del congreso de los estados unidos mexicanos
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
SUMARIO
Con el propósito de preservar e impulsar el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, se otorga el uso de la tribuna a:
-La ciudadana Xóchitl Estrella Isidro Tenorio, quien se expresa en lengua náhuatl
MINUTO DE SILENCIO
A solicitud del diputado Pablo Vázquez Ahued, de MC, la Presidencia concede un minuto de silencio en memoria del servidor público Omar Espinosa Romo, quien fuera colaborador de su grupo parlamentario durante la LXIII Legislatura
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe anual de concesiones otorgadas sobre inmuebles federales correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la cual remite el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, correspondiente a 2024. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de derechos laborales de personas menstruantes. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
La diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda: 8 de marzo, igualdad y justicia para las mujeres. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
La diputada Martha Araceli Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial, búsqueda y localización con perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
La diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Sistema Nacional de Cuidados. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Abril Ferreyro Rosado, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidado, atención y desarrollo infantil a través de estancias infantiles. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Abril Ferreyro Rosado, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley General de Educación, para establecer las escuelas de tiempo completo. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
La diputada Mariana Benítez Tiburcio, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de derechos reproductivos y violencia gineco-obstétrica. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad de Género, para dictamen
La diputada Dora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, en materia de enfermería. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para dictamen
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133 y 955 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de género en el trabajo. Se turna a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen
La diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 199 Octies, del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 115 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y fomento al ahorro. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
La diputada María Teresa Ealy Díaz, en nombre propio y de diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PVEM, del PT, del PAN, del PRI y de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos y violencia gineco-obstétrica. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
En términos de los artículos 100, 102, y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria
ASISTENCIA
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Solicito a la Secretaría que informe el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Se informa a la Presidencia que se tienen registrados 486 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas (14:21 horas): Se abre la sesión ordinaria del miércoles 5 de marzo de 2025, en modalidad semipresencial.
ORDEN DEL DÍA
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los dispositivos móviles de las y los diputados.
«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 5 de marzo de 2025
Intervención desde la tribuna en lengua indígena
De la ciudadana Xóchitl Estrella Isidro Tenorio, hablante de lengua náhuatl.
Actas de las sesiones anteriores
Comunicaciones oficiales
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra
Solicita el retiro de iniciativa con proyecto de decreto.
De la Secretaría de Gobernación
Remite el Informe anual de concesiones otorgadas sobre inmuebles federales correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Remite el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, correspondiente al año 2024.
Acuerdo de los órganos de gobierno
Iniciativas
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ciudadanía para personas de 18 años y accesibilidad a cargos de elección, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 293 Bis al Código Penal Federal, en materia de incremento de las penas causadas por violencia contra las mujeres víctimas de ácido o sustancia corrosiva, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley General para la Atención y Protección de las Personas Migrantes, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con el propósito de fortalecer la productividad y autosuficiencia alimentaria en el campo, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de determinar en la legislación el término extensionismo, como práctica institucional de apoyo público permanente a los productores del sector rural e impulsar así procesos de desarrollo social sostenible, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de profundizar medidas para la sustentabilidad y sostenibilidad pesquera, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley de la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, para recuperar así la soberanía en la producción y suministro de estos insumos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona y deroga el artículo 102 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para fomentar el desarrollo de los municipios reconocidos como Pueblos mágicos, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas especiales para servicios de uso doméstico, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 6o., 8o. y 12 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda abandonada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos contra la paz y seguridad de las personas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras al servicio del Estado, a cargo del diputado José Antonio López Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de medidas de sanción en caso de delito de homicidio en grado de tentativa, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de precios de garantía, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 414 del Código Penal Federal, en materia de sustancias nocivas para las abejas, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona una fracción al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de educación indígena, intercultural y plurilingüe, suscrita por las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 39, numeral 2 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Comisiones en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2007, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción VI Bis al artículo 3o. y reforma el artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, para reconocer y tratar la ludopatía como un problema de salud pública, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de acceso a los servicios de laboratorio clínicos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Migración y de la Ley del Impuestos Sobre la Renta, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de caminos artesanales, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de casas de empeño, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto por el que se declara el 12 de enero de cada año como "El día nacional de lucha contra la homofobia-transfobia en el futbol", a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas para la detección y atención oportuna de trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducción de impuestos por pago de colegiatura, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 21 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de armonización legislativa, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de representación política de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Juan Armando Ruiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 207 Bis a la Ley del Seguro Social, para garantizar instancias de cuidado para adultos mayores a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 1o., 5o. y 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un artículo 216 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 14 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 390 Ter del Código Penal Federal y se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de "monta choques" o fraude por colisión vehicular, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara el 10 de octubre como "Día Nacional de las y los Presidentes de México", a cargo del diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción XVIII del artículo 3o. recorriéndose la subsecuente, se adiciona una fracción X Ter al artículo 7o., un Capítulo III Ter y el artículo 161 Ter de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el día 22 de febrero de cada año como el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo, suscrita por los diputados Juan Carlos Varela Domínguez y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional.
Que reforma el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de menstruación digna, a cargo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de menstruación digna, a cargo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de menstruación digna, a cargo de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 343 Ter del Código Penal Federal, en materia de violencia vicaria, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, en materia de combate del delito de robo al autotransporte, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento de los servicios de atención a la salud mental, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 31 y 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de agricultura regenerativa y protección forestal, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de economía circular y gestión de productos de plástico, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida, a cargo de la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de antinomia para la elección de la persona presidenta del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 329, 332 y adiciona un artículo 331 Bis al Código Penal Federal, en materia de interrupción legal del embarazo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de fomento a la educación socioemocional y de prevención de la violencia, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en relación a la regulación del ejercicio de actividades profesionales de médicos extranjeros en México, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o., 9o. y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento y reúso, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 1o. y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de indecidibilidad sobre principios constitucionales básicos, a cargo del diputado Víctor Samuel Palma César, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 61 Bis y 62 de la Ley General de Salud, en materia de derechos de salud materno-infantil, a cargo de la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el segundo párrafo del artículo 94, noveno párrafo del artículo 97 y cuarto párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sistema nacional de cuidados, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial, búsqueda y localización con perspectiva de género, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda digna, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de derechos reproductivos y violencia gineco-obstétrica, suscrita por la diputada Mariana Benítez Tiburcio y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación de conciliadores, a cargo del diputado Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en materia de revisión, adecuación y fortalecimiento de los contenidos culturales con perspectiva de género e interseccionalidad, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 8o. de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Mujer Trabajadora", a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en materia de vivienda adecuada, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del 2025 Año de la Mujer Indígena, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXXVI al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de permitir el acceso de animales de compañía de apoyo socioemocional o de asistencia psicológica a cualquier establecimiento público o privado, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Selene Ávila Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 19, párrafo primero, fracción V y adiciona una fracción VI a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la fracción II del artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de movilidad de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo sexto del artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para reconocer a la mujer afromexicana en la calidad especial del sujeto pasivo en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo del diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo primero del artículo 1069, el párrafo tercero del artículo 1071 y el párrafo segundo del artículo 1075 y se adiciona una fracción VII al artículo 1068 del Código de Comercio, en materia de notificaciones electrónicas en los juicios mercantiles, a cargo del diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 329, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Aniceto Polanco Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas de Nacionales, en materia de uso y aprovechamiento del agua de lluvia, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento y atención integral de la obesidad, a cargo de la diputada Olegaria Carrazco Macías, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de infraestructura peatonal y seguridad vial, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 201 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Deliamaría González Flandez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 151 de la Ley Agraria y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México..
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de protección y apoyo a madres en centro penitenciarios, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona los artículos 226 Ter y 226 Quater a la Ley General de Salud, en materia de regulación para el despacho de medicamentos controlados, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de renuncia de derechos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 4o., 5o. y 37 de la Ley General de Turismo, con el objeto de apoyar y dar asistencia técnica continua para los destinos que obtengan el reconocimiento de Pueblo Mágico, a cargo del diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal, en materia de abuso sexual a animales, a cargo de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas, a cargo de la diputada Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 248 Bis del Código Penal Federal, en materia de denuncias falsas, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 65 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas de educación socioemocional y de prevención de la violencia, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 133 y 955 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de género en el trabajo, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 33 y 93 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Protección y Bienestar Animal y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la medicina tradicional indígena y afromexicana, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de diversidad sexual, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 159 y 161 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 12 y 115 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y fomento al ahorro, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 4o., 14 y 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, en materia de garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 12 de la Ley General de Educación, con el objeto de impulsar que, en las escuelas de educación básica, cuenten con botiquines de primeros auxilios a fin brindar atención inmediata a niñas, niños y adolescentes, que sufran algún malestar físico o accidente, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 7o. Bis, 14 Bis 5 y 85 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que tiene por objetivo seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto para inscribir con letras de oro en el muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda "8 de marzo, igualdad y justicia para las mujeres", a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Bertha Osorio Ferral, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 8o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carmelo Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para permitir acompañamiento durante el parto, a cargo de la diputada María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el Código Penal Federal, para regular la violencia obstétrica, a cargo de la diputada María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de la separación inmediata del agresor de su domicilio, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de abandono obligatorio del agresor de su domicilio, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo primero del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de abandono obligatorio del agresor de su domicilio, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo primero del artículo 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de abandono obligatorio del agresor de su domicilio, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la estructura del Título V de la Ley de Migración, se crea el registro nacional de personas migrantes detenidas y su sistema de consulta y se modifica el artículo 99, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos y violencia gineco-obstétrica, suscrita por la diputada María Teresa Ealy Díaz y legisladores integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, en materia de acoso y hostigamiento sexual, a cargo de la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, que armoniza con las reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y derechos de pueblos originarios y afromexicanos, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación de edulcorantes artificiales en alimentos y bebidas dirigidos a niñas y niños, a cargo de la diputada Olegaria Carrazco Macías, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Penal Federal, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización de la reforma constitucional para el apoyo a personas con discapacidad, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 80 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de armonización con la reforma constitucional para el apoyo a campesinos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de planes y programas de estudio, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 42 y 84 de la Ley General de Educación, en materia de prohibición de dispositivos electrónicos de uso personal dentro de planteles educativos, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prohibición de fertilizantes químicos, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 9o., 9 Bis y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tipificación de nuevas modalidades en el delito de secuestro, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para fortalecer la prohibición del nepotismo en la administración pública, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 39 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de bombardeo de nubes, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental, suscrita por las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de salud digital, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, para quien cometa el delito de acecho a las mujeres, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley del Seguro Social, en materia de centros de educación y cuidado infantil y primera infancia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento del Golfo de California como mar territorial del Estado Mexicano, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, en materia de reconocimiento del Golfo de California como mar territorial del Estado Mexicano, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el Título Vigésimo del Código Penal Federal, en materia de violencia digital y los delitos derivados del uso de las tecnologías de la comunicación, la información y los sistemas de inteligencia artificial, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 81, 97 y 98 y adiciona un párrafo tercero al artículo 97, de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción VII Bis al artículo 6o. de la Ley General de Víctimas y un Capítulo III, denominado Desplazamiento Forzado que comprende el artículo 287 Bis, al Título Decimoctavo Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas del Código Penal Federal, en materia de desplazamiento forzado, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de acceso y participación de mujeres a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 17, 47 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de la educación inclusiva, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidado, atención y desarrollo infantil a través de estancias infantiles, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, para establecer las escuelas de tiempo completo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 25 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de productividad legislativa, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de uso de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y uso de redes sociales en niveles de educación básica y media, en instituciones educativas públicas y privadas, a cargo de las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, que tiene por objeto otorgar dos días de licencia a las mujeres trabajadoras menstruantes, con goce de sueldo, a cargo de la diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía de subsistencia, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas sociales, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de derechos laborales de personas menstruantes, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo de las diputadas Ivonne Aracelly Ortega Pacheco y Amancay González Franco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, en materia enfermería, a cargo de la diputada Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 25, 27 y 208 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incluir la salud visual como una acción prioritaria dentro del programa sectorial de salud 2025-2030, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Coahuila, a dar seguimiento a la construcción "Par Vial en Frontera", a cargo de la diputada Olga Lidia Herrera Natividad, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SICT, a considerar con la concesionaria Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. la reducción del costo de las casetas de peaje de la autopista Mitla -Tehuantepec, en Oaxaca, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a legislar en materia de feminicidio en grado de tentativa, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta la CRE, a la Cofepris y a la Semarnat, a atender la creciente problemática de contaminación ambiental a causa de los altos niveles de ozono provocados por la mala calidad de las gasolinas en la zona metropolitana de Monterrey, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
INTERVENCIÓN DESDE LA TRIBUNA EN LENGUA INDÍGENA
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Honorable asamblea, con la finalidad de impulsar y preservar el uso de las lenguas indígenas nacionales, la Cámara de Diputados en sus sesiones de pleno otorga la palabra a un hablante de lengua originaria.
En esta ocasión se otorga el uso de la palabra a la ciudadana Xóchitl Estrella Isidro Tenorio, quien nos dirigirá un mensaje en lengua náhuatl, hasta por cinco minutos.
La ciudadana Xóchitl Estrella Isidro Tenorio (Habla en náhuatl). Mi nombre es Xóchitl Estrella Isidro Tenorio. Agradezco la invitación y el espacio que me brindan. Considero que soy muy afortunada de estar aquí y de estar hablándoles en lengua náhuatl.
Desde pequeña, mis padres me hablaban de las culturas que existían y que conocían. Empezaban diciéndome que había otras formas de comunicarse y que el español era una de tantas. Al principio, no lo entendía, pero siempre veía a mi familia hablando de otra manera, que me iban enseñando con gestos.
Mi experiencia con la lengua ha sido diferente, ya que he pasado de vivir en una ciudad a vivir en un pueblo, y volver nuevamente a la ciudad. Llegar a vivir a una comunidad es totalmente distinto, tienes que empezar de cero, como si fueras a aprender a hablar. Al principio es complicado y, hasta cierto punto, vergonzoso, porque eres una persona que va comenzando cuando los demás ya están un paso delante de ti.
Te miran extraño, porque eres una persona nueva que se va integrando a su cultura y tradiciones, pero es parte de lo que se va aprendiendo y, cuando empiezas a dominarlo, es muy satisfactorio poder entender a las personas mayores e identificarte con una cultura y conocer las raíces a las cuales perteneces, porque viene de generaciones atrás, como la de mis padres.
Conforme vas creciendo, conoces y ves otras culturas, porque México se ha distinguido por ser un país diverso en cultura y tradiciones. La náhuatl es una de ellas y, poco a poco, la vas reconociendo en los diferentes eventos y lugares de la ciudad y de las comunidades, por la vestimenta, la comida, la lengua, los rasgos de las personas e, incluso, en las marcas que ya se han dado a conocer y van saliendo de las mismas personas en diferentes negocios. Todo lo vamos identificando porque forma parte del entorno en el cual vivimos.
Nunca es tarde para aprender algo nuevo, en este caso, sobre las culturas y las lenguas. Muchos jóvenes, como yo, estamos orgullosos de poder identificarnos y de saber una o varias lenguas. Sé que cree que nos da vergüenza, pero la verdad es que no sabemos con quién más, aparte de nuestra familia, poder practicarla.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: (Habla en náhuatl). Xóchitl Estrella Isidro Tenorio. Gracias por su presencia, compañera Xóchitl.
MINUTO DE SILENCIO
EN MEMORIA DE OMAR ESPINOSA ROMO, ASESOR LEGISLATIVO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA LXIII LEGISLATURA
El diputado Pablo Vázquez Ahued(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Diputado Pablo Vázquez Ahued, ¿con qué objeto está pidiendo la palabra?
El diputado Pablo Vázquez Ahued (desde la curul): Gracias, presidenta. Para solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento de Omar Espinosa Romo, servidor público mexicano, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anteriormente en la representación del estado de Jalisco aquí en la Ciudad de México y asesor legislativo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano durante la LXIII Legislatura en esta Cámara de Diputados, donde fue compañero de muchas y muchos de nosotros. Por favor.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se concede el minuto de silencio. Les pedimos ponerse de pie.
(Minuto de silencio)
Gracias.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones matutina y vespertina del 4 de marzo del año en curso.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de las actas de las sesiones matutina y vespertina del 4 de marzo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura de las actas.
«Acta de la sesión matutina en modalidad presencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de marzo de dos mil veinticinco, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Apertura de la sesión.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados, a las doce horas con veintiocho minutos del martes cuatro de marzo de dos mil veinticinco, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules de las y los legisladores, mismo que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.
Minuto de silencio, y de aplausos, por el fallecimiento de la exdiputada Norma Angélica Aceves García.
Desde su curul, interviene el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar un minuto de silencio y a su vez un minuto de aplausos en memoria de Norma Angélica Aceves García, quien fuera diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, fallecida el pasado domingo. La Presidencia concede la solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Se guarda un minuto de silencio).
Posteriormente, se otorga un minuto de aplausos.
(Se otorga un momento de aplausos).
Desde su curul, interviene la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, vicecoordinadora del Partido Acción Nacional, para expresar sus condolencias y solidaridad a familiares y amigos de la exdiputada Norma Angélica Aceves García.
Intervención desde la tribuna en lengua indígena.
En el marco de la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, se concede el uso de la Tribuna, a la ciudadana Nadia López García, de Morena, hablante de lengua Tu´un Savi/Mixteco.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
La Presidencia, de conformidad con lo establecido en el artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
En votación económica, se dispensa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueba.
Comunicaciones.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la diputada y del diputado, por las que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, a saber:
• María del Rosario Orozco Caballero, de Morena, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada; y
• Daniel Murguía Lardizábal, de Morena, que reforma y adiciona los artículos dieciséis, y veinte de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
Recepción del Plan Nacional de Desarrollo dos mil veinticinco-dos mil treinta.
La Presidencia informa a la Asamblea que, el pasado veintiocho de febrero del año en curso, se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Plan Nacional de Desarrollo dos mil veinticinco-dos mil treinta. Por lo que, se instruyó su publicación en la Gaceta Parlamentaria, y se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, para opinión.
Se continúa con comunicaciones.
b) De la Cámara de Senadores, por la que remite las siguientes minutas con proyecto de decreto:
• Por el que se expiden la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia; y la Ley de la Comisión Nacional de Energía; se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
• Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo diecinueve y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo cuarenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de la Soberanía Nacional. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Seguridad Ciudadana, para dictamen.
Declaratoria de publicidad de dictamen.
La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, ochenta y dos, ciento quince, ciento dieciséis, y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo electoral.
En términos del artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad.
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo.
La Presidencia informa a la Asamblea que, en términos de los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Clausura de la sesión.
La Presidencia levanta la sesión a las doce horas con cuarenta y dos minutos, del martes cuatro de marzo del año en curso, y solicita a la Asamblea permanecer en sus lugares, para continuar con la sesión ordinaria vespertina programada para el día de hoy, en modalidad presencial. Precisando que el registro de asistencia se encuentra disponible desde este momento, por medio de la aplicación instalada en las tabletas de las curules de las y los legisladores.»
