienes trabajan en el ISSSTE se estableció un tope de 10 UMA, mientras que para quienes cotizan al seguro social el tope sería de 25 UMA, validando así que el cálculo de este derecho se continúe realizando en una medida que no fue pensada para ello.

Para evitar este desencuentro de criterios se requiere establecer claramente, a nivel constitucional, que toda aquellas prestaciones o derechos de seguridad social obtenidos por las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, deben ser debidamente retribuidas conforme su naturaleza, por lo que la determinación de la cuota de pensiones debe tratarse como una prestación de naturaleza laboral, calculando montos conforme a salarios mínimos y no UMAS.

Por ende, el Poder Legislativo debe legislar para brindar soluciones a quienes lo exigen de manera justificada, no es admisible que las dependencias encargadas de la seguridad social realicen interpretaciones de la Constitución en detrimento de las y las trabajadores, un transitorio del decreto original no puede ser la justificación para cometer injusticias contra quienes han trabajado arduamente por el país y que tienen derecho a gozar de pensiones dignas.

En ese sentido, la presente reforma busca eliminar el cálculo de un derecho constitucional como lo es la pensión, con una herramienta ajena al que el Estado en origen concibió y adoptó para una distribución de la riqueza justa, es decir el salario.

Para ello se propone la siguiente redacción:

Por ello, la iniciativa de reforma propondrá en los transitorios lo siguiente:

1. Que las instituciones de seguridad social estarán obligadas a vincular el salario mínimo para el cálculo de las pensiones o jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores,

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados deberán asegurar en el Presupuesto de Egresos se garanticen recursos suficientes para asegurar que las pensiones o jubilaciones sean calculadas y pagadas con base en el salario mínimo vigente; y

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS y el ISSSTE deberán elaborar un programa enfocado en las trabajadoras y trabajadores afectados por el cálculo de sus pensiones o jubilaciones con base en la unidad de medida y actualización, con la finalidad de que, en un plazo no mayor a cinco años, se pague de forma retroactiva la diferencia que resulte con el cálculo de las pensiones o jubilaciones con base en el salario mínimo vigente.

Por lo expuesto, se somete a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 y la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de vincular el salario mínimo para calcular las pensiones o jubilaciones de los trabajadores

Único. Se modifica el párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 y la fracción VI del Apartado A del artículo 123, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

A. ...

...

...

...

B. ...

...

...

...

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos referentes a multas o sanciones económicas que derivan de las bases normativas, legales o reglamentarias, previstas en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Artículo 123. ...

A. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Salvo el cálculo de pensiones y jubilaciones.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las instituciones de seguridad social deberán vincular el salario mínimo al cálculo de las pensiones o jubilaciones de las trabajadoras y trabajadores.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados asegurarán en el Presupuesto de Egresos los recursos suficientes para cubrir las pensiones o jubilaciones acorde al calculo con base en el salario mínimo vigente; y

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS y el ISSSTE elaborarán un programa enfocado a las trabajadoras y trabajadores afectados por el cálculo de sus pensiones o jubilaciones con base en la unidad de medida y actualización, con la finalidad de que, en un plazo no mayor a cinco años, se pague de forma retroactiva la diferencia que resulte con el cálculo de las pensiones o jubilaciones con base en el salario mínimo vigente.

Notas

1 Valadés, Diego La no aplicación de las normas y el Estado de derecho Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. XXXV, núm. 103, enero - abril, 2002, pp. 589-620 Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México

2 Organización Internacional del Trabajo, Estudio General de las memorias relativas al Convenio (núm. 131) y a la Recomendación (núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, retomado en la Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, 2014. Disponible en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-relconf/doc uments/meetingdocument/wcms_235286.pdf.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 123. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 DOF: 19/12/2011 Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2012.

5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/docleg/63/226_ DOF_27ene16.pdf

6 DOF: 27/01/2016 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fech a=27/01/2016#gsc.tab=0

7 DOF: 30/12/2016 Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468187&fecha =30/12/2016#gsc.tab=0

8 Registro digital: 2004106 Instancia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Décima Época Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: P. XXXVI/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tipo: Tesis Aislada.

https://bj.scjn.gob.mx/doc/tesis/MPVoMHYBN_4klb4HjGBv/%22Derecho %20al%20m%C3%ADnimo%20vital%22

9 Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [LARACPEUM]. Art. 21. 2 de abril de 2013. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf

10 Derecho a la Seguridad Social. La Cuantía de las Pensiones en el Caso de las Personas Afiliadas al ISSSTE

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-04/D erecho_Seguridad_Social_ISSSTE.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La solidaridad no es un acto de compasión, sino de humanidad. Representa el reconocimiento de que nuestra vulnerabilidad demanda el apoyo de las personas que nos rodean y que nadie, por sí mismo, puede superar las dificultades de la vida sino es con el acompañamiento de los otros.

La enfermedad es sin duda uno de los episodios de la existencia humana que demanda la empatía de quienes nos rodean. Estoy seguro de que en algún momento todas y todos hemos tenido familiares o amigos, o incluso nosotros mismos, que requerimos una donación de sangre.

La propuesta que presento consiste en reformar la legislación laboral para establecer que es obligación de las personas empleadoras otorgar licencias de trabajo con goce de sueldo, equivalentes a una jornada laboral, para que las personas empleadas puedan acudir a realizar donaciones de sangre. De esa forma, se consolidaría la cohesión social, que es un elemento indispensable para el progreso de nuestra nación. En el caso de la Ley Federal del Trabajo, adicionalmente se propone hacer las adecuaciones pertinentes para garantizar el lenguaje de género y reemplazar el término patrones, por el de personas empleadoras.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el acceso universal a las transfusiones de sangre y los hemocomponentes seguros es un servicio esencial para la cobertura universal de salud ya que contribuye a salvar millones de vidas y a mejorar la salud de las personas que los necesitan. Las transfusiones sanguíneas se han identificado como una de las ocho intervenciones clave capaces de salvar vidas en los centros asistenciales que ofrecen servicios de atención obstétrica de emergencia (Plan de Acción para el Acceso Universal a Sangre Segura, Organización Panamericana de la Salud, 154 sesión del Comité Ejecutivo).

La sangre para transfusión es una intervención transversal indispensable en los servicios de salud y un requisito esencial para garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel de salud y otros derechos humanos relacionados.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) hace un llamado para motivar a más personas a donar sangre voluntariamente y enfatiza que las donaciones de sangre voluntarias y no remuneradas constituyen la base de un suministro de sangre seguro y suficiente. Las personas que donan sangre de forma altruista no tienen incentivos a proporcionar datos falsos que pudieran poner en duda la seguridad del plasma.

Asimismo, la OPS recomienda a los países que todavía no llegan a 100 por ciento de donaciones voluntarias que intensifiquen sus esfuerzos por aumentar el número de donantes regulares con el fin de mantener una población estable de donantes que permita atender las necesidades nacionales de sangre y componentes sanguíneos en todo momento, tanto en condiciones normales como en situaciones de emergencia.

En ese camino, México tiene un gran pendiente, pues hasta 2021 el porcentaje de donaciones altruistas era de 8.5, uno de los más bajos de América Latina. Esta realidad nos convoca a implantar acciones para facilitar la donación altruista de sangre.

Como legisladores somos responsables de impulsar los cambios normativos que contribuyan a mejorar el nivel de bienestar de todas y todos los mexicanos, la propuesta que pongo a su consideración es un llamado a cumplir nuestra responsabilidad.

Por los motivos expuestos presento la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de permisos laborales para acudir a realizar donaciones de sangre

Primero. Se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la fracción XXXIV, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de las personas empleadoras:

I. a XXXIII. ...

XXXIV. Otorgar licencia de trabajo con goce de sueldo, equivalente a una jornada laboral, para que las personas empleadas puedan acudir a realizar donaciones de sangre. Dicha licencia podrá otorgarse máximo una vez cada dos meses, sin rebasar 4 veces al año y deberá presentar el comprobante de haber acudido al banco de sangre para realizarse los análisis de exploración o la donación de sangre o de algunos de sus componentes.

Por ninguna circunstancia le producirá perdida o disminución de sueldos, salarios o permisos por este concepto o causa.

En el caso de que la persona empleada haya realizado una donación de sangre en forma altruista, en horario fuera de su jornada laboral, previa comprobación oficial de ello, tendrá derecho a licencia de un día de descanso, con goce de salario.

Segundo. Se adiciona la fracción X al artículo 15 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 15. Las personas empleadoras están obligadas a

I. a IX. ...

X. Otorgar licencia de trabajo con goce de sueldo, equivalente a una jornada laboral, para que las personas empleadas puedan acudir a realizar donaciones de sangre. Dicha licencia podrá otorgarse máximo una vez cada dos meses, sin rebasar 4 veces al año y deberá presentar el comprobante de haber acudido al banco de sangre para realizarse los análisis de exploración y/o la donación de sangre o de algunos de sus componentes.

Por ninguna circunstancia le producirá perdida o disminución de sueldos, salarios o permisos por este concepto o causa.

En el caso de que la persona empleada haya realizado una donación de sangre en forma altruista, en horario fuera de su jornada laboral, previa comprobación oficial de ello, tendrá derecho a licencia de un día de descanso, con goce de salario.

Tercero. Se adiciona la fracción III al artículo 191 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 191. Son obligaciones de las dependencias y entidades:

I. y II. ...

III. Otorgar licencia de trabajo con goce de sueldo, equivalente a una jornada laboral, para que las personas empleadas puedan acudir a realizar donaciones de sangre. Dicha licencia podrá otorgarse máximo una vez cada dos meses, sin rebasar 4 veces al año y deberá presentar el comprobante de haber acudido al banco de sangre para realizarse los análisis de exploración y/o la donación de sangre o de algunos de sus componentes.

Por ninguna circunstancia le producirá perdida o disminución de sueldos, salarios o permisos por este concepto o causa.

En el caso de que la persona empleada haya realizado una donación de sangre en forma altruista, en horario fuera de su jornada laboral, previa comprobación oficial de ello, tendrá derecho a licencia de un día de descanso, con goce de salario.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2024.– Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, en mi carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis y XVII Bis al artículo 3 y se adiciona un artículo 64 Quater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de acoso sexual laboral y hostigamiento laboral, al tenor de la siguiente:

Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”.

Entre los tipos de violencia contra el género femenino se encuentra el hostigamiento y acoso sexual laboral, por hostigamiento y acoso sexual entendemos que es una forma de violencia y discriminación, identificado como tal a principios de los años setenta.

Algunas feministas hemos observado conductas similares y se denominan como un tipo de agresión masculina que aparentaba ser sexual, pero que constituía un ejercicio de poder.

El hostigamiento sexual es un problema lacerante para la sociedad que afecta principalmente al género femenino y le impide su desarrollo, toda vez que viola su derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral; y que, en muchos casos atenta contra la libertad y la seguridad personal, la dignidad, el derecho a la intimidad, al trabajo y al desarrollo general.

Este tipo de conductas se ejerce generalmente desde una posición de poder, en donde el sujeto pasivo se encuentra respecto al superior en una situación de alta vulnerabilidad. El problema tiene relación directa con los roles que se atribuyen a los hombres y a las mujeres en la vida social y económica y que afecta directa o indirectamente a la situación de las mujeres en el mercado laboral.

Si bien los hombres también sufren casos de acoso sexual en sus espacios de trabajo, la realidad es que son las mujeres las que mayormente sufren este tipo de agresión.

El acoso sexual laboral se da en un contexto de violencia contra las mujeres o violencia de género, de igual manera, también se producen otros actos discriminatorios contra las mujeres como las diferencias de salarios, el reparto de tareas por género, entre otros. A estos se asocian el acoso psicológico o moral, así como abusos de tipo racista y homofóbicos.

El acoso sexual laboral vertical es considerado el más grave, ya que es el ejercido entre compañeras y compañeros, ya que el acosador se aprovecha de una doble posición de ventaja, siendo la primera la que le proporciona ser jefe y la segunda su ventaja de género.

Es necesario el promover el tema y darlo a conocer en todos los niveles de las dependencias, toda vez que no existe un mecanismo apropiado para tratar los casos de hostigamiento y acoso sexual, donde un porcentaje alto comentó no tener la confianza necesaria acerca de dar trato y seguimiento adecuados por parte de las autoridades a estas problemáticas, ante esta falta de conocimiento en si existe o no un mecanismo interno para denunciar, es un área de oportunidad importante detectada, dejando claro que se debe promover internamente la cultura de valores y de denuncia ante casos de hostigamiento y acoso sexual y concientizar a las personas que sean afectadas ante estas situaciones a no tener temor a denunciar ante las autoridades y ante los mecanismos competentes por el hecho de las represalias.

En términos jurídicos, el acoso sexual se considera una forma de abuso sexual. El acoso sexual no sólo es inadecuado, sino que también es ilegal y, en los casos apropiados, los autores pueden ser considerados responsables ante los tribunales civiles y penales.

Cuando el acoso sexual se produce en el lugar de trabajo en cualquier momento mientras el agresor está trabajando, el empleador del agresor también puede ser considerado responsable, y existen múltiples leyes estatales y federales que ofrecen protecciones especiales a los empleados que sufren acoso sexual en el trabajo.

Al respecto, el acoso sexual laboral se puede clasificar de la siguiente manera, tomando en cuenta el grado de agresión a la que es sometida la persona que lo padece:

El acoso sexual verbal consiste en decir cualquier cosa de naturaleza sexual a alguien que no está dispuesto a recibirla. Si otra persona le dice algo explícitamente sexual o sexualmente sugerente, y si lo que le dice le incomoda, puede ser víctima de acoso sexual.

Es importante mencionar que no todos los comentarios de contenido sexual alcanzan el nivel de acoso sexual, y la intención del autor puede ser un factor en algunos casos, por ejemplo, si alguien cuenta un chiste sexual creyendo que será considerado gracioso, no ofensivo.

El acoso sexual no verbal es cualquier forma de comunicación o conducta sexual no deseada que implique algo distinto del lenguaje verbal pero que no llegue al contacto sexual físico. Incluye el envío de correos electrónicos y mensajes de texto de contenido sexual explícito o de naturaleza sexual.

También en este caso, un solo acto de acoso sexual no verbal no dará lugar necesariamente a una demanda legal, aunque es una posibilidad, dependiendo de las circunstancias. Si tienes alguna prueba (por ejemplo, un correo electrónico o un mensaje de texto), debes guardarla para compartirla con tu abogado; y, si alguien vio lo ocurrido, podría servir también como testigo importante en tu caso de acoso sexual.

El contacto físico no deseado se considera acoso sexual o agresión sexual, dependiendo de la gravedad del encuentro. Entre los ejemplos de contacto físico que pueden constituir acoso sexual, o que pueden difuminar la línea que separa el acoso sexual de la agresión sexual.

Acciones Sexuales No Recíprocas: Son aquellas conductas verbales y físicas que contienen aspectos relacionados con la sexualidad, las cuales son recibidas por alguien sin ser bienvenidas. Además, todas estas acciones son repetitivas, vistas como premeditadas y aunque persiguen un intercambio sexual, no necesariamente lo alcanzan.

Coerción Sexual: Se refiere a la intención de causar alguna forma de perjuicio o proporcionar algún beneficio a alguien si rechaza o acepta las acciones sexuales propuestas, lo que manifiesta una clara relación asimétrica, identificándose con mayor precisión en espacios laborales y educativos.

Sentimientos de Desagrado: Son los sentimientos de malestar que esta experiencia produce, las sensaciones de humillación, insatisfacción personal, molestia o depresión, que son consecuencia de las acciones sexuales no reciprocas. Tales conductas ofenden a quien las recibe e interfieren con sus actividades cotidianas.

Sin embargo, hay una línea que se puede cruzar fácilmente; y, para las personas que sienten que han sido víctimas de acoso sexual verbal, es importante consultar con un abogado sin demora.

El acoso sexual afecta negativamente a la persona trabajadora y al proceso, toda vez que repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el ausentismo, disminuye el ritmo de trabajo debido a la falta de motivación.

De igual manera, tiene consecuencias psicológicas, estrés, ansiedad, depresión, estado de nerviosismo, desesperación, impotencia, y consecuencias físicas como trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas e hipertensión, entre otros.

Específicamente en las consecuencias psicológicas, las víctimas desarrollan el trastorno del estrés postraumático, ansiedad y rechazo al trabajo; depresión, pérdida de interés en lo que antes les parecía atractivo; además de que el impacto psicológico crece cuando la víctima calla y oculta el acoso por miedo a represalias o a la falta de credibilidad.

Para lograr ambientes laborales igualitarios y equitativos es necesario lograr que las instituciones sean espacios libres de todo tipo de violencia contra las mujeres por ello, resulta de gran importancia impulsar políticas de actuación para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, que es la principal forma de violencia que sufrimos las mujeres al desarrollar nuestros trabajos, se tiene que promover todo tipo de medidas e impulsar medidas de prevención.

Es importante destacar que se tiene un marco normativo que refieren sanciones por hostigamiento sexual y acoso sexual en términos de diferentes disposiciones aplicables ya que estas resultan como conductas sancionables que se pueden y deben denunciar porque atentan contra varios derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la libertad, a la dignidad y a la intimidad.

Al respecto, en el Código Penal Federal, el hostigamiento sexual se encuentra dentro del apartado de “Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual” que y establece que:

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

I. a XXXIII. ...

XXXIV. Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

XXXV. a XXXVII. ...

...

...

...

De igual manera, el artículo 259 Bis del Código Penal, estable que:

Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de ochocientos días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Si bien es cierto, como podemos observar, en el Código Penal Federal se encuentran previstas sanciones relacionadas a los hechos antes mencionados, de igual manera, la Ley Federal de Trabajo, al respeto estipula lo siguiente:

Artículo 3o. Bis. - Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

I. a VII. ...

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

IX. a XV. ...

De igual manera, en el mismo ordenamiento, en su artículo 133 y 135 establece lo siguiente:

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. a XII. ...

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo;

XIV. a XVIII. ...

Artículo 135.- Queda prohibido a los trabajadores:

I. a X. ...

XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo.

Como se aprecia, la misma Ley Federal de Trabajo define y sanciona dichos actos, no obstante, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo de la presente reforma, no se encuentran definidos dichos actos que pueden ser ejercidos por servidores públicos, por ello, que la presente propuesta pretende introducir los conceptos en dicho ordenamiento y en aras de tener concordancia con el Código Penal Federal y la Ley Federal de Trabajo, se sugiere se utilicen las mismas definiciones.

De igual manera, es importante mencionar que, el objeto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación y establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación; las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, y establecer las sanciones por la comisión de faltas de particulares, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

Al respecto, la ley antes mencionada, refiere a faltas administrativas mismas que cataloga como: faltas administrativas graves, faltas administrativas no graves y faltas de particulares, conforme a lo dispuesto en dicho ordenamiento.

Para el tema que nos ocupa, dicho ordenamiento no contempla actualmente el hostigamiento y el acoso sexual laboral como una falta en los tres tipos que en dicha ley detalla, como se puede apreciar en el apartado de las faltas graves, solo se consideran faltas graves el cohecho, el peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información privilegiada, abuso de funciones, conflictos de interés, contrataciones indebidas, enriquecimiento indebido, simulación, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

Por lo anterior, es importante que los actos de hostigamiento y acoso sexual laboral sean contemplados en dicho ordenamiento y de igual manera sea sancionado, dentro de las sanciones a las que son acreedores los servidores públicos podemos observar las siguientes:

Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Aunado a lo anterior, esta iniciativa pretende que, en caso de ser aprobada, conforme a la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 27, establece lo siguiente:

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Plataforma digital nacional contará además con los sistemas de información específicos que estipula la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.

En el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional se inscribirán y se harán públicas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones legales en materia de transparencia, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta Ley, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 77 y 80 de esta Ley.

Los entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el sistema nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma digital nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas.

Por lo anterior, objeto de la presente iniciativa es que dichos sujetos que sean sancionados por los hechos de acoso y hostigamiento sexual sean inscritos en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional y se haga público, por ende, en caso de ser aprobada esta propuesta, también serán registrados los servidores públicos en dicha plataforma.

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción I Bis y XVII Bis al artículo 3; se adiciona un artículo 64 Quater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de acoso sexual laboral y hostigamiento laboral

Único. Se adiciona una fracción I Bis y XVII Bis al artículo 3; se adiciona un artículo 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. ...

I Bis. Acoso sexual: cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo.

II. a XVII. ...

XVII Bis. Hostigamiento: el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; el ejercicio del poder relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

XVIII. a XXVII. ...

Artículo 64 Quater. Será considerada como falta administrativa grave al servidor público que resulte responsable de acoso sexual por ejercer cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo.

Será considerada como falta administrativa grave al servidor público que resulte responsable de hostigamiento que al ejercer conductas con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales y que resulte responsable de hostigamiento.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/decl aration-elimination-violence-against-women

2 Protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual laboral,

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah .pdf

3 Hostigamiento sexual y acoso sexual, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México,

https://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Hostigamient o-Acoso-Sexual.pdf

4 Protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual laboral,

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah .pdf

5 Codigo Penal Federal, artículo 225 y 259 Bis,

6 Ley Federal de Trabajo, artículo 3, 47, 133 y 135,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

7 Ley General de Responsabilidades Administrativas,

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputadas: Lilia Aguilar Gil, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Blanca Araceli Narro Panameño, Julieta Kristal Vences Valencia, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Nora Jessica Merino Escamilla, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 272 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma artículo 272 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Consideraciones

En la actualidad el Cáncer de mama es el de mayor incidencia a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan 2.3 millones de nuevos casos y fallecen 670 mil personas por esta causa y se tienen registros de que los casos se están presentando de manera similar tanto en países desarrollados y en desarrollo, pero la mayoría de las muertes se da con mayor frecuencia en países de bajos ingresos, en donde el diagnóstico se realiza en etapas muy avanzadas de la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), refiere que en la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, después de las enfermedades cardiovasculares, y es una base importante de las desigualdades en salud. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por cáncer. Aproximadamente, el 57 por ciento de los nuevos casos de cáncer y el 47 por ciento de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes.

El organismo internacional también señala, que de igual forma las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32 por ciento) es mucho mayor que en América del Norte (19 por ciento).

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, el pronóstico después de un diagnóstico de cáncer de mama ha mejorado dramáticamente en los países de altos ingresos, los cuales han tenido una disminución del 40 por ciento en mortalidad por cáncer de mama (estandarizada por edad) entre 1980 y 2020, tras la introducción de programas de detección temprana y protocolos de tratamiento estandarizados. La detección precoz y el acceso a tratamiento efectivo siguen siendo un reto para países con recursos limitados, a pesar de que existen intervenciones probadas y rentables.

A nivel mundial, se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60 por ciento durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.

En la Región de las Américas, si no se toman medidas para prevenir y controlar el cáncer, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 57 por ciento, lo que significa aproximadamente 6,2 millones de personas para 2040.

De acuerdo a la NCD Alliance (por sus siglas en inglés) En las mujeres, el cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más común, existen varios factores que contribuyen a contraerlo, como son: El consumo de tabaco y de alcohol, las dietas y la nutrición poco saludables y los alimentos que consumimos, el sobrepeso y la obesidad, algunas infecciones tienen más probabilidades de provocar cáncer porque los virus pueden producir cambios en las células que pueden volverse cancerosas. Además de estos riesgos modificables, el riesgo de cáncer también está relacionado con la genética y la edad. Otros factores de riesgo modificables están relacionados con el entorno que nos rodea y nuestros lugares de trabajo. Entre ellos se encuentran la contaminación del aire, la exposición a fuentes de radiación de origen humano y la exposición prolongada a las radiaciones ultravioleta del sol y de las camas solares, que también pueden provocar melanomas y neoplasias malignas de la piel.

Hoy en día, gran parte de la población busca soluciones para reducir las arrugas en el rostro, estimular el crecimiento del cabello, utilizar tintes, minimizar la apariencia de las manchas en la piel y muchas otras necesidades que han dado pie a la comercialización de productos cosméticos, la Ley General de Salud establece textualmente en el artículo 269 que “...se consideran productos cosméticos las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana...”.; observamos entonces que para la elaboración de cosméticos se requiere de diversas sustancias, entre las que se encuentran los parabenos y el aluminio.

Los parabenos son, en realidad, varias sustancias químicas distintas con una estructura molecular similar. Varias de ellas son comunes en una amplia gama de productos cosméticos y de cuidado personal: etilparabeno, butilparabeno, isobutilparabeno, isopropilparabeno, metilparabeno y propilparabeno.

El metilparabeno y el propilparabeno son los más comunes. Los parabenos son más comunes en productos de cuidado personal que contienen cantidades significativas de agua, como champús, acondicionadores, lociones y limpiadores y exfoliantes faciales y de ducha, porque desalientan el crecimiento de microbios.

Si bien la Revisión de ingredientes cosméticos recomienda límites de concentración para concentraciones individuales (hasta 0,4 por ciento) y totales de parabenos (hasta 0,8 por ciento) en un solo producto, estas recomendaciones no tienen en cuenta la exposición a parabenos de varios productos por parte de una sola persona.

Los parabenos se encuentran en casi todas las muestras de orina de adultos estadounidenses, independientemente de su origen étnico, socioeconómico o geográfico.

En un estudio de biomonitoreo, las adolescentes y las mujeres adultas tenían niveles más altos de metilparabeno y propilparabeno en la orina que los hombres de edades similares.

Un estudio realizado en el Reino Unido en 2004 detectó rastros de cinco parabenos en los tumores de mama de 19 de las 20 mujeres estudiadas.

Los parabenos no son solubles en agua y pueden penetrar la piel. Como resultado, la aplicación repetida de un producto o de varios productos que contengan parabenos podría significar una exposición casi continua.

La ubicuidad de los parabenos en los productos de cuidado personal hace que este sea un escenario razonable.

