INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, 102, numeral 3, y 299, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 5 de febrero de 2025 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de optimización de los trabajos y procedimientos legislativos y parlamentarios, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del maíz nativo a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

4. Que reforma diversas disposiciones y adiciona una fracción al artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para que los niños, niñas y adolescentes, tengan acceso a representación y asesoría jurídica gratuita en materia familiar, independientemente de su situación económica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 2o. y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de la discapacidad orgánica o visceral, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 7o. de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona los artículos 22, 174 Bis y 331 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de los menores, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

8. Que adiciona el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para el fomento del arraigo y desarrollo de las personas jóvenes radicadas en zonas rurales y periurbanas, a cargo del diputado Gerardo Villarreal Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

9. Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados José Luis Hernández Pérez y Mayra Dolores Palomar González integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona los artículos 61 y 67 de la Ley General de Salud, en materia de atención materno infantil y métodos de planificación familiar, a cargo de la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

11. Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

12. Que reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Que reforma los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de maltrato animal, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

14. Que reforma los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a través de la Conanp, a realizar un estudio técnico para evaluar la viabilidad de declarar como Zona Natural Protegida con el carácter de santuario o parque nacional a la región indígena de la Chinantla Oaxaqueña con una superficie de 4, 596 km2, considerando para ello una subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio susceptible de esta denominación, a cargo de la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las universidades públicas de los 31 estados de la República que imparten la carrera de derecho, a establecer dentro de sus planes de estudio un programa preparatorio orientado a las y los jóvenes estudiantes y/o egresados (as) que quieran ingresar a la Carrera Judicial y busquen fortalecer capacidades profesionalizantes en materia de administración o acceso la justicia orientada por la igualdad sustantiva y social, así como valores éticos y humanistas que permitan un buen desempeño en los cargos referidos a Ministros (as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados (as) de Circuito, y Jueces (as) de Distrito, a cargo de la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Instituto para las Mujeres del estado de Guanajuato, a establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género, para emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención a efectos de mitigar la violencia en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a informar los motivos por los que no se han publicado las reglas de operación para el PRONI 2025 y, en su caso, se publiquen en el DOF, a cargo de la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León y a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de dicho estado, a cancelar el aumento a las tarifas del transporte público, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a garantizar la reubicación inmediata, el respeto a los derechos laborales y el pago de salarios pendientes a las trabajadoras de la extinta Conavim y del Inmujeres, en cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y demás normatividad aplicable, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en colaboración con los servicios de salud del IMSS-Bienestar, a implementar con carácter de urgente, acciones prioritarias para enfrentar la crisis epidemiológica que aqueja al país, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a llevar a cabo diversas acciones para proteger a la industria nacional del calzado ante prácticas desleales de comercio provenientes de diferentes países, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar una revisión exhaustiva y participativa de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2024-2025, garantizando que sean apropiados para la edad y desarrollo de los estudiantes, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

10. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar una auditoría e implementar medidas de reestructuración estratégica y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a garantizar la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la privacidad de los ciudadanos mexicanos en el contexto de la suscripción de la Convención de la ONU sobre ciberdelincuencia, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a efecto de publicar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra, estableciendo de manera clara y detallada los componentes de alimentación y horario extendido, así como los montos específicos asignados a cada uno, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Conagua, a incorporar a Guanajuato en los programas federales de inversión en infraestructura hídrica para el Ejercicio Fiscal actual, con el fin de implementar acciones y proyectos necesarios para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el derecho humano al agua para sus habitantes, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a realizar acciones prioritarias a efecto de diseñar e implementar un programa nacional de salud mental en el sistema educativo, para hacer frente a la crisis que acontece en esta materia, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, a cargo de la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a destinar los recursos suficientes y promover acciones específicas para mejorar la educación en las regiones más vulnerables de Quintana Roo, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a destinar los recursos suficientes y generar los mecanismos adecuados para poder garantizar el suministro oportuno de medicamentos oncológicos directamente en las instituciones de seguridad social, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob y a la SRE, a hacer públicas las acciones que emprenderán para garantizar las oportunidades laborales y de reinserción para las personas que ingresen al país derivado de las deportaciones masivas de los Estados Unidos de América, así como hacer público el origen y destino de los recursos otorgados a los programas de Apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos y México te Abraza, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Zacatecas, y a la SEZAMI de dicho estado, a hacer públicas las estrategias y mecanismos previstos para hacer frente ante las deportaciones masivas desde los Estados Unidos de América para los Zacatecanos, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de los 32 estados, así como a la Conadic, a intensificar campañas de salud en contra de las adicciones, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CENAPRECE, a realizar campañas informativas sobre cáncer de mama, de próstata, y de enfermedades cardiometabólicas a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a reforzar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional y la Covid 19 y garantizar el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a presentar una estrategia integral que contenga las acciones que implementará para garantizar el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para el presente año, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a dar a conocer los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios de seguridad, asimismo, al CNSP, a auditar los datos de incidencia delictiva reportados por las entidades federativas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior Agrario, a dejar sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, Campeche, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a modificar las reglas de operación del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, suscrito por los diputados Christian Mishel Castro Bello y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, a acatar plenamente los criterios vinculantes emitidos por la SCJN, en materia de perspectiva de género, garantizando su aplicación en la impartición de justicia, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a brindar información transparente y garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a actualizar los profesiogramas y tabuladores de las instituciones de salud federales para otorgar a las personas profesionistas de la nutrición categorías, funciones y salarios equivalentes a otros profesionales de la salud, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a dictaminar y poner a discusión la Minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República, a emitir la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de optimización de los trabajos y procedimientos legislativos y parlamentarios, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 8 de mayo de 2024, la Cámara de Diputados fue notificada de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 2/2024, signada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y planteada por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, al resolver, en sesión de 25 de octubre de 2023, por unanimidad de cinco votos, el Amparo en Revisión 652/2022, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía (LFC), en la porción normativa relativa a que las películas deberán ser exhibidas al público en su versión original, excepto las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos que podrán exhibirse de manera doblada, con la finalidad de que el Congreso de la Unión, como autoridad emisora, cuente con un plazo de 90 días naturales para modificar o derogar la norma en cuestión, a efecto de superar el problema de inconstitucionalidad. Lo anterior con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 223 y 232 de la Ley de Amparo.

Con el objeto de precisar el contenido normativo impugnado mediante el Amparo en Revisión 652/2022 que motiva la presentación de esta iniciativa, es pertinente retomar a la letra el precepto declarado como inconstitucional:

Las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en los términos que establezca el Reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas, pero siempre subtituladas en español.

De acuerdo con el texto del Amparo en comento, la Sala identificó que el artículo objetado impone dos tipos de obligación a cargo de las exhibidoras:

(...) la norma anteriormente transcrita impone dos obligaciones principales correlacionadas a cargo de las personas que exhiben películas, como es el caso de las quejosas: una referente al doblaje y otra relativa al subtitulaje.

Por lo que hace al doblaje, el artículo impugnado establece que las películas deberán ser exhibidas al público en su versión original, excepto por las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos. En relación con el subtitulaje, se prevé que, independientemente de la clasificación o idioma de las películas, todas deben ser subtituladas al español.

Dado que los conceptos de violación expuestos por la quejosa se relacionaban con cada una de las mencionadas obligaciones de forma diferenciada, la Primera Sala analizó primero aquellos en los que fue combatida la obligación de subtitular todas las películas al español, independientemente de su idioma original o clasificación, mismos que devinieron infundados y, por lo tanto, tal obligación no es objeto de esta iniciativa.

Posteriormente, la Sala procedió al análisis del concepto de violación relativo a la prohibición de doblar las películas que no sean infantiles o los documentales educativos, considerando que el artículo 8o. de la LFC es violatorio de la libertad de comercio consagrado en el artículo 5o. de la CPEUM, “puesto que importa una restricción innecesaria y desproporcionada en relación con los fines que persigue”, resultando que éste fuera declarado esencialmente fundado, por lo que no sólo resulta necesario, sino también urgente, reformar a la brevedad el precepto en cuestión de la Ley Federal de Cinematografía, ya que de acuerdo con el expediente de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 2/2024, el plazo de los 90 días que señala nuestra Carta Magna, está corriendo desde el 2 de septiembre de 2024 y podría vencer el 27 de febrero de 2025.

La Sala consideró que si bien la reforma al artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía se refirió únicamente a la incorporación de la obligación de subtitular todas las películas al español, la modificación habilitó el análisis de la obligación relativa al doblaje de las películas.

Al respecto, la parte quejosa argumentó que el artículo reclamado representa una violación de sus derechos a la libertad de comercio e igualdad (artículos 1o. y 5o. constitucionales y 6o. del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales), al estimar que le prohíbe exhibir películas dobladas al español que no sean las clasificadas para público infantil y los documentales educativos, generando una restricción injustificada a su libertad de comercio, impidiéndole llegar a los sectores de la población que no saben leer, que no lo hacen con la fluidez necesaria o que simplemente no optan por ese tipo de presentación, los cuales dejan de asistir a las salas cinematográficas en donde se exhiben películas extranjeras únicamente habladas en su idioma original, traducidas al español por medio de subtítulos, pero sin doblar. Además, consideró que la actividad que realiza es lícita y no es perjudicial para terceros ni para la sociedad, por lo que, de conformidad con el artículo 5o. de la Constitución, no puede ser restringida su libertad de comercio.

Del análisis de los argumentos anteriores, la Primera Sala advirtió que el artículo 8o. de la LFC efectivamente establece una prohibición aparente de doblar las películas que no estén clasificadas para público infantil y los documentales educativos, situación frente a la cual el Tribunal aplicó un test de proporcionalidad por tratarse de una norma prohibitiva emitida por el Poder Legislativo que incide en las libertades económicas.

En primer término, la Sala interpretó que resulta por demás claro que la actividad desempeñada por la parte quejosa (consistente, entre otras, en la exhibición de películas cinematográficas) se encuentra tutelada prima facie por el derecho de libertad de comercio, toda vez que no se encuentra en ningún supuesto de restricción previsto por el artículo 5o. de la CPEUM (su actividad es lícita y no afecta derechos de terceros ni de la sociedad en general). Asimismo, la juzgadora consideró determinar que el precepto reclamado ciertamente incide en el contenido prima facie del derecho referido, al imponerle la obligación de exhibir las películas en su versión original y subtituladas al español, con excepción de las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, mismas que pueden o no estar dobladas, siempre y cuando tengan subtítulos.

Si bien, de acuerdo con la Exposición de Motivos que derivó en la reforma al Artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de marzo de 2021, el Congreso de la Unión impuso a las exhibidoras la obligación de subtitular todas las películas con la finalidad de incluir a las personas con discapacidad auditiva, así como una alternativa para atemperar la barrera del idioma en quienes desconocen el lenguaje original de una obra cinematográfica, ello no puede considerarse suficiente para desestimar la afectación a la libertad de comercio generada por el impedimento de doblar aquellas películas que no sean infantiles o documentales educativos, pues aun cuando se subtitulen, siguen sin ser verdaderamente accesibles a un sector importante de la población.

De acuerdo con el Amparo en Revisión 2352/97, resuelto desde el 6 de marzo del año 2000 por mayoría de ocho votos en el Pleno de la Suprema Corte, la obligación de que las películas deban exhibirse en su versión original (aunque estén subtituladas), constituye un obstáculo a la libertad de comercio, pues no permite llegar a aquellas personas que no saben leer, que lo hacen de manera deficiente o que no optan por ese tipo de presentaciones.

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del año 1970 a 2020 el porcentaje de la población de 15 y más años que no saben leer ni escribir bajó de 25.8 por ciento a 4.7 por ciento (4 millones 454 mil 431 personas), lo que representa un sector aún muy alto, sin dejar de mencionar el rango considerable de personas en condiciones de analfabetismo funcional, entendiéndose por ellas a quienes lograron cursar hasta el segundo año de educación primaria como máximo. Asimismo, según el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), se estimó que de las 98 millones 756 mil 83 personas de 15 años y más en nuestro país, al 31 de diciembre de 2023 existe un rezago educativo total de 27 mil 561 mil 358 personas. Por estas razones, resultó dable para la Primera Sala del Alto Tribunal considerar que existe un rango de personas que no cuentan con la posibilidad de leer de manera debida y con fluidez.

Por otra parte, la Sala reiteró además que constituye una presunción humana que, por regla general, las personas que no saben leer o no lo hacen de manera fluida carecen de interés para asistir a las salas de cine en que se exhiben películas habladas en algún idioma distinto al español con subtítulos, debido a la falta de comprensión del argumento y los diálogos, impidiendo o menguando la posibilidad de disfrutar de la obra; de igual manera, se reconoció que existe un sector poblacional que simplemente no optan por ese tipo de presentaciones, aun sin tener alguna barrera de lenguaje.

En consecuencia, la Corte ha sostenido, incluso con anterioridad a la existencia del Amparo en Revisión 652/2022 que dio origen a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 2/2024, que la medida establecida en el Artículo 8o. de la LFC incide en el derecho a la libertad de comercio pues impide que quien se dedica a la exhibición de películas distintas a las clasificadas para público infantil y documentales educativos, puedan llegar a dichos sectores. Sustenta lo anterior la Tesis Aislada P. LXXXIX/ 2000, de rubro “Películas cinematográficas en idioma extranjero. El artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía que prevé su exhibición en versión original y, en su caso, subtituladas en español, con excepción de las clasificadas para público infantil y los documentales educativos, que podrán exhibirse dobladas al español, transgrede las garantías de libertad de comercio e igualdad previstas en el artículo 5o. de la Constitución federal”.

Posteriormente, la Primera Sala procedió a someter a test de proporcionalidad la restricción a la libertad de comercio prevista en el precepto en cuestión para que ésta pudiera ser considerada como constitucional, a partir de:

1. Verificar si la medida legislativa persigue un fin constitucionalmente válido;

2. Analizar la idoneidad de la medida para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional;

3. Evaluar la necesidad de la medida implementada, corroborando si existen otros medios igualmente idóneos para lograr los fines y si estas alternativas intervienen con menor intensidad en el derecho fundamental afectado; y

4. Analizar si la medida es proporcional en sentido estricto.

En relación con el primer punto, la Sala realizó un análisis que no se limitó a la revisión del proceso legislativo que derivó en la reforma al artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía publicada en el DOF el 22 de marzo de 2021, sino que se remontó a la publicación originaria de la propia Ley el 29 de diciembre de 1992, del cual observó que, en efecto, la intención del legislador sí fue, y sigue siendo, la de priorizar la exhibición de las películas en su idioma original, limitando su doblaje. Esta situación fue valorada como la persecución de un fin constitucionalmente válido, consistente en el respeto irrestricto a la concepción y realización de las obras cinematográficas mediante la salvaguarda de su originalidad, autenticidad y finalidad, lo cual a su vez, comprende la promoción, respeto, protección, difusión, enriquecimiento, fortalecimiento, desarrollo y acceso a la cultura de la sociedad en general, fundamentado en el Artículo 4o., párrafo décimo tercero de la CPEUM, el cual consagra el derecho a la cultura, pues las películas son obras culturales y artísticas que constituyen el objeto primordial de la industria cinematográfica.

Con respecto al análisis planteado en el numeral dos, el juzgador valoró que el artículo impugnado efectivamente incorpora una medida idónea para conseguir el fin pretendido, toda vez que la obligación consistente en exhibir películas al público en su versión original, con excepción de las que ya se han mencionado previamente, guarda una relación con el fin de garantizar el respeto a la concepción y realización de las obras cinematográficas, en virtud de que los diálogos y sonorización será la auténtica, perteneciente al momento de creación y filmación de la película, permitiendo reflejar la visión e intención artística del director, tal y como fue concebida y realizada, fomentando a su vez la diversidad y el acceso cultural.

En relación con la evaluación de la necesidad de la medida, la Primera Sala estimó que doblar las películas permite su comprensión y accesibilidad para la generalidad de la población, situación que forma parte del fin perseguido por el legislador, ya que así las personas tienen plena posibilidad de disfrutar de éstas, por lo que no puede considerarse que el doblaje conculque en mayor medida lo previsto en el artículo 8o. de la LFC con respecto al derecho a la cultura o que se modifiquen en su integridad las obras cinematográficas, impactando en el respeto irrestricto a la concepción y realización de éstas.

La Sala sopesó que existen otro tipo de medidas menos restrictivas de la libertad de comercio –como la determinación de porcentajes de exhibición de películas en su idioma original y dobladas–, que pondrían las obras al alcance del sector de personas que no sabe leer, que no lo hace con la fluidez necesaria o que no optan por este tipo de presentación. Por lo tanto, la SCJN determinó que la obligación de exhibir las obras cinematográficas en su idioma original subtituladas al español, con excepción de las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos, es una medida que no es absolutamente necesaria para salvaguardar el respecto a la concepción y realización de las películas, por lo tanto, se juzga como inconstitucional.

Finalmente, la Sala valoró como considerablemente alto el grado de afectación a la libertad de comercio derivado de la medida legislativa, frente a los beneficios obtenidos por su implementación, los cuales resultan sumamente bajos o nulos, por lo que la medida tampoco superó el examen de proporcionalidad en sentido estricto, abonando a declarar la inconstitucionalidad del precepto.

En consecuencia, la iniciativa con proyecto de decreto que presento ante esta soberanía incorpora una modificación mínima, pero necesaria para ajustar el contenido del artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía con los criterios expuestos por la SCJN y superar los problemas de constitucionalidad declarados por la Primera Sala en el Amparo en Revisión 652/2022, que derivó en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 2/2024.

A continuación, se plasma el contenido de la propuesta, comparándolo con el texto vigente de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía

Único. Se reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en los términos que establezca el Reglamento. Cualquier película, especialmente las clasificadas para público infantil y los documentales educativos , podrá exhibirse doblada, pero siempre subtitulada al español.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y demás disposiciones que deriven de esta.

Notas

1 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la Ley Reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

II. (...)

(...)

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos seis votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, con efectos generales, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la Ley Reglamentaria.

2 Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.

Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia en la que determinen la inconstitucionalidad de una norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

3 Sentencia recaída al Amparo en Revisión 652/2022, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, 25 de octubre de 2023.

4 Inegi. (2020). Analfabetismo. Consultado el 10 de enero de 2025. Recuperado de

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P

5 INEA. (2023). Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo por entidad federativa Al 31 de diciembre de 2023. Consultado el 10 de enero de 2025. Recuperado de

http://www.inea.gob.mx/images/documentos/rezago_educativo/estim_ rez_edu_2023_ent.pdf

6 Tesis [A.]: P./A. LXXXIX/2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, junio de 2000, p. 30. Reg. digital 191690.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del maíz nativo a favor de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, a cargo de la diputada Karina Margarita del Río Zenteno, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Karina Margarita del Río Zenteno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del maíz nativo a favor de los pueblos indigenas y comunidades campesinas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como diputada de un distrito mayoritariamente indígena en Chiapas, es mi compromiso presentar iniciativas que salvaguarden los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas; el maíz nativo es crucial para el alimento no solo de los pueblos indígenas y afromexicanas, sino también de todos los mexicanos, es necesario que el Estado salvaguarde, proteja y conserve el maíz nativo y evitar que se ponga en riesgo su biodiversidad frente a las grandes empresas transnacionales biotecnológicas que hoy nos acechan.

Los maíces nativos son aquellos que se han conservado por la práctica milenaria de selección de semillas que realizan los agricultores en las 32 entidades federativas, preservarlo libre de transgénicos y como bien común es derecho y obligación de los pueblos indígenas y el Estado, actualmente más de 80 pueblos originarios de México realizan dicha práctica.

La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria en los pueblos indígenas y comunidades campesinas de México; con la protección del maíz nativo. Es pilar fundamental de la cultura Indigena y campesina, según diversos estudios es en mesoamérica (México) donde fue domesticado por el ser humano, fruto de un proceso coevolutivo iniciado hace aproximadamente 10 mil años, esta domesticación lo hicieron los pueblos y comunidades indígenas y que aún continúan con dicha práctica, la propuesta se centra en salvaguardar el derecho de los pueblos indígenas a proteger a los maíces nativos de México, como parte de su alimentación, cosmovisión, historia e identidad.

Existen entre 59 y 65 razas y cerca de 1 mil 200 variedades, adaptadas a agroecosistemas también muy distintos, desde el nivel del mar hasta montañas, se dividen en 7 grupos:

1. Cónicos: Arrocillo, Cacahuacintle, Chalqueño, Cónico, Cónico Norteño, Dulce, Elotes Cónicos, Mixteco, Mushito, Mushito de Michoacán, Negrito, Palomero de Jalisco, Palomero Toluqueño y Uruapeño.

2. Maduración tardía: Dzit-Bacal, Comiteco, Coscomatepec, Motozinteco, Olotillo, Olotón, Tehua, Negro de Chimaltenango, Quicheño, Serrano, Mixeño y Serrano Mixe.

3. Sierra de Chihuahua: Apachito, Azul, Complejo Serrano de Jalisco, Cristalino de Chihuahua, Gordo y Mountain Yellow.

4. Ocho Hileras: Blando, Onaveño, Harinoso de Ocho, Tabloncillo, Tabloncillo Perla, Bofo, Elotes Occidentales, Tablilla de Ocho, Jala, Zamorano Amarillo, Ancho y Bolita.

5. Tropicales precoces: Conejo, Nal-Tel, Ratón y Zapalote Chico.

6. Dentados tropicales: Celaya, Tepecintle, Tuxpeño, Tuxpeño Norteño, Vandeño, Zapalote Grande, Nal-Tel de Altura, Pepitilla, Chiquito, Choapaneco y Cubano Amarillo.

7. Chapalote: Chapalote, Dulcillo del Noroeste, Elotero de Sinaloa y Reventador.

El Estado mexicano ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales de los cuales es parte y salvaguardan el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a proteger su cultura, alimentación, historia e identidad:

1. Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en su artículo 6o. “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, actualmente existe una disputa entre el gobierno de México y Estados Unidos de América, sin embargo a la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (actualmente T-MEC) “nunca se realizó la consulta y consentimiento previo respecto de la liberación de organismos genéticamente modificados a poblaciones indígenas con el argumento de afectación directa a su modo de vida, a su etnodesarrollo como pueblo y a su derecho a la libre determinación entendido como autonomía al ejercicio de su derecho”

2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aborda el derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus instituciones culturales, ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, además de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas las actividades económicas tradicionales. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado entre este la más importante el maíz nativo.

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación en relación al desarrollo económico, cultural y a disponer de los recursos naturales.

4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacional jurídicamente vinculante y contiene tres objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

5. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, centrado concretamente en los movimientos transfronterizos, busca proteger la diversidad biológica frente a los riesgos potenciales que presentan los organismos genéticamente modificados que resultan de la aplicación de la biotecnología moderna.

En el ámbito nacional, México ha desarrollado un marco normativo sólido para garantizar la protección del maíz nativo:

1. Con la reciente reforma al artículo 2o. constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos en relación a proteger los sistemas agrícolas tradicionales es necesario que se garantice la existencia y conservación de la diversidad de maíces nativos, también se reconoce a los pueblos como sujetos de derechos y tienen la posibilidad de defender al maíz nativo como parte de su cultura.

2. El 13 de abril de 2020 se publicó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Tiene objetivo proteger y diversificar el maíz nativo, así como garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad.

3. El 31 de diciembre de 2020 y el 13 de febrero de 2023 se emitieron por parte del ejecutivo federal dos decretos que prohíben el uso de semillas de maíz transgénica para siembras agrícolas, esta prohibición evita que el maíz transgénico contamine a los maíces nativos de México y ponga en riesgo su biodiversidad.

4. Declarar a las actividades de producción, comercialización y consumo del maíz nativo y en diversificación constante, como manifestación cultural de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

5. Declarar a la protección del Maíz Nativo y en Diversificación Constante en todo lo relativo a su producción, comercialización y consumo, como una obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, establecido en el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En un Escrito de Réplica de los Estados Unidos Mexicanos ante el Panel establecido de conformidad con el Capítulo 31 (Solución de Controversias) del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (TMEC) con fecha 28 de mayo de 2024, en el capítulo III, apartado A. Las medidas reclamadas buscan la protección del maíz nativo, la milpa, el patrimonio gastronómico y el cumplimiento de obligaciones hacia los pueblos indígenas: se vinculan con la historia de las y los primeros pobladores del actual territorio que fueron los ancestros de los que hoy son los pueblos indígenas, el maíz nativo es un elemento central para la construcción de la identidad cultural de las comunidades indígenas mexicanas, la participación que tiene el maíz en los usos y costumbres de las primeras comunidades asentadas en el territorio mexicano, en el ámbito religioso y mitológico puede observarse que varias leyendas y mitos le otorgan al maíz un valor intrínseco sobre la creación de los primeros pobladores.

Incluso, dichos mitos mencionan la incidencia que tuvieron los dioses, a través de sacrificios o actos, para crear una cultural alimentaria sobre sus pobladores creyentes, basada en maíz.

En ese escrito el Estado mexicano reconoce el derecho de los pueblos indígenas y campesinos en relación al maíz nativo, por ello es conveniente que el Estado garantice la existencia y perdurabilidad del maíz nativo porque es sinónimo de existencia de los pueblos y comunidades indígenas:

Primero, por lo que hace al maíz nativo, México reitera que la definición presente en la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo señala que se trata de aquellos maíces “que los pueblos indígenas, campesinos y agricultores han cultivado y cultivan, a partir de semillas seleccionadas por sí mismos.” Es decir, la misma definición de maíz nativo refiere a la participación de las comunidades indígenas, lo que implica que cualquier medida para proteger al maíz nativo es una medida que busca proteger a los grupos indígenas. Se trata de una relación indivisible, pues el maíz nativo implica el cultivo de los pueblos indígenas, , pues, como lo detalla el doctor Boege: “la mayoría de productores en pequeño- campesinos e indígenas o comunidad equiparable (local) son los principales custodios de la agrodiversidad mesoamericana en el sistema agrícola llamada milpa”.204 (Pagina 47, párrafo 145).

Es por ello que, la normativa mexicana protege al maíz nativo y a los pueblos indígenas. Por ejemplo, como lo explicó México en su Escrito Inicial, la producción, comercialización y consumo del maíz nativo es una manifestación cultural nacional, que, de conformidad con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, corresponde al Estado mexicano desarrollar acciones para, inter alia, conservar y proteger el patrimonio cultural favoreciendo el respeto de las manifestaciones de las culturas originarias. Como lo menciona la doctora Espinos, “[l]as comunidades indígenas y campesinas de México que producen y viven en torno a la reproducción del maíz han cultivado un profundo conocimiento y sabiduría alrededor de esta planta que se expresa de diversas maneras: en la mitología, leyendas, cuentos y poesía, arte, gastronomía, ritualidad y simbolismos”. (Página 48, párrafo 146).

A fin de dar mayor referencia a la iniciativa que se propone, se incorpora el siguiente cuadro comparativo:

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección del maiz nativo a favor de los pueblos indigenas y comunidades campesinas

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción VIII, Apartado A, se reforma la fracción I del apartado B y fracción I del Apartado C del artículo 2o.; y se reforma el párrafo cuarto, se adiciona el párrafo quinto y se recorren los subsecuentes párrafos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

...

...

...

A. ...

I. VII.

VIII. Conservar y mejorar el hábitat, y preservar la bioculturalidad y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

Asimismo de proteger y conservar su patrimonio biocultural mediante la promoción, preservación y cultivo del maíz nativo, el cual deberá realizarse en sus ecosistemas agrícolas correspondientes, respetando y garantizando las prácticas tradicionales de agricultura sustentable propias de cada comunidad. La ley establecerá los mecanismos necesarios para la protección de las semillas nativas, su uso exclusivo en territorios indígenas, y el reconocimiento de su valor como base de la soberanía alimentaria y del patrimonio cultural de la Nación.

IX. - XIII.

B. ...

...

I. Impulsar el desarrollo comunitario y regional de los pueblos y comunidades indígenas, para mejorar sus condiciones de vida y bienestar común, mediante planes de desarrollo que fortalezcan sus economías y fomenten la agroecología, los cultivos tradicionales, en especial el sistema milpa y el cultivo del maíz nativo, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el óptimo uso de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.

...

II. - XV.

...

...

C. ...

...

...

I. La protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual colectiva , incluido el maíz nativo como símbolo de identidad biocultural y elemento fundamental de la alimentación y cultura de los pueblos indígenas y afromexicanos, en los términos que establezca la ley.

II. - III.

D. ...

...

...

...

...

Artículo 4o. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado garantizará este derecho mediante políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, la protección de la biodiversidad agrícola y la producción sustentable de alimentos.

El Estado reconocerá como parte de su patrimonio biocultural el maíz nativo, símbolo de identidad nacional y elemento central de la alimentación del pueblo mexicano. Garantizará su protección, preservación y cultivo en condiciones que respeten su diversidad genética y promuevan prácticas agroecológicas sustentables. Asimismo, queda prohibida la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional, en cumplimiento del principio de precaución y con el objetivo de preservar el medio ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras.

...

...

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...

...

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...

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...

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Transitorio

Único: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_475.html

2 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/un-apoyo-para-agricultores-de-maices-n ativos

3 https://unamglobal.unam.mx/global_revista/origen-del-maiz-es-mas-antiguo-y-comp licado-de-lo-que-te-imaginabas/

4 https://www.eld.edu.mx/Revista-de-Investigaciones-Juridicas/RIJ-48/Capitulos/4- la-proteccion-de-los-maices-nativos-en-mexico-y-su-relacion-con-el-campesinado- a-partir-de-los-conceptos-de-soberania-seguridad-alimentaria-y-bienes-comunes.p df

5 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/razas-de-maiz-riqueza-del-campo-mex icano?idiom=es

6 https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000769283

7 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-economic-social-and-cultural-rights

8 https://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/descargas/pdf/desplegados/Convenio_ Diversidad_Biolxgica.pdf

9 https://www.iatp.org/sites/default/files/2024-06/EscritodeReplicadeMexicoESPVer sionPublica.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Karina Margarita del Río Zenteno (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones y adiciona una fracción al artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, para que los niños, niñas y adolescentes, tengan acceso a representación y asesoría jurídica gratuita en materia familiar, independientemente de su situación económica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Bertha Osorio Ferral, diputada en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo previsto por los articulos: 1, 8, 71, fracción II, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Camara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente i niciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones y se adiciona una fracción al artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, para que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a representación y asesoría jurídica gratuita en materia familiar, independientemente de su situación económica, a través del Instituto de la Defensoría Pública, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad, niñas, niños y adolescentes afectados en sus derechos familiares se ven privados de acceder a la justicia por no contar con profesionales del derecho que los representen adecuadamente; si bien, existen diferentes instancias administrativas que brindan asesoria jurídica gratuita y en ocasiones los representan en los procesos legales, estas no son suficientes, y en algunos casos, no cuentan con profesionales especializados en materia familiar, pues para el ingreso de profesionistas a estas instituciones no se exige un perfil de especialización especifico.

La propuesta de reforma a la Ley Federal de la Defensoría Pública garantiza que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a recibir asesoría y representación jurídica gratuita en materia familiar, ya sea en los fueros federal o local, independientemente de su situación económica, para la protección y defensa de sus derechos, a través del Instituto de la Defensoría Pública que cuenta con especialistas de derecho dependientes del Poder Judicial Federal.

Conforme al artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad. En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, distingue dos grupos: niñas y niños a quienes aún no cumplen los 12 años de edad, y adolescentes a las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Por su parte el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace alusión al goce de los derechos humanos por todas las personas, sin que exista distinción, ya sea por edad u otra condición; es por ello, que tanto a los adultos como a los niños, niñas y adolescentes se les deben además promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos, entre los que se encuentra: el derecho humano de acceso a la justicia. El acceso a la justicia consiste en el derecho de toda persona a ser oída públicamente y en los procesos jurisdiccionales ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial.

Acceder a la justicia, tener voz en procesos legales y estar adecuadamente asesorado y representado por un profesional en determinada rama o materia del derecho, es una aspiración fundamental de los sistemas de justicia. Sin embargo, muchas personas y en particular las niñas, niños y adolescentes enfrentan barreras y dificultades específicas en el ejercicio de este derecho.

Las personas de la infancia y la adolescencia, además de los derechos constitucionales, gozan de los derechos humanos e instrumentos internacionales reconocidos por el Estado mexicano, sin embargo, es evidente que el sistema de justicia en nuestro país ha sido diseñado por y para personas adultas; se ha identificado que las niñas, los niños y los adolescentes tienen capacidades distintas a los adultos, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; lo que obliga a realizar los ajustes razonables para su participación en los procedimientos jurisdiccionales. En consecuencia, resulta ncesario dotarlos de abogados especializados en materia familiar que defiendan sus derechos y faciliten su participación.

Frente a estos desafíos, son necesarias reformas legales que coadyuven en garantizar este derecho, y asi contar con una legislación que se adapta a las necesidades y derechos de las niñas, niños y adolescentes, independientemerne de su situación económica, frente a los sistemas de justicia y las barreras que día a día se presentan para su acceso en condiciones de igualdad. En concordancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, descansa en los siguientes principios: del interés superior del niño, de no discriminación, derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo, principio de participación y el derecho de ser escuchado.

El interés superior del niño implica, que en toda situación donde se vea involucrada una persona que aún no cumple los 18 años de edad, se debe tomar la mejor decisión a fin de proteger y privilegiar sus derechos, buscando siempre como finalidad su bienestar; cuando se tome una decisión que afecte a la infancia, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

En este sentido, si se busca proteger y privilegiar el derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes, todas las autoridades deben generar las condiciones para facilitar su participación en los procedimientos jurisdiccionales, particularmente el Instituto de la Defensoría Pública, con abogados que les brinden un trato digno y atención especializada.

Ahora bien, el articulo 17 constitucional establece que “...La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público...”, de lo anterior se colige, que la Defensoría Pública es un ente del estado que organiza el servicio público gratuito, para la defensa de los derechos de las personas acusadas de delito. De manera más amplia, comprende a los servicios legales y de asesoría jurídica gratuita para personas en condición de vulnerabilidad y de escasos recursos económicos que necesitan de representación judicial en materias sensibles como derecho de familia, derecho laboral, derecho constitucional, derecho penal. También que la Defensoría Pública es un servicio obligatorio que deben prestar las autoridades locales y federales para que los mexicanos tengan garantizado el acceso a la justicia.

Actualmente, el ciudadano que justifique la necesidad de un defensor en materia penal, podrá contar con el patrocinio debido y hasta la fase de ejecución, hoy se señala equivocadamente a la defensa pública como la entidad que “solo defiende delincuentes”; no obstante, en la materia civil, de la cual se deriva el derecho familiar, el estado se limita a otorgar una asesoría y encausar al niño, niña o adolescente con alguna otra institución que le pueda brindar la representación jurídica pertinente, situación que lo mantiene en períodos de indefensión, tomando en consideración que tendrá que desplazarse a otras instancias, arriesgando términos judiciales improrrogables, preparación de pruebas, la interposición de recursos legales y en muchos de los casos, su propia vitalidad si se trata de un asunto jurídico relacionado con la solicitud de pensión alimenticia.

Además, resulta evidente la discriminación por parte del estado hacia determinados sectores sociales que son considerados erróneamente con una alta capacidad adquisitiva; y es en este instante cuando se ve vulnerado el derecho que toda persona de la infancia y adolescencia tiene al acceso de una debida impartición de justicia; toda vez que se les está negando incluso hasta la representación jurídica, misma que constituye un servicio jurídico indispensable para conformar la defensa de sus derechos, aún cuando el estado reconoce y sabe que la Carta de las Naciones Unidas le exige “... promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas...”, es por ello, que esta iniciativa de reforma, propone que las personas de la infancia puedan recibir asesoría y representación jurídica especializada, independientemente de la condición económica del niño, niña o adolescente, garantizando con ello el derecho humano al acceso a la justicia y no discriminación.

Limitar el derecho a contar con asesoría y representación jurídica especializada por parte del Estado, por la condición económica de la persona de la infancia, va en franca oposición con las disposiciones señaladas en los principios básicos sobre la función de los abogados, toda vez que en el numeral 2 de los Principios Básicos Sobre la Función de los Abogados se precisa que “2. los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentran en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción.”; y por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”

En consecuencia, es pertienente que la Defensoría Pública represente jurídicamente a las personas de la infancia y adolescencia, cuando se trate de asuntos relacionados con la materia familiar; al respecto el artículo 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos define “23. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado...”. Entendiendo como Derecho de Familia al conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniaes de los miembros de la familia, para con ellos y frente a terceros. El derecho de familia, por la naturaleza de las relaciones jurídicas entre sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado.

Por otro lado, entendemos por materia familliar, todos los casos relacionados con las relaciones paterno filiales, paternidad, maternidad, patria potestad, guarda y custodia, el derecho irrenunciable de los niños, niñas y adolescentes a recibir pensión alimenticia. También se encuentran los casos relacionados con el parentezco, matrimonio, divorcio, concubinato, tutela, paternidad y maternidad, siendo necesaria la intervención de la Defensoría Pública, con asesoría y representación juridica especializada, siempre que se afecten derechos de las personas de la infancia y adolescencia.

Por lo anterior, es necesario que se adapte la legislación a la realidad, condiciones y circunstancias personales de las personas de la infancia y adolescencia, para no provocar una revictimización al exigir que sean ellos quienes intenten adaptarse a una defensoria creada por y para los adultos; por lo que, realizar los ajustes razonables implica hacer las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en los servicios que brinda la Defensoría Pública para hacerla accesible a los niños, niñas y adolescentes.

En consecuencia, a través de esta iniciativa, se garantiza el derecho humano de acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes, cuando se vean afectados en sus derechos en materia familiar, por medio de abogados especializados, adscritos a la Defensoría Pública.

Fundamentación

Con fundamento en los artículos: 1, 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones y se adiciona una fracción al artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública

Único. Se reforman el artículo 1, la fraccion I, al artículo 4, y se adiciona una fracción VIII, al artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley tiene como objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, laboral, familiar en los fueros federal o local, para asesoría y representación jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, independientemente de su situación económica, así como amparo en materia familiar u otras materias que determine el consejo de la judicatura Federal, y el acceso a la justicia mediante a la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece.

...

Artículo 4. ...

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y del Sistema de Justicia Penal Integral para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas, medidas u otra consecuencia, hasta la extinción de éstas, y en materia familiar, en los fueros federal o local, cuando se afecten los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

...

Artículo 15. ...

I. a VII. ...

VIII. Los Niños, Niñas y Adolescentes, independientemente de su situación económica, cuando se trate de materia familiar y se afecten sus derechos.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consultado en: Convención sobre los derechos del niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Disponible en:

https://www.humanium.org/es/convencion-adaptada/ , fecha de consulta 31 de enero de 2025.

2 Consultado en: Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, México, artículo 5. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 04/12/2014, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

3 Consultado en:

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabiertoytransparencia/wp -content/uploads/2023/06/Justicia-Adaptada-Marquina.pdf, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

4 Consultado en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/basi c-principles-role-lawyers, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

5 Consultado en:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts#:~: text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los%20Derechos%20Humanos%20es%20u n%20documento,a%20ella%20en%20sus%20pre%C3%A1mbulos, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

6 Consultado en:

https://www.gob.mx/indesol/documentos/pacto-internacional-de-der echos-civiles-y-politicos, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

7 Consultado en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

8 Consultado en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/3.pdf, fecha de consulta 31 de enero de 2025.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Bertha Osorio Ferral (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de la discapacidad orgánica o visceral, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2 y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de la discapacidad orgánica o visceral, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Todos conocemos a alguien que padece o padeció una enfermedad crónica degenerativa por el desgaste o pérdida de uno de sus órganos, en la mayoría de los casos de simple vista no es observable a diferencia de otras discapacidades, por eso se le conoce como la discapacidad invisible; el sufrimiento en sí de la enfermedad crónica degenerativa, es un tema que abarca no solo a la persona que lo padece sino a toda la familia, los constantes tratamientos del paciente, hacen que su vida social y laboral sea compleja, y más aún cuando en la norma la discapacidad orgánica o visceral no está contemplada como una discapacidad, pero que en la vida real, si representa en muchos casos, un impedimento para que la persona pueda desarrollar su vida laboral en igualdad de oportunidades.

Las oportunidades laborales ayudan a las personas que tienen alguna discapacidad en general a superar los cuadros de crisis, ya que el sentimiento de considerarse una carga, se transforma al convertirse en personas que a pesar de las circunstancias siguen siendo productivas, es aquí donde el papel del Estado juega un rol fundamental, en este caso en particular, ya que a través de la Secretaría del Trabajo, se concientiza a las personas empleadoras a brindar las máximas facilidades para el desempeño de las responsabilidades laborales de las personas con discapacidad orgánica sin descuidar sus procedimientos médicos.

Sin duda falta mucho por hacer en la materia, pero esta iniciativa pretende visibilizar este tipo de discapacidad, haciendo visible lo que se creía invisible, es decir, las enfermedades crónico degenerativas, que duelen a miles de familias mexicanas.

La Organización Mundial de la Salud señala que, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, aproximadamente 15 por ciento de la población mundial; de ellas, casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia.

Según datos del Inegi a 2023, en México hay 8.8 millones de personas de 5 años y más con discapacidad, representando 7.2 por ciento de la población. La mayoría son mujeres representando el 53.5 por ciento, Zacatecas tiene el porcentaje más alto con 11.2, mientras que Coahuila presenta el más bajo, con 5.2 de la tasa porcentual.

Las dificultades más comunes son problemas de visión con 45.8 por ciento y movilidad con el 40.3 por ciento. Las principales causas son enfermedades que representan el 43.9 por ciento, la edad avanzada representa 27.2 por ciento. En cuanto a la afiliación a instituciones de salud, 67.2 por ciento de las personas con discapacidad están en instituciones de seguridad social.

En educación, solo el 46 por ciento de las personas de 5 a 29 años con discapacidad asisten a la escuela, en comparación con el 60 por ciento de quienes no tienen discapacidad. En el ámbito laboral, la tasa de participación económica es de 40.6 por ciento para personas con discapacidad, siendo mayor para hombres representada con 51.5 por ciento, que para mujeres con 31.3.

Es por ello, que esta iniciativa propone el reconocimiento en la ley, de una discapacidad que año con año afecta a miles de mexicanos, y me refiero a la discapacidad orgánica, de acuerdo con cifras oficiales, las enfermedades crónicas no transmisibles representan 70 por ciento de las muertes.

El Instituto Mexiquense para la Discapacidad, refiere que este tipo de discapacidad ocurre debido a la pérdida de las funciones en el cuerpo humano de algunos sistemas corporales, los cuales suelen estar relacionados con los órganos internos o procesos fisiológicos, ya sean de forma congénita o adquirida como un traumatismo craneoencefálico y dentro de este ámbito podemos encontrar:

• Enfermedades renales. - La Enfermedad Renal Crónica se define como una disminución de la función renal demostrada por la tasa de filtrado glomerular de menos de 60 mL/min en 1.73m2, o por marcadores de daño renal, o ambas, de al menos 3 meses de duración, sin tomar en cuenta la causa subyacente. La diabetes y la hipertensión son las principales causas de la enfermedad renal crónica en todos los países de altos y medianos ingresos, y también en muchos de los países de bajos ingresos. La incidencia, la prevalencia y la progresión de la enfermedad renal crónica varía entre países de acuerdo con el origen étnico y a los determinantes sociales de la salud, Este padecimiento a veces puede ser reversible, pero también suelen repetirse nuevos episodios, los cuales condicionan que se desarrolle una afección renal crónica hasta su fase terminal. La otra es la enfermedad renal crónica que daña a las nefronas. Los riñones son órganos vitales compuestos cada uno por un millón de pequeñas unidades de filtración que se denominan nefronas, las cuales se encargan de eliminar los productos de desecho. “Se filtran 180 litros de sangre al día, equivalentes a 10 garrafones de agua de 18 litros. Del filtrado glomerular, las nefronas reabsorben nutrientes, minerales y aminoácidos que el organismo no debe desechar. Lo que no se filtra son las proteínas, que son moléculas mucho más grandes. Se filtran sólo si hay afección renal. Niveles elevados de creatinina, urea y ácido úrico en la sangre son señales de que existe enfermedad renal, su tratamiento dependerá de la fase en la cual se diagnostique al paciente, pudiendo ser control alimenticio, diálisis o hemodiálisis si la fase ya es la 5.

• Hepáticas. El término insuficiencia hepática incluye un gran grupo de síntomas, signos y alteraciones bioquímicas, que son la resultante de la falla del hígado para llevar a cabo sus funciones normales. La insuficiencia hepática se acompaña de lesiones hepatocelulares que constituyen la base anatómica del cuadro de insuficiencia global; pero no pueden relacionarse cada una de las expresiones de dicha insuficiencia, con un tipo de lesión correspondiente; cuando menos, con los métodos de que disponemos hasta la fecha.

• Cardiopatías. Las enfermedades del corazón son la principal causa de mortalidad en todo el mundo. Se estima que aproximadamente 18 millones de personas mueren cada año por un padecimiento cardiovascular, principalmente cardiopatías coronarias o eventos cerebrovasculares. De éstos, una tercera parte corresponde a individuos menores de 70 años. En nuestro país, durante 2022 hubo más de 200 mil defunciones relacionadas con problemas cardiacos, de las cuales 107 mil 36 fueron hombres datos publicados por el Inegi.

• Fibrosis quística. Es un padecimiento hereditario, provocado por una anomalía en el transporte de cloro en las células epiteliales, lo que provoca que varios órganos presenten fallas, como el pulmón, el páncreas, el intestino, las glándulas sudoríparas y el aparato reproductivo, sobre todo en varones. 85 por ciento de los pacientes con fibrosis quística tiene una enfermedad que se manifiesta de manera grave, y muchos de los niños mueren en el primer año de vida si no se les diagnostica y atiende oportunamente.

• Enfermedad de Crohn y enfermedades metabólicas. La enfermedad inflamatoria intestinal es un padecimiento autoinmune que se caracteriza por diarrea o evacuaciones con sangrado, dolor abdominal, sensación de continuar evacuando o pérdida de peso. La mayoría de quienes padecen estas enfermedades fuman y tienen antecedentes familiares directos -padre, hermano o primo- con alguna patología inflamatoria o autoinmune como Lupus, Sjögren o diabetes tipo 1.

• Linfedema. El linfedema congénito denominado enfermedad de Milroy se caracteriza por anaplasia o hipoplasia de los vasos linfáticos, su origen es un defecto del receptor de crecimiento endotelial vascular localizado en el brazo largo del cromosoma cinco, que incrementa el contendido de proteínas y agua en el espacio intersticial, se manifiesta por aumento de volumen generalmente de miembros inferiores presente generalmente desde el nacimiento.

• Hemofilia. Es una enfermedad hereditaria (80 por ciento de los casos) y devastadora ya que la sangre no coagula. De origen genético, está ligada a alteraciones en el cromosoma X. Mutaciones en los genes que codifican para los factores hemostáticos VIII y IX, generan respectivamente hemofilia A y B.

• Lupus. El sistema inmunológico es el responsable de atacar a los virus, bacterias y gérmenes que ingresan al cuerpo, generando proteínas denominadas anticuerpos que lo protegen contra invasores externos. Cuando se presenta esta enfermedad se forman auto-anticuerpos que generan una respuesta inflamatoria causando dolor y daño en los tejidos como la piel, las articulaciones y los órganos internos. Se trata de una enfermedad autoinmune en donde el organismo no puede diferenciar entre los invasores externos y los tejidos del cuerpo. En cada persona se manifiesta de manera diferente, ya sea de forma moderada, en donde solo afecta articulaciones y piel, o en formas más agresivas en donde afecta a los órganos internos. No hay una causa determinada, pero se sabe que hay factores que pueden incrementar la posibilidad de padecer esta enfermedad.

Bien jurídico tutelado

Derecho una vida digna de las personas con discapacidad orgánica o visceral en igualdad de oportunidades.

Objetivo de la iniciativa

Reconocimiento de la discapacidad orgánica o visceral en el marco normativo mexicano, en estricto cumplimiento al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Cuadro comparativo

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de reconocimiento de la discapacidad orgánica o visceral

Único. Se adiciona la fracción XI Bis y se reforman la XXVII del artículo 2, y VIII del artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XI. ...

XI Bis. Discapacidad orgánica o visceral: es la pérdida o disminución temporal o permanente de la función de uno o más órganos internos del cuerpo humano, ocasionada por enfermedades crónico degenerativas, que limitan el desarrollo de una vida plena en igualdad de oportunidades.

XII. a XXVI. ...

XXVII. Persona con discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, orgánico o visceral, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

XXVIII. a XXXIV. ...

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad al trabajo digno y al empleo, en igualdad de oportunidades y equidad, de manera que se les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. a VII. ...

VIII. Concientizar y sensibilizar a las personas empleadoras a efecto de que permitan las ausencias laborales con motivo de tratamientos sustitutivos, en casos de discapacidad orgánica o visceral, sin afectación al salario o historial laboral; y

IX. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi, 2020. “Discapacidad”. Disponible en

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx

2 González López, Patricia, “Personas con discapacidad en México”, 09 de diciembre de 2024, disponible en

https://plazajuarez.mx/personas-con-discapacidad-en-mexico/

3 Tamayo y Orozco, Juan; y Lastiri Quiroz, Santiago, “La enfermedad crónica en México, hacia una política nacional para enfrentarla”, Conacyt, página 3. Disponible en

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ENF- RENAL.pdf

4 Discapacidad orgánica. Disponible en

https://imedis.edomex.gob.mx/discapacidad-orgqanica

5 IMSS, “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica”, 2019. Disponible en

https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/335GER.pdf

6 Discapacidad orgánica. Disponible en

https://imedis.edomex.gob.mx/discapacidad-orgqanica

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Ciria Yamile Salomón Durán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley del Registro Público Vehicular, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas, el parque vehicular en el país ha experimentado un crecimiento exponencial. En las Zonas Metropolitanas este fenómeno se ha concentrado más en los habitantes que tienen la necesidad de desplazarse a sus diversas actividades diarias. Década tras década hemos visto que la movilidad vehicular se vuelve limitada (tráfico) debido a que actualmente casi hay 1 vehículo automotor por cada 2 mexicanos.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, indican que en México vivimos 126,014,024 personas (ciento veintiséis millones catorce mil veinticuatro mexicanos) y el parque vehicular registrado en todas las entidades federativas a corte del 31 de diciembre de 2023, es de 58,199,293 vehículos automotores (cincuenta y ocho millones ciento noventa y nueve mil doscientos noventa y tres vehículos automotores).

El problema de tener tantos vehículos automotores en el país, es que se sobrepasa la capacidad para consolidar un servicio de registro óptimo; debido a que no hay control oportuno y la actualización del Registro Público Vehicular (Repuve) siempre va desfasada, este constante desfase de actualización por parte de los sujetos obligados en la Ley, no brinda certeza jurídica a los ciudadanos en la compraventa de vehículos, pues el robo de automotores y el encubrimiento por receptación son delitos que alcanza cifras considerables en perjuicio de la sociedad mexicana.

La información incluye la clase de vehículo Automóviles, Camiones y camionetas para pasajeros, Camionetas para carga y Motocicletas, así como el tipo de Servicio Oficial, Público y Particular.

Las cifras del año 2022 se actualizan los datos de la entidad federativa de Baja California, Colima, Tabasco y Tamaulipas. Para la entidad de Colima los datos del año 2023 corresponden al parque vehicular a abril del 2024, dado que no hay registro de información con corte al 31 de diciembre, debido a una actualización del sistema informático de la fuente. Los datos del 2023 son de carácter definitivo.

¿Qué es el Repuve?

Es una base de datos nacional, que en teoría ayuda a combatir el robo de vehículos en México. Recopila y almacena información detallada sobre todos los vehículos registrados en el país, el Repuve permite a las autoridades de seguridad pública verificar la identidad y la propiedad de un vehículo en caso de sospecha de robo.

El Repuve también ayuda a:

- Agilizar la verificación vehicular.

- Reconocer autos que no cumplen con las normas ambientales.

- Facilitar el proceso de transferencia de coches.

- Identificar vehículos con adeudos fiscales o multas pendientes.

- Proporcionar información valiosa para la investigación de accidentes automovilísticos.

Su consulta es muy rápida, solo se debe ingresar al sitio web, con los datos del vehículo a consultar; número de placa, número de identificación vehicular (NIV) o folio de constancia de inscripción. Al ingresar estos datos, el sistema arrojará, si tiene algún reporte de robo a nivel nacional, si el NIV es correcto, si existen multas y que entidad o entidades han emplacado la unidad; la consulta es gratuita.

La Ley del Registro Público Vehicular (Repuve), surge en el año 2004 por Decreto en el Diario Oficial de la Federación del día 01 de septiembre del mismo año.

Con fecha del 5 de diciembre de 2007, se publicó el Reglamento de esta Ley y el 4 de marzo de 2008 se creó la institución del Registro Público Vehicular.

Un día antes, el 3 de marzo del 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Procedimientos de Operación para los Sujetos Obligados que establece el Reglamento, es decir se asentaron las bases, modos y formatos para obligar a quien y quienes deben de aportar información al registro.

En las consideraciones de ese Decreto, se instauró que es fundamental establecer los retos asumidos mediante la estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia, con la alineación de las capacidades del Estado Mexicano, a través de la homologación de instrumentos jurídicos, técnicos, administrativos y presupuestales, para reestablecer condiciones de seguridad pública a partir de un nuevo modelo de actuación policial que ponga énfasis en la prevención del delito, mediante la investigación y el análisis de la información.

Se refirió que el aprovechamiento de las tecnologías de la información es vital para comunicar a funcionarios públicos entre sí y con la ciudadanía, haciendo más efectiva la provisión de servicios públicos, generando un beneficio sustancial para la población y así poder combatir la delincuencia organizada.

En síntesis, el Repuve, surge por la necesidad de otorgar seguridad pública y jurídica en los actos que se realizan con vehículos (nuevos y usados), además de identificar y ejercer un adecuado control de los vehículos que circulan en el territorio nacional. También brinda servicios de información al público para fortalecer las funciones de coordinación de los municipios, las entidades federativas y la Federación.

Cabe precisar que esa información pública; el mismo Anexo I del Decreto del 3 de marzo de 2008, obliga precisar y publicar puntualmente dicha información en un sitio Web; con el fin de que cualquier persona pueda consultar esa información vehicular.