–––––––– o ––––––––
«Acta de la sesión vespertina en modalidad presencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de marzo de dos mil veinticinco, correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Sexta Legislatura.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Apertura de la sesión.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y seis diputadas y diputados, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del martes cuatro de marzo de dos mil veinticinco, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas instaladas en las curules, mismo que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.
Comunicaciones.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la Junta de Coordinación Política, por la que informa la designación de diputadas y diputado del Grupo Parlamentario de Morena, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese.
b) De la Secretaría de Gobernación, por las que remite los siguientes asuntos:
• El Informe correspondiente de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos durante el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
• Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de dos mil veinticuatro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.
c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de dos mil veinticinco; asimismo, envía la información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de enero de dos mil veinticuatro; y la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de enero de dos mil veinticinco. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
d) Del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la que remite el cuarto Informe trimestral dos mil veinticuatro, sobre la composición y situación financiera de sus inversiones. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
Discusión de dictamen.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, ochenta y dos, ciento quince, ciento dieciséis, y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo electoral.
La Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen en nombre de las comisiones al diputado Víctor Hugo Lobo Román.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento veintidós, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva, a la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se toma en consideración y se desecha.
La Presidencia, de conformidad a lo que establece el artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción cuarta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concede el uso de la palabra para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios, a las diputadas y diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, y Gibrán Ramírez Reyes, ambos de Movimiento Ciudadano; Abigail Arredondo Ramos, César Alejandro Domínguez Domínguez, y Nadia Navarro Acevedo, todos del Partido Revolucionario Institucional; Lilia Aguilar Gil, Irma Yordana Garay Loredo, y María Isidra de la Luz Rivas, todos del Partido del Trabajo; Ricardo Astudillo Suárez, Ruth Maricela Silva Andraca, y José Luis Fernández Martínez, todos del Partido Verde Ecologista de México; Armando Tejeda Cid, y Paulina Rubio Fernández, ambos del Partido Acción Nacional; Gabriela Georgina Jiménez Godoy, y José Alejandro Peña Villa, ambos de Morena.
La Presidencia informa a la Asamblea que, con la intervención del diputado Peña Villa, ha terminado el plazo para el registro de reservas del dictamen a discusión.
Discusión en lo general.
Se somete a discusión en lo general y en términos del artículo ciento cuatro, numeral uno, fracción quinta, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concede el uso de la palabra, a las diputadas y los diputados, para hablar en pro: Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano;
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional; Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo; Juan Luis Carrillo Soberanis, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional; y Favio Castellanos Polanco, de Morena.
No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general.
Desde su curul, interviene el diputado José Alejandro López Sánchez, del Partido del Trabajo, para rectificación de hechos.
La Presidencia informa a la Asamblea que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento nueve del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, ochenta y dos, ciento quince, ciento dieciséis, y ciento veintidós del proyecto de decreto, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico para el registro de votación, hasta por diez minutos, para que las diputadas y diputados, procedan a la votación, en lo general y en lo particular, de lo no reservado.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos setenta y siete votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, lo no reservado. Se declara la mayoría calificada.
En la discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra, para presentar propuestas de modificación, a las diputadas y diputados:
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
• Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, interviene el diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de orden.
• Silvia Patricia Jiménez Delgado, del Partido Acción Nacional.
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del Partido Revolucionario Institucional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Diana Karina Barreras Samaniego, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• David Alejandro Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Francisco Javier Farías Bailón, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Laura Cristina Márquez Alcalá, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
• Gildardo Pérez Gabino, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• José Mario Íñiguez Franco, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Amarante Gonzalo Gómez Alarcón, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Noemí Berenice Luna Ayala, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Ernesto Sánchez Rodríguez, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• María Isabel Rodríguez Heredia, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Paola Michell Longoria López, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Flor de María Esponda Torres, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Emilio Lara Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• Juan Armando Ruiz Hernández, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
La Presidencia informa a la Asamblea que la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• José Gloria López, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, quien solicita que su participación sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
La Presidencia informa a la Asamblea que la diputada Laura Hernández García, de Movimiento Ciudadano, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• Carmen Rocío González Alonso, del Partido Acción Nacional.
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
La Presidencia informa a la Asamblea que los diputados: Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; y Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, declinan su participación para presentar propuestas de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de las mismas en el Diario de los Debates.
• Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
Desde su curul, interviene la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para realizar moción de orden.
• Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, de Movimiento Ciudadano, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• Francisco Javier Sánchez Cervantes, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
La Presidencia informa a la Asamblea que la diputada y los diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sergio Gil Rullán, y Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, todos de Movimiento Ciudadano; y Arturo Yáñez Cuéllar, del Partido Revolucionario Institucional, declinan su participación para presentar propuestas de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de las mismas en el Diario de los Debates.
• Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Raúl Lozano Caballero, de Movimiento Ciudadano, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• José Luis Téllez Marín, del Partido del Trabajo, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
Desde su curul, intervienen las diputadas: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, para responder alusiones personales; y Paulina Rubio Fernández, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de orden.
La Presidencia informa a la Asamblea que el diputado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, de Movimiento Ciudadano, declina su participación para presentar propuesta de modificación, e instruye se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates.
• Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
En votación económica, no se admite a discusión, y se desecha.
• Raymundo Vázquez Conchas, de Morena, quien, durante el uso de la palabra, solicita que su propuesta de modificación sea retirada.
No habiendo más oradores registrados, la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico de votación, hasta por diez minutos, para que las diputadas y diputados procedan a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.
En votación nominal, por mayoría calificada de cuatrocientos treinta y dos votos a favor, veintiocho en contra, y cuatro abstenciones, se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que por el que se reforman y adicionan los artículos cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, ochenta y dos, ciento quince, ciento dieciséis, y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo electoral. Pasa a las legislaturas de los estados, y de la Ciudad de México, para los efectos del artículo ciento treinta y cinco constitucional.
Comunicación de la Secretaría de Gobernación.
La Presidencia instruye a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el oficio de la Secretaría de Gobernación, por la que la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, somete a la ratificación de la Cámara de Diputados, el nombramiento de los ciudadanos Carlos Gabriel Lerma Cotera, como subsecretario de Ingresos, y de Roberto Carlos Fernández González, como tesorero de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de empleados superiores de Hacienda. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Acuerdos de órganos de gobierno.
La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes Acuerdos a saber:
• De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al proceso de discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo dos mil veinticinco-dos mil treinta.
• De la Junta de Coordinación Política, para celebrar una Sesión Solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer.
En votación económica, se aprueban. Comuníquese.
Clausura de la sesión.
La Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos y cita para la sesión solemne con motivo del "Día Internacional de la Mujer", que tendrá lugar, el día de mañana miércoles cinco de marzo de dos mil veinticinco, a las doce horas, e informa a la Asamblea que, al término de ésta, se celebrará sesión ordinaria, ambas en modalidad semipresencial, precisando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las diez horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles y en las tabletas de las curules de las y los legisladores.»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias. Continuamos. Consulte la Secretaría si son de aprobarse las actas de las sesiones anteriores.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban las actas de las sesiones anteriores. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Aprobadas las actas.
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Se recibió la solicitud de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, para retirar iniciativa con proyecto de decreto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXVI Legislatura.– Soberanía y Justicia Social.
Diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Quien suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de la siguiente iniciativa:
• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
La iniciativa de mérito fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y publicada en la Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6667-II-4, el 26 de noviembre de 2024.
Lo anterior, con la finalidad de abundar más en el tema y la mejora de dicho proyecto legislativo.
Agradeciendo su valioso apoyo y distinguida atención, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2025.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
Continúe la Secretaría.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Informe anual de concesiones otorgadas sobre inmuebles federales correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31, fracciones I y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito acompañar el informe anual de las concesiones otorgadas sobre inmuebles federales, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. el cual fue remitido a esta Dependencia Federal por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio número DGAPIF/DGUI/SGUAI/0344/2025, signado por la maestra Gabriela Guerrero Aguilar, directora general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, recibido el día de hoy.
Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 72, último párrafo, de la Ley General de Bienes Nacionales.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2025.– Juan Ramiro Robledo Ruiz (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Se recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria correspondiente a 2024.
«Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura.– Presente.
En el marco de lo establecido en los artículos 1, 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 6, fracción XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 9, segundo párrafo, del Reglamento Interno que rige su actuación, se hace de su conocimiento que se emitió el “Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria”, correspondiente al año 2024.
Por lo anterior, se envía a usted los resultados obtenidos, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país.
https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/mar/Cndh_Dnsp-202503 05.pdf
https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/mar/Cndh_VotoPP-2025 0305.pdf
Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2025.– Maestra Ma. Rosario Piedra Ibarra (rúbrica), presidenta.»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: El siguiente punto del orden del día es el capítulo de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de derechos laborales de personas menstruantes. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Este mes, más que una celebración, debe ser momento de reflexión en nuestro país sobre el papel que jugamos las mujeres en la vida de nuestra sociedad. Hablar de México es hablar necesariamente del esfuerzo y amor que le dedican día a día las mujeres a su patria, al crecimiento de cultura, enseñanza, estudio y emprendimiento.
Hablar de la mujer no solo es hablar desde el punto de vista de la crianza, del amor y de la familia, es también hablar del trabajo, de la innovación y capacidad para construir un mejor futuro desde el trabajo, el empeño y el esfuerzo.
A nombre de nuestra coordinadora Ivonne Ortega y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentamos la siguiente iniciativa que tiene como espíritu el hacer honor al esfuerzo de las mujeres trabajadoras mexicanas. Que no solo son el pilar en casa y en su familia, son también el pilar para nuestra economía. En México, según datos del Inabif, en el año 2023 el 51.7 por ciento de la población son mujeres, eso se traduce en 67 millones a lo largo y ancho de todo nuestro país.
Las mujeres, cada mes, como un proceso natural del cuerpo, pasan por el periodo de menstruación. De acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México, realizado por la Unicef y Menstruación digna mexicana, hay una estimación basada en adolescentes, mujeres adultas y otras personas menstruantes en el rango de edad de 12 a 70 años, que da un total de 40 millones de personas menstruantes y representa el 31 por ciento de la población de nuestro país.
Es durante este periodo de menstruación que las mujeres usualmente sufren o sufrimos diferentes dolores y afectaciones que pueden llegar a afectar su ritmo cotidiano e imposibilitar ciertas labores en su trabajo.
Es desde la conciencia de esa naturaleza y por un auténtico derecho y progresividad en los derechos laborales de las mujeres en nuestro país, que el propósito de esta iniciativa es garantizar a las mujeres de nuestro México la salud menstrual, dándoles el legítimo derecho laboral para que ante la imposibilidad de llevar a cabo en una buena condición sus tareas laborales durante su jornada de trabajo, tengan la posibilidad por ley de gozar de un permiso para poder ausentarse de su trabajo hasta por tres días, esto cabe aclarar, durante cada ciclo menstrual.
Todo lo anterior, siempre en estricto respeto a su salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido, esto para personas trabajadoras, tanto para el sector público, para el sector privado.
Y es que el trato en la salud menstrual es un tema de garantizar los derechos humanos, por lo que necesariamente, en esta iniciativa estamos hablando de la dignidad humana.
Actualmente, en nuestro país no existe facilidad ni la promoción a gran escala de algún programa de salud destinado a este fin, o inclusive, a llevar a cabo una tarea de investigación o recopilación de datos a nivel nacional de manera precisa y que nos ayude de manera determinante a la creación de una política pública.
Desde Movimiento Ciudadano buscamos garantizar los derechos para todas y por un México más justo y más consciente sobre la salud de las mujeres y las trabajadoras.
Y, no quiero terminar de expresar el día de hoy la importancia en el marco del 8 de marzo. Quiero expresar que no podemos quedar como un derecho positivo, sino que tenemos que hacer de las reformas un derecho vigente. Tenemos que pasar desde la creación de una iniciativa que verdaderamente se traduzca a una realidad de la ciudadanía.
Actualmente, en esta Cámara somos 200, y escúchese bien, 251 mujeres diputadas, no podemos quedar únicamente en el acto de reformas, tenemos que ser agentes de acción, de transformación más allá de este recinto, de acompañar a las mujeres que necesitan hoy un verdadero Estado de derecho, un verdadero cambio en su realidad y en su entorno.
No podemos decir que las mujeres estamos tomando decisiones, cuando en la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, una Junta tan importante en la toma de decisiones en esta Cámara, hay tan solo una mujer coordinadora y dos vicecoordinadoras. Entonces, ¿quién está tomando realmente las decisiones?
El camino, el camino de la mujer por su reconocimiento, por atropellar absurdos y retrógrados estereotipos, ha sido largo y no ha sido fácil. Han sido muchas las mujeres que han dado su vida por esta lucha, esta lucha que ha derivado el día de hoy en que nosotras tengamos voz en esta tribuna, para que su servidora el día de hoy tenga la voz y poder hablar de nuestra realidad.
Hoy, tenemos voz y somos mayoría en esta tribuna de la Cámara de Diputados, pero tenemos que hacer de esta voz las decisiones que verdaderamente se vean reflejadas en las acciones en beneficio de las mujeres mexicanas. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de derechos laborales de personas menstruantes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, con base a los siguiente
Exposición de MotivosLa menstruación es un proceso biológico natural e inevitable que ocurre de forma cíclica en el cuerpo de una persona con útero. Este proceso es fundamental para la reproducción y, en consecuencia, para la continuidad de la vida.
La menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte de un ciclo, generalmente, mensual. Todos los meses, el cuerpo de las personas con útero se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento y se produce la sangre menstrual, la cual sale del cuerpo a través de la vagina. Esta sangre es parte sangre y parte tejido del interior del útero.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2023, aproximadamente 51.7 por ciento de la población son mujeres. Esto significa que de los 129.5 millones de personas estimadas que viven en el país, alrededor de 67 millones podrían menstruar.
Sin embargo, no todas estas mujeres menstrúan, algunas están por debajo de la edad de la pubertad o por encima de la menopausia, y otras pueden no menstruar debido a diversas razones de salud o por el uso de métodos anticonceptivos. También se debe de especificar que no todas las personas menstruantes son mujeres; por esto, es importante adoptar el término “personas menstruantes” para referirse en términos genéricos a las personas que menstrúan.
De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Essity y Menstruación Digna México, hay una estimación basada en adolescentes, mujeres adultas y otras personas menstruantes en el rango de edad de 12 a 70 años, que da un total de 40 millones de personas menstruantes y representa 31 por ciento de la población del país.
Cabe señalar que la mayoría de las mujeres que menstrúan sufren algún tipo de malestar físico o emocional, conocido como síndrome premenstrual (SPM), este no sólo suele presentarse como un dolor abdominal constante, sino que puede implicar muchas consecuencias físicas tales como hinchazón, náuseas, diarrea, fatiga, ansiedad, insomnio, sensibilidad, depresión, entre otros.
Para algunas personas menstruantes, estos síntomas son tan graves que les impiden llevar a cabo sus actividades de manera normal, obligándolas a faltar al trabajo o a la escuela. En estos casos, cuando los síntomas son incapacitantes, suele considerarse como un trastorno disfórico premenstrual.
Otro diagnóstico común es la dismenorrea, también conocida como cólicos o periodos menstruales dolorosos. Dicho padecimiento se presenta a menudo en forma de dolor pélvico, abdominal o de espalda. En algunos casos, este dolor puede ser debilitante, una dismenorrea incapacitante afecta significativamente la calidad de vida y las actividades diarias.
Si bien la dismenorrea es tratada con fármacos, especialmente analgésicos, también se recomienda tratamientos no farmacológicos, como reposo, técnicas de relajación para el manejo del dolor y apoyo psicológico, esto de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El tratamiento y atención a la salud menstrual es esencial para garantizar los derechos humanos de las personas menstruantes, lo cual está intrínsecamente relacionado con la dignidad humana. Sin embargo, en México, ninguno de los principales programas sanitarios ha realizado estudios relacionados con las necesidades de las mujeres o de las personas menstruantes durante la menstruación, pues no existe un interés real de abordar la problemática.
La menstruación y, sobre todo, la menstruación digna implica diferentes derechos humanos tales como la salud, la educación, la igualdad de género, e incluso los derechos laborales.
Reconocer esta situación y contar con un marco normativo que permita a las personas con vivencias menstruales garantizar sus derechos es fundamental dentro de un país protector y garante de los derechos humanos.
En este sentido, resulta evidente que dichas afectaciones a la salud están directamente relacionadas con el desempeño de las personas menstruantes en su vida familiar, social y sobre todo laboral. Sin embargo, en esta última esfera —la laboral—, donde debería existir mayor desensibilización, es donde se vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas, pues los centros laborales no atiendan de forma prioritaria las necesidades de las personas menstruantes.
En el ámbito laboral, que es a lo que esta iniciativa corresponde, se debe de asegurar el mayor bienestar posible para las personas menstruantes, por ello, debe garantizarse la posibilidad de ausentarse de su espacio laboral en los casos de dismenorrea o cólicos durante el periodo menstrual, sin que ello perjudique su salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido. Esto es parte de abonar a la construcción de derechos, partiendo de la importancia de implementar medidas que tengan como finalidad reconceptualizar la manera en la que se piensa y se vive la experiencia menstrual.
Esta licencia menstrual, que se ilustra en la presente, no es un tema nuevo, por el contrario, se ha convertido en una necesidad internacional que muchos países han puesto en marcha en su sistema legislativo.
En Japón, por ejemplo, desde 1947 en su legislación existe la figura de dispensa menstrual, por lo que las empresas no pueden obligar a una empleada a trabajar si pide estar “de baja por menstruación”, esto sin un límite de días. Por su parte, Corea del Sur otorga un día al mes en los casos de padecimientos menstruales y una multa a las empresas que incumplan con esta prestación. Otro caso es el de Indonesia, que contempla la baja por ciclo menstrual y sólo con un aviso al patrón.
Los datos anteriores demuestran que el reconocimiento a derechos laborales de personas menstruantes debe de dejar de considerarse en nuestro país como un privilegio y debe de convertirse en un derecho que sea contemplado por la propia ley de la materia.
Para lograr lo anteriormente mencionado, se propone reformas a disposiciones en materia laboral, como son la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el fin de que se establezca el derecho a un permiso de hasta tres días laborales con goce de sueldo para las personas con vivencias menstruales que así lo requieran.
A continuación, se agrega un cuadro comparativo de la propuesta de reforma:
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de derechos laborales de personas menstruantes
Primero. Se reforma el artículo 63 y se adiciona una fracción al artículo 132, ambos de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 63. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral, las personas trabajadoras menstruantes gozarán de permiso para ausentarse hasta por 3 días durante cada ciclo menstrual, sin que esto afecte su salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido.
Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:
I. a XXVII Bis. ...
XXVII Ter. Otorgar a las personas menstruantes, permiso de descanso hasta de 3 días por cada ciclo menstrual, cuando su periodo menstrual les impida llevar a cabo su jornada laboral.
