«Iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, en materia de igualdad de género y derecho humano al nombre, a cargo de la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena

Antares Vázquez Alatorre, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente:

I. Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación

La palabra «estirpe» es un vocablo de la lengua española que, en una sucesión hereditaria, establece el conjunto formado por la descendencia de una persona a quien ella representa y cuyo lugar toma. En los hechos, la estirpe de las familias se compone por las hijas e hijos de las personas, pero al encontrarse definida por el apellido paterno, las mujeres han sido eliminadas de los registros ancestrales de todas las estirpes.

En España, país del que surgen tanto nuestro sistema legal como la organización social actual, fue hasta el siglo XV en que se empezaron a crear las líneas genealógicas claramente definidas por un apellido que identificara a las y los miembros de una misma familia.

Fue así que surgieron apellidos que perduran hasta nuestros días, algunos surgidos de la conversión de los nombres de pila (González de Gonzalo, o López de Lope); o a raíz de los oficios: Herrero, Zapatero, Maestro –o sus adaptaciones Ferrer, Sabater, Mestre o Fuster en otros idiomas–, mientras que otros fueron creados según las características físicas del líder de las familias: Rubio, Calvo, Bermejo; y también hubo quienes hicieron una conversión toponímica (Francés, Aragón, Valencia, etcétera).

En esta gran variedad de orígenes existía un único factor en común: sea cual fuere el surgimiento del apellido, éste se daba a raíz del nombre, oficio, características físicas o lugar de origen del pater familias, es decir: el hombre a la cabeza de la estirpe.

En nuestro país, los antecedentes de las instituciones registrales datan desde la llegada de los españoles, cuando la iglesia católica atrajo a su poder el registro de la población, siendo los jerarcas católicos quienes tenían estas facultades a raíz de ser ellos quienes efectuaban los bautizos y los matrimonios, obteniendo así el primer acceso a los registros de las y los nacidos en América, dominio que no fue interrumpido sino hasta la expedición de las Leyes de Reforma, de las cuales forma parte la Ley Orgánica del Registro Civil –expedida el 28 de julio de 1859, en plena Guerra Civil– dando un paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la iglesia.

Es a partir de ese momento, y junto con la Ley del Estado Civil de las Personas, que el Estado se determinó como el responsable primordial de otorgar y controlar el estado civil de las personas, que posteriormente se relacionaría con un concepto más avanzado: el derecho a la identidad personal, el cual otorga a cada individuo la oportunidad de contar con un nombre, un apellido, una nacionalidad y una familia.

De forma indudable, el Registro Civil impacta en la formación de la nación, pues define a sus ciudadanos tanto en el terreno social como en el jurídico, y es a partir de su creación cuando el Estado comenzó a proveer a los individuos de la seguridad de su identidad. Hoy en día los distintos registros de los estados del país dan cuenta de la historia de toda la población, pues informan quiénes son las mujeres y hombres que habitan este país, dónde nacieron, con quién han contraído matrimonio, dónde murieron, etcétera.

Si bien es cierto que la separación de la Iglesia y el Estado fue significativa y radical en materia registral, también es cierto que desde 1859 hasta la fecha, el registro de las mexicanas y mexicanos –aunque eficiente y cada vez mejor realizado a raíz del avance de las tecnologías– continúa negando de manera amplia el derecho de las mujeres a la igualdad y a que su nombre sea parte de la identidad de su descendencia.

II. Derecho Humano al Nombre

El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.[El resaltado es propio].

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Amparo Directo en Revisión 2424/2011 estableció que, a raíz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, se podía determinar que el derecho al nombre es un derecho humano al encontrarse entre aquellos derechos que no podrán restringirse ni suspenderse ni siquiera en lo que se ha llamado un «estados de excepción»; sin embargo, también se hizo notar que la norma suprema no define lo que debe entenderse por «derecho al nombre» ni tampoco fijaba su sentido o alcance, por lo que resultaba necesario observar este derecho desde la óptica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de sus interpretaciones autorizadas.

Ante ello y con base en que el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional exige que el sentido de los derechos humanos se interprete de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales, de forma tal que se favorezca de la manera más amplia a las personas; se tiene la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir de dos métodos interpretativos, a saber, el sistémico y el pro personae.

Por su parte, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado internacional del que el Estado mexicano forma parte, establece que:

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

En consecuencia, la SCJN manifestó que la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, derecho humano con el siguiente contenido y alcance:

1. El nombre es el conjunto de signos que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad.

2. Está integrado por el nombre propio y los apellidos.

3. Está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues d ebe ser elegido libremente por la persona misma, las madres, padres o tutores, según sea el momento del registro; por tanto, no puede existir ningún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embrago, sí puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial.

4. Incluye dos dimensiones: la primera relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro; por lo que, una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido.

5. Es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción.

Ahora bien, la Suprema Corte también señaló que los instrumentos internacionales permiten ciertas restricciones específicas respecto del ejercicio de los derechos humanos en ellos reconocidos, siempre que aquellas cumplan con los siguientes criterios:

a) Estar previstas en ley (legalidad);

b) Satisfacer un principio de necesidad;

c) Estar acordes con los fines establecidos en los instrumentos internacionales;

d) Ser razonables;

e) Atender al principio de proporcionalidad; y

f) Al principio de sociedad democrática.

Por lo anterior, se precisó que la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que la misma se encuentre en ley, bajo condiciones dignas y justas y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a una cancelación de su contenido esencial.

De ahí que, la razón subyacente de la prohibición en estudio radicaba en el respeto del principio de la inmutabilidad del nombre, lo cual, a juicio de la SCJN, no podía considerarse como un fin legítimo y mucho menos como una medida necesaria, razonable ni proporcional.

Es decir, se indicó que el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación, misma que puede estar reglamentada en la ley a efecto de evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros.

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha definido de manera particular, que es inconstitucional obligar a registrar a un recién nacido anteponiendo el apellido paterno, estableciendo que la práctica de colocar el apellido del hombre primero relega a la mujer a un rol secundario en el ámbito familiar.

Mediante la resolución del Amparo en Revisión 208/2016, la SCNJ confirmó que las madres y padres pueden decidir el orden de los apellidos de sus hijos, al declarar la inconstitucionalidad de la parte correspondiente del Código Civil de la Ciudad de México, cuyo mandato obliga a que el primer apellido sea el del padre y el segundo el de la madre.

A raíz de esta declaración de inconstitucionalidad sobre una porción del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, misma que establece que «los recién nacidos serán registrados con el apellido paterno primero y el materno después», el máximo órgano jurisdiccional del país definió que dicha disposición establece un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de las mujeres en las familias y, en consecuencia, en la sociedad, ordenando que se deberán expedir nuevas actas de nacimiento a las menores con el orden de los apellidos deseado por las madres y los padres.

En esta importante resolución, la Suprema Corte confirma que la imposición del apellido paterno responde a un trasfondo histórico en el cual la concepción de éste como jefe y portador del apellido de la familia, relega a las mujeres al papel de simples integrantes, negando con ello las funciones indispensables de crianza, dirección y sostenimiento que cada vez con mayor frecuencia desempeñan las mujeres, tal como se ha expresado de forma previa en el apartado anterior de la presente iniciativa.

De tal forma, no se encuentra justificado limitar el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos a partir de prejuicios que pretendan perpetuar la situación de superioridad del hombre en las relaciones familiares.

III. Situación Actual de los Hogares en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 71 por ciento de los hogares en México son nucleares, esto quiere decir que se encuentran formados por la madre, el padre y las hijas o hijos; o sólo por la madre, o el padre con hijas e hijos. La información del Censo de Población y Vivienda 2020 muestra que, a nivel nacional, en 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa 11 millones 474 mil 983 hogares.

En las últimas décadas, los cambios ocurridos en México, tanto demográficos y económicos, como sociales y culturales, han influido en el aumento de los hogares con jefatura femenina, lo que ha motivado diversas investigaciones para conocer las causas y las condiciones en las que se desarrollan. También han suscitado nuevos retos en materia de política pública en apoyo a este tipo de hogares, por considerar la vulnerabilidad social y económica a la que pueden enfrentarse, al igual que las repercusiones sobre el bienestar de los miembros que los conforman.

Algunos factores que se han documentado y que tienen un impacto en el crecimiento de los hogares los que una mujer se encuentra al frente son:

a) Los de tipo demográfico: el descenso de la fecundidad, los movimientos migratorios, el envejecimiento poblacional con una mayor esperanza de vida para las mujeres, el aumento de las prácticas conyugales y reproductivas consensuales;

b) Los socioeconómicos: las crisis económicas en el las que han generado la cada de los ingresos reales de las familias, la escasez de empleo, la incorporación femenina en el mercado laboral, el abandono de los padres o la falta de reconocimiento sobre las hijas o hijos que se engendran; y

c) Los socioculturales: se cuestiona el discurso patriarcal que considera al padre como autoridad máxima de la familia, nuevos roles de género y de responsabilidades de la mujer en el interior de los hogares y la búsqueda de una mayor autonomía de las mujeres.

En la gran mayoría de los hogares mono maternales, el apellido que llevan las hijas o hijos es el del padre.

Esta situación no es reciente y, de hecho, podemos encontrar hogares en los que por más de dos generaciones son las mujeres las que –por múltiples razones– lideran, dirigen y sostienen sus hogares, en muchos de ellos esta tercera generación continúa portando como primer apellido el de hombres que no conocen, o quienes por diversos motivos no han sido responsables económica y afectivamente.

Por ello, para muchas hijas e hijos que han crecido en estos hogares, la posibilidad de elegir para su descendencia el apellido materno de sus madres no es solo una reivindicación de su propia identidad, sino el establecimiento de una estirpe que permita a las generaciones futuras el conocimiento de su origen, de sus tradiciones, y que permita también dar un reconocimiento a las mujeres que en muchas partes del país sostienen no sólo a las familias sino a sus comunidades a lo largo de las generaciones.

IV. Armonización con la Reforma Política del Distrito Federal, 2015

A raíz de la reforma constitucional por la que se creó la Ciudad de México como una entidad federativa, y a la desaparición del Distrito Federal, se plantea la armonización de los términos que contiene actualmente el artículo 58 del Código Civil Federal.

Con base en lo previamente expuesto y a fin de dar mayor claridad respecto a la parte normativa que se pretende modificar, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, en materia de igualdad de género y el derecho humano al nombre

Único. Se reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, en los términos siguientes:

Artículo 58. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan en el orden que definan la madre y el padre, pudiendo elegir de entre sus apellidos maternos y paternos; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; y la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hija o hijo de padres desconocidos, la o el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

En los casos en que nazcan más hijas o hijos en el mismo núcleo familiar, éstos deberán llevar el mismo órden de apellidos que su primera hermana o hermano.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, la o el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio de la o el nacido, la Ciudad de México.

En los casos de los artículo 60 y 77 de este Código , la o el Juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos de la persona que la o lo reconozca.

En todos los casos que se requiera, la o el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación el en Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de cada entidad federativa deberán armonizar las disposiciones legales que correspondan al contenido del presente.

Nota

1 En el documento Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas (Cepal/Celade, 2002) se relaciona la vulnerabilidad social con grupos específicos de la población, cuya identificación obedece a ciertos criterios: la existencia de algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal, el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia de algún atributo básico como la edad, el sexo o la condición étnica que se supone les origina riesgos o problemas comunes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada Antares Vázquez Alatorre (rúbrica).»

«Moción suspensiva a la "iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal", presentada por la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre del Grupo Parlamentario de Morena, en lo sucesivo "iniciativa", que presentan diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura.

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura.– Presente.

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 114, numeral 1, fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno la siguiente moción suspensiva respecto de la "iniciativa", con base en los siguientes:

I. Antecedentes.

a. Con fecha 12 de febrero de 2024, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que la "iniciativa" se sometiera a discusión y votación del Pleno a través de la dispensa de trámites.

II. Consideraciones.

a. Que de conformidad con el artículo 114, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados se establece el recurso de la moción para la suspensión de una discusión o moción suspensiva.

b. Que de conformidad con el artículo 122, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción suspensiva es un recurso del procedimiento legislativo para interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno.

c. Que de conformidad con el artículo 122, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción suspensiva deberá presentarse por escrito firmada por sus autores ante la Mesa Directiva, antes de que se inicie la discusión en lo general; señalando el asunto cuya discusión se pretende suspender y exponer el fundamento legal, así como las razones o motivos que la justifiquen.

d. Que de conformidad con el artículo 122, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si la moción suspensiva cumple con los requisitos señalados en el numeral anterior, el presidente solicitará que la Secretaría dé lectura al documento. Enseguida, ofrecerá el uso de la palabra a uno de sus autores, si la quiere fundar, así como a un impugnador, si lo hubiera. Al término de las exposiciones, la Secretaría preguntará al Pleno, en votación económica, si la moción se toma en consideración de manera inmediata.

III. Sobre el proceso legislativo.

De acuerdo a los antecedentes señalados, los procedimientos de discusión y votación relativos a la "iniciativa" constituyen una violación a procedimiento legislativo previsto en diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "Constitución"), así como legales y convencionales que a continuación se señalan:

a. Es contrario al artículo 72 de la "Constitución" que establece la obligación de que todo proyecto de ley o decreto, deberá discutirse atendiendo la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones previstos en la Ley del Congreso y sus reglamentos. Dicha disposición a la letra dispone:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A. a I. ...

Dicha disposición constitucional se considera como protectora de la esfera representativa de la función pública, de manera tal que es una obligación atender debidamente los procedimientos fijados en ley para permitir y garantizar la participación de las diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura en el procedimiento de análisis y discusión de los asuntos de su competencia.

b. La "iniciativa" transgrede lo establecido en el artículo 20, numeral 2, inciso d), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que señala:

Artículo 20.

1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley.

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones: (...).

c. La falta de fundamentación y motivación de la discusión, votación y aprobación de la "iniciativa" generaría una violación al procedimiento legislativo la cual trasciende de manera fundamental a la norma y provocaría su invalidez.

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe otorgar a las y los legisladores suficiente tiempo para conocer y estudiar algún asunto legislativo para determinar sus alcances. Asimismo, señala que las reglas del proceso legislativo deben garantizar un conocimiento cierto, completo y adecuado de las iniciativas que permita a las y los legisladores actuar con responsabilidad.

d. La "iniciativa" transgrede el derecho humano de la seguridad jurídica y la garantía de legalidad, el cual implica que toda persona tenga certeza de que las leyes que la rigen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las leyes deben provenir de un órgano legislativo facultado, así como de un procedimiento legislativo válido, en donde se respeten los principios y formalidades previstos en los ordenamientos que lo regulan, pues dichos requisitos tienen como fin último legitimar la autoridad del Estado democrático.

e. Los procedimientos de discusión y votación de la "iniciativa" transgreden el principio de la democracia deliberativa, considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como requisito rector del proceso legislativo al no permitir debidamente la participación de todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados.

f. Ahora bien, respecto a la iniciativa que se somete a discusión señalamos lo siguiente:

• El alcance de esta reforma es limitado, tomando en consideración que únicamente se está reformando el Código Civil Federal, por lo cual sólo tendría vigencia en los lugares sujetos a la competencia federal.

• A diferencia del proyecto de la iniciativa que se comenta, la minuta modificó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, previendo que: "la legislación civil deberá prever que los apellidos se asignen en el orden de prelación que los progenitores convengan y que, a falta de convenio, el orden lo asigne el juez atendiendo al interés superior del menor".

• Incluso existe un dictamen pendiente en el Senado de la República a fin de aprobar una minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de febrero de 2020. En dicha minuta se modificó el artículo 58 del Código Civil Federal y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que el acta de nacimiento contenga el nombre propio y los apellidos de los progenitores en el orden de prelación que convengan.

• En esa ley, al ser de carácter general, se ordenaba a las entidades federativas a legislar lo conducente para prever en los códigos civiles locales el derecho de los progenitores a acordar lo conducente sobre el orden de los apellidos.

V. Petitorios.

Por las consideraciones expuestas y tomando en cuenta la transgresión de diversas disposiciones convencionales, constitucionales y legales, las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, atentamente solicitamos:

Primero. Tenemos por presentada la moción suspensiva en los términos establecidos en el artículo 122, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo. Suspender la discusión y votación de la "iniciativa" por ser contrario a diversas disposiciones constitucionales, convencionales y legales.

Tercero. Turnar la "iniciativa" a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXVI Legislatura a efecto de que se cumpla debidamente el correspondiente proceso legislativo y se atiendan las exposiciones de hecho y derecho señaladas en la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2025.– Diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley que Crea el Fondo Nacional Banco del Agua, a cargo del diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Fondo Nacional Banco del Agua, al tenor de los siguientes

I. Que en el artículo 4, párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho humano al agua al mencionar que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

II. Que en el mismo numeral se establece, de igual forma, que el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

III. Que en términos de los artículos 1, fracción IX, y 3, fracciones I y III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ésta tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental y concibe al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados, y al aprovechamiento sustentable como la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.

IV. El agua es el fundamento de la vida: un recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos, nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que en él habitan; es, por tanto, un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Es decir, que el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas medioambientales.

V. Que el cambio climático lo percibimos cada vez con mayor intensidad, sus efectos los sentimos en nuestra vida cotidiana. Uno de ellos está relacionado con la disponibilidad de agua en la naturaleza. Antes se disponía de agua en abundancia para el trabajo agrícola, para el consumo humano, para los animales y para otras actividades.

VI. Que hoy observamos que el agua es cada vez más escasa y esta situación se torna más crítica. Por esta razón, todos tenemos el deber de cuidar el agua, con la finalidad de poder contar con este recurso para nuestro consumo diario y para todas las actividades relacionadas con ella.

VII. Que, a nivel mundial, mil 700 millones de personas carecen de acceso a agua potable y 3 mil 300 millones no disponen de servicios de saneamiento adecuados. Los problemas de acceso al agua potable causan más de 3 mil 350 millones de casos anuales de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 80 por ciento de las enfermedades más comunes en las regiones en desarrollo (diarreas, fiebres, dengue, malaria, etcétera) están relacionadas con la calidad del agua. A la hora de valorar el acceso al agua como una variable de salud, tan importante es tener en cuenta la cantidad como la calidad. Con el proceso de desarrollo, el aumento y la creciente concentración de la población, los vertidos contaminantes industriales, urbanos y agrícolas están creando ya situaciones peligrosas y de alto impacto para la higiene y la salud humana.

VIII. Que en los últimos 25 años la zona norte y centro del país ha desarrollado crecientes y complejos problemas en relación con los recursos hídricos necesarios para satisfacer sus necesidades presentes y futuras; las comunidades de esas regiones necesitan agua suficiente para cubrir las demandas de la agricultura, industria y uso doméstico, imprescindibles para el desarrollo social y económico.

IX. Que, en la actualidad, en zonas específicas y poblaciones vulnerables no todas las personas cuentan con acceso a agua potable a través de tomas individuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que, además, se vive una situación contrastante, ya que existen zonas con un adecuado manejo del líquido y otras tantas con nulo acceso a ella, o bien, con acceso deficiente puesto que se trata de aguas no tratadas y, por lo tanto, contaminadas.

X. Que es primordial la conservación de las partes altas de las cuencas que contribuyan a la retención y regulación del escurrimiento, a la disminución del riesgo de deslizamientos de tierra, la protección de suelos, flora, fauna y, sobre todo, la infiltración de agua.

XI. Que es necesario incrementar la cultura del agua pues si bien está presente en algunos sectores, es latente la necesidad de incrementar acciones para su adopción, ya que persiste la idea de que el problema del agua se resuelve únicamente con grandes inversiones, sin embargo, si estas inversiones no se acompañan de acciones para su conservación, cada día será más difícil para las instituciones públicas administrar un bien de escasa disponibilidad.

XII. Que, derivado de todo lo anterior, es necesario crear estrategias para asegurar el suministro de agua en los próximos años, así como la conservación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica que necesite nuestro país, apostando a reutilizarla y a tener mayor disponibilidad mediante lo más importante, que es su tratamiento, además de la rehabilitación y construcción de plantas tratadoras que doten de este servicio las colonias y comunidades; igualmente imprescindibles son las obras y acciones destinadas a la conservación de zonas de recarga, bordos, presas y cuencas y con la finalidad de lograr una retención de las aguas superficiales que minimicen los riesgos de inundaciones y contribuyan a la infiltración en los mantos acuíferos.

En este contexto, me permito proponer la creación un mecanismo que permita financiar las obras y acciones referidas con el propósito de mejorar la gestión del agua en nuestro país. Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley que crea el Fondo Nacional Banco del Agua

Artículo Único. Se expide la Ley que crea el Fondo Nacional Banco del Agua, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear el Fondo Nacional Banco del Agua y establecer las disposiciones necesarias para su funcionamiento y operación.

Artículo 2. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Beneficiario(s): Quien(es) recibe(n) los apoyos del Fondo, pudiendo ser cualquier ente público o privado, persona física o moral, individual o colectiva a la que se le apruebe un proyecto.

II. Comité: El Comité del Fondo Nacional Banco del Agua.

III. Cuenta concentradora: La cuenta contable a través de la cual la institución bancaria recibirá los ingresos que integran el Fondo Nacional Banco del Agua para su administración en los términos de este decreto.

IV. Ejecutor Responsable: Responsable de la aplicación y ejecución legal de los fondos públicos que recibe, así como del cumplimiento del proyecto y demás normatividad aplicable.

V. Fondo: El Fondo Nacional Banco del Agua.

VI. Ley: Ley que Crea el Fondo Nacional Banco del Agua.

VII. Proyecto: Estudio, política pública, programa, obra o acción que será propuesto para su aprobación por el Comité.

VIII. Reglas de Operación: Disposiciones que precisarán la forma de operar del Fondo con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

IX. Secretaría: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

X. Solicitante: La entidad pública o privada, persona física o moral, individual o colectiva que presente un proyecto ante la instancia correspondiente para su evaluación y, en su caso, aprobación.

Artículo 3. Corresponderá a la Secretaría, dentro de su ámbito de competencia, la interpretación de la presente Ley para efectos administrativos y la solución a los casos no previstos en la misma.

Artículo 4. Se crea el Fondo Nacional Banco del Agua cuya administración corresponde a la Secretaría en los términos de esta Ley y demás normatividad aplicable.

Artículo 5. El Fondo se integrará con los ingresos que se obtengan por concepto de aportaciones al Fondo Nacional Banco del Agua que cobren los organismos encargados de prestar el servicio público de suministro de agua potable, el cual deberá ser equivalente a $1.00 (un peso 00/100 m.n.) por cada metro cúbico de consumo que se perciba y un tanto similar aportado por el Gobierno federal, debiendo éste estar vigente y ser aplicado a partir del ejercicio fiscal 2026.

Artículo 6. Los recursos correspondientes a cada una de las fuentes se concentrarán en una cuenta bancaria específica, hasta su entrega a los beneficiarios por parte de la Secretaría.

Artículo 7. Los apoyos del Fondo se otorgarán de acuerdo a las reglas de operación que emitan las autoridades correspondientes en el ámbito de su competencia.

Artículo 8. Los apoyos se otorgarán a los beneficiarios para financiar obras destinadas a la creación, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica que necesite el país, preferentemente las que tengan como fin la reutilización y tratamiento del agua, así como la conservación de zonas de recarga, bordos, presas y cuencas para lograr la retención de las aguas superficiales, minimizar los riesgos de inundaciones y ayudar a la infiltración en los mantos acuíferos.

Artículo 9. El Fondo contará con un Comité, el cual será el órgano colegiado encargado de aprobar los proyectos y de determinar la forma en que los recursos se aplicarán a estos.

Artículo 10. El Comité es el órgano colegiado encargado de analizar, autorizar o, en su caso, rechazar los proyectos presentados por los solicitantes, en términos de las reglas de operación y las disposiciones normativas aplicables.

Artículo 11. El Comité se integrará con los siguientes servidores públicos:

a) La persona titular de la dependencia, quien presidirá el Comité y las sesiones del mismo;

b) La Diputada o Diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados;

c) La Diputada o Diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados;

d) La Diputada o Diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados;

e) La Diputada o Diputado presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados;

f) La Diputada o Diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados;

g) La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

h) La persona titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

i) La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y

j) La persona titular de la Comisión Nacional del Agua.

Los integrantes del Comité tendrán voz y voto.

El presidente del Comité podrá invitar a las sesiones del mismo a las personas que considere, las cuales tendrán derecho a voz.

A las sesiones del Comité acudirá un representante del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien se pronunciará en el ámbito de su competencia.

Cada miembro tendrá derecho a designar a un suplente para los casos en que no pueda acudir a las sesiones.

Ante la ausencia del presidente, el Secretario Técnico del Comité presidirá las sesiones del mismo.

El Comité designará un secretario de actas, quien elaborará un acta circunstanciada por cada sesión del Comité que deberá ser suscrita por quienes intervienen en su desahogo.

Artículo 12. El Comité tiene las siguientes facultades:

a) Requerir la información necesaria a los solicitantes;

b) Autorizar o, en su caso, rechazar los proyectos;

c) Requerir al solicitante la modificación de los alcances del proyecto;

d) Elaborar, diseñar, aprobar y publicar las convocatorias a que se refiere la presente Ley;

e) Elaborar, diseñar y aprobar el texto del convenio de ejecución, cuando aplique, y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley;

f) En caso de incumplimiento a la normatividad aplicable por parte de los solicitantes y/o ejecutores, suspender y/o cancelar el suministro de los apoyos otorgados;

g) Establecer procedimientos y mecanismos de verificación, control, seguimiento y registro de las operaciones realizadas con los recursos;

h) Conocer las actividades de orden técnico, operativo y administrativo relacionadas con los proyectos;

i) Solicitar a quien corresponda el ejercicio de cualquier acción legal en contra de los beneficiarios por incumplimiento en la realización del proyecto, de acuerdo con el convenio de ejecución respectivo o con lo establecido en cualquier disposición aplicable, así como solicitar la devolución del recurso económico por el uso inadecuado del mismo o por contravenir lo señalado en las reglas de operación o normatividad aplicable, y

j) Las demás que se señalen en esta Ley.

Artículo 13. El Comité será auxiliado por el Subcomité Técnico de Evaluación y Seguimiento, el cual se integrará con los servidores públicos que el Comité designe, quienes se encargarán de analizar y determinar que los proyectos cumplen con las especificaciones señaladas en la presente Ley, en las reglas de operación, en la convocatoria y demás normatividad aplicable, a efecto de evaluar su factibilidad y viabilidad técnica, así como para desempeñar las demás funciones que le atribuye esta Ley.

Artículo 14. Condicionado a la suficiencia presupuestaria con la que se cuente y de acuerdo a la normatividad aplicable, el Subcomité Técnico de Evaluación y Seguimiento podrá consultar, cuando lo estime conveniente, la opinión de expertos que, por su área de conocimiento y experiencia, puedan aportar elementos técnicos para la evaluación de los proyectos.