La actual página Web que el gobierno designó desde esa fecha para consulta es: https://www2.repuve.gob.mx: 8443/ciudadania/

¿Quién aplica la presente Ley y quienes participan en el registro electrónico?

Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hacer valer esta Ley, por su parte los actores obligados a mantener este registro son las aseguradoras, las Entidades Federativas y la Ciudad de México, mediante sus respectivas secretarías de padrón vehicular o movilidad, las fiscalías de justicia de cada entidad (mismas que darán aviso de cualquier acto o delito), los carroceros, las comercializadoras, distribuidores, ensambladores y por ende los dueños de los vehículos que son los que los ocupan.

Por su parte el Secretariado Ejecutivo, es el encargado de realizar el acopio, validación y resguardo de la información para su integración en la base de datos del Registro Público Vehicular. Para tal efecto se establecen las reglas para la entrega, actualización, depuración y uso de la información que de cada vehículo suministren los Sujetos Obligados al Registro Público Vehicular. Cabe destacar que el Secretariado Ejecutivo, también tiene las facultades de integrar, vigilar, y verificar la integridad y confidencialidad de la información.

Una vez descrito la teoría de lo que tiene que ser el Repuve; cabe aclarar que en la práctica falla el sistema, se cae la página web, las entidades mediante sus secretarías de movilidad no actualizan o dan aviso oportuno al Registro Público Vehicular, hay hackeo y corrupción por parte de su personal, no se estipula con días y tiempo el periodo de actualización por los sujetos obligados; solo por mencionar unas debilidades, ya que si nos adentramos particularmente a cada caso o entidad estatal, estoy segura que se podrían describir más fallas.

Estas debilidades informáticas las aprovechan los delincuentes, qué coludidos con otras personas, hacen que el comprador de un auto usado se la jueguepara no tener un problema legal.

Compañeras diputadas y diputados, estoy segura de que en algún momento de nuestra vida, hemos sabido de un familiar o amigo, que ha sufrido un fraude por adquirir un auto usado; los fraudes comunes que se sobresalen son:

-El auto tiene reporte de robo.

-El vehículo está emplacado en otra entidad (reemplacado con algún reporte).

-Placa falsificada o inexistente.

-La factura del automóvil es falsificada.

-NIV o número de serie clonado o inexistente en el padrón vehicular.

-El auto está en trámite de legalización ( autos chocolate).

-Número de chasis no corresponde con el número de motor (remarcado de serie o motor), etcétera.

Lo menciono como fraude, debido a que si una persona adquiere bajo su consentimiento la propiedad de un auto con las características antes descritas, difícilmente al presentar una denuncia ante el ministerio público procederá como robo; la fiscalía de la entidad federativa indicará que con antelación se tuvo que validar ante Repuve, por consecuente el problema legal quedará para la persona que adquirió el vehículo mediante engaño.

En México es sumamente importante remediar esta situación ante las autoridades policiales competentes, de no hacerlo se corre el riesgo que el auto sea confiscado y el adquirente sea sancionado legalmente por encubrimiento por receptación, delito que puede ser sentenciado hasta con 3 años de prisión para el poseedor.

Código Penal Federal.

“ Artículo 400.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa, al que:

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;”

Datos interesantes

La Asociación Mexicana de Instituciones de seguros, refiere que en el periodo de marzo 2022 a marzo 2023, en el país se robaron 60 705 autos asegurados, lo que equivale a 166 vehículos por día; de esa cifra 45% de las unidades se recuperaron por alguna autoridad competente y el 55% ya no tuvo éxito, este porcentaje es quizá el número de autos que se utiliza anualmente para ejercer algún delito para su venta en el mercado negro.

Los estados con mayor aumento en el robo de vehículos, del periodo marzo 2022 a marzo 2023, fueron:

-Baja California

-Tlaxcala

-Hidalgo

-Yucatán

-Campeche

Conclusiones

El Repuve, tiene buen objetivo, teóricamente está bien enfocado a las funciones que debe desempeñar, quizá se deba actualizar y reforzar la información ya almacenada, se debe contratar más seguridad cibernética, se debe otorgar más presupuesto al manteamiento y alojamiento del sitio web.

Se debe abocar en tener un sistema y registro fiable a nivel nacional, en el cual todas las entidades puedan consultar en tiempo real y sin desface los cambios y actos que se han registrado en los vehículos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), debe tener mayor control de su personal que trabaja y maneja la información vehicular nacional. No deberían de presentarse actos de hackeo o corrupción por parte de sus trabajadores, de haberlo se debe proceder penalmente contra ellos y no únicamente separarlos del cargo, hablando laboralmente.

Se debe velar por que la actualización de los sujetos obligados se realice de manera ágil y expedita, no es posible que se otorgue un campo de hasta 15 días hábiles para la actualización de la información en el Repuve. Así lo dicta la fracción III, del apartado 5, numeral 5.4 validación de información.

“ III. Enviar por correo electrónico su catálogo de distribuidores autorizados, que cumpla con las especificaciones que se describen en el Anexo I, título IV “Actualización de Información para catálogo de distribuidores”, a fin de que, por sistema se controlen las asignaciones que la ensambladora realiza a sus distribuidoras y éstas puedan presentar el aviso correspondiente, sólo de los vehículos que le fueron asignados. Las actualizaciones a los catálogos se llevarán a cabo en un plazo máximo de 15 días hábiles una vez que se reciba la información de acuerdo a lo establecido.”

Hay casos de actualización que abarcan de 5 días hasta 30 días hábiles. Ejemplo:

“ 5.3.7 Avisos de embargo, aseguramiento, adjudicación, confiscación o decomiso de vehículos.

I....

II. Este aviso deberá de ser presentado en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de la baja por destrucción, proporcionando la información establecida en el anexo mencionado.

5.5.1 Inscripción.

...

El Secretariado Ejecutivo podrá otorgar una ampliación del plazo señalado, hasta por treinta días hábiles, cuando dentro del plazo de la prevención a que se refiere de cinco días, los Sujetos Obligados acrediten que la información requerida no puede ser proporcionada en el plazo inicialmente otorgado.”

Todos estos tiempos son por diversos trámites administrativos que se deben hacer para la actualización correcta; lo que no es posible, es que en ningún momento se obliga a las entidades federativas a empatar y actualizar las altas y bajas de sus emplacamientos vehiculares ante el Repuve.

No se obliga a las fiscalías de justicia de las entidades federativas a actualizar en un tiempo determinado los actos o delitos cometidos en su entidad, los cuales deben de estar en el Repuve para consulta ciudadana.

Estas dos faltas de actualización conllevan a que el delincuente tenga tiempo suficiente para robar, manipular, hackear, sobornar autoridades y vender los vehículos motorizados ( aparentemente limpios) a una persona que en su momento consultó el Registro Público Vehicular. Hay ocasiones que después de un mes de haber adquirido el vehículo, surgen los problemas ( ya que se actualizó el sistema) y el comprador ahora esta inmiscuido en un problema legal.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma propuesta:

Para el Partido Verde Ecologista de México y una servidora, es necesario efectuar este cambio e instaurar un tiempo determinado para que las entidades federativas realicen periódicamente el reporte de actualización a Repuve; de aprobar esta reforma a la Ley del Registro Público Vehicular, podremos evitar un poco los actos delictivos que realizan los estafadores al vender un vehículo motorizado en México.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley del Registro Público Vehicular

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 7 de la Ley del Registro Público Vehicular, para quedar como sigue:

Artículo 7.- ...

Para mantener actualizado el Registro, las autoridades federales y las de las entidades federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los que cuenten en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Por su parte, el secretariado ejecutivo, mediante los instrumentos de información nacional sobre seguridad pública que correspondan, incorporará al Registro la información que le proporcionen las Fiscalías o Procuradurías, relativa a robos, recuperaciones y destrucción de vehículos. El secretariado ejecutivo designará un área operativa para ejecutar periódicamente esta tarea.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cuéntame de México. Disponible en:

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

2 Parque Vehicular INEGI. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/

3 Diario Oficial de la Federación, 1 de septiembre de 2004. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2004&month=09& day=01#gsc.tab=0

4 Diario Oficial de la Federación, 3 de marzo de 2008. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5030915&fecha =03/03/2008#gsc.tab=0

5 Artículos 2, 7, 23 y 25 de la Ley del Registro Público Vehicular. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/269_200521.pdf

6 Informa SSPE caida del sistema Repuve a nivel nacional, 23 de septiembre de 2024. Disponible en:

https://diario.mx/estado/2024/sep/23/informa-sspe-caida-del-sist ema-repuve-a-nivel-nacional-1033105.html

7 Falta actualizar Sistema de Repuve para agilizar trámites, 13 de marzo de 2024. Disponible en:

https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/falta-actualizar-sistema -de-repuve-para-agilizar-tramites-11596888.html

8 Despiden al 70% del personal del Repuve por irregularidades, 23 de marzo de 2023. Disponible en:

https://radionet.com.mx/despiden-al-70-del-personal-del-repuve-p or-irregularidades

9 Fallas en Repuve frenan trámites vehiculares, 13 de agosto de 2024. Disponible en:

https://pulsoslp.com.mx/slp/san-luis-potosi-problemas-en-el-repu ve-impactan-tramites/1833638

10 Código Penal Federal. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

11 Robo y recuperación de vehículos asegurados, marzo 2023. Disponible en:

https://amisprensa.org/public/documentos/conferencia-robo-de-aut os-corte-a-marzo-2023comentarios-autos-23.pdf

12 Acuerdo del secretario de Seguridad Pública por el que se emiten los procedimientos de operación del Registro Público Vehicular y los procedimientos mediante los cuales se llevarán a cabo las inscripciones, los avisos y las notificaciones por medios de comunicación electrónica, a que se refieren la Ley del Registro Público Vehicular y su Reglamento. Disponible en:

https://catalogonacional.gob.mx/FichaRegulacionid?regulacionId=4 8558

13 Me vendieron un carro con factura falsa. Disponible en:

https://www.justiciamexico.mx/foro-verconsulta.php?id= 179816&forod=10406

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 22, 174 Bis y 331 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de los menores, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Ciria Yamile Salomón Durán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de los menores, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué es el trabajo doméstico?

Con fundamento en el artículo 1o del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), refiere que el término trabajo doméstico es el acto realizado en un hogar u hogares para los mismos integrantes del hogar, la palabra trabajador doméstico designa toda la persona de género femenino o masculino, en el marco de una relación de trabajo.

Si existe un trabajo doméstico remunerado estamos en una relación laboral, no importa si es de forma diaria, ocasional o en diversos días de la semana.

Respecto a la legislación mexicana, la Ley que define el trabajo del hogar es la Ley Federal del Trabajo, la cual en su Capítulo XIII, artículo 331 refiere:

“ Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes modalidades:

I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades.

II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades.

III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas.”

Como se puede observar en la fracción uno, se otorga el consentimiento para que las personas que realizan estas actividades en el hogar puedan residir en el domicilio donde realizan sus funciones; es un término general para las y los trabajadores, no incluye edad, sólo indica que se permite vivir en el domicilio. De este punto partiré para más adelante exponer la necesidad de la reforma que expongo.

Históricamente por las esferas antiguas y modernas de la sociedad, a la mujer se le ha designado las tareas internas del cuidado de la casa, esto no quiere decir que el varón está excluido; más bien, hay una separación simbólica-social, donde los hombres son dueños de los espacios públicos, es decir del exterior de la casa, realizando trabajos como la jardinería, mantenimiento, albañilería y las mujeres al interior del hogar.

Las personas que realizan trabajo doméstico, normalmente lo hacen por falta de oportunidades laborales, educativas, experiencia profesional o en ocasiones también lo ejercen por gusto propio.

Es una actividad laboral que no hay que denigrar, menospreciar o minimizar, es de suma importancia para las familias que requieren de ese servicio, ya que de esas personas cuidadoras domésticas y de ayuda al hogar, depende la estabilidad familiar de las personas contratantes; es decir del patrón.

Lamentablemente en México a esta definición de trabajadora del hogar, se le dan diferentes connotaciones peyorativas y denigrantes que quizá hasta cierto punto discrimina y sobaja la actividad. A estas personas se les refiere como “ muchacha, criada, chacha, sirvienta, doméstica, nana, etcétera”. Unos términos pudieran sonar inofensivos, pero en un lenguaje adecuado suena a discriminación. Por tal motivo la Ley Federal del Trabajo la establece como persona trabajadora del hogar.

Las personas del trabajo doméstico se caracterizan por tener a su cargo un hogar o varios hogares que atender, sus jornadas son variantes, hay ocasiones que trabajan más de 12 horas, no hay descanso y aún más grave, trabajan de planta con jornadas de 24 horas seguidas, viviendo en el mismo domicilio del patrón, ya que la Ley lo permite, tal como lo exponía en párrafos anteriores haciendo referencia a la fracción uno del artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo.

Estas personas prestan servicios de cuidados directos e indirectos, realizando tareas de limpieza, cocina, lavado y planchado de ropa, cuidado de niños, adultos mayores, Personas con Discapacidad, jardinería, seguridad del hogar, choferes e incluso cuidado de animales domésticos.

El trabajo del hogar, normalmente se gentrifica en las urbes o zonas metropolitanas de mayores habitantes en el país. En este caso hablando de la Zona Metropolitana del Valle de México se refiere que este trabajo lo realizan personas que no son propiamente residentes de la ciudad, en mayoría de los casos un 76% son mujeres migrantes de estados del sur del país (Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y Michoacán) y provenientes de zonas rurales e indígenas del país. En casos actuales se ha notado que son mujeres inmigrantes de otras nacionalidades; el 81% de estas mujeres trabajadoras no cuentan con una contratación formal, solo tienen el trabajo de palabra.

Más preocupante es que la mayoría de esas mujeres trabajadoras del hogar, son niñas que desempeñan sus funciones y pernoctan en el mismo domicilio del patrón. Ejemplo, si la niña originaria de una comunidad indígena presta sus servicios en el hogar, difícilmente podrá ir y regresar a su destino el mismo día. Por consiguiente, residen en el mismo domicilio del patrón, esto conlleva que estas menores sean vulnerables a actos injustos y de explotación laboral o sexual, debido a que el patrón o empleador puede abusar de ellas en cualquier ámbito.

La pregunta que se pudieran hacer diputadas y diputados es ¿por qué trabajan las niñas? y ¿por qué viven en el domicilio del patrón?

La respuesta es: “ lamentablemente la Ley lo permite, tanto la Constitución y la Ley Federal del Trabajo lo avalan”, a continuación, voy a desglosar los artículos que permiten eso, a modo que visualicen todos los cambios qué debemos de hacer a un futuro.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.”

Ley Federal del Trabajo.

“Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para adolescentes menores de quince años;

Artículo 22. Los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley.

Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

Artículo 331 Bis.- Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de adolescentes menores de quince años de edad.

Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su contratación el patrón deberá:

I. Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo menos dos veces al año.

II. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circunstancia, las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis (36) horas semanales.

III. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la misma.

En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde realiza sus actividades y preste sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que el espacio en donde pernocte sea seguro.

Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad laboral competente.

Artículo 988.- Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán ocurrir ante el Tribunal competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

El Tribunal, inmediatamente de recibida la solicitud, acordará lo conducente.”

Estos artículos parecieran que sí se preocupan por el derecho de las niñas, niños y adolescentes, justifican y señalan que no se puede contratar a personas menores de 15 años; sin embargo, se olvidan qué de los 15 a los 17 años son adolescentes y señoritas que al no estipular bien sus funciones laborales se dejan vulnerables ante los abusos de un patrón.

Compañeras y compañeros diputados, yo les pudiera solicitar que de tajo debemos prohibir el trabajo para menores de edad, lo más razonable sería prohibir que menores de edad trabajen en cualquier ámbito y que únicamente se aboquen al derecho de estudiar, obligando que el Estado, tutores y padres garanticen ese derecho; sería una decisión drástica, yo pudiera proponer derogar todo el titulo quinto bis de la Ley Federal del Trabajo, desde el artículo 173 que habla de trabajo de menores de edad, pero estoy consciente que también hay menores de edad que necesitan el trabajo. Tanto en zonas rurales como urbanas hay señoritas y jóvenes que por “x” situación necesitan emplearse para subsistir, debido a que las condiciones de vida no les permite tener una ayuda de sus familiares o el gobierno.

Por esta situación reconozco el arduo trabajo que los menores de edad realizan en diferentes sectores laborales del país. Sería un poco irresponsable prohibir el trabajo en menores de edad, pero lo que sí podemos hacer estimados legisladores, es salvaguardar sus derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución para que el patrón no abuse de ellos laboral o sexualmente.

A mi criterio, no puede ser posible que se les permita pernoctar o residir en el mismo domicilio; a ellas se les contrata para unas funciones y terminan siendo víctima de explotación sexual, no lo digo yo, hay datos relevantes en el cual estas niñas son víctimas de diversos delitos.

Como bien describí a con antelación, la Ley Federal del Trabajo permite que ellas vivan en el mismo domicilio del patrón, pero en ningún momento se salvaguarda esa integridad.

Por esto anterior, quiero resumir qué es lo que dice la Ley y diferentes convenciones de derechos de las niñas, niños y adolescentes de las cuales México forma parte.

Con fecha del 2 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.

Con este Decreto se estableció que:

“ Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley. ...”

Con relación a las mujeres o señoritas mayores de 15 años y menores de 18 años, no se tomó en cuenta su derecho a la educación y al desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social atendiendo a su interés superior como lo dispone la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño, señala en el artículo 3, numeral 1:

“ En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del menor.”

Por otro lado, el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

“ en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.”

Con fecha del 16 de agosto del año 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado criterio, en los términos siguientes:

“Derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte.

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el -interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes-; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, -se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales-. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser:

(I) un derecho sustantivo;

(II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y

(III) una norma de procedimiento.

El derecho del interés superior del menor prescribe que se observeen todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, lo que significa que, encualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.”

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente en su articulado:

“Artículo 28

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación...

Artículo 31. Los Estados parte reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

Artículo 32

1. Los Estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”

Con fundamento en lo antes expuesto, se concluye que la niñez tiene derecho a estar protegido contra cualquier explotación, sin importar si son niñas, niños u adolescentes, ellos tienen derecho a la educación, al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también refiere del trabajo para menores de edad, aunque no lo prohíbe; solo aconseja salvaguardar esos derechos de las niñas trabajadoras, reconoce sus derechos a la educación, a una vida libre de violencia y al descanso y al esparcimiento, en los términos siguientes:

“Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables; y

Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento.”

Datos del Informe de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, refieren que México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil. Un total de 2 millones 217 mil 648 niños, niñas y adolescentes trabajan, lo que equivale a un 7.5 por ciento de la población infantil del país.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Cuadro tomado del informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Página 144.

“En el Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de 2017 se estima que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Esto representa una tasa de 11.0 por ciento.

Información del MIT de 2017 también permite estimar que 2.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años se encuentran ocupados en actividades económicas, esto representa una tasa de 7.9 por ciento. De ellos 2.1 millones laboran en trabajos no permitidos, 38.7 no cumple la edad mínima para laborar y 61.3 realiza trabajo peligroso.”

El trabajo en el hogar realizado por niñas, adolescentes u señoritas no mayores de edad y que interfiere en su educación y desarrollo optimo, es y será contrario al marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos de la niñez.

Como ya había señalado, los riesgos más frecuentes que enfrentan las y los adolescentes en el trabajo doméstico son: largas y extenuantes jornadas de trabajo, en la mayoría de los casos trato humillante, incluida la violencia física, verbal y el abuso sexual. Si a todo esto le sumamos que las niñas trabajadoras del hogar viven 24/7 en el domicilio del patrón, prácticamente se ofrece en charola de plata la vulnerabilidad del menor, para que se les cometan actos y delitos en contra de su propia integridad.

Con base en lo anteriormente y recapitulando lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y velando por el interés superior de la niñez; veo necesario presentar esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, para prohibir que las personas trabajadoras del hogar mayores de 15 y menores de 18 años residan en el domicilio donde realizan sus actividades. Esto no es con el objeto de perjudicar al patrón, es con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de las menores y evitar abusos sexuales.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma propuesta:

Para el Partido Verde Ecologista de México y una servidora, es necesario concertar que se respeten los derechos de los y las adolescentes trabajadoras, no soy de la idea de exponer y dejar en charola de plata la integridad de las niñas. Es de suma importancia velar por ese derecho, de hacerlo y reformar la Ley Federal del Trabajo podremos evitar un poco las injusticias sexuales que viven las trabajadoras del hogar en México.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de los menores

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 22, se adiciona un artículo 174 Bis y se reforma el penúltimo párrafo del artículo 331 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

...

...

Los mayores de quince y menores de dieciocho años por ningún motivo podrán pernoctar y/o habitar en el domicilio en donde realizan sus actividades o prestan sus servicios.

Artículo 174 Bis. Queda prohibido para los mayores de quince y menores de dieciocho años pernoctar y/o habitar en el domicilio en donde realizan sus actividades o prestan sus servicios.

Artículo 331 Bis.- ...

...

I. a III. ...

En el caso de contratación de adolescentes queda prohibido que pernocten y/o habiten en el domicilio en donde realizan sus actividades o prestan sus servicios.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley Federal del Trabajo: Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

2 Goldsmith, Mary. De sirvientas trabajadoras. La cara cambiante del servicio doméstico en la Ciudad de México. Disponible en:

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/index.php/debate_feminista/ article/download/432/369/691

3 Trabajadoras del hogar. Grupo vulnerable al maltrato y desigual laboral. Disponible en:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1405-94362020000100138

4 Diario Oficial de la Federación, 2 de julio de 2019. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564651&fecha =02/07/ 2019

5 Si eres persona trabajadora del hogar. Disponible en:

https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/preguntas

6 Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. Disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/ convention-rights-child

7 Artículo 4o. Constitucional. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

8 Tesis relevantes de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital /2019-09/TesisSegundaSaladel16deagostoal13deseptiembrede2019.pdf

9 Convención sobre los derechos del niño. Disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/ instruments/convention-rights-child

10 Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Disponible en:

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a820396 7-5a8b-4007-841b-290d70eed24c/content

11 Estadísticas a propósito del día mundial contra el trabajo infantil. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019 /infantil2019_Nal.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2025.– Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

«Iniciativa que adiciona el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para el fomento del arraigo y desarrollo de las personas jóvenes radicadas en zonas rurales y periurbanas, a cargo del diputado Gerardo Villarreal Solís, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Gerardo Villarreal Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 2024, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habitan 31 millones de personas jóvenes de 15 a 29 años. Lo que representa prácticamente 25 por ciento del total de la población que es de 129.7 millones de personas.

Se trata de un porcentaje de población muy importante, no sólo en virtud de la gran cantidad de mexicanas y mexicanos que se encuentran en ese rango de edades, sino también por el gran potencial de desarrollo que significan tantas personas jóvenes para nuestro país.

Cuando hablamos de la población general, en el país, prácticamente 8 de cada 10 viven en zonas urbanas y sólo 2 de cada 10 lo hacen en localidades consideradas como rurales por el Inegi, que son aquellas que tienen menos de 2 mil 500 habitantes.

En los jóvenes, la proporción es la misma, toda vez que hablamos que sólo 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años viven en el medio rural; pero en dichas comunidades, el envejecimiento poblacional es una situación que se ha venido acentuando en las últimas décadas.

Es un fenómeno global y nacional, lo cierto es que cada vez es más común encontrar localidades rurales con presencia mayoritaria de menores y adultos mayores, derivado de la gran cantidad de personas en edad productiva que migran a las ciudades u a otros países.

Los datos del Censo Nacional Agropecuario 2022 del Inegi muestran que, del total de puestos de trabajo que se generan en el sector primario, más de 72 por ciento corresponde a productores mayores de 45 años de edad.

Es así como la edad promedio de las personas que se dedican a la agricultura ronda los 50 años de edad y solo 1.7 de los más de 6 millones de jóvenes de 15 a 29 años que viven en el medio rural, lo que representa menos de una tercera parte, se dedican al sector primario.

En perspectiva de juventud, hablamos que de 31 millones de mexicanas y mexicanos de entre 15 y 29 años, únicamente 5.5 por ciento está ligado a la actividad del sector primario.

En el campo y en la ciudad las condiciones no son las mismas; aunque como país hemos avanzado mucho en asistencia, seguridad social y en educación; persisten retos significativos que nos llaman a redoblar esfuerzos de manera integral.

En datos de 2020; más de 90 por ciento de los jóvenes en comunidades rurales tienen un nivel de escolaridad de secundaria y menor; al tiempo que 97.4 por ciento de las y los jóvenes, económicamente activos, asegura tener alguna ocupación.

Sin embargo, entre 2015 y 2020, cuando se llevó a cabo el Censo Poblacional, se identificó una población juvenil migrante proveniente de comunidades rurales de más de 200 mil personas; 35 por ciento aseguró que se fue para reunirse con su familia, 24.4 por ciento porque se casó o unió, y 24.9 por ciento fue para buscar trabajo o estudiar.

Está documentado que la alta migración de los jóvenes del medio rural acaba teniendo efectos directos sobre las superficies sembradas y en la producción de alimentos. El Censo Nacional Agropecuario 2022 documentó que una de las causas por las que se deja de sembrar la tierra es por escasez de mano de obra (17.6 por ciento) y por productores en edad avanzada o con enfermedades (16.5 por ciento).

De ahí que en el último sexenio se implementaran acciones y programas para fortalecer la educación, la formación técnica, la empleabilidad, los ingresos, las habilidades de emprendimiento y la capacidad productiva de las y los campesinos mexicanos, y muy especialmente de los jóvenes; y estas tareas tienen que seguir fortaleciéndose con programas especiales y con acciones que fomenten de manera integral su arraigo y su desarrollo.

Es imprescindible que las actividades agropecuarias proporcionen los incentivos necesarios para retener y atraer a las y a los jóvenes en el medio rural.

Hoy programas de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de becas Benito Juárez, Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, entre otros, están diseñados o atienden de manera importante a la juventud rural, no obstante, es fundamental que se siga reforzando la política pública en la materia de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social.

El artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable versa sobre el impulso a las actividades económicas en el medio rural por todos los actores involucrados, y llama al incremento de la productividad y la competitividad con miras a fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores, ampliar los mercados agropecuarios, aumentar el capital natural para la producción, y la constitución y consolidación de empresas; todo ello, a través de una serie de acciones que enlista, pero en las que no se considera a las y los jóvenes que radican en el medio rural y en las zonas periurbanas, donde hablamos de comunidades que pudieran llegar a sobrepasar las 2 mil 500 personas que considera el Inegi por su cercanía con las cabeceras municipales, pero con una vocación productiva ligada al sector agropecuario.

De aprobarse esta iniciativa, de cara a la integración del Plan Nacional de Desarrollo para el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se reforzaría la visión de seguir haciendo todo por mejores condiciones de vida y de oportunidades de desarrollo para el arraigo de los jóvenes en las actividades ligadas al sector agropecuario.

De aprobarse esta reforma, se refuerza también el llamado a todas las dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, para que en sus programas y acciones prioricen a las y los jóvenes del medio rural, y también se llama al sector privado y social a unirnos en este esfuerzo.

Se trata de mejores condiciones para las personas jóvenes para emprender, para trabajar, para hacerse cargo de la unidad productiva, para capacitarse, y para mejorar sus habilidades y formación.

El campo hoy requiere perfiles más técnicos, demanda más profesionistas, y más trabajadores y emprendedores que estén al día con las nuevas tecnologías. El campo hoy llama a las y a los jóvenes de su país a no abandonarlo, y nos corresponde a todas y a todos generar las condiciones para que esto suceda a partir de programas y acciones específicas y transversales que atiendan prioritariamente a cada vez más jóvenes de las zonas rurales y periurbanas.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción XIV, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 32. ...

...

Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante:

I. a XII. ...

XIII. La conservación y mejoramiento de los suelos y demás recursos naturales ;

XIV. El fomento integral del arraigo y desarrollo de las personas jóvenes radicadas en zonas rurales y periurbanas, por medio del diseño e implementación de programas y acciones orientadas a promover su educación, formación técnica, empleabilidad, mejora de ingresos, fortalecimiento de habilidades emprendedoras y capacidad productiva; y

XV. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/ EAP_JUV24.pdf

2 https://www.cimmyt.org/es/noticias/los-jovenes-y-la-agricultura-sustentable/#:~ : text=En%20M%C3%A9xico%2C%20de%20acuerdo%20con,se%20dedican%20al%20sector%20prim ario.

3 https://www.gob.mx/siap/articulos/que-nos-dice-el-censo-de-poblacion-sobre-la-j uventud-rural-de-nuestro-pais?idiom=es

4 Idem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Gerardo Villarreal Solís (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados José Luis Hernández Pérez y Mayra Dolores Palomar González integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM

Los que suscriben, diputado José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputada Mayra Dolores Palomar González, del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México es importante promover una adecuada planificación y ordenamiento de las ciudades a fin de hacerlas accesibles para todos, considerando principalmente las actividades socioeconómicas, educativas, la vivienda, la movilidad y todas las funciones urbanas, por lo que es necesario se armonicen los usos del espacio público para dar prioridad al transporte público desde una visión inclusiva.

Es necesario contar con espacios de descanso adecuados tanto para personas en condiciones de discapacidad, como para todos los demás miembros de la sociedad, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectó que durante 2020 los traumatismos resultantes de los accidentes de tránsito representaron la tercera causa de muerte y discapacidad en el mundo.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en 2020 se estimó que en México cada día eran hospitalizadas mil 700 personas con lesiones severas y más de 100 enfrentaban discapacidad por la misma causa.

Un dato preocupante es que los traumatismos causados por accidentes de tránsito son la primera causa de discapacidad motriz entre jóvenes de 17 a 24 años.

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Los Accidentes de tránsito y la discapacidad, Disponible en: https://www.gob.mx/conadis/articulos/los-accidentes-de-transito-y-la-discapacid ad

Lamentablemente, los accidentes de tránsito generan en su mayoría lesiones y discapacidades a nivel de la estructura física del cuerpo y, en muchos casos, provocan otro tipo de discapacidades de orden sensorial, como: auditivas-visuales, y mentales: intelectuales, cognitivas, neurológicas o mixtas.

Por ello, contar con espacios de descanso en las carreteras federales permitirá no sólo espacios a las personas en condiciones de discapacidad, sino que también se contará con espacio para la prevención de accidentes.

No sólo es importante contar con el transporte adecuado, sino también contar con vías que permitan descansos para que, de manera incluyente, todas las personas puedan usarlas de manera segura.

De tal manera que, para promover políticas públicas en materia de movilidad, también es importante adecuar la infraestructura como detonador del desarrollo económico y social, que permita no sólo atender las necesidades de las personas en condiciones de discapacidad, sino mejorar el sistema de transporte del país.

La movilidad y la seguridad vial son parte de la reflexión, debate y diálogo que debe existir en la agenda pública, en donde las personas en condiciones de discapacidad deben estar incluidas.

Sin los descansos, rampas y banquetas referidos la situación en carreteras se vuelve un entorno de alta dificultad para la movilidad de las personas con discapacidad.

Por otro lado, es importante considerar que las personas con discapacidad no están limitadas para continuar con su vida y, en varias ocasiones, pueden conducir de manera segura al hacer modificaciones o agregar equipos adaptativos a sus vehículos. Estos avances se deben a que la tecnología ha mejorado y ha aumentado en disponibilidad y accesibilidad en cuanto se refiere a vehículos adaptados.

Si bien las tecnologías adaptativas han ampliado las oportunidades para que las personas con discapacidad conduzcan de manera cómoda y segura, es necesario que en las carreteras federales se cuente con los espacios, descansos y adecuaciones requeridas para la movilidad de todos de manera equitativa y con la misma libertad que ofrecen las carreteras abiertas.

Es deber del Estado garantizar que la movilidad esté al alcance de todas las personas sin distinción por razones de género, discapacidad o movilidad limitada de la población; este es un factor importante para promover avances en materia de infraestructura accesible e inclusión en el transporte y desplazamiento seguro para todas las personas usuarias.

Contar con carreteras federales accesibles permitirá que existan espacios de descanso con diversos elementos, por ejemplo:

• Corredores

• Pasillos

• Rampas

• Puertas

• Baños

• Superficies con piso firme

• Desniveles menores a 2 cm protegidos con un chaflán.

• Espacios con ayudas técnicas

• Iluminación sobre el espacio de desplazamiento.

Por lo anterior, es importante realizar adecuaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, las cuales se ilustran en el siguiente cuadro comparativo:

En virtud de lo aquí expuesto y fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción IV al artículo 2o., recorriéndose en su orden las subsecuentes, y se adiciona una nueva fracción V al artículo 5o., recorriéndose en su orden las subsecuentes, ambos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a III. ...

IV. Espacios Accesibles: Infraestructuras que cuenten con las características necesarias para la completa movilidad y descanso con periodicidad y en suficiencia de las personas con discapacidad.

V. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la carretera;

VI. Puentes:

a) y b) ...

VII. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VIII. Servicios Auxiliares: Los que, sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación;

IX. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;

X. Servicio de autotransporte de pasajeros: El que se presta en forma regular sujeto a horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos;

XI. Servicio de autotransporte de turismo: el que se presta en forma no regular destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia centros o zonas de interés;

XII. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;

XIII. Terminales: Las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de viajeros, y tratándose de autotransporte de carga, en las que se efectúa la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los vehículos destinados a este servicio;

XIV. Tránsito: La circulación que se realice en las vías generales de comunicación;

XV. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro;

XVI. Vehículo: Medio de transporte motorizado, incluidos los medios o remolques que arrastren; y

XVII. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se definen en el presente artículo.

Artículo 5o....

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Garantizar que los caminos cuenten con las características necesarias para la completa movilidad y descanso con periodicidad y en suficiencia de las personas con discapacidad.

VI. Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes; así como actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación;

VII. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes, así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares;

VIII. Derogada.

IX. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

...

...

X. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que se realicen las adecuaciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en el mismo.

Nota

1 Véase, “Los Accidentes de tránsito y la discapacidad”. Disponible en:

https://www.gob.mx/conadis/articulos/los-accidentes-de-transito- y-la-discapacidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada y diputado: Mayra Dolores Palomar González, José Luis Hernández Pérez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 61 y 67 de la Ley General de Salud, en materia de atención materno infantil y métodos de planificación familiar, a cargo de la diputada Cindy Winkler Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Cindy Winkler Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención materno infantil y métodos de planificación familiar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Introducción y contexto general

La salud reproductiva y mental es un derecho humano esencial que permite a las personas vivir de manera digna. En México, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tienen la responsabilidad de garantizar la atención integral, incluyendo la salud mental y la planificación familiar. Sin embargo, en los últimos años, se ha revelado un problema serio relacionado con la violencia obstétrica y la falta de un consentimiento informado adecuado, especialmente en el post-parto, lo que contribuye a trastornos como la depresión o psicosis post-parto.

El consentimiento informado es un derecho que permite a las personas recibir información clara sobre los procedimientos médicos. En el contexto de la maternidad, este derecho se ve vulnerado cuando las mujeres son presionadas para firmar documentos sin recibir información suficiente sobre métodos anticonceptivos post-parto, como el DIU o la ligadura de trompas de Falopio. Estas prácticas se enmarcan dentro de la violencia obstétrica, un fenómeno que afecta a muchas mujeres en las instituciones de salud en México.

La violencia obstétrica y la imposición de métodos anticonceptivos

La violencia obstétrica abarca diversas formas de maltrato, desde el trato despectivo hasta la realización de procedimientos sin consentimiento. Una de las formas más comunes es la imposición de anticonceptivos post-parto sin informar adecuadamente a las mujeres sobre las opciones disponibles ni los riesgos asociados. A menudo, las mujeres firman estos consentimientos bajo presión, sin tiempo para reflexionar sobre su decisión ni para comprender los efectos de los métodos.

Además, la depresión post-parto es una condición común que afecta a muchas mujeres y que, si no se trata, puede tener graves consecuencias tanto para la madre como para el niño. Este trastorno es uno de los predictores más importantes de la depresión durante el embarazo y puede aumentar el estrés y la desatención a la salud. En México, la depresión es la principal causa de discapacidad en las mujeres y sigue siendo un tema de salud pública que requiere atención urgente.

Es fundamental modificar el proceso de consentimiento informado en las instituciones de salud pública para garantizar que las mujeres tomen decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Además, es necesario implementar una atención psicológica obligatoria para prevenir y tratar la depresión post-parto, proporcionando un apoyo integral que permita a las mujeres abordar los cambios hormonales y emocionales que enfrentan durante y después del embarazo.

De acuerdo con diversos estudios y denuncias de organizaciones civiles, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), estas prácticas ocurren con frecuencia en instituciones de salud pública como el IMSS, donde el personal médico no siempre proporciona la información necesaria ni respeta el derecho de las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

El consentimiento informado en la actualidad: deficiencias y problemas

El consentimiento informado es un derecho fundamental, reconocido en la legislación mexicana y en tratados internacionales sobre derechos humanos. La Ley General de Salud establece en el cuarto párrafo del artículo 51 Bis 2 que “El consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona, manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud”, este consentimiento debe ser claro, escrito y basado en una información completa sobre los tratamientos, sus beneficios, riesgos y alternativas.

Por su parte, el quinto párrafo del citado artículo señala que todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible, la información veraz y completa, incluyendo los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, así como las alternativas de tratamiento para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. Además, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, que regula la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, establece entre diversos temas que las mujeres deben recibir información clara, completa y comprensible sobre los métodos anticonceptivos y se les debe ofrecer un espacio adecuado para tomar una decisión informada, tal y como se muestra a continuación:

5.5.20.7 Al final de este periodo, se debe valorar las condiciones clínicas para la aplicación de algún método anticonceptivo indicado en el post-parto inmediato, como es el dispositivo intrauterino, siempre y cuando se haya cumplido con el proceso de consejería y de consentimiento informado.

Sin embargo, en la práctica, muchas mujeres no reciben esta información de manera adecuada. Frecuentemente, los detalles sobre los métodos anticonceptivos se presentan de forma superficial, sin explicar adecuadamente sus riesgos y beneficios, lo que impide que las mujeres comprendan todas las alternativas disponibles. Además, la presión social y cultural a menudo las pone en una posición donde sienten que no pueden cuestionar las recomendaciones médicas.

Un estudio del colectivo Justicia Reproductiva reveló que muchas mujeres en hospitales públicos firmaron un consentimiento para métodos anticonceptivos sin estar suficientemente informadas sobre los riesgos y opciones. En muchos casos, se sintieron obligadas a aceptar un método como condición para ser dadas de alta, incluso si no estaban seguras de que fuera el adecuado para ellas.

Necesidad de una modificación en el consentimiento informado y atención física, psicológica y mental urgente

Es fundamental modificar el procedimiento de consentimiento informado en los centros de salud pública, especialmente en el IMSS e ISSSTE, para que las mujeres tengan control sobre su salud reproductiva y puedan tomar decisiones informadas sobre los métodos anticonceptivos. Además, es crucial brindar atención psicológica para prevenir y tratar la depresión post-parto.

La depresión post-parto es común y causa sufrimiento emocional en las madres, quienes pueden sentirse confundidas, culpables e incapaces de atender a sus hijos, lo que afecta su desarrollo físico y emocional. La depresión durante el embarazo es un predictor importante de la depresión post-parto, ya que incrementa el estrés asociado con los cambios biológicos y psicológicos del embarazo, además de influir en el descuido de la salud de la madre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la depresión uno de los trastornos más discapacitantes, especialmente en mujeres, con una prevalencia significativamente mayor que en los hombres, especialmente en el periodo reproductivo. La depresión post-parto es un problema de salud pública reconocido mundialmente por sus efectos negativos en la madre y el bebé. A pesar de la creciente investigación en otros países, México ha quedado rezagado en cuanto a atención e investigación sobre la salud mental perinatal.

Es necesario implementar políticas de salud que incluyan atención psicológica obligatoria para las madres durante el embarazo y el post-parto, con el objetivo de apoyar el cambio hormonal y emocional que enfrentan, así como garantizar que tomen decisiones informadas sobre su planificación familiar.

Realidad y contexto actual

Después de dar a luz, las mujeres tienen derecho a decidir sobre su salud reproductiva, incluido el uso de anticonceptivos; y recibir la atención y valoración necesaria a fin de prevenir o, en su caso, dar la atención médica necesaria si se presentan síntomas o señales de depresión post-parto o perinatal.

Sin embargo, en la práctica, en muchos hospitales públicos de México se presenta una situación en la que el consentimiento informado se solicita de forma automática y no siempre garantiza que las mujeres estén completamente informadas y, en su caso, no se encuentran en un estado psicológico adecuado para tomar una decisión al respecto sobre las implicaciones del método anticonceptivo propuesto y las necesidades de su recién nacido, además de que el estado emocional con todos los cambios hormonales aunados a situaciones personales y/o familiares influyen para atraer la aparición de dicho trastorno de depresión post-parto que afecta gravemente la salud mental. Por su parte, como ya se ha mencionado, la depresión post-parto es un problema de salud mental que afecta a muchas mujeres después del nacimiento de un hijo.

Algunos aspectos importantes sobre la depresión post-parto en el contexto mexicano incluyen:

1. Estigmas culturales: en algunas comunidades, hablar sobre problemas emocionales puede ser un tabú, lo que dificulta que las mujeres busquen ayuda.

2. Acceso a la atención: a pesar de que hay cada vez más conciencia sobre la salud mental, el acceso a servicios de salud mental puede ser limitado, especialmente en áreas rurales o marginadas. Esto puede dificultar que las mujeres reciban el apoyo que necesitan.

3. Factores de riesgo: algunas mujeres pueden ser más vulnerables a la depresión post-parto debido a antecedentes de trastornos mentales, falta de apoyo social, dificultades económicas, o experiencias traumáticas durante el embarazo o el parto.

Prácticas comunes en los centros de salud públicos

En los hospitales públicos de México se han documentado prácticas post-parto que no siempre respetan el derecho al consentimiento informado ni garantizan una atención adecuada a la salud mental de las mujeres. Muchas veces se imponen métodos anticonceptivos sin explicar previamente sus implicaciones, solicitando el consentimiento de las pacientes sólo después del procedimiento, en un momento de vulnerabilidad física y emocional. Además, se ejerce presión para que las mujeres tomen decisiones rápidas sobre su salud reproductiva, sin proporcionarles información suficiente sobre riesgos, alternativas o consecuencias.

En cuanto a la salud mental post-parto, aunque algunos hospitales han implementado herramientas para identificar riesgos de depresión y capacitar al personal en este tema, la atención varía considerablemente según la región. Hay esfuerzos por proporcionar servicios como consultas psicológicas, grupos de apoyo y seguimiento postnatal, pero la falta de recursos y el estigma asociado a la salud mental limitan su alcance generando que la calidad de la atención emocional y psicológica siga siendo insuficiente para muchas mujeres, especialmente aquellas que no pueden acceder a servicios privados.

Propuesta de reforma

La modificación a la fracción I del artículo 61 de la Ley General de Salud busca prevenir y, en su caso, dar el tratamiento necesario para atender la depresión post-parto o perinatal, abordando un aspecto esencial de la atención integral que se debe proporcionar a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. La atención a la depresión post-parto o perinatal forma parte de los cuidados psicológicos que, de acuerdo a lo establecido en la fracción I, son una parte fundamental de la atención integral que debe ofrecerse a las mujeres en este periodo. Dado que la depresión post-parto es una condición que afecta a muchas mujeres, su abordaje no sólo se limita a la atención física durante el puerperio, sino que también involucra la atención emocional y psicológica, que debe ser tratada de manera adecuada y oportuna para garantizar el bienestar tanto de la madre como de la persona recién nacida.

Por otro lado, la propuesta de reforma a la referida fracción expande el enfoque de la atención integral, cubriendo no sólo los aspectos físicos y psicológicos, sino también los aspectos mentales de la salud de la mujer, lo cual es clave en el abordaje de la depresión post-parto, ya que la salud mental de la madre tiene una influencia directa en su recuperación, su bienestar emocional y en su capacidad para cuidar de la persona recién nacida. Además, esta redacción destaca de manera clara la necesidad de prevenir y atender específicamente la depresión post-parto, una condición frecuente en este periodo, lo cual refuerza el compromiso con la salud integral de las mujeres.

La propuesta de adicionar un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes dentro del artículo 67 de la ley, busca asegurar que la información sobre los métodos anticonceptivos y la atención a la salud mental esté disponible de forma clara, accesible y adaptada a las necesidades individuales de cada mujer, sin presiones ni coerción. La clave de esta adición radica en los siguientes aspectos: libre consentimiento sin ningún tipo de coerción, ni de parte del personal médico ni del contexto social; información clara y completa incluyendo los beneficios, riesgos, y posibles efectos secundarios; autonomía reproductiva, permitiendo a las mujeres decidir cuándo y cómo quieren utilizar métodos anticonceptivos, sin sentirse presionadas ni influenciadas por el personal de salud; y asesoramiento individualizado, que tenga en cuenta sus características personales, antecedentes médicos, necesidades hormonales y preferencias, para garantizar que el método anticonceptivo elegido sea el más adecuado para su salud y bienestar.

A continuación, se inserta el siguiente cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de atención materno infantil y métodos de planificación familiar

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 61; y se adiciona un nuevo tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al artículo 67 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

...

I. La atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención física, psicológica y mental que requiera, a fin de prevenir y atender la depresión post-parto;

I Bis. a VI. ...

Artículo 67. ...

...

Cuando las mujeres ingresen a las clínicas correspondientes al momento del parto, no serán obligadas a firmar el consentimiento informado, a menos que dicho consentimiento haya sido pactado durante el embarazo.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha =07/04/2016#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Cindy Winkler Trujillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Gabriela Benavides Cobos, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Juan Luis Carrillo Soberanis, María del Carmen Nava García, Alejandro Pérez Cuéllar, María del Carmen Cabrera Lagunas, Hilda Magdalena Licerio Valdés, José Antonio Gali López, María del Carmen Pinete Vargas, Oscar Bautista Villegas, Fátima Almendra Cruz Peláez, Celia Esther Fonseca Galicia, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Carlos Arturo Madrazo Silva, Alejandra Chedraui Peralta, Jonathan Puertos Chimalhua, Alejandro Avilés Álvarez, Mayra Espino Suárez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, Felipe Miguel Delgado Carrillo, Ricardo Astudillo Suárez, Luis Enrique Miranda Barrera, Raúl Bolaños-Cacho Cué, María Leonor Noyola Cervantes, María Graciela Gaitán Díaz, Azucena Huerta Romero, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, Mario Alberto López Hernández, Ricardo Madrid Pérez, Santy Montemayor Castillo, Blanca Esthela Hernández Rodríguez y Fausto Gallardo García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el apartado A, fracción IV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reducción de la jornada laboral constituye una transformación fundamental en la organización del trabajo que va más allá de una simple disminución de horas laborales. Se define como una modificación contractual que reduce el tiempo efectivo de trabajo sin comprometer necesariamente la remuneración o los derechos laborales fundamentales, pudiendo implementarse mediante la reducción de horas diarias, la disminución de días laborables semanales o una combinación de ambas modalidades.

En nuestro país, el derecho al trabajo digno se encuentra consagrado en la Carta Magna, en su artículo 123, donde se establecen claramente las bases fundamentales para la protección de todos los ciudadanos, el cual a la letra señala:

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”.

Este precepto refleja la obligación del Estado con las personas trabajadoras, enfatizando la importancia de un marco legal sólido que fortalezca a las sociedades democráticas modernas. El trabajo tiene roles muy importantes: primero como un derecho fundamental de todo individuo en edad de trabajar y, segundo, como una herramienta esencial del desarrollo social y humano de cualquier nación.

Un trabajo digno es aquel que origina un salario honesto, protege los derechos, garantiza igualdad de género o asegura protección laboral, es decir, permite vivir a la persona y a su familia en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación o sanidad.

Así pues, en 2023, México fue testigo de una serie de propuestas legislativas para mejorar las condiciones laborales. El gobierno cumplió su compromiso para transformar el mundo del trabajo en favor de las trabajadoras y los trabajadores de todo el país. Además, sentó las bases para revertir la nociva herencia neoliberal, periodo durante el cual fueron limitados los derechos políticos, sociales y laborales de varias generaciones de mexicanas y mexicanos.

Cabe destacar que los cambios realizados en materia laboral a lo largo del primer gobierno de la transformación de la vida pública del país (y ahora con la continuidad de este proyecto humanista) son integrales y su impacto se puede apreciar en la calidad de vida de millones de mexicanos y mexicanas.

En este contexto, la política gubernamental incrementó el salario mínimo, lo cual permitió la recuperación de 116 por ciento de su poder adquisitivo, pasando de 88 pesos diarios al principio del sexenio a 249 pesos en 2024 (y en la frontera norte se recuperó en 226 por ciento, pasando de 88 pesos diarios a 375), esto permitió que de los 5.1 millones de personas que salieron de la condición de pobreza entre 2018 y 2022, 4.1 fueran atribuidos al aumento del salario mínimo. Además, se redujo 25 por ciento la brecha de género en materia de ingreso entre hombres y mujeres. A estos resultados se suman la ampliación del periodo de vacaciones de 6 a 12 días cumplido el primer año de trabajo, la prohibición del outsourcing, la norma que prohíbe el trabajo infantil en el sector agropecuario, la norma que regula el teletrabajo y la última de las reformas transformadoras que regula el empleo en plataformas digitales.

México debe seguir realizando acciones importantes hacia la modernización de sus condiciones laborales con la propuesta de reducir la jornada laboral máxima de 48 horas de trabajo a la semana. Este cambio está en sintonía con las dinámicas globales que buscan equilibrar la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Además, la reforma está alineada con las tendencias internacionales, incluyendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual promueve la jornada laboral de 40 horas.

Cabe destacar que la jornada laboral ha sido materia importante de conquistas sociales a lo largo de la historia. Es por ello que trabajar 48 horas semanales comenzó a ser vista como una arbitrariedad laboral e inapropiada desde el punto de vista de los sindicatos; esto debido a que contemplaba la inclusión del sábado como un día laboral obligatorio. Desde hace seis décadas, se recomienda que trabajar 40 horas semanales es el escenario ideal.

Beneficios en la reducción de la jornada laboral

Una jornada laboral semanal más corta claramente genera un impacto en la productividad que compensa los efectos en costos empresariales o en los salarios de los trabajadores. En este sentido, las políticas públicas de la Presidenta Claudia Sheinbaum están enfocadas en un México más justo y equitativo, en encontrar el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida diaria de las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, en armonizar la capacidad de combinar con éxito el trabajo y los compromisos familiares.

En 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT publicaron un informe sobre los riesgos para la salud por el exceso de trabajo. El informe encontró que trabajar muchas horas, más de 55 horas a la semana, provocó 745 mil muertes por accidente cerebrovascular y enfermedad cardiaca en 2016, un aumento de 29 por ciento desde el año 2000. En el informe publicado por la OMS y la OIT, la mayoría de las muertes relacionadas con el exceso de trabajo se produjeron en trabajadores mayores de 60 años, quienes habían declarado trabajar 55 horas o más cuando eran más jóvenes.

En este orden de ideas, la obligación del Estado mexicano es la de garantizar la salud física y mental de sus ciudadanos. Esto implica una responsabilidad para fortalecer las políticas públicas oportunas e incluyentes que se adapten a las necesidades de una sociedad cambiante, llena de contrastes y en plena transformación.

Ahora bien, reducir la jornada laboral en México y darles a los trabajadores y las trabajadoras mexicanas el derecho a un descanso de fin de semana, así como la reducción de horas en la semana laboral puede tener beneficios importantes en materia de productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades y bienestar no material.

Un aspecto que resulta vital en el equilibro laboral y personal es el número de horas que una persona trabaja. La evidencia sugiere que un horario de trabajo largo puede resultar perjudicial para la salud personal. Sólo para dar un ejemplo, hay un aumento significativo en el nivel de estrés, así como en la ansiedad, además de problemas como la lumbalgia y la hipertensión arterial.

En este contexto, se destaca que México es el país con el porcentaje más alto de personas que trabajan de manera remunerada por muchas horas, con 27 por ciento, seguido por Turquía, con cerca de 25 por ciento y Colombia, con casi 24 por ciento de sus empleados. En general, un mayor número de hombres trabajan de manera remunerada por más horas; el porcentaje de hombres empleados que tienen un trabajo remunerado con horarios muy largos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de casi 15 por ciento, en comparación con cerca de 6 por ciento en el caso de las mujeres.

Comparativos internacionales

Un comparativo de lo que sucede con las horas de trabajo a nivel internacional establece que las jornadas de trabajo tienden a ser más extensas en el sur y en el este de Asia, en tanto que en los países que se encuentran en el continente europeo son más cortas. Ahora bien, los países del continente europeo que cumplen con una jornada de trabajo de menos de 40 horas a la semana son los siguientes:

• Bélgica, cuya jornada laboral estándar es de 38 horas semanales u 8 horas diarias.

• Francia registra 35 horas semanales, que equivalen a 7 horas al día, cinco días a la semana. En el caso de este país, la normativa se implementó en el año 2000 con el objetivo de reducir el desempleo y mejorar la conciliación laboral y familiar.

• Alemania, que oscila entre 37 y 40 horas, con una media de 37.7 horas a la semana.

• Y finalmente, Países Bajos, en donde la jornada laboral a tiempo completo es de 36 a 40 horas semanales, de lunes a viernes.

Contrario a lo que sucede en otros continentes, en Latinoamérica la medición contempla una jornada de trabajo por arriba de las 40 horas por semana. Esto se refleja en el siguiente gráfico:

Trabajar ocho horas al día no significa necesariamente que estamos haciendo más trabajo que si estuviéramos en la oficina por menos tiempo. Es difícil mantener el enfoque cuando falta energía y un largo día de trabajo a menudo significa que los empleados entran al trabajo sintiéndose agotados, lo que resulta en un rendimiento laboral deficiente y un aumento en los niveles de estrés laboral. Jornadas más cortas pueden llevar a que los empleados tengan el tiempo de inactividad que necesitan para activarse, llegando así a la oficina sintiéndose renovados y llenos de energía.

A continuación, se muestra un cuadro que refleja el número de horas trabajadas en los países que conforman la OCDE.