XXVIII. a XXIII. ...
Segundo. Se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 28 Bis. En el caso de las personas menstruantes y ante la imposibilidad de llevar a cabo su jornada laboral, gozarán de permiso para ausentarse hasta por 3 días durante cada ciclo menstrual, sin que esto afecte su salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, bonos, incentivos u otro derecho laboral adquirido.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Menstruación: MedlinePlus en español
2 Información Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ ENADID/ENADID2023.pdf?form=MG0AV3
3 Idem
4 Información disponible en:
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/unicef-essity-y -menstruaci por cientoC3 por cientoB3n-digna-m por cientoC3 por cientoA9xico-presentan-resultados-de-la-primera?form=MG0AV3
5 Información disponible en:
https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/premenstrual-s yndrome/symptoms-causes/syc-20376780?form=MG0AV3
6 Diagnóstico y Tratamiento de Dismenorrea en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención, Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS-183-09.
7 Idem.
8 Información Disponible en:
https://expansion.mx/mundo/2023/04/10/paises-con-licencia-menstr ual
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.– Diputadas y diputados: Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Raúl Lozano Caballero, Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, Francisco Javier Farías Bailón, Laura Irais Ballesteros Mancilla, María de Fátima García León, Amancay González Franco, Laura Hernández García, Paola Michell Longoria López, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, Patricia Mercado Castro, Anayeli Muñoz Moreno, Hugo Manuel Luna Vázquez, Gildardo Pérez Gabino, Gibrán Ramírez Reyes, Irais Virginia Reyes de la Torre, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Miguel Ángel Sánchez Rivera, Pablo Vázquez Ahued, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Juan Armando Ruiz Hernández, Patricia Flores Elizondo, Sergio Gil Rullán, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbricas).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a deportistas representantes de la Escuela de Artes Marciales Lima Lama Maori Steam, invitados por la diputada Martha Amalia Moya Bastón, de Naucalpan, Estado de México. Cabe mencionar, que estos jóvenes deportistas tienen competencias a nivel nacional, estatal e internacional y muy pronto estarán representándonos compitiendo en Toronto, Canadá, Guatemala y Hungría, en los meses de abril y octubre del 2025. Sean todos ustedes bienvenidos. Les deseamos el mayor de los éxitos y pues esta es su casa.
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA LEYENDA: 8 DE MARZO, IGUALDAD Y JUSTICIA PARA LAS MUJERES
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda: 8 de marzo igualdad y justicia para las mujeres.
La diputada Xitlalic Ceja García:Muchísimas gracias. Y con su venia, presidenta. Colocar con letras de oro la leyenda: 8 de marzo, igualdad y justicia para las mujeres, es un acto de justicia. A las millones de valientes que han luchado por la igualdad y la justicia, esta iniciativa es un acto de justicia para las millones de víctimas de violencia, pero también para sus familias.
Este es un acto de voz y reconocimiento por quienes lucharon para que hoy podamos hablar de paridad y estemos aquí presentes. Este recinto ha sido testigo de las decisiones que han marcado la historia de nuestro país.
En el muro de honor figuran los nombres de personajes y momentos históricos de nuestro México, desde los héroes de la Independencia, precursores de la democracia hasta frases conmemorativas, pero falta una deuda por saldar, reconocer la lucha e igualdad de las mujeres en este espacio de honor.
Es una forma de reconocer que las mujeres han sido pieza clave en la historia de México y que la lucha sigue vigente. Cada vez que una legisladora o legislador, una visitante, una niña vea esa frase en el muro de honor, recordará que aquí en este Congreso se alzó la voz por la justicia y por la igualdad.
Si hemos reconocido el esfuerzo de instituciones, personajes que han marcado nuestra historia, por qué no reconocer a la igualdad de las mujeres.
Hoy, es el momento para trascender más allá de los colores y partidos políticos. Hoy, es el momento para que las mujeres mexicanas seamos reconocidas, no solamente en el discurso y en las palabras, que quede estampada esta leyenda, es más que un acto de justicia, es lograr visibilizar esta lucha que continúa y que con mayor razón hoy tenemos el compromiso, quienes estamos aquí, en esta Cámara, de tener logros importantes y sustanciales y uno de ellos es esta iniciativa que pongo a consideración de todas y todos para que puedan suscribirla este día.
Quienes voten a favor de esta iniciativa estarán enviando un mensaje claro que la lucha de las mujeres es una lucha de todas y todos, que la justicia no tiene banderas.
Inscribir esta frase: 8 de marzo, igualdad y justicia para las mujeres, en letras de oro, enviará un mensaje poderoso para que las mujeres de México sepan que no están solas y que este Congreso las tiene no solamente en los discursos en esta tribuna, las tiene claramente posicionadas en esta que es la máxima tribuna de este país.
Hagamos que el muro de honor refleje el compromiso de este Poder Legislativo con la igualdad y con la justicia, que cuando nuestras hijas y nietas caminen en estos pasillos vean en estas letras un símbolo de resistencia, de memoria y de cambio.
Esta iniciativa la presento en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, que debe representar más allá de marchas, más allá de actividades que realizan en todos los grupos parlamentarios, debe ser un acto de consideración muy objetiva de todos los retos que estamos aún por enfrentar.
Este marco del 8 de marzo invita más allá de la reflexión a la acción y que más allá de prepararse con vayas para quienes van a marchar el 8 de marzo se presenten puentes, se presenten realmente condiciones de justicia para millones de familias que hoy exigen justicia por todas aquellas víctimas, por todas aquellas desaparecidas, por todos aquellos huérfanos, por todas aquellas familias que hoy anhelan justicia y están ávidos de respuestas de un gobierno que dé realmente la importancia a lo que hoy esta sucediendo en ese país.
Por eso es que presento esta iniciativa y hago nuevamente este llamado para que todas y todos mis compañeros legisladores de todos los grupos parlamentarios puedan suscribirla y enviar este mensaje poderoso a todas las mujeres de nuestra gran nación.
Por las que ya no están, por las que siguen luchando, por las que vendrán, por la igualdad, por la justicia, por ti, por mí, por todas. México no solo es una. Vamos, mujeres. Estemos unidas, mexicanas. Estemos unidos, mexicanos. Que viva México, pero que viva México libre de violencia en contra de las mujeres. Es cuanto. Muchísimas gracias.
«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “8 de marzo, igualdad y justicia para las mujeres”, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita Xitlalic Ceja García, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda de “8 de Marzo, Igualdad y Justicia para las Mujeres”, con base en la siguiente
Exposición de MotivosDesde la creación de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945 y con el objetivo de fomentar la colaboración internacional después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas en diversos documentos han establecido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, entre sus objetivos, se incluye el fomento y desarrollo de las libertades esenciales de todas y todos, sin hacer diferencias por raza, género, lengua o creencia religiosa. Casi a un año más tarde, en el transcurso de las primeras sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Londres, Reino Unido, Frieda Dalen de Noruega se transforma en la primera mujer delegada en intervenir, mientras que Eleanor Roosevelt de Estados Unidos de América pronuncia su famosa “carta abierta a las mujeres del mundo” en la que las exhorta a involucrarse más en cuestiones nacionales e internacionales.
Para 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer, la ONU inicia la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece esa fecha de manera oficial. De igual modo en México se lleva a cabo la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, desde el 19 de junio hasta el 2 de julio de 1975.
Como se ha mencionado, las mujeres mexicanas han luchado incansablemente por el reconocimiento de sus derechos a lo largo de nuestra historia; basta como muestra las mujeres independentistas y revolucionarias, así como las primeras sufragistas que datan desde 1916, con el propósito de lograr sus derechos políticos electorales que tuvieron frutos hasta 1953, así como la primera diputada federal el 4 de julio de 1954; hasta las actuales legisladoras, activistas y ciudadanas que exigen el cumplimiento efectivo de sus derechos igualdad y justicia. Esto es un claro ejemplo que la historia ha estado marcada por la resistencia y la organización de las mujeres.
A pesar de que en la “LXV Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad” se logró la paridad de género, así como en la actual legislatura de la Cámara de Diputados y de que por primera vez en la historia de México una mujer ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, la realidad para millones de mujeres mexicanas está lejos de reflejar justicia e igualdad plena. Las cifras de violencia de género, la brecha salarial y la desigualdad en el acceso a oportunidades continúan demostrando que el camino a recorrer es largo, esto se demuestra con las siguientes estadísticas del 2023 proporcionadas por el Inegi.
En México, las mujeres representan el 52.0 por ciento de la población total, con 67.0 millones. A pesar de ser mayoría, la distribución por entidades federativas refleja diferencias significativas; esta diferencia demográfica influye en las necesidades de políticas públicas específicas para atender las brechas de género.
Por otra parte, la inserción de las mujeres en el ámbito laboral ha crecido paulatinamente, pasando de 39.9 por ciento en 2008 a 41.3 por ciento en 2018. Sin embargo, su presencia sigue siendo menor que la de los hombres, y sectores como el de los servicios privados no financieros y el comercio concentran la mayor parte del empleo femenino. A pesar de este avance, persisten desigualdades estructurales en la ocupación y en las condiciones laborales.
Desafortunadamente durante la pandemia por Covd-19, la crisis económica afectó de manera desproporcionada a las mujeres. La tasa de desocupación femenina alcanzó su punto más alto en el tercer trimestre de 2020 con 4.8 por ciento, reflejando la vulnerabilidad de las mujeres en el mercado laboral.
Algo semejante ocurre con el 56.1 por ciento de las mujeres durante el 2022 se encontraba en empleos informales, sin acceso a seguridad social ni derechos laborales plenos; por consiguiente, este fenómeno las deja en una situación de vulnerabilidad económica y limita su acceso a servicios de salud y pensiones.
Al mismo tiempo y a pesar de su creciente participación en el mercado laboral, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en puestos similares. La brecha salarial persiste debido a la segregación ocupacional, la falta de oportunidades de ascenso y la discriminación estructural que impide su acceso a mejores condiciones laborales. De manera análoga el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo mayormente en las mujeres, limitando sus oportunidades de desarrollo económico y social.
En cuanto a la deserción educativa los datos mencionan que entre 1990 y 2020, la asistencia escolar de niñas y adolescentes aumentó significativamente, pasando de 74.7 por ciento a 89.4 por ciento en el grupo de 5 a 17 años. Y para el nivel de educación media superior y superior, el porcentaje de mujeres de 15 años y más con estudios en estos niveles creció de 21.3 por ciento en 1990 a 44.9 por ciento en 2020. Pero esto no significa que el hecho de asistir a los planteles escolares asegura una buena calidad educativa y de desarrollo.
En definitiva, la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío pendiente, alarmante y sumamente urgente. A pesar de los esfuerzos por fortalecer el marco legal y promover políticas públicas orientadas a su protección, millones de mujeres continúan enfrentando situaciones de riesgo que atentan contra su dignidad, seguridad y desarrollo. La violencia de género no solo es un problema individual, sino una crisis estructural que refleja desigualdades históricas y requiere de un compromiso firme por parte de la sociedad y las instituciones para garantizar un entorno seguro y justo para todas las mujeres especialmente quienes viven en condiciones altamente vulnerables, conforme a los datos que en 2024 el Inegi presenta:
El siguiente ejemplo sirve para visibilizar que las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de vulnerabilidad agravadas por la falta de un enfoque de género en las políticas penitenciarias. En 2021, el 29.9 por ciento de ellas reportó haber sido amenazada con hacerle daño a su familia tras su detención, y 27.5 por ciento fue presionada para denunciar a alguien. Además, 15.5 por ciento sufrió acoso sexual, manoseo o intento de violación, una cifra cinco veces mayor que la de los hombres en reclusión.
Por otro lado, el maltrato a las mujeres de 60 años y más es una problemática poco visibilizada. Según la ENDIREH 2021, 14.6 por ciento de ellas sufrió algún tipo de violencia en los doce meses previos, principalmente psicológica (13.0 por ciento), económica (4.7 por ciento) y física (1.5 por ciento). Entre las agresiones más frecuentes destacan el abandono (3.7 por ciento) y el trato ofensivo o humillante (3.2 por ciento).
Al mismo tiempo las mujeres con discapacidad enfrentan violencia en mayor proporción que aquellas sin esta condición. 75.1 por ciento de las mujeres con limitaciones reportó haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida, mientras que el 72.6 por ciento de las que tienen discapacidad también lo experimentó. Es necesario recalcar que, en el ámbito escolar, 31.7 por ciento de las mujeres con discapacidad enfrentaron violencia, en comparación con 17.5 por ciento de aquellas sin discapacidad ni limitación. En definitiva, las mujeres con discapacidad enfrentan una doble discriminación, por su condición y por su género. Según la ENADIS 2022, 33.4 por ciento de ellas experimentó discriminación en los doce meses previos. Entre los principales motivos destacan la discapacidad (49.6 por ciento), la edad (26.1 por ciento) y el género (19.4 por ciento), una cifra considerablemente mayor a la de los hombres con discapacidad (5.8 por ciento).
Es sumamente importante recalcar que la atención médica a mujeres durante el parto sigue presentando tratos indignos y violentos. Considerando que el 31.4 por ciento de las mujeres que dieron a luz en hospitales o clínicas han reportado ser víctima de violencia obstétrica. La incidencia fue mayor en el sector público (37.9 por ciento) que en el privado (15.1 por ciento). Entre las prácticas más denunciadas están los regaños y gritos (11.0 por ciento), la presión para aceptar anticonceptivos o esterilización sin consentimiento (9.7 por ciento) y la falta de respuesta a sus preguntas sobre el parto (9.0 por ciento).
Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan la grave crisis de violencia que enfrentan las mujeres en México. Año tras año, los delitos de feminicidio, homicidio doloso y lesiones continúan cobrando víctimas, mientras que la violencia familiar y de género muestran un crecimiento constante. La trata de personas, la corrupción de menores y el secuestro siguen afectando a mujeres y niñas, perpetuando un ciclo de impunidad y desprotección. Además, el incremento en llamadas de emergencia por violencia de pareja, acoso y hostigamiento sexual refleja una realidad alarmante, luego entonces miles de mujeres siguen buscando ayuda sin obtener la protección a sus derechos, como la igualdad y justicia.
Llegados a este punto, podemos decir que la igualdad no implica solamente la posibilidad de ocupar cargos públicos, sino garantizar que las mujeres gocen de los mismos derechos, oportunidades y condiciones en todos los ámbitos de la vida. Esto significa cerrar la brecha salarial, erradicar la violencia y modificar estructuras que perpetúan la discriminación. La igualdad requiere acciones concretas en materia de políticas públicas, legislación asertiva y cero impunidad.
Asimismo, la justicia no es una simple aspiración teórica, sino una deuda histórica con las mujeres que han sido silenciadas, explotadas, desaparecidas, violentadas y asesinadas. La impunidad en los casos de feminicidio, la falta de acceso a mecanismos efectivos de protección y la desigualdad en el acceso a la justicia siguen siendo una realidad que vulnera a miles de mujeres en el país.
En este sentido, las diputadas y diputados tenemos la responsabilidad de seguir impulsando medidas legislativas que garanticen la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Es por ello que esta iniciativa busca inscribir en el Muro de Honor la leyenda “8 de Marzo, Igualdad y Justicia para las Mujeres”, como un reconocimiento a todas las mujeres mexicanas, a las que lucharon y luchan en las calles y en los tribunales; a las que exigieron derechos en el pasado y a las que continúan marchando hoy; a las que crían y educan, a las que trabajan fuera y en el hogar, a las que han sido pioneras en diferentes sectores y a todas aquellas que, desde cualquier trinchera han demostrado que la lucha por la igualdad no tiene descanso.
Este no es un reconocimiento vacío ni una simple inscripción en la historia. Es una declaración de compromiso permanente con la causa de las mujeres.
A la luz de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados la leyenda: “8 de Marzo, Igualdad y Justicia para las Mujeres”
Artículo Primero. Inscríbase con letras en oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda: “8 de Marzo, Igualdad y Justicia para las Mujeres”.
Artículo Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que se llevará a cabo para cumplir con lo estipulado en el Artículo Primero.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
i Naciones Unidas. (s.f.). Día Internacional de la Mujer: Antecedentes. Consultada en:
https://www.un.org/es/observances/womens-day/background
ii Ibídem
iii Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. (2023). Primer Congreso Feminista en Yucatán. Consultada en:
https://www.scjn.gob.mx/node/26803
iv Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2018, octubre 17). Conmemoramos que hace 65 años se reformó la Constitución para otorgarle ciudadanía plena y derechos políticos a las mujeres. Consultada en:
https://www.gob.mx/inafed/articulos/conmemoramos-que-hace-65-ano s-se-reformo-la-constitucion-para-otorgarle-ciudadania-plena-y-derechos-politic os-a-las-mujeres
v Cámara de Diputados. (2013). Develan imagen de Aurora Jiménez Quevedo, primera diputada federal; 1954, XLII Legislatura. Consultada en:
http://www.camara.gob.mx/documentos/boletines/2013/1103-develan- imagen-de-aurora-jimenez-quevedo-primera-diputada-federal-1954-xlii-legislatura .pdf
vi Cámara de Diputados. (2024). Derecho al voto de la mujer. Decretos, Antecedentes Históricos y evolución de la regulación en las Constituciones Estatales desde 1917, con base en las Reformas de 1947 y 1953 de la Constitución Federal. Primera edición: octubre, 2024. (SAPI-ASS-12-24). Consultada en:
https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ASS-12-24.pdf
vii Canal del Congreso. (2023, 24 de agosto). Develan placa alusiva a la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados. Consultada en:
https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/17688/Develan_placa _alusiva_a_la_LXV_Legislatura_en_la_Cmara_de_Diputados
viii Cámara de Diputados. (s.f.). Listado de diputados de la LXVI Legislatura. Consultada en:
https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados/listadoDiputado sBuscador?Leg=LXVI
ix Presidencia de México, (2024, 01 de octubre) Versión estenográfica. Toma de protesta de Claudia Sheinbaum como Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada en:
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/jucopo/tom a-de-protesta-de-claudia-sheinbaum-como-presidenta-de-mexico-dia-historico-por- ser-la-primera-mujer-que-ocupe-este-cargo-en-el-pais-noemi-luna
x Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2023). Participación de las mujeres en la fuerza laboral. Consultada en:
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/8043
xi Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2023). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Consultada en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023 /EAP_8M2023.pdf
xii Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2024). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Consultada en
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024 /EAP_VCM_24.pdf
xiii Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2019, 25 de febrero). Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), diciembre 2024, Consultada en:
https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia- contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero- 2019
xiv Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (s.f.). Igualdad de género. PNUD en América Latina. Consultada en:
https://www.undp.org/es/latin-america/igualdad-de-genero
xv Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2025). Informes anuales de actividades. Consultada en:
https://www.cndh.org.mx/pagina/informes-anuales-de-actividades
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2024.– Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
¿Con qué objeto, diputada? —Sonido...
La diputada Ana Isabel González González (desde la curul): Gracias, presidenta. Muchas gracias. Solamente para solicitarle a la oradora, la diputada Xitlalic Ceja, si nos da oportunidad de adherirnos a esta valiosa iniciativa.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Diputada Xitlalic, ¿acepta usted que se adhieran?
La diputada Xitlalic Ceja García: Claro que sí, con muchísimo gusto, diputada. Muy agradecida.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Estará abierta aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva, por los que gusten adherirse a esta iniciativa y a las demás también. Gracias.
LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓNCOMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra la diputada Martha Araceli Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial, búsqueda y localización con perspectiva de género. Adelante, diputada.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez:Con su venia, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos los diputados presentes aquí en la Casa del Pueblo. (Habla en mixe) Hoy los saludo en mixe. Discúlpenme, quería utilizar otra variante diferente a la mía. (Habla en mixe) Quería utilizar otra variante.
Bueno. Quiero comentarles que la iniciativa que presento busca aterrizar la aplicación de la perspectiva de género en el tratamiento que las autoridades ministeriales le dan a los casos de mujeres desaparecidas o no localizadas.
Porque cuando hablamos de mujeres desaparecidas existen tres principales narrativas que son usadas por el Estado para desestimar la gravedad de los casos. La primera narrativa es la huida por propia voluntad. La segunda, la narrativa de que las desaparecidas están con sus parejas. Y la tercera narrativa, muy compleja, de que ella se lo buscó porque andaba en malos pasos o tenía vínculos con la delincuencia, o porque se relacionó con una persona inadecuada, como lo hicieron con Sandra.
Estos discursos revictimizantes del Estado, que culpan a las víctimas de ser desaparecidas tiene sólo dos propósitos. El primero es deslindarse de la responsabilidad de encontrar a las personas desaparecidas y generar conformidad social a través de difamar a las víctimas, minimizando la falta de acción estatal.
El segundo es crear una falsa percepción de seguridad en la gente e implantarles la idea de que si tú no haces nada malo entonces estás segura. Pero no lo estás, porque para desaparecer no hay distingo, no importa si eres una persona con un bajo perfil, con una vida tranquila, no importa la edad. Nada te excluye de ser víctima potencial. Recordemos que en un contexto de impunidad cualquier razón puede ser causa de una desaparición.
Ya basta que los discursos públicos sobre la desaparición de mujeres muestren el problema como un asunto de responsabilidad personal, por las malas decisiones que las mujeres tomamos.
Esas narrativas revictimizantes son parte de una estrategia para encubrir el fenómeno social de que la desaparición de mujeres es un problema público. Como lo comentaba, la iniciativa que presento busca aterrizar la aplicación de la perspectiva de género.
Cuando vemos el tema de desaparición de mujeres no como algo personal, sino como un problema público, sistémico y con patrones comunes las gafas violetas nos permiten observar que las mujeres, como un grupo subalterno en la sociedad, ocupan una posición marginal, ocupamos una posición marginal en los espacios públicos, políticos y con frecuencia se encuentran en espacios de desprotección. Lo que no nos constituye como sujetos prescindibles, potencialmente desaparecibles y asesinables.
La actual redacción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas subestima los reportes de mujeres desaparecidas, aun y cuando tenemos territorios con violencia feminicida, porque resulta que establece una diferencia entre personas no localizadas y personas desaparecidas. Las primeras son aquellas de las que no se sabe dónde están, pero que no desaparecieron en contexto de la comisión de un delito.
Por ejemplo, cuando sabemos que la mujer salió del trabajo, pero no ha llegado a casa, como sucedió en el caso del Campo Algodonero, por su parte las personas desaparecidas son aquellas que desde el principio se sabe que su desaparición ocurrió en el contexto de la comisión de un delito. Por ejemplo, cuando testigos ven cómo la suben a la fuerza a un vehículo.
La consecuencia de esta división es que, si bien en ambos casos la Comisión de Búsqueda debe iniciar inmediatamente su búsqueda, la carpeta de investigación por el delito de desaparición no inicia al mismo tiempo. En el caso de las personas con la calidad de desaparecidas se inicia de inmediato, pero en el caso de personas no localizadas la investigación ministerial inicia 72 horas después o 10 días después, como en el caso de mi amiga Sandra.
En el caso de las mujeres adultas, esta regla obstaculiza tanto su búsqueda, como la investigación del posible delito, lo que es contraproducente, considerando los sesgos cognitivos sobre las mujeres y el contexto de violencia feminicida, como los del estado de Oaxaca, que tiene alerta de violencia de género, desaparición, feminicidio. Así vivimos en Oaxaca, con mucho miedo.
Esta propuesta que realizo para que se presuma la comisión de un delito, en el caso de cualquier reporte de una mujer no localizada, sin importar el contexto, y hacer que se inicie de inmediato la investigación ministerial, ya que se encuentra prevista en el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, muchos fiscales se niegan a iniciar inmediatamente la carpeta de investigación, alegando que la ley es superior al protocolo. Todo esto que les platico sucede en los contextos de mujeres desaparecidas, y quiero decirles que sí, que tenemos miedo, miedo de morir y no encontrar a nuestros seres queridos. Pero no desistimos de la lucha, porque la desaparición de nuestros seres queridos, como sucedió con mi amiga Sandra Domínguez, es una herida abierta...
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Le pedimos que concluya, compañera.
La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez:...que no solamente lacera a nuestras familias, sino a la sociedad entera. Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial, búsqueda y localización con perspectiva de género, a cargo de la diputada Martha Aracely Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Martha Aracely Cruz Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan los artículos 12 Bis a 12 Sexties al Capítulo Tercero, “Disposiciones generales para mujeres desaparecidas”, del título primero, “Disposiciones generales”, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosActualmente, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece una diferencia entre personas no localizadas y personas desaparecidas.
Las personas no localizas son aquellas de las que no se sabe dónde están, pero que no desaparecieron en el contexto de la comisión de un delito, por ejemplo, salió del trabajo y no ha llegado a su casa.
Por su parte las personas desaparecidas son aquellas cuya desaparición se sabe desde el principio, que sucedió en el contexto de la comisión de un delito, por ejemplo, cuando testigos ven como la suben a un vehículo en contra de su voluntad, siendo amenazado por armas.
La consecuencia de esta división es que si bien en ambos casos la comisión de búsqueda respectiva debe iniciar inmediatamente su búsqueda desde que se reporta, la carpeta de investigación por el delito de desaparición correspondiente no inicia al mismo tiempo.
Solo en el caso de personas que desaparecen en un contexto de la comisión de un delito, se inicia de inmediato la carpeta de investigación por parte de la autoridad ministerial, mientras que, si se trata de una persona no localizada, la carpeta de investigación se inicia 72 horas después de que no se tenga conocimiento de su paradero.
No obstante, por el interés superior de la niñez, se hace una excepción en el caso de niñas, niños y adolescentes de los que no se sabe su paradero, y que tampoco desaparecieron en el contexto de la comisión de un delito, en este caso tanto la búsqueda como la carpeta de investigación se inician inmediatamente.
En consecuencia, sucede que cuando se reporta que no se sabe del paradero de una mujer adulta, que no desapareció en el contexto de la comisión de un delito, esta es catalogada como persona no localizada, y la carpeta de investigación es iniciada 72 horas después, sin embargo, esto obstaculiza tanto su búsqueda como la investigación del posible delito, considerando contextos de violencia anterior, y de violencia feminicida en el país.
Ahora bien, la desaparición de personas en México es generalizada y sistémica. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (Rnpdno) (Comisión Nacional de Búsqueda, 2025), hasta el 9 de febrero de 2025 había 122 mil 80 personas desaparecidas y no localizadas: 93 mil 779 hombres y 27 mil 866 mujeres. Con vida han sido localizadas 225 mil 2 de un total de 347 mil 82. Del total de personas localizadas, sin vida se encontraban 17 mil 490.
Los datos anteriores son cuentas que provienen desde el 31 de diciembre de 1952, es decir son datos que abarcan 72 años, datos depurados después del cambio de titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en 2023.
Sin embargo, es importante visualizar el comportamiento de esta estadística durante los últimos años, para ello vamos a analizar cómo ha documentado este fenómeno la organización de la sociedad civil Red Lupa, en el Informe nacional de personas desaparecidas 2024 (Red Lupa, 2024).
Según el informe en cita, después de llegar a 100,000 casos de personas desaparecidas en 2022, la cifra aumentó 7.3 por ciento en 2023 y siguió aumentando en 2024 en 6.3 por ciento, según se visualiza en la siguiente gráfica:
En la gráfica anterior se advierte que de los 72 años que comprende el Rnpdno, 88 por ciento de los casos se concentra entre 2000 y 2024, casi la mitad (48 por ciento) de ese porcentaje de casos ocurrió entre 2018 y 2024, es decir, en el último sexenio ha existido un incremento exponencial de desapariciones de personas, siendo el año en que se reporta el mayor número de personas en 2023.
Ahora bien, si se desagregan los datos por sexo y edad, si tiene que en un contexto de violencia generalizada hacia las mujeres en el país, la cifra de mujeres y niñas desaparecidas ha ido en incremento desde hace varios sexenios, específicamente desde 2001, cuando se reportaron 16 casos de mujeres y niñas desaparecidas. En 2002, la cifra se duplicó, con 36 casos; en 2007 ya eran 202 casos sólo en ese año. Para 2011, había mil 101 casos, y la cifra siguió aumentando exponencialmente: mil 668 en 2016, 2 mil 148 en 2017, mil 822 en 2018, mil 894 en 2019 y mil 983 en 2020. El mismo comportamiento se visualiza en la siguiente gráfica del Rndpno:
A la par de este exponencial incremento de mujeres y niñas desaparecidas, tenemos el incremento de cifras de feminicidio, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2018 y diciembre de 2020 se registraron 11 mil 217 asesinatos de mujeres y niñas en el país.
En 2018, el número de casos de mujeres y niñas asesinadas ascendió a 3 mil 661, de las cuales 899, fueron investigadas como feminicidio. En 2019 fueron asesinadas 3 mil 819 mujeres. De los casos, 944 se investigaron como feminicidio, mientras que en 2020 fueron asesinadas 3 mil 748 mujeres, pero se abrieron sólo 947 carpetas de investigación por feminicidio. En 2021 fueron asesinadas 3 mil 732, y sólo 982 fueron investigadas como feminicidio. En 2022, de las 3 mil 766 mujeres y niñas asesinadas, sólo 961 fueron investigadas como feminicidio. En 2023 fueron asesinadas 3 mil 463, y sólo 883 fueron investigadas como feminicidio. En 2024 fueron asesinadas 3 mil 395 mujeres y niñas, pero sólo 797 carpetas de investigación fueron por feminicidio.
En consecuencia, las cifras oficiales del SESNSP muestran que mientras el homicidio doloso de mujeres fluctúa, pero se mantiene al alza según el periodo 2023-2024, el feminicidio parece mostrar una tendencia a la baja de desde el 2021, lo que nos podría exponer un problema de clasificación jurídica en las Fiscalías locales, pero no un decremento de la violencia feminicida o violencia homicida hacia las mujeres por razón de género.
Lo mismo señaló la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en su informe final 2018-2024: “el feminicidio, mostró una clara tendencia a la disminución durante la segunda mitad del sexenio (2018-2024), después de más de cinco años de crecimiento continuo. En 2022, se registró una reducción anual de 2 por ciento en el número de víctimas; en 2023, esta reducción fue del 13 por ciento, y para 2024, la tendencia a la baja se mantiene” (Conavim, 2024).
Todo lo anterior nos permite visualizar con perspectiva de género, indicios de una relación entre la desaparición de mujeres y la muerte violenta de mujeres y niñas, por lo que se requiere de una actuación diligente para evitar que las desapariciones de mujeres se conviertan en feminicidios.
En segundo lugar, el derecho humano de toda persona a ser buscada es un derecho que recogen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, tales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En el Estado Mexicano este derecho se encuentra en leyes secundarias como en el artículo 4o., fracción XVI, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como en las leyes de los Estados y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas que reconocen el derecho de toda persona a ser buscada por parte de las autoridades, derecho que se extiende a los familiares.
Los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Organización de las Naciones Unidas establece en el principio 6, que la búsqueda debe iniciarse tan pronto la autoridad responsable tenga conocimiento, el principio 13 señala que la búsqueda debe ir de la mano con la investigación penal, sin embargo también señala en el principio 7 que si la investigación penal concluye y aún no se ha localizado a la víctima directa, la búsqueda debe continuar, ya que es una obligación permanente.
Cuando se actualiza la desaparición de una persona, se vulneran diversos derechos fundamentales, tales como el derecho al trato digno, a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad ante la ley, el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y al debido proceso, así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al acceso a la justicia.
Ejemplo de lo anterior, es que el Estado Mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte IDH) en el caso Rosendo Radilla Pacheco y otros vs. México, en el que se determinó que, como medida de reparación del derecho a la verdad, el Estado debe proseguir con la búsqueda efectiva y la localización inmediata de la víctima o de sus restos mortales, ya sea mediante la investigación penal o a través de otro procedimiento adecuado y efectivo. Dichas diligencias deben llevarse a cabo en coordinación con los familiares, peritos y representantes legales, y con su presencia (párrafo 336).
En el caso Alvarado Espinoza y otros vs México, el Estado Mexicano fue condenado por la violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. La Corte IDH, señaló a existencia de un patrón de impunidad en México en materia de desaparición de personas, y la falta de actuación con debida diligencia por parte de las autoridades estatales que conocieron el mismo día de la desaparición de Nitzia Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes.
La actuación con debida diligencia implica que cuando las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.
Sin embargo, pese a que la búsqueda de Nitzia, José y Rocío comenzó el mismo día, las diligencias llevadas a cabo no implicaron una respuesta inmediata y oficiosa tendiente a la localización de las víctimas o a la determinación de los responsables, pues, aunque desde el principio se reportó que en estaban implicados militares no se realizó búsqueda en instalaciones militares de la zona.
Por su parte la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en la jurisprudencia constitucional con número de registro 2023814, de rubro “Desaparición forzada de personas. El derecho a no ser víctima de desaparición forzada comprende el derecho a la búsqueda como parte de su núcleo esencial”, estableció el criterio jurídico consistente en que existe un derecho a la búsqueda; esto es, el derecho de toda persona desaparecida y de sus personas allegadas, a que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles y en completa coordinación, ejecuten sin dilación —incluso de oficio— de forma imparcial, dignificante, diligente, exhaustiva, continua, sin estigmatizaciones, con un enfoque diferencial y permitiendo la participación sin reservas de las víctimas, todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona reportada como desaparecida, bajo la presunción de que está viva, salvo que exista evidencia en contrario; en ese caso, el derecho a la búsqueda incluye la obligación por parte del Estado de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos requeridos para encontrar, identificar y preservar los restos de las víctimas en condiciones de dignidad mientras son entregadas a sus personas queridas.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia constitucional con número de registro 2023815, de rubro “Desaparición forzada de personas. La búsqueda inmediata, acuciosa y diligente de las personas desaparecidas es una obligación ineludible a cargo del estado que debe emprenderse sin obstáculos injustificados y con toda la fuerza institucional disponible, como consecuencia del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas”, estableció que la desaparición forzada de las personas es una grave violación a los derechos humanos y que si bien es importante la investigación del delito, es más importante e impostergable la obligación de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas con toda la fuerza institucional disponible y con toda la coordinación institucional necesaria para lograr su localización con vida, lo cual configura la obligación general de garantía y los deberes específicos de prevenir y reparar las violaciones de derechos humanos previstos en el artículo 1o. de la Constitución federal.
Por lo anterior la Primera Sala concluye que la búsqueda inmediata, acuciosa y diligente de la persona desaparecida constituye uno de los deberes específicos contenidos en el artículo 1o. Constitucional: investigar exhaustivamente las violaciones de derechos humanos. Estos deberes comprometen al Estado a una búsqueda diligente, exhaustiva y continua, a una investigación imparcial y efectiva, sobre todo ante el mínimo indicio de la participación de agentes estatales o grupos que actúan con su aquiescencia.
Ahora bien, el reconocimiento constitucional el derecho humano de toda persona a ser buscada, es un proyecto en trámite en el Congreso de la Unión, pues la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales de la Cámara de aprobó el 26 de enero de 2023 la adición de un décimo párrafo al artículo 17 de la Constitución federal, para establecer el derecho constitucional de todas las personas a ser buscadas de la siguiente forma:
“Todas las personas tienen el derecho a ser buscadas; el Estado protegerá a las personas contra las desapariciones, las buscará bajo la presunción de vida, sin estar vinculando a la investigación ministerial. Preservará su personalidad conforme a la Ley y de encontrarla sin vida, las identificará y entregará sus restos de forma digna a quien tenga derecho”
El reconocimiento del derecho humano de toda persona a ser buscada no es un asunto académico sino, como todo derecho, uno real y palpable. Implica su garantía y respeto desde todas las instituciones del Estado, respeto que debe traducirse en acciones concretas e inmediatas, sin sospechas o suspicacias.
Los cinco estados que tienen el mayor número de casos de niñas y mujeres desaparecidas son el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, que concentran el 52.3 por ciento de casos de mujeres y niñas desaparecidas, y siendo que las cinco entidades federativas que de 2023 a 2024 aumentaron en más de 20 por ciento el número de mujeres y niñas desaparecidas fueron Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala y Durango.
Los anteriores datos coinciden en con las entidades federativas con violencia feminicida reconocida de acuerdo con el procedimiento de alerta de violencia de género, pues el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Oaxaca y Jalisco, tienen Alerta de Violencia de Género, sin embargo, Guanajuato y Tabasco tuvieron solicitudes para declarar la alerta de violencia de género aun cuando determinado no procedente.
En el periodo 31 de diciembre de 1952-9 de febrero de 2025, en Oaxaca se registraron 4 mil 238 casos de personas que se reportaron como desaparecidas y no localizadas: 2 mil 367 (56.46 por ciento) son mujeres; y mil 818 (43.37), hombres. En Oaxaca, un estado con alerta de violencia de género, desaparecen más mujeres que hombres.
En consecuencia, al visualizar estas coincidencias desde un enfoque con perspectiva de género, resultan aplicables los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs México, donde se consideró que ante el contexto de violencia feminicida que había en Ciudad Juárez, surgió el deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días.
La Corte IDH señaló que dicha obligación en un contexto de violencia feminicida exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. En particular es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad. Debe haber procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido.
Es decir, estamos hablando del cruce interseccional entre la desaparición de personas y el género, porque la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes mujeres debe tener un enfoque especializado y debe darse un tratamiento diferenciado y preferente semejante al que se encuentra establecido para el caso de personas menores de 18 años, en donde la búsqueda y la investigación se inician al mismo tiempo.
Esta disposición sobre el tratamiento de los casos de mujeres no localizadas ya se encuentra considerada en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de octubre del 2020 por la Secretaría de Gobernación mediante acuerdo SNBP/002/2020, que en el punto 1.10 denominado “Determinación de presunción de delito y complementariedad entre Búsqueda Inmediata y Búsqueda Individualizada”, establece en el párrafo 216, punto b, que paralelamente a la búsqueda inmediata, las autoridades ministeriales deben abrir una carpeta de investigación para investigar cualquier delito posiblemente cometido en contra de la o las personas desaparecidas e iniciar una búsqueda individualizada en los siguientes supuestos: ... b. Cuando la persona sea mujer.