Artículo 15. Los recursos podrán aplicarse, previa factibilidad financiera, a los proyectos aprobados destinados a la creación, conservación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica que necesite el país, preferentemente las que tengan como fin la reutilización y tratamiento del agua, así como la conservación de zonas de recarga, bordos, presas y cuencas para lograr la retención de las aguas superficiales, minimizar los riesgos de inundaciones y ayudar a la infiltración en los mantos acuíferos.

Artículo 16. El Comité podrá autorizar recursos del Fondo para destinarlos como aportación a programas o proyectos compatibles con los objetivos de éste y acorde a las reglas de operación.

Artículo 17. Los apoyos derivados del Fondo podrán destinarse para cubrir la totalidad o parte del costo del proyecto que se apruebe.

Artículo 18. En caso de que el Comité apruebe un proyecto, la Secretaría suscribirá con el beneficiario el respectivo convenio de ejecución dentro de los quince días hábiles posteriores a la aprobación.

Artículo 19. Son obligaciones de la Secretaría:

a) Recibir en sus oficinas o en los puntos que habilite las cartas, cédulas, oficios de solicitud y los proyectos señalados, y

b) Las demás que se deriven de las reglas de operación y demás normatividad aplicable y las necesarias para cumplir con la presente Ley.

Artículo 20. Son derechos de los beneficiarios y/o de los ejecutores responsables:

a) Recibir los recursos económicos o en especie que le hayan sido asignados, y

b) Recibir la asesoría e información necesaria respecto a la aplicación de las reglas de operación y sobre la ejecución del proyecto aprobado.

Artículo 21. Son obligaciones de los beneficiarios y/o de los ejecutores responsables:

a) Cumplir las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia laboral y de seguridad social respecto al desarrollo del proyecto.

b) Cumplir con las condicionantes para llevar a cabo el proyecto que le sean determinadas por el Comité en la resolución correspondiente, y

c) Las demás que se deriven de la presente Ley, de las reglas de operación y de la normatividad aplicable.

Artículo 22. La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con las dependencias y entidades encargadas de la operación de proyectos aprobados para determinar sus obligaciones como ejecutores responsables del gasto.

Artículo 23. Los plazos se interrumpirán si la información proporcionada por el beneficiario o el ente público que corresponda presenta errores o deficiencias que impidan la realización de las transferencias correspondientes y se reanudará a partir de que se corrija dicha situación por parte del interesado.

Artículo 24. Los apoyos deberán destinarse únicamente al cumplimiento de los objetivos y conceptos establecidos en el proyecto y cumplir con las condiciones previstas por el Comité en la resolución correspondiente. Los recursos conservarán su naturaleza de carácter nacional, por lo que en su asignación y ejecución deberán observarse las disposiciones jurídicas nacionales aplicables, sujetándose a los objetivos y/o indicadores de desempeño y/o a las metas que se determinen, por lo que el beneficiario y/o el ejecutor responsable asume la obligación del buen uso, aplicación y destino de los citados recursos.

Artículo 25. Los apoyos para la ejecución de los proyectos se ministrarán dependiendo de lo determinado por el Comité al aprobarlo.

Artículo 26. Los recursos remanentes derivados de economías, junto con los rendimientos financieros obtenidos, así como los ociosos o empleados indebidamente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación a través de la Secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes al término del proyecto.

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría la vigilancia, aplicación y ejecución del presente instrumento.

Artículo 28. Considerando que los apoyos que el Comité asigna son de naturaleza pública, la auditoria, control, supervisión y seguimiento de los mismos serán realizadas por las instancias competentes en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 29. El beneficiario y/o el ejecutor responsable deberá entregar al Comité informes mensuales de avance de la ejecución del proyecto a partir de la entrega del apoyo, así como un informe final. Dichos informes deberán reflejar los alcances en su componente físico y financiero con la documentación comprobatoria (copia de las facturas y, en su caso, de los estados de cuenta bancarios mensuales para verificar el ejercicio del recurso, así como la memoria fotográfica respectiva).

Artículo 30. El Subcomité de Evaluación y Seguimiento evaluará la ejecución de los proyectos mediante visitas de verificación en campo y la revisión de los reportes mensuales y final del estado de avance del proyecto y, en caso de detectar posibles irregularidades, podrá investigar y, en su caso, recomendar las acciones legales o administrativas procedentes, informándole de las mismas al Comité.

Artículo 31. La Secretaría y/o el Comité, a efecto de verificar la correcta aplicación de los apoyos, podrá solicitar a quienes los reciban la información que requiera para tales efectos.

Artículo 32. Los beneficiarios y entes públicos que reciban los apoyos proporcionarán a la Secretaría y al Comité, por escrito, la información que estos les requieran para el ejercicio de sus funciones relacionadas con el Fondo y les comunicarán cualquier modificación a la que hayan proporcionado.

Artículo 33. Los apoyos están sujetos a las facultades de fiscalización por parte de las autoridades correspondientes y, por ende, es responsabilidad de la Secretaría que su ejercicio se efectúe de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Artículo 34. La Secretaría publicará trimestralmente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa a los montos que se reciban.

Artículo 35. En caso de incumplimiento por el beneficiario y/o el ejecutor responsable, la Secretaría, a través del Comité o de su Secretario Técnico, bajo su más estricta responsabilidad, procederá en los siguientes términos:

a) Suspenderá las ministraciones de recursos presupuestarios o, en su caso, rescindirá en sede administrativa el convenio de ejecución, y

b) Requerirá al beneficiario y/o el ejecutor responsable para que, en el plazo que se le otorgue, subsane los incumplimientos existentes.

Artículo 36. La Secretaría notificará a los entes públicos que correspondan y al Comité el incumplimiento del Ejecutor y la sanción impuesta.

Artículo 37. La entidad pública o privada, persona física o moral que como beneficiario y/o ejecutor responsable del proyecto presente incumplimientos, no podrá acceder a los recursos de este programa en futuras convocatorias.

Artículo 38. Cuando una entidad pública constituida como beneficiario o ejecutor responsable de un proyecto incurra en incumplimiento respecto de las obligaciones consignadas en las reglas de operación, el caso será turnado a la instancia de fiscalización correspondiente.

Artículo 39. Tratándose de incumplimientos en la realización del proyecto con motivo de causas ajenas a la voluntad del beneficiario y/o ejecutor responsable por caso fortuito o de fuerza mayor, éste podrá solicitar por escrito ante el Comité la recalendarización, modificación o cancelación del proyecto y, en su caso, los términos para reintegrar los apoyos recibidos, debiendo justificar la causa que motivó el incumplimiento, junto con los documentos que acrediten su dicho. El Comité analizará el caso por el que se solicita y determinará la procedencia de la misma.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reglas de operación referidas en el artículo 7 de este decreto deberán ser emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Ricardo Astudillo Suárez, José Luis Hernández Pérez, Celia Esther Fonseca Galicia, Liliana Carbajal Méndez, Magda Erika Salgado Ponce (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de distribución de contenido de maltrato animal, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruiz Moreno, diputadas federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto: “que modifica los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de distribución de contenido en materia de maltrato animal”, considerando la siguiente

Las plataformas de redes sociales desempeñan un papel central en la difusión de información, ideas y contenido que conecta a millones de personas en todo el mundo actualmente.

No obstante, también han abierto la puerta a la proliferación de material que normaliza o promueve conductas violentas e inhumanas, entre las que destaca el maltrato animal. Lo que no solo representa una violación de los derechos de los animales, sino que también fomenta una cultura de insensibilidad y violencia.

El maltrato animal es un problema ético y legal ampliamente reconocido a nivel global. Diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978, y normativas nacionales en muchos países, buscan erradicar este tipo de violencia.

Sin embargo, la circulación de videos, imágenes y transmisiones que muestran actos de crueldad contra animales sigue siendo alarmantemente común en las redes sociales.

La exposición constante a este tipo de contenido no solo perjudica a quienes lo consumen, sino que refuerza comportamientos dañinos en quienes lo producen y comparten, generando un ciclo de normalización de la violencia.

Y si a ese esquema de socialización se le suma la inacción de las plataformas en la prevención y eliminación de este contenido las convierte en cómplices indirectos de dichas prácticas.

En muchos países, el maltrato animal está tipificado como delito en sus códigos penales y legislaciones secundarias. No obstante, el marco jurídico vigente no aborda con suficiente claridad la responsabilidad de las plataformas digitales en la difusión de este contenido.

Esto genera un vacío legal que permite que estas empresas evadan cualquier consecuencia, a pesar de que sus propias políticas de uso generalmente prohíben la publicación de contenido violento o que incite al odio.

Es necesario que se garantice que las plataformas digitales cumplan con su responsabilidad social y jurídica, protegiendo tanto a los animales como a las comunidades digitales.

Eso es lo que motiva la formulación y presentación de este proyecto, que tiene como propósito establecer sanciones claras y proporcionales para las plataformas que permitan la distribución de contenido que promueva, muestre o trivialice el maltrato animal.

El objetivo es que se llegue a un escenario en el que:

1. Se fomente la implementación de mecanismos efectivos de detección y eliminación de contenido relacionado con el maltrato animal.

2. Se promueva la colaboración entre las plataformas digitales, autoridades y organizaciones defensoras de los derechos de los animales.

3. Se garantice el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional relacionada con el bienestar animal.

4. Se limite o elimine la producción y distribución de contenido violento contra animales.

La regulación de las plataformas digitales en este ámbito tendría un impacto positivo en varios niveles:

1. Protección de los derechos de los animales: Reducirá la exposición y normalización de actos de crueldad, desincentivando estas prácticas.

2. Fortalecimiento del tejido social: Fomentará una cultura de respeto, empatía y responsabilidad hacia los seres vivos.

3. Responsabilidad corporativa: Obligará a las plataformas a implementar medidas más robustas para moderar su contenido, asumiendo un compromiso ético en su operación.

Con esta iniciativa, en lo absoluto se busca limitar la libertad de expresión, sino establecer un equilibrio entre este derecho fundamental y la necesidad de combatir la violencia en todas sus formas, incluyendo el maltrato animal.

Al sancionar a las plataformas que permitan la difusión de este contenido, se avanza en la construcción de una sociedad más consciente, justa y respetuosa con todos los seres vivos.

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretenden llevar a cabo, se presenta el siguiente cuadro:

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se modifican los artículos 308 y 309 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de distribución de contenido en materia de maltrato animal

Único. Se reforma el artículo 309 y se adiciona un inciso D) al artículo 308 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 308. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella en materia de contenidos audiovisuales, se sancionarán por la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo siguiente:

A) a C) ...

D) Con multa por el equivalente de 3 hasta el 7 por ciento de los ingresos del concesionario, autorizado o programador, por permitir la transmisión o distribución de contenido audiovisual en el que se evidencien actos en los que se incurra en maltrato a cualquier especie animal y no tenga algún fin destinado a la denuncia y en el que se censure el material sensible.

...

Artículo 309. En el caso de las infracciones previstas en el artículo anterior, para la imposición de las sanciones se considerará la intencionalidad del infractor. Exceptuando lo contenido en el inciso D), el cual será aplicado directamente sin considerar intencionalidad.

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - Las treinta y dos legislaturas locales deberán modificar su legislación en la materia y adaptarla a lo previsto en el presente decreto en un plazo máximo de 180 días a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputadas y diputado: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Ana Isabel González González, Luis Gerardo Sánchez Sánchez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, en materia de sanciones por ejercicio de la salud mental sin título profesional o cédula, suscrita por las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

De las diputadas Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel y Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto: “que modifica los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, en materia de sanciones por ejercicio de la salud mental sin título profesional o cédula”, considerando la siguiente

La salud mental constituye un pilar fundamental para el desarrollo social y personal de los individuos. Pues no se puede concebir la construcción de un individuo sin la constitución de una salud integral en la que su salud mental sea debidamente atendida.

Sin embargo, recientemente han proliferado personas que sin la debida formación académica ni acreditación profesional están ofreciendo servicios destinados a la atención de la salud mental, exponiendo a los usuarios a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados o incluso a un daño psicológico irreversible.

El Artículo 79 de la Ley General de Salud establece que el ejercicio profesional en el área de la salud debe estar respaldado por un título y cédula profesional registrados ante las autoridades competentes, como se cita a continuación:

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, farmacia, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, partería profesional, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Sin embargo, las sanciones actuales, contenidas en el Artículo 421 de esta misma Ley y que se complementan por el Artículo 250 del Código Penal Federal, resultan insuficientes para sancionar debidamente estas prácticas ilícitas, que atentan contra el derecho a una atención adecuada y profesional.

El ejercicio ilegal de profesiones en salud mental no solo pone en riesgo la integridad emocional y física de las personas, sino que además desacredita la labor de profesionales con la debida y necesaria capacitación en la materia.

Entre las consecuencias de estas prácticas ilegales se encuentran:

• Diagnósticos erróneos o terapias inadecuadas que empeoran las condiciones de los pacientes.

• En casos graves, como planteamientos suicidas o trastornos severos, una atención no calificada puede derivar en la pérdida de vidas humanas.

• Cobro de servicios sin garantizar estándares de calidad profesional.

Por eso la necesidad de reformar la legislación vigente para endurecer las penas, no con un motivo punitivo, sino con el fin de que la pena sea lo suficientemente considerable para desincentivar esta práctica ilegal. Así como el cuidado de los derechos de las personas para recibir servicios de salud de calidad y la dignificación de las profesiones relacionadas con la salud mental.

Este proyecto no solo refuerza el cumplimiento de la ley, sino que responde a una demanda social apremiante en un contexto donde los índices de trastornos mentales están en aumento.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, de enero a septiembre de 2024, se atendieron a 303,356 personas (205,336 mujeres y 98,020 hombres) por distintas condiciones de salud mental en el Sistema de Salud. Las condiciones más prevalentes fueron la ansiedad (52.8 por ciento) y la depresión (25.1 por ciento).

Por eso la necesidad de actualizar el marco legal y endurecer las sanciones, con el fin de salvaguardar la salud mental, la dignidad y la vida de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretenden llevar a cabo, se presentan los siguientes cuadros:

Ley General de Salud

Código Penal Federal

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se modifican los artículos 422 de la Ley General de Salud y 250 del Código Penal Federal, en materia de sanciones por ejercicio de la salud mental sin título profesional o cédula

Primero. Se reforma el artículo 422 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 422. Las infracciones no previstas en este capítulo serán sancionadas con multa equivalente hasta por veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 418 de esta ley.

Segundo. Se reforma el artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 250.- Se sancionará con prisión de tres a diez años y multa de trescientos a quinientos días a quien:

I.- a IV.- ...

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04_DATOS_SM_2024.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputadas y diputado: Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Ana Isabel González González, Luis Gerardo Sánchez Sánchez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, al tenor de la siguiente

La gestión integral de los recursos hídricos constituye un reto actual de la mayor relevancia para el desarrollo sustentable y sostenible de México, dado que este asunto de la agenda pública presenta desafíos que hacen impostergable su atención inmediata.

De lo contrario, la situación de crisis que ya se tiene en esta materia se agravará con lamentables consecuencias para la población humana y el buen estado del medio ambiente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas, sustentada en 17 Objetivos vigentes a partir del 2016; tiene como propósito intensificar los esfuerzos “para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás”.

El objetivo número 6, titulado “Agua Limpia y Saneamiento”, define que “el agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir”, cuando se precisa que “hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño”.

Ello, cuando se argumenta que “la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo”.

Se fundamenta asimismo que “la sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición.”, al estimarse que “para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce”.

El sexto objetivo que busca “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, refiere que “el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar”.

La ONU alerta que “miles de millones de personas no tendrán acceso a estos servicios básicos en 2030 a menos que se cuadrupliquen los avances”. Enuncia que “el rápido crecimiento de la población, la urbanización y las crecientes necesidades en materia de agua de los sectores agrícola, industrial y energético están provocando un aumento de la demanda de agua”.

“La demanda de agua ha superado el crecimiento demográfico y la mitad de la población mundial actualmente sufre una escasez de agua grave durante al menos un mes al año. Se prevé que la escasez de agua aumente con el incremento de las temperaturas globales, provocado a su vez por el cambio climático”, advierte el organismo.

Cita que “entre las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible de aquí a 2030 se encuentran las inversiones en infraestructuras e instalaciones de saneamiento, la protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, así como la educación en materia de higiene”.

Así también, indica que “la mejora del uso eficiente de los recursos hídricos es una de las claves para reducir el estrés hídrico”.

La agenda pública en materia de recursos hidráulicos se sitúa como un asunto de enorme dimensión e importancia, dado los retos que presenta ante una demanda creciente del recurso agua.

Especialistas en el estudio del tema han precisado que se requieren por ello medidas integrales, para garantizar no sólo la disponibilidad, sino también la suficiencia y calidad en el abasto, además del tratamiento adecuado del líquido.

Frente a los retos que la agenda en referencia impone, dados los requerimientos de suministro y tratamiento de agua que los asentamientos humanos y las actividades productivas habrán de presentar, el sector público deberá realizar en consecuencia aquellas acciones necesarias para ello, donde esté presente también la ejecución de proyectos de rehabilitación, así como de construcción y ampliación de la infraestructura correspondiente.

Si bien en el caso particular de México la política en materia hídrica ha registrado en los años recientes un incremento en la oferta, que ha garantizado el suministro del recurso agua y que se significó por una respuesta aceptable a los requerimientos crecientes del vital líquido; lo es también que ha ocurrido una sobreexplotación de acuíferos y contaminación de cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, entre otras consecuencias.

El sector público reconoce entonces que de cara a los retos que impone la agenda en referencia, se hace necesario impulsar la sustentabilidad del recurso agua a través de un enfoque central, donde las estrategias a seguir para este propósito sean motivo de evaluación permanente y se garantice la suficiencia presupuestal para el financiamiento de la debida gestión; a través de políticas públicas articuladas.

El diagnóstico contenido en el documento público “Agenda del Agua 2030”, elaborado por la Comisión Nacional del Agua y editado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, resume que “el país presenta un desequilibrio entre disponibilidad hídrica y demanda”, dado que “existen cuencas donde se utiliza un bajo porcentaje del agua total disponible, y en otras en que utiliza más de 100 por ciento”.

Revela que “asegurar el abastecimiento de la demanda de forma sustentable requerirá inversiones del orden de 306 mil millones de pesos a 2030, que deberán ser aportados por los distintos actores que intervienen en la gestión del agua”.

Expone asimismo que “para asegurar la implementación de la solución técnica y lograr cuencas y acuíferos en equilibrio, será necesario concentrase en cuatro líneas de acción”. A saber, “incrementar la modernización (revestimiento de canales primarios y secundarios) y la tecnificación en distritos y unidades de riego hasta el nivel parcelario, continuar con la construcción de infraestructura para abastecer zonas en crecimiento, impulsar la eficiencia de los sistemas de agua potable y saneamiento a través de sectorización y programas de reparación de fuga, e incrementar el uso de tecnologías eficientes en los hogares, comercio y la industria”.

Se añade que “la desigual disponibilidad del agua en el territorio nacional, la dinámica poblacional, del desarrollo de las actividades económicas, los asentamientos urbanos desordenados, la degradación de las cuencas, la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos de las sequías e inundaciones, constituyen la problemática principal del sector hídrico de México, cuya tendencia a futuro pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos hídricos”.

“La cobertura universal tanto en abasto de agua como en alcantarillado y tratamiento son objetivos deseables y viables de alcanzar en el mediano y largo plazo”, abunda el estudio cuando revela que, para esto “será necesario realizar reformas profundas a la organización institucional actual, pues además de invertir un importante volumen de recursos financieros y aplicarlos con eficiencia; se requiere administrar adecuadamente los sistemas, movilizar a todos los actores implicados, desarrollar capacidades suficientes en los organismos y empresas operadoras; mejorar el marco legal que actualmente ampara y regula la prestación de los servicios”, donde impere también “dar un lugar destacado a los gobiernos estatales y reforzar, tanto a los municipios como a la institución federal responsable de la administración nacional de los recursos hídricos, para que, en un marco de responsabilidades compartidas concurran a resolver los déficits actuales”.

Indica además que “en la reforma de los actuales sistemas deberá tomarse en cuenta que el sector agua y saneamiento afronta una grave crisis de sostenibilidad financiera y operativa”, al fundamentar que “salvo unas cuantas localidades, generalmente las cabeceras, de algunos municipios, que han logrado desarrollar sus correspondientes organismos operadores con modelos operativos y económicos relativamente eficaces que les han permitido incrementar la cobertura de los servicios conforme al crecimiento de la población, el resto de las localidades cuentan con organismos operadores desarticulados, sin autonomía de operación técnica ni financiera y con fuentes presiones de la población a la que tienen obligación de servir”.

Respecto a esta situación, refiere que los ingresos de los organismos operadores “son apenas suficientes para cubrir costos básicos de operación, llevar a cabo algunas acciones de mantenimiento correctivo y ejecutar pequeñas obras y muchas veces no alcanzan a pagar la electricidad”, además de que “aunado a ello, con frecuencia se sobrexplotan los acuíferos o los contaminan debido al ineficiente uso del agua, a la disposición inadecuada de la basura y los dese-chos, y a la descarga de sus aguas residuales sin el tratamiento necesario”.

Ante tales circunstancias, se hace necesario “contar con un marco jurídico y financiero que permita, tanto el desarrollo de la infraestructura hidráulica necesaria, como su correcta operación, para lograr que se presten servicios eficientes de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”, postula el documento; al resaltar que el propósito tiene como fin, “garantizar la salud y elevar el nivel de bienestar de la población”.

Al hablar de subsidiariedad, en el documento se menciona que “dentro del marco de sus atribuciones legales, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben evaluar permanentemente la disposición y la capacidad de autocontrol de los usuarios y de los organismos encargados de la gestión o de la prestación de servicios, fomentar las conductas sustentables y el desarrollo de las capacidades de gestión”. Inclusive y de ser necesario, “intervenir temporalmente en aquellos casos en que la instancia responsable carezca de las capacidades para cumplir con su responsabilidad en la administración de los recursos hídricos y en la provisión de servicios a los particulares”.

Particularmente preciso cuando se analizan los aspectos en materia de inversión y financiamiento, el diagnostico fundamenta que “un factor determinante para hacer realidad la visión de la Agenda del Agua que significa ríos limpios, cuencas y acuíferos en equilibrio, cobertura universal de agua potable y alcantarillado, y asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas, así como mantener y operar la infraestructura hidráulica del país, y llevar a cabo las acciones de gobierno del agua, es asegurar en los próximos años la continuidad y la disponibilidad de la asignación y aplicación de los recursos económicos requeridos”.

Se puntualiza incluso que “el diseño e instrumentación de programas de financiamiento debe contribuir con claridad y eficiencia al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Agenda 2030, así como a realizar el fortalecimiento institucional del sector a través de las acciones de gobierno del agua, incluyendo los referentes a la capacidad técnica, administrativa y de utilización de tecnología”.

Se advierte además que de “no realizar las acciones que se plasman en la Agenda del Agua, implicaría que en el año 2030 se tendría una demanda no satisfecha aproximada de 18 mil millones de metros cúbicos”, donde “la existencia de esta brecha futura implicaría actividades productivas que no podrían realizarse por la falta de agua”.

En el documento se precisa puntualmente que “los desafíos del agua son grandes y complejos, pero superables, si actuamos con determinación y unidad y si el esfuerzo se despliega de forma consistente y continuada”. Indica que para este propósito “tenemos que sumar voluntades, capacidades y recursos”; respecto de lo cual “tenemos que cambiar nuestro modo tradicional de relacionarnos con el agua; no podemos seguirla viendo como un recurso inagotable, sino como un bien escaso y costoso que es necesario manejar responsablemente para nuestro beneficio y para el de las futuras generaciones”.

Una segunda publicación, titulada “Agenda del Agua 2030, avances y logros de 2012” , elaborado por la misma Conagua y editado también por la Semarnat, precisa que “los desafíos que impone el agua a largo plazo son grandes y complejos, pero son superables si se actúa con determinación, compromiso y de forma consistente y continuada”.

Se expone asimismo que “el agua no puede seguir siendo vista como un recurso inagotable, porque ya es, y lo será mayormente en el futuro, un bien escaso y costoso que se debe manejar responsablemente como elemento de vida y para beneficio de las actuales y futuras generaciones”.

El documento abunda al respecto que “se requieren inversiones anuales en promedio superiores a los 50 mil millones de pesos para actuar principalmente en medidas que aumenten la eficiencia de los usos agrícola y público urbano” y advierte que de “no actuar implica crecientes costos de oportunidad por demanda industrial no satisfecha que alcanzarían órdenes de magnitud de 1.5 billones de pesos anuales al 2030”.

Enunciado lo anterior, el estudio a cargo de la Conagua expone que “el dinero no es la única dificultad por superar ni la más compleja, la mayoría de las iniciativas tienen que ver con la reasignación de atribuciones legales, el desarrollo de capacidades y la instrumentación de incentivos para fortalecer el Sistema Nacional de Gestión del Agua en sus ámbitos nacional y regional”. En virtud de lo cual “se requiere formular y desplegar la estrategia nacional de ordenamiento territorial, para lo cual se propone la unificación en una sola Secretaría de Estado de las atribuciones que en esta materia están dispersas en cuatro dependencias”.

Así cobra importancia la propuesta de que sea creada nuevamente la Secretaría de Recursos Hidráulicos, como un ente de la administración pública federal que, con la calidad de ese rango y desde la visión de un mando institucional único, dará un tratamiento integral a los asuntos en materia hídrica.

Voces diversas y autorizadas han expresado que con la creación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos se dejaría de lado una visión meramente administrativista, toda vez que es de estimarse que la nueva dependencia habría de contar con mayores facultades; lo cual significaría la recuperación y aplicación de una efectiva política en la materia. Una necesidad imperante ahora que en el país la disponibilidad del recurso hídrico presenta una desigual distribución regional y estacional.

Dada su importancia, el asunto enunciado requiere de una gestión integral, cuyo objetivo prioritario esté en alcanzar una mejor administración, desde un óptimo consumo, uso y aprovechamiento del agua en todas las vertientes del proceso productivo; desde el suministro hasta el saneamiento que garantice la sustentabilidad y sostenibilidad de este recurso.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Único. Se reforman las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI y XXII del artículo 26, así como II, IV, V, XIV y XXXIX del artículo 32 Bis; se adicionan el artículo 32 Ter y la fracción XXIII al artículo 26; y se derogan las fracciones XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

I. a VIII. ...

IX. Secretaría de Recursos Hidráulicos;

X. Secretaría de Energía;

XI. Secretaría de Economía;

XII. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XIII. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;

XIV. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

XV. Secretaría de Educación Pública;

XVI. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación;

XVII. Secretaría de Salud;

XVIII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

XIX. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XX. Secretaría de Cultura;

XXI. Secretaría de Turismo;

XXII. Secretaría de las Mujeres; y

XXIII. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Artículo 32 Bis. ...