Estos gráficos nos permiten entender que la evidencia empírica demuestra que las empresas que han implementado jornadas reducidas experimentan mejoras significativas en la satisfacción laboral, retención de talento humano y productividad general, mientras atienden las crecientes demandas de una fuerza laboral que busca un mejor equilibrio entre vida personal y profesional. Esta evolución natural del mercado laboral fortalece la competitividad empresarial a largo plazo y contribuye a crear entornos laborales más sostenibles y humanos, respaldados por acuerdos formales que especifican las nuevas condiciones de trabajo.

Además, trabajar jornadas laborales razonables no sólo aumenta el bienestar de los trabajadores; mejora los esfuerzos de contratación y retención de los empleados; aumenta las tasas de empleo de las mujeres; desarrolla una fuerza laboral diversificada; mejora la toma de decisiones familiares; promueve la salud física y mental; reduce los costos de salud y mejora los servicios públicos, lo que detona una mejora significativa en la eficiencia de los sistemas de transporte y un incremento en la sostenibilidad ambiental.

Al impulsar un cambio positivo hacia una jornada laboral más corta, la movilidad urbana mejorará, podremos construir ciudades más habitables, sostenibles y equitativas. Esto implica la promoción de alternativas de transporte más sostenibles, la inversión en infraestructura adecuada, la adopción de políticas laborales flexibles y el fomento de una cultura laboral que valore el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Por el contrario, la cultura de horarios laborales prolongados puede generar deserción; aumentar los riesgos de accidentes en el trabajo; fomentar la vida sedentaria; aumentar los riesgos de enfermedad; incrementar el estrés; elevar los costos de salud pública y agravar los desafíos que presenta el envejecimiento de la población.

El círculo virtuoso

México está trabajando en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Aun cuando en un principio el proceso de reducción de la jornada laboral se perciba como un aumento en los costos para las empresas, es sólo una mala percepción de los beneficios globales de la reforma. Estas reducciones en tiempo suelen ir de la mano con aumentos proporcionales de la productividad. Hagamos la siguiente reflexión: ¿Qué sucede con las empresas? En primer lugar, se obliga a los empleadores que estaban en una cierta inercia a innovar y encontrar formas más efectivas de trabajar. En segundo término, un trabajador con mayor disponibilidad para descansar tiende a ser más productivo, enfermándose menos y rindiendo mejor en su labor.

Además, uno de los mayores incentivos para la reducción de la jornada está en el cuidado y rendimiento del talento y en el incremento del mismo. Alemania, por ejemplo, trabaja menos de 40 horas a la semana, siendo el país de la OCDE que menos horas trabaja y es conocido por su alta productividad. Este desafío de mejorar la productividad en Latinoamérica se aborda mediante educación, innovación y, no menos importante, cambios en la legislación laboral.

Países pioneros

Desde 1962, la OIT recomendó la reducción de la jornada laboral, advirtiendo que los mexicanos mantienen desequilibrios notables entre la vida personal y profesional. Esto representa para México la gran oportunidad de ser un pionero en aprobar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, convirtiéndose en el tercer país de América Latina en aprobar esta medida trascendental.

El primero en dar el salto fue Ecuador. Por su parte, la Ley 2101 de 2021 estableció la reducción gradual de la jornada máxima legal de trabajo en Colombia de 48 horas semanales a 42 horas semanales. Sin perjuicio de la posibilidad que tienen los empleadores de implementar de manera anticipada la reducción a 42 horas semanales, la ley estableció la alternativa de implementar la reducción de manera gradual de la siguiente manera:

• A partir del 15 de julio de 2023, reducción de 1 hora, quedando la jornada máxima en 47 horas semanales.

• A partir del 15 de julio de 2024, reducción de 1 hora, quedando la jornada máxima en 46 horas semanales.

• A partir del 15 de julio de 2025, reducción de 2 horas, quedando la jornada máxima en 44 horas semanales.

• Finalmente, el 15 de julio de 2026, con la reducción de 2 horas adicionales se alcanza la jornada máxima de 42 horas semanales.

En el marco de esta regulación se estableció particularmente que la reducción de la jornada no implicaría una disminución del salario o una afectación de los derechos y garantías de los trabajadores.

Otra de las reformas laborales recientes se encuentra en Chile, país que, en abril de 2023, dio luz verde a la propuesta de reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas. Esta reforma no se dio de manera inmediata. Las horas de trabajo se reducirán gradualmente en un plazo de cinco años, como se muestra a continuación:

• La primera etapa de implementación tuvo lugar el 26 de abril de 2024, fecha en que se redujo en 1 hora la jornada ordinaria máxima de trabajo, pasando de 45 a 44 horas semanales.

• La segunda fase se materializará a partir del 26 de abril de 2026, donde la jornada ordinaria de trabajo máxima se reducirá en 2 horas, pasando de 44 a 42 horas semanales.

• Finalmente, la tercera etapa de implementación será el 26 de abril de 2028, en donde la jornada ordinaria de trabajo llegará al máximo de 40 horas semanales.

En este sentido, la presente propuesta de reforma a la Carta Magna marcará un suceso histórico y significativo en la vida laboral de los trabajadores y las trabajadoras, ya que México no ha reformado la jornada laboral de fondo desde la Revolución Mexicana, es decir, han pasado 116 años desde la última reforma constitucional en materia de jornada laboral.

Por todo lo antes expuesto, el Partido Verde presenta una propuesta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de continuar con los logros de esta época transformadora que tiene como objetivo fomentar los derechos de justicia social para todos y todas. Esta reforma contempla aumentar los descansos semanales de uno a dos días y reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. En otras palabras, se busca que la jornada laboral comprenda 5 días laborables con 2 días de descanso obligatorio. Para un mejor entendimiento se presenta un cuadro comparativo entre el texto legal vigente y lo aquí planteado.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el Apartado A, fracción IV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el Apartado A, fracción IV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. a III.

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos.

V. a XXXI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 365 días naturales siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente decreto, en un plazo que excederá de seis meses a partir de la entrada en vigor del mismo.

Notas

1 Véase, Reducción de jornada laboral: ¿Cuáles son los beneficios? Disponible en:

https://runahr.com/mx/recursos/hr-management/reduccion-de-jornad a-laboral/#:~: text=Aumentar%20la%20productividad%20mediante%20la,a%20trav%C3%A9s%20del%20desc anso%20adecuado

2 Véase, Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 Véase, Gobierno de México. Disponible en:

https://www.gob.mx/stps/prensa/gobierno-de-mexico-cumplio-compro miso-de-transformar-el-mundo-de-trabajo?idiom= es#:~: text=El%20Gobierno%20de%20M%C3%A9xico%20cumpli%C3%B3,generaciones%20de%20mexica nas%20y%20mexicanos.

4 Véase, Gobierno de México. Disponible en:

https://www.gob.mx/stps/prensa/gobierno-de-mexico-cumplio-compro miso-de-transformar-el-mundo-de-trabajo?idiom= es #:~: text=El%20Gobierno%20de%20M%C3%A9xico%20cumpli%C3%B3,generaciones%20de%20mexica nas%20y%20mexicanos.

5 Véase Reducción de Jornada de Trabajo: Una tendencia global que llega a Latinoamérica.

https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/reduccion-jornada-trabaj o-tendencia-global-llega-latinoamerica#:~: text=La%20 Ley%20N%C2%BA%2021.561%2C%20publicada,45%20a%2040%20horas%20semanales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Gabriela Benavides Cobos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE PLANEACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Sistema Nacional de Planeación Democrática tiene su origen en 1983 con las reformas a los artículos 25 y 26 de la Constitución, por las cuales se otorgó al Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de un sistema que refleje en sus objetivos los fines del proyecto nacional determinados por la Constitución.

La propia Constitución, en su artículo 26, Apartado A, párrafo segundo, establece que la planeación debe ser democrática y deliberativa, a través de mecanismos de participación que permitan recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas que deriven del mismo. Mientras que en el párrafo cuarto se señala que, en el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

En ese sentido, la redacción vigente en el artículo 20, párrafo segundo de la Ley de Planeación, relativo a la participación social en la planeación señala que, además de participar en los foros de consulta que organice el Ejecutivo, las organizaciones representativas de diversos sectores de la sociedad también podrán participar en los foros que organicen los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Sin embargo, en el artículo 21 se establece el siguiente proceso de aprobación:

“ Artículo 21. El presidente de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el plan se entenderá aprobado en los términos presentados por el presidente de la República.

La aprobación del plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.

La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional del presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

El plan se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha de su aprobación.

La categoría de plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.”

El párrafo segundo establece la posibilidad de una aprobación ficta, en caso de que el Congreso no se pronuncie al respecto del plan, circunstancia que de presentarse anularía por completo la participación del Poder Legislativo, por lo que resulta preferible eliminar dicha posibilidad de la redacción para que el Congreso no tenga la posibilidad de omitir pronunciarse al respecto.

Además, en el tercer párrafo se establece que la aprobación del plan por parte de la Cámara de Diputados únicamente consiste en verificar que el instrumento incluya los fines del proyecto nacional y en caso de no hacerlo, la única posibilidad consiste en devolverlo al Ejecutivo para su adecuación, sin tener tampoco posibilidad de adicionar o modificar el plan, por lo que bajo el proceso vigente la aprobación por parte de la Cámara de Diputados se reduce a un trámite estéril de recepción y devolución.

Sin embargo, en el citado párrafo no se establece la obligación de que el Plan cumpla con los requisitos formales establecidos por la Constitución y por la propia Ley de Planeación, por ejemplo, criterios de instrumentación, control y evaluación, órganos responsables, objetivos, metas, estrategias y prioridades, entre otros. Por ello, resulta también indispensable que la Cámara de Diputados tenga facultad para verificar el cumplimiento de los requisitos formales que debe contener el plan.

Además, considerando que el Congreso puede también llevar a cabo foros de consulta para recibir propuestas y opiniones de la sociedad civil, es necesario que la Cámara de Diputados tenga también facultad para modificar el contenido del Plan, en atención a las aportaciones recibidas durante los foros de consulta, pues bajo el procedimiento vigente dichas aportaciones son testimoniales.

Las señaladas deficiencias en el procedimiento vigente de aprobación del plan se hicieron evidentes durante el proceso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pues en esa ocasión la Secretaría de Hacienda preparó un proyecto que sí acreditaba los requisitos dispuestos por la ley, documento que fue desechado por indicaciones del presidente de la República, quien presentó un documento que no cumplía con ninguno de dichos requisitos.

El entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, relata lo sucedido que también le llevó a presentar su renuncia, apenas unos meses después de haber iniciado en su encargo:

“... muy cerca del 30 de abril, la fecha límite para mandar a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo propuesto, el presidente informó a quien esto escribe que ese documento sería reemplazado por uno de su propia creación. Me atreví entonces a comentarle que a mi parecer su trabajo no era un plan, sino más bien un manifiesto político y que como tal podría constituir un largo prefacio del otro. Pero no fue aceptada mi propuesta; un secretario de Estado no es, después de todo, más que un secretario. Y así, al regresar a mi oficina del propio Palacio Nacional comencé a calcular las cajas que iba a requerir para desocuparla.”

En el caso de la Cámara de Diputados, se llevaron a cabo también foros temáticos de consulta a los que acudieron personas especialistas, representantes de la sociedad civil y funcionarios, quienes llevaron a cabo diversos análisis y formularon propuestas para mejorar el documento a discusión.

Lamentablemente, nada de lo expuesto ni propuesto durante dichos foros de consulta fue incorporado al contenido del documento final, así como también sucedió con lo aportado durante los foros que en esa ocasión organizó el Poder Ejecutivo a través de distintas dependencias, convirtiendo en letra muerta las cualidades de democrático y deliberativo que la Constitución dispone para el sistema de planeación y desdeñando las aspiraciones y demandas de la sociedad que debían ser incorporadas al Plan, el cual fue aprobado en sus términos.

La estructura y contenido deficientes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 también repercutieron negativamente en la formulación de los programas transversales, especiales, sectoriales, regionales e institucionales que deben derivar del mismo y debieron ser integrados en condiciones de incertidumbre ante la absoluta omisión de objetivos, metas, estrategias, entes responsables y demás requisitos que establece la ley.

Por lo anterior, resulta impostergable ampliar y clarificar en la Ley de Planeación las facultades del Poder Legislativo en la aprobación del plan y con ello subsanar las omisiones señaladas y garantizar que la naturaleza del mismo sea de auténtica democracia y deliberación y no un manifiesto político unilateral.

En ese sentido, la presente iniciativa propone reformar el artículo 21 de la Ley de Planeación para que la Cámara de Diputados tenga un papel de auténtica contribución y deliberación en el proceso de aprobación del plan nacional de desarrollo, así como garantizar que las aportaciones y propuestas formuladas desde la sociedad civil, sean debidamente valoradas e incorporadas en el documento final, tal y como lo mandata nuestra Constitución.

Para claridad de la propuesta, se incluye el siguiente comparativo:

Ley de Planeación

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación

Artículo Único. Se reforma el artículo 21 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 21. La persona titular de la presidencia de la República enviará el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará , por mayoría calificada, el Plan Nacional de Desarrollo dentro del plazo de dos meses contado a partir de su recepción.

La aprobación del plan por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple con los requisitos señalados por la propia Constitución, esta Ley e incorpora las aspiraciones y demandas de la sociedad, de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, expresadas durante el proceso de consulta. En caso de que el Plan Nacional de Desarrollo no cumpla con lo anterior, la Cámara de Diputados devolverá el mismo a la persona titular de la presidencia de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.

La Cámara de Diputados realizará las modificaciones y adecuaciones necesarias para incorporar las demandas de la sociedad que surjan de su propio proceso de consulta.

La vigencia del plan no excederá del periodo constitucional de la persona titular de la presidencia de la República. Sin perjuicio de lo anterior, deberá contener consideraciones y proyecciones de por lo menos veinte años, incluyendo previsiones en el marco de la emergencia climática, para lo cual tomará en consideración los objetivos generales de largo plazo que, en su caso, se establezcan conforme a los tratados internacionales y las leyes federales.

El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país, contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

El plan se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha de su aprobación.

La categoría de plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Urzúa. Carlos M. “El asunto del Plan Nacional de Desarrollo (II)” El Universal. México, 2019. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/carlos-m-urzua/nacion/e l-asunto-del-plan-nacional-de-desarrollo-ii/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMU-NICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

«Iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de maltrato animal, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel , diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de distribución de contenido en materia de maltrato animal, considerando la siguiente:

Exposición de Motivos

Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel central en la difusión de información, ideas y contenido que conecta a millones de personas en todo el mundo actualmente.

No obstante, también han abierto la puerta a la proliferación de material que normaliza o promueve conductas violentas e inhumanas, entre las que destaca el maltrato animal. Lo que no solo representa una violación de los derechos de los animales, sino que también fomenta una cultura de insensibilidad y violencia.

El maltrato animal es un problema ético y legal ampliamente reconocido a nivel global. Diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978, y normativas nacionales en muchos países, buscan erradicar este tipo de violencia.

Sin embargo, la circulación de videos, imágenes y transmisiones que muestran actos de crueldad contra animales sigue siendo alarmantemente común en las redes sociales.

La exposición constante a este tipo de contenido no solo perjudica a quienes lo consumen, sino que refuerza comportamientos dañinos en quienes lo producen y comparten, generando un ciclo de normalización de la violencia.

Y si a ese esquema de socialización se le suma la inacción de las plataformas en la prevención y eliminación de este contenido las convierte en cómplices indirectos de dichas prácticas.

En muchos países, el maltrato animal está tipificado como delito en sus códigos penales y legislaciones secundarias. No obstante, el marco jurídico vigente no aborda con suficiente claridad la responsabilidad de las plataformas digitales en la difusión de este contenido.

Esto genera un vacío legal que permite que estas empresas evadan cualquier consecuencia, a pesar de que sus propias políticas de uso generalmente prohíben la publicación de contenido violento o que incite al odio.

Es necesario que se garantice que las plataformas digitales cumplan con su responsabilidad social y jurídica, protegiendo tanto a los animales como a las comunidades digitales.

Eso es lo que motiva la formulación y presentación de este proyecto, que tiene como propósito establecer sanciones claras y proporcionales para las plataformas que permitan la distribución de contenido que promueva, muestre o trivialice el maltrato animal.

El objetivo es que se llegue a un escenario en el que:

1. Se fomente la implementación de mecanismos efectivos de detección y eliminación de contenido relacionado con el maltrato animal.

2. Se promueva la colaboración entre las plataformas digitales, autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

3. Se garantice el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional relacionada con el bienestar animal.

4. Se limite o elimine la producción y distribución de contenido violento contra animales.

La regulación de las plataformas digitales en este ámbito tendría un impacto positivo en varios niveles:

1. Protección de los derechos de los animales: Reducirá la exposición y normalización de actos de crueldad, desincentivando estas prácticas.

2. Fortalecimiento del tejido social: Fomentará una cultura de respeto, empatía y responsabilidad hacia los seres vivos.

3. Responsabilidad corporativa: Obligará a las plataformas a implementar medidas más robustas para moderar su contenido, asumiendo un compromiso ético en su operación.

Con esta iniciativa, en lo absoluto se busca limitar la libertad de expresión, sino establecer un equilibrio entre este derecho fundamental y la necesidad de combatir la violencia en todas sus formas, incluyendo el maltrato animal.

Al sancionar a las plataformas que permitan la difusión de este contenido, se avanza en la construcción de una sociedad más consciente, justa y respetuosa con todos los seres vivos.

Por lo expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretenden llevar a cabo, se presenta el siguiente cuadro:

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se modifican los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de distribución de contenido en materia de maltrato animal

Único. Se reforma el artículo 309 y se adiciona un inciso D) al artículo 308 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 308. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo siguiente:

A) a C)...

D) Con multa por el equivalente de 3 por ciento hasta 7 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por permitir la transmisión o distribución de contenido audiovisual en el que se evidencien actos en los que se incurra en maltrato a cualquier especie animal y no tenga algún fin destinado a la denuncia y en el que se censure el material sensible.

...

Artículo 309. En el caso de las infracciones previstas en el artículo anterior, para la imposición de las sanciones se considerará la intencionalidad del infractor. Exceptuando lo contenido en el inciso D), el cual será aplicado directamente sin considerar intencionalidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las treinta y dos legislaturas locales deberán modificar su legislación en la materia y adaptarla a lo previsto en el presente decreto en un plazo máximo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, en materia de sanciones por ejercicio de la salud mental sin título profesional o cédula, considerando la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud mental constituye un pilar fundamental para el desarrollo social y personal de los individuos. Pues no se puede concebir la construcción de un individuo sin la constitución de una salud integral en la que su salud mental sea debidamente atendida.

Sin embargo, recientemente han proliferado personas que sin la debida formación académica ni acreditación profesional están ofreciendo servicios destinados a la atención de la salud mental, exponiendo a los usuarios a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados o incluso a un daño psicológico irreversible.

El artículo 79 de la Ley General de Salud establece que el ejercicio profesional en el área de la salud debe estar respaldado por un título y cédula profesional registrados ante las autoridades competentes, como se cita a continuación:

Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, partería profesional, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Sin embargo, las sanciones actuales, contenidas en el artículo 421 de esta misma ley y que se complementan por el artículo 250 del Código Penal Federal, resultan insuficientes para sancionar debidamente estas prácticas ilícitas, que atentan contra el derecho a una atención adecuada y profesional.

El ejercicio ilegal de profesiones en salud mental no sólo pone en riesgo la integridad emocional y física de las personas, sino que además desacredita la labor de profesionales con la debida y necesaria capacitación en la materia.

Entre las consecuencias de estas prácticas ilegales se encuentran:

• Diagnósticos erróneos o terapias inadecuadas que empeoran las condiciones de los pacientes.

• En casos graves, como planteamientos suicidas o trastornos severos, una atención no calificada puede derivar en la pérdida de vidas humanas.

• Cobro de servicios sin garantizar estándares de calidad profesional.

Por eso la necesidad de reformar la legislación vigente para endurecer las penas, no con un motivo punitivo, sino con el fin de que la pena sea lo suficientemente considerable para desincentivar esta práctica ilegal. Así como el cuidado de los derechos de las personas para recibir servicios de salud de calidad y la dignificación de las profesiones relacionadas con la salud mental.

Este proyecto no sólo refuerza el cumplimiento de la ley, sino que responde a una demanda social apremiante en un contexto donde los índices de trastornos mentales están en aumento.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, de enero a septiembre de 2024, se atendieron a 303 mil 356 personas (205 mil 336 mujeres y 98 mil 20 hombres) por distintas condiciones de salud mental en el Sistema de Salud. Las condiciones más prevalentes fueron la ansiedad (52.8 por ciento) y la depresión (25.1 por ciento).

Por eso la necesidad de actualizar el marco legal y endurecer las sanciones, con el fin de salvaguardar la salud mental, la dignidad y la vida de las y los mexicanos.

Por lo expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretenden llevar a cabo, se presentan los siguientes cuadros:

Ley General de Salud

Código Penal Federal

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se modifican los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, en materia de sanciones por ejercicio de la salud mental sin título profesional o cédula

Primero. Se reforma el artículo 422 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 422. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de esta ley.

Segundo. Se reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 250. Se sancionará con prisión de tres a diez años y multa de trescientos a quinientos días a quien:

I. a IV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04_DATOS_SM_2024.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE EVALÚE LA VIABILIDAD DE DECLARAR COMO ZONA NATURAL PROTEGIDA A LA REGIÓN INDÍGENA DE LA CHINANTLA OAXAQUEÑA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a través de la Conanp, a realizar un estudio técnico para evaluar la viabilidad de declarar como Zona Natural Protegida, con el carácter de santuario o parque nacional, a la región indígena de la Chinantla Oaxaqueña con una superficie de 4, 596 km2, considerando para ello una subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio susceptible de esta denominación, a cargo de la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las áreas naturales protegidas se definen acorde a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático.

El establecimiento de estas áreas tiene por objeto:

• Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

• Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial.

• Asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.

• Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional.

• Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En este contexto, Oaxaca es una de las regiones mexicanas con más biodiversidad en materia ecológica. La presencia de más de 12 mil 500 especies de flora y fauna convierten a Oaxaca en el estado con mayor biodiversidad de la República Mexicana. Motivo por el cual, es necesario promover este tipo de instrumentos derivado de las oportunidades que representa este territorio estatal.

Dentro de estos espacios, destaca la región étnica de la Chinantla oaxaqueña, misma que pertenece a uno de los pueblos más antiguos de América, como lo señala Cedeño, 2015. La Chinantla es representativa del trópico húmedo, por lo que la región se cubre de selva tropical, Delgado, 1960, citado en Cedeño, 2015. Se localiza en dirección noreste de la ciudad de Oaxaca en las estribaciones de la Sierra de Juárez. Se inscribe en la cuenca del río Papaloapan y se conforma por 14 municipios y 258 localidades con una superficie total estimada de 4, 596 km2, De Teresa (1999).

El actual territorio de los chinantecos se encuentra rodeado por grandes cadenas montañosas que separan el área de las regiones indígenas vecinas formando una entidad en sí misma, cercada por límites naturales. Colinda al norte con la región mazateca, al este con Tuxtepec y el estado de Veracruz, al sur-sureste con la región zapoteca del Istmo y con la cuicateca en lo alto de la Sierra de Juárez.

La importancia ecológica de la Chinantla, acorde a De Teresa, 1999, se encuentra en su gran diversidad biológica y en la riqueza potencial de sus recursos naturales. Este territorio alberga la tercera masa más extensa de selvas húmedas del país (39 por ciento de su superficie está cubierta con selvas altas perennifolias); cuenta con comunidades vegetales de alta biodiversidad como los bosques mesófilos de montaña (7.65 por ciento de la superficie), de pino encino (6.39 por ciento), de lauráceas y algunos muy raros y escasos como el llamado “elfin forest” o bosque enano, además de que forma una de las cuencas hidrográficas más grandes del país.

Sobre estos recursos naturales, es necesario mencionar que si bien no existe una evaluación reciente que permita determinar con exactitud el área que cubre el bosque mesófilo de montaña en México, muy probablemente se trata del ecosistema más amenazado en el país y el ecosistema tropical que ocupa menos superficie a nivel mundial, como lo escribió la doctora en ecología forestal Tarín Toledo Aceves en uno de los trabajos más completos sobre estos ecosistemas, El Bosque Mesófilo de Montaña en México: Amenazas y Oportunidades para su Conservación y Manejo Sostenible, publicado en 2010 por la Conabio, citado en Mayorga, 2023.

Aunado a ello, Oaxaca se destaca por ser el estado con el mayor registro de estos reptiles y anfibios, con 327 y 150 de este tipo de animales respectivamente. De este universo de biodiversidad, la Sierra Madre de Oaxaca, donde se encuentra la Chinantla Alta, se destaca por tener la mayor concentración de especies endémicas de reptiles y anfibios. Además de su contraparte atroz: 31 por ciento de estas especies endémicas se encuentran en algún nivel de amenaza, como la ranita verrugosa de montaña (Quilticohyla acrochorda) y la ranita oscura de montaña (Ptychohyla zophodes), consideradas respectivamente en Peligro Crítico y Vulnerable por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Mayorga, 2023.

Por esta variedad, existe una vocación en las comunidades de Oaxaca que abarcan a la región de la Chinantla para la conservación de estos recursos naturales y ecosistemas. En la actualidad, se han decretado seis Áreas Naturales Protegidas por parte de Gobierno Estatal, cuatro de ellas clasificados como Parques Estatales y dos como Zonas de Reserva Ecológica, en conjunto cubren una superficie de 8,667.51 hectáreas (el 0.09 por ciento de la superficie total del estado). Aunado a ello, también destacan distintas zonas declaradas como Áreas destinadas voluntariamente a la conservación, siendo la zona de la Chinantla con treinta áreas de este tipo, donde se pueden encontrar especies de fauna listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 sujetas a protección especial, además de las amenazadas o en peligro de extinción.

Asimismo, mediante la suma de esfuerzos los municipios chinantecos ante sus recursos naturales han optado por la conservación de sus selvas y bosques a través de Mecanismos Locales de Pago de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes, que procuran la conservación 8 mil 815.32 hectáreas de selvas húmedas, bosques mesófilos y bosques de pino-encino, mediante mejores prácticas de manejo, además de limitar el pastoreo extensivo, vigilancia, señalización de áreas incorporadas, talleres de capacitación y para evitar el cambio de uso de suelo.

Sin embargo, dadas las condiciones de extenso territorio, la amplia biodiversidad y recursos naturales existentes como las cuencas hidrológicas, es necesaria la suma de esfuerzos desde la federación para abonar a este esquema de conservación de una de las áreas naturales más importantes del país y que a la fecha ha tendido esfuerzos significativos, pero no protegida en su totalidad.

Por ello, una declaratoria como Área Natural Protegida resulta con el carácter de Santuario o Parque Nacional resulta pertinente para una estrategia con mayor alcance para la preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas, para su administración y vigilancia.

En el caso de que se opte por Parque Nacional implica valorar y proteger su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o por otras razones de interés general. Con lo cual se da paso a la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, preservación de los ecosistemas, usos tradicionales, investigación, recreación, turismo y educación ecológica.

Por otro lado, en el caso de que se considere la modalidad de Santuario significa establecer a esta región o determinada zona, como protegida a partir de las características de su considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Abarcando cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas y donde se permiten actividades de investigación, recreación y educación ambiental compatibles con la naturaleza y características del área. En ambos casos, la Chinantla oaxaqueña y sus distintas zonas pueden ser candidatas naturales para esta denominación.

Por ello, bajo este contexto considerando el extenso territorio e hidrografía que representa la Chinantla oaxaqueña, la alta biodiversidad del Estado dentro de estos los bosques mesófilos y las selvas húmedas de esta región, los esfuerzos comunitarios y estatales que se han generado para proteger la áreas naturales, las especies endémicas así como las que están en peligro de extinción, y los beneficios que representa la declaratoria de un área natural protegida de carácter federal, someto el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), realice un estudio técnico para evaluar la viabilidad de declarar como zona natural protegida con el carácter de santuario o parque nacional a la región indígena de la Chinantla oaxaqueña con una superficie de 4, 596 km2, considerando para ello una subdivisión que permita identificar y delimitar las porciones del territorio susceptible de esta denominación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS A FORTALECER SUS PLANES DE ESTUDIO EN LA CARRERA DE DERECHO CON CAPACIDADES PROFESIONALIZANTES PARA LA CARRERA JUDICIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las universidades públicas de los 31 estados de la República que imparten la carrera de derecho a establecer dentro de sus planes de estudio un programa preparatorio orientado a las y los jóvenes estudiantes o egresados que quieran ingresar a la carrera judicial y busquen fortalecer capacidades profesionalizantes en materia de administración o acceso la justicia orientada por la igualdad sustantiva y social, así como valores éticos y humanistas que permitan un buen desempeño en los cargos referidos a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y magistradas de Circuito, y jueces y juezas de Distrito, a cargo de la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El quince de septiembre del 2024, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial enviada en febrero de ese mismo año por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso Federal. El alcance de esta reforma, misma que forma parte de un paquete de 20 reformas constitucionales, ha sido calificada como histórica, al atender cambios profundos y significativos al funcionamiento del Poder Judicial, sobre todo en materia de combate a la corrupción.

Dentro de esta iniciativa se propone la modificación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo criterios de eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal; la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces, cuya legitimidad sea democrática de las y los impartidores de justicia; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal con órganos administrativos y disciplinarios independientes, además de nuevas reglas procesales para lograr una justicia expedita y equilibrios entre Poderes.

En palabras de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma al Poder Judicial representa la defensa del pueblo de México por la justicia, la honestidad, la honradez y por erradicar la corrupción y el nepotismo... con esta reforma al Poder Judicial que hoy es parte de la Constitución no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación.

Parte de estas redes de corrupción, se evidenció en 2018 con la publicación “El poder familiar de la Federación” de la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción”, a fin a la mafia del Poder Judicial, En este documento, se revela que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras –publicado en el 2018–, cuyas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

Además, en el estudio se ejemplifica que un magistrado del circuito correspondiente a Durango integró a 17 familiares en puestos administrativos, así como dos magistrados de Querétaro y de Nuevo León que tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondientes a esas entidades, de acuerdo al documento.

Aunado a ello, en un informe de las relaciones registradas en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares del Poder Judicial del 2024, se dan cuenta de los principales hallazgos del nivel de nepotismo, acorde a Fernández y Maisonnave (2024):

• Según el Informe, de un total de 49,630 trabajadores, el 96.11 por ciento (47,699) respondió al registro del Padrón.

• Del total del personal adscrito al Consejo de la Judicatura Federal, CJF, se analizaron al 77 por ciento (38,355 personas) en las categorías: magistradas y magistrados; juezas y jueces; personal secretarial; actuarías; secretarías particulares; coordinaciones técnicas administrativas; oficiales judiciales; y personal técnico de servicios.

• 9 de cada 10 redes familiares en el CJF están conformadas entre 2 y hasta 5 personas de una misma familia. Las redes familiares son conformadas por consanguinidad que va desde hermanos, conyugues, tíos, cuñados principalmente, hasta el quinto grado.

• Los trabajadores con más de 4 familiares en el CJF son 11,329, representan el 23.75 por ciento del total.

• Un total de 24,546 miembros del CJF (49 por ciento del total) tiene al menos 1 familiar laborando en la misma institución. En 2024, Norma Piña presentó el informe Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas. Menciona que se redujo un 12 por ciento el personal con relaciones familiares quedando en 16.639.

• Antes de la aplicación del plan integral, había 24 titulares con parientes en el mismo centro de trabajo y el ingreso anual de familiares oscilaba entre 600 y 1000 personas. A partir de 2021 se disminuyó en el mejor de los casos, hasta en 51 personas. El informe detalla que se encontró una red familiar que incluía a 79 personas en 2020 y se redujo a 65 en 2022.

• A raíz de los cambios para evitar el nepotismo entre 2019 y 2021, se realizaron 188 cambios de adscripción relacionados con la política judicial de relaciones familiares.

• Antes de 2021 había 723 órganos jurisdiccionales donde había servidora y servidores públicos que tenían alguna relación familiar con otra persona que también trabajaba en el CJF. En 2022 disminuyó a 616, o sea, 107 órganos menos.

Es claro que el análisis de estos resultados se suma a las distintas evidencias que muestran la profunda corrupción que existe dentro del Poder Judicial. Las cifras mencionadas cobran mayor relevancia al tratarse de los resultados obtenidos de una supuesta estrategia diseñada en el Plan Integral de Combate al Nepotismo presentado en 2020 por el mismo Poder Judicial y cuyo alcance evidentemente ha sido limitado.

El fracaso de su propuesta a partir de un cambio estructural, así como la reformulación de la carrera judicial y políticas de combate a la corrupción no encontraron sustento en la implementación por parte de los principales tomadores de decisión dentro de este poder público, lo cual abona a la necesidad de un cambio profundo como el planteado en la reforma presentada en materia judicial por el ex presidente López Obrador.

Es en ese sentido y bajo argumentos y evidencias tan contundentes es que cobra vigencia la reforma aprobada para evitar que la designación de los puestos en el Poder Judicial continúe bajo criterios exclusivamente en relaciones de parentesco o amistad. Parafraseando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se puede afirmar que, con esta iniciativa hoy vigente, se termina con estos privilegios de unos cuantos, porque no queremos que haya corrupción y porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México.

A pesar de lo anterior, hubo voces que presentaron una oposición declarada a esta reforma que devuelve al pueblo el acceso a la justicia como un derecho y no un privilegio. En sus argumentos olvidaron reconocer su complicidad con estas redes de corrupción y la omisión que durante años hubo a pesar de las evidencias de corrupción y nepotismo, y sobre todo los avances que generará la propuesta para eliminar la corrupción en la administración de la justicia.

Con esta renovación al Poder Judicial, una de las cuestiones que se puso en tela de juicio fue la relativa a la elección de por voto popular de Ministros, Magistrados y Jueces, siendo parte de los argumentos la falta de preparación o formación académica de las y los candidatos a partir de los requisitos presentados para participar en dicho proceso, sobre todo a partir de las declaraciones del expresidente AMLO que señaló que él era partidario que los jóvenes recién egresados de la carrera de derecho puedan aspirar a ser juzgadores, pues cuando se acaban de titular “están llenos de frescura, ideales y entusiasmo por hacer valer la ley”.

Sin embargo, hay que mencionar que en la selección de los puestos antes mencionados se solicita una formación académica en derecho, experiencia, un promedio mínimo de ocho así como otros criterios para cumplir con la idoneidad del perfil. De hecho, dentro del proceso de discusión de la reforma mediante distintos foros se apuntaló la idea de fortalecer a la Escuela Federal de Formación Judicial, como parte de las necesidades de procesos de formación, capacitación, evaluación de desempeño, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, la ley secundaria, ya aprobada, para la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, establece la creación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, encargada de diseñar e implementar los procesos de formación y capacitación del personal de carrera judicial, pero también del administrativo.

Dentro de esta propuesta también se debe de resaltar la reforma a las capacidades y cualidades que debe de observar el perfil de la persona servidora pública judicial. Entre las principales características que se adicionaron resalta el conocimiento en estándares de derechos humanos, aptitud para identificar factores de desigualdad estructural, vocación y ética en el servicio público, la observancia irrestricta de la prohibición de ejercer cualquier tipo de violencia institucional y capacidad para juzgar con perspectiva de género.

Sobre esta última capacidad, además se establece que la formación en perspectiva e igualdad de género será contemplada como un criterio obligatorio para el nombramiento y el ascenso de las personas servidoras públicas que integran el Poder Judicial de la Federación.

De esta forma, la reforma planteada cumple con las necesidades de formar servidores públicos judiciales con conocimientos éticos, sociales y de género. Sin embargo, la función de este tipo de formación no debe de entenderse como limitativa ya que las universidades, sobre todo las públicas, deberían estar obligadas a actualizar sus planes de estudio en la formación de estudiantes de derecho derivado de esta reforma profunda del Poder Judicial y su alcance en la impartición de justicia.

Parte de esta necesidad se puede ejemplificar claramente con el apartado señalado en el artículo 116 constitucional donde se menciona que en el caso de las propuestas de candidaturas y la elección de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales se realizarán conforme a las bases que establece esta Constitución para el Poder Judicial de la Federación y en los términos y modalidades que establezcan las Constituciones locales respectivas, garantizando mecanismos transparentes y paritarios de elección.

Así, la formación para estos cargos requiere de esta formación inicial desde las universidades públicas lo cual además puede representar un incentivo para quienes pudieran tener la vocación del servicio público en el Poder Judicial, quienes además de cumplir con buenos antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica también están obligados a consolidar y demostrar una buena formación ética.

Con este cambio profundo en el Poder Judicial se requiere restituir el desarrollo de valores como la probidad, honestidad, y transparencia, para forjar una nueva forma del quehacer público alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema judicial. Con ello, además se abona a una nueva cultura de la legalidad que se requiere para que la ciudadanía regrese la confianza a sus instituciones.

Sobre este punto de la cultura de la legalidad, acorde a Salazar, 2016 señala que esta solo se logra si los y las ciudadanas reconocen el valor en las normas, y, por ende, las respetan, no por presión jurídica, sino por responsabilidad ética. A partir de esta definición, se puede dar cuenta que este reconocimiento de nuevos valores en la vida pública implica abarcar una serie de elementos sociales y culturales, cuya percepción se puede ir forjando y fortaleciendo desde las acciones simbólicas que se hagan por combatir la corrupción y que en este caso se atienden mediante la formación humanista además de la profesionalizante en materia de derecho.

Así, no es un elemento menor ponderar este tipo de formación y su oferta en distintos espacios académicos como elemento detonante en el diseño de las instituciones que requiere la renovación del Poder Judicial. Devolver la confianza a la ciudadanía hacia un poder que utilizó la justicia como moneda de cambio desde luego está vinculado a distintos factores, que escapan a la reflexión en esta iniciativa, pero sin duda una de muchas formas que se deben acompañar es informar a la ciudadanía que la educación en valores y su asimilación por parte de los nuevos tomadores de decisión en los distintos cargos de la carrera judicial se está atendiendo como una causal para inhibir y desalentar los actos y redes de corrupción, sobre todo a nivel local.

Si bien ya existe la Escuela Nacional de Formación Judicial, la propuesta de aumentar la oferta educativa complementaria y vinculada a un buen desempeño de un cargo dentro de la carrera judicial puede fortalecer no solo una nueva cultura en la materia sino también la idoneidad de perfiles. La educación citando a Paulo Freire, es un proceso de concientización y transformación de la sociedad y tener servidores públicos judiciales altamente capacitados en estos rubros resalta ante la necesidad de la transformación de las instituciones encargadas de impartir justicia.

En este contexto, y para contribuir en el cumplimiento de lo plasmado en la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial y en la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, someto el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a las universidades públicas de los 31 estados de la república que imparten la Carrera de Derecho a que establezcan dentro de sus planes de estudio un programa preparatorio orientado a las y los jóvenes estudiantes y/o egresados (as) que quieran ingresar a la Carrera Judicial y busquen fortalecer capacidades profesionalizantes en materia de administración o acceso la justicia orientada por la igualdad sustantiva y social, así como valores éticos y humanistas que permitan un buen desempeño en los cargos referidos a ministros (as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados (as) de circuito, y jueces (as) de distrito.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL INSTITUTO PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A ESTABLECER UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Instituto para las Mujeres del estado de Guanajuato a establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género, para emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención a efectos de mitigar la violencia en contra de las mujeres, a cargo de la diputada Lucero Higareda Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Lucero Higareda Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Guanajuato enfrenta múltiples problemáticas en materia de género que reflejan la necesidad urgente de implementar políticas públicas más eficaces y con perspectiva de género.

La violencia de género y feminicidios en Guanajuato ha mostrado un incremento preocupante en los últimos años. Según Rosas Vargas (2018). Este aumento en la violencia se correlaciona con un incremento en los feminicidios, muchos de los cuales permanecen impunes debido a la persistencia de roles de género tradicionales que refuerzan la subordinación de las mujeres.

El estado de Guanajuato ha registrado cifras preocupantes en cuanto a feminicidios en los últimos años. Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de enero a agosto de 2024 se iniciaron 22 carpetas de investigación por feminicidio.

En el periodo de enero a octubre de 2024, se perpetraron 14 feminicidios en Guanajuato. Además, el Ministerio Público integró 1,173 carpetas de investigación por abuso sexual, 367 por acoso sexual y 60 por hostigamiento sexual durante el mismo periodo

A nivel nacional, entre enero y noviembre de 2024, se registraron 733 feminicidios. Aunque el gobierno federal reportó una reducción del 12% en comparación con el mismo periodo de 2023, los asesinatos de mujeres aumentaron en 12 estados, incluyendo Guanajuato.

Estas cifras subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas y las acciones gubernamentales para prevenir y erradicar la violencia de género en Guanajuato. Aunque se debe considerar que la violencia de género no se limita al ámbito doméstico; también está presente en instituciones educativas. Rosas y Ríos (2013) realizaron un estudio en escuelas secundarias y preparatorias del sur de Guanajuato, encontrando que un porcentaje significativo de estudiantes femeninas reportó haber experimentado algún tipo de violencia en el entorno escolar. Los autores destacan la necesidad de implementar programas educativos con perspectiva de género para prevenir y atender estos casos (Rosas & Ríos, 2013, pp. 163-182).

Es importante rediseñar estrategias para evitar la impunidad en casos de feminicidio como una problemática grave en Guanajuato.

Rosas Vargas (2018) señala que, en muchos casos, no se identifica al perpetrador, y las investigaciones son deficientes. Además, la presencia del crimen organizado en el estado complica la situación, ya que muchas mujeres son víctimas colaterales de la violencia relacionada con el narcotráfico. La autora enfatiza la necesidad de fortalecer el sistema de justicia y garantizar la protección de las mujeres (Rosas Vargas, 2018, pp. 177-208).

La problemática de género en Guanajuato es multifacética y requieren una respuesta integral que aborde desde la prevención hasta la sanción efectiva de los delitos. Para garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos, es esencial que el gobierno del estado fortalezca sus instituciones, implemente políticas públicas con perspectiva de género y priorice la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Instituto para las Mujeres del Estado de Guanajuato a fin de que establezca una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de perspectiva de género, para emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención a efectos de mitigar la violencia en contra de las mujeres.

Referencias bibliográficas

Rosas, R., & Ríos, M. (2013). La violencia de género en las escuelas secundarias y preparatorias del sur del estado de Guanajuato. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 4(10), 163-182. Recuperado de

https://www.redalyc.org/pdf/461/46146696009.pdf

Rosas Vargas, R. (2018). La violencia feminicida en el Estado de Guanajuato. Feminicidios, impunidad y tradición. Revista Temas Sociológicos, (22), 177-208. Recuperado de

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6780100

Jornada. (2024). Perpetran 14 feminicidios de enero a octubre en Guanajuato. Recuperado de

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/11/28/estados/perpetran- 14-feminicidios-de-enero-a-octubre-en-guanajuato-5702

Noticias Yahoo. (2024). Persiste disparidad en cifras de feminicidio en Guanajuato. Recuperado de

https://es-us.noticias.yahoo.com/persiste-disparidad-cifras-femi nicidio-guanajuato-002830397.html

El País. (2025). México cierra 2024 con 70 asesinatos diarios. Recuperado de

https://elpais.com/mexico/2025-01-02/mexico-cierra-2024-con-70-a sesinatos-diarios.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Lucero Higareda Segura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE INFORME RESPECTO A LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HAN PUBLICADO LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PRONI 2025 Y, EN SU CASO, SE PUBLIQUEN EN EL DOF

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a informar los motivos por los que no se han publicado las reglas de operación para el PRONI 2025 y, en su caso, se publiquen en el DOF, a cargo de la diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Amparo Lilia Olivares Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial (DGGEyET), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a fin de que informen los motivos por los que no se han publicado las Reglas de Operación para el Programa Nacional de Inglés (PRONI) 2025 y, en su caso, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para la UNESCO, la educación y el aprendizaje de otra lengua fomenta la educación de calidad inclusiva y equitativa, el aprendizaje de una lengua adicional a la materna permite desarrollar diversas capacidades como liderazgo, creatividad entre otras.

En México, la enseñanza del idioma inglés ha sido obligatoria de manera gradual. A nivel secundaria su obligatoriedad fue a partir del año 1926, después del año 1992, las autoridades educativas estatales comenzaron a diseñar e implementar sus propios programas de inglés dirigidos a educación básica, impulsados por las diferentes necesidades regionales, como en los estados fronterizos. Posteriormente en 2009 se estableció el Programa Nacional de Inglés en preescolar y primaria, a través de una prueba piloto en las 32 entidades federativas, con el objetivo de impulsar y fomentar la enseñanza del idioma inglés en educación básica (Secretaría de Educación Pública, 2021).

En dicho año nace PRONI como una fase piloto en las 32 entidades federativas desde 3o. de preescolar a 6o. de primaria; posteriormente en 2011 inicia con la etapa de prueba de 1º, 2º y 3º grado de secundaria y fue hasta el año 2015 con la fase de expansión de 3o. de preescolar hasta 3o. de secundaria, año en el que se generaliza este último nivel.

El Programa Nacional de Inglés (PRONI) es un programa federal que pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y es coordinado en los estados por la Coordinación de Programas de Fortalecimiento Educativo. Su principal objetivo es contribuir a que las escuelas públicas de educación básica de los niveles de preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, focalizadas por las Autoridades Educativas Locales (AEL), para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que la población en México acceda a una educación de excelencia, pertinente y relevante.

Dicho Programa se sustenta en la propuesta curricular diseñada por la Dirección General de Desarrollo Curricular, la cual integra contenidos que se vinculan con la Fase 6 (secundaria) del programa Sintético 2022., manteniendo los principios que enmarcan la nueva escuela mexicana y la flexibilidad para integrarse al resto de las asignaturas del campo formativo: Lenguajes.

A partir el ejercicio fiscal 2016 este programa se incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de distribuir material educativo para docentes y educandos y con ello fortalecer al personal docente en la enseñanza de esta lengua; asimismo contó con el respaldo de una política pública que ayudó a concretar metas nacionales y objetivos sectoriales que sustentan su aplicación.

Este programa ha sido avalado por la Universidad de Cambridge, institución líder a nivel mundial en la enseñanza y evaluación del idioma inglés y establece un perfil de egreso para los educandos, el cual espera que al concluir la secundaria se haya alcanzado un nivel B1 del MCER, lo que les permitirá comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar; producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares; describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

De igual manera, el PRONI ayuda al desarrollo personal y social a través de la certificación internacional docentes, asesores/as externos/as especializados/as en el conocimiento del idioma inglés y en las habilidades didácticas para enseñarlo; de esta manera la certificación se convierte un documento que da constancia y cumplimento a dos propósitos importantes, el primero es que los/as asesores/as externos/as especializados/as cuenten con estrategias, métodos de enseñanza y conocimiento del idioma inglés, lo cual permite lograr un aprendizaje más significativo en los educandos y formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes más seguros de sí mismos, que tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y capacidades.

Saber el idioma inglés es fundamental, ya que al ser el idioma global por excelencia se ha convertido en una herramienta fundamental en el mundo. Su importancia ha alcanzado todos los ámbitos de la vida, desde el profesional hasta el académico y el social, por lo que su dominio significa una habilidad muy importante para las personas en la actualidad, por lo que impulsar a los estudiantes en México para que lo aprendan significa el inicio a nuevas oportunidades.

El párrafo primero y cuarto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

El PRONI se alinea a lo establecido en dicho artículo, al igual que al Plan Nacional de Desarrollo, ya que su finalidad es garantizar a todos los jóvenes el derecho a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos y modalidades, asimismo a garantizar que los planes de estudio sean pertinentes a los desafíos actuales y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a adquirir habilidades y conocimientos para su desarrollo integral a través de métodos pedagógicos innovadores e inclusivos que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Este programa se vincula al objetivo de educación de calidad de los ODS, en donde se establecen como metas que para el 2030 se debe de velar para que todas las niñas y niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria con resultados eficaces, la cual deberá de ser gratuita, equitativa y de calidad y de igual manera se pretende que para ese mismo año se deberá aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados.

Actualmente se encuentra considerado dentro del Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y Hombres” del PEF, lo que representa un gran avance para orientar los recursos públicos. De conformidad con lo establecido en el artículo 179 del RLFPRH se verificó que este Programa no se contrapone ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del gobierno federal.

Según lo expuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través del ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, en el actual gobierno se pretende propiciar una mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de educación básica y normal, profesionalizando al magisterio en todos los procesos que garanticen el aprendizaje significativo en los educandos.

De igual manera se establece que en cumplimiento con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para garantizar que la educación pública en nuestro país sea obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, en todos los niveles escolares, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) mantendrá las directrices plasmadas en el Acuerdo Educativo Nacional dando continuidad a la nueva escuela mexicana (NEM).

Las modificaciones realizadas a la Ley General de Educación (LGE) han establecido que se pondrán los esfuerzos para que, en la educación básica las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) se encuentren en el centro de la acción educativa. El tránsito hacia esta nueva escuela abierta a la sociedad privilegia, el cambio a partir del aprendizaje comunitario y la impartición de una nueva pedagogía, considerando los principios de universalidad, integralidad, equidad y excelencia, como postulados básicos de la educación pública impartida por el Estado.

Asimismo en el documento “100 Compromisos para el 2° Piso de la Cuarta Transformación”, el actual gobierno establece que buscará garantizar los artículos 8 y 9 de la LGE, donde el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, disponiendo de manera prioritaria medidas dirigidas a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico; así como, establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Donde la nueva escuela mexicana (NEM), buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las NNAJ.

En base a ello mencionan que se requieren espacios educativos dignos, equipamiento suficiente y de calidad, que garanticen una extensión de horarios en sus primarias, priorizando la prevención de la salud; con la finalidad, de que el Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, por lo que hace a la educación básica. En materia de educación normal se requieren espacios que garantice la innovación y el desenvolvimiento de los programas educativos de las escuelas normales de la Ciudad de México. Lo anterior, garantiza la continuidad de la transformación de nuestro sistema educativo.

Aparentemente en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación educativa, se mantendrá la cobertura educativa en todos los niveles educativos que fueron conferidos a este órgano administrativo desconcentrado, de tal forma que ninguna persona que desee estudiar se vea impedida de hacerlo por falta de recursos económicos o restricciones de cupo en los espacios educativos donde se practica la enseñanza.

De igual manera hacen referencia que se seguirá impulsando a la educación como un eje de la transformación del país, donde se requiere del involucramiento de las autoridades, docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y comunidades bajo la continuidad del modelo de una NEM, que ha fortalecido a la educación con mayor calidad y valores humanistas y solidarios. Es por ello, que la AEFCM como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), atenderá y desarrollará a partir de los programas presupuestarios bajo su responsabilidad, los preceptos y pautas establecidas por el documento denominado 100 Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Bajo el mismo tenor han mencionado que continuarán con una trayectoria educativa que vele por los intereses de las NNAJ. Apoyando la lucha contra la corrupción, como una vía de construcción de la paz y seguridad escolar.

Asimismo se hace mención que a través del Programa Nacional de Inglés (PRONI) se fortalecerán a las escuelas públicas de nivel primaria y secundaria; focalizadas y/o seleccionadas por la AEFCM, para impartir una lengua extranjera (inglés), mediante el establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas. Dentro de sus objetivos específicos se encuentran:

a) Apoyar mediante la certificación nacional o internacional en el dominio del idioma inglés, de educandos de sexto grado de primaria y tercer grado de secundaria, el logro del perfil de egreso en la educación básica.

b) Apoyar el fortalecimiento académico y/o en su caso la certificación académica nacional o internacional de las/os docentes y asesoras/es externas/os especializadas/os en el dominio de una lengua extranjera (inglés); así como, la certificación nacional o internacional de sus competencias didácticas en la enseñanza en las escuelas públicas de educación básica participantes en el PRONI.

c) Elaborar recursos didácticos para fortalecer el desarrollo de competencias en la enseñanza/aprendizaje del idioma inglés en los docentes, asesoras(es) externas(os) especializadas(os) y educandos en las escuelas públicas de educación básica. d) Promover e incentivar el uso de la Plataforma tecnológica en las escuelas de nivel preescolar y primaria para ampliar la cobertura de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; así como, apoyar a las escuelas atendidas por el PRONI con calidad y equidad, considerando este recurso como una acción prioritaria ante contingencias que afecten o pongan en riesgo el servicio educativo en las escuelas y con los educandos.

Problemática

Las reglas de operación son disposiciones normativas a las cuales se sujetan algunos programas y fondos federales las cuales precisan la forma de operar un programa, con la finalidad de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Actualmente la incertidumbre en la que se encuentra la publicación de las reglas de operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI) tiene en riesgo la permanencia de este programa en el primer bimestre del 2025, ya que al no haberse emitido dichas reglas por parte del gobierno federal, como lo establece el art 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde todas las reglas de operación deben estar publicadas a fin de año, el 31 de diciembre a más tardar, no existen disposiciones específicas para la continuidad del mismo y la contratación de los docentes. Lamentablemente por este grave retraso, la materia de inglés proporcionada a través de este programa se encuentra suspendida en muchas escuelas a nivel nacional.

Cabe mencionar que los profesores del Programa de Inglés son profesionistas egresados de instituciones como la Escuela de Lenguas, con certificaciones a nivel internacional que avalan sus conocimientos y la capacidad para la docencia; pero con condiciones laborales complejas desde hace muchos años. Por lo que es urgente que se analice este tema y se resuelva esta situación que están enfrentando diversos docentes que imparten esta materia, ya que a pesar de que existe un subsidio por parte de la Federación asignado a este programa, a la fecha no se conoce la manera como será ejercido.

Desde noviembre de 2023 diversos docentes de inglés adscritos a la SEP en escuelas de Educación Básica han solicitado acuerdos que coadyuven a mejorar las condiciones laborales de los docentes del Programa Nacional de Inglés (PRONI). Por lo que es necesario que la AEFCM y dependencias involucradas, implementen las acciones necesarias para eliminar diversas irregularidades que viven los docentes de este programa, ya que con ello se afectan sus derechos laborales. Asimismo, es fundamental que este gremio de inglés a nivel preescolar y primaria cuente con un programa de inglés definido en la nueva escuela mexicana, ya que la ausencia de lo anterior, ocasiona diversos problemas en el adecuado desarrollo de la asignatura en esos niveles tan importantes para la educación de los niños y niñas.