Los parabenos son potenciales disruptores endocrinos debido a su capacidad para imitar al estrógeno.

En estudios celulares, se ha descubierto que los parabenos se unen débilmente a los receptores de estrógeno.

Los estudios demuestran que, en concentraciones suficientes, los parabenos pueden aumentar la proliferación celular en células MCF-7 de cáncer de mama humano, que a menudo se utilizan como una medida sensible de la actividad estrogénica.

Los parabenos denominados de “cadena larga” (butilparabeno y su forma alternativa, isobutilparabeno e isopropilparabeno y propilparabeno) tienen la actividad estrogénica más fuerte entre los productos de uso generalizado en el cuidado personal. Un estudio de la exposición prenatal al isobutilparabeno en ratas demostró un aumento del peso del útero y de la sensibilidad uterina al estrógeno en la descendencia.

El etilparabeno mostró niveles más bajos de actividad estrogénica y el metilparabeno casi no muestra actividad estrogénica.

Además de los efectos estrogénicos directos, los parabenos pueden bloquear los andrógenos (por ejemplo, la testosterona) e inhibir las enzimas que metabolizan el estrógeno.

El intercambio de disruptores endocrinos incluye metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, isopropilparabeno, como disruptores endocrinos debido a los múltiples efectos endocrinos descritos anteriormente.

La aplicación de productos de cuidado personal que contienen parabenos, especialmente metilparabeno, puede provocar daños inducidos por los rayos UV en las células de la piel y alterar la proliferación celular (tasa de crecimiento celular).

La aplicación diaria, en particular, puede provocar un aumento de las concentraciones de metilparabeno porque no se metaboliza por completo.

Los parabenos combinados con otras sustancias químicas estrogénicas pueden influir potencialmente en el desarrollo del melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, a través de sus actividades estrogénicas y genotóxicas.

Vislumbramos que los parabenos son un grupo de productos químicos muy utilizados como conservantes en productos cosméticos y de cuidado personal, tales como de-sodorantes, geles de ducha y cremas corporales. Se emplean para impedir eficazmente el crecimiento de microorganismos.

La principal preocupación como se puntualizó en líneas precedentes, con respecto al uso de parabenos en cosméticos es el potencial de algunos de ellos para actuar como hormonas en el cuerpo, más concretamente como estrógenos, la hormona sexual femenina. Los parabenos no son solubles en agua y pueden penetrar la piel. Como resultado, la aplicación repetida de un producto o de varios productos que contengan parabenos podría significar una exposición casi continua. La ubicuidad de los parabenos en los productos de cuidado personal hace que este sea un escenario razonable.

Entre el grupo de los cosméticos también encontramos los tintes convencionales, los que suelen tener ingredientes dañinos para la salud y el medio ambiente. Muchos de ellos además de tener amoniaco y PPD (parafenilendiamina), un colorante sintético que puede causar reacciones alérgicas graves en algunas personas, también contiene resorcinol, amoniaco y parabenos, dos ingredientes que han sido relacionados con trastornos hormonales y otros problemas de salud.

Existen estudios que muestran que otro factor de riesgo, que aumenta las posibilidades de que una persona padezca de cáncer de mama es el uso de antitranspirantes. El uso cotidiano de antitranspirantes es una práctica cotidiana de las personas, y un factor aunque no determinante pero si con probabilidades muy altas de contraer cáncer de mama, sobre todo porque la mayoría de estos productos contienen como sustancia activa “aluminio” y “parabenos”.

Los antitranspirantes trabajan obstruyendo, cerrando y bloqueando los poros que liberan sudor por las axilas. Las axilas son una de desintoxicación del cuerpo (liberando toxinas a través del sudor de la axila).

El aluminio y sus compuestos se encuentran comúnmente en productos cosméticos como desodorantes, antitranspirantes, barras de labios y pasta de dientes, regulados por el Reglamento Europeo de Cosméticos 1223/2009.Jan 24, 2024. En México contamos con el Acuerdo de Sustancias Prohibidas y Restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo de 2010 y que señala las concentraciones de ingredientes que están permitidos o bien, cuáles no pueden utilizarse en la formulación de productos cosméticos.

Dado que el uso más común del aluminio ha sido en desodorantes y antitranspirantes, se ha relacionado con diferentes padecimientos y enfermedades como el cáncer de mama. El Instituto Nacional del Cáncer señaló que los compuestos de aluminio se usan en los antitranspirantes como ingredientes activos. Estos compuestos forman una cubierta temporal de los conductos del sudor que detiene el flujo de sudor hacia la superficie de la piel. Algunos estudios sugieren que los antitranspirantes para la axila que contienen aluminio, los cuales se aplican frecuentemente y se dejan en la piel cerca del seno, pueden ser absorbidos por la piel y tener efectos (hormonales) como el estrógeno ya que el estrógeno puede fomentar el crecimiento de células de cáncer de seno, algunos científicos sugieren que los compuestos de aluminio en los antitranspirantes pueden contribuir a la formación del cáncer de seno. Además, se ha sugerido que el aluminio puede tener una actividad directa en el tejido del seno.

Un estudio publicado en el Diario de Toxicología Aplicada (Journal of Applied Toxicology), demostró que el aluminio en la mayoría de casos es depositado en el tejido mamario e incluso puede ser encontrado en líquido siendo absorbido por el árbol de conductos de los senos. Los investigadores en una muestra realizada determinaron que el nivel medio de aluminio en el líquido aspirado del pezón era significativamente alto en las mujeres afectadas por el cáncer de mama en comparación con los niveles de las mujeres sanas, lo que podría sugerir que los niveles elevados de aluminio toman un papel como de marcador biológico para identificar a las mujeres con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

En un estudio publicado en el Diario de Bioquímica Inorgánica (Journal of Inorganic Biochemistry) los investigadores analizaron muestras de numerosas pacientes con cáncer de mama que habían sido sometidos a una mastectomía en el hospital de Wythenshawe, Manchester. Los investigadores hallaron en los tejidos mamarios elevados niveles de aluminio, sustancia que compone el 90 por ciento de los agentes antitranspirantes de la mayoría de los desodorantes que tratan de evitar la sudoración. Las mujeres que utilizaron antitranspirantes tenían depósitos de aluminio en el tejido mamario exterior. Las concentraciones de aluminio fueron más altas en el tejido más cercano a la axila que en el seno central.

No es algo común que haya aluminio en el cuerpo humano, señal muy clara de que el metal estaba siendo absorbido de los antitranspirantes en roll-on y spray. El aluminio normalmente sólo se encuentra en los antitranspirantes. Las sales de aluminio pueden representar el 25 por ciento del volumen de algunos antitranspirantes y una revisión de las fuentes más comunes de exposición al aluminio para los seres humanos encontró que el uso de antitranspirantes puede aumentar significativamente la cantidad de aluminio absorbida por el cuerpo. De acuerdo con la revisión, después de una sola aplicación de antitranspirante, cerca del 0.12 por ciento de aluminio podría ser absorbido.

Algunos otros estudios han sido enfocados en los parabenos, los cuales son preservativos que se usan en algunos desodorantes y antitranspirantes que, se ha demostrado, imitan la actividad del estrógeno en las células del cuerpo y estos en estrógenos en altas cantidades pueden desarrollar células cancerígenas.

Una investigación publicada en el Diario de Toxicología Aplicada (Journal of Applied Toxicology) observo el lugar donde los tumores de mama estaban apareciendo, y determinó que la mayor concentración de parabenos tomo lugar en los cuadrantes superiores del seno y la zona axilar, lugar donde comúnmente son aplicados los antitranspirantes.

También se descubrió que uno o más ésteres de parabenos en 99 por ciento de las 160 muestras de tejido obtenidas de 40 mastectomías. En el 60 por ciento de las muestras, estuvieron presentes los cinco ésteres de parabenos. No hubo correlación entre las concentraciones de parabenos y la edad, duración de la lactancia materna, la ubicación del tumor, o el contenido tumoral del receptor de estrógeno. Lo que nos indica que los parabenos, se pueden bioacumular en el tejido mamario.

Los investigadores Philip Harvey and David Everett titulares de Biología Molecular en la Universidad de Reading, Gran Bretaña (Molecular Biology at the University of Reading, UK); encontraron que los estrógenos, ya sean sintéticos o naturales, son un factor de riesgo primario para el cáncer de mama. Aproximadamente 20 diferentes estudios han demostrado que los parabenos tienen actividad estrogénica, lo que los hace relevantes cuando se trata de cáncer sensible al estrógeno. Por ejemplo, el metilparabeno promueve el ciclo celular y hace que las células humanas de mama sean más resistentes a la apoptosis, que, según los autores pueden proporcionar las bases moleculares para la proliferación del tumor maligno. El propilparabeno y el butilparabeno causan daños detectables en el ADN.

Harvey y Everett señalan que la hipótesis de que las sustancias químicas en productos de cuidado personal podrían ser perjudiciales para su salud y que contribuyen al cáncer de mama tiene una base en dos observaciones claves:

Las tasas de cáncer de mama han aumentado en las últimas décadas, lo que se correlaciona con los factores de estilo de vida que han causado un cambio significativo durante ese mismo tiempo, tal es el caso de la alimentación, la obesidad, y el uso de productos para el cuidado personal que contienen químicos que son factores de riesgo que aumentan las posibilidades para contraer cáncer de mama.

Los tumores están desproporcionadamente ubicados en el cuadrante superior externo, y se pueden encontrar más tumores en el lado izquierdo mamario que en lado derecho mamario, lo que sugiere que puede estar relacionado con los productos aplicados tópicamente en esas áreas (la mayoría de las personas son diestras, eso les permite aplicar una cantidad mayor en la axila izquierda que en la derecha).

Los anteriores argumentos, nos llevan a concluir que debemos fortalecer las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, control de riesgos sanitarios, la cultura de la salud y la detección y tratamiento oportunos, los cuales estén orientados a reducir y eliminar el impacto que tienen estos padecimientos, lo que nos lleva a retomar el cuarto párrafo del artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “...Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”; el pasado sábado 19 de octubre de la presente anualidad, se celebró el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, lo que nos recordó que durante 2022, según datos de Inegi, la incidencia de casos nuevos fue de 23 mil 790 entre la población de 20 años y más. De acuerdo con GNP Seguros, el año pasado atendió más de 2 mil 200 reportes, 12.8 por ciento más respecto a 2022 y la empresa pagó más de 657 millones de pesos, con un costo promedio de 297 mil pesos por caso. Además, en su cartera de seguros de Gastos Medico Mayores Individual, entre 2019 y el primer semestre de 2024 ha atendido más de 11 mil 600 casos de cáncer de mama, por los cuales ha pagado un monto total de 2 mil 600 millones de pesos, con un promedio anual de más de 443 millones. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) nos dice que un tratamiento de cáncer de mama cuesta en promedio $145,400 pesos por año. Ahora, esto es un promedio, porque el IMSS calcula que tratarse con ellos tiene un valor de entre $100,000 pesos y $200,000 pesos al año, mientras que en un hospital privado puede costar $350,000 pesos anuales, de igual forma se deben tomar en cuenta los factores alrededor del costo del tratamiento de cáncer de mama no sólo depende dónde se trate, sino la etapa en la que sea descubierto el cáncer, por ejemplo, es un factor muy relevante: un cáncer detectado en etapa IV es cuatro veces más caro que uno detectado en etapa.

El diagnóstico en etapas avanzadas señala una demanda de atención tardía, así como problemas en la calidad y oportunidad del diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama con síntomas clínicos. Por otro lado, el elevado porcentaje de casos no clasificables evidencia la fragmentación de los servicios de salud y la falta de coordinación adecuada entre los diferentes niveles de atención, lo cual establece la imperativa necesidad de reforzar el diagnóstico temprano a través de la capacitación del personal de salud de primer y segundo niveles y la organización de servicios especializados dedicados al diagnóstico oportuno de la enfermedad mamaria.

En razón de los datos señalados es por lo que se propone a esta H. Asamblea la presente iniciativa a efecto de que a manera de prevención los empresarios coloquen etiquetas a los productos denominados cosméticos, que contengan “leyendas precautorias” , asociadas a ingredientes que conforme a las disposiciones que emita la Secretaría representen riesgos a la salud, las que deberán estar escritas en idioma español, incluyendo principalmente el nombre de las sustancias, que se expusieron como son los parabenos y el aluminio, haciendo alusión a que el producto contiene “aluminio y parabenos y puede ser causante de cáncer de mama” , con las referidas etiquetas la población tendría la capacidad para discernir entre los productos que existen en el mercado, con la finalidad de elegir el que sea mejor para su salud.

Es evidente que en este gobierno es una preocupación de salud pública la prevención de enfermedades, ejemplo de ello es el uso de los sellos en los empaques de los alimentos a efecto de disminuir la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares entre otras, al concientizar a la población ésta cuenta con elementos para elegir lo que es mejor para su salud.

De igual forma, existe un comunicado de la Secretaria de Salud de fecha 19 de mayo de 2024, en el que señala que el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 17 de mayo de 2024 un acuerdo por el que se da a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberá figurar en todos los paquetes de productos de tabaco y en todo el empaquetado y etiquetado externo, que aplica desde el 1o. de septiembre de este año y hasta el 30 de junio de 2026. Las leyendas señalan las sustancias venenosas que contienen los productos de tabaco y que son causa de cáncer de pulmón, estómago, páncreas y útero, así como daño cardiovascular, y que provocan la muerte de 20 mil personas por enfermedades cardiacas y cuatro mil por accidentes cerebrovasculares. Asimismo, advierten que el consumo de cigarrillos acorta la vida de personas fumadoras, quienes son más propensas a desarrollar enfermedad grave por Covid-19, con alto riesgo de perder la vida.

En todos los casos la prevención no sólo evita enfermedades en la población, sino también ahorra recursos al Estado toda vez que las erogaciones son menores en la prevención y/o en el nivel primario. En la iniciativa que se plantea el gasto en el etiquetado de productos cosméticos sería menor al gasto que se pudiera generar al atender múltiples casos por cáncer de mama, lo cual establece la imperativa necesidad de disminuir los casos por cáncer de mama, disminuyendo el uso de cosméticos con aluminio y parabenos, obligando incluso a la industria de cosméticos a evitar el uso de dichas sustancias.

Para efecto de analizar la presente iniciativa, expongo el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 272 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 272 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 272. En las etiquetas de los envases y empaques en los que se presenten los productos a que se refiere este Capítulo, además de lo establecido en el artículo 210 de esta Ley, en lo conducente, figurarán las leyendas que determinen las disposiciones aplicables.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el etiquetado deberá tener la advertencia de que el producto contiene aluminio y parabenos, y que estos pueden aumentar el riesgo de contraer cáncer de mama. Dicho etiquetado tendrá el objetivo de garantizar los derechos de los consumidores. Para la declaración de ingredientes se utilizarán las nomenclaturas técnicas internacionales que determine la normatividad aplicable.

(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario contarán con un plazo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto para armonizar la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 con lo dispuesto en el mismo.

Tercero. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días posteriores a la publicación del presente decreto para actualizar en concordancia con lo dispuesto en éste el Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza publicado el 6 de mayo del año 2010 en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

2 https://ncdalliance.org/

3 Cosmetic Ingredient Review. Informe final modificado sobre la evaluación de la seguridad del metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, isopropilparabeno, butilparabeno, isobutilparabeno y benciparabeno utilizados en productos cosméticos. International Journal of Toxicology, vol. 27, núm. 4, págs. 1-82, 2008. Disponible en línea:

http://www.cir-safety.org/sites/default/files/paraben_build.pdf . Consultado el 21 de abril de 2022.

4 Ye X., et al., Parabenos como biomarcadores urinarios de exposición en humanos. Environmental Health Perspectives, vol. 114, págs. 1843-1846, 2006.

5 Calafat AM., et al., Concentraciones urinarias de cuatro parabenos en la población estadounidense: NHANES 2005-2006. Environ Health Persp, vol. 118, núm. 5, págs. 679-685, 2010.

6 Darbre PD, et al., Concentraciones de parabenos en tumores de mama humanos. Journal of Applied Toxicology, vol. 24, págs. 5-13, 2004.

7 Prusakiewicz JJ., et al., Los parabenos inhiben la actividad de la sulfotransferasa de estrógeno en la piel humana: posible vínculo con los efectos estrogénicos de los parabenos. Toxicología, vol. 232, págs. 248-56, 2007.

8 Darbre PD., et al., Ésteres de parabenos: revisión de estudios recientes sobre toxicidad endocrina, absorción, esterasa y exposición humana, y análisis de los posibles riesgos para la salud humana. Journal of Applied Toxicology, 2008.

9 Prusakiewicz JJ., et al., Los parabenos inhiben la actividad de la sulfotransferasa de estrógeno en la piel humana: posible vínculo con los efectos estrogénicos de los parabenos. Toxicología, vol. 232, págs. 248-56, 2007.

10 Darbre PD., et al., Ésteres de parabenos: revisión de estudios recientes sobre toxicidad endocrina, absorción, esterasa y exposición humana, y análisis de los posibles riesgos para la salud humana. Journal of Applied Toxicology, 2008.

11 Oishi S., Efectos del butilparabeno en el sistema reproductor masculino de ratas. Toxicología y salud industrial, vol. 17, págs. 31-9, 2001.

12 Kawaguchi M., et al., La exposición materna a isobutilparabeno disminuyó el nivel plasmático de corticosterona en las madres y la sensibilidad al estrógeno en las crías hembras de ratas. J. Vet. Med. Sci., vol. 71, núm. 8, págs. 1027-33, 2009.

13 Oishi S., Efectos del butilparabeno en el sistema reproductor masculino de ratas. Toxicología y salud industrial, vol. 17, págs. 31-9, 2001.

14 Darbre PD., et al., Ésteres de parabenos: revisión de estudios recientes sobre toxicidad endocrina, absorción, esterasa y exposición humana, y análisis de los posibles riesgos para la salud humana. Journal of Applied Toxicology, 2008.

15 Prusakiewicz JJ., et al., Los parabenos inhiben la actividad de la sulfotransferasa de estrógeno en la piel humana: posible vínculo con los efectos estrogénicos de los parabenos. Toxicología, vol. 232, págs. 248-56, 2007.

16 The Endocrine Disruption Exchange (TEDX). Metilparabeno. Disponible en línea:

http://endocrinedisruption.org/popup-chemical-details?chemid=667 . Consultado el 21 de abril de 2022.

17 The Endocrine Disruption Exchange (TEDX). Propilparabeno. Disponible en línea:

http://endocrinedisruption.org/popup-chemical-details?chemid=795 . Consultado el 21 de abril de 2022.

18 The Endocrine Disruption Exchange (TEDX). Butilparabeno. Disponible en línea:

http://endocrinedisruption.org/popup-chemical-details?chemid=441 . Consultado el 21 de abril de 2022.

19 The Endocrine Disruption Exchange (TEDX). Isobutilparabeno. Disponible en línea:

http://endocrinedisruption.org/popup-chemical-details?chemid=915 . Consultado el 21 de abril de 2022.

20 Darbre PD., et al., Ésteres de parabenos: revisión de estudios recientes de toxicidad endocrina, absorción, esterasa y exposición humana, y discusión de los posibles riesgos para la salud humana. Journal of Applied Toxicology, 2008.

21-22 Ishiwatari S., et al., Efectos del metilparabeno en los queratinocitos de la piel. J. Appl. Toxicol, vol. 27, págs 1-9, 2007.

23 Ishiwatari S., et al., Efectos del metilparabeno en los queratinocitos de la piel. J. Appl. Toxicol, vol 27, págs 1-9, 2007.

24 Darbre PD., et al., Ésteres de parabenos: revisión de estudios recientes de toxicidad endocrina, absorción, esterasa y exposición humana, y discusión de los posibles riesgos para la salud humana. Journal of Applied Toxicology, 2008.

25 https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_parabens_es.pdf

26 Willhite CC, Karyakina NA, Yokel RA, et al. Systematic review of potential health risks posed by pharmaceutical, occupational and consumer exposures to metallic and nanoscale aluminum, aluminum oxides, aluminum hydroxide and its soluble salts. Critical Reviews in Toxicology 2014; 44 Suppl 4: 1-80. [PubMed Abstract]

27 Darbre PD, Mannello F, Exley C. Aluminium and breast cancer: Sources of exposure, tissue measurements and mechanisms of toxicological actions on breast biology. Journal of Inorganic Biochemistry 2013; 128: 257-261. [PubMed Abstract]

28 Exley C, Charles LM, Barr L, Martin C, Polwart A, Darbre PD. Aluminium in human breast tissue. J Inorg Biochem. Jun 2012.

29 Toche, Nelly. “Los costos siguen siendo un lastre en la lucha contra el cáncer de mama”. El Economista (17 de octubre de 2022). Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Los-costos-siguen-si endo-un-lastre-en-la-lucha-contra-el-cancer-de-mama-20221017-0136.html

30 https://bit.ly/3UPaZ0u

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Claudia Sánchez Juárez, Celia Esther Fonseca Galicia, José Luis Durán Reveles, Liliana Carbajal Méndez, Luis Orlando Quiroga Treviño, María Luisa Mendoza Mondragón (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 139 de la Ley de la Industria Eléctrica y 9o. de la de Aguas Nacionales, suscrita por la diputada María Josefina Gamboa Torales y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Josefina Gamboa Torales, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Aguas Nacionales, en materia de metodología para la fijación de tarifas eléctricas para usuarios de suministro básico, conforme a la siguiente:

El derecho humano a contar con una vivienda digna, reconocido en el párrafo séptimo del artículo 4o. de nuestra Constitución General, tiene aglutinadas ciertas obligaciones del Estado, una de ellas es el garantizar el acceso al servicio de electricidad; ya que dicha fuente de energía hoy en día impacta todo el quehacer humano o gran parte de éste.

Así, tenemos que para poder hacer uso de las telecomunicaciones, ya sea vía satélite o digital, cada persona debe contar con instrumentos o aparatos que funcionan estando conectados a la energía eléctrica o, en todo caso, se tuvieron que haber recargado sus pilas con la corriente eléctrica.

Como claros ejemplos tenemos a los celulares, computadoras, televisores y radios, que mantienen comunicadas a las personas o que les permite buscar información, ya sea para desempeñar un trabajo o, incluso, para estudiar.

De esta forma, cada uno de nosotros podemos además dar testimonio que, en nuestras viviendas, oficinas, e incluso, en los espacios públicos, para que funcionen gran cantidad de aparatos y servicios, es menester contar con energía eléctrica. Eso lo vemos así al ser beneficiados por la red de iluminado público o de semáforos, por dar un par de ejemplos.

Pues bien, la dependencia de la vida de las actuales sociedades se ve exponencialmente incrementada cuando nos referimos a las casas habitación, en donde las y los mexicanos tienen el derecho a que el Estado les garantice contar con una casa con condiciones dignas, es decir, que le permita hacer su vida diaria y que sea punto de partida para poder hacer ejercicios de otros derechos, como el de salud, alimentos, educación, etcétera.

No perdamos de vista que el derecho al que nos referimos es al de tener “acceso a la electricidad”, obviamente que debe implicar un sistema de generación, distribución y suministros, y es aquí en donde el Estado entra para garantizar el “acceso”, siendo de esta forma un derecho económico, social y cultural (DESC). Es por lo que se hace necesario acudir a consultar los instrumentos internacionales en los que México forma parte; así hallamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25.1 establece que:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 11.1 que:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Como podemos observar, el Estado Mexicano tiene una obligación internacional, así como en su propia Ley Fundamental, de generar las condiciones para que su población pueda contar con una vivienda digna, misma que debe incluir el tener acceso a la energía eléctrica, puesto que gracias a ésta última puede materializar otros derechos a su vez.

Es más, hay un compromiso suscrito por México en donde claramente se expresa que la energía eléctrica es pieza fundamental para garantizar la dignidad humana. Y éste es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, misma que en su artículo 14.2, inciso h), indica que los Estados parte deben garantizarles a las mujeres el:

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

Con todo lo anterior no debe caber la menor duda de que estamos ante un derecho humano, el acceso a la electricidad. Pues bien, desde hace varios años, en diversas regiones del país se han venido presentando reclamos de la ciudadanía, que por su puesto son válidos, así como, legítimos.

Tan solo un ejemplo de esto es la zona conurbada a la que tengo el honor de representar como diputada, Veracruz-Boca del Río, en donde hay reclamos por cobros excesivos, en donde hay casas que pagaban 2 mil pesos al bimestre y ahora les pretenden cobrar 12 mil pesos, o en donde se llega al absurdo de que llegan los recibos con altas cantidades de consumo, sin embargo, las casas no están siendo ocupadas.

Cabe mencionar que, en un municipio vecino, como lo es Medellín, tan solo el pasado mes de junio, varios pobladores, hartos de los constantes y prolongados apagones que vienen sufriendo, mismos que no se ven reflejados en la disminución de las cuotas en los recibos (como medida de indemnización), retuvieron a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, afortunadamente no pasó a mayores, y esperemos que nunca tengamos que lamentar una tragedia.

Las afectaciones que viven nuestros representados a raíz del pésimo servicio que CFE les da, señalan que les generan pérdidas económicas, pero también les repercute en sentido negativo en cuestiones de salud, pues varias familias dicen que deben refrigerar medicamentos, los cuales se les echan a perder por los largos plazos con los que están sin “luz”. O se ven imposibilitados a trabajar, porque deben ocupar aparatos que se alimentan de energía eléctrica.

Seamos empáticos, pues es verdad que podemos hacer reportes ante la propia CFE, pero estos luego son ignorados o atendidos mucho tiempo después. La molestia, el enojo que la ciudadanía ha ido generando por este malísimo servicio que da la paraestatal, debe ser atendido y una medida que se proponen es establecer reglas claras para contar con tarifas bajas y que correspondan a las necesidades de cada comunidad.