I. ...

II. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;

III. ...

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos, así como establecer otras disposiciones administrativas de carácter general en estas materias y otras de su competencia, para la interpretación y aplicación de las normas oficiales mexicanas;

V. Vigilar, promover y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas, programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, bosques y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, iniciar los procedimientos de inspección respectivos, imponer las sanciones y ordenar las medidas de seguridad que resulten procedentes;

VI. a XIII. ...

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias y entidades que correspondan;

XV. a XXII. ...

XXIII. (Se deroga)

XXIV. (Se deroga)

XXV. (Se deroga)

XXVI. (Se deroga)

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. (Se deroga)

XXIX. (Se deroga)

XXX. (Se deroga)

XXXI. (Se deroga)

XXXII. a XXXVIII. ...

XXXIX. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar;

XL. a XLII. ...

Artículo 32 Ter. A la Secretaría de Recursos Hidráulicos corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, evaluar y dar seguimiento a la política hídrica nacional;

II. Conducir la política nacional en materia de recursos hidráulicos;

III. Evaluar la calidad y cantidad de los recursos hidráulicos;

IV. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso que se requieran para el aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos;

V. Administrar, regular el uso y promover el aprovechamiento con sustentabilidad de los recursos hidráulicos;

VI. Concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección de los recursos hidráulicos;

VII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización tendiente a mejorar la capacidad de gestión y el uso sustentable de los recursos hidráulicos;

VIII. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, así como reconocer derechos en materia de recursos hidráulicos;

IX. Fomentar el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a cargo de las autoridades del ámbito local, brindando a éstas apoyo técnico;

X. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades de los ámbitos estatal y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad de los recursos hidráulicos;

XI. Diseñar y operar con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, los mecanismos para la adopción de instrumentos económicos requeridos para la protección y conservación de los recursos hidráulicos;

XII. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, excluyendo aquello que se atribuya expresamente a otra dependencia;

XIII. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones determinadas para las descargas de aguas residuales, sean de jurisdicción federal, estatal y municipal;

XIV. Coordinar con la Secretaría de Educación Pública acciones para el fortalecimiento de los contenidos de planes y programas de estudios en materia de protección y conservación de los recursos hidráulicos;

XV. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, hidrológicos y geohidrológicos, además del sistema meteorológico nacional, y participar en los convenios internacionales sobre la materia;

XVI. Organizar, dirigir y reglamentar en cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, los trabajos de hidrología que correspondan;

XVII. Controlar los ríos y demás corrientes y realizar la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones;

XVIII. Promover el ordenamiento en materia de recursos hidráulicos dentro del territorio nacional, con la participación de los particulares y la debida coordinación de las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal;

XIX. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a los gobiernos de los estados y de los municipios, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación,

XX. Promover y, en su caso, ejecutar y operar las obras de infraestructura y los servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas;

XXI. Impulsar con los organismos de promoción de la cultura y los medios de comunicación social, iniciativas tendentes a la formación de actitudes y valores para la protección de los recursos hidráulicos;

XXII. Estimular que las instituciones de educación superior y los centros de investigación lleven a cabo programas para la formación de especialistas, proporcionen conocimientos e impulsen la investigación científica y tecnológica en materia de recursos hidráulicos;

XXIII. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;

XXIV. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, con la correspondiente participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XXV. Ejecutar las obras hidráulicas derivadas de tratados y acuerdos internacionales;

XXVI. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la debida participación de los usuarios, en los términos que determinen las leyes y reglamentos;

XXVII. Vigilar en coordinación con las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, el cumplimiento de las leyes, las normas oficiales mexicanas y los programas en y relacionados con la materia de recursos hidráulicos;

XXVIII. Promover la participación social, así como de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de las políticas públicas en materia de recursos hidráulicos;

XXIX. Participar en la dotación de agua a los centros de población e industrias;

XXX. Programar, proyectar, construir, administrar, operar y conservar por sí, o por medio del otorgamiento de la asignación o concesión que en su caso se requiera, aquellas obras y servicios necesarios para la captación, potabilización, tratamiento, conducción y suministro de aguas de jurisdicción federal;

XXXI. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos;

XXXII. Imponer las sanciones que procedan cuando ocurra la violación a disposiciones legales específicas en materia de recursos hidráulicos;

XXXIII. Llevar a cabo la administración del sistema hidrológico del valle de México;

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, cualquier disposición respecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyas atribuciones en materia de recursos hidráulicos se derogan por virtud de este decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Tercero. El titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda al despacho de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.

Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo Federal instruirá el traspaso de personal, recursos financieros, materiales, bienes inmuebles, archivos y expedientes de la Comisión Nacional del Agua que correspondan a la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en un plazo que correrá a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta que entre en funciones la nueva dependencia.

Quinto. La Secretaría de Recursos Hidráulicos entrará en funciones a partir del ejercicio presupuestal de 2026.

Fuentes de consulta

https://www.un.org/es/impacto-académico/page/objetivos-de-desarr ollo-sostenible

Documento: Agenda del Agua 2030, Comisión Nacional del Agua, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://unstats.un.org/unsd /envaccounting/ceea/archive/Water/SGP-3-11Cuadernillo-Agenda-del-Agua2030.pdf

Documento: Agenda del Agua 2030 Avances y logros 2012, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.conagua.gob.mx/ CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGP-10-12baja.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2025.– Diputados y diputada: Jesús Fernando García Hernández, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Mario Zamora Gastélum, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Oscar Bautista Villegas, Noel Chávez Velázquez, Jesús Roberto Corral Ordóñez, (rúbricas)»

«Iniciativa de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el nombre de Frida Kahlo, a cargo de la diputada Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, diputada federal integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, 72, 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se que se inscribe con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados el nombre de Frida Kahlo, al tenor de lo siguiente:

El arte y la cultura son reflejos de la identidad de un pueblo, y en México, pocas figuras han alcanzado una repercusión tan profunda y duradera como Frida Kahlo. Reconocer su legado mediante la inscripción de su nombre en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados es un acto de justicia y reconocimiento a una artista que, a través de su obra, ha elevado el nombre de México a nivel internacional.

Frida Kahlo, cuyo nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Hija de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán que emigró a México a finales del siglo XIX, y Matilde Calderón y González, una mestiza mexicana, Frida creció en un entorno que fusionaba la rica herencia cultural mexicana con influencias europeas. La Casa Azul, su hogar familiar, fue un epicentro de cultura y creatividad, donde Frida desarrolló su amor por el arte y la literatura.

Desde temprana edad, Frida mostró una personalidad fuerte y una mente inquisitiva. Asistió a la Escuela Nacional Preparatoria, una de las instituciones educativas más prestigiosas de México, donde fue una de las primeras mujeres en inscribirse. En este ambiente académico, Frida tuvo la oportunidad de interactuar con figuras intelectuales y políticas de la época, lo que influyó significativamente en su desarrollo ideológico y artístico.

A los seis años, Frida contrajo poliomielitis, una enfermedad que dejó su pierna derecha más delgada y débil en comparación con la izquierda. Este episodio no solo afectó su salud física, sino también su autoestima, ya que la hizo objeto de burlas en la escuela. Sin embargo, la fortaleza de Frida se manifestó desde temprana edad; en lugar de dejarse vencer por la adversidad, desarrolló una resiliencia que la acompañaría durante toda su vida.

Para ayudarla a superar las secuelas de la enfermedad, su padre, Guillermo Kahlo, la animó a practicar deportes como la natación, el ciclismo y el boxeo. Estas actividades no solo fortalecieron su cuerpo, sino que también le inculcaron una disciplina y determinación que serían cruciales en su vida y carrera artística.

Guillermo Kahlo, un talentoso fotógrafo, tuvo una influencia significativa en el desarrollo artístico de Frida. A través de su padre, Frida aprendió a apreciar el arte visual y desarrolló un ojo crítico para los detalles. Guillermo le enseñó técnicas fotográficas y le inculcó una disciplina rigurosa, lo que posteriormente se reflejaría en su meticuloso enfoque hacia la pintura.

La fotografía de Guillermo no solo era un medio de sustento, sino también una forma de arte que influyó en la joven Frida. Sus composiciones fotográficas y su capacidad para capturar la esencia de sus sujetos inspiraron a Frida a explorar su propia forma de expresión artística. Esta influencia temprana en su vida tuvo un impacto duradero, ya que la atención al detalle y la composición se convirtieron en elementos característicos de su obra pictórica.

El 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo, quien tenía 18 años en ese momento, sufrió un grave accidente de tráfico que cambiaría su vida para siempre. Frida y su novio, Alejandro Gómez Arias, estaban viajando en un autobús en la ciudad de México cuando el vehículo colisionó con un tranvía. La magnitud del impacto fue devastadora, provocando que Frida sufriera múltiples lesiones graves. Entre las heridas más graves se encontraban la fractura de su columna vertebral en tres partes, la clavícula rota, costillas fracturadas, una pierna rota en once lugares, un pie aplastado y dislocado, y un pasamanos de hierro que la atravesó desde el abdomen hasta la pelvis.

Este accidente no solo afectó su cuerpo físicamente, sino que también dejó una marca profunda en su psique. Frida experimentó un dolor intenso y prolongado, además de numerosas complicaciones médicas a lo largo de su vida. La gravedad de sus lesiones requirió una atención médica extensa, incluyendo más de 30 cirugías y múltiples períodos de hospitalización, donde su recuperación fue lenta y dolorosa, y durante largos meses, Frida estuvo postrada en la cama, incapaz de moverse.

La recuperación de Frida fue una prueba de su resistencia y fortaleza, en su convalecencia, enfrentó un sufrimiento físico constante que la llevó a explorar nuevas formas de expresión. Encerrada en su propio cuerpo y limitada en su movilidad, comenzó a pintar para escapar de su realidad y expresar sus sentimientos y experiencias. La pintura se convirtió en su refugio y en una herramienta para comunicar el dolor, la angustia y la lucha interna que experimentaba.

Frida solía decir: “Pinto autorretratos porque estoy sola muy a menudo y porque soy la persona a la que mejor conozco”. Sus autorretratos se convirtieron en una ventana hacia su alma, donde plasmaba sus emociones más profundas y su identidad fragmentada. El uso de colores vivos, junto con una mezcla de realismo y elementos surrealistas, permitió a Frida crear un estilo único y reconocible. Su obra no solo reflejaba su sufrimiento físico, sino también su lucha por la autoaceptación y la reivindicación de su identidad.

Fue en este período de inmovilidad y aislamiento que Frida Kahlo comenzó a pintar de manera más seria y comprometida. Su madre, Matilde, le instaló un caballete especial junto a su cama y un espejo en el techo, para que pudiera observarse y pintar sus autorretratos y estas herramientas permitieron a Frida iniciar una carrera artística que la llevaría a convertirse en una de las figuras más emblemáticas del arte del siglo XX.

Sus primeras obras reflejaban su dolor físico y emocional, pero también su capacidad de resistencia y su espíritu indomable. A través de la pintura, Frida encontró una manera de narrar su historia personal, utilizando símbolos y metáforas para representar su condición. Su obra La columna rota es un ejemplo destacado de cómo utilizaba el arte para comunicar su sufrimiento: en este autorretrato, se representa con una columna vertebral rota y un cuerpo atravesado por clavos, simbolizando el dolor constante que padecía.

La relación con el muralista Diego Rivera, a quien conoció poco después del accidente, también fue crucial en el desarrollo de su carrera artística. Rivera reconoció el talento de Frida y la animó a seguir pintando, presentándola a otros artistas e intelectuales de la época y fue través de Rivera, que Frida tuvo la oportunidad de exhibir su obra y ganar reconocimiento tanto en México como en el extranjero.

Frida Kahlo desarrolló un estilo artístico inconfundible que la ha convertido en una de las artistas más reconocidas del siglo XX. Su obra se caracteriza por el uso de colores vibrantes y una fuerte carga de simbolismo personal. A menudo se la asocia con el movimiento surrealista, aunque ella misma rechazaba esta clasificación, afirmando que no pintaba sueños, sino su propia realidad. Su arte es una fusión de elementos del folclore mexicano, el arte popular y el simbolismo personal, que le permitieron crear una narrativa visual poderosa y profundamente introspectiva.

Kahlo utilizaba colores intensos, típicos de la tradición mexicana, como el rojo, el amarillo y el verde, que dotaban a sus pinturas de una energía y vitalidad singulares ya que estos colores no solo eran estéticamente llamativos, sino que también tenían significados simbólicos. Por ejemplo, el rojo a menudo representaba el dolor y la pasión, mientras que el verde simbolizaba la vida y la naturaleza. La combinación de estos colores con elementos de la iconografía mexicana, como corazones sagrados, animales y plantas, creaba un universo visual único que reflejaba su identidad y experiencias personales.

Temas Recurrentes en su Obra

Identidad

La exploración de la identidad es uno de los temas más profundos y recurrentes en la obra de Frida Kahlo. En muchos de sus autorretratos, Kahlo se representaba con atuendos tradicionales mexicanos, resaltando sus raíces indígenas y mestizas. Esta afirmación de su identidad cultural fue especialmente significativa en un contexto posrevolucionario, donde México buscaba reafirmar su identidad nacional. En obras como Autorretrato con traje de terciopelo y Las dos Fridas, Kahlo explora la dualidad de su identidad, su herencia mixta y su sentido de pertenencia a diferentes culturas.

Dolor

El dolor físico y emocional es un tema omnipresente en la obra de Kahlo. Su sufrimiento debido al accidente de autobús y sus problemas de salud recurrentes se reflejan en pinturas como La columna rota y Sin esperanza. En estas obras, utiliza imágenes impactantes y simbolismo para expresar su dolor: columnas rotas, cuerpos fragmentados y lágrimas visibles. Este enfoque honesto y directo hacia el sufrimiento le permitió conectar profundamente con los espectadores, transmitiendo una sensación de vulnerabilidad y resistencia.

Amor

El amor, en sus múltiples formas, también es un tema central en la obra de Kahlo. Su relación tumultuosa con Diego Rivera, su marido y compañero artista, se convierte en una fuente constante de inspiración y conflicto. Obras como Diego en mi pensamiento y Autorretrato con collar de espinas y colibrí reflejan su amor intenso y complicado. En estas pinturas, Kahlo aborda el amor romántico, pero también explora el amor propio y la autovaloración a través de sus autorretratos, donde se presenta con dignidad y fortaleza, a pesar de sus desafíos personales.

Maternidad

La maternidad, o la ausencia de ella, es otro tema recurrente en la obra de Kahlo. Debido a sus problemas de salud, Frida sufrió varios abortos espontáneos, lo que le impidió tener hijos. Esta experiencia traumática se refleja en obras como Hospital Henry Ford y Mi nacimiento. En estas pinturas, Kahlo expresa su dolor y tristeza por la pérdida de sus embarazos y su deseo no cumplido de ser madre. La forma en que aborda la maternidad en su arte es cruda y emotiva, utilizando símbolos de fertilidad y vida para contrastar con la pérdida y el dolor.

Relación con su Propio Cuerpo

La relación de Frida Kahlo con su propio cuerpo es un tema central en su obra. A través de sus autorretratos, Kahlo explora su identidad física y emocional, su sufrimiento y su fortaleza. Su cuerpo, a menudo representado de manera fragmentada o intervenida, se convierte en un lienzo para narrar su historia personal. En La columna rota, su cuerpo aparece fragmentado y sujeto por un corsé de metal, simbolizando su fragilidad y su resistencia. En Árbol de la esperanza, mantente firme, Kahlo se representa a sí misma con dos mitades: una sana y otra herida, mostrando su lucha constante entre el dolor y la esperanza.

Obras Más Destacadas

Las dos Fridas, de 1939, es una de las obras más famosas y complejas de Frida Kahlo. Este gran óleo sobre lienzo, con dimensiones de 173 x 173 cm, representa dos figuras de Frida sentadas una al lado de la otra, unidas por una vena que conecta sus corazones. A la izquierda, Frida aparece vestida con un traje de novia europeo, con el corazón expuesto y sangrando. A la derecha, Frida está vestida con un traje tradicional mexicano, sosteniendo un pequeño retrato de Diego Rivera, su esposo. La vena que conecta los corazones de ambas Fridas está cortada y sangra sobre el vestido de la Frida vestida de blanco, mientras que la Frida vestida de tehuana detiene el sangrado con una pinza quirúrgica.

Esta pintura fue creada poco después de su divorcio de Diego Rivera en 1939, reflejando su dolor emocional y su lucha interna. La obra representa la dualidad de su identidad y su conflicto entre las diferentes partes de su ser. La Frida vestida de blanco simboliza su herencia europea y la parte de sí misma que sentía rechazada por Rivera, mientras que la Frida vestida de tehuana representa su identidad mexicana y la parte que aún amaba y se aferraba a su esposo. Este autorretrato doble explora temas de identidad, amor, pérdida y dolor, y es una representación poderosa de su resiliencia y autoexploración.

A su vez, La columna rota es una de las obras más desgarradoras de Frida Kahlo. En esta pintura, Frida se representa a sí misma con el torso desnudo y dividido, mostrando una columna jónica rota en lugar de su columna vertebral. Su cuerpo está atravesado por clavos, y lleva un corsé ortopédico que parece sostenerla, mientras su rostro muestra una expresión de dolor. El fondo desolado de la pintura, con un paisaje árido y grietas que se extienden por el suelo, intensifica la sensación de sufrimiento y aislamiento.

Esta obra fue creada durante uno de los períodos más dolorosos de la vida de Frida, después de haber sido sometida a una cirugía espinal. La columna rota es un testimonio visual de su sufrimiento físico y su lucha constante contra el dolor. Los clavos simbolizan el dolor agudo y constante que experimentaba, mientras que la columna rota representa su fragilidad física. El corsé, que aparece en muchas de sus obras, simboliza tanto su necesidad de soporte físico como las restricciones que el dolor imponía en su vida. Esta pintura es un ejemplo claro de cómo Frida utilizaba el arte para expresar su sufrimiento y encontrar un sentido de control sobre su propio cuerpo.

Su obra Viva la vida es una de las últimas obras de Frida Kahlo, completada poco antes de su muerte en 1954. Esta naturaleza muerta presenta una composición de sandías cortadas y enteras, con la inscripción Viva la vida en una de las frutas. Los colores vivos y la exuberancia de la pintura contrastan con el deterioro de la salud de Frida en ese momento.

El título de la pintura, Viva la vida, refleja una afirmación de la vida a pesar del sufrimiento y la proximidad de la muerte. A lo largo de su vida, Frida luchó contra el dolor y la adversidad, y esta obra es una declaración de su espíritu indomable y su amor por la vida. Las sandías, con su jugo vibrante y su simbolismo de fertilidad y vida, representan la vitalidad que Frida buscaba celebrar, incluso en sus últimos días. Esta obra es un testamento de su fortaleza y su capacidad para encontrar belleza y significado en la vida, a pesar de sus desafíos.

Frida Kahlo ha sido una figura destacada en el ámbito del arte tanto en México como a nivel internacional, lo que le brindo un enorme reconocimiento y permitió que sus obras hayan sido exhibidas en algunas de las galerías y museos más prestigiosos del mundo, lo que ha ayudado a consolidar su legado artístico.

En 1938, la Galería Julien Levy en Nueva York organizó la primera exposición individual de Kahlo en Estados Unidos, donde vendió la mitad de las 25 obras expuestas y captó la atención de importantes coleccionistas y críticos de arte, esta exposición marcó el inicio de su reconocimiento internacional.

En 1939, el Museo del Louvre en París adquirió su obra El Marco ( The Frame), convirtiéndola en la primera obra de un artista mexicano del siglo XX en formar parte de la colección permanente del museo que con esta adquisición subrayó la importancia de Kahlo en el panorama artístico mundial.

A lo largo de los años, sus obras han sido parte de exposiciones en instituciones de renombre como el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, la Tate Modern en Londres y el Centro Georges Pompidou en París.

En 2004, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), en México, presentó una de las retrospectivas más completas de su obra, reafirmando su estatus como icono cultural y artístico.

Aunque Frida Kahlo rechazó la etiqueta de surrealista, su obra es frecuentemente asociada con este movimiento debido a su exploración del inconsciente y el uso de imágenes oníricas y simbólicas. En 1938, André Breton, uno de los fundadores del surrealismo, visitó México y quedó profundamente impresionado por el trabajo de Kahlo. Breton describió a Kahlo como una “surrealista natural” y organizó la exposición de su obra en la Galería Renou & Colle en París en 1939. Esta exposición fue un éxito y ayudó a consolidar su reputación internacional.

Breton también escribió el prólogo del catálogo de esta exposición, en el cual destacó la originalidad y la profundidad emocional de la obra de Kahlo. A través de Breton, Kahlo estableció conexiones con otros artistas surrealistas y fue reconocida como una figura clave dentro del movimiento, aunque ella misma insistiera en que no pintaba sueños, sino su propia realidad.

Su papel en la escena artística mexicana y su asociación con el Movimiento Muralista y su colaboración con Diego Rivera, uno de los muralistas más influyentes de México, permitió a Frida Kahlo introducirse en los círculos artísticos y políticos de la época, lo que le permitió exhibir su obra y ganar reconocimiento tanto en México como en el extranjero.

Su obra no solo refleja su vida y sus luchas personales, sino que también celebra la riqueza de las tradiciones y el colorido de México. Kahlo utilizó elementos del arte popular mexicano, como la iconografía religiosa, los exvotos y el arte folclórico, para crear un lenguaje visual único que resonaba con su identidad cultural. En obras como Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos y El sueño ( La cama), Kahlo aborda temas de identidad nacional y su relación con la modernidad y la tradición.

Además, su casa, La Casa Azul, en Coyoacán, se convirtió en un centro de reunión para artistas, intelectuales y políticos, y sigue siendo un importante museo que atrae a miles de visitantes cada año. La Casa Azul no solo es un testamento de su vida y obra, sino también un símbolo de su impacto duradero en la cultura mexicana y mundial.

Su Papel en el Entorno Político y Social

Frida Kahlo fue una activista comprometida y miembro activo del Partido Comunista Mexicano (PCM) ya que su interés por la política y las causas sociales fue fomentado durante su tiempo en la Escuela Nacional Preparatoria, donde conoció a varios intelectuales y futuros líderes políticos. Kahlo se unió formalmente al PCM en 1928, un año después de conocer a Diego Rivera, quien también era un prominente miembro del partido. Su compromiso con el comunismo se reflejaba en su deseo de luchar por los derechos de los trabajadores y oprimidos, y su arte a menudo incorporaba símbolos y mensajes políticos.

Kahlo no solo participó en actividades del partido, sino que también utilizó su hogar como un refugio para figuras revolucionarias. Un ejemplo destacado es cuando León Trotsky, el líder revolucionario ruso, llegó a México en 1937 en busca de asilo político.

Se debe recordar que en México existía ya una larga tradición de ofrecer refugio político a personas perseguidas por sus ideales y actividades políticas desde inicios del siglo XIX, el país ha sido un destino para exiliados políticos de diversas partes del mundo, tradición que se fortaleció durante el siglo XX, cuando México acogió a refugiados de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y las dictaduras en América Latina.

El caso de León Trotsky es uno de los ejemplos más destacados de la política de asilo en México ya que su llegada fue un evento significativo en la historia del país y en la vida de Frida Kahlo. La protección ofrecida a Trotsky y su familia reflejaba el compromiso de México con los principios de asilo y refugio político.

Trotsky y su esposa, Natalia Sedova, vivieron en la Casa Azul, la casa de Frida y Diego, durante dos años. La presencia de Trotsky en su vida no solo influyó en su arte, sino que también reforzó su compromiso con las ideas marxistas y revolucionarias.

Durante su militancia, Frida Kahlo participó activamente en diversas actividades políticas, incluyendo protestas y manifestaciones, donde a pesar de sus problemas de salud, asistía a reuniones del partido y apoyaba las causas comunistas tanto en México como en el extranjero. En una de sus últimas apariciones públicas en 1954, apenas unos días antes de su muerte, Frida participó en una manifestación en contra de la intervención de Estados Unidos en Guatemala, demostrando su compromiso inquebrantable con la justicia social

Tanto Frida Kahlo como Diego Rivera fueron figuras centrales en la vida cultural y política de México en la primera mitad del siglo XX. A través de su asociación con figuras políticas e intelectuales como León Trotsky, Pablo Neruda y André Breton, Kahlo se convirtió en una influyente defensora de los derechos humanos y la justicia social. Estas relaciones también facilitaron la difusión de sus ideas y su obra a nivel internacional.

La influencia de Kahlo en el ámbito social y cultural de México también se manifestó en su capacidad para conectar con el pueblo mexicano a través de su arte. Sus pinturas, que a menudo abordaban temas de dolor personal y sufrimiento, también servían como comentarios sobre la lucha de clases, la opresión y la identidad cultural. Su obra Mis abuelos, mis padres y yo( Árbol genealógico) ilustra su exploración de la identidad mexicana, combinando elementos de su herencia indígena y europea para crear una narrativa visual que resonaba con muchos mexicanos de su tiempo.

La defensa de la identidad mexicana fue uno de los aspectos más distintivos de la imagen pública de Frida Kahlo, principalmente por el uso del traje tradicional mexicano, especialmente el traje de Tehuana. Este estilo, originario del Istmo de Tehuantepec, no solo era un homenaje a las mujeres zapotecas, conocidas por su fuerza y autonomía, sino también una declaración política y cultural, porque al adoptar este atuendo, Kahlo se distanciaba deliberadamente de las modas occidentales y reafirmaba su identidad como mexicana y mestiza.

El traje de Tehuana, con sus colores brillantes y complejos bordados, se convirtió en una extensión de su personalidad y su arte. En sus autorretratos, como “Autorretrato como Tehuana” (1943), Kahlo se representa a sí misma con el traje tradicional, fusionando su identidad personal con la identidad cultural de México, por ende, este acto de vestir era una forma de resistencia contra la hegemonía cultural extranjera y una afirmación de su orgullo por sus raíces indígenas y mestizas.

Frida jugó también un papel crucial en la revalorización de la cultura y las tradiciones mexicanas a través de su arte. Sus pinturas están llenas de referencias a la iconografía religiosa, el arte popular y las tradiciones indígenas de México, incorporando elementos como los exvotos, las calaveras y las flores de cempasúchil, que son emblemáticos de la cultura mexicana. Estas referencias no solo enriquecieron su obra, sino que también ayudaron a preservar y promover la cultura mexicana en un período de creciente influencia extranjera.

A su vez también fue una defensora de la educación y la cultura para todos. Junto con Rivera, apoyó la creación de escuelas y centros culturales que promovieran el arte y la educación entre las clases trabajadoras, por ello La Casa Azul, su hogar en Coyoacán, se convirtió en un centro de actividad cultural y artística, donde después de su muerte, la casa se transformaría en el Museo Frida Kahlo, que sigue atrayendo a miles de visitantes cada año y sirve como un testamento de su vida y legado.