Es preocupante ver el poco interés existente en el desarrollo de esta asignatura tan importante para la interculturalidad crítica que tanto se menciona en la nueva escuela mexicana. En este sentido es urgente que las autoridades involucradas en esta materia abran la oportunidad al diálogo con los maestros del PRONI y con ello poder dar continuidad a los trabajos establecidos y mejorar este programa a nivel nacional.

A pesar de que ya existe un calendario de ejercicio presupuestal 2025 para la SEP, mientras no se publiquen las reglas de operación del PRONI este programa legalmente no existe. Actualmente los estados que ya iniciaron clases aún no tienen conocimiento de la manera como se les va a pagar a los maestros, ya que el recurso no se ha liberado.

Si bien para este gobierno uno de sus principales objetivos es fortalecer la educación, es fundamental considerar que es insuficiente el número de maestros y maestras que existen actualmente para este programa, por lo que es importante que se les reconozca el trabajo que desempeñan, ya que es indispensable preparar a los y las estudiantes para que puedan acceder a empleos mejor remunerados.

Urge fortalecer la enseñanza, porque es prioritaria para competir en el mercado laboral y más en la situación que se encuentra nuestro país en este 2025.

A la fecha no han publicado las reglas de operación, tampoco las cartas de compromiso, que es donde los estados aceptan participar en el Programa Nacional de Inglés, lo cual atrasa todas las gestiones y el recurso que normalmente llega en los meses de marzo – abril, ahora no se sabe cuándo llegará, por lo que a muchos maestros no los estarán contratando hasta esas fechas y los niños continuarán sin sus clases de inglés, lo que violando lo establecido en el artículo 3º constitucional y por lo tanto los derechos de los niños.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su respaldo y someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial (DGGEyET), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), a fin de que informen los motivos por los que no se han publicado las Reglas de Operación para el Programa Nacional de Inglés (PRONI) 2025 y, en su caso, se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_44554/7/

2 https://educacionbasica.sep.gob.mx/programa-nacional-de-ingles-proni/

3 https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/ ROP-PRONI-2023__SEP-301222.pdf

4 https://educacionbasica.sep.gob.mx/reglas-de-operacion/#flipbook-df_44554/7/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 1 de febrero de 2025.– Diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE CANCELE EL AUMENTO A LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Nuevo León y a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de dicho estado a cancelar el aumento a las tarifas del transporte público, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Nuevo León y a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León a cancelar el aumento a las tarifas del transporte público.

Consideraciones

1. El 3 de enero del año en curso el gobierno del estado de Nuevo León y la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad del estado, aprobaron con 16 votos a favor y cinco en contra el aumento a las tarifas del transporte público. La Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad conformada por ocho funcionarios estatales, cuatro alcaldes y representantes de otros sectores de la sociedad aprobó el aumento a la tarifa del transporte público pasando de 15 a 17 pesos en el pago electrónico. El aumento fue publicado en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León el 5 de enero, de acuerdo a las actualizaciones la tabla de tarifas quedaría de la siguiente manera:

Para la tarifa preferente se estableció la siguiente tarifa que se muestra en la tabla de actualización:

2. La actualización de tarifas con el posterior incremento que se publicó en el periódico oficial del estado ha sido ampliamente rechazada por la población; no encuentra justificación para aumentar las tarifas, el servicio es inoperante e ineficiente. Por el contrario, la movilidad a través del transporte público sobre todo en la Zona Metropolitana de Nuevo León es realmente tortuosa casi imposible. Durante la administración del actual gobernador se han presentado propuestas que distan mucho de ser una solución para la movilidad, el propio mandatario al inicio de su gobierno declaró que no era necesario incrementar las tarifas con lo que se pagaba era suficiente así lo dijo el martes 19 de octubre del 2021:

“Vamos a demostrar que no se necesita subir la tarifa, con lo que se paga es suficiente para salir adelante, adquirir camiones y con su uso y con la tarifa se va pagando solo el camión, en el de gas natural vamos a ir por 400 unidades, ese camión en el mercado, reúne todas las cualidades de primer mundo: seguro, con wifi, y donde podrán subir personas con discapacidad, vale 4 millones de pesos”, afirmó. Aseguró que los camiones se van a pagar solos con la tarifa, “por eso estamos planteando un arrendamiento, porque en cuatro o cinco años los cambio por nuevos, para continuar con una flota moderna que no contamine”.

Dijo, que el avance de la tecnología y el precio de mercado de las unidades eléctricas van a costar lo mismo o menos que los camiones de combustión de gas natural, y se alcanzará la meta de convertir a Nuevo León en el primer estado con transporte eléctrico total. Las unidades de transporte eléctrico serán para las rutas alimentadoras del transmetro, porque la línea 3 del metro quedó corta, “en el mercado el camión eléctrico está entre 6 y 8 millones de pesos, porque hay mucha demanda, ya que los países están comprometidos con disminuir la huella de carbono, no quiere decir que nos va a costar ese dinero, hay organismos como Nadbank u ONU Hábitat que le meten dinero al ser un transporte verde”.

3. El 22 de mayo del 2022 el gobernador presentó el Plan Maestro para lograr la movilidad, en el evento el mandatario estatal explicó que la estrategia se basa en cuatro ejes: transporte digno, movilidad inteligente, calles completas y conectividad regional y señaló:

“Haremos la inversión más grande en la historia, 98 mil millones de pesos en todo el sexenio, a diferencia de los 6 mil 500 millones de pesos de la anterior administración, mil 407 por ciento más”. Destacó la compra de mil 600 unidades del transporte urbano, mil 490 de bajas emisiones y 110 eléctricas, en donde se invertirán 6 mil millones de pesos.”

En el plan se especifican los cuatro ejes:

Transporte digno

• Construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Metrorrey.

• Para las líneas 1, 2 y 3 se ampliará el presupuesto para darles el mantenimiento que necesitan.

• Construcción del primer Tren Suburbano del Norte.

• Recuperación de la Ecovía.

• Se ordenan las rutas de transporte y por primera vez el gobierno de Nuevo León tendrá la rectoría.

• Flotilla de autobuses ecológicos más grande de México: 1600 unidades nuevas con sistema de geolocalización y monitoreo en tiempo real, Equipados con cámaras de videovigilancia, Tendrán coordinación permanente con el C5 y el Centro de Gestión de la Movilidad y Contarán con botones de pánico para emergencias y situaciones de riesgo.

• Construcción de 19 centros de transferencia con paraderos seguros.

El Plan Maestro se presentaba con una respuesta ambiciosa y congruente con los enormes problemas de movilidad que enfrentan la mayoría de los neoloneses, sin embargo, a lo largo de la administración los problemas siguen existiendo y se han agravado, es decir, el gobernador no ha logrado resolver los problemas de movilidad ni dar cumplimiento al “Plan Maestro”.

4. El transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey es de suma importancia tanto para los habitantes de esa zona como para los visitantes, personas que transitan por toda esa área y realizan actividades en los municipios que integran la Zona Metropolitana. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros octubre de 2024 publicada el 18 de diciembre del año pasado:

“Durante octubre pasado, en la Ciudad de Monterrey se transportaron 12.8 millones de pasajeras y pasajeros, cantidad que representó un alza mensual de 2.5 por ciento. La distancia recorrida fue de 2.7 millones de kilómetros: incrementó 2.5 por ciento a tasa mensual.”

Como se puede observar el Metrorrey con 8,403,388 personas y el Transmetro 3 363 508, son los medios de transporte que más emplean los neoleoneses.

5. De acuerdo a la Encuesta de Percepción Ciudadana Así Vamos 2023 de Cómo vamos Nuevo León, los tiempos de traslado en camión es de 2h 21min, para la movilidad en automóvil es de 1h 7min a su destino principal, en la encuesta también se señala que es necesario poner atención al transporte público:

Respecto a los tiempos de traslado se señala:

“En Nuevo León, los tiempos de traslado incrementaron en promedio 15 minutos al compararlos con 2022, pasando de 68 a 83 minutos invertidos, superando el promedio de años anteriores. Las y los usuarios de camión invierten dos horas y 21 minutos en su viaje redondo, mientras que quienes se mueven en automóvil tardan menos de la mitad (una hora con siete minutos). En general, el camión es el transporte con un mayor tiempo de traslado, donde una de cada tres personas (34.3 por ciento) pasan tres horas o más al día en ir y venir a su destino principal.”

6. La problemática de movilidad en la Zona Metropolitana cada vez es más grave. Como se puede observar la respuesta del gobernador fue incrementar el costo del transporte, a pesar de que él mismo se comprometió a no aumentar el costo proponiendo una solución que a la fecha no ha llegado. En su Plan Maestro se tiene plena identificación de la problemática y el diagnóstico lo tiene sin embargo, la respuesta no es la adecuada golpea la economía de las personas que menos tienen y que más necesitan del transporte público que pueda ser eficiente, limpio, rápido y que pueda dar respuesta a sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Nuevo León y a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León a cancelar el aumento a las tarifas del transporte público.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Nuevo León y a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de cancelar el incremento en las tarifas del transporte público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Nuevo León para que diseñe e instrumente planes, programas y políticas públicas en materia de movilidad y transporte público sin incrementar el costo del transporte.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Nuevo León para que informe de manera detallada a la opinión pública respecto del costo, la inversión y el gasto en la adquisición de las 2,500 nuevas unidades de transporte urbano que presentó el 22 de septiembre del 2024.

Notas

1 - Periódico oficial del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Acuerdo por el cual se establece la política tarifaria autorizada por la junta de gobierno, para el uso del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades bajo competencia del instituto de movilidad y accesibilidad recuperado de:

https://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_000 7_00172967_000001.pdf revisión hecha el 15 de enero de 2025.

2 - Ibídem

3 - Samuel García afirma que van a adquirir 510 unidades de transporte por arrendamiento Flores Lourdes EL ECONOMISTA recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Samuel-Garcia-afirma-que -van-a-adquirir-510-unidades-de-transporte-por-arrendamiento-20211019-0093.html revisión hecha el 15 de enero de 2025.

4 - Instituto Nacional de Estadística y Geografía “ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS octubre de 2024” recuperado de:

https://inegi.org.mx/contenidos/programas/transporteurbano/doc/E TUP2024_12.pdf revisión hecha el 15 de enero de 2025.

5 - Cómo vamos Nuevo León Encuesta de Percepción Ciudadana Así Vamos 2023 recuperado de:

https://comovamosnl.org/wp-content/uploads/2024/02/Encuesta-Asi- Vamos-2023.pdf revisión hecha el 16 de enero de 2025.

6 - Ibídem.

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2025.– Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE GARANTICE LA REUBICACIÓN, EL RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES Y EL PAGO DE SALARIOS PENDIENTES A LAS TRABAJADORAS DE LA EXTINTA CONAVIM Y DEL INMUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la reubicación inmediata, el respeto a los derechos laborales y el pago de salarios pendientes a las trabajadoras de la extinta Conavim y del Inmujeres, en cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y demás normatividad aplicable, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) fue producto de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) aprobadas por el Congreso de la Unión a finales de 2024. Estas reformas incluyeron la creación de la Secretaría de las Mujeres como una nueva dependencia federal encargada de integrar las funciones previamente asignadas a estos organismos desconcentrados.

Iniciativa y Proceso Legislativo

1. Presentación de la Iniciativa:

–En septiembre de 2024, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma a la LOAPF con el argumento de fortalecer las políticas de género mediante la centralización de funciones en una sola dependencia: la Secretaría de las Mujeres.

–En su exposición de motivos, el Ejecutivo aseguró que esta medida permitiría una mayor coordinación interinstitucional y optimizaría el uso de recursos financieros y humanos.

2. Aprobación Legislativa:

–La iniciativa fue discutida y aprobada en el Congreso de la Unión en noviembre de 2024, con respaldo mayoritario de la bancada oficialista. Las voces de oposición, entre ellas el PAN, advirtieron sobre las consecuencias negativas de concentrar funciones sin una planeación adecuada, especialmente en términos laborales y operativos.

3. Publicación en el DOF:

–El decreto de reforma fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2024, estableciendo un periodo transitorio para la transferencia de funciones, recursos y personal a la nueva Secretaría de las Mujeres, con fecha límite al 31 de diciembre de 2024.

Objetivos Declarados

La iniciativa de reforma tenía como objetivos declarados:

• Fortalecer la política de género: Centralizar las funciones para mejorar la coordinación entre dependencias.

• Optimizar recursos: Reducir la duplicidad de funciones y hacer un uso más eficiente del presupuesto.

• Mejorar la atención a las mujeres: Garantizar que las políticas públicas lleguen de manera más directa a las beneficiarias.

Críticas y Advertencias

Diversos sectores, entre ellos organizaciones civiles, académicas y partidos de oposición, señalamos los riesgos asociados a la desaparición de Conavim e INMUJERES:

• Vulneración de derechos laborales: Las reestructuraciones implicarían incertidumbre para las trabajadoras, particularmente aquellas bajo el esquema de Servicio Profesional de Carrera.

• Centralización excesiva: La concentración de funciones podría reducir la efectividad de las políticas públicas al eliminar la especialización y la experiencia acumulada en los organismos desaparecidos.

• Impacto en la lucha contra la violencia de género: La desaparición de Conavim generaría un vacío institucional en un contexto de crisis de violencia contra las mujeres en el país.

Decisiones Políticas Relevantes

1. Extinción de Conavim e INMUJERES:

–Ambas instituciones fueron eliminadas mediante la abrogación de los decretos que las habían creado. Esto dejó en incertidumbre no solo a las trabajadoras, sino también a las beneficiarias de los programas y acciones que coordinaban.

2. Creación de la Secretaría de las Mujeres:

–La Secretaría asumió de forma parcial las funciones de Conavim e INMUJERES, aunque no se incluyó un esquema claro para la reubicación de las trabajadoras ni la continuidad de los programas prioritarios.

3. Omisión de un Plan de Transición Laboral:

–A pesar de que la Ley del Servicio Profesional de Carrera establece la obligación de reubicar a los trabajadores en caso de reestructuraciones, las trabajadoras de Conavim no fueron incorporadas de inmediato a la nueva dependencia.

Impacto en la Operación de Conavim e INMUJERES

• Desde su creación en 2009, Conavim coordinaba programas clave como la implementación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y estrategias para la atención integral de víctimas. Su desaparición ha generado vacíos en la continuidad de estas políticas públicas.

• INMUJERES, por su parte, era el principal órgano rector en la elaboración de políticas nacionales de igualdad de género. Su eliminación diluyó su enfoque estratégico y su capacidad de incidencia.

La falta de previsión y planificación en la desaparición de estos organismos ha tenido consecuencias graves, tanto en términos laborales como en la capacidad del gobierno para atender a las mujeres en un contexto de violencia creciente. Este contexto fundamenta la necesidad de un exhorto legislativo para exigir soluciones inmediatas.

La paradoja del abandono a las mujeres bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asumió la presidencia con un discurso ambicioso que prometía un gobierno centrado en la protección y el empoderamiento de las mujeres. Según su narrativa, su administración representaría un parteaguas en las políticas de género, garantizando más derechos, más igualdad y un entorno seguro para todas las mujeres en México. Sin embargo, los hechos recientes han demostrado una profunda contradicción entre su discurso y la realidad.

La desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) no solo simboliza un retroceso institucional, sino que pone de manifiesto el abandono de miles de mujeres, tanto trabajadoras como beneficiarias, en un momento donde la violencia de género continúa cobrando vidas diariamente. Esta medida, lejos de fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ha generado un vacío operativo y jurídico que atenta contra los derechos de las propias servidoras públicas y de las mujeres que dependían de estas instituciones.

Un gobierno que prometió proteger, pero abandonó

El lema implícito de la administración Sheinbaum ha sido “con Claudia, llegan todas”. Sin embargo, lo que en realidad “ha llegado” es una crisis laboral y social para las mujeres. Mientras se hablaba de crear una Secretaría de las Mujeres para optimizar recursos y fortalecer las políticas públicas, la transición se ha traducido en:

1. El limbo laboral de las trabajadoras de Conavim: Mujeres que dedicaron años a combatir la violencia de género han quedado sin empleo, sin salario y sin respuestas claras. En lugar de ser reconocidas como piezas fundamentales en esta lucha, han sido ignoradas y marginadas.

2. El debilitamiento de los programas clave: Al desaparecer organismos especializados como Conavim, que implementaba las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se debilita la capacidad del Estado para prevenir y atender la violencia feminicida.

3. La precarización laboral como norma: La falta de respeto a los derechos de las trabajadoras, especialmente aquellas protegidas por la Ley del Servicio Profesional de Carrera, evidencia una gestión administrativa negligente y contraria a los principios de igualdad que este gobierno asegura defender.

La paradoja del discurso y los hechos

La gran ironía de este gobierno es que, mientras presume un liderazgo femenino que prioriza a las mujeres, la realidad muestra lo contrario: un abandono sistemático que afecta directamente a aquellas que han sido las primeras líneas de defensa contra la violencia de género. La desaparición de Conavim e INMUJERES es un retroceso histórico que contradice los principios fundamentales de equidad, derechos laborales y justicia social.

En lugar de garantizar estabilidad y avances, este gobierno ha puesto a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad, tanto dentro de las instituciones como en la sociedad. Las promesas de protección se han convertido en realidades de desamparo.

Una oportunidad desperdiciada

La creación de la Secretaría de las Mujeres pudo haber sido una oportunidad para avanzar en la agenda de género. Sin embargo, la falta de planeación, transparencia y respeto por las trabajadoras y las beneficiarias ha transformado este proyecto en un símbolo de improvisación y abandono.

Prometer que “llegaban todas” no significa nada si el destino es el limbo, la precariedad laboral y el retroceso en los derechos de las mujeres. Con Claudia Sheinbaum, lejos de avanzar, las mujeres enfrentan un panorama de incertidumbre y desprotección. La paradoja de este gobierno no solo hiere las promesas de igualdad, sino también la confianza de las mujeres que creyeron en ellas.

Por lo que con la extinción el 1 de enero de 2025 de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), se transfirieron sus funciones a la recién creada Secretaría de las Mujeres. Esta reestructuración afectó a más de cien servidoras públicas de Conavim, quienes fueron informadas sobre la solicitud de su renuncia.

La desaparición de Conavim dejó a aproximadamente 50 trabajadoras del Servicio Profesional de Carrera en una situación de incertidumbre laboral. A pesar de presentarse a laborar, no realizan actividades debido a la inexistencia legal de su empleador, y no han recibido ofertas de reubicación ni notificaciones de despido.

Las trabajadoras afectadas continúan asistiendo a las oficinas sin tareas asignadas, temiendo ser acusadas de abandono de empleo. Además, no han recibido su salario correspondiente desde la extinción de Conavim. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, ha manifestado que la reubicación del personal es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación.

Esta situación vulnera los derechos laborales de las trabajadoras, quienes, según la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tienen garantizada la estabilidad y permanencia en el servicio público. La falta de claridad en su estatus laboral y la ausencia de remuneración afectan su bienestar económico y emocional.

La incertidumbre laboral de las trabajadoras impacta negativamente en la implementación de políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La reducción de personal especializado puede disminuir la eficacia de los programas y servicios dirigidos a atender esta problemática social.

Propuestas de Soluciones

1. Reubicación Inmediata: Las autoridades competentes deben asignar de manera urgente a las trabajadoras afectadas a puestos acordes con su perfil y experiencia, respetando sus derechos laborales y antigüedad.

2. Pago de Salarios Adeudados: Se debe garantizar el pago inmediato de los salarios pendientes desde la extinción de Conavim e INMUJERES, evitando así mayores afectaciones económicas a las trabajadoras.

3. Transparencia en el Proceso de Transición: Es fundamental que las autoridades involucradas proporcionen información clara y oportuna sobre los procedimientos de reestructuración y el futuro laboral del personal afectado.

Este exhorto busca asegurar el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y garantizar la continuidad y eficacia de las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de las Mujeres, así como a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, instrumenten las acciones necesarias a efecto de:

1. Garantizar la reubicación inmediata de las trabajadoras de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del extinto Instituto Nacional de las Mujeres, en puestos que correspondan a su perfil y experiencia, respetando sus derechos laborales y antigüedad.

2. Efectuar el pago inmediato de los salarios adeudados al personal afectado desde la fecha de extinción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y del Instituto Nacional de las Mujeres.

3. Proporcionar información transparente y oportuna sobre el proceso de transición y las medidas adoptadas para salvaguardar los derechos laborales de las trabajadoras.

4 . Rendir un informe a la opinión pública, respecto al estado que guarda esta problemática y las acciones que se han llevado a cabo para darle atención.

Notas

1 Diario Oficial de la federación, 2024, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744005&fecha =28/11/2024#gsc.tab=0

2 Diario Oficial de la Federación, 2025, DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres. Recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746949&fecha=10/ 01/2025#gsc.tab=0

3 Reporte Índigo, 2024, Sheinbaum envía a diputados iniciativa para crear la Secretaría de la Mujer y otras dependencias federales. Recuperado de:

https://www.reporteindigo.com/reporte/sheinbaum-envia-a-diputado s-iniciativa-para-crear-la-secretaria-de-la-mujer-y-otras-dependencias-federale s/

4 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, 2024, Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de:

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241112-VI.pdf

5 Diario Oficial de la federación, 2024, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744005&fecha =28/11/2024#gsc.tab=0

6 Comunicación Social Cámara de Diputados, 2024, Llegamos todas: Claudia Sheinbaum. Recuperado de:

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/de sde-el-pleno/llegamos-todas-claudia-sheinbaum

7 Gobierno de México, 2024, Hoy llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación: presidenta Claudia Sheinbaum. Recuperado de:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/hoy-llegamos-las-mujeres-a -conducir-los-destinos-de-nuestra-hermosa-nacion-presidenta-claudia-sheinbaum

8 Animal Político, 2025, Extinguen Comisión para prevenir violencia contra mujeres, y dejan a sus trabajadoras en limbo laboral. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/politica/secretaria-mujeres-conav im-trabajadoras

9 Cimac noticias, 2025, Denuncian despido masivo en CONAVIM contra 100 trabajadoras. Exigen respuestas a Citlalli Hernández. Recuperado de:

https://cimacnoticias.com.mx/2025/01/06/

https-cimacnoticias-com-mx-2024-12-20-denuncian-despido-masivo-e n-conavim-contra-100-trabajadoras-exigen-respuestas-a-citlalli-hernandez/

10 Animal Político, 2025, Extinguen Comisión para prevenir violencia contra mujeres, y dejan a sus trabajadoras en limbo laboral. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/politica/secretaria-mujeres-conav im-trabajadoras

11 Cámara de Diputados, 2025, Ley Del Servicio Profesional De Carrera En La Administración Pública Federal. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf

12 Elefante Blanco, 2024, Servidoras públicas de INMUJERES y CONAVIM, instituciones que pasarán a formar parte de la nueva Secretaría de Mujeres, tuvieron que elegir entre firmar su liquidación o continuar en una nueva plaza con menor salario y perder su antigüedad. Recuperado de:

https://elefanteblanco.mx/2024/12/19/crean-secretaria-de-las-muj eres-gobierno-despide-a-trabajadoras/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON EL IMSS-BIENESTAR, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA ENFRENTAR LA CRISIS EPIDEMIOLÓGICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, en colaboración con los servicios de salud del IMSS-Bienestar, a implementar, con carácter de urgente, acciones prioritarias para enfrentar la crisis epidemiológica que aqueja al país, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguiente:

Consideraciones

La situación epidemiológica en México enfrenta una crisis multifacética que amenaza el derecho fundamental a la protección de la salud de millones de mexicanos. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento en el número de personas sin acceso a servicios médicos, la prevalencia de enfermedades crónicas y la reemergencia de enfermedades infecciosas. A esto se suman desafíos como la resistencia antimicrobiana, el déficit de personal médico y una infraestructura sanitaria insuficiente.

De acuerdo con datos oficiales, el número de personas sin acceso a servicios de salud creció de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022, afectando al 39.1 por ciento de la población. Asimismo, las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión han seguido una tendencia ascendente preocupante, con una prevalencia de diabetes del 18 por ciento en adultos en 2022. Por otro lado, los brotes de dengue continúan afectando a gran parte del territorio nacional, con más de 110,000 casos y 262 muertes registradas en 2024.

Frente a estos desafíos, es imperativo que el Estado refuerce sus políticas de salud pública y garantice una respuesta eficaz a la crisis epidemiológica. La necesidad de fortalecer la atención primaria, prevenir enfermedades infecciosas, enfrentar la resistencia antimicrobiana e invertir en infraestructura y personal de salud es urgente y no puede posponerse más.

Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera indispensable emitir un exhorto al titular de la Secretaría de Salud para que implemente acciones inmediatas y coordinadas que garanticen el derecho a la salud y protejan a la población de México de los riesgos actuales y futuros.

Contexto y Fundamentación

La situación epidemiológica actual en México es crítica y requiere acciones inmediatas para garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 4º constitucional. Diversos factores, como el aumento de enfermedades crónicas, la reemergencia de enfermedades infecciosas y la falta de acceso equitativo a servicios de salud, exigen que el sistema de salud se fortalezca con políticas públicas efectivas y transparentes.

El país enfrenta un aumento alarmante de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, con una prevalencia del 18 por ciento en adultos para diabetes y siendo líder mundial en obesidad infantil, lo que genera altos costos económicos y sociales. Paralelamente, la reemergencia de enfermedades infecciosas como el dengue, con más de 110 mil casos y 262 defunciones en 2024, refleja fallas en los programas de control sanitario y prevención. La resistencia antimicrobiana agrava esta crisis, al registrarse infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes como Klebsiella oxytoca, lo que incrementa la mortalidad y los costos de atención. Además, la desaparición del Seguro Popular y la implementación del Insabi y IMSS-BIENESTAR han dejado sin acceso a servicios médicos a 50.4 millones de personas, profundizando las desigualdades sociales. La falta de personal médico e infraestructura, con solo 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, limita aún más la capacidad de atención.

Situación Actual en Materia Epidemiológica en México

La situación epidemiológica de México en 2024 está marcada por una serie de desafíos críticos que afectan gravemente el derecho a la salud de millones de ciudadanos. Cada uno de estos desafíos tiene implicaciones específicas para el bienestar de la población y la eficacia del sistema de salud. A continuación, se detallan los principales rubros con mayor profundidad:

1. Acceso Inequitativo a los Servicios de Salud

El acceso a servicios de salud en México ha empeorado de manera considerable en los últimos años. La desaparición del Seguro Popular y la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), seguido por la reciente transición al programa IMSS-Bienestar, generaron incertidumbre y dificultades logísticas en la prestación de servicios médicos.

• Datos Relevantes:

–El número de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022.

–Esto significa que 39.1 por ciento de la población no tiene cobertura médica.

–La falta de infraestructura en zonas rurales y marginadas agrava esta situación, dejando a comunidades enteras sin atención médica oportuna.

• Implicaciones:

–Aumento de enfermedades prevenibles debido a la falta de atención primaria y vacunación.

–Mayor gasto de bolsillo para las familias, exacerbando la pobreza y la desigualdad social.

–Colapso de servicios de urgencias y hospitales de segundo y tercer nivel debido a la falta de atención primaria eficiente.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2024 se registraron 212,404 defunciones, lo que refleja un incremento en la mortalidad que puede estar asociada a deficiencias en el acceso y calidad de los servicios de salud.

2. Aumento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Las enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y obesidad, representan una de las mayores amenazas para la salud pública en México. Estas condiciones están estrechamente vinculadas a factores como una mala alimentación, falta de actividad física y acceso limitado a servicios preventivos.

• Datos Relevantes:

–La prevalencia de diabetes en adultos aumentó del 14 por ciento en 2006 al 18 por ciento en 2022.

–México ocupa el segundo lugar mundial en obesidad en adultos y el primer lugar en obesidad infantil.

–La hipertensión afecta al 26 por ciento de la población adulta y es una de las principales causas de complicaciones cardiovasculares.

• Implicaciones:

–Elevados costos en tratamientos y hospitalizaciones por complicaciones derivadas de estas enfermedades.

–Reducción de la productividad laboral debido a incapacidades y mortalidad prematura.

–Mayor demanda de servicios de salud especializados, como diálisis y tratamientos cardiovasculares.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023, presentada en agosto de 2024, muestra un panorama de los principales indicadores de salud de la población, incluyendo la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad.

3. Reemergencia de Enfermedades Infecciosas

Las enfermedades infecciosas han resurgido con fuerza en México debido a factores como el cambio climático, deficiencias en programas de prevención y control de vectores, y falta de infraestructura sanitaria adecuada.

• Datos Relevantes:

–En 2024, se registraron más de 110 mil casos de dengue y 262 defunciones, siendo Jalisco y Nuevo León los estados más afectados

–Brotes de sarampión y hepatitis A también han resurgido debido a la baja cobertura de vacunación infantil.

• Implicaciones:

–Saturación de hospitales y clínicas durante los picos de brotes infecciosos.

–Riesgo de propagación a nivel nacional por la falta de control y seguimiento epidemiológico.

–Impacto económico negativo debido a los costos de control de brotes y pérdidas laborales por enfermedad.

4. Resistencia Antimicrobiana

La resistencia antimicrobiana se está convirtiendo en una de las mayores amenazas de salud pública en México, agravada por el uso indiscriminado de antibióticos y las deficiencias en las prácticas de higiene hospitalaria.

• Datos Relevantes:

–En 2024, se emitió una alerta epidemiológica por infecciones hospitalarias causadas por la bacteria Klebsiella oxytoca, con 15 casos graves confirmados.

–Se estima que 7 de cada 10 infecciones hospitalarias son causadas por bacterias resistentes a múltiples antibióticos.

• Implicaciones:

–Mayor mortalidad por infecciones intrahospitalarias difíciles de tratar.

–Incremento de los costos de atención médica debido a tratamientos prolongados y más costosos.

–Necesidad urgente de políticas de uso responsable de antibióticos y prácticas estrictas de higiene hospitalaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado un aumento importante en las infecciones de transmisión sexual, lo que refleja desafíos en la resistencia antimicrobiana y la necesidad de fortalecer las estrategias de salud pública.

5. Déficit de Personal Médico e Infraestructura Sanitaria

México enfrenta una carencia importante de recursos humanos y físicos en el sector salud, lo que limita su capacidad para ofrecer servicios de calidad a la población.

• Datos Relevantes:

–México cuenta con 2.4 médicos y 2.6 enfermeras por cada 1,000 habitantes, cifras por debajo del promedio de la OCDE.

–La falta de infraestructura afecta principalmente a zonas rurales y marginadas, donde los hospitales y clínicas están en condiciones precarias o simplemente no existen.

• Implicaciones:

–Mayor tiempo de espera para recibir atención médica.

–Atención médica deficiente debido a la sobrecarga de trabajo del personal sanitario.

–Desigualdades en el acceso a servicios médicos entre las áreas urbanas y rurales.

Datos del segundo trimestre de 2024 indican que la fuerza laboral de médicos, enfermeras y otros especialistas en salud en México es de aproximadamente 444,000 personas, con un salario promedio de $8,910 MXN y una jornada laboral de alrededor de 38.6 horas semanales.

La combinación de estos factores configuran una crisis sanitaria en México que requiere acciones inmediatas y coordinadas. La falta de acceso a servicios de salud, el aumento de enfermedades crónicas e infecciosas, la resistencia antimicrobiana y el déficit de personal e infraestructura representan amenazas que, si no se abordan con urgencia, pueden tener consecuencias devastadoras para la población.

En efecto, la crisis epidemiológica en México representa una amenaza multifacética que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos. Diversos factores estructurales, sociales y económicos han contribuido a una situación que exige una intervención urgente y coordinada por parte del gobierno y las instituciones de salud.

El incremento del número de personas sin acceso a servicios médicos, que pasó de 20.1 millones en 2018 a 50.4 millones en 2022, refleja las deficiencias en cobertura y atención médica, especialmente tras los cambios en los modelos de salud pública como la transición del Seguro Popular al Insabi y al IMSS-Bienestar. Esta falta de cobertura afecta principalmente a sectores vulnerables y marginados, profundizando la inequidad social y económica en el país.

El aumento de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad agrava aún más la crisis, con costos significativos para el sistema de salud y un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. La falta de políticas efectivas de prevención y promoción de estilos de vida saludables ha permitido que estas enfermedades se conviertan en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en México.

Por otro lado, la reemergencia de enfermedades infecciosas como el dengue y brotes hospitalarios de bacterias resistentes, como Klebsiella oxytoca, evidencia la falta de una infraestructura sanitaria adecuada y de programas preventivos robustos. El cambio climático, las condiciones de higiene y los déficits en control vectorial han favorecido la propagación de estas enfermedades.

Además, el déficit de personal médico e infraestructura hospitalaria sigue siendo un obstáculo crítico. Con 2.4 médicos y 2.6 enfermeras por cada 1,000 habitantes, México está por debajo del estándar internacional recomendado. La falta de inversión en instalaciones de salud y en la formación de profesionales limita la capacidad de respuesta del sistema de salud ante emergencias epidemiológicas.

México enfrenta una crisis epidemiológica compleja que requiere una intervención integral y sostenida. Es fundamental fortalecer el sistema de salud con políticas de prevención eficaces, garantizar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad, y mejorar la infraestructura y formación del personal de salud.

La falta de acción frente a los desafíos epidemiológicos actuales puede derivar en una crisis sanitaria de mayores proporciones, afectando directamente el bienestar de millones de mexicanos. Por lo tanto, es urgente que el secretario de Salud tome medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo y efectivo a los servicios de salud en el país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, para que, en colaboración con los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), implementen, de manera urgente, las siguientes acciones prioritarias para enfrentar la crisis epidemiológica que afecta a las familias mexicanas:

1. Fortalecimiento de la atención primaria: Garantizar servicios de salud accesibles y oportunos mediante una red eficiente de atención primaria, con énfasis en la prevención, diagnóstico temprano y manejo adecuado de enfermedades crónicas y agudas.

2. Estrategias de prevención de enfermedades infecciosas: Diseñar e implementar campañas y programas efectivos para el control de enfermedades transmisibles, como el dengue, a través de medidas de control vectorial, campañas de concientización y una vigilancia epidemiológica constante que permita evitar brotes futuros.

3. Control de resistencia antimicrobiana: Establecer políticas y programas nacionales para combatir la resistencia antimicrobiana, mediante la implementación de protocolos estrictos en hospitales, el uso racional de antibióticos y el fortalecimiento de las prácticas de higiene hospitalaria y vigilancia epidemiológica.

4. Infraestructura y personal médico: Incrementar la inversión en infraestructura médica, con la construcción y modernización de hospitales y clínicas, especialmente en zonas rurales y marginadas. Asimismo, fortalecer la formación, capacitación y contratación de personal médico y de enfermería, para cumplir con los estándares internacionales recomendados.

Notas

1 Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Arias Guzmán Sergio Arias Franco, 2024, El Sistema Nacional de Salud rumbo al 2024: Diagnóstico y propuestas. Recuperado de:

https://amepresmexico.org.mx/wp-content/uploads/ 2023/10/BC342_Central1.pdf

2 Congrega Voz, 2024, Ensanut revela más retos que oportunidades en salud en México. Recuperado de:

https://congregavoz.cmt-global.org/articulos/ensanut-revela-mas- retos-que-oportunidades-en-salud-en-mexico

3 El País, 2024, El avance imparable del dengue en México: el virus estalla en Nuevo León y Jalisco. Recuperado de:

https://elpais.com/mexico/2024-11-23/el-avance-imparable-del-den gue-en-mexico-el-virus-estalla-en-nuevo-leon-y-jalisco.html

4 Éctor Jaime Ramírez Barba, Carlos Arias Guzmán Sergio Arias Franco, 2024, El Sistema Nacional de Salud rumbo al 2024: Diagnóstico y propuestas. Recuperado de:

https://amepresmexico.org.mx/wp-content/uploads/2023/ 10/BC342_Central1.pdf

5 INEGI, 2024, Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) Enero a marzo de 2024. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ EDR/EDR2024_1erT.pdf

6 Gobierno de México, 2024, Presentan resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023. Recuperado de:

https://www.gob.mx/salud/prensa/336-presentan-resultados-de-la-e ncuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut-2020-2023

7 La Organización Mundial de la Salud (OMS), 2024. Recuperado de:

https://www.who.int/es/news/item/21-05-2024-new-report-flags-maj or-increase-in-sexually-transmitted-infections–-amidst-challenges-in-hiv-and-he patitis

8 Data México, 2024. Recuperado de:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/med icos-enfermeras-y-otros-especialistas-en-salud

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ACCIONES PARA PROTEGER A LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CALZADO ANTE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO DE DIFERENTES PAÍSES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a llevar a cabo diversas acciones para proteger a la industria nacional del calzado ante prácticas desleales de comercio provenientes de diferentes países, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguiente:

Consideraciones

i. Antecedentes

La industria del calzado en México es una de las más importantes y con mayor tradición en el país. Se remonta a finales del siglo XIX y ha crecido hasta convertirse en una fuente vital de empleos y desarrollo económico. Actualmente, entidades como Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla y Ciudad de México concentran la mayor parte de la producción nacional.

De acuerdo con datos de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), esta industria genera alrededor de 250 mil empleos directos y produce aproximadamente 250 millones de pares de zapatos al año. Además, contribuye de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero y al desarrollo económico regional.

No obstante, desde hace más de dos décadas, la industria nacional ha enfrentado una competencia desleal derivada de importaciones masivas de calzado de origen asiático, particularmente de China, Vietnam e Indonesia, cuyos productos ingresan al mercado mexicano a precios artificialmente bajos debido a prácticas de dumping y subvaluación.

En 2022, las importaciones de calzado asiático aumentaron cerca de un 40 por ciento, ingresando al país a precios subvaluados, lo que ha generado un impacto negativo en los micro y pequeños empresarios del sector.

II. Situación actual

Actualmente, los productores mexicanos de calzado se encuentran en una situación crítica debido a varios factores que amenazan su competitividad y subsistencia:

1. Importaciones Desleales: Las importaciones de calzado asiático representan más del 60 por ciento del calzado que se consume en el país. Muchas de estas importaciones llegan a precios que están por debajo de los costos de producción nacional, debido a prácticas de dumping.

2. Contrabando y Subvaluación: Existe un alto nivel de contrabando y subvaluación en las aduanas mexicanas, lo que facilita el ingreso de calzado ilegal o con declaración falsa de valor, afectando gravemente a la industria nacional.

3. Falta de Regulación Efectiva: Aunque se han aplicado medidas antidumping y arancelarias de forma intermitente, estas han sido insuficientes o tardías, lo que ha permitido que los productores asiáticos continúen con sus prácticas desleales.

4. Normas de Calidad y Etiquetado Deficientes:

La falta de aplicación estricta de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en cuanto a calidad y etiquetado permite que productos de baja calidad se vendan como si fueran de manufactura nacional.

5. Competitividad Reducida:

La industria nacional enfrenta desafíos de modernización tecnológica y financiamiento. La falta de apoyo y estímulos gubernamentales ha limitado su capacidad para competir con grandes productores internacionales.

Cuatro entidades de la República concentran el 94 por ciento del valor de la producción de calzado: Guanajuato (70 por ciento), Jalisco (15 por ciento), Estado de México (5 por ciento) y Ciudad de México (3 por ciento).

La industria del calzado es el principal eslabón de la cadena cuero-calzado-marroquinería y está integrada por cerca de 7,400 establecimientos productores, equivalentes al 68.4 por ciento del total de la cadena productiva.

III. Problemáticas

1. Pérdida de Empleos: La competencia desleal ha provocado el cierre de más de 30 por ciento de las micro y pequeñas empresas en la última década, lo que ha resultado en una pérdida considerable de empleos formales.

2. Cierre de Empresas: Las empresas nacionales, en su mayoría pequeñas y medianas, han sido incapaces de competir con los precios bajos del calzado importado, generando una reducción en la producción local.

3. Afectación a Economías Regionales: Estados como Guanajuato, donde la economía depende en gran medida de la industria del calzado, han visto una caída en su actividad económica debido a la falta de medidas de protección.

4. Evasión Fiscal y Comercio Informal: El contrabando y la subvaluación generan pérdidas significativas para el fisco, fomentando el comercio informal y afectando los ingresos del Estado.

5. Desplazamiento de Productores Nacionales: La entrada y venta de calzado chino en México representa más del 50 por ciento de las ventas totales, desplazando a los productores nacionales y generando pérdidas multimillonarias a la economía local.

6. Contrabando y Subvaluación: En 2023, la importación de calzado a través de envíos individuales por plataformas digitales alcanzó los 4,000 millones de dólares, generando un grave impacto en la industria nacional del calzado.

7. Investigaciones por Prácticas Desleales: La Secretaría de Economía ha iniciado investigaciones de oficio sobre las importaciones de calzado originario de China que ingresan bajo el esquema de dumping, reconociendo el daño que se ha hecho a la industria del calzado nacional.

IV. Consecuencias

1. Desindustrialización del Sector: La falta de acciones efectivas podría llevar a una desindustrialización de un sector que ha sido clave para el desarrollo del país, perdiendo capacidades productivas difíciles de recuperar.

2. Impacto Social y Económico: La pérdida de empleos en la industria del calzado afecta directamente a miles de familias mexicanas, incrementando los niveles de pobreza y desigualdad en las regiones donde esta industria es predominante. La competencia desleal y el contrabando han llevado al cierre de empresas y a la disminución de la producción nacional.

3. Dependencia de Importaciones: La desaparición de los productores nacionales incrementaría la dependencia del calzado importado, debilitando la seguridad económica del país. La industria mexicana tiene la capacidad de abastecer una parte significativa del mercado nacional; Sin embargo, la competencia desleal ha afectado su participación en el mercado.

4. Competencia Desleal Sistematizada: La falta de regulación permite que prácticas como el dumping y el contrabando se consoliden, dañando no solo al sector calzado, sino también a otros sectores manufactureros. La industria del calzado ha denunciado prácticas desleales de comercio que afectan su competitividad.

V. Medidas de prevención y atención

Para fortalecer la industria del calzado nacional y protegerla frente a prácticas desleales de comercio internacional, se proponen las siguientes acciones concretas que el gobierno mexicano debe implementar.

1. Medidas Antidumping

• Iniciar Investigaciones Exhaustivas por Dumping: La Secretaría de Economía debe realizar investigaciones continuas para detectar prácticas de dumping en las importaciones de calzado, especialmente de países asiáticos, con el fin de proteger a los productores nacionales.

• Aplicar Sanciones y Aranceles Compensatorios: Imponer aranceles compensatorios a las importaciones de calzado provenientes de países que incurran en dumping para equilibrar los precios del mercado y garantizar una competencia justa.

2. Fortalecimiento de Aduanas

• Mejorar la Vigilancia Aduanera: Implementar operativos permanentes en las aduanas para evitar el ingreso de calzado subvaluado o de contrabando, fortaleciendo el control y vigilancia.

• Adoptar Tecnología y Controles Automatizados: Incorporar inteligencia artificial y análisis de datos en los procesos de inspección aduanera para detectar irregularidades con mayor eficiencia.

3. Normas de Calidad y Etiquetado

• Aplicar Estrictamente las Normas Oficiales Mexicanas (NOM): Garantizar que todo calzado importado cumpla con las NOM en materia de calidad y etiquetado, realizando verificaciones sistemáticas.

• Sancionar la Comercialización de Productos Falsificados: Aplicar sanciones más severas contra quienes comercialicen calzado falsificado o de origen dudoso.

4. Apoyo a Productores Nacionales

• Otorgar Financiamiento y Subsidios: Crear programas de financiamiento y subsidios para modernizar la tecnología y procesos productivos de los fabricantes nacionales de calzado.

• Facilitar el Acceso a Mercados Internacionales: Promover la participación en ferias internacionales para expandir las exportaciones de calzado mexicano.

5. Promoción del Consumo Nacional

• Campañas de Concientización: Lanzar campañas para promover el consumo de calzado mexicano, resaltando su calidad y beneficios económicos y sociales.

Crear Distintivos de Calidad y Origen: Desarrollar distintivos que certifiquen el origen y la calidad del calzado mexicano para facilitar su identificación por parte de los consumidores.

Estas propuestas, buscan fortalecer la industria del calzado mexicana, combatir prácticas desleales y fomentar el consumo de productos nacionales para asegurar un mercado competitivo y justo.

VI. Resolución Preliminar del Procedimiento Administrativo de Investigación Antidumping

Como se puede observar de todo lo aducido con anterioridad, la industria del calzado en México es un sector estratégico que genera más de 250 mil empleos y contribuye significativamente al desarrollo económico del país. Sin embargo, esta industria enfrenta una crisis derivada de las importaciones desleales provenientes de países como la República Popular China, donde prácticas de dumping han distorsionado el mercado al ofrecer productos a precios artificialmente bajos. Esta situación ha provocado una pérdida de participación de mercado, disminución de la producción, cierres de empresas y pérdida de empleos en estados clave como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

En ese sentido es preciso referir, que existe una Resolución Preliminar del Procedimiento Administrativo de Investigación Antidumping emitido por la Secretaría de Economía que aborda la problemática de las importaciones de calzado provenientes de la República Popular China que están afectando severamente a los productores nacionales debido a prácticas de comercio desleal. La investigación fue iniciada el 26 de abril de 2024, abarcando el periodo del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, y tiene como objetivo establecer si estas importaciones se realizan a precios de dumping y, en consecuencia, si se deben aplicar medidas correctivas para proteger la industria nacional.

El procedimiento se enfoca en calzado de distintos tipos, incluyendo tenis deportivos, sandalias y botas con suelas sintéticas, clasificadas bajo diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE). La denuncia fue impulsada por organismos como la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical), quienes han aportado pruebas documentales del daño económico sufrido.

Hallazgos y Afectaciones Detectadas

1. Prácticas de Dumping: Se identificó que las importaciones de calzado proveniente de China se realizan a precios inferiores al valor normal del producto en su mercado de origen. Esto constituye una práctica de dumping que ha generado una competencia desleal para los productores mexicanos.

2. Daño a la Industria Nacional: La investigación revela que los fabricantes nacionales han sufrido una pérdida considerable de participación en el mercado, una reducción en sus niveles de producción y ventas, y una disminución del empleo en el sector. Estas afectaciones se han documentado con cifras concretas que muestran una caída sostenida en los últimos años.

3. Contrabando y Subvaluación: Se advierte que, además del dumping, el problema se ve agravado por la entrada de mercancías subvaluadas y de contrabando debido a la falta de controles aduaneros efectivos. Esto no solo afecta a la industria del calzado, sino que debilita las finanzas públicas por la evasión fiscal.

4. Medidas Provisionales: La Secretaría de Economía propone una imposición de aranceles compensatorios provisionales del 35 por ciento a las importaciones de calzado chino para evitar un mayor daño mientras se concluye la investigación. Esta medida busca equilibrar los precios del mercado y dar un respiro a los productores nacionales.

En ese sentido, el procedimiento de investigación antidumping iniciado por la Secretaría de Economía evidencia que las importaciones de calzado provenientes de China están afectando gravemente a la industria nacional debido a prácticas de dumping. Las investigaciones preliminares revelan que estas importaciones se realizan a precios artificialmente bajos, lo que genera una competencia desleal que ha provocado caídas en la producción, pérdida de empleos y cierres de empresas en estados como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México.

Además, se ha detectado que el problema se agrava por el contrabando y la subvaluación de mercancías, facilitados por controles aduaneros insuficientes. La falta de intervención inmediata podría llevar a una desindustrialización del sector calzado, afectando directamente a más de 250 mil empleos y aumentando la dependencia de productos importados.

El presente Punto de Acuerdo también encuentra su fundamentación en los hallazgos preliminares de la investigación antidumping iniciada el 26 de abril de 2024 por la Secretaría de Economía, donde se detectaron prácticas de dumping que afectan gravemente a los productores nacionales. La imposición de aranceles compensatorios y el fortalecimiento de medidas aduaneras y regulatorias son acciones urgentes para detener el daño a la industria del calzado, proteger los empleos nacionales y garantizar una competencia justa y equitativa en el mercado mexicano.

Es urgente que la Secretaría de Economía implemente acciones concretas para proteger a la industria del calzado mexicano. El Estado tiene la obligación de garantizar un mercado justo y competitivo, salvaguardando el empleo, la producción nacional y el bienestar de miles de familias. Las medidas propuestas contribuirán a evitar un mayor deterioro de esta industria estratégica y asegurarán su desarrollo sostenible en el futuro.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Economía, ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, para que, en el marco de sus atribuciones, y con base en los procedimientos administrativos de investigación antidumping vigentes, instrumente las siguientes acciones con el objetivo de proteger a la industria nacional del calzado ante prácticas desleales de comercio provenientes de diferentes países:

1. Imposición de Aranceles Compensatorios Definitivos. Imponer aranceles compensatorios definitivos a las importaciones de calzado que se encuentren incurriendo en prácticas de dumping para nivelar los precios del mercado y proteger a los productores nacionales.

2. Fortalecimiento de la Vigilancia Aduanera. Reforzar los controles en las aduanas para evitar la entrada de calzado subvaluado y de contrabando mediante la implementación de tecnologías avanzadas y procesos automatizados de inspección.

3. Aplicación Estricta de Normas de Calidad y Etiquetado. Garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI-1997, referente al etiquetado y calidad del calzado importado, y sancionar a quienes comercialicen productos falsificados o sin la debida certificación.

4. Apoyo a los Productores Nacionales. Implementar programas de financiamiento, subsidios y apoyo tecnológico para los productores nacionales de calzado, con el fin de modernizar su producción y mejorar su competitividad. Facilitar la participación en ferias y el acceso a nuevos mercados internacionales.

5. Promoción del Consumo Nacional. Impulsar campañas de concientización que incentiven a los consumidores a adquirir calzado nacional, destacando su calidad y su contribución a la economía local. Además, desarrollar distintivos de calidad y origen que faciliten la identificación de calzado mexicano.

6. Monitorear y publicar informes trimestrales. Informar sobre las prácticas comerciales desleales identificadas y las acciones emprendidas para proteger a la industria del calzado.

7. Dar seguimiento puntual al Procedimiento de Investigación Antidumping. A efecto de que se culmine con prontitud el procedimiento administrativo de investigación antidumping iniciado de oficio el 26 de abril de 2024 sobre las importaciones de calzado provenientes de China, aplicando, en su caso, las sanciones necesarias para evitar el daño continuo a los productores nacionales.

Notas

1 Industrias México, 2023, Importación de Zapatos asiático generó impacto negativo en la Industria del calzado mexicano. Recuperado de:

https://industriasmexico.com.mx/importacion-de-zapatos-asiatico- genero-impacto-negativo-en-la-industria-del-calzado-mexicano/

2 Gobierno de México, La Industria del Calzado en México. Recuperado de:

https://www.gob.mx/se/articulos/la-industria-del-calzado-en-mexi co

3 Ídem

4 Oriente Capital, Calzado asiático desplaza a productores nacionales. Recuperado de:

https://www.orientecapital.com/single-post/calzado-asi%C3%A1tico -desplaza-a-productores-nacionales

5 Noticias NPI, 2024, Industria del calzado en México enfrenta pérdidas por importaciones hormiga y dumping de productos chinos. Recuperado de:

https://noticiasnpi.com/industria-del-calzado-en-mexico-enfrenta -perdidas-por-importaciones-hormiga-y-dumping-de-productos-chinos/

6 Periódico Correo, 2024, Investigarán golpe de calzado chino a sector calzado de Guanajuato y México. Recuperado de:

https://periodicocorreo.com.mx/vida-publica/investigaran-golpe-d e-calzado-chino-a-sector-calzado-de-guanajuato-y-mexico-20240426-97836.html?

7 UNAM, La desindustrialización en la manufactura mexicana. Recuperado de:

https://ru.iiec.unam.mx/1982/

8 MVS Noticias, 2024, “Shein y Temu ‘amenazan’ a productos mexicanos: ¿Cómo afecta a la industria nacional?”. Recuperado de:

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2024/12/5/shein-temu-amenaza n-productos-mexicanos-como-afecta-la-industria-nacional-668630.html

9 America Retail, 2024, “La industria del calzado mexicana enfrenta competencia”. Recuperado de:

https://america-retail.com/paises/mexico/industria-del-calzado-m exicana-enfrenta-competencia/

10 Milenio, 2024,”Industria del calzado acusa sobre práctica desleal de comercio. Recuperado de:

https://www.milenio.com/negocios/industria-del-calzado-acusa-sob re-practica-desleal-de-comercio-ciceg

11 Expansión, 2024, México pone bajo la lupa al calzado chino; realizará investigación antidumping. Recuperado de:

https://expansion.mx/economia/2024/04/26/investigacion-antidumpi ng-mexico-china-calzado

12 México Industry, 2024, “Se imponen cuotas compensatorias provisionales a importación de calzado chino”. Recuperado de:

https://mexicoindustry.com/noticia/se-impone-cuotas-compensatori as-provisionales-a-importacion-de-calzado-chino-en-mexico

13 El Siglo de Torreón - “México reforzará revisión en aduanas para frenar contrabando asiático”. Recuperado de:

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/mexico-reforzar a-revision-en-aduanas-para-frenar-contrabando-asiatico.html

14 El Economista, 2024, “Aduanas combatirá subvaluación de mercancías con IA”. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aduanas-combatira-subva luacion-de-mercancias-con-IA-20240711-0139.html

15 DOF - Publicación de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con calzado. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739941&fecha =30%2F09%2F2024&utm_source#gsc.tab=0

16 El País, 2024, “México incauta más de un millón de productos chinos ilícitos. Recuperado de:

https://elpais.com/mexico/2024-12-13/operacion-limpieza-mexico-i ncauta-mas-de-un-millon-de-productos-chinos-en-sonora.html

17 La Jornada,2024, “Esperan resolución de investigación antidumping para impulsar industria del calzado”. Recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/27/economia/espera-in dustria-del-calzado-resolucion-de-investigacion-antidumping-7135

18 La Silla Rota, 2024,“Ofrecen apoyos al sector calzado para acceder a mercados internacionales”. Recuperado de:

https://lasillarota.com/guanajuato/estado/2024/4/8/eres-zapatero -estado-te-apoya-con-hasta-3783-pesos-por-trabajador-que-tengas-477500.html

19 Infobae, 2024,“Estrategia para proteger la industria mexicana del dumping”. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2024/08/14/en-que-consiste-la-est rategia-del-dumping-que-atenta-contra-la-industria-mexicana/

20 Emprendedor ,2024, “Revitalización de la marca ‘Hecho en México’”. Recuperado de:

https://emprendedor.com/reviviran-la-marca-hecho-en-mexico-para- impulsar-la-compra-nacional/

21 DOF, 2024, RESOLUCIÓN Preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping de oficio sobre las importaciones de calzado originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739941&fecha =30/09/2024&utm_#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

REVISIÓN EXHAUSTIVA Y PARTICIPATIVA DE LOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS PARA EL CICLO ESCOLAR 2024-2025

Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar una revisión exhaustiva y participativa de los contenidos de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2024-2025, garantizando que sean apropiados para la edad y desarrollo de los estudiantes, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE REALICE UNA AUDITORÍA, SE IMPLEMENTEN MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN Y SE GARANTICE EL USO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A MEXICANA DE AVIACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a realizar una auditoría e implementar medidas de reestructuración estratégica y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a Mexicana de Aviación, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguiente:

Consideraciones

Mexicana de Aviación fue una de las aerolíneas más emblemáticas de México antes de su quiebra en 2010. En 2023, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), anunció su relanzamiento con la compra de la marca por 816 millones de pesos, la asignación de 4,200 millones para el inicio de operaciones y una inversión adicional de 20,871 millones para la adquisición de aviones Embraer.