Esto último lo señalo ya que, en el 2019 en el estado de Tabasco, entidad vecina de Veracruz, el presidente celebró un convenio para aplicar la tarifa más barata, la tarifa “1F”, alegando las altas temperaturas a las que se enfrentan en aquella entidad.

Es así como en diversas ocasiones una servidora ha alzado la voz para que a los veracruzanos se le dé el mismo trato, ya que también contamos con regiones con altas temperaturas.

No podemos pedir a la gente que no esté molesta si cuando se le pide al director de CFE que analice la viabilidad de una medida similar para Veracruz sale a contestar que no hace suficiente calor, y esto lo hizo mediante el oficio signado por la gerente de Relaciones Institucionales, maestra Eloísa Érica Bombela Torres, quien indicó que no se cumplía con los requisitos que marca el Acuerdo número 123/2017 de la SHCP.

Pues, bien, para que este tipo de acuerdos no sea “a contentillo” de los altos funcionarios, que sea la Ley la que fije los parámetros mínimos para que se estipulen las tarifas eléctricas; claro está, siempre buscando el impactar positivamente la economía de las familias mexicanas.

De esta forma, la presente iniciativa busca modificar dos normas: 1) La Ley de la Industria Eléctrica, para que establecer normas flexibles para la cuantificación de las temperaturas en época de veranos en cada municipio, y con ello poder fijar las tarifas mínimas para el consumo de casas habitación; 2) La Ley de Aguas Nacionales para que sea la Conagua la encargada de llevar el registro histórico de las temperaturas en cada municipio, cabe resaltar que esto ya lo hace:

Para una mejor ilustración, insertó las siguientes tablas para cotejar la redacción vigente de los artículos que se proponen reformar, así como el texto propuesto:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y se reforma el tercer párrafo, ambos, del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como por la cual se reforma la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales

Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 139. [...]

Para las tarifas finales del Suministro Básico se aplicará una tarifa mínima para los municipios que rebasen como promedio en verano los 28 grados centígrados. Debiéndose considerar la temperatura media mensual registrada al menos durante dos meses intermitentes en el verano de la última anualidad, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional del Agua.

El Ejecutivo federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere n los párrafos anteriores para el beneficio de determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.

Segundo. Se reforma la fracción XLIV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9. [...]

[...]

[...]

a. [...]

b. [...]

[...]

[...]

I. a la XLIII. [...]

XLIV. Coordinar el servicio meteorológico nacional y ejercer las funciones en dicha materia . Deberá acopiar, procesar, registrar y transmitir la información meteorológica y climatológica, creando un registro histórico actualizado por municipio de acceso público.

XLV. a la LIV. [...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria de los ejecutores del gasto responsables para el ejercicio fiscal en donde entre en vigor el presente, pudiéndose autorizar recursos adicionales para los subsecuentes ejercicios fiscales.

Notas

1 Consultable en:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

2 Consultable en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-economic-social-and-cultural-rights

3 Consultable en:

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/protestan-en-oficinas-de -la-cfe-en-veracruz-por-cobros-excesivos-12354730.html

4 Consultable en:

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/cfe-cobra-energia-electrica -por-viviendas-que-llevan-anos-abandonadas-en-veracruz-marco-antonio-moncayo/50 553171

5 Consultable en:

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/vecinos-retuvieron-a-tra bajadores-de-cfe-por-falta-de-luz-en-fraccionamiento-de-medellin-de-bravo-12050 428.html

6 Consultable en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506179&fecha =30/11/2017#gsc.tab=0

7 Consultable en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatolo gica/normales-climatologicas-por-estado?estado=ver

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputada María Josefina Gamboa Torales (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de prevención de actos abusivos al momento de realizar verificaciones e inspecciones por parte de CFE, suscrita por la diputada María Josefina Gamboa Torales y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Josefina Gamboa Torales, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de prevención de actos abusivos al momento de realizar verificaciones e inspecciones por parte de CFE, conforme a la siguiente:

Dentro de un Estado de derecho, lo que debe imperar es la Ley, para ello como legisladores debemos vigilar que las leyes respeten los principios que la ciencia jurídica ha de-sarrollado durante siglos de arduo debate.

El día de hoy quiero destacar dos principios fundamentales en el derecho, como los son el de legalidad y el de seguridad jurídica; mismos que permiten que todo ciudadano sepa con antelación las implicaciones que guardan sus actos, así como, les permiten conocer las limitantes de las autoridades frente a él. Para una mejor ilustración podemos ver lo indicado por Baruch F. Delgado Carbajal al respecto:

“Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica otorgan certeza al gobernado para que su persona, bienes y posesiones sean protegidos y preservados de cualquier acto lesivo que, en su perjuicio, pudiera generar el poder público, sin mandamiento de autoridad competente, fundado, motivado y acorde con los procedimientos en los que se cumplan las formalidades legales.”

Como podemos observar, al vivir en una sociedad regida por leyes, tenemos el derecho de defendernos antes los abusos que cualquier autoridad pueda cometer en contra de nuestra esfera jurídica.

Es así como, en esta ocasión vengo a poner sobre la mesa de esta soberanía una problemática que impacta a miles de familias a lo largo y ancho del país, me refiero a las arbitrariedades cometidas por la Comisión Federal de Electricidad cuando se refiere a cobro excesivo de recibos y el corte de la energía eléctrica sin importar el estado de indefensión que deja a las personas.

La Red Nacional de Resistencia Civil presentó en diciembre del año pasado una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por cobros excesivos en nueve estados del país: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, estado de México, Michoacán y Chihuahua:

Esto debido a que a cientos de familias les ha llegado cobros excesivos, así como por las omisiones de reparar y dar mantenimiento a la red eléctrica, así como por los constantes apagones, y qué decir de las amenazas, acoso y hostigamiento en contra de usuarios, por parte de personal de la CFE para lograr el cobro extrajudicial de supuestas “multas”. Y digo supuestas multas porque ellos proporcionan el servicio, ellos verifican los medidores e instalaciones, ellos sentencian (multan) y ellos ejecutan la misma, es decir, son proveedor, juez y verdugo.

La citada red ha mencionado que el servicio que pretende cobrar CFE no se paga, no porque no se quiera, sino porque son cantidades elevadísimas para las familias, dando lugar a cobros “excesivos, abusivos, injustificados (y) arbitrarios”, pues llegan a ser de más de 300 mil pesos. Qué acaso no saben que el ingreso promedio de un mexicano al mes es de $9,693.66, en el caso de los hombres y de $6,360.33 en el caso de las mujeres, es decir, menos de 10 mil pesos al mes.

Así podemos ver denuncias en todas partes de nuestro país:

Y qué podemos decir de la deficiente calidad del servicio que presta la CFE, pues también vemos a cada rato que la ciudadanía se queja de apagones constantes y prolongados que afecta tanto a sus aparatos eléctricos, como les provoca pérdidas económicas a echárseles a perder comida, medicinas y mercancías:

De esta forma, cuando acudimos al Buró Comercial de la Profeco podemos observar que la es CFE la dependencia estatal con más quejas en su contra recibidas:

Dicho Buró Comercial también nos permite ver que las principales quejas que hay en contra de la CFE son por:

1. Negativa a corregir los errores de cobro.

2. Error de cálculo de consumo.

3. Cobro de cuota extraordinaria.

4. Negativa de la entrega del producto o servicio.

5. Negativa a la bonificación a favor.

Actualmente la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), señala, en su artículo 10, que queda prohibido a todo proveedor el atentar contra la libertad, seguridad o integridad de los consumidores argumentando registro o averiguación. Es decir, cualquier persona, cualquier familia, que haya contratado con CFE para recibir el servicio de energía, no debería verse afectado en el servicio que recibe, por el solo hecho de que la CFE alegue que está abierto un proceso para investigar posibles faltas.

Sumado a lo anterior, también es menester tener en mente lo previsto por el párrafo segundo del artículo 113 de la misma norma citada, que a la letra se lee:

“Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento.”

Si embargo, debido a que al parecer el alcance que este artículo tiene hoy en día no es suficiente para amparar a la ciudadanía es por lo que hoy se propone señalar que, una vez concluida la fase conciliatoria, y cuando el consumidor solicite pasar a la fase de infracción a la Ley, esta medida cautelar tendrá que seguir teniendo vigencia hasta que en dicho proceso se desahoguen pruebas y alegatos, y se emita la resolución de fondo a que hubiere lugar.

Ahora bien, ya que señalamos en líneas anteriores que la CFE es proveedor, juez y verdugo, también es necesario que sea una tercera parte la que determine si hay infracción, y solo así, fije el monto de la multa a que haya lugar.

Dentro de dicho proceso, consideramos que la Profeco debe tomar en cuenta las condiciones y posibilidades del consumidor, pero sobre todo, que ponga en consideración las pruebas que tanto la CFE como el ciudadano le presenten, es por eso que también se hace menester que en la Ley de la Industria Eléctrica se señale un proceso claro y preciso del cómo se deben hacer las verificaciones a los medidores e instalaciones eléctricas, puesto que hoy en día la CFE violenta cotidianamente la certidumbre jurídica de los usuarios de suministro básico.

Esto debido a que actualmente, el proceso que señala el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica es ambiguo y parecería que solo contempla a los Usuarios Calificados (artículo 107 en correlación al 2o., fracción VIII), es decir aquellos que tiene un contrato para un consumo por arriba de los dos megawatts, ante ello se hace necesario que todos los usuarios de suministro básico tengan la certeza de cómo debe llevarse a cabo una verificación, a qué tienen derecho y a qué se deben obligar. Y sólo si se cumple con ello el poderse ver sujetos a una multa o cobro pendiente, sin que este sea abusivo, injustificado o arbitrario, así, por ejemplo, se fija como obligaciones para llevar a cabo las verificaciones:

-Que se identifique plenamente la o las personas encaradas de llevar a cabo la verificación o inspección.

-Que se levante una acta circunstancia entre dos testigos.

-Se proporcione copia de esa acta al usuario.

-Que cuando menos cada tres años se lleve a cabo una verificación o inspección, y cuando no se dé esto, cualquier cobro por alguna falta se limite a este periodo y no como actualmente que se hace hasta de 10 años.

-Si de la verificación o inspección se observa alguna posible falta, que no haya corte inmediato del servicio, o de haberlo el que se reinstale, hasta en tanto se cumple con la fase conciliatoria y de infracción a la Ley ante la Profeco.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma los diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como de la Ley de la Industria Eléctrica

Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 113, así como se adiciona un párrafo segundo al artículo 86 Quater, ambos, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 86 Quater. [...]

Las modificaciones que se hagan a este tipo de contratos no podrán tener aplicación retroactiva en perjuicio para el consumidor final en cuestiones de pérdida de derechos y reducción de plazos.

Artículo 113. [...]

Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo hecho de presentar la queja o solicitud del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones . Lo anterior no se suspende si se llega a la fase de infracción a la ley. En el caso de que la suspensión se haya dado antes de que el consumidor acuda a presentar su queja o solicitud, se deberá ordenar que la suministración se reanude de inmediato.

Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 41, así como se adiciona al Título Cuarto un Capítulo IX denominado “De la Verificación o Inspección a los Usuarios de Suministro Básico”, así como los artículos 161 Bis, 161 Ter, 161 Quater, 161 Quinquies, 161 Sexies, 161 Septies, 161 Octies, 161Nonies, 161 Decies y 161 Undecies, todos a la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 41. [...]

I. a la IX. [...]

En los casos antes señalados, los Transportistas y los distribuidores podrán proceder al corte del servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y sólo deberán restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. Salvo en los casos en donde se vean involucrados Usuarios de Suministro Básico, en donde se estará a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

[...]

[...]

Artículo 161 Bis. Los transportistas, distribuidores y suministradores deberán certificarse de acuerdo con los criterios que la Secretaría en conjunto con la CRE expidan para llevar a cabo las verificaciones o inspecciones a los usuarios de Suministro Básico sobre el cumplimiento de esta Ley y demás normatividad aplicables. Sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de Calidad.

Artículo 161 Ter.- Para llevar a cabo las visitas de verificación, inspección o revisiones a los sistemas de medición o instalaciones, se seguirá el procedimiento general siguiente:

I. El inspector deberá entregar la orden de visita de verificación, inspección o revisión a la persona con quien se entienda la diligencia;

II. Se levantará un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia, o por el inspector, si aquél se hubiere negado a proponerlos. La persona con quien se entienda la diligencia podrá hacer constar en el acta lo que a su derecho convenga;

III. Se dejará copia del acta a la persona con la que se entendió la diligencia, quien deberá firmarla. El acta será válida aun cuando se niegue a firmarla dicha persona;

IV. Si se impide la realización de la visita de verificación, inspección o revisión, se hará constar tal circunstancia en el acta, con el apercibimiento de que se aplicarán las medidas de apremio y las sanciones correspondientes. Si el usuario impide la realización de la visita de verificación, inspección o revisión solicitada por el Suministrador para verificar la existencia de alguna infracción, se presumirá su existencia y procederá la aplicación al usuario de las sanciones previstas en la misma, salvo prueba en contrario, y

V. El usuario dispondrá de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya levantado el acta de verificación, inspección o revisión, para aportar por escrito las pruebas que considere pertinentes.

Cuando el usuario acuda a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor se deberá estar a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 161 Quater. Los Transportistas y Distribuidores deberán usar e instalar únicamente instrumentos de medición que hayan obtenido una aprobación de modelo prototipo conforme a lo dispuesto por la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Norma Oficial Mexicana correspondiente y, en ausencia de ésta, conforme a la norma mexicana o norma internacional.

Los Transportistas y Distribuidores, a través del Suministrador, deberán verificar, inspeccionar o revisar a través de unidades de verificación acreditadas y aprobadas, cuando menos una vez cada tres años, los instrumentos de medición instalados para asegurar que se ajusten a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana y en ausencia de ésta conforme a la correspondiente de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.

Los resultados de la verificaciones, inspecciones o revisiones que se realicen en términos del párrafo anterior deberán ser objeto de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las páginas oficiales de los Transportistas, Distribuidores y Suministradores, de acuerdo con sus competencias.

Los Transportistas y Distribuidores, por medio del Suministrador, deberán retirar los instrumentos de medición que no puedan ser calibrados para asegurar la exactitud establecida en la norma correspondiente y sustituirlos por los que cumplan con la misma.

Si de la verificación a que se refiere este artículo, se encuentra en el equipo o instrumento de medición instalado errores en el registro de consumo, fuera de la tolerancia permisible y siempre que no exista alteración o impedimento de la función normal de éstos, se procederá como sigue:

I. Tratándose de equipos, aparatos o instrumentos de medición de energía, de demandas máximas o de determinación de factor de potencia, obtendrá las relaciones entre los valores erróneos y los correctos, mismas que servirán para determinar los nuevos valores de energía consumida, de demandas máximas y determinación del factor de potencia, según sea el caso;

II. Si el equipo, aparato o instrumento de medición no registra la energía consumida activa, la energía consumida reactiva, o ambas, éstas se determinarán tomando como base los registros anteriores a la descompostura o los posteriores a la corrección; En el caso de aplicación de una constante de medición diferente a la real o de la aplicación errónea de una tarifa, el consumo de energía eléctrica se determinará aplicando la constante de medición real a las diferencias de mediciones o aplicando la tarifa correspondiente;

III. Los ajustes mencionados en las fracciones anteriores se aplicarán al período que resulte menor entre: A) el periodo comprendido desde la fecha de la última verificación correcta y la fecha de determinación de la falla; o B) un año;

IV. El importe del ajuste respectivo incluirá los impuestos y derechos aplicables y se calculará aplicando las cuotas de las tarifas correspondientes vigentes en el lapso que se haya determinado, a los valores correctos de energía consumida, demandas y factor de potencia, según sea el caso. La cantidad resultante se comparará con el importe total de las facturas liquidadas por el Usuario Final o de sus prepagos de energía eléctrica, cuando el Usuario Final haya seleccionado esta modalidad, de conformidad con los registros del Transportista o Distribuidor, y la diferencia será la base para el pago de energía eléctrica o la devolución, en términos del presente artículo;

V. Si el importe del ajuste a la facturación es inferior a lo pagado por el Usuario Final, el Suministrador o el Cenace, según el caso, le realizará la devolución de la diferencia entre ambas cantidades en efectivo o mediante bonificación, en moneda nacional, en la cuenta del Usuario Final, a elección de éste. Si el importe del ajuste de la facturación es superior a lo pagado por el Usuario Final, el Suministrador o el Cenace, según el caso, le cobrará la diferencia entre ambas cantidades la cual será prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error;

VI. El plazo para efectuar la devolución en efectivo o la bonificación en la cuenta del Usuario Final a que se refiere este artículo, se fijará por mutuo acuerdo entre éste y el Suministrador o el Cenace, según el caso, pero no será mayor al plazo que abarque el ajuste, y

VII. En caso de desacuerdo en la devolución, bonificación, o el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Usuario Final podrá presentar su queja, en términos de lo establecido la fracción VII del artículo 27 de esta Ley.

Cuando derivado de la verificación al equipo, aparato o instrumento de medición se realice la sustitución de éste y se ajuste la facturación, el Transportista o Distribuidor deberá elaborar una constancia en la que describa el desarrollo de la verificación, el estado del equipo, aparato o instrumento de medición con respecto a la norma oficial mexicana aplicable; cuando no exista ésta, con las especificaciones internacionales, las del país de origen o, a falta de éstas, las del fabricante y, en su caso, asentar los motivos que dieron origen al ajuste de la facturación. El Transportista o Distribuidor deberá dar copia de la constancia con firma autógrafa al Usuario Final.

Si el Transportista o Distribuidor no observa el procedimiento establecido en este artículo, el Usuario Final no tendrá obligación de realizar el pago del importe por el ajuste correspondiente hasta que el Transportista o Distribuidor lleve a cabo dicho procedimiento, en tal caso, el Transportista o Distribuidor será responsable ante el Suministrador o el Cenace por los cargos correspondientes.

Artículo 161 Quinquies. Cuando el Transportista o Distribuidor efectúen una verificación en términos del artículo anterior, y consideren que el Usuario Final se encuentra en alguno de los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 165 de esta Ley, deberá elaborar una constancia en la que describa el desarrollo de la verificación respectiva. En este supuesto, el cálculo del ajuste correspondiente se determinará conforme a lo siguiente:

I. El Transportista o Distribuidor podrá determinar los valores de energía consumida, de demandas máximas o de determinación del factor de potencia, con base en la información que recopile en el momento de la verificación;

II. De la verificación de los equipos o instrumentos de medición de energía, de demandas máximas o de determinación del factor de potencia, según sea el caso, se obtendrán las relaciones entre los valores registrados por los medidores intervenidos y los correctos, mismas que servirán para determinar los nuevos valores de energía consumida, de demandas máximas o de determinación del factor de potencia, según sea el caso, y

III. Con los valores determinados se calculará el importe de la energía eléctrica consumida y no facturada, así como de los demás conceptos que integran la tarifa, aplicando las cuotas de la tarifa que estuvieron vigentes a partir de la fecha en que se cometió la infracción, más los impuestos y derechos correspondientes.

Para los efectos del cálculo, se aplicará al período que resulte menor entre: A) el periodo comprendido desde la fecha de la última verificación correcta y la fecha de determinación de la falta; o B) un año;

Artículo 161 Sexies. Cuando el Usuario Final considere que el aparato, equipo o instrumento de medición que le instaló el Transportista o Distribuidor por cuenta del Suministrador no mide adecuadamente, podrá solicitar al Suministrador que efectúe las verificaciones que procedan en su presencia o de la persona que para tal efecto designe dicho Usuario Final. En caso de comprobarse errores en los registros de consumo se estará a lo dispuesto en el artículo 161 Undecies de esta Ley.

Si el aparato, equipo o instrumento de medición instalado por el Transportista o Distribuidor se ajusta a la exactitud establecida en la norma oficial mexicana aplicable; cuando no exista ésta, con las especificaciones internacionales, las del país de origen o, a falta de éstas, las del fabricante, el Usuario Final deberá cubrir al Suministrador el costo de la verificación realizada en términos del párrafo anterior. En caso contrario, el costo estará a cargo del Suministrador, el cual tendrá derecho a recuperarlo al Transportista o Distribuidor.

Artículo 161 Septies. El Usuario Final permitirá el acceso a los lugares que posea al Transportista o Distribuidor para la instalación, conservación, verificación, inspección, revisión o retiro de las líneas y equipos necesarios para darle la conexión, quedando obligado el Usuario Final a no alterar dichas líneas y equipos.

El Transportista o Distribuidor podrá efectuar los trabajos necesarios en las obras e instalaciones de su propiedad que se encuentren dentro del inmueble del Usuario Final, para lo cual informará a éste con anticipación, a fin de causarle las menos afectaciones posibles, así como para que éste se encuentre presente o señale a persona de su confianza para permitir el acceso. Una vez terminados los trabajos, el Transportista o Distribuidor reparará el daño material que hubiere ocasionado con los mismos y retirará los materiales de desperdicio.

Artículo 161 Octies. Los actos administrativos que se deban notificar conforme al artículo anterior, deberán tener por lo menos, los siguientes requisitos:

I. Constar por escrito;

II. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente;

III. Señalar la autoridad que lo emite;

IV. Señalar lugar y fecha de emisión;

V. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate;

VI. La firma del servidor público competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación, y

VII. Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad.

Artículo 161 Nonies.- Las quejas, a que se refiere la fracción la fracción VII, del artículo 27 de la Ley, relacionadas con el Servicio Público de Transmisión y Distribución, se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. Los Transportistas y Distribuidores deberán atender y responder las quejas de los Suministradores en un término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que la queja les fue presentada;

II. Las quejas podrán presentarse por escrito, teléfono, correo electrónico o por conducto de las autoridades del sector eléctrico. Los Transportistas y Distribuidores también podrán habilitar en sus páginas electrónicas sitios para la presentación de quejas;

III. Si transcurrido el plazo señalado en la fracción I de este artículo la queja no es atendida se presumirán ciertos los hechos contenidos en ella debiendo el Transportista o Distribuidor atenderla en sus términos;

III. Si el Suministrador no está de acuerdo con la respuesta del Transportista o Distribuidor podrá solicitar la intervención de la CRE, y

V. Los Transportistas y Distribuidores elaborarán un informe público del número de quejas recibidas y la atención brindada a ellas agrupándoles en los siguientes rubros:

a) En materia comercial;

b) Medición y distribución, y

c) Procedentes e improcedentes. El informe a que se refiere esta fracción será tomado en cuenta por la CRE para la determinación del cumplimiento de las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, por lo que la CRE podrá emitir lineamientos respecto al contenido y elaboración de dicho informe.

Artículo 161 Decies.- La atención de las quejas a que se refiere la fracción LI del artículo 12 de esta Ley, en las que la Procuraduría Federal del Consumidor no pueda actuar como árbitro o que sean improcedentes ante dicha autoridad, se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. El Suministrador deberá atender y responder las quejas de los Usuarios Finales en un término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que la queja les fue presentada;

II. Las quejas podrán presentarse por escrito, teléfono, vía telefónica, correo electrónico. Los Suministradores tendrán habilitado una sección de quejas y atención a usuarios en sus páginas electrónicas;

III. Si transcurrido el plazo señalado en la fracción I de este artículo, la queja no es atendida se presumirán ciertos los hechos contenidos en ella debiendo el Transportista o Distribuidor atenderla en sus términos;

IV. Si el Usuario Final no está de acuerdo con la respuesta del Suministrador podrá solicitar la intervención de la CRE;

V. Los Suministradores elaborarán un informe público del número de quejas recibidas y la atención brindada a ellas agrupándoles en los siguientes rubros:

a) En materia comercial;

b) Medición, y

c) Procedentes e improcedentes.

VI. El informe a que se refiere esta fracción será tomado en cuenta por la CRE para la determinación del cumplimiento de las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, por lo que la CRE podrá emitir lineamientos respecto al contenido y elaboración.

El informe a que se refiere esta fracción será tomado en cuenta por la CRE para la determinación del cumplimiento de las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico, por lo que la CRE podrá emitir lineamientos respecto a su contenido.

Dentro de este proceso además del Suministrador deberán acudir los Transportistas y Distribuidores para atender lo que a sus competencias se deba observar.

Artículo 161 Undecies.- Cuando existan quejas con respecto a la medición, las lecturas de los medidores que el Usuario Final hubiera instalado para verificar las mediciones del equipo del Suministrador o del que le instaló el Transportista o Distribuidor por cuenta del Suministrador podrán ser consideradas como elementos de juicio para la CRE o la Procuraduría Federal del Consumidor, según sea el caso, si así lo consideran adecuado, siempre y cuando las lecturas de los medidores no alteren el debido funcionamiento de los equipos instalados por el Suministrador.

Dichas autoridades podrán solicitar que una unidad de verificación debidamente acreditada realice una revisión de los medidores instalados por el Suministrador. Al emitir su resolución sobre la queja, la CRE o la Procuraduría Federal del Consumidor, según corresponda, determinarán que el que no tenga la razón deberá pagar el costo de la verificación.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal a partir de la entrada en vigor del presente decreto contará con el plazo de120 días para hacer las adecuaciones a los reglamentos y demás disposiciones que hubiere lugar.

Tercero. La Secretaría de Energía en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, a partir de la entrada en vigor del presente decreto contará con el plazo de180 días para expedir los criterios a que hace referencia el artículo 161 Bis del presente decreto.

Notas

1 Baruch F. et all (Coords). (2016). Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4974/20.pdf

2 Consultable en:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2023/12/14/economia/usuarios- de-nueve-estados-interponen-queja-por-altos-cobros-de-cfe-7710

3 Consultable en:

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8320#: ~: text=El%20ingreso%20promedio%20trimestral%20monetario,pesos%20al%20trimestre%20 en%202022.