Icono del Feminismo

Frida Kahlo es reconocida como una figura central en el movimiento feminista, por su vida y obra que han sido y siguen siendo una fuente de inspiración para muchas mujeres no solo en México, también alrededor del mundo.

Fue a través de sus pinturas, que Frida Kahlo desafió las normas de género y las expectativas sociales de su época, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento y resistencia.

Kahlo utilizó su arte para abordar temas relacionados con la identidad femenina, la sexualidad, el dolor y la autonomía. Sus autorretratos y otras pinturas reflejan su experiencia personal y su lucha contra las adversidades. A través de su obra, Kahlo desafió las convenciones sociales y estableció una representación única y poderosa de la mujer en el arte, impregnando así una gran influencia en el Movimiento Feminista.

Ella fue también abierta sobre su identidad sexual y sus relaciones con personas de ambos sexos. Su bisexualidad y sus relaciones con figuras como la cantante Chavela Vargas y la bailarina Josephine Baker fueron revolucionarias para su época. Al expresar abiertamente su identidad, Kahlo desafió las normas sociales y promovió la aceptación de la diversidad sexual.

Su legado sigue inspirando a generaciones de mujeres y artistas, por su arte y vida que son recordados como un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del arte, dejando una marca indeleble en la cultura moderna, influyendo en la moda, la política y la percepción de la identidad femenina.

Aparición de su Imagen y Legado en la Moda, el Cine, la Literatura y Otras Formas de Expresión Cultural

En el ámbito de la moda Frida Kahlo ha dejado una marca significativa tanto en México como a nivel mundial. Marcas mexicanas como Carla Fernández y Barbara Sánchez-Kane han reconocido la influencia de Kahlo en sus diseños, inspirándose en su uso del traje tradicional mexicano y su estilo vibrante y colorido. Mientras que diversas marcas internacionales como Dolce & Gabbana, Moschino y Jean Paul Gaultier también han presentado colecciones inspiradas en el estilo de Kahlo. Estas marcas han incorporado elementos de su vestimenta tradicional mexicana, como los vestidos de tehuana, los sombreros y los accesorios coloridos, en sus diseños de alta costura. Este reconocimiento internacional ha contribuido a la difusión global de su imagen y su legado.

En el caso del cine, este ha sido un medio crucial para difundir la vida y obra de Frida Kahlo. La película Frida, estrenada en el año 2002, protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek y dirigida por la estadounidense Julie Taymor, fue un éxito de taquilla, recibiendo varias nominaciones a los premios Óscar, la mayor distinción dentro de la industria cinematográfica. Esta película no solo popularizó la figura de Kahlo, sino que también destacó su impacto en el arte y la cultura. La representación de su vida y su obra en el cine ha permitido que más personas conozcan su historia y su contribución al arte.

Su vida también ha sido objeto de numerosos libros y biografías, que han contribuido a mantener viva su memoria y a difundir su legado. La biografía Frida: A Biography of Frida Kahlo, de Hayden Herrera, publicada en 1983, fue fundamental para el resurgimiento del interés en su vida y obra. Esta obra ha sido traducida a varios idiomas y ha inspirado a muchos escritores y artistas. Además, su correspondencia y diarios personales han sido publicados, ofreciendo una visión más íntima de su vida y sus pensamientos.

Frida Kahlo ha sido homenajeada en varias series de televisión, lo que destaca su influencia duradera en la cultura popular, muchas de las mismas cuentan con enorme popularidad, tanto en México como alrededor del mundo lo cual ha permitido transmitir la esencia de Kahlo a una gran audiencia, aquí se muestran algunas series donde se le ha hecho referencia:

-Los Simpson: En el episodio “El Momento de Maya” (temporada 19, episodio 3), Marge Simpson se disfraza de Frida Kahlo para una fiesta de disfraces en la escuela de Bart. Esta referencia cultural en una serie tan influyente subraya la prominencia de Kahlo en la cultura popular.

-Doctor Who: En el episodio “The Long Game” (temporada 1, episodio 7 de la nueva serie), el personaje de Cathica menciona a Frida Kahlo al discutir sobre figuras históricas influyentes.

-Grey’s Anatomy: En el episodio “Time Stops” (temporada 11, episodio 24), se hace una referencia a Frida Kahlo durante una conversación sobre mujeres fuertes e inspiradoras en la historia.

-Project Runway: En varios episodios, los diseñadores han creado looks inspirados en Frida Kahlo para desafíos específicos, destacando su influencia en la moda y el diseño.

-Las revelaciones de Frida Kahlo (2024): Una serie documental que desvela la compleja intersección de aspectos que definen el legado de Frida Kahlo.

Tan grande es el impacto de Frida Kahlo en la cultura popular, que este ha sido duradero y global. Su imagen ha sido y sigue siendo utilizada en campañas publicitarias, carteles y pósteres, mientras su arte es exhibido en museos y galerías de todo el mundo. Su vida y obra han inspirado a generaciones de mujeres y artistas, quienes encuentran en ella un modelo de fortaleza, resiliencia y autenticidad.

Inscribir el nombre de Frida Kahlo en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados es un reconocimiento merecido a una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana y mundial. Su vida y obra han dejado una huella imborrable en la historia del arte, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas.

El Muro de Honor de la Cámara de Diputados es un lugar reservado para aquellos que han hecho contribuciones extraordinarias a la nación. La inscripción del nombre de Frida Kahlo en este muro sería un reconocimiento oficial de su impacto duradero en la cultura mexicana y mundial. Sería una forma de honrar su legado y asegurar que su historia, así como sus logros sean recordados y celebrados por las futuras generaciones.

Su inscripción no solo subraya sus logros artísticos, sino que también reconoce su resistencia y valentía frente a las adversidades personales y sociales. Frida luchó incansablemente contra los estigmas de género, las barreras socioeconómicas y las limitaciones físicas impuestas por su salud. Al tener su nombre en el Muro de Honor, estamos rindiendo tributo a su legado como una figura que desafió y rompió los límites en una sociedad tradicionalmente patriarcal y opresiva.

Además, este reconocimiento legislativo es un paso significativo para perpetuar su memoria y asegurar que las futuras generaciones comprendan y valoren su impacto no solo en el ámbito artístico, sino también en el social y político. Es una manera de afirmar que las luchas por la justicia, la equidad y la identidad cultural son valiosas y dignas de ser honradas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Frida Kahlo

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Frida Kahlo.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Herrera, H. (2002). Frida: A Biography of Frida Kahlo. HarperCollins. Recuperado de

https://www.harpercollins.com/products/frida-hayden-herrera

2 Kettenmann, A. (2013). Frida Kahlo: Pain and Passion. Taschen. Recuperado de

https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/03383/facts.f rida_kahlo_pain_and_passion.htm

3 Zamora, M. (2008). Frida Kahlo: Brush of Anguish. Chronicle Books. Recuperado de

https://www.chroniclebooks.com/products/frida-kahlo-brush-of-ang uish

4 El Universal. (2020). Así fue el accidente de autobús que hirió gravemente a Frida Kahlo. Recuperado de

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/frida-kahlo-asi-fue-el-ac cidente-de-autobus-que-la-hirio-gravemente

5 Muy Interesante. (2023). El accidente que le cambió la vida a Frida Kahlo. Recuperado de

https://www.muyinteresante.com.mx/historia/38173.html

6 National Geographic. (2021). El accidente que cambió la vida de Frida para siempre. Recuperado de

https://www.nationalgeographicla.com/historia/el-accidente-que-c ambio-la-vida-de-frida

7 History. (2024). How a Devastating Accident Changed Frida Kahlo’s Life and Inspired Her Art. Recuperado de

https://www.history.com/news/frida-kahlo-bus-accident-art

8 Kettenmann, A. (2013). Frida Kahlo: Pain and Passion. Taschen. Recuperado de

https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/03383/facts.f rida_kahlo_pain_and_passion.htm

9 Tibol, R. (2013). Frida Kahlo: An Open Life. University of New Mexico Press. Recuperado de

https://www.unmpress.com/books/frida-kahlo-open-life/97808263207 65

10 Herrera, H. (2002). Frida: A Biography of Frida Kahlo. HarperCollins. Recuperado de

https://www.harpercollins.com/products/frida-hayden-herrera

11 Kettenmann, A. (2013). Frida Kahlo: Pain and Passion. Taschen. Recuperado de

https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/03383/facts.f rida_kahlo_pain_and_passion.htm

12 Tibol, R. (2013). Frida Kahlo: An Open Life. University of New Mexico Press. Recuperado de

https://www.unmpress.com/books/frida-kahlo-open-life/97808263207 65

13 Zamora, M. (2008). Frida Kahlo: Brush of Anguish. Chronicle Books. Recuperado de

14 Herrera, H. (2002). Frida: A Biography of Frida Kahlo. HarperCollins. Recuperado de

https://www.harpercollins.com/products/frida-hayden-herrera

15 Zamora, M. (2008). Frida Kahlo: Brush of Anguish. Chronicle Books. Recuperado de

16 Tibol, R. (2013). Frida Kahlo: An Open Life. University of New Mexico Press. Recuperado de

https://www.unmpress.com/books/frida-kahlo-open-life/97808263207 65

17 Kettenmann, A. (2013). Frida Kahlo: Pain and Passion. Taschen. Recuperado de

https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/03383/facts.f rida_kahlo_pain_and_passion.htm

18 Insolen Artists. (2015). Frida Kahlo: Surrealism. Recuperado de

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19 Mejores Influencers. (2024). Frida Kahlo: Legado y Revolución en el Surrealismo. Recuperado de

https://mejoresinfluencers.de/impacto/frida-kahlo-y-su-impacto-e n-el-surrealismo/

20 Museo Frida Kahlo. (2024). Visit | Museo Frida Kahlo. Recuperado de

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21 Gotthardt, A. (2019). Inside Frida Kahlo’s Affair with Communist Revolutionary Leon Trotsky. Artsy. Recuperado de

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22 Helland, J. (2019). Frida Kahlo’s Forgotten Politics. JSTOR Daily. Recuperado de

https://daily.jstor.org/frida-kahlos-forgotten- politics/

23 Grass, K. (2023). The Art and Politics of Frida Kahlo. DailyArt Magazine. Recuperado de

https://www.dailyartmagazine.com/the- art-and-politics-of-frida-kahlo/

24 Neocrotalic. (2023). The Impact of Frida Kahlo’s Art on Mexican Culture. Neocrotalic.com. Recuperado de

https://www.neocrotalic.com/post/the-impact-of-frida-kahlo-s-art -on-mexican-culture

25 Sobrefeminismo. (n.d.). La influencia de Frida Kahlo en el feminismo y la representación de la mujer en el arte. Recuperado de

https://sobrefeminismo.com/la-influencia-de-frida-kahlo-en-el-fe minismo-y-la-representacion-de-la-mujer-en-el-arte/

26 HAPBWA Foundation. (2023). Frida Kahlo: A Lasting Legacy and the Impact on Modern Women. Recuperado de

https://www.hapbwafoundation.org/post/frida-kahlo-a-lasting-lega cy-and-the-impact-on-modern-women

27 Elle India. (n.d.). How Frida Kahlo Broke Stereotypes And Shaped Feminism. Recuperado de

https://elle.in/article/frida-kahlo- feminism/

28 Document Journal. (2019). 4 Mexican fashion designers on Frida Kahlo’s enduring influence. Recuperado de

https://www.documentjournal.com/2019/02/4-mexican-fashion-design ers-on-frida-kahlo-enduring-influence/

29 HuffPost Entertainment. (2016). Frida Kahlo, A Global Fashion Icon. Recuperado de

https://www.huffpost.com/entry/frida- kahlo-a-global-fashion-icon_n_56fee63ce4b0daf53aefbd0d

30 Artsy. (2019). How Frida Kahlo Became a Global Brand. Recuperado de

https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-frida-kahlo- global-brand

31Herrera, H. (2002). Frida: A Biography of Frida Kahlo. HarperCollins. Recuperado de

https://www.harpercollins.com/products/frida-hayden-herrera

32 Uno TV. (2020). ¡Ay caramba! Los Simpson dan vida a Frida Kahlo y Diego Rivera. Recuperado de

https://www.unotv.com/entretenimiento/los-simpson-dan-vida-a-fri da-kahlo-y-diego-rivera/

33 Infobae. (2024). Las revelaciones de Frida Kahlo en nueva docuserie de Star+. Recuperado de

https://www.infobae.com/que- puedo-ver/2024/01/10/convertirse-en-frida-kahlo-en-star-las-revelaciones-mas-al la-de-los-autorretratos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputadas y diputado: Elda Esther del Carmen Castillo Quintana, Alma Laura Ruiz López, Anais Miriam Burgos Hernández, Evangelina Moreno Guerra, Gabriela Valdepeñas González, Irma Juan Carlos, Katia Alejandra Castillo Lozano, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Magda Erika Salgado Ponce, Mayra Dolores Palomar González, Mildred Concepción Ávila Vera, Rosa Margarita Graniel Zenteno, Rosalinda Savala Díaz, Tey Mollinedo Cano (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo, así como las fracciones I, II, III, IV, V y VI al artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Alma Laura Ruiz López, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alma Laura Ruiz López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXLVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, así como las fracciones I, II, III, IV, V y VI al artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con base en la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 2o. y 27, garantiza los derechos de las comunidades indígenas y establece la preservación de los recursos naturales como un principio rector. La ampliación del artículo 50 se alinea totalmente con estos mandatos constitucionales. Es por ello que, la fundación de nuevos centros de población en México representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo, pero también un reto significativo en términos de sostenibilidad ambiental, inclusión social y protección de los derechos de comunidades vulnerables.

Este Artículo establece principios fundamentales para regular esta actividad, pero presenta vacíos normativos que dificultan su aplicación efectiva. La presente Iniciativa tiene como objetivo subsanar estas deficiencias mediante la introducción de mecanismos claros y vinculantes.

El Artículo 50 reconoce la importancia de respetar las áreas naturales protegidas y los derechos de las comunidades indígenas al establecer nuevos asentamientos humanos. No obstante, la ausencia de procedimientos detallados y criterios específicos ha resultado en conflictos territoriales, deterioro ambiental y vulneración de derechos humanos. Además, el crecimiento desordenado de los centros urbanos ha exacerbado problemas como la desigualdad social y la degradación de los recursos naturales.

A su vez, esta iniciativa busca establecer una regulación más clara y vinculante, fortaleciendo los principios de sostenibilidad, inclusión social y respeto a los derechos de las comunidades indígenas, así como garantizar la protección de los ecosistemas.

En este tema el factor Social refiriéndose a los conflictos derivados de la fundación de nuevos centros de población, afectan principalmente a comunidades indígenas y campesinas, quienes frecuentemente carecen de mecanismos de defensa ante proyectos que impactan sus territorios, este marco busca empoderarlas y proteger sus derechos.

Estos conflictos pueden ser analizados en diversos ámbitos:

• Disputas por la tierra

Según la Procuraduría Agraria, actualmente México cuenta con más de 30,000 conflictos agrarios activos, muchos de ellos relacionados con el despojo de tierras. El Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) reporta que el 51 por ciento de los conflictos agrarios en el país están relacionados con disputas por la propiedad y uso de la tierra. Aproximadamente el 50 por ciento del territorio nacional es propiedad ejidal o comunal (INEGI 2020), lo que hace que estas tierras sean especialmente vulnerables a despojos para proyectos urbanos o industriales. En 2022 el Registro Agrario Nacional documento un aumento en denuncias relacionadas con la venta irregular de tierras ejidales.

El Impacto directo a causa del despojo en las comunidades, afecta de manera crucial en la perdida de medios de subsistencia, ya que muchas comunidades dependen de la agricultura o ganadería, lo que se ve severamente afectado. Así como en la erosión cultural en comunidades indígenas, ya que se ve amenazadas sus tradiciones y formas de vida ancestrales.

Por lo que, es de suma importancia fortalecer el marco jurídico, asegurando el respeto de los derechos agrarios y el acceso a la justicia para estas comunidades. la consulta previa, libre e informada, garantizando que las comunidades sean consultadas antes de cualquier proyecto que afecte sus tierras, como lo exige el Convenio 169 de la OIT.

• Desplazamiento de población

La creación de nuevos centros habitacionales puede forzar a las comunidades locales a desplazarse, ya sea por la construcción o por el encarecimiento del costo de vida (gentrificación). Esto afectando especialmente a grupos vulnerables como comunidades indígenas, campesinas y personas de bajos recursos, quienes pierden su arraigo cultural y sus formas de subsistencias.

En el tema ambiental, los ecosistemas afectados por la urbanización descontrolada pierden biodiversidad, reducen su capacidad de proporcionar servicios ecosistémicos y agravan los efectos del cambio climático. Por lo que se vuelve de suma importancia incorporar criterios ambientales estricto, siendo esto esencial para garantizar un desarrollo sostenible. Entre 1950 y 2020, México paso de ser un país mayoritariamente rural a tener más de 80 por ciento de su población viviendo en áreas urbanas (INEGI 2020). Este crecimiento acelerado, en muchos casos no planificado, ha provocado la expansión de las ciudades sobre ecosistemas sensibles como bosques, selvas, humedales y manglares. Muchas urbanizaciones se han desarrollados sin considerar criterios ambientales, especialmente en zonas costeras y áreas protegidas, por ejemplo, en la Riviera Maya, desarrollos turísticos y urbanos han reducido la cobertura de selvas tropicales en un 30 por ciento en las últimas dos décadas (Conabo). Por lo que, la construcción de nuevos centros de población a menudo implica deforestación masiva, fragmentación de hábitats y contaminación de cuerpos de agua.

En cuanto a estadísticas sobre la Perdida de Ecosistemas y Biodiversidad, en el tema de la Deforestación por urbanización, México pierde aproximadamente 300,000 hectáreas de bosque y selvas al año, según datos de la FAO (2020). Una parte significativa de esta pérdida ocurre en áreas cercanas a centros urbanos debido a la expansión descontrolada de ciudades y desarrollos habitacionales. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la pérdida de cobertura vegetal en áreas urbanas ha reducido en un 40 por ciento la capacidad de los ecosistemas para regular el ciclo del agua y mitigar inundaciones en los últimos 30 años. En el Eje Neovolcánico Transversal, la urbanización ha contribuido a la pérdida de suelos fértiles en más del 50 por ciento de su superficie original. A su vez, México ha perdido cerca del 15 por ciento de sus manglares entre 1980 y 2020, debido principalmente a desarrollos turísticos y urbanos en zonas costeras (Conabio, 2021). Estos ecosistemas son esenciales para proteger contra huracanes, absorber carbono y mantener la biodiversidad marina.

Por lo que podemos concluir que, en México, el impacto ambiental de la urbanización descontrolada es un tema critico que afecta no solo a los ecosistemas, sino también a la calidad de vida y al desarrollo sostenible del país. Incorporar criterios ambientales estrictos no solo es necesario, sino urgente, para garantizar un equilibrio entre el crecimiento urbano y la conservación de los recursos naturales.

El factor económico, un crecimiento ordenado y sostenible no solo reduce costos asociados a la mitigación de desastres ambientales, sino que también atrae inversiones responsables y genera beneficios a largo plazo para la sociedad. La fundación de centros de población en México ha estado influenciada históricamente por múltiples factores, siendo el económico uno de los más determinantes. Un enfoque en el crecimiento ordenado y sostenible ha demostrado tener impactos positivos tanto en términos financieros como sociales. Según el INEGI, el 80 por ciento de la población mexicana reside actualmente en áreas urbanas, impulsadas principalmente por las oportunidades económicas en las grandes ciudades. En el caso de las ciudades fronterizas, el crecimiento anual promedio de la población en ciudades como Tijuana (1.8 por ciento entre 2010-2020) se explica en gran parte por la actividad maquiladora, que aporta más del 30 por ciento del empleo local.

Con esta iniciativa se busca obtener un crecimiento ordenado y sostenible, el diseño y planificación de los centros de población tiene impactos económicos y ambientales significativos. Un crecimiento urbano desordenado aumenta los costos asociados a la mitigación de desastres naturales, la infraestructura y servicios básicos. Uno de los principales beneficios del crecimiento ordenado es la reducción de costos, según un estudio del Banco Mundial (2021), un crecimiento urbano desordenado puede incrementar los costos de provisión de infraestructura y servicios hasta en un 30 por ciento. Otro beneficio es la atracción de inversiones, Las ciudades con planeación estratégica, como Querétaro o Mérida, han visto un aumento en la inversión extranjera directa gracias a su infraestructura sostenible y calidad de vida. Un crecimiento ordenado permite preservar áreas naturales clave y reducir riesgos asociados a inundaciones, sequías o pérdida de biodiversidad.

En conclusión, el factor económico es clave en la fundación de centros de población en México. Sin embargo, el crecimiento ordenado y sostenible debe ser prioridad, ya que no solo optimiza recursos financieros, sino que también atrae inversiones responsables y garantiza beneficios a largo plazo. Las ciudades que logren planificar su desarrollo con criterios sostenibles se posicionaran como polos de desarrollo económico y social en el futuro.

A continuación, se presenta la propuesta de reforma que detalla los procedimientos, criterios de evaluación, sanciones y mecanismos de transparencia para la fundación de nuevos centros de población.

Teniendo como propósitos, la garantizarían de la protección de áreas naturales y ecosistemas esenciales, asegurar el respeto y la participación de las comunidades indígenas mediante consultas previas, libres e informadas, promover el desarrollo urbano sostenible y ordenado mediante criterios claros de evaluación territorial, establecer sanciones contundentes para prevenir incumplimientos y daños socioambientales, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de planificación y ejecución de proyectos.

Para una mayor claridad y comprensión, se expone un cuadro comparativo que detalla la propuesta de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano:

Por lo que antecede me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo, así como las fracciones I, II, III, IV, V y VI al artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se adiciona un segundo párrafo, así como las fracciones I, II, III, IV, V y VI al artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

Se entenderá como áreas naturales protegidas, aquellos territorios definidos bajo legislación federal, estatal o municipal cuya preservación ambiental tiene prioridad sobre cualquier otro uso del suelo. Así mismo, se entenderá como consulta previa, libre e informada al procedimiento obligatorio para garantizar la participación de las comunidades indígenas en decisiones que puedan afectar su territorio, cultura o tradiciones.

I. Para la fundación de centros de población, se deberá llevar a cabo un proceso administrativo que autoriza la creación de un nuevo asentamiento humano. Por lo que se deberá:

a) Realizar un estudio de impacto ambiental avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

b) Presentar un informe de impacto social elaborado por expertos certificados.

c) Incorporar un diagnóstico sobre la capacidad de carga del territorio en términos de infraestructura, recursos naturales y servicios básicos.

II. Consulta previa, libre e informada

La autoridad responsable deberá garantizar que las comunidades indígenas afectadas participen en el proceso de fundación, conforme a los siguientes principios:

e) Transparencia: Proporcionar información clara y completa sobre el proyecto.

f) Temporalidad: Realizar la consulta en etapas tempranas, antes de la emisión de cualquier autorización.

g) Inclusión: Asegurar que las comunidades participen a través de sus representantes tradicionales o instancias internas de organización.

h) El resultado de la consulta será vinculante si se determina que el proyecto impacta de manera negativa la subsistencia, cultura o territorio de las comunidades.

III. Criterios de evaluación de tierras

Identificación de tierras susceptibles para uso urbano. Las tierras serán consideradas aptas para la fundación de centros de población si cumplen con los siguientes criterios:

e) No se encuentran dentro de áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento ecológico.

 f) No comprometen la continuidad territorial de comunidades indígenas o campesinas.

 g) Son compatibles con los planes de ordenamiento territorial vigentes.

 h) La autoridad deberá realizar visitas de campo y consultas técnicas para confirmar el cumplimiento de estos criterios.

IV. Sanciones y medidas correctivas.

Sanciones por incumplimiento. La fundación de centros de población sin cumplir con los requisitos establecidos será causa de:

d) Revocación inmediata del decreto que autoriza la fundación.

e) Multas administrativas equivalentes al 5 por ciento del valor del proyecto.

f) Responsabilidad penal si se afecta de manera intencional a comunidades indígenas o ecosistemas protegidos.

V. Medidas de remediación.

c) En caso de que se hayan causado daños al medio ambiente o a comunidades vulnerables, los responsables deberán implementar un plan de remediación aprobado por las autoridades competentes.

d) Este plan incluirá la restauración de ecosistemas afectados y la compensación económica o material a las comunidades perjudicadas.

VI. Transparencia y seguimiento

Publicación de información.

c) Toda documentación relacionada con la fundación de centros de población deberá estar disponible en un portal electrónico accesible al público.

d) Las autoridades estarán obligadas a informar periódicamente sobre el estado de los proyectos en proceso.

VII. Evaluación Periódica.

c) La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) deberá realizar auditorías cada tres años para evaluar el cumplimiento de los centros de población fundados bajo este reglamento.

d) Los resultados de estas auditorías deberán ser entregados al Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

LGAHOTDU PDF (www.diputados.gob.mx) Ley General de los Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

CPEUM PDF (www.diputados.gob.mx) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Procuraduría agraria (https://www.gob.mx/pa).

INEGI (https://www.inegi.org.mx/). Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Registro Agrario Nacional (https://www.gob.mx/ran).

Banco mundial (https://www.bancomundial.org/ext/es/home).

Conabio (https://www.gob.mx/conabio). Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad.

FAO (https://www.fao.org/home/es). Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.

INECC (https://www.gob.mx/inecc). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Reglamento de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2025.– Diputadas: Alma Laura Ruiz López, Evangelina Moreno Guerra (rúbricas).»

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de extorsión, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el primero, segundo y adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de extorsión, al tenor de la siguiente:

El tipo penal consagrado en el artículo 390 del Código Penal Federal fue creado en 1984; la última reforma data de 1994 y desde ese año a la fecha dicho delito ha quedado obsoleto en contraste a la realidad que hoy vivimos, los contextos han cambiado y la actividad criminal se ha diversificado, encontrando otras vías para hacerse de recursos a través de actividades ilícitas, desatando la inseguridad en el país.

Datos duros

En México el delito de extorsión es muy común y cada vez más frecuente. En 2024 la tasa de prevalencia delictiva fue de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra superior respecto a 2022, la extorsión se ubica en 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes.

Desafortunadamente la extorsión es uno de los tres delitos con mayor incidencia delictiva, sólo después del fraude y el robo.

Tan solo en 2021 se cometieron 4.9 millones delitos de extorsión, la mayoría se realizó vía llamada telefónica, aunado a ello este delito tiene un menor índice de denuncia formal ante las autoridades, con un porcentaje de 97.4 por ciento de cifra negra dificultando su persecución y sanción. La extorsión tiene un impacto expansivo en las víctimas, además del patrimonial genera también una alteración significativa en la estabilidad emocional y la percepción de la seguridad en su entorno social.