El proyecto fue presentado como parte de una política pública para mejorar la conectividad aérea del país, promover el desarrollo regional y generar empleos. Sin embargo, su gestión y viabilidad económica han generado cuestionamientos, especialmente al considerar la alta inversión inicial y su bajo rendimiento económico durante su primer año de operación.

En efecto, Mexicana de Aviación, tras su quiebra en 2010, fue relanzada en 2023 como una aerolínea estatal bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este proyecto implicó una inversión inicial superior a 19 mil millones de pesos, incluyendo la compra de la marca y aeronaves. La administración actual presentó este relanzamiento como un esfuerzo para fortalecer la conectividad nacional y la capacidad del Estado en el sector aeronáutico. Sin embargo, en su primer año de operaciones, los resultados han sido ampliamente cuestionados debido a la ineficiencia operativa y financiera.

La nueva aerolínea del Estado mexicano, que operará bajo el nombre de Mexicana de Aviación, le fue designado un presupuesto de 8,340 millones de pesos para 2024, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federal.

En su primer año de operaciones, Mexicana de Aviación transportó a 382,011 pasajeros, lo que representa aproximadamente el 13 por ciento de su meta de 3 millones anuales planteada para 2027.

Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, Mexicana de Aviación transportó 299,566 pasajeros de enero a octubre de 2024, representando el 0.59 por ciento del mercado nacional.

En enero de 2025, Mexicana anunció la suspensión de ocho de sus 17 rutas, lo que afectó a destinos clave como Acapulco, Guadalajara y Villahermosa. Además, la aerolínea enfrenta un panorama adverso caracterizado por pérdidas acumuladas, cancelación de rutas y reducción presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025.

Mexicana de Aviación, relanzada en 2023 como aerolínea estatal bajo la gestión de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha enfrentado múltiples desafíos financieros y operativos que han generado cuestionamientos sobre su viabilidad. Con pérdidas acumuladas significativas, una baja ocupación en sus rutas, y la reciente cancelación de más de la mitad de sus operaciones, es necesario garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos asignados al proyecto. Por ello, resulta fundamental llevar a cabo una auditoría integral que permita evaluar el desempeño de la aerolínea y tomar decisiones informadas para proteger los intereses de la población y del erario público.

Estado actual

1. Finanzas:

• Ingresos reportados: 328 millones de pesos (382 mil pasajeros con un costo promedio de boleto de 860 pesos).

• Inversión total asignada: más de 35,000 millones de pesos.

• Reducción presupuestaria para 2025: de 8,340 millones a 1,140 millones de pesos.

• La aerolínea opera con números rojos y acumuló pérdidas superiores a 932 millones de pesos en su primer año. Los ingresos generados no compensan la inversión inicial ni los costos de operación.

2. Operación:

• Baja ocupación en sus rutas actuales, dificultando cubrir costos operativos.

• Enfoque limitado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y rutas principales.

• Actualmente mantiene nueve rutas activas y opera con dos aviones, evidenciando una reducción significativa respecto a las expectativas iniciales.

3. Planeación:

• Adquisición de 20 aeronaves adicionales, pese a la incapacidad de llenar las actuales.

• El presupuesto asignado para 2025 fue reducido drásticamente, de 8,340 millones a 1,140 millones de pesos, reflejando una falta de confianza en la viabilidad del proyecto.

4. Competencia y entorno:

• Operación en un mercado dominado por aerolíneas privadas con estrategias bien consolidadas.

• Incremento de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), favoreciendo a competidores.

• Su modelo de negocio enfrenta competencia directa de aerolíneas privadas y limitaciones logísticas, especialmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Riesgos y contras

1. Financieros:

• Sostenibilidad inviable: alta dependencia de recursos públicos y baja generación de ingresos.

• Mayor desgaste del erario por compras de aeronaves innecesarias y ampliación de operaciones.

• Al cierre del tercer trimestre de 2024, Mexicana de Aviación registró pérdidas acumuladas de 906 millones de pesos, con ingresos por servicios de 243 millones de pesos y gastos de operación de 1,149 millones de pesos.

• Las pérdidas acumuladas y la baja ocupación en sus rutas amenazan con una quiebra inminente en 2025, lo que implicaría un gasto fiscal adicional.

2. Impacto en el sector público:

• Desvío de recursos que podrían emplearse en sectores prioritarios como salud, educación o infraestructura.

• Potencial descrédito para la Sedena en su rol como operador no especializado.

• La inversión estatal en Mexicana podría percibirse como un despilfarro, afectando otros sectores prioritarios como salud o infraestructura.

3. Competitividad:

• Enfoque ineficiente en rutas y mercados donde ya existen opciones más consolidadas.

• Débil impacto en la conectividad regional, objetivo original del proyecto.

• La cancelación de rutas afecta la conectividad regional y genera descontento en los usuarios.

4. Credibilidad institucional:

• Percepción negativa del gobierno al financiar un proyecto que no cumple con sus metas económicas ni sociales.

• El fracaso del proyecto podría ser utilizado como argumento contra la capacidad de gestión del gobierno en iniciativas empresariales.

• Falta de viabilidad económica y operativa desde su lanzamiento.

• Modelo centralizado en rutas de baja demanda, contrario a la tendencia del mercado.

• Escasa planificación estratégica y poca flexibilidad para adaptarse al entorno competitivo.

• Utilización de recursos públicos en un proyecto que beneficia a un número limitado de usuarios.

Oportunidades

1. Reestructuración estratégica:

• Migrar a un modelo regional enfocado en conectar destinos secundarios, como Palenque, Puerto Escondido o Nayarit, con aeronaves más pequeñas y rutas mejor planeadas.

• Establecer alianzas con aerolíneas privadas para compartir rutas y reducir costos.

• Generación de Políticas Públicas, la experiencia podría servir para diseñar mejores lineamientos regulatorios en el sector aeronáutico.

2. Optimización operativa:

• Reducir gastos operativos innecesarios, como la adquisición de aviones adicionales, hasta que se logre una ocupación sostenible.

• Mejorar la gestión financiera con enfoque en la rentabilidad.

• Fortalecimiento del AIFA, redefinir la operación de Mexicana como parte de una estrategia integral para consolidar este aeropuerto.

3. Posicionamiento regional:

• Concentrar esfuerzos en aeropuertos alternativos al AICM y AIFA, para captar mercados no saturados.

• Enfocarse en rutas regionales con alta demanda y aviones de menor capacidad podría mejorar su sostenibilidad.

4. Diversificación de ingresos:

• Incorporar servicios complementarios como carga aérea o contratos de transporte con instituciones gubernamentales.

Afectaciones a la población

1. Impactos negativos:

• Pérdida de recursos públicos que podrían destinarse a necesidades sociales.

• Limitada conectividad efectiva, afectando a comunidades que requieren transporte aéreo asequible y frecuente.

• Directas: Cancelaciones de vuelos y rutas, afectando a usuarios que confiaron en la conectividad ofrecida por la aerolínea.

• Económicas: La utilización de recursos fiscales en un proyecto deficitario implica menos presupuesto para servicios públicos esenciales.

• Reputacionales: La percepción de ineficiencia del Estado puede mermar la confianza ciudadana en proyectos futuros.

2. Potenciales beneficios si se optimiza el modelo:

• Generación de empleos en regiones específicas mediante la operación de rutas regionales.

• Mejora en la conectividad de regiones marginadas si se ejecuta un enfoque local.

Mexicana de Aviación enfrenta un panorama financiero y operativo insostenible que pone en riesgo su continuidad para 2025, debido a la baja rentabilidad, inversiones excesivas y una débil planeación estratégica. Desde una perspectiva legislativa y económica, es imprescindible llevar a cabo una auditoría exhaustiva para transparentar el uso de los recursos públicos y considerar una reestructuración enfocada en un modelo regional eficiente que garantice un impacto positivo en la conectividad y la economía del país. Si estas medidas no resultan viables, debe contemplarse su liquidación para evitar mayores pérdidas al erario público. Esta experiencia debe servir como una lección para diseñar políticas públicas más sólidas y evitar errores similares en el futuro.

En ese sentido y considerando que Mexicana de Aviación, relanzada en 2023 como aerolínea estatal bajo la Sedena con una inversión inicial de más de 19 mil millones de pesos, enfrenta graves problemas financieros y operativos. En su primer año, acumuló pérdidas de 932 millones de pesos, con baja ocupación en rutas y costos operativos insostenibles. Para 2025, su presupuesto se redujo de 8,340 a 1,140 millones de pesos, reflejando la inviabilidad del modelo actual. En enero de 2025, suspendió 8 de sus 17 rutas, afectando la conectividad de destinos clave como Acapulco y Guadalajara. Esta situación no solo impacta al erario público, sino también la confianza ciudadana y la credibilidad gubernamental. Se requiere un enfoque transparente y eficiente para reestructurar el modelo de negocio, garantizar resultados tangibles y minimizar el impacto negativo en la población.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para que instrumenten las acciones necesarias a efecto de realizar una auditoría exhaustiva y transparente sobre el manejo de los recursos públicos asignados a Mexicana de Aviación desde su relanzamiento, incluyendo la adquisición de aeronaves, operación de rutas y resultados financieros.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el titular de la Agencia Federal de Aviación Civil, realicen un análisis técnico y financiero detallado que evalúe la viabilidad del modelo actual de Mexicana de Aviación y las alternativas para su reestructuración, priorizando un enfoque regional que optimice rutas y reduzca costos operativos, y que los resultados los hagan del conocimiento de la opinión pública en un plazo no mayor a 60 días naturales después de que hayan sido obtenidos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe a la opinión pública en un plazo no mayor a 60 días naturales sobre las proyecciones presupuestarias de Mexicana de Aviación y las implicaciones para las finanzas públicas en caso de su continuidad o liquidación.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría integral sobre el manejo de los recursos públicos asignados a Mexicana de Aviación desde su relanzamiento en 2023, incluyendo la adquisición de la marca, compra de aeronaves, operación de rutas y resultados financieros, así como la planeación estratégica empleada. La auditoría debe evaluar la eficiencia, eficacia y viabilidad financiera y operativa del proyecto, considerando su impacto económico en el erario público. Los resultados de esta auditoría deberán ser presentados al Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 90 días naturales, a fin de determinar las medidas correctivas o legislativas necesarias para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con base en los resultados de la auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación a Mexicana de Aviación, en caso de determinarse la inviabilidad del proyecto, implementen las medidas necesarias para su liquidación ordenada, garantizando la protección de los recursos públicos y los derechos de los usuarios afectados.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Poder Ejecutivo para que presente un informe detallado a la opinión pública sobre las acciones realizadas y los planes futuros respecto a Mexicana de Aviación, en un plazo no mayor a 60 días naturales.

Notas

1 Expansión, 2023, Mexicana de Aviación operará con un presupuesto de 8,340 millones de pesos. Recuperado de:

https://expansion.mx/empresas/2023/09/08/presupuesto-mexicana-av iacion-2024-paquete-economico

2 Informador mx, 2024, Mexicana de Aviación cumple un año de operaciones; reportan estas cifras. Recuperado de:

https://www.informador.mx/mexico/Mexicana-de-Aviacion-cumple-un- ano-de-operaciones-reportan-estas-cifras-20241226-0039.html

3 Soy Nomada mx, 2025, Mexicana de aviación apenas representa el .059% del mercado nacional. Recuperado de:

https://www.soynomada.news/noticias/Mexicana-de-Aviacion-apenas- representa-el-0.59-del-mercado-nacional-20250104-0007.html

4 El País, 2025, La aerolínea estatal Mexicana de Aviación cierra 8 de sus 17 rutas. Recuperado de:

https://elpais.com/mexico/2025-01-06/la-aerolinea-estatal-mexica na-de-aviacion-cierra-ocho-de-sus-17-rutas.html

5 El Financiero, 2025, Sheinbaum explica por qué Mexicana cerró 8 rutas: ‘Se está haciendo una revisión. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2025/01/06/por-que-mexi cana-de-aviacion-cerro-8-rutas-claudia-sheinbaum-explica-motivos/

6 Soy Nomada, 2025, Mexicana de aviación planea ampliar su flota con 20 aeronaves nuevas pese a pérdidas financieras. Recuperado de:

https://www.soynomada.news/noticias/Mexicana-de-Aviacion-planea- ampliar-su-flota-con-20-nuevas-aeronaves-pese-a-perdidas-financieras-20250104-0 008.html

7 El Economista, 2024, Se dispara 1,000% subsidio que recibirá Mexicana de Aviación en el 2024. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-dispara-1000-subsidi o-que-recibira-Mexicana-de-Aviacion-en-el-2024-20240501-0105.html

8 Proceso, 2023, Mexicana de Aviación aún no inicia vuelos y ya canceló 11 de las 20 rutas previstas. Recuperado de:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/11/16/mexicana-de-aviac ion-aun-no-inicia-vuelos-ya-cancelo-11-de-las-20-rutas-previstas-318647.html

9 Aristegui noticias, 2024, Mexicana de Aviación opera en números rojos y quebrará en 2025: Casas Lías. Recuperado de:

https://aristeguinoticias.com/2712/mexico/mexicana-de-aviacion-o pera-en-numeros-rojos-y-quebrara-en-2025-casas-lias/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE GARANTICE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS EN EL CONTEXTO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE CIBERDELINCUENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a garantizar la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la privacidad de los ciudadanos mexicanos en el contexto de la suscripción de la Convención de la ONU sobre ciberdelincuencia, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

En un mundo cada vez más interconectado, las tecnologías de la información y comunicación han transformado profundamente la manera en que las personas interactúan, trabajan y acceden a información. Sin embargo, este desarrollo tecnológico ha traído consigo desafíos significativos, como el aumento de delitos cibernéticos que afectan a individuos, empresas y gobiernos por igual. Ante esta problemática global, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha promovido la adopción de una Convención Internacional contra la Ciberdelincuencia, cuyo objetivo es establecer un marco normativo común para prevenir y combatir estos delitos.

A pesar de su intención de enfrentar la ciberdelincuencia, este tratado ha generado un debate intenso entre gobiernos, organizaciones de derechos humanos, empresas tecnológicas y otros actores de la sociedad civil. En particular, existen preocupaciones sobre las posibles implicaciones de este instrumento para los derechos humanos, la privacidad y las libertades fundamentales, dado el amplio alcance de sus disposiciones en materia de vigilancia, recopilación de datos y cooperación internacional.

Para México, la decisión de firmar y ratificar este tratado implica una evaluación cuidadosa de los compromisos internacionales, el impacto en el marco jurídico nacional y las repercusiones prácticas para su población. Este instrumento legislativo busca no solo identificar los beneficios potenciales del tratado, sino también las áreas de riesgo que podrían comprometer los principios fundamentales del Estado de derecho y los derechos humanos consagrados en la Constitución Mexicana y tratados internacionales.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia tiene como objetivos primordiales prevenir y combatir los delitos cometidos mediante tecnologías de la información, promover la cooperación internacional y fortalecer la capacidad de los Estados Parte para abordar estas amenazas. Sin embargo, el análisis normativo y práctico de este tratado revela implicaciones que merecen atención específica para México.

En este contexto, en estas consideraciones se presenta un estudio exhaustivo que aborda el contenido del tratado, sus implicaciones normativas y prácticas, así como las recomendaciones necesarias para que México asuma una posición responsable que priorice la protección de las libertades fundamentales en un entorno digital cada vez más complejo.

I. Contexto normativo y principios relevantes

1. Derechos humanos en el entorno digital La Resolución A/HRC/20/8 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece que los derechos humanos, como la libertad de expresión, asociación y privacidad, deben ser protegidos tanto en entornos físicos como digitales. Cualquier tratado internacional debe alinearse con este principio, garantizando un equilibrio entre la seguridad y el respeto a las libertades individuales.

2. Soberanía nacional y estándares internacionales la Constitución Mexicana, en sus artículos 6o. y 7o., protege la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, el artículo 16 consagra el derecho a la privacidad y regula el uso de tecnologías para la vigilancia estatal, imponiendo estrictos requisitos legales. México, como Estado Parte de tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), está obligado a garantizar estas protecciones.

II. Análisis del Tratado

1. Cooperación internacional estructurada:

• Promueve la colaboración global para la investigación, enjuiciamiento y recolección de pruebas electrónicas, lo que puede facilitar el combate efectivo de delitos transnacionales como la explotación infantil y el fraude cibernético.

• Introduce mecanismos claros para extradición y transferencia de datos personales entre países, fortaleciendo la armonización legislativa.

2. Enfoque en la protección de víctimas:

• El tratado incluye medidas específicas para proteger a las víctimas de delitos cibernéticos (artículo 34), incluyendo la posibilidad de indemnización y asistencia para su recuperación física y psicológica.

3. Actualización normativa:

• Obliga a los Estados Parte a tipificar delitos como el acceso ilícito, la interferencia con sistemas y datos, la difusión de material sexual no consentido y el uso indebido de dispositivos tecnológicos (artículos 7-16).

1. Ambigüedad y términos amplios:

• Definiciones como “intencionalmente” o “sin autorización” son imprecisas y podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias, afectando la seguridad jurídica (artículo 7).

• La amplitud del catálogo de delitos (artículo 3) incluye conductas que no son estrictamente ciberdependientes, lo que podría criminalizar actividades legítimas como el periodismo o la defensa de derechos humanos.

2. Vigilancia estatal ampliada:

• El tratado otorga facultades procesales extensas, como la interceptación de datos en tiempo real (artículo 30) y la conservación acelerada de datos (artículos 25-28). Sin salvaguardas claras, estas medidas podrían ser utilizadas para justificar vigilancia masiva.

3. Protección insuficiente de datos personales:

• Aunque aborda la protección de datos (artículo 36), la transmisión internacional de información carece de garantías robustas, dejando la protección a discreción de los Estados Parte.

4. Falta de perspectiva de género robusta:

• Si bien menciona la necesidad de un enfoque de género (preámbulo y artículo 34), no establece medidas concretas para abordar la violencia digital contra mujeres.

5. Impacto desproporcionado en grupos vulnerables:

• Las disposiciones sobre la criminalización de ciertos actos pueden afectar a defensores de derechos humanos, periodistas y alertadores, quienes ya enfrentan riesgos significativos.

1. Riesgos a los derechos fundamentales:

• La incorporación de medidas de vigilancia podría vulnerar derechos constitucionales como el derecho a la privacidad (artículo 16 de la Constitución) y la libertad de expresión (artículo 6).

2. Ajustes legales y operativos costosos:

• México necesitaría reformar su marco normativo, incluyendo el Código Penal Federal y la Ley de Protección de Datos, lo que implica recursos significativos.

3. Desafíos para el sector privado:

• Las obligaciones para proveedores de servicios (artículo 27) podrían incrementar costos operativos y afectar la competitividad en el sector tecnológico.

4. Brecha digital y desigualdad:

• Las medidas propuestas podrían profundizar la exclusión digital, afectando principalmente a comunidades marginadas que ya enfrentan barreras para el acceso a la tecnología.

III. Problemáticas identificadas en el tratado

1. Ambigüedad en la redacción y potencial para abusos. La inclusión de términos vagos como “intencionalmente” o “sin autorización” podría criminalizar conductas legítimas, como el periodismo de investigación, la denuncia de alertadores o la defensa de derechos humanos. Esto contraviene el principio de legalidad penal, que exige claridad y precisión para evitar interpretaciones arbitrarias.

2. Ampliación desproporcionada del catálogo de delitos. La incorporación de delitos no estrictamente ciberdependientes amplía de manera innecesaria el alcance del tratado. Por ejemplo, conductas que involucran el uso de tecnologías de la información, pero que no constituyen delitos cibernéticos per se, podrían ser objeto de persecución penal, afectando la proporcionalidad y necesidad de las medidas adoptadas.

3. Facultades de vigilancia sin salvaguardas adecuadas. El tratado propone medidas procesales que incluyen la vigilancia transfronteriza, el almacenamiento masivo de datos y el intercambio de información entre Estados. Sin controles efectivos, estas facultades podrían derivar en violaciones masivas al derecho a la privacidad, como el uso indebido de spyware, ya documentado en contextos de persecución política.

4. Ausencia de perspectiva de género y protección de grupos vulnerables. Aunque menciona la asistencia a víctimas, el tratado no integra una perspectiva de género robusta ni aborda los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en entornos digitales. Esto contradice los estándares internacionales que exigen enfoques diferenciados para garantizar la igualdad sustantiva.

IV. Implicaciones para México

1. Riesgo para las libertades fundamentales: Ratificar este tratado en los términos propuestos en el borrador de la ONU podría comprometer derechos protegidos constitucionalmente, como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el acceso a la información. Además, las medidas de vigilancia propuestas podrían violar el principio de mínima intervención estatal en un Estado democrático de derecho.

2. Impacto en la sociedad civil y periodistas: La criminalización de actividades legítimas en el ámbito digital podría inhibir la labor de periodistas, defensores de derechos humanos y alertadores. Esto representaría un retroceso significativo para la protección de estas figuras en un contexto donde ya enfrentan riesgos graves.

3. Contradicciones con obligaciones internacionales: Al suscribir tratados internacionales, México está obligado a garantizar que sus compromisos no vulneren derechos reconocidos. La ratificación de la Convención podría contravenir los principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH).

4. Modificación del marco jurídico interno: La ratificación obligaría a México a alinear su legislación con las disposiciones del tratado. Esto podría incluir la reforma de leyes como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley Nacional de Seguridad.

5. Posible afectación al principio de proporcionalidad: Algunas disposiciones del tratado podrían derivar en normas internas que afecten la proporcionalidad entre la gravedad de un delito y las sanciones aplicadas, debilitando derechos constitucionales.

6. Compatibilidad con tratados internacionales: México deberá garantizar que este tratado no contradiga compromisos internacionales en derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

7. Aumento de la vigilancia estatal: La implementación del tratado permitiría ampliar prácticas de monitoreo digital, como la interceptación de comunicaciones y el acceso a datos personales, con riesgos de uso arbitrario.

8. Impacto en la justicia penal: Se requerirá fortalecer capacidades técnicas y operativas de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, como la Fiscalía General de la República, lo que implica costos considerables en términos de recursos humanos, económicos y tecnológicos.

9. Efectos en el sector privado: Empresas tecnológicas y proveedores de servicios podrían enfrentarse a nuevas obligaciones, como la retención prolongada de datos o el intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales.

V. Recomendaciones

1. No ratificar el tratado en su forma actual: México debe abstenerse de ratificar un instrumento que carece de salvaguardas claras para los derechos humanos y que pone en riesgo las libertades fundamentales.

2. Promover un enfoque centrado en derechos humanos: México puede impulsar una revisión del tratado para garantizar que:

• Las definiciones sean claras y precisas, evitando términos ambiguos.

• Se incorporen salvaguardas específicas para proteger derechos fundamentales, incluyendo garantías efectivas de privacidad y libertad de expresión.

• Se integre una perspectiva de género adecuada.

3. Fortalecer el marco interno de protección digital: Independientemente del tratado, México debe reforzar su legislación nacional para garantizar una regulación transparente y responsable de las tecnologías de vigilancia y los delitos cibernéticos.

VI. Pros y contras de la ratificación

Pros

1. Fortalecimiento de la cooperación internacional

• La firma del tratado posicionaría a México como un actor global comprometido en la lucha contra el cibercrimen, facilitando el intercambio de información y asistencia técnica con otros países.

2. Actualización normativa

• México adoptaría un marco normativo que reconoce la creciente amenaza del cibercrimen, ayudando a combatir delitos como el fraude en línea, el acceso ilícito a sistemas y el abuso sexual infantil en entornos digitales.

3. Protección de sectores vulnerables

• Si se implementa adecuadamente, el tratado podría ser una herramienta para combatir delitos graves en entornos digitales que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas.

Contras

1. Riesgo de abusos estatales

• Las disposiciones ambiguas del tratado podrían ser utilizadas para justificar prácticas arbitrarias, como la vigilancia masiva y la persecución de opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.

2. Impacto negativo en derechos fundamentales

• La ambigüedad de términos y la falta de salvaguardas efectivas podrían poner en riesgo derechos como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información.

3. Costo y complejidad de implementación

• Adecuar el sistema jurídico y operativo de México a los estándares del tratado podría requerir inversiones significativas y generar conflictos con las capacidades actuales del sistema de justicia.

VII. Efectos en la población desde una visión normativa y práctica

1. Mayor vigilancia digital

• La población podría enfrentarse a un entorno de vigilancia constante, donde sus actividades en línea son monitoreadas, incluso sin vínculos directos con conductas delictivas.

• Ejemplo: El uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales podría estar sujeto a revisiones arbitrarias bajo la justificación de prevenir cibercrímenes.

2. Restricciones a la libertad de expresión

• Las disposiciones del tratado podrían ser usadas para censurar contenidos o criminalizar a usuarios que participen en debates críticos hacia el gobierno o instituciones.

3. Reducción de confianza en la tecnología

• La percepción de un uso abusivo de herramientas digitales por parte de las autoridades podría disminuir la confianza de los ciudadanos en el entorno digital, afectando sectores como el comercio electrónico y la educación a distancia.

1. Mujeres

• Sin una perspectiva de género adecuada, el tratado podría no abordar el ciberacoso y la violencia digital de manera efectiva, perpetuando la desigualdad en la protección de las niñas y mujeres.

2. Periodistas y defensores de derechos humanos

• Las disposiciones podrían ser utilizadas para perseguir a quienes realizan denuncias de corrupción o violaciones de derechos, debilitando la rendición de cuentas y la democracia.

1. Costos para el sector privado

• Las empresas podrían enfrentar requisitos de infraestructura y tecnología más estrictos, encareciendo la prestación de servicios digitales. Esto podría trasladarse a los usuarios en forma de mayores costos.

2. Brecha digital

• El aumento de costos y restricciones podría agravar la desigualdad en el acceso a tecnologías de la información, especialmente entre las comunidades más vulnerables.

VIII. Recomendaciones específicas

1. Evitar la ratificación en su forma actual

• México debe insistir en revisiones al texto del tratado para incluir salvaguardas robustas de derechos humanos y eliminar disposiciones ambiguas.

2. Implementar medidas complementarias

• Antes de comprometerse con el tratado, México debe fortalecer su marco normativo interno, incorporando mecanismos de supervisión y control en el uso de tecnologías de vigilancia.

3. Promover un enfoque participativo

• Incluir a organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y expertos en derechos humanos en la discusión y eventual implementación de políticas relacionadas con el cibercrimen.

4. Educación y sensibilización ciudadana

• Impulsar campañas educativas para informar a la población sobre sus derechos digitales y fomentar una cultura de protección en el uso de tecnologías.

México como signatario de tratados internacionales en materia de derechos humanos, tiene la obligación de garantizar que cualquier instrumento normativo, nacional o internacional, sea compatible con los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

La Convención de la ONU sobre Ciberdelitos, en su forma actual, representa tanto una oportunidad como un desafío para México. Si bien ofrece un marco para fortalecer la cooperación internacional y enfrentar el creciente problema del cibercrimen, también plantea riesgos significativos para los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las disposiciones del tratado, tal como están redactadas, podrían dar lugar a interpretaciones arbitrarias, vulnerar la privacidad y restringir libertades esenciales como la expresión y el acceso a la información.

Dado el papel de México como actor relevante en el escenario internacional, es esencial que la decisión de firmar y ratificar este tratado se tome con cautela, asegurando que cualquier compromiso internacional respete los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad. México debe liderar esfuerzos para garantizar que el combate al cibercrimen se realice bajo un enfoque equilibrado, que priorice la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos, al tiempo que promueva soluciones eficaces y sostenibles para los desafíos del entorno digital.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular del Ejecutivo federal para que se abstenga de firmar y ratificar la Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia en sus términos actuales, hasta que se realicen ajustes que garanticen salvaguardas específicas y efectivas para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a:

1. Promover, en los foros internacionales correspondientes, la revisión del texto de la Convención, asegurando:

• La incorporación de definiciones claras y precisas que eliminen riesgos de interpretaciones arbitrarias.

• El fortalecimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales, la privacidad y la libertad de expresión.

2. Impulsar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que prevengan el uso indebido de las facultades de vigilancia otorgadas por el tratado.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno a:

 • Evaluar las posibles implicaciones técnicas, legales y operativas de la implementación del tratado en la protección de datos personales en México.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión a:

• Realizar foros de análisis y consulta pública con expertos, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector privado, con el propósito de evaluar los impactos del tratado y proponer medidas legislativas que garanticen la protección de los derechos digitales de la población mexicana.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con el titular de la Fiscalía General de la República, emitan un informe detallado a la opinión pública sobre:

 • Las capacidades técnicas, legales y operativas del Estado mexicano para combatir el cibercrimen sin comprometer los derechos humanos.

• Recomendaciones específicas para garantizar un equilibrio adecuado entre la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales.

Notas

1 ONU, 2024, La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una convención histórica contra la ciberdelincuencia. Recuperado de:

https://www.unodc.org/lpomex/es/noticias/diciembre-2024/la-asamb lea-general-de-las-naciones-unidas-adopta-una-convencion-historica-contra-la-ci berdelincuencia.html

2 Legal Today, 2024, Convención contra la ciberdelincuencia: ¿un esfuerzo global para mejorar la cooperación internacional o un paso más hacia el autoritarismo?. Recuperado de:

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacion al/internacional/convencion-contra-la-ciberdelincuencia-un-esfuerzo-global-para -mejorar-la-cooperacion-internacional-o-un-paso-mas-hacia-el-autoritarismo-2024 -12-12/

3 LENTE CÍVICA. (2024). La Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia, un nuevo tratado inquietante. Recuperado de:

https://lens.civicus.org/la-convencion-de-la-onu-sobre-ciberdeli ncuencia-un-nuevo-tratado-inquietante/

4 OpenGlobalRights .( 2024). La Convención de las Naciones Unidas sobre la Ciberdelincuencia, en pausa por ahora, pero su amenaza para los derechos humanos persiste. Recuperado de:

https://www.openglobalrights.org/un-cybercrime-convention-pause- threat-human-rights-remains/?lang=Spanish

5 Naciones Unidas,2013, A/HRC/RES/20/8 Asamblea General. Recuperado de:

https://digitallibrary.un.org/record/731540/files/A_HRC_RES_20_8 -ES.pdf

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

7 ONU, 2024, Naciones Unidas A/AC.291/L.15 Asamblea General, Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia. Recuperado de:

https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/v24/055/09/pdf/v2405509.p df

8 IDEM

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2025. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

10 Editor E.D. (27 de septiembre de 2024). ¿QUÉ SUPONE EL PRIMER TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA?. Recuperado de:

https://editored.org/2024/09/27/que-supone-el-primer-tratado-de- la-onu-contra-la-ciberdelincuencia/

11 Derechos Digitales. (12 de abril de 2024). Las ruedas que mueven al mundo: el futuro tratado de “ciberdelincuencia” de las Naciones Unidas . Recuperado de:

https://www.derechosdigitales.org/18230/las-ruedas-que-mueven-al -mundo-el-futuro-tratado-de-ciberdelincuencia-de-las-naciones-unidas/

12 ONU, 1976, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado de:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-civil-and-political-rights

13 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1981. Recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/TrataPersonas/Ma rcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SEP, A EFECTO DE QUE SE PUBLIQUEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA "LA ESCUELA ES NUESTRA"

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, a efecto de publicar las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra, estableciendo de manera clara y detallada los componentes de alimentación y horario extendido, así como los montos específicos asignados a cada uno, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

1.1 Creación del programa y objetivos iniciales

El programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN) fue creado el 25 de marzo de 2019, como parte de las políticas educativas del Gobierno federal para brindar recursos directos a las comunidades escolares. Sustituyó al programa “ Escuelas al CIEN” y tenía como objetivo inicial mejorar la infraestructura de los planteles de educación básica a través de una gestión participativa que involucrara a los padres de familia, docentes y directivos.

Los recursos se entregan a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), quienes son responsables de la planificación, ejecución y supervisión de las obras de mejora en las escuelas.

1.2 Objetivos principales del programa LEEN

• Mejorar la infraestructura educativa: Garantizar que los planteles escolares cuenten con instalaciones dignas y seguras para el desarrollo de los estudiantes.

• Promover la participación comunitaria: Involucrar a los padres de familia y a la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos asignados.

• Reducir la burocracia: Entregar los recursos de manera directa a los CEAP para agilizar los procesos de mejora y evitar intermediarios.

1.3 Incorporación de los componentes de alimentación y horario extendido

A partir de 2021, el programa LEEN amplió su alcance al incluir los componentes de:

• Alimentación: Proveer servicios de alimentos nutritivos a los estudiantes durante la jornada escolar para combatir la desnutrición infantil y mejorar el rendimiento académico.

• Horario Extendido: Implementar una jornada escolar ampliada para ofrecer más tiempo de clases, actividades deportivas, artísticas y de apoyo académico, facilitando a su vez la conciliación laboral y familiar para padres y madres trabajadoras.

1.4 Eliminación del programa “Escuelas de Tiempo Completo”

La incorporación de estos componentes en LEEN se dio tras la eliminación del programa “ Escuelas de Tiempo Completo” (ETC) en marzo de 2022. Este programa beneficiaba a más de 3.6 millones de estudiantes con alimentación y horario extendido.

• La desaparición de ETC dejó sin estos apoyos a una gran cantidad de escuelas, especialmente en comunidades vulnerables.

 LEEN se concibió como una alternativa para suplir estos servicios, pero hasta la fecha su implementación ha sido inconsistente y sujeta a la discrecionalidad de los comités escolares.

1.5 Desafíos en la implementación del programa LEEN

• Falta de claridad en las reglas de operación:

• Las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no especifican con precisión los lineamientos y montos asignados a los componentes de alimentación y horario extendido.

• Desigualdad en la distribución de recursos:

• Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que los recursos no siempre llegan a las escuelas más necesitadas, generando desigualdades regionales.

• Infraestructura deficiente:

• El 72% de los planteles carece de instalaciones adecuadas para preparar y distribuir alimentos de manera efectiva.

• Falta de seguimiento y transparencia:

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades en el ejercicio de los recursos asignados al programa.

1.6 Comparativa con programas anteriores

• Escuelas al CIEN (2015-2018):

• Se enfocó en rehabilitar la infraestructura física de las escuelas con una inversión de más de $ 50,000 millones de pesos. Sin embargo, el proceso era burocrático y no involucraba directamente a los padres de familia.

• Escuelas de Tiempo Completo (2007-2022):

• Beneficiaba a más de 3.6 millones de estudiantes con alimentación y horario extendido, y estaba presente en más de 27,000 escuelas. Su eliminación dejó un vacío que LEEN no ha podido cubrir completamente.

1.7 Importancia de una reforma en las Reglas de Operación

Para que LEEN cumpla con su objetivo de brindar una educación integral y equitativa, es necesario que las Reglas de Operación para 2025 incluyan:

• Lineamientos claros sobre el uso de los recursos para alimentación y horario extendido.

• Que estos componentes sean de carácter obligatorio para garantizar que todas las escuelas beneficiadas reciban los mismos apoyos.

• Montos específicos asignados para cada componente, asegurando una distribución transparente y eficiente de los recursos.

La obligatoriedad de los componentes de alimentación y horario extendido en el Programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN) es crucial para garantizar una educación de calidad, equitativa y de excelencia para todos los estudiantes. A continuación, se detallan los motivos por los que estos componentes deben ser obligatorios para todas las escuelas que reciban recursos de este programa.

2.1 Garantía del derecho a una educación integral

La obligatoriedad de estos componentes asegura el cumplimiento del derecho a una educación integral consagrado en el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

• La educación debe ser equitativa, inclusiva y de excelencia.

• Garantiza el derecho de todos los niños a acceder a servicios complementarios, como alimentación y actividades extracurriculares, que fomenten su desarrollo integral.

2.2 Combate a la desnutrición y mejora del rendimiento académico

La desnutrición infantil es un problema persistente en México, especialmente en zonas marginadas. La implementación obligatoria del componente de alimentación contribuirá a:

1. Reducir la desnutrición infantil:

• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 27.9% de los niños entre 5 y 11 años presenta carencias alimentarias.

2. Mejorar el rendimiento académico:

• Estudios de la UNESCO indican que los estudiantes que reciben alimentación escolar muestran una mejora del 20% en su rendimiento académico y una reducción del 15% en el ausentismo.

3. Promover la asistencia escolar:

• La falta de alimentos en las escuelas afecta negativamente la asistencia y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

2.3 Apoyo a las familias trabajadoras

El componente de horario extendido es una medida de apoyo directo a las familias trabajadoras. Su obligatoriedad beneficia a padres y madres al proporcionar un espacio seguro y educativo para sus hijos durante más tiempo.

1. Conciliación laboral y familiar:

• Según datos del INEGI (2023), el 48% de las mujeres trabajadoras en México tienen dificultades para conciliar sus horarios laborales con el cuidado de sus hijos.

2. Reducción de la desigualdad de género:

• Las madres trabajadoras son las más afectadas por la falta de servicios de horario extendido. Este componente contribuye a reducir la carga de cuidado que recae sobre las mujeres.

3. Seguridad para los niños:

• Prolongar la jornada escolar ofrece un entorno seguro para los estudiantes, evitando que pasen tiempo en situaciones de riesgo después del horario regular de clases.

2.4 Equidad educativa y reducción de brechas

La falta de obligatoriedad en los componentes de alimentación y horario extendido ha resultado en una implementación desigual, profundizando las brechas de inequidad educativa:

1. Zonas marginadas y rurales:

• Las escuelas en comunidades rurales y marginadas son las más afectadas por la falta de estos servicios. Según el CIEP (2023), el 72% de los planteles en estas áreas carecen de infraestructura adecuada para ofrecer alimentación.

2. Desigualdad regional:

• Mientras que en estados como Nuevo León y Ciudad de México se han implementado programas de horario extendido con éxito, en estados como Chiapas y Guerrero estos servicios son casi inexistentes. La obligatoriedad garantizará una distribución equitativa de recursos.

2.5 Continuidad y Sustitución del Programa Escuelas de Tiempo Completo

La desaparición del programa “ Escuelas de Tiempo Completo” (ETC) en 2022 dejó un vacío en el sistema educativo que LEEN no ha podido llenar completamente:

1. Impacto del programa ETC:

• Beneficiaba a más de 3.6 millones de estudiantes con alimentación y horario extendido en más de 27,000 escuelas.

2. Compromiso incumplido:

• Se prometió que LEEN sustituiría los servicios de ETC, pero la falta de obligatoriedad ha impedido que esto suceda de manera efectiva.

La obligatoriedad de los componentes de alimentación y horario extendido es una medida necesaria para cumplir con el objetivo de brindar una educación integral y de calidad a todos los estudiantes del país.

2.6 Transparencia y rendición de cuentas

Al hacer obligatorios estos componentes, se facilita la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos:

1. Mejora de la supervisión ciudadana:

• Facilita el monitoreo y evaluación por parte de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y las autoridades locales.

2. Reducción de irregularidades:

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado irregularidades en el ejercicio de los recursos de LEEN. La obligatoriedad ayudará a reducir estos problemas.

El programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN), a pesar de sus objetivos de mejorar la infraestructura educativa y ofrecer servicios de alimentación y horario extendido, enfrenta múltiples deficiencias que limitan su efectividad y profundizan las desigualdades educativas. A continuación, se detallan las principales deficiencias detectadas en su implementación, sustentadas con datos actualizados y referencias verificables.

3.1 Falta de claridad y especificidad en las Reglas de Operación

Las Reglas de Operación del programa no establecen con precisión cómo deben implementarse los componentes de alimentación y horario extendido, ni detallan los montos específicos asignados a cada uno. Esto genera incertidumbre y dificulta la correcta ejecución del programa por parte de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).

Datos relevantes:

• Las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2023 no especifican los criterios ni la metodología para distribuir recursos a estos componentes.

Impacto:

• Los comités escolares no cuentan con directrices claras para utilizar los recursos de manera eficiente.

• Se generan diferencias significativas en la implementación entre escuelas de distintas regiones.

3.2 Infraestructura deficiente para el componente de alimentación

A pesar de la incorporación del componente de alimentación en 2021, muchas escuelas carecen de la infraestructura necesaria para preparar y distribuir alimentos de manera adecuada.

Datos relevantes:

• Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, 2023), el 72% de los planteles no tienen instalaciones adecuadas para ofrecer servicios de alimentación.

• Un informe de Mexicanos Primero (2023) señala que solo el 30% de las escuelas beneficiadas por el programa reciben apoyo constante para servicios de alimentación.

Impacto:

• Los estudiantes en situación de vulnerabilidad no reciben una alimentación adecuada, afectando su rendimiento académico y bienestar físico.

• La falta de servicios de alimentación perpetúa la desnutrición infantil, especialmente en zonas rurales y marginadas.

3.3 Desigualdad en la implementación del horario extendido

El componente de horario extendido ha sido implementado de manera inconsistente, con una distribución desigual entre escuelas urbanas y rurales.

Datos relevantes:

• La SEP reporta que solo el 40% de las escuelas públicas han implementado una jornada extendida debido a la falta de recursos y lineamientos claros.

• Tras la desaparición del programa “ Escuelas de Tiempo Completo” (ETC) en 2022, más de 3.6 millones de estudiantes dejaron de recibir servicios de horario extendido.

Impacto:

• Falta de actividades extracurriculares y de apoyo académico para millones de estudiantes.

• Aumento en la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales.

• Dificultades para padres y madres trabajadoras que dependen de una jornada escolar extendida para conciliar sus responsabilidades laborales y familiares.

3.4 Distribución inequitativa de recursos

El programa LEEN no garantiza una distribución equitativa de los recursos asignados, lo que afecta principalmente a las escuelas ubicadas en contextos de alta marginación.

Datos relevantes:

• Un estudio del CIEP (2023) revela que los recursos no siempre llegan a las escuelas más necesitadas debido a la falta de criterios específicos para su asignación.

• Según Mexicanos Primero (2023), las escuelas en zonas rurales y comunidades indígenas son las que más dificultades enfrentan para acceder a los beneficios del programa.

Impacto:

• Las desigualdades regionales se profundizan, dejando a los estudiantes de zonas marginadas sin acceso a servicios básicos de alimentación y horario extendido.

• Se incumple el principio de equidad educativa consagrado en el Artículo 3o. Constitucional.

3.5 Falta de transparencia y rendición de cuentas

La falta de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas ha generado irregularidades en la gestión de los recursos asignados al programa.

Datos relevantes:

• La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado deficiencias y posibles desvíos de recursos en la implementación de LEEN en ejercicios fiscales recientes.

• En 2022, se reportaron casos donde los recursos asignados no se utilizaron para los fines establecidos, afectando directamente a las comunidades escolares.

Impacto:

• Desconfianza en el programa por parte de padres de familia y docentes.

• Uso ineficiente de recursos públicos, limitando el impacto positivo del programa en los estudiantes.

3.6 Falta de monitoreo y evaluación del programa

El programa carece de un sistema robusto de monitoreo y evaluación que permita medir su impacto y garantizar la correcta implementación de los componentes de alimentación y horario extendido.

Datos relevantes:

• No existen informes públicos periódicos que evalúen el cumplimiento de los objetivos del programa.

• La falta de indicadores claros dificulta identificar áreas de mejora y corregir deficiencias en tiempo real.

Impacto:

• Imposibilidad de medir de manera efectiva el impacto del programa en la infraestructura escolar, alimentación y jornada extendida.

• Falta de retroalimentación para optimizar el programa y garantizar que cumpla con sus objetivos.

La obligatoriedad de los componentes de alimentación y horario extendido dentro del Programa “ La Escuela es Nuestra” (LEEN) no solo garantizaría el cumplimiento de derechos fundamentales de los estudiantes, sino que también traería beneficios tangibles en términos de rendimiento académico, desarrollo social y equidad educativa. A continuación, se detallan los principales beneficios de hacer obligatorios estos componentes.

4.1 Mejora del rendimiento académico

Alimentación escolar y aprendizaje

La alimentación adecuada es un pilar fundamental para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje efectivo.

Datos relevantes:

• Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una alimentación adecuada mejora la concentración y el desempeño escolar de los niños. Los estudiantes bien nutridos tienen un 20% mejor rendimiento en matemáticas y lenguaje.

• Un informe de la UNESCO indica que los programas de alimentación escolar reducen el ausentismo en un 15% y aumentan la retención escolar.

Horario extendido y aprendizaje continuo

Un horario extendido proporciona más tiempo para actividades académicas, deportivas y culturales, reforzando el aprendizaje.

Datos relevantes:

• Un estudio del Banco Mundial muestra que los programas de jornada extendida aumentan el rendimiento académico en un promedio del 10% al 15% en comparación con una jornada regular.

• Las escuelas con jornada extendida logran una mayor cobertura curricular y ofrecen oportunidades adicionales de aprendizaje en áreas como ciencias, tecnología, artes y deportes.

4.2 Reducción de la desnutrición infantil

La desnutrición es una de las principales causas del bajo rendimiento escolar y el abandono escolar en México.

Datos relevantes:

• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 27.9% de los niños de entre 5 y 11 años presentan carencias alimentarias.

• La UNICEF reporta que una nutrición deficiente en los primeros años de vida afecta el desarrollo cerebral, lo que puede ocasionar problemas de aprendizaje permanentes.

Beneficios de la alimentación escolar obligatoria:

1. Mejora del desarrollo físico y cognitivo de los niños.

2. Reducción de enfermedades relacionadas con la malnutrición.

3. Mayor asistencia escolar y menor abandono escolar.

4.3 Apoyo a las familias trabajadoras

Un horario escolar extendido facilita la conciliación entre la vida laboral y familiar, especialmente para las madres trabajadoras.

Datos relevantes:

• Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2023 del INEGI, el 48% de las mujeres trabajadoras en México tienen dificultades para cuidar a sus hijos debido a sus horarios laborales.

• Un estudio de la OCDE muestra que los programas de jornada extendida ayudan a reducir la brecha de género en el ámbito laboral, permitiendo que más mujeres accedan a empleos de tiempo completo.

• Beneficios para las familias:

1. Apoyo a las madres trabajadoras, facilitando su participación en el mercado laboral.

2. Reducción de costos de cuidado infantil para las familias.

3. Mayor seguridad para los niños al permanecer en un entorno educativo supervisado durante más tiempo.

4.4 Equidad educativa y reducción de brechas

La implementación obligatoria de los componentes de alimentación y horario extendido garantiza que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, tengan acceso a los mismos servicios educativos.

Datos relevantes:

• Según Mexicanos Primero (2023), las escuelas en zonas rurales y comunidades indígenas tienen 50% menos probabilidades de recibir servicios de alimentación y horario extendido.

• Un informe del CIEP señala que las brechas de infraestructura y servicios educativos entre las escuelas urbanas y rurales afectan el derecho a la educación de más de 7 millones de estudiantes.

Beneficios de la equidad educativa:

1. Reducción de desigualdades en el acceso a servicios educativos esenciales.

2. Mayor inclusión social y oportunidades de desarrollo para comunidades marginadas.

3. Cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos los niños y niñas del país.

4.5 Transparencia y rendición de cuentas

La obligatoriedad facilita una mayor transparencia y supervisión en el uso de los recursos asignados a LEEN.

Beneficios:

1. Claridad en la asignación de recursos, evitando el uso discrecional.

2. Facilita la auditoría ciudadana y la rendición de cuentas por parte de las autoridades educativas.

3. Reducción de la corrupción y uso indebido de fondos públicos.

Conclusión

El Programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN) tiene el potencial de transformar y mejorar significativamente las condiciones educativas en México. Sin embargo, para cumplir efectivamente con su objetivo, es imprescindible que las Reglas de Operación para 2025 incluyan lineamientos claros y detallados que establezcan los componentes de alimentación y horario extendido como obligatorios para todas las escuelas beneficiadas.

Hacer obligatorios estos componentes garantizará que:

1. Todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, reciban los mismos apoyos, asegurando una educación integral y de calidad.

2. Se logre una mejora en el rendimiento académico y un desarrollo integral al proporcionar alimentación adecuada y más tiempo para el aprendizaje.

3. Se contribuya a erradicar la desnutrición infantil y sus efectos negativos en el crecimiento y aprendizaje de los niños.

4. Se apoye a las familias trabajadoras, facilitando la conciliación laboral y familiar, y promoviendo una mayor igualdad de género en el ámbito laboral.

5. Se reduzcan las brechas de desigualdad regional al asegurar una distribución equitativa de recursos y servicios, beneficiando especialmente a las comunidades marginadas y rurales.

6. Se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, optimizando el uso eficiente de los recursos públicos y fomentando la confianza en las políticas educativas.

Implementar estos cambios no solo fortalecerá el derecho constitucional a una educación equitativa y de excelencia, sino que también permitirá construir una sociedad más justa, inclusiva y con mayores oportunidades de desarrollo para todos los estudiantes del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al C. Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en las Reglas de Operación del Programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN) para el ejercicio fiscal 2025, se incorporen de manera clara y detallada los componentes de alimentación y horario extendido, así como los montos específicos asignados a cada uno de estos componentes, garantizando que sean de carácter obligatorio para cada escuela que reciba recursos de este programa, a fin de asegurar su implementación efectiva y equitativa.

Notas

1. Fuente: Animal Político, 2022, SEP elimina las Escuelas de Tiempo Completo, pese a mandato judicial para conservarlas. Recuperado de:

https://animalpolitico.com/sociedad/sep-escuelas-tiempo-completo -mandato

2. Diario Oficial de la Federación, 2023, ACUERDO número 17/12/23 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2024. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712643&fecha =27/12/2023#gsc.tab=0

3. CIEP – Análisis Presupuestario 2023.recuperado de:

https://ciep.mx/gasto-educativo-desigual-e-inequitativo/

4. Mexicanos Primero, 2024, Claroscuros en La Escuela es Nuestra. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexicanos-primero/2024/0 2/08/claroscuros-en-la-escuela-es-nuestra/

5. Auditoría Superior de la Federación, 2022, Informe de Resultados 2022. Recuperado de:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2022a/index.html#0

6. SEP, Programa Escuelas al CIEN, 2018. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542212&fecha =26/10/2018#gsc.tab=0

7. IMCO, 2022, Eliminar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo refuerza la desigualdad y limita la competitividad de México. Recuperado de:

https://imco.org.mx/eliminar-el-programa-de-escuelas-de-tiempo-c ompleto-refuerza-la-desigualdad/

8. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3°. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

9. CONEVAL – Medición de la Pobreza 2022. Recuperado de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx

10. UNESCO – Educación y Nutrición. Recuperado de:

https://www.unesco.org/es/health-education/nutrition

11. INEGI – Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2023. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/desc arga/ENUT2024/proyecto/cp_enut24_presenta.pdf

12. CIEP – Análisis Presupuestario 2023. Recuperado de:

https://ciep.mx/informe-trimestral-de-finanzas-publicas-diciembr e-de-2023- 2/#:~: text=En%202023%20el%20d%C3%A9ficit%20presupuestario,(10.4%25)%2C%20entre%20otro s.

13. Diario Oficial de la Federación, 2023, ACUERDO número 17/12/23 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa La Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2024. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5712643&fecha =27/12/2023#gsc.tab=0

14. Mexicanos Primero – Evaluación LEEN. Recuperado de:

https://www.mexicanosprimero.org/boletin.php?id=100

15. SEP – Informe de Escuelas de Tiempo Completo. Recuperado de:

https://www.gob.mx/sep/documentos/programa-de-escuelas-de-tiempo -completo-2017-2018?state=published

16. Mexicanos Primero – Evaluación LEEN. Recuperado de:

https://www.mexicanosprimero.org/boletin.php?id=100

17. FAO – Alimentación Escolar y Rendimiento. Recuperado de:

https://www.fao.org/school-food/en/

18. UNESCO – Educación y Nutrición. Recuperado de:

https://www.unesco.org/es/health-education/nutrition

19. Banco Mundial – Jornada Extendida. Recuperado de:

https://documents1.worldbank.org/curated/ar/157301536217801694/p df/129769-WP-PUBLIC-SPANISH-EscuelasTiempoCompletoBajaRes.pdf

20. CONEVAL – Medición de la Pobreza 2022. Recuperado de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022.aspx

21. UNICEF – Desnutrición Infantil. Recuperado de:

https://www.unicef.org/mexico/desnutrici%C3%B3n-infantil

22. OCDE – Igualdad de Género y Educación. Recuperado de:

https://www.oecd.org/en/topics/policy-issues/gender-equality.htm l

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE INCORPORE A GUANAJUATO EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la Conagua a incorporar al estado de Guanajuato en los programas federales de inversión en infraestructura hídrica para el ejercicio fiscal actual, con el fin de implementar acciones y proyectos necesarios para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el derecho humano al agua para sus habitantes, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Situación actual de la sequía en Guanajuato

Actualmente, el estado de Guanajuato enfrenta una crisis hídrica sin precedentes derivada de una combinación de factores climáticos, ambientales y de gestión del agua. La falta de lluvias, el agotamiento de los acuíferos y una infraestructura insuficiente han colocado a la entidad en una situación crítica, afectando tanto a la población como a sectores clave como la agricultura y la ganadería.