4 Consultado en:

https://burocomercial.profeco.gob.mx/#

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2024.– Diputada María Josefina Gamboa Torales (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 34 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en materia de seguro de gastos médicos mayores, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los incisos c), d) y e) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el artículo 34 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, al tenor de la siguiente

En México, desde finales de 2018 se han tomado acciones para garantizar el acceso a la salud. Con dicha labor se ha logrado aumentar el número de mexicanas y mexicanos que cuentan con dicho derecho, sin embargo, aún hay un camino por recorrer para lograr el cien por ciento de cobertura. Al respecto, las personas adultas mayores muestran un rezago en cuanto el acceso a este derecho. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 20 por ciento de este grupo vulnerable, es decir, 2.99 millones de personas, aún se ve en dificultades para acceder a la salud. La última cifra nos obliga redoblar esfuerzos, puesto que los mexicanos, al ir envejeciendo, ven disminuidos sus ingresos, lo que agrava el hecho de que sus probabilidades de adquirir alguna enfermedad aumentan.

En tal tenor, la situación se agrava para aquellas personas a las que se les vuelve imposible pagar un seguro de gastos médicos por llegar a cierta a edad, aun cuando éstas se han esforzado toda su vida como parte de la base trabajadora mexicana para pagar alguno durante su etapa de vida productiva.

Esta situación es injusta para un grupo etario que contribuyó a la construcción de un mejor país, así como al desarrollo de las empresas aseguradoras, aportando ingresos para que estas últimas pudieran crecer en México y ampliar los servicios ofrecidos.

Por ello, resulta de vital relevancia generar políticas para evitar dicha situación. En específico, para evitar que el adulto mayor se quede sin el acceso al seguro médico que pagó toda su vida.

Para reflejar el contexto actual, basta consultar el simulador de gastos médicos mayores de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). De acuerdo con éste, un seguro para una persona de 60 años, considerando un coaseguro de 10 por ciento y un deducible de 7 mil a 10 mil pesos, cuesta en promedio 54 mil 982.78 pesos al año (prima). En comparación, el promedio de ingresos de las personas de 60 años y más según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares (2022), es de 35 mil 62 pesos trimestralmente. Por lo tanto, un adulto mayor necesita 4.7 meses de su ingreso para poder adquirir un seguro de gastos médicos.

Cabe señalar que lo anterior no considera si el adulto mayor tiene a su cargo otras responsabilidades, como la manutención de nietos o si en el hogar de dicho adulto se encuentran otros miembros que también necesiten de un seguro de gastos médicos.

Asimismo, la presión que ejerce el costo de las enfermedades apoya la idea de contar con un seguro de gastos médicos, particularmente para los adultos mayores, los cuales tienen mayores probabilidades de enfermarse dado el deterioro natural que presentan. Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el costo medio nacional por siniestro con datos al 2022 era de 129 mil 113 pesos. Considerando los ingresos de los adultos mayores expuestos arriba, ello significa que dicho grupo de edad necesita 11.04 meses de ingresos para poder pagar un siniestro médico. Costo que, si bien ha sido cubierto por las instituciones de carácter público creadas por la pasada administración, puede absorberse por este tipo de seguros.

Cabe señalar que la correlación negativa entre ingresos y riesgos expuesta se puede explicar en términos de la teoría del Ciclo de Vida Económico (CVE). Como lo señala la Comisión Nacional de Población (Conapo), dicha teoría se utiliza en la definición del grado de dependencia económica de un individuo, que es determinado por los patrones de ingreso y consumo a lo largo de su vida. Si en dicha teoría se considera la necesidad de seguros médicos, el consumo tenderá a aumentar como reflejo del aumento del costo de la prima.

La caída del ingreso en el ciclo de vida se puede observar en la Figura 2, en la cual se refleja la U invertida del ingreso. Como se puede ver, para el caso mexicano, según estimaciones de Ceballos, el ingreso de los hogares se incrementa casi 70 por ciento entre los 18 años y el máximo alcanzado, alrededor de los 52 años del jefe de hogar. Después de dicho punto el ingreso tiende a caer, tal como la teoría del CVE lo predice.

De esta forma, a pesar de que con el paso del tiempo en el ciclo de vida el consumo en ciertos bienes tiende a disminuir, así como los gastos asociados al hogar ante la disminución de éste, los cuidados de la salud elevan los costos de vida de las personas adultas mayores.

En tal tenor, el problema acerca de que los adultos mayores tienden a quedarse sin su seguro de gastos médicos incluso si lo hicieron en su etapa productiva, vulnera incluso más a un grupo de la población que requiere de cuidados especiales, más allá de la afiliación a alguna institución pública de salud. Por ende, los beneficios de seguros de gastos médicos toman una mayor relevancia ante la particularidad de las enfermedades a las que se enfrentan los adultos mayores.

Efectivamente, como se puede ver en la Figura 3, según la última encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México (2021), 43.3 por ciento de las personas de 53 años o más padecían de hipertensión y 25 por ciento diabetes, lo cual se traduce en la necesidad de tratamientos específicos para tal grupo de la población, además de las enfermedades no crónicas que puedan enfrentar.

Lo anterior se refuerza si se toma en cuenta que 56.4 por ciento de los adultos de 53 años y más señalaban tener una salud regular, mientras que sólo 7.2 por ciento declaraba tener una salud muy buena según la misma encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por ende, las personas adultas mayores requieren de todas las opciones para lograr su atención específica.

De esta manera, si bien es cierto que el Estado debe de ser el rector en la provisión del servicio de salud de los mexicanos, el sector privado puede servir de apoyo, más si se ha beneficiado de los esfuerzos de la base trabajadora mexicana que ha contratado servicios de gastos médicos.

Por ende, el problema planteado compete también a las empresas dedicadas a la materia, más si se consideran las causas multifactoriales del problema y los beneficios que se alcanzarían de aliviarlo. Es la magnitud de la situación indeseable lo que motiva a la búsqueda de su solución.

Lo previo es considerado como un problema público relevante dado que la dificultad de los adultos mayores para pagar un seguro de gastos médicos significa un impacto a la subsistencia de tal grupo de edad.

Además, como se puede observar en la Figura 4, se espera que para 2050 la estructura de la población cambie de tal manera que haya más personas de 60 a 64 años que de 25 a 29. Ello significa que en las próximas décadas la población irá envejeciendo de tal manera que se necesitará mayor financiamiento para seguros de gastos médicos y otros rubros como pensiones.

Por ello, se debe crear un plan de acción que permita prever tal cambio en la estructura de la población y que fortalezca el sistema de seguros de gastos médicos, de tal manera que el envejecimiento de la población no involucre presiones fiscales por los gastos relacionados con la salud de los adultos mayores y que sea justo con quienes pagaron a lo largo de su vida un seguro de gastos médicos.

En tal tenor, la presente exposición de motivos advierte de la necesidad de aliviar la situación indeseable, puesto que su combate en el presente, ante un escenario como el previsto para 2050, puede aminorar problemas futuros relacionados con el sistema de salud e impactos a las finanzas públicas.

Además, resolver el problema antes expuesto beneficia a las personas cuidadoras, en especial a las mujeres, en quienes recaen principalmente las tareas de cuidados, siendo que del total de personas de 15 años y más cuidadoras en el país, 75.1 por ciento eran mujeres y 24.9 por ciento, hombres, según la última Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (2022). Específicamente, las principales cuidadoras de la población adulta mayor son mujeres en 67.3 por ciento de los casos.

Si bien es cierto que los seguros de gastos médicos no incluyen precisamente la tarea de cuidados, ante alguna emergencia sí pueden brindar apoyo médico que mitigue las consecuencias negativas posteriores al siniestro, evitando con ello secuelas que deriven en la necesidad de recibir cuidados por parte de un familiar.

Lo anterior también evitaría que los familiares de los adultos mayores tengan que realizar trabajos no remunerados, lo que dificulta su acceso al mercado laboral, así como los ingresos propios. Es pues la dificultad para pagar seguros de gastos médicos un tema que tiene impactos más allá del propio adulto mayor.

De este modo, con la información contenida en la Figura 2 y los datos de los costos médicos se demuestra que existe una dificultad real para pagar los seguros médicos por parte de la población adulta mayor, y recalcando que no se consideran sus esfuerzos por pagar un seguro de gastos médicos en la edad laboral. En tal contexto, si bien a partir de las acciones tomadas en los últimos años la población adulta mayor se encuentra más protegida por parte del sector público, es preciso tomar cualquier acción que mejore el acceso a la salud.

Otro factor a considerar es el alivio que esta medida daría al sistema de salud público, ya que coadyuvaría a las acciones que se han tomado en años recientes para abrir este derecho a toda la población, en especial para cubrir a quienes trabajan en la informalidad. Al respecto, en la Figura 5 se puede observar que, si bien es cierto que la informalidad ha pasado de 55 por ciento en el 2008 a 51 por ciento en 2023 debido a las políticas implementadas, todavía representa a una gran proporción de la población que en la edad de retiro presionará al sistema de salud del gobierno.

Además, en términos generales, el sistema de salud mexicano presenta una dualidad: por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) atienden a trabajadores formales del sector privado y público, mientras que el IMSS-Bienestar atiende a las personas sin seguridad social. En tal contexto, el sector privado coadyuva en atender a parte de ambos sectores con capacidad para pagar.

En este contexto, si bien se reconoce el importante avance alcanzado en años recientes con el IMSS-Bienestar y la gratuidad de la atención médica y su extensión a todas las atenciones de tercer nivel que brindan los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia nacional y hospitales regionales de alta especialidad, aún hay estados que no firman los convenios necesarios para que llegue a todas las personas, lo que hace necesario el trabajo coordinado con el sector privado.

Paralelamente, derivado la pobre atención al problema de acceso a la salud por administraciones anteriores a 2018, aún queda trabajo por realizar para cubrir la demanda. En dicho contexto, se hace necesario plantear alternativas de política pública enfocadas en beneficiar a los sectores más vulnerables, como el de las personas adultas mayores.

En un ejercicio de derecho comparado, se puede apreciar que en otros países han instaurado modelos de salud que intentan solucionar el problema de acceso a la salud a través del esfuerzo conjunto del sector público y los seguros de gastos médicos. Para el caso de Alemania, existe un seguro médico obligatorio en donde las cotizaciones se rigen por los recursos económicos de los afiliados, mientras que las prestaciones sanitarias son las mismas para todos. Por su parte, los déficits se compensan mediante la recaudación fiscal, mientras que el seguro médico privado sólo está disponible a partir de cierto nivel de ingresos.

Lo anterior refleja un sistema de salud equitativo basado en la progresividad del ingreso. Ello atiende indirectamente el problema de la caída en los ingresos de los adultos mayores en contraposición con las necesidades de mayor financiamiento de gastos médicos. De este modo, la reducción de los ingresos en la edad adulta de los alemanes no implica una pérdida en el acceso a los servicios de salud.

Otro ejemplo es el de Singapur, donde se obliga a sus ciudadanos a destinar un porcentaje de sus ganancias (20 por ciento) a ahorrar para el futuro, hasta los 55 años. Este dinero, más 17 por ciento pagado por las empresas, se destina a distintos fondos: vivienda, seguro por muerte o incapacidad y otro para pagar los gastos de salud, llamado Medisave Account (entre 7 y 9 por ciento del sueldo total).

Tal medida reduce la carga que soportan los adultos mayores, puesto que no los incorpora en la obligatoriedad. En tal contexto, la fuerza productiva es la que financia el costo de salud de los más longevos. Lo anterior, es conveniente para los más jóvenes puesto que cuando éstos llegan a la edad adulta mayor se benefician de la medida.

El sistema de salud holandés también incorpora una posibilidad de ahorro de una cantidad de dinero para los consumidores que no hagan uso del sistema sanitario. Ello permite beneficiar a quienes no incurren en riesgo moral. Para evitar la selección de riesgos, el modelo estableció un sistema de reembolsos a las compañías aseguradoras que incorpora compensaciones por el riesgo asumido en la atención a los individuos, a través de un Fondo de Compensación que se financia con la cotización de 6.5 por ciento.

Un punto relevante a considerar se basa en que los sistemas de salud de Alemania y Singapur tienen gran enfoque en el sector público. Es decir, el sector privado sólo se presenta como una opción alterna si se quiere complementar al seguro médico obtenido.

Para el caso mexicano, con los retos que enfrenta en la materia relacionados con los altos costos de los seguros conforme la edad avanza, menores ingresos con el ciclo de vida y condiciones de informalidad durante la edad productiva, la fusión del sistema de salud público y privado para brindar seguros médicos se complica y afectaría al sector asegurador y a quienes utilizan sus servicios. Por lo tanto, más allá de una transferencia de política al pie de la letra de casos exitosos, se debe tomar en cuenta el contexto económico, social y legal nacional, pero partiendo de la idea base del éxito de otros países.

De esta forma, para el caso mexicano se identifica que los adultos mayores tienden a quedarse sin cobertura en los seguros de gastos médicos incluso cuando pagaron a lo largo de toda su vida uno. Ello produce una situación no sólo indeseable, sino injusta desde cualquier arista de la que se quiera observar el fenómeno.

Por tal motivo, para aliviar el problema, las empresas aseguradoras deberán crear un “fondo de ciclo de vida”, que se nutra de los intereses que generen las primas en el tiempo. Dicho fondo deberá destinarse para que los adultos mayores de 60 años, edad en la que los ingresos ya muestran una clara caída, vean una disminución en las primas de los seguros de gastos médicos.

La disminución en la prima se deberá generar con base en los años cotizados de las personas en la institución financiera. De esta forma, se evitará el aumento de los costos de los seguros de gastos médicos, sopesando así la caída de los ingresos de las personas conforme el ciclo de vida avanza. Además, con la propuesta se recompensa a aquellos que durante su vida laboral pagaron un seguro de gastos médicos.

Es decir, que la llegada de los 60 años no implicará un aumento en las primas de los seguros de gastos médicos sino, por el contrario, una disminución en ellas. Ello compensará el decrecimiento en los ingresos de los adultos mayores, lo que permitirá que las personas adultas mayores tengan una mayor probabilidad de acceder a los seguros.

También, se identifica que una de las variables en los seguros de gastos médicos que reflejan la problemática planteada es la inflación médica, es decir, el incremento en el costo de los servicios de salud y hospitalarios y en el uso de nuevas tecnologías, principalmente. Si bien es cierto que no es la única variable de la que dependen los ajustes a la prima de seguros, si tiene un impacto en el aumento de ellas, sobre todo en las personas adultas mayores, por lo que dificulta que sigan pagando.

Como se puede ver, la inflación médica condensa el incremento en el costo a medida que se envejece sin tomar en cuenta la disminución del ingreso de los adultos mayores ni las condiciones de informalidad de los potenciales demandantes de seguros de gastos médicos. Específicamente, en 2023 la inflación general se ubicó en 4.66 por ciento, mientras que la inflación médica generó que los costos de las pólizas de seguros incrementaran entre 11 y 13 por ciento. Lo anterior refleja que la inflación médica es de entre 2.36 y 2.78 veces mayor que la inflación general.

Por ello, se propone que los costos de las primas para personas de más de 60 años sólo tomen en cuenta para su cálculo la inflación general y no la inflación médica. Considerando la inflación del último año (2023) y la inflación médica se podría tener una disminución del costo de las primas de seguros de gastos médicos para la población objetivo con la propuesta planteada.

Un problema al margen de lo anterior es el relacionado con la exclusión de las personas adultas mayores por cuestiones de edad. Es decir, el mercado de seguros podría ser discrecional a la hora de renovar los contratos, imponiéndoles cargas administrativas que limiten su posibilidad de acceso a un seguro de gastos médicos. Incluso, sin alguna explicación se les puede llegar a negar la renovación de los seguros.

De esta manera, el presente decreto atiende tal situación, proponiendo que se incorpore en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, explícitamente, garantizar la renovación tácita del contrato al término de su vigencia, en condiciones objetivas y no discriminatorias por razones de edad, principalmente. Así, se alivia parte del problema que incide en que los adultos mayores no pueden acceder a un seguro de gastos médicos, en este caso debido a discriminación.

En el contexto de las propuestas presentadas, se reconoce que éstas podrían tener un impacto en la industria de seguros, sin embargo, después de una evaluación de su estado, se encuentra que dicha industria tiene las condiciones necesarias para lograr con éxito las disposiciones que deriven de la siguiente iniciativa.

En primer lugar, la propuesta de los ajustes a la prima de seguros ligada al tema inflacionario solamente es aplicable para un grupo de edad y no para todo el mercado, motivo por el cual su impacto no hace inviable el funcionamiento de la industria de seguros. En segundo lugar, se identificó que “la industria de seguros es sólida y solvente, triplica el monto de capital requerido por la ley”, esto según el reporte de la AMIS de julio de 2023. Lo anterior representa un área de oportunidad para seguir fortaleciendo el sector asegurador, sin afectar su solvencia.

En tercer lugar, la propuesta en su decreto establece que el Fondo de ciclo de vida se nutrirá de un porcentaje del monto cobrado por concepto de primas el cual no podrá ser inferior al 3 por ciento, lo que da margen para nutrirlo, lo que a su vez permite que el financiamiento del fondo sea suficiente.

Por último, cabe señalar que la iniciativa se encamina para lograr justicia social en los adultos mayores que no pueden pagar un seguro de gastos médicos incluso si pagaron uno a lo largo de su vida. Además, dado la integralidad de la iniciativa, las personas aseguradas podrían verse beneficiadas por el mismo Fondo cuando cumplan con la edad adulta mayor, por lo cual es un reparto justo del riesgo que considera las posibilidades de pago a lo largo del ciclo de vida.

Por todo lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan los incisos c), d) y e) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y se adiciona el artículo 34 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro

Primero. Se adicionan los incisos c), d) y e) a la fracción VI del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 200. Las Instituciones de Seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:

I. a V. [...]

VI. En el caso de las Instituciones de Seguros que operen el ramo de salud, deberán:

a) (...)

b) (...)

c) Constituir fondos especiales a través de fideicomisos privados irrevocables, cuya finalidad será contar con recursos financieros complementarios que sean destinados, como medida de compensación y redistribución, al pago total o parcial de las primas correspondientes a los seguros contratados por personas físicas mayores de sesenta años, en los cuales funjan como asegurados. La fuente de tales recursos deberá provenir de un porcentaje del monto cobrado por concepto de primas en el ramo de salud por parte de la Institución de Seguros correspondiente, el cual no podrá ser inferior al tres por ciento.

Para dichos efectos, la Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general las finalidades, mecanismos, lineamientos, formas y términos específicos de operación de los fideicomisos a que se refiere este inciso, así como el esquema de aportación y distribución correspondiente con el fin de garantizar la viabilidad financiera de los fondos y la sostenibilidad del sector;

d) En el caso de contratantes y asegurados personas físicas, garantizar la renovación tácita del contrato al término de su vigencia, en condiciones objetivas y no discriminatorias por razones de edad, género o discapacidad, mediante el pago de las primas que correspondan; y

e) Disponer, en el caso de contratantes asegurados personas físicas mayores de sesenta años, que la actualización o revisión de la prima neta anual correspondiente nunca estará por encima de la inflación general observada durante el periodo de vigencia del seguro respectivo. Lo anterior únicamente será aplicable respecto a primas cuyo monto neto no exceda de tres unidades anuales de medida y actualización.

Segundo. Se adiciona el artículo 34 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 34 Bis. En el caso de contratos de seguro que cubran gastos médicos o la salud, en los cuales funjan como contratantes asegurados personas físicas mayores de sesenta años, la actualización o revisión de la prima neta anual correspondiente nunca estará por encima de la inflación general observada durante el periodo de vigencia del seguro respectivo. Lo anterior únicamente será aplicable respecto a primas cuyo monto neto no exceda de tres unidades anuales de medida y actualización.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_ADULMAYOR_21.docx#:~: text=DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES,a%C3%B1os%20hay%2048%20adultos%20m ayores.

2 https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_gastosmedicosGMM/ comparativo.php?sexo=2&edad=60&tipo_seguro=2&sexo_conyuge_s=mj& edad_conyuge=0&hijos=0&sexo1=0&edad1=&sexo2=0&edad2=&se xo3=0&edad3=&deducible=7000-10000&coaseguro=10

3 https://amisprensa.org/public/documentos/seguro-de-gastos-medicos-36.pdf

4 https://cefp.gob.mx/foro/2009/sustentabilidad/presentaciones/conapo.pdf

5 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S24 48-718X2018000200311

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/20 21/EAP_ADULMAYOR_21.docx#:~: text=DE%20LAS%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES,a%C3%B1os%20hay%2048%20adultos%20m ayores.

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ENASEM/ENASEM_21.pdf

8 https://data.who.int/es/countries/484

9 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ ENASIC/ENASIC_23.pdf

10 https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202404/170#:~: text=IMSS%2DBienestar%20es%20una%20instituci%C3%B3n,por%20ciento%20de%20quienes %20no

11 https://www.deutschland.de/es/topic/vida/la-sanidad-en-alemania-asi-funcionan-l as-aseguradoras-medicas

12 https://www.deutschland.de/es/topic/vida/la-sanidad-en-alemania-asi-funcionan-l as-aseguradoras-medicas

13 https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2017-10-07/ sistema-sanitario-singapur_1454488/

14 https://www.clinicasdechile.cl/wp-content/uploads/2016/11/33.pdf

15 https://www.clinicasdechile.cl/wp-content/uploads/2016/11/33.pdf

16 https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/18/economia/alza-en-seguros-medicos- 4-veces-mayor-que-la-inflacion-8593

17 https://amisprensa.org/public/documentos/seguro-de-gastos-medicos-36.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Anabel Acosta Islas, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Celia Esther Fonseca Galicia, Ernesto Núñez Aguilar, Gerardo Villarreal Solís, Héctor Alfonso de la Garza Villarreal, Héctor Pedroza Jiménez, Jesús Martín Cuanalo Araujo, José Luis Durán Reveles, Liliana Carbajal Méndez, Luis Orlando Quiroga Treviño, María Luisa Mendoza Mondragón, Ricardo Astudillo Suárez (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda “A los Mártires de Río Blanco, 1907”, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda “A los Mártires de Río Blanco, 1907”, al tenor de la siguiente

En la historia de nuestro país, los conflictos laborales han sido de suma relevancia, en caso particular los acontecimientos del 7 de enero de 1907, en la fábrica Compañía Industrial de Orizaba, ubicada en Río Blanco, Veracruz de Ignacio de la Llave, han sido precursores de la Revolución mexicana. Al inicio del Siglo XX, se suscitaron diversos acontecimientos de carácter social que tuvieron como objetivo protestar en contra del régimen porfirista. Uno de ellos, es precisamente la huelga en la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, hecho que alzo la voz para dar a conocer las denigrantes relaciones laborales en que estaban inmersos los obreros no sólo en la fábrica de Río Blanco, sino en todo el territorio.

Su importancia marcó la historia del movimiento obrero mexicano, debido a que durante el régimen porfirista se prohibió a los trabajadores a formar organizaciones, a iniciar cualquier revuelta o manifestación en defensa de sus derechos laborales, imponiéndoles multas e inclusive penas de prisión, a quienes desobedecieran. No obstante, los obreros en defensa de sus derechos hicieron estallar diversas huelgas exigiendo mejores salarios y trato igualitario para los trabajadores mexicanos en comparación con los empleados norteamericanos. Durante estos acontecimientos fueron reprimidos por el gobierno autoritario, produciendo la muerte de varios trabajadores.

Es oportuno recordar que, en junio de 1906, en Sonora, los trabajadores de las Minas de Cananea estallaron en huelga, solicitando aumento en sus salarios, trato igualitario para los trabajadores mexicanos respecto a los extranjeros, concretamente con los empleados estadounidenses. A pocos días del estallido de la huelga de Cananea, desde San Luis Missouri, Ricardo Flores Magón dio a conocer el programa del Partido Liberal Mexicano, en donde propusieron diversas reivindicaciones obreras y campesinas, políticas, económicas y sociales.

En 1906 se fundó el Gran Círculo de Obreros Libres, cuyo objetivo era organizar a los trabajadores del país para luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz, y mantener relaciones con la Junta Revolucionaria del PLM en St. Louis Missouri, EUA, se instituyeron sucursales en las principales fábricas y publicaron el periódico denominado “La Revolución Social”, sin embargo, sólo pudieron imprimir tres ejemplares debido a que las autoridades iniciaron una persecución contra los periodistas, ocasionando que huyeran del estado de Veracruz, motivo que produjo que el movimiento se reorganizara logrando huelgas triunfantes en Orizaba y el resto del país.

El Gran Círculo de Obreros Libres se fundó en 1906, por iniciativa de Manuel Ávila, entre los organizadores figuraban José Neyra, Porfirio Meneses, Eduardo Cancino, sobre su creación se publicó en el periódico La Revolución Social, tenía 80 sucursales en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo y en el Distrito Federal. Neyra, Meneses y los hermanos Olivares fueron perseguidos por las autoridades veracruzanas, lo cual motivo que se eligiera presidente a José Morales, quien fundó el periódico La Unión Obrera. Entre sus objetivos estaban su oposición a los abusos del capitalismo, luchar contra la dictadura y ayudar a quienes eran perseguidos o encarcelados.

En diciembre de 1906, los empresarios expidieron un nuevo reglamento laboral, ampliando las causas de multas; incrementando el horario de catorce horas diarias, el cual consistía en una jornada laboral de seis de la mañana a ocho de la noche, con un receso de tres cuartos de hora para tomar alimentos; prohibía a los obreros recibir en su casa visitas de amigos y parientes; leer periódicos o libros que no sean previamente censurados y por ende autorizados por los administradores de la fábrica; aceptar los descuentos en sus salarios para fiestas cívicas o religiosas; y pagar el importe de las canillas y lanzaderas que se destruían por cualquier causa.