En dichos supuestos el protocolo establece que debe presumirse la comisión de un delito, lo cual implica que desde el primer momento debe detonarse simultáneamente la apertura de la carpeta de investigación para garantizar la máxima protección, ya que es delgada la línea que separa la investigación del delito de la figura de búsqueda de personas desaparecidas, y que se requiere vinculación entre éstas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la recomendación 02/2020, sobre la falta de debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado determinó que las autoridades encargadas de indagar los paraderos de varias mujeres desaparecidas, cometieron graves fallas en el cumplimiento de las obligaciones de realizar una investigación seria, imparcial y efectiva para dar con ellas; así como de la de proteger el derecho a la vida e integridad mediante una búsqueda inmediata.
En su presentación, la ombudsperson capitalina señaló que la actividad institucional debe de estar guiada por el “derecho de las personas a ser buscadas”, que por primera vez es planteado de esta forma. Colocarlo así, como derecho —dijo—, tiene por objetivo humanizar a las personas desaparecidas y también descargar a las familias de una obligación que corresponde a las autoridades: hacer todo para encontrarlas.
Entre las recomendaciones señaló que se deben diseñar e implementar los mecanismos de acompañamiento psico-jurídico, que considere las características de cada víctima, de la mano con ellas.
Identificar y valorar el riesgo físico o psicológico inminente, real y actual que enfrenta la víctima reportada como desaparecida, como parte del proceso de búsqueda, y establecer en cada caso las medidas de protección necesarias, entre otros aspectos.
La recomendación en cita establece que el no adoptar mecanismos y medidas razonables respecto de las circunstancias, contextos particulares y riesgos identificados en cada uno de los casos para localizar a las víctimas con vida, se vulnera el derecho a la búsqueda, medio para garantizar el derecho a no ser desaparecida o en su caso cesar la desaparición.
Asimismo, al recoger los criterios del caso Campo Algodonero vs México, la Recomendación señala que el derecho a ser buscadas impone la obligación al Estado de adoptar normas o medidas para que las y los funcionarios responsables de recibir las denuncias tengan la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato.
Por todo lo anterior propongo la adición al título primero de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a fin de que el caso de una mujer no localizada reciba un trato diferenciado al igual que las personas menores de 18 años no localizadas con la obligación de que el Ministerio Público inicie la carpeta de investigación por el delito de desaparición correspondiente.
Esta propuesta de adiciones las presento en el siguiente cuadro comparativo para identificar los alcances de la iniciativa:
Por lo expuesto propongo ante esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
Único. Se adicionan el capítulo tercero, “Disposiciones generales para mujeres desaparecidas”; los artículos 12 Bis, 12 Ter, 12 Quáter, 12 Quinquies y 12 Sexties de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:
Título PrimeroDisposiciones Generales Capítulo TerceroDisposiciones Generales para Mujeres DesaparecidasArtículo 12 Bis. Tratándose de mujeres respecto de las cuales haya noticia, reporte, informe o denuncia de que han desaparecido en cualquier circunstancia, se iniciará carpeta de investigación en todos los casos y se emprenderá la búsqueda especializada, diferenciada y con enfoque interseccional de manera inmediata.
Artículo 12 Ter. La Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades que integren, administren o procesen información de mujeres, deberán tomar en cuenta la perspectiva de género y enfoque interseccional, así como establecer la información segmentada por su situación de pertenencia a grupos de la diversidad sexual, edad, raza o grupo étnico, situación socioeconómica y cualquier otra situación de vulnerabilidad, riesgo o discriminación.
Artículo 12 Quáter. Todas las acciones que se emprendan para la investigación, búsqueda y localización de mujeres y personas menores de dieciocho años de edad desparecidas, garantizarán un enfoque integral, transversal, interseccional y con perspectiva de género, que tome en cuenta las características particulares, incluyendo su identidad, nacionalidad, sus actividades como activista social, defensora de derechos humanos o periodista y su contexto de vida.
En la investigación, búsqueda y localización, las autoridades tomaran en consideración la existencia de antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, comunitario, político o escolar, que haya sufrido la mujer desaparecida o no localizada.
Se ordenarán de forma inmediata por la autoridad ministerial las medidas u órdenes de protección que sean adecuadas, así como los actos de investigación correspondiente, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La autoridad ministerial solicitará de forma inmediata los actos de investigación que requieran autorización judicial, incluyendo el cateo para la búsqueda de la mujer reportada como desaparecida o no localizada.
En el caso de mujeres defensoras de derechos humanos o periodistas, el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas proporcionará información necesaria que le requiera la autoridad ministerial y el sistema.
Artículo 12 Quinquies. En el caso de mujeres las medidas de asistencia y reparación integral incluirán la atención médica, psicológica y legal, por personas de su mismo sexo y especializada en la atención con perspectiva de género protegiendo en todo momento la integridad tanto de las víctimas directas como indirectas.
Artículo 12 Sexties. Para el diseño de las acciones, herramientas y protocolos especializados para la investigación, búsqueda y localización de mujeres, el Sistema Nacional tomará en cuenta la opinión de las autoridades del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con el cual podrán sesionar conjuntamente.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas realizará los cambios normativos al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en conjunto con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los 120 días naturales a partir de su entrada en vigor.
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán los cambios normativos a sus leyes en la materia, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los 160 días naturales a partir de su entrada en vigor.
Cuarto. Las instituciones locales competentes en la materia, realizaran los cambios normativos a sus protocolos de investigación y de búsqueda, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, dentro de los 180 días naturales a partir de su entrada en vigor.
Notas
1 La gráfica contiene datos hasta el 16 de mayo de 2024.
2 Sólo se muestran en amarillo casos de desaparición de mujeres, hasta el 9 de febrero de 2025.
3 Se refiere a la muerte violenta de mujeres por homicidio doloso o por feminicidio; es decir, no se cuentan los homicidios culposos, por ejemplo, por accidente de tránsito.
Referencias
Comisión Nacional de Búsqueda, Versión Estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, consultado el 9 de febrero de 2025 en Versión Estadística RNPDNO-Dashboard CNB
Red Lupa, Informe nacional de personas desaparecidas 2024. Consultado el 9 de febrero de 2025 en Informe nacional de personas desaparecidas 2024, Red Lupa, Evaluamos la ley General en materia de Desaparición forzada
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2024). Informe final 2018-2024. Ciudad de México, página 12. Consultado el 9 de febrero del 2024 en Informe final Conavim 2018-2024 (último).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.– Diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (rúbrica).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para su dictamen.
Esta Presidencia extiende un cálido saludo y agradece la presencia en este salón de sesiones del presidente del Parlamento Centroamericano, el honorable diputado Carlos René Hernández Castillo, quien fue invitado por el diputado Joaquín Zebadúa Alva, integrante de la delegación de esta Cámara ante el Parlacen. Sea usted bienvenido. La Cámara de Diputados hace votos por el fortalecimiento de las relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre las regiones. Gracias.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Sistema Nacional de Cuidados. Adelante, compañera Karina.
La diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo:Con su venia, presidenta. México está caminando con paso firme hacia la igualdad sustantiva. sin embargo, es prioridad establecer el derecho al cuidado digno y el Sistema Nacional de Cuidados.
De acuerdo con la ONU, el trabajo no remunerado es aquel que se realiza sin pago alguno, contempla principalmente el trabajo doméstico y las labores de cuidado de niños, niñas, personas de la tercera edad, con discapacidad o enfermas. El cuidado es un derecho humano, es esencial para el bienestar y desarrollo de toda persona e históricamente ha sido desatendido.
La realidad es que en muchos hogares son las mujeres quienes asumen la mayor parte de la carga del cuidado, a menudo descuidando su bienestar personal y profesional, por lo que debe ser una responsabilidad compartida por hombres, mujeres, familias, empresas y el Estado, este último mediante el sistema nacional de cuidados.
Así pues, el sistema nacional de cuidados debe llevar a cabo las políticas y programas que garanticen los derechos de quienes necesitan y brindan cuidados, a fin de acceder a seguridad social, a servicios de cuidados como guarderías, escuelas con horarios extendidos, centros de cuidado para personas mayores y con discapacidad, a servicios de rehabilitación, de enfermería y terapéuticos, y a una mejor distribución de las labores de cuidado entre la sociedad, el mercado laboral y las instituciones de gobierno.
Por ello, ONU Mujeres México, en colaboración con Inmujeres y con apoyo de la sede subregional de la Cepal en México han señalado que garantizar los servicios tanto para las personas que reciben cuidado como para las personas proveedoras de este responde a las recomendaciones y compromisos internacionales de México en el tema.
Invertir en cuidado significa invertir en el futuro, un futuro donde las personas puedan participar plenamente en la vida laboral, donde las mujeres puedan desarrollar su potencial y donde nuestros adultos mayores y niños puedan ser cuidados de manera adecuada. Además, la inversión en políticas de cuidados genera un triple dividendo, pues contribuye al bienestar de las personas, facilita la participación de las mujeres en la fuerza laboral y supone un retorno de ingresos para el Estado vía impuestos.
Es momento de trabajar para construir un sistema nacional de cuidados robusto y eficaz, un sistema que no solo responda a las necesidades del presente, sino que establezca las bases para un futuro más justo y equitativo.
Como legisladores, no podemos ser ajenos a la exigencia de la ciudadanía de la implementación del derecho al cuidado digno y del sistema nacional de cuidados. Necesitamos las herramientas que promuevan la igualdad y mejoren el acceso a servicios de cuidados y protección social.
Por ello, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propongo establecer que toda persona tiene derecho al cuidado digno, el Estado lo garantizará y se establecerá el Sistema Nacional de Cuidados con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los mismos, y facultar al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca el Sistema Nacional de Cuidados en el que se dicten las condiciones de acceso y ejercicio del cuidado digno, la provisión de bienes y servicios que los satisfagan y la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno.
Con esta iniciativa estaremos llevando justicia social a las mujeres más vulnerables, sí, a aquellas que por las circunstancias sociales han quedado rezagadas para acceder a la educación, al mercado laboral formal, a la protección de la seguridad social y que por ende no cuentan con las herramientas y el tiempo para alcanzar la autosuficiencia económica, pues se ha dispuesto que ellas sean las que se encarguen del trabajo no remunerado del hogar, es decir, el trabajo de cuidados.
Por ello, el Estado que invierte en el bienestar de las mujeres será un Estado sabio porque cuando se fortalece a las mujeres se fortalece a las familias y a la sociedad misma. Recordemos, una mujer empoderada empodera al mundo. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sistema nacional de cuidados, a cargo de la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sistema nacional de cuidados, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosI. México está en camino hacia la igualdad sustantiva de las mujeres, se han dado significativos avances, pero aún falta camino por recorrer, porque aún no se ha logrado establecer el derecho al cuidado digno y el establecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. Lo anterior, debido a que las mujeres principalmente son quienes además de hacer las tareas del hogar, se quedan a cargo del tema de los cuidados de sus familiares con algún tipo de discapacidad o enfermedad, de los adultos mayores y de los hijos menores de edad. En otras palabras, ellas son las que en la mayoría de los casos se enfrentan al trabajo doméstico no remunerado, situación que no les permite estar en condiciones de desarrollar un trabajo formal y por ende las pone en desventaja para lograr la autosuficiencia económica.
Lo anterior, porque no tienen acceso a servicios de cuidados ni a programas y políticas públicos oportunos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, el trabajo no remunerado es aquel que se realiza sin pago alguno. Contempla principalmente el trabajo doméstico y las labores de cuidado de niños, niñas, personas de la tercera edad, personas con discapacidad o enfermas (ONU-Mujeres, 2015. Como se citó en ONU Habitat, 2021).
El trabajo de cuidados por sí solo es realizado por 41.6 por ciento de la fuerza laboral femenina no activa a escala mundial, por lo cual, constituye uno de los principales obstáculos para el involucramiento de las mujeres en el mercado laboral. En este caso, países que cuentan con mayor gasto público en políticas de cuidado como prestación de servicios infantiles, infraestructura para el cuidado, licencias de maternidad y discapacidad, entre otras, han logrado una mayor conciliación entre el empleo remunerado y el de cuidados no remunerado (OIT, 2019. Como se citó en ONU Habitat, 2021).
Por lo anterior, el derecho al cuidado, como lo define la Organización de las Naciones Unidas, es
...un derecho de las personas y una responsabilidad que deber ser compartida por hombres, y mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de promoción de la corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y social que liberen tiempo para que las mujeres puedan disfrutar plenamente de su autonomía (ONU, Joint SDG Fund, Inmujeres, Cepal [sin fecha]).
Así pues, debemos entender el Sistema Nacional de Cuidados como el conjunto de políticas, programas y acciones articulados para garantizar los derechos de todas y todos aquellos que necesitan y brindan cuidados. Éste tiene por objeto, entre otros
a) Dotar de una protección social, es decir, promover que las personas empleadas en servicios de cuidados obtengan una remuneración y que cuenten con seguridad social.
b) Mejorar las condiciones de trabajo de las personas cuidadoras, las que reciben pago y las que no. A fin de que puedan participar en el mercado laboral y buscar un empleo formal.
c) Proveer de más y mejores servicios de cuidados, accesibles dentro y fuera del hogar; considera que existan servicios como estancias infantiles, escuelas con horarios extendidos, centros de cuidado para personas mayores y con discapacidad.
d) Extender los servicios de rehabilitación, médicos, enfermería y terapéuticos, accesibles dentro y fuera del hogar. Esto permitiría que las personas que requieren cuidados accedan a servicios especializados reduciendo las desigualdades que limitan su movilidad social.
e) Distribuir mejor las labores de cuidado entre la sociedad, el mercado laboral y las instituciones de gobierno.
f) Reducir la violencia familiar y de género, pues fomenta la reorganización de labores de cuidado, reconoce y redistribuye las responsabilidades de hombres y mujeres en los cuidados del hogar y promueve el empoderamiento de las mujeres.
Considero que un sistema nacional de cuidados no sólo promoverá la igualdad sustantiva y mejorará el acceso a servicios de cuidados y de protección social sino que conllevará justicia social, tendrá un impacto significativo económico y de bienestar para las personas, las familias y la sociedad en su conjunto.
II. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México de 2023, provee información acerca del valor económico del trabano no remunerado, lo que ayuda a dimensionar su aportación al bienestar de la sociedad, en donde señala lo siguiente:
En 2023, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realiza la población de 12 años y más fue de 8.4 billones de pesos a precios corrientes –es decir, a precios vigentes en el periodo al que se refiere la información–. Esta suma equivale a 26.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del total de la economía. De ese monto, las mujeres contribuyeron con 71.5 por ciento y los hombres con 28.5 por ciento.
...
El valor económico neto anual fue de 63 mil 33 pesos, en promedio, por persona. De dicho monto, cada mujer realizó trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados equivalente a 86 mil 971 pesos anuales. Cada hombre realizó actividades similares por un monto promedio de 36 mil 471 pesos.
El trabajo no remunerado de los hogares de México contribuye al bienestar de las familias y podemos observar que las mujeres lo absorben en gran medida, por lo cual es de elemental justicia social que se les retribuya y se les otorguen las condiciones óptimas para que puedan acceder al mercado laboral formal a través de programas que les resten la carga del cuidado.
III. Ahora bien, la implementación del Sistema Nacional de Cuidados conlleva un impacto presupuestal, empero coincidimos con ONU Mujeres México en colaboración con el Inmujeres y con apoyo de la sede subregional de la Cepal en México, en la publicación Costos retornos y efectos de un sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad en México, en que:
La inversión en políticas de cuidados genera un triple dividendo ya que, además de contribuir al bienestar de las personas, permite la creación directa e indirecta de empleo de calidad y facilita la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo lo que supone un retorno de ingresos para el Estado vía impuestos y cotizaciones y una mayor renta para las personas. En el contexto —posterior— de crisis ocasionada por el Covid-19, los sistemas integrales de cuidados pueden convertirse en un verdadero motor de la recuperación socioeconómica para no dejar a nadie atrás.
Lo anterior, sobre todo si se lleva a cabo cumpliendo el principio de progresividad establecido por nuestra Constitución Federal, es decir, “ampliando el alcance y la protección de —dicho derecho— en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad”, a través de acciones graduales con diferentes niveles de cobertura.
IV. La sociedad civil reconoce e impulsa la urgencia de que en México se establezca un sistema nacional de cuidados (SNC), como lo hace el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), quienes lo exponen en el documento intitulado El Sistema Nacional de Cuidados en 5 puntos,en donde se resalta lo siguiente:
Muchas mujeres no tienen la oportunidad de elegir entre quedarse en el hogar o salir a trabajar. Aunque quisieran encontrar un empleo para mejorar sus ingresos, se tienen que dedicar a cuidar a sus familiares, pues no tienen acceso a servicios de cuidados por falta de recursos y de programas públicos accesibles y oportunos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.
Sin igualdad de oportunidades, la movilidad social de millones de mujeres de todos los estratos sociales se ve truncada, y se profundizan las condiciones de pobreza para muchas de ellas y sus familias. Es por ello que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) reconoce la urgencia de que en México se establezca un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que nos beneficie a todos...
V.- No obstante, cabe resaltar que aunque en los últimos años se han presentado variadas iniciativas para el establecimiento del derecho al cuidado y la creación del Sistema Nacional de Cuidados, tanto por la Cámara de Diputados, como por la de Senadores, éstas no han logrado culminar el proceso legislativo que les dé vida. Ejemplo de ello, lo narra la editora Ana Grimaldo (2021) en Expansión Mujeres, como a continuación se presenta:
En noviembre de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó establecer el derecho al cuidado digno y crear el Sistema Nacional de Cuidados, el cual tendrá como prioridad a las personas con enfermedades o discapacidad, niñas, niños, adolescentes y personas mayores, así como en condiciones de extrema pobreza. Desde entonces se turnó al Senado de la República —que no lo dictaminó.
El 30 de noviembre —de 2021— se presentó una nueva iniciativa que crea la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados por parte de un grupo de senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios entre los que destacan Malú Micher, Olga Sánchez Cordero Dávila, Blanca Estela Piña, Guadalupe Covarrubias Cervantes, Bertha Alicia Caraveo Camarena y el senador César Arnulfo Cravioto Romero e Indira Kempis Martínez entre otros —iniciativa que tampoco se dictaminó.
Aun así, el freno de mano no sólo está en el Senado, sino que para su aprobación se tiene que reformar los artículos 4o. y 73 de la Constitución para que legalmente quede reconocido el derecho al cuidado digno.
VI. En ese sentido, estando convencida de que ya es el momento de la aprobación del derecho al cuidado y el establecimiento del Sistema Nacional de Cuidados, no solo por ser una exigencia de la ciudadanía, sino por ser un acto de justicia social; estamos obligados a seguir impulsándolo hasta que sea una realidad, puesto que no podemos permitirnos seguir postergándolo o simplemente siendo espectadores, sobre todo, cuando tenemos la obligación de hacerlo, como se plasma a continuación:
a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 1o., párrafo primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección...” Eso nos lleva no sólo al cumplimiento de los derechos establecidos en la propia Carta Magna, sino en lo establecido en los tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno.
Además, el referido artículo 1o., en su último párrafo, deja de manifiesto la prohibición de toda discriminación motivada entre otros por el género, la edad, las discapacidades, la condición social y la condición de salud, que atente contra la dignidad humana y anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas.
Como veremos a continuación, el derecho a recibir cuidados y proporcionarlos de manera que no menoscabe los derechos humanos de las personas, es un derecho consagrado por los instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma parte.