1. Extensión y gravedad de la sequía

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 31 de marzo de 2024, el 100 % del territorio de Guanajuato presentaba algún grado de sequía. La clasificación es la siguiente:

• 16 municipios en sequía extrema (D3), lo que implica agotamiento crítico de fuentes de agua y graves afectaciones en la agricultura.

• 24 municipios en sequía severa (D2), caracterizada por restricciones en el uso del agua y daños a cultivos.

• 6 municipios en sequía excepcional (D4), con impactos en la disponibilidad de agua y estrés en los ecosistemas.

Según el Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 31 de agosto de 2024, el 65.6% del territorio estatal presentaba algún nivel de sequía, afectando a 21 municipios. De estos, el 28% se encontraba en condiciones anormalmente secas, el 15.9% en sequía moderada, el 10.4% en sequía severa y el 11.3% en sequía extrema.

Esta situación ha llevado a que las principales presas del estado registren niveles alarmantemente bajos. Por ejemplo, la presa El Palote, al 13 de marzo de 2024, reportó una capacidad del 3.4%, equivalente a 0.328 hm³, mientras que en la misma fecha de 2023 se encontraba al 35.8%.

Asimismo, la presa La Golondrina en Pénjamo se encontraba al 13.2%, con un almacenamiento de 0.617 hm³, comparado con el 51.9% registrado en marzo de 2023.

2. Niveles de almacenamiento en presas

Las principales presas de Guanajuato han registrado una disminución preocupante en sus niveles de almacenamiento:

• Presa El Palote (León):

• Nivel actual: 3.4% de su capacidad total.

• Comparación: En marzo de 2023 se encontraba al 35.8%.

• Presa La Golondrina (Pénjamo):

• Nivel actual: 13.2%.

• Comparación: En 2023 estaba al 51.9%.

• Presa Solís (Acámbaro):

• Nivel actual: 24% de su capacidad total.

En conjunto, el promedio de almacenamiento de las presas del estado es de apenas 35%, muy por debajo del promedio histórico del 60%. Estas cifras reflejan una disminución progresiva que compromete el suministro de agua para consumo humano y actividades productivas.

3. Sobreexplotación de acuíferos

Guanajuato también enfrenta una severa sobreexplotación de sus acuíferos:

• 14 de los 20 acuíferos del estado están clasificados como sobreexplotados.

• La extracción de agua subterránea supera en un 40% la capacidad de recarga natural anual.

• El acuífero del Valle de León presenta una caída de entre 1.5 y 2 metros al año, obligando a perforar pozos más profundos y encareciendo los costos de extracción.

La sobreexplotación ha generado problemas de calidad del agua debido a la presencia de minerales como arsénico y fluoruro, poniendo en riesgo la salud de la población.

4. Impacto en la agricultura y ganadería

La sequía ha golpeado fuertemente a la agricultura y ganadería, sectores vitales para la economía de Guanajuato:

• Reducción de superficie sembrada:

• En 2024, se tenía contemplado sembrar 719,691 hectáreas, lo que representa una caída del 14% en comparación con las 840,931 hectáreas de 2023.

La falta de agua ha afectado cultivos de maíz, sorgo y hortalizas.

• Pérdidas Económicas:

• Las pérdidas en el sector agrícola se estiman en más de 4,000 millones de pesos debido a la falta de agua para riego.

• Ganadería:

• Más del 30% del ganado enfrenta problemas de desnutrición y falta de agua, afectando la producción de leche y carne.

5. Impacto en el abastecimiento de agua potable

La sequía ha provocado restricciones en el suministro de agua potable en varias ciudades:

• Más de 500,000 personas en municipios como León, Irapuato, Celaya y Salamanca enfrentan cortes intermitentes.

• Se han incrementado los gastos municipales para el envío de pipas de agua, con costos superiores a los 20 millones de pesos en el primer trimestre de 2024.

6. Medidas gubernamentales insuficientes

Aunque el Gobierno del estado de Guanajuato ha implementado programas como el Programa de Atención a la Sequía (PAS), con una inversión de 50 millones de pesos para el envío de pipas y la instalación de cisternas, estas medidas son paliativas y no resuelven el problema estructural de la sequía.

El Plan Nacional Hídrico para el 2025 del Gobierno federal, que contempla una inversión de 20, 000 millones de pesos en infraestructura hídrica, incluye un solo proyecto específico que es el Acueducto Solís para Guanajuato, a pesar de la gravedad de su situación.

La situación de la sequía en Guanajuato durante el año 2024 es alarmante y requiere una intervención urgente por parte del Gobierno federal. La falta de lluvias, la sobreexplotación de acuíferos y la insuficiencia de infraestructura hídrica están generando una crisis que afecta a millones de personas y pone en riesgo la economía del estado. Es fundamental que Guanajuato sea incluido en los programas nacionales de inversión hídrica para garantizar el derecho humano al agua y mitigar los efectos devastadores de esta crisis.

Sequía en Guanajuato: Impacto en la agricultura y la economía local

La sequía que afecta al Estado de Guanajuato ha generado graves repercusiones en su economía y en el sector agrícola, una de las actividades más importantes de la entidad. La falta de lluvias, el agotamiento de los acuíferos y los bajos niveles en presas han reducido significativamente la producción agrícola, afectando a miles de productores y deteriorado la calidad de vida de las comunidades rurales.

1. Reducción de la superficie sembrada

En Guanajuato, la agricultura es un pilar económico fundamental. Sin embargo, debido a la falta de agua, la superficie sembrada se ha reducido drásticamente. De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP):

• En 2024 se planeaba sembrar 719,691 hectáreas, una caída del 14% en comparación con las 840,931 hectáreas sembradas en 2023.

• Los cultivos más afectados son:

• Maíz: Reducción de hasta el 20% en la superficie de siembra.

• Sorgo y trigo: Caída del 15% en las hectáreas cultivadas.

• Hortalizas: Afectadas por la falta de riego, especialmente cultivos como brócoli, lechuga y zanahoria.

2. Pérdidas económicas significativas

Las pérdidas económicas en el sector agrícola y ganadero de Guanajuato son alarmantes:

• Pérdidas totales estimadas en más de 4,000 millones de pesos debido a la falta de agua para riego.

• Los pequeños y medianos productores son los más afectados, con un impacto directo en sus ingresos y sustento familiar.

• Se estima que más de 30,000 empleos temporales relacionados con las actividades del campo están en riesgo debido a la baja producción.

3. Ganadería en crisis

La falta de agua y pasto para el ganado ha puesto en crisis al sector ganadero:

• Más del 30% del ganado en el estado enfrenta problemas de desnutrición debido a la escasez de forraje y agua.

• Productores han reportado pérdidas de peso del ganado de hasta 50 kilogramos por animal, lo que reduce su valor comercial.

• Se ha incrementado el sacrificio anticipado de reses y otras especies debido a la incapacidad para mantenerlos alimentados.

• La producción de leche ha caído en un 25%, afectando la economía de cientos de familias lecheras.

4. Impacto en la seguridad alimentaria

La reducción de la producción agrícola y ganadera no solo afecta a los productores, sino que también tiene repercusiones en la disponibilidad y precios de los alimentos:

• Se prevé un aumento de hasta el 15% en los precios de productos básicos como maíz, frijol, hortalizas y carne.

• La disminución en la producción local obliga a importar más alimentos, afectando la economía regional y familiar.

5. Medidas de emergencia insuficientes

A pesar de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de Guanajuato, como el Programa de Atención a la Sequía (PAS), estas medidas han sido insuficientes:

• Inversión de 50 millones de pesos para el envío de pipas y la instalación de cisternas en comunidades afectadas.

• Se han abastecido 199 localidades de 14 municipios, pero la demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta.

Es necesario un apoyo coordinado con el Gobierno Federal para implementar soluciones de largo plazo, como proyectos de infraestructura hídrica y programas de tecnificación del riego.

La sequía en Guanajuato ha provocado una crisis que afecta no solo a los productores agrícolas y ganaderos, sino a toda la economía regional. Las pérdidas millonarias, la reducción en la superficie sembrada y los problemas en la ganadería son evidencia de que se requieren acciones urgentes y coordinadas entre los diferentes niveles de gobierno para mitigar los efectos de la sequía y garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del estado.

Es fundamental que Guanajuato sea incluido en los programas federales de inversión hídrica y se implementen políticas de sostenibilidad a largo plazo.

La sequía ha reducido la superficie cultivable en Guanajuato de 840,931 hectáreas en 2023 a 719,691 hectáreas en 2024, una disminución del 14%. Esto afecta directamente a más de 75,000 productores agrícolas y amenaza con pérdidas económicas superiores a los 3,000 millones de pesos en el ciclo agrícola de 2024.

Impacto económico del desabasto de agua

La escasez de agua tiene un impacto devastador en la economía de Guanajuato:

1. Sector agrícola:

• El estado de Guanajuato es uno de los principales productores agrícolas del país, aportando el 4.5% del PIB agrícola nacional. La sequía ha reducido la superficie cultivable de 840,931 hectáreas en 2023 a 719,691 hectáreas en 2024, una disminución del 14%.

• Las pérdidas económicas derivadas de esta reducción se estiman en más de 3,000 millones de pesos.

• Más de 75,000 productores agrícolas están siendo afectados, principalmente aquellos dedicados a cultivos de maíz, sorgo y trigo, que dependen del riego constante.

2. Industria y comercio:

• La industria manufacturera de Guanajuato, que representa el 28% del PIB estatal, depende de un suministro estable de agua.

• Empresas del corredor industrial León-Irapuato-Salamanca reportan pérdidas de hasta 1,500 millones de pesos debido a interrupciones en el suministro de agua potable y procesos productivos.

3. Turismo:

• El turismo, que aporta aproximadamente el 8% del PIB estatal, se ha visto afectado por la disminución de actividades recreativas acuáticas y el deterioro de cuerpos de agua como la laguna de Yuriria y la presa La Purísima.

• Se sufrió una caída del 20% en las visitas turísticas relacionadas con actividades acuáticas durante 2024.

4. Desempleo y migración:

• La falta de agua ha provocado una pérdida de empleos en el sector agrícola y manufacturero, lo que ha incrementado el desempleo en un 4% en comparación con 2023.

• Se registra un aumento del 15% en la migración interna desde zonas rurales afectadas hacia ciudades con mejores condiciones hídricas.

La sequía ha tenido un impacto devastador en la agricultura de Guanajuato. El Sistema de Información Agroalimentaria señala que los productores de riego y temporal en el estado planean sembrar 719,691.14 hectáreas en 2024, un 14% menos que las 840,931 hectáreas proyectadas para 2023. Desde 2020, la superficie a cultivar se ha reducido debido a la sequía, según datos del Gobierno federal.

Esta reducción en la superficie sembrada se traduce en pérdidas económicas significativas para los agricultores y afecta la seguridad alimentaria de la región.

Además, el riesgo de incendios forestales ha aumentado debido a la sequía extrema, poniendo en peligro los ecosistemas locales y la biodiversidad.

Plan Nacional Hídrico 2024-2030

El Gobierno de México ha presentado el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que busca garantizar el derecho humano al agua y asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales. El plan se basa en cuatro ejes fundamentales: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y gestión integral y transparente.

Sin embargo, es preocupante que, a pesar de la grave situación que enfrenta Guanajuato, el estado únicamente ha sido incluido en un solo proyecto estratégico del plan. Es imperativo que se consideren las necesidades hídricas de Guanajuato para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el acceso al agua para sus habitantes y sea considerado en los múltiples programas federales en materia de infraestructura hídrica.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo Federal, C. Claudia Sheinbaum Pardo, y al C. Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que lleven a cabo las acciones necesarias para que el Estado de Guanajuato sea incorporado en los programas federales de inversión en infraestructura hídrica para el ejercicio fiscal 2025. Esto con el fin de implementar acciones y proyectos necesarios para mitigar los efectos de la sequía y garantizar el derecho humano al agua para sus habitantes, así como reducir los impactos ambientales, económicos y sociales que esta problemática genera en la entidad.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, se asignen recursos específicos para la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica y se informe a la opinión pública sobre las acciones implementadas para combatir esta problemática y mitigar el impacto económico y social del desabasto de agua en el Estado de Guanajuato.

Notas

1. Monitor de Sequía de México, Conagua. Recuperado de:

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3% ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%AD a/MSM20240331.pdf

2. Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG). Recuperado de:

https://boletines.guanajuato.gob.mx/author/cea/page/8/

3. Catalina Reyes Colín, 2023, Principales presas del Estado tienen menos de la mitad de agua, Periódico AM. Recuperado de:

https://beta.am.com.mx/guanajuato/2023/06/28/principales-presas- del-estado-tienen-menos-de-la-mitad-de-agua-666410.html

4. La sobreexplotación de acuíferos: camino seguro hacia la quiebra hídrica. Recuperado de:

https://www.gob.mx/imta/articulos/la-sobreexplotacion-de-acuifer os-camino-seguro-hacia-la-quiebra-hidrica?idiom=es

5. Crónica de una catástrofe anunciada: La sequía en Guanajuato está matando al campo. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/6/4/cronica-de-una-catastr ofe-anunciada-la-sequia-en-guanajuato-esta-matando-al-campo-707672.html

6. Sequía Extrema en Guanajuato, Artículo: “Guanajuato sufre la peor sequía de los últimos 12 años”. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/2/11/guanajuato-sufre-la-p eor-sequia-de-los-ultimos-12-anos-694522.html

7. Presas con niveles críticos, Nota: “Sequía en Guanajuato: cae captación de agua hasta un 20% en 2024”. Recuperado de:

https://www.telediario.mx/comunidad/sequia-guanajuato-cae-captac ion-agua-20-2024

8. Fuente: Plan Nacional Hídrico – Conagua. Recuperado de:

https://www.gob.mx/conagua/prensa/presenta-conagua-plan-nacional -hidrico

9. Guanajuato registra sequía extrema durante el primer bimestre del 2024. Recuperado de:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/guanajuato-registra-s equia-extrema-durante-primer-bimestre-2024

10. Fuente: SIAP. Recuperado de:

https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola -33119

11. Impacto en la Agricultura y Ganadería, Artículo: “Crónica de una catástrofe anunciada: la sequía en Guanajuato está matando al campo”. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/6/4/cronica-de-una-catastr ofe-anunciada-la-sequia-en-guanajuato-esta-matando-al-campo-707672.html

12. Jorge Hernández, 2023, Reporta Conagua un Guanajuato anormalmente seco y con sequía moderada. Recuperado de:

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/ecologia/reporta-conagua -un-guanajuato-anormalmente-seco-y-con-sequia-moderada/

13. En Guanajuato cae captación de agua al 20% en lo que va del 2024. Recuperado de:

https://www.telediario.mx/comunidad/sequia-guanajuato-cae-captac ion-agua-20-2024

14. Impacto en la Agricultura y Ganadería, Artículo: “Crónica de una catástrofe anunciada: la sequía en Guanajuato está matando al campo”. Recuperado de:

https://www.am.com.mx/guanajuato/2024/6/4/cronica-de-una-catastr ofe-anunciada-la-sequia-en-guanajuato-esta-matando-al-campo-707672.html

15. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Recuperado de:

http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php

16. Comisión Nacional del Agua, 2014, Conoce el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, Agua es bienestar. Recuperado de:

https://www.gob.mx/conagua/articulos/presenta-conagua-plan-nacio nal-hidrico-384239

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE DISEÑE E IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a realizar acciones prioritarias a efecto de diseñar e implementar un programa nacional de salud mental en el sistema educativo, para hacer frente a la crisis que acontece en esta materia, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

La salud mental de los estudiantes en México se ha convertido en un tema prioritario dentro de la agenda educativa y de salud pública, debido a su impacto directo en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En un contexto donde los trastornos psicológicos y emocionales se han incrementado de manera alarmante, especialmente después de la pandemia de COVID-19, las escuelas emergen como un espacio clave para detectar, prevenir y atender problemáticas relacionadas con la salud mental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental no solo implica la ausencia de trastornos, sino también el bienestar emocional y psicológico necesario para enfrentar los retos cotidianos, relacionarse con otros y contribuir activamente a la sociedad. Sin embargo, en México, el acceso a servicios de salud mental es limitado y el tema ha sido históricamente relegado en los entornos educativos. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), la prevalencia de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad ha aumentado significativamente entre los menores de edad, afectando su rendimiento académico, sus relaciones interpersonales y, en los casos más graves, poniendo en riesgo sus vidas.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) destaca la importancia de la salud mental en la niñez y adolescencia, señalando que la pandemia por COVID-19 agravó situaciones de depresión, ansiedad y estrés en este grupo poblacional. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022 es una fuente clave de datos en este ámbito.

El sistema educativo mexicano enfrenta múltiples retos en este ámbito. Por un lado, el estigma social alrededor de los problemas de salud mental limita la identificación y atención temprana. Por otro, la falta de recursos especializados y de personal capacitado en las escuelas agrava la situación. A esto se suma la disparidad en la distribución de servicios entre zonas urbanas y rurales, dejando a millones de estudiantes sin acceso a apoyo psicológico adecuado.

La pandemia de COVID-19 exacerbó estas problemáticas, generando una crisis sin precedentes en la salud mental de los estudiantes. Durante el confinamiento, el aislamiento social, la incertidumbre y las pérdidas emocionales aumentaron los niveles de ansiedad y depresión, particularmente entre los adolescentes. El regreso a las aulas reveló un panorama crítico: los maestros y directivos se encontraron frente a estudiantes con mayores dificultades para adaptarse, socializar y alcanzar sus objetivos académicos.

El Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024, presentado por la Secretaría de Salud, constituye un esfuerzo relevante por abordar una problemática que afecta gravemente al bienestar emocional de la población mexicana, particularmente de los estudiantes. Este plan reconoce el incremento global del 25% en trastornos de ansiedad y depresión durante el primer año de la pandemia, una cifra respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, destaca cómo los servicios de salud mental enfrentaron desafíos importantes, incluyendo la sobrecarga de atención, el cierre temporal de instalaciones y la falta de personal especializado.

Elementos positivos del Plan

• Reconocimiento del problema: El plan marcó un hito al posicionar la salud mental como una prioridad sectorial, algo que históricamente había recibido poca atención en México.

• Enfoque en integración: Busca articular la atención a la salud mental con los servicios de salud general y de adicciones, fomentando un enfoque integral.

• Prevención como eje central: Plantea estrategias preventivas para identificar y tratar problemas de salud mental desde etapas tempranas, especialmente en población vulnerable.

Limitaciones e insuficiencias

Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, el plan no ha logrado cumplir con las expectativas necesarias para abordar la magnitud del problema, particularmente en el ámbito educativo. Las siguientes limitaciones evidencian su alcance insuficiente:

1. Subfinanciamiento persistente: A pesar del reconocimiento de la importancia de la salud mental, los recursos destinados a su implementación siguen siendo limitados. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2024, el presupuesto en salud mental representa apenas el 1.3% del gasto total en salud, muy por debajo del 5% recomendado por la OMS.

2. Presupuesto para salud mental en México: El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que, para 2024, se proyecta una inversión en salud mental equivalente al 1.3% del presupuesto total para salud, cifra inferior al 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países de ingresos medios.

3. Falta de cobertura escolar: Aunque el plan reconoce la necesidad de atender a poblaciones vulnerables, no detalla estrategias específicas para integrar servicios de salud mental en las escuelas, donde los problemas emocionales y psicológicos tienen un impacto directo en el desempeño académico y la socialización.

4. Ausencia de personal especializado en las escuelas: El plan no aborda la necesidad de aumentar la cantidad de psicólogos y trabajadores sociales en las instituciones educativas, lo que limita la capacidad de detección e intervención temprana en niños y adolescentes.

5. Enfoque urbano centralizado: La implementación de servicios sigue siendo predominantemente urbana, dejando a comunidades rurales y marginadas con un acceso insuficiente o inexistente a apoyo psicológico y emocional.

6. Falta de mecanismos de seguimiento y evaluación: Aunque el plan propone acciones específicas, no establece indicadores claros para medir su impacto ni asegura su sostenibilidad a largo plazo.

7. Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023: La Secretaría de Salud informa sobre el avance de esta encuesta, que tiene como objetivo actualizar los datos sobre la situación nacional en consumo de sustancias psicoactivas y condiciones de salud mental de la población.

Impacto en el contexto educativo

En las escuelas, los efectos de estas limitaciones son evidentes. Durante y después de la pandemia, los estudiantes experimentaron niveles críticos de ansiedad, estrés y depresión, exacerbados por la falta de atención adecuada. Esto se tradujo en:

• Aumento de la deserción escolar: Los problemas emocionales no atendidos han contribuido al abandono escolar, un fenómeno que afecta no solo al desarrollo personal de los estudiantes, sino también al progreso del país.

• Ambientes escolares deteriorados: La falta de herramientas y recursos en las escuelas para manejar problemas de salud mental ha llevado a la escalada de conflictos, bullying y violencia escolar.

Aunque el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024 representa un avance importante en el reconocimiento del problema, su implementación ha sido insuficiente para atender las necesidades específicas de la población estudiantil. Esto pone de relieve la urgencia de desarrollar políticas más integrales y específicas que incluyan a las escuelas como entornos estratégicos para la promoción, prevención y atención de la salud mental. Además, se requiere un compromiso financiero y estructural más sólido para garantizar que estas iniciativas tengan un impacto significativo y sostenible en la vida de los estudiantes mexicanos.

A pesar de estos desafíos, también existen grandes oportunidades. Las escuelas no solo son un espacio propicio para el aprendizaje académico, sino que tienen el potencial de ser entornos seguros donde se promueva el bienestar emocional y psicológico. La implementación de programas de educación socioemocional, la capacitación de docentes y la integración de servicios de salud mental en los planteles son medidas que pueden transformar el sistema educativo y contribuir a la formación de generaciones más resilientes.

Es imperativo, por tanto, que las autoridades educativas y de salud trabajen de manera conjunta para garantizar que la salud mental de los estudiantes sea una prioridad nacional. Este compromiso no solo implica aumentar la inversión en programas específicos, sino también desarrollar políticas públicas que aborden de manera integral los factores que afectan el bienestar de los estudiantes. Al actuar de manera decidida, no solo se mejorará la calidad de vida de los alumnos, sino que se contribuirá a construir una sociedad más equitativa, saludable y productiva.

La atención integral a la salud mental en las escuelas mexicanas representa un reto de gran envergadura, pero también una oportunidad invaluable para generar un cambio sistémico en el país. El bienestar emocional no debe ser considerado un lujo, sino un derecho esencial para el desarrollo pleno de cada estudiante. Las escuelas, como epicentro de formación y convivencia, deben asumir este reto como una responsabilidad ineludible, apoyadas por un marco normativo sólido y un financiamiento adecuado.

La salud mental en las escuelas de México es un tema de creciente relevancia, especialmente tras los desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19. A continuación, se presenta un análisis detallado que abarca antecedentes, retos, oportunidades, riesgos, propuestas y consecuencias, respaldado por datos y fuentes oficiales.

El artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a recibir educación, entendida como un proceso integral que debe fomentar el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, incluidas su salud física, emocional y mental.

La salud mental es fundamental para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y su descuido puede tener graves consecuencias en su rendimiento académico, socialización y bienestar general.

Diversos estudios han señalado un incremento significativo en los problemas de salud mental entre los estudiantes mexicanos, particularmente en ansiedad, depresión, estrés y trastornos de conducta. Según datos recientes, estos problemas se han agudizado tras la pandemia de COVID-19.

El presupuesto destinado a salud mental en México ha sido históricamente insuficiente, representando apenas el 2.1% del gasto total en salud entre 2013 y 2021, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), aunado a que el Presupuesto de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para 2025 reporta una reducción del 15.2% en el presupuesto asignado para 2025, pasando de 2,466.5 millones de pesos en 2024 a 2,146.1 millones de pesos, lo que genera preocupación ante el aumento en la demanda de atención en salud mental.

Existen importantes áreas de oportunidad para implementar programas educativos que integren el bienestar emocional como parte de la formación académica, capacitar al personal docente para identificar problemas de salud mental y generar una cultura escolar que erradique el estigma sobre esta problemática.

Pese a los avances normativos, los esfuerzos en materia de salud mental en el sistema educativo nacional aún son insuficientes para atender la magnitud del problema y garantizar el bienestar integral de los estudiantes.

Antecedentes

Históricamente, la salud mental en México ha recibido una atención limitada en comparación con otros aspectos de la salud pública. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2013 y 2021, en promedio, solo el 2.1% del presupuesto total de salud se destinó a salud mental, lo que ha limitado la disponibilidad y calidad de los servicios en esta área.

En el ámbito escolar, la salud mental de los estudiantes ha sido un tema ausente en la política educativa. La falta de programas específicos y recursos destinados a abordar problemas emocionales y psicológicos en las escuelas ha dejado a muchos estudiantes sin el apoyo necesario.

La salud mental, entendida como un estado de bienestar emocional, psicológico y social, ha sido un tema subestimado en México, especialmente en el contexto educativo. Durante décadas, las políticas públicas en educación se enfocaron principalmente en aspectos académicos, dejando de lado la dimensión emocional y psicológica del aprendizaje. Sin embargo, los problemas de salud mental entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes han ido aumentando de manera constante, lo que ha generado una crisis que exige atención inmediata y prioritaria.

El desarrollo histórico de la salud mental en México

Desde mediados del siglo XX, la salud mental en México comenzó a incorporarse en la agenda de salud pública, pero con un enfoque limitado. La creación de instituciones como el Instituto Nacional de Psiquiatría en 1979 marcó un hito, pero los servicios siguieron siendo centralizados y dirigidos principalmente a adultos. En el ámbito educativo, la atención a la salud mental ha sido casi inexistente, limitada a esfuerzos aislados en escuelas particulares o zonas urbanas de mayor ingreso.

La transición hacia un enfoque más integral de salud mental comenzó a cobrar relevancia con la promulgación de la Ley General de Salud en 1984, que reconoció la importancia de atender los trastornos mentales. No obstante, la asignación presupuestaria en este rubro ha sido históricamente insuficiente. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre 2013 y 2021, en promedio, solo el 2.1% del presupuesto total de salud en México se destinó a salud mental, cifra muy por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sugiere un mínimo del 5%.

El contexto educativo: un vacío histórico

En el ámbito educativo, la salud mental rara vez se consideró un tema de interés central. Hasta principios del siglo XXI, la atención psicológica en las escuelas estaba limitada a algunas instituciones privadas o programas experimentales en zonas urbanas. Esto dejó a millones de estudiantes de escuelas públicas sin acceso a apoyo psicológico formal. Además, la falta de un marco normativo específico para abordar la salud mental en las escuelas perpetuó la idea de que estos problemas eran responsabilidad exclusiva de las familias o del sector salud.

El impacto de la pandemia de COVID-19

La llegada de la pandemia de COVID-19 en 2020 marcó un punto de inflexión en la percepción y atención de la salud mental, especialmente entre los jóvenes. El cierre de escuelas, el confinamiento prolongado, la incertidumbre económica y la pérdida de seres queridos generaron un aumento significativo en los casos de ansiedad, depresión y estrés entre los estudiantes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), más de 33 millones de estudiantes en México enfrentaron interrupciones en su educación, lo que amplificó los desafíos emocionales y psicológicos.

Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 2021 reveló que 1 de cada 3 adolescentes en México experimentó ansiedad o depresión durante la pandemia. Además, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) encontró que el 28.6% de los adolescentes reportaron síntomas de ansiedad, mientras que el 23.3% presentaron síntomas de depresión. Estos datos evidenciaron la magnitud del problema y la necesidad urgente de intervenir.

El contexto social y cultural: el estigma persistente

A pesar de los avances en la comprensión de la salud mental, el estigma social sigue siendo un obstáculo importante. En muchas comunidades, especialmente en zonas rurales y marginadas, los problemas de salud mental se perciben como debilidades personales o problemas que deben manejarse en privado. Esta percepción ha limitado la búsqueda de ayuda, tanto por parte de los estudiantes como de sus familias, y ha perpetuado el aislamiento de quienes sufren trastornos emocionales.

La respuesta gubernamental y los retos pendientes

En los últimos años, han surgido esfuerzos para abordar la salud mental en el sistema educativo mexicano. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementó el programa “Aprende en Casa” durante la pandemia, el cual incluyó algunos contenidos relacionados con la salud socioemocional. Sin embargo, estos esfuerzos fueron insuficientes para atender la creciente demanda de apoyo psicológico. La falta de capacitación de los docentes, la escasez de recursos y la ausencia de una estrategia integral limitaron el alcance de estas iniciativas.

En 2022, el gobierno federal lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA), que incluyó la promoción de la salud mental en jóvenes. Aunque esta estrategia representa un avance, su enfoque principal sigue siendo la prevención de adicciones, dejando un vacío en la atención a otros problemas de salud mental.

El papel de las escuelas como entornos protectores

A pesar de los desafíos, las escuelas tienen el potencial de ser entornos protectores para la salud mental. La evidencia científica ha demostrado que la promoción de habilidades socioemocionales desde una edad temprana puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar trastornos mentales en el futuro. Sin embargo, para aprovechar este potencial, es necesario implementar cambios estructurales en el sistema educativo, incluyendo la capacitación de docentes, la integración de servicios psicológicos en las escuelas y la promoción de una cultura de bienestar emocional.

En resumen, los antecedentes de la salud mental en las escuelas mexicanas muestran una historia de atención limitada, recursos insuficientes y retos estructurales que han impedido un abordaje integral del problema. Sin embargo, la creciente conciencia sobre la importancia de este tema, impulsada por los efectos de la pandemia y el aumento de casos de trastornos emocionales entre los jóvenes, presenta una oportunidad única para transformar la manera en que se aborda la salud mental en el ámbito educativo.

Retos en materia de salud mental en las escuelas de México

El contexto educativo en México enfrenta múltiples retos relacionados con la salud mental de sus estudiantes. Estos desafíos son el resultado de problemas estructurales, falta de políticas públicas integrales, insuficiencia de recursos y estigmas culturales profundamente arraigados. A continuación, se detallan los principales retos que enfrenta el sistema educativo mexicano en esta materia:

1. Acceso limitado a servicios de salud mental

Uno de los principales retos es la falta de acceso equitativo a servicios de salud mental para estudiantes. La centralización de los recursos en áreas urbanas ha dejado a miles de niños y adolescentes de comunidades rurales y marginadas sin apoyo psicológico. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría, en México hay menos de 5 psicólogos por cada 100,000 habitantes, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de la población estudiantil.

Además, muchas escuelas carecen de personal especializado, como psicólogos o trabajadores sociales, lo que impide la detección temprana de problemas emocionales y la implementación de intervenciones oportunas. Las brechas en infraestructura y recursos limitan la posibilidad de brindar atención directa a los estudiantes.

2. Insuficiente capacitación docente

Los docentes son los primeros en identificar cambios en el comportamiento de los estudiantes, pero la mayoría no cuenta con la formación necesaria para abordar problemas de salud mental. Según un informe de la SEP, más del 70% de los maestros en México no han recibido capacitación sobre cómo manejar situaciones relacionadas con la salud emocional de los alumnos. Esto no solo dificulta la detección temprana, sino que también genera estrés adicional para los maestros, quienes se enfrentan a estos desafíos sin las herramientas adecuadas.

3. Estigmatización y prejuicios culturales

En muchas comunidades mexicanas, los problemas de salud mental siguen siendo vistos como un tema tabú, lo que perpetúa el estigma y desalienta la búsqueda de ayuda. La falta de información y educación sobre salud mental contribuye a la discriminación hacia aquellos que enfrentan problemas emocionales o psicológicos, tanto en las escuelas como en sus entornos familiares. Este estigma también afecta a los docentes y padres, quienes pueden minimizar la importancia de estos problemas o evitar tratarlos por miedo al juicio social.

4. Aumento en los problemas de salud mental tras la pandemia

La pandemia de COVID-19 exacerbó los problemas de salud mental en los estudiantes. El confinamiento prolongado, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre económica y la interrupción de las clases presenciales generaron un aumento en los niveles de ansiedad, depresión y estrés entre los niños y adolescentes. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022, más del 28% de los adolescentes reportaron síntomas de ansiedad y el 23% presentaron síntomas de depresión tras el confinamiento. Este incremento ha sobrecargado aún más los sistemas escolares y ha expuesto la insuficiencia de los recursos existentes.

5. Deserción escolar vinculada a problemas de salud mental

Los problemas de salud mental no atendidos son una de las principales causas de deserción escolar en México. La ansiedad, depresión y otros trastornos pueden dificultar la concentración, el rendimiento académico y la socialización, lo que lleva a muchos estudiantes a abandonar la escuela. Según datos de la Cámara de Diputados, los estudiantes con problemas de salud mental tienen hasta tres veces más probabilidades de dejar la escuela en comparación con aquellos que no enfrentan estas dificultades.

6. Subfinanciamiento del sector salud mental

El presupuesto asignado a la salud mental en México es notoriamente bajo. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), solo el 2.1% del presupuesto total de salud se destinó a este rubro entre 2013 y 2021, cifra muy inferior al 5% recomendado por la OMS. Esta falta de financiamiento se traduce en la ausencia de programas específicos en las escuelas, la falta de contratación de personal especializado y la carencia de infraestructura adecuada para atender a los estudiantes.

7. Falta de coordinación interinstitucional

La salud mental en las escuelas requiere la colaboración de múltiples actores, incluidos los sectores de salud, educación y desarrollo social. Sin embargo, en México, la falta de coordinación entre estas instituciones ha limitado la implementación de políticas integrales. La desconexión entre los programas educativos y los servicios de salud pública impide una atención adecuada y oportuna.

8. Ausencia de un marco normativo integral

Aunque la Ley General de Salud reconoce la importancia de la salud mental, no existe una normativa específica que obligue a las escuelas a incluir programas de bienestar emocional en sus planes de trabajo. Esta falta de regulación ha generado disparidades en la implementación de iniciativas, dejando a muchas escuelas públicas sin recursos ni lineamientos claros.

9. Escasez de datos y diagnósticos actualizados

Un reto adicional es la falta de estadísticas confiables y actualizadas sobre la salud mental en el ámbito educativo. La mayoría de los estudios disponibles provienen de organizaciones internacionales o investigaciones académicas independientes, lo que dificulta la planificación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia.

10. Impacto de la violencia y el entorno socioeconómico

El entorno social de los estudiantes también juega un papel crucial en su salud mental. La violencia doméstica, la inseguridad y la pobreza son factores que agravan los problemas emocionales y psicológicos en los niños y adolescentes. Según UNICEF, el 63% de los estudiantes mexicanos reporta haber sufrido algún tipo de violencia en su entorno escolar, lo que afecta su bienestar emocional y desempeño académico.

Oportunidades

1. Integración de programas de educación emocional: Implementar programas que enseñen a los estudiantes a gestionar sus emociones y desarrollar resiliencia puede mejorar su bienestar general.

2. Capacitación docente: Formar a los maestros para identificar y manejar problemas de salud mental en el aula puede facilitar intervenciones tempranas.

3. Uso de tecnologías: Las plataformas digitales pueden ofrecer apoyo psicológico y recursos educativos sobre salud mental, ampliando el alcance de las intervenciones.

Riesgos

1. Subfinanciamiento: Sin una inversión adecuada, las iniciativas en salud mental pueden ser insuficientes o insostenibles.

2. Falta de coordinación interinstitucional: La ausencia de colaboración entre sectores de salud y educación puede limitar la efectividad de los programas implementados.

3. Resistencia cultural: Las percepciones negativas sobre la salud mental pueden obstaculizar la participación de estudiantes y padres en las iniciativas propuestas.

Consecuencias

• Positivas: La implementación efectiva de estas propuestas puede conducir a una reducción en las tasas de deserción escolar, mejora en el rendimiento académico y un aumento en el bienestar general de los estudiantes.

• Negativas: La inacción o implementación deficiente podría resultar en un aumento de trastornos mentales no tratados, mayor deserción escolar y perpetuación del estigma, afectando el desarrollo integral de los jóvenes.

Cifras y datos oficiales actuales sobre la salud mental en las escuelas de México

La salud mental de niñas, niños y adolescentes en México es una preocupación creciente, respaldada por diversas encuestas y estudios recientes que reflejan la magnitud del problema. A continuación, se presentan las cifras y datos más relevantes:

1. Prevalencia de trastornos mentales en adolescentes

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022: Este instrumento estadístico, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), proporciona datos detallados sobre la salud mental de la niñez y adolescencia en México. La Ensanut Continua 2022 reporta que una proporción significativa de adolescentes presenta síntomas depresivos, como tristeza, ansiedad y trastornos del sueño, que afectan su vida diaria y la de sus familias.

• Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicoactivas en México 2021: Este informe destaca que las condiciones más prevalentes atendidas en el sistema de salud son la ansiedad (52.8%) y la depresión (25.1%), afectando a una proporción considerable de la población juvenil.

2. Impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental estudiantil

• Estudio sobre Niveles de Ansiedad en Estudiantes Escolares Mexicanos: Una investigación reciente encontró que, debido a la modalidad de aprendizaje híbrido implementada durante la pandemia, el 53% de los niños evaluados presentaron niveles de ansiedad, reflejando el impacto significativo de la crisis sanitaria en la salud mental infantil.

• Encuesta sobre Estudiantes Universitarios: Resultados preliminares de una encuesta aplicada a cerca de 50,000 estudiantes de nuevo ingreso en 2021 indican que los estudiantes universitarios están experimentando un aumento en problemas de salud mental, incluyendo agotamiento emocional y estrés, exacerbados por la pandemia.

3. Estadísticas generales sobre salud mental en México

• Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): El INEGI proporciona información sobre la condición de salud emocional y sentimientos depresivos en la población mexicana. Aunque no se especifica exclusivamente para estudiantes, estos datos ofrecen una visión general de la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento en el país.

• Informe del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones 2024: Este informe señala que, en el sistema de salud, se atendieron a 303,356 personas por distintas condiciones de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión las más prevalentes. Aunque no se desglosa por grupos de edad, es indicativo de la carga que representan estos trastornos en la población general.

Conclusión

Las cifras y datos oficiales actuales evidencian una creciente preocupación por la salud mental de los estudiantes en México. La alta prevalencia de síntomas de ansiedad y depresión, exacerbada por la pandemia de COVID-19, subraya la necesidad urgente de implementar políticas y programas efectivos que aborden estos desafíos en el entorno escolar. Las iniciativas gubernamentales recientes deben representar un paso en la dirección correcta, pero es fundamental continuar recopilando datos precisos y actualizados para diseñar intervenciones basadas en evidencia que promuevan el bienestar mental de la niñez y adolescencia mexicana.

Abordar la salud mental en las escuelas de México es esencial para garantizar el desarrollo pleno de los estudiantes. Esto requiere un compromiso conjunto de autoridades, educadores, familias y la sociedad en general para crear entornos educativos que promuevan el bienestar emocional y psicológico.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, instrumente las acciones necesarias a efecto de diseñar e implementar un Programa Nacional de Salud Mental en el Sistema Educativo Nacional que contemple acciones prioritarias como:

1. La incorporación de contenidos de educación emocional en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos.

2. La capacitación del personal docente y administrativo para la detección temprana de problemas de salud mental en los estudiantes.

3. La generación de alianzas con la Secretaría de Salud para garantizar el acceso a servicios de atención psicológica y psiquiátrica en las instituciones educativas.

4. La promoción de campañas de sensibilización para combatir el estigma asociado a los trastornos mentales.

5. La evaluación periódica del impacto de estas acciones para ajustar las políticas y garantizar su efectividad.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, incremente la inversión en programas de bienestar emocional y lleve a cabo las gestiones necesarias para obtener recursos adicionales destinados a garantizar la implementación de dichas acciones en todas las entidades federativas.

Tercero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, remita un informe detallado a la opinión pública, en un plazo no mayor a 90 días naturales, sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el fortalecimiento de la atención a la salud mental en el Sistema Educativo Nacional.

Notas

1. Gobierno de México, 2024, Estadísticas aportan información para tratar la salud mental de niñas, niños y adolescentes. Recuperado de:

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/estadisticas-aportan-inform acion-para-tratar-la-salud-mental-de-ninas-ninos-y-adolescentes

2. Judith Senyacen Méndez Méndez, 2023, CIEP, Presupuesto para salud mental: Un derecho humano universal. Recuperado de:

https://ciep.mx/presupuesto-para-salud-mental-un-derecho-humano- universal/

3. Gobierno de México, 2023, Avanza Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2023. Recuperado de:

https://www.gob.mx/salud/prensa/avanza-encuesta-nacional-de-salu d-mental-y-adicciones-2023

4. Gobierno de México, 2023, Autoridades presentan Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023–2024. Recuperado de:

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5. Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6. El Economista, 2024, Baja 13% presupuesto para 2025 de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones; demanda de atención aumenta. Recuperado de:

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7. Universidad Iberoamericana, 2023, Retos de la salud mental en México: Desesperanza, pobreza y violencia. Recuperado de:

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8. Faro educativo, 2023, La salud mental de las y los estudiantes: un tema ausente en la política educativa de México. Recuperado de:

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9. Bajo Lupa, 2023, Los retos y desafíos de la salud mental en México. Recuperado de:

https://documenta.org.mx/blog-documenta/2018/11/14/los-retos-y-d esafios-de-la-salud-mental-en-mexico/

10. Trans Digital, 2024, Percepción de habilidades socioemocionales en docentes de educación primaria en México durante la pandemia por COVID-19: Hacia la consciencia en la integralidad. Recuperado de:

https://revista-transdigital.org/index.php/transdigital/ article/view/317

11. Bajo Lupa, 2023, Los retos y desafíos de la salud mental en México. Recuperado de:

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12. La silla rota, 2022, Salud mental y deserción: los retos del sistema educativo tras pandemia. Recuperado de:

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13. TN University, 2024, El bienestar emocional de los estudiantes: reto prioritario en el entorno educativo. Recuperado de:

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15. CODICE, 2023, salud mental: retos y oportunidades. Recuperado de:

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16. Universidad Iberoamericana, 2023, Retos de la salud mental en México: Desesperanza, pobreza y violencia. Recuperado de:

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18. TN University, 2024, El bienestar emocional de los estudiantes: reto prioritario en el entorno educativo. Recuperado de:

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19. La silla rota, 2022, La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) alerta por falta de evaluaciones claras y con muestras confiables. Recuperado de:

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https://observatorio.tec.mx/edu-news/estudiantes-universitarios- salud-mental-encuesta/

24. INEGI, 2023, Salud mental. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/temas/salud/

25. Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, 2024, Una mirada a la atención en salud mental en México: principales condiciones atendidas en el Sistema de Salud. Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04_DATOS_S M_2024.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS, PRÓTESIS Y BASTONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, a cargo de la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Elizabeth Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 76, 79 numeral 1 Fracción II, numeral 2 Fracción V y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), así como a sus homólogos en las entidades federativas, a implementar programas de capacitación para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo y garantizar el acceso a estos apoyos funcionales a las personas que los requieran, conforme a los siguientes

Considerandos

Primero. La discapacidad afecta aproximadamente al 16% de la población mundial, y constituye uno de los grupos con mayor grado de marginación, discriminación y exclusión, lo que implica que las oportunidades que tiene este grupo para desarrollarse en la sociedad son limitadas y, por ende, se vulneran sus derechos sociales y humanos.

Según el INEGI, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país (126, 014, 024 personas), 5.7% (7,168, 178 personas) tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Las actividades con dificultad más reportadas entre las personas con discapacidad y/o condición mental son caminar, subir o bajar (41%), por lo que afirman que una de las principales barreras que enfrentan estas personas es la movilidad y por ende, el acceso limitado a dispositivos de apoyo funcional, como sillas de ruedas, prótesis y bastones, que les permitan una mayor autonomía y calidad de vida.

Los productos de apoyo varían desde los productos físicos, como las sillas de ruedas, las gafas, las extremidades protésicas, los bastones blancos y los auxiliares auditivos, hasta las soluciones digitales como los programas de reconocimiento de voz o de gestión del tiempo y la subtitulación de material audiovisual.

Segundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones de personas en el mundo necesitan al menos un dispositivo de asistencia, pero sólo el 10% tiene acceso a ellos debido a su alto costo y la falta de disponibilidad en mercados locales.

Tercero. En México, el acceso a sillas de ruedas, prótesis y bastones es limitado por los altos costos de fabricación y distribución, afectando principalmente a las personas de bajos recursos que no cuentan con recursos suficientes para adquirirlos, ni acceso a servicios especializados y programas de apoyo.

Cuarto. La capacitación en la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones puede convertirse en una oportunidad económica para muchas personas, al promover el desarrollo de habilidades técnicas especializadas y la creación de pequeñas y medianas empresas en el sector.

Quinto. La fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones a nivel local no sólo reduce costos, sino que también permite una mayor personalización de los dispositivos, adaptándolos a las necesidades específicas de los usuarios.

Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, a la larga, no solo se deberá buscar que estas prótesis sean biónicas, sino que sean cibernéticas; es decir, que constituyan una tecnología en el cuerpo de la persona.

Sexto. Países como Colombia e India han implementado programas de capacitación para la fabricación de dispositivos de asistencia funcional, logrando al mismo tiempo generar empleo, fortalecer cadenas productivas locales y aumentar el acceso a estos productos para las personas con discapacidad.

Séptimo. La inclusión laboral de personas discapacitadas en la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones puede contribuir a reducir el desempleo en comunidades vulnerables, generando beneficios sociales y económicos a largo plazo.

Octavo. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad establecen la obligación del Estado de garantizar el acceso a dispositivos de apoyo funcional, así como de promover la formación profesional en sectores clave para la inclusión.

Asimismo, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, para lo cual, puede desarrollar todas las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones del Gobierno federal, así como como la organizaciones de y para las personas con discapacidad, expertos y académicos.

Lo que faculta a dicho Consejo a coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena.

Noveno. La capacitación en la fabricación de dispositivos de apoyo funcional requiere la colaboración de instituciones públicas, privadas y educativas para garantizar la disponibilidad de recursos, infraestructura y conocimientos técnicos necesarios.

Décimo. Es prioritario que las políticas públicas promuevan soluciones sostenibles e integrales que combinen el desarrollo de capacidades productivas con la satisfacción de necesidades sociales, como es el caso de la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones.

Décimo Primero. La promoción de estos programas responde al compromiso del Estado Mexicano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 8, que fomenta el trabajo decente y el crecimiento económico, y el ODS 10, enfocado en reducir desigualdades.

En virtud de los considerandos anteriores, la suscrita, Elizabeth Martínez Álvarez, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), así como a sus homólogos en las entidades federativas, para que elaboren e implementen programas que comprendan la inclusión laboral y la capacitación técnica para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones, con el objetivo de generar empleo e incrementar la disponibilidad y accesibilidad a estas ayudas técnicas en favor de las personas con discapacidad que los requieran.

Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que instrumenten las acciones y estrategias necesarias a fin de promover alianzas entre universidades, centros de investigación, empresas y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de desarrollar e impartir programas de formación en tecnologías innovadoras y sostenibles para la fabricación de sillas de ruedas, prótesis y bastones a bajo costo.

Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que, informen a la opinión pública sobre las acciones, estrategias y programas realizadas para promover e impulsar la capacitación técnica, la inclusión laboral y la investigación dirigidas a la fabricación de sillas de ruedas, prótesis, bastones y toda ayuda técnica a bajo costo para las personas con discapacidad, incluyendo avances, resultados y áreas de oportunidad, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de que sea recibido el exhorto.

Notas

1. https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2024/notacefp0762024.pdf

2. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/ EAP_PersDiscap21.pdf

3. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology

4. https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-altos-cost os-2-millones-de-mexicanos/

5. https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-altos-cost os-2-millones-de-mexicanos/

6. https://www.iadb.org/es/noticias/colombia-lanza-programa-de-empleo-inclusivo-pa ra-facilitar-el-acceso-laboral

7. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

8. https://www.gob.mx/conadis/acciones-y-programas/programa-nacional-para-el-desar rollo-y-la-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-2014-2018-5882

9. https://www.gob.mx/conadis

10. https://www.razon.com.mx/mexico/2023/02/04/sin-acceso-a-protesis-por-altos-cost os-2-millones-de-mexicanos/

11. https://fechac.org.mx/app_fechac/_files/_img/_documents/012821- 160142_rf-1-03compromisodefechacconlosodsrev1.pdf?gad_source=1&gclid=Cj0KCQ iAx9q6BhCDARIsACwUxu654DKkuGpXu79TcGkxzul38Het8dfIESFYtuWPXx5avIOp1UKCe_UaAr4sE ALw_wcB

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Elizabeth Martínez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

ACCIONES PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN EN LAS REGIONES MÁS VULNERABLES DE QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a destinar los recursos suficientes y promover acciones específicas para mejorar la educación en las regiones más vulnerables del estado de Quintana Roo, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter a consideración de esta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar los recursos suficientes y promover acciones específicas para mejorar la educación en las regiones más vulnerables del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Según el informe estadístico 2023 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Quintana Roo enfrenta brechas significativas en la cobertura educativa, particularmente en comunidades rurales e indígenas. Estas regiones presentan dificultades en acceso a la educación básica y media superior debido a la limitada infraestructura escolar, la insuficiencia de docentes capacitados y las condiciones de marginación socioeconómica que afectan a las familias. Las estadísticas oficiales reportan una tasa de abandono escolar del 10.8% en educación media superior, superior al promedio nacional del 9.6%, lo que refleja un desafío significativo para la retención escolar en el estado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), más del 30% de las escuelas en zonas rurales de Quintana Roo carecen de instalaciones adecuadas, como techos en buen estado, acceso a servicios básicos de agua potable y electricidad, así como espacios destinados a actividades deportivas y recreativas. Esta situación afecta directamente el ambiente de aprendizaje y desmotiva a los estudiantes a continuar con su educación.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece que el 38% de la población en Quintana Roo vive en condiciones de pobreza, siendo las comunidades indígenas las más afectadas. Este contexto dificulta que las familias prioricen la educación de sus hijos debido a la necesidad de generar ingresos adicionales. Además, el acceso limitado a tecnologías y transporte escolar contribuye al abandono escolar en estas regiones.

Si bien la Estrategia Nacional de Inclusión ha promovido programas como las becas Benito Juárez y las escuelas de tiempo completo, estos esfuerzos no han sido suficientes para abarcar la totalidad de las necesidades en las comunidades rurales e indígenas de Quintana Roo. En muchos casos, las becas no llegan a los estudiantes más necesitados debido a la falta de seguimiento y coordinación entre los niveles de gobierno.

Según el Sistema Nacional de Información Educativa, un 22% de las escuelas en zonas vulnerables de Quintana Roo tienen déficit de personal docente, especialmente en asignaturas técnicas y científicas. Además, la capacitación docente en estas áreas ha sido insuficiente, afectando la calidad educativa y el interés de los estudiantes por continuar sus estudios.

Diversos estudios, como el reporte anual de la UNESCO sobre Desarrollo Educativo, destacan que mejorar la educación en regiones vulnerables no solo eleva la calidad de vida de las personas, sino que también reduce los índices de criminalidad, promueve la igualdad de género y fomenta la participación ciudadana. En el caso de Quintana Roo, estas mejoras son esenciales para romper el ciclo de pobreza en comunidades marginadas y asegurar un futuro más próspero para sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, genere una coordinación con las autoridades estatales y municipales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objetivo de destinar los recursos suficientes y ejecutar las acciones específicas para mejorar la educación en las regiones más vulnerables del estado, priorizando:

1. La construcción y rehabilitación de infraestructura educativa en comunidades rurales e indígenas.

2. La capacitación y contratación de docentes para fortalecer la calidad educativa.

3. La implementación de programas de becas y apoyo escolar dirigidos a estudiantes en condiciones de pobreza, y;

4. El desarrollo de estrategias para reducir la deserción escolar y aumentar la eficiencia terminal.

Notas

1. Planeación SEP, 2023:

https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/EstI ndEntFed2023/23_QROO.pdf?utm_source

2. CONEVAL

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Info rmes_pobreza_evaluacion_2022/Quintana_Roo.pdf

3. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2022. aspx

4. SNIEE

https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

5. INFORME ANUAL

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388894

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A GARANTIZAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a destinar los recursos suficientes y generar los mecanismos adecuados para poder garantizar el suministro oportuno de medicamentos oncológicos directamente en las instituciones de seguridad social, a cargo del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter a consideración de esta H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar los recursos suficientes y generar los mecanismos adecuados para poder garantizar el suministro oportuno de medicamentos oncológicos directamente en las instituciones de seguridad social, conforme a las siguientes

Consideraciones

El desabasto de medicamentos oncológicos ha sido una problemática recurrente en México, con énfasis particular durante 2024 y 2025. A pesar de las reiteradas promesas del Gobierno federal, como la operación de la “Megafarmacia” en Huehuetoca y los anuncios sobre compras consolidadas, los hospitales públicos continúan enfrentando graves deficiencias en el suministro de medicamentos esenciales para pacientes pediátricos. Estas iniciativas gubernamentales, aunque ambiciosas en el papel, han mostrado una ejecución limitada y no han logrado satisfacer la demanda real en los estados más afectados, como Jalisco, Oaxaca y Nuevo León (Reforma, 2025).

Esto ha tenido un impacto directo en las niñas y niños con cáncer, quienes necesitan tratamientos continuos para garantizar su supervivencia. La interrupción de estos tratamientos ha derivado en complicaciones graves para los pacientes, e incluso fallecimientos que podrían haberse evitado si los medicamentos estuvieran disponibles de manera oportuna (Barbosa, 2025).

En este contexto, la Asociación Nariz Roja ha desempeñado un papel fundamental. Durante este periodo, la organización ha recaudado más de 30 millones de pesos mediante campañas masivas en redes sociales, utilizando estrategias innovadoras que han captado la atención y solidaridad de miles de personas. Estos recursos se han utilizado para adquirir medicamentos oncológicos que el sistema público no ha podido suministrar.

Sin embargo, Nariz Roja también ha denunciado públicamente las fallas estructurales del sistema de salud, documentando casos específicos de desabasto y señalando problemas en la logística de distribución, como la caducidad de miles de piezas de medicamentos adquiridos por el gobierno debido a una gestión ineficiente (El Universal, 2024; Latinus, 2024).