Gráfica tomada de Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024

Los costos del delito son aquellas pérdidas monetarias a consecuencia de ser víctima de este delito, medidas preventivas (como colocar rejas, candados, cambiar puertas o generar acciones conjuntas entre vecinos) así como los gastos generados por daños en la salud.

En 2022 el costo de este delito fue de 3 mil 339 pesos por persona, lo que significa un aumento del 54 por ciento respecto a 2021, esto repercute en la competitividad, en el acceso a los bienes y servicios de los consumidores, es decir en el bolsillo de todos los ciudadanos.

Gráfica elaborada con datos de Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024

Así, mientras la tasa de homicidios dolosos bajó en el último mes del año 2023 cerrando con 66.2 personas asesinadas diariamente, en ese mes, el cobro por derecho de piso creció con 309.5 delitos de extorsión en esa modalidad por día.

Durante 2023, se cometieron 747 mil delitos de extorsión. De estos, 113 mil correspondieron a delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento, o cobro de piso. En 67.0 por ciento de los casos, se entregó lo solicitado.

Gráfica elaborada con datos de Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024

Planteamiento del Problema

La extorsión es un delito donde el nivel de impunidad es de casi el 100 por ciento de los casos.

En la mayoría de los casos la actuación de la autoridad se activa sólo después de una denuncia formal; rara vez existen mecanismos para que una víctima pueda darle seguimiento a su denuncia y las pocas detenciones, suelen ser a uno o dos delincuentes, sin que ello implique la desarticulación de una banda dedicada a este delito, sin agravantes, ni considerando la tentativa.

En el caso de Coahuila de donde soy originario, recientemente hubo aumento en las llamadas de extorsión telefónica: “Los extorsionadores buscan intimidar a sus objetivos haciéndose pasar por agentes de la Fiscalía o incluso por integrantes de células delictivas. Las víctimas caen en el engaño porque realmente creen que están implicadas en investigaciones criminales debido a que en las llamadas telefónicas les afirman que las víctimas hicieron las llamadas al 911 para denunciar a supuestos integrantes de células delictivas”.

“Otra modalidad de extorsión es el secuestro virtual, mismo que se ha diversificado y perfeccionado. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), los delincuentes contactan a sus víctimas utilizando amenazas intimidantes y les obligan a proporcionar información personal sensible, especialmente sobre familiares.

Una vez que obtienen la colaboración forzada de la víctima, les instruyen apagar sus teléfonos móviles y trasladarse a lugares específicos, como hoteles, desde donde seguirán recibiendo órdenes. Durante el secuestro virtual, los extorsionadores mantienen el control psicológico de la situación, manipulando a la víctima mientras sus familiares, desconocedores de la situación, creen que realmente están en peligro.

El incremento de estos casos en Coahuila ha sido preocupante. La Fiscalía General del Estado reporta que, en los primeros ocho meses del año, se registraron 27 denuncias de secuestros virtuales, superando por más del doble las cifras del año anterior, cuando solo se documentaron 11 casos.”

Por ello he sido enfático y haciendo uso de la voz en la máxima tribuna de la nación he denunciado con firmeza y contundencia los profundos estragos y el devastador impacto que el delito de la extorsión infringe a las víctimas. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos nuestro el reclamo de miles de comerciantes, de las y los trabajadores, de la ciudadanía, de las amas de casa, de los industriales, de todas y todos aquellos que han sido víctimas del delito que hoy por hoy se ha agravado, la extorsión conmociona e impacta más a la sociedad.

Existen varios tipos de extorsión que impactan de distinta manera de acuerdo con el nivel socioeconómico, escolaridad, edad, género y sexo.

En la modalidad de extorsión entendida como “cobro de piso”, están expuestos y se ven perjudicados hombres como mujeres, sin embargo, es preciso señalar que a las mujeres víctimas de esta modalidad enfrentan riesgos adicionales como amenazas de agresión sexual.

Un ejemplo de ello es el caso que viven “las mujeres que son extorsionadas sexualmente, por ejemplo, en las cárceles de Quintana Roo, cuando las cosas que les llevan sus familiares o redes de apoyo son arrebatadas por los guardias del reclusorio y extorsionadas para realizar prácticas sexuales con ellos, a cambio de devolverles sus pertenencias”.

La extorsión ha expandido sus modalidades y ha hecho presencia en las relaciones sexo afectivas mediante la amenaza con la difusión de imágenes, videos, mensajes con contenido sexual, violentando la privacidad y dignidad de las personas.

Orden Jurídico Internacional

Actualmente existen tres convenciones que México ha suscrito en materia de combate a la extorsión:

La primera es la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa cuando estos tengan Trascendencia Internacional, firmada el 2 de febrero de 1971 celebrada en Washington, DC, la cual tiene el propósito de establecer una cooperación internacional de la prevención y sanción de tales actos delictivos contra personas que merecen protección especial de acuerdo con las normas del derecho internacional y que dichos actos revisten trascendencia internacional por las consecuencias que pueden derivarse para las relaciones entre los Estados.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, adoptada por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000 en Palermo, Italia, que busca fortalecer la cooperación internacional para socavar verdaderamente la actividad de los delincuentes internacionales y ayudar a los ciudadanos en su lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades.

Finalmente, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal establece que los Estados Parte deben prestar asistencia mutua en investigaciones, juicios y actuaciones penales, lo cual no significa que un Estado esté facultado para ejercer jurisdicción territorio ajeno. Tampoco permite que los particulares obtengan pruebas, o impidan la ejecución de solicitudes de asistencia.

Modelos Comparados

Italia

En 1990, el parlamento italiano aprobó la Ley 302/1990, reguladora de actos en favor de las víctimas del crimen organizado y el terrorismo una ley que resulta innovadora, ya que establece que los delitos cometidos por la Mafia son delitos perpetrados contra el Estado, y como tales, las instituciones del Estado necesitan proteger y ayudar a las víctimas.

Un año después, un empresario siciliano, Libero Grassi, fue asesinado tras negarse a pagar a la Mafia una parte de sus beneficios en concepto de honorarios por protección. Dado que Grassi decidió denunciar en los medios de comunicación su batalla privada, su muerte provocó una ola de resentimiento por todo el país e hizo que Confindustria (la Asociación Nacional de la Industria Italiana) se personase como parte civil en todos los juicios relacionados con el chantaje organizado (racketeering). El propio Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el asesinato del empresario y, poco después, el parlamento italiano adoptó finalmente la primera ley anti-racket en febrero de 1992.

El Código Penal italiano define la extorsión en su artículo 629: “Toda persona que, con violencia o amenaza, forzase a otra persona a hacer o abstenerse de hacer algo conlleve un enriquecimiento ilícito para el autor o para otra persona y cause pérdidas a otras, será condenada a la pena de prisión de entre 5 y 10 años y multa de 1.000 a 4.000 euros”.

Claramente podemos distinguir tres elementos importantes: a) el empleo de la violencia o la amenaza de esta, b) el beneficio ilícito para el autor, c) la pérdida o daño para la víctima.

Triangulo Norte

El Salvador, Guatemala y Honduras son países que entre 2013 y 2018 han sido fuertemente golpeados por la extorsión. Sin embargo, en los últimos años, las denuncias por extorsiones en El Salvador se han reducido a más de la mitad. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre 2010 y 2017 la extorsión en el país se redujo en un 69 por ciento (de 4 mil 123 casos a 1,266). En 2015 se aprobó la Ley Especial contra el Delito de Extorsión que endurecía las penas por este delito hasta por 15 años. Es decir, se considera como agravante cuando el delito es cometido por pandillas, servidores públicos o presos.

Guatemala es el país en donde más denuncias se presentan. Sólo en 2018, la Policía Nacional Civil registró 24 casos de extorsión por día. Para tratar de frenar este fenómeno, en 2015 se creó la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsiones. Esta estrategia incluyó la puesta en uso de una aplicación móvil que alerta al usuario si una llamada proviene de alguien vinculado a denuncias de extorsión. La aplicación también permite grabar la llamada y reportar la extorsión directamente al Ministerio Público.

Finalmente, en el caso de Honduras, la Asociación de Consumidores y Usuarios, registra que dos tiendas de barrio cierran cada día en Tegucigalpa a causa de las extorsiones. Para contrarrestar el fenómeno, se creó en 2018 la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP). En los últimos cinco años se han detenido a más de 5,000 miembros de pandillas vinculados a delitos contra la integridad personal y el patrimonio.

Estados Unidos

En 2023 Estados Unidos adoptó la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA, por sus siglas en inglés), que tipifica como delito que cualquier funcionario extranjero (incluidos funcionarios de alto rango actuales o anteriores o sus familiares directos) solicite o acepte un soborno de cualquier empresa que cotice en una bolsa de valores de Estados Unidos, de cualquier ciudadano estadounidense o de cualquier empresa estadounidense, o mientras dicho funcionario se encuentre en Estados Unidos.

La FEPA es una ley modelo que cualquier gobierno extranjero verdaderamente comprometido con la lucha contra la corrupción podría adoptar ya que castiga a los que dan y reciben sobornos. También ofrece el potencial de dar pasos importantes hacia la justicia para muchas víctimas.

Por sus características, la FEPA tiene el poder de influir en otros países como Honduras, Malasia, Líbano, República Checa, Venezuela, entre otros.

Criterios y Pronunciamientos de la SCJN

En febrero de 2024, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión 997/2022, en el que dos personas fueron sentenciadas a 30 años de prisión por el delito de extorsión agravada, con base en el artículo 204 Bis, párrafo segundo, fracciones I y III del Código Penal de Chihuahua.

La Sala resolvió que la pena de 30 a 70 años de prisión en la norma es excesiva y desproporcionada y transgrede el principio de proporcionalidad de las penas a que se refiere el artículo 22 constitucional, por lo cual revocó la sentencia y devolvió el asunto al Primer Tribunal Colegiados del Decimoséptimo Circuito para emitir otra sentencia.

El Estado tiene la obligación de promover políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno federal, local y municipal para coordinar esfuerzos con los diversos sectores de la sociedad y generar mecanismos que coadyuven a hacer frente a este flagelo que hoy nos lastima gravemente.

Los argumentos antes pronunciados tienen el propósito de realizar una adecuación al Código Penal Federal acorde a la realidad, a los hechos que en la cotidianeidad la población que indistintamente de la profesión u oficio que realicen se ve afectada por tal conducta.

Para efecto de analizar el proyecto de decreto, se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Así la presente iniciativa es un enérgico esfuerzo para cerrar la puerta giratoria de la impunidad. La extorsión es un impuesto criminal. Los criminales confiscan ingresos legítimos de miles de mexicanos. Hay organizaciones delictivas que han construido un imperio criminal, cobran extorsión por el huevo, por el pollo, por la carne, por el refresco, por el cemento.

Nuestra prioridad es servir al pueblo y en la cuarta transformación estamos convencidos en contribuir al bienestar y seguridad de las personas mediante reformas que hagan frente a los delitos, a fin de construir una nueva realidad para que todas las personas puedan disfrutar y ejercer sus derechos.

Con base en las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el primero, segundo y adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el primero, segundo, y se adiciona un tercer y cuarto párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 390. Al que sin derecho intente obligar u obligue a otro mediante violencia, amenazas, intimidación, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, utilizando cualquier medio que implique coerción, obteniendo o pretendiendo obtener un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o daño, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una persona que pertenezca a una asociación de carácter delictuoso, provenga del interior de un reclusorio o centro de reinserción social, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja definitiva de la Fuerza Armada.

Se incrementará la pena hasta una mitad más, cuando el daño sea ejercido contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, personas adultas mayores o personas indígenas.

Si la coacción, amenaza, intimidación o violencia causare daño a la integridad física, psíquica, moral o patrimonial de la víctima, se buscará en todo momento la reparación del daño y el acompañamiento, contemplando todas las etapas del proceso.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Impunidad cero, “Guía para denunciar el delito de extorsión” 2023, p. 3 [en línea]

https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/189/contenido /1692304889N17.pdf (fecha de consulta: 30 de diciembre de 2024)

2 Inegi, Comunicado de prensa número 562/24, 19 de septiembre de 2024, p. 1 [en línea]

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ ENVIPE/ENVIPE_24.pdf (fecha de consulta: 30 de diciembre de 2024)

3 Cfr., Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2023, Principales resultados, costos del delito, p. 9 y 10 [en línea]

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/en vipe2023_3_costo_delito.pdf (fecha de consulta: 31 de diciembre de 2024)

4 Óp. Cit., Impunidad cero, p. 6

5 Gobierno de México, Víctimas reportadas por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales) Información del 05 de enero de 2024, p. 2, [en línea]

http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_05012025 _v2.pdf (fecha de consulta: 06 de enero 2024)

6 Cfr., Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2024, Principales resultados, costos del delito, p.10 [en línea]

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ ENVE/ENVE24.pdf (fecha de consulta: 31 de diciembre de 2024)

7 Sevilla, M. (09/12/24) Aumentan llamadas de extorsión en Coahuila; víctimas comparten números. El Siglo de Torreón. En línea

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/aumentan-llamad as-de-extorsion-en-coahuila-victimas-comparten-numeros.html

8 Vega, E. (19/10/24) Policía Cibernética de Coahuila emite alerta por fraudes y amenazas desde estos números telefónicos. Vanguardia MX

9 Idem

10 Organización de Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional, Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa Cuando estos tengan Trascendencia Internacional, p. 1 [en línea]

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-49.html (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2024)

11 Naciones Unidas, Oficina contra la Droga y el Delito, Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, Nueva York, 2004, prefacio IV de Kofi A. Ann, Secretario General, [en línea]

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC% 20Convention/TOCebook-s.pdf (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2024)

12 Cfr. Sciandra Elena y Lafano Antonio, “La experiencia italiana en la lucha contra la extorsión en el ámbito de la delincuencia organizada Manual de buenas prácticas” Colaboración entre Universidad Católica, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Universidad Autónoma de Madrid y Guardia Civil, p. 4 [en línea]

https://ccff.icfs.es/wp-content/uploads/2016/11/Spanish-seminar- Italian-Experience-BOOK.pdf (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2024)

13 Idem

14 Cfr. RESTREPO, Andrés, Extorsión, violencia y crimen organizado: 8 ideas para frenar el impuesto del miedo, publicado el 29 de julio de 2019, [en línea]

https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/extorsion-violenci a-y-crimen-organizado-8-ideas-para-frenar-el-impuesto-del-miedo/ (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2024)

15 Transparencia Internacional, “La Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero de Estados Unidos: una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción global”, [en línea]

https://www.transparency.org/en/blog/us-foreign-extortion-preven tion-fight-against-global-corruption (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2024)

16 Cfr. Transparencia Internacional U.S., Lo que dicen los capítulos de Transparencia Internacional en todo el mundo sobre la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA) de 2023, Publicado el 17 de julio de 2023, [en línea]

https://us.transparency.org/resource/what-transparency-internati onal-chapters-around-the-world-are-saying-about-the-2023-foreign-extortion-prev ention-act-fepa/ (fecha de consulta: 19 de diciembre de 2024)

17 SCJN, Ministro ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, Amparo directo en revisión: 997/2022, [en línea]

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos /2022-06/ADR-997-2022-27062022.pdf fecha de consulta: 21 de diciembre de 2024)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Ricardo Mejía Berdeja, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Rosalía León Rosas, Jesús Fernando García Hernández, José Luis Sánchez González, Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Azucena Huerta Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

Desde el año 2022 nuestro país se ha enfrentado a temperaturas de calor extremas que han disminuido las reservas de agua, lo que ha ocasionado una disminución en la distribución del vital líquido e incluso la falta total del mismo en diversas zonas de México.

De acuerdo con información del Monitor de Sequía de América del Norte, las temperaturas son derivadas del calentamiento global y la sequía corresponde a la baja cantidad de precipitaciones en México que rebasan los topes mínimos registrados en los últimos cuarenta años.

Para septiembre del año 2023 la extensión de la sequía se encontraba en el sesenta y un por ciento del territorio nacional, abarcando los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México, Morelos y Guerrero.

La falta de lluvias no solo genera una mala distribución del líquido en comunidades, sino que también afecta a las áreas verdes, reduciéndolas y generando más zonas de calor.

El crecimiento demográfico también impacta de forma directa a la generación de calor, más personas hacen necesarios más recursos para atender sus demandas como alimentos, ropa y vivienda. En este último rubro, se observa que la demanda de vivienda en muchas ocasiones es solventada a través de la invasión de áreas naturales protegidas.

El año en curso no fue distinto, durante la época de estiaje las reservas de agua alcanzaron los niveles más críticos en las últimas décadas, mismos que no se han alcanzado a recuperar a pesar de las fuertes lluvias que se dieron en el último trimestre, dejando la zona del norte del país como la más expuesta.

Las sequías son pues uno de los efectos del calentamiento global, resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la actividad humana, las cuales atrapan el calor.

Es decir, las consecuencias del cambio climático son irreversibles, sin embargo, aún existe la posibilidad de detenerlo siempre que exista participación activa entre sociedad y gobierno. Por ello, es menester que las administraciones impulsen e implementen herramientas que permitan concientizar a la población sobre las consecuencias de este fenómeno.

Una de las herramientas que mayor éxito ha tenido en las comunidades donde se ha implementado son los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), los cuales han permitido disminuir la demanda de agua reservada en época de lluvias, generando bajo estrés hídrico y acumulando reservas de agua para la temporada de estiaje.

La adopción social de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia parte de que las respuestas meramente técnicas no garantizan la resolución de los problemas de acceso al agua potable, se requiere involucrar de manera activa a las comunidades en todo el proceso de gestión de las alternativas.

Argumentos que la sustenten

1. México, como Estado miembro de la Organización de la Naciones Unidas, formó parte de la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en el mes de septiembre del año 2015 y en donde se aprobó la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que destacan los puntos de Agua Limpia y Saneamiento, así como Acción por el Clima.

2. La promoción e implementación de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) permitirá que nuestro país se acerque a estos objetivos debido a que se trata de herramientas que involucran a la sociedad y al gobierno en el correcto cuidado y gestión de los recursos hídricos.

3. El acceso al agua es un derecho fundamental consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, su distribución está sujeta a la suficiencia del recurso, por lo que resulta imperioso establecer mecanismos de cultura y protección.

Fundamento legal

1. La observación general No. 15, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), establece el derecho que tienen los gobernados de acceder de forma libre al vital líquido para consumo humano y las obligaciones de los Estados para garantizarlo.

2. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos y que los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

3. De conformidad con el epígrafe y párrafo tercero del artículo primero, así como el párrafo sexto y séptimo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a su literalidad establecen:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(...)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

(...)

Artículo 4o. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

(...)

Como puede advertirse de la lectura de los artículos constitucionales citados con anterioridad, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos por nuestro Máximo Ordenamiento, asimismo, en una interpretación sistemática con el artículo cuarto, puede destacarse que el derecho de las personas a el acceso, saneamiento, disposición del agua para uso personal y doméstico no puede verse limitado ni suspendido, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece.

En este sentido, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en observancia de los principios que los rigen, por lo que en aplicación del derecho de progresividad al derecho de acceso al agua, la Ley debe prever de manera concisa la promoción e implementación de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL), sobre los cuales se expuso en el apartado de planteamiento de la problemática de la presente iniciativa, a fin de que se garantice este derecho y otorgar así certeza y seguridad jurídica a los habitantes del país.

A fin de exponer los cambios propuestos a la Ley de Vivienda para cumplir con lo planteado por la presente iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 4; se reforma la fracción V del artículo 6; se reforman las fracciones III, apartado A, y VII, apartado B, del artículo 17; y se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a IX...

IX Bis. Sistema de Captación de Agua de Lluvia: tecnologías empleadas por los sectores público, privado, social, ejidos, comunidades y ciudades mediante las cuales se habilita un área de captación en las viviendas con el fin de recolectar el agua de lluvia, para posteriormente conducirla a lugares en donde pueda almacenarse y darle el tratamiento adecuado para uso y consumo humano.

X. a XV...

Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:

I. a IV...

V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales, incluyendo el uso de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia;

VI. a XII. ...

Artículo 17. La Secretaría promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y, en su caso alcaldías, en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:

A. Los gobiernos de las entidades federativas asuman las siguientes atribuciones:

I. a II...

III. Convenir programas y acciones de suelo y vivienda con el Gobierno Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y las alcaldías; bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales, el respeto al medioambiente y la promoción del uso de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia.

IV. a VI...

B. Los municipios o las alcaldías asuman las siguientes atribuciones:

I. a VI.

VII. Coordinar acciones en materia de suelo y vivienda con otros municipios u otras alcaldías, bajo criterios de desarrollo regional, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda sustentable, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente y la promoción del uso de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia.

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Secretaría promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la accesibilidad, y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

Impulsará la difusión de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para incorporar activamente a los ciudadanos en el cuidado del recurso hídrico y promoverá su uso en la construcción de viviendas, sobre todo en las de modalidad plurifamiliar.

Asimismo, promoverá el uso de energías renovables mediante las nuevas ecotecnologías aplicables a la vivienda, de acuerdo a las regiones bioclimáticas del país, utilizando equipos y sistemas normalizados en cualquiera de sus modalidades.

(...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, NASA, La sequía deja sediento a México, equipo de redacción de ciencia, 30 de julio de 2024. Disponible en:

https://ciencia.nasa.gov/cambio-climatico/la-sequia-deja-sedient o-a-mexico/

2 Ibídem.

3 Véase, José Martín Cortés, La sequía se agrava en México este 2023: un problema socio-meteorológico complejo, Meteored, 26 de septiembre de 2023. Disponible en:

https://www.meteored.mx/noticias/actualidad/la-sequia-se-agrava- en-mexico-este-2023-un-problema-socio-meteorologico-complejo-la-nina-el-nino-co rriente-en-chorro.html

4 Ibídem.

5 Véase, Monitor de Sequía de América del Norte (NADM), Servicio Meteorológico Nacional. Disponible en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/monitor-de-sequia/mon itor-de-sequia-de-america-del-norte

6 Véase, NASA, Los efectos del cambio climático. Disponible en:

https://ciencia.nasa.gov/cambio-climatico/los-efectos-del-cambio -climatico/

7 Véase, Lineamientos técnicos: sistema de captación de agua de lluvia a nivel vivienda, Semarnat y Conagua, enero de 2024. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/894607/LINEAM_1.P DF

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de febrero del año 2025.– Diputada Azucena Huerta Romero (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI del apartado B del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al tenor de la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos tipos de policía que se encargan de garantizar el orden y la paz social en nuestras comunidades: la Policía Ministerial y la Policía Preventiva, la primera trabajará en conjunto con el Ministerio Público para auxiliar en las investigaciones de delitos, y apoyará en llevar a cabo las diligencias que sean necesarias para aclarar los hechos. De igual manera la Policía Preventiva tendrá la obligación de evitar la comisión de delitos, proteger la seguridad de la ciudadanía y preservar el orden público.

La naturaleza de las funciones de los cuerpos policiales los expone a una amplia variedad de riesgos. Una lamentable prueba de ello son las cada vez más frecuentes noticias sobre agresiones y actos violentos perpetrados contra ellos por parte del crimen organizado, por esta razón, es necesario que como miembros de esta honorable Cámara de Diputados tomemos la determinación de reconocer que también debemos de legislar a favor de quienes cuidan a la ciudadanía desde esta trinchera, la ley debe establecer medidas que les brinden la confianza de realizar su labor y sobre todo les conceda la tranquilidad necesaria a las familias de los elementos de las instituciones policiales.

El artículo 21 de nuestra Constitución mexicana faculta a los cuerpos policiales para investigar los delitos cometidos en el territorio nacional. Como se expuso anteriormente, esta labor de seguridad pública expone a estos agentes a diversos peligros, por lo que resulta imperativo que el Estado brinde la máxima protección posible a quienes son parte esencial de nuestro sistema nacional de seguridad pública.

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

(...)

Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil.

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas”.

En nuestra ley suprema se establecen disposiciones fundamentales que garantizan prestaciones y beneficios para aquellos dedicados a preservar la paz social y el orden público. La fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) estipula que los cuerpos de seguridad tienen la autonomía necesaria para constituir su propio marco normativo que regule su desempeño, así como la facultad para diseñar una estructura complementaria de seguridad social. Esto asegura que puedan contar con medidas específicas para salvaguardar su bienestar y el de sus familias mientras desempeñan su importante labor en beneficio de la ciudadanía.

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley

(...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

(...)

XIII. Los militares, marinos, integrantes de la Guardia Nacional, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

(...)

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social”.

El artículo tercero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece con precisión las áreas de responsabilidad asignadas a cada cuerpo de seguridad, éstas incluyen la atribución de preservar el orden social; de igual forma, dicha legislación determina que las instituciones policiales son investidas con esta importante tarea y están obligadas a colaborar con diversas instancias de seguridad en el territorio nacional con el propósito de cumplir eficazmente con este objetivo.

“Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas u órdenes de protección para mujeres, adolescentes, niñas y niños y de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley”.

De igual forma, la fracción tercera del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que los integrantes de la policía deben auxiliar a las autoridades en la indagación y persecución de posibles crímenes. Es preciso reiterar que dichas tareas conllevan un peligro inherente que pone en riesgo la vida de policías que día con día protegen a nuestras familias.

“Artículo 41. Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

(...)

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;”.

Asimismo, el artículo 75 de esta misma ley estipula que las instituciones de este cuerpo de seguridad tienen la facultad de averiguación, prevención y reacción ante posibles delitos, además deberán de acercarse a las comunidades para promover la sana convivencia y la resolución pacífica de los conflictos que surjan dentro de esta.

“Artículo 75. Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:

I. Investigación, que será aplicable ante:

a) La preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo;

b) La petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de éste;

c) Los actos que se deban realizar de forma inmediata; o

d) La comisión de un delito en flagrancia.

II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, así como proporcionar medidas u órdenes de protección inmediatas en términos de lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

III. Proximidad social, como una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través de la proactividad y la cooperación con otros actores sociales, bajo una política de comunicación y colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad local y promueva la mediación, como procedimiento voluntario para solucionar pacíficamente conflictos derivados de molestias y problemáticas de la convivencia comunitaria que no constituyan delitos, y

IV. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos”.

Hasta el mes de mayo de 2024, se ha reportado que 122 elementos de la policía han sido víctimas de la violencia en nuestro país durante ese año. Esta lamentable y alarmante cifra refleja la creciente inseguridad que enfrentan quienes se dedican a protegernos. Además, estos agentes de la ley son constantemente amenazados por grupos del crimen organizado, simplemente por cumplir con su deber y mantener el orden público, tal como lo manda nuestra Constitución. Estas amenazas no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino que también afectan su bienestar psicológico y el de sus familias.