El artículo 4o., primer párrafo, de la Carta Magna establece: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y el ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”.
Se ha establecido que la Constitución tiene que ser el instrumento garante no solo de la óptima organización y desarrollo de las familias, sino que ese desarrollo debe llevarse a través de que el Estado garantice la igualdad sustantiva, es decir, “el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Por lo que, es imperativo garantizar a las mujeres de este país el acceso a todas las oportunidades, en particular aquellas que les permitan lograr la autosuficiencia económica.
b) La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna. De manera tal, que debemos implementar todas las acciones que eliminen la discriminación sistemática a la que se enfrentan principalmente las mujeres al ser las que se les ha dejado la tarea de los cuidados sin remuneración alguna y acceso a todos sus derechos sociales.
c) A partir de 1945 la Organización de las Naciones Unidas reconoce los derechos de las mujeres de manera evolutiva. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considerada también como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La CEDAW (1979), establece que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.
Asimismo, señala que es preocupante que en situaciones de pobreza la mujer tenga un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades.
Además, menciona que el establecimiento del nuevo orden económico internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Afirma que la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.
Coincidimos con la CEDAW (1979), en el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, —aporte que— hasta ahora está en camino a ser reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad -y el gobierno- en su conjunto.
Los Estados parte en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.
El artículo 3 de la CEDAW (1979), establece que “los Estados parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11, numeral 1, de la CEDAW (1979), los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo y la seguridad social a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos.
El artículo 11, numeral 2, de la CEDAW (1979) señala:
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados parte toman medidas adecuadas para
a) y b) ...
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños;
d) ...
Por ello, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la CEDAW (2018), en las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, en el Apartado C. Parlamento, señala: “El comité destaca el papel fundamental que desempeña el Poder Legislativo para garantizar la plena aplicación de la convención e invita al Congreso de la Unión a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias para lleva a la práctica las presentes observaciones...”
Por tanto, dentro de las recomendaciones del Comité CEDAW (2018) realizadas al Estado mexicano, a partir del noveno informe de cumplimiento, el gobierno de México reconoce lo siguiente:
En el apartado de empleo, el comité reiteró la urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos; intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género, así como... agilizar la aprobación de la política nacional de cuidado para ofrecer servicios de guardería suficientes, accesibles y adecuados.
d) Por otra parte, ONU Mujeres México, en colaboración con el Inmujeres y con apoyo de la sede subregional de la Cepal en México, ha señalado:
Garantizar servicios para la población en situación de dependencia que cumplan con los principios de accesibilidad, calidad y suficiencia, que fomente la autonomía de las personas y que garantice los derechos tanto de las personas que reciben cuidado como de las personas proveedoras de este. Esto responde a las recomendaciones y compromisos internacionales de México en el tema.
Compromisos internacionales como el establecido en las conclusiones convenidas del sexagésimo tercer periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y Observaciones Finales emitidas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés) al Estado mexicano en su Noveno Informe (2018).
e) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, sirve como plan de acción global adoptado por 193 países miembros de la ONU en septiembre de 2015, el que México adoptó y que le implica un compromiso para cumplir sus objetivos, entre los que se encuentran: lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres, reducir la desigualdad, promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo y poner fin a la pobreza en todas sus formas.
En ese sentido, cabe señalar que los Estados que la adoptaron se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobre y vulnerables, tal y como se cita a continuación:
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución (ONU, Agenda 2030, 2015).
Por tanto, con la aprobación de esta iniciativa que propone establecer el derecho al cuidado, a través, del Sistema Nacional de Cuidados, se estarán dando pasos firmes para cumplir los objetivos mencionados de la Agenda 2030.
Por ello, es necesario aprobar la reforma constitucional y propuestas de leyes, impulsadas por la sociedad civil, en donde coincidimos en la urgencia de garantizar el derecho al cuidado; proveer de más y mejores servicios de cuidados, accesibles dentro y fuera del hogar; mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas cuidadoras, que reciben pago y las que no; distribuir mejor las labores de cuidado entre la sociedad, el mercado laboral y las instituciones de gobierno; y reconocer la importancia del sector de cuidados como uno de los motores de la movilidad social, así como impulsar su crecimiento a través del gasto público.
Como legisladores no podemos ser ajenos a la exigencia de justicia social de la implementación del derecho al cuidado y del Sistema Nacional de Cuidados, necesitamos las herramientas que promuevan la igualdad, y mejoraren el acceso a servicios de cuidados y protección social; así como a la reducción de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
Para mayor claridad a la propuesta, se incluye un cuadro comparativo:
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de sistema nacional de cuidados
Único. Se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 4o.; y se reforma la fracción XXXII y se adiciona la XXXIII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
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Toda persona tiene derecho al cuidado digno. El Estado lo garantizará y se establecerá en la ley las bases y modalidades para el acceso a los servicios de cuidado, conforme a lo que dispone la fracción XXXII del artículo 73 de esta Constitución. La ley establecerá el Sistema Nacional de Cuidados, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los mismos.
El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos rea-les, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad
I. a XXXI. ...
XXXII. Para expedir la ley general que establezca el Sistema Nacional de Cuidados en el que se dicten las condiciones de acceso y ejercicio del cuidado digno, la provisión de bienes y servicios que lo satisfagan; y, la coordinación interinstitucional entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; promoviendo la responsabilidad compartida entre la familia, el sector privado, la sociedad civil; así como las reformas a los diversos ordenamientos legales que garanticen el cumplimiento de dicho derecho.
XXXIII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, con objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá llevar a cabo la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Cuidados en un plazo de 180 días naturales después la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones pertinentes al marco legal para adecuarlas al presente decreto en un plazo de 180 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Organización de las Naciones Unidas [ONU Mujeres / ONU Habitat] (2021). “Labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado”. Disponible en
https://onu-habitat.org/index.php/labores-de-cuidado-y-trabajo-d omestico-no-remunerado
2 Obra citada (ONU Mujeres / ONU Habitat, 2021).
3 ONU, Joint SDG Fund, Inmujeres, Cepal (sin fecha). “El cuidado de las personas adultas mayores en situación de dependencia en México: propuesta de servicios, estimación preliminar de costos e identificación de impactos económicos”. Disponible en
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20 Mexico/Documentos/Publicaciones/2021/fourpager60v4.pdf
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2023). Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México 2023. Disponible en
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/9429
5 ONU Mujeres México (sin fecha). “Costos retornos y efectos de un sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad en México”. Disponible en
https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/ diciembre-2020/costos-retornos-y-efectos-de-un-sistema-de-cuidado-infantil-univ ersal-en-mexico
6 Definición del principio de progresividad, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible en
https://www.scjn.gob.mx/10ddhh/sites/default/files/redes-sociale s/archivos-adjuntos/principio_de_progresividad.pdf
7 Centro de Estudios Espinosa Yglesias, asociación civil sin fines de lucro, apartidista, fundada en 2005, cuya misión es generar investigación especializada para formar directrices de políticas públicas y acciones que impulsen la movilidad social en México. Disponible en
https://ceey.org.mx/contenido/somos/
8 Centro de Estudios Espinosa Yglesias. “El Sistema Nacional de Cuidados en 5 puntos”. Disponible en
https://ceey.org.mx/el-sistema-nacional-de-cuidados-en-5-puntos/
9 Expansión Mujeres, revista digital que utiliza su plataforma para que lideres en negocios y las principales mujeres referentes luchen por vencer la brecha de género en el país.
10 Expansión Mujeres [Ana Grimaldo] (2021). “El Legislativo terminó sesiones sin un sistema nacional de cuidados”. Disponible en
https://mujeres.expansion.mx/especiales/2021/12/17/el-legislativ o-termino-sesiones-sin-un-sistema-nacional-de-cuidados
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Const.), artículo 1o. Del 5 de febrero de 1917 (México). Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
12 Obra citada (Const.), artículo 1o.
13 Obra citada (Const.), artículo 4o.
14 Definición de Igualdad Sustantiva. Artículo 5o., fracción V, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Disponible en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf
15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. Disponible en
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/cedaw
16 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), páginas 1-2. Disponible en
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/c edaw/archivos/2021-11/convencion_discriminacion.pdf
17 Obra citada (CEDAW).
18 Obra citada (CEDAW), artículo 3.
19 Obra citada (CEDAW), artículo 11.
20 CEDAW (2018). “Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México”, página 3. Disponible en
https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/c edaw/archivos/2021-11/observaciones_finales%20%281%29.pdf
21 Gobierno de México. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018). “Las recomendaciones del Comité CEDAW a México”. Disponible en
https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones-del-com ite-cedaw-a-mexico
22 Obra citada (ONU Mujeres México).
23 Organización de las Naciones Unidas (2015). “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Disponible en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea -general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
24 Obra citada (Agenda 2030), 2015.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2025.– Diputadas y diputado: Karina Alejandra Trujillo Trujillo, José Luis Durán Reveles, Azucena Huerta Romero, Hilda Magdalena Licerio Valdés, Celia Esther Fonseca Galicia (rúbricas).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra, la diputada Abril Ferreyro Rosado, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidado, atención y desarrollo infantil a través de estancias infantiles. La segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación para establecer las escuelas de tiempo completo. Ambas iniciativas están suscritas por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Abril Ferreyro Rosado:Muchas gracias, presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes, hoy me encuentro ante ustedes para hablar del tema que brindó a muchas mujeres la posibilidad de desarrollarse de manera integral y contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad, el regreso de las estancias infantiles y de las escuelas de tiempo completo, su desaparición ha significado un golpe para las familias mexicanas, especialmente para aquellas en situación de vulnerabilidad y ha generado una crisis que afecta a la niñez, a las madres trabajadoras y al sistema educativo en su conjunto.
Desde la cuarta destrucción, en lugar de fortalecer las oportunidades para la educación y bienestar de las niñas y niños, decidieron eliminar programas que eran esenciales para miles de familias, y hoy en el marco del Día Internacional de las Mujeres, a ellas, a muchas a las que se condenó a solo el cuidado de menores, socavando su vida laboral.
Con la cancelación de las estancias infantiles, más de 300 mil niños se quedaron sin un espacio seguro y digno donde pudieran recibir educación y atención de calidad mientras sus madres trabajaban para salir adelante.
Es momento de corregir el rumbo y reconocer que la educación y el bienestar infantil no pueden ser sacrificados en nombre de la austeridad o de decisiones políticas sin sustento. México necesita que estos programas regresen y no solo porque fueron efectivos, sino porque su ausencia ha dejado una brecha que sigue creciendo y afectando a quienes más lo necesitan.
Estos programas representan un apoyo directo a las familias, especialmente a las de escasos recursos que encontraron en ellos una solución efectiva para el cuidado y la educación de sus hijos. Sin ellos, estamos mermando las posibilidades de nuestras niñas y niños para marcar una diferencia para hacerle frente al futuro.
Desde su desaparición, las consecuencias han sido devastadoras, miles de madres han tenido que abandonar sus empleos porque no tienen con quién dejar al cuidado de sus hijos, lo que ha golpeado directamente la economía familiar.
La falta de estancias infantiles ha forzado a muchas familias a recurrir a opciones informales y, en algunos casos, inseguras para el cuidado de los menores. Y, además, como si no fuera suficiente, decidieron acabar con las escuelas de tiempo completo que beneficiaban a más de 3.6 millones de niños, brindándoles alimentación primordialmente, para niños en situación de vulnerabilidad, mayor tiempo de aprendizaje en espacios seguros y entornos saludables.
En la mayoría de estos casos, su eliminación ha dejado a muchos menores sin la única comida completa y nutritiva que recibían al día. ¿Pero cuál es la lógica de esta decisión? El poder, la mentira, o el que no soportan políticas públicas de gobiernos anteriores que sí daban muy buenos resultados. ¿Qué país avanza cerrando oportunidades en lugar de abrirlas?
Los pretextos utilizados para justificar la desaparición de estos programas han demostrado ser insuficientes. Las entregas de recursos de manera directa a las familias no pueden sustituir la estructura, la calidad y la seguridad que ofrecían las instancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.
No se trata de dar dinero sino de garantizar que los niños estén en espacios diseñados para su aprendizaje y el desarrollo potencial de todas sus capacidades. Numerosos estudios han demostrado que invertir en la educación y el cuidado infantil tienen un impacto positivo en el desarrollo de los niños y, por ende, en el desarrollo de nuestro país.
Un menor que reciba atención y educación de calidad desde la infancia tiene mayores oportunidades de éxito en su vida adulta. Además, las madres tendrían mayor involucramiento en el mercado laboral, fortalecerían la economía y contribuirían al bienestar social.
Por ello, en Acción Nacional hemos presentado ambas iniciativas y exigimos que las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo sean puestas en marcha y fortalecidas a la brevedad. Necesitamos garantizar espacios con personal capacitado, infraestructura adecuada y programas educativos que realmente favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de la niñez.
Es momento de actuar, no podemos permitir que la infancia mexicana siga siendo víctima de decisiones políticas que ignoran su bienestar. No podemos condenarlos ni limitarlos a que exploten sus capacidades y sean plenamente felices. Si realmente queremos construir un México más justo, debemos empezar por garantizar el derecho de los niños a una educación y cuidado de calidad.
Por el futuro de México, por las madres trabajadoras, por la educación de nuestros niños, exigimos el regreso de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Como lo he dicho y lo reitero, las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo fueron un referente para el desarrollo integral de las mujeres, niñas y niños de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cuidado, atención y desarrollo infantil a través de estancias infantiles, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y diputados que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXVI Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEn nuestro país existe un déficit de cobertura de programas de atención y cuidados en apoyo a las labores que se realizan en los hogares y que históricamente han recaído principalmente en las mujeres. El cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores, son llevados a cabo por miembros de la familia por falta de prestaciones sociales que cubran las necesidades y derechos de los responsables de estos grupos que requieren cuidados.
El tiempo y recursos dedicados a los cuidados limitan los derechos de los cuidadores a realizar actividades productivas, educativas, de descanso y esparcimiento. En el caso de la población infantil que no tiene acceso a centros especializados de cuidado, tienden a limitar el derecho a un desarrollo integral.
Como lo señala el estudio que establece las bases para una Estrategia Nacional de Cuidados: “La desigual carga de responsabilidades de cuidado entre mujeres y hombres, los altos costos de los servicios, la oferta insuficiente, la baja calidad y la nula regulación en la prestación de servicios de cuidado, así como la implementación de políticas públicas que aumentan la carga de cuidados y la ausencia de políticas públicas que fomenten la autonomía de las personas son algunos de los problemas asociados al cuidado que atentan contra los derechos humanos. Estos problemas tienen implicaciones negativas en la salud emocional y física de quienes reciben y brindan cuidados, y profundizan las desigualdades de género y económicas de los hogares. Específicamente, estos problemas violan los derechos a la no discriminación, de igualdad de género, al cuidado y a cuidar y a la protección de la salud.”
En el caso específico del derecho de las niñas y niños a un cuidado y atención integral, el Estado mexicano ha vulnerado sus derechos humanos al no garantizar una cobertura amplia de ayuda y apoyo.
Como establece Myers y Uresty: “(En México) el bienestar, desarrollo y cuidado de las niñas y los niños (niñas y niños) durante sus primeros años de vida no ha recibido la atención que merece, y aunque tanto el sentido común como la acumulación de resultados de investigaciones científicas nos confirman que el cuidado y desarrollo integral que ocurre durante los primeros años tienen un efecto profundo sobre quiénes somos, qué hacemos e incluso cómo nos sentimos durante el resto de nuestras vidas, observamos que la política de la primera infancia es complicada porque está envuelta en discusiones más amplias sobre, por ejemplo, la inequidad económica y social, la corrupción y los derechos humanos. Constituye, además, un elemento central en el análisis de temas tales como: inequidades de género, la participación de mujeres en el mercado de trabajo formal y remunerado y los papeles tradicionales asignados a mujeres y hombres, en tanto cuidadores y proveedores.”
Si bien desde el 2011, año en que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se estableció en el artículo 4o., noveno párrafo, constitucional que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”; la acción pública del gobierno actual, no ha respondido de manera eficaz para garantizar este derecho.
En México, existe una inobservancia de los derechos de la infancia principalmente por la fragmentación de los programas y servicios para la niñez, particularmente para la primera infancia.
Por ejemplo, la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil depende del tipo de esquema de seguridad social al que la madre o padre trabajador se encuentre inscrito. Tanto el sector público como el privado proveen servicios de cuidado infantil a partir de instituciones y dependencias. Dicha oferta está compuesta por servicios contributivos y no contributivos. La principal diferencia entre los servicios contributivos y no contributivos de cuidado infantil es la fuente de financiamiento, pero en ambos casos se debe cumplir con las disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; es la ley marco que garantiza el acceso de niñas y niños a servicios atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.
Los servicios de cuidado contributivos son las prestaciones que integran a la seguridad social y se financian con aportaciones tripartitas: trabajador o trabajadora, empleador y gobierno. Los servicios no contributivos son los programas sociales que ofrecen beneficios similares a los de las prestaciones de la seguridad social y se financian mediante impuestos generales u otras fuentes de recursos públicos que no son impuestos laborales a cargo de la población beneficiaria de estos.
Los primeros incluyen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con guarderías propias o subrogadas a particulares, a los que pueden acceder únicamente los derechohabientes de dichas instituciones; además de otros servicios que ofrecen dependencias públicas.
Los servicios no contributivos, a los que puede acceder la población que no cuenta con seguridad social, están conformados por los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, Cursos de Preescolar Comunitarios, Preescolar Indígena, los Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Educación Pública, así como las Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras a cargo de la Secretaría del Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) y que al día de hoy dejaron de funcionar con financiamiento público.
Anterior al gobierno actual, se crearon servicios no contributivos de atención y cuidado para la niñez, cumpliendo lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de prestaciones familiares. Es así que, en 2007, el Gobierno federal en turno creo el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI). Dicho programa buscaba facilitar el cuidado de menores de cuatro años para mujeres que no tuvieran acceso a guarderías del sistema de seguridad social, y al mismo tiempo, buscaba contribuir a la inclusión de mujeres en el mercado laboral o permitir que éstas pudieran seguir estudiando; además la población objetivo eran los hogares donde el ingreso se encontraba por debajo de la línea de pobreza por ingreso.
Hasta 2018, año en que se eliminó el programa y se substituyó en 2019 por uno de transferencias directas, el PEI ofrecía acceso a los servicios de cuidado infantil, como un esquema de seguridad social, dando recursos directamente a las estancias infantiles. El apoyo se otorgaba bajo dos modalidades: 1) una especie de beca de 950 pesos mensuales por niño o niña (o mil 800 para niños con alguna discapacidad) con al menos 15 asistencias a la estancia y 2) un monto único de hasta 70 mil pesos para establecer y operar un centro de cuidado.
De acuerdo con el monitoreo del PEI en 2017-2018 realizado por el Coneval, 93.9 por ciento de las personas beneficiarias consideraron que el programa “contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios”. Mientras que 96.5 por ciento consideró que la atención y cuidado de sus hijos tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, en 96 por ciento de los casos desarrollaron habilidades sociales y un 97.5 por ciento observaron una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos. Se identificó como debilidad la falta de consideración de los padres solos en el diagnóstico del programa, sin embargo, hubo el compromiso para 2018 de elaborar una metodología de seguimiento físico y operativo con representatividad nacional.