Las movilizaciones sociales también han cobrado mayor fuerza. Padres de familia y organizaciones civiles, lideradas en muchos casos por Nariz Roja, han encabezado marchas y protestas para exigir soluciones inmediatas al Ejecutivo federal. Estas acciones han sido fundamentales para visibilizar la problemática en la agenda pública, aunque hasta ahora las respuestas gubernamentales han sido insuficientes. Además, las familias afectadas han enfrentado una carga económica significativa, ya que muchas de ellas se ven obligadas a adquirir medicamentos en el sector privado a precios exorbitantes. Este problema ha exacerbado las desigualdades económicas y sociales, poniendo en riesgo a los pacientes más vulnerables (Notisistema, 2025).

Desde una perspectiva legal y de derechos humanos, el artículo 4o de la Constitución mexicana garantiza el derecho a la salud, mientras que tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño exigen el acceso a tratamientos médicos adecuados. No obstante, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF han señalado que México no está cumpliendo con estos compromisos, especialmente en lo que respecta a las enfermedades graves en población infantil. Estas organizaciones han emitido recomendaciones específicas, como mejorar la planeación en la adquisición de medicamentos, establecer mecanismos de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y garantizar la transparencia en los procesos de distribución (OMS, 2024; UNICEF, 2024).

Nariz Roja ha destacado la importancia de que su trabajo sea complementario y no sustitutivo de las responsabilidades del Estado. Aunque la sociedad civil ha sido crucial para cubrir los vacíos del sistema, las organizaciones han insistido en la necesidad de formalizar acuerdos de colaboración con el gobierno para garantizar soluciones sostenibles. Sin embargo, el reconocimiento y apoyo gubernamental hacia estas iniciativas ha sido limitado, lo que restringe el alcance de su impacto (Reforma, 2025).

Una vez poniendo en evidencia toda esta deficiencia pondremos claros ejemplos de que el Ejecutivo federal no pone fin a esta problemática que él mismo provocó:

a) Iniciativas estatales: Estados como Jalisco destinaron recursos propios para suplir el desabasto, pero estas medidas no solucionan el problema estructural. Otros estados, como Veracruz y Baja California, también reportaron crisis similares.

b) Impacto emocional: El desabasto generó ansiedad y depresión en las familias, afectando su salud mental. Nariz Roja brindó apoyo psicológico limitado, pero la demanda supera su capacidad.

c) Innovaciones tecnológicas: Hospitales privados adoptan herramientas de inteligencia artificial para personalizar tratamientos, pero estas innovaciones no están disponibles en el sistema público por falta de recursos.

d) Transparencia gubernamental: El gobierno federal no transparentó contratos de compras públicas, lo que aumentó la desconfianza. La ASF señaló irregularidades y recomendó mejoras en los procesos.

e) Financiamiento de OSC: Nariz Roja depende en gran medida de donaciones privadas, pero estas no son sostenibles. Las organizaciones han solicitado incentivos fiscales para fomentar donaciones, sin respuesta gubernamental.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias a efecto de destinar los recursos suficientes y generar los mecanismos adecuados para garantizar el suministro oportuno de medicamentos oncológicos directamente en las instituciones públicas de salud.

Notas

- Barbosa, A. (2025). Nariz Roja: El desabasto oncológico sigue siendo crítico. Entrevista en Radio Fórmula. Recuperado de

https://www.radioformula.com.mx

- El Universal. (2024, febrero 20). Nariz Roja denuncia desabasto de medicamentos y tratamientos. Recuperado de

https://www.eluniversal.com.mx

- Latinus. (2024, febrero 20). Miles de medicamentos contra el cáncer caducan por mala distribución. Recuperado de

https://www.latinus.us

- Notisistema. (2025, enero 15). Sigue escasez de medicamentos oncológicos: Nariz Roja. Recuperado de

https://www.notisistema.com

- Organización Mundial de la Salud. (2024). Acceso a medicamentos esenciales para enfermedades graves. Ginebra, Suiza: OMS.

- Reforma. (2025, enero 15). Faltan más oncológicos, denuncian activistas. Recuperado de

https://www.reforma.com

- UNICEF. (2024). Garantizar el acceso a medicamentos esenciales: El caso de México. Recuperado de

https://www.unicef.org

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICAS LAS ACCIONES QUE SE EMPRENDERÁN PARA GARANTIZAR OPORTUNIDADES LABORALES Y DE REINSERCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE INGRESEN AL PAÍS DERIVADO DE LAS DEPORTACIONES MASIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Segob y a la SRE a hacer públicas las acciones que emprenderán para garantizar las oportunidades laborales y de reinserción para las personas que ingresen al país derivado de las deportaciones masivas de Estados Unidos de América, así como hacer público el origen y destino de los recursos otorgados a los programas de “Apoyo para las y los Mexicanos en Estados Unidos” y “México te Abraza”, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es el segundo país expulsor de migrantes en el mundo, 1 de cada 23 son connacionales; Conforme a datos de 2024, se estimó que 12 millones de mexicanos de primera generación residían en Estados Unidos, de los cuales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) señaló que 4.8 millones son indocumentados.

Los migrantes mexicanos, son de gran importancia para la vida nacional en todos los ámbitos, ejemplo de ello es en el económico, pues tan solo de enero a noviembre de 2024, las remesas sumaron 59 mil 518 millones de dólares, un incremento del 2.9% a comparación del 2023, y en el mismo 2024 estas representaron el 3.4%del PIB nacional. La importancia de las remesas es vital al ser un ingreso para las familias que permiten cubrir gastos básicos como educación y vivienda, impulsando el crecimiento económico regional.

Las remesas pueden inducir un crecimiento del PIB regional, al incrementar el ingreso de los hogares, se destina al gasto en campos como la educación, salud, entre otras. La participación de las remesas tuvo un mayor impacto en Michoacán.

Estos datos cobran fuerza, ante la posesión del nuevo gobierno en Estados Unidos, dado ante la entrada de Donald Trump, afirmó que firmaría diversos decretos, entre los que destaca, el cierre de la frontera y la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico, mediante el despliegue de militares y deportación de migrantes con ello.

Las firmas de estos decretos marcan un cambio drástico de la política migratoria, que afectaría a los indocumentados que residen en Estados Unidos y a los miles de migrantes que buscan ingresar este país, a través de la frontera con México.

Ante las amenazas reiteradas por parte del Presidente de Estados Unidos de América, el Gobierno federal de México anunció acciones para auxiliar a los mexicanos en Estados Unidos y a las personas que serán retornadas al país, como lo es la propuesta de “México te abraza” mediante la cual se dará una tarjeta con 2 mil pesos a las personas que se encuentren en esta condición.

La estrategia de recepción se basa en 3 componentes principales:

• Asistencia y protección consular. Será ejecutada mediante la red consular y con el apoyo de Agencias de Naciones Unidas y organizaciones.

• Recepción y apoyo. Con centros de atención en los 6 estados fronterizos.

• Reintegración. Se busca atender las necesidades básicas por medio de jornadas de servicio social para la incorporación a programas sociales.

La estrategia será ejecutada por la Secretaría de Gobernación en coordinación con 34 dependencias, y las personas aunado al dinero recibido, podrían tener acceso a programas sociales como es la afiliación al IMSS, para ellos y su familia, teniendo acceso al Seguro de Enfermedades y maternidad por motivos humanitarios y de solidaridad, contando con los servicios:

• Enfermedades y maternidad

• Riesgos de trabajo

• Invalidez y vida

• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

• Guarderías y prestaciones sociales.

El Instituto Nacional de Migración (INM) será el encargado de la recepción de las cartas de repatriación y del apoyo de traslados y la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) será el encargado de facilitar los documentos de identidad, y de la coordinación con los registros civiles de las entidades federativas.

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció el programa de Apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos, para ayuda ante una posible deportación contra un connacional, aunado al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para brindar apoyo telefónico y la aplicación del botón de alerta, y la ventanilla única de trámites consulares.

Lo que cabe mencionar es que no se ha aclarado el origen del recurso y reglas claras, de operación de los programas que van encaminadas a amortizar el posible retorno masivo de connacionales a México, pues en el Presupuesto de Egresos para este 2025 el presupuesto en el ramo 5 para Relaciones Exteriores recibió una disminución del 10.8% respecto al 2024, aunada a una disminución de 9.9% en Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares y en salud presentó una disminución de 881,083 millones de pesos, lo que significa 12.2% menos respecto al 2024, sin mencionar la sobre carga que tiene el IMSS al absorber el proyecto fracasado de INSABI, por lo que se percibe un percance en las finanzas y servicios que se pretende ofrecer.

Aunado, no se prevé una estrategia de readaptación integral de las personas en su lugar de origen; se prevé la entrega de 2 mil pesos, saldo insuficiente al tener en cuenta que el salario por hora en Estados Unidos es de 7.90 dólares igual a 161.71 pesos por hora, o 1,293 pesos por día. El apoyo planteado es insuficiente, pues no significa ni 2 días laborales de nuestros connacionales.

El actuar de las autoridades ante el posible retorno de miles de mexicanas y mexicanos es indispensable, para salvaguardar sus derechos y poder logar una verdadera estrategia de readaptación para beneficio de ellos y su familia. Es obligación de las autoridades mexicanas, proteger los derechos humanos.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o ...

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Conforme al artículo 82 de la Ley General de Población, se considera como persona repatriada, todo emigrante nacional que regresan al país.

Ley General de Población

Artículo 81.- Se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país

Conforme al artículo 82 de la Ley General de Población, se considera como persona repatriada, todo emigrante nacional que regresan al país, en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte;

II. Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes de este servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; garantizar la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior; impartir protección a las mexicanas y mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial, y las demás funciones federales que señalan las leyes, así como adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

Del II A al XII ...

Es facultad de la Secretaría de Gobernación formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, esto siendo una facultad de las estrategias de retorno de las y los mexicanos migrantes desde Estados Unidos. En la Ley General de Población dota a la Secretaría de facultad de coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I al IV...

V. Formular y conducir la política migratoria y de movilidad humana, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes;

VI al XXIV ...

Ley General de Población

Artículo 83.- La Secretaría estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su intención de residir.

Ante la posibilidad de retornos forzados en masa desde Estado Unidos, se debe garantizar el empleo para todas y todos los mexicanos, así como difundir la estrategia

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidenta de la República para que, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Bienestar, instrumente las acciones y estrategias necesarias para garantizar oportunidades laborales y una adecuada reinserción social para las personas mexicanas repatriadas desde Estados Unidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidenta de la República, a que haga pública la estrategia que el Gobierno Federal instrumentará para hacer frente a la nueva relación con los Estados Unidos de América.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidenta de la República, y a la titular de la Secretaría de Gobernación, a hacer públicos los lineamientos o las reglas de operación del programa “México te abraza” así como el origen y el destino de los recursos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidenta de la República, y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a hacer públicos los lineamientos o las reglas de operación del programa “Apoyo para las y los mexicanos en Estados Unidos” así como el origen y el destino de los recursos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO AL GOBERNADOR DE ZACATECAS, Y A LA SEZAMI, A HACER PÚBLICAS LAS ESTRATEGIAS PARA HACER FRENTE A LAS DEPORTACIONES MASIVAS DE ZACATECANOS DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Zacatecas y a la SEZAMI de dicho estado a hacer públicas las estrategias y mecanismos previstos para hacer frente ante las deportaciones masivas desde Estados Unidos de América para los zacatecanos, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

México es el segundo país expulsor de migrantes en el mundo, 1 de cada 23 migrantes son connacionales; Conforme a datos dados a conocer en agosto de 2024, se calculaba que 12 millones de mexicanos residían en Estados Unidos, y de los cuales se estimó que 4.1 por ciento de ellos no son documentados.

Los migrantes mexicanos, son de gran importancia para la vida nacional en todos los ámbitos, ejemplo de ello es en el económico, pues tan solo de enero a noviembre de 2024, las remesas sumaron 59 mil 518 millones de dólares, un incremento del 2.9 por ciento a comparación del 2023, y en el mismo 2024, las remesas representaron el 3.4 por ciento del PIB nacional.

Se destaca la importancia de las remesas, al ser un ingreso fundamental para las familias en México, permiten cubrir gastos básicos como de educación y vivienda, focalizando el crecimiento económico regional.

Las remesas pueden inducir un crecimiento del PIB regional, porque al incrementar el ingreso de los hogares, aumenta lo programado para sus gastos, como en educación, salud, productividad agrícola, y la inversión en pequeñas empresas. El impacto de la participación de las remesas en donde tuvo mayor impacto fue Michoacán con el 10.2 por ciento. mientras que en Zacatecas fue de 3.3 por ciento.

Estos datos cobran fuerza, ante la posesión del nuevo gobierno en Estados Unidos, dado ante la entrada de Donald Trump, afirmó que firmaría diversos decretos, entre los que destaca, el cierre de la frontera y la lucha contra la migración irregular y el narcotráfico, mediante el despliegue de militares y deportación masiva.

Las firmas de estos decretos marcan un cambio drástico de la política migratoria, que afectaría a los indocumentados que residen en Estados Unidos y a los miles de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos mediante la frontera con México.

Es en este tenor que el primer mexicano retornado bajo la administración del presidente Trump fue Martín Escareño, originario de Guadalupe, Zacatecas, que fue detenido tras intentar ingresar a Estados Unidos por la garita de San Ysidro en Tijuana, Baja California.

Es devenido de lo anterior y ante las amenazas reiteradas por parte del Presidente de Estados Unidos, es que el Gobierno Federal de México anunció acciones para auxiliar a los mexicanos en Estados Unidos y a las personas que serán retornadas al país, como lo es la propuesta de “México te abraza” mediante la cual se dará una tarjeta con 2 mil pesos a las personas que se encuentren en esta condición.

La estrategia antes mencionada, sería ejecutada por la Secretaría de Gobernación, que, aunado al dinero recibido, podrían tener acceso a programas sociales como es la afiliación al IMSS, para ellos y su familia, teniendo acceso al Seguro de Enfermedades y maternidad por motivos humanitarios y de solidaridad, contando con los servicios:

• Enfermedades y maternidad

• Riesgos de trabajo

• Invalidez y vida

• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

• Guarderías y prestaciones sociales.

Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció el programa de apoyo para migrantes mexicanos en el extranjero, para ayuda ante una posible deportación contra un connacional, aunado al Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) para brindar apoyo telefónico y la aplicación del botón de alerta, y la ventanilla única de trámites consulares.

Lo que cabe mencionar es que no se ha aclarado el origen del recurso y reglas claras, de operación de los programas que van encaminadas a amortizar el posible retorno masivo de connacionales a México, pues en el Presupuesto de Egresos para este 2025 el presupuesto en el ramo 5 para Relaciones Exteriores recibió una disminución del 10.8 por ciento respecto al 2024, aunada a una disminución de 9.9 por ciento en Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

Por su parte, en el presupuesto en salud presentó una disminución de 881,083 millones de pesos, lo que significa una disminución del 12.2 por ciento respecto al 2024, sin mencionar la sobre carga que tiene el IMSS al absorber el proyecto fracasado de INSABI, por lo que se percibe un percance en las finanzas y servicios que se pretende ofrecer.

Por su parte, no se prevé una estrategia de readaptación económica, ni social, pues solo con la entrega de 2 mil pesos, no se podrá readaptar laboralmente, ni en la sociedad a una persona, y retoma fuerza este argumento al señalar, que las personas retornadas su actividad laboral era retribuida en otra moneda, y entendemos que el salario mínimo por hora en Estados Unidos es de 7.90 dólares, lo que significa 161.71 pesos por hora, o $1,293 por día, por lo que el apoyo planteado no son ni dos días laborales.

Respecto a las entidades federativas, no hay un plan unificado respecto al retorno de las y los mexicanos en el exterior, y cuando hablamos de Zacatecas, cobra una gran importancia, al ser una entidad con un mayor número de residentes en el exterior y de los principales estados emisores del país.

Zacatecas, en el año 2020, INEGI reportó que 22,482 personas salieron del estado a otros países, 96 de cada 100 tuvieron por destino Estados Unidos y la primera causa de la migración, fue la del reencuentro familiar con un 42 por ciento de los casos, oferta laboral 12.9 por ciento y buscar una oferta laboral con el 11.9 por ciento

De 2015 a 2020, hubo un retorno total de Zacatecanos de 9 mil 510 personas, ocupando el lugar 16 de 32 de las entidades federativas. Es la importancia de la migración Zacatecana teniendo en cuenta que en Estados Unidos se encuentra una comunidad de paisanos de 1.5 millones de personas.

El actuar de las entidades federativas y de la Federación ante el posible retorno de miles de mexicanas y mexicanos es indispensable, para salvaguardar sus derechos y poder logar una verdadera estrategia de readaptación para beneficio de ellos y su familia. Es obligación de las autoridades mexicanas, proteger los derechos humanos.

Constitución Política de los Estados Unidos

Artículo 1. ...

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Conforme al artículo 82 de la Ley General de Población, se considera como persona repatriada, todo emigrante nacional que regresan al país.

Ley General de Población

Artículo 81. Se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país

Es facultad de la Secretaría del Zacatecano Migrante la implementación y la Coordinación Estatal de Planeación, la política estatal y planes y acciones en materia de migración y de atención a las familias de los migrantes, en aras de la protección de los Derechos Humanos de nuestros migrantes y sus familias en el estado. Respecto a la creación de empleos y fomento laboral para la readaptación de mexicanos en el exterior, es facultad de la Secretaría colaborar con las órdenes de gobierno y dependencias para la procuración de los derechos humanos y laborales.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas

Artículo 41

A la Secretaría del Zacatecano Migrante le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Definir, implementar, coordinar, regular y someter al análisis y, en su caso, aprobación de la Coordinación Estatal de Planeación, la política estatal, planes, programas y acciones en materia de migración y de atención a los migrantes zacatecanos y sus familias, sin contravenir lo dispuesto por la legislación federal;

Del II al XXI ...

II ...

III. Colaborar con los Poderes del Estado y demás Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno, así como con organismos de la sociedad civil, en la orientación, promoción y procuración de los derechos humanos y laborales de los migrantes, con especial énfasis en los migrantes zacatecanos y sus familias

 IV al VIII...

IX. Promover el aprovechamiento de las capacidades productivas que los migrantes zacatecanos adquieren en el exterior, mediante la implementación de programas de transferencia de tecnología, organización productiva y social;

Del X al XXI ...

La Secretaría también tiene como obligación tener una vinculación permanente con la SRE para coadyuvar con la atención y asistencia de los migrantes zacatecanos ante las autoridades exteriores, prestando servicios de calidad y oportunos en miras del bienestar.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas

Artículo 41

A la Secretaría del Zacatecano Migrante le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I al XII ...

XIII. Establecer una vinculación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para trabajar de manera coordinada con las Representaciones Diplomáticas y Consulares en otros países, especialmente, en Estados Unidos de Norte América, con la finalidad de coadyuvar a la atención, asistencia y orientación de los migrantes zacatecanos ante las autoridades extranjeras, para la defensa de sus derechos humanos y otras acciones que requieran atención y protección;

Del XIV al XXI ...

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del estado de Zacatecas y al titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante para que hagan públicas las estrategias y mecanismos diseñados e instrumentados con el objetivo de hacer frente a las deportaciones masivas de las y los zacatecanos desde Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LOS ESTADOS, ASÍ COMO A LA CONADIC, A INTENSIFICAR CAMPAÑAS DE SALUD EN CONTRA DE LAS ADICCIONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a sus homólogas de los 32 estados, así como a la Conadic, a intensificar campañas de salud en contra de las adicciones, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado Wblester Santiago Pineda, diputado federal por el distrito 27 de estado de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A nivel mundial uno de los grandes retos en el sector salud es el consumo de diversas sustancias que provocan adicción que, además de ser nocivos para el cuerpo de la persona, puede provocar la muerte a largo o corto plazo.

En los últimos años el consumo de cigarros, alcohol y otras sustancias ha aumentado. De acuerdo con el informe presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 2023, aproximadamente 269 millones de personas consumieron algún tipo de droga o sustancia ilícita en el mundo, lo cual considera un aumento del 23 por ciento con respecto a la década anterior, asimismo, la organización declara que más de 39 millones de personas sufren de algún tipo de trastorno derivado del consumo de alguna sustancia, o que supone un aumento de 45 por ciento en 10 años.

La población juvenil es la más vulnerable al consumo de drogas, uno de los factores que afecta severamente a consumir alguna sustancia ilícita es por la por la falta de oportunidades como la educación, servicios de salud, vivienda, deporte y cultura; además que muchos de ellos se encuentran en pobreza extrema, este último, los hace más vulnerable, haciéndolos un blanco fácil.

Ahora bien, dentro de la tendencia en el consumo de sustancias ilícitas podemos encontrar que el cannabis es una de las sustancias más utilizadas en el mundo, puesto que más de 192 millones de personas son consumidoras. En segundo lugar, los opioides, son las drogas más perjudiciales para la salud, ya que en la última década se han incrementado hasta en un 71 por ciento las muertes entre personas jóvenes; relacionado en un 92 por ciento en las mujeres y 63 por ciento en los hombres.

Sin embargo, hoy en día, la producción barata, fácil y rápida de drogas sintéticas ha transformado radicalmente muchos mercados de drogas ilícitas. Los grupos delictivos que producen metanfetamina, están tratando de evadir las respuestas policiales y las regulaciones mediante nuevas rutas para la síntesis, bases de operaciones y precursores no controlados.

En el contexto latinoamericano la situación tampoco es ajena, pues la venta en expansión de diversos estupefacientes en múltiples países, acarreado problemas de salud que, para cada país, ha sido un reto para contener y controlar el consumo de sustancias nocivas a la salud pública.

Países ubicados en Sudamérica han emitido diversas acciones que incluyen políticas públicas, campañas de salud y centros de atención para personas que se han sometido a rehabilitación, sin embargo, aun cuando se han tomado las acciones adecuadas, los números siguen en aumento. Ante ello se han realizado congresos y foros para seguir impulsando acciones que ayuden a disminuir el alto índice de personas que consumen alguna sustancia ilícita o incluso reguladas como el tabaco y el alcohol.

México no ha sido la excepción, en 2019 El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones “Juntos por la paz” e hizo un llamado para cerrar filas con el propósito de informar y orientar a los niños y los jóvenes a través de cuatro ejes estratégicos, educación, bienestar, cultura y comunicación; con los cuales pretenden fortalecer contenidos curriculares en todos los niveles educativos, adicional a esto, desde la perspectiva de Salud, hay componentes de prevención, atención y rehabilitación especializados en materia de salud mental y adicciones. Pero a inicios del mismo año, la pandemia SARS-CoV-2 no permitió el avance de este programa.

Conocemos que el país enfrenta retos estructurales en materia social y de salud pública, sabemos que existen problemas como la obesidad y el sobrepeso, los cuales también han causado el deceso de muchas personas. En el caso de las adicciones, el uso y abuso de drogas, tabaco y alcohol ha causado que la población vea mermada su salud.

En México, el Conadic (Comisión Nacional contra las Adicciones) reporta que 1 de cada 3 jóvenes de entre 15 y 19 años ha probado alguna sustancia ilícita, mientras que el consumo de alcohol inicia, en promedio, a los 12 años.

Datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), señalan que el consumo de drogas ilícitas va al alza, por lo que las autoridades en materia de salud tomaron acciones para bajar el índice de personas consumidoras de estupefacientes o alguna sustancia ilícita, incluido el tabaco y alcohol los cuales son lícitos, sin embargo, estas acciones no han repercutido como se ha esperado.

Asimismo, dicho documento, señala que una de las adicciones más relevantes y que más impacto tiene en la sociedad es el consumo de alcohol, sobre todo en los jóvenes de 12 a 17 años, quienes han consumido alcohol al menos una vez en su vida; 41 por ciento hombres y 37.9 por ciento mujeres. De acuerdo con esos datos y, en comparación con la encuesta de 2011 y los datos más actuales (2016-2017), la población en general pasó de 44.3 por ciento a 48.1 por ciento en los hombres y en el caso de las mujeres fue de 19.7 por ciento a 24.4 por ciento

Por otra parte, el consumo de alcohol en jóvenes durante 2011 fue de 1 por ciento y para 2016 el porcentaje se elevó a 4.1 por ciento. Estos datos muestran que la población, por lo menos en jóvenes, se ha vuelto un problema de salud, sobre todo porque el consumo y abuso de esta sustancia merma la calidad de vida, puesto que esto se ve reflejado en ciertas actividades como la educativa en la cual llegan a tener bajo rendimiento. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE), demuestra que, entre los estudiantes de secundaria y bachillerato, 7.6 por ciento de los hombres y 5.8 por ciento de las mujeres han consumido alguna sustancia ilícita de manera frecuente.

En el estado de México, el incremento de consumo de metanfetaminas, en 2018, se reportaron 23 pacientes en rehabilitación por consumo de metanfetaminas. Para 2023, esta cifra aumentó a 595 pacientes, lo que representa un incremento de 24 veces, según el Observatorio Mexiquense de Drogas.

Asimismo, el incremento en Narcomenudeo, en el Valle de Toluca, incluyendo Metepec, se registró un aumento del 39 por ciento en casos de consumo y venta de drogas. Metepec reportó 15 casos, mientras que municipios cercanos como San Mateo Atenco y Temoaya registraron 8 y 5 casos, respectivamente.

El incremento en el consumo de alcohol y drogas entre mujeres y menores de edad en el Estado de México, indica una tendencia alarmante en estos grupos poblacionales.

El estado de México, enfrenta un desafío creciente en relación con el consumo de sustancias adictivas, es fundamental fortalecer las estrategias de prevención, tratamiento y rehabilitación, enfocándose en los grupos más vulnerables y adaptándose a las tendencias emergentes en el consumo de drogas.

En este contexto, la población de jóvenes en el país son los más propensos a consumir sustancias ilícitas que derivado de su consumo frecuente puede a largo plazo causar adicción, que de no ser atendida podría provocar comportamientos irregulares en su conducta, además el abuso de estas sustancias podría ocasionar el deceso de la persona.

No podemos pasar por alto que las adicciones a ciertas sustancias licitas e ilícitas son un problema de salud pública para el país, aun cuando se hayan tomado acciones para dar solución a este problema, las cifras siguen en aumento. La prevención como herramienta clave es nuestra herramienta más poderosa, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.

Sin embargo, no podemos olvidar a quienes ya han caído en esta trampa. Las personas con adicciones necesitan nuestro apoyo, no nuestro juicio.

Cada peso invertido en programas de rehabilitación genera un retorno social enorme, ayudando a las personas a recuperar sus vidas y contribuyendo al bienestar general de nuestra sociedad. Estas personas se han visto en dificultades, puesto que su reinserción a la sociedad los limita en ciertos ámbitos, como es conseguir empleo del cual tendrá una percepción económica que le ayudará a satisfacer sus necesidades básicas, así como el acceso a una vivienda, salud y educación.

La reinserción social de personas farmacodependientes es un reto en el que el Estado mexicano no ha avanzado mucho, puesto que las oportunidades que tienen estas personas son escasas, pues su condición física y quizá mental son características que las han llevado a ser discriminadas y, en su caso, excluidas de la sociedad.

En el país, desde los años 50 se maneja el término “Reinserción” como un derecho para cierto sector de la población específicamente en personas que hayan tenido un comportamiento fuera de la ley como delincuentes, minorías étnicas, personas alcohólicas, personas con problemas de drogadicción, enfermos mentales y familias con problemas psicosociales. Bajo la premisa de la reinserción social, se busca que estas personas a través del proceso de trabajo y acompañamiento profesional puedan ser reubicados en el contexto social, puesto que han quedado estigmatizados por la sociedad considerándolos como drogodependientes, que a su vez pierden espacio y su lugar dentro de la sociedad, quedando en el exilio y separado socialmente.

En la reinserción social es imprescindible que la persona sea integrada a los terrenos del mundo laboral, pues será la catapulta que le ayudará a crecer como persona; volver a recuperar aquellos valores que la sociedad reconoce como válidos y la forma de conducta prudente en la sociedad. Cabe señalar que, la reinserción social se dará a través de un periodo de formación, en el cual el individuo adquirirá los conocimientos necesarios para volver a integrarse en la sociedad donde ocupará el puesto y lugar del que había sido excluido. La ley garantiza el compromiso de hacer valer este derecho, puesto que en el artículo 192 Quáter, queda asegurado este derecho que a la letra señala lo siguiente:

“Articulo 192 Quáter. ...

...

I. ...

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen”.

Bajo esa tesitura, es necesario impulsar campañas y políticas públicas que ayuden a disminuir el alto índice de personas que consumen sustancias ilícitas e ilícitas que derivado de su consumo frecuente producen adicción y, por otra parte, implementar las medidas y acciones necesarias a través de las autoridades de salud pertinentes para facilitar que aquellas personas dispuestas a ser reinsertadas a la sociedad tengan las misma oportunidades de acuerdo a lo establecidos por las leyes, así como garantizar que tengan acceso a los servicios básicos para poder subsistir.

Las adicciones no son una elección, son una enfermedad

Es fundamental entender que las adicciones no son simplemente una cuestión de voluntad. Se trata de una enfermedad compleja, influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales.

Hagamos de esta lucha una prioridad. No solo por quienes ya están atrapados, sino por las generaciones que vienen detrás de nosotros.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud y sus homólogas de los 32 estados de la república, la Comisión Nacional contra las Adiciones, las autoridades que participen en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y demás autoridades sanitarias en la materia para que en coordinación intensifiquen las campañas de salud en contra de las adicciones y seguir impulsado políticas públicas que permitan disminuir el índice de personas que consuman sustancias lícitas e ilícitas, toda vez que el consumo frecuente de estas sustancias vulneran la vida de la persona.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud y sus homólogas de los 32 estados de la República, la Comisión Nacional contra las Adiciones, las autoridades que participen en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y demás autoridades sanitarias en la materia que realicen las acciones necesarias para cumplir con lo estipulado en el artículo 192 Quáter, fracción II, en materia de reinserción social para aquellas personas farmacodependientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Wblester Santiago Pineda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL CENAPRECE, A REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE CÁNCER DE MAMA, DE PRÓSTATA, Y DE ENFERME-DADES CARDIOMETABÓLICAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Cenaprece a realizar campañas informativas sobre cáncer de mama, de próstata, y de enfermedades cardiometabólicas, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para que realicen campañas informativas sobre cáncer de mamá, de próstata, además de más campañas sobre enfermedades cardiometabólicas, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades se crea mediante un Decreto de reforma, al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el cual fue publicado el 2 de febrero de 2010 en donde se cambia el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Este organismo tiene como objetivo el conducir e implementar 7 programas sustantivos para prevención y control de enfermedades de la población, los programas que maneja esta entidad son:

1. Programa de Rabia y otras Zoonosis.- Se refieren a la prevención y control de enfermedades zoonoticas y emergentes.

2. Programa de Salud Bucal.- Enfocada a la prevención, detección y control de enfermedades bucales.

3. Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores.- Se refiere a enfermedades transmitida por vectores e intoxicación de veneno de artrópodos.

4. Programa de Micobacteriosis.- Abarca prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas, tuberculosis y lepra.

5. Programa de Enfermedades Cardiometabólicas. Atiende enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión y obesidad.

6. Programa de Envejecimiento.- Enfatizado al mejoramiento del acceso y calidad de atención a las personas mayores en el sistema de salud, así como disminuir el maltrato y discriminación hacia este grupo vulnerable, preocupándose por su bienestar por medio de un sistema de cuidados de largo plazo para personas mayores con dependencia funcional.

7. Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.- Salvaguarda la vida y estado de salud de la población ante ocurrencia de emergencias en salud. Los servicios oportunos e integrales son gestionados y coordinados para asegurar el derecho humano y universal a la salud.

La implementación de estos programas son sustantivos para la prevención y control de enfermedades logrando reducir la morbilidad y mortalidad de la población mexicana.

El cáncer de mama es el más común en todo el mundo, además es una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial; causa más años de vida perdidos por discapacidad en mujeres que cualquier otro cáncer.

En 2020 hubo más de 210,000 nuevas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes. La proporción de mujeres que padecen la enfermedad antes de cumplir los 50 años (32 por ciento) es significativamente mayor que en América del Norte (19 por ciento).

En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se detectaron cuatro mil 780 casos nuevos y dos mil 225 defunciones en 2021, con una tasa de incidencia de 25.14 por cada 100 mil y, una tasa de mortalidad de 11.70 por cada 100 mil. Las tasas de mortalidad más altas se encuentran en Nuevo León (15.55), Quintana Roo (15.53), Tamaulipas (15.41) y Durango (15.19). Establecer programas de prevención sigue siendo un desafío.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2022, se calculó que en México vivían 20.6 millones de mujeres de entre 40 y 69 años. El 20.2 por ciento (4.2 millones) de ellas se sometió a una mastografía en los últimos 12 meses; el 85.6 por ciento (3.6 millones) recibió los resultados de su examen y el 5.6 por ciento (19.9 mil) dio positivo.

Durante 2023, según las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), se contabilizaron 89,633 fallecimientos debidos a tumores malignos en personas de 20 años y más. De estos, 8,034 fueron atribuidos al cáncer de mama, lo que representó 9.0 por ciento del total. De las muertes por cáncer de mama en la población de 20 años y más, 7,992 (99.5 por ciento) ocurrieron en mujeres, mientras que en hombres fueron 42 fallecimientos, lo que representó 0.5 por ciento. Por cada 100 mil mujeres de 20 años y más, la tasa de mortalidad por cáncer de mama fue de 17.9.

Mientras tanto, el cáncer de próstata en el país ha sido detectado con más de 25 mil casos y acrecentamiento de 7,500 personas pierden la vida por esta causa. Al hablar de “Cáncer de próstata: Un problema de salud emergente en México”, el urólogo oncólogo del programa Opus del INCAN, Iván Calvo Vázquez, dio a conocer que uno de cada seis mexicanos está en riesgo de padecer esta enfermedad.

Los factores de riesgo que pueden incrementar el peligro de padecer esta enfermedad son: edad, antecedentes familiares y raza.

Es importante mencionar que, el cáncer de mama y de próstata no lo son todo, las enfermedades cardiometabólicas provocaron cerca de 220 mil defunciones en 2021, de las cuales 177 mil fueron por infarto al miocardio, que puede ser prevenible al evitar o controlar determinados factores de riesgo.

Estas enfermedades representan ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad vinculadas al aumento de factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Estos padecimientos afectan gravemente la calidad de vida de la población generando una carga económica al sistema de salud.

Aún persisten desafíos y abordar estas enfermedades requiere acciones integrales que combinen educación, regulación y acceso equitativo a servicios de salud.

Exposición de Motivos

El cáncer de mama, de próstata y las enfermedades cardiometabólicas son un punto importante en el índice de mortalidad en México. Estas enfermedades no solo afectan la salud física de las personas, sino que también tienen un impacto significativo en el ámbito social y económico, tanto para las familias como para el sistema de salud pública.

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mexicanas. Siguiendo los datos de la Secretaría de Salud, cada año se diagnostican aproximadamente 29,000 nuevos casos, y más de 7,000 mujeres pierden la vida por esta enfermedad. A pesar de los avances en tratamientos y diagnósticos, muchas mujeres enfrentan barreras para acceder a información, pruebas de detección y tratamientos oportunos.

Por otro lado, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer en los hombres de nuestro país. Cada año se diagnostican más de 25,000 casos, y la mayoría de ellos en etapas avanzadas debido a la falta de conocimiento sobre los factores de riesgo y la importancia de las revisiones médicas regulares.

Mientras que las enfermedades cardiometabólicas son las responsables del alto porcentaje de muertes prematuras en el país. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más del 30 por ciento de la población adulta padece obesidad, un factor clave en el desarrollo de estas enfermedades. Además, la falta de actividad física y las dietas poco saludables han exacerbado esta crisis de salud pública.

La prevención es una herramienta fundamental para reducir la incidencia y mortalidad de estas enfermedades. Sin embargo, en muchas comunidades, particularmente las más vulnerables, persisten los mitos, estigmas y desconocimiento sobre las prácticas de prevención, los factores de riesgo y la necesidad de realizarse chequeos médicos.

En este contexto, la Cenaprece juega un papel crucial. Su capacidad para diseñar e implementar campañas masivas de información permite llegar a la población con mensajes claros y accesibles que promuevan la detección temprana y la adopción de estilos de vida saludables.

Debemos de tomar en cuenta que el combatir la obesidad y la diabetes es una de las promesas de nuestra presidenta, por lo que es una prioridad el reforzar programas como los que maneja el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para combatir estas enfermedades que afectan a los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades para que intensifique y diversifique sus campañas informativas sobre el cáncer de mama, de próstata y enfermedades cardiometabólicas con un enfoque integral que fomente la detección temprana, fortalezca la educación en salud y garantice la inclusión y accesibilidad; contribuyendo a salvaguardar vidas, reducir la carga financiera sobre el sistema de salud y promover una mejor calidad de vida para la población.

Bibliografía

- Cenaprece. (2024. Acciones y programas. Disponible en:

https://www.gob.mx/salud/cenaprece

- Gobierno de México. (2022). Cada año, 220 mil personas fallecen debido a enfermedades del corazón. Disponible en:

https://www.gob.mx/salud/prensa/490-cada-ano-220-mil-personas-fa llecen-debido-a-enfermedades-del-corazon

- Gobierno de México. (2022). Epidemiología del cáncer de mama. Disponible en:

https://www.gob.mx/imss/articulos/epidemiologia-del-cancer-de-ma ma-318014#:~: text=En%20M%C3%A9xico%2C%20en%2020 20%2C%20el,de%2010.6%20por%20100%20mil.

- INSP, (2023). Cáncer de Próstata. Disponible en:

https://www.insp.mx/avisos/dia-mundial-del-cancer-de-prostata-11 -de-junio

- INSP, (2024). 19 de octubre, Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. Disponible en:

https://www.insp.mx/avisos/19-de-octubre-dia-mundial-contra-el-c ancer-de-mama

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero del 2025.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A REFORZAR LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL Y LA COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reforzar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional y la covid-19 y garantizar el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorble Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La temporada invernal se caracteriza por el descenso de las temperaturas lo que favorece la propagación de enfermedades virales como la gripe, influenza o incluso covid-19 que tienden a propagarse con mayor facilidad durante esta temporada generando un gran número de contagios entre las personas y particularmente entre niñas, niños y adolescentes.

Cada año las autoridades sanitarias realizan la campaña nacional de vacunación. La correspondiente a 2024-2025 se está llevando a cabo del 15 de octubre de 2024 y terminará el próximo 25 de marzo de 2025, la cual esta dirigida principalmente a las poblaciones con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por influenza y covid-19.

A nivel global la influenza tiene una tasa de ataque estimada de 5 a 10 por ciento en adultos y del 30 a 30 por ciento en niñas y niños, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, anualmente se presentan a nivel global mil millones de caso de influenza estacional, de las cuales 3 a 5 millones son graves, causando entre 290 mil y 650 mil defunciones anuales. En México la influenza mantiene los mismos patrones a nivel global, por lo que su incidencia aumenta en el mes de octubre y se prolonga en meses de invierno.

De conformidad con la Secretaría de Salud, los casos de influencia y defunciones de 2018 a 2024 presentan los siguientes datos:

Por su parte el Informe Semanal de la covid-19, Influenza y Otros virus respiratorios de la semana 50 (18 de diciembre 2024) advierte que de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (Sisver) en 2023 se notificaron 20 mil 264 casos confirmados a la covid-19 por RT-PCR en las Unidades monitoras de enfermedad respiratoria (Usmer). En lo que va de 2024 se han reportado 169 mil 78 casos sospechosos de los cuales 14 mil 71 casos (8.3 por ciento) se han confirmado a la covid-19.

En 2024 se han detectado 14 mil 71 casos de covid-19 y se han registrado 690 defunciones.

Los grupos de edad más afectados son el de 90 a 94 años, seguido por el de mayores de 95 años, 85 a 89 años, 80 a 84 años y 75 a 79 años. La mediana de edad es 43 años. La distribución por sexo muestra 59.5 por ciento de predominio en mujeres.

En 2024 se han notificado 169 mil 78 casos de enfermedad tipo influenza (ETI) e infección respiratoria aguda grave (IRAG) en las Usmer, de los cuales se han confirmado 14 mil 71 casos positivos a la covid-19 (8.3 por ciento), 690 defunciones por la misma enfermedad, presentando 4.9 por ciento de letalidad.

Las entidades de residencia con mayor número de casos de covid-19 son Ciudad de México (23.6 por ciento), Querétaro (8.6 por ciento), estado de México (8.2 por ciento), Nuevo León (8.1 por ciento) y Puebla (4.1 por ciento).

En el acumulado de la temporada de influenza estacional se han confirmado mil 339 casos positivos a influenza por laboratorio. El 70.8 por ciento son debido a influenza A (H3N2), el 14.5 por ciento por influenza A (H1N1), 8.7 por ciento por influenza B y el 6 por ciento por influenza A no subtipificable. Por lo que respecta a los grupos de edad se han reportado de 25 a 29 años (12.5 por ciento); mayores de 65 años (12.1 por ciento); de 30 a 34 años (9 por ciento), de 20 a 24 años (8.6 por ciento) y de 5 a 9 años (8.3 por ciento).

Los datos anteriores muestran que la influenza estacional y la covid-19 se encuentran presenten con mayor intensidad en la época invernal, por ello, es necesario que el Estado tenga una estrategia de vacunación sólida que garantice a la población las vacunas para enfrentar esta temporada.

En octubre de 2024, Larry Rubín, presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica, alertó que la autorización de registros de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la entrada de vacunas covid actualizadas y dengue, y las compras de vacunas contra la influenza estacional tenían un retraso de casi cuatro meses, lo que pone en riesgo el abasto de dosis necesarias para enfrentar la temporada invernal 2024, además de impulsar el mercado de productos apócrifos vendidos y aplicados de forma ilegal.

De conformidad con la nota de El Financiero, el experto explico que “la autorización de las vacunas por parte de la Cofepris debió darse desde junio pasado para que el gobierno iniciara la compra de las inyecciones en el mes de julio y así garantizar el abasto de las inoculaciones de última generación enfocadas en combatir la cepa de covid-19 JN1, que es la que actualmente afecta a la población en México”. Y agrego que “Esta falta de proporcionar registros a las empresas nos preocupa muchísimo porque México sólo tiene vacunas Sputnik y Abdala (inyecciones rusas y cubanas), pero esas vacunas son de primera generación y ya no sirven, son obsoletas contra el nuevo virus del covid-19,” Lo anterior, abriría la puerta a que en México haya un resurgimiento masivo del virus de covid-19 como consecuencia de no haber otorgado los registros en tiempo y forma a las vacunas de Pfizer y Moderna, lo que provocaría una crisis en el sector salud.

Adicionalmente, Juan Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos alertó sobre la preocupación por el repunte del mercado negro de vacunas contra covid-19. Según datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), para el cierre de 2024 se espera que el mercado de fármacos clonados alcance ganancias por 32 mil 500 millones de pesos, aproximadamente 11 por ciento de las ganancias de la industria farmacéutica formal, que para este año se estiman en 280 mil millones de pesos.

De conformidad con la Secretaría de Salud la campaña de vacunación para la temporada invernal deberá tener un avance igual o mayor a 70 por ciento en la cobertura a nivel nacional al 27 de diciembre de 2024 y de 100 por ciento a la fecha de término de la campaña en marzo del 2025. Sin embargo, la conclusión de la misma estará sujeta al abasto oportuno de la vacuna.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos que las campañas de vacunación deben tener inversión y políticas públicas eficaces para su atención. Por ello nos corresponde exigir certeza respecto del abasto de las vacunas a efecto de que no se arriesgue la salud de los mexicanos y se brinde a la niñez, adolescencia y adultez las vacunas que requieren para conservar su salud.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, refuerce la Campaña Nacional de Vacunación contra la influenza estacional y la covid 19, se garantice el abasto de las vacunas para la población de todas las edades y se mejore la accesibilidad de las mismas, así como, se realicen las acciones tendientes a prevenir y atender los casos en las entidades federativas que presenten mayor número de casos.

Notas

1 LINEAMIENTOS_CAMP_VAC_INVERNAL_24-25_.pdf

2 Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza, covid-19 y otros virus respiratorios 2024 | Secretaría de Salud | Gobierno | gob.mx

3 Gobierno retrasa vacunas covid y de influenza en México de cara a la temporada invernal El Financiero

4 Gobierno retrasa vacunas covid y de influenza en México de cara a la temporada invernal El Financiero

5 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 5 de febrero de 2025.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SEMARNAT, A PRESENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL QUE CONTENGA LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTARÁ PARA GARANTIZAR EL CUIDADO EFECTIVO DEL AMBIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a presentar una estrategia integral que contenga las acciones que implementará para garantizar el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para el presente año, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) de 2025 aprobado recientemente por la mayoría en la Cámara de Diputados se caracterizó por mantener recortes en sectores prioritarios a costa de garantizar derechos de las y los ciudadanos, por asfixiar a las entidades federativas, financiarse con deuda cuyo costo lo pagarán las futuras generaciones y en general por ser un presupuesto que generará un profundo retroceso en materia de derechos.

Uno de los principales recortes realizados fue a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales asignándosele 44 mil 370 millones contra los 70 mil 245 millones que tuvo el año pasado, es decir, presentó una disminución de 25.8 millones de pesos, la cual impactará directamente en los recursos naturales que México necesita preservar. La Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), mediante un análisis realizado del PEF de 2025 denominado “Cuidar lo que Importa” señala que en este presupuesto la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendrá 1 mil 1 millones de pesos, en términos reales, para el manejo de 232 áreas naturales protegidas (ANP), como se advierte en el siguiente cuadro:

Es importante dimensionar que la administración pasada decreto 50 áreas protegidas que se suman a las 182 que ya existían, haciendo un total de 98 millones de hectáreas que se deben preservar, de conformidad con el análisis de la coalición Nossa, cada hectárea protegida tendrá para el 2025 únicamente 10.2 pesos para su conservación. Este irresponsable recorte realizado a la Semarnat sin duda alguna es contradictorio a una política ambiental congruente con las exigencias derivadas del cambio climático y por los tratados internacionales de los que México forma parte con relación al medio ambiente. Es inconcebible decretar el aumento de áreas naturales protegidas y al mismo tiempo disminuir el presupuesto para su vigilancia y su conservación.

La investigación antes citada también refiere que en el sexenio 2018-2024, las tareas de inspección y vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cayeron la mitad con respecto de las realizadas entre 2012-2018, cuando se llevaron a cabo 13 mil 915 acciones de vigilancia y 7 mil 403 de inspección, y en el sexenio que acaba de concluir solamente fueron 4 mil 860 acciones de vigilancia y 3 mil 897 de inspección.

Las áreas naturales protegidas son terrenos o ecosistemas protegidos por ley para preservar la biodiversidad y evitar la explotación humana en exceso. Su propósito es ofrecer refugio a las especies en peligro de extinción, proteger los ecosistemas únicos y garantizar que los procesos ecológicos puedan desarrollarse sin la intervención humana. Las reservas naturales tienen varias funciones importantes como:

• Conservación de la biodiversidad: Protegen tanto especies animales como vegetales que podrían desaparecer si se les deja fuera de estos entornos controlados.

• Investigación científica: Ofrecen lugares para estudiar los ecosistemas en su estado más natural, lo cual es esencial para comprender cómo interactúan las especies y cómo reaccionan ante los cambios ambientales.

• Educación ambiental: Son puntos clave para enseñar a la población sobre la importancia de la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

• Recursos naturales sostenibles: Proveen recursos como agua y madera de forma controlada y sostenible, sin dañar el entorno.

Las áreas naturales protegidas están relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), toda vez que estas contribuyen a la acción climática (ODS 13), la protección de la biodiversidad terrestre y marina (ODS 14 y 15), garantizan agua limpia (ODS 6), mejoran la salud y el bienestar (ODS 3), generan empleo sostenible (ODS 8) y fortalecen la resiliencia urbana (ODS 11). Las reservas naturales juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, resguardan hábitats críticos, proteger especies en peligro y regular procesos ecológicos vitales por ello, estas son esenciales para alcanzar los ODS al equilibrar la conservación ambiental con el bienestar social y económico.

Además México a suscrito obligaciones internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención para la Diversidad Biológica (CDB), y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, los cuales demandan a los Estados parte la implementación de acciones específicas y la inversión de presupuesto público para avanzar en la protección y conservación del ambiente.

Es importante destacar que en octubre de 2024, el gobierno federal anunció un nuevo financiamiento para las áreas naturales protegidas denominado proyecto Mex30x30, el cual contará con financiamiento de Global Environment Facilitypretende, sin embargo, la sociedad civil ha externado su preocupación de que mediante este financiamiento el Estado pretende evadir sus compromisos para asignar presupuesto suficiente y progresivo para el cuidado del medio ambiente, pues estos fondos internacionales deberían ser asumidos como recursos adicionales y de ninguna manera deben sustituir la inversión que debe realizar el gobierno para la preservación de estas áreas naturales protegidas.

Adicionalmente, al recorte antes señalado, el análisis Nossa advierte que de las 232 ANP, sólo 127, cuentan con un programa de manejo, que es el instrumento rector clave para su adecuado funcionamiento, por ello “...en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó como una omisión no publicar o actualizar los programas de manejo de las ANP, hecho que también fue considerado como una violación a los derechos como a la seguridad jurídica, al medio ambiente sano y a la participación efectiva de pueblos y comunidades que habitan dentro de las Áreas Naturales Protegidas o alrededor de ellas”.

De conformidad con la Recomendación General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la falta de Programas de Manejo ha propiciado cambios de uso de suelo, la expansión de la ganadería extensiva, la erosión de suelos, el desarrollo urbano, la extracción ilegal de especies y la contaminación de las aguas y suelos de las ANP, entre otras afectaciones.

El artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el artículo 3, fracción XI, de su Reglamento, establece que cada una de las áreas naturales protegidas de competencia federal debe contar con un programa de manejo, el cual constituye el “instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida respectiva”; dado que incluye una descripción detallada del sitio y sus características, y especifica las políticas y estrategias de conservación y usos, a través del establecimiento de actividades permitidas, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. que el medio ambiente es un derecho humano fundamental y que es obligación del Estado, a través de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a un medio ambiente sano, además no podemos olvidar los efectos del cambio climático que ponen en perspectiva la importancia de la conservación del medio ambiente.

La decisión que hoy ha tomado la presente administración respecto de no priorizar la inversión en el medio ambiente tendrá consecuencias significativas causando daños irreparables los cuales sufrirán las generaciones futuras. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que presente a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el plan a desarrollar para la conservación de las áreas naturales protegidas para 2025 ante el mayor recorte presupuestal que se ha visto en los últimos años, además de exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a emitir los programas de manejo de las ANP que aún están pendientes a fin de brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar a esta soberanía una estrategia integral pormenorizada que contenga las acciones que implementará para garantizar el cumplimiento de sus funciones frente al mayor recorte presupuestal aprobado para dicha dependencia para el 2025, la cual deberá incluir acciones específicas respecto de cómo realizará las tareas para el cuidado efectivo del ambiente, particularmente el manejo, vigilancia, protección y conservación de las áreas naturales protegidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a llevar a cabo las acciones necesarias para emitir los programas de manejo de las áreas naturales protegidas que aún no lo tienen, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y con ello brindar certeza jurídica a las autoridades encargadas de su implementación, así como, a los propietarios, usuarios, vecinos y pueblos indígenas que, según sea el caso, residan o lleven a cabo sus actividades en el territorio de las áreas naturales protegidas.

Notas

1 NOSSA_CLQI2025_101224_FIN_lt.pdf

2 Animal Político. (2023). Presupuesto 2024: Recortan más recursos para conservar áreas naturales protegidas. Recuperado de

https://animalpolitico.com/politica/presupuesto-recorte-area-nat ural-protegida-conservacion

3 Reporte Índigo. (2023). Áreas naturales en alerta por recorte presupuestal. Recuperado de

https://www.reporteindigo.com/reporte/areas-naturales-en-alerta- por-recorte-presupuestal/

4 eStudyando. (s.f.). La importancia de las reservas naturales en la conservación global. Recuperado de

https://estudyando.com/la-importancia-de-las-reservas-naturales- en-la-conservacion-global/

5 Nossa México. (2024). Calidad de vida: Informe 2025. Recuperado de

https://nossamexico.com/wp-content/uploads/2024/12/NOSSA_ CLQI2025_101224_FIN_lt.pdf

6 Ibídem

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 5 de febrero de 2025.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SSPC, A DAR A CONOCER LOS DATOS DE HOMICIDIOS DOLOSOS, Y AL CNSP, A AUDITAR LOS DATOS DE INCIDENCIA DELICTIVA REPORTADOS POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a dar a conocer los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios de seguridad, asimismo, al CNSP a auditar los datos de incidencia delictiva reportados por las entidades federativas, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Consideraciones

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia conformada por todas las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno del país que tiene por objetivo plantear las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad. Su principal función es la formulación de políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables que permitan un combate efectivo a la inseguridad.

Esta institución cuenta con un órgano superior denominado Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el cual se encuentra integrado por el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal General.

Adicionalmente, existe un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se encarga de coordinar las reuniones del Consejo, rendir los informes de Seguridad y dar seguimiento a los acuerdos del Sistema.

Entre las funciones del SESNSP se encuentra la de recabar información de incidencia delictiva y elaborar informes estadísticos de las 32 entidades federativas a efecto de poder conocer la situación del país y observar cómo opera la estrategia nacional. Los datos abiertos que son recabados se publican mensualmente en la página del SESNSP. Estos estadísticos son muy importantes porque permiten medir la situación delictiva del país.

Si bien es cierto que el SESNSP es la instancia que reporta las cifras consideradas oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en un ejercicio de transparencia pone a disposición de la sociedad una página de internet (http://www.informeseguridad.cns.gob.mx) que diariamente reporta los homicidios dolosos cometidos en el país, así como el robo de autos.

Como lo refiere la propia Secretaría actualmente se presentan los siguientes reportes:

1. Reporte diario de homicidios dolosos generados por un grupo interdisciplinario constituido por la SSCP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República.

2. Reporte diario de robo de autos reportados por “Plataforma México”.

Para recabar la información de los homicidios dolosos diarios el documento: “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad” refiere que el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (Cenapi) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR) hace un acopio de la información que las fiscalías y las procuradurías envían mediante formatos prestablecidos, misma que se encuentra validada por cada uno de los enlaces de las instituciones locales.

Además, los reportes se confrontan con los informes que tienen los enlaces federales del gabinete de seguridad. Así se establecen datos generales preliminares que son indicativos de la situación diaria del país.