A raíz de ello, se reunieron 500 obreros poblanos en un teatro para plantear sus peticiones de aumento de sueldos y disminución de trabajo, a estas exigencias se sumaron 6,000 huelguistas de la industria textil quienes se opusieron al nuevo reglamento impuesto por los empresarios. Los obreros solicitaban la derogación del reglamento. A los poblanos se unieron los tlaxcaltecas, incrementándose el número de huelguistas a 6,800. Para el 6 de diciembre de 1906, estaban en huelga 34 fábricas poblanas y tlaxcaltecas. Al tener conocimiento los empresarios de que los obreros de las otras fábricas textiles donaban parte de su salario en apoyo a los huelguistas deciden cerrar las fábricas del Distrito Federal, Veracruz, estado de México, Querétaro y Guadalajara, dejando alrededor de 25,000 hombres sin trabajo y afectando a 100,000 personas. En las fábricas de Orizaba se quedaron sin trabajo alrededor de 10,000 obreros. Ante tal situación, se divulgó en la prensa que, en Orizaba, Puebla y Querétaro, había más de 2000 soldados con órdenes estrictas para reprimir cualquier tipo de desorden, exhortando a los obreros a regresar a sus labores.

La fábrica de Río Blanco en esa época era considerada una de las más grande del valle de Orizaba, convirtiéndose en cuna de la primera auténtica organización obrera, en dicha fábrica se reunía clandestinamente un grupo de obreros bajo el liderazgo de Manuel Ávila, obrero; José Rumbia, profesor juarista y José Neyra, obrero con ideas de los miembros del Partido Liberal Mexicano. Las demandas del sector obrero para mejorar sus condiciones laborales eran un salario digno, y regulación del trabajo infantil.

El 6 de enero de 1907, en Orizaba, se efectuó la lectura del laudo presidencial, evento al cual asistieron los obreros de todo el Valle de Orizaba, en el documento se señalaba que todos los trabajadores debían regresar a su centro de trabajo; estarían sujetos a los reglamentos que estaban vigentes al cierre de las fábricas; establecía diversas reformas en favor de los trabajadores en salarios, servicio médico y otros rubros. Sin embargo, el mismo laudo precisaba normas de control de la vida personal, laboral y sindical de los obreros a través de libretas personales supervisadas por los administradores; se les prohibían realizar huelgas señalando cualquier queja se debería presentar por escrito, en el caso de que la respuesta no los satisficiera podían renunciar; se mantenían las multas impuestas; se les imponía sobre quienes debían dirigir los periódicos obreros, con el objetivo de evitar la publicación de doctrinas subversivas.

Ante tal situación, los trabajadores rechazaron el laudo, Rafael Moreno y Manuel Juárez decidieron encabezar la protesta contra el intento de coartar la militancia de los obreros. El conflicto estalló el 7 de enero de 1907, cerca de dos mil obreros de la fábrica se concentraron en las afueras de las instalaciones para protestar contra la sentencia del gobierno que les ordenaba regresar a su trabajo e instaba a los trabajadores a levantar la huelga. El rechazo a sus demandas que se observaron en el nuevo contrato que fue diseñado por las autoridades de la fábrica ocasionaron que los inconformes se irritaran y atacaran la casa del oficial segundo del nuevo Círculo de Obreros Libres, la tienda de raya de Río Blanco y las de las compañías ubicadas en la localidad.

A las 9 de la mañana arribaron fuerzas del 13° Batallón disparando contra la multitud, matando a 17 obreros e hiriendo a 80. Los huelguistas decidieron marchar hacia Santa Rosa y Nogales donde saquearon establecimientos comerciales, para regresar por la tarde a Río Blanco, apoderándose de armas en las casas de empeño, llegando a dominar en combate con los federales algunas estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. A la localidad se movilizaron contra los obreros los batallones 12, 13, 17 y 24. Al terminar el día, había 200 detenidos en la fábrica de Río Blanco, a muchos de los cuales se les fusiló ahí mismo, veinticuatro horas después eran 140 los trabajadores muertos. Esta intervención de efectivos del ejército produjo un saldo de 200 obreros asesinados, 400 prisioneros, 25 soldados fenecidos, 40 heridos y más de 1500 obreros despedidos. Sofocada la huelga fueron fusilados los dirigentes.

La represión contra los obreros de Río Blanco evidenció las carencias laborales que eran sometidos los trabajadores, los abusos en las tiendas de raya y casas de empeño, los exiguos salarios, la discriminación y despotismo con que eran tratados los obreros, las multas y prohibiciones establecidas por los patrones fueron causas que originaron el movimiento obrero en Río Blanco. Una vez reprimidos los levantamientos, la sociedad mexicana apoyo y respaldo veladamente a los obreros, simpatizando con su causa y al inicio del movimiento maderista, los obreros apoyaron un gobierno nuevo que fuera justo para con los trabajadores.

La huelga de Río Blanco marco una ruptura política, originando que durante la Revolución Mexicana se organizaran los primeros sindicatos de empresa o gremio. El levantamiento obrero de nuestro país surgió bajo la influencia de los grandes acontecimientos en Europa, significando para nuestro país el inicio de un nuevo ciclo, los acontecimientos de Río Blanco fueron precedidos por una huelga ferrocarrilera en Empalme, por la huelga minera de Cananea, la cual propicio que estallaran 97 huelgas textiles en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, todas violentamente reprimidas por la dictadura de Porfirio Díaz. La represión fue severa, el gobierno, los empresarios, y las empresas trasnacionales enfrentaron violentamente a los obreros, los asesinaron, los encarcelaron.

Es momento que como legisladores honremos la lucha de los obreros, reivindiquemos sus derechos sociales, a lo largo de la historia los movimientos sociales de los trabajadores han evidenciado las carencias a que han sido sujetos, el movimiento de Río Blanco no es la excepción, es oportuno que esta Cámara de Diputados rinda homenaje a todos y cada uno de los obreros de Río Blanco, inscribiendo en su muro de honor la leyenda “Mártires de Río Blanco, 1907”. Es fundamental recordar su legado en las luchas sindicales, ya que es preciso que no olvidemos que el derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana.

Fundamento Legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal por el Distrito XV del estado de Veracruz, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, en esta Sexagésima Quinta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y artículo 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda “A los Mártires de Río Blanco, 1907”

Artículo Único: Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda “ A los Mártires de Río Blanco, 1907”

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se faculta a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para la organización y realización de la ceremonia respectiva.

Notas

1 Hernández Padilla, Salvador, El magonismo. Historia de una pasión libertaria, 1900-1922, Era, México, 1988.

2 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, Secretaría ejecutiva, disponible en

https://www.cndh.org.mx/noticia/inicia-la-huelga-en-la-fabrica-d e-textiles-de-rio-blanco-veracruz-0#:~: text=En%20Orizaba%2C% 20Veracruz%2C%20el%207,suspensi%C3%B3n%20de%20labores%20promovida%20por

3 Barrera Fuentes, Florencio, Historia de la Revolución Mexicana. La etapa precursora, Patronato del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1970, páginas 215-217.

4 Hernández Padilla, Salvador, La clase obrera en la historia de México. De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios, Siglo Veintiuno Editores-UNAM, México, 1980.

5 Con la resolución presidencial se esperaba que se reanudaran las labores en las 93 fábricas paralizadas: 7 en Coahuila, 2 en Colima, 1 en Chiapas, 3 en Chihuahua, 8 en Durango, 6 en Guanajuato, 2 en Guerrero, 3 en Hidalgo, 5 en Jalisco, 8 en el estado de México, 4 en Michoacán, 4 en Nuevo León, 1 en Oaxaca, 32 en Puebla, 4 en Querétaro, 1 en Sinaloa, 1 en San Luis Potosí, 1 en Sonora, 9 en Tlaxcala, 13 en Veracruz, 2 en Tepic y 11 en Distrito Federal. Hernández Padilla, Salvador, La clase obrera en la historia de México. De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios, Siglo Veintiuno Editores-UNAM, México, 1980.

6 List Arzubide, German, y List Arzubide, Armando, La Huelga de Río Blanco, Secretaría de Educación Púbica, México, 1935, páginas 13, 29, 34, 37.

7 Hernández Padilla, Salvador, La clase obrera en la historia de México. De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios, Siglo Veintiuno Editores-UNAM, México, 1980.

8 Cámara de Diputados, 7 de enero. Inició Huelga de Río Blanco, Museo Legislativo, Efemérides Enero, 9 de enero de 2020, disponible en

http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=6844

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2024.– Diputada y diputado: Dulce María Corina Villegas Guarneros, Francisco Javier Velázquez Vallejo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 14 y 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Mónica Becerra Moreno, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 14 y reforma los artículos 14 y 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al tenor de la siguiente

El derecho a la movilidad en nuestro país debe garantizarse para todas las personas, es importante priorizar el uso, así como la integridad y seguridad de quienes lo utilizan.

Al ser un derecho humano, debemos velar porque sea universal, progresivo, accesible y equitativo para todos los sectores de la población y, con ello, más mexicanos podrán trasladarse para realizar sus actividades cotidianas y garantizar otros derechos como la salud, educación y trabajo.

Como se ha mencionado, existen muchas personas que utilizan el transporte público como medio para trasladarse de su casa al trabajo, escuela u hospitales para sus consultas, lo que les implica un gasto diario que, en algunos casos, no se cuenta con esos recursos económicos para solventar esa necesidad.

Es importante realizar reformas que impliquen igualdad para todos, las políticas económicas y sociales deben ser aplicadas de manera universal y que tengan un enfoquen en las necesidades de los grupos más vulnerables.

Se ha considerado que el sistema de transporte debe ser un espacio donde se ofrezca un servicio para todas las personas y garantizar la igualdad para una movilidad libre y segura para los usuarios.

En nuestro país, el costo promedio que gasta una persona en su transporte diario es de 50 pesos y podría verse elevado según el kilometraje recorrido, qué tipo de transporte decide tomar y cuántos medios de transporte debe usar para llegar a su destino.

Además, es importante mencionar que los patrones de movilidad son distintos según el género, edad o alguna discapacidad. Por citar un ejemplo, la carga de trabajo para una mujer puede ser más compleja debido a que sus trayectos están enfocados en actividades de compras, trámites, hogar, estudio, trabajo y acompañamiento en general, lo que genera un mayor impacto en su economía.

Por su lado, las personas que tienen alguna discapacidad también tienen ciertas limitaciones como el diseño de la infraestructura, espacios y servicios, mismos que se convierten en una desventaja para las personas, por lo tanto, son grupos más vulnerables para tomar el transporte público.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), el 13 de junio del presente año, presentó la nota informativa con los resultados anuales en relación con el transporte urbano en la zona metropolitana del país y lo municipios conurbados del Valle de México y establece que se brindó servicio a 173 millones de pasajeros y se cubrió un total de 30 millones de kilómetros, donde el Sistema de Transporte Colectivo Metro junto con el Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros son los medios más utilizados en el último año.

El comunicado de prensa número 420/23, publicado el 26 de julio de 2023 por el Inegi presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022, donde el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63 mil 695 pesos. Sin embargo, dicho comunicado establece que, a pesar de las reformas realizadas, en la práctica existe una brecha monetaria entre hombres y mujeres de 10 mil 204 pesos, debido a que el ingreso aproximado de un hombre es de 29 mil 285 pesos y el de la mujer 19 mil 81 pesos.

Por otro lado, el ingreso promedio trimestral de las personas con una discapacidad fue de 16 mil 592 pesos; quienes presentan dificultad para ver, aun con lentes, es de 17 mil 272 pesos; personas con dificultad para aprender, recordar o concentrarse, fue de 13 mil 118 pesos y el de quienes tienen dificultad para hablar o comunicarse, fue de 11 mil 144 pesos.

De igual manera, se analizó según el grupo de edad, donde el mayor ingreso promedio trimestral monetario correspondió al grupo de 40 a 49 años, con 31 mil 694 pesos y el menor ingreso se presentó en el grupo de 12 a 19 años con un monto de 6 mil 532 pesos.

La encuesta también describe los 20 principales rubros de gasto corriente monetario trimestral en los hogares de nuestro país. Los alimentos fuera del hogar, la educación y la compra de carnes fueron los primeros rubros de gasto mientras que en el número 11 se encuentra el de transporte público, que, datos de la encuesta, en 2016, el promedio de gasto era de mil 999 y en la de 2022 es de mil 585, la diferencia es porque las familias prefieren invertir en otros rubros que en el tema de transporte público.

Además, se puede comprobar que las mujeres, los jóvenes y las personas con alguna discapacidad ganan menos y, por tanto, sus gastos se deben diversificar más en otros rubros.

Es indispensable mencionar que el tema del gasto en el transporte público no es algo novedoso, en 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la recomendación 2/2018, sobre el caso de violaciones a derechos humanos debido a la falta de descuentos en las tarifas y se estableció que era un derecho humano de accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad y establece que es importante que los ordenamientos mexicanos cumplan con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que puedan participar en todas las actividades de la vida cotidiana solicitando que la movilidad pueda estar con costos accesibles.

En relación con lo anterior, se confirma que existen varios ordenamientos internacionales que obligan a los estados a tener una atención directa a este medio de transporte y permitir el acceso a todas las personas que lo ocupan, atendiendo las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad.

A nivel internacional, en varios países del mundo el transporte es gratuito para los ciudadanos. Desde 2020 Luxemburgo se convirtió en el primer país en ofrecer este servicio donde también se incluye a los turistas. Otros lugares del mundo que han implantado esta política para reducir contaminación y tráfico son Malta, Estonia, Bélgica y algunas ciudades de China, Brasil, Estados Unidos de América (EUA) y Australia, donde los resultados han sido notorios y existe un cambio en la sociedad.

Es por lo anterior que en nuestro país pretendemos que los grupos más vulnerables puedan tener acceso al transporte público de manera gratuita, donde los niños menores de doce años, personas adultas mayores y personas con movilidad limitada usuarias de vehículos de dos y tres ruedas así como los estudiantes de cualquier grado puedan trasladarse en el transporte público que más le convenga y realizar las actividades cotidianas sin que utilicen sus recursos económicos, mismos que podrían utilizar para alimentos, educación o salud.

La presente reforma tiene como finalidad apoyar a las familias mexicanas y a los estudiantes para mejorar su economía y su crecimiento profesional además de mejorar otros aspectos como reducción de la contaminación y el tráfico, mejorando las condiciones y con ello lograr que más mexicanos utilicen ese medio.

La movilidad debe garantizarse a todos los grupos sociales por igual, mejorando las condiciones en costo y traslado y que la falta de recursos económicos para el pago de estos servicios no sea una razón para que dejen de hacer sus actividades como acudir al médico, asistir a clases o buscar una mejor opción de trabajo.

El transporte debe ser funcional y accesible, donde las personas se sientan en confianza de un transporte seguro donde las necesidades y circunstancias sean atendidas y resueltas.

Adjunto se encuentra un cuadro comparativo con la propuesta que se pretende reformar para su mejor análisis:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 14 y se reforman los artículos 14 y 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 14. Las leyes y reglamentos en la materia contendrán las previsiones necesarias para garantizar, al menos, lo siguiente:

I. ...;

II. ...;

III. Que se contribuya a la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad limitada, aportando especificaciones de diseño universal que permitan construir un entorno incluyente, y

IV. Que las modalidades de transporte en las zonas remotas y de difícil acceso, así como en los territorios insulares contemplen las rutas y los servicios más seguros, incluyentes, accesibles y asequibles para las personas, y

V. Que las personas usuarias vulnerables, las personas con discapacidad y los estudiantes de nivel básico, medio superior, superior y posgrado tendrán derecho a la exención de pago al hacer uso del servicio de transporte público.

Artículo 43. Del servicio de transporte público.

...

...

...

Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán proveer en las localidades rurales e insulares transporte público gratuito, a niñas, niños y adolescentes, evitando a las y los menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para educación primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y media superior, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad y el derecho a la educación.

De igual forma deberán establecer que las personas usuarias vulnerables, las personas con discapacidad y los estudiantes de nivel básico, medio superior, superior y posgrado serán exentas del pago de cualquier tarifa al hacer uso del servicio de transporte público.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados deberán armonizar sus ordenamientos legales de conformidad con el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Hugo Éric Flores Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

El juicio de amparo tuvo desde su origen como objetivo principal garantizar de forma efectiva los derechos humanos de las personas ante alguna vulneración cometida por parte de alguna autoridad. Evidentemente, este instrumento ha ido adecuándose a las exigencias políticas, sociales e históricas de cada época, evolucionando a un estatus de mayor certeza, y así, alcanzar de mejor forma su fin.

El juicio de amparo se consolidó en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. De esta manera, en el artículo 103 se dejó clara la procedencia del amparo, al determinar que los tribunales federales resolverían las controversias que se susciten “por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales”, conforme a las reglas previstas en el artículo 107.

Las reglas mencionadas se expresaron en 12 fracciones del artículo citado y se resumen de la siguiente manera:

1. El juicio se seguirá a instancia de parte agraviada.

2. Las sentencias no tendrán efectos generales.

3. En los juicios civiles o penales el amparo procederá contra las sentencias definitivas.

4. Se podrá suplir la deficiencia de la queja en los juicios penales.

5. En los juicios civiles o penales sólo procederá el amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes sustanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso.

6. En los juicios penales, la ejecución de la sentencia definitiva contra la que se pide amparo se suspenderá por la autoridad responsable.

7. En los juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva sólo se suspenderá si el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión ocasione.

8. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial, o de actos de ésta ejecutados fuera de juicio o después de concluido, o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecte a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el juez de distrito.

9. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

10. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el juez de distrito que corresponda, para que la juzgue.

El referido artículo 107 constitucional ha sido reformado en diversas ocasiones: la primera en 1951 y la más reciente en 2024. De las reformas es posible decir que, en tres de ellas se rehízo prácticamente el artículo: la del 19 de febrero de 1951, la de 25 de octubre de 1965 y la publicada el 31 de diciembre de 1994.

En dicha evolución constitucional se han ido afinando y redefiniendo las reglas generales y específicas del juicio de amparo, dependiendo de si se impugnan leyes, actos administrativos o jurisdiccionales; reglas de competencia y de la sustanciación misma del juicio y de la suspensión, así como el tema de los recursos y la ejecución de las sentencias, buscando mecanismos eficaces para hacer efectivas las ejecutorias tanto en materia de suspensión como las concesiones del amparo mismo.

En consecuencia, el juicio de amparo se ha consolidado como uno de los medios jurisdiccionales de control de la constitucionalidad de mayor importancia y trascendencia para el sistema jurídico mexicano, junto con las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. El punto de partida es que el amparo procede contra actos de las autoridades que vulneren las garantías individuales, teniendo sus resoluciones efectos restitutorios al buscar como finalidad el precisamente restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, es decir, dejarlo como estaba antes del acto lesivo de la autoridad.

En cuanto a quiénes pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, regularmente se ha concebido a las entidades estatales como aquellas susceptibles de ser demandadas por sus actos; sin embargo, tal pensamiento ha venido evolucionando, sobre todo en la jurisprudencia, ya que existen casos de sujetos que no se encuentran ubicados dentro de la estructura estatal y cuyas actuaciones sí se pueden controvertir en amparo.

Por ejemplo, las universidades, como la Nacional Autónoma de México, son consideradas autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior se deriva del criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que expone de manera muy clara cuáles son los criterios específicos para determinar en cada caso concreto si se está o no ante una autoridad.

Dichos criterios consisten en

a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.

b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad.

c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular.

d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.

La naturaleza de la autoridad responsable, es decir, la que emitió el acto, puede ser de índole diversa. El amparo judicial, procede contra los actos que emanan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, que sean órganos jurisdiccionales, sin importar la naturaleza de sus actos.

En el amparo administrativo, todos los actos de las autoridades que no son tribunales también son impugnables sin importar su naturaleza. Finalmente está el amparo contra leyes, en el que es posible impugnar cualquier norma general sin importar de dónde emanó, sino precisamente que su naturaleza jurídica es la de ser una norma jurídica, ya sean leyes en estricto sentido o bien reglamentos o disposiciones generales que emanan de la administración pública.

Como se observa, la primera característica del amparo consiste en que procede contra cualquier acto de autoridad, sea ésta de naturaleza administrativa, legislativa o jurisdiccional.

En otro orden de ideas, la columna vertebral del juicio de amparo, o como la doctrina lo llama, los principios fundamentales, son las reglas más importantes que deben observarse durante la tramitación y resolución del proceso de amparo; no son reglas absolutas, admiten excepciones, y han sido obtenidas a partir del análisis de las normas jurídicas que rigen el amparo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 103 y 107, y en su ley reglamentaria, conocida como Ley de Amparo, no refieren expresamente a los principios fundamentales del amparo, con tal denominación, sino que su contenido, alcance y excepciones han sido sistematizados por la doctrina con base en tales normas generales.

La clasificación más aceptada por la teoría jurídica distingue cinco principios fundamentales del juicio de amparo: de instancia de parte, de existencia de un agravio personal y directo, de definitividad del acto reclamado, de estricto derecho y de relatividad de la sentencia.

En cuanto al principio de relatividad de la sentencia que, es el que se analiza en la presente iniciativa, el artículo 107, fracción II, párrafo primero, constitucional dispone: “Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda”.

En esto consiste el carácter relativo de la sentencia de amparo, que también se conoce como fórmula Otero. El artículo 76, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

El principio de relatividad limita el efecto de la sentencia de amparo al quejoso, de manera que quien no lo haya promovido, no puede beneficiarse con la declaración de inconstitucionalidad del acto reclamado. Actualmente, se reconoce que el principio de relatividad de la sentencia puede crear situaciones de inequidad o desigualdad entre las personas; puesto que aquéllas que, por no haber estado en posibilidad de acudir al juicio de amparo, están obligadas a cumplir con leyes o actos de autoridad declarados inconstitucionales.

La propia Suprema Corte de Justicia ha resuelto que, por virtud del principio de relatividad de la sentencia, el amparo no puede tener efectos erga omnes ni para hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad ni para obligar al Estado a reparar sus omisiones legislativas, como se ve en la siguiente tesis:

Leyes, amparo contra. Es improcedente aquel en que se impugna la omisión del legislador ordinario de expedir una ley o de armonizar un ordenamiento legal a una reforma constitucional. Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada; lo que es inconcuso, resultaría apartado del principio de relatividad enunciado.

Sin embargo, la razón que explicaba la existencia del principio de relatividad de la sentencia ha perdido sentido en la actualidad. En efecto, a partir de las reformas de 1994 a la Constitución, en particular a su artículo 105, las acciones de inconstitucionalidad han hecho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal constitucional con facultades para declarar, con efectos generales, la inconstitucionalidad de una ley, lo que ha sucedido un sinnúmero de ocasiones, con absoluto respeto por parte de los órganos legislativos del orden federal y local.

La intervención judicial en los actos legislativos ya no es vista con recelo, sino como un mecanismo democrático indispensable para el sano equilibrio de poderes; por eso, el principio de relatividad de la sentencia de amparo ya no puede justificarse más. La declaración de inconstitucionalidad, vía amparo, debe tener efectos generales en casos específicos, principalmente cuando se vulneren derechos humanos y cuando se vean inmiscuidos grupos vulnerables.

De esta manera, el juicio de amparo, sin las limitaciones impuestas actualmente por el principio de relatividad de la sentencia, se verá fortalecido lo que sin duda contribuirá a democratizar la impartición de justicia en México. Por lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa es incluir en la fracción II párrafo primero del artículo 107 constitucional que, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales.

Salvo los que versen sobre derechos humanos o vinculados a grupos vulnerables, en tal caso, el órgano jurisdiccional podrá extender los efectos de la resolución.

La sentencia en el juicio de amparo es el acto culminativo de la actividad jurisdiccional pronunciado por la Suprema Corte de Justicia, el tribunal colegiado de circuito o juez de distrito, por el que resuelve si concede, niega o sobresee el amparo solicitado por el quejoso contra el acto reclamado de la autoridad responsable.

Las sentencias que se dictan en el juicio de amparo sólo exigen cumplimiento una vez que hayan causado ejecutoria aquellas en las cuales se haya concedido el amparo y protección de la justicia federal, toda vez que el efecto genérico de las misma es el de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas; no así aquellas sentencias en las que se haya negado el amparo o se haya sobreseído en el juicio.

Por tanto, los efectos de la sentencia, según el principio comentado, se limitan a la persona o personas que hubiesen promovido el juicio de amparo. Si la sentencia niega el amparo solicitado, esto no impide que otro u otros que están en un caso idéntico no puedan alegar como ejecutoria el fallo pronunciado para resistir el cumplimiento de la ley o acto que lo motivó.

Por otro lado, el acceso a este procedimiento constitucional sigue siendo difícil para múltiples grupos de personas. Por ejemplo, debido a que los Tribunales Federales se ubican en las ciudades más pobladas del país, las personas que habitan lejos de los grandes centros urbanos encuentran un obstáculo en la distancia. Por desgracia esto lleva a que muchas personas se vean disuadidas, o de plano imposibilitadas, para iniciar un juicio de amparo.

Si bien no hay gastos propiamente judiciales, los juicios de garantías son muy caros. Esto se debe a que, por su complejidad, el quejoso requiere de la asesoría de abogados con conocimientos altamente especializados quienes pueden cobrar importantes sumas de dinero por sus honorarios. Así pues, quien no cuenta con recursos suficientes de tiempo y dinero no puede soportar las cargas de proseguir un juicio de amparo.