Igualmente, el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (Indep), para el 2018 el PEI presentó alta calidad en su diseño valorando este aspecto con un 96.9, además se señaló que contribuyó a “Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que trabajan” por lo que en el componente de cumplimiento de la meta tuvo un valor de 74.3.
Como dio a conocer Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en su Recuento de las evidencias de las evaluaciones de 2007 a 2019 al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI), al observar la relación entre la oferta de guarderías del ISSSTE, IMSS y Bienestar, se demostró que las estancias infantiles del PEI, son las que tuvieron mayor cobertura tuvieron entre 2007 a 2017, medida tanto por el número de infantes atendidos como por el número de estancias, como se muestra en la siguiente gráfica:
En 2017 las guarderías del IMSS atendieron 29 mil 683 en 243 centros, el ISSSTE atendió 197 mil 710 niños en 1 mil 364 centros y el PEI atendió 317 mil 723 niños en 9 mil 157 estancias.
Después de la eliminación del PEI inició el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el cual otorga un apoyo económico de 1,600 bimestrales o 3 mil 600 pesos para niñas y niños con discapacidad. Igualmente se otorga un apoyo que va de 800 a 1 mil 200 pesos mensuales (con entregas bimestrales) para tutores de niñas, niños y jóvenes de 0 a 23 años para aquellos que se encuentran en orfandad materna.
Con el cambio de programa, en vez de destinarse el dinero por cada niño a las estancias que ofrecían el servicio de cuidado, atención, comida y ofrecía actividades de aprendizaje, ahora se entrega el dinero a los responsables legales de los niños y niñas (en su gran mayoría las madres) y ellas deciden si pagan un centro de cuidado o destinan el monto a otras alternativas de cuidado o incluso para otros fines.
El cambio de programa, ha sido cuestionado tanto en su operación como en sus resultados. Hasta el momento no se conoce evaluación o mediciones sobre la manera por la cual el programa ha contribuido a garantizar los derechos humanos y sociales de la infancia y de las madres, padres o tutores.
En un informe sobre Finanzas Públicas de 2022, donde se evalúan los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública Federal”, encontró que en el nuevo programa para madres trabajadoras: “No existe verificación de que el apoyo sea destinado al cuidado infantil, por lo que no se tiene información de los resultados de los mismos, así como que el diagnóstico del programa no aporta información estadística más específica sobre las madres y padres solos, que oriente al mismo a focalizar los apoyos en las poblaciones prioritarias.”
Por otro lado, Coneval en una evaluación del Programa 2019-2020 sugirió que: “se requería recolectar información sobre las madres, padres o tutores beneficiarios o que forman parte de su población objetivo y su situación ante el Programa. Por ejemplo, contar con información que permita identificar algunos de los siguientes aspectos: ¿las personas buscadoras de empleo han podido incorporarse al mercado laboral a partir de recibir el apoyo del programa ¿las personas que se encontraban laborando han dedicado menos tiempo al cuidado de las niñas y niños y ello se ha reflejado en el incremento del número de horas que labora o ¿las personas que estudian han podido dedicar más tiempo a sus actividades escolares?, entre otros aspectos”. Además, sugirió que: “ (el programa) podría incidir en que el cuidado de las niñas y niños sea el adecuado para permitir una buena salud, alimentación, educación, aprendizaje y apoyo familiar que les posibilite desarrollar sus capacidades en edades tempranas. Además, de promover un enfoque no solo de cuidado y atención, sino de desarrollo integral que considere la formación física, mental, emocional y social de los niños en condiciones de igualdad”.
Según los estudios y evidencias presentadas, el programa de atención a la niñez para madres y padres trabajadores que se implementó en el gobierno de la llamada 4T, no atiende de manera efectiva ni el derecho a la seguridad social, ni los derechos humanos de las niñas y niños que requiere cuidados ni de las personas responsables de dicho cuidado. Además de que no logra una cobertura amplia para las familias que lo necesitan.
En conclusión, es necesario que el Estado y el gobierno mexicano cumpla con el derecho a la educación inicial y el sistema de cuidado infantil que facilita la tarea de padres y madres. Lo que implica garantizar los derechos de niñas y niños al cuidado y atención y garantizar el interés superior de la niñez a través de servicios de cuidados y atención como el que ofrecía el PEI para las madres y padres trabajadores que no cuentan con sistemas contributivos de seguridad social y en especial para la población en situación de pobreza y marginación.
Por lo tanto, la presente iniciativa propone reformar el primer párrafo del articulo tercero y el noveno párrafo del artículo cuarto de nuestra Carta Magna, con la finalidad de incluir en el texto constitucional el derecho al cuidado y atención de niños y niñas, así como considerar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil como parte de la educación inicial.
En virtud de lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 3o. y el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3o. y el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, estados, Ciudad de México y municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez que será garantizado a través de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
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I. a X. ...
Artículo 4o....
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, cuidado, atención, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
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TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto, el Ejecutivo federal en un plazo no mayor a los 120 días hábiles de la entrada en vigor de esta reforma, establecerá los diversos tipos de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y las reglas de operación de los programas correspondientes, en cumplimiento a las condiciones, requisitos y términos que establece la legislación.
Tercero. El titular del Ejecutivo federal, establecerá en el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestarias que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto.
Notas
1 https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office% 20Mexico/Documentos/Publicaciones/2019/BASES%20PARA%20UNA%20ESTRATEGIA%20NACION AL%20DE%20CUIDADOS%202018%20web1.pdf
2 Myers, R., Uresty V. D, (2023) Atención a niñas y niños menores de cuatro años en México durante el gobierno de AMLO: análisis de un cambio de estrategia. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 53(1), 397—422.
https://doi.org/10.48102/rlee.2023.53.1.531
3 https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/RDPS/Documents/NOTA_ESTANCIAS_ INFANTILES.pdf
4 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs /congreso/infotrim/2022/ivt/04afp/itanfp15_202204.pdf
5 Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.2019-2020. Se puede consultar en:
https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/Programas/EPP/Paginas /Evaluaciones_Programas_Prioritarios.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.– Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbricas).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La diputada Abril Ferreyro Rosado:
«Iniciativa que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, para establecer las escuelas de tiempo completo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXVI Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley General de Educación en materia escuelas de tiempo completo en educación básica y el suministro de alimentos nutritivos en ellas, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDe acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una nutrición adecuada contribuye de manera fundamental a la realización del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de niñas, niños y adolescentes.
Por el contrario, la malnutrición en todas sus formas afecta al desarrollo humano, teniendo entre sus efectos un impacto en el progreso social y económico de los países, así como en el ejercicio de los derechos humanos en sus múltiples dimensiones.
Los servicios de alimentación escolar existen en muchos países desde hace más de un siglo. Las diferentes experiencias son amplias y se asocian con distintos factores, como son: contexto socioeconómico, laboral o familiar, y se enfocan principalmente en el estado de salud y de nutrición de los beneficiados. Además éstas han demostrado tener potencial de fomentar la asistencia y permanencia escolar, así como de incrementar las tasas de matrícula y retención escolar, especialmente entre las niñas.
Por tanto es evidente que el alimento en las y los educandos no sólo es prioritario sino indispensable. Cabe decir aquí que más de la mitad de los hogares del país (55 por ciento) enfrentan incapacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas. Niñas, niños y adolescentes tienen una doble carga de malnutrición, es decir, tanto desnutrición como sobrepeso y obesidad. Además, se conoce que en México, si bien hay un alto porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad, la tasa de hambre oculta por la falta de micronutrientes, es de 25.3 por ciento.
Uno de los programas de más impacto en este sentido en nuestro país ha sido el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el cual comienza su operación en el año escolar 2007-2008 bajo el nombre de Programa Nacional de Horario Extendido en Primaria.
En un primer momento, buscó mejorar las oportunidades de aprendizaje, incrementar la retención de los estudiantes en la educación básica y proveer espacios para el desarrollo de las artes, la tecnología y el deporte mediante el incremento del tiempo de instrucción de cuatro y media a ocho horas para consolidar los aprendizajes de español, escritura, expresión oral, pensamiento matemático científico y crítico, y el aprendizaje de una segunda lengua.
A partir de 2009, este programa cambió su denominación por Programa Escuelas de Tiempo Completo, y se convirtió en un programa presupuestario sujeto a reglas de operación, con clave presupuestal S221.
El Programa Escuelas de Tiempo Completo contempló seis líneas de trabajo: 1. Fortalecimiento de aprendizaje sobre contenidos curriculares, 2. Uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, 3. Aprendizaje de lenguas adicionales, 4. Arte y cultura, 5. Vida saludable y recreación, y 6. Desarrollo físico.
Sus buenas prácticas arrojaron resultados positivos, como el fomento de la alimentación balanceada para que las y los estudiantes tuvieran la energía suficiente para realizar las actividades escolares de una jornada ampliada, fortaleciendo los buenos modales y hábitos alimenticios. Así como la atención ampliada al alumnado con necesidades educativas especiales, con discapacidad y sin ella, en el desarrollo de actividades que reforzaron su desarrollo motriz, la socialización, el trabajo en equipo y la integración a la escuela regular.
En adición, las escuelas de tiempo completo fueron una opción educativa para madres, padres y familias que requerían un horario ampliado en los planteles educativos para desempeñar sus actividades laborales con mayor tranquilidad y estabilidad para sus hijas e hijos en un entorno seguro que fortaleciera su formación integral y de-sarrollara habilidades y competencias culturales, deportivas en condiciones de seguridad alimentaria.
También, fue un ejercicio colegiado entre docentes y padres de familia que tuvo una innumerable cantidad de proyectos que incrementaron la interacción comunitaria y vinculación entre la educación, la cohesión social, el proceso de mejora educativa y docente, y el máximo desarrollo de nuestra niñez.
Al inicio de la administración 2013-2018, y como resultado de la Reforma Educativa a los artículos 3 y 73 constitucionales publicada en febrero de 2013, el PETC fue elevado a rango constitucional, esto según lo señalado en el artículo quinto transitorio, fracción tercera inciso b del decreto referido, que en ese entonces mandató:
“Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales”.
De esta forma, la Escuela de Tiempo Completo nació centrando su atención en escuelas de alta y muy alta marginación. Del total de ETC 70 por ciento eran escuelas indígenas y 55 por ciento se encuentraban en comunidades rurales.
Las escuelas que tenían jornadas de 8 horas incluían alimentos. Este servicio brindaba el desayuno, que era el primer alimento del día para 66 por ciento de sus estudiantes, un refrigerio y la comida durante la jornada escolar.
Este exitoso programa, creado a fin de reforzar y mejorar la calidad en la educación básica durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón, inició con 6 mil 708 planteles de primaria y secundaria, cifra que en el sexenio de Enrique Peña Nieto alcanzó los 25 mil 134 planteles de educación básica, a las que asistían 3.6 millones de alumnos.
En 2018 UNICEF entrevistó a los niños y las niñas respecto al alimento que recibían y, entre sus respuestas consideraron que recibir alimentos era importante para ellos; que mientras exista oferta de comida pueden asistir a sus clases y; que el alimento es lo que hace funcionar a la escuela.
Al respecto, no existe evidencia de que todos los estudiantes que recibían servicio de alimentación en las Escuelas de Tiempo Completo contaran con comida adicional en su casa. Como contexto, aunque recibían alimento, 11 por ciento de los niños y las niñas que recibían alimento en su jornada tienen desnutrición.
Alimentar a estudiantes siempre ha tenido un costo muy bajo, menos de dos mil pesos anuales por niño o niña; y los beneficios del aprendizaje en los estudiantes son duraderos y constantes. Las Escuelas de Tiempo Completo elevan el gasto total por alumno en menos del 18%, y es una inversión redituable si los aprendizajes, el apoyo, la calidad de vida, nutrición, permanencia y disfrute de la infancia aumentan.
Además, en una evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval en 2018, éste analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba Planea respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.
Los alumnos de sexto grado de escuelas de tiempo completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.
Y los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.
Esto porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.
También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.
Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que si cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”.
Pese a ello, y a que el programa tuvo incrementos presupuestales desde que inició en el sexenio del presidente Felipe Calderón hasta la administración de Enrique Peña Nieto; desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir recortes, primero de 5 por ciento en 2019, luego de 50 por ciento en 2020; y para los Presupuestos de Egresos de 2021 y 2022, el Ejecutivo no le asignó presupuesto.
Cabe aclarar que en 2020 la Secretaría de Eduación Pública decidió cancelar el programa presupuestal, pero sus dos componentes —jornada ampliada y alimentos— pasaron a formar parte del programa La Escuela Es Nuestra (LEEN), por mandato del Legislativo, junto con el otro componente de infraestructura escolar.
Esto por supuesto afectó el número de escuelas y de beneficiarios del programa. Si bien las escuelas de tiempo completo atendían para finales de 2018 a 3.6 millones de estudiantes, se conocía que sólo recibían alimento 1.6 millones de alumnos. En 2019, la SEP reportó que se había reducido a 1.3 millones. Pero, aún más grave, comunicó que durante la pandemia sólo apoyó a 52 por ciento de las escuelas y que sólo brindó alimentos a 933 mil estudiantes. En 2022 no ha brindado recursos para alimentar a ningún niño o niña en su jornada escolar.
Al respecto, la UNICEF señaló que por la pandemia, a nivel mundial, no se entregaron 39 mil millones de comidas escolares y que eso presagia una crisis de nutrición.
Para 2022, la Secretaría de Educación Pública sin consulta previa de la comunidad afectada, directores, docentes y alumnos, decidió de forma unilateral, desaparecer ya como un hecho el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Ello, a pesar de que en México, 44 por ciento de la población está en pobreza y cerca de 22 millones de personas están en pobreza extrema, es decir en carencia alimentaria.
El Gobierno federal cambió el nombre del Programa de Escuelas de Tiempo Completo por el de La Escuela es Nuestra en 2019 y mantuvo su existencia en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2020 y 2021. Sin embargo, las Reglas de Operación de dicho programa, publicadas el 5 de febrero de 2022, modificaron el ejercicio de los recursos para destinarlos al “mantenimiento y mejoramiento de las escuelas”.
Con ello, desapareció la extensión del horario de clase, suprimió directamente la oferta de alimentos y las actividades adicionales del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Con esta decisión la SEP da pie al hambre, mayor rezago educativo, ausencia de apoyos socioemocionales; aumenta la desigualdad y empuja más al límite a aquellos que viven en mayor vulnerabilidad.
Las escuelas que implementaron los componentes de horas extras y de alimentación frenaban el rezago educativo y la inseguridad alimentaria. Eran de los pocos elementos del sistema educativo nacional que aportaban a reducir la brecha y las diferencias de aprendizaje entre los estudiantes en condiciones más vulnerables y en marginación y los que no.
No alimentar niñas y niños que en medio de una pandemia van a la escuela, que se encuentran en rezago educativo, inseguridad alimentaria, con malnutrición y desnutrición es por donde se vea una decisión equivocada. No alimentar niñas y niñas que antes sí recibían alimento y ahora ya no lo reciben, es una injusticia y un retroceso en la garantía de sus derechos.
Estas acciones afectan severamente a la población escolar en sus derechos a un alimentación nutritiva y a la educación; pero también a los docentes y madres y padres de familias para quienes esas horas extra escolares significaban un ingreso adicional al que tendrán con una jornada reducida o por tener que cuidar a sus hijos.
Legisladores de Acción Nacional levantamos la voz para señalar que se trataba de una grave violación a los derechos humanos y al interés superior de niñas y niños; por lo que en lugar de desaparecer este programa deberíamos fortalecerlo y asignarle un mayor número de recursos, sobre todo después de la pandemia que nos dejo enormes problemas de rezago escolar, y de salud socioemocional de niñas y niños.
La reforma constitucional al artículo tercero constitucional de mayo de 2019, tuvo entre sus aciertos mandatar al Estado priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Del mismo modo, fue afortunada en señalar a la equidad como uno de los criterios que deberán orientar a la educación, y en establecer para el Estado la obligación de implementar medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Las legisladoras y los legisladores en aquel momento también pusieron especial atención en instituir desde nuestra Constitución que en las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoraran las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario.
En la Ley General de Educación (LGE) publicada en septiembre de 2019, por su parte, se incluyó la obligación de las autoridades educativas de celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación con equidad y excelencia (artículo 9, fracción VI, LGE).
Asimismo, de establecer, de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos (artículo 9, fracción VIII, LGE).
Del mismo modo, dentro de sus diposiciones, se estableció como una atribución concurrente entre las autoridades educativas federal, de los estados y Ciudad de México, el “promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y la práctica del deporte” (artículo 115, fracción XV, LGE).
No obstante ello, consideramos que hace falta señalar, como parte de las obligaciones de las autoridades educativas referentes a las escuelas con horario completo en educación básica, lo que ya se establecía en la reforma constitucional en materia educativa de 2013 y en la Ley General de Educación ya abrogada, y que instituía la obligación de impulsar esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos.
Pues si bien la actual LGE ya contempla la promoción de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva y, el impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, estas obligaciones no se encuentran ligadas a las escuelas con horario completo.
Es por ello que proponemos que dentro de la fracción VIII del artículo 9o. de la LGE, que es donde se regulan la obligación para las autoridades educativas de establecer escuelas con horario completo en educación básica, se señale que “en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se establecerán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales”.
Estamos seguros que de hacerlo así daremos claridad al Ejecutivo en sus obligaciones, e impulsaremos la existencia de programas y acciones, como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, en las que se consideren prioritarias las comidas escolares y la eliminación del hambre de niñas y niños para poder estudiar y ejercer así su derecho a la alimentación y la educación. Además, de fomentar la generación de empleo e ingreso en familias y contribuir a la economía local, convirtiéndose en un programa con alto impacto en la calidad de vida de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 9o. ...
I. a VII. ...
VIII. Establecer, de forma gradual y progresiva , de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral de los educandos. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria, se establecerán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a las y los alumnos a partir de microempresas locales;
IX. a XIII. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo para el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes, derivadas del presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.– Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbricas).»
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD Y LEY GENERAL DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra la diputada Mariana Benítez Tiburcio, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de derechos reproductivos y violencia gineco-obstétrica, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio:Honorable asamblea, con el permiso de la presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: La violencia obstétrica no es un destino biológico, sino una injusticia, una violación a los derechos humanos y una forma más de violencia contra las mujeres. Sé que muchos hombres, muchas mujeres, inclusive personas que conforman el cuerpo médico.
No conocen a ciencia cierta lo que es la violencia obstétrica, muestra clara de que este dolor, este fenómeno, este tipo de violencia contra las mujeres que hemos padecido más del 30 por ciento de las mexicanas en algún momento cuando hemos pasado por el parto, el postparto y el embarazo, según el propio Inegi, no ha sido visibilizado. No se nombra y mucho menos se sanciona y se previene.