Si bien es claro que la información de la autoridad es valiosa, se ha detectado que desde el dos de octubre de 2024, la página referida a sufrido modificaciones en detrimento de la transparencia, pues en un primero término se dejó de reportar el delito de huachicol, así como lo relativo al número de homicidios dolosos proveniente de fuentes abiertas aún cuando se consideraba la columna respectiva pero sin incorporar los datos y, recientemente, al iniciar 2025 se eliminó en definitivo la columna en donde aparecían los reportes de incidencia delictiva proveniente de fuentes abiertas, tal y como se puede constatar en las siguientes dos imágenes:

La columna de fuentes abiertas sobre homicidios dolosos que fue eliminada era importante porque permitía confrontar la información oficial con los reportes diarios que realizan distintas instancias ciudadanas. Estos datos nos permitan advertir que no siempre se contaba con la misma información y que, incluso algunas fiscalías y procuradurías estatales no estaban reportando todos los homicidios dolosos, de tal forma que, con la eliminación de los datos de fuentes abiertas se pierde un referente que es necesario para conocer la situación del país, generando opacidad y poca claridad en la situación real, así como sesgos estadísticos.

La importancia de los datos abiertos y la necesidad de su confrontación con las cifras oficiales está en que, metodológicamente, la primera contabiliza los cuerpos, es decir el número de personas halladas asesinadas, mientras que el segundo contabiliza denuncias: número de reportes diarios de homicidios. En este sentido, puede encontrarse cuerpos sin que exista un reporte de homicidio. Tal es el caso de las fosas clandestinas, en las cuales se llegan encontrar cementerios de personas sin identificación que no son reportadas.

A manera de ejemplo y tan sólo de un caso en particular, en el estado de Campeche no fue reportado el caso de una jóven estudiante que el 8 de diciembre de 2024 fue hallada muerta. En este caso la fiscalía, por medio de la denuncia reportó a nivel federal la desaparición, pero como la carpeta fue registrada por ese delito, cuando la joven fue hallada muerta y se hizo la reclasificación, esto ya no se reportó a nivel nacional, pese a que existió un comunicado oficial y se anunció la integración de la carpeta de investigación.

Es precisamente por tales situaciones que los datos de homicidios dolosos no son del todo fidedignos y es también por lo anterior que resulta necesario que en los reportes diarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se vuelva a reportar el registro diario de la información proveniente de las fuentes abiertas, sólo así se minimizarán los sesgos, pues, como ya se ha advertido con el ejemplo expuesto y que es sólo un hecho, las cifras no coinciden.

De esta forma, se considera un grave error que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana haya eliminado desde el 2 de octubre de 2024 los datos recabados de las fuentes abiertas porque ello no permite conocer la situación real del país y genera una percepción errónea de la situación alterando las estadísticas y generando problemáticas en el diseño y actualización de la política criminal.

Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto que los reportes diarios de la Secretaría son diarios y por tanto preliminares, también es una realidad que la falta de actualización en la información genera datos erróneos en las cifras oficiales, concretamente en las que reporta el SESNSP, pues la instancia mensualmente únicamente verifica y actualiza la información que diariamente presentan las entidades federativas. De ahí que podamos afirmar que en la actualidad no sabemos realmente cuántos homicidios dolosos existen en el país, ni de manera diaria, ni mensual, ni anual.

Por ello, los reportes comparativos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deben ser nuevamente publicados a fin de poder confrontar la información y poder contar con mayor transparencia. Minimizando así la cifra negra, o mejor dicho oculta que no se está reportando.

Por lo anterior el presente punto de acuerdo busca instar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reporte nuevamente los datos referidos de las fuentes abiertas en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx.

Adicionalmente también se pretende instar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a auditar a las entidades federativas a fin de que los datos diarios y mensuales de homicidios dolosos y feminicidios sean ajustados de acuerdo con las reclasificaciones delictivas. Todo ello permitirá contar con una información más fidedigna de la situación de delitos de alto impacto.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reportar los datos de homicidio dolosos provenientes de fuentes abiertas en sus reportes diarios que se publican en la página de internet http://www.informeseguridad.cns.gob.mx

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establezca una metodología que permita auditar los reportes de homicidios dolosos y feminicidios de los Estados y Municipios a fin de contar con estadísticas de incidencia delictiva fidedigna.

Notas

1 “Metodologías para el procesamiento de información para el gabinete de Seguridad...

2 https://mexico.quadratin.com.mx/hallan-muerta-a-nancy-chi-joven-desaparecida-en -campeche-un-detenido/

3 La cifra negra se refiere a aquellos delitos que no son hechos del conocimiento de la autoridad. En el caso del homicidio no debe existir cifra negra porque existe en la medida en que hay un cuerpo; pero el sesgo está en que los datos no se basan en la aparición del cuerpo sino en la denuncia, de ahí que no se reportan todos los homicidios en el país.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Yerico Abramo Masso, Erubiel Lorenzo Alonso Que, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Humberto Ambriz Delgadillo, Abigaíl Arredondo Ramos, Leticia Maldonado Barrera, Israel Betanzos Cortés, Mario Calzada Mercado, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Christian Mishel Castro Bello, Xitlalic Ceja García, Noel Chávez Velázquez, César Alejandro Domínguez Domínguez, Paloma Ugarte Domínguez, Juan Francisco Espinoza Eguía, Ana Isabel González González, Marcela Guerra Castillo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Emilio Lara Calderón, Verónica Martínez García, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Moreno de Haro, Nadia Navarro Acevedo, Graciela Ortiz González, Víctor Samuel Palma César, Lorena Piñón Rivera, Ariana del Rocío Rejón Lara, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, Emilio Suárez Licona, Arturo Yáñez Cuéllar y Mario Zamora Gastélum (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO AL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO, A DEJAR SIN EFECTO EL ACUERDO 2/2025 Y MANTENER EN FUNCIONES EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 34 A CON SEDE EN CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior Agrario, a dejar sin efecto el acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, Campeche, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

Los tribunales agrarios son instituciones fundamentales para garantizar los derechos de los campesinos y otros actores involucrados en el ámbito agrario. Su principal función es resolver conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, la propiedad, el uso y el aprovechamiento de recursos rurales, asegurando justicia y promoviendo el desarrollo sostenible en el campo. En sociedades donde la tierra es un recurso vital para la subsistencia y el bienestar de comunidades enteras, estos tribunales representan un espacio de acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.

La importancia de los tribunales agrarios radica en su capacidad para proteger los derechos de los campesinos frente a abusos, despojos o irregularidades legales. Actúan como un contrapeso a las desigualdades históricas en el acceso a la tierra, promoviendo equidad y seguridad jurídica en las zonas rurales. Además, fomenta la resolución pacífica de conflictos, evitando confrontaciones que puedan derivar en violencia o desestabilización social.

En cuanto a la ubicación estratégica de los tribunales agrarios en los estados, esto es crucial para garantizar su eficacia. Estos espacios deben estar cerca de las comunidades rurales, facilitando el acceso de los campesinos a la justicia sin tener que recorrer grandes distancias, lo que podría implicar costos y barreras adicionales. La proximidad geográfica y cultural contribuye a que los tribunales comprendan mejor las particularidades locales y ofrezcan soluciones adaptadas a las realidades del campo.

El Tribunal Agrario de Campeche desempeña un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la tenencia de la tierra y los derechos de los campesinos en la región. En 2022, el Tribunal Superior Agrario recibió 990 asuntos y resolvió 968, mientras que los Tribunales Unitarios Agrarios atendieron 53 mil 761 asuntos, de los cuales 51 mil 822 fueron admitidos y 52 mil 451 concluidos. Este volumen de trabajo subraya la importancia del tribunal en la administración de justicia agraria en la región.

Además, el Tribunal Agrario de Campeche ha sido un punto de referencia para los campesinos que buscan resolver conflictos relacionados con sus tierras. Sin embargo, recientemente se anunció que la sede en Campeche cerrará, lo que obligará a los habitantes de los 13 municipios de la región a trasladarse a Mérida, Villahermosa o Chetumal para resolver sus disputas.

Esta medida ha generado preocupación entre los campesinos, ya que aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente su acceso a la justicia. La atención será en otras entidades lo que significa un desconocimiento del contexto de los asuntos atendidos, muchos de los juicios agrarios en proceso serán detenidos ante el cambio de sede y en otros casos significará cambios de abogados generando más costos para los campesinos.

A pasar de lo anterior y con base al proyecto acuerdo general 5/2025 emitido por el pleno del Tribunal Superior Agrario, se modificó la competencia territorial de los tribunales unitarios agrarios de los distritos 29, 34 y 44, así como, el término en sus funciones de la sede alterna distrito 34A, situación que afecta a los casos que en dicha materia se litigan en Campeche.

Según el documento del Tribunal Superior Agrario, en aras de que la labor de los Tribunales Unitarios Agrarios (TUA) se refleje en una apropiada, expedita y eficiente atención de los asuntos sometidos a su ámbito territorial y con la finalidad de beneficiar a las personas campesinas de ejidos y comunidades agrarias, así como las poblaciones indígenas y sus integrantes para que puedan tener el acceso a la justicia pronta y expedita; y para efecto de una mejor distribución de carga de trabajo, tomando como base los volúmenes de demandas recibidas, se concluye modificar la competencia territorial de Tribunal Unitario Agrario Distrito 29, con sede en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 34 con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán y 44 con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo.

Sin embargo, la medida que adopta consistente en desaparecerle el Tribunal Agrario Unitario 34A lejos de propiciar el debido acceso a la justicia a campesinos del estado de Campeche generará graves afectaciones, toda vez que, las personas integrantes de este sector tendrán que desplazarse a ciudades de otros estados:

Redistritación propuesta es el acuerdo 2/2025

TUA 29, con sede en Villahermosa, Tabasco:

• Candelaria, Campeche.

• Carmen, Campeche.

• Palizada, Campeche.

TUA 34, con sede en Mérida, Yucatán:

• Calkiní, Campeche.

• Campeche, Campeche.

• Champotón, Campeche.

• Dzitbalché, Campeche.

• Hecelchakán, Campeche.

• Hopelchén, Campeche.

• Seybaplaya, Campeche.

• Tenabo, Campeche.

TUA 44, con sede en Chetumal, Quintana Roo:

• Calakmul, Campeche.

• Escárcega, Campeche.

Este hecho generará costos mayores a quienes tengan la necesidad de llevar un juicio agrario, toda vez que, no sólo tendrán que ir a Campeche a tramitar documentación en el Registro Agrario Nacional o, en su caso, ante la Procuraduría Agraria, situados en la ciudad de Campeche, sino con posterioridad tendrán que dirigirse a otra ciudad, lo cual les ocasionará un doble gasto. Sumado a lo anterior, los campesinos enfrentaran al desconocimiento de instituciones de la defensoría publica que en la mayoría de los casos es el órgano que los auxilia y apoya en la tramitación de los casos, y quien tienen el apoyo técnico de un abogado particular, tendrán que cubrir no solamente los costos de honorarios, sino también, tendrán a su cargo los gastos de viáticos para transporte y alimentación que afectará su economía.

El cierre del Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche, sin duda ocasionará retraso y rezago en la resolución de los más de 600 juicios que hoy tiene a su cargo, así como, seguramente el despido de personal que labora en dicho tribunal.

Sabedores de los alcance de esta resolución y de las afectaciones que representará para ellos, campesino de los 13 municipios de Campeche se han movilizado en protesta contra el próximo cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario.

Los manifestantes expresan su preocupación por las dificultades que este cambio implicará, especialmente en término de desplazamiento y acceso a la justicia agraria. Argumentan que la centralización de los casos en otras ciudades aumentará los costos y tiempos de traslado, afectando negativamente a los campesinos que depende de estos servicios para resolver disputas y asuntos legalmente relacionados con su tierra.

De instrumentarse el acuerdo en sus términos el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en Campeche cerrará sus actividades a partir de 31 de enero del presente, por lo que consideramos de urgente y obvia resolución exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Tribunal Superior Agrario para que en el ámbito de sus atribuciones deje sin efecto el Acuerdo 2/2025 que emitió el pleno de ese tribunal y a mantener la permanencia en funciones el Tribunal Unitario Agrario 34A con sede en la Ciudad de Campeche, Campeche; lo anterior, con la finalidad de garantizar el debido acceso a la justicia agraria a las campesinas y los campesinos de Campeche.

Notas

1 Campesinos de Campeche se manifiestan contra el cambio de operaciones del Tribunal Unitario Agrario.

https://www.poresto.net/campeche/2025/1/17/campesinos-de-campech e-se-manifiestan-contra-el-cambio-de-operaciones-del-tribunal-unitario-agrario. html?form=MG0AV3

2 Tribunal Agrario cerrará su sede en Campeche

https://tribunacampeche.com/15/tribunal-agrario-cerrara-su-sede- en-campeche/703882/?form=MG0AV3

Salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2025.– Diputados: Rubén Ignacio Moreira Valdez y Christian Mishel Castro Bello (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA SEP, A MODIFICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a modificar las reglas de operación del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, suscrita por los diputados Christian Mishel Castro Bello y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Christian Castro Bello y Rúben Ignacio Moreira Váldes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para el ciclo escolar 2023-2024 la matrícula de licenciatura (incluidos técnico superior, licenciatura en educación normal y licenciatura universitaria y tecnológica) fue de 5 millones 393 mil 387 estudiantes, de los cuales 3 millones 329 mil 499 estuvieron inscritos en instituciones públicas de educación superior mientras que en instituciones privadas del mismo nivel educativo, la matricula fue de 2 millones 63 mil 888 estudiantes lo que representa un porcentaje cercano a 38.3 por ciento de alumnos inscritos en instituciones privadas respecto de la matrícula total a nivel nacional.

En el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se indica que en México la población de 18 a 22 años fue de 10 millones 668 mil 312 jóvenes. Si complementamos ambos datos encontramos que apenas la mitad de la población total de jóvenes en nuestro país tuvieron acceso a la educación superior pero sólo 31.2 por ciento del total de jóvenes en el país tuvieron acceso a alguna institución pública de educación superior.

Con los datos a expuestos, se comprueba que el Estado se ha visto rebasado para poder cumplir con la obligación expresa dispuesta en el artículo 3o. constitucional que a la letra dice:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

...

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado.

Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale.

Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

El acceso de alumnos a las instituciones públicas de educación superior se ve afectado por diversas limitantes como lo son las distancias, los procesos de admisión o simplemente el cupo que cada casa de estudios tiene.

Las instituciones públicas de educación superior más grandes del país han incrementado sus matrículas, pero eso no ha sido suficiente para garantizar el acceso a las juventudes a dichos espacios, para ejemplo tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México que para el ciclo escolar 2023-2024 tuvo un total de 380 mil estudiantes y ésta es, la casa de estudios con mayor matrícula que existe en el país, seguida del Instituto Politécnico Nacional que para el mismo ciclo escolar tuvo una matrícula de 216 mil estudiantes, ambas operan a su máxima capacidad y atienden apenas a 5.6 por ciento del total de la población joven que existe en México y 11 por ciento del total de alumnos matriculados en alguna institución pública de educación superior.

Este rebase del Estado mexicano para garantizar el acceso a la educación pública a nivel superior nos obliga a la reflexión, sobre si realmente en las instituciones de educación superior de régimen privado únicamente se matriculan estudiantes que tienen los recursos suficientes para solventar sus estudios o llegan también quienes no tienen otra opción y tienen que esforzarse de manera extraordinaria para poder cursar una carrera por esta insuficiencia educativa arriba expuesta, o, en sentido contrario, si en las instituciones de educación superior del orden público se inscriben exclusivamente alumnos que no tienen el recurso económico necesario para cursar sus estudios en otra institución o también se matriculan estudiantes que bien podrían cursar sus estudios en instituciones privadas sin complicación alguna.

La respuesta a la reflexión planteada es muy sencilla, ni a las instituciones privadas llegan quienes más recursos tienen ni a las instituciones públicas llegan quienes menos tienen, por ende, es un despropósito la discriminación que se hace al alumnado de las instituciones privadas de educación superior para acceder a las becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro” cuando también podemos estar refiriéndonos a tos jóvenes más desfavorecidos del país a los que el Estado mexicano afecta de dos maneras:

I. No se les garantiza el acceso a una institución pública de educación superior; y

II. Se les excluye de un programa social creado con la finalidad de que los jóvenes cursen la educación superior.

Si el noble propósito del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” es brindarle las herramientas necesarias a los jóvenes para poder escribir su futuro, se debe retirar de las Reglas de Operación de este, la exclusión de jóvenes que estudian en las instituciones privadas de educación superior, y tomar en consideración como criterio de asignación del apoyo, el estado socioeconómico de los jóvenes.

Por lo expuesto y debidamente fundado y considerando la petición e inquietud de jóvenes de las 32 entidades federativas, integrantes de la organización Red Júvenil por México, cuyo dirigente es el joven Luis Eduardo Vega Dulac es que sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en beneficio de las juventudes mexicanas, se modifiquen las Reglas de Operación del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, de tal manera que la unica causa de exclusión al programa sea el estado socioeconómico de las y los jóvenes, y no el caractér de las instituciones educativas (públicas o privadas) en las que realicen sus estudios.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputados: Christian Castro Bello y Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A ACATAR LOS CRITERIOS VINCULANTES EMITIDOS POR LA SCJN, EN MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, a acatar plenamente los criterios vinculantes emitidos por la SCJN, en materia de perspectiva de género, garantizando su aplicación en la impartición de justicia, a cargo de la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 1, el principio de igualdad y no discriminación, así como la obligación de todas las autoridades, incluidas las judiciales, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En este marco, instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, obligan al Estado mexicano a garantizar la igualdad sustantiva y la eliminación de patrones de discriminación estructural hacia las mujeres.

En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres refuerzan estas obligaciones, estableciendo un mandato claro para que las instituciones públicas, incluidas las jurisdiccionales, adopten medidas que promuevan la perspectiva de género en el diseño e implementación de sus decisiones.

Segunda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado un cuerpo robusto de criterios jurisprudenciales que establecen la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en todos los niveles del Poder Judicial, algunos de los principios fundamentales de estos criterios son:

I. Reconocimiento de contextos de desigualdad estructural: Las y los juzgadores deben identificar circunstancias de vulnerabilidad y discriminación histórica que afectan a las partes en un litigio, particularmente cuando se trate de mujeres;

II. Eliminación de estereotipos de género: Es imperativo evitar prejuicios o valoraciones discriminatorias en el análisis de los hechos, la valoración de pruebas y la resolución de los casos; y,

III. Reparación integral: Las decisiones judiciales deben garantizar medidas que reparen adecuadamente las violaciones a los derechos humanos desde un enfoque de género.

La SCJN ha reiterado que estos principios son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales del país, incluyendo los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, sin embargo, se ha observado que su implementación es desigual y, en algunos casos, inexistente.

Tercera. Es urgente que los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas asuman su responsabilidad de implementar cabalmente los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de perspectiva de género, este esfuerzo no sólo garantiza el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, sino que también fortalece el estado de derecho y la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

El exhorto busca incidir directamente en la capacitación, sensibilización y supervisión de las y los juzgadores, promoviendo un sistema judicial más equitativo y comprometido con la protección de los derechos humanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas para que acaten plenamente los criterios vinculantes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando la aplicación de la perspectiva de género en la impartición de justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Segundo. Se solicita a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas que, en coordinación con las instancias correspondientes, implementen programas de capacitación y sensibilización dirigidos a las y los juzgadores en materia de perspectiva de género, asegurando su formación constante y efectiva.

Tercero. Se hace un llamado a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas para que, en sus informes anuales, incluyan datos sobre la implementación de la perspectiva de género en sus resoluciones, a fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de este mandato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE BRINDE INFORMACIÓN TRANSPARENTEY SE GARANTICE EL ABASTO OPORTUNO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS EN EL SISTEMA DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la Ssa a brindar información transparente y garantizar el abasto oportuno de medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el derecho a la salud está establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”

Es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos. Este derecho implica que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica o de género, deben tener acceso a servicios de salud adecuados, oportunos, asequibles y de calidad. No es solo un derecho individual, sino también un componente esencial para el bienestar colectivo de la sociedad.

Está íntimamente relacionado con el respeto a la dignidad humana. Tener acceso a servicios médicos permite a las personas disfrutar de una vida plena, prevenir enfermedades y tratar afecciones que podrían afectar su calidad de vida o incluso poner en peligro su existencia. Esto incluye el acceso a alimentación adecuada, medicamentos esenciales, y una atención médica accesible y de calidad.

La consagración del derecho a la salud en la Constitución obliga al Estado a crear e implementar políticas públicas y asignar recursos para garantizar su cumplimiento. Esto incluye invertir en infraestructura hospitalaria, capacitar personal médico, ampliar la cobertura de los servicios de salud, y garantizar la disponibilidad de medicamentos y tecnología médica oportunamente.

Problemática del desabasto de medicamentos

A pesar de su importancia, garantizar de manera integral el derecho a la salud se ha vuelto una problemática notoria y que no ha tenido solución, específicamente, con la falta de medicamentos, tratamientos e insumos médicos que se ha reportado a lo largo del país en los últimos años.

Este problema tiene raíces multifactoriales y ha sido exacerbado por cambios administrativos, fallas en la logística de distribución y factores externos. Un ejemplo de esto, son los cambios en los modelos de adquisición; como la eliminación de los intermediarios privados y la centralización de las compras mediante el INSABI, generando rupturas en la cadena de suministro, debido a la falta de planeación para implementar este cambio.

De igual manera, la firma de un convenio con la UNOPS en 2020 para gestionar las compras internacionales de medicamentos fue una estrategia que enfrentó retrasos significativos por problemas logísticos y de descoordinación entre las partes involucradas.

La transición al nuevo modelo no consideró las particularidades del sistema de salud mexicano, afectando la entrega de medicamentos en tiempo y forma. Estados y hospitales enfrentaron dificultades para adaptarse, lo que agravó la crisis.

No se pueden dejar fuera las consecuencias que trajo consigo la crisis sanitaria de 2020. La pandemia redujo la producción global de medicamentos y alteró las cadenas de suministro, lo que agravó la escasez en México. Durante la crisis sanitaria, se priorizó la adquisición de insumos médicos relacionados con el manejo del Covid-19, como ventiladores y oxígeno, afectando el abasto de otros medicamentos esenciales.

Uno de los proyectos más populares que se implementó para combatir esta problemática, es la famosa Megafarmacia del Bienestar; lamentablemente un proyecto fallido más. La Megafarmacia fue concebida con el propósito de garantizar el acceso universal y gratuito a medicamentos y tratamientos médicos eficaces, incluyendo aquellos de alto costo, según lo declarado por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Sin embargo, según el Sexto Informe de Gobierno 2023-2024 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su inauguración hasta junio de 2024, la Megafarmacia solo logró surtir 1,155 recetas médicas, lo que equivale a un promedio de apenas seis recetas diarias. Durante el mismo periodo, se registraron 126,115 llamadas telefónicas, de las cuales únicamente 13,509 derivaron en la emisión de un folio de atención.

Numeralia de desabasto en México y Chihuahua

Según un informe presentado por el colectivo “Cero Desabasto” en el año 2022, existe un desabasto de medicinas en varios estados de la república, incluyendo Chihuahua, el cual se ubica con el cuarto estado con mayor carencia de medicamentos, insumos médicos y vacunas.

En un informe de investigación de nombre “Radiografía del Desabasto en México” realizado en desde año 2017 al 2021, se indica que al 31 de diciembre del 2021 no se surtieron efectivamente un poco más de 24 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social – IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar.

Este documento menciona que en Chihuahua las personas que presentaron el mayor número de reportes sobre falta de medicamentos o tratamientos disponibles, fueron quienes padecían cáncer, diabetes y post trasplantados e hipertensión. Las claves más reportadas por pacientes trasplantados son por los medicamentos tacrolimus, ácido micofenólico y sirolimus.

Se vuelve preocupante y no podemos dejar pasar desapercibido que para el estado de Chihuahua la falta de medicamentos para pacientes psiquiátricos, ya que, desde la pandemia por el Covid-19 en nuestro país, aumentaron los casos de padecimientos de esta naturaleza, por lo que desde 2022 a la fecha se ha vuelto muy complejo que los pacientes puedan surtir sus recetas completas, sobre todo en tratamientos para el combate de la depresión y ansiedad, así como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar y esquizofrenia.

De acuerdo con otra fuente del medio de comunicación “Política Expansión” se han podido identificar los 20 medicamentos con mayor desabasto en el año 2023 en el sistema de salud, señalando que estas medicinas son para enfermedades psiquiátricas, ginecológicas, oncológicas, diabetes e hipertensión.

Siendo la lista de los 20 medicamentos con más peticiones por desabasto los siguientes:

1. Dieta polimérica

2. Liraglutida (diabetes mellitus)

3. Insulina (diabetes)

4. Amlodipino (hipertensión)

5. Atorvastatina (control de colesterol, prevención de infartos).

6. Dapagliflozina (diabetes mellitus)

7. Paracetamol

8. Celecoxib (reumatológico)

9. Desmopresina

10. Calcio comprimido efervescente

11. Fluticasona

12. Ceftriaxona

13. Cabergolina

14. Alprazolam (salud mental)

15. Rivaroxaban

16. Levetiracetam (neurológico).

17. Pregabalina

18. Ezetimiba

19. Vitamina D3

20. Hidroxicarbamida C

Y las entidades federativas con mayor número de reportes en el 2023 fueron:

1. Ciudad de México (454)

2. Jalisco (184)

3. Estado de México (118)

4. Puebla (61)

5. Chihuahua (60).

Estando Chihuahua en los primeros lugares de desabasto desde 2021 de acuerdo a diversos reportes e investigaciones, así como las publicaciones de distintos medios respecto de demandas ciudadanas.

Para abril del 2024, El IMSS había dejado de surtir en el estado de Chihuahua 104 mil 827 recetas de medicamentos y solo había surtido de manera parcial casi nueve mil, de más de 1.6 millones que habían sido emitidas, poniendo en evidencia la situación precaria en cuestión de medicinas que han adolecido las familias chihuahuenses.

Los últimos reportes de falta de medicamentos que se han dado a conocer gracias a las manifestaciones de pacientes afectados, se dieron a principios de este año.

Padres de familia denunciaron la falta de tres medicamentos esenciales en el Hospital para el Niño Poblano (HNP): Galsulfasa, Imiglucerasa y Elosulfasa, indispensables para el tratamiento de ciertos padecimientos como el síndrome de Maroteaux-Lamy (MPS VI), la enfermedad de Gaucher y mucopolisacaridosis tipo IVA (síndrome de Morquio A), una enfermedad que afecta el crecimiento óseo y causa problemas articulares, respiratorios y de movilidad. Según los afectados, esta escasez, que se arrastra desde octubre de 2024, ha afectado la atención de los menores y pone en riesgo su salud al interrumpir sus tratamientos.

Asimismo, personas adultas mayores y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) han denunciado la falta de medicamentos en las farmacias de las clínicas y hospitales de esta institución. Según su testimonio, de cada cinco medicamentos recetados, solo reciben uno, o en su lugar, vales que no son surtidos dentro del plazo de 15 días establecido.

Acciones de la administración en turno

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado una nueva licitación de compra consolidada de medicamentos para los próximos dos años, con la cual se estima un ahorro de 30 mil millones de pesos. Este modelo, similar al implementado en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, busca que todas las instituciones de salud realicen sus adquisiciones en un solo proceso, permitiendo al gobierno obtener mejores precios gracias al alto volumen de compra. Sheinbaum presentó esta estrategia como una actualización del esquema utilizado por administraciones anteriores.

La compra consolidada pretende garantizar el abastecimiento de medicamentos para hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Institutos Nacionales de Salud, Hospitales Nacionales de referencia, la Secretaría de Marina y los Servicios de Salud de Pemex, al igual que en gobiernos previos.

En esta ocasión, el proceso está a cargo de Birmex, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, mientras que en administraciones anteriores era gestionado por el IMSS.

Durante la conferencia presidencial del pasado 15 de enero, el subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, Alejandro Clark, informó que la demanda total de medicamentos y equipo médico para todas las instituciones ascendió a 4 mil 982 millones de piezas. En la licitación, se adjudicaron contratos a proveedores para 3 mil 649 millones de piezas, lo que representa el 73 por ciento del total requerido. Además, existen ofertas para mil 218 millones de piezas adicionales (24.4 por ciento del total), de parte de proveedores con capacidad de suministro, pero que no completaron algunos requisitos documentales o técnicos en el proceso de licitación, según explicó Clark.

Aun con los esfuerzos de parte de la presidenta, la incertidumbre sobre el abasto total de medicamentos en el sistema de salud mexicano persiste. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado una nueva compra consolidada con la promesa de optimizar costos y mejorar la distribución, los datos presentados muestran que aún no se ha garantizado el 100 por ciento del suministro.

Actualmente, solo se han adjudicado contratos para el 73 por ciento de los medicamentos requeridos y, aunque existe oferta para un 24.4 por ciento adicional, estos proveedores aún deben cumplir con requisitos técnicos o documentales. Esto deja un margen de incertidumbre sobre si se logrará surtir completamente la demanda de medicamentos en tiempo y forma.

Además, los antecedentes de problemas en la distribución, logística y entrega de medicinas en años anteriores generan dudas sobre la efectividad del nuevo modelo. Hasta que el abasto sea completamente garantizado y comprobado en la práctica, la incertidumbre seguirá presente en el sistema de salud mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Salud a que brinde un informe público y detallado sobre el estado actual del abasto de medicamentos e insumos médicos en el país, especificando las cantidades adjudicadas, los tiempos estimados de distribución, y las estrategias para cubrir el porcentaje faltante; a transparentar el proceso de adquisición y distribución, asegurando que los medicamentos lleguen oportunamente a las instituciones de salud y a los pacientes que los requieren; a establecer un mecanismo de monitoreo y rendición de cuentas para permitir a la ciudadanía e instituciones conocer en tiempo real el avance de la entrega; y a garantizar medidas concretas para evitar retrasos en la entrega, incluyendo estrategias de emergencia ante incumplimientos de los proveedores.

Notas

1 Cruz Vargas, Juan Carlos – Tourliere, Mathieu; Las costosas novatadas del Insabi y la UNOPS; Proceso; 5 de diciembre de 2021. Recuperado desde:

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/12/5/las-costosas-nov atadas-del-insabi-la-unops-276967.html

2 Secretaría de Salud; Megafarmacia del Bienestar inicia operaciones; Gobierno de México; 29 de diciembre de 2023. Recuperado de:

https://www.gob.mx/salud/prensa/458-megafarmacia-del-bienestar-i nicia-operaciones

3 6to Informe 2023 – 2024. Gobierno Federal. Recuperado de:

https://www.gob.mx/sextoinforme

4 Cero Desabasto; Radiografía del desabasto: Informe de transparencia en Salud 2017 – 2021; 2022. Recuperado de:

https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Radiografia+desabasto+ 2017-2021.pdf

5 Soto, Dulce; Los 20 medicamentos con más desabasto en 2023 en el Sistema Público de Salud; Expansión Política; 22 de mayo de 2024. Recuperado de:

https://politica.expansion.mx/mexico/2024/05/22/los-20-medicamen tos-con-mas-desabasto-en-2023-en-el-sistema-publico-de-salud

6 Contreras, Jorge; ¿Cuáles son los medicamentos con más quejas por desabasto en el IMSS?; Infobae; 12 de julio de 2024. Recuperado de:

https://www.infobae.com/mexico/2024/07/12/cuales-son-los-medicam entos-con-mas-quejas-por-desabasto-en-el-imss/

7 González, Velvet; Chihuahua, cuarta entidad con mayor desabasto de medicamento; El Sol de Parral; 4 de marzo de 2022. Recuperado de:

https://oem.com.mx/elsoldeparral/local/chihuahua-cuarta-entidad- con-mayor-desabasto-de-medicamento-20370127

8 Juárez, Pavel; “Federación nos dejó solos en Salud”; El Diario Mx; 12 de abril de 2024. Recuperado de:

https://diario.mx/estado/2024/apr/12/federacion-nos-dejo-solos-e n-salud-1003441.html

9 Camacho, Nancy; Familiares de menores reportan desabasto de medicamentos en el Hospital para el Niño Poblano; Milenio; 9 de enero de 2025. Recuperado de:

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/reportan-desabasto-medic amentos-hospital-nino-poblano

10 Miranda, Rodrigo; Reportan desabasto de medicinas en el ISSEMyM; El Sol de Toluca; 14 de enero de 2025. Recuperado desde:

https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/reportan-desabasto-de-med icinas-en-el-issemym-21118203

11 Roldán, Nayeli; Sheinbaum regresa al modelo de compras de medicinas que AMLO eliminó, tras desabasto; Animal Político; 15 de enero de 2025. Recuperado de:

https://animalpolitico.com/salud/modelo-compra-medicinas-sheinba um-amlo?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3oeUOyRknH-syhRAc0kLet5df9PXImWuh86ifs1HPCbN GgM9viICY9Tho_aem_-1c1xZCOmOQMxAt_8Y4TlA&sfnsn=scwspwa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE ACTUALICEN LOS PROFESIOGRAMAS Y TABULADORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD FEDERALES, EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS PROFESIONISTAS DE LA NUTRICIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la Ssa, a actualizar los profesiogramas y tabuladores de las instituciones de salud federales para otorgar a las personas profesionistas de la nutrición categorías, funciones y salarios equivalentes a otros profesionales de la salud, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Confederación Internacional de Asociaciones Dietéticas la persona dietista nutricionista es la profesionista que aplica la ciencia de la alimentación y la nutrición para promover la prevención y tratamiento de padecimientos para optimizar la salud de individuos, grupos, comunidades y poblaciones.

En nuestro país las bases de las ciencias de la nutrición fueron desarrolladas por el doctor José Quintín Olascoaga Moncada quien en 1945 fundó la Escuela Mexicana de Dietética, teniendo su primera sede en el Instituto Nacional de Cardiología, para posteriormente ocupar instalaciones del Instituto de Nutriología y del Hospital de Ferrocarriles, finalmente siendo incorporada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como Escuela de Dietética y Nutrición en 1971 con la creación del hospital Adolfo López Mateos.

Además, desde 1975 se conmemora cada 27 de enero el Día del Profesional en Nutrición, fecha en que se fundó la Asociación Mexicana de Nutriología, AC.

Para la Organización Panamericana de la Salud, “una nutrición saludable es fundamental para la prevención de factores de riesgo relacionados con la dieta, como el sobrepeso y la obesidad, y las enfermedades no transmisibles asociadas” pues “el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de nutrimentos críticos (sal/sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans) se ha asociado con un mayor riesgo de factores de riesgo relacionados con la dieta y enfermedades no transmisibles asociadas, así como emaciación, retraso de crecimiento y enfermedades por deficiencia”.

Ello resulta particularmente importante para la población mexicana, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020-2023, en los próximos años el sistema de salud en México “enfrentará un escenario con 40 por ciento de personas con diabetes, 50 por ciento con hipertensión y, lo que ya estamos experimentando en la población adulta, 70 por ciento con sobrepeso y obesidad”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles actualmente son causantes de 7 de cada 10 muertes en el mundo, incluyendo padecimientos cardiovasculares, diabetes, cáncer y padecimientos respiratorios, siendo posible prevenir la mayoría de dichas muertes a través de intervenciones costeables de prevención para así reducir el uso de tabaco y alcohol, y promover dietas más sanas y actividad física regular.

A pesar de lo anterior, el sistema de salud de nuestro país ha otorgado escasa importancia y recursos a la prevención, por ejemplo, en “el presupuesto propuesto para 2020, el gasto per cápita en prevención fue de 390 pesos en el ISSSTE, 113 pesos en la Ssa y 98 pesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, cifras que palidecen al ponerlas en contexto con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, pues “en términos per cápita, en 2015 el promedio de gasto en prevención en los mismos países fue de 116 dólares estadounidenses, equivalentes a mil 840 pesos.”

En septiembre de 2023, el entonces director del IMSS señaló durante la novena edición del foro de negocios “Expansión Summit 2023”, que el Instituto atiende a 3 millones de derechohabientes con diabetes, 4.7 millones con hipertensión arterial y 66 mil con insuficiencia renal que reciben diálisis y hemodiálisis, enfermedades que se pueden prevenir, pero no se pueden curar, destinando al año 94 mil millones de pesos para su atención.

En 2017, en el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Riñón, el ISSSTE reveló que se destinan “anualmente más de 15 mil millones de pesos en atender cinco enfermedades crónico-degenerativas: cáncer, padecimientos cardiovasculares, insuficiencia renal, hipertensión y diabetes”, reconociendo la necesidad de transitar del modelo de salud curativo al preventivo.

En el caso de las personas profesionistas de la nutrición en 1979, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consideró para las unidades médicas 1 dietista por cada 66 mil derechohabientes en zonas suburbanas/rurales y por cada 88 mil derechohabientes en zonas urbanas, mientras que para hospitales generales de zona se consideraba 1 dietista por unidad, lo cual resultaba insuficiente para generar impactos cuantificables en la salud de la población.

Ya desde entonces se menciona la necesidad de “un estudio profundo para valorar la conveniencia de incorporar al licenciado en Nutrición como una nueva categoría en el profesiograma, con el objetivo de encargarlo de las acciones que en Nutrición Social desarrolle la Institución”, ya que en ese momento las personas dietistas desempeñaban sus funciones en calidad de técnicos, no de profesionistas.

En el Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2025 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el profesiograma ya requiere el título de licenciado en nutrición desde la primera categoría del escalafón en nutrición y dietética, correspondiente a nutricionista dietista, es decir, los requisitos ya no corresponden a técnicos sino a profesionistas.

Sin embargo, el sueldo base de dicha categoría establecido en 5 mil 553.48 pesos mensuales se encuentra en nivel similar al del ayudante de limpieza e higiene con 5 mil 319.16 pesos mensuales.

Comparativamente, el sueldo base para otros profesionistas asciende a casi el doble, por ejemplo, a la categoría de médico general corresponden 9 mil 183.08 pesos mensuales mientras que, como abogado, arquitecto, bibliotecario, biólogo, contador, economista, ingeniero, psicólogo, entre otros profesionistas, corresponden 10 mil 575.68 pesos mensuales.

Dicha disparidad salarial no se explica ante requisitos académicos similares, así como ante funciones y cargas de trabajo que corresponden a profesionistas, no a técnicos, por lo que resulta impostergable el que las personas profesionistas de la nutrición en las instituciones públicas de salud perciban un salario digno que se refleje en una remuneración a un nivel equitativo al de otros profesionistas, y que corresponda a su perfil profesional, así como a las funciones que tienen asignadas, ello en beneficio no solo de la fuerza laboral de este gremio, sino de la población beneficiaria de los servicios de salud que como ya se ha señalado, requiere de intervenciones más efectivas en el ámbito nutricional y preventivo con el objetivo de reducir la carga laboral y financiera que los padecimientos crónicos imponen al sistema de salud.

Finalmente, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la fuerza laboral en el sector de nutriología se compone por 57.4 por ciento mujeres con salario promedio de 5 mil 730 pesos y 42.6 por ciento hombres con salario promedio de 14 mil pesos, por lo que mejorar las condiciones laborales y salariales también se traduce en una acción afirmativa de género en un gremio que refleja considerable disparidad salarial entre hombres y mujeres.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a actualizar los profesiogramas y tabuladores de las instituciones de salud federales para otorgar a las personas profesionistas de la nutrición categorías, funciones y salarios equivalentes a otros profesionales de la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a reforzar las estrategias y presupuesto para salud preventiva en las instituciones de salud federale.

Notas

1 International Confederation of Dietetic Associations. “International Competency Standards for Dietitian-Nutritionists.” 2016. Disponible en:

https://internationaldietetics.org/wp-content/uploads/2023/05/In ternational-Competency-Standards-for-Dietitian-Nutritionists.pdf

2 Pale Montero, Luz Elena. Homenaje a doctor José Quintín Olascoaga Moncada. Nuestra formación profesional proviene del pionero de la nutrición en México. Rednutrición. México, 2010. Disponible en:

https://edn.issste.gob.mx/Imagenes/Biblioteca/Rev/RED2010112830. pdf

3 Organización Panamericana de la Salud. “Nutrición”. Disponible en:

https://www.paho.org/es/temas/nutricion

4 Lazcano Ponce, Eduardo. Presentación. Recomendaciones de salud pública para fortalecer el derecho a la salud, Ensanut 2020-2023. Salud Pública de México, 2024. Disponible en:

https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/16153/12563

5 Organización Mundial de la Salud. Investing 1 dollar per person per year could save 7 million lives in low- and lower-middle-income countries. Disponible en:

https://www.who.int/news/item/13-12-2021-investing-1-dollar-per- person-per-year-could-save-7-million-lives-in-low-and-lower-middle-income-count ries.

6 Organización Mundial de la Salud. “ NCD Best Buys and other effective interventions.” Disponible en:

https://applications.emro.who.int/docs/EMROPUB_2018_EN_17036.pdf

7 Méndez Méndez, Judith Senyacen. “Presupuesto para prevención y control de enfermedades.” Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. México, 2019. Disponible en:

https://ciep.mx/presupuesto-para-prevencion-y-control-de-enferme dades/

8 Instituto Mexicano del Seguro Social. “Invierte IMSS 94 mmdp al año en tres enfermedades crónicas. La receta es la prevención: Zoé Robledo.” Disponible en:

https://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202309/483

9 ISSSTE. “Hasta 35 mil pesos por paciente es el costo total promedio mensual en terapias renales.” Disponible en:

https://www.gob.mx/issste/prensa/hasta-35-mil-pesos-por-paciente -es-el-costo-total-promedio-mensual-en-terapias-renales?idiom=es-MX

10 IMSS. “Plan General de Reformas al Sistema de Atención Médica. Funciones y Actividades de la Dietista” Gobierno de México, 1979.

11 Íbid .

12 IMSS. “ Contrato Colectivo de Trabajo 2023-2025.” Disponible en:

https://sntss.org.mx/images/site/files/contrato.pdf

13 Secretaría de Economía. Data México. Nutriólogos. Gobierno de México, 2024. Disponible en:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/nut riologos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO PARA QUE SE DICTAMINE Y PONGA A DISCUSIÓN LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE APOYO A JÓVENES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República a dictaminar y poner a discusión la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República a dictaminar y poner a discusión la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes.

Exposición de Motivos

I. La juventud mexicana constituye un pilar estratégico para el desarrollo presente y futuro del país. Según el Censo de Población y Vivienda 2024, en México hay más de 31 millones de personas jóvenes de entre 15 y 29 años, representando 23.8 por ciento de la población total.

Este segmento poblacional no solo constituye un recurso estratégico para el desarrollo económico y social de México, sino que también enfrenta desafíos estructurales que limitan su potencial. Entre estos desafíos se encuentra el acceso limitado a empleos formales, bien remunerados y con derechos laborales garantizados. Actualmente, sólo 16.5 por ciento de los jóvenes con empleo trabaja en actividades profesionales o técnicas, mientras que 15.6 por ciento se desempeña en actividades comerciales, lo que pone en evidencia la desconexión entre la oferta educativa y las necesidades reales del mercado laboral. Además, una proporción significativa de la población joven queda atrapada en el empleo informal, sin acceso a seguridad social, oportunidades de desarrollo profesional o condiciones laborales dignas. Esto no solo perpetúa la precarización laboral, sino que también obstaculiza el cumplimiento de sus derechos humanos y laborales.

II. En atención a esta problemática, el 25 de septiembre de 2024 la Cámara de Diputados aprobó, con 473 votos a favor, el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.”

III. Con esta misma fecha la Cámara de Diputados con número CD-LXVI-I-1P-005, y mediante el oficio número DGPL 66-II-3-0003 remitió a los Secretarios de la Mesa Directiva para sus efectos Constitucionales, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que con fecha 26 de septiembre fue recibida por la Secretaría General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

IV. La Presidencia informó con fecha 29 de septiembre que, con fundamento en los artículos 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176 del Reglamento del Senado de la República, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el 27 de septiembre de 2024.

En este caso, la minuta ya fue remitida al Senado, donde fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis, dictaminación y eventual discusión en el pleno.

Sin embargo, a pesar de la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto permanece pendiente de dictaminación en el Senado de la República.

Si bien la aprobación en la Cámara de Diputados marca un paso relevante hacia la consolidación de esta reforma constitucional, es indispensable que el Senado de la República continúe con el procedimiento establecido en la Carta Magna, dictaminando y discutiendo la minuta en comento.

De acuerdo con los artículos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas constitucionales requieren cumplir un procedimiento específico que incluye su aprobación por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y por los congresos de las entidades federativas.

El retraso en el dictamen de este proyecto ha impedido que millones de jóvenes puedan beneficiarse del apoyo que se plantea en esta reforma. Por ello, es urgente que las comisiones unidas del Senado convoquen a sesión para emitir el dictamen correspondiente y que éste pueda ser sometido a discusión y aprobación en el pleno de dicha Cámara.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República a convocar a sesión para analizar, dictaminar y someter a discusión y votación la minuta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes.

Notas

1 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9227

2 Ídem.

3 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, disponible en:

https://gaceta.diputados.gob.mx/

4 Senado de la República, listado de Asuntos Publicados, disponible en:

https://www.senado.gob.mx/66/emergente/asuntosTurnados/index.php ?tipo=Minutas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Pablo Vázquez Ahued (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

EXHORTO A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, A EMITIR LA DECLARATORIA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, EN MATERIA DE SALARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República a emitir la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a emitir la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que se reforma diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salarios.

Exposición de Motivos

I. El decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobado por la Cámara de Diputados el martes 24 de septiembre de 2024, con 478 votos a favor.

Posteriormente, dicha reforma fue turnada a la Cámara de Senadores, donde fue aprobada el miércoles 9 de octubre de 2024 con 125 votos a favor

Una vez aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la reforma fue remitida a los congresos locales para su discusión y aprobación, conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho artículo establece que, para que una reforma constitucional sea válida y vinculante, debe contar con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados, es decir, al menos 17 congresos locales.

Hasta la fecha, se tiene conocimiento de 23 congresos locales que han ratificado la reforma, entre ellos se encuentran:

1. Tabasco, el 9 de octubre de 2024.

2. Ciudad de México, el 10 de octubre de 2024.

3. Tamaulipas, el 10 de octubre de 2024.

4. Baja California, el 10 de octubre de 2024.

5. Chiapas: el 10 de octubre de 2024.

6. Tlaxcala: el 10 de octubre de 2024.

7. Sinaloa: el 10 de octubre de 2024.

8. Zacatecas: el 10 de octubre de 2024.

9. Durango: el 10 de octubre de 2024.

10. Yucatán, el 10 de octubre de 2024.

11. Michoacán, el 11 de octubre de 2024.

12. San Luis Potosí, el 12 de octubre de 2024.

13. Hidalgo, el 14 de octubre de 2024.

14. Colima: el 14 de octubre de 2024.

15. Nayarit: el 14 de octubre de 2024.

16. Estado de México: el 14 de octubre de 2024.

17. Oaxaca: el 14 de octubre de 2024.

18. Nuevo León: el 14 de octubre de 2024

19. Puebla: el 14 de octubre de 2024.

20. Veracruz: el 14 de octubre de 2024.

21. Sonora: el 15 de octubre de 2024.

22. Guerrero: el 17 de octubre de 2024.

23. Guanajuato: el 24 de octubre de 2024.

Con los votos emitidos por 23 congresos estatales se rebasa el r equisito establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de haber superado ampliamente el requisito constitucional, la Mesa Directiva del Senado de la República, como Cámara revisora y la que remitió la minuta a los congresos estatales, no ha realizado la declaratoria de constitucionalidad correspondiente. Este procedimiento es indispensable para que la reforma sea remitida al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación , permitiendo así su entrada en vigor y su plena aplicación.

II. La reforma al artículo 123 constitucional contempla dos modificaciones relevantes orientadas a garantizar condiciones laborales más justas y dignas para la población trabajadora en México.

1. Salario mínimo por encima de la inflación. Se refuerza la obligación del Estado mexicano de asegurar que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población, garantizando que siempre se mantenga por encima de la inflación.

Este principio responde a la necesidad de combatir el rezago en el poder adquisitivo de los trabajadores, el cual ha sido erosionado por la inflación a lo largo de los años. Además, se alinea con estándares internacionales de justicia laboral establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, en los que México tiene compromisos vinculantes.

2. Salario base para servidores públicos. La reforma establece un salario base para las y los trabajadores de los sectores de educación pública, seguridad pública como policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, y salud, personal médico y de enfermería.

Este salario base será equivalente al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual actualmente supera los 17 mil pesos mensuales. Con esta medida se pretende garantizar una retribución económica justa y acorde con la importancia de las labores que desempeñan. La reforma, al vincular el salario base de estos sectores al promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no sólo busca mejorar las condiciones laborales, sino también fortalecer la calidad de los servicios que estas personas ofrecen a la sociedad.

III. A pesar de que se han cumplido las distintas etapas del proceso de aprobación de una reforma constitucional, la Mesa Directiva del Senado de la República no ha realizado la declaratoria de constitucionalidad correspondiente, lo que impide que el decreto sea remitido al Ejecutivo federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por las razones expuestas, la presente proposición con punto de acuerdo plantea exhortar a la Mesa Directiva del Senado de la República, como Cámara revisora y la que recibe los votos constitucionales de la entidades federativas, a que emita la declaratoria de constitucionalidad del decreto que reforma al primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y que adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, en materia de salario mínimo y salario base de las y los servidores públicos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República a emitir la declaratoria de constitucionalidad del decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de salarios, en su calidad de Cámara revisora de la minuta correspondiente y tras la aprobación de esta por 23 congresos locales.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, disponible en:

https://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República, disponible en:

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados /9870-senado-aprueba-reforma-constitucional-para-que-salario-minimo-nunca-este- por-debajo-de-la-inflacion

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 xeVT, Congreso de Tabasco, primero en aprobar reforma que establece aumento del salario mínimo por encima de la inflación, disponible en:

https://www.xevt.com/tabasco/congreso-de-tabasco-primero-en-apro bar-reforma-que-establece-aumento-del-salario-minimo-por-encima-de-la-inflacion /343200

5 Congreso de la Ciudad de México, disponible en:

https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-cdmx-aprobo-minu ta-con-reforma-constitucional-materia-salarios-5617-1.html?utm_source=chatgpt.c om

6 Milenio, Reforma al salario mínimo: ¿en qué congresos estatales ya aprobaron la iniciativa?

https://www.milenio.com/politica/que-congresos-estatales-ya-apro baron-la-reforma-al-salario-minimo

7 Ídem.

8 La Jornada, Aprueban en cinco Congresos reforma a salarios mínimos, disponible en:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/10/10/estados/aprueban-e n-chiapas-reforma-a-salarios-minimos-2720

9 Ídem .

10 Congreso de Sinaloa, disponible en:

https://www.congresosinaloa.gob.mx/comunicados/aprueba-congreso- minuta-del-senado-que-establece-que-incremento-a-salario-minimo-no-este-debajo- de-indice-inflacionario/

11 El Sol de Zacatecas, Avala Zacatecas reforma en materia del salario mínimo, disponible en:

https://oem.com.mx/elsoldezacatecas/finanzas/avala-zacatecas-ref orma-en-materia-del-salario-minimo-13311826

12 Congreso de Durango, disponible en:

https://congresodurango.gob.mx/2024/10/10/aprueba-durango-que-sa larios-nunca-sean-por-debajo-a-la-inflacion/

13 Congreso de Yucatán, disponible en:

https://www.congresoyucatan.gob.mx/difusion/2244

14 El Sol de Morelia, Congreso de Michoacán aprueba aumento salarial para maestros, policías y enfermeras, disponible en:

https://oem.com.mx/elsoldemorelia/local/congreso-de-michoacan-ap rueba-aumento-salarial-para-maestros-policias-y-enfermeras-13323837

15 Congreso de San Luis Potosí:

https://congresosanluis.gob.mx/content/aprobada-reforma-constitu cional-federal-en-materia-de-salarios?utm_source=chatgpt.com

16 Congreso de Hidalgo, disponible en:

https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/Comunicacion_social/boletine s/Boletin_SO_no12_14.10.2024.pdf

17 Congreso de Colima, disponible en:

https://www.congresocol.gob.mx/web/www/comunicacion/nota.php?not a=5516

18 El Universal, ¿Qué estados ya aprobaron la Reforma constitucional en materia de salario mínimo?, disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/que-estados-ya-aprobaron- la-reforma-constitucional-en-materia-de-salario-minimo/

19 El Sol de Toluca, Aprueban diputados de Edomex alza al salario mínimo por arriba de la inflación, disponible en:

https://oem.com.mx/elsoldetoluca/local/congreso-del-edomex-aprue ba-reforma-salarial-13035150

20 Congreso del Estado de Oaxaca, disponible en:

https://congresooaxacacomunicacionsocial.info/avala-congreso-de- oaxaca-la-reforma-constitucional-en-materia-de-salarios/

21 TeleDiario, Congreso de Nuevo León aprueba reforma de salarios mínimos, disponible en:

https://www.telediario.mx/comunidad/congreso-nuevo-leon-aprueba- reforma-salarios-minimos

22 Primera plana Puebla, Congreso de Puebla aprueba reforma en materia de salarios, disponible en:

https://www.primeraplanapuebla.com/politica/congreso-de-puebla-a prueba-reforma-en-materia-de-salarios/#:~: text=El%20Congreso%20de%20Puebla%20aprob%C3%B3,las%20personas%20trabajadoras%20 en%20M%C3%A9xico.

23 La Jornada Veracruz, Congreso de Veracruz aprueba tres minutas de reforma constitucional enviadas por el Senado, disponible en:

https://jornadaveracruz.com.mx/congreso-de-veracruz-aprueba-tres -minutas-de-reforma-constitucional-enviadas-por-el-senado/

24 Congreso de Sonora, disponible en:

https://congresoson.gob.mx/noticia/?id=0f060292-c07e-4faf-a316-7 03961bbdc37

25 Congreso de Guerrero, disponible en:

https://congresogro.gob.mx/64/sesiones/decretos/2024-10-17-minut a-en-materia-de-salarios-85f01.pdf

26 Congreso de Guanajuato, Acta de la séptima sesión ordinaria, disponible en:

https://congreso-gto.s3.amazonaws.com/uploads/minuta/archivo/373 8/Acta_7_Sesi_n_Ordinaria_24_octubre_2024-.pdf 27 CPEUM, disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2025.– Diputado Pablo Vázquez Ahued (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.