Esto deja en evidencia que las reformas a la ley reglamentaria no lograron ampliar el acceso al juicio de amparo, ya que ninguna de las figuras incluidas a partir de 2013 permite combatir el fenómeno de la desigualdad en el acceso a servicios jurídicos. Por el contrario, al tener un juicio de amparo más complejo, de cierta forma se ha acrecentado la asimetría procesal entre quienes tienen mayor capacidad económica y quienes cuentan con menos recursos; estos últimos por lo general no pueden siquiera dar inicio o continuidad a los juicios.

Del mismo modo, se ha complicado la obtención de sentencias favorables en los procedimientos de amparo. Por ejemplo, cerca de un 90 por ciento de los amparos indirectos planteados ante los juzgados federales terminan sobreseyéndose. Esto es trascendente porque implica que la mayoría de los casos terminan con una resolución en la que ni siquiera se estudió el fondo del asunto.

También existen graves deficiencias en relación con la accesibilidad del juicio de amparo, ya que gracias a estas barreras una cantidad importante de gobernados ni siquiera contempla la posibilidad de acudir a este procedimiento para defender sus derechos humanos.

En este sentido, existe una imperiosa necesidad de dictar una declaración general respecto de las inconstitucionalidades de la ley, ya que en la actualidad han cambiado las situaciones que existían cuando se creó la fórmula Otero, situaciones que fueron superadas por dos principios: igualdad de las personas ante la ley y supremacía constitucional.

Desde luego, la institución de la suspensión tiene diversas reglas y requisitos, tanto para su procedencia como para su efectividad y, asimismo, dependerá del tipo de juicio y el acto que se reclame para que en cada caso concreto se determine si es susceptible de suspenderse o no, y si se cumplen todos y cada uno de los requisitos de procedencia de la suspensión, como el que de concederse la suspensión no se afecte el interés social ni se vulneren o contravengan disposiciones de orden público.

La suspensión es una medida cautelar que tiene como finalidad “suspender temporalmente” los efectos de los actos reclamados o, en su caso, reestablecer de manera provisional los derechos afectados mientras se decide el juicio de amparo en cuanto al fondo del asunto. Es decir, el objeto es asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte, por lo que existe una relación indisoluble entre la suspensión y la sentencia.

Con lo anterior en mente, mediante una interpretación literal de la fracción II, del artículo 107 constitucional se concluye que el principio de relatividad únicamente le atañe a la sentencia que resuelve el juicio en lo principal, sin embargo, sí cabe la posibilidad de que se dicte una suspensión con efectos generales.

Ahora bien, en la práctica sí se ha suscitado el supuesto en el que un Juez de Distrito conceda una suspensión con efectos generales (como excepción a los efectos relativos), tal como sucedió en los amparos presentados durante 2021 en contra de diversas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica pues, los jueces primero y segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica y Radiodifusión, consideraron que, por la relevancia del asunto, era necesario conceder la suspensión provisional con efectos generales a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista.

La razón de fondo por la cual se concedió dicha suspensión fue que, con fundamento en la jurisprudencia con número de registro 212751, si se concediera una medida cautelar con efectos particulares se estaría otorgando una ventaja competitiva a la quejosa y se ocasionarían distorsiones en el mercado, por lo que se perdería la materia del juicio.

De lo anterior se concluye que los “efectos generales” en realidad atienden a una colectividad en específico, es decir, sus efectos atañen a todas las personas que se encuentren en la misma situación que el quejoso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado algunos precedentes en los que reconoce que dicho principio admite ciertas modulaciones, por ejemplo, la Segunda Sala sostuvo que debe interpretarse de la manera más favorable a la persona, por ello, lejos de invocarse una concepción restringida del mismo, “será menester maximizar tanto el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, como el principio de supremacía constitucional”.

Por su parte, la Primera Sala señaló que la necesidad de dicha reinterpretación se ha hecho especialmente patente en casos recientes en los que se han analizado violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, enfatizando que si se mantuviera una interpretación estricta “sería muy complicado proteger este tipo de derechos en el marco del juicio de amparo, teniendo en cuenta que una de sus características más sobresalientes es precisamente su dimensión colectiva y difusa”.

Conforme a estas consideraciones, en principio se podría inferir que la adopción de la citada medida cautelar con efectos generales no implicaría de modo alguno la inobservancia del principio de relatividad de las sentencias, sino que, como ha sostenido el Poder Judicial de la Federación, se trata solamente de modularlo en un caso muy específico en el que una medida cautelar no debe provocar el mismo efecto adverso que busca evitar.

Por ello se advierte un debate serio acerca del alcance de la suspensión y los casos de su procedencia, sobre todo teniendo presente que el amparo es un medio de control constitucional destinado a garantizar el ejercicio de derechos personales. Incluso, como ya lo ha adelantado el doctor José María Soberanes Díez, lo anterior puede “contravenir disposiciones de derecho positivo, entre otras, una norma constitucional como lo es la llamada ‘Cláusula Otero’”, lo que a su vez nos lleva a cuestionar si es suficiente la interpretación actual del marco normativo del juicio de amparo, o la necesidad de reformarlo.

Que el procedimiento constitucional de amparo no cumpla de forma eficaz su función como procedimiento para salvaguardar los derechos humanos es un problema que vale la pena resolver, porque la existencia de un recurso judicial efectivo contribuye ampliamente al desarrollo del Estado de derecho y de la democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido la trascendental importancia del derecho al recurso judicial efectivo como un pilar básico del Estado de derecho constitucional y democrático. Por ello es importante encontrar estrategias o reformas que nos permitan el desarrollo y fortalecimiento del amparo como un medio idóneo para la defensa de los derechos humanos.

En el caso de la idoneidad del juicio de amparo, si los efectos de este procedimiento se siguen limitando a la restitución en el goce del derecho violado, pero no se contemplan otras medidas para la reparación de violaciones de derechos humanos de diversas índoles, poco habrá mejorado, por más eficiente que sea el procedimiento.

Al respecto, resultaría muy útil la aplicación supletoria de la Ley General de Víctimas para establecer efectos más amplios a las sentencias constitucionales y de esa forma permitir la presentación de demandas en contra de todo tipo de actos, incluso, de aquellos que hayan sido consumados de modo irreparable. Esto sería mucho más congruente con el papel del amparo como recurso judicial efectivo, ya que en la referida Ley General de Víctimas se consideran que son materia de dicha ley las acciones u omisiones del Estado que violenten derechos humanos.

En estos casos se considera como víctima a quien sufra un daño a partir de dichos actos u omisiones. De ahí que sea del todo incongruente que no exista una vinculación entre ambas normas, si el artículo 103 de la Constitución establece con toda claridad que la función primordial del juicio de amparo es resolver controversias que se susciten por la violación de derechos humanos.

Para mejor comprensión de las modificaciones propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En tal virtud, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona el primer párrafo de la fracción I al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. ...

I. ...

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Salvo los que versen sobre derechos humanos o vinculados a grupos vulnerables, en tal caso, el órgano jurisdiccional podrá extender los efectos de la resolución.

...

...

...

...

...

...

III. a XVIII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes reglamentarias correspondientes.

Tercero. En tanto se realizan las reformas legales correspondientes, el proceso a que alude el artículo que se reforma, se realizarán de la siguiente manera: cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido un plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos cinco votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Notas

1 Fernández Fernández, V.; y Samaniego Behar, N. (2011). “El juicio de amparo: historia y futuro de la protección constitucional en México”, en IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, AC, V (27),173-200. Fecha de consulta: 27 de Septiembre de 2024. ISSN. Recuperado de

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222188009

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Tesis 2a. CCIV/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2001, tomo XIV, página 39, rubro “Autoridad para los efectos del amparo. Notas distintivas”.

5 Fernández Fernández, V.; y Samaniego Behar, N. (2011). “El juicio de amparo: historia y futuro de la protección constitucional en México”, en IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, AC, V (27),173-200. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024. ISSN. Recuperado de

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293222188009

6 Martínez Andreu, E. (2009). Los principios fundamentales del juicio de amparo. una visión hacia el futuro. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024. Recuperado de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3065/27.pdf

7 Ibídem.

8 Expresa que la ley, el derecho, o la resolución abarcan a todos, hayan sido partes o no; y ya se encuentren mencionados u omitidos en la relación que se haga.

9 Tesis aislada P. CLXVIII/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, diciembre de 1997, página 180.

10 Martínez Andreu, E. (2009). Los principios fundamentales del juicio de amparo. Una visión hacia el futuro. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024. Recuperado de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3065/27.pdf

11 Quintero Cornejo, J. (2020). “La crisis del juicio de amparo como recurso judicial efectivo para la defensa de los derechos humanos”, en Revista Jurídica Ibero. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024. Recuperado de 04+Revista+Jur%C3%ADdica+Ibero+10+final-37-65.pdf

12 Ibídem.

13 Quintero Cornejo, J. (2020). “La crisis del juicio de amparo como recurso judicial efectivo para la defensa de los derechos humanos”, en Revista Jurídica Ibero. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024. Recuperado de 04+Revista+Jur%C3%ADdica+Ibero+10+final-37-65.pdf

14 SCJN (2020). La tutela judicial efectiva y el lenguaje de las sentencias. Recuperado de

https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/la-tutela-judicial-e fectiva-y-el-lenguaje-de-las-sentencias

15 Recuperado de

https://www.centroeticajudicial.org/blog/suspension-con-efectos- generales-una-excepcion-al-principio-de-relatividad-de-las-sentencias

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Hugo Éric Flores Cervantes, Anabel Acosta Islas, Javier Taja Ramírez, Julen Rementería del Puerto, Mayra Espino Suárez, José Armando Fernández Samaniego (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o., fracción XXXVIII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Al Ambiente, al tenor de la siguiente

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es sin duda un instrumento de gran relevancia para nuestro país, hoy más que nunca adquiere nuevos retos ya que el aumento del uso de las tecnologías, el desecho de aparatos electrónicos de manera constante y la sobre explotación de los recursos naturales así como el incremento desmedido de la población y de la contaminación, requiere nuevos desafíos que deben ser atendidos de manera progresiva ante las nuevas necesidades de la población en la actualidad.

Los tiempos actuales, nos demandan nuevas realidades, necesitamos comprender de mejor manera los sucesos que afectan nuestro entorno y la calidad de vida que tenemos como personas, el cuidado del medio ambiente es crucial por múltiples razones que anunciare más adelante, sin embargo, muchos de los problemas que hoy padecemos se deben a la falta de información, motivo por el cual es indispensable que en todos nuestros ordenamientos legales enfaticemos que la educación al medio ambiente es indispensable.

Hoy las nuevas tecnologías tienen distintos impactos, como ya se expuso pueden ser negativos, pero también nos abre una ventana de oportunidad para poder implementar energías renovables como parte de nuestras actividades diarias como país, es decir, la educación ambiental debe considerar el uso y conocimiento de las energías renovables, lo que se traducirá sin lugar a duda en efectos positivos para nuestra población.

Por lo tanto, la educación ambiental promovida por el Estado y sus instancias relacionadas deberá incluir el fomento, uso y conocimiento de las energías renovables como parte fundamental de la formación integral de los ciudadanos. A través de programas educativos dirigidos a todas las etapas de la vida.

Esta reforma tiene como objetivo garantizar que los ciudadanos cuenten con los conocimientos necesarios para adoptar prácticas energéticas sostenibles, contribuyendo así al equilibrio ecológico y a la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones.

La ausencia de conocimiento y uso de energías renovables en la educación ambiental en México no solo afecta el medio ambiente, sino que también impacta la economía, la salud pública y el desarrollo social, perpetuando un ciclo de dependencia de fuentes de energía dañinas y limitando las oportunidades para un futuro más sostenible.

Integrar el conocimiento de las energías renovables en la educación ambiental es clave para formar ciudadanos informados y responsables, capaces de contribuir a un futuro más sostenible y equilibrado ecológicamente.

Beneficios para el estado de Colima

Esta iniciativa además de beneficiar a las y los mexicanos también cobra relevancia desde el espectro local, en Colima, con su biodiversidad y recursos naturales, constantemente enfrenta desafíos ambientales, la educación ambiental puede fomentar prácticas sostenibles que protejan estos recursos y promuevan un desarrollo más equilibrado.

Esta reforma ayudará a aumentar la conciencia sobre la importancia de las energías renovables, ayudando a la población a entender cómo su uso puede reducir la contaminación.

Al fomentar el conocimiento sobre energías renovables, se pueden crear oportunidades de empleo en sectores emergentes. Esto es especialmente relevante en Colima, donde el turismo y la agricultura pueden beneficiarse de prácticas sostenibles.

La educación ambiental prepara a las nuevas generaciones para enfrentar desafíos futuros, alentándolas a ser líderes en la transición hacia un modelo energético más limpio, como lo ha manifestado la Gobernadora del Estado Indira Vizcaino Silva.

Una población educada en temas ambientales puede influir en la toma de decisiones políticas, exigiendo acciones que prioricen la sostenibilidad y el uso de energías limpias.

Conocer y utilizar energías renovables puede ayudar a Colima a adaptarse a los efectos del cambio climático, protegiendo su infraestructura y comunidades.

UNICEF, resalta la importancia de la educación ambiental, en su texto: Una tarea pendiente: 5 razones por las que necesitamos educación ambiental, del cual me permito citar un extracto de este:

...

“La educación ambiental es más que solo información sobre el ambiente. La educación ambiental: aumenta la conciencia y el conocimiento sobre temáticas ambientales; enseña a los individuos a pensar de manera crítica; mejora las habilidades para resolver problemas y toma de decisión.

El acceso a una educación ambiental para niños, niñas y adolescentes les ayudará a prepararse para poder enfrentar los efectos del cambio climático integralmente desde una visión ciudadana responsable, defendiendo y siendo consecuente con estos valores en todos los ámbitos.

La educación ambiental dota a los y las estudiantes con las habilidades, conocimientos, conductas y actitudes adecuadas para hacer frente a un mundo y a un clima que cambian rápidamente, y promueve una transformación a nivel tanto personal como sistémico hacia estilos de vida más sostenibles.

Por medio de la educación, los niños y niñas pueden contribuir en todos los aspectos de la formulación de políticas, la mitigación y la adaptación en relación con el cambio climático.

Las escuelas son espacios para crear e implementar soluciones ambientales que generen estilos de vida más sostenibles y fortalezcan la resiliencia frente al cambio climático.”

...

Planteamiento del problema

En la actualidad se requiere promover la conciencia ambiental, para fomentar el entendimiento sobre la importancia de la transición hacia un modelo energético sostenible y los beneficios del uso de energías renovables en la mitigación del cambio climático y la reducción de la huella ecológica.

Requerimos que niñas, niños y adolescentes desarrollen habilidades y capacidades, mismas que se pueden implementar desde talleres, cursos y actividades prácticas que les permitan adquirir conocimientos y habilidades en la utilización de tecnologías de energía renovable, incluyendo, pero no limitado a, energía solar, eólica, hidráulica y biomasa.

El generar conocimiento, nos daría como resultado el incremento de la participación comunitaria, que incentive la participación activa de las comunidades en proyectos de energías renovables, promoviendo la autosuficiencia energética y el desarrollo de iniciativas locales que contribuyan al bienestar social y económico.

Otro de los grandes desafíos es impulsar la investigación y la innovación, para así promover alianzas con instituciones educativas y de investigación para desarrollar proyectos que integren energías renovables en la educación ambiental, favoreciendo la investigación y la innovación en este ámbito.

Incluir el uso y conocimiento de las energías renovables en el apartado de educación ambiental de la Ley General se alinea al Plan de Prosperidad Compartida, de la presidenta de México y cobra gran relevancia ya que educar a la población sobre energías renovables ayuda a crear conciencia sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y los beneficios que estas fuentes de energía pueden ofrecer frente a los combustibles fósiles, fomentaría el conocimiento de energías renovables y promovería un modelo de desarrollo más sostenible, donde se busca reducir el impacto ambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La educación ambiental que incluya energías renovables puede ayudar a reducir la brecha de acceso a tecnología limpia, especialmente en comunidades rurales o marginadas. Sin esta educación, estas comunidades pueden quedar rezagadas en el uso de tecnologías más limpias y eficientes.

A medida que el mercado laboral se orienta hacia la sostenibilidad, la falta de educación sobre energías renovables puede dejar a los jóvenes sin las habilidades necesarias para acceder a trabajos en sectores emergentes y de alta demanda, como la energía solar y eólica.

La propuesta legislativa

Para ello se elabora un cuadro comparativo del texto vigente, y el propuesto:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente

Artículo Único.- Por el que se reforma el artículo 3o. fracción XXXVIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, p ara quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. a XXXVII. ...

XXXVIII. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el uso y conocimiento de las energías renovables, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.

XXXIX. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 https://www.unicef.org/lac/historias/una-tarea-pendiente-cinco-razones-por-las- que-necesitamos-educacion-ambiental

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 16 de la Ley de Puertos, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones II Quáter, II Quinquies y II Sexies del artículo 16 de la Ley de Puertos, al tenor de la siguiente

La importancia de los puertos en nuestro país es de fundamental trascendencia pues tiene que ver con la infraestructura, conectividad y comercio, una infraestructura eficiente permite una mejor conectividad entre regiones, facilitando el comercio interno y externo, esto es crucial para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico.

En cuanto el desarrollo regional, las inversiones en infraestructura pueden impulsar el desarrollo de áreas menos favorecidas, creando empleos y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, una infraestructura moderna y bien mantenida hace a un país más competitivo en el mercado global, atrayendo empresas y favoreciendo la exportación de productos. Una infraestructura adecuada puede integrar soluciones sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan un desarrollo más responsable.

La infraestructura debe evolucionar con el tiempo para adaptarse a las necesidades de la población y del mercado, pero sobre todo a la tecnología ya que los sistemas digitales de las aduanas no siempre están homologados con los de los demás países y eso ha generado problemas severos para la entrada de los barcos a los puertos, por ello es de gran relevancia incentivar a que se cuente con un sistema digital, homologado y ágil que permita la eficiencia del trabajo cotidiano de los puertos.

El turismo, es un eje central para nuestro país, contar con mejores carreteras, aeropuertos y puertos son esenciales para el desarrollo del turismo, una fuente importante de ingresos y empleo en México.

Nuestros puertos requieren una vigilancia, estudios técnicos dada su importancia a través del mantenimiento y en su caso ampliación, el mantenimiento regular de la infraestructura es crucial para la seguridad de los usuarios, evitando accidentes y fallas.

En los casos que se estime necesario la ampliación de infraestructura existente puede reducir la congestión y mejorar la eficiencia del transporte de mercancías y personas, más adelante citaré un hecho que sucedió en el puerto de Manzanillo.

El mantenimiento de la infraestructura, ampliación y homologación de los sistemas digitales son básicos, y la presente iniciativa busca dotar de herramientas necesarias a la Secretaría de la Marina, para que pueda atender las situaciones antes citadas en todos los puertos del país.

En el caso del puerto de Manzanillo es uno de los puertos más importantes de México, manejando una gran parte del comercio marítimo del país, fortalecerlo es vital para optimizar las exportaciones e importaciones, ya que su localización en el Pacífico lo convierte en un punto clave para el comercio con Asia y otras regiones.

Un puerto eficiente facilita la integración de cadenas de suministro, lo que puede mejorar la logística y reducir costos para las empresas.

Invertir en tecnologías sostenibles y prácticas innovadoras en el puerto puede posicionar a Manzanillo como un líder en logística ecológica.

Planteamiento del problema

El pasado 2 de agosto del año 2024, se registró un acontecimiento inédito en el Puerto Marítimo de Manzanillo, por un congestionamiento que tardó dos días en resolverse y así normalizar su operación.

Este hecho se documentó en diario el economista, por la periodista Lourdes Flores el miércoles 07 de agosto de 2024, el cual me permito citar:

“Esto afectó a las cadenas de suministro que incurrieron en gastos de estadías, distribución, almacenaje, transporte, seguridad, saturación de almacenaje, encarecimiento de productos y servicios, comentó a El Economista Héctor Romero, vocero de Top Flotillas y Logex. El retraso por una falla en el sistema para el ingreso a la Aduana del Puerto de Manzanillo, “provocó un aumento de citas tardías, que los transportistas estuvieran varados más de 30 horas sin poder ingresar a cargar o entregar exportaciones”.

“El puerto tardó dos días aproximadamente en normalizar su operación. Los diferentes almacenes dieron apertura para ingreso de transportes independientemente de las citas vencidas, las cuales no se cobraron al reagendar. Lamentablemente este cuello de botella (se habla de una fila de vehículos en decenas de kilómetros), resultó en la muerte de un operador foráneo por falta de atención médica”, subrayó el vocero.

“La importancia del puerto marítimo de Manzanillo se puede observar en el número de operaciones que realiza para importar y exportar. En octubre de 2023 realizó 81,480 operaciones de importación, con un valor de 101,817 millones 444,984 pesos; mientras que hubo 11,805 operaciones de exportación, con un valor de operación de 21,934 millones 926,260 pesos, según datos de Aduanas del gobierno federal.”

Para comprender mejor la relevancia de esta problemática, como argumento que sostiene la presente iniciativa con fundamento e información técnica, me permito citar el diagnóstico realizado por la Secretaría de Marina, obtenido de su sitio web que detalla a continuación sus características:

Manzanillo, Colima I. Datos generales del puerto.

1. Nombre del puerto. (Manzanillo, Col.).

Manzanillo cuenta con un puerto de entrada para el estado de Colima y uno de los principales destinos turísticos del país. Al E de la bahía se localizan las Lagunas San Pedrito y Las Garzas, limitando el Puerto interior. También es el principal puerto exportador del país, reconocido mundialmente como el “Puente Mexicano hacia el Pacífico”. A través de él operan rutas a Japón, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda, así como a Estados Unidos y Canadá.

Además, es el mejor enlace con las zonas industriales y comerciales del país: Jalisco, el Bajío, Estado de México y Distrito Federal.

Es el segundo puerto más importante del Pacífico Mexicano en volumen de carga transportada. Tiene capacidad para recibir buques de 14 m de calado y 80,000 TPM. La ciudad de Manzanillo está situada en la parte S del puerto, con elevados cerros en su parte posterior.

2. Ubicación y Límites geográficos del puerto.

Localizado al W de la República Mexicana, con una superficie de 5,455 km2, limita al N y al E con el Estado de Jalisco, al SE con Michoacán y al S y W con el Océano Pacifico, la mayor parte de su territorio se encuentra sobre la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico, contando además con una planicie costera en la porción S. Su litoral está constituido por numerosas bahías y lagunas costeras, siendo de gran importancia la Bahía de Manzanillo, Las Lagunas Potrero Grande, San Pedrito y Cuyutlán, los ríos más importantes son: Marabasco, Armería y Coahuayana.

Los límites geográficos de puerto Chiapas son:

18° 41’10” y 19° 31’ 20” Norte 103° 28’ 20” y 104° 37’10” Oeste

3. Tipo de Puertos. (Puerto de Altura.)

El Puerto de Manzanillo se ha consolidado en los últimos años como el principal puerto comercial del Pacífico Mexicano y actualmente es concebido como un puerto moderno y productivo, esto gracias a la participación activa de las autoridades portuarias, la iniciativa privada y todos aquellos actores que intervienen de una u otra forma en la actividad del puerto. La construcción y puesta en marcha de terminales especializadas con tecnología de punta le ha permitido incorporarse dentro del escenario mundial como un puerto competitivo, moderno y con un gran potencial de desarrollo a corto y mediano plazo.

4. Regiones marítimas.

Manzanillo se localiza en la región marítima denominada (Pacífico Central Mexicano).

5. Clima.

El clima que impera en la región es tropical lluvioso; se considera que la temporada de lluvias corresponde a los meses de junio a octubre; siendo septiembre el mes más lluvioso debido a los frecuentes ciclones durante este mes (Rzendowski, 1978). Como resultado de los procesos climáticos, el número de días despejados es en promedio de 137 al año, y el promedio de días nublados de 116 según los reportes meteorológicos del Instituto Oceanográfico de Manzanillo. El promedio anual de humedad relativa es del 75 por ciento, siendo el mes de septiembre, el que alcanza mayor humedad, con un promedio de 82 por ciento (Semar, 1989).

Esta región se caracteriza según la clasificación de Koppen modificada por Enriqueta García (1964), como del tipo Awo(w)i, que corresponde a un clima tropical cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos por presentar una precipitación en el mes más seco menor de 60 mm, correspondiendo en promedio a cinco milímetros para el caso de Manzanillo (Carta de Climas del Inegi, 1980).

II. Accidentes geográficos próximos al puerto.

1. Formaciones naturales.

• Bahías.

• Puntas.

Las puntas en las Bahías de Manzanillo y Santiago de Sur a Norte son: Pta. Campos, Pta. Santiago, Pta. Gorda, Pta. Juluapan y Pta. Carrizal.

Sus coordenadas geográficas son latitud: 16.3333 ° N y Longitud: 98.5583 W. Punta Maldonado se localiza a 230 km de Acapulco por la carretera federal núm. 200, hasta Cuajinicuilapa y tomando la desviación a Punta Maldonado. Esta se caracteriza por sus playas de oleaje moderado donde su principal actividad económica es la pesca, especialmente de langosta, la cual constituye el alimento principal de la zona.

La formación de bahías en la región se observa al norte del puerto, donde la más cercana es Bahía de Navidad y Melaque foto superior, Bahía de Tenacatita foto inferior son bahías naturales, localizada en la costa del océano Pacífico, entre el estado de Jalisco y la primera da su nombre al poblado de Barra de Navidad, llegando a Melaque.

2. Elevaciones.

• Sierra Madre del Sur.

En el territorio colimense tiene su inicio el Sierra Volcánica Transversal de cual forma el Volcán de Fuego de Colima, y la Sierra Madre del Sur las cuales están constituidas en su mayor parte por rocas ígneas la fragmentadas en diferentes puntos. Su fisonomía la determina la existencia de estas dos cadenas montañosas.