El término violencia obstétrica apareció apenas, imagínense, en el año 2000, en América Latina, surgió de una larga historia de activismo mundial para garantizar un parto respetuoso y de la lucha del movimiento por la salud de las mujeres y su reconocimiento ante instancias internacionales como la OMS, movimiento que inició una campaña para reducir las intervenciones médicas innecesarias durante el parto.
La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos, tiene lugar en los hospitales públicos o privados, en las clínicas. Decía ya, durante la atención del embarazo, el parto y el postparto y consiste en cualquier acción u omisión que les cause un daño físico o psicológico a las mujeres.
Puede incluir la negación del acceso a servicios de salud reproductiva, por ejemplo, un trato cruel, inhumano o degradante, el suministro excesivo de medicamentos, la práctica de cesáreas no justificadas, la imposición de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de la mujer, así como cualquier acción que menoscabe su capacidad de decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.
Ejemplos hemos visto muchísimos, los hemos visto en los medios de comunicación, en las redes sociales de cuando se les ha negado la atención oportuna a mujeres, cuando se ignora su dolor, cuando entran a labor de parto, cuando llegan jóvenes pasantes de medicina a hacerle el tacto a la mujer, 8 o 10 compañeros, como sucedió en el Istmo de Tehuantepec, en mi estado.
Esta forma de violencia debe ponerse en un contexto más a amplio de las desigualdades sociales que enfrentamos las mujeres, porque qué creen, esta violencia la sufren y la padecen principalmente las mujeres pobres y las mujeres indígenas.
Angélica Aparicio, una joven afromexicana, autora del libro Matrices Dignas, que por cierto, cuenta la historia de lo que vivió su madre, siendo víctima de violencia obstétrica y a ella le dedica este libro, ha dicho con toda claridad, la forma en que se trata a las mujeres durante el parto es un reflejo de la forma en que se les trata en la sociedad en general. Y es verdad.
Damaris, a sus 16 años fue víctima de violencia obstétrica. Eres diabética gestacional, si le pasa algo a tu bebé, si se muere, será tu culpa por irresponsable de embarazarte tan chica. Esas fueron las palabras que le dijeron a Damaris, que escuchó de uno de los doctores que la atendían mientras estaba en labor de parto.
Damaris no solo enfrentó burlas del personal médico, sino que tuvo que esperar 12 horas para ser atendida. Le practicaron una cesárea y horas después Ismael, su bebé, murió a pesar de que los doctores le habían dicho que era un bebé sano.
Estos casos no pueden quedar como meras anécdotas en un sistema que prioriza protocolos fríos sobre el derecho a un parto digno y seguro. Por ello, esta iniciativa que presentamos muchos diputados y diputadas de Morena, porque esta es una iniciativa que busca sumar voces que puedan suscribir esta iniciativa, esta propuesta de por primera vez regular la violencia obstétrica, prevenirla y tipificarla desde la ley a nivel federal.
Proponemos reformar la Ley General de Salud para prevenir la violencia obstétrica. No nada más es una reforma punitiva, queremos establecer directrices y obligaciones claras a las autoridades para que se prevenga esta violencia obstétrica que, como dije, lastima a más del 30 por ciento de las mujeres.
Reconocer los derechos que les asisten a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, prohibir los tratos deshumanizados, discriminación y los tratos humillantes contra las mujeres, tipificar el delito de violencia obstétrica a nivel federal y determinar desde la Ley General de Salud las competencias, la competencia federal, la competencia estatal, para que no haya pretexto de que delitos de esta naturaleza queden impunes.
Por último, quiero decir que esta iniciativa no pretende hacer generalizaciones contra el cuerpo médico, contra las enfermeras. Tampoco se trata de criminalizar de manera injustificada a doctores, doctoras, médicos. Se trata de reconocer que el problema existe, que afecta a millones de mujeres y que ha afectado desafortunadamente a millones de mujeres en México sin que hoy por hoy sea reconocido este tipo de violencia y, peor aún, tenga una sanción. Eso es lo que buscamos con esta iniciativa.
Ha habido muchas iniciativas ya en el pasado, en distintas legislaturas y no ha podido pasarse. Esperemos que esta, junto con otras iniciativas de compañeras que han presentado en este sentido, pueda por fin en esta legislatura, en la que somos mayoría las mujeres, podamos llevarla a buen puerto y podamos hacerla ley por el bien de todas, porque estamos en un momento importante de nuestra historia, porque nos preside una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. Por todas, por todas tenemos que sacar adelante esta ley que proponemos también se sumen a suscribirla. No más violencia obstétrica, no más impunidad. Es por todas. Ni una más. Muchas gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada Mariana. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Igualdad de Género, para su dictamen.
Diputada Mariana, consulto si acepta que nos podamos adherir a esta iniciativa. Gracias.
Esta Mesa Directiva saluda al presidente de la Confederación Empresarial de Transporte en el Estado de México, CET Estado de México, al señor Juan Chávez Islas, invitado por nuestro secretario de la Mesa Directiva, el diputado José Luis Montalvo Luna. Sea usted bienvenido.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra la diputada Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Salud, en materia de enfermería.
La diputada Patricia Mercado Castro:Gracias, presidenta. Vengo a presentar una iniciativa para generar un capítulo en el Título de Trabajadores Especiales de la Ley Federal del Trabajo, sobre el reconocimiento... para el reconocimiento de derechos para las enfermeras, que son 75 por ciento del personal de enfermería en nuestro país.
El personal, las enfermeras tienen unas condiciones de trabajo en términos salariales y de prestaciones que son una brecha inmensa con el personal médico, personal médico sobre todo formado por hombres, y el personal de enfermería formado por mujeres. La brecha es enorme. Y hemos votado aquí una reforma constitucional para comprometernos a cerrar la brecha salarial.
Ahí, desde que iniciamos estas legislaturas paritarias, hemos reconocido el trabajo de millones de mujeres excluidas o en condiciones precarias. Las primeras fueron las trabajadoras del hogar, que ya son reconocidas con plenos derechos.
Nos parece que también las enfermeras de nuestro país que, además, en la pandemia nos dimos cuenta del valor que tiene este trabajo para el sostenimiento de la vida. Sin ella seguramente muchas más personas hubiesen muerto en esta tragedia porque, efectivamente, ya se dijo aquí, mi compañera legisladora del Partido Acción Nacional creo que fue la que lo planteó, del Partido Verde, la formación y la necesidad del Sistema Nacional de Cuidados.
Porque las mujeres brindamos la mayor parte de cuidados no remunerados, pero también estamos en la mayoría de empleos enfocados en sostener la vida de las personas. Hasta hace una década la mayoría de las mujeres ocupaban casi solo puestos de cuidado y servicios personales, maestras de personal en nivel básico, enfermeras, cuidadoras no remuneradas, cocineras, limpiadoras, costureras.
A esos trabajos feminizados por lo general se les ha detenido sus derechos laborales y contenido el crecimiento de salarios y prestaciones. Una de las razones que se esgrimen es porque las mujeres tenemos más interrupciones laborales por la maternidad y los cuidados, por la penalización de la maternidad que se da en el trabajo remunerado.
Este fenómeno, conocido como segregación horizontal es particularmente marcado en este sector, en el sector de las enfermeras. Los servicios que participan en el cuidado son esenciales para la recuperación de las y los pacientes, pero no están justamente valorados en remuneraciones y presupuestos.
En nuestro país existen al menos 620 mil personas, la mayoría mujeres, dedicadas a los servicios remunerados de enfermería, de los cuales decía que el 79 por ciento son mujeres.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, para el segundo trimestre de 2023 las personas enfermeras especialistas percibían en promedio 10 mil 600 pesos mensuales, un poco más de 1.7 de salario mínimo.
La Recomendación 157 de la OIT ha reconocido que una mayor profesionalización del sector puede ayudar a remontar las brechas del personal de enfermería con el personal médico. En México la brecha salarial de género en el sector Salud es de apenas 2.5 por ciento para personas trabajadoras de 24 años, pero crece al 15 entre 30 y 34 años según estos análisis.
Esta iniciativa, la iniciativa que estamos presentando se trabajó de la mano de colectivos de enfermeras. Y, digamos, lo que propone es crear un capítulo exclusivo de trabajo de enfermería, reconocer a las enfermeras como una profesión independiente, con capacidad profesional. Garantizar las condiciones necesarias, laboral, con todos los insumos y medicamentos necesarios. Regular el trabajo subordinado y la práctica independiente. Y establecer un ambiente laboral libre de todo tipo de discriminación y fomento a la igualdad sustantiva.
Y también general, este es un dolor, un problema muy grande de las enfermeras. Como se supone que las mujeres ya nacemos sabiendo cuidar, no importa que eras, que seas una auxiliar de enfermería, una técnica de enfermería, que tengas licenciatura en enfermería, una maestría en enfermería, un doctorado en enfermería, los salarios son prácticamente los mismos. Las enfermeras siempre entran como auxiliares de enfermería, sin tomar en cuenta su capacitación.
Es como: "No importa, si te especializas o no, no importa, finalmente eres una mujer que sabe cuidar y no nos interesa más". Son paradigmas de género que tenemos que romper, porque, efectivamente, el sacrificio y el tiempo que ocupan en su preparación, se necesita ser retribuido en salarios, en reconocimiento, y decía en escalafones distintos.
Término, presidenta. Nada más para retomar lo que ha denunciado mi compañero legislador Pablo Vázquez Ahued, no se ha publicado esta gran reforma que hicimos en este Congreso en la pasada legislatura, para que el salario base de los trabajadores, enfermeras, médicos, maestros, policías, sea el promedio de cotización del Seguro Social, que el año pasado estaba en alrededor de 16 mil pesos. Las enfermeras tienen un promedio de 9 mil pesos mensuales.
Publicar ya, terminar el proceso legislativo de esa reforma constitucional va a aliviar y va a, digamos, a dar una plataforma salarial a millones de trabajadores. Se habla de casi 3 millones de trabajadores en estas profesiones.
Entonces, publiquemos, digámosle al Senado, ya tiene 23 Congresos que han aceptado esta reforma constitucional, no tenemos por qué seguir esperando lo que estos trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado merecen. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para su dictamen.
Me están solicitando el uso de la palabra. Diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (desde la curul): Solo solicitarle a la diputada Patricia Mercado si me permite suscribirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: La diputada Mercado dice que sí, así es que para usted y para las y los legisladores que deseen hacer lo propio, la iniciativa estará en la Secretaría.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 133 y 955 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de género en el trabajo.
Esta Presidencia saluda a integrantes del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, invitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Sean ustedes bienvenidos a este salón de sesiones. Bienvenidas.
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara:Con el permiso de la Presidencia. Muchas gracias. Compañeras, es hora de poner las cartas sobre la mesa. Mucho se ha dicho y mucho se ha trabajado para que las mujeres tengamos un piso parejo en todos lados. Mucho se ha dicho por este gobierno, desde la frase que dice: si llega una, llegamos todas, pero la realidad es que no es así.
Sí, se han tenido avances en todos los gobiernos para que los derechos de las mujeres avancen, se fortalezcan y crezcan. La lucha de las mujeres en México no ha sido un camino fácil. A la fecha, el sentido machista de las normas y los usos y costumbres de este país demuestran otra realidad.
Por eso y en nombre de todas las mujeres de México, presento esta iniciativa para que ningún patrón haga comentarios o realice actos que puedan agredir a una mujer en su ambiente laboral, incluso antes o después de conseguir un trabajo. A las mujeres se nos sigue discriminando, se nos sigue poniendo obstáculos para ocupar espacios.
Como decía María Lavalle Urbina, nos dan el espacio, pero no nos dan nuestro lugar y lamentablemente es una realidad, muchas de aquí hemos sufrido discriminación, muchas de aquí hemos vivido acosos, muchas de aquí hemos sentido el hostigamiento laboral, muchas de aquí hemos visto los tratos para las mujeres en el trabajo, por eso es tiempo de decir basta, basta todo aquello que nos agreda. Agresión es agresión por mínima que sea la ofensa, la idea o el acto.
Esta iniciativa compañeras diputadas es para sus hijas, para sus amigas, para sus familiares mujeres y para toda mujer que conozcan, por eso las invito a suscribirse, las invito a unirnos entre mujeres, y más ahora que se acerca el ocho de marzo. Es tiempo de que los colores queden atrás, ya lo he dicho varias veces, hagamos la agenda parlamentaria de género y participemos todas, los votos dan y las ganas más.
La propuesta consiste en reformar el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para que ningún patrón o jefe abuse de una mujer, no más patrones que nos discriminen, no más patrones que nos den de baja por supuestamente no estar presente, no más patrones que quieran ejercer control sobre nosotras a través de los sindicatos. Por eso, además, propongo que estos actos inhumanos tengan una multa de 200 a 5 mil veces la UMA a ver si multándolos, los patrones aprenden que con las mujeres en el trabajo solo debe existir respeto.
Y, compañeras las invito a generar una nueva cultura, una mentalidad que supere todo tipo de discriminación y erradique cualquier tipo de violencia de género, que nuestras diferencias no nos dividan, que sean la fuente de fuentes entre todas las fuerzas políticas y construir juntas y juntos un país igualitario.
Compañeras y compañeros, hoy la equidad está garantizada, pero la igualdad y perspectiva de género debe de ser un tema en el Presupuesto y la agenda nacional, las mujeres somos el presente y el futuro de México, sigamos luchando por la igualdad seamos congruentes con la situación que viven actualmente las mujeres en México, aprovechemos esta gran oportunidad que tenemos de cambiar la realidad que vivimos todas. Las invito a que legislemos y aprobemos estas iniciativas que son en favor de todos. Muchas gracias, es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 133 y 955 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de género en el trabajo, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI
Ariana del Rocío Rejón Lara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que modifica los artículos 133 y 955 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de género en el trabajo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLas mujeres son una parte fundamental de la fuerza laboral, con una participación económica que ha crecido de manera constante en las últimas décadas.
No obstante, persisten barreras estructurales que limitan su desarrollo profesional y personal. Entre estas barreras, la discriminación laboral por razones de género, embarazo o estado civil es una problemática recurrente y ampliamente documentada.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, una de cada tres mujeres trabajadoras ha experimentado algún tipo de discriminación o violencia en su lugar de trabajo.
Las razones más comunes incluyen la negativa a contratar o promover a mujeres embarazadas, la desigualdad salarial y el acoso laboral, factores que perpetúan la inequidad de género en el ámbito laboral.
El artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece actualmente que los patrones tienen prohibido discriminar por razón de género, embarazo o estado civil, pero la aplicación de esta disposición se considera aún insuficiente, debido a varias limitaciones:
• Falta de claridad y contundencia: El artículo carece de mecanismos específicos que obliguen a los patrones a implementar políticas activas contra la discriminación.
• Sanciones insuficientes: Las penalidades existentes no generan un efecto disuasorio significativo, permitiendo que prácticas discriminatorias persistan con relativa impunidad.
• Brechas en la supervisión: La inspección laboral no cuenta con herramientas ni procedimientos claros para identificar y sancionar la discriminación de manera eficaz.
Esta reforma permitirá fortalecer la prohibición de la discriminación laboral por razones de género, embarazo o estado civil es una medida necesaria y pertinente porque
• Cumple los compromisos internacionales de México: México es signatario de convenios internacionales como el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, y el Convenio de Belém do Para, que promueve la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
• Fomenta la equidad de género: Garantizar condiciones laborales justas para las mujeres contribuye al cierre de brechas salariales y de acceso a oportunidades de desarrollo.
• Impulsa el crecimiento económico: Estudios del Banco Mundial y la OIT indican que la eliminación de la discriminación laboral puede aumentar la productividad y generar beneficios económicos a largo plazo.
Esta reforma generará un impacto positivo en diversos ámbitos, entre otros:
• Social: Contribuirá a la construcción de una sociedad más equitativa y justa, promoviendo el respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras.
• Económico: Mejorará la competitividad de las empresas mexicanas al fomentar un entorno laboral inclusivo y diverso.
• Cultural: Sensibilizará a los empleadores y a la sociedad sobre la importancia de erradicar la discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades.
Este proyecto es una medida indispensable para garantizar que las mujeres mexicanas puedan desarrollarse plenamente en el ámbito laboral, libres de discriminación y con igualdad de condiciones.
Con esta iniciativa se refuerza el compromiso de México con los derechos humanos y la equidad de género, alineándose con los principios constitucionales y los estándares internacionales de justicia social.
Por lo expuesto, y con objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretende llevar a cabo, se presenta el siguiente cuadro:
Ley Federal del Trabajo
Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto por el que se modifican los artículos 133 y 955 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad de género en el trabajo
Único. Se reforma el artículo 955 y se adiciona una nueva fracción XVI al artículo 133, con lo que se recorren las subsecuentes, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes
I. a XV. ...
XVI. Realizar cualquier tipo de comentario o acto que vulnere la personalidad y menoscabe los derechos laborales de cualquier persona por razones de género;
XVII. Dar de baja o terminar la relación laboral de un trabajador que tenga la calidad de persona desa-parecida y cuente con declaración especial de ausencia, en los términos de lo establecido en la legislación especial en la materia;
XVIII. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores; y
XIX. Las demás que establezca esta ley.
Artículo 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones XIV , XV y XVI, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/
2 https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB: 121 00: 0:: NO:: P12100_ilo_code: C111
3 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2025.– Diputadas y diputados: Ariana del Rocío Rejón Lara, Laura Ivonne Ruiz Moreno, Emilio Suárez Licona, Ana Isabel González González, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Abigail Arredondo Ramos, Emilio Lara Calderón (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada, a usted. Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para su dictamen.
La diputada Anita González, a sus órdenes.
La diputada Ana Isabel González González (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para solicitarle a la oradora que acaba de terminar su participación, a la diputada Ariana Rejón, si nos da la oportunidad de suscribirnos a esta iniciativa.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Sí, diputada, la diputada proponente está de acuerdo, así es que de igual forma estará la iniciativa para usted y para quien desee suscribirla, en esta Secretaría.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 199 Octies, del Código Penal Federal.
La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchísimas gracias. No puedo dejar de pasar la oportunidad de señalar que he sido tres años ya diputada y que esto es una constante de las sesiones solemnes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
No vienen los coordinadores, nos dejan hacer un soliloquio a nosotras solas. Se dan los posicionamientos de los grupos y solamente hoy por la mañana nos acompañó nuestro coordinador Reginaldo Sandoval.
Pareciera que estamos haciendo solamente un discurso para nosotras. Y reconozco, y reconozco la presencia del coordinador del Partido Acción Nacional, diputado Elías Lixa, pero lleva por favor, diputado, esta demanda a la Junta de Coordinación Política. Tres años seguidos es este vacío de los diputados, sobre todo los varones, y lo digo con generosidad, pero reconozco a los que sí están aquí, del partido que sean.
La iniciativa que hoy presento, y bueno, valga decir que esto no es solamente una queja, sino que hemos dicho, mi querido maestro Leonel Godoy, que siempre está en este pleno, además que siempre está acá dándonos guía y también reconozco la presencia de nuestro querido Leonel Godoy.
Pero, yo digo que esto no es una queja, es solamente, ahora sí congruencia de todos los grupos parlamentarios, porque el tema de las mujeres no les incumbe solo a las mujeres.
Estoy presentando esta iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un