INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 18 de febrero de 2025 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. De decreto, para realizar inscripción de honor en el recinto de la Cámara de Diputados la frase: Mexicanas y Mexicanos Migrantes, Héroes de la Patria, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a efecto de incluir el tipo penal de acecho, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.

4. Que expide la Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, que armoniza con las reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y derechos de pueblos originarios y afromexicanos, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

7. Que reforma la fracción XIII del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

8. Que reforma el artículo 65 y adiciona un artículo 65 Bis a la Ley General de Educación, en materia de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

9. Que adiciona el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento de la relación puerto-ciudad, a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Marina, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de técnicas de reproducción humana asistida, suscrita por las diputadas Nayeli Arlen Fernández Cruz y Santy Montemayor Castillo, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, respectivamente.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Que reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

13. De decreto por el que se declara el 17 de enero como Día Nacional de la Talabartería, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

14. Que reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE y a la Jucopo de esta soberanía, en coordinación, a estudiar la viabilidad de abrir en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, una tienda SuperISSSTE, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la SRE, así como a la colegisladora, a dar seguimiento a la relación bilateral México-Singapur, en el marco de la Alianza del Pacífico, a cargo de la diputada Gabriela Valdepeñas González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu y al Inegi, a establecer una mesa de trabajo con el gobierno de Baja California y el municipio de Ensenada, con la participación de representantes del grupo interinstitucional para analizar los criterios empleados para la nueva delimitación de la metrópolis y procurar la reclasificación del municipio de ensenada nuevamente como Zona Metropolitana, con la finalidad de garantizar su acceso a recursos, políticas y programas públicos que impulsen el desarrollo del municipio, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo, a revisar y atender el incremento injustificado en las tarifas del transporte público en la ruta el Cardonal - Ixmiquilpan, y a garantizar el respeto a los acuerdos establecidos en materia de tarifas, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, a suspender de inmediato el aumento a las tarifas del transporte público impuestas en Nuevo León, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Querétaro, a hacer de conocimiento público sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de octubre y 9 de noviembre de 2024, referentes al desalojo de comerciantes y los actos de violencia ocurridos en el bar Los Cantaritos, a cargo del diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a impulsar acciones conjuntas con las industrias de alimentos y bebidas, a fin de generar estrategias para desarrollar una adecuada implementación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, a garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la SEP y de la extinta Mejoredu, ante los recientes despidos y la reestructuración administrativa, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SRE, a realizar los trámites correspondientes para el otorgamiento de la Orden Mexicana del Águila Azteca al ciudadano español José Ramón Andrés Puerta, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a revisar y actualizar las guías para la atención de pacientes con Hipertensión Pulmonar Asociada a Enfermedad Pulmonar Intersticial (HP-EPI), con base en la evidencia científica más reciente, a cargo de la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a dar a conocer sobre los alcances del contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204 así como de la cantidad de mamíferos grandes, medianos, aves, reptiles y anfibios que han sido capturados, reubicados y sacrificados durante la construcción y operación del Tren Maya, suscrito por los diputados Fidel Daniel Chimal García y Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a investigar y tomar las medidas necesarias para conocer las razones del deceso de un menor de 7 años en la localidad de Ayehualulco, perteneciente al municipio de Zacatlán, Puebla, en la Escuela Primaria Narciso Mendoza y en caso de encontrar irregularidades que puedan implicar algún tipo de responsabilidad legal dé vista a las autoridades competentes, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México, a brindar apoyo al pueblo de San Nicolás Totolapan en la preservación, mantenimiento y limpieza del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que condena enérgicamente el embargo económico y comercial impuesto por los Estados Unidos de América a la República hermana de Cuba, asimismo, se exhorta al Gobierno y Congreso estadounidense, a suspender de manera permanente los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con el Ejecutivo federal, a implementar las acciones necesarias para mitigar la situación de las personas trabajadoras y de sus familias de Minera del Norte, S.A. de C.V, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a implementar las acciones pertinentes para garantizar el acceso y permanencia de los servicios educativos en la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a intervenir en las gestiones necesarias para que las escuelas públicas cuenten con la infraestructura y mobiliario necesario para que las y los estudiantes puedan hacer uso de las tecnologías de la información, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y al Gobierno de Nuevo León, a investigar sobre los niveles alarmantes de plomo, arsénico y otras sustancias tóxicas en la zona metropolitana de Monterrey y se implementen acciones que garanticen la salud, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la SSPC y a la FGR y a los gobiernos locales y autoridades de las 31 entidades y de la Ciudad de México, a instrumentar en el ámbito de sus facultades, acciones con el fin de prevenir y atender las extorsiones de que son objetos los ciudadanos, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a través de la delegación en Aguascalientes, a revisar las condiciones para el tránsito de vehículos en las carreteras federales 45 norte y 45 sur, a cargo del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a dar continuidad a los concursos públicos y abiertos de selección del servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a promover acciones para implementar bebederos en las escuelas de educación básica, a fin de promover hábitos saludables, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a diversas autoridades en materia de salud, a mantener la operatividad y servicios públicos de atención a la salud en el Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón a favor de la población veracruzana, suscrito por los diputados Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a que, en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, realice una auditoría forense al fondo de infraestructura social para las entidades con un alcance del cien por ciento respecto los recursos ejercidos por el gobierno del Estado de México, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través del IMSS-Bienestar, a transferir los recursos públicos destinados a los hospitales regional de alta especialidad del bajío, del centro regional de alta especialidad de Chiapas, del Hospital regional de alta especialidad de Oaxaca, del hospital regional de alta especialidad de la península de Yucatán, del hospital regional de alta especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 201, a fin de que puedan operar adecuadamente, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Conagua y al gobierno de Baja California, a ayudar a los agricultores del valle de Mexicali, afectados por la reducción de hectáreas sembradas a raíz de la firma de las actas 323 y 330, en materia de recorte en la disponibilidad de agua para México de la cuenca del río Colorado, suscrito por los diputados Erubiel Lorenzo Alonso Que, Leticia Barrera Maldonado y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

PARA REALIZAR INSCRIPCIÓN DE HONOR EN EL RECINTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA FRASE: MEXICANAS Y MEXICANOS MIGRANTES, HÉROES DE LA PATRIA

«Iniciativa de decreto para realizar inscripción de Honor en el recinto de la Cámara de Diputados la frase: “Mexicanas y Mexicanos Migrantes, Héroes de la Patria”, a cargo de la diputada Roselia Suárez Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Roselia Suárez Montes de Oca, diputada federal por acción afirmativa integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la frase “Mexicanas y mexicanos migrantes, héroes de la patria”.

Planteamiento del problema

Esta iniciativa pretende honrar el esfuerzo y la entrega de mexicanas y mexicanos que decidieron salir del país para realizar su vida y la de sus hijos e hijas en mejores condiciones y con más oportunidades dejando atrás situaciones adversas como la pobreza, inseguridad, violencia para transformar su presente y lograr un mejor futuro.

Propone visibilizar las aportaciones, servicios, energía y voluntad de hombres y mujeres mexicanos que, más allá de nuestras fronteras, desde otros países y en otras latitudes, en primera, segunda y más generaciones, han aportado a la distancia en la construcción de la nación mexicana.

Reconoce la trascendencia histórica del legado en el pasado y el trabajo que más allá de las fronteras, realizan paisanos migrantes, pero que están presentes siempre en la edificación permanente de la patria mexicana.

Se propone rendir homenaje en la Cámara de Diputados, la casa del pueblo de México, inscribiendo en el Muro de Honor el legado de mexicanos residentes en el exterior para reconocerlos como héroes y heroínas por su entereza, espíritu, valores, destacada participación en la construcción y la hazaña de hacer patria mexicana a la distancia, en cualquier parte del mundo y principalmente en Estados Unidos.

Argumentación

El Consejo Nacional de Población estimó que en 2024 había alrededor de 132.3 millones de habitantes en México.

Éste dato corresponde únicamente a las mexicanas y mexicanos residentes en territorio nacional. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha expresado: “Hay 37.3 millones de personas mexicanas viven en Estados Unidos, básicamente en California y Texas, de las cuales 26.7 millones son de segunda y tercera generación y 10.6 millones son nacidos en México de los cuales 5.3 millones son indocumentados”.

Es imperativo considerar la dimensión histórica de la migración mexicana y de la actual coyuntura internacional, determinada por el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en un segundo mandato. Trump ha puesto en marcha una política de agresión todavía más visceral respecto a su primera administración, especialmente para la región de América del Norte, donde ha desplegado una dinámica de amenazas y desconocimiento del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, migración, comercial, y soberanía de las naciones.

En la relación bilateral con México, el gobierno de Donald Trump ha implementado, desde el primer día de su mandato una estrategia de criminalización y persecución de las personas migrantes que trabajan en Estados Unidos sin contar con una residencia legal. De esta forma, el gobierno de Trump se ha dado a la tarea de intensificar redadas para atrapar a migrantes indocumentados, y proceder a su deportación inmediata. No podemos dejar de señalar que esta política del nuevo Presidente de Estados Unidos se ha caracterizado por incluir un fuerte componente racista, de tal forma que la persecución de migrantes se ha concentrado en personas de origen latinoamericano.

De forma especialmente agresiva y discriminatoria, el gobierno de Trump se ha concentrado en capturar y deportar migrantes mexicanos, esta situación aporta un elemento altamente significativo para el planteamiento de la presente Iniciativa. Lo anterior, porque es sabido que siempre ha existido discriminación, abuso, persecución y deportación de migrantes mexicanos por parte de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos. De hecho, los gobiernos de Barak Obama y de Joe Biden deportaron una cantidad más grande de mexicanos, respecto al primer mandato de Trump. Entonces lo que hace particularmente especial la actual coyuntura, es la doctrina que está construyendo el gobierno del presidente Donald Trump.

En efecto, Trump ha difundido de forma incesante una concepción infamante de los migrantes mexicanos, y de los mexicanos en general. El presidente Trump y gran parte de su equipo de gobierno, manejan un discurso donde promueven un estereotipo degradante del migrante mexicano. Dicho estereotipo distorsiona la imagen del migrante mexicano, caracterizándolo como criminal, narcotraficante, delincuente, antisocial, depredador y parasitario que destruye el bienestar, la seguridad y las instituciones estadounidenses.

Esas afirmaciones son injustas, racistas y totalmente desapegadas a la realidad. Porque los migrantes mexicanos contribuyen con trabajo honesto y efectivo a la economía de los Estados Unidos, aportan su fuerza de trabajo en condiciones precarias, en medio de la incertidumbre propia de una situación indocumentada. Las y los migrantes mexicanos, en general, respetan las instituciones y las leyes de Estados Unidos, y a lo largo de la historia han tratado de incorporarse a la sociedad norteamericana, enfrentando con dignidad y disposición de trabajo las expresiones de racismo.

No solo han contribuido a la grandeza de la economía de los Estados Unidos, sino que, con su trabajo honesto, aportan recursos a sus familias y pueblos en México, a través de las remesas, que simbolizan su disposición al ahorro, la solidaridad, el patriotismo y el deber. Esto lo han logrado las personas migrantes mexicanas en condiciones sumamente adversas, con precariedad, incertidumbre y carencia de protección social.

Por eso, consideramos que los migrantes mexicanos en Estados Unidos son verdaderamente héroes de la patria. Porque encarnan la disposición absoluta de pertenencia a México, a sus familias, a su cultura y a su tierra. Se van a Estados Unidos por necesidad, porque, no tuvieron oportunidad de vivir y trabajar. Pero lejos de guardar rencor o desapego a lo mexicano, los migrantes refrendan permanentemente su disposición a seguir siendo parte de México a través de su trabajo y todo lo que significan las remesas.

Se puede establecer una conclusión sólida: en este momento histórico, en que desde el poder de la máxima potencia mundial se pretende destruir el espíritu y la circunstancia de los migrantes mexicanos, es más que justo que los poderes públicos reconozcan la dignidad, los derechos y el heroísmo de estas hermanas y hermanos mexicanos. Desde luego, hay que promover que el Estado mexicano apoye eficazmente a los migrantes con políticas específicas, como lo está haciendo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo quien ha puesto en marcha la estrategia México te Abraza, en la cual 18 dependencias y secretarías de estado, la red consular y con el apoyo de Agencias de Naciones Unidas y organizaciones, se garantizan los derechos de los connacionales en Estados Unidos y en México.

Pero también es necesario rendir homenaje a estos héroes, elevando su nombre y su obra al Muro de Honor de la Cámara de Diputados. Son héroes anónimos, pero con un espíritu nacional y con un patriotismo igual de potente que los héroes que, justificadamente, tienen su lugar en ese altar cívico.

Asimismo, se enfatiza que el enunciado que se propone inscribir en el Muro de Honor es: “Mexicanas y Mexicanos Migrantes, Héroes de la Patria”. En esta frase se utiliza el adjetivo “Mexicanas” como expresión de lenguaje incluyente en reconocimiento específico al valor y la aportación de las mujeres, las niñas y las adolescentes para verlas, nombrarlas y visibilizar la importante y fundamental decisión que tomaron en algún momento de su vida para desplazarse a otros países o ciudades en busca de una mejor vida para ellas y sus familias.

A nivel internacional, las mujeres representan el 48 por ciento de las personas que migran. Cada vez más mujeres solas, ellas con sus hijos e hijas, o al frente, como jefas de familias extensas integran la llamada “feminización de la migración”. Datos del Gobierno de México señalan que, en 2020 las mujeres migrantes mexicanas fueron 5.2 millones, representaron menos de la mitad de la población migrante mexicana en el mundo (11.2 millones), sin embargo, la población femenina que se dirige a Estados Unidos es cada vez más importante 30.2 por ciento de mujeres y 69.8 por ciento hombres.

No es óbice mencionar que para el Grupo Parlamentario Morena ha sido una lucha constante el reconocimiento del esfuerzo y la aportación a la Cuarta Transformación que las y los mexicanos migrantes realizan por y para México. En la LXV Legislatura el diputado migrante Manuel Alejandro Robles Gómez presentó una propuesta para inscribir en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados: “Migrantes Mexicanos, Héroes de la Patria”. Por ello, esta iniciativa es continuidad de aquella propuesta primigenia.

Finalmente, se considera que la propuesta que se presenta en esta iniciativa reúne los requisitos que establecen los artículos 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 5 del Reglamento para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados respecto a la trascendencia histórica, perdurabilidad y viabilidad de la aportación de las y los migrantes mexicanos como héroes de la patria.

Los referidos numerales señalan a la letra:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo 262.

1. La Cámara podrá realizar inscripciones dentro del Recinto, en los espacios adecuados para tal fin, conforme al Reglamento para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados, que emita la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Para ello, se deberá presentar una iniciativa, en los términos de este Reglamento.

Reglamento para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados

Artículo 5.

1. La Comisión resolverá sobre las propuestas presentadas de inscripción de nombres de las ciudadanas mexicanas o ciudadanos mexicanos, valorando los méritos, aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; considerando las virtudes, grado de eminencia, trascendencia histórica y perdurabilidad de su legado, en beneficio de las mexicanas y los mexicanos; sujetándose a los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal.

2. La Comisión resolverá sobre las propuestas de inscripción de instituciones, leyendas o apotegmas presentadas, valorando, en el caso de las instituciones, la eminencia, la trascendencia histórica, su doctrina y legado de servicio a la Nación. En el caso de los apotegmas, deberán considerarse en la valoración los criterios de validez universal para todos los ciudadanos, así como su aplicación en todos los ámbitos de la vida nacional, su rango de preeminencia en la preservación y superación de la Patria, la humanidad y la ciudadanía. Y para determinar la viabilidad de los hitos históricos, será estudiada la magnitud de su influencia en la vida nacional, la herencia a través del tiempo y la enseñanza que nos ha dejado el suceso; así como el valor histórico de una tragedia o pérdida, cuya huella recuerde la importancia de los valores nacionales y de la ciudadanía.

Respecto a la temporalidad del hecho que se plasme en el Muro de Honor, el Reglamento en cita marca que deberán haber transcurrido por lo menos 50 años:

Artículo 8.

1. Cuando se proponga la inscripción del nombre o nombres de ciudadanas mexicanas o ciudadanos mexicanos deberá haber transcurrido, cuando menos, un periodo no menor a cincuenta años, desde su fallecimiento. En caso de leyendas y apotegmas deberá haber transcurrido, cuando menos, un período no menor a cincuenta años, desde el hecho transcurrido.

Al respecto se señalan tres acontecimientos con los cuales se da cumplimiento al requisito de la temporalidad en el hecho de la migración de mexicanas y mexicanos que solventan la frase que se propone sea inscrita en el Muro de Honor:

Primero, la migración es un derecho humano. En todos los tiempos y en todas las naciones, los seres humanos se mueven y cruzan fronteras en busca de mejores oportunidades. La migración es intrínseca al ser humano y esta cualidad fue plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 donde se reconoce el derecho a migrar:

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establece el derecho fundamental a migrar:

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Segundo, la migración mexicana tiene una larga tradición histórica destacando cuando se estableció el caudal de más de 3 mil kilómetros del río Bravo o río Grande como frontera entre Estados Unidos y México en 1848:

El movimiento migratorio de México a Estados Unidos se inicia durante el siglo XIX, en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos, cuando se estableció la división fronteriza, separando a las dos naciones, sorprendiendo a muchos compatriotas quienes debieron tomar la decisión de quedarse a vivir en los terrenos que ahora pasarían a formar parte de los Estados Unidos, o bien, transportarse hacia el sur a los espacios mexicanos.

En esa época histórica, a los mexicanos y mexicanas en lo individual, pero también como pueblo histórico se les aplica lo que decían quienes habitaban entonces los territorios perdidos que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, y partes de Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming: “Nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros”.

Y tercero, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) generó una crisis en los mercados laborales de Estados Unidos dando paso a una migración controlada.

Entre 1942 y 1964 se llevaron a cabo una serie de acuerdos diplomáticos para regular el trabajo temporal de mexicanos en Estados Unidos, lo que dio lugar al llamado Programa Bracero. Se requería mano de obra para recoger las cosechas. En 1964, el programa concluyó por los abusos, explotación, discriminación y humillaciones que sufrían los trabajadores mexicanos.

También siguió existiendo la migración irregular. Se les llamó “espaldas mojadas” a mexicanos que cruzaban el Río Bravo sin documentación para el ingreso, permanencia y residencia ilegal en ese país. En 1954 el referido término dio nombre a la Operation Wetback (Operación espaldas mojadas), mediante la cual se aplicó de ley para combatir y dificultar el cruce de la frontera con México.

Por lo tanto, la migración es un hecho esencial de las personas y la movilidad humana de las y los mexicanos ha representado un acontecimiento que ha sucedido siempre desde el siglo XIX en la historia y en los límites actuales de la nación mexicana.

Por todo lo expuesto, como una acción específica y contundente de reconocimiento de la aportación de los mexicanos residentes en el exterior por el Congreso de la Unión, en particular de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto para que se realice la inscripción de honor en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados la frase Mexicanas y Mexicanos Migrantes, Héroes de la Patria

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase Mexicanas y Mexicanos Migrantes, Héroes de la Patria.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 Consejo Nacional de Población. Disponible en

https://www.gob.mx/conapo

2 Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado 80, del 26 de febrero de 2024. Disponible en

https://www.gob.mx/sre/prensa/la-canciller-alicia-barcena-ibarra -presenta-estrategia-mexicana-de-movilidad-humana

3 Gobierno de México. Estrategia México te Abraza. Disponible en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/971337/28enero25_ M_xico_te_abraza.pdf

4 ONU Migración. Disponible en

https://lac.iom.int/es/genero-y-migracion

5 Gobierno de México. Disponible en

https://www.gob.mx/conapo/documentos/mujeres-de-mexico-en-la-mig racion-internacional

6 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados. Disponible en

https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2023/feb/20230221-II-1 .html#Iniciativa30

7 El flujo migratorio en México: Un análisis histórico a partir de indicadores socioeconómicos, Ayuvar Campos, Francisco Javier, 2014. Disponible en

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElFlujoMigratorioEnMe xico-5425990%20(1).pdf

8 Tribulaciones de los braceros y aspirantes a serlo, Sandra González Camacho.Disponible en

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/600-Texto%20del%20 art%C3%ADculo-1079-1-10-20200917.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputada Roselia Suárez Montes de Oca (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a efecto de incluir el tipo penal de acecho, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Ciria Yamile Salomón Durán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6o. numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La conservación y protección del patrimonio cultural de México avanzó de manera sustancial en su proceso de positivización, a partir de la publicación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de enero de 2022, especialmente en lo que se refiere a la protección del derecho de propiedad colectiva.

A decir verdad, no fue una tarea sencilla y, pese al avance que tenemos, existen problemas persistentes sobre los cuales debe legislarse para ser atendidos. Sin embargo, uno de los que mayor preocupación generaban dentro de las comunidades afectadas por el plagio cometido por diversas marcas internacionales de moda fue que, si bien existía una “protección individual” de los derechos de autor, no sucedía lo mismo con el denominado “patrimonio colectivo”, que es aquel que se va legando de generación en generación y forma parte sustancial de nuestras tradiciones y culturas indígenas y afromexicanas.

Dicho de otro modo, no existía un mecanismo de protección que inhibiera, previniera o sancionara los atropellos cometidos en contra de nuestros pueblos, artesanías y cultura en general, los cuales condensan nuestra historia, identidad, conocimientos y cosmovisión originaria. Al respecto, no debe perderse de vista que el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, misma que fue aprobada por México en la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.”

Por esta razón, era claro que existía una laguna jurídica con respecto a la protección de los “derechos de propiedad colectiva” en la legislación relativa a los derechos de autor, misma que debía colmarse. De hecho, la misma Ley Federal del Derecho de Autor contemplaba a las expresiones culturales de las comunidades indígenas (denominadas comúnmente “cultura popular” o “artesanal”) como de “dominio público”, dando paso a su libre uso, pudiendo ser utilizadas, reproducidas y comercializadas por cualquier persona no solo en México, sino en el mundo entero, tal como lo hicieron en su momento grandes marcas de diseñadores como Louis Vuitton, Hermes, Carolina Herrera, Pineda Covalín, Ralph Lauren, Zara, Isabel Marant, Mango, por mencionar sólo algunas. Lo anterior implicaba que no se podían emprender acciones legales a nivel nacional o incluso internacional respecto a la protección del patrimonio cultural mexicano.

De hecho, “entre 2012 y 2019, al menos 23 marcas de ropa, nacionales e internacionales, se han apropiado de los diseños de comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas e Hidalgo”. Lamentablemente, la apropiación de los diseños indígenas y afromexicanos por parte de las casas de moda internacional no podía combatirse a través de los tribunales.

Ante esta situación de vulnerabilidad por parte los pueblos originarios frente a los plagios y apropiación indebida de su patrimonio cultural, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General Número 35, en la cual advirtió que: “México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificidades y características propias de los pueblos y comunidades indígenas y haga efectivo su derecho a la protección del patrimonio cultural, ya que actualmente no prevé las medidas necesarias para proteger, salvaguardar, preservar, promover y desarrollar dicho patrimonio, con base en una visión interseccional que incorpore la pertinencia cultural”.

Esta situación, la apropiación indebida de los diseños indígenas y afromexicanos, no solo constituye un severo atropello al patrimonio cultural de México y sus comunidades originarias, sino en especial a los artesanos que viven de la creación y venta de artesanías. Éstos son en su mayoría creadores locales cuyos productos tardan meses en elaborarse, perjudicando severamente su economía al ser literalmente copiados o modificados gráficamente para ser reproducidos industrialmente y comercializados a nivel global a precios muy menores al verdadero valor artístico de sus creaciones y (lo que es todavía más grave) sin percibir siquiera un reconocimiento o ganancia económica por ello. Se trata, pues, de una “apropiación indebida” de sus expresiones culturales tradicionales por parte de las casas de moda internacional, y aunque éstas intenten disfrazarlo como un “homenaje” al patrimonio de nuestros pueblos, no es sino simplemente un “plagio” de los elementos culturales de las raíces populares mexicanas.

En términos estrictos, el problema de la apropiación indebida del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas radica en dos elementos:

1) La vulneración del carácter artesanal de las creaciones artísticas, como son los bordados o estampados en las prendas tradicionales. Al someterse a un proceso de reproducción industrial, dichas creaciones pierden precisamente esa característica: la de haber sido elaboradas por manos artesanas y tener por ello un signo de exclusividad, pues son piezas únicas que llevaron una gran cantidad de tiempo y dedicación para su elaboración;

2) El objetivo mercantil de las creaciones artísticas y la derrama económica que generan: mientras las originales son vendidas a nivel local a precios muy menores a lo que realmente equivalen sus horas de trabajo, los diseños ya prefabricados, reproducidos o maquilados en cadena son comercializados a precios superiores y a nivel mundial, siendo todavía más grave que no se dé crédito alguno o mínima remuneración a los artesanos o a sus comunidades por sus obras.

Con la nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, los conocimientos, la cultura y la identidad de los pueblos originarios y las manifestaciones materiales e inmateriales que de estos deriven son inalienables, indivisibles e imprescriptibles. El avance sustancial que se dio en materia de “derecho de propiedad colectiva” fue formidable. Sin embargo, el debate parlamentario debe girar también en torno a la protección del artesano y su labor histórica, social, cultural y creativa. En efecto:

“ser una artesana o artesano es crear arte, mediante la utilización de todos los sentidos, es aquella persona dedicada a la elaboración manual de objetos artesanales, aplicando el ingenio y la originalidad para la creación de piezas y objetos con el apoyo de herramientas, que les permiten manipular materiales de diversa índole, tales como: madera, cobre, barro, cuero, roca, hierro, cantería, vidrio, textiles, cerámica, estaño y fibras vegetales, es un proceso que se transmite de generación en generación, el cual requiere de la aplicación y perfeccionamiento de técnicas con cierta destreza y precisión”.

Se trata de mujeres y hombres de todas las edades, quienes, a través de la convivencia familiar y la historia oral, transmiten la ejecución de técnicas ancestrales a las nuevas generaciones, mismas que preservan los distintivos estéticos, culturales y simbólicos de sus obras y de sus antepasados. No obstante, en muchas ocasiones sus diseños artesanales son víctimas del plagio total o parcial, mismo que puede estamparse en otro tipo de productos cuya elaboración (industrial, en la mayoría de los casos) y comercialización acentúan las pésimas condiciones para el pago justo de su actividad artesanal. Por tanto, si bien es cierto que con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se regula y protege el derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre su patrimonio cultural, también lo es que se requiere limitar a aquellos que, siendo partes de la propia comunidad, rompen el principio básico o la esencia de las artesanías en sí mismas, ya sea al distorsionar los elementos típicos y tradicionales para definirlos como algo de “nueva creación”, o bien simplemente por producirlos mediante procesos mecanizados que deforman el origen de los elementos culturales que los identifican, convirtiéndolos en productos comerciales o suvenires de valor utilitario.

Un caso de este tipo es el que ha surgido recientemente en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, donde se ha presentado una denuncia por parte de artesanos de la región por la comercialización de la muñeca hñahñu Nxutsi. La muñeca está siendo confeccionada y comercializada por una empresaria hidalguense a quien se le acusa de plagio por parte de las artesanas locales, quienes “argumentan que la muñeca tiene artesanías de la cultura del Valle del Mezquital y no fueron consultadas para su uso”. Como lo advierten algunos reportajes periodísticos con respecto a esta controversia: “primero los Tenangos y ahora los diseños denominados Flor y Canto pertenecientes a la cultura hñahñu se encuentran en un predicamento ante la denuncia de una apropiación y explotación cultural de diseños que son heredados por generaciones y propiedad de estas comunidades indígenas”.

En suma, es preciso que se encuentre una limitación a la apropiación indebida de las formas, colores y/o características simbólicas o identitarias de las artesanías, incluso cuando estas se llevan a cabo dentro de los mismos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo reformar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a fin de prohibir la reproducción total o parcial de los diseños y creaciones artesanales textiles.

En el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma propuesta:

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas

Artículo Único. Se adicionan tres párrafos al artículo 25 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los diseños y creaciones artesanales textiles, incluidos su imagen, formas, colores y/o características simbólicas o identitarias, sea cual fuere el medio, físico, digital o mecánico, sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el ejercicio de su derecho de propiedad colectiva.

Los creadores y productores individuales, integrantes de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, cuyos productos estén inspirados en alguno de los elementos de su patrimonio cultural, no podrán argüir derechos de propiedad intelectual para el aprovechamiento, comercialización o producción de sus obras, ya sea industrialmente o como artesanías.

La resolución de controversias por los derechos de autor de los artesanos y sus productos, las artesanías derivadas de sus técnicas y diseños, así como los elementos físicos o digitales que comercialicen como parte de sus actividades se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 11 de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-dec laracion-pueblos-indigenas.pdf

2 En 7 años, 23 marcas plagiaron el diseño autóctono de México, y no hay una sola denuncia: activistas. Disponible en:

https://www.sinembargo.mx/3599883/en-7-anos-23-marcas-plagiaron- el-diseno-autoctono-y-no-hay-una-sola-denuncia-acusan-activistas/

3 Recomendación General 35 sobre la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. Disponible en:

https://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=50104

4 Acta de la sesión celebrada el miércoles 15 de marzo de 2023, Senadora Elvia Marcela Mora Arellano. Disponible en:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2023/03/asun_4 518807_20230322_1679499330.pdf

5 Apoyan a artesanas molestas por la comercialización de la muñeca hñahñu Nxutsi. Disponible en:

https://oem.com.mx/elsoldehidalgo/local/apoyan-a-artesanas-moles tas-por-la-comercializacion-de-la-muneca-hnahnu-nxutsi-17485909

6 Con aval de funcionarios estatales, empresaria plagia diseño indígena, acusan. Disponible en:

https://hidalgo.quadratin.com.mx/municipios/con-aval-de-funciona rios-estatales-empresaria-plagia-diseno-indigena-acusan/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2025.– Diputada Ciria Yamile Salomón Durán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen.

SE EXPIDE LA LEY FEDERAL ANTIMONOPOLIO Y DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Iniciativa que expide la Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica, a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El concepto de “sicariato digital” representa una manifestación contemporánea de la violencia en entornos digitales, caracterizada por el uso de tecnologías de la información para atentar contra la integridad, la privacidad y la reputación de las personas, particularmente de las mujeres. Este fenómeno se materializa a través de la manipulación de información, la creación y difusión de contenido difamatorio o alterado mediante técnicas avanzadas como audios, imágenes o vídeos creados con ayuda de inteligencia artificial, conocidos como “ deepfakes”, así como la implementación de estrategias de acoso, hostigamiento y desprestigio sistemático en plataformas digitales.

La sofisticación de estos métodos es alarmante debido al uso perjudicial que algunos usuarios hacen de estas tecnologías, siendo afectadas mayormente las mujeres y evidenciando que el sicariato digital no se limita a ataques espontáneos en redes sociales, sino que responde a una planificación meticulosa destinada a causar un daño irreversible en la vida personal y profesional de las víctimas.

A diferencia de otras formas de ciberdelincuencia, el sicariato digital se distingue por su carácter estructurado y su intención deliberada de generar consecuencias psicológicas, sociales y económicas adversas.

Uno de los principales desafíos en la regulación de este fenómeno radica en la insuficiencia del marco normativo vigente. Si bien se han impulsado reformas para sancionar diversas formas de violencia digital, la falta de un reconocimiento específico del sicariato digital impide una respuesta efectiva por parte de las autoridades, dado que no se contempla con precisión los mecanismos utilizados en estos ataques ni establece medidas de protección adecuadas para las víctimas, lo que genera un estado de indefensión jurídica y dificulta el acceso a la justicia.

Este tipo de violencia no solo afecta a figuras públicas o actores políticos, sino que cualquier persona, especialmente mujeres y niñas, puede convertirse en objetivo de estas agresiones. La facilidad con la que se pueden generar y propagar estos ataques en el entorno digital subraya la necesidad urgente de implementar estrategias de prevención, educación y regulación.

La reciente absolución de un ex alumno del Instituto Politécnico Nacional acusado de manipular con inteligencia artificial imágenes de sus compañeras, para crear y distribuir contenido sexual sin su consentimiento, pone de manifiesto la urgencia de legislar sobre el “ sicariato digital” en México. A pesar de que se encontraron en su posesión más de 160 mil fotografías y 20 mil videos alterados, el juez determinó que no había pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de violación a la intimidad sexual.

Este caso evidencia las lagunas legales y la falta de herramientas jurídicas en México para abordar adecuadamente las nuevas formas de violencia digital que afectan principalmente a mujeres. En respuesta a esta problemática, en marzo de 2024, presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de reconocer el “ sicariato digital” como una modalidad de violencia digital.

La violencia digital de género en México ha mostrado tendencias preocupantes en los últimos años, de acuerdo con datos oficiales, como el Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2023, que reveló que 20.9 por ciento de la población usuaria de internet, equivalente a 18.4 millones de personas de 12 años y más, experimentó alguna forma de ciberacoso. De este grupo, 22.0 por ciento corresponde a mujeres y 19.6 por ciento a hombres.