La primera de esas cadenas la constituye la Sierra Madre del Sur, que corre casi paralela a la costa del océano Pacífico e incrementa su altitud desde aproximadamente los 1.000.

3. Sumersiones.

• Cañones submarinos.

El perfil costero de esta zona está caracterizado por un declive pronunciado y un fondo casi uniforme, así como por la presencia de dos cañones submarinos, uno cerca de la bahía de Manzanillo y el otro cerca de Boca de Apiza. Las isobatas son paralelas a la línea de costa hasta los 100 m de profundidad aproximadamente.

• Arrecifes.

La Punta Carrizales es el conglomerado arrecifal más importante del litoral de Colima. Su importancia y valor ecológico debe ser resaltado en cuanto su diversidad biológica y su contribución al ecosistema litoral. Esta ensenada se divide en dos sitios arrecifales (Este y Oeste) por una extensión de arena. Para fines de discusión es importante hacer referencia en ambos sitios con el fin de determinar posibles diferencias en la estructura de las especies de peces ya que existen diferencias tanto en tamaño, relieve, incidencia de luz y especies de corales.

En la parte noroeste se ubica la Roca Elefante de un color blanco característico siendo esta la más grande de las que se encuentran en las bahías y casi frente a punta Carrizal se encuentran un Alijos (o Escollos Alijos) son un grupo de pequeños islotes volcánicos, rocas escarpadas y estériles sobre la superficie del Océano Pacífico (así como debajo del agua) en situación geográfica 24° 57’ 31” N, 115° 44’ 59” W. Son parte del estado mexicano de Baja California Sur, municipio de Comondú, están situadas a unos 300 km al oeste de la península. El área total de la superficie es menor a 1000 m2. El Grupo consiste de tres rocas principales y un numeroso grupo de rocas menores. La Roca de la parte Sur de la bahía de Manzanillo frente a Punta Campos se nombra Roca Vela es la más grande. Tiene 44 m de altura, con un diámetro aproximado de 34 m (posición 24° 57’ 03” N, 115° 44’ 55” W. W.

La empresa OLR, público en su artículo titulado, “El De-safío de la congestión en el puerto de Manzanillo: Soluciones y Estrategias.” La cuál explica con claridad la situación que se vivió en el Puerto de Manzanillo, motivo por el cual me permito citar su texto:

“La congestión en el Puerto de Manzanillo se debe a una serie de factores, que incluyen:

• Aumento del comercio internacional: El comercio internacional entre México y el resto del mundo ha aumentado en los últimos años, esto ha llevado a un aumento en el volumen de carga que se maneja en el Puerto de Manzanillo.

• Eficiencia limitada de las operaciones del puerto: El Puerto tiene una capacidad limitada para manejar grandes volúmenes de carga. Esto ha contribuido a la congestión en el puerto.

• Deficiente infraestructura: El Puerto tiene una infraestructura que no está a la altura de las necesidades actuales. Esto ha contribuido a la congestión en el puerto.

Soluciones y estrategias:

Para abordar la congestión en el Puerto de Manzanillo, se están implementando una serie de soluciones y estrategias, que incluyen:

• Inversiones en infraestructura: El gobierno mexicano está invirtiendo en infraestructura para mejorar la capacidad del Puerto de Manzanillo, estas inversiones incluyen la construcción de nuevos muelles y grúas, así como la expansión de las áreas de almacenamiento.

• Mejoras en la eficiencia operativa: El Puerto está implementando mejoras en la eficiencia operativa para reducir el tiempo de espera de los buques. Estas mejoras incluyen la implementación de nuevas tecnologías y la capacitación del personal.

• Promoción del comercio multimodal: El Puerto está promoviendo el comercio multimodal para reducir la carga en el puerto. Esto incluye la promoción del transporte ferroviario y terrestre para el movimiento de carga.”

Adicionalmente en los últimos años y manera natural, se han generado diferentes causas que generan congestiones en el Puerto de Manzanillo, sin embargo, esta no es una realidad exclusiva de dicho puerto, ya que se ha identificado el mismo fenómeno en los diversos puertos del país.

La congestión en el puerto es un desafío que debe abordarse para garantizar el flujo eficiente del comercio, las soluciones y estrategias que se están implementando están encaminadas a reducir la congestión y mejorar la eficiencia del puerto.

La propuesta legislativa

Para ello se elabora un cuadro comparativo del texto vigente, y el propuesto:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente

Decreto por el que se adicionan las fracciones II Quáter, II Quinquies y II Sexies del artículo 16 de la Ley de Puertos

Artículo Único. Se adicionan las fracciones II Quáter, II Quinquies y II Sexies del artículo 16 de la Ley de Puertos, para quedar como sigue:

Artículo 16. La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo federal, quien la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias de la Administración Pública Federal, corresponderá:

De I. a II Ter. ...

II Quáter. Fomentar la ampliación de los puertos que debido al incremento natural de su demanda sean necesarias para evitar congestiones y retrasos que afecten su eficiencia y funcionamiento.

II Quinquies. Fomentar que la infraestructura de las terminales portuarias cuente con un debido mantenimiento, remplazo de material necesario y mejora continua para garantizar su servicio de manera eficiente.

II Sexies. Fomentar la actualización y conexión de la brecha digital con los diferentes países para evitar retrasos en los sistemas de ingreso a las aduanas.

De III. a XIV. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Retraso-en-el-Puerto-de-Manzanillo-prov oco-caos-logistico-y-perdidas-millonarias-20240807-0054.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Retraso-en-el-Puerto-de-Manzanillo-prov oco-caos-logistico-y-perdidas-millonarias-20240807-0054.html

3 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Retraso-en-el-Puerto-de-Manzanillo-prov oco-caos-logistico-y-perdidas-millonarias-20240807-0054.html

4 Datos obtenidos de la Secretaria de Marina/ diagnóstico completo: https://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioManzanillo.pdf

5 https://olr.com.mx/el-desafio-de-la-congestion-en-el-puerto-de-manzanillo-soluc iones-y-estrategias/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 4o. y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. párrafo decimosegundo, 4o. párrafo quinto y 25 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Actualmente en nuestro país el cuidado del medio ambiente ha cobrado una gran relevancia ya que últimos acontecimientos naturales, nos han afectado como país, así como la calidad de este y de vida de las y los mexicanos.

El Plan de Prosperidad Compartida de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se alinea con el impulso de energías renovables como una herramienta clave para lograr una país más sostenible, equitativo y resiliente. La implementación de estas políticas contribuirá a construir un futuro más próspero y justo, donde el desarrollo económico y la protección del medio ambiente vayan de la mano.

La presente iniciativa pretende incorporar el importante concepto de energía renovable, en nuestra Constitución ya que actualmente no existe mencionado de manera implícita en nuestro máximo ordenamiento.

Como país hemos dado importantes pasos en la materia como lo es con la creación de la Ley de Transición Energética, la cual define a las energías renovables como:

Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación:

a) El viento;

b) La radiación solar, en todas sus formas;

c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m2;

d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal;

e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y

f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Sin embargo, este nuevo gobierno se ha planteado importantes retos en materia de medio ambiente y de energías renovables, razón por la cual considero de vital importancia, dar relevancia Constitucional al derecho a la educación al medio ambiente, fomentando el uso y conocimiento de las energías renovables a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

También resulta indispensable que como ya está consagrado en la Constitución nuestro derecho a un medio ambiente sano se incorpore promover el uso de energías renovables que contribuyan a la conservación y protección del entorno ambiental y por último dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo se considere indispensable la promoción del uso de energías renovables y la conservación de los recursos naturales para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Contar con un marco sólido legal que fomente el uso de energías renovables, trae consigo una serie de beneficios, que de entrada muestra el compromiso del Estado con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente facilita la creación de políticas públicas que promuevan la inversión y desarrollo de tecnologías limpias, la protección ambiental.

El promover las energías renovables mitigan el cambio climático, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como fomentar la conservación de recursos naturales y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Las energías renovables, como la solar, eólica y geotérmica, generan electricidad con mínimas o nulas emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando a combatir el cambio climático.

Fomentar el desarrollo económico permitirá mayor inversión y creación de empleos, la transición a energías renovables puede atraer inversiones y generar nuevos empleos en sectores como la energía solar, eólica y geotérmica.

Beneficios en el estado de Colima

Esta iniciativa está diseñada para el beneficio de todas y todos los mexicanos, sin embargo, me gustaría mencionar los beneficios que se tendrían en el estado de Colima, ya que cuenta con un potencial significativo para el desarrollo de energía solar y eólica, lo que puede posicionar al estado como un líder en energías limpias en la región, compromisos asumidos por la gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva, mediante un trabajo conjunto se lograría:

La promoción de energías renovables para impulsar el desarrollo económico de comunidades locales, creando empleos y oportunidades de negocio.

Este marco constitucional favorecería las energías renovables que puede atraer inversiones nacionales e internacionales, estimulando la economía local.

Por otro lado, contribuiría a mejorar la calidad del aire y, por ende, la salud de los y las colimenses, lo que resulta en un bienestar general.

Colima, con su belleza natural, puede aprovechar la tendencia de turismo sostenible, atrayendo visitantes interesados en prácticas ecológicas y energías limpias.

En General incorporar el término “energías renovables” en la Constitución no solo fortalece el compromiso del país con un futuro sostenible, sino que también puede proporcionar un impulso significativo al desarrollo económico y social de estados como Colima.

Contexto Internacional

Varios países han incorporado el término “energías renovables” o conceptos relacionados en sus constituciones o documentos legales fundamentales de los cuales me permitiré referirme a algunos ejemplos públicos como son en:

1.- Alemania: La Ley Fundamental de Alemania incluye disposiciones sobre la protección del medio ambiente y el uso de recursos sostenibles, promoviendo indirectamente las energías renovables.

2.- Ecuador: La Constitución de Ecuador, adoptada en 2008, establece el derecho a un medio ambiente sano y promueve el uso de energías limpias y renovables.

3.- Bolivia: La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia menciona la protección de los recursos naturales y el uso de energías sostenibles, resaltando la importancia de las energías renovables.

4.- Sudáfrica: La Constitución sudafricana establece el derecho a un ambiente limpio y saludable, lo que apoya indirectamente el uso de energías renovables.

5.- Uruguay: La Constitución de Uruguay también menciona la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo sostenible, abarcando el uso de energías renovables.

6.- Portugal: La Constitución de Portugal reconoce la importancia de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, lo que incluye el uso de energías renovables.

7.- India: Aunque no menciona “energías renovables” directamente, la Constitución de la India incluye principios que promueven el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Estos solo son algunos ejemplos que reflejan una tendencia creciente, progresista, alineada a las intenciones de mejora del medio ambiente y de la política pública, hacia la inclusión de temas relacionados con energías renovables y sostenibilidad en los marcos legales de diferentes países. Esto demuestra un compromiso global hacia un futuro más sostenible y la transición hacia fuentes de energía limpias.

De igual forma en el ámbito de los organismos internacionales existe una creciente preocupación que ha sumado muchos esfuerzos que también atienden este importante asunto, me refiero por citar a algunos a:

1.- Agencia Internacional de Energía (AIE).- Proporciona análisis y recomendaciones sobre políticas energéticas y promueve el uso eficiente de energías renovables.

2.- Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).- Se centra exclusivamente en la promoción de energías renovables a nivel mundial, apoyando la transición energética de los países miembros.

3.- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).- Implementa proyectos de energías renovables en varios países, promoviendo el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.

4.- Banco Mundial.- Financia proyectos de energías renovables en países en desarrollo y proporciona asistencia técnica para la implementación de políticas energéticas sostenibles.

5.- Fondo Verde para el Clima (GCF).- Apoya proyectos que ayudan a países en desarrollo a reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático, incluyendo inversiones en energías renovables.

6.- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).- Promueve el uso de energías renovables en el sector agrícola para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de las comunidades rurales.

7.- Consejo Mundial de Energía (WEC).- Una red internacional que promueve la sostenibilidad energética a través de la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.

8.- Iniciativa Solar Mundial (ISA).- Busca promover el uso de energía solar a nivel global, facilitando la cooperación entre países y el financiamiento de proyectos solares.

9.- Plataforma de Energía Sostenible para Todos (SEforall).- Una iniciativa de las Naciones Unidas que busca asegurar el acceso universal a energía sostenible, promoviendo el uso de energías renovables.

10.- Instituto de Recursos Mundiales (WRI).- Trabaja en la promoción de políticas de energía sostenible y el uso de energías renovables para mitigar el cambio climático.

Estos organismos desempeñan un papel crucial en la promoción de políticas, financiamiento y cooperación internacional para fomentar el desarrollo y uso de energías renovables en todo el mundo.

Tomando en consideración estos ejemplos, el Programa de Prosperidad Compartida, cumple con los estándares internacionales para que México se convierta en potencia y defensor del medio ambiente y del uso de energías renovables.

Planteamiento del problema

Datos obtenidos del Sistema de Información sobre el Cambio Climático que forma parte del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano y es el fruto del trabajo coordinado de los integrantes de los Subsistemas Nacionales de Información que está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según lo especifica la Ley General de Cambio Climático, y con apego a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, en su portal de internet refiere y me permito citar el documento titulado: Impactos del Cambio Climático en México.

“Los efectos del cambio climático ya son tangibles en el territorio nacional. En los últimos 50 años, las temperaturas promedio en el país han aumentado aproximadamente 0.85°C por arriba de la normal climatológica, lo que corresponde con el incremento global reportado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Las temperaturas mínimas y máximas presentan una tendencia hacia un incremento de noches cálidas y una disminución de noches frías en todo el país. Se espera que entre 2015 y 2039 el promedio de la temperatura anual en el país haya aumentado 1.5°C y 2°C en el norte del territorio.

El aumento de la temperatura promedio en 1°C podría reducir el crecimiento del PIB per cápita nacional entre 0.77 y 1.76 por ciento.

En lo que se refiere a precipitación se observa que la distribución espacio-temporal ha cambiado de manera diferencial en el territorio, aunque la cantidad se ha mantenido. Lo anterior tiene impactos sobre los sistemas ecológicos y productivos, que son altamente sensibles a variaciones de temperatura y precipitación, pudiendo resultar en pérdidas económicas que podrían incrementarse a futuro bajo escenarios de cambio climático. Entre el 2015 y 2039 podría disminuir la precipitación anual entre un 10 y 20% aumentando las sequías intensas y prolongadas principalmente en el norte del país.

Asimismo, se observa un aumento en la intensidad de ciclones tropicales que afectan al 60% del territorio nacional. Estos fenómenos hidrometeorológicos extremos pueden ocasionar lluvias torrenciales que a su vez provocan inundaciones y deslaves.

La ocurrencia de eventos extremos puede afectar los sistemas humanos y los ecosistemas, al generar una mayor exposición y/o vulnerabilidad. De 1999 a 2017, el 91 por ciento de los recursos de declaratoria de desastre en México fueron destinado a eventos climáticos. Durante este periodo, por cada desastre geológico, como los sismos, hubo una ocurrencia de 13 desastres relacionados con el clima y su costo fue 10 veces mayor.”

México, es un país con un gran potencial para el aprovechamiento de energías renovables, sin embargo enfrenta importantes desafíos al no adoptar plenamente estas fuentes de energía. A pesar de contar con recursos abundantes en solar, eólica, geotérmica y biomasa, la dependencia de combustibles fósiles sigue siendo alta. Esta situación plantea una serie de problemas que impactan el medio ambiente, la economía y la sociedad.

En materia de impacto ambiental, emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación del agua y del aire, así como las comunidades rurales y marginadas a menudo carecen de acceso a energía asequible y sostenible. Las energías renovables podrían ofrecer soluciones a estos problemas.

No utilizar energías renovables en México no solo representa un problema ambiental, sino que también afecta la economía, la salud pública y la equidad social. La transición hacia energías renovables es una necesidad urgente para enfrentar estos desafíos, promover el desarrollo sostenible y garantizar un futuro próspero para todas las comunidades.

La propuesta legislativa

Para ello se elabora un cuadro comparativo del texto vigente, y el propuesto:

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente

Artículo Único. Por el que se reforman los artículos 3o., párrafo decimosegundo, 4o., párrafo quinto y 25, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p ara quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, fomentando el uso y conocimiento de las energías renovables, entre otras

I. a X. ...

Artículo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho, además de promover el uso de energías renovables que contribuyan a la conservación y protección del entorno ambiental. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 25. ...

...

...

...

...

...

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente , promoviendo el uso de energías renovables y la conservación de los recursos naturales para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lte.htm

2 https://cambioclimatico.gob.mx/impactos-del-cambio-climatico-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Humberto Coss y León Zúñiga, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Humberto Coss y León Zúñiga, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 5, de la Ley de Seguridad Nacional, en materia de amenazas a sistemas informáticos que vulneren las capacidades del Estado, al tenor de la siguiente

La seguridad en un Estado democrático como el nuestro, constituye la base sobre la que una sociedad tiene la posibilidad de desarrollarse, de salvaguardar la libertad de la ciudadanía, así como garantizar la estabilidad y adecuado funcionamiento de sus instituciones.

En este sentido, nuestro país reconoce la importancia de la seguridad, contando para ello con instrumentos normativos que, partiendo del marco constitucional que nos rige, regulan los aspectos esenciales que permiten a los poderes Estado cumplir con sus obligaciones en la materia.

Así, de conformidad con el contenido del artículo 21 de la Constitución Política en los casos de eventos antisociales y delictivos que alteran el orden y la tranquilidad se otorgan facultades a las instituciones de seguridad pública o ciudadana; para tal efecto, el referido numeral en su párrafo noveno establece que:

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

En tanto que, para el efecto de mantener la integridad, estabilidad, permanencia del Estado Mexicano y la protección de nuestra nación frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, el artículo 89, fracción VI, dispone que es facultad y obligación del presidente:

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

En este orden de ideas, las referidas normas constitucionales se basan en la asignación de competencias a las distintas instituciones del Estado para hacer frente a las necesidades de seguridad.

De esta manera, las instituciones de seguridad pública o ciudadana de los tres órdenes de gobierno se encargan de las tareas de seguridad pública con la finalidad de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

En tanto que, las fuerzas armadas tienen la obligación constitucional y legal de preservar la seguridad nacional.

En el mundo actual y derivado de conflictos internacionales que ponen en peligro los niveles de seguridad da las naciones, es responsabilidad de los poderes públicos dotarse de las normas jurídicas y procedimientos que le permitan responder a los desafíos a la seguridad.

En este contexto, aparece el campo de la Seguridad Nacional como un espacio de actuación pública, enfocado a la defensa de las instituciones del Estado.

En este sentido, la Seguridad Nacional la podemos entender de manera general como la acción del Estado encaminada a mantener la integridad, así como su estabilidad y permanencia

Sin embargo, de manera más amplia, el Glosario de Términos Unificados en Seguridad Nacional elaborado por el Colegio de Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, la define en los términos siguientes:

“Condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus Objetivos Nacionales”. (Codenal - Semar, 2018, página 23).

La citada definición, considera la seguridad nacional como una “condición” para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, estado de derecho, su estabilidad, con base en el supuesto de riesgos o amenazas que vulneren gravemente la existencia del Estado.

Sobre este mismo tema, Adolfo Aguilar Zinser señala que para México la noción de seguridad se refiere “en esencia a la protección y ejercicio de la soberanía nacional, entendida ésta como un atributo político-jurídico que abarca el territorio, a una zona económica marítima exclusiva y a determinados recursos naturales”.

En el aspecto normativo, la Ley de Seguridad Nacional señala en su artículo 3, que se entiende como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano [...]”.

En tanto, el artículo 5 dice que son amenazas a la seguridad nacional:

Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

Actos en contra de la seguridad de la aviación;

Actos que atenten en contra del personal diplomático;

Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

De las hipótesis normativas que han sido transcritas con antelación, no se encuentra los actos que en la realidad actual considero que son amenazas a la seguridad nacional, tales como: quien o quienes sin evidentemente autorización destruyan o provoquen pérdidas de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, conozca o copie información que contengan los sistemas o equipos de informática protegidos con algún mecanismo de seguridad, acciones que sin duda, vulneran las capacidades del Estado en el ejercicio de sus funciones.

Respecto a este tema, el 11 de abril del 2023, el diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, Jaime Martínez López presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII al artículo 5, de la Ley de Seguridad Nacional, en materia de amenazas a sistemas informáticos que vulneren la democracia y las capacidades del Estado, misma que no fue dictaminada, por lo que, en virtud de su importancia, se retoma de su exposición de motivos lo siguiente:

No obstante que las instituciones del Estado cuentan con sistemas de ciberseguridad para protegerse de los ataques cibernéticos, es un hecho que existen intrusiones recurrentes a dichos sistemas, lo que puede constituir en afectaciones a la seguridad nacional.

Para contextualizar lo anterior es importante definir a la ciberseguridad: “el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de información de la organización y los usuarios en el ciberentorno” (Guardia Nacional, 2021, página 41).

Así, la seguridad nacional de los estados modernos depende en gran medida de su capacidad para protegerse contra los ataques cibernéticos. Esto se debe a que muchos de los sistemas críticos de un país, como los sistemas de energía, transporte, comunicaciones y defensa que dependen de la tecnología informática y están interconectados.

Un ataque a uno de estos sistemas puede tener graves consecuencias para la seguridad y la economía del país, lo que lo hace vulnerable a las amenazas cibernéticas.

Por tal razón, es necesario incluir como amenaza a la seguridad nacional los actos que emplean el ciberespacio para atacar la información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, los cuales se encuentran protegidos por medidas y técnicas de ciberseguridad, con la finalidad de generar las condiciones para identificar riesgos, la probabilidad de ocurrencia y disminuir la vulnerabilidad del Estado.

Al efecto, considero que los gobiernos deben desarrollar políticas claras y coherentes en materia de ciberseguridad y trabajar en estrecha colaboración con el sector privado y otros países para garantizar la protección efectiva de los sistemas críticos y los datos confidenciales.

En el rubro internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU exhorta a los Estados Miembros a “establecer o reforzar las alianzas nacionales, regionales e internacionales con las partes interesadas, tanto públicas como privadas, según proceda, para intercambiar información y experiencias a fin de prevenir, proteger, mitigar e investigar los daños causados por atentados terroristas contra instalaciones de infraestructura vital, así como para responder a ellos y recuperarse de ellos, en particular mediante actividades conjuntas de capacitación, y la utilización o el establecimiento de redes de alerta de emergencia o de comunicación pertinentes”.

El Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, adoptado en 2001, es un tratado internacional que tiene como objetivo combatir el ciberdelito y promover la cooperación internacional en materia de ciberseguridad. El convenio establece la obligación para los Estados parte de adoptar medidas legislativas y técnicas para prevenir y combatir el ciberdelito, así como para proteger los sistemas y datos informáticos contra los ataques.

Además, el Convenio de Budapest, mejor conocido como Convenio sobre Ciberdelincuencia, que surge de la preocupación por el riesgo de que las redes informáticas y la información electrónica sean utilizadas igualmente para cometer delitos y de que las pruebas relativas a dichos delitos sean almacenadas y transmitidas por medio de dichas redes.

El citado Convenio, obliga a los Estados parte a criminalizar una serie de delitos informáticos, incluyendo la interferencia ilegal en sistemas informáticos, la interceptación ilegal de datos y el acceso no autorizado a sistemas informáticos. Por otro parte, se establecen medidas para garantizar la privacidad de los datos y la protección de las víctimas de ciberdelitos. Los Estados parte también se comprometen a promover la cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento de delitos cibernéticos.

El Convenio de Budapest ha sido ratificado por más de 60 países, incluyendo a los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Australia, lo que demuestra la importancia que se le da a la regulación de la ciberseguridad a nivel internacional.

Por otra lado, en el contexto regional, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la nueva modalidad del gobierno digital “la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el funcionamiento del sector público, [... tiene por ... ] objetivo incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana”, que va tomando fuerza por la “confianza” que el ciudadano deposita en las autoridades para llevar a cabo sus trámites convencionales, a través de plataformas digitales.

En consecuencia, si los ciudadanos perciben que el gobierno no puede proteger la información, pierden confianza en la capacidad del gobierno para garantizar la disponibilidad, integridad y disponibilidad de los datos digitales.

La recomendaciones internacionales y regionales, así como el convenio de Budapest han servido como base para la cooperación internacional en la lucha contra el ciberdelito y han impulsado la adopción de leyes y políticas en todo el mundo para prevenir y combatir los delitos informáticos.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024 que deriva del Plan Nacional de Desarrollo, considera “la mejora en las condiciones de ciberseguridad para la prevención de incidentes que afecten la infraestructura crítica del país y la erradicación de manera prioritaria de las expresiones de corrupción con el fin de garantizar la paz y preservar la seguridad nacional” (PNSP, página 38).

El programa antes indicado, contempla la estrategia prioritaria de “fortalecer los mecanismos de investigación para prevenir las conductas delictivas en los sitios web”, con las siguientes acciones:

Implementar mecanismos de detección de ataques en ciberseguridad a la infraestructura tecnológica que permita asegurar y resguardar la información contenida en las plataformas tecnológicas.

Establecer acuerdos con organismos nacionales e internacionales públicos y privados que permitan generar medidas para la prevención, investigación y persecución del delito en materia de ciberseguridad.

Diseñar e implementar mecanismos para dar respuesta a los incidentes de ciberseguridad, así como al seguimiento de las acciones propuestas para su mitigación y prevención.

Por lo anterior, es evidente que, las amenazas a través del ciberespacio deben ser de especial consideración ya que pueden causar afectaciones a los campos del poder (político, social, militar, económico y tecnológico), por ejemplo: manipulación mediática a través de medios digitales para desestabilizar gobiernos (campo político); ciberataques por parte de la delincuencia organizada (campo social); difundir a través de las tecnologías de información y comunicaciones, información sensible que genere incertidumbre financiera (campo económico); sustraer de equipos informáticos información de inteligencia que perjudique de las operaciones de las fuerzas armadas (campo militar); y robo de tecnologías (campo tecnológico).