Un lamentable ejemplo de la violencia que padecen los cuerpos de policía ocurrió en el estado que orgullosamente representó, Veracruz, en el municipio de Alvarado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron agredidos por criminales que les dispararon. Agresiones de este tipo ponen de manifiesto el riesgo constante al que están expuestos los policías, y además resalta la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad y protección para estos agentes del orden. Cabe aclarar que este tipo de ataques tienen un impacto negativo en la percepción de seguridad de la comunidad en general, ya que ve comprometida su tranquilidad y aumenta su desconfianza, porque ponen en duda la fuerza que tienen las instituciones para protegerlos.

Por esta razón es necesario que el Estado garantice un traslado seguro de los policías de regreso a sus hogares pues al aumentar las medidas de protección se podrá hacer frente a la violencia y defender a quienes arriesgan sus vidas diariamente para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades.

A la vulnerabilidad ante las múltiples agresiones que padecen los policías, también hay que sumarle la poca protección que les conceden los gobiernos estatales. El ejemplo más lamentable de esto es el gobierno de Campeche, liderado por Layda Sansores. Es importante resaltar el caso de Campeche y la deuda que tiene el gobierno de esta entidad con sus policías al enviarlos a un operativo destinado al fracaso, ya que no les proporcionó el equipo ni las herramientas necesarias para enfrentar los peligros del penal de San Francisco Kobén. Esta falta de apoyo y preparación no sólo puso en riesgo la vida de los policías, sino que también demostró una grave irresponsabilidad por parte de la Secretaría de Seguridad del estado.

La titular del Ejecutivo local ha minimizado las declaraciones de los policías del estado que formaron parte de este operativo fallido en dicho penal. Ante los reclamos de estos elementos, la gobernadora se limitó a afirmar que las declaraciones de las policías que sufrieron abuso sexual en ese penal no eran ciertas. Todas y todos los policías merecen un gobierno que trabaje de la mano con ellos para mejorar la calidad de vida de las familias y no gobernantes más preocupados por sus niveles de popularidad. La ineficiente administración de la titular del Poder Ejecutivo de Campeche, junto con la mediocre gestión de su Secretaría de Seguridad, ha provocado una ola de protestas que no sólo han afectado el orden y la paz en la entidad, sino que también han tenido repercusiones en su actividad económica.

Este tipo de actitudes por parte de las autoridades termina desalentando a los cuerpos de seguridad, y además ponen en evidencia la falta de apoyo y protección que estos deberían recibir. La seguridad pública depende en gran medida de la moral y la motivación de los policías, esto sólo se puede lograr con un gobierno comprometido con su bienestar y con la implementación de políticas efectivas para combatir el crimen y proteger su seguridad en sus traslados.

Los cuerpos policiales enfrentan riesgos incluso después de su jornada laboral, ya que su papel en la aplicación de la ley y en el mantenimiento del orden público los convierte en blancos para ciertos grupos criminales. Es fundamental que reconozcamos esta realidad con el objetivo de tomar medidas para proteger su integridad y la de sus familias. Ampliar la protección de estos cuerpos de seguridad es crucial para garantizar que puedan tener un retorno seguro a sus hogares después de cumplir con su deber.

De esta manera, se propone ante esta soberanía legislativa la siguiente reforma de ley, que se presenta en la siguiente tabla para su mayor entendimiento:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI del apartado B del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Primero. Se reforma la fracción XV del apartado B del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 39. La concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

(...)

B. Corresponde a la Federación, a las entidades federativas y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias:

(...)

XV. Coordinar con las instituciones de seguridad pública la implementación efectiva de medidas orientadas a garantizar un transporte seguro para los miembros de las instituciones policiales con el objetivo de minimizar el riesgo de exposición a situaciones peligrosas y que aseguren la llegada segura de estos elementos a sus hogares, y

Segundo. Se adiciona la fracción XVI del apartado B del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.infobae.com/mexico/2024/05/18/narco-pone-la-mira-en-policias-de-tij uana/

2 https://www.diariodexalapa.com.mx/policiaca/que-ocurrio-en-alvarado-autoridades -de-la-ssp-activan-codigo-rojo-tras-agresion-a-policias-11557546.html

3 https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2024/4/9/layda-sansores-descarta-ag resiones-sexuales-contra-mujeres-policias-video-326915.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2025.– Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 202 y 261 del Código Penal Federal, en materia de protección de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Liliana Ortiz Pérez, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 202, y primero y segundo del artículo 261; y se adiciona uno cuarto al artículo 202 del Código Penal Federal, en materia de protección de dechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, al tenor de la siguiente

La legislación internacional y nacional de México ha desarrollado un marco normativo para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en lo que respecta a la prevención de la violencia sexual. A nivel internacional, uno de los instrumentos clave es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989, y ratificada por México en 1990.

Dicha Convención establece el derecho de todos los niños a vivir libres de violencia, destacando la necesidad de implementar medidas para prevenir la explotación y abuso sexual. Además, la Convención obliga a los Estados a crear mecanismos para la protección de los menores, incluyendo políticas preventivas y sanciones para los agresores.

En este contexto internacional, México también ha ratificado otros tratados relevantes, como el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, adoptado en 2000. Dichos instrumentos internacionales impulsan a los países a adecuar su legislación interna para prevenir y sancionar estos crímenes, lo que lleva a México a reforzar sus leyes en esta materia. En respuesta a estos compromisos internacionales, el gobierno mexicano ha creado un marco normativo que aborda tanto la prevención como la protección y sanción de la violencia sexual contra menores.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. que el Estado garantizará la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y que estos deberán vivir en condiciones de bienestar y un ambiente libre de violencia.

De igual forma, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, refuerza este mandato: reconoce explícitamente la violencia sexual como una violación grave de los derechos de los menores, y estableciendo mecanismos para su protección y para la sanción de los responsables, esta ley busca garantizar un entorno seguro para los menores, promoviendo tanto la prevención como la denuncia de los casos de abuso.

A pesar de estos avances normativos, aún existen desafíos significativos en su implementación y en la protección efectiva de los derechos de los menores. La prevención de la violencia sexual requiere un enfoque integral que abarque desde la educación en derechos humanos hasta la creación de espacios seguros para la denuncia y la atención psicológica adecuada para las víctimas.

Un ejemplo de ello es que, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, y diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura presentaron la urgencia de aumentar las penas para los delitos de pornografía infantil, señalando como agravante si estos eran cometidos contra niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas.

Además, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México continúa siendo un problema grave que afecta a diversas comunidades, especialmente en el contexto de las comunidades indígenas. En los últimos años, las cifras de violencia sexual han mostrado una tendencia alarmante, tanto en términos de la prevalencia de estos delitos como en las denuncias registradas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2021 se registraron 22 mil 159 víctimas de delitos sexuales en el país, de las cuales una proporción significativa corresponde a menores de 18 años, con 82.7 por ciento de las víctimas siendo niñas y adolescentes. Este dato refleja la magnitud del problema y subraya la necesidad urgente de atención especial a los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas (Inegi, 2022).

En las comunidades indígenas, la situación es aún más crítica debido a la confluencia de factores de marginalización social, pobreza extrema, falta de acceso a servicios de salud y justicia, y discriminación. Según el Informe sobre la violencia sexual en comunidades indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), las niñas indígenas tienen un riesgo mayor de sufrir violencia sexual debido a las estructuras patriarcales arraigadas en sus comunidades, así como la escasa visibilidad de este tipo de delitos.

El informe de la CDI (2020) señala que las niñas y adolescentes indígenas tienen más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual dentro de sus propias comunidades o en contextos de desplazamiento forzado, ya que muchas veces no se reconocen ni se denuncian estos casos debido a la falta de confianza en las autoridades y el temor a represalias.

Para agravar la situación, el sistema penal acusatorio en México también refleja la escasa atención a la violencia sexual en comunidades indígenas. Según datos del Observatorio Ciudadano de la Violencia contra las Mujeres (2021), sólo 15 por ciento de las víctimas de violencia sexual de comunidades indígenas presentan denuncias formales, debido principalmente a barreras lingüísticas, falta de acceso a la justicia, y la desconfianza en el sistema judicial.

Lo anterior implica que la mayoría de los casos no se documentan ni se procesan adecuadamente, lo que perpetúa la impunidad y el sufrimiento de las víctimas. En ese sentido, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para garantizar un acceso real a la justicia para estas comunidades.

A nivel estatal, algunos estados de México con alta concentración de población indígena, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, han reportado cifras preocupantes sobre violencia sexual en niñas, niños y adolescentes. En Oaxaca, por ejemplo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal registró un incremento en los casos de abuso sexual infantil, donde 68 por ciento de las víctimas eran menores de 14 años y la mayoría pertenecían a comunidades indígenas.

Este fenómeno se repite en Chiapas, donde organizaciones civiles han señalado que la violencia sexual es uno de los delitos más comunes en las comunidades indígenas, especialmente en niñas menores de 12 años (Red de Mujeres Indígenas, 2020).

Otra agravante es la relativa a la pornografía infantil, tan solo en México, esta problemática ha alcanzado niveles alarmantes, posicionándose como uno de los principales países en la producción y distribución de este material a nivel global. Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada año más de 5 millones de menores son víctimas de algún tipo de abuso sexual, de los cuales un porcentaje significativo se ve involucrado en la producción de pornografía infantil.

Además, un informe de la organización internacional WeProtect Global Alliance (2021) señala que México concentra 60 por ciento de los reportes de explotación sexual infantil en línea en América Latina. El acceso masivo a internet, combinado con la falta de una regulación estricta, ha facilitado el incremento de este delito.

Tan sólo en 2020, la Policía Cibernética de la Guardia Nacional reportó más de 13 mil incidentes relacionados con la difusión de material de abuso infantil en plataformas digitales. Estas cifras reflejan solo una parte del problema, ya que muchas denuncias no se registran debido al miedo, la vergüenza o la desconfianza en las autoridades. Además, el anonimato que brindan las redes y aplicaciones digitales dificulta la identificación y detención de los responsables.

La legislación en México establece penas de entre 7 y 12 años de prisión y multas para quienes produzcan, almacenen o distribuyan pornografía infantil. Sin embargo, estas penas son percibidas como insuficientes tanto por expertos como por activistas en derechos infantiles. En comparación, países como Estados Unidos y Canadá imponen condenas que pueden superar los 20 años de prisión, reflejando un mayor compromiso con la protección de los menores. Este contraste pone de manifiesto la necesidad de revisar y endurecer las sanciones en México para que sean proporcionales al daño causado.

El impacto psicológico y emocional en las víctimas de la pornografía infantil es devastador. Según un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, los menores que han sido expuestos a estos delitos enfrentan un riesgo elevado de desarrollar trastornos como depresión, ansiedad y estrés postraumático.

Estos efectos suelen prolongarse a lo largo de la vida, limitando las oportunidades de desarrollo personal y profesional de las víctimas. Esto refuerza la urgencia de implementar medidas legales y sociales que garanticen su protección y recuperación integral.

Incrementar las sanciones por delitos relacionados con la pornografía infantil no solo enviaría un mensaje claro de intolerancia hacia estas prácticas, sino que también podría actuar como un mecanismo disuasivo.

Un informe de Ecpat International (2020) señala que penas más severas, acompañadas de una aplicación rigurosa de la ley, pueden reducir la incidencia de este tipo de crímenes. Además, es esencial fortalecer las capacidades de investigación digital de las autoridades mexicanas, dotándolas de tecnología avanzada y capacitación para rastrear y desarticular redes criminales.

Otro factor crucial es la colaboración internacional en la lucha contra la pornografía infantil. México, como parte de tratados internacionales como el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, debe intensificar su cooperación con otros países para identificar y detener a los responsables. Según la Interpol (2021), la mayoría de los materiales de abuso infantil compartidos en línea cruzan fronteras, lo que subraya la necesidad de estrategias globales coordinadas.

En ese sentido, se identifica la necesidad de poder endurecer las penas para las personas que cometan el delito de pornografía infantil, para ello anexo el cuadro comparativo de los artículos a reformar:

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el presente

Decreto por el que reforma el Código Penal Federal, en materia de protección de derechos humanos de niños y adolescentes

Único. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 202, y primero y segundo del artículo 261; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 202 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

...

Las penas previstas en los párrafos anteriores se aumentarán hasta en una mitad, en su mínimo y máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de dieciocho años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa.

Si se hiciera uso de violencia y/o la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inegi (2022). Estadísticas de delitos y víctimas de delitos en México, 2021. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx

2 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2020). Informe sobre la violencia sexual en comunidades indígenas. Recuperado de

https://www.gob.mx/cdi

3 Observatorio Ciudadano de la Violencia contra las Mujeres (2021). Estudio sobre violencia sexual y acceso a la justicia en México. Recuperado de

https://www.observatorioviolencia.org

4 DIF Oaxaca (2021). Informe sobre violencia infantil y abuso sexual en el estado de Oaxaca. Recuperado de

https://www.dif-oaxaca.gob.mx

5 Red de Mujeres Indígenas (2020). Violencia sexual en comunidades indígenas: un análisis de la situación en Chiapas y Guerrero. Recuperado de

https://www.redmujeresindigenas.org

6 Red por los Derechos de la Infancia en México (2022). Situación de los derechos de la infancia en México.

7 WeProtect Global Alliance (2021). Global threat assessment. Recuperado de

https://www.weprotect.org

8 Guardia Nacional (2021). Informe sobre ciberdelitos en México.

9 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (2020). Estudio sobre los efectos psicológicos de la explotación sexual infantil.

10 Ecpat International (2020). Global study on sexual exploitation of children in travel and tourism. Recuperado de

https://www.ecpat.org.

11 Interpol. (2021). Crimes against children report. Recuperado de

https://www.interpol.int

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputada Liliana Ortiz Pérez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona la fracción VII al artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de clasificación de violencias, a cargo de la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Anais Miriam Burgos Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos: 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de clasificación de violencias, al tenor de la siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 1o., el principio de igualdad ante la ley y la inequívoca obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad, y el Estado está obligado a efectuar todas aquellas acciones tendientes a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos.

Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Bélem do Pará) señala, en su artículo 6, que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

El artículo 8 de dicha Convención compromete a los Estados Partes a adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

...

a. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;

...

b. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

...

En este sentido, cuando hablamos de violencia contra nosotras, muchas veces creemos que se trata de golpes físicos, o de la modalidad más extrema de todas, que conlleva al asesinato de mujeres por razones de género, mejor conocido como feminicidio. Sin embargo, hay muchos otros tipos de violencia contra nosotras, mucho más sutiles, pero que también generan un daño profundo en la sociedad, pues muy silenciosamente van normalizando la violencia que se ejerce sobre nosotras.

Es por ello que debemos resaltar que la violencia que se ejerce sobre nosotras no solo se circunscribe a una forma física, verbal, psicológica o sexual, sino también que existen tipos y modos de violencias que no son directamente visibles, aunque tienen consecuencias sensibles sobre nuestros cuerpos. Tal es el caso de la violencia “simbólica” , que se da a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

La violencia contra las mujeres, a lo largo de nuestra vida, emana principalmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunos patrones tradicionales o consuetudinarios y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el género, el idioma o la religión, que perpetúan la condición inferior que se nos asigna en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad y en la sociedad.

Esto nos describe ampliamente el significado de la violencia simbólica contra nosotras y nos pone en la perspectiva de profundizar las reflexiones de género en torno a observar aquellas violencias que tiene formas sutiles de expresión pero que evidencian relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres.

La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década de 70 y se utiliza para describir una relación social donde el “dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los “dominados”, los cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas prácticas en su contra.

Esto nos describe ampliamente el significado de la violencia simbólica contra nosotras y nos pone en la perspectiva de profundizar las reflexiones de género en torno a observar aquellas violencias que tiene formas sutiles de expresión pero que evidencian relaciones de poder y desigualdad entre hombres y mujeres y por ello es importante discutir esta forma de violencia, que se ejerce a través de la comunicación, la cultura y las instituciones sociales, puede tener un impacto devastador en la autoestima, la dignidad y el bienestar de las personas y los grupos.

La violencia simbólica es una realidad que afecta a millones de personas en nuestro país y en todo el mundo. Se manifiesta en la forma en que se representa a ciertos grupos en los medios de comunicación, en la publicidad, en la educación y en la cultura. Se manifiesta en la forma en que se habla de ciertos temas, en la forma en que se tratan ciertos asuntos.

Desafortunadamente en México los medios de comunicación un día pueden publicar la nota sobre una mujer de-sollada y descuartizada en la portada, y al siguiente dedicarla a una manifestación feminista. Los medios nacionales han normalizado el revictimizar, criminalizar y sexualizar a las mujeres; principalmente, la nota roja persiste y es fomentada, pese a que perjudica a las víctimas, sus familias y a la sociedad en general. La violencia en el discurso periodístico de la nota roja abarca imágenes y formas de expresarse, que encasillan a sus personajes en los moldes que la cultura patriarcal le ha introyectado.

La cosificación de las mujeres entra en lo que se denomina como “violencia simbólica” e implica hacer uso de ellas o de su imagen para fines que la injurian y le quitan su calidad de ser humano, convirtiéndolas en un objeto sexual a disposición de los hombres.

Pero la violencia simbólica no es solo un problema de representación o de comunicación. Es un problema de poder. Es un problema de cómo se distribuye el poder en nuestra sociedad. Y es un problema que requiere una respuesta legislativa.

Legislar sobre la violencia simbólica no es limitar la libertad de expresión. Al contrario, es protegerla. Es proteger el derecho de todas las personas a expresarse de manera libre y respetuosa. Es proteger el derecho de todas las personas a no ser objeto de discriminación o de violencia. La legislación sobre la violencia simbólica debe ser clara y precisa. Debe establecer límites claros para la comunicación que promueva la violencia o la discriminación. Debe establecer mecanismos efectivos para prevenir y sancionar la violencia simbólica.

Pero legislar no es suficiente. También necesitamos una conciencia y una educación que nos permitan reconocer y rechazar esta y todas las violencias. Necesitamos una sociedad que valore la diversidad, la inclusión y que respete los derechos humanos de todas las personas.

En la época actual, en el campo del conocimiento y la tecnología, nos encontramos con situaciones donde sin darnos cuenta puede incurrirse en actos de violencia contra nosotras y que no encuentran cabida en estos tipos y modalidades establecidas en la Ley.

En conclusión, la violencia simbólica es un problema grave y extendido que requiere una respuesta legislativa y social. Debemos legislar sobre esta violencia para proteger la libertad de expresión, para prevenir y sancionar la discriminación, y para construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa.

Las y los diputados de Morena nos sumamos a la responsabilidad que lanza la ONU a todos los gobiernos y donde establece que “prevenir la violencia contra las mujeres implica un compromiso con el reconocimiento de todas sus manifestaciones que día a día están presentes en la sociedad”.

Por ello el objetivo central de la presente iniciativa es la de concientizar sobre la importancia que tienen las imágenes y discursos, así como los usos de lenguaje y expresiones presentes en los medios de comunicación, ya que es a través de estos que se reproducen estereotipos de género y desigualdades cuyas repercusiones perpetúan las inequidades de género en nuestra sociedad.

Con el propósito de apreciar de manera más analítica la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, y demostrado el objeto (reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia), la utilidad (brindar mayor certeza y seguridad jurídica a nuestras mujeres), la oportunidad ( es necesario reforzar nuestros andamiajes jurídicos) y las consideraciones jurídicas que las fundamenten (Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia), someto a consideración de esta honorable LXI Legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos.

Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. a VI. (...)

VII. Violencia Simbólica: Es cualquier acto u omisión que produzca un daño o menoscabo a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos, imágenes o signos, transmita y reproduzca dominación, cosificación, desigualdad y discriminación en las relaciones, sociales en los ámbitos público y privado, naturalizando la subordinación de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/material_difusion/convenc ion_belemdopara.pdf

2 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/violenciasimbolica_ recomendaciones.pdf

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/iniclave/CD-LXIII-III-1P-340/02_dictam en_14dic17.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputadas y diputado: Anais Miriam Burgos Hernández, Alma Delia Navarrete Rivera, Mildred Concepción Ávila Vera, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, Katia Alejandra Castillo Lozano, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Rosa Margarita Graniel Zenteno (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el décimo cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Herminia López Santiago, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Herminia López Santiago, diputada federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la iniciativa por la cual se reforma el décimo cuarto párrafo al artículo 2 de la Ley de Migración, al tenor de lo siguiente:

El 20 de enero de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tomó posesión de su cargo, una de las primeras acciones de su mandato es la implementación de una política migratoria que contempla la expulsión masiva de migrantes indocumentados. Este anuncio ha generado una preocupación significativa para México, dado que una gran parte de los migrantes afectados podrían ser connacionales que radican en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

Jeanne Batalova, de Migration Policy Institute, afirma que: “Los mexicanos son el mayor grupo de inmigrantes en Estados Unidos, con cerca del 23 por ciento del total de 47.8 millones”. Agrega además que “como reflejo de su gran presencia entre la población inmigrante total, los mexicanos también representan el mayor grupo de inmigrantes no autorizados, con un 45 por ciento del total de 11.3 millones de personas sin estatus legal en 2022, según estimaciones del Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés)”.

Como se sabe, México cuenta con una larga historia de migración hacia Estados Unidos, impulsada por factores económicos, sociales y culturales. Actualmente, millones de mexicanos residen en ese país, y muchos de ellos contribuyen de manera significativa tanto a la economía estadounidense como a la mexicana, a través de remesas y vínculos familiares transnacionales. Ante el escenario de una posible deportación masiva, es esencial que México tome medidas para garantizar el retorno digno y ordenado de sus ciudadanos, la reinserción social de los mismos, así como la atención integral a las necesidades de los migrantes en el territorio nacional.

Sin embargo, la preocupación no solo se limita a la posible repatriación. La migración en general sigue siendo un fenómeno complejo y multifacético que requiere atención en varios frentes. Además del retorno de connacionales, es imperativo que el Estado mexicano fortalezca sus capacidades para recibir, proteger y apoyar a los migrantes internacionales que transitan o buscan establecerse en el país. La situación actual de los albergues, los procesos administrativos para regularizar a los migrantes y las limitadas oportunidades de movilidad laboral son solo algunas de las áreas que demandan acción inmediata.

En este contexto, la presente iniciativa busca ampliar las facultades establecidas en el artículo 2 de la Ley de Migración para incluir acciones dirigidas no solo al retorno de connacionales, sino también a la atención integral de migrantes en el territorio nacional y al fortalecimiento de las comunidades mexicanas en el extranjero. Estas medidas no solo permitirán prepararse ante escenarios de crisis migratoria, sino también atender de manera estructural las causas y consecuencias de la migración irregular, promoviendo un enfoque integral.

La migración ha sido un fenómeno inherente a la historia de la humanidad, influenciado por factores económicos, políticos, sociales y ambientales. En el caso de México, la migración hacia los Estados Unidos ha sido una constante desde finales del siglo XIX, intensificándose durante el siglo XX debido a la demanda de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios. Programas como el Bracero, implementado entre 1942 y 1964, marcaron una etapa de migración laboral regulada, que sentó las bases para las comunidades transnacionales que hoy conocemos.

Con el paso del tiempo, las políticas migratorias de los Estados Unidos han variado significativamente, alternando entre periodos de apertura y restricciones severas. En los últimos años, el endurecimiento de las leyes migratorias, la construcción de barreras físicas y el incremento de las deportaciones han complicado la situación de millones de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Esta dinámica ha generado una presión adicional sobre México, que se enfrenta a retos como la recepción de migrantes deportados, la atención a migrantes en tránsito y la necesidad de cooperación internacional para abordar las causas estructurales de la migración irregular.

Desde el ámbito legal, la Ley de Migración de 2011 representa un avance significativo al establecer derechos y garantías para los migrantes, independientemente de su situación migratoria. No obstante, persisten desafíos importantes, como la falta de recursos adecuados para la operación de albergues, la insuficiencia de programas integrales de apoyo y la carencia de mecanismos efectivos para regularizar a los migrantes. Además, el fenómeno migratorio está estrechamente ligado a factores estructurales como la desigualdad económica, la violencia y el cambio climático, que continúan impulsando la migración tanto interna como internacional.

En este contexto histórico y teórico, la presente iniciativa reconoce la necesidad de fortalecer el marco legal y operativo de México para responder de manera eficaz a los retos actuales de la migración, garantizando tanto los derechos de los connacionales en el extranjero como de los migrantes que transitan o residen en el territorio nacional.

La modificación propuesta al artículo 2 de la Ley de Migración responde a la necesidad de actualizar y ampliar los compromisos del Estado mexicano frente a un contexto migratorio en constante evolución. Las circunstancias actuales exigen no solo facilitar el retorno y la reinserción social de los connacionales en el extranjero, sino también atender las demandas de los migrantes internacionales que llegan o transitan por el país. Además, la migración irregular sigue siendo un desafío persistente, cuyas causas estructurales requieren ser atendidas para mitigar sus efectos negativos y promover alternativas seguras y legales para la movilidad humana.

Uno de los principales problemas identificados es la insuficiencia de infraestructura y programas destinados a la atención de migrantes en el territorio nacional. Los albergues existentes enfrentan limitaciones presupuestales y de capacidad, lo que dificulta brindar una acogida digna y segura. Asimismo, la falta de mecanismos ágiles y accesibles para la regularización migratoria incrementa la vulnerabilidad de estas personas, exponiéndolas a riesgos como la explotación laboral, la violencia y la discriminación.

Por otro lado, las comunidades mexicanas en el extranjero enfrentan desafíos relacionados con su estatus migratorio, acceso a servicios y participación en programas que fortalezcan sus lazos con el país de origen. La presente iniciativa busca también empoderar a estas comunidades, promoviendo su regularización y su inclusión en proyectos de desarrollo tanto en México como en sus lugares de residencia.

Finalmente, la propuesta reconoce la importancia de abordar las causas estructurales de la migración irregular, como la pobreza, la desigualdad y la violencia, a través de programas económicos y sociales que generen oportunidades en las comunidades de origen y de retorno. Esto permitirá no solo reducir la necesidad de migrar de manera forzada, sino también fomentar un desarrollo regional y nacional más equitativo.

En suma, esta iniciativa es un paso hacia un enfoque más integral y humano de la migración, que busca equilibrar la protección de los derechos humanos con las necesidades de desarrollo y seguridad del país.

Ajuste Presupuestario

Es importante subrayar que la presente iniciativa no debe representar una carga económica para el Estado mexicano, por lo cual se propone un articulo transitorio que plasma una solución para evitar un aumento presupuestal. El transitorio prevé lo siguiente: la presente reforma no deberá implicar impacto presupuestal por lo cual se le concede un periodo de 90 días hábiles al Instituto Nacional de Migración para que presenta ante las instancias correspondientes el ajuste presupuestario.

Para mayor comprensión de la iniciativa, plasmo en el siguiente cuadro la propuesta específica

Ley de Migración

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se propone reformar el décimo cuarto párrafo a la Ley de Migración

Artículo Único: se reforma el catorceavo párrafo del artículo 2 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

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...