El ciberacoso afecta de manera más significativa a las mujeres jóvenes. En el rango de 20 a 29 años, 30.7 por ciento de las mujeres usuarias de internet reportó haber sido víctima de ciberacoso, mientras que en los hombres de la misma edad, la cifra fue de 23.4 por ciento.

Las plataformas digitales más utilizadas para estas agresiones incluyen Facebook, WhatsApp y llamadas telefónicas. Las formas de ciberacoso más comunes fueron el contacto mediante identidades falsas (35.9 por ciento), el envío de mensajes ofensivos (33.3 por ciento) y la recepción de contenido sexual no solicitado (26.0 por ciento).

Las cifras revelan la magnitud del problema. En un alto porcentaje de los casos, los ataques provienen de cuentas anónimas o desconocidas, lo que dificulta su identificación y sanción.

Asimismo, el papel de las plataformas digitales en la proliferación de estos ataques es un factor determinante. A pesar de que algunas redes han adoptado medidas de moderación de contenido, la rapidez con la que se viraliza la información y la falta de transparencia en los procesos de eliminación de contenido difamatorio constituyen barreras significativas para la protección de las víctimas.

El 11 de octubre de 2023, se llevó a cabo el foro Alto al sicariato digital en la Cámara de Diputados, en un esfuerzo por visibilizar esta problemática y avanzar en su regulación, donde especialistas, representantes del gobierno y víctimas expusieron la urgencia de una legislación que proteja a las mujeres de esta modalidad de violencia.

Uno de los factores en los que coincidieron, es en la ha facilidad para llevar a cabo el delito debido a la ausencia de normativas claras sobre el uso de redes sociales y plataformas digitales. La transformación de las interacciones sociales tras la pandemia de covid-19 ha potenciado la presencia de la violencia en línea, con prácticas como la suplantación de identidad, la difusión de información manipulada y la creación de perfiles falsos destinados a hostigar, difamar y desacreditar a mujeres en espacios públicos y políticos.

Los especialistas han advertido que este tipo de agresiones no solo afectan a las víctimas directas, sino que tienen consecuencias amplias para la democracia y el ejercicio de derechos fundamentales. La violencia política en entornos digitales se ha convertido en una herramienta para inhibir la participación de las mujeres en el debate público, afectando su derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Uno de los principales obstáculos para frenar estas prácticas es la dificultad de las plataformas digitales para regular la difusión de contenido falso o calumnioso. La mayoría de estas empresas solo toman medidas cuando se acumulan múltiples denuncias, lo que permite que las agresiones persistan y sigan causando daño. Por ello, es fundamental que el Estado adopte una postura más activa en la regulación de este tipo de contenido, estableciendo mecanismos que permitan la eliminación oportuna de publicaciones que vulneran los derechos de las mujeres.

Además, se ha identificado que la inteligencia artificial ha sido utilizada como un mecanismo para potenciar la desinformación y el desprestigio, particularmente en contextos electorales.

Se han documentado casos en los que se han creado audios y videos falsos para atribuir declaraciones inexistentes a candidatas y funcionarias públicas, con el fin de perjudicar su imagen y generar una percepción negativa en la opinión pública. Estas estrategias no solo atentan contra las personas afectadas, sino que también alteran el proceso democrático al influir en la percepción de la ciudadanía mediante información manipulada.

Ante esta situación, es imprescindible avanzar en el diseño de estrategias de prevención, regulación y sanción que permitan enfrentar el sicariato digital de manera efectiva. La falta de medidas específicas deja un vacío legal que impide a las víctimas acceder a la justicia y fomenta la impunidad de quienes orquestan estas campañas de violencia.

La protección de los derechos digitales y la integridad de las mujeres en línea debe ser una prioridad para garantizar que el entorno digital sea un espacio seguro y libre de agresiones, por lo que se plantea el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman el artículo 20 Ter, fracción IX y X, artículo 20 Quáter, párrafo tercero; y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 20 Quáter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Ter. La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

I. a VIII. ...

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, como la generación y difusión de campañas difamatorias, la manipulación de información y la creación de cuentas falsas en redes sociales para suplantar identidades o engañar a la opinión pública, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, así como alterar y propagar imágenes o audios generados o modificados mediante inteligencia artificial, o emplear datos o declaraciones sacadas de contexto, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en estereotipos de género;

XI. a XII. ...

Artículo 20 Quáter. ...

...

El sicariato digital será reconocido como una forma de violencia digital, comprendiendo todas aquellas acciones ejecutadas directa o indirectamente que impliquen la creación de perfiles falsos en redes sociales, la difusión de campañas de desprestigio, la sustracción y manipulación de datos personales, o la usurpación de identidad de una mujer, con el objeto de calumniar, intimidar o generar temor, valiéndose de tecnologías de la información, plataformas digitales, redes sociales o inteligencia artificial.

Para efectos del presente Capítulo se entenderá por Tecnologías de la Información y la Comunicación aquellos recursos, herramientas y programas, incluyendo a quienes hacen uso de la inteligencia artificial, para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos.

La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal Federal.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo sobre Ciberacoso, México, INEGI, 2023.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mociba/2023/doc/mo ciba2023_resultados.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, que armoniza con las reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y derechos de pueblos originarios y afromexicanos, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres rurales representan más de la mitad de la población rural mundial y desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos, el cuidado de las infancias y el ambiente. Sin embargo, a menudo se enfrentan a múltiples desafíos, como la discriminación, la pobreza y la falta de acceso a recursos y servicios básicos.

La discriminación de género es un problema generalizado en las zonas rurales, donde las mujeres a menudo tienen menos oportunidades que los hombres para participar en la toma de decisiones, acceder a la educación y la atención médica, y obtener ingresos. La pobreza es otro desafío importante, ya que las mujeres rurales a menudo viven en condiciones de pobreza extrema y carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

La falta de acceso a recursos y servicios básicos es otro problema importante que enfrentan las mujeres rurales. A menudo tienen dificultades para acceder a agua potable, electricidad, saneamiento y transporte. También tienen menos oportunidades para participar en la educación y la formación profesional.

A pesar de los muchos desafíos que enfrentan, las mujeres rurales desempeñan un papel vital en sus comunidades ya que son responsables de la producción de la mayor parte de los alimentos que se consumen en las zonas rurales.

Ante las desigualdades de género que viven las mujeres en el ámbito rural, es importante proveer de herramientas y generar capacidades que permita a la mujer generar procesos de empoderamiento para que puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas y participar en la toma de decisiones a nivel comunitario.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), las mujeres desempeñan una función productiva fundamental a lo largo de las cadenas de valor de los cultivos, pero estas funciones varían de una región a otra y en el contexto local. Es esencial tener en cuenta la importancia y heterogeneidad de la contribución de las mujeres para garantizar políticas e intervenciones más eficaces que las beneficie por igual. Estudios realizados con datos sobre el uso del tiempo revelaron que, aunque tanto los hombres como las mujeres invierten un tiempo considerable en las actividades de producción para uso propio, en numerosos contextos, las mujeres dedicaban una cantidad de tiempo significativamente mayor que los hombres a estas actividades (FAO, 2022). Si bien los sistemas comerciales dominados por los hombres generalmente utilizan variedades convencionales de una única especie, las mujeres administran sistemas productivos complejos y con más de una especie, destinados a alcanzar la estabilidad general. A través de sus actividades y funciones, los hombres y mujeres han adquirido experiencia y conocimientos especializados sobre el entorno local, las especies vegetales y sus productos y usos. Las mujeres agricultoras son responsables en gran medida de la selección, mejora y adaptación de las variedades vegetales, y poseen un valioso conocimiento de las plantas silvestres utilizadas como alimento, forraje y medicina. Los fitomejoradores, investigadores y trabajadores de extensión reconocen que las comunidades son más proclives a elegir semillas que hayan sido probadas y aprobadas por agricultores de ambos sexos.

De acuerdo con el Atlas Agroalimentario 2012-2018 se revela la significativa participación de las mujeres en el sector agrícola de México, donde la agricultura trasciende su dimensión económica para arraigarse como una expresión cultural y un modo de vida en el que las mujeres han desempeñado un papel esencial a lo largo de la historia.

En cifras, más de 750 mil mujeres se dedican a la producción agrícola en México, destacando en el cultivo de productos básicos como maíz, café y frijol. Su contribución económica es notable, aportando 18 mil millones de pesos a la producción de cereales y cultivando 95 mil hectáreas de hortalizas, entre las que sobresalen el chile verde, el elote, el tomate verde y el jitomate.

El maíz grano se erige como el principal cultivo en el que participan las mujeres, representando 16 por ciento de la producción total. Estos datos subrayan la relevancia de las mujeres en la agricultura mexicana, no solo como productoras, sino también como pilares de la seguridad alimentaria y la economía rural.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 (ENIGH 2022), se estima que 24.4 por ciento de las mujeres en México residen en localidades rurales, lo que se traduce en aproximadamente 16.3 millones de mujeres (Sgconapo, 2023).

La distribución de mujeres en zonas rurales varía considerablemente entre entidades federativas. Oaxaca (53.8 por ciento), Chiapas (52.6 por ciento) e Hidalgo (47.8 por ciento) encabezan la lista con la mayor proporción de mujeres en localidades rurales. En contraste, la Ciudad de México (0.6 por ciento), Nuevo León (7.7 por ciento) y Coahuila (9.2 por ciento) registran las proporciones más bajas.

En cuanto a la estructura por edades, la población femenina en localidades rurales es más joven en comparación con la de zonas urbanas. La mediana de edad de las mujeres rurales se sitúa en menos de 29 años, mientras que la de las mujeres urbanas es de menos de 33 años.

Los asentamientos rurales se caracterizan por una mayor presencia de población originaria. El 43.7 por ciento de las mujeres rurales de tres años y más se autoadscriben como indígenas, en contraste con 22.5 por ciento de las mujeres urbanas. En estas zonas, 15.3 por ciento de las mujeres de tres años y más hablan alguna lengua indígena, y el 3.4 por ciento comprenden una lengua indígena.

Las mujeres rurales enfrentan desafíos significativos en términos de protección social. El 55.5 por ciento de ellas carecen de inscripción para recibir atención médica en cualquier institución, mientras que este porcentaje se reduce a 36.0 por ciento en localidades urbanas. Entre las mujeres rurales que sí cuentan con algún tipo de servicio de salud, 53.3 por ciento están inscritas al IMSS Bienestar, 39.6 por ciento cuentan con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y sólo 7.6 por ciento están afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o ISSSTE Estatal.

La educación también representa un desafío para las mujeres rurales. El 11.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más en localidades rurales son analfabetas, en comparación con el 3.8 por ciento en entornos urbanos. Además, 4.8 por ciento de las mujeres de 6 a 14 años en zonas rurales no asisten a la escuela, mientras que esta cifra es de 2.8 por ciento en áreas urbanas. En el ámbito laboral, 62 por ciento de las mujeres rurales de 12 años y más que tienen una ocupación subordinada y remunerada no reciben prestaciones laborales.

Ahora bien el gobierno de México, a través de sus programas prioritarios implantados en el sector agropecuario, contribuye a la disminución de la brecha de desigualdad que históricamente ha afectado a las mujeres en este ámbito. En el presente ejercicio fiscal, se han obtenido los siguientes resultados:

Programa Producción para el Bienestar:

• Al 30 de septiembre, se ha brindado apoyo a 668,500 mujeres productoras, lo que representa un 31.5 por ciento del total de titulares de derecho del programa.

• Se ha canalizado un monto de 2 mil 990 millones de pesos en recursos (denominados “apoyos”) a mujeres productoras, equivalente a 29 por ciento del total de los recursos erogados por el programa.

• Las mujeres que reciben estos recursos, cultivan una superficie de 1 millón 875 mil 600 hectáreas.

• Del total de mujeres apoyadas, 389 mil 200 (58 por ciento) se encuentran ubicadas en municipios con presencia de población originaria.

• Las mujeres indígenas beneficiarias representan 18 por ciento del total de productores apoyados a nivel nacional.

• El 78 por ciento de las productoras beneficiarias se dedican al cultivo de maíz y frijol, granos básicos en la alimentación de sus familias.

• El 14.9 por ciento de las productoras apoyadas implementan el sistema de cultivo de milpa, lo que les permite obtener, además de maíz, otros productos complementarios para su alimentación, tales como chile, calabaza, frijol y quelite, entre otros.

Programa Fertilizantes para el Bienestar:

• Se ha otorgado apoyo a 146 mil 584 mujeres productoras de 81 municipios del estado de Guerrero, lo que representa 43 por ciento del total de beneficiarios del programa en la entidad.

Componente de Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural:

• Durante el ejercicio fiscal 2019, se brindó atención a 41 mil 595 productoras, lo que equivale a 34 por ciento del total de usuarios atendidos por este componente.

• Destacan las siguientes entidades federativas por su alto porcentaje de participación de mujeres: Ciudad de México (53 por ciento), Querétaro (50 por ciento), Guerrero (46 por ciento), Aguascalientes (44 por ciento) y Colima (41 por ciento).

Estrategia de Desarrollo de Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter):

• Se logró la formulación y puesta en marcha de 402 proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, en beneficio de 44 mil 148 unidades de producción familiar (UPF).

• De las UPF beneficiadas, 32 por ciento (14 mil 127) están encabezadas por mujeres.

Como se puede observar, la presente iniciativa de reforma a la Ley de Productos Orgánicos no implica un impacto presupuestario adicional, ya que se sustenta en la orientación y armonización de recursos ya existentes, asignados a programas federales destinados al fortalecimiento de las capacidades y la participación de las mujeres en la producción orgánica, por lo que el objetivo de esta iniciativa es proteger mediante esta Ley, la obligación constitucional de garantizar la igualdad sustantiva en la materia de la Ley de Productos Orgánicos.

En este sentido, es crucial destacar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) cuenta con programas específicos que promueven la igualdad de género y el desarrollo de la agricultura familiar, elementos centrales de la producción orgánica. Estos programas, como el de Apoyo a la Producción para el Bienestar y otros similares, ya contemplan acciones y recursos destinados a las mujeres rurales y a las comunidades indígenas.

La reforma propuesta busca optimizar y articular estos recursos existentes, canalizándolos de manera más efectiva hacia la producción orgánica con enfoque de género e interculturalidad. No se trata de crear nuevos programas o asignar nuevas partidas presupuestarias, sino de fortalecer la coordinación y la transversalidad de la perspectiva de género y el enfoque intercultural en los programas ya existentes.

En conclusión, la presente iniciativa de reforma no implica un impacto presupuestario adicional, ya que se sustenta en la reorientación y armonización de recursos existentes. Esta reorientación es necesaria para dar cumplimiento a las reformas constitucionales y a los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen al Estado mexicano garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y de los pueblos indígenas en todos los ámbitos, incluyendo la producción orgánica.

Esta perspectiva en la reorientación de recursos se alinea con las reformas a los artículos 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refuerzan los deberes del Estado mexicano de los pueblos originarios y afroamericanos y para el avance de la igualdad sustantiva de las mujeres respectivamente.

En efecto, el artículo 2o. reconoce los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos a la libre determinación y a la autonomía, incluyendo su derecho a preservar y fortalecer sus culturas, lenguas, instituciones y territorios. Las mujeres indígenas, como parte fundamental de sus comunidades, son titulares de estos derechos y juegan un papel crucial en la producción orgánica y la conservación de la agrobiodiversidad.

Por su parte, la reforma que aprobamos en 2024 al artículo 4o. ha constitucionalizado la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como un derecho fundamental y mandata al Estado a garantizar la igualdad en el acceso efectivo a todos los derechos. Esta disposición constitucional exige que todas las leyes, normas, reglamentos, políticas y programas, incluyendo los relacionados con la producción orgánica, incorporen la perspectiva de género y promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

La armonización de la Ley de Productos Orgánicos con estas reformas constitucionales es un imperativo legal y ético, no se trata de una mera formalidad, ni de duplicidad de leyes sino de garantizar que la legislación secundaria refleje y haga efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, es decir, se busca proteger el efecto útil de los derechos humanos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha vinculado con el principio propersona, esto fortalece los deberes reforzados que el Estado mexicano está obligado a cumplir en virtud de los instrumentos de derechos humanos de los que es parte conforme mandata el artículo 1o. constitucional.

Además, esta armonización se fundamenta en estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

La CEDAW, en su artículo 14, insta a los Estados partes a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres en las zonas rurales y garantizar su participación en el desarrollo rural. De igual forma, la Recomendación General Número 34 sobre los derechos de las mujeres rurales ha planteado que:

Debe considerarse a las mujeres rurales como impulsoras del desarrollo sostenible. Pese al papel vital que estas desempeñan en la agricultura y el desarrollo rural, las políticas e iniciativas a menudo no integran una perspectiva de género y las mujeres rurales no suelen beneficiarse de marcos propicios...

Los Estados partes deberían establecer marcos institucionales, jurídicos y normativos propicios para garantizar que el desarrollo rural y las políticas agrícolas e hídricas, también con respecto a la silvicultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura, tengan en cuenta el género y dispongan de suficiente presupuesto.

La UNDRIP, por su parte, reconoce el derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y a la autonomía, así como su derecho a participar en la toma de decisiones que les afecten.

A pesar de su innegable contribución, las mujeres en el sector agrícola a menudo enfrentan desafíos y desigualdades de género que limitan su pleno desarrollo. Estudios y organizaciones como la FAO han destacado que las mujeres rurales suelen tener menos acceso a la propiedad de la tierra, al crédito, a la tecnología y a la capacitación, lo que dificulta su productividad y sus ingresos. Además, las mujeres rurales a menudo asumen una mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar y en el cuidado de las y los hijos, lo que reduce su tiempo y oportunidades para participar en actividades productivas y de toma de decisiones.

Es fundamental reconocer y abordar estas desigualdades de género en el sector agrícola para garantizar que las mujeres puedan desarrollar todo su potencial y contribuir de manera equitativa al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria de México. Esto implica realizar cambios profundos en la legislación armonizando las leyes secundarias a los estándares nacionales e internacionales para la igualdad sustantiva, e implementar políticas y programas que promuevan la igualdad para las mujeres en la agricultura, incluyendo el acceso a recursos productivos, la capacitación, la asistencia técnica y la participación en la toma de decisiones a nivel comunitario y nacional.

Finalmente, esta iniciativa contiene también una actualización al artículo 3 fracción XIX a la denominación de la desaparecida Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

A continuación, se plasma el contenido de la propuesta, comparándolo con el texto vigente de la ley.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos

Único. Se reforman los artículos 1o., fracción VII, y adiciona la fracción IX; 3o., fracción XIX; 24; 38 adiciona las fracciones IV y V; 41 adiciona la fracción V y 42; de la Ley de Productos Orgánicos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Promover la investigación científica con perspectiva de género e intercultural y la transferencia de tecnología orientada al desarrollo de la actividad de producción y procesamiento de productos orgánicos, así como procedimientos ancestrales de los pueblos originarios;

VIII. ...

IX. Promover sistemas de producción orgánica que fomenten la sostenibilidad ambiental, económica y social, mediante el uso de prácticas que conserven los recursos naturales, protejan la biodiversidad, promuevan la salud humana y animal, garanticen la igualdad de género y el respeto a la diversidad cultural de las comunidades, incluyendo a los pueblos originarios y afromexicanos, en todas las etapas de la cadena de valor.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XVIII...

XIX. Secretaría: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y

XX. ...

Artículo 24. Se promoverá la certificación orgánica participativa de la producción familiar, de unidades de producción de mujeres y/o de los pequeños productores organizados incluyendo a las comunidades de pueblos originarios y/o afromexicanos para tal efecto, para lo cual la Secretaría con opinión del Consejo emitirá las disposiciones suficientes para su regulación, con el fin de que dichos productos mantengan el cumplimento con esta Ley y demás y disposiciones aplicables y puedan comercializarse como orgánicos en el mercado nacional.

Artículo 38. La Secretaría en coordinación con las entidades federativas y municipios en el ámbito de su competencia, promoverá políticas y acciones orientadas a:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Fomentar la participación de las mujeres en todas las etapas de la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, incluyendo la toma de decisiones asegurando que las mujeres tengan igual acceso a los recursos productivos, como la tierra, el crédito, la tecnología y la capacitación, en las mismas condiciones que los hombres.

V. Fomentar la incorporación de los conocimientos ancestrales y las prácticas agrícolas tradicionales de las comunidades, incluyendo los pueblos originarios y afromexicanos, en la producción orgánica.

Artículo 41. Para impulsar el desarrollo de los sistemas de producción orgánicos y las capacidades del sector orgánico, el Gobierno Federal promoverá:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Implementar acciones afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en la producción, procesamiento, comercialización de productos orgánicos así como el fortalecimiento de capacitación y asistencia técnica para mujeres en la producción orgánica.

Artículo 42. Los programas que establezca el Gobierno Federal para el apoyo diferenciado de las actividades reguladas en el presente ordenamiento, deberán considerar como ejes rectores, criterios de equidad social, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades y pueblos originarios y afromexicanos, respeto a sus prácticas agrícolas tradicionales y garantizando su participación en la toma de decisiones y la sustentabilidad para el desarrollo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para modificar el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y demás disposiciones que deriven de esta.

Notas

1 ONU Mujeres (2018, actualizada a 2021). Conozca los datos: Mujeres y niñas rurales:

https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/ 2018/2/infographic-rural-women

2 Sitio web de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO),

https://www.fao.org/gender/learning-center/thematic-areas/gender -and-plant-production-and-protection/2/es?&tabInx=0

3 Sitio web del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2022/#microdatos

4 La mayoría de estos Programas públicos consisten en las transferencias económicas condicionadas a población focalizada, en este caso por las condiciones de género y raza, estas transferencias económicas y no económicas permiten fortalecer procesos de agencia económica a las mujeres desde la perspectiva de género e interseccionalidad con que se diseñan estas políticas publicas en las administraciones de la Cuarta Transformación.

5 Retomando el sentido de una garantía “como vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos” utilizada por Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2005, pp. 45-50. (En Griesbach M. Bienes públicos regionales para la atención integral de la primera infancia: lineamientos comunes, garantías mínimas y protocolos regionales, México, Cepal, Sede Subregional México/ onu, 2013.

El efecto útil de un derecho se encuentra estrechamente vinculado con la definición de obligaciones específicas para el Estado. Sólo en esta medida se logran establecer verdaderas garantías para el sujeto titular de un derecho. Mientras más específicas puedan ser las obligaciones que devengan de un derecho, mayor será su grado de tutelabilidad.

6 Así se dejó establecido en la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), de esta Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, pág. 659, que dice: Principio pro personae. El contenido y alcance de los derechoshumanos deben analizarse a partir de aquél. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.

7 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) Plataforma Técnica Regional para la Agricultura Familiar: Mujeres rurales.

https://www.fao.org/platforms/family-farming/areas-of-work/mujer es-rurales/es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

«Iniciativa que reforma la fracción XIII del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Teresa Ealy Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La formación integral de niñas, niños y adolescentes en México es un pilar fundamental para construir una sociedad justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Sin embargo, los medios masivos de comunicación tienen un impacto significativo en la manera en que esta población comprende el mundo y se relaciona con los demás. Por ello, es imprescindible garantizar que los contenidos que consumen fomenten valores como el respeto, la igualdad y la no violencia.

La violencia contra las mujeres, uno de los problemas más persistentes en nuestro país, no sólo afecta a quienes la padecen directamente, sino que también envía mensajes culturales que moldean las actitudes y creencias de las generaciones más jóvenes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 70 por ciento de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia, situación que muchas veces se normaliza a través de contenidos mediáticos que perpetúan estereotipos de género y conductas discriminatorias.

Los contenidos mediáticos son herramientas educativas poderosas que influyen en los valores, percepciones y aspiraciones de niñas, niños y adolescentes. La hipersexualización de las mujeres, la trivialización de la violencia de género y la glorificación de relaciones abusivas no sólo perpetúan desigualdades, sino que afectan el desarrollo emocional y social de las nuevas generaciones.

En contraste, los contenidos que promueven la igualdad y el respeto pueden inspirar comportamientos positivos, contribuyendo a desnormalizar la violencia y a construir una cultura basada en los derechos humanos. Según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales, México tiene la responsabilidad de garantizar que los medios sean aliados en la formación de ciudadanía crítica y comprometida.

La reforma propuesta busca modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para garantizar que los contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil promuevan una vida libre de violencia, evitando narrativas que fomenten estereotipos y conductas dañinas. Esto permitirá:

1. Desarrollar audiencias más críticas

Niñas, niños y adolescentes aprenderán a identificar y rechazar mensajes que refuercen desigualdades de género.

2. Fomentar una cultura de igualdad

Al promover valores como la equidad y el respeto, los medios pueden ser un motor de cambio social y una herramienta educativa que complemente los esfuerzos escolares.

3. Erradicar la violencia simbólica

Al eliminar contenidos que normalicen la violencia de género, se contribuye a la construcción de entornos seguros y respetuosos para todos los sectores de la población.

Transformar los contenidos mediáticos es un paso clave para garantizar el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, tal como lo establece el artículo 3o. de la Constitución. Con esta reforma, no sólo cumplimos con nuestras obligaciones internacionales, sino que sentamos las bases para una sociedad más equitativa y consciente, donde las nuevas generaciones crezcan libres de estereotipos y violencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único. Se reforma la fracción XIII del artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

I. a XII. [...]

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia , evitando contenidos que estimulen o hagan apología de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): Violencia contra las mujeres en México. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

• Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Disponible en:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/ convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

• Judith Butler, El Género en disputa, Routledge, 1990.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada María Teresa Ealy Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 65 y adiciona un artículo 65 Bis a la Ley General de Educación, en materia de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 65 y se adiciona un artículo 65 Bis a la Ley General de Educación, en materia de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, la educación es un derecho humano fundamental y un motor esencial para el desarrollo individual y colectivo. Sin embargo, persisten brechas significativas que afectan el acceso y la calidad educativa, especialmente para las niñas, niños y adolescentes que enfrentan barreras debido a discapacidades o a la falta de infraestructura adecuada.

El propósito fundamental de esta iniciativa es garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad, inclusiva y digna, conforme al mandato de igualdad que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Actualmente, muchas escuelas carecen de instalaciones físicas adecuadas para atender las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes con discapacidades, lo que limita gravemente su derecho a recibir educación en igualdad de condiciones. Esto no solo representa un obstáculo para su desarrollo académico, sino que también profundiza las desigualdades sociales y la exclusión.

La Ley General de Educación es el marco normativo que establece las bases para el funcionamiento del sistema educativo nacional. Sin embargo, es imperativo fortalecer sus disposiciones para que el Estado tenga la obligación expresa de garantizar espacios físicos e inmobiliarios accesibles, seguros y adaptados a las diversas necesidades de las niñas y niños, incluyendo rampas de acceso, mobiliario ergonómico, recursos tecnológicos y otros apoyos esenciales.

El objetivo de esta reforma es que las niñas, niños y adolescentes de México, independientemente de sus capacidades, puedan asistir a escuelas que les brinden un entorno seguro, accesible y respetuoso de sus derechos. Se pretende implementar lineamientos obligatorios a fin de que las instalaciones escolares sean inclusivas y cuenten con el mobiliario y equipamiento necesarios.

Con base en la estrategia de “Prosperidad Compartida”, impulsada por nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la reducción de las desigualdades educativas derivadas de la falta de accesibilidad, es una prioridad, fortaleciendo el principio de igualdad para el bienestar.

Alinear la legislación nacional con los compromisos adquiridos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales fomentará una educación inclusiva en todo el territorio nacional, creando un sistema educativo más justo y equitativo. Niñas, niños y adolescentes con discapacidades podrán integrarse plenamente a la vida escolar, contribuyendo no solo a su desarrollo personal, sino también al fortalecimiento del tejido social y la diversidad cultural de nuestro país.

El Estado tiene el deber ineludible de garantizar el derecho a la educación de todas y todos. Por ello, esta iniciativa no solo busca ser un acto de justicia, sino una inversión en el futuro de México. Una nación incluyente y solidaria solo es posible si empezamos por nuestras escuelas.

Planteamiento del problema

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México casi 8 millones de personas tienen discapacidad, de las cuales más de 1 millón son jóvenes menores de 29 años que demandan una educación acorde a sus condiciones y contextos.

Apenas dos de cada diez primarias y secundarias en el país (23.14 por ciento) cuentan con infraestructura adaptada para estudiantes con discapacidad.

En Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán las carencias son aún más críticas, pues en dichas entidades, ni siquiera 10 por ciento de las escuelas de nivel primaria y secundaria tienen accesibilidad.

Cada niña y niño tiene el potencial de contribuir a nuestra sociedad y es nuestra obligación como legisladores crear las condiciones para que todos puedan alcanzar sus sueños.

Problemática en las escuelas por la pandemia del Covid-19

La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto profundo en la infraestructura educativa de México, así como en el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos con alguna discapacidad.

Durante los meses de cierre prolongado, muchas escuelas quedaron sin mantenimiento, lo que provocó el deterioro de la infraestructura (techos, baños, aulas y servicios básicos).

En diversas regiones del país, las escuelas fueron objeto de vandalismo y saqueos debido a su abandono. Esto incluyó la pérdida de equipo tecnológico, mobiliario y materiales educativos.

Antes de la pandemia ya había deficiencias en la infraestructura accesible para estudiantes con discapacidad. Tras la pandemia, estas deficiencias se agravaron debido a la falta de inversión y mantenimiento.

Las escuelas no pudieron adaptarse rápidamente para ofrecer herramientas tecnológicas inclusivas y accesibles para estudiantes con discapacidades.

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad enfrentaron mayores barreras para acceder a la educación a distancia debido a la falta de recursos adaptados, como programas de lectura braille, intérpretes de lengua de señas o materiales de fácil comprensión.

Muchas familias no contaban con dispositivos electrónicos, conectividad o conocimientos para apoyar adecuadamente a sus hijos.

Durante la educación presencial, estudiantes con discapacidad suelen recibir atención de especialistas (terapeutas, maestros de apoyo, etcétera), la cual se perdió o redujo significativamente durante la pandemia Esto impactó el desarrollo educativo, emocional y social de los menores.

Los estudiantes con discapacidad enfrentaron un aislamiento aún mayor debido a las limitadas oportunidades de interacción social y actividades comunitarias inclusivas. Esto exacerbó problemas como ansiedad, depresión y sentimientos de exclusión.

La falta de estrategias específicas y materiales adaptados provocó que muchos estudiantes con discapacidad no pudieran avanzar en su aprendizaje al ritmo de sus compañeros, generando brechas significativas.

A pesar de los desafíos, la inversión en infraestructura educativa y accesibilidad no ha sido suficiente para subsanar los daños y carencias exacerbados por la pandemia.

Muchas escuelas reabrieron con condiciones precarias, lo que afectó más a los estudiantes con discapacidad, quienes requieren instalaciones y recursos específicos.

En algunos casos, las familias decidieron no enviar a sus hijos de regreso a las aulas debido a la falta de condiciones seguras y accesibles.

La pandemia destacó la necesidad urgente de reforzar políticas públicas que garanticen una educación inclusiva, pero las respuestas gubernamentales no han sido uniformes ni suficientes en todas las entidades federativas.

La pandemia profundizó las desigualdades existentes en el sistema educativo mexicano, afectando desproporcionadamente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Esto evidenció la urgencia de garantizar infraestructura accesible, el mantenimiento constante de las escuelas y la implementación de políticas que prioricen la inclusión. Sin estas acciones, las brechas educativas y sociales seguirán ampliándose.

La Revista Iberoamericana de Ciencias refiere en su artículo “La Inclusión Educativa en México” que ésta pretende adecuar un sistema educativo con diversidad en las escuelas, donde las personas con diferentes discapacidades tengan la misma oportunidad de recibir educación que les permita desarrollarse y al mismo tiempo hacer un diagnóstico que si sus escuelas cuentan con las condiciones y requerimientos necesarios de infraestructura y equipo para que estos estudiantes reciban una educación de calidad. Para ello es necesario que la planta docente esté capacitada y cuente con metodologías y dominio de los instrumentos para el aprendizaje de los alumnos con discapacidad para abordar los contenidos temáticos que deben ser iguales para todos y todas, pero la forma de enseñar cambia de acuerdo al contexto de los alumnos donde se desenvuelvan los alumnos.

Cuando van a la escuela, los niños con discapacidad sacan peores puntuaciones en matemáticas y pruebas de lectura, como muestran las evaluaciones de aprendizaje de PASEC (Banco Mundial 2019, Wodon et al., 2018). Las niñas con discapacidad se ven penalizadas aún más todavía por su género (IEU, 2018). Generalmente, la discapacidad suele agravar las desigualdades sociales (por ejemplo, la pobreza o el lugar de residencia). Dicho esto, en Pakistán la brecha en el aprendizaje entre los niños con discapacidad y los niños sin discapacidad matriculados en la escuela era menor que la brecha entre estos dos grupos fuera de la escuela (Rose et al., 2018: 9). Además, los estudios llevados a cabo en Estados Unidos de América han demostrado que los estudiantes con discapacidad logran mejores resultados académicos y están mejor integrados socialmente cuando estudian en un entorno ordinario o convencional que los estudiantes que estudian en clases segregadas o especializadas (Alquraini y Gut, 2012).