Sin embargo, para que determinada amenaza sea materia de seguridad nacional debe ser un “acto generado por el poder de otro Estado, o por actores no estatales, que puede vulnerar de modo particularmente grave las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales del Estado mexicano”.

Es importante señalar, que los actos tendentes al acceso ilícito a sistemas y equipos de informática deben ser tratados con la seriedad que merecen y se tomen las medidas para prevenirlos y combatirlos. Esto incluye, la promulgación de leyes y políticas adecuadas para proteger la seguridad de los sistemas de información, y la cooperación entre los sectores público y privado.

Puntualizando, dichos actos pueden ser utilizados por gobiernos extranjeros u otros actores no estatales para llevar a cabo actividades de espionaje, sabotaje o guerra cibernética.

De ahí que existan las operaciones de guerra cibernética, que pueden incluir la interrupción de la infraestructura crítica, el sabotaje de sistemas informáticos, la interrupción de servicios de comunicación y otras actividades económicas y sociales diversas con graves consecuencias para la seguridad Nacional.

Es innegable que las amenazas a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, generalmente provienen del exterior, por lo tanto, es fundamental tomar previsiones en el ámbito jurídico ante los eventos que ocurren en el contexto mundial.

Los ciberataques se han convertido en un arma estratégica, por ejemplo: en el conflicto Rusia y Ucrania. Según la BBC News, se han realizado “ataques cibernéticos a varios sitios web de los departamentos gubernamentales y bancarios de este país [...Ucrania...], que en ocasiones han llevado al colapso total de su sistema [...] acusaron al Kremlin de estar detrás de la ofensiva –que afectó a los sitios web del Parlamento, del Servicio de Seguridad y del ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, entre otros– y dijeron que los piratas informáticos ‘ya no intentan ocultar su identidad’”.

Otro ejemplo: de acuerdo con las fuentes consultadas por el diario Excelsior, del 22 de mayo de 2018, ‘bots’ de Twitter influyeron en los sufragios afectando la democracia de la Unión Europea y de los Estados Unidos.

“Los ‘bots’ de Twitter han influido en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en la votación del Brexit, de 2016, en un 3.23 y un 1.76 por ciento en los resultados que dieron la victoria a Donald Trump y a la marcha de la Unión Europea, respectivamente, según recoge un estudio económico de la Oficina Nacional de Investigación Económica (National Bureau of Economic Research /NBER), de Estados Unidos.

Las cuentas automatizadas desempeñaron un papel importante en dos de las votaciones más destacadas de 2016: las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la salida o permanencia de Reino Unido de la Unión Europea, como concluye un estudio conjunto de las universidades de California en Berkeley (Estados Unidos) y Swansea (Reino Unido).

En el contexto nacional, de acuerdo con fuentes de información del diario El Economista:

En informes divulgados a través de la plataforma de transparencia, Petróleos Mexicanos, la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública son las dependencias con mayor número de ciberataques, pues hasta el 2021 las instituciones registraron más 128 millones, 78 millones y 3 millones de ataques respectivamente.

Por otro lado, también figura el Instituto Nacional Electoral con 2 millones 968 mil 244 ataques; la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 312 mil 716; Banxico con 17 mil 669; la Secretaría de Salud con 14 mil 742; la Secretaría de Marina con 4 mil 608; el Ejército con mil 107; y, Economía con 15 ataques a sus sistemas en la primera mitad del 2021.

México se ha convertido en objetivo atractivo para los cibercriminales, ha padecido el 66 por ciento de los ciberataques ocurridos en América Latina en el periodo 2021 — 2022, lo que provocó pérdidas de entre 3000 y 5000 millones de dólares por año de acuerdo con la Asociación de Bancos México y la American Chamber.

Asimismo, en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, indica que en los 6 años previos se neutralizaron alrededor de 26 mil sitios web con actividades ilícitas.

Con base en lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta que el ciberespacio manifiesta un crecimiento constante que integra a más del 50 por ciento de la población mundial, con muy diversos riesgos y amenazas tanto a la sociedad como el Estado, resulta de suma importancia que los actos tendentes a afectar gravemente la información contenida en sistemas informáticos que vulneren la democracia y las capacidades del Estado sean considerados como amenazas a la seguridad nacional.

Por tal razón, considero de particular importancia adicionar una fracción XIII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional con la finalidad de establecer como amenazas a la seguridad nacional los actos tendentes a acceder, conocer, obtener, difundir, copiar o utilizar información, modificar, destruir, ocasionar pérdida de información contenida en sistemas informáticos que vulneren las capacidades del Estado.

Para ilustrar lo anterior, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional

Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 5o. de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 5....

I al XII...

XIII. Actos tendentes a acceder, conocer, obtener, difundir, copiar o utilizar información, modificar, destruir, ocasionar pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de Seguridad.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Aguilar Zínser, Adolfo, “La seguridad mexicana vista por Estados Unidos. Los dos mitos”

2 https://www.un.org/counterterrorism/es/cybersecurity

3 https://www.gob.mx/blog/articulos/que-es-el-gobierno-electronico

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535129/Amenazas_Riesgos.pdf

5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60508957

6 https://www.excelsior.com.mx/hacker/bots-si-influyeron-en-el-brexit-y-l as-elecciones-presidenciales-de-eu-estudio/1240473

7 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/El-66-de-los-ataques-ciberne ticos-de-America-Latina-ocurren-en-Mexico-20230217-0048.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2024.– Diputados y diputadas: Humberto Coss y León Zúñiga, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ariadna Barrera Vázquez, Estela Carina Piceno Navarro, Gerardo Villarreal Solís, Luis Arturo Oliver Cen, Mónica Fernández Cesar, Sandra Anaya Villegas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 39, fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Desde la creación de la entonces llamada Comisión de Equidad de Género en 1997 México ha atravesado por diversas reformas, cambios en la estructura social, movimientos y acontecimientos históricos que nos ubican en este momento de la historia. A pesar de dichos cambios, las mujeres continúan en una lucha constante, enfrentando obstáculos específicos en diversos ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales entre otros.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece varios preceptos que promueven y garantizan la igualdad, en su artículo cuarto señala:

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Por eso, el Estado mexicano deben generar las condiciones para que las mujeres y los hombres puedan acceder a los mismos derechos, en igualdad de condiciones, para lo cual resulta imprescindible crear todos los instrumentos institucionales y legales que permitan garantizar que efectivamente las mujeres puedan acceder a ellos

Adicionalmente, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone lo siguiente:

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala:

Artículo 2. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.

De igual forma, la normativa internacional a que México se ha suscrito y se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad, prevé la disminución de las desigualdades entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado. Así, se previene la replicación de entornos de desigualdad en las sociedades en las comunidades que repliquen estereotipos de género, los cuales perpetúen las asimetrías en el trato hacia las mujeres y el impacto que éstas tienen en su desarrollo individual.

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:

Artículo 2. Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) a e) ...

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém Do Pará, señala:

Artículo 7. Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. a d. ...

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

La concepción de género ha evolucionado significativamente reconociendo que no se limita exclusivamente a las categorías binarias de hombres y mujeres. Personas se identifican como no binarias, transgénero, agénero, género fluido entre otras identidades que escapan a las divisiones tradicionales, actualmente se han identificado más de 107 tipos de géneros. Este reconocimiento implica que las problemáticas y necesidades de cada grupo pueden variar considerablemente, requiriendo enfoques especializados en su protección y representación.

El camino hacia la igualdad de género en México ha sido largo y arduo, caracterizado por avances significativos en algunos ámbitos, pero también por una persistente desigualdad estructural que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. A lo largo de las últimas décadas, diversas iniciativas han buscado mejorar la situación de las mujeres, pero los desafíos que estas enfrentan siguen siendo complejos y multifacéticos. En este contexto, la creación de una Comisión de Mujeres en la Cámara de Diputados de México surge como una medida fundamental para enfrentar los problemas específicos que viven las mujeres, ofreciendo un espacio legislativo especializado y enfocado exclusivamente en las cuestiones que afectan su desarrollo integral.

Si bien la Comisión de Igualdad de Género aborda una perspectiva amplia y nos ha abierto el camino para una sociedad más consciente e igualitaria. Una Comisión de Mujeres permitiría concentrarse en los desafíos específicos que enfrentan las mujeres, sin diluir su atención en la diversidad de géneros. En cambio, las políticas de una Comisión de Igualdad de Género estarían diseñadas bajo una perspectiva transversal que integre las necesidades de todos los géneros. Las políticas que emanen de esta nueva comisión se basarían en el enfoque de sexo específico, centrándonos en particularidades.

A pesar de los esfuerzos legislativos y políticos realizados en los últimos años, la desigualdad de género sigue siendo una realidad omnipresente en México. Las mujeres continúan enfrentando barreras significativas en términos de acceso a oportunidades económicas, representación política, derechos reproductivos y protección contra la violencia. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual. Este dato ilustra de manera clara la crisis que enfrenta el país en términos de violencia de género, un problema que afecta a mujeres de todas las edades, niveles socioeconómicos y contextos culturales.

Además, el acceso de las mujeres a la justicia sigue siendo limitado, con un sistema judicial que, en muchos casos, falla en protegerlas de manera efectiva. Las barreras institucionales, como la falta de recursos, la saturación de los tribunales y la ambigüedad en la interpretación de las leyes, contribuyen a una impunidad alarmante en los casos de violencia contra las mujeres. Esta situación pone de manifiesto la necesidad urgente de mecanismos legislativos más especializados que no solo aborden la violencia de género, sino que también promuevan reformas que garanticen la igualdad sustantiva de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privada.

Una de las preguntas más comunes cuando se propone la creación de una comisión de mujeres es ¿por qué necesitamos una nueva comisión cuando ya existe la de Igualdad de Género? La respuesta radica en la naturaleza y el alcance de las dos comisiones.

La Comisión de Igualdad de Género tiene un mandato amplio que comprende todos los aspectos relacionados con la equidad de género, lo que podría abarcar no solo los problemas específicos que enfrentan las mujeres, sino también los desafíos que afectan a hombres y personas de diversas identidades de género. Este enfoque transversal es valioso porque permite la creación de políticas inclusivas que buscan atender la diversidad de necesidades de género en la sociedad. No obstante, su amplitud también implica que muchos temas específicos que afectan a las mujeres, como la violencia de género, la salud reproductiva, o la brecha económica, no reciban la atención detallada y prioritaria que requieren.

Por ejemplo, mientras que la Comisión de Igualdad de Género podría ocuparse de temas como la equidad salarial o la eliminación de estereotipos de género en la sociedad, una Comisión de Mujeres estaría enfocada exclusivamente en asuntos que afectan directamente a las mujeres, como la protección contra la violencia de género, la promoción de derechos reproductivos, el acceso a servicios de salud especializados y la participación política de las mujeres. Esta especialización permitiría una atención más profunda y eficaz a estos problemas, asegurando que se diseñen políticas públicas específicas y que se asignen los recursos necesarios para su implantación.

Por otro lado, con respecto a la Comisión de Diversidad, la cual tiene el objetivo de promover los derechos y la inclusión de las comunidades LGBTIQ+ en México, si bien es crucial que México continúe avanzando hacia una sociedad más inclusiva para todas las personas, independientemente de su identidad de género, las problemáticas que enfrentan las mujeres deben quedar contenidas en una agenda específica, independiente de aquellas de las correspondientes a la de diversidad que, aunque necesaria, responde a un conjunto de desafíos diferentes.

Por ejemplo, las mujeres en México enfrentan problemas específicos relacionados con la violencia doméstica, la decisión sobre sus cuerpos respecto a procedimientos como la interrupción legal del embarazo, la gestación subrogada, la violencia gineco obstétrica, o incluso, la trata de personas y prostitución. Asimismo, la falta de acceso a la atención médica adecuada para enfermedades como el cáncer de mama o el cáncer cervicouterino, y la discriminación en el ámbito laboral.

Estas cuestiones no siempre coinciden con los problemas que enfrentan otras comunidades de género, y por lo tanto, requieren una respuesta política diferenciada. La Comisión de Mujeres sería responsable de garantizar que estos asuntos reciban la atención prioritaria que merecen, sin competir con otros temas importantes de la agenda de diversidad.

La Comisión de Mujeres en la Cámara de Diputados sería un espacio legislativo dedicado exclusivamente a identificar, analizar y resolver los problemas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Su enfoque sería integral, abarcando múltiples áreas clave:

1. Violencia de género: Como se mencionó, la violencia contra las mujeres es una de las crisis más graves que enfrenta México. Esta comisión se encargaría de supervisar y proponer reformas legales que fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres, incluyendo una mayor claridad en las leyes, sanciones más proporcionales y efectivas para los agresores, y una mejor coordinación con el poder judicial para reducir la impunidad.

2. Empoderamiento económico: Pese a los avances, las mujeres en México siguen enfrentando una brecha significativa en términos de participación económica y oportunidades de empleo. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la participación económica de las mujeres es de sólo 46 por ciento, en comparación con 77 por ciento de los hombres. A este ritmo, México tardaría más de un siglo en cerrar esta brecha. La Comisión de Mujeres se centraría en la promoción de políticas que faciliten el acceso de las mujeres a recursos financieros, créditos, capacitación y oportunidades de desarrollo empresarial, contribuyendo a su autonomía económica.

3. Salud sexual y reproductiva: Las mujeres enfrentan retos únicos en el ámbito de la salud, como el acceso limitado a servicios de salud reproductiva y la falta de atención adecuada en casos de mortalidad materna. La Comisión de Mujeres se dedicaría a legislar en estas áreas, asegurando que las mujeres tengan acceso a servicios de calidad y que sus derechos reproductivos sean protegidos. Esto también incluiría la promoción de la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos para reducir las tasas de embarazos no deseados y la mortalidad materna.

4. Participación política y representación: Aunque las mujeres han logrado avances en términos de representación política, siguen enfrentando barreras significativas para acceder a cargos de poder. La Comisión de Mujeres trabajaría para garantizar que las mujeres tengan un acceso equitativo a la participación política y que se implementen políticas que promuevan su liderazgo en todos los niveles del gobierno.

La creación de una comisión de mujeres en la Cámara de Diputados de México no es sólo una cuestión de justicia social sino una necesidad urgente para enfrentar los desafíos estructurales que perpetúan la desigualdad de género en el país. Al diferenciarse de la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Diversidad, la Comisión de Mujeres ofrecería un enfoque especializado y profundo sobre los problemas específicos que enfrentan las mujeres, garantizando que sus derechos y necesidades no queden subsumidos en agendas más amplias. Esta comisión representaría un paso crucial hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan vivir libres de violencia, discriminación y exclusión.

En última instancia, una comisión de mujeres no sólo sería una plataforma legislativa, sino un símbolo del compromiso de México con los derechos de las mujeres y su bienestar. A través de políticas públicas eficaces y recursos bien dirigidos, esta comisión contribuiría a transformar las estructuras sociales y culturales que han mantenido a las mujeres en una posición de desigualdad, avanzando hacia un futuro más equitativo para todas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 39, fracción XXXII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 39, fracción XXXII, con lo que se recorren las subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 39.

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán

I. Asuntos Frontera Norte;

II. Asuntos Frontera Sur;

III. Asuntos Migratorios;

IV. Atención a Grupos Vulnerables;

V. Bienestar;

VI. Cambio Climático y Sostenibilidad;

VII. Ciencia, Tecnología e Innovación;

VIII. Comunicaciones y Transportes;

IX. Cultura y Cinematografía;

X. Defensa Nacional;

XI. Deporte;

XII. Derechos de la Niñez y Adolescencia;

XIII. Derechos Humanos;

XIV. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;

XV. Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola Autosuficiencia Alimentaria;

XVI. Diversidad;

XVII. Economía, Comercio y Competitividad;

XVIII. Economía Social y Fomento del Cooperativismo;

XIX. Educación;

XX. Energía;

XXI. Federalismo y Desarrollo Municipal;

XXII. Ganadería;

XXIII. Gobernación y Población;

XXIV. Hacienda y Crédito Público;

XXV. Igualdad de Género;

XXVI. Infraestructura;

XXVII. Justicia;

XXVIII. Juventud;

XXIX. Marina;

XXX. Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XXXI. Movilidad;

XXXII. Mujeres

XXXIII. a XLVIII. [...]

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

Inegi, comunicado de prensa número 556/23, 21 de septiembre de 2023, en línea,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023 /EAP_EmbNoPlanificado23.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2024.– Diputadas y diputado: María Teresa Ealy Díaz, Aremy Velazco Bautista, Briceyda García Antonio, Elena Edith Segura Trejo, Julio César Moreno Rivera, Karina Margarita del Río Zenteno, Nora Yessica Merino Escamilla (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

Olga Leticia Chávez Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4o., párrafo decimoquinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones no contributivas en el exterior.

La problemática que se plantea es relativa a la necesidad de que el programa para el Bienestar de las Personas Adultas, sea otorgado a las personas mexicanas residentes en el extranjero, dado que, de conformidad con el numeral 3.1 de la “Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2024” (en adelante las Reglas), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023, este beneficio tiene cobertura únicamente en el territorio nacional, es decir, no se registra a personas mexicanas que residan en el extranjero. Por ello, con esta reforma se atendería el reclamo a la igualdad y a la universalidad de los derechos de nuestros adultos mayores.

La delimitación territorial descrita en la Reglas vulnera los derechos humanos y libertades fundamentales de las y los adultos mayores mexicanos en el exterior, ya que, de conformidad con el estudio de la Red Nacional de Jornaleros, 97 por ciento de los mexicanos inmigrantes indocumentados de la tercera edad que viven en Estados Unidos y están en edad de la jubilación no cuentan con una pensión y tienen inseguridad financiera, esto de acuerdo con los resultados de un estudio que se llevó a cabo en Los Ángeles.

Lo anterior, pese a que la mayoría de ellos presentaron sus impuestos en el país del Norte y enviaron durante mucho tiempo sus remesas a México. Además de que en la actualidad las personas sin documentos en Estados Unidos no califican para las pensiones de retiro. Lo que ocasiona que muchos de ellos a pesar de su avanzada edad tienen que seguir laborando, esto aun con los problemas de salud que llegan a tener, enfrentándose a la gran incertidumbre de cómo cubrirán sus costos de vivienda, atención médica y otras necesidades básicas a medida que envejecen.

Lo descrito se robustece con lo señalado por el Pie de Página, donde se precisa que la falta de acceso a una pensión, se debe a que los adultos mayores migrantes nunca lograron regularizar su estatus migratorio, lo que les impidió trabajar con un seguro social que, además, les permitiera cotizar una pensión por jubilación.

Se enfatiza a los mexicanos adultos mayores residentes en Estados Unidos, pues La Jornada señala que el informe “México, Perfil de las y los mexicanos migrantes en Estados Unidos”, publicado por BBVA México, calcula que residen en el mundo 12 millones 300 mil personas migrantes mexicanas, de los cuales 97 por ciento radica en Estados Unidos, y de ese total 4.1 millones son indocumentados, es decir, prácticamente un tercio de ello no cuentan con documentos.

Asimismo, en dicho medio se informa que BBVA precisó que en los últimos 30 años se ha presentado un proceso de envejecimiento de la población migrante mexicana, pues en 1995 la edad mediana de un migrante hombre fue de 30 años y 31 años para las mujeres, para 2010 la edad mediada tanto para hombres como mujeres migrantes mexicanas pasó a 37 años, y en 2022 la edad mediana de las mujeres subió a 46 años, mientras que para los hombres se ubicó en 44 años.

Además, es de vital importancia enfatizar que existe una deuda histórica con nuestros connacionales adultos mayores, ya que han contribuido al crecimiento y desarrollo de México, a través de los millones de remesas que año con año envían, tan sólo 2023 de acuerdo con las cifras divulgadas por el Banco de México, nuestro país recibió alrededor de 63 mil 13 millones de dólares en remesas de las cuales 96 por ciento proviene del vecino país del norte.

Remesas que de acuerdo al informe “México, Perfil de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos”, de BBVA, han crecido de manera trascendental en los último años, ya que entre 2019 y 2023 se incrementaron en un 70 por ciento al pasar de 37 mil 300 a 63 mil millones de dólares, de ahí que a partir de 2021 el país ascendió a la segunda posición mundial como receptor de remesas, y para este 2024 BBVA Research, estima que las remesas podrían alcanzar un monto cercano a 66 mil 500 millones de dólares, lo que equivaldría a 3.7 del producto interno bruto nacional.

Para ver la magnitud y transcendencia de recursos que llegan a nuestro país a través de las remesas, se precisa que estas duplicaron en el año de 2023 a la inversión extranjera directa (en adelante IED) en México, dado que en dicho año se registraron por IDE un monto récord de 36 mil 58 millones de dólares, contra los 63 mil 313 millones de dólares que México recibió vía remesas.

La problemática descrita en el presente documento, vulnera lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo décimo quinto, que dispone:

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años.

Es decir, el Estado tiene la obligación de hacer cumplir con dicho mandato constitucional en lo que respecta a garantizar una pensión no contributiva en beneficio de todos y todos los mexicanos adultos mayores, para paliar el problema de la falta de acceso a pensiones otorgadas por los sistemas de seguridad social, sin importar su residencia, máxime cuando nuestros adultos mayores se encuentran en una condición de indefensión, deterioro de la calidad de vida y exposición de violencia que va en contra de su dignidad, sus derechos y garantías humanos y sociales, condiciones que se acrecientan para nuestros adultos mayores migrantes.

Sin embargo, como en tal precepto no se establece de manera específica que tal derecho incluye a nuestros adultos mayores que residen en el exterior, en las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2024, se establece que dichas pensiones solo tienen cobertura en el territorio nacional, es decir, no se registra a personas que residan en el extranjero.

Lo que además violenta lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución, que a letra se inserta:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión (...)

De lo que se advierte que nuestro país debe acatar lo establecido en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante la Convención), adoptada en Washington, DC, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015, la cual fue ratificada por nuestro país el 13 de diciembre de 2022, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2023.

En el artículo 1 dispone que la convención tiene por objeto “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.

Asimismo, la convención establece en el artículo 6 que los Estados parte “adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población”.

Además, dispone en el artículo 17 que los Estados parte buscarán facilitar, “mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante”.

En robustecimiento a lo anterior, la Declaración Universal De Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, establece que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Por todo ello, es indispensable que sea garantizada una pensión no contributiva para todos nuestros adultos mayores, sin importar su lugar de residencia, con la finalidad de que cuenten con un piso mínimo de ingreso y prevenir así que experimenten situación de pobreza, además de que con ella se ayuda a garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, tal como lo mandata la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Se precisa que, en cuanto al tema presupuestario que involucra esta reforma, en el medio de comunicación Forbes señalo que nuestro expresidente el Lic. Andrés Manuel López Obrador precisó que “las personas adultas mayores mexicanas en Estados Unidos pueden cobrar la pensión pagada por el Gobierno que él encabeza”, asimismo señaló que esta partida está presupuestada por el Ejecutivo federal porque “son mexicanos” y añadió que el país tiene “una deuda” con los “paisanos migrantes” que viven en la potencia estadounidense.

De igual manera, se precisa que es necesario que esta reforma quede inserta en el texto constitucional, a fin de garantizar las y los mexicanos adultos mayores residentes en el exterior encuentren protección ante las desventajas y desigualdades que enfrentan.

Por lo expuesto se presenta ante esta soberanía el siguiente

Decreto por el que por el que se reforma el artículo 4o., párrafo decimoquinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma artículo 4o., párrafo decimoquinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. Asimismo, las personas mexicanas que residen en el extranjero mayores de sesenta y ocho años tendrán derecho a recibir dicha pensión en los términos y condiciones que la ley señale. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de su entrada en vigor, en el que se incluya aquellas disposiciones que determinen los alcances y permitan el cumplimiento gradual conforme lo que se apruebe en los respectivos presupuestos de egresos.

Notas

1 Sirenio, Kua (20 de agosto de 2024). Activistas piden que el gobierno extienda pensión del Bienestar de adultos mayores migrantes en los Estados Unidos. Recuperado de

https://piedepagina.mx/activistas-piden-que-el-gobierno-extienda -pension-del-bienestar-a-adultos-mayores-migrantes-en-los-estados-unidos/#:~: text=Sobre%20la%20falta%20de%20acceso,cotizar%20una%20pensi%C3%B3n%20por%20jubi laci%C3%B3n

2 Gutiérrez, Julio (29 de agosto de 2024). “Un tercio de migrantes mexicanos en EU es indocumentado: BBVA”, La jornada.recuperado de

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/08/29/economia/un-tercio -de-migrantes-mexicanos-en-eu-son-indocumentados-bbva-4431

3 Ídem.

4 Li Ng, Juan (29 de agosto de 2024). México, Perfil de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos. BBVA Research. Recuperado de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Perfil_migrantes_mexicanos_EEUU.pdf

5 “AMLO confirma que pensión está disponible para adultos mayores mexicanos en EU” (22 de julio de 2024), Forbes. Recuperado de

https://www.forbes.com.mx/amlo-confirma-que-pension-esta-disponi ble-para-adultos-mayores-mexicanos-en-eu/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2024.– Diputadas y diputados: Olga Leticia Chávez Rojas, Alma Marina Vitela Rodríguez, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Isabel González González, Ariadna Barrera Velázquez, Arturo Roberto Hernández Tapia, Celia Esther Fonseca Galicia, Evangelina Moreno Guerra, Fátima Almendra Cruz Peláez, Gilberto Herrera Solórzano, Jesús Roberto Corral Ordóñez, José Narro Céspedes, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Marcela Guerra Castillo, Mildred Concepción Ávila Vera, Nora Yessica Merino Escamilla, Petra Romero Gómez, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»