...

...

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...

El Estado mexicano facilitará el retorno e incorporación al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. Asimismo, se llevarán a cabo acciones específicas para facilitar la estancia de migrantes en el país, incluyendo la mejora de los albergues a cargo del gobierno, la creación de centros integradores y la implementación de fichas únicas de registro. Estas medidas estarán acompañadas de estrategias para regularizar la situación de los migrantes en el extranjero, empoderar a las comunidades mexicanas fuera del país y atender las causas estructurales de la migración irregular, como la pobreza y la desigualdad, mediante programas de desarrollo económico y social en las comunidades de origen y retorno.

Para cumplir estos objetivos, se otorgarán facilidades administrativas para que los migrantes obtengan documentos temporales de trabajo, se ampliarán las vías de movilidad laboral y se fortalecerá la cooperación internacional en esta materia.

...

...

...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La presente reforma no deberá implicar impacto presupuestal por lo cual se le concede un periodo de 90 días hábiles al Instituto Nacional de Migración para que presenta ante las instancias correspondientes el ajuste presupuestario.

Notas

1 https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-mexicanos-en-estados-unidos #:~: text=Como%20reflejo%20de%20su%20gran, MPI%20por%20sus%20siglas%20en

2 https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-mexicanos-en-estados-unidos #:~: text=Como%20reflejo%20de%20su%20gran, PI%20por%20sus%20siglas%20en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero del año 2025.– Diputadas y diputado: Herminia López Santiago, Anais Miriam Burgos Hernández, Jacobo Mendoza Ruiz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Mildred Concepción Ávila Vera, Rosa Margarita Graniel Zenteno (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 22, 23, 34, 64 y 69 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Javier Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Javier Taja Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a los artículos 22, 23, 34, 64 y 69 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:

1. En el contexto internacional, el Estado mexicano, al ser parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscribió el 25 de septiembre de 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. el acuerdo denominado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. En el documento se enlistan 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, lucha contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

En el que se establece el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades y Sostenibles, en el que se pretende alcanzar que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, lo que en términos generales es lo propuesto en esta Iniciativa con proyecto de decreto.

Dentro de este ODS se enlistan las metas para lograr dicho objetivo, y en su meta 11.3, se especifica que una de las principales acciones para alcanzar esta meta es aumentar la capacidad de planeación como dice a la letra:

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Por lo que de aprobarse la presente iniciativa, el Estado mexicano dará un paso adelante para cumplir el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 11, de la Agenda 2030 de la ONU.

2. Los planes municipales de desarrollo urbano son el principal instrumento de planeación urbana con el que cuentan los municipios para su desarrollo prospectivo, asegurando que los asentamientos humanos estén ubicados en zonas idóneas y que cuenten con la infraestructura y equipamientos necesarios para el correcto desarrollo de las personas, asegurando su bienestar físico y social, estos están contemplados en el marco jurídico legal del país, como lo expresa el artículo 115, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las bases y facultades del municipio libre, como dice a la letra:

Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;

Por estos motivos, de aprobarse la presente iniciativa por proyecto de decreto, se fortalecerán las capacidades de planeación urbana de los municipios para cumplir lo establecido en nuestra legislación nacional, fortaleciendo la planeación urbana municipal.

3. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es la principal legislación en materia de desarrollo urbano al ser reglamentaria del artículo 115 constitucional, en este sentido la presente iniciativa tiene la motivación de fortalecer la legislación vigente en materia de planeación urbana al establecer un marco de referencia para el contenido de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano que se establecen en su fracción I del artículo 11 del Capítulo Cuarto: Atribuciones de los Municipios, dice a la letra:

Corresponde a los municipios:

Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

Si bien los municipios tienen la atribución de presentar sus planes municipales de desarrollo urbanos, estos son presentados sin tomar en cuenta los principios de justicia espacial, relegando la vivienda social a las periferias, produciendo fenómenos de modelos expansivos de las ciudades, lo que a la larga produce afectaciones al tejido social.

Los centros urbanos han crecido de forma exponencial desde principios del siglo pasado, pasando de tener una población rural, ya que en el año de 1950 el 43 por ciento de la población habitaba zonas rurales, según datos de Inegi, mientras que para el año 2020 el 79 por ciento de la población del país habita zonas urbanas de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, esta explosión demográfica en las ciudades ha tenido múltiples implicaciones, como que la mancha urbana de las ciudades se ha incrementado sin ninguna regulación por parte de las autoridades por la necesidad de espacios de los nuevos habitantes urbanos.

Este desarrollo estrepitoso de las zonas urbanas generó un modelo de desarrollo de las ciudades expansivo en el que los nuevos habitantes de las ciudades se han establecido principalmente en las periferias de las ciudades, zonas que anteriormente eran de cultivo o reservas naturales, las cuales estaban totalmente desprovistas de la infraestructura básica como lo es el servicio de agua potable, luz eléctrica, drenaje y alcantarillado, al establecerse estos asentamientos normalmente irregulares en zonas alejadas de los centros urbanos, sus habitantes demandan el establecimiento de equipamiento urbano como lo son, escuelas, hospitales, parques públicos y transporte público para cumplir sus necesidades.

Sin embargo, los gobiernos locales al no poder ordenar los asentamientos irregulares, se vieron en la necesidad de proveer los servicios básicos y equipamientos a las zonas más alejadas de la ciudad lo que ha ocasionado una gran erosión al gasto público que tiene que realizar los gobiernos locales y estatales para proveer de los servicios a las zonas más alejadas de la ciudad.

También es importante señalar que los asentamientos en las periferias surgen por la necesidad de vivienda asequible, ya que el costo de la vivienda en las zonas céntricas de la ciudad tienen un costo muy elevado para la gran mayoría de las personas, generado por un proceso de gentrificación en el cual por el alto costo de la vivienda los habitantes originales de una zona céntrica son expulsados a las periferias, lo que produce múltiples afectaciones urbanas, generando cinturones de miseria y segregando a las clases menos favorecidas alejándolas de sus fuentes de empleo lo que provoca en fenómeno de las ciudades dormitorio, donde los habitantes de las periferias todos los días tienen que trasladarse desde sus viviendas en las zonas periféricas a sus centros de trabajo que suelen estar en las zonas más céntricas de la ciudad lo que ocasiona que los ciudadanos gasten en promedio una a dos horas al día en sus tiempos de traslado perdiendo tiempo de calidad con sus familias, truncando también su desarrollo profesional.

Otro gran problema producido por la falta de una correcta planeación urbana es la contaminación que se produce por el transporte tanto público como privado, por los traslados que implica moverse de las zonas periferias en las que habitan las poblaciones desplazadas por el alto costo de la vivienda a sus centros de trabajo en las zonas céntricas las cuales están consolidadas, esta contaminación podría evitarse su las ciudades fueran más compactas, asumiendo un modelo de ciudad de 15 minutos propuesta por el urbanista francocolombiano Carlos Moreno.

Por todo esto se resalta la importancia de los planes municipales de desarrollo urbano, que son tan importantes para el desarrollo sustentable de los centros de población, ya que son el principal instrumento de planeación urbana con la que cuentan los municipios para delimitar cuáles son las áreas idóneas para el desarrollo urbano de manera prospectiva, previendo las zonas en donde se deberán establecer las viviendas para proveer de manera anticipada de los servicios públicos básicos, infraestructura mínima necesaria y el equipamiento urbano necesario para los asentamientos humanos.

El modelo de desarrollo de las ciudades ha sido desordenado y expansivo principalmente por la falta de planeación urbana, incentivando la propagación de asentamientos irregulares, los cuales no están previstos en los planes municipales de desarrollo urbanos, en muchas ocaciones las personas ubican sus viviendas en zonas de alto riesgo como lo son: barrancas, causes de ríos e inclusive en zonas naturales protegidas. Dejándolos vulnerables ante las afectaciones producidas por fenómenos climatológicos, que suelen afectar a los asentamientos irregulares, los cuales son propensos a deslaves, produciendo perdidas materiales, y peor aún, se producen perdidas humanas, según datos de la Cenapred en promedio fallecen 190 personas al año por desastres naturales ocasionados por fenómenos climatológicos, los cuales la gran mayoría pueden ser evitados si se aplica una correcta planeación urbana. Localizando las zonas de expansión urbana en lugares de bajo riesgo para la población.

Los asentamientos irregulares no solo son un riesgo para los habitantes de los mismos, sino que también producen conflictos urbanos en las ciudades, al no estar ubicadas en zonas consolidadas de las ciudades, carecen de servicios públicos básicos ocasionando problemas sanitarios a los pobladores y desabasto de agua a los habitantes de los centros urbanos debido a que si un municipio no cuenta con instrumentos de planeación urbana no puede prever la dotación de agua necesaria para los habitantes de centros de población. En México 12 millones de personas no tienen acceso al servicio de agua de los cuales la mayoría de esas personas se encuentran habitando asentamientos irregulares.

Por lo que de aprobarse la presente iniciativa con proyecto de decreto se dará un paso sustantivo a la mejora de la planeación urbana del país, al establecer la dotación de suelo suficiente para vivienda asequible, áreas verdes suficientes y espacios públicos, esto permitirá tener ciudades más resilientes.

Para la elaboración de la presente iniciativa con proyecto de decreto se elaboró una tabla comparativa de la legislación vigente y la legislación propuesta a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 23, 34, 64 y 69 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de planeación urbana

Único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 23; las fracciones IV y V del artículo 34; el primer párrafo del artículo 69; y, se adiciona un párrafo tercero y las fracciones de la I a la III al artículo 22; los incisos de a) al c) al párrafo séptimo del artículo 23; los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 64; el párrafo tercero y las fracciones de la I a la V al artículo 69, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 22. ...

...

Los programas de desarrollo urbano deberán:

I. Equilibrar la densificación urbana, asegurando un crecimiento ordenado y sostenible de los centros de población;

II. Destinar suelo obligatorio para áreas verdes, conforme a estándares mínimos de superficie por habitante;

III. Garantizar la incorporación de vivienda asequible, priorizando la integración social y el acceso equitativo al suelo urbano.

La observancia de estas directrices será obligatoria para asegurar el desarrollo urbano equilibrado, sustentable y accesible.

Artículo 23. ...

I. a V. ...

Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y, en su caso, por la legislación estatal de Desarrollo Urbano y por los reglamentos y normas administrativas federales, estatales y municipales aplicables. Son de carácter obligatorio, y deberán incorporarse al sistema de información territorial y urbano, deberán cumplir con las siguientes principios obligatorios:

a) Equilibrio en la densificación urbana, promoviendo un uso eficiente y ordenado del suelo para evitar la sobre concentración y el crecimiento disperso de los centros urbanos, asegurando una correcta densifiación;

b) Asignar obligatoriamen t e suelo para áreas verdes, garantizando estándares mínimos de superficie por habitante y su preservación como espacios públicos de calidad;

c) Incorporación de suelo para vivienda asequible, en zonas con equipamiento, acceso a servicios básicos y transporte público, priorizando la inclusión social y el derecho a la ciudad.

...

...

...

Artículo 34. ...

I. al III...

IV. La Densificación y consolidación urbana, garantizando un equilibrio territorial que evite la sobreconcentración, fomente el uso eficiente del suelo y promueva la inclusión de vivienda asequible, con asignación obligatoria de áreas verdes y espacios públicos seguros y de calidad como ejes articuladores;

V. Las políticas habitacionales y las relativas al equipamiento regional y metropolitano, incluyendo la integración de vivienda asequible en zonas con acceso a servicios, transporte y empleo;

VI. al XIV. ...

Artículo 64. ...

Las estrategias y acciones de resiliencia deberán estar alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, garantizando la sostenibilidad, inclusión y seguridad de los asentamientos humanos.

Se establecerán obligaciones precisas para que las autoridades municipales integren estas políticas en los programas de desarrollo urbano, destinando recursos financieros y operativos para su implementación y evaluación periódica.

En general, deberán promover medidas que permitan a las ciudades incrementar su resiliencia, reduciendo la vulnerabilidad de la población y garantizando el desarrollo urbano sostenible.

Artículo 69. Es obligación de las autoridades federales, estatales y municipales asegurarse que en las obras, acciones o inversiones en que intervengan o autoricen se cumplan las normas sobre prevención de riesgos y resiliencia urbana en los Asentamientos Humanos que esta Ley y la Ley General de Protección Civil establecen.

...

Las autoridades competentes deberán:

I. Implementar la planeación de resiliencia urbana con base en estudios actualizados de riesgos ambientales y vulnerabilidad, asegurando la identificación de zonas de riesgo y la integración de medidas preventivas en los programas de desarrollo urbano.

II. Establecer lineamientos específicos para la prevención de riesgos en asentamientos humanos, priorizando la regulación del uso de suelo en áreas vulnerables y la aplicación de prácticas de infraestructura sostenible.

III. Promover la elaboración de planes municipales y metropolitanos de resiliencia urbana, los cuales deberán contemplar:

a) Estrategias de adaptación y mitigación frente a riesgos ambientales;

b) Acciones de reubicación de asentamientos en zonas de alta vulnerabilidad;

c) Medidas para la implementación de infraestructur a resiliente, como techos verdes, sistemas de captación pluvial y recuperación de áreas naturales.

IV. La Secretaría emitirá normas, lineamientos y manuales obligatorios para fortalecer los procesos de resiliencia urbana en zonas metropolitanas y municipios, garantizando su aplicación efectiva y evaluación periódica.

V. Las entidades federativas y municipios deberán elaborar guías técnicas de resiliencia urbana y metropolitana que permitan identificar riesgos, fortalecer la prevención y asignar recursos para la recuperación en casos de contingencias catastróficas.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas, así como los municipios y las alcaldías de Ciudad de México, deberán realizar las modificaciones a las leyes y reglamentos correspondientes en la materia dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 https://www.onu.org.mx/agenda-2030/

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_010 621.pdf

5 https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

6 https://www.gob.mx/cenapred

7 https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-12-millones-de-personas-care cen-de-acceso-a-agua-potable-20230322-0009. html#:~: text=6: 00%20min-,En%20M%C3%A9xico%2012%20millones%20de%20personas%20carecen%20de%20acc eso%20a,la%20Ley%20General%20de%20Aguas.&text=De%20acuerdo%20con%20el%20inf orme,de%20agua%20embotellada%20del%20mundo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Javier Taja Ramírez (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara el día 30 de octubre “Día Nacional del Zacahuil”, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Francisco Adrián Castillo Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 30 de octubre como Día Nacional del Zacahuil, de acuerdo con la siguiente

En México si, bien es cierto existe una amplia gastronomía, con platillos típicos que representan una cultura y tradición, reconocida por sus sabores intensos, sus ingredientes autóctonos y sus técnicas culinarias ancestrales.

Como país se cuenta con 10 platillos típicos que representan la historia, dentro de los cuales se encuentran los tamales, sin embargo, existe de manera nacional la celebración el día de la candelaria que simboliza la continuidad de las tradiciones y el fortalecimiento de los lazos familiares, además de reforzar la identidad cultural mexicana, ya que el tamal es un elemento icónico de la gastronomía de México.

En el estado de San Luis Potosí, sus platillos típicos de la región, tradicionales es muy amplia la gastronomía potosina el clima y ambiente de esta región es de un bosque tropical, por lo que se dan alimentos como zapote, plátano, mango, lichi, carambola, jinicuil y naranja, asimismo es parte del “cinturón del café”, por lo que este sabor está presente en la vida cotidiana de los habitantes y restaurantes de San Luis Potosí.

Los platillos típicos, son las enchiladas potosinas lo cual se identifica por su preparación no llevar carne, enchiladas huastecas se sirven con cecina, piezas de pollo fritas o un guiso de papas y zanahorias al sartén, molores se realiza una mezcla de masa de maíz nixtamalizada y puré de papas, escamoles al ajillo son una de las variedades de insectos que más se consumen en la región, caldo huasteco combina sabores dulces y salados, zacahuil son tamales que miden de dos a cinco metros de largo, fiambre potosino utilizado como una botana, queso de tuna se realiza con tuna del nopal cardón, asado de boda preparación para 150 personas, cabuches es brote de la flor de biznaga, pemoles son galletas de harina de maíz preparadas al estilo polvorón, capirotadas postre de cuaresma, bocolitos tortilla que se rellena de un guiso, estrujadas tortilla doblada con diversos ingredientes y guiso borracho carne de cerdo con salsa hecha de cerveza.

Pero el Zacahuil tiene una historia y con origen en los tiempos prehispánicos y su nombre proviene de la lengua indígena mexicana náhuatl “zacahuili” que significa zacate, para muchos, es conocido como el “tamal gigante de México”, por ser un alimento ancestral cubierto con hojas de plátano ampliamente consumido en ciertas regiones de nuestro país.

El origen del platillo típico de la huasteca se remonta a la época prehispánica, donde los ubican las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún en la “Historia General de las cosas de Nueva España”, además, era un alimento provisto de un significado religioso que se consumía en fechas significativas y ritos dedicados a deidades y el ciclo de la fertilidad.

La importancia de su historia que en la actualidad ha cambiado su preparación y los ingredientes en su origen no son tan benévolas, ya que una de ellas relata que el ingrediente principal para su preparación era la carne violadores y agresores sexuales.

Todo comenzó en el mandato de Moctezuma cuando un mayordomo encargado del cobro de tributos abusó de jóvenes vírgenes en diferentes regios, al enterarse el monarca lo castigo con la muerte y el uso de carne en un tamal ceremonial para alimentar a sus víctimas; el sacrificio se repitió por varios años.

Otra versión es que la carne con la que se preparaba el tamal envuelto en hojas era sí de carne humano, pero de enemigos de guerra que eran vencidos, la similitud es el canibalismo como parte de la tradición.

La mayoría de las historias sobre este alimento coinciden en su relación con la muerte, pero en el caso de Arturo Gómez Martínez narra que el mito se ubica en el origen de la humanidad cuando las deidades prehispánicas pidieron un sacrificio, así que los primeros habitantes de la tierra sacrificaron a un guajolote. La preparación de esta ave fue con ingredientes de la región y fue envuelto en hojas de plátano y palma para simular una mortaja; lo sepultaron y al día siguiente lo extrajeron, así cocinaron un zacahuil que dejó satisfechos a los dioses.

Es una realidad que el zacahuil hoy en día representa un alimento que identifica a la región huasteca por su alto consumo, pero también es cierto que poco se sabe de sus aportes nutrimentales , de su composición química y de sus cambios durante el proceso de elaboración.

La elaboración del zacahuil es todo un ritual tradicional que vale la pena conocer, desde su historia, su elaboración y terminar con su degustación, el gusto por este exquisito platillo está fuertemente arraigado a la cultura huasteca, por lo que es considerado uno de los principales manjares de la gastronomía mexicana.

Si, bien es cierto el 2 de febrero es el día del tamal a través del “Día de Calendaría”, pero el zacahuil tiene una representación aún mayor y una historia propia e independiente, por ello se considera que exista el 30 de octubre como el día nacional del zacahuil, por su origen, desde una representatividad gastronómica del estado de San Luis Potosí, hasta una tradición mística la fecha idónea como representación de platillo típico en San Luis Potosí se asocia en el evento del Xantolo que da inicio la festividad el 30 de octubre al 02 de noviembre, la razón que sea con fecha al inicio del evento es porque ambos son emblemáticos del estado.

Decreto por el que se declara el día 30 de octubre como Día Nacional del Zacahuil

Artículo Único. Por el que se declara el día 30 de octubre como Día Nacional del Zacahuil

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://oem.com.mx/elsoldesanluis/local/el-zacahuil-mas-grande-del-mundo-en-dia -de-la-candelaria

2 https://oem.com.mx/elsoldehidalgo/local/zacahuil-el-tamal-justiciero

3 Piña-San Agustín, J., Vargas-Mendoza, M. de la C., Álvarez-Ávila M. del C., Dietz, G. (2021). Elaboration of zacahuil: Know-how and inputs related to the agroecosystems in la Huasteca. Revista de Geografía Agrícola, 68, 8-22.

4 Bonilla Burgos, R. M., & Gómez Rojas, J. C. (2013). Son huasteco e identidad regional. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 2013(80), 86—97.

https://doi.org/https://doi.org/10.14350/rig.36646

5 Pérez-Castro, A. B. (2007). Contenidos de sabor para leer la historia y vida social de la Huaxteca. Itinerarios: Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. 6, 81-100.

6 Gamarra E. X., Carvajal, J. M., Pacheco, S. B. (2021). El tamal zacahuil. Patrimonio cultural y alimentario de la Huasteca Potosina. Caso específico en la Huasteca Potosina. La Gastronomía como extensión del conocimiento. Eds. César Yáñez Santamaría, Ana Victoria Flores Vega, Oscar Gutiérrez Muñoz. 1o. edición. Clave Editorial. México. pp. 159-182.

7 https://hablemosclaro.org/el-zacahuil-platillo-emblematico-con-identidad-huaste ca/

8 https://oem.com.mx/elsoldeparral/cultura/por-que-el-dia-de-la-candelaria-se-cel ebra-con-tamales-origen-de-esta-tradicion-bien-mexicana

9 https://lamansion.com.mx/gastronomia-mexicana-una-colorida-y-deliciosa-expresio n-de-la-cultura-y-la-diversidad/

10 https://www.megustaleer.mx/platillos-tipicos-de-san-luis-potosi-conoce-su-gastr onomia/

11 Doctor Jorge Enrique Wong Paz, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca

Dado en la Ciudad de México, dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Francisco Adrián Castillo Morales, María del Carmen Pinete Vargas, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Paulina Rubio Fernández, (rúbricas).

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de salvaguardar la vida de las personas que transitan por las carreteras del país, al tenor de la siguiente

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal es un pilar fundamental en la regulación del transporte en México, garantizando la seguridad y el correcto uso de las vías.

Sin embargo, la creciente circulación de vehículos de carga pesada, como camiones remolque, tractocamiones semirremolque-remolque y tractocamiones semirremolque-semirremolque, ha generado una preocupante cantidad de accidentes viales, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.

El propósito de esta iniciativa es a favor de la vida de los miles de familias que circulan cada día en las carreteras del país, cabe destacar la necesidad de reformar esta ley para incluir de manera explícita la coordinación con la Guardia Nacional y establecer la prohibición de la circulación de estos vehículos.

El incremento en el número de vehículos de carga pesada en las carreteras ha estado acompañado por un alarmante aumento en la siniestralidad vial. Datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportan que más del 14 por ciento de los accidentes fatales involucran vehículos de carga. Esta realidad exige una respuesta legislativa que busque priorizar la seguridad de todos los usuarios de las vías, especialmente en un entorno donde la circulación de estos vehículos puede ser particularmente peligrosa.

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Mexicana. La reformación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal necesita reflejar este compromiso al establecer prohibiciones claras y específicas que protejan la vida de las personas. La regulación efectiva sobre la circulación de vehículos pesados en áreas y momentos críticos es vital para reducir el riesgo de accidentes y, en consecuencia, salvar vidas.

La inclusión de la Guardia Nacional en el marco de la ley es crucial para implementar medidas de seguridad vial efectivas. La Guardia Nacional tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones de supervisión y control, lo que permite hacer cumplir las prohibiciones de manera efectiva. Esta coordinación no solo mejorará la vigilancia en las carreteras, sino que también facilitará una respuesta inmediata ante situaciones que puedan poner en peligro a los ciudadanos.

La inclusión de sanciones por el incumplimiento de las prohibiciones establecidas será fundamental para garantizar la efectividad de la reforma. Estas sanciones deben ser proporcionales al riesgo que representan para la vida de las personas y deberían incluir tanto multas económicas como la inmovilización de los vehículos infractores. Esto enviará un mensaje claro sobre la importancia de cumplir con las regulaciones de seguridad vial.

En varios países del mundo, se han implementado regulaciones efectivas que limitan la circulación de vehículos de carga en momentos y lugares que presentan un alto riesgo. Por ejemplo, en regiones de Europa y América del Norte, las restricciones sobre la circulación de vehículos pesados han mostrado resultados positivos, evidenciando una disminución en la cantidad de accidentes viales. México puede adoptar estrategias similares que se adapten a sus necesidades específicas.

La reforma de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para incluir la coordinación de la Guardia Nacional y establecer la prohibición de la circulación de unidades de autotransporte de carga es una medida urgente y necesaria para salvaguardar el derecho a la vida de las personas en México.

Esta reforma no solo contribuirá a la reducción del número de accidentes y muertes en las carreteras, sino que también reflejará el compromiso del Estado con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Es momento de tomar acciones decididas para crear un entorno vial más seguro, donde la protección de la vida sea la prioridad principal en la legislación y regulación del transporte en nuestro país.

Para tener una idea del impacto que esto genera, cabe destacar que, en México, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año:

Solo en 2020, murieron 1,460 personas en accidentes relacionados con tráileres de doble remolque.

De acuerdo con el Diario de los Diputados, los vehículos de carga con doble remolque son responsables de más de mil muertes al año.

De acuerdo con Sin Embargo, más de mil 600 de los más de cinco mil accidentes viales que provocan muertes cada año en México involucran a algún tráiler, especialmente de doble remolque.

En este honorable Congreso de la Unión, en diferentes legislaturas se ha planteado este problema, desde hace más de una década, como una preocupación urgente por resolver mediante la prohibición de éstos y se han presentado iniciativas para prohibir la circulación de vehículos de carga con doble remolque, pero hasta ahora no han prosperado.

Es entendible las preocupaciones económicas que esto implica, sin embargo, nada se compara con el cuidado y protección de la vida de las personas, de nuestras familias, es tiempo de generar conciencia no solo desde la óptica económica y de la prohibición, sino de encontrar un sentido positivo al derecho a la vida, a nuestro cuidado, al de nuestras familias, a transitar sin miedo a sufrir un accidente, en efecto hemos escuchado las implicaciones que se tendrían si es que se logrará avanzar en la regulación y en su caso en la prohibición de la circulación de vehículos de doble o doble semirremolque, sin embrago no está de más mencionar muchas más causas que afecta la circulación de este tipo de vehículos.

Los datos estadísticos muestran un alarmante incremento en el número de accidentes de tráfico en México, muchos de los cuales involucran vehículos de gran tamaño, como los doble y doble semi remolques. Estos vehículos, debido a su tamaño y peso, tienen un mayor potencial para causar daños significativos en caso de colisión. La prohibición de estos vehículos podría contribuir a una disminución en la tasa de accidentes y, por ende, a la salvaguarda de vidas humanas.

Los usuarios más vulnerables de las vías, como ciclistas, motociclistas y peatones, se ven especialmente afectados por la presencia de vehículos de gran tamaño. La prohibición de los doble y doble semi remolques podría reducir el riesgo que representan para estos grupos, promoviendo un entorno más seguro para todos los usuarios de la carretera.

Además de los riesgos para la vida humana, los doble y doble semi remolques contribuyen a la contaminación ambiental. Su funcionamiento genera emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes que afectan la calidad del aire. Al limitar el uso de estos vehículos, se podría contribuir a un entorno más saludable y sostenible, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible del país dentro de la estrategia de prosperidad compartida, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La prohibición de los doble y doble semi remolques no implica un freno al desarrollo del transporte de mercancías. Existen alternativas viables, como el uso de vehículos más pequeños y eficientes, que pueden realizar el mismo trabajo sin los riesgos asociados a los vehículos de gran tamaño. Fomentar el uso de estas alternativas puede estimular la innovación en el sector del transporte y contribuir a una economía más dinámica y segura.

La prohibición de los doble y doble semi remolques puede ir acompañada de campañas educativas que informen a la población sobre la importancia de la seguridad en las carreteras y la responsabilidad compartida de todos los usuarios.

Estas reformas y adiciones propuestas a la ley que prohíba los doble y doble semi remolques en México es una medida que busca priorizar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Al reducir el riesgo de accidentes, proteger a los usuarios más vulnerables, contribuir a un entorno más saludable y fomentar alternativas de transporte, esta ley puede ser un paso significativo hacia un futuro más seguro y sostenible. Es momento de actuar y poner la vida en el centro de nuestras decisiones legislativas.

Planteamiento del problema

Me permito citar algunos fragmentos del artículo publicado en el medio de comunicación, sin embargo, titulado: “Tráileres asesinos: muertos todos los días”, de la autoría de Francisco Ortiz Pinchetti, en el mes de septiembre del año 2023:

 “... Las estadísticas del INEGI indican que en México hay 561 mil unidades de autotransporte de carga. Más de cinco mil personas mueren cada año por accidentes viales. En más de mil 600 de esos descensos se ve involucrado algún tráiler, especialmente de doble remolque. Sin embargo, hay otros datos: el Instituto Mexicano del Transporte reporta que de 30 mil accidentes anuales, el tracto camión doblemente articulado participa en tres por ciento de los casos, genera 2.2 por ciento de fatalidades y 1.6 por ciento del total de lesionados. Es decir, ese tipo de vehículos provoca cada año la muerte de no menos de tres mil 600 mexicanos y deja lesiones a otros cuatro mil 800. Muchos de ellos quedan incapacitados de por vida. México ocupa el séptimo lugar en el mundo por el mayor número de accidentes carreteros, según la ONU.

Sabemos que en Estados Unidos y muchos otros países del mundo está prohibida la circulación de tráileres de doble remolque, por ser altamente peligrosos. Además, el transporte de carga está sujeto a estricta regulación, que incluye límites al peso de carga, sanciones millonarias a infractores y penas de prisión, como es en el caso de Gran Bretaña, Canadá, Francia y Alemania.

No ocurre así en México, obviamente. A pesar de incontables denuncias y de no pocas iniciativas de ley para reglamentar el tema, siguen siendo permitidos los tráileres de doble remolque y se mantienen altos tonelajes máximos permitidos, los cuales además se violan de manera cotidiana. Por lo demás, es prácticamente nula la aplicación de sanciones a los infractores.

Frecuentemente se culpa a los choferes de los accidentes. A menudo efectivamente actúan de manera irresponsable, sin precaución, a exceso de velocidad.

Existen otros culpables como lo son los dueños de las unidades de carga obligan a sus conductores a jornadas extenuantes. No los capacitan adecuadamente. Tampoco les dan debido mantenimiento a las unidades. Emplean llantas en mal estado, para ahorrar, y no revisan el sistema de frenado. Los sobrecargan de manera ilegal. Y son absolutamente impunes.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alerta que la fatiga de los conductores de estos vehículos es causa preponderante en accidentes. “Casi todos los países regulan la cantidad de horas al volante y los tiempos de descanso para los choferes comerciales; pero en México no existen límites legales sobre tiempos de manejo continuo...”

De acuerdo con la editorial de Animal Político, hace una relatoría de estudios e informes destaca en su publicación del día 22 de septiembre de 2022:

“La norma mexicana que regula la circulación de vehículos de autotransporte en México, un tráiler de doble remolque tiene permitido cargar hasta 75.5 toneladas y puede medir hasta 32.5 metros de largo. Sin embargo, en un informe entregado al Senado se documentó que el peso de tráileres que circulan así en México puede llegar hasta las 120 toneladas.

Cuando un doble remolque tiene sobrecarga, su sistema de frenado es más lento, lo que le impide frenar pronto, puede tardar más de 10 segundos en lograr frenar, por eso terminan llevándose a una serie de automóviles, advierte Antonio Azueta, mecánico y reparador de tráileres.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), de 2016, el frenado de un tráiler doble remolque, con 74 toneladas, necesitaría frenar 52 metros antes y tardaría al menos 4 segundos en hacer un alto total.

Entonces estamos hablando de que no frenan porque en primera van muy pegados de los demás carros, en segunda porque, aunque pisen el freno el sistema tarda en actuar esos diez segundos, al final resulta insuficiente, agrega Azueta.

Por ello, Juan Pablo Zataráin, académico del ITESO y quien ha estudiado el tema de logística y transporte de carga pesada, apunta que además de respetar el peso límite, la unidad debe de contar con frenos auxiliares.

Para evitar que si los (frenos) normales se dañan o no funcionan, pues el sistema alterno entre en acción, explica.

Otros países del mundo tienen limitaciones más estrictas, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil y Argentina solo permiten un peso de 40 toneladas, según los datos de una recopilación del Foro Internacional de Transporte.

“Pero esto hay que aclararlo, en Estados Unidos les permiten ese peso y un largo de 24 metros, evitando las dimensiones más grandes y estos tráileres solo pueden circular por carreteras rectas y planas, generalmente llevan troncos de árboles, cosas así, no llevan sustancias peligrosas, está sumamente restringido. Tú dime ¿cuándo vas a ver algo así?”, cuestiona Héctor Gandini, representante de la sociedad civil en iniciativas del doble remolque.

El mismo estudio del IMT señala que durante 2020 existían 801 tráileres de doble remolque registrados ante la autoridad. Sin embargo, Gandini refiere que es sencillo adaptar un vehículo para ser doble remolque, por lo que no hay certeza sobre su número circulando.

En realidad no hay un censo oficial de cuántos dobles remolques hay... un doble remolque lo armas en media hora, no hay que olvidar que le quitas el dolly y ya no es doble remolque, bien fácil, enfatiza.

En esto concuerda el académico Zataráin, quien señala que es sencillo desarmar los tráileres doble remolque, pues solo se necesitan unidades de ensamble y cableado que permita conectar las luces del último remolque con el comando.

Por su parte, la Asociación Nacional de Transporte Privado defendió el doble remolque en su participación ante el Senado, y sostuvo que el tema se debe enfocar en la gestión de la velocidad. Por ejemplo, regular la velocidad a 30 kilómetros por hora en zonas donde usuarios y vehículos se mezclan de forma frecuente.

Zataráin destaca que, a diferencia de México, en otros países, las unidades tienen una revisión más exhaustiva en sus cargas y sanciones más claras en caso de incumplir. Además de otras medidas para evitar accidentes como unidades de menor dimensión, que circulen en un carril exclusivo, a una velocidad regulada y se respeten las jornadas de trabajo de los conductores.”

La ex senadora de la república, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, ha sido una de tantas que en su momento manifestó esta preocupación y después de hacer un estudio minucioso de los diferentes esfuerzos de legisladoras y legisladores por más de 10 años, he encontrado coincidencia con lo que en su momento ella presentó, razón por la cual le he solicitado de su autorización para realizar un planteamiento en los mismos términos de la citada exlegisladora, mencionando lo siguiente:

“La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, establece las especificaciones de peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, excepto los vehículos tipo grúa de arrastre y de arrastre y salvamento.

En esta norma se establece que el tracto camión doblemente articulado, es el vehículo destinado al transporte de carga constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación, que debe cumplir con diversas especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control, entre las que destacan:

- Velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor,

- Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en rebase,

- Luces encendidas permanentemente, mediante sistema electrónico instalado en el vehículo, que las encienda al momento de ponerlo en marcha,

- Circular con un mínimo de 100 metros de separación respecto de otros vehículos pesados que les aplique la presente Norma,

- Conservar, respecto del que va adelante, la distancia de seguridad que le garantice su detención oportuna, tomando en cuenta la velocidad, el estado del camino, las condiciones climáticas y las del propio vehículo,

- Contar con conductores con capacitación, experiencia y licencia específica,

- Uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de conducción semanal, con registros por viaje, y

- Sistemas de Posicionamiento Global, que reportará como mínimo los siguientes elementos: posición y velocidad, debiéndose prever un respaldo de la información que genere el GPS, información que el permisionario deberá poner a disposición de la Secretaría y Policía Federal para su consulta, conforme a los Lineamientos que emita la Secretaría.

Los tractocamiones doblemente articulados están autorizados para transitar por caminos hasta con 72.5 toneladas de peso, siempre y cuando cuenten con un sistema auxiliar de frenos, independientemente del sistema de balata.

Si bien, estas características ayudan en la prevención de accidentes, es fundamental que la autoridad de seguimiento y realice verificaciones constantes a los vehículos de carga que circulan en los caminos y puentes federales, con la finalidad de reducir accidentes e incrementar la seguridad de quienes circulen por caminos federales que existe menor probabilidad de accidentes con vehículos de autotransporte federal que pongan en riesgo su integridad física.”

La citada iniciativa se puede leer completa en el siguiente link:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-07-181/asse ts/documentos/Inic_PVEM_Sen_Lagunes_LCPyAF.pdf

Propuesta legislativa

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente

Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo a los artículos 35, 39 y 50 y una fracción IV Bis al artículo 74; se reforman la fracción VI del artículo 2, la fracción VII del artículo 5, la fracción V del 66, las fracciones I, II, III, IV y V y párrafo cuarto del artículo 74 y párrafo primero y las fracciones I, II y III del artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. a V. ...

VI. Secretaría: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

VII. a XVI. ...

Artículo 5o. ...

...

I. a VI. ...

VII. Retirar de la circulación al autotransporte federal que no cumpla con las verificaciones técnicas, las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, y otras establecidas en la presente Ley y Normas Oficiales Mexicanas.

VIII. a IX. ...

Artículo 35.- ...

En caso de no cumplir con la verificación señalada en el párrafo anterior, se revocará el permiso de transitar en caminos federales.

...

Artículo 39.- ...

Los permisionarios que tengan en circulación vehículos de autotransporte federal y privado, que no cumplan con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, serán sometidos a revocación de permisos.

Artículo 50.- ...

Queda estrictamente prohibida la circulación a las unidades de autotransporte de carga denominadas, camión remolque, tractocamión semirremolque-remolque y tractocamión semirremolque-semirremolque.

...

...

...

Artículo 66.- ...

I. a IV. ...

V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización, por tonelada o la parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor peso.

Artículo 74. ...

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización;

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización;

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa de cien a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización;

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización,

IV Bis. Mantener en circulación vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo sin las medidas establecidas en los artículos 35 y 39 de esta Ley, con multa de hasta quinientos días de Unidad de Medida y Actualización y serán sujetos a revocación del permiso correspondiente para la prestación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo.

Esta multa se incrementará hasta el doble, cuando los vehículos de autotransporte hayan ocasionado un accidente vial y, hasta tres veces cuando existan víctimas de privación de la vida.

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

...

...

Para los efectos del presente capítulo, la multa se calculará conforme al monto de la Unidad de Media y Actualización, al momento de cometerse la infracción.

Los ingresos derivados por concepto de multas que se impongan en términos del presente artículo se destinarán a la Secretaría para cubrir gastos de operación e inversión en tecnología y programas vinculados al autotransporte.

...

Artículo 74 Bis. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley y Reglamentos que de ella se deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización, y

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización.

...

III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización.

...

...

...

Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, contará con un plazo de 180 días a la publicación del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las Normas y Reglamentos correspondientes.

Tercero.- Los vehículos de autotransporte de carga con doble remolque y con una carga de 35 toneladas de peso, que actualmente recorren los caminos federales, dejarán de circular en su totalidad el 31 de diciembre de 2028, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Notas

1 https://www.sinembargo.mx/4412725/traileres-asesinos-muertos-todos-los-dias/

2 https://www.sinembargo.mx/4412725/traileres-asesinos-muertos-todos-los-dias/

3 https://animalpolitico.com/verificacion-de-hechos/te-explico/traileres-doble-re molque-iniciativas-congeladas-persisten-accidentes

4 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2023-07-181/assets/documentos/In ic_PVEM_Sen_Lagunes_LCPyAF.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputados: Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Jacobo Mendoza Ruiz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de armonización legislativa, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 7, 8, 9, primer párrafo, nombre del capítulo tercero, 14, 15, primer párrafo y fracciones I Bis y II, 21, 23, 24, 25, primer párrafo, 27, primer párrafo, 29, primero y segundo párrafos, y 30 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de armonización legislativa, al tenor de la siguiente

Antecedentes

a) En fecha 1 de noviembre de 2024, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se plantea la creación de la Secretaría de las Mujeres, entre otras dependencias.

b) En fecha 5 de noviembre de 2024, dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Gobernación y Población.

c) En fecha 11 de noviembre de 2024, en la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, se sometió a votación y aprobación el dictamen en sentido positivo de la Iniciativa presentada por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, al cual se integraron otras iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.

d) En fecha 13 de noviembre de 2024, en la Sesión de Pleno de la Cámara de Diputados, se sometió a discusión y aprobación el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual fue aprobado por 321 votos en favor y 108 en contra, y turnado al Senado de la República para su codictamen.

e) En fecha 26 de noviembre de 2024, el Senado de la República aprobó el dictamen propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El proyecto fue discutido y votado en dos bloques, el primero de los cuales se aprobó por unanimidad con 119 votos a favor. Este primer bloque contempló los artículos 8, 28, 30 Bis, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 38, 38 Bis, 39, 41, 41 Bis, 42, 42 Bis, 44 Bis y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre otros aspectos, las reformas a dichos artículos plantean ampliar las actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para desempeñar funciones de promoción económica y cultural. El segundo bloque que se sometió a discusión y votación fue sobre los artículos 14 Bis, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 37, 42 Ter, 44 y 50. En este caso, el proyecto fue avalado con 89 votos a favor y 39 en contra. Con la aprobación de ambos bloques, el proyecto fue enviado al Ejecutivo para su decreto y publicación en el Diario Oficial de la Federación ( DOF). Este grupo de artículos es el que incluye la creación de las tres nuevas secretarías, destacando la Secretaría de las Mujeres.

f) En fecha 28 de noviembre de 2024, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

En el artículo 26, fracción XXI, de dicha reforma se crea la Secretaría de las Mujeres:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes Secretarías:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. Secretaría de la Defensa Nacional;

IV. Secretaría de Marina;

V. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

VI. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Secretaría de Bienestar;

VIII. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IX. Secretaría de Energía;

X. Secretaría de Economía;

XI. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XII. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;

XIII. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

XIV. Secretaría de Educación Pública;

XV. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación;

XVI. Secretaría de Salud;

XVII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

XVIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XIX. Secretaría de Cultura;

XX. Secretaría de Turismo;

XXI. Secretaría de las Mujeres; y

XXII. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Y en el artículo 42 Bis se establecen sus atribuciones específicas:

Artículo 42 Bis. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación en el ámbito de su competencia, de la Política Nacional en materia de:

a) Mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género.

b) Prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.

c) Sistema de cuidados;

II. Formular, coordinar, proponer, articular, fortalecer, vigilar y monitorear las políticas públicas con enfoque de género, interseccionalidad y de derechos humanos, que aseguren la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al cuidado en los procesos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las autoridades estatales y municipales, para garantizar la observancia de estos principios en los tres Poderes de la Unión;

III. Diseñar, proponer, implementar, monitorear y evaluar acciones afirmativas, programas, proyectos y acciones para el avance de los derechos de las mujeres;

IV. Promover, diseñar e implementar programas y estrategias de formación, capacitación, sensibilización y certificación a las personas servidoras públicas y al público en general, en materia de igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia para las mujeres e igualdad sustantiva, derecho al cuidado, así como fomentar la participación ciudadana y fortalecer el conocimiento del ejercicio integral de sus derechos;

V. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas especiales en materia de igualdad sustantiva y prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres;

VI. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, una cultura de no violencia y no discriminación;

VII. Promover programas y acciones en materia de salud integral de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, en coordinación con la Secretaría de Salud e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud;

VIII. Promover la armonización y constante actualización de la normativa en materia de diseño, implementación, programación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IX. Promover, concertar y suscribir instrumentos de colaboración, así como demás instrumentos jurídicos con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el desarrollo de proyectos relativos a las materias objetivo de la Secretaría de las Mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;

X. Promover, concertar y suscribir instrumentos de colaboración con los sectores y organizaciones de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el apoyo financiero y técnico en el desarrollo de proyectos relativos a las materias objetivo de la Secretaría de las Mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XI. Promover, realizar y vincular estudios e investigaciones para la instrumentación de un sistema de información, registro, seguimiento y monitoreo sobre condiciones sociales, políticas económicas y culturales de las mujeres;

XII. Promover y realizar campañas nacionales de sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres, así como de sus derechos, con la colaboración de los sectores público, privado y social;

XIII. Difundir y promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales en los que México sea parte, entre los poderes públicos federales, relacionados con las materias objetivo de la Secretaría de las Mujeres;

XIV. Participar en foros nacionales e internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, así como proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;

XV. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en materia de igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia para las mujeres e igualdad sustantiva, derecho al cuidado, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

XVI. Las demás que le fijen expresamente las leyes y sus reglamentos.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como finalidad, y de acuerdo con los antecedentes descritos, de armonizar la normatividad de la Secretaría de las Mujeres a fin de dar certeza jurídica a las actividades que desarrollará dicha dependencia, al suprimir del léxico legal al extinto Instituto Nacional de las Mujeres.

Asimismo, actualizar el nombre de Distrito Federal por Ciudad de México.

A efecto de mejor proveer, se proponen los siguientes cambios:

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de armonización legislativa

Único. Se reforman los artículos 4, 7, 8, 9, primer párrafo, nombre del capítulo tercero, 14, 15, primer párrafo y fracciones I Bis y II, 21, 23, 24, 25, primer párrafo, 27, primer párrafo, 29, primero y segundo párrafos, y 30 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de armonización legislativa, para quedar como sigue:

Artículo 4. En lo no previsto en esta ley se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 7. La federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los tres órdenes de gobierno.

Artículo 8. La federación, los estados, la Ciudad de México y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 9. La federación, a través de la secretaría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación de la Secretaría de las Mujeres, a fin de

...

Capítulo TerceroDe los Estados y la Ciudad de México

Artículo 14. Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas Constituciones, y el Congreso de la Ciudad de México, con arreglo a su Constitución Política, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.

Artículo 15. Corresponde a las y los titulares de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México:

I. ...

I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y de la Ciudad de México, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y la Ciudad de México;

III. a IV. ...

Artículo 21. La Secretaría de las Mujeres, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la ley específica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente ley.

Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 24. La Secretaría de las Mujeres coordinará, las acciones que el Sistema Nacional genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local.

Artículo 25. A la Secretaría de las Mujeres corresponderá

I. a VIII. ...

Artículo 27. Los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de las Mujeres, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional.

...

Artículo 29. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por la Secretaría de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este Programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo , así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación.

Los programas que elaboren los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, con visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de igualdad en congruencia con los programas nacionales.

Artículo 30. L a Secretaría de las Mujeres deberá revisar el programa nacional cada tres años.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6659, 13 de noviembre de 2024. Disponible en

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241113-IV.pdf

2 Ídem.

3 Redacción, Sin Embargo. “Hay nuevas dependencias. El Senado aprueba el decreto de creación de las secretarías de la Mujer y de Ciencias”, 26 de noviembre de 2024. Disponible en

https://www.sinembargo.mx/4580566/el-senado-aprueba-el-decreto-d e-creacion-de-las-secretarias-de-la-mujer-y-de-ciencias/

4 Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, 28 de noviembre de 2024, disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744005&fecha=28/ 11/2024#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de armonización legislativa, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36, fracción IX, 41, nombre de la sección décima, y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de armonización legislativa, al tenor de la siguiente

Antecedentes

a) En fecha 1 de noviembre de 2024, la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se plantea la creación de la Secretaría de las Mujeres, entre otras dependencias.

b) En fecha 5 de noviembre de 2024 dicha iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobernación y Población.

c) En fecha 11 de noviembre de 2024, en la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, se sometió a votación y aprobación el dictamen en sentido positivo de la Iniciativa presentada por la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, al cual se integraron otras iniciativas presentadas en el mismo sentido por parte de legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.

d) En fecha 13 de noviembre de 2024, en la sesión de pleno de la Cámara de Diputados se sometió a discusión y aprobación el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual fue aprobado por 321 votos en favor y 108 en contra, y turnado al Senado de la República para su dictamen.

e) En fecha 26 de noviembre de 2024, el Senado de la República aprobó el dictamen propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, El proyecto fue discutido y votado en dos bloques, el primero de los cuales se aprobó por unanimidad con 119 votos a favor. Este primer bloque contempló los artículos 8, 28, 30 Bis, 32 Bis, 33, 34, 35, 36, 38, 38 Bis, 39, 41, 41 Bis, 42, 42 Bis, 44 Bis y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre otros aspectos, las reformas a dichos artículos plantean ampliar las actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para desempeñar funciones de promoción económica y cultural. El segundo bloque que se sometió a discusión y votación fue sobre los artículos 14 Bis, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 37, 42 Ter, 44 y 50. En este caso, el proyecto fue avalado con 89 votos a favor y 39 en contra. Con la aprobación de ambos bloques, el proyecto fue enviado al Ejecutivo para su decreto y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este grupo de artículos es el que incluye la creación de las tres nuevas secretarías, destacando la Secretaría de las Mujeres.

f) En fecha 28 de noviembre de 2024, en la edición vespertina del DOF se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”

En el artículo 26, fracción XXI, de dicha reforma se crea la Secretaría de las Mujeres:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes Secretarías:

I. Secretaría de Gobernación;

II. Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. Secretaría de la Defensa Nacional;

IV. Secretaría de Marina;

V. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

VI. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Secretaría de Bienestar;

VIII. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IX. Secretaría de Energía;

X. Secretaría de Economía;

XI. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

XII. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes;

XIII. Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;

XIV. Secretaría de Educación Pública;

XV. Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación;

XVI. Secretaría de Salud;

XVII. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

XVIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

XIX. Secretaría de Cultura;

XX. Secretaría de Turismo;

XXI. Secretaría de las Mujeres; y

XXII. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Y en el artículo 42 Bis se establecen sus atribuciones específicas:

Artículo 42 Bis. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación en el ámbito de su competencia, de la política nacional en materia de

a) Mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género.

b) Prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.

c) Sistema de cuidados;

II. Formular, coordinar, proponer, articular, fortalecer, vigilar y monitorear las políticas públicas con enfoque de género, interseccionalidad y de derechos humanos, que aseguren la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al cuidado en los procesos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las autoridades estatales y municipales, para garantizar la observancia de estos principios en los tres Poderes de la Unión;

III. Diseñar, proponer, implementar, monitorear y evaluar acciones afirmativas, programas, proyectos y acciones para el avance de los derechos de las mujeres;

IV. Promover, diseñar e implementar programas y estrategias de formación, capacitación, sensibilización y certificación a las personas servidoras públicas y al público en general, en materia de igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia para las mujeres e igualdad sustantiva, derecho al cuidado, así como fomentar la participación ciudadana y fortalecer el conocimiento del ejercicio integral de sus derechos;

V. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas especiales en materia de igualdad sustantiva y prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres;

VI. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres, una cultura de no violencia y no discriminación;

VII. Promover programas y acciones en materia de salud integral de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, en coordinación con la Secretaría de Salud e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud;

VIII. Promover la armonización y constante actualización de la normativa en materia de diseño, implementación, programación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

IX. Promover, concertar y suscribir instrumentos de colaboración, así como demás instrumentos jurídicos con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para el desarrollo de proyectos relativos a las materias objetivo de la Secretaría de las Mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;

X. Promover, concertar y suscribir instrumentos de colaboración con los sectores y organizaciones de los sectores social y privado, así como de la sociedad en general, para el apoyo financiero y técnico en el desarrollo de proyectos relativos a las materias objetivo de la Secretaría de las Mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XI. Promover, realizar y vincular estudios e investigaciones para la instrumentación de un sistema de información, registro, seguimiento y monitoreo sobre condiciones sociales, políticas económicas y culturales de las mujeres;

XII. Promover y realizar campañas nacionales de sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres, así como de sus derechos, con la colaboración de los sectores público, privado y social;

XIII. Difundir y promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los instrumentos internacionales en los que México sea parte, entre los poderes públicos federales, relacionados con las materias objetivo de la Secretaría de las Mujeres;

XIV. Participar en foros nacionales e internacionales respecto de las materias competencia de la Secretaría, así como proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores la celebración de tratados y acuerdos internacionales en tales materias;

XV. Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en materia de igualdad de género, derecho a una vida libre de violencia para las mujeres e igualdad sustantiva, derecho al cuidado, de conformidad con las disposiciones aplicables; y

XVI. Las demás que le fijen expresamente las leyes y sus reglamentos.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como finalidad, y de acuerdo con los antecedentes descritos, de armonizar la normatividad de la Secretaría de las Mujeres a fin de dar certeza jurídica a las actividades que desarrollará dicha dependencia, al suprimir del léxico legal al extinto Instituto Nacional de las Mujeres.

A efecto de mejor proveer, se proponen los siguientes cambios:

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de armonización legislativa

Único. Se reforman los artículos 36, fracción IX, 41, nombre de la sección décima y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de armonización legislativa, para quedar como sigue:

Artículo 36. El sistema se conformará por las personas titulares o representantes legales de

I. a VIII. ...

IX. La Secretaría de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del sistema;

X. a XIV. ...

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la federación:

I. a IX. ...

X. Realizar a través de la Secretaría de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten;

XI. a XX. ...

Artículo 48. Corresponde a la Secretaría de las Mujeres:

I. a X. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

N otas

1 Gaceta Parlamentaria, año XXVII, número 6659, 13 de noviembre de 2024. Disponible en

https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2024/nov/20241113-IV.pdf

2 Ídem.

3 Redacción, Sin Embargo. “Hay nuevas dependencias. El Senado aprueba el decreto de creación de las Secretarías de la Mujer, y de Ciencias”, 26 de noviembre de 2024. Disponible en

https://www.sinembargo.mx/4580566/el-senado-aprueba-el-decreto-d e-creacion-de-las-secretarias-de-la-mujer-y-de-ciencias/

4 Diario Oficial de la Federación, edición vespertina, 28 de noviembre de 2024. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744005&fecha=28/ 11/2024#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputada María Guadalupe Morales Rubio (rúbrica).»