Propuesta legislativa

Para mayor claridad de la reforma planteada, me permito incluir un cuadro comparativo entre el contenido actual de la Ley General de Educación y la propuesta de modificación:

Ley General de Educación

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 65 y se adiciona un artículo 65 Bis a la Ley General de Educación, en materia de inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 65 y se adiciona un artículo 65 Bis a la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

I. a III. ...

IV. Asegurar que se cuenten con los espacios físicos e inmobiliario adecuados para las personas que lo requieran, en especial para aquellas con discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o trastornos;

V. a VI. ...

Artículo 65 Bis. La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas locales, deberá diseñar y supervisar un plan nacional de accesibilidad e inclusión en las escuelas, que contemple la actualización periódica de infraestructura, la capacitación del personal educativo y el monitoreo del cumplimiento de estas disposiciones mediante:

I. Infraestructura accesible y universal, incluyendo rampas, pasamanos, elevadores, baños adaptados, señalización en braille, pisos táctiles y sistemas de alerta visual y sonora.

II. Proveer tecnología de apoyo, como software especializado, dispositivos de asistencia y mobiliario ergonómico adaptado.

III. Acondicionar espacios que permitan el desarrollo de actividades especializadas, como laboratorios, talleres y áreas de estímulo académico, artístico, científico o deportivo.

IV. Incorporar recursos tecnológicos y materiales que potencien su aprendizaje y creatividad.

V. Adecuar espacios sensoriales y áreas de calma que permitan la atención a personas con trastornos del espectro autista u otras condiciones neurodivergentes.

VI. Proveer iluminación, ventilación y acústica apropiadas para minimizar estímulos adversos y garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje.

Asimismo, se asegurará que las instalaciones cumplan con los estándares nacionales e internacionales de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

Se garantizará que los espacios físicos y el mobiliario puedan ser adaptados o ajustados de acuerdo con las necesidades particulares de los estudiantes, promoviendo la flexibilidad y la equidad en el acceso a la educación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/sufren-discapacidad-y-falta-de-infraestru ctura-escolar/1420178

2 http://www.reibci.org/publicados/2021/ago/4300108.pdf

3 https://learningportal.iiep.unesco.org/es/fichas-praticas/mejorar-el-aprendizaj e/educacion-y-aprendizaje-inclusivos-para-personas-con

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Carlos Alberto Guevara Garza, integrante la Comisión de Puntos Constitucionales; Educación y secretario de la Comisión de Salud; miembro del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De los antecedentes que dieron lugar a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental se advierte como sustento el compromiso asumido por México en el desarrollo de la responsabilidad por daños ocasionados al ambiente y a las personas.

Se retoma, que, en 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, la comunidad internacional acordó adoptar un enfoque para el progreso de los pueblos que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo económico y social.

Se señaló que, desde entonces, México, al igual que el resto de la comunidad internacional, se comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de la contaminación, así como para hacer posible el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales que impartan justicia en materia ambiental.

Asimismo, se expuso que, a diferencia del daño civil, el daño ambiental es un daño social, toda vez que recae sobre bienes que son objeto de interés general y colectivo, y que puede o no concretase sobre derechos individuales. Puede considerarse como un daño público, teniendo en cuenta que muchos de los bienes con carácter ambiental cumplen una función social.

Igualmente, en ese mismo documento se reconoció la necesidad de que los instrumentos de justicia ambiental inhiban los factores reales que determinan la producción de daños ambientales, tales como malas prácticas y políticas corporativas, se reconoce la responsabilidad no solo de las personas físicas, sino también la de las personas jurídicas o morales, en términos generales, así como cuando los daños y afectaciones son causados por sus representantes, administradores, socios, gerentes, directores o empleados en el ejercicio de sus funciones, así como por sus prestadores de servicios.

En este último caso, la responsabilidad será solidaria con la persona moral contratante del servicio, con la finalidad de que quienes se benefician al realizar conductas generadoras de efectos ambientales negativos, asuman e internalicen los costos de dicha afectación, tal y como lo prevén los principios internacionales de derecho ambiental.

México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro, y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un régimen jurídico de corresponsabilidad del sector privado.

Asentado lo anterior y, en orientación al rubro de corresponsabilidad, cabe traer a escena las leyes que dan sustento al Sistema Nacional Anticorrupción, en las cuales se encuentra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

La legislación en comento contiene en su Título Segundo un apartado denominado “Mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas”; en su artículo 22 establece la facultad de los entes públicos para que, con la participación de sus Órganos Internos de Control, implementen junto con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, mecanismos de autorregulación que sirvan en el diseño y supervisión de instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización, a efecto de inhibir la práctica de conductas irregulares, orientar a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad.

Luego, en el entendido de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas debe atender a la prevención y corrección de las prácticas de corrupción, con base en las mejores prácticas internacionales, se establece un capítulo que define objetivamente los criterios que permiten distinguir a una persona moral que tiene una política de integridad de aquellas que no la tienen.

También el artículo 25 de esa misma Ley establece que en la determinación de la responsabilidad administrativa de las personas morales se valorará si cuentan con una política de integridad.

Para los efectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: 1. Un manual de organización y procedimientos; 2. Un código de conducta; 3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría; 4. Sistemas adecuados de denuncia; 5. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad; 6. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación; 7. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.

Del análisis de ese apartado de la ley general referida se advierte que se pretende generar una nueva cultura empresarial en la que la integridad es un activo que sirva a la sostenibilidad.

Asimismo, sirve como un elemento para valorar responsabilidades cuando una empresa está involucrada en un acto de corrupción. Si una empresa cuenta con políticas claras de integridad, opera en su favor la consideración de que violar la ley no es su forma de hacer negocios.

Así, la reforma que se propone pretende incentivar la integridad de las personas morales, dado que, no se crea una nueva obligación, ni un nuevo esquema burocrático y no hay sanciones por carecer de estas medidas.

Para mayor claridad en lo aquí planteado se incluye el siguiente cuadro comparativo:

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Por lo expuesto, someto a consideración de ese honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción III Bis al artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Artículo Único. Se adiciona una fracción III Bis al artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 20.- Los Ley Federal de Responsabilidad Ambienta montos mínimos y máximos de la Sanción Económica prevista para una persona moral, se reducirán a su tercera parte cuando se acrediten al menos tres de las siguientes:

I. a II. ...

III. Haber contado por lo menos con tres años de anterioridad a la conducta que ocasionó el daño, con un órgano de control interno dedicado de hecho a verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones de la persona moral derivadas de las Leyes, licencias, autorizaciones, permisos o concesiones ambientales; así como con un sistema interno de gestión y capacitación ambiental en funcionamiento permanente;

III Bis. Además, las personas morales deberán justificar el debido control de su organización, mediante la implementación de su política de integridad que cuente, al menos, con los elementos previstos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

IV. Contar con la garantía financiera que en su caso se requiera en términos de lo dispuesto por el artículo 8o. de esta Ley, y

V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Carlos Alberto Guevara Garza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY DE PUERTOS

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Puertos, en materia de reconocimiento de la relación puerto-ciudad, a cargo de la diputada Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de técnicas de reproducción humana asistida, suscrita por las diputadas Nayeli Arlen Fernández Cruz y Santy Montemayor Castillo, integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena, respectivamente

Las que suscriben, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y la diputada Santy Montemayor Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de técnicas de reproducción humana asistida, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, la infertilidad se ha convertido en un desafío significativo para muchas parejas. Investigaciones de la UNAM señalan que, aproximadamente el 15 por ciento de las parejas en edad reproductiva enfrenta dificultades para concebir, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), se trata de intervenciones que incluyen el manejo in vitro de ovocitos y espermatozoides humanos o de embriones para la reproducción. En México, a pesar de que desde hace más de cuatro décadas se realizan TRHA en clínicas y hospitales públicos y privados, hasta este momento no existe un marco normativo integral que regule, a nivel general, el acceso a estos procedimientos reproductivos y su práctica. Esto produce incertidumbre jurídica para las partes involucradas, y abre la puerta a actos arbitrarios y discriminatorios contra quienes buscan servicios de reproducción asistida. También plantea serias preocupaciones éticas y de salud.

La infertilidad es una condición que puede tener múltiples causas, desde factores biológicos hasta cuestiones ambientales y sociales. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 señala que, en México, la tasa de fecundidad de las mujeres entre 15 y 49 años fue de 1.60 hijas e hijos. Descendió con respecto a 2018, año en el que se estimó en 2.07. Este 2024 se confirma un freno a la fecundidad en todas las entidades federativas. Es muy visible el avance en las tasas de fecundidad: de tener 6.5 hijas/os por mujer hace cinco décadas, las mujeres mexicanas de hoy tienen menos de 2 hijas/os en promedio.

El freno de la fecundidad se debe a diversos factores; entre estos se encuentra la infertilidad. La cual ha crecido en México y el mundo; se habla que en el caso de México el 60 por ciento de los casos son debidos a factores femeninos, 30 por ciento a factores masculinos y 10 por ciento a desórdenes de ambos cónyuges. Son varias las causas de la infertilidad femenina, tales como los desórdenes de la ovulación, daño de las trompas de Falopio, endometriosis y factores uterinos o cervicales. El factor endocrino-ovárico es la causa de infertilidad más frecuente (35 por ciento), entre los cuales el síndrome de ovario poliquístico es la alteración más común (43 por ciento). El factor tuboperitoneal constituye el 28 por ciento de las causas de infertilidad, seguido del factor masculino (26 por ciento).

En los últimos años se ha avanzado en las diferentes técnicas de reproducción asistida. Investigadores hallaron que en el 2016 ya habían nacido más de 6 millones de bebés producto de la fecundación in vitro (IVF). El avance en las técnicas ha ido acompañado de un crecimiento significativo en el número de clínicas que ofrecen tratamientos de fertilidad. Según un estudio realizado por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSS), se registraron más de 20,000 ciclos de FIV realizados en clínicas privadas en 2023.

En México, desde finales de la década de los 80 se crearon clínicas de reproducción asistida en hospitales de los sectores público y privado. La expansión de los centros en los que se practican estos procedimientos y el elevado número de niñas y niños que han sido concebidos con este tipo de ayuda, a pesar de que no hay cifras oficiales y precisas, revela que cada día más personas recurren a Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA). A pesar del aumento, hasta este momento no se cuenta con una regulación en la materia que norme los aspectos generales del acceso y provisión de estos servicios.

En ese sentido, cabe destacar que la falta de un marco normativo adecuado no sólo expone a las mujeres a riesgos médicos innecesarios, sino que también puede dar lugar a prácticas abusivas y a la violencia obstétrica; misma que se define como cualquier acto u omisión que degrada o daña el cuerpo y/o la salud reproductiva de la mujer gestante durante el embarazo, parto y postparto, y que, por tanto, atenta contra su dignidad e integridad física y emocional. Lo anterior, aplica también para procedimientos de embarazo asistido o fertilización in vitro, que implica un proceso complejo que consta de varias etapas críticas, como son:

1. Estimulación ovárica

Se inicia con la administración de medicamentos hormonales para inducir una ovulación múltiple, lo que permite la producción de varios folículos en los ovarios. Durante esta fase, se realiza un seguimiento ecográfico para evaluar el desarrollo de los folículos, y cuando alcanzan un tamaño adecuado (17-21 mm), se programa la punción ovárica.

2. Punción ovárica

Este procedimiento se realiza bajo sedación y consiste en extraer los óvulos maduros mediante una punción vaginal guiada por ecografía. La intervención dura aproximadamente 30 minutos y es ambulatoria. El líquido folicular obtenido se envía al laboratorio para identificar y clasificar los ovocitos.

3. Fertilización

En el laboratorio, los óvulos extraídos se fecundan con espermatozoides seleccionados. Esto puede hacerse mediante dos métodos: (1) fertilización convencional: se mezclan los óvulos con una cantidad adecuada de espermatozoides en una placa de Petri; y (2) inyección intracitoplasmática de espermatozoides, donde un solo espermatozoide se inyecta directamente en un óvulo, lo que es especialmente útil en casos de problemas de fertilidad masculina. Los embriones resultantes se cultivan durante 2 a 3 días, durante los cuales se monitorea su desarrollo.

4. Transferencia de embriones

Los embriones seleccionados se transfieren al útero entre el segundo y quinto día después de la punción ovárica. Este procedimiento se realiza sin anestesia y no requiere ayuno previo. Después de la transferencia, la paciente debe reposar durante aproximadamente 24 horas.

Es preciso indicar que la fecundación in vitro puede utilizar óvulos y espermatozoides de la pareja o de donantes, y también permite realizar diagnósticos genéticos preimplantacionales para reducir el riesgo de enfermedades hereditarias. Las tasas de éxito varían según factores como la edad y la causa de infertilidad, pero generalmente oscilan entre el 30 por ciento y 40 por ciento por ciclo.

Como se ha señalado, la falta de un marco normativo desencadena en una violación de los derechos sexuales y reproductivos que son parte de los derechos humanos y están contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que, “ Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso.” Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.”

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

La creciente demanda por tratamientos de fertilización asistida en México pone de manifiesto la urgente necesidad de establecer un marco claro que proteja los derechos y la salud integral de las mujeres; pues la falta actual de regulación no sólo plantea riesgos éticos y médicos significativos, sino que también perpetúa situaciones abusivas dentro del sistema de salud.

Es fundamental aprender de las experiencias internacionales exitosas para desarrollar políticas efectivas que garanticen prácticas seguras, éticas e inclusivas en el ámbito del embarazo asistido y la fertilización in vitro. La implementación de estas medidas no solo beneficiará a las pacientes individuales, sino que también contribuirá al bienestar general del sistema sanitario mexicano al fomentar una atención más ética y centrada en el paciente.

La Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, en el caso Grettel Artavia Murillo y otras (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica, ordenó diversas medidas de reparación:

1. El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados vulnerados en la presente sentencia.

2. El Estado debe regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente Sentencia, y debe establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida.

3. El Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada seis meses sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a disposición de quienes lo requieran y de los planes diseñados para este efecto.

4. El Estado debe brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 326 de la presente Sentencia.

5. El Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.

En este sentido, la Corte estableció que el derecho a la vida privada incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico, siendo la posibilidad de procrear parte del derecho a fundar una familia. Además, señaló que el derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. También establece que el Estado debe regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV.

La libre decisión reproductiva no implica exclusivamente la garantía de acceso a esquemas anticonceptivos, tema en el cual nuestro país ha avanzado sustancialmente, sino que también comprende la obligación del Estado de promover lo conducente para que todas las personas tengan acceso a los mecanismos necesarios para ejercer su derecho a la procreación, lo que incluye a la reproducción humana asistida.

La reproducción humana asistida ya ha sido materia de legislación en otros países, entre los cuales destacan Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España y Argentina. Esas leyes coinciden en el objetivo de garantizar el derecho de las personas de procrear y regular prácticas que, tal y como sucede hoy en México, antes se llevaban a cabo sin el suficiente control y vigilancia.

En Argentina, los costosos tratamientos, que antes debían ser abonados por las personas que buscaban tener un hijo, a partir de 2013 fueron brindados gratuitamente por las obras sociales, los seguros médicos privados y el sistema de salud público. Así, Argentina se convierte en el primer país de América Latina que garantiza el acceso ilimitado de sus ciudadanos a un nuevo tipo de derecho: el de la fertilidad.

La Ley 26.862 establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita e igualitaria a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. En el 2019, se realizaron aproximadamente 21 mil tratamientos y la tasa de nacimientos rondaba el 24 por ciento. El sistema tenía capacidad para triplicar esa cantidad de terapias.

En España, la Ley de Reproducción Asistida de 2006, Ley 14/2006, derogó la reglamentación anterior, proporcionando un marco legal más completo y actualizado para la reproducción asistida en España. Esta legislación se creó con el objetivo de regular y establecer los límites éticos y legales en el ámbito de la reproducción asistida, protegiendo los derechos de las personas involucradas, así como la salud y el bienestar de la descendencia concebida mediante estas técnicas. Es importante señalar que la Ley en referencia a las técnicas de reproducción humana asistida dicta que las usuarias de dichos procesos deberán ser siempre mayores de edad y, aunque la legislación no establece un límite, la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) recomienda que sean los 50 años. En España por norma general no se realizan tratamientos a mujeres que superan esa edad. Por su parte, solo podrán llevar a cabo las técnicas permitidas de reproducción asistida los centros autorizados. Se considera que estos reúnen unas condiciones óptimas y cumplen con unos rigurosos estándares de calidad, de acuerdo con los criterios de las auditorías sanitarias realizadas por los organismos competentes.

En nuestro país, ante el incremento del número de mujeres y hombres que se ven afectados por la infertilidad, se ha convertido en una imperiosa necesidad que el Estado Mexicano de certeza para que los individuos que acuden a las técnicas de reproducción asistida cuenten con seguridad jurídica, obligando a los hospitales, clínicas y establecimientos de salud en los que se llevan a cabo estas prácticas a que cumplan con las especificaciones y requerimientos necesarios que permitan garantizar que los servicios que se presten sean de calidad y se obtengan los mejores resultados posibles.

En este sentido, la regulación del embarazo asistido y la fertilización in vitro es esencial para proteger los derechos humanos y la salud integral de las mujeres en México, así como para empoderar a las mujeres en su derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas reproductivas, asegurando que tengan acceso a información precisa, atención respetuosa y apoyo integral durante todo el proceso reproductivo. Por ello, la implementación de esta iniciativa no sólo contribuirá a mejorar los estándares médicos, sino que también fomentará un entorno más seguro y respetuoso para todas las pacientes. En ese orden, al aprender de las experiencias internacionales exitosas y abordar los problemas existentes en nuestro país, podemos avanzar hacia una atención médica más justa e inclusiva.

Por todo lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de técnicas de reproducción humana asistida

Artículo Único. Se adicionan reforman y adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va en el caso de la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida desde la estimulación ovárica hasta el puerperio y del embarazo, parto, postparto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

I. La atención integral de la mujer durante, embarazo, el parto y el puerperio, así como en la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida incluyendo la atención psicológica que requiera;

II. a VI. ...

VII. La protección de la mujer a lo largo del proceso de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, que incluye desde la estimulación ovárica, la punción ovárica, la fertilización, la transferencia de embriones, hasta el parto y puerperio.

VII Bis. Garantizar un procedimiento que sea seguro, plenamente informado y consentido, asegurando la correcta ejecución de cada etapa, así como promoviendo las acciones y medidas pertinentes para prevenir cualquier forma de violencia obstétrica durante los procesos de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida.

VII Ter. Prohibir que se efectúe cualquier procedimiento adicional a los requeridos por las mujeres involucradas en procesos materno-infantiles sin la autorización previa e informada de la paciente, asegurando que se le brinde toda la información pertinente sobre el proceso, de modo que su decisión sea debidamente consciente e informada.

Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. a IV. ...

V. Lineamientos y protocolos para la atención y oportuna supervisión de todas las etapas que comprenden los procesos de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, garantizando que éstos se lleven a cabo de manera segura, informada y consentida. De modo que se prevenga y mitigue cualquier forma de violencia obstétrica durante el proceso y que pongan en riesgo la salud física, sexual y psicológica de la paciente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud y las autoridades competentes deberán establecer las disposiciones reglamentarias para armonizar lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Véase, UNAM, Gaceta UNAM, “Multifactorial, aumento de infertilidad humana”, 11 de enero de 2024. Disponible en:

https://www.gaceta.unam.mx/multifactorial-aumento-de-infertilida d-humana/. Consultado el: 16 de octubre de 2024.

2 Véase, INEGI,” Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023”. Comunicado de prensa número 305/24 de fecha 22 de mayo de 2024. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ ENADID/ENADID2023.pdf

3 Véase, Conapo, “11 de julio. Día Mundial de la Población, 2024”. Comunicado 11 de julio de 2024. Disponible en:

https://www.gob.mx/conapo/prensa/11-de-julio-dia-mundial-de-la-p oblacion-2024?idiom=es

4 Véase, Revista Mexicana de Ciencias, “Estudio de la carga económica de la infertilidad femenina por anovulación en un hospital público de México: estudio piloto” Disponible en:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S187001952012000200008#:~: text=En%20M%C3%A9xico%2C%20el%20factor%20endocrino,del%20factor%20masculino%20( 26%25).

5 Véase, ONU, “Derechos sexuales y reproductivos”. Disponible en:

https://hchr.org.mx/historias-destacadas/derechos-sexuales-y-rep roductivos-2/. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2024.

6 Véase, Reparando derechos, “Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro) vs. Costa Rica”, reportaje de fecha 20 de enero de 2023. Disponible en:

https://www.corteidh.or.cr/tablas/reparando-derechos/Caso-Artavi a-Murillo.html

7 Véase, CAEME, “Tasas de éxito en tratamientos de reproducción asistida”, 9 de septiembre de 2019. Disponible en:

https://www.caeme.org.ar/tasas-de-exito-en-tratamientos-de-repro duccion-asistida/

8 Véase, Boletín Oficial del Estado, “Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida” Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Mario Alberto López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Los monumentos de México son aquellos bienes o inmuebles protegidos que son patrimonio de la Nación, y están declarados ante el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, ya que son resguardados, restaurados y conservados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) así como por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), sin olvidar a los gobiernos estatales y municipales, el patrimonio cultural de México, está compuesto por los recursos materiales, naturales e inmateriales que heredamos del pasado, que creamos en el presente y que transmitimos a las generaciones futuras para su beneficio.

En México, las pirámides son algunos de los monumentos históricos más emblemáticos del país, y han reflejado la riqueza cultural y la grandeza de las civilizaciones prehispánicas, destacando las siguientes:

Las Pirámides de Teotihuacán, la Pirámide del Sol: Una de las más grandes del mundo, con 65 metros de altura, la Pirámide de la Luna: Más pequeña que la del Sol, estas pirámides fueron construidas por los teotihuacanos (200 a.C.-650 d.C.) y forman parte de la Calzada de los Muertos.

La Pirámide de Chichén Itzá, Pirámide de Kukulkán (El Castillo): Una maravilla del mundo moderno, construida por los mayas y es famosa por su alineación con los solsticios y equinoccios y muestra la precisión arquitectónica y astronómica de los mayas.

Las Pirámides de Uxmal Pirámide del Adivino: Conocida por su diseño ovalado único. Forma parte de la Ruta Puuc de los mayas.

En Chiapas encontramos el Templo de las Inscripciones: Aunque no es una pirámide convencional, es una estructura escalonada con importantes inscripciones jeroglíficas.

También encontramos en Monte Albán, en el Estado de Hidalgo, Veracruz y Quintana Roo, estas pirámides no solo son maravillas arquitectónicas, sino que también ofrecen una ventana a la vida, religión y conocimientos astronómicos de las civilizaciones antiguas de México.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Las Pirámides de Teotihuacán son unos de los centros turísticos más concurridos por los extranjeros y antes de la pandemia era normal que la gente pudiera admirar y disfrutar las magnificas obras realizadas por nuestros antepasados. Sin embargo, tradiciones como subir a las pirámides del Sol y la Luna durante el equinoccio de primavera para cargar energía quedaron en el pasado para conservar las históricas estructuras.

Se está haciendo costumbre a los turistas extranjeros subir sin autorización alguna a las pirámides de México y esto ha causado graves daños al patrimonio nacional, esta iniciativa invita a reflexionar sobre la importancia de nuestro patrimonio cultural y el respeto que merece. Las pirámides, esos majestuosos monumentos que se alzan como testigos de la grandeza de las civilizaciones antiguas, son mucho más que una atracción turística. Son símbolos de nuestra historia, cultura e identidad.

Sin embargo, hemos sido testigos de una creciente preocupación respecto al comportamiento de algunos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que no siempre cumplen con las normas establecidas en estos sitios. Subir a las pirámides, más allá de estar prohibido en muchos casos, representa una falta de respeto hacia las estructuras mismas, hacia las personas que las construyeron, y hacia la comunidad que se esfuerza por preservarlas.

Las pirámides no solo son patrimonio de un país, sino de toda la humanidad. Cualquier daño que se les cause afecta a generaciones enteras, robándoles la oportunidad de admirar y aprender de estos tesoros históricos. Es nuestra responsabilidad como visitantes tratarlas con el cuidado que merecen.

También debemos recordar que detrás de estas reglas hay razones importantes. Las pirámides son estructuras antiguas, y cada paso no autorizado contribuye al desgaste de los materiales. Además, escalar estas edificaciones pone en peligro no solo su conservación, sino también la seguridad de quienes lo intentan.

Entendemos la fascinación que las pirámides generan, pero les pedimos que sean embajadores del respeto y la preservación cultural. Observar, aprender y fotografiar estas maravillas son formas mucho más responsables de conectarse con ellas que intentar subirlas.

La importancia de no subir a una pirámide radica en varios aspectos clave relacionados con la preservación cultural, histórica, y el respeto hacia las comunidades originarias y el medio ambiente.

Las pirámides son estructuras milenarias y frágiles, el constante tránsito de personas puede desgastar las piedras, destruir inscripciones, y acelerar su deterioro, conservarlas es crucial para que futuras generaciones puedan apreciar su valor histórico y arquitectónico, tal y como se plantea al principio de la iniciativa.

Muchas pirámides tienen un significado sagrado para las culturas que las construyeron y para los pueblos indígenas actuales, subir a ellas puede ser considerado un acto irrespetuoso hacia su espiritualidad y tradiciones.

Algunas pirámides tienen escaleras empinadas y superficies irregulares, de esta manera subirlas representa un riesgo de accidentes graves para los turistas, dicha prohibición también protege a los visitantes de posibles caídas o lesiones, y el tránsito masivo genera impactos negativos, como el desgaste de la vegetación cercana y la alteración del ecosistema alrededor de los sitios arqueológicos.

Muchos de estos sitios son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y están protegidos por leyes nacionales e internacionales que buscan su preservación. Respetar estas normas es contribuir al esfuerzo global por conservar la historia, respetar estas reglas no solo muestra aprecio por el patrimonio cultural, sino también una actitud ética hacia la historia y la naturaleza.

Demostremos con nuestras acciones que somos dignos de esta herencia.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Ordenamiento por modificar

El ordenamiento por modificar es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972 (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2018.

A continuación, se presenta el texto comparativo del ordenamiento vigente y la propuesta para reforma que se propone:

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Único. Se reforma el artículo 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de cien a cuatrocientas (UMA), la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sitios de internet consultados

1 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDV-MA_301216. pdf

3 https://www.gob.mx/conasami/prensa/desindexacion-del-salario-minimo

4 https://www.infobae.com/mexico/2025/01/09/turistas-extranjeros-burlan-seguridad -y-suben-piramide-de-chichen-itza-esto-es-lo-que-pagaran-de-multa/

5 https://www.youtube.com/watch?v=kIzPmgPmLEU

6 https://lopezdoriga.com/nacional/chichen-itza-golpean-turista-subir-piramide-ku kulkan/

7 https://oem.com.mx/elsoldemexico/tendencias/turista-sube-piramide-chichen-itza- sin-permiso-templo-kukulcan-15468378

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Mario Alberto López Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

SE DECLARA EL 17 DE ENERO COMO DÍA NACIONAL DE LA TALABARTERÍA

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 17 de enero como “Día Nacional de la Talabartería”, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México en la LXIVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 17 de enero como Día Nacional de la Talabartería, tomando en cuenta el siguiente

Exposición de Motivos

La talabartería este oficio surgió desde los primeros tiempos de la agricultura y ganadería, cuando el ser humano comenzó a domesticar caballos y desarrolló herramientas para facilitar su trabajo. Incluso antes de esto, las tribus aborígenes ya trabajaban y grababan el cuero mediante técnicas primitivas como la aplicación de calor.

En cuanto a las monturas para cabalgar, aunque no se cuenta con una fecha precisa de su invención, hay registros que indican su uso desde el siglo I A.C. por parte de los romanos, algunos historiadores sugieren que los nómadas de Asia fueron los primeros en diseñar monturas.

A lo largo de los siglos, los diseños y formatos de los productos de talabartería han evolucionado. Sin embargo, una característica que ha perdurado es su elaboración artesanal. Este aspecto ha logrado resistir el paso del tiempo y la industrialización, preservando la tradición frente a la producción en masa.

El trabajo del talabartero implica el uso de diversas herramientas y técnicas para cortar, coser, grabar, repujar y ensamblar el cuero. Además, se utilizan tintes y otros materiales decorativos para personalizar los productos. Es un arte con raíces antiguas que combina funcionalidad y estética, y que sigue vigente tanto en contextos tradicionales como en el diseño moderno

El estado de Tamaulipas se distingue por sus vibrantes comunidades dedicadas a la elaboración de hermosas artesanías, fruto del talento y la creatividad de sus artesanos. Estas piezas únicas son confeccionadas utilizando materiales como barro, madera, gamuza, fibras vegetales y elementos marinos, entre otros, y reflejan las ricas tradiciones culturales de esta región de México.

En términos generales, la talabartería puede considerarse equivalente a la marroquinería en el lenguaje coloquial. No obstante, es más preciso utilizar “talabartería” al referirse a accesorios para animales, y “marroquinería” para productos destinados exclusivamente al ser humano.

La talabartería está estrechamente vinculada con las curtiembres, lugares donde se realiza la limpieza y el curtido de la piel para convertirla en cuero. Estas curtiembres proporcionan las materias primas esenciales que los talabarteros emplean en su labor artesanal.

El talabartero requiere una amplia gama de herramientas y materiales para desarrollar su trabajo. Entre los más importantes se encuentran:

Tabla de madera: Superficie blanda que permite realizar cortes y trabajar cómodamente.

Cinta métrica, compás métrico y regla rígida: Instrumentos para medir con precisión.

Lezna: Herramienta triangular y puntiaguda de acero para perforar el cuero y facilitar el paso del hilo.

Trincheta: Cuchilla con dimensiones comunes de 25 cm de largo y 3,5 cm de ancho, ideal para cortes precisos.

Sacabocados: Similar a una agujereadora, permite realizar perforaciones de mayor diámetro que las hechas con la lezna.

Escofina o raspa: Herramienta de doble cara que se usa para pulir y nivelar la superficie del cuero.

Hilo de lino o cáñamo: Especialmente resistente, con un grosor mayor al utilizado en la indumentaria.

Asimismo, en nuestro país es el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión los que a través de decretos determinan fechas como días nacionales.

Es por ello que debemos recalcar que el verdadero valor se encuentra en las manos de los cientos de artesanos que habitan no solo en el estado de Tamaulipas, si no, en toda la república mexicana y que día a día dejan el nombre de México en alto.

Por los argumentos expuestos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 17 de enero de cada año como Día Nacional de la Talabartería

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 17 de enero de cada año como Día Nacional de la Talabartería.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

P áginas de internet consultadas

1 https://oem.com.mx/elsoldecordoba/tendencias/talabarteria-el-arte-de-trabajar-s obre-la-piel-va-la-historia-de-la-familia-merino-gonzalez-que-es-la-talabarteri a-13224313

2 https://www.youtube.com/watch?v=BlqlXQzo7Ik

3 https://ensambleartesano.org/pages/talabarteria-y-marroquineria? srsltid=AfmBOooJJ-Dx-7KejuMbdcHqg9dTRMAKQpuA8z 6i5GXKD7PqFPVIXg7B

4 https://experiencia.edomex.gob.mx/tipo-de-artesanias/talabarteria-y-peleteria#: ~: text=Talabarter%C3%ADa%20es%20el%20taller%20donde,arreos%20para%20los%20animale s%20de

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Mario Alberto López Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Mario Alberto López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Las peleas de perros no son solo un acto de crueldad animal, sino también una actividad que refleja lo peor de la condición humana. Aunque en 2017, México, dio un paso importante al prohibir esta práctica y sancionar a los responsables, la realidad es que aún persiste en la clandestinidad.

Los perros involucrados en estas peleas no son animales peligrosos por naturaleza; son víctimas. Víctimas de un sistema que los somete a entrenamientos crueles, hambre, golpes y explotación, todo para satisfacer un espectáculo basado en la violencia y las apuestas.

No podemos olvidar que detrás de cada pelea hay sufrimiento. Estos animales son obligados a enfrentarse en combates que terminan en heridas graves, mutilaciones o la muerte. Y cuando un perro deja de ser útil para las peleas, muchas veces es abandonado, asesinado o tratado como un objeto descartable.

Las peleas de perros no son solo un problema de bienestar animal. También están vinculadas a otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas, las apuestas ilegales y la violencia organizada. Al tolerar estas prácticas, perpetuamos un ciclo de impunidad y deshumanización que afecta a toda nuestra comunidad.

Argumentos que sustentan la iniciativa

La insensibilización hacia los animales no es un fenómeno reciente, sino que ha estado presente a lo largo de la historia. Uno de los aspectos más controvertidos de este problema es su explotación en espectáculos donde el sufrimiento animal se convierte en el eje del entretenimiento, como ocurre en los circos, las peleas de perros y gallos, la tauromaquia, entre otros. Aunque estas prácticas enfrentan un creciente rechazo social, aún persisten en diversas partes del mundo.

En México, las peleas de perros han sido objeto de debate en los marcos legales tanto estatales como federales. Este problema ha cobrado relevancia debido a que las peleas clandestinas de perros están estrechamente vinculadas con la delincuencia organizada, lo que ha llevado a la necesidad de legislar en favor de la protección de los animales domésticos, especialmente los perros. Los estados cuentan con autonomía para tipificar las conductas que consideren pertinentes, lo que ha resultado en avances desiguales en materia de protección animal: mientras algunos estados han desarrollado normativas sólidas, otros carecen de legislación adecuada.

En el territorio mexicano, las peleas de perros están sancionadas en el Código Penal Federal. Entre las principales consecuencias de esta práctica se encuentra el estigma que afecta a ciertas razas, como los American Pitbull, debido a su frecuente uso en combates. Esto ha llevado a que, en diversos países, su tenencia sea regulada o incluso prohibida, bajo el argumento de que no son aptos para convivir con otros seres vivos.

Además, esta práctica envía un mensaje peligroso a las nuevas generaciones: que la vida puede ser tratada como un objeto de entretenimiento, y que la violencia es una forma aceptable de interacción.

Debemos de recordar que la ley no es suficiente si no hay conciencia social y acción ciudadana, con la aprobación de esta iniciativa un México sin violencia animal, es posible.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal.

Ordenamiento por modificar

El ordenamiento por modificar es el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931 (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2024.

A continuación, se presenta el texto comparativo del ordenamiento vigente y la propuesta para la reforma que se propone:

Código Penal Federal

Decreto por el que se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 419 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 419 Bis. Se impondrá pena de tres a seis años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días multa a quien:

I. a V. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sitios de internet consultados

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-47239372

2 https://humanepro.org/sites/default/files/handouts/panfleto-peleas-de-perros-hs i-la.pdf

3 https://cnnespanol.cnn.com/video/perros-pelea-auge-estados-unidos-trax

4 https://www.telemadrid.es/archivo/Peleas-perros-2-1441075910–20130225092238.htm l

5 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10614da61 6026d42c4f3eb1049722bddd1f1d7ab.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Mario Alberto López Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE ABRIR EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, UNA TIENDA SUPERISSSTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE y a la Jucopo, en coordinación, a estudiar la viabilidad de abrir en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro una tienda SuperISSSTE, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

Evangelina Moreno Guerra, diputada e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a que conjuntamente estudien la viabilidad de abrir del Palacio Legislativo de San Lázaro, una tienda del SuperISSSTE, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Existen diferentes formas de apoyar a la economía de las familias, entre ellas la de dar acceso a las personas para que puedan adquirir productos básicos a precios justos. Con este propósito surgieron tiendas de productos de primera necesidad administradas por el Estado para permitir ofrecer productos y servicios de buena calidad y bajo precio, coadyuvando con ello a la economía de los trabajadores.

Dentro de las tiendas creadas para beneficiar a trabajadores, como son los que prestan sus servicios al Estado, tenemos actualmente a las del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), denominadas como “ SuperISSSTE”.

Los antecedentes del SuperISSSTE se remontan a la inauguración de la primera tienda el 13 de julio de 1953, con la presencia del entonces Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines. La tienda se estableció pasó a estar bajo la tutela de la antigua Dirección de Pensiones y Retiro.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 1959, se promulgó de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por lo cual la tienda se incorporó al organismo naciente.

A principios de la década de los sesenta, el Sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE estaba adscrito a la Subdirección General de Servicios Sociales y Culturales, y ya en 1982 dicho sistema contaba con 149 tiendas en diversos tamaños y configuraciones en sus ventas, diseminadas en el Distrito Federal y en el interior del país.

El 30 de agosto de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se creaba el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) como unidad administrativa desconcentrada del ISSSTE. Por último, el 29 de junio de 2009, mediante el acuerdo núm. 74.1318.2009, la Junta Directiva del ISSSTE aprobó cambiar la denominación del Sistema a SuperISSSTE.

Como se dijo anteriormente, una de las características peculiares de estas tiendas, ha sido su enfoque para el rendimiento del ingreso de las familias, ya que los productos ofrecidos se han caracterizado por un costo bajo.

Desafortunadamente, la cadena de estas tiendas fue disminuyendo su presencia en el país, ya que los grandes consorcios de supermercados del capital privado han acaparado el mercado y también debido a las administraciones deficientes.

No obstante, la Ley del ISSSTE vigente, dispone que dicha institución tiene la obligación de ayudar a la economía de los trabajadores y sus familias como bien lo establece los siguientes numerales de dicha ley:

“ Artículo 195. El Instituto atenderá de acuerdo con esta Ley, a las necesidades básicas del Trabajador y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo.

Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios sociales siguientes:

Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el hogar;

...”

Ahora bien, desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se anunció el rescate de las tiendas del ISSSTE luego de ser desahuciadas por los gobiernos neoliberales.

Un ejemplo fue la apertura de la tienda SuperISSSTE ubicada en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) “El Reloj” al sur de la Ciudad de México en octubre del año pasado, con el fin de acercar productos de calidad a sus trabajadores. Esta acción hace manifiesta la modalidad de instalar las tiendas SuperISSSTE en centros laborales, como parte del apoyo del instituto para sus trabajadores y trabajadoras.

En este tenor y con estos antecedentes, la suscrita pone a consideración de esta H. asamblea la pertinencia de aperturar una tienda SuperISSSTE en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro en razón de ser un centro laboral con un universo de personas considerable ya que, de acuerdo al reporte del tercer trimestre disponible en el portal de transparencia de la Cámara de Diputados, la plantilla laboral y de prestadores de servicios es de 5312 personas.

Pero no es sólo la cuestión cuantitativa la que impulsa la presentación de esta proposición, sino que el principal motivo es el que las trabajadoras y trabajadores, madres y padres que presten sus servicios en esta H. Cámara de Diputados, cuenten con el apoyo se realizar sus compras de primera necesidad ahorrando sobretodo tiempo.

Debe considerarse que esta Cámara desde hace varias décadas ha acondicionado locales para que Instituciones Bancarias, Empresas de Alimentos y estéticas brinden sus servicios a la comunidad de esta Cámara de Diputados, y en el caso del SuperISSSTE por tratarse de una unidad perteneciente al ISSSTE no antepone un interés particular, sino al contrario permite el cumplimiento de la Ley.

El ejemplo del SuperISSSTE del SAT en el sur de la Ciudad de México, el cual requirió de un espacio no muy grande para su funcionalidad es la referencia para que en el Palacio Legislativo pueda instalarse una tienda con características similares.

Por todo lo anterior, se propone a esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a que en el ámbito de sus facultades estudien conjuntamente la viabilidad de establecer una tienda del SuperISSSTE en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para beneficio de la economía de las personas que laboran y prestan sus servicios en la Cámara de Diputados.

Notas

1. Consultado en:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018b/Documentos/ Auditorias/2018_0286_a.pdf

2. Idem.

3. Consultado en:

https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-asegura-que-se-van-a- recuperara-las-tiendas-del-issste

4. Consultado en

https://www.cronica.com.mx/nacional/2024/10/17/marti-batres-inau gura-tienda-superissste-en-oficina-sat-el-reloj-en-la-cdmx/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SE DÉ SEGUIMIENTO A LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-SINGAPUR, EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la SRE, así como a la colegisladora, a dar seguimiento a la relación bilateral México-Singapur, en el marco de la Alianza del Pacífico, a cargo de la diputada Gabriela Valdepeñas González, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Gabriela Valdepeñas González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1975 México y Singapur establecieron relaciones diplomáticas para el intercambio cultural, la cooperación educativa, en materia económica e internacional, en la que ambos países comparten intereses.

El 6 de junio de 2012, Chile, Colombia, México y Perú constituyeron formal y jurídicamente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico como un mecanismo de integración regional con proyección al mundo, con el objetivo de construir de manera participativa y consensuada la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus Estados Miembros para lograr un mayor bienestar de sus habitantes y, convertirse en una plataforma de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis al Asia Pacífico.

En 2019 México recibió al Primer Ministro del país asiático, Lee Hsien Loong, en la que se anunció la incorporación de Singapur como primer Estado asociado de la Alianza del Pacífico. En esa “visita oficial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Premier Lee se comprometieron a impulsar nuestra relación al nivel de una alianza estratégica y de amplio alcance”.

El Acuerdo de Libre Comercio de la Alianza Pacífico y Singapur (ALCAPS), cuyas bases fueron sentadas en 2019, fue ratificado por Perú y Singapur en febrero de 2023; y el pasado 30 de enero de 2025, la sala del Senado chileno aprobó por unanimidad el Acuerdo de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur (ALCAPS), lo que significa un paso para la incorporación de ese país como primer

Estado Asociado de la Alianza del Pacífico.

La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile destacó que “Singapur es la tercera mayor economía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, cuenta con 5,9 millones de habitantes, tiene un PIB per cápita de US$ 141.554 (PPA), y su proyección de crecimiento para 2024 fue de 2,6% del PIB”.

“El comercio entre la AP y Singapur ha crecido un promedio de 6,5% anual durante el período 2014-2023; las exportaciones han aumentado un 5,5% en promedio por año, mientras que las importaciones han crecido en un 7%”.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur informó oficialmente, la apertura de la Embajada de Singapur en nuestro país, así como la visita de Estado del Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, prevista para octubre o noviembre de 2025. En dicha visita se buscaría inaugurar la Embajada de Singapur en nuestro país, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, hecho que marcaría de manera emblemática las celebraciones del 50º aniversario de las relaciones bilaterales que tendrá lugar en este año.

Para lograr tal objetivo, es necesario el seguimiento y el apoyo institucional para el envío de la carta de invitación dirigida al Presidente Tharman, por parte de nuestro gobierno, con el fin de formalizar la visita de Estado del mandatario singapurense a México, por solicitud de las autoridades singapurenses.

Por lo que el fortalecimiento de la relación comercial bilateral México-Singapur, para el incremento de exportaciones e intercambios en materias de turismo, cultura, investigación, tecnología, economía, proyectos para la construcción de puertos y el desarrollo sustentable, entre otros, representa una oportunidad de colaboración.

Por citar algunos datos de la Secretaría de Economía: en noviembre de 2024, las ventas internacionales de México a Singapur fueron de US$113 millones, mientras que las compras internacionales alcanzaron US$174 millones. Lo que resulta en un balance comercial de US$60.8 millones.

La principal venta de México a Singapur en noviembre 2024, fue Máquinas y Unidades de Procesamiento de Datos, no Especificados o Incluidos en otro Lugar (US$58 millones). Los principales orígenes de las ventas hacia Singapur fueron Nuevo León (US$49.9 millones), Jalisco (US$21.1 millones) y Ciudad de México (US$18 millones).

La principal compra de México a Singapur en noviembre 2024 fue Diodos, Transistores y Semiconductores Similares (US$20.9 millones). Los principales destinos de las compras realizadas a Singapur fueron Ciudad de México (US$39.9 millones), Baja California (US$36 millones) y Chihuahua (US$34.5 millones).

Por su parte, el Banco de México informó que la Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Singapur a México acumulada en el año 2024, es de US$31 millones, siendo las principales entidades federativas que recibieron mayor IED, la Ciudad de México (US$12.9 millones), Jalisco (US$12.9 millones) y Querétaro (confidencial).

Asimismo, como parte del proceso de industrialización nacional emprendido desde 2018 y en el marco del Plan México, presentado por la titular del Ejecutivo federal, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 13 de enero, la experiencia de Singapur en el manejo de puertos, podría impactar en la Inversión Extranjera Directa en nuestro país, entre otros, con los proyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la expansión de puertos como Salina Cruz, Ensenada y Manzanillo, y la creación de nuevos puertos, así como el fomento del turismo para cumplir con las metas del Plan México.

Es por todo lo anterior que pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República a que, en el marco de sus atribuciones, den seguimiento a los acuerdos generados de la relación bilateral México-Singapur, en el marco de la Alianza del Pacífico.

Notas

1. ABC Alianza del Pacífico, recuperado desde:

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2021/05/ABC 2021.pdf

2. SRE, 2022, “México-Singapur: Alianza Estratégica”, No. 4 Vol. 1, Diciembre de 2022, Gobierno de México, recuperado desde:

https://embamex.sre.gob.mx/singapur/images/PDFs/No04_Vol01_MSAE. pdf

3. Ministerio de Relaciones Exteriores, 2025, “Senado aprueba acuerdo económico.comercial entre la Alianza del Pacífico y Singapur”, Gobierno de Chile, recuperado desde:

https://www.subrei.gob.cl/sala-de-prensa/noticias/detalle-notici as/2025/01/30/senado-aprueba-acuerdo-econ%C3%B3mico-comercial-entre-la-alianza- del-pac%C3%ADfico-y-singapur

4. SE, 2024, “Singapur”, DATA-México, recuperado desde:

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/country/singap ur#:~: text=Comercio%20internacional%20mensual&text=La%20principal%20compra%20de%2 0M%C3%A9xico%20a%20Singapur%20en%20noviembre%202024,Chihuahua%20(US%2434.5M).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Gabriela Valdepeñas González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON EL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA Y EL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA ANALIZAR LOS CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA NUEVA DELIMITACIÓN DE LA METRÓPOLIS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedatu y al Inegi a establecer una mesa de trabajo con el gobierno del estado de Baja California y el municipio de Ensenada, con la participación de representantes del grupo interinstitucional, para analizar los criterios empleados para la nueva delimitación de la metrópolis y procurar la reclasificación del municipio de Ensenada nuevamente como “Zona Metropolitana”, con la finalidad de garantizar su acceso a recursos, políticas y programas públicos que impulsen el desarrollo del municipio, a cargo del diputado Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Fernando Jorge Castro Trenti, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población a establecer una mesa de trabajo con el Gobierno del Estado de Baja California y el municipio de Ensenada, con la participación de los representantes del Grupo Interinstitucional para analizar los criterios empleados para la nueva delimitación de la metrópolis y procurar la reclasificación del municipio de Ensenada nuevamente como zona metropolitana, con la finalidad de garantizar su acceso a recursos, políticas y programas públicos que impulsen el desarrollo del municipio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El proceso de metropolización en México inició en 1940 a partir de la conurbación entre la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y el municipio de Naucalpan en el Estado de México inducida por la construcción de Ciudad Satélite. Desde entonces tanto los gobiernos como académicos han elaborado instrumentos para definir y delimitar las zonas metropolitanas del país, ya sea con fines colegiales o científicos.

II. En 1976 Luis Unikel definió el concepto de zonas metropolitanas como la extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativa que contiene la ciudad central, y las unidades político-administrativas contiguas a ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central, y viceversa. En su libro El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, mencionó que en 1940 el país contaba con 5 zonas metropolitanas, en 1950 pasó 7 y en 1960 el país ya contaba con 12 zonas metropolitanas.

III. Con la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos en los años setenta, se reconoció el fenómeno de conurbación como la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población. Como resultado, en 1976 se emitieron seis declaratorias de conurbaciones para las zonas metropolitanas del Valle de México, Puebla — Tlaxcala, Tampico, Orizaba, Monterrey y La Laguna.

IV. Entre los años ochenta y noventa, las únicas referencias académicas en la materia son las de Eugenia Negrete y Héctor Salazar (1986) Zonas metropolitanas en México, Estudios Demográficos y Urbanos, quienes delimitaron 26 zonas metropolitanas en México en 1980; y la de Jaime Sobrino (1993) Gobierno y administración metropolitana y regional, quien identificó 37 zonas metropolitanas dentro del país en 1990.

V. Nuevamente Jaime Sobrino en 2003 publicó el artículo Zonas metropolitanas de México en 2000: conformación territorial y movilidad de la población ocupada; en este documento propuso que para la delimitación de dichas zonas se utilicen criterios básicos como el carácter urbano del municipio y los viajes intermunicipales por motivo de trabajo, así como criterios complementarios como la dinámica demográfica y la importancia económica del municipio. Con estos criterios identificó un total de 48 zonas metropolitanas, cuya población representaba casi la mitad de la población nacional del año 2000.

VI. En el año 2003, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), integraron un grupo de trabajo encargado de exponer una delimitación de las zonas metropolitanas en el territorio. En su exposición determinaron la integración de 55 zonas metropolitanas en México, esta fue la primera publicación sobre la Delimitación de las zonas metropolitanas de México que se realizó por parte del gobierno federal.

VII. En 2006, el Ejecutivo federal creó el Fondo Metropolitano, sin embargo, sus reglas de operación se publicaron hasta 2008. El fondo fue creado para atender las necesidades de las metrópolis de país bajo dos principios: la tendencia acelerada de concentrar mayor población y actividad económica, y el segundo, el reconocimiento de las metrópolis como territorios con particularidades que exigen acciones específicas por parte del Estado Mexicano, ya que para gobernarlas, administrarlas y planificarlas requiere de la concurrencia y coordinación conjunta de jurisdicciones político-administrativas; por ello, los recursos asignados responden a estudios, proyectos y acciones diversas con el propósito de avanzar en un desarrollo coordinado, ordenado y sustentable de las metrópolis.

VIII. En 2007 se publicó la Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005 identificando 56 zonas metropolitanas las cuales concentraban el 56% de la población del país, 79% de la población humana y el 75% del producto interno bruto del país. Dentro de las principales recomendaciones para hacer de las zonas metropolitanas ciudades económicamente competitivas sobresalieron la planeación, coordinación y administración metropolitana como instrumentos clave al incidir positivamente en el patrón de organización espacial.

IX. Con la Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010 se identificaron 59 zonas metropolitanas, concentrando 63.8 millones de personas lo que correspondía al 56.8% de la población nacional. En términos generales, para las autoridades federales el fenómeno metropolitano conjugaba cuatro elementos: el tamaño de la población; expansión urbana y continuidad; densidad de población y los desplazamientos laborales y dependencia.

X. Del trabajo interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del 2010 al 2015 las zonas metropolitanas del país pasaron de 59 a 74 y la población residente pasó de 63.8 millones a 75.1 millones de habitantes, lo que equivalió al 62.8% de la población total del país.

XI. De acuerdo con la información publicada sobre las Zonas Metropolitanas del país por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el fenómeno metropolitano no ha dejado de crecer, aumentando tanto el número de zonas urbanas que se convierten en zonas metropolitanas, como el porcentaje de población urbana que vive en estas demarcaciones territoriales. En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento de las zonas metropolitanas, así como la población habitante en dichas urbes.

Las 10 zonas metropolitanas con mayor población se encontraron: la zona metropolitana del Valle de México con 20,892,724; Guadalajara con 4,887,383; Monterrey con 4,689,601; Puebla —Tlaxcala 2,941,988; Toluca con 2,202,886; Tijuana con 1,840,710; León con 1,768,193; Juárez con 1,391,180; La Laguna con 1,342,195 y Querétaro con 1,323,640 habitantes respectivamente.

Para esta nueva delimitación Baja California cuenta con tres zonas metropolitanas, conformadas por: zona metropolitana de Ensenada con 19 localidades, zona metropolitana de Mexicali, también con 19 localidades y la zona metropolitana de Tijuana con 23 localidades.

XII. En 2016 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible, conocida como Hábitat III en la que se presentó la Nueva Agenda Urbana. Para dar respuesta a los compromisos asumidos en dicho encuentro, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el Estado Mexicano publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; que por primera vez se incorporan términos como Derecho a la Ciudad, Derecho a la propiedad urbana, resiliencia, sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y movilidad, entre otras, con el fin de afirmar que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana, así como de coordinación metropolitana deberá contar con esos principios.

XIII. En 2019 la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano impulsó la creación del Programa presupuestario S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) el cual busca atender la deficiencia en infraestructura urbana y equipamientos, los problemas de movilidad y limitada conectividad urbana, así como las limitaciones que enfrentan los gobiernos para la elaboración, actualización, implementación y evaluación de instrumentos de planeación territorial y urbana, para contribuir al acceso y ejercicio del derecho a la ciudad de las personas. Con el propósito de ordenar el funcionamiento de diversos fideicomisos y transparentar la rendición de cuentas, los recursos del Fondo Metropolitano (FonMetro) se destinaron al programa de Mejoramiento Urbano (PMU) para fomentar el ordenamiento territorial y urbano.

XIV. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 en México habitamos 126,014,024 personas, trayendo consigo un conjunto de cambios económicos y productivos que han incentivado la relocalización de las actividades económicas, lo que ha detonado una acelerada expansión urbana. Por ende, fue necesaria una nueva reconfiguración de las zonas metropolitanas y en 2023 se presentó el documento Metrópolis de México 2020. En dicho instrumento el grupo interinstitucional conformado por la SEDATU, el INEGI y la CONAPO realizaron ajustes metodológicos dando como resultado que en el Estado de Baja California únicamente se considere a Tijuana como zona metropolitana, mientras que Ensenada y Mexicali se categorizan como metrópolis municipales.

XV. De 2019 a 2024 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano intervino a través del programa de Mejoramiento Urbano en los municipios de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana y Rosarito del estado de Baja California. Se realizaron 51 obras y se invirtieron $1,230 millones de pesos; las obras van desde centros de desarrollo comunitario, parques y equipamientos deportivo, complementos de instalaciones escolares, pavimentaciones hasta mercados. Gracias a estas acciones se han mejorado las condiciones de habitabilidad en el entorno inmediato de viviendas, así como aumentar la infraestructura urbana que contribuye en garantizar el derecho a la ciudad y sobre todo promover un desarrollo ordenado y regulado que tanto necesitan las metrópolis de nuestro país.

XVI. Ensenada cuenta con 444,807 habitantes, en comparación a 2010, la población decreció un -4.93%. Es la segunda metrópoli municipal con mayor PIB en el sector primario con 36,947 millones de pesos, convirtiéndose en su principal actividad económica al aportar el 41.2% respecto a su PIB total. Sus principales ventas en 2023 fueron Otras Frutas y Nueces con 340 millones de dólares, camisetas de punto con 218 millones de dólares y pescado fresco o refrigerado con 125 millones de dólares.

XVII. Desde hace más de 20 años México es un país metropolitano, este fenómeno constituye en un elemento de gran relevancia e importancia en el desarrollo y la planificación del país. Las metrópolis como concentraciones urbanas desempeñan un papel crucial en la economía y demografía de México, ya que aportan el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

XVIII. Baja California cuenta con una Ley de Zonas Metropolitanas, en ella se establecen los lineamientos y bases generales de la planeación estratégica para fomentar el desarrollo armónico y sustentable, así como una adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que interactúan en las zonas metropolitanas del Estado. Al reconfigurar la zona metropolitana de Ensenada como metrópoli municipal impacta en su capacidad para planificar y ejecutar proyectos estratégicos de desarrollo urbano, al no contar con la denominación de zona metropolitana, se puede perder prioridad en la asignación de apoyos interinstitucionales y recursos específicos tanto federales como internacionales que pueden destinarse a áreas urbanas de alta densidad para fomentar su crecimiento ordenado. Esto implica que el gobierno local deberá redefinir sus estrategias de desarrollo con un margen de autonomía más limitado. La falta de una clasificación metropolitana limita la colaboración técnica y la planificación conjunta entre los distintos niveles de gobierno, lo cual es crucial para enfrentar problemas de crecimiento urbano, movilidad y acceso a servicios básicos en ciudades de esta magnitud.

XIX. Es importante abordar el impacto de la reclasificación de Ensenada porque se afecta el desarrollo urbano sostenido. Esta categoría no solo implica la densidad poblacional, sino que trae beneficios en términos de acceso a políticas públicas y colaboración entre niveles de gobierno que están diseñados para áreas urbanas de gran tamaño. Al no contar con esta categoría, Ensenada podría quedar en desventaja para abordar problemas como el crecimiento urbano, la movilidad, vivienda que requieren de una planeación estratégica.

El diálogo propuesto permitiría que Ensenada reciba la atención para establecer criterios sobre las políticas urbanas en la configuración y evite un rezago en infraestructura y facilita que el gobierno local ajuste sus estrategias de planeación de forma eficiente.

XX. En 2024, se publicó el documento “Metrópolis de México 2020” emitido por el Grupo Interinstitucional conformado por el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el que se llevó a cabo la delimitación de las zonas metropolitanas del país, ejercicio que se realiza cada 5 años desde el año 2000. Corresponde de manera exclusiva a dicho Grupo Interinstitucional llevar a cabo la delimitación y determinación de criterios, por lo que, se han realizado ajustes metodológicos y establecido 3 categorías para las metrópolis, dando como resultado 92 metrópolis conformada por 421 municipios que se clasifican en: 48 zonas metropolitanas, 22 metrópolis municipales y 22 zonas conurbanas, con la finalidad de caracterizar y diferenciar el fenómeno metropolitano en sus distintas escalas demográficas, económicas y espaciales.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Consejo Nacional de Población a establecer una mesa de trabajo con el gobierno del Estado de Baja California y el municipio de Ensenada, con la participación de representantes del Grupo Interinstitucional, con el objeto de analizar los criterios empleados para la nueva delimitación de las metrópolis y procurar la reclasificación del municipio de Ensenada nuevamente como “zona metropolitana”, con la finalidad de garantizar su acceso a recursos, políticas y programas públicos que impulsen el desarrollo del municipio.

Notas

1. Delimitación de las zonas metropolitanas 2005, México, INEGI, 2007, pp. 7 y 9.

2. Unikel, Luis. (1976) El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras.

3. Fracción IV del artículo Segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos (Ley Abrogada en 1993)

4. Secretaría de Desarrollo Social (1993)

5. Evaluación del Fondo Metropolitano 2006-2009. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6. Delimitación de las Zonas metropolitanas de México 2015.

7. Ídem

8. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Programa de Mejoramiento Urbano (Pp273). Estrategia de Cobertura.

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/Estrategi a-de-cobertura-PMU.pdf

9. Programa de Mejoramiento Urbano en Baja California 2019- 2024.

https://mimexicolate.gob.mx/wp-content/uploads/2024/05/24.05.03- Sedatu-en-BCN-2019-2024.pdf

10. Ídem

11. Clasificación de la Secretaría de Economía, sin mencionar específicamente a qué frutas se refiere.

12. Secretaría de Economía.

https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

13. Metrópolis de México 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Fernando Jorge Castro Trenti (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

SE REVISE EL INCREMENTO INJUSTIFICADO EN LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA RUTA EL CARDONAL-IXMIQUILPAN, HIDALGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado de Hidalgo a revisar y atender el incremento injustificado en las tarifas del transporte público en la ruta el Cardonal—Ixmiquilpan, y a garantizar el respeto a los acuerdos establecidos en materia de tarifas, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La presente Eunice Abigail Mendoza Ramírez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero: Durante los recorridos realizados en el municipio de El Cardonal, ciudadanas y ciudadanos manifestaron su inconformidad ante el incremento en las tarifas del transporte público en la ruta El Cardonal — Ixmiquilpan. Este aumento pasó de $10 a $11 pesos en el trayecto mínimo y de $17 a $19 pesos en el trayecto completo, lo que representa un incremento del 10% y 11.76% respectivamente. Sin embargo, este ajuste tarifario no ha sido debidamente justificado con base en estudios técnicos ni ha sido autorizado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, lo que genera incertidumbre en la población y pone en entredicho la legalidad de dicho aumento.

La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo establece con claridad que las tarifas del transporte público deben ser reguladas por las autoridades competentes, garantizando su accesibilidad, proporcionalidad y legalidad. En este sentido, el Artículo 7, fracción XVI, inciso e, otorga a la Secretaría de Movilidad y Transporte, en coordinación con los organismos encargados del transporte, la facultad de definir, modificar, normar, regular y vigilar las tarifas aplicables a los usuarios.

Aunado a ello, el Artículo 126 señala que las tarifas del servicio de transporte público deben ser determinadas por la autoridad competente, estableciendo con precisión el precio y las condiciones bajo las cuales se aplicarán. Además, el Artículo 127 dispone que la revisión tarifaria se llevará a cabo anualmente y únicamente a petición del concesionario o permisionario, siempre que dicha solicitud esté respaldada por estudios técnicos que justifiquen la modificación de los costos.

Ante estos preceptos legales, el incremento en la tarifa de la ruta El Cardonal — Ixmiquilpan resulta arbitrario y violatorio de la normatividad vigente, pues no se ha realizado bajo los mecanismos legales ni con la validación de la autoridad competente.

Segundo: Este aumento afecta de manera directa a cientos de familias que dependen del transporte público como su principal medio de movilidad. La ruta El Cardonal — Ixmiquilpan es utilizada diariamente por personas trabajadoras, estudiantes, adultos mayores y madres de familia, quienes ahora deben asumir un gasto mayor sin previo aviso ni consulta ciudadana.

El incremento es aún más preocupante porque la mayoría de las y los usuarios provienen de sectores de escasos recursos, lo que significa que su economía se ve severamente afectada por este ajuste tarifario. En muchos casos, se trata de trabajadores que deben tomar el transporte público dos veces al día, lo que incrementa el gasto mensual en movilidad y disminuye su capacidad para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

Cabe destacar que el derecho a la movilidad, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad en los servicios de transporte. Un aumento arbitrario de tarifas sin estudios técnicos ni autorización oficial vulnera este derecho fundamental y afecta el acceso de la ciudadanía a un servicio público indispensable.

Adicionalmente, el artículo 151 de la Ley de Movilidad y Transporte del estado de Hidalgo obliga a los concesionarios y permisionarios a prestar el servicio conforme a las tarifas autorizadas por la autoridad competente. Cualquier cobro superior a las tarifas establecidas es ilegal y debe ser objeto de supervisión y sanción por parte de las instancias correspondientes.

Tercero: El Secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, en una reciente visita en la región, afirmó de manera contundente que no se había autorizado un incremento en las tarifas del transporte público en la entidad. Esta postura fue respaldada por la Secretaría de Movilidad y Transporte, que reiteró su compromiso de mantener las tarifas vigentes sin aumentos durante el año 2025.

Sin embargo, los operadores de la ruta El Cardonal — Ixmiquilpan han implementado este aumento de manera unilateral, sin autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte, lo que contraviene los acuerdos gubernamentales y genera desconfianza en la ciudadanía. Además, la falta de una supervisión efectiva ha permitido que los concesionarios colocaran tarifarios ilegales dentro de las unidades de transporte, estableciendo unilateralmente nuevos costos sin contar con la publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, que es el único documento válido para establecer modificaciones tarifarias.

Este incremento irregular y sin sustento podría derivar en sanciones administrativas para los concesionarios que lo han implementado, pues contraviene las disposiciones establecidas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo.

Cuarto: El transporte público es un servicio esencial para el desarrollo social y económico de las comunidades, por lo que su regulación debe garantizar que sea asequible, seguro y eficiente para la población. Un incremento injustificado en las tarifas no solo representa una afectación directa a la economía de las familias hidalguenses, sino que también limita su acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el empleo.

Este punto de acuerdo busca proteger los derechos de las y los usuarios del transporte público en Hidalgo, garantizando que las tarifas se mantengan accesibles y acordes con los acuerdos establecidos por las autoridades. Confiamos en que la Secretaría de Movilidad y Transporte atenderá este llamado y tomará las medidas necesarias para evitar afectaciones a la economía familiar y al derecho a la movilidad de las personas.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, a realizar una revisión exhaustiva del incremento en las tarifas del transporte público en la ruta El Cardonal — Ixmiquilpan, y determinar si dicho aumento cuenta con la justificación y autorización correspondiente, garantizando con ello que las tarifas del transporte público en el Estado de Hidalgo se ajusten a los acuerdos y lineamientos establecidos por las autoridades competentes, respetando los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo, a establecer mecanismos de supervisión y control para evitar incrementos injustificados en las tarifas del transporte público, y sancionar a los operadores que incumplan con las disposiciones vigentes, así como a realizar una campaña de información dirigida a las y los usuarios, explicando las tarifas vigentes y los mecanismos de denuncia en caso de incrementos injustificados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE SUSPENDA EL AUMENTO A LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICOIMPUESTAS EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad a suspender de inmediato el aumento a las tarifas del transporte público impuestas en el estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Petra Romero Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Petra Romero Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al Ing. Roberto Abraham Vargas Molina, Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, para suspender de inmediato el aumento a las tarifas del transporte público impuestas en el Estado de Nuevo León, conforme a las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 7 de febrero del 2025, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, aprobó el aumento de $15 a $17 pesos en la tarifa en rutas de transporte publico de Nuevo León, la reunión fue presidida por Abraham Vargas, encargado del despacho del IMA, quien fue el proponente de este aumento.

Y aunque el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, pidió llamarlo deslizamiento de 10 centavos que iniciaría a partir de febrero y durante 20 meses hasta llegar a los 17 pesos, es innegable el aumento y el impacto que habrá en los bolsillos de miles de ciudadanos.

La baja frecuencia de las unidades y la calidad insuficiente del servicio son constantes problemáticas que han manifestado los usuarios. Sin embargo, subir el precio del pasaje no es la solución, pues se arremete en contra del pueblo, es una medida que perjudica sobre todo a los estudiantes que buscan prepararse para tener un mejor futuro y a los miles de trabajadores que día a día salen a buscar un sustento para su hogar.

Debemos ser más conscientes y empáticos, hay trabajadores que reciben el sueldo mínimo y destinan una parte considerable de su sueldo para poder llegar a sus lugares de empleo y regresar a sus viviendas, el trasporte público no es un lujo para ellos, es una necesidad.

Estos aumentos no contemplan el impacto social y económico que generara en miles de familias, además de que afectan de manera directa el derecho a la movilidad.

Como Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión social en la H. Cámara de Diputados, es mi obligación velar por el bienestar de las y los trabajadores en mi Estado, por ello presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ing. Roberto Abraham Vargas Molina, Encargado del Despacho de la Dirección General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, para suspender de inmediato el aumento a las tarifas del transporte público impuestas en el Estado de Nuevo León.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Dr. Hernán Manuel Villarreal Rodríguez, Secretario de Movilidad y Planeación Urbana a mejorar el sistema de transporte del Estado de Nuevo león para que existan unidades suficientes y en buenas condiciones.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, para que intervenga y se suspenda el alza a la tarifa del transporte público en Nuevo León.

Notas

1. https://www.milenio.com/politica/comunidad/aprueban-aumento-tarifa-transporte-p ublico-nuevo-leon-2025

2. https://www.milenio.com/politica/comision-derechos-nuevo-leon-pide-suspender-au mento-transporte-publico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Petra Romero Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE QUERÉTARO, A HACER DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO LOS HECHOS REFERENTES AL DESALOJO DE COMERCIANTES Y LOS ACTOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL BAR LOS CANTARITOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Querétaro a hacer del conocimiento público sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de octubre y 9 de noviembre de 2024, referentes al desalojo de comerciantes y los actos de violencia ocurridos en el bar Los Cantaritos, a cargo del diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y con las facultades conferidas por lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia Municipal de Querétaro, para hacer de conocimiento público sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de octubre y 9 de noviembre de 2024, referentes al desalojo de comerciantes, así como los actos de violencia ocurridos en el bar “Los Cantaritos”, misma que tiene sustento con las siguientes consideraciones

Consideraciones

El pasado 25 de octubre de 2024, la Presidencia Municipal de Querétaro, actuó con uso excesivo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, contra las mujeres, niños y hombres; que se encontraban vendiendo sus artesanías en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, lo cual constituye su patrimonio cultural, material e inmaterial.

De dichos acontecidos dieron cuenta diversos medios periodísticos;

https://www.infobae.com/mexico/2024/10/26/denuncian-a-policias- de-queretaro-por-detencion-violenta-y-arbitraria-de-comerciantes-indigenas-llev aban-bebes-en-brazos/

https://tribunadequeretaro.com/informacion/represion-en-el-cent ro-historico-de-queretaro-deja-cinco-detenidos-y-varios-lesionados/

A unos días después de tomar protesta, Felipe Fernando Macías Olvera, Presidente Municipal de Querétaro, dijo que el diálogo se agotó y dispuso de policías con perros para reprimir a los comerciantes, constituyendo un hecho público y notorio.

Lo anterior es una violación al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la composición pluricultural de la Nación y a las comunidades indígenas.

El apartado B del artículo 2o de la Constitución federal, es categórico al señalar que:

“ La Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán establecer las instituciones y determinar las políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, las cuales deben ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

Sin embargo, el 25 de octubre del 2024, se realizó un operativo ordenado por la Presidencia Municipal de Querétaro, con el que puso en marcha su programa de limpia del Centro Histórico de comerciantes ambulantes con un operativo encabezado por Inspección Municipal, la Secretaría de Movilidad, el Sistema Municipal del DIF, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal (SSPMQ) junto con el equipo táctico K9; con más de 120 efectivos de seguridad.

La Presidencia Municipal de Querétaro, debió establecer, estrategias de desarrollo como el “Comercio Justo”, dignificar el trabajo de producción de arte y patrimonio cultural indígena, fortalecen su identidad, preservan sus técnicas ancestrales de trabajo y potencializan el desarrollo económico y consecuentemente su desarrollo colectivo.

Los Derechos Humanos son inherentes a toda la especie humana, sin discriminación alguna, sin embargo, la Presidencia Municipal de Querétaro, no los respetó, al ordenar el desalojo de las y los artesanos del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, el 25 de octubre del 2024.

Adicionalmente, se suscitó un hecho de violencia, sin precedentes en la Ciudad de Querétaro; el día 9 de noviembre del 2024, se dio un tiroteo en el Bar “Los Cantaritos”, que dejó un saldo de una decena de muertos y heridos. Por lo que resulta de la mayor conveniencia conocer toda la información relacionada con este establecimiento, que se encuentre a disposición de la Presidencia Municipal de Querétaro.

Por lo anterior, se exhorta a la Presidencia Municipal, hacer de conocimiento público:

• Solicitud de Licencia Municipal, de apertura del Bar en cuestión.

• Licencia Municipal para operar.

• Visto Bueno de Protección Civil Municipal, para operar el citado Bar.

• Padrón actual 2024 y 2025, de bares y restaurantes que operan en el Municipio de Querétaro.

• Estadística de Licencias Municipales de bares y restaurantes, existentes en el 2024, agrupadas por cada Delegación Municipal; identificando nombre del establecimiento, domicilio, teléfono y solicitante de la Licencia Municipal.

Mención especial es conocer si existen Licencia (s) de funcionamiento de bares o restaurantes, a nombre funcionarios del Municipio de Querétaro, o de sus familiares hasta tercer grado.

Ante estas consideraciones, me permito presentar a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Presidencia Municipal de Querétaro, a hacer de conocimiento público la información de los hechos suscitados el 25 de octubre y del 9 de noviembre del 2024, relacionada a los actos de desalojo de comerciales; así como de lo sucedido en el Bar “Los Cantaritos” y la documentación de carácter administrativo relacionada al otorgamiento de licencias de funcionamiento, respectivamente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero del 2025.– Diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-051-SCFI/SSA1-2010

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a impulsar acciones conjuntas con las industrias de alimentos y bebidas, a fin de generar estrategias para desarrollar una adecuada implementación de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, a cargo de la diputada Claudia Quiñones Garrido, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Claudia Quiñones Garrido y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La obesidad es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENT) como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, causas principales de mortalidad en México. El consumo de productos ultraprocesados (comida rápida, botanas saladas, bebidas azucaras como refrescos, entre otros) se encuentra asociado con el desarrollo de Enfermedades No Transmisibles y ha contribuido al incremento de obesidad en América Latina.

El Consejo Mexicano de Medicina Interna y de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, indica que las proyecciones para 2030 son preocupantes. Se espera que el 36.8% de la población mexicana padecerá obesidad, con un incremento anual del 1.6%. Las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

Uno de los factores de la problemática radica en que el sistema alimentario no es saludable, sostenible ni justo. Este sistema alimentario, caracterizado por la alta disponibilidad de productos ultraprocesados y la poca disponibilidad de alimentos naturales, afecta tanto a las áreas urbanas como a las rurales.

Tras estos datos alarmantes, combatir la obesidad en México requiere un enfoque multifacético que involucre a autoridades de salud, la industria alimentaria y la sociedad en general. Algunas medidas incluyen:

• Educación nutricional: Implementar programas de educación nutricional en escuelas y comunidades para promover hábitos alimenticios saludables desde una edad temprana.

• Regulación de la publicidad: Regular la publicidad de alimentos ultraprocesados, especialmente aquellos dirigidos a niños, para reducir su influencia negativa.

• Acceso a alimentos saludables: Aumentar el acceso a alimentos frescos y naturales, especialmente en áreas rurales y de bajos recursos.

• Promoción de la Actividad Física: Fomentar la actividad física regular a través de programas comunitarios y políticas que promuevan un estilo de vida activo.

Es por ello que, derivado de las acciones a implementar por el gobierno de México, el 22 de octubre de 2019 el Senado de la República aprobó un proyecto de reformas y adiciones a las disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de bebidas no alcohólicas. Meses más tarde, el 27 marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Esta actualización de la norma obliga a las empresas de alimentos y bebidas a incluir un etiquetado frontal que indique de manera clara cuando los productos que se comercializan excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares, grasas saturadas, sodio y otros nutrimentos.

Entre los aspectos de la modificación destaca la prohibición para utilizar personajes, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, mascotas o elementos interactivos dirigidos a niños que inciten, promuevan o fomenten el consumo de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes.

La implementación de la modificación a la NOM-051 se planificó en tres fases de aplicación que contemplan el cambio en los nutrimentos críticos y los perfiles nutrimentales de los productos de manera escalonada.

La primera de ellas entró en vigor en octubre de 2020, con una prórroga de dos meses. Estableció cambios obligatorios para la implementación de sellos de advertencia en alimentos preenvasados con exceso de ingredientes críticos. También estableció la obligatoriedad de leyendas sobre el contenido en exceso de estos componentes.

La segunda fase entró en vigor el pasado 1 de octubre y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025. Comprende un criterio más estricto para la evaluación de los azúcares y grasas añadidas a los productos alimenticios preenvasados.

En concreto, en esta etapa se contempla:

• Volver más restrictivo el criterio para la Energía cambiando para líquidos a 8 kcal de azúcares libres

• Eliminar la excepción de azúcares para bebidas bajas en calorías

• Eliminar la excepción para 1 mg de sodio por kcal o  300 mg. En caso de que se cumpla con cualquiera de los dos criterios (1 mg de sodio por kcal 0  300 mg) se deberá incluir el sello de sodio.

La tercera fase entrará en vigor el 1 de octubre de 2025 y contempla la integración de una etiqueta definitiva en la que se aplicará el perfil de forma íntegra de los productos alimenticios ultraprocesados. Es decir, representa un cambio en los criterios de evaluación de la información nutrimental adicional, los sellos u octágonos que nacen de la modificación o fase 2 de la norma que se tuvo en 2020. A los productos se les aplicarán las reglas de manera completa, y los modelos de evaluación serán más estrictos

Con esta norma habrá cambios significativos en las regulaciones de etiquetado para productos alimenticios y bebidas no alcohólicas ya envasados en México. Aunque estos cambios tienen como objetivo proteger al consumidor, también representan desafíos para las empresas.

De acuerdo con la encuesta nacional de etiquetado, que se levantó a finales de 2020, realizada por la Agencia de Investigación Social Estratégica Dinamia para El Poder del Consumidor, el 74% de los encuestados respondieron que aprobaban el etiquetado frontal de advertencia, 72% reportó que éste es comprensible para los consumidores y el 72% también consideró que los sellos son útiles para tomar decisiones sobre los productos que consume, siendo el sello de azúcares el octágono más influyente en las decisiones de compra de acuerdo a los mexicanos encuestados.

De acuerdo con un estudio realizado por El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),iii se espera que el etiquetado frontal tras 5 años de su implementación evite 1.3 millones de casos de obesidad en el país y ahorre 1.8 millones de dólares asociados al gasto público en obesidad.

En el contexto de cómo se ha ido evaluando la herramienta, en la última Encuesta Nacional de Salud (Ensanut 2021), se hizo una estimación del etiquetado de alimentos empaquetados. Lo que se encontró es que el 89.4% de los adultos entrevistados por lo menos habían visto el sistema de advertencia, es decir, reconocían que existe este sistema de etiquetado; el 42.2% de los entrevistados identificó qué alimentos eran menos saludables con este sistema y pudo decidir qué tan saludable era su consumo; y el 60.5% de ellos indicó que el etiquetado ayuda a padres y madres de familia para elegir alimentos más saludables para los hijos.

Aunque estos cambios en la NOM-05 tienen como objetivo proteger al consumidor con el nuevo sistema de etiquetado frontal, éste tuvo obstáculos, y es que con el desarrollo de la pandemia hubo un factor que complico la evaluación de su implementación, derivado a que la gente disminuyó su actividad física drásticamente, hubo mayor sedentarismo, mayor consumo de alimentos, combinados con temas de estrés, todo eso incrementó los casos de obesidad y sobrepeso en dos puntos porcentuales, por lo que hoy no se puede saber si en términos generales la medida tuvo impacto en el problema de obesidad.

Las empresas de alimentos y bebidas tendrían que invertir aproximadamente 5,000 millones de pesos (mdp), más la inflación acumulada desde que realizaron la reformulación hace tres años, en realizar un cambio en sus etiquetados. Cerca del 75% de las pequeñas y medianas empresas lo absorben y se pueden ver en grandes problemas por este cambio.

Ahora bien, hay industrias que se verán más afectadas que otras, tal es el caso de productos que ofrecen mermeladas. De acuerdo con las especificaciones incluidas en la Norma Oficial Mexicana NMX-F-131-1982, de Alimentos para Humanos, en el que se incluyen frutas y sus derivados, una mermelada sólo puede ostentar este nombre cuando contenga: una proporción de fruta, azúcar de 40% : 60% m/m”. Eso especifica la norma, que deja claro que el principal ingrediente de la mezcla es el azúcar, cuyo origen puede ser de caña, jarabe de glucosa o de fructosa, entre otros. Se permite el uso de edulcorantes, pero en la cantidad está la clave.

Teresa Cerón, profesora investigadora en innovación de productos, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Con los recientes cambios a la NOM-051, en inmediato todas las mermeladas tienen un sello que corresponde al exceso de azúcar, pero si cambian el azúcar por sustitutos, el empaque tendrá que lucir la leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Lo que se comercializa en estos momentos como ‘mermeladas sin azúcares añadidos y sin calorías’, es la formulación a la que no se le añaden azúcares durante el proceso de fabricación y que tiene menos de 274 kilocalorías por porción, que equivale a 100 gramos. A esta formulación se le da el nombre de conserva de frutas.”

Pequeños y medianos productores de mermeladas ven al nuevo etiquetado como una amenaza para sus ventas. Por un lado, la aparición de los sellos de advertencia en sus productos se contrapone con la idea saludable y natural, que ellos mismos impulsan para su venta. Por otro lado, si deciden cambiar, la confusión queda en el nombre, que, aunque se encuentre en el mismo estante de las mermeladas es distinto y puede incidir en la compra.

Por otro lado, la industria láctea está preocupada por la discusión sobre el etiquetado frontal, que hoy se debate en el Senado. El problema, argumenta, es que la mayoría de sus productos son altos en grasas por naturaleza y reformularlos para evitar los sellos de ‘Alto en grasas’ u ‘Alto en azúcares’ es más caro que para otras industrias, como la refresquera.

Es importante señalar que, las leches a base de semillas o vegetales, como las de almendra, por ejemplo, tienen más grasas naturales, por lo que estaría etiquetado con uno de los sellos altos en grasa cuando no necesariamente es grasa mala. La leche blanca, que es la mayoría del producto que nosotros tenemos, tendría sellos porque tiene grasa, azúcares y son propios de la leche no están añadidos, son intrínsecos. Las leches saborizadas sí, porque ahí se le agrega un saborizante o endulzante que tiene calorías.

Por su parte, Ricardo Villavicencio, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), bajo esa premisa no es posible ni aceptable que productos lácteos con algún ingrediente añadido lleguen a tener más sellos que otros alimentos cuyo valor nutricional es por muy lejos menor que el de la leche y sus derivados.

Otra de las posibles consecuencias al implementar la segunda y tercera fase de la nueva regulación de la NOM-051, por parte de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), es que propiciará “la caída de venta en un 25%”. Esto es que 140 empresas mayoristas y 630,000 “tienditas” de abarrotes que existen en el país, las cuales “estarían en riesgo de cierre en el mediano y largo plazo”.

La industria espera que el país pueda tener un etiquetado frontal coordinado y concertado con las autoridades y está trabajando para tener un etiquetado que cumpla con los principios recomendados del Manual para el Etiquetado Frontal de la Organización Mundial de la Salud. El etiquetado frontal en México tiene grandes deficiencias, principalmente que no cumple con el criterio fundamental de ser rápido y sencillo de entender.

El nuevo etiquetado de advertencia no señala las porciones y los alimentos tendrán los mismos sellos negros, independientemente de su tamaño; oculta las cantidades específicas por porción de calorías, grasas azúcares y sodio y no permite comparar entre productos lo que pone en riesgo a personas que requieren un régimen alimentario especial.

Por lo que, un etiquetado realmente eficaz debería:

• Permitir a los consumidores tomar decisiones informadas respecto a su alimentación.

• Reducir las brechas en el acceso a la información entre los diversos grupos socioeconómicos.

• Poder comparar entre productos alimenticios de una misma categoría y elegir la o las opciones más saludables.

• Promover que las personas utilicen más esta herramienta y se involucren en el cuidado de su alimentación.

Es por ello la creciente necesidad de implementar acciones coordinadas entre el Gobierno, las industrias y la asociación civil, que contribuyan a generar acciones que permitan a los mexicanos tener una mejor calidad de vida, atendiendo a las demandas y necesidades de las industrias, que cabe señalar son fuentes importantes de empleos para nuestro país, de ahí la importancia de tener una visión con un enfoque multifacético que permita atender la problemática en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, una servidora junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarias de Economía, de Salud, y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, a impulsar acciones conjuntas con las industrias de alimentos y bebidas a fin de generar estrategias para desarrollar una adecuada implementación de la “Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria”.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, realice las acciones necesarias para posponer la entrada en vigor de la tercera fase de la “Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria”, y con ello dar cumplimiento a las acciones conjuntas entre los diferentes órganos de gobierno y las industrias de alimentos y bebidas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Claudia Quiñones Garrido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA SEP Y DE LA EXTINTA MEJOREDU

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la SEP y de la extinta Mejoredu, ante los recientes despidos y la reestructuración administrativa, a cargo de la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXVI legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguiente

Consideraciones

El 20 de diciembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma en materia de simplificación orgánica, el cual establece la desaparición de varios organismos autónomos y desconcentrados para supuestamente reducir el gasto público y hacer más eficiente la administración pública federal. Entre las dependencias afectadas por esta reforma se encuentra la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), un organismo que había sido creado tras la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019.

Mejoredu tenía la responsabilidad de diseñar y aplicar políticas para mejorar la calidad educativa, evaluar el desempeño de docentes, fortalecer la formación continua y proponer estrategias para el desarrollo del sistema educativo en México. Su eliminación se justificó bajo el argumento de que sus funciones podían ser absorbidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, este proceso ha generado incertidumbre laboral entre aproximadamente 600 trabajadores que dependían de Mejoredu, quienes han denunciado la falta de un plan claro para su reubicación o liquidación. De acuerdo con reportes periodísticos, desde diciembre de 2024 han ocurrido al menos 20 despidos sin liquidación, y la fecha límite para pagar indemnizaciones vence el 31 de marzo de 2025.

Además de la desaparición de Mejoredu, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha experimentado una reestructuración interna como parte de la misma reforma de simplificación orgánica. Esta situación ha llevado a despidos masivos y a la incertidumbre de cientos de trabajadores, quienes reportan que han sido removidos de sus cargos sin justificación o que enfrentan presiones para renunciar.

Contexto Normativo

La desaparición de Mejoredu y los recortes en la SEP ocurren en un marco de ajustes presupuestarios y de cambios en la política educativa impulsados por el Gobierno federal. Sin embargo , estos procesos deben llevarse a cabo respetando la Ley Federal del Trabajo y la normatividad en materia de empleo público. Algunas de las disposiciones legales que deberían ser observadas en estos casos incluyen:

• Artículo 123 Constitucional: Protege el derecho al trabajo digno y establece que ningún trabajador puede ser despedido sin causa justificada y sin el pago de indemnización correspondiente.

• Ley Federal del Trabajo: Obliga a los empleadores, incluido el Gobierno, a respetar los derechos laborales y a pagar indemnizaciones en caso de despidos injustificados.

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: Establece que la terminación del empleo en el sector público debe seguir un proceso claro y garantizar la protección del trabajador.

Sin embargo, las denuncias de los trabajadores de la SEP y Mejoredu apuntan a que estos principios no se están cumpliendo. Además, a pesar de que la SEP cuenta con 865 plazas adicionales para 2025, no se ha anunciado ningún mecanismo para absorber a los trabajadores despedidos de Mejoredu.

Evolución del Problema y Reacciones

Desde la publicación del Decreto de Reforma, diversos grupos han manifestado su preocupación por los efectos negativos en la estabilidad laboral y en la educación del país. Algunos puntos clave incluyen:

• Declaraciones de Sindicatos y Trabajadores: Sindicatos del sector educativo han exigido transparencia en la reestructuración y han solicitado reuniones con autoridades para discutir la situación de los despedidos.

• Falta de Respuesta Oficial: Hasta ahora, las autoridades responsables no han presentado un plan concreto para garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores afectados.

La desaparición de Mejoredu y la reestructuración de la SEP han generado despidos masivos, incertidumbre laboral y denuncias de violaciones a los derechos laborales. Ante la falta de un plan claro de reubicación y la ausencia de medidas para proteger a los trabajadores afectados, es urgente que la Cámara de Diputados intervenga para exigir respuestas y soluciones.

Situación Actual:

1. Incertidumbre Laboral en Mejoredu:

- Los 600 trabajadores de Mejoredu se sienten abandonados, ya que se les ha informado que no serán reubicados en la SEP, a pesar de su especialización en temas educativos.

- Desde diciembre de 2024, se han registrado más de una veintena de despidos sin liquidación, y la fecha límite para las liquidaciones es el 31 de marzo de 2025.

2. Despidos en la SEP:

- Decenas de trabajadores han sido despedidos de la SEP debido a recortes presupuestales, mientras que alrededor de 500 servidores públicos laboran sin certeza sobre su futuro laboral ante la fusión de dependencias.

Problemáticas Identificadas:

1. Incertidumbre Laboral:

- Los trabajadores de Mejoredu y la SEP enfrentan una falta de claridad sobre su futuro laboral tras la fusión de las dependencias.

- La ausencia de información sobre posibles reubicaciones o indemnizaciones genera ansiedad y descontento entre el personal afectado.

2. Despidos Injustificados:

- Se han reportado despidos sin previo aviso ni justificación, vulnerando los derechos laborales de los empleados.

- Algunos trabajadores han sido cesados sin recibir las indemnizaciones correspondientes, contraviniendo la legislación laboral vigente.

3. Falta de Transparencia en el Proceso de Reestructuración:

- No se han establecido mecanismos claros para la reubicación del personal de Mejoredu en otras dependencias, como la SEP.

- La opacidad en la toma de decisiones ha generado desconfianza y malestar entre los trabajadores.

Datos y Cifras Oficiales:

• Número de Trabajadores Afectados:

- Aproximadamente 600 empleados de Mejoredu se encuentran en situación de incertidumbre laboral tras la desaparición del organismo.

• Plazas Adicionales en la SEP:

- Para el año 2025, la SEP cuenta con 865 plazas adicionales, lo que podría facilitar la reubicación de parte del personal afectado.

Áreas de Oportunidad:

1. Reubicación del Personal:

- Aprovechar las plazas adicionales en la SEP para reubicar a los trabajadores de Mejoredu, considerando su experiencia y especialización en temas educativos.

2. Transparencia en el Proceso de Reestructuración:

- Establecer canales de comunicación claros y efectivos para informar a los empleados sobre las decisiones relacionadas con su futuro laboral.

- Implementar mecanismos de participación para que los trabajadores puedan expresar sus inquietudes y propuestas durante el proceso de reestructuración.

3. Cumplimiento de Derechos Laborales:

- Garantizar que todos los despidos se realicen conforme a la ley, asegurando el pago de indemnizaciones y demás prestaciones correspondientes.

- Brindar asesoría legal y apoyo psicológico a los empleados afectados por los despidos.

En ese sentido, la extinción de Mejoredu es un proceso que refleja la estrategia del gobierno federal para reorganizar y centralizar funciones administrativas dentro de la SEP. Sin embargo, la desaparición de este organismo plantea una serie de problemáticas que deben ser atendidas con urgencia para evitar consecuencias negativas en la evaluación y mejora continua de la educación en México.

En primer lugar, el principal desafío radica en la reubicación o liquidación de los trabajadores de Mejoredu. Con una plantilla de aproximadamente 558 empleados, es imperativo que el proceso de absorción por parte de la SEP o de otras dependencias se realice con transparencia y garantizando los derechos laborales. Aquellos trabajadores que no puedan ser reubicados deben recibir indemnizaciones justas y conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. La falta de claridad en este aspecto podría derivar en litigios laborales y en un problema social que afecte a cientos de familias.

En segundo lugar, la desaparición de Mejoredu genera preocupaciones sobre la calidad de la evaluación educativa en el país. Este organismo, aunque con limitaciones, era un contrapeso técnico y especializado en la generación de indicadores educativos y en la evaluación de la política educativa nacional. La absorción de estas funciones por la SEP implica el riesgo de una menor objetividad en la medición del desempeño del sistema educativo, lo que podría derivar en una falta de transparencia y en la imposibilidad de identificar áreas de mejora con base en evidencia técnica.

También es preocupante el riesgo de pérdida de información y metodologías de evaluación. La transición debe incluir un mecanismo claro para resguardar y poner a disposición del público los estudios, indicadores y herramientas desarrolladas por Mejoredu, evitando que estos conocimientos se pierdan o queden en el olvido.

Por otro lado, la extinción de Mejoredu también representa una oportunidad para reconfigurar la evaluación educativa en México. Si el gobierno federal implementa una estrategia adecuada, podría fortalecer los mecanismos de medición de la calidad educativa, integrando nuevas tecnologías, mejores prácticas internacionales y un enfoque centrado en resultados. No obstante, esto solo será posible si se garantizan criterios técnicos, independencia en la evaluación y un marco normativo que asegure la rendición de cuentas.

En este contexto, es fundamental que durante la elaboración de las leyes secundarias se establezcan criterios claros para la transición de funciones, la protección de los derechos laborales y la continuidad de la evaluación educativa.

Es importante recalcar que, a pesar de que el Ejecutivo había señalado que únicamente se extinguirían organismos autónomos, Mejoredu era un organismo descentralizado, lo que contradice los criterios originalmente planteados para la desaparición de instituciones. La inclusión de Mejoredu en este proceso ha generado incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de sus funciones especializadas en evaluación educativa. A pesar de los argumentos presentados por diversos actores para evidenciar esta diferencia, la decisión no fue reconsiderada, lo que ha derivado en la actual falta de certeza sobre el destino de su personal y de sus funciones.

En conclusión, la extinción de Mejoredu es un cambio estructural que, de no manejarse correctamente, podría representar un retroceso en la evaluación de la educación en México. La atención a los trabajadores, la garantía de transparencia en la transición y la preservación del conocimiento generado por este organismo deben ser prioridades en el proceso de desaparición. La educación es un derecho fundamental y su mejora continua debe ser un objetivo innegociable para el desarrollo del país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que:

a) Presente un informe detallado a la opinión pública sobre el proceso de absorción de funciones de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), incluyendo el impacto en los trabajadores y el mecanismo de reubicación o liquidación de los mismos.

b) Garantice el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de MEJOREDU y de la SEP que han sido afectados por la reestructuración, asegurando su reubicación conforme a su perfil profesional o, en su caso, el pago de indemnizaciones conforme a la ley, y

c) Evite la terminación de contratos de manera injustificada, y garantice que cualquier reestructuración administrativa respete el marco legal aplicable en materia laboral y de derechos humanos.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que:

a) Instrumente las acciones conducentes a efecto de destinar los recursos presupuestarios necesarios para la reubicación del personal de MEJOREDU en la SEP, priorizando la continuidad laboral de los trabajadores con experiencia en el sector educativo, y

b) Asegure la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir indemnizaciones justas y conforme a derecho, para los trabajadores que no sean reubicados.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para que:

a) Realice una auditoría sobre el proceso de reestructuración de la SEP y la absorción de MEJOREDU, con el fin de verificar que se han respetado los derechos laborales de los trabajadores afectados, y

b) Establezca mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en torno a la eliminación de plazas y la reasignación de funciones en la SEP.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que:

a) Brinde asesoría y acompañamiento legal a los trabajadores que han sido despedidos o se encuentran en ese riesgo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral, e

b) Instale una mesa de diálogo entre los trabajadores afectados y las autoridades responsables, a fin de encontrar soluciones equitativas para su situación laboral.

Notas

1. Diario Oficial de la Federación, 2024, DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. Recuperado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745905&fecha =20/12/2024#gsc.tab=0

2. El universal, 2025, En la incertidumbre, 600 trabajadores de Mejoredu. Recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-la-incertidumbre-600-tr abajadores-de-mejoredu/

3. Amapola periodismo, 2025, Denuncian despidos en la SEP y Mejoredu; trabajadores están en la incertidumbre ante la fusión de las dependencias. Recuperado de:

https://amapolaperiodismo.com/2025/01/10/denuncian-despidos-en-l a-sep-y-mejoredu-trabajadores-estan-en-la-incertidumbre-ante-la-fusion-de-las-d ependenciasutm_source=chatgpt.com

4. Eréndira Aquino, Animal Político, 2025, Denuncian despidos en la SEP y Mejoredu; los trabajadores están en la incertidumbre ante la fusión de las dependencias. Recuperado de:

https://animalpolitico.com/politica/despidos -sep -mejoredu -sep -fusion

5. Animal Político, 2025. Recuperado de:

https://amapolaperiodismo.com/2025/01/10/denuncian-despidos-en-l a-sep-y-mejoredu-trabajadores-estan-en-la-incertidumbre-ante-la-fusion-de-las-d ependencias/?utm_source=chatgpt.com

6. Revista Aula, 2024, Mejoredu información que sólo podrá cubrir salarios hasta diciembre. Recuperado de:

https://revistaaula.com/mejoredu -informa -que -solo -podra -cubrir -salarios -hasta -diciembre /

7. La Silla Rota, 2024, Mejoredu, nueva crisis: acoso sexual y laboral. Recuperado de:

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2024/10/11/mejoredu -nueva - crisis - acoso - sexual - laboral - 505334.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

REALIZAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN MEXICANA DEL ÁGUILA AZTECA AL CIUDADANO ESPAÑOL JOSÉ RAMÓN ANDRÉS PUERTA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SRE a realizar los trámites correspondientes para el otorgamiento de la Orden Mexicana del Águila Azteca al ciudadano español José Ramón Andrés Puerta, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

A cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción I y demás aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primero.- Nuestro país se ha caracterizado internacionalmente por su solidaridad y ayuda humanitaria ante emergencias naturales, sanitarias y de otras índoles. Esta solidaridad es parte de lo que nos identifica y nos une a nuestra cultura como mexicanos. Ayudar al prójimo es parte de lo que se contagia al vivir en un país como México; prueba de ello es la respuesta inmediata que se da cuando ocurre un sismo o un huracán en alguna región de la República: se crean centros de acopio en parques, iglesias, universidades o centros comerciales, la gente sale a ayudar sin importar si son familiares o desconocidos y no dejan de presentarse voluntarios para trabajar y apoyar en lo necesario.

Segundo.- Acapulco, una de las ciudades más emblemáticas de nuestro país y 46 municipios más de Guerrero, fueron devastados en 2023 por el huracán “Otis” cuando este tocó tierra siendo categoría 5. La destrucción fue terrible, pasaron algunos días antes de saber con certeza qué había sucedido, la comunicación era prácticamente nula y las y los habitantes de estas zonas no podían informar si estaban bien. Solo pudimos ver algunas imágenes en medios de comunicación de cómo es que “Otis” había impactado Guerrero.

La población perdió servicios públicos indispensables para la vida diaria como agua potable, electricidad y acceso a atención médica. Vieron destruidas sus escuelas, parques y hospitales. Muchas familias perdieron sus hogares y pertenencias, algunos, lo perdieron todo.

La magnitud de este desastre natural rebasó las posibilidades de autorrecuperación de la población afectada. Fue necesario que llegaran las Fuerzas Armadas de México, la Cruz Roja, Cáritas, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, entre muchas otras organizaciones, fundaciones y grupos para que poco a poco, se sintiera la ayuda que tanto se necesitaba. La solidaridad de todas y todos se reflejó en todo el apoyo que Guerrero no dejó de recibir.

Entre las personas que se organizaron para ayudar, se destacó la insustituible ayuda del Chef José Ramón Andrés Puerta, de nacionalidad española, quien encabezando la organización World Central Kitchen ayudó a Acapulco desde los primeros días.

El Chef Andrés, a pesar de las dificultades de acceso a las zonas devastadas por “Otis”, con su disposición y solidaridad, logró instalar más de 30 centros de cocina para preparar alimentos a familias que no contaban con insumos básicos para poder comer algo; entregó alimentos a familias afectadas y además, promovió la participación de las personas en labores de limpieza en calles y parques afectados de Acapulco, Coyuca de Benítez y otros municipios.

El Chef Andrés fue y es un ejemplo de inspiración para mexicanos y extranjeros de involucrarnos en actividades humanitarias. Es un modelo para no dejar de ayudar en momentos tan difíciles como los que se vivieron, para contribuir a la recuperación de esperanza de las familias afectadas y para que todas y todos contribuyamos y apoyemos cuando alguien lo necesita.

Tercero.- Es necesario que reconozcamos a todas esas personas que son fuente de inspiración, fuerza y compromiso. Ellas y ellos son quienes brindan esperanza cuando se viven tragedias y desastres. Gracias a este tipo de personas es que las familias se encuentran acompañadas recibiendo todo el apoyo posible.

Por esta y muchas razones más, cabe premiar a personas como el Chef Andrés que sin dudarlo y sin importar nacionalidad u origen, prueban que lo realmente importante es ayudar sin distinciones ni etiquetas. El Chef Andrés demostró un compromiso excepcional e invaluable con las miles de familias afectadas por el huracán “Otis”. Su actuar tiene un impacto positivo para las futuras generaciones en cuanto a la ayuda humanitaria y sirve como fuente de gratitud e inspiración en nuestra sociedad, además de que fomenta un espíritu de solidaridad y servicio para el pueblo de México.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de que realicen los trámites correspondientes para el otorgamiento de la Orden Mexicana del Águila Azteca al ciudadano español José Ramón Andrés Puerta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ACTUALIZAR LAS GUÍAS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN PULMONAR ASOCIADA A ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL (HP-EPI)

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a revisar y actualizar las guías para la atención de pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial (HP-EPI), con base en la evidencia científica más reciente, a cargo de la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María del Rosario Guzmán Avilés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 6, Fracción I; y 79, Numeral 1, Fracción II y Numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, revise y actualice las guías para la atención de pacientes con Hipertensión Pulmonar Asociada a Enfermedad Pulmonar Intersticial (HP-EPI), con base en la evidencia científica más reciente.

Consideraciones

La Hipertensión Pulmonar asociada a la Enfermedad Pulmonar Intersticial, en adelante HP-EPI, suele confundirse con otras afecciones, provocando un retraso en la atención al paciente derivado de un diagnóstico equivocado. Para entender su complejidad, es necesario desagregar ambos padecimientos.

Por un lado, la hipertensión pulmonar es una condición fisiopatológica progresiva caracterizada por niveles elevados de presión en el interior de la arteria pulmonar, con una alta morbi-mortalidad. Por si sola, la HP aumenta hasta 7 veces la mortalidad, independientemente de la causa subyacente, sin embargo, generalmente involucra múltiples condiciones clínicas y puede estar asociada con una variedad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, siendo las patologías del corazón izquierdo y las enfermedades pulmonares las causas más comunes.

Asimismo, la HP en la EPI también es una enfermedad diferente de la hipertensión pulmonar primaria, también llamada hipertensión arterial pulmonar idiopática, una afección poco común en la que la HP se desarrolla en ausencia de enfermedad pulmonar o cualquier otra causa conocida.

Por su parte, la enfermedad pulmonar intersticial (EPI), es un grupo de trastornos pulmonares en los cuales los tejidos pulmonares resultan inflamados y luego dañados. La EPI puede ocurrir sin una causa conocida, lo que se denomina EPI idiopática, siendo la fibrosis pulmonar idiopática la enfermedad más común de este tipo, aunque existen docenas de causas conocidas de la EPI, donde destacan:

- Enfermedades autoinmunitarias.

- Inflamación de los pulmones debido a la inhalación de una sustancia extraña, como ciertos tipos de polvo, hongos o moho.

- Medicamentos (como nitrofurantoína, sulfamidas, bleomicina, amiodarona, metotrexato, oro, infliximab, etanercept y otros quimioterapéuticos).

- Radioterapia en el tórax.

- Trabajar con o cerca de asbesto, polvo de carbón, polvo de algodón y polvo de sílice.

- Infección y recuperación parcial de enfermedades como el COVID-19.

Una de las grandes complejidades para su atención es que la sintomatología de ambas afecciones es muy similar, pero en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial se suele sospechar de presencia de hipertensión pulmonar cuando alguno de los siguientes síntomas es desproporcionado respecto a la gravedad de la EPI cuando ya han sido diagnosticados con ella:

- Falta de aire al realizar actividad física.

- Dolor en el pecho.

- Episodios de desmayo

- Dificultad para respirar al estar acostado.

- Hinchazón en los tobillos.

Es necesario recalcar que en los pacientes con HP-EPI prevalece una tasa de supervivencia mucho menor a quienes tienen uno solo de los padecimientos, con variantes que influyen, como a etiología subyacente, la salud general del paciente y la prontitud con que este recibe tratamiento, pero en general puede ser de 1 a 5 años, significativamente menor en comparación con otros tipo de hipertensión; por ejemplo, la supervivencia a 5 años para pacientes con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad del tejido conectivo fue del 41.7%, mientras que para la hipertensión pulmonar idiopática fue del 72.9%.

Precisamente para el diagnóstico de los pacientes donde se combina la HP con la EPI, existen mecanismos como los ecocardiogramas, análisis sanguíneos, cateterismos, angiografías, gammagrafía, por mencionar algunos, que permiten tener un resultado más acertado, conjuntándose con las guías de práctica clínica.

Estas últimas permiten reducir los niveles de incertidumbre respecto a casos clínicos específicos, como pudiera ser la HP-EPI, ya que establecen estándares basados en evidencia sólida, basados en revisiones sistemáticas de la misma y una evaluación de los beneficios y costos de las opciones de cuidado alternativo.

Para el caso de la HP-EPI, México cuenta con las guías de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no obstante, estas no se encuentran actualizadas ni toman en cuenta la evidencia científica más reciente.

Tal es el caso de la GPC “Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Pulmonar Primaria en el Adulto”, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no tiene registro de actualización en los últimos años, y que según informa personal adscrito a dicha dependencia, tienen que trabajar con los documentos que existen a la mano, a pesar de que se encuentren desfazados.

El hecho de actualizar las GPC, específicamente en padecimientos que derivado de su complejidad al diagnosticar se vuelven todavía más difíciles de tratar, especialmente en estados de la República donde las condiciones sanitarias son precarias, permitirá no solo ofrecer más herramientas a los profesionales de la salud, sino robustecer en general la efectividad del sector salud.

Cabe resalta que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social señala que las Guías de Práctica Clínica deben actualizarse por lo menos cada tres años, y no sobrepasar los cinco, teniendo como opciones las de actualizar las guías de manera completa o parcial, además de integrar una metodología sobre como se ha de llevar a cabo este proceso.

Por lo antes expuesto, es que se somete a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, revise y actualice las guías para la atención de pacientes con Hipertensión Pulmonar Asociada a Enfermedad Pulmonar Intersticial (HP-EPI), con base en la evidencia científica más reciente.

Notas

1. Humbert M. et al. (2022), Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension, consultado en:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36017548/

2. Universidad de California en San Francisco (2024), Hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial, consultado en:

https://www.ucsfhealth.org/education/pulmonary-hypertension-and- interstitial-lung-disease

3. MedlinePlus (2023), Enfermedad pulmonar intersticial, consultado en:

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000128.htm

4. Universidad de California en San Francisco, Op. Cit.

5. Revista Española de Cardiología (2023), Perfil de riesgo y supervivencia de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas con cortocircuitos amplios pretricuspídeos, consultado en:

https://doi.org/10.1016/S0300-8932(24)01079-0

6. Graham, Robin, et al (2011), Clnical practice guidelines we can trust, National Librery of Medicine, Washington DC.

7. Instituto Mexicano del Seguro Social (2014), Actualización de Guías de Práctica Clínica, consultado en:

https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/profesionalesSalud/gpc /ActualizacionGuias.pdf

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada María del Rosario Guzmán Avilés (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SEDENA, A DAR A CONOCER LOS ALCANCES DEL CONTRATO TM-CGRMSG-SVS-0200/204

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a dar a conocer los alcances del contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204, así como de la cantidad de mamíferos grandes y medianos, aves, reptiles y anfibios que han sido capturados, reubicados y sacrificados durante la construcción y operación del Tren Maya, suscrito por los diputados Fidel Daniel Chimal García y Ernesto Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputado Fidel Daniel Chimal García y diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la siguiente: punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional que detalle sobre los alcances del contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204 así como de la cantidad de mamíferos grandes, medianos, aves, reptiles y anfibios que han sido capturados, los que han sido reubicados y los que han sido sacrificados durante la construcción y operación del Tren Maya, lo anterior de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente, de la cual México forma parte, establece una serie de principios que deben ser observados, entre los que destaca el principio 4: “el hombre — ser humano- tiene la responsabilidad esencial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestre y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres”.

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Tren Maya figuró como el proyecto más importante de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del sexenio. Orientado a incrementar la derrama económica, crear empleos, propiciar el desarrollo territorial de la región, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente de la zona.

Al respecto, existieron planteamientos que advertían sobre sus repercusiones medio ambientales. Pues se mencionaba que aun cuando el uso de trenes como medio de transporte sí contribuía a la reducción de uso de energía y de emisión de contaminantes, su construcción resultaba más costosa por el uso de energía, la contaminación generada y los impactos tanto en los ecosistemas como en la biodiversidad.

En el caso del Tren Maya, se señaló que la ruta planteada comprometía una gran diversidad biológica al pasar sobre 15 áreas naturales protegidas de carácter federal y 20 áreas carácter estatal. Donde se estima habitan 170 especies de animales que están en peligro de extinción.

En consecuencia el Gobierno federal adoptó dinámicas de operación que buscan contribuir a la conservación de los recursos naturales, siendo una de ellas el Servicio para el monitoreo de los pasos de la fauna del proyecto del Tren Maya. Con la que se argumentaba que “el tren maya es la obra de mayor cuidado ambiental con pasos de fauna y áreas naturales protegidas”

Sin embargo, el día 1 de diciembre del 2024, se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional concedió un contrato de 9 millones 106 mil 290 pesos a la empresa Sosuma Soluciones Ambientales, S. de R.L. de C.V. con vigencia del 3 de septiembre del 2024 al 31 de diciembre de 2024. En él se establece que la empresa tiene derecho a realizar “control de la fauna” mediante actividades de mitigación y contención de animales, en las que se incluye el sacrificio bajo los términos establecidos en la NOM-033-SAG/ ZOO-2014.

Ante la noticia la Secretaría de la Defensa Nacional ha declarado que, a pesar de la existencia del contrato con Sosuma Soluciones Ambientales, se cuenta con programas específicos para proteger, preservar y reubicar a la fauna cercana a las instalaciones a otras áreas. Además de que la empresa está sujeta a brindar trato humanitario y digno para el manejo de la “fauna nociva”.

Sin embargo, las potenciales implicaciones del contrato ponen en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales de México en la conservación de la naturaleza. Por ello y porque a la fecha no existe la suficiente claridad en los medios de comunicación oficiales, ni en los de la opinión pública, se vuelve necesario transparentar la información para tener certeza sobre el contenido y alcance del mismo, así como de los resultados que se están obteniendo por el servicio en cuestión.

Este punto de acuerdo se someterá a votación y, en caso de ser aprobado, se enviará a las instancias correspondientes para su seguimiento y acción.

Por lo antes expuesto solicito se someta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, dé a conocer a la opinión pública un informe detallado sobre los alcances del contrato TM-CGRMSG SVS-0200/204 firmado con la empresa Sosuma Soluciones Ambientales, S. de R.L. de C.V., y en el que se incluya lo referente a la cantidad de mamíferos grandes, medianos, aves, reptiles y anfibios que han sido capturados, reubicados y los que han sido sacrificados durante la construcción y operación del Tren Maya.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputados: Fidel Daniel Chimal García y Ernesto Sánchez Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

EXHORTO A LA SEP, A INVESTIGAR LAS RAZONES DEL DECESO DE UN MENOR DE SIETE AÑOS EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a investigar y tomar las medidas necesarias para conocer las razones del deceso de un menor de 7 años en la localidad de Ayehualulco, perteneciente al municipio de Zacatlán, Puebla, en la Escuela Primaria Narciso Mendoza y, en caso de encontrar irregularidades que puedan implicar algún tipo de responsabilidad legal, dé vista a las autoridades competentes, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar, una estadística alarmante que evidencia la falta de mecanismos efectivos para prevenir, atender y erradicar esta problemática dentro de los planteles educativos. El bullying escolar es un problema de salud pública que afecta gravemente el bienestar emocional y psicológico de niñas, niños y adolescentes en México.

El 70 por ciento de los estudiantes mexicanos ha sido víctima de algún tipo de bullying. Uno de cada tres niños que sufren acoso escolar desarrolla ansiedad o depresión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que más de 18 millones de estudiantes de nivel primaria y secundaria en México sufren de violencia escolar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 se registraron 727 suicidios de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años en México, lo que equivale a un promedio de aproximadamente dos a tres casos por día.

El reciente fallecimiento de un niño de tan solo 7 años en la localidad de Ayehualulco, perteneciente al municipio de Zacatlán, Puebla, quien presuntamente decidió quitarse la vida debido al acoso escolar sufrido en la Escuela Primaria Narciso Mendoza pone de manifiesto la urgencia de tomar medidas inmediatas y contundentes. Este lamentable suceso no solo representa una tragedia irreparable para su familia, sino que también es un llamado de atención a las autoridades educativas y a la sociedad en general sobre la grave afectación que el bullying causa en la infancia.

El acoso escolar no solo vulnera el derecho de los niños a una educación digna y libre de violencia, sino que también puede generar secuelas psicológicas permanentes, afectando su autoestima, confianza y desarrollo emocional. En los casos más extremos, como el que hoy lamentamos, el acoso puede llevar a la víctima a tomar decisiones trágicas como el suicidio, evidenciando la profunda desesperación y el aislamiento en el que se encuentran estos menores.

Es por ello que resulta imperativo que desde la Cámara de Diputados se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que realice una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon el deceso del menor en Zacatlán, Puebla y determine con claridad si existieron omisiones por parte de la comunidad escolar que pudieron haber contribuido a este desenlace fatal. Asimismo, es necesario que se refuercen y supervisen los protocolos de prevención y atención del bullying en todas las escuelas del país, garantizando que ningún otro niño o niña tenga que sufrir las consecuencias de la indiferencia o la negligencia institucional.

Ante esta crisis, la SEP debe implementar medidas urgentes y eficaces que incluyan capacitaciones obligatorias para docentes y personal educativo en la detección y manejo del acoso escolar, mecanismos de denuncia accesibles y confidenciales, así como un seguimiento puntual de los casos de violencia escolar. Además, se debe garantizar el acceso a atención psicológica para las víctimas de acoso, así como la implementación de programas integrales de sensibilización para alumnos y padres de familia.

La educación es el pilar del desarrollo de una sociedad y, como tal, debe ser un espacio seguro y libre de violencia para la niñez mexicana. El dolor de una familia que pierde a un hijo en estas condiciones no debe repetirse. Es responsabilidad del Estado garantizar un entorno educativo sano y propicio para el aprendizaje y este exhorto es un primer paso hacia la implementación de acciones concretas para erradicar el bullying en nuestras escuelas.

Es imprescindible que la Secretaría de Educación Pública tome cartas en el asunto y adopte las medidas necesarias para esclarecer este caso y prevenir futuras tragedias en otras escuelas del país. La infancia de México no puede esperar más, por ello, presento ante esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que, de manera urgente, investigue y tome las medidas necesarias para conocer las razones del deceso de un menor de 7 años en la localidad de Ayehualulco, perteneciente al Municipio de Zacatlán, Puebla, en la Escuela Primaria Narciso Mendoza y, en caso de encontrar irregularidades que puedan implicar algún tipo de responsabilidad legal, dé vista a las autoridades competentes.

Referencias

1. https://www.unesco.org/es/articles/definir-el-acoso-en-la-escuela-y-sus-implica ciones-para-la-educacion-los-docentes-y-los-educandos

2. https://www.unicef.es/blog/educacion/acoso-escolar

3. https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/ principales-consecuencias-del-acoso-escolar

4. https://salud.edomex.gob.mx/isem/bullying

5. https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-escolar-de-la-no-violencia-y-la-paz-0

6. https://revistafortuna.com.mx/2023/03/20/bullying-afecta-a-18-millones-de-alumn os-de-primaria-y-secundaria-en-mexico-ocde/

7. https://www.unicef.es/acoso-escolar-bullying

8. https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-cdmx-impulsa-combate-acoso-y-vi olencia-sexual-escolar-4715-1.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2025.– Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

APOYO AL PUEBLO DE SAN NICOLÁS TOTOLAPAN EN LA PRESERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PARQUE EJIDAL SAN NICOLÁS TOTOLAPAN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras, de la Ciudad de México, a brindar apoyo al pueblo de San Nicolás Totolapan en la preservación, mantenimiento y limpieza del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan se encuentra localizado dentro del núcleo agrario “San Nicolás Totolapan” en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

Es un área natural que se caracteriza por su cuidado estético y ecológico, haciendo significativo el entorno físico y permitiendo identificar los diferentes aspectos que lo componen.

Ubicado en el suroeste de la Ciudad de México, en él se pueden encontrar diversos tipos de vegetación como encinares, bosques mixtos, pastizales y oyameles. El clima de la región es templado con temperaturas que oscilan entre los 5° y 18° C, con lluvias en verano. Por sus terrenos corren las aguas del Río Eslava, diversos arroyos y manantiales. Es ideal para realizar actividades deportivas como el ciclismo de montaña, la cabalgata y el senderismo.

Las texturas, distancias, colores, esencias, olores y tamaños proporcionan bases a los visitantes para dirigir y regular actividades que construyen su vida diaria, tomando decisiones y realizando actitudes circundantes a la conservación y cuidado del medio ambiente.

Cuenta con más de 150 km de senderos y brechas para recorrer en bicicleta o a pie, además de vigilancia con radio comunicación en los distintos parajes a lo largo de las diferentes rutas, cabe mencionar que los días sábado y domingo, así como los días festivos se cuenta con servicio de ambulancia y paramédico que se brinda a todos los visitantes.

Historia

En 1998 se inaugura el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, el primer proyecto social de turismo en la naturaleza desarrollado en el suelo de conservación de la Ciudad de México. La palabra Totolapan es de origen náhuatl y quiere decir “lugar de aves”. Con una extensión de aproximadamente 2 mil 300 hectáreas de bosque templado, en el año 2006 los terrenos del ejido se constituyen en una reserva ecológica comunitaria.

Problemática

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan es un importante espacio natural que ofrece actividades de recreación, turismo ecológico y conservación ambiental. Sin embargo, durante muchos años, la caída natural de árboles ha generado diversas problemáticas que afectan tanto a la seguridad de los visitantes como a la funcionalidad del parque.

Los impactos y consecuencias de la caída de árboles son las siguientes:

• Obstrucción de vías de recreación y tránsito: La acumulación de árboles caídos bloquea senderos, caminos y accesos dentro del parque, limitando la movilidad de excursionistas, ciclistas y familias que visitan el área para actividades al aire libre.

• Riesgos para la seguridad de los visitantes: La presencia de troncos y ramas en áreas transitadas aumenta el riesgo de accidentes y lesiones, especialmente en rutas de senderismo y ciclismo de montaña.

• Afectación al ecosistema y mantenimiento del parque: Aunque la caída natural de árboles es parte del ciclo ecológico, su acumulación descontrolada puede obstaculizar la regeneración del suelo, afectar la biodiversidad y propiciar la proliferación de plagas o incendios forestales.

• Deterioro de la experiencia turística y recreativa: Al ser un espacio destinado al ecoturismo, la falta de mantenimiento impacta negativamente en la percepción de los visitantes, reduciendo la afluencia y afectando la economía local basada en actividades turísticas.

El retiro de los árboles caídos y la implementación de un plan de manejo forestal sostenible son acciones urgentes para garantizar la seguridad de los usuarios y la conservación del parque. La intervención de la Alcaldía Magdalena Contreras y la colaboración con el Pueblo de San Nicolás Totolapan son clave para preservar este pulmón verde de la Ciudad de México, promoviendo su uso responsable y seguro.

Por lo anteriormente razonado, me permito proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México para que, en el ámbito de su competencia, brinde apoyo al Pueblo de San Nicolás Totolapan en la preservación, mantenimiento y limpieza del Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, con especial atención al retiro de árboles caídos naturalmente que obstruyen las vías de recreación y tránsito de los visitantes.

Notas

1 https://sites.google.com/view/parquesannicolas/san-nicolás

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2025.– Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE CONDENA EL EMBARGO ECONÓMICO Y COMERCIAL IMPUESTO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A LA REPÚBLICA DE CUBA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que condena enérgicamente el embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos de América a la república hermana de Cuba; asimismo, se exhorta al gobierno y Congreso estadounidense a suspender de manera permanente los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura en la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El bloqueo o embargo de Estados Unidos de América hacia Cuba inició en 1960, interrumpiendo por completo las importaciones de caña de azúcar cubana, posteriormente el presidente John F. Kennedy impuso de manera formal el embargo, bajo el argumento que, Fidel Castro sostenía vínculos con la Unión Soviética.

Dicho embargo, consta de un conjunto de sanciones económicas, financieras y comerciales, las cuales se basan principalmente en las siguientes leyes:

• Ley de Comercio con el Enemigo, de 1917.

• Ley de Cooperación Internacional, de 1961.

• Regulaciones al Control de los Activos Cubanos, de 1963.

• Ley para la Democracia en Cuba, de 1992, conocida también como Ley Torricelli.

• Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, de 1996. Conocida como Ley Helms-Burton.

• Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio, de 2000.

Este bloqueo económico ha perjudicado de manera significativa al pueblo cubano, se calcula que cada 24 horas existen daños de 14 millones de dólares, que de no ser por el bloqueo el PIB de Cuba hubiera crecido por lo menos en 8 por ciento en 2023. Esta acción ha sido categorizada como genocidio por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y como un acto de guerra económica según la Conferencia Naval de Londres de 1909.

Respecto a la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton, entró en vigor desde marzo de 1996 y desde entonces el gobierno estadounidense mantuvo suspendido el título III y IV de esta ley, los cuales permiten a los ciudadanos estadounidenses entablar instrumentos legales en tribunales para la explotación comercial de los bienes que les fueron confiscados por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959.

Lo que significa que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadounidense corre el riesgo de ser demandado ante tribunales norte americanos.

Dicha ley permite al presidente de Estados Unidos suspender o imponer una moratoria a sus títulos III y IV, por un periodo de seis meses cuando lo considere necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos, avisando al Congreso estadounidense.

Estos títulos están dirigidos específicamente a desalentar la asociación del capital foráneo con el gobierno de la isla y genera una extraterritorialidad al embargo cubano, bloqueando sus relaciones comerciales con otros países, dichos títulos entraron en vigencia a partir del 2 de mayo de 2019 por instrucción de su presidente Donald Trump con el fin de recrudecer el bloqueo.

Al respecto desde 1992 la Asamblea General de la ONU ha votado en contra del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba, tan solo el pasado 30 de octubre fue su 31 resolución en este sentido, con un total de 187 votos a favor de poner fin al embargo con dos en contra el de Estados Unidos e Israel.

A continuación, se muestra tabla de la votación.

En dicha votación se suscitó el debate entre sus Estados Miembros, por su parte el ministro de relaciones exteriores de Cuba manifestó que, el embargo “afecta el día a día de los cubanos, desde la alimentación a la energía, pasando por los medicamentos, incluidos para tratar el cáncer, la diabetes y otras enfermedades”.

México, a través de su representante ante la ONU, la maestra Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, pidió poner fin al bloqueo “por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica de los pueblos de las Américas y del Caribe” y condenó de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de seis décadas contra Cuba, así como de la decisión de aplicar el título III de la ley de la libertad cubana y solidaria democrática, la cual no solo ha afectado la economía cubana, sino a intereses nacionales de terceros.

En este sentido, considero que el bloqueo económico y político que ha ejerciendo Estados Unidos de América hacia Cuba, es una acción de estado deshumanizada que genera pobreza y muerte al pueblo cubano, y la cual es desproporcionada, toda vez que no se compara el poder económico, social y político entre dichas naciones.

Es de celebrarse el nuevo acuerdo que existe respecto al desbloqueo de Cuba, suspendiendo el título III de la Ley Helms Burton y quitándolo de la lista negra de terrorismo, sin embargo, esto no es suficiente, toda vez que, así como en el gobierno de Barack Obama se suspendió por un plazo para posteriormente ser bloqueado por el gobierno de Donald Trump puede que sea nuevamente el caso.

Dicho lo anterior, es que esta soberanía debe respaldar y apoyar la suspensión permanente del bloqueo al impedir que se establezcan relaciones comerciales y de ayuda a la República hermana de Cuba.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno y Congreso estadounidense a suspender de manera permanente los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton.

Notas

1 as, “Bloqueo de USA a Cuba: qué es, en qué consiste y cuándo comenzó el embargo económico”, recuperado de:

https://us.as.com/us/2021/07/12/actualidad/1626123768_120354. html.

2 MinRex Cuba, “Bloqueo recrudecido de EEUU causa daños a Cuba superiores a los 5.000 millones de dólares durante último año”, Sep-2024, recuperado de:

https://www.albatcp.org/2024/09/12/bloqueo-recrudecido-de-eeuu-c ausa-danos-a-cuba-superiores-a-los-5-000-millones-de-dolares-durante-ultimo-ano /.

3 Representaciones diplomáticas de cuba en el exterior, “Estados Unidos recrudece su política de bloqueo contra Cuba”, Sep-2019, recuperado de:

https://misiones.cubaminrex.cu/es/articulo/estados-unidos-recrud ece-su-politica-de-bloqueo-contra-cuba-0.

4 SRE, “Posicionamiento del Gobierno de México sobre la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton”, Mayo-2019, recuperado de:

https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-me xico-sobre-la-entrada-en-vigor-del-titulo-iii-de-la-ley-helms-burton?state=publ ished.

5 Castro, Pedro, “La Ley Helms-Burton y la extraterritorialidad de las leyes internas: elementos para su explicación”, recuperado de:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/castro%20(1).pdf.

6 La nación, “Cómo es el embargo de EE.UU. a Cuba y cuántas veces la ONU votó en contra de la medida”, recuperado de:

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/como-es-el-embargo-de-eeuu- a-cuba-y-cuantas-veces-la-onu-voto-en-contra-de-la-medida-nid30102024/.

7 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2025.– Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

ACCIONES PARA MITIGAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y DE SUS FAMILIAS DE MINERA DEL NORTE, S.A. DE C.V

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo del estado de Coahuila de Zaragoza, en coordinación con el Ejecutivo federal, a implementar las acciones necesarias para mitigar la situación de las personas trabajadoras y de sus familias de Minera del Norte, SA de CV, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, para que, en coordinación con la titular del Poder Ejecutivo federal, implementen las acciones necesarias para mitigar la situación de las personas trabajadoras y sus familias de Minera del Norte, S.A. de C.V. unidad Hércules, en Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza; conforme a las siguientes:

Consideraciones

1. Minera del Norte, S.A. de C.V. Unidad Hércules (MINOSA), empresa subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra ubicada en la comunidad de Hércules, en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila; la población más cercana es Ciudad Camargo, Chihuahua, a 160 kilómetros de los cuales 90 son de terracería hasta el entronque con la carretera Camargo-Ojinaga. Del lado del estado de Coahuila la población más próxima es Ocampo, a 4 horas por terracería.

“MINOSA fue declarada en quiebra luego de que el juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles rechazara su convenio concursal el 5 de mayo de 2023. Posteriormente, el 6 de junio de 2023, el mismo tribunal dictó la quiebra de AHMSA, empresa propietaria de MINOSA, al no alcanzar acuerdos con sus acreedores”.

2. La crisis económica derivada de la quiebra de Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), ha provocado una grave crisis económica y social en el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, que va desde migración forzada, deserción escolar, rezago educativo en la región, así como una reducción en la capacidad de las familias para sostener sus necesidades básicas.

3. La quiebra de Minera del Norte S.A. es una tragedia económica y social, resultado de años de corrupción y mala gestión. La actuación de Alonso Ancira y su administración dejó un rastro de desfalcos y decisiones irresponsables que llevaron a la empresa a la ruina, sacrificando el bienestar de cientos de trabajadores y sus familias. Mientras algunos se enriquecían con prácticas deshonestas, quienes realmente sostenían la minera con su esfuerzo diario quedaron abandonados, sin empleo, sin su pago ni respaldo.

4. La empresa minera era el principal sustento económico de la región, lo que ha dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, afectando directamente el acceso a los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes.

“Desde el pasado domingo la comunidad de Hércules, ubicada en el Municipio de Sierra Mojada, a más de ocho horas de Saltillo, sufrió afectaciones con la energía eléctrica, dejando incomunicados, sin luz y sin agua a sus habitantes.

El padre, Ariel Cortes, párroco de San Cayetano, iglesia ubicada ahí en Hércules, compartió que hace poco más de un año, la Comisión Federal de Electricidad, dio de baja sus servicios, sosteniéndose únicamente a través de generadores, mismos que se encargaban de proveer de energía al poblado.”

5. Cerca de 1,007 trabajadores de MINOSA se organizaron ante esta situación y han recurrido a distintas instancias para evidenciar su preocupación y agobio en torno a su situación, es menester recordar que la incertidumbre por la falta de pago lleva más de 2 años, debido a que fue el 2 de enero (2023) que la subsidiaria Minera del Norte S.A. de C.V. (MINOSA) fue declarada en Concurso Mercantil.

“La inquietud es debido a que la población estudiantil en Hércules bajó un 50 por ciento, seis docentes fueron reubicados en diferentes planteles educativos, informó Miguel Zúñiga Martínez, director de Servicios Educativos en la Región Desierto.

Mencionó que debido a la crítica situación que atraviesa Altos Hornos de México, algunas personas que trabajan en Minosa, dejaron este lugar y regresaron a Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada o se fueron a otros estados, por lo que la población estudiantil bajó 50 por ciento”.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos nuestros los reclamos y reafirmamos nuestro compromiso con los trabajadores en la defensa de los derechos laborales y la justicia social. No solo exigimos justicia por los atropellos cometidos, sino también en impulsar soluciones concretas que devuelvan dignidad a las familias afectadas. La lucha no es solo por recuperar lo perdido, sino por sentar las bases de un futuro en el que los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos, evitando que la corrupción siga despojando a las comunidades de su sustento y su esperanza.

Es en beneficio de la comunidad de Hércules, Sierra Mojada, Coahuila que la presente proposición con punto de acuerdo tiene el firme objetivo de visibilizar la magnitud de la tragedia que viven las familias que dependían de la MINOSA.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, ciudadano Manolo Jiménez Salinas, para que, en coordinación con la titular del Poder Ejecutivo federal, ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, implementen las acciones necesarias que mitiguen la situación de las personas trabajadoras y sus familias de Minera del Norte, S.A. de C.V. Unidad Hércules (MINOSA), ubicada en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, incluyendo el acceso a servicios de atención médica por parte de la instancia de Salud y programas de alimentación.

Notas

1 Rodríguez, S. (2025/02/04) Síndico asume control de Minosa tras sentencia de quiebra. MINOSA fue declarada en quiebra en mayo de 2023. URL:

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2025/sindico-asume-c ontrol-de-minosa-tras-sentencia-de-quiebra.html

2 Moreno, D. (2025/01/25) Se trabajará en conjunto para restablecer los servicios de luz para la comunidad de Hércules. URL:

https://rcgmedia.mx/articulo/se-trabajara-en-conjunto-para-resta blecer-los-servicios-de-luz-para-la-comunidad-de-hercules/

3 Caballero, Y. (2024/09/06) Retiran SEP a maestros de Hércules. URL:

https://www.zocalo.com.mx/retira-sep-a-maestros-de-hercules/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de febrero de 2025.– Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE GARANTICE EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA COMUNIDAD DE HÉRCULES, MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, COAHUILA DE ZARAGOZA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a implementar las acciones pertinentes para garantizar el acceso y permanencia de los servicios educativos en la comunidad de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Secretario de Educación Pública Federal, ciudadano Mario Delgado Carrillo, a implementar las acciones pertinentes para garantizar el acceso y permanencia de los servicios educativos en la comunidad de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza, ante la crisis derivada de la quiebra de Minera del Norte, (MINOSA) subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA); conforme a las siguientes:

Consideraciones

1. Minera del Norte, S.A. de C.V. unidad Hércules (MINOSA), empresa subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra ubicada en la comunidad de Hércules, en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila; la población más cercana es Ciudad Camargo, Chihuahua, a 160 kilómetros de los cuales 90 son de terracería hasta el entronque con la carretera Camargo-Ojinaga. Del lado del estado de Coahuila la población más próxima es Ocampo, a 4 horas por terracería.

“MINOSA fue declarada en quiebra luego de que el juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles rechazara su convenio concursal el 5 de mayo de 2023. Posteriormente, el 6 de junio de 2023, el mismo tribunal dictó la quiebra de AHMSA, empresa propietaria de MINOSA, al no alcanzar acuerdos con sus acreedores”

2. La crisis económica derivada de la quiebra de Minera del Norte, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), ha provocado una grave crisis económica y social en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, que va desde migración forzada, deserción escolar y el rezago educativo en la región, así como una reducción en la capacidad de las familias para sostener la educación de sus hijos. La empresa minera era el principal sustento económico de la región, lo que ha dejado a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, afectando directamente el acceso a los servicios educativos a niñas, niños y adolescentes.

“Alumnos de los diferentes niveles de educación de la comunidad de Hércules se ven afectados por la falta de energía eléctrica, debido a las altas temperaturas, por lo que se vieron obligados a suspender el turno vespertino. Dentro de las afectaciones que existen en la comunidad de Hércules, Coahuila ante el corte de energía eléctrica por parte de la CFE, está el desarrollo de las clases, donde se ven afectados poco más de 300 estudiantes. Son cerca de 60 alumnos de preescolar, 100 de primaria, más de 100 de secundaria y 45 de nivel bachillerato. Ante esta situación se destacó el apoyo de los docentes, que en su mayoría son de Camargo y otras comunidades, por lo que tienen que trasladarse para poder impartir las clases y ellos ajustaron sus horarios.

Así mismo, se dijo que la población estudiantil de Hércules disminuyó en relación al pasado ciclo escolar, debido a que un gran número de familias migró a otras comunidades debido a la situación económica que se mantiene por la empresa.”

3. Cerca de 1,007 trabajadores de MINOSA se organizaron ante esta situación y han recurrido a distintas instancias para evidenciar su preocupación y agobio en torno al derecho a la educación de sus hijas e hijos en edad escolar, que va desde jardín de niños hasta media superior, lo anterior pese a la incertidumbre por la falta de pago que lleva más de 2 años, debido a que fue el 2 de enero (2023) que la subsidiaria Minera del Norte S.A. de C.V. (MINOSA) fue declarada en Concurso Mercantil.

“La inquietud es debido a que la población estudiantil en Hércules bajó un 50 por ciento, seis docentes fueron reubicados en diferentes planteles educativos, informó Miguel Zúñiga Martínez, director de Servicios Educativos en la Región Desierto.

Mencionó que debido a la crítica situación que atraviesa Altos Hornos de México, algunas personas que trabajan en Minosa, dejaron este lugar y regresaron a Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada o se fueron a otros estados, por lo que la población estudiantil bajó 50 por ciento”.

Es en beneficio de la comunidad de Hércules, Sierra Mojada, Coahuila que la presente Proposición con Punto de Acuerdo tiene el firme objetivo de visibilizar la magnitud de la tragedia que viven las familias que dependían de la MINOSA, y como la corrupción trasciende a los espacios más profundos de la sociedad, poniendo en peligro la estabilidad económica y social, así como el acceso a los derechos humanos de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al ciudadano Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública Federal, a implementar las acciones pertinentes para garantizar el acceso y permanencia de los servicios educativos en la comunidad de Hércules, Municipio de Sierra Mojada, Coahuila de Zaragoza.

Notas

1 Rodríguez, S. (2025/02/04) Síndico asume control de Minosa tras sentencia de quiebra. MINOSA fue declarada en quiebra en mayo de 2023. URL:

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2025/sindico-asume-c ontrol-de-minosa-tras-sentencia-de-quiebra.html

2 Martínez, G. (2023/09/10) Suspenden en Hércules el turno vespertino. URL:

https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/suspenden-en-her cules-el-turno-vespertino/276575

3 Caballero, Y. (2024/09/06) Retiran SEP a maestros de Hércules. URL:

https://www.zocalo.com.mx/retira-sep-a-maestros-de-hercules/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de febrero de 2025.– Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

DOTAR A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO PARA QUE EL ESTUDIANTADO PUEDA HACER USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a intervenir en las gestiones necesarias para que las escuelas públicas cuenten con la infraestructura y mobiliario necesario para que las y los estudiantes puedan hacer uso de las tecnologías de la información, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca para que intervenga y realice las gestiones necesarias para que las escuelas públicas cuenten con la infraestructura y mobiliario necesario para que las y los estudiantes puedan hacer uso de las tecnologías de la información.

Antecedentes

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 se hace mención del derecho a la educación, derecho que también se consagra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Sobre los Derechos del Niño, ya que se considera parte del pleno desarrollo de la personalidad humana.

La ONU en su objetivo 4 de la Agenda 2030, menciona que para que los estudiantes puedan tener una educación de calidad tenemos que terminar con las desigualdades, mejorar la infraestructura y adoptar la transformación digital ya que son esenciales para que las niñas, niños y adolescentes tengan más oportunidades en el mercado laboral y con estas puedan ayudar al mejoramiento de sus comunidades.

Recordemos que en nuestra Carta Magna en el artículo 6 se nos garantiza el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet, derecho que no se les otorga a las niñas, niños y adolescentes oaxaqueños, derecho que el Estado debería garantizarles.

De acuerdo a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se establece que las niñas, niños y adolescentes tienen que tener un conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, así como conocimiento y aprendizaje digital.

Cabe mencionar que no todos tienen acceso a las tecnologías para aprender a usarlas por lo que prevalece un porcentaje de analfabetismo digital, el cuál de acuerdo con Icaza-Álvarez (2019), es el desconocimiento de las nuevas tecnologías, lo que impide que las personas puedan interactuar con ellas. La Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información AMITI, nos menciona que en México más de la mitad de la población no tiene acceso a internet, lo que significa que cerca de 70 millones de personas se consideran analfabetas digitales.

El analfabetismo digital provoca que los estudiantes que no tengan la oportunidad de aprender a utilizar las tecnologías de la información queden rezagados, en un mundo donde las nuevas tecnologías son indispensables en la vida diaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con un estudio realizado en el 2024 el estado de Oaxaca es uno de los estados con menor disposición de internet con un 47.4 por ciento.

El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un estudio en las escuelas de Oaxaca en el que resultó que 3 de cada 10 escuelas públicas en Oaxaca cuentan con computadoras, lo que violenta su derecho a una educación integral establecido en el artículo 3 constitucional, dicho artículo en su párrafo diez nos menciona que el Estado garantizará los materiales didácticos y que la infraestructura educativa, sea la idónea para que contribuya a los fines de la educación.

Exposición de Motivos

La brecha digital no permite que las niñas, niños y adolescentes tengan una orientación integral establecida en la Ley General de Educación en el artículo 17 en el que se establece que la Nueva Escuela Mexicana comprende la formación para los educandos, considerando el conocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.

La UNESCO señala que recursos como dispositivos móviles o la televisión son asequibles y tienen un extenso historial de buenos resultados para llevar educación a lugares apartados. El estado de Oaxaca a comparación de otros estados de la República, en los que por los menos ocho de cada diez escuelas cuentan con al menos una computadora, existen menos estudiantes con el empleo de tecnologías de la información, lo que crea barreras que no permiten la competencia de los estudiantes.

De acuerdo al censo realizado por el Inegi, el estado de Oaxaca es el estado con más población en situación de pobreza, lo que impide a los ciudadanos la adquisición de dispositivos electrónicos, lo que limita su práctica digital; es por ello que es indispensable que en las escuelas se cuente con la infraestructura y el mobiliario necesario como lo son las computadoras para que las niñas, niños y adolescentes, cuenten con la práctica necesaria para el uso de las tecnologías de la información.

En un estado como Oaxaca en los que el acceso a las escuelas es difícil para los estudiantes, el uso de las tecnologías ayudaría a las comunidades a la educación de las niñas, niños y adolescentes, para que estos puedan competir en este mundo en el que las tecnologías de la información son cada vez más indispensables, generándoles más oportunidades de desarrollo en el mercado laboral.

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al licenciado Emilio Montero Pérez, director general del Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca, para que intervenga y realice las gestiones necesarias para que las escuelas públicas cuenten con la infraestructura y mobiliario necesario para que las y los estudiantes puedan hacer uso de las tecnologías de la información.

Bibliografía

1 ONU (2018) Artículo 26: Derecho a la educación. Disponible en:

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447521

2 Zavala, Juan Carlos (2025) Solo 3 de cada 10 escuelas públicas de Oaxaca cuentan con computadoras e internet. Disponible en:

https://www.primeralinea.mx/2025/02/07/solo-3-de-cada-10-escuela s-publicas-de-oaxaca-cuentan-con-computadoras-e-internet/

3 Cámara de Diputados (2024) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

4 Cámara de Diputados (2024) Ley General de Educación Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

5 La Nueva Escuela Mexicana principios y orientaciones pedagógicas Disponible en:

https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NE M%20principios%20y%20orientacioín%20pedagoígica.pdf

6 Estadísticas a propósito del día del internet (2024), Disponible en:

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP _DMInternet.pdf

7 Encuesta Nacional sobre acceso y permanencia en la educación (2022), Disponible en:

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ENAP E/ENAPE2021.docx#:~: text=y%20permite%20compartirla.-,De%20la%20poblaci%C3%B3n%20de%203%20a%2029%20a %C3%B1os%20inscrita%20en,fue%20de%2091.3%20por%20ciento.

8 Objetivos de Desarrollo Sostenible Organización de las Naciones Unidas ONU Agenda 2030, Disponible en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

9 Analfabetismo Digital: un reto más a la educación en pandemia, Disponible en:

https://www.iexe.edu.mx/tecnologia/analfabetismo-digital-un-reto -mas-a-la-educacion-en-pandemia/?srsltid=AfmBOoo1Wwc TVpfRAVJnJEKRDRrsqrqrEmha6TzuQBpiXsGM3FoM7OJa

10 Brecha digital en la población indígena de Oaxaca. Evidencia del acceso a Internet, Disponible en:

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1688-86262024000100157

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero del 2025.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE INVESTIGUE SOBRE LOS NIVELES ALARMANTES DE PLOMO, ARSÉNICO Y OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y al gobierno de Nuevo León a investigar sobre los niveles alarmantes de plomo, arsénico y otras sustancias tóxicas en la zona metropolitana de Monterrey, y se implementen acciones que garanticen la salud, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Ana Isabel González González, Marcela Guerra Castillo, Andrés Mauricio Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía, diputadas y diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes diversas notas periodísticas han alertado sobre los hallazgos descubiertos por un estudio realizado por el investigador de toxicología de la UNAM, Martín Soto Jiménez, quien en colaboración con The Guardian y Quinto Elemento Lab., descubrió que en la zona metropolitana de Monterrey se hallaron altos índices de metales pesados, entre estos plomo y arsénico, dispersos en casas y escuelas que se encuentran en las inmediaciones de una recicladora de residuos peligrosos en la zona, llamada Zinc Nacional.

La investigación indica que las industrias siderúrgicas reciben chatarra de autos, refrigeradores y diversos aparatos y electrodomésticos de metal que son fundidos para extraer el metal. Cuando se funden, los materiales de plástico y pintura presentes en las máquinas se convierten en polvo de acería, que es un residuo altamente peligroso por los daños que pueden causar a la salud. Todo indica que una planta propiedad de la empresa Zinc Nacional, ubicada en San Nicolás de los Garza, recibe gran parte de estos de-sechos con el objetivo de recuperar el zinc, sin embargo, durante el proceso de extracción se liberan a la atmósfera los metales tóxicos.

Se señala que esta planta habría estado procesando estos residuos desde 1990, en 2022 recibió al menos 181 mil 400 toneladas de polvos de zinc.

De acuerdo con Quinto Elemento Lab., organización sin fines de lucro que busca impulsar reportajes que fortalezcan la rendición de cuentas en beneficio de la población, después de que en 2023 el mencionado investigador tomara y analizara diversas muestras de suelo y polvo de las zonas que se encontraban dentro de un radio de 2.5 kilómetros de dicha planta, se descubrió que, en cuanto al plomo, los niveles de este metal se encontraban 60 veces por encima de los estándares por los cuales el gobierno de Estados Unidos ordena implementar acciones a fin de evitar que haya riesgos a la salud.

En otras casas y escuelas donde se tomó material para analizar, se encontraron niveles cientos de veces más altos de dichos umbrales de riesgo. Los vecinos que habitan en las cercanías de la planta, se han quejado de la presencia de polvo en sus comunidades que incluso es difícil quitar de los automóviles, así como de una supuesta lluvia ácida que daña los automóviles. Una escuela primaria presento niveles mil 760 veces superiores a los permitidos en Estados Unidos, tres casas analizadas presentaron niveles 400 veces superior.

Además del plomo, se encontraron también altos niveles de cadmio y arsénico, todos estos metales, de acuerdo con investigaciones científicas, pueden causar diversos tipos de cáncer y otras enfermedades.

Por ejemplo, según la American Heart Association, las personas que se encuentran expuestas a la presencia de estos metales en el ambiente tienen más riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como enfermedades en las arterias coronarias, ataques cerebrales, muerte prematura y enfermedad arterial periférica, incluso en niveles relativamente bajos, toda vez que su presencia en el cuerpo “[...] interfieren con las funciones biológicas esenciales [...] sólo en EEUU, un estudio importante sugirió que más de 450 mil muertes anuales podrían atribuirse a la exposición al plomo.”

Por su parte, La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que el arsénico en su forma inorgánica es un elemento altamente tóxico, la exposición prolongada a éste o su consumo a través de agua contaminada para beber o preparación de alimentos contaminados puede ser causa de cáncer, lesiones cutáneas y diabetes.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dice que el plomo es una sustancia tóxica acumulativa que afecta a los sistemas cardiovasculares y neurológicos, hematológicos, del aparato digestivo y renales. Además, las niñas y los niños son especialmente vulnerables a sus efectos neurotóxicos, causando daños neurológicos que pueden ser irreversibles.

En algunas escuelas cercanas se ha reportado casos inusuales de alumnos que presentan alergias respiratorias, como rinitis, ojos irritados y otros síntomas alérgicos. Se reporta el caso de una menor de edad que a los diez años le diagnosticaron rabdomiosarcoma esclerosante avascular atípico, un cáncer poco común. Tuvieron que extirparle la nariz, reconstruir su rostro y recibir quimioterapia, sin embargo, poco después le detectaron leucemia, murió en 2020.

La protección a la salud de la población debe ser un imperativo en todos los niveles de gobierno, no hay inversión que valga la pena si ésta daña la salud de las personas y, sobre todo, de las niñas y niños. El artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y es el estado, en los diferentes niveles de gobierno, que debe de garantizarlo.

En este sentido, es urgente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con el gobierno de del Estado de nuevo León, investiguen cuanto antes si la empresa Zinc Nacional está cumpliendo con la legislación en materia ambiental y los protocolos de seguridad para evitar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, y en caso de que no sea así, determinar las sanciones correspondientes. También es necesario que se investigue si estos altos índices de metales tóxicos en el aire se deben a la actividad de otras fábricas aledañas.

Asimismo, resulta esencial que el gobierno del estado de Nuevo León tome las acciones necesarias para proteger la salud de la población e implementar medidas sanitarias en las escuelas para proteger a las niñas y niños de los altos índices de contaminantes y la presencia de metales tóxicos en la atmósfera, así como atender a la población que padezca enfermedades o alergias provocadas por la presencia de los altos niveles de sustancias tóxicas en la zona metropolitana.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen sobre los niveles alarmantes de plomo, arsénico y otras sustancias tóxicas en la zona metropolitana de Monterrey y se implementan las acciones necesarias para su reducción.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Nuevo León para que implemente las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de la población afectada por los niveles alarmantes de plomo, arsénico y otras sustancias tóxicas en la zona metropolitana de Monterrey, implementar medidas sanitarias pertinentes en las escuelas aledañas, así como atender la salud de la población afectada.

Notas

1 Análisis revela altos niveles de contaminación por metales pesados en viviendas y escuelas de Monterrey; entre ellos arsénico y plomo, El Imparcial, en:

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/01/14/analisis- revela-altos-niveles-de-contaminacion-por-metales-pesados-en-viviendas-y-escuel as-de-monterrey-entre- ellos-arsenico-y-plomo/

2 Encuentran ‘coctel tóxico’ en casas y escuelas de la zona metropolitana de Monterrey, Quinto Elemento Lab, en:

https://quintoelab.org/project/

https-coctel-toxico-residuos-peligrosos-zinc-monterrey

3 Ibídem

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 La exposición crónica a plomo, cadmio y arsénico incrementa el riesgo de enfermedades vasculares, Newsroom, en:

https://newsroom.heart.org/news/la-exposicion-cronica-a-plomo-ca dmio-y-arsenico- incrementa-el-riesgo-de-enfermedades-cardiovasculares

7 Arsénico, OMS, en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

8 Encuentran ‘coctel tóxico’ en casas y escuelas de la zona metropolitana de Monterrey, Quinto Elemento Lab, en:

https://quintoelab.org/project/

https-coctel-toxico-residuos-peligrosos-zinc-monterrey

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de febrero de 2025.– Diputadas y diputados: Ana Isabel González González, Marcela Guerra Castillo, Andrés Mauricio Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ACCIONES CON EL FIN DE PREVENIR Y ATENDER LAS EXTORSIONES DE QUE SON OBJETO LOS CIUDADANOS

«Proposición conn punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través de la SSPC y a la FGR, y a los gobiernos locales y autoridades de las 31 entidades y de la CDMX, a instrumentar, en el ámbito de sus facultades, acciones con el fin de prevenir y atender las extorsiones de que son objeto los ciudadanos, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada federal a la LXVI Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuestra constitución en palabras de Guerrero Galván y Gabino Castillo, “como una herencia de reclamos importantes del siglo XVIII construidas con base en la influencia de documentos trascendentales para los estados modernos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cuyo origen se centra en la Revolución Francesa, inspiradas en notables autores ilustrados como Jean Jacques Rosseau”. Reconoce y salvaguarda en su artículo décimo sexto el derecho a no ser molestado en su persona, familia, papeles y posesiones.

El artículo 16 de la Constitución, tras varias reformas, protege la propiedad y estipula que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, incluyendo también la protección de los datos personales. Esto se puede verificar con una lectura rápida el mencionado artículo:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

La redacción del artículo en cuestión es clara al establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, salvo mediante un acto jurídico de autoridad debidamente establecido y regulado por la ley. Además, se reconoce el derecho a usar, gozar, disfrutar y disponer de los bienes bajo las modalidades y limitaciones establecidas, junto a la protección del manejo de información personal, estableciendo que será obligación del Estado proteger dichas garantías.

En las últimas décadas con el avance y los cambios tecnológicos, entre cuyas consecuencias encontramos el aumento y facilidad en el acceso a la telefonía celular se han generado múltiples actividades y dinámicas tanto culturares como sociales y económicas. Con preocupación observamos que la delincuencia también ha encontrado en estas nuevas dinámicas un espació de actuación y participación, vulnerando la garantía constitucional establecida en el artículo 16.

En nuestro Código Penal Federal el artículo 390 establece que “comete el delito de extorsión al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo lucro para sí o para otro o causando a alguien perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días de multa”.

En años, pasados la extinta Policía Federal elaboró un documento que de manera general describe características y mecanismos en referencia a este delito refiriendo lo siguiente:

El delito de extorsión se ha caracterizado por realizarse a través del celular. Los delincuentes presentan escenarios de riesgo o peligro para la víctima y/o sus familiares, como amenazas de daño físico o patrimonial, secuestros o detenciones de familiares. Las organizaciones delictivas han diversificado sus métodos, pasando de “vender” seguridad a usar argumentos menos agresivos, como premios tras sorteos, campañas publicitarias o fundaciones altruistas. En la mayoría de los casos de extorsión la delincuencia utiliza la violencia psicológica para intimidar a las víctimas. En otras ocasiones aprovechan la buena fe de las personas para engañarlas. En la mayoría de los casos, los delincuentes eligen al azar a la víctima, utilizando directorios telefónicos, datos personales obtenidos a través de distintas vías e incluso, tomando la información difundida de forma pública en redes sociales por la propia persona.

Con mucha preocupación hemos observado un incremento en el promedio diario de víctimas de extorsión. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el promedio diario de víctimas de este delito en enero de 2019 fue de 22.68, mientras que en el mismo mes de 2025 fue de 27.45. Esto indica una tendencia ascendente. Datos de La Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) revelan el crecimiento que está teniendo el delito de extorsión (telefónica y cobro de piso) “afectando por igual a empresas y a ciudadanos, durante la actual administración la extorsión ha crecido 45.3 por ciento con relación al sexenio anterior, alcanzando un promedio de 31 víctimas de extorsión por día en 2024, más de una víctima por hora”.

La extorsión es un tema central en el debate público en México, lo anterior como consecuencia de las lamentables cifras de recurrencia de este delito que, aunque permanece oculto cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022) los casos no denunciados son del orden del 97,4 por ciento. Para Rossana Fuentes Berain, periodista y CEO de México Media Lab, la impunidad es impresionante: “de 5 millones de casos hay alrededor de 120,000 carpetas de investigación y sólo 0.3 por ciento de procesos concluidos”.

La relevancia del tema se encuentra sustentada en las severas y preocupantes cifras junto a circunstancias como las expuestas en el documento publicado por el Senado de la República a través del Instituto Belisario Domínguez en el que se refiere que: “Una de las críticas contra el combate de este delito es la respuesta ofrecida por las instituciones encargadas de procurar justicia, algunas voces señalan que cuando se hacen llamados cándidos a la denuncia, además de no resolver, se termina delegando en la víctima la responsabilidad de activar la intervención de las autoridades para auxiliarle”. El bajo nivel de denuncias frente al alto nivel de incidencia de las extorsiones nos obliga a presentar a la ciudadana mecanismos de respuesta y apoyo.

Los datos reflejan que frente al desánimo ciudadano por una falta de respuesta oportuna hacia las víctimas, desde el Estado no podemos dejar de lado las acciones y estrategias adecuadas y mucho menos permitir que la autoridad centre sus esfuerzos en premisas simplistas que recurren a lugares comunes; como escudarse en la falta de denuncia para la inacción.

Resulta necesario recurrir a una estrategia multidimensional que haga frente, de forma coordinada e integral, por lo que es indispensable recuperar el apoyo de la ciudadanía, por conducto de un ejercicio constante de diálogo plural, informado y serio, para la construcción de una estrategia de seguridad, y con el acompañamiento de herramientas y a instrumentar programas y protocolos de actuación preventivos y de acción inmediata, para la atención los diversos tipos de extorsión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República, a los gobiernos locales y autoridades competentes de los 31 estados de la República y de la Ciudad de México, a instrumentar prioritariamente, programas y protocolos de actuación preventivos y de acción inmediata, para la atención los diversos tipos de extorsión de que son objeto la ciudadanía, tanto en sus hogares como en las áreas de trabajo, siendo los de mayor recurrencia, aquellos de cobranza ilegítima, el cobro de piso y los fraudes tecnológicos.

Notas

1. Guerrero Luis y Castillo Flores, Artículo 16. Introducción Histórica. En: Derechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus constituciones 9 ed. Ciudad de México. Miguel Ángel Porrúa, 2016.

2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]. Art. 16. 5 de febrero de 1917 (México). Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdftas.

3. Código Penal Federal [CPF]. Art. 390. 14 de agosto de 1931 (México). Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

4.¿Que es la extorsión?.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388352/QUE_ES_LA_ EXTORSI_N.pdf

5. Hernández Érika y Guerrero Claudia 9 de enero de 2025. Cierra 2024 con aumento del 16.8% en extorsiones. Reforma. Disponible en:

https://www.reforma.com/cierra-2024-con-aumento-del-16-8-en-exto rsiones/ar2933991

6.COPARMEX. 29 de mayo de 2024. Comunicado de Prensa, 41/20240529 “DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN LA EXTORSIÓN HA CRECIDO 45.3% CON RELACIÓN AL SEXENIO ANTERIOR, MIENTRAS QUE LA VIOLENCIA POLÍTICA AUMENTÓ 26% RESPECTO A 2021”.

7. México Evalúa. (2023). Herramientas para lidiar con la extorsión y el cobro de piso en Tijuana: ¿por dónde empezamos? México Evalúa, Policy brief 008, Septiembre de 2023.

https://www.mexicoevalua.org/herramientas-para-lidiar-con-la-ext orsion-y-el-cobrode-piso-en-tijuana/

8. Romero Laura. Mar 6, 2023. “Estamos siendo avasallados por la delincuencia” Gaceta UNAM Num. 5367, Órgano Informativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en:

https://www.gaceta.unam.mx/estamos-siendo-avasallados-por-la-del incuencia/

9. Aguirre Quezada, J.P. (2024). “Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave” Cuaderno de investigación No.106, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad México, 15p.

INEGI Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 septiembre, 2022. Principales Resultados. Ciudad de México. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/en vipe2022_cdmx.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN EN AGUASCALIENTES, A REVISAR LAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN LAS CARRETERAS FEDERALES 45 NORTE Y 45 SUR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT, a través de la delegación en el estado de Aguascalientes, a revisar las condiciones para el tránsito de vehículos en las carreteras federales 45 norte y 45 sur, a cargo del diputado Humberto Ambriz Delgadillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Humberto Ambriz Delgadillo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I; 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Delegación del estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a fin de que se revisen las condiciones de seguridad, trazo de ruta y señalética de las Carreteras Federales 45 norte y 45 sur, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Dado el contexto de crecimiento urbano, el aumento en el número de vehículos y la necesidad de garantizar la integridad de todos los usuarios de las vías de comunicación, la seguridad vial representa un tema de suma importancia en nuestro país.

México es un país que todos los días crece, tanto en población como en usuarios quienes, al alcanzar la edad mínima pueden ser considerados aptos para maniobrar un vehículo automotor, lo anterior, de la mano de lineamientos y protocolos que las entidades federativas implementan para que la ciudadanía pueda utilizar, al menos, automóviles y motocicletas.

A continuación, se presentan los motivos más relevantes por los cuales la seguridad vial es un tema fundamental de salud pública para una población segura:

Alto índice de accidentes de tráfico

México presenta cifras alarmantes en cuanto a accidentes viales. Según los datos más recientes de la Secretaría de Salud, cada año miles de personas pierden la vida en accidentes automovilísticos. La implementación de medidas de seguridad vial puede reducir significativamente estas cifras trágicas.

Protección de la integridad física de la ciudadanía

La seguridad vial no solo involucra a los conductores de vehículos sino, también, a peatones, ciclistas y motociclistas. Crear un entorno seguro para todos los usuarios de las vías es fundamental para proteger la salud y la vida de la ciudadanía; especialmente de los grupos vulnerables.

Impacto en la salud pública

Los accidentes de tráfico tienen un alto costo en términos de atención médica, hospitalización y rehabilitación, lo que genera una carga considerable al de por sí maltrecho y nada danés sistema de salud pública. Al mejorar la seguridad vial, se puede disminuir el número de lesiones y muertes, contribuyendo así a una población más sana.

Desarrollo económico

La seguridad vial está íntimamente relacionada con el desarrollo económico de un país. La congestión y los accidentes viales generan pérdidas económicas significativas. Invertir en infraestructura vial y en programas de concientización puede traducirse en un mejor flujo de transporte, menos interrupciones en las actividades comerciales y, por ende, un crecimiento económico sostenido.

Responsabilidad institucional

Para que la seguridad vial sea efectiva, es esencial que las autoridades implementen políticas públicas eficientes que incluyan educación vial y campañas de concientización, así como mejoras en la infraestructura y vigilancia en el cumplimiento de las normas. La colaboración entre gobiernos, sociedad civil y el sector privado es clave para avanzar en este delicado aspecto.

Sostenibilidad y movilidad

Una buena estrategia de seguridad vial se enfoca, también, en fomentar alternativas de transporte sostenibles, tales como el uso de bicicletas y el transporte público. Esto no solo contribuye a la reducción de accidentes sino que, también, es una enorme ayuda para combatir la contaminación y mejora en el nivel y la calidad de vida en las ciudades.

Ante ello, en 2022 se puso en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual tiene por objeto garantizar tan importante derecho en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Trabajar con una ley de esta envergadura permite contar con un amplio margen de maniobra para cuidar la seguridad vial de nuestra ciudadanía; particularmente, en el estado de Aguascalientes, resulta indispensable y apremiante atender un serio problema que, en los últimos años, ha sido un gran desafío para todas y todos los ciudadanos usuarios de las Carreteras Federales 45 Norte y 45 Sur.

En los últimos años se han visto involucrados, en diversos accidentes, muchas personas a causa de una notoria deficiencia en el mantenimiento de la Carretera Federal 45 Sur; las situaciones por las cuales se han manifestado dichos incidentes van, desde la nula o mala señalética en el lugar, así como los altos niveles de velocidad de los conductores, la mala planeación de los retornos así como del trazado de la misma y, finalmente, la falta de elementos de la Guardia Nacional que regulen y prevengan la velocidad y sus excesos en este tramo carretero.

A fin de robustecer la presente proposición y, a manera de ejemplos, se acompañan algunas notas periodísticas que aluden al tramo carretero correspondiente a la 45 Sur que ha sido mudo testigo de muchos accidentes:

Jueves 10 de octubre de 2024

Un tráiler que transportaba ganado se accidentó en la carretera 45 Sur, impactando contra un muro de contención.

Viernes 20 de septiembre de 2024

Accidente en la 45 Sur, Aguascalientes, camión de pasajeros vuelca y deja 4 fallecidos y decenas de lesionados.

Domingo 25 de agosto de 2024

Accidente en la carretera 45 Sur: Hombre pierde la vida tras ser arrollado por tráiler.

Domingo 28 de julio de 2024

Accidente en la 45 Sur deja cuatro muertos y dos heridos.

Martes 2 de julio de 2024

Accidente automovilístico tipo volcadura sobre la Carretera Federal No. 45 Sur, a la altura del poblado Ex Hacienda de Peñuelas.

Sábado 22 de junio de 2024

Muere una joven al salir expulsada del auto tras volcadura en la 45 sur.

Por su parte, se anexan algunas de las notas con relación a los accidentes que han ocurrido en la Carretera 45 Norte.

Domingo 12 de enero de 2025

Mueren dos personas tras accidente en Carretera 45 norte en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

Miércoles 13 de noviembre de 2024

Accidente en Carretera 45 norte de Aguascalientes: joven pierde el control y sufre volcadura.

Domingo 9 de junio de 2024

Mortal accidente en la 45 Norte.

Martes 2 de julio de 2024

Carretera 45 norte donde se registran más accidentes en Aguascalientes.

Como puede observarse, la seguridad vial en México y nuestro estado, es una arista fundamental para garantizar una población segura, sana y con un futuro sostenible; procede, entonces, en este momento hacer un llamado a todas las autoridades involucradas a fin de revertir el grave problema de los accidentes, tanto mortales como discapacitantes, para proveer a la prevención de futuros accidentes en otras partes de México.

En conclusión, es preciso mencionar que no solamente es responsabilidad del poder público, sino de todas y todos quienes estamos inmersos en el uso de nuestras vías federales de comunicación; por otra parte, las personas que viven con alguna discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores y, en general, las personas que requieren adecuaciones para compensar su vulnerabilidad, merecen ser tomadas en cuenta y protegidas para que puedan ejercer su derecho a la libre y segura movilidad.

Por ello, se pretende hacer un respetuoso llamado, a las autoridades encargadas de la construcción, operación y conservación de los caminos adscritos a la Federación a que atiendan, con la prontitud que el caso amerita, la penosa situación que prevalece en el tramo carretero 45 sur que pasa por el hermoso estado de Aguascalientes viendo, en todo momento, por la seguridad vial de las y los usuarios quienes día a día utilizan las vialidades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Delegación del estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a fin de que se revisen las condiciones de seguridad, trazo de ruta y señalética en las Carreteras Federales 45 norte y 45 sur.

Notas

1 Informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2022, Gobierno de México, consultado en:

https://www.gob.mx/salud/documentos/informe-sobre-la-situacion-d e-la-seguridad-vial-mexico-2022

2 Accidentes de tránsito ¿un problema de salud pública?, Gobierno de México, consultado en:

https://www.gob.mx/capufe/articulos/accidentes-de-transito-un-pr oblema-de-salud-publica

3 Un tráiler que transportaba ganado se accidentó en la carretera 45 Sur, impactando contra un muro de contención, TV Azteca Aguascalientes, consultado en:

https://www.aztecaaguascalientes.com/noticias/que-esta-pasando-e n-la-carretera-45-sur-aguascalientes-y-por-que-hay-tanto-trafico

4 Accidente en la 45 Sur, Aguascalientes, camión de pasajeros vuelca y deja 4 fallecidos y decenas de lesionados, El Sol del Centro, consultado en:

https://www.elsoldelcentro.com.mx/policiaca/camion-de-pasajeros- vuelca-y-deja-3-fallecidos-y-decenas-de-lesionados-en-la-45-sur-aguascalientes- 12585113.html

5 Accidente en la carretera 45 Sur: Hombre pierde la vida tras ser arrollado por tráiler, El Sol del Centro, consultado en:

https://www.elsoldelcentro.com.mx/policiaca/accidente-en-la-carr etera-45-sur-hombre-pierde-la-vida-tras-ser-arrollado-por-trailer-12455989.html

6 Accidente en la 45 Sur deja cuatro muertos y dos heridos, El Heraldo de Aguascalientes, consultado en:

https://www.heraldo.mx/accidente-en-la-45-sur-deja-cuatro-muerto s-y-dos-herido/

7 Otro accidente en la 45 sur, El Heraldo de Aguascalientes, consultado en:

https://www.heraldo.mx/otro-accidente-en-la-45-sur/

8 Muere joven al salir expulsada del auto tras volcadura en la 45 sur, BI Noticias, consultado en:

https://www.binoticias.com/patrulla-790/muere-una-joven-al-salir -expulsada-del-auto-tras-volcadura-en-la-45-sur

9 Mueren dos personas tras accidente en carretera 45 norte, en Pabellón de Arteaga, consultado en:

https://oem.com.mx/elsoldelcentro/policiaca/mueren-dos-personas- tras-accidente-en-carretera-45-norte-en-pabellon-de-arteaga-21093626

10 Accidente en carretera 45 norte de Aguascalientes: Joven pierde el control y sufre volcadura, consultado en:

https://oem.com.mx/elsoldelcentro/policiaca/accidente-en-carrete ra-45-norte-joven-pierde-el-control-y-sufre-volcadura-18436846

11 Mortal accidente en la 45 norte, consultado en:

https://www.heraldo.mx/mortal-accidente-en-la-45-norte/

12 Carretera 45 norte donde se registran más accidentes en Aguascalientes, consultado en:

https://www.elclarinete.com.mx/carretera-45-norte-donde-se-regis tran-mas-accidentes-en-aguascalientes/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputado Humberto Ambriz Delgadillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE DÉ CONTINUIDAD A LOS CONCURSOS PÚBLICOS Y ABIERTOS DE SELECCIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a dar continuidad a los concursos públicos y abiertos de selección del servicio profesional de carrera de la administración pública federal, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Emilio Suárez Licona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 11 de enero de 2025, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Unidad de Políticas para el Servicio Público, que a su vez depende de la Subsecretaría de Buen Gobierno, emitió la circular con número de oficio: SBG/UPSP/0001/2025, que remitió a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las Dependencias de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en la cual se les comunica que se deberán suspender los procesos de selección del Servicio Profesional de Carrera, hasta el 31 de marzo del presente año.

En dicho oficio se hace referencia a la reestructuración de la Administración Pública Federal y se ordena que cada responsable deberá colaborar estableciendo las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a la instrucción circulada.

Lo anterior va en contra del espíritu de la ley y de la aspiración democrática de contar con una burocracia profesional propia de un Estado moderno, es decir, de un conjunto de servidores públicos que lleguen y escalen en los espacios de la administración pública con base en el mérito, la capacidad, la capacitación y la experiencia.

Desde principios de este siglo el Estado mexicano ha realizado un conjunto de esfuerzos para garantizar que el servicio público se profesionalice.

Antecedentes

El sistema político mexicano post revolucionario y la permanencia hegemónica de un partido oficial y un Poder Ejecutivo que concentraba una gran concentración de poder, marcó las características de un servicio público más a modo del tipo carismático y tradicional que planteaba Max Weber, en su tipología de las formas legítimas de dominación, es decir, de ejercicio de poder, según la cual, son los vínculos personales los que determinan qué personas ocupan un espacio en el servicio público.

El propio Jesús Reyes Heroles en sus escritos define los mecanismos que se utilizaban para la integración del servicio público. Citado por Mario Alberto Fócil, en su artículo sobre la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, decía:

“ [...] no había, ni hay todavía, carrera en el Ejecutivo y sus muy variadas ramas. Los administradores profesionales o los profesionistas especializados no pueden echar raíces en el servicio público, su gran amenaza sigue siendo el cuate,expresión utilizada para explicar ese extraño vínculo que todo lo explica [...]. El cuate es exactamente la antítesis de la profesionalización.”

Para Fócil este principio marcó una grave carencia en la profesionalización del servicio público y determinó que la administración pública fuera un sistema de botín de los grupos políticos que acceden al poder. Según este autor esa es una de las principales causas del burocratismo y la corrupción.

Este sistema permaneció hasta el momento en que se comienza a promover un proceso de apertura democrática cuando los cuestionamientos de la forma en la que los servidores públicos accedían, permanecían y ascendían en la estructura burocrática de la administración, se hicieron presentes.

Es precisamente en ese marco que las propias instituciones del Estado mexicano promovieron la creación de un Servicio Profesional de Carrera (SPC) en el país, a partir de la expedición de una ley en la materia y su posterior reglamento.

La construcción y evolución de un servicio de carrera profesional en México.

Desde el año 2000 diversas iniciativas se presentaron en el Congreso de la Unión, con el objetivo de expedir una nueva ley que regulará el servicio público. Fue así que el 10 de abril de 2003 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, un año después, en abril del 2004, se publicó su reglamento y desde entonces se ha ido consolidando un servicio que si bien tiene diversas oportunidades de mejora, si ha logrado garantizar que en el servicio público se privilegie la llegada de servidores públicos profesionales.

El Servicio Profesional de Carrera es como lo dice la propia ley en su artículo 2 “[...] un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.”

Dicho servicio se crea con el objetivo de profesionalizar el trabajo de los servidores públicos y de mejorar la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía. El Servicio Profesional de Carrera tiene como propósito garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos de confianza sea a través de principios como: el mérito, la igualdad de oportunidades, la legalidad, la imparcialidad, la vocación de servicio, la objetividad, la eficiencia y la lealtad institucional.

Según datos del Inegi, en 2022 había 1,574,971 personas servidoras públicas adscritas a la Administración Pública Federal. En cuanto a sus niveles de escolaridad, según el propio Inegi la distribución es conforme a la siguiente gráfica.

Por lo que se puede inferir, a partir de que se impulsó el SCP, la profesionalización ha sido progresiva, garantizando que la mayoría de los servidores públicos tengan al menos estudios de licenciatura.

Este mecanismo de selección y permanencia fue fuertemente infravalorado en la administración pública federal de 2018 a 2024, años en los que, a partir de declaraciones y planteamientos del más alto nivel dentro del gobierno, se determinó que se privilegiaría la lealtad ideológica y la honestidad personal, por encima de la capacidad técnica, la experiencia y la formación adquirida.

Con esta medida el servicio público en México se vio en un proceso regresivo, que coloca a la administración pública en un escenario muy similar al descrito por Reyes Heroles. Es decir, que sea la lógica de los cuates la que se imponga en la determinación de quienes ocupen los diversos espacios en la administración pública federal, privilegiando los vínculos en oposición a la profesionalización.

Es por ello que una instrucción emitida por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las Dependencias de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de que suspendan los procesos de selección del SPC, atenta contra la visión de contar con servidores públicos profesionales que garanticen mejores servicios públicos a la ciudadanía.

México no merece regresar a un sistema de incentivos basado en el amiguísimo y el cuatísmo, tampoco merece padecer el dispendio de recursos por parte de quienes forman parte en la administración pública, no merecen decisiones y acciones improvisadas que pongan incluso su vida en peligro. La incapacidad para ocupar un cargo o espacio en el servicio público es también una forma de corrupción, las y los mexicanos no merecen regresar a la época de los cuates que describía Reyes Heroles.

México merece un servicio público de excelencia, en el contexto nacional e internacional que enfrentamos, es fundamental que quien sirve al pueblo tenga la capacidad, la experiencia y la excelencia para resolver los problemas más grandes de nuestra sociedad en materia de seguridad, de política exterior, de fortalecimiento de la economía familiar, de mejorar los servicios de salud, de garantizar una educación pública que les permita a nuestros hijos superarse y aspirar a vivir en un país mejor. Las y los mexicanos merecen un gobierno con servidores públicos de excelencia, es momento de que hagamos lo correcto.

En virtud de lo anterior, y en la lógica de seguir avanzando en la construcción de un Servicio Profesional de Carrera sólido en México, se somete a consideración de esta asamblea las siguientes proposiciones con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a que, en el marco de sus facultades, instruya que se dé continuidad a los concursos públicos y abiertos de selección del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, que quedaron pendientes a partir del oficio circulado por la dependencia con fecha del 11 de enero de 2025.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a que, en el marco de sus atribuciones, fomente que la integración de los servidores públicos de confianza sea producto de la aplicación de lo establecido en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, a fin de que el gobierno federal cuente con las y los mejores mexicanos como servidores públicos, proporcionando así mejores servicios públicos a la ciudadanía.

Notas

1 Véase, Cosio Villegas, Daniel (1972). El Sistema Político Mexicano, Joaquín Mortiz, México. Carpizo, Jorge (19078). El presidencialismo mexicano, Siglo XXI Editores, México.

2 Véase,

https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/weber_marx-_ economia_y_sociedad_cap_3.pdf

3 Reyes Heroles, Jesús (1999). Memorial del mañana, Taurus, México, citado en Fócil Ortega, Mario Alberto, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: algunos problemas para la operación del modelo, disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3488/8.pdf

4 Véase, Fócil Ortega, Mario Alberto, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: algunos problemas para la operación del modelo, disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3488/8.pdf

5 Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/260.pdf

6 INEGI (2024). Censo Nacional del Gobierno Federal (CNGF) 2023, disponible en:

https://www.gob.mx/conapo/acciones-y-programas/servicio-profesio nal-de-carrera-26349#:~: text=Mecanismo%20para%20garantizar%20la%20igualdad,para%20beneficio%20de%20la%2 0sociedad

7 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputado Emilio Suárez Licona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR BEBEDEROS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A FIN DE PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a promover acciones para implementar bebederos en las escuelas de educación básica, a fin de promover hábitos saludables, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Isabel González González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

El sobrepeso y la obesidad representan un reto medular para el Estado mexicano, el cual es urgente la creación de un plan integral para disminuir los índices de esta problemática. De no actuar en tiempo y forma, podría traer graves consecuencias para la población en desarrollar diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares a mediano y largo plazo.

Para dimensionar la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022 a nivel internacional, se registraron los siguientes datos:

• Una de cada ocho personas eran obesos,

• 2,500 millones de 18 años o más, tenían sobrepeso,

• 37 millones de infantes menores de 5 años padecían sobrepeso,

• Más de 390 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso de los cuales 160 millones eran obesos.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México una de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y una de cada tres, entre 6 y 19 años padecen sobrepeso u obesidad, lo que nos cataloga, como uno de los primeros lugares de este padecimiento a nivel mundial.

Igualmente, la UNICEF plantea que, una de cada ocho niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica, es decir, un retraso en su crecimiento que afecta directamente a su desarrollo cognitivo y pleno desarrollo.

Por ello, en 2013 el Ejecutivo federal promovió una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, para impulsar la creación de nuevas políticas públicas para abatir el rezago y mejoramiento de los planteles educativos, contribuyendo en disminuir la obesidad infantil a través de la construcción de bebederos escolares.

El Programa Nacional de Bebederos Escolares, impulsado por el presidente de la República del sexenio 2012-2018, como una medida para fomentar el acceso de agua purificada y disminuir el consumo de bebidas azucaradas en las escuelas de educación básica.

Así pues, el pasado 21 de octubre de 2024, a través de la mañanera, el actual secretario de Educación anunció el Programa “Vida Saludable”, con el objetivo de reducir y combatir la comida chatarra en todos los niveles educativos.

Promover entornos saludables en las escuelas de educación básica permite que estudiantes, familiares y docentes tomen conciencia sobre la importancia de consumir agua purificada, a través de los bebederos que contribuye a disminuir el consumo de bebidas azucaradas mejorando su bienestar y calidad de vida.

Los beneficios e impactos positivos de contar con bebederos en las escuelas de educación básica, son:

• Disminuir el sobrepeso infantil,

• Crear entornos saludables,

• Disminución de bebidas azucaradas,

• Aumenta el desarrollo pleno y crecimiento cognitivo de los infantes,

• Promueve el óptimo desarrollo de los infantes,

• Reduce la obesidad infantil,

• Crear escuelas sustentables y sostenibles.

En definitiva, los bebederos en las escuelas de educación básica juegan un papel trascendental que contribuye al desarrollo y crecimiento pleno de las niñas, niños y adolescentes.

En tal virtud, exhorto, respetuosamente, a la Secretaría de Educación para que promueva acciones de instrumentar bebederos en las escuelas de educación básica, disminuir los índices de obesidad y sobrepeso entre las niñas, niños y adolescentes.

La creación de políticas públicas para el interés superior de la niñez representa un avance medular para su bienestar y calidad de vida, como lo expresa en el quinto párrafo del artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

Asimismo, en la fracción primera y segunda del artículo 1 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que a la letra dice:

Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno:

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

En este mismo sentido, contribuimos con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su meta 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, fomentar acciones que contribuyan a mejorar la calidad y bienestar para las niñas y niños.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan acciones para implementar bebederos en las escuelas de educación básica, a fin de promover hábitos saludables.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2024). Obesidad y Sobrepeso. Consultado en el siguiente link:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and- overweight

2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Salud y nutrición. Consultado en el siguiente link:

https://www.unicef.org/mexico/salud-y-nutrición#:~: text=1%20 de%20cada%2020%20niñas,norte%20y%20en%20comunidades%20urbanas.

3 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. ¿Qué es Programa Nacional de Bebederos Escolares? Consultado en el siguiente link:

https://www.inifed.gob.mx/bebederosescolares/que-es-programa-nac ional-de-bebederos/

4 Secretaria de Educación (2024). Presenta SEP nuevos lineamientos y acciones de Vida Saludable en las escuelas. Consultado en el siguiente link:

https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es_mx/sems/Presenta_SE P_nuevos_lineamientos_y_acciones_de_Vida_Saludable_en_las_escuelas

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado en el siguiente link:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

6 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Consultado en el siguiente link:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA.pdf

7 Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Meta 3: Garantizar una visa sana y promover el bienestar. Consultado en el siguiente link:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, el 12 de febrero de 2025.– Diputada Ana Isabel González González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE MANTENGA LA OPERATIVIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A LA SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA DR. LUIS F. NACHÓN, A FAVOR DE LA POBLACIÓN VERACRUZANA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a diversas autoridades en materia de salud a mantener la operatividad y servicios públicos de atención a la salud en el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis f. Nachón” a favor de la población veracruzana, suscrita por los diputados Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdés, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 11 de febrero del 2025 el doctor Octavio Arturo Carreón Mora, jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” envió un escrito al director del Hospital informado lo siguiente:

Debido a la situación que venimos atravesando ante la falta de insumos, medicamentos indispensables y prioritarios para brindar una atención oportuna y de calidad a los usuarios de esta unidad hospitalaria, al no contar con medicamentos anestésicos (como fentanilo, entre otros) nos vemos en la necesidad de suspender cirugías programadas de todos los servicios quirúrgicos hasta que se cuente con los insumos necesarios destinando el medicamento existente para el área de toco-cirugía y urgencias lo anterior con la finalidad de garantizar a la población la atención de calidad que merecen.

La transcripción anterior deja ver la situación tan grave que existe en el sistema de salud mexicano, pues uno de los hospitales más importantes de Xalapa, no se encuentra en condiciones de atender a las cirugías programadas y se ve en la difícil necesidad de comenzar a racionar los medicamentos, a fin de que estos puedan ser utilizados en situación de urgencia.

Del escrito se destaca que hay una escasez del insumo que se utiliza como anestesia para poder realizar las cirugías. Sin este medicamento no es posible dormir a los pacientes para ser intervenidos, dejando como consecuencia que al día de hoy, un hospital importante del estado de Veracruz, no cuente con los medios mínimos necesarios para poder atender debidamente y brindar los servicios médicos que requieran los pacientes.

Este mismo hospital también ha reportado, falta de otro tipo de medicamentos, generando graves problemas a la salud en los pacientes y provocando una violación al derecho humano de acceso a la salud.

Lo antes señalado es sumamente grave para la población de esa entidad federativa, anterior, y es muestra del fracaso e incumplimiento de los compromisos contraídos en el convenio de coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en el estado de Veracruz, que celebraron la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y el estado de Veracruz, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2023. A través de dichos instrumentos se transfieren al IMSS- Bienestar los recursos públicos, incluyendo la operación de la infraestructura hospitalaria, destinados a la atención médica con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social en el estado de Veracruz.

Debemos señalar que el Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” es considerado un nosocomio de segundo nivel que proporciona atención médica de urgencia, consultas de especialidad y de ginecología, además que brinda atención médica a diversos municipios como son el Perote, Altotonga, Las Vigas, Jilotepec, Martínez de la Torre, Misantla y otros.

Garantizar que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para brindar atención médica adecuada es un derecho humano básico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud, lo que implica que el gobierno debe asegurar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad.

En el grupo Parlamentario del PRI consideramos que el acceso a la salud es fundamental en un Estado de derecho, el gobierno tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios de calidad con medicamentos suficientes. Por ello los trabajadores de la salud deben contar con los insumos necesarios para trabajar y no se puede tolerar que la atención sea suspendida por una falta administrativa del gobierno. Por todo ello, se propone la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) y al gobierno del estado de Baja California, a realizar todas las acciones que sean necesarias para el abastecimiento de insumos médicos suficientes que permitan mantener la operatividad y servicios de atención a la salud en el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a transferir de forma oportuna los recursos presupuestales que se previeron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 a favor de la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS- Bienestar), a efecto de mantener la operatividad y servicios de atención a la salud en el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, ante la grave carencia de medicamentos e insumos que existe en ese nosocomio.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Veracruz, a realizar todas las acciones que sean necesarias para que la Secretaría de Salud federal, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) cumplan debidamente con lo pactado en el convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2023, para así mantener la operatividad y servicios de atención a la salud en el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” a favor de la población de esa entidad federativa.

Notas

1 Memorandum Número.HRDLFN/ANESTESIOLOGÍA/01/2024 Xalapa, Veracruz 11 de febrero del 2025-

2 Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en el Estado de Veracruz, que celebran la Secretaría de Salud, Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSSBIENESTAR) y el Estado de Veracruz.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5709435&fecha =24/11/2023#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 17 de febrero del 2025.– Diputada y diputado: Lorena Piñón Rivera, Rubén Ignacio Moreira Valdés (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF, A QUE REALICE UNA AUDITORÍA FORENSE AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES, RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a que, en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2024, realice una auditoría forense al fondo de infraestructura social para las entidades con un alcance del cien por ciento respecto de los recursos ejercidos por el gobierno del Estado de México, a cargo de la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Laura Ivonne Ruiz Moreno, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 1 fracción II y 2, así como las demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 6 de febrero del 2025 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó en el Diario Oficial de la Federación su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, en el cual establece el total de auditorías que realizará en el año, a fin de fiscalizar los recursos federales y observar el manejo del gasto público con base en la normativa, observando que se cumplan los objetivos y las metas de la administración pública y de los poderes de la unión.

Este programa prevé un total de 2199 revisiones de las cuales 32 serán para el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) mismo que tiene por objetivo otorgar recursos federales a las entidades federativas a fin de generar obra pública y acciones que puedan beneficiar a municipios y localidades consideradas de atención prioritaria por contar con altos niveles de rezago social.

Las auditorías programadas para la revisión del FISE son 1 por cada estado de la República y tienen el carácter de revisión de cumplimiento, es decir, se consideran revisiones aleatorias del gasto federalizado.

Sin embargo, es importante referir que en los últimos días se han presentado diversos señalamientos de posibles irregularidades en torno al manejo del FISE en la Secretaría de Movilidad del Estado de México, por lo que se considera necesario analizar el uso de los recursos en su totalidad durante el ejercicio fiscal.

Lo anterior se debe a que el pasado 10 de febrero del 2025, Ramón Sabas Jiménez Fonseca, director general de Vialidad de la Secretaría de Movilidad, envió a la gobernadora del Estado, Delfina Gómez, un oficio en el cual establece diversos actos de corrupción directamente asociados con 33 obras en proceso que estaban siendo financiadas por el FISE.

De acuerdo con el oficio, a mediados de diciembre del año pasado un asesor externo del secretario de Movilidad llamado Fernando Salmerón Serna, le solicitó autorizar sin revisar un sobrecosto de 219 por ciento en tres precios extraordinarios de un proyecto de obra con número de control: 124417 y que consiste en el encarpetamiento de asfalto en el camino Carretera Temoaya centro Ceremonial Otomí.

El director general refiere que se negó a acatar la orden porque lo anterior significaba un daño al erario por más de 9, 771, 016. 14 de la obra. Además, dio órdenes al personal a su cargo de no atender a dichas órdenes. ante dicha situación el secretario de Movilidad del Estado ordenó la destitución de tres personas que trabajaban para el director general Sabas.

Posteriormente, en ese mismo mes Sabas Jiménez refiere que el Secretario le instruyó firmar de manera irregular estimaciones por 400,566,092.26 en las cuales se buscaba generar una simulación y autorizar pagos por trabajos no ejecutados.

Estos señalamientos de sobrecostos y mal manejo de recursos hacen evidente la necesidad de revisar cómo es que se han ejercido los recursos públicos federales a fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Es evidente que con la información del oficio signado por Sabas Jiménez resulta necesario hacer más que un análisis de cumplimiento, pues existen indicios de actos de corrupción que deben ser revisados oportuna y exhaustivamente.

Por lo anterior, se propone que esta soberanía exhorte a la Auditoría Superior de la Federación, para que, como órgano técnico de la Cámara de Diputados, en materia de fiscalización, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, realice una auditoría forense con un alcance del cien por ciento a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que haya ejercido el gobierno del Estado de México a efecto de verificar el manejo adecuado de esos recursos públicos y en caso de detectarse irregularidades se determinen y ejerzan las acciones que correspondan.

Por lo anteriormente expuesto se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de la revisión que realice a la Cuenta Pública federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024, modifique y considere en su Programa Anual de Auditorías la realización de una auditoría forense con un alcance del cien por ciento a los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE) que haya ejercido el gobierno del Estado de México y, en su caso, se determinen las observaciones y ejerzan las acciones que correspondan.

Notas

1 PROGRAMA Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024. Publicado el 6 de febrero del 2024

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5748522&fecha =06/02/2025#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 17 de febrero del 2025.– Diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DEL IMSS-BIENESTAR, A TRANSFERIR LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A DIVERSOS HOSPITALES REGIONALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, a través del IMSS-Bienestar, a transferir los recursos públicos destinados a los hospitales regional de alta especialidad del bajío, del centro regional de alta especialidad de Chiapas, regional de alta especialidad de Oaxaca, regional de alta especialidad de la península de Yucatán y regional de alta especialidad de Ciudad Victoria, “Bicentenario 201”, a fin de que puedan operar adecuadamente, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputados Luis Gerardo Sánchez, Christian Mishel Castro Bello, Ariana del Rocío Rejón Lara, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Emilio Lara Calderón, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado martes 10 de febrero personal médico del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío se manifestó debido a la falta de material quirúrgico y medicamentos para los pacientes, lo que ha generado la incapacidad de brindar una atención adecuada a los pacientes, así como un incremento en el riesgo de las personas que cuentan con enfermedades crónico-degenerativas. Esta propuesta estuvo encabezada por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTA) quienes denunciaron la incapacidad para operar.

Esta situación devela la grave situación que existe en el sistema de salud toda vez que los hospitales de alta especialidad, dedicados a atender las enfermedades más graves no encuentran condiciones para poder atender a los pacientes.

Esta grave situación se debe a la falta de organización en los procesos administrativos derivados del decreto por el que se desincorporan por fusión el Centro y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que se indican con el IMSS-Bienestar.

De acuerdo con el decreto publicado el 11 de octubre del 2023 en el Diario Oficial de la Federación, se ordenó la desincorporación por fusión del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”.

Con ello todos los recursos de las instituciones médicas pasaron a ser del IMSS. De hecho, el artículo cuarto transitorio refirió que se contarían con 90 días naturales para la transferencia de los recursos del hospital al IMSS-Bienestar.

Si bien se generó la obligación de transferir los recursos el decreto, éste no previó los mecanismos para que el IMSS pudiera abastecer de manera idónea a los hospitales de alta especialidad. De esta forma, si en 2024 el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío contaba con 1 mil 500 millones de pesos de presupuesto asignado, para el 2025 ya no contó con recursos.

Algunos funcionarios federales han referido que el IMSS concentró el recurso, pero a la fecha éste no ha sido entregado al hospital, lo que ha llegado provocar una crisis médica. Pues hay que advertir que además de lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación, previó un recorte de 113 mil millones de pesos destinados para este tipo de hospitales.

Esta omisión presupuestaria ha generado graves consecuencias en la atención médica afectando la atención en materia de trasplantes. Según los testimonios de un médico neurólogo que se encontraba en la lista de trasplante de riñón, éste Hospital, que era considerado de los mejores de América Latina se encuentra en el absoluto abandono:

Es muy triste ver este hospital que anteriormente era número uno en Latinoamérica en trasplantes que esté tan abandonado. Ya cerró el de Oaxaca, entonces no queremos que pase esto con este hospital, no queremos dejarlo caer. Este hospital se equiparaba con El Ángeles o con el Aranda de la Parra, ahorita la verdad ni siquiera con los del IMSS-

Antonio de Jesús Beltrán Velasco, nutriólogo y quien tiene un trasplante de riñón.

Una atención de calidad y oportuna es esencial para la salud y el bienestar de la población. Si los trabajadores del sector salud no tienen las condiciones adecuadas para trabajar, esto puede afectar negativamente a la comunidad en general. La confianza de la población en el sistema de salud depende en gran medida de la percepción de que se cuenta con los recursos y el personal necesario para atender sus necesidades.

La salud es un derecho humano que se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Mexicana. Este plantea la obligación del Estado de garantizar servicios de calidad y brindar atención médica a las personas. Desafortunadamente, en los últimos meses las autoridades no han sido capaces de garantizar los derechos a la salud de las personas.

Para que el sistema de salud funcione de manera eficiente y sostenible, es necesario contar con recursos suficientes y una gestión adecuada. Esto incluye tanto el financiamiento como la adquisición de insumos y medicamentos. La inversión en el sector salud es una prioridad para garantizar que se pueda brindar atención de calidad a toda la población.

En el PRI exhortamos a la Secretaría de Salud para que atienda las demandas que exigen las y los trabajadores, así como los familiares de pacientes a fin de garantizar un derecho fundamental para las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que a través del IMSS-Bienestar se transfieran los recursos públicos destinados a los Hospitales Regional de Alta Especialidad del Bajío, del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 201”, a fin de que puedan operar adecuadamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que reasigne los recursos presupuestales suficientes para que los siete hospitales de alta especialidad puedan operar adecuadamente.

Notas

1 DECRETO por el que se desincorporan por fusión el Centro y los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que se indican con el IMSS-BIENESTAR. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2023. En:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5704687&fecha =11/10/2023#gsc.tab=

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5704687&fecha= 11/10/2023#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero del 2025.– Diputados y diputada: Luis Gerardo Sánchez, Christian Mishel Castro Bello, Ariana del Rocío Rejón Lara, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Emilio Lara Calderón (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

AYUDA A LOS AGRICULTORES DEL VALLE DE MEXICALI, AFECTADOS POR LA REDUCCIÓN DE HECTÁREAS SEMBRADAS, A RAÍZ DE LA FIRMA DE ACTAS EN MATERIA DE RECORTE EN LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA MÉXICO DE LA CUENCA DEL RÍO COLORADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Conagua y al gobierno de Baja California a ayudar a los agricultores del Valle de Mexicali, afectados por la reducción de hectáreas sembradas a raíz de la firma de las actas 323 y 330, en materia de recorte en la disponibilidad de agua para México de la cuenca del río Colorado, suscrita por los diputados Erubiel Lorenzo Alonso Que, Leticia Barrera Maldonado y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Consideraciones

México y Estados Unidos no sólo comparten una de las fronteras más extensas del mundo, sino también compromisos en materia hídrica derivado de las cuencas que comparten territorialmente, como el Río Bravo y el Río Colorado. Este último, atraviesa los estados de Wyoming, Utah, Colorado, Nevada, California, Nuevo México y Arizona, en Estados Unidos, así como Baja California y Sonora, por parte de México. Siendo éste una de las principales fuentes de agua en la región, no ha estado exento de disputas binacionales por el reparto del agua.

Derivado de los intereses de ambas naciones, el 3 de febrero de 1944 se firmó el Tratado de aguas entre México y Estados Unidos, el cual sienta las bases legales para una distribución equitativa del agua, en este instrumento se estipula que México tiene derecho a recibir mil 850 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado y, a su vez, debe aportar 432 millones de metros cúbicos del Río Bravo. En caso de que existan niveles excepcionales, se asigna una mayor cantidad de agua.

Por otro lado, dicho tratado también establece que, cuando los niveles de agua de la presa Hoover disminuyan por debajo de los 1,090 pies sobre el nivel del mar, ambos países deberán hacer aportaciones de agua para mantener un nivel adecuado.

Desde los últimos 22 años la parte alta de la cuenca del Río Colorado ha experimentado su peor sequía en más de 100 años, provocando una disminución importante de su capacidad, por lo que México y Estados Unidos han firmado otros acuerdos con el objetivo de mantener los niveles de agua de la cuenca.

Uno de estos es el Acta 323, de septiembre de 2017, a través de la cual México se comprometió a dejar de recibir 286 millones de metros de metros cúbicos de agua, desde 2021 hasta 2026, año en que terminaba su vigencia. Sin embargo, en abril de 2024 se firmó el acta 330, la cual compromete al país a tomar medidas de conservación de agua adicionales, obligándolo a ceder 494 millones de metros cúbicos de agua entre 2024 y 2026.

Con la firma del acta 323, se afectó una superficie de al menos 16 mil hectáreas que quedaron sin sembrar en Mexicali, afectando fuertemente a los productores agrícolas de la región; ahora con la primera entrega de 164 mil millones de metros cúbicos de agua, derivado de la firma del acta 330, resultaron afectadas 15 mil hectáreas que dejaron de sembrarse.

Cabe mencionar que las próximas entregas de agua por parte de México serán en 2025, por 247 millones de metros cúbicos y en 2026 por 83 millones de metros cúbicos. En total, estas entregas impactarán una superficie adicional de 45 mil hectáreas que no podrán sembrarse. La superficie que dejará de sembrarse a consecuencia de la firma de ambas actas será de 60 mil hectáreas, lo que afecta directamente a los productores y a la producción agrícola del Valle de Mexicali.

Es importante señalar que el acta 330 contiene una cláusula a través de la cual el gobierno de Estados Unidos pondría a disposición del gobierno mexicano 65 millones de dólares en compensación para los productores mexicanos afectados por el recorte de agua, sin embargo, aunque ya se ha cumplido con la primera entrega de agua, aún no se ha entregado el pago correspondiente a los productores afectados.

En este sentido, ni la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ni los gobiernos federal y estatal, han generado un ambiente de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de dicho recurso. Aunado a esto, CILA y Conagua aprobaron las “Reglas de Operación del Programa de Gestión de los Apoyos del Acta 330”, sin haber tomado en cuenta las consideraciones del sector agropecuario, decidiendo de forma unilateral el destino de los 65 millones de dólares, sin importar las afectaciones que están teniendo los productores bajacalifornianos por haber sido obligados a reducir su capacidad productiva.

De hecho, es importante subrayar que el gobierno del Estado de Baja California ya ha manifestado su interés para que los productores dueños de las concesiones de agua cedan sus derechos de “manera voluntaria” por 318 millones de metros cúbicos de agua adicionales, supuestamente para su uso en las ciudades. Esto representaría 40 mil hectáreas más que se quedarían sin sembrar, adicionales a las 60 mil hectáreas antes mencionadas.

Las decisiones tomadas por el gobierno federal ya han afectado fuertemente a los productores y al sector agrícola del Valle de Mexicali, ahora la petición del gobierno del estado significaría un tiro de muerte para todo el sector.

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, así como al gobierno del estado de Baja California para que atiendan las demandas de los agricultores del Valle de Mexicali, Baja California, afectados por la reducción de hectáreas sembradas a raíz de la firma de las actas 323 y 330 firmadas en 2027 y 2024, respectivamente, en materia de recorte en la disponibilidad de agua para México de la cuenca del Río Colorado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, así como al gobierno del estado de Baja California para que el destino, distribución y manejo de los recursos estipulados en el Acta 330 por 65 millones de dolares (MDD) aportados por el gobierno de Estados Unidos, sea de forma conjunta con el Comité Hidráulico del Distrito de Riego del Rio Colorado, para garantizar que en su aplicación se atenderán las necesidades más prioritarias.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua, así como al gobierno del estado de Baja California para que, conjuntamente, consideren y eviten la realización de mayores recortes en la disposición de agua para los productores del Valle de Mexicali en Baja California, para no poner en riesgo el destino del sector agrícola de la entidad y de las familias que dependen de la actividad de este sector.

Notas

1 Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México, Comisión Internacional de Límites y Aguas, en:

https://www.google.com/search?q=Tratado+de+Aguas+de+1944&oq= Tratado+de+Aguas+de+1944&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg7MgYIAhBFGD syBggDEEUYPDIGCAQQRRg80gEHNjAzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

2 Explicación sobre la reducción de la asignación de agua a México del Río Colorado en el marco del Tratado de 1944: Actas 330 y 323, Permanent Forum of Binational Waters, en:

https://www.binationalwaters.org/es/explicacion-sobre-la-reducci on-de-la-asignacion-de-agua-a-mexico-del-rio-colorado-en-el-marco-del-tratado-d e-1944-actas-330-y-323/

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Mecanismos para la Implementación de Acciones y Proyectos de Conservación de Agua del Acta 330 en el Distrito de Riego 014, Río Colorado, CILA, en:

https://cila.sre.gob.mx/cilanorte/index.php/prensa/195-prensa161

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputados: Erubiel Alonso Que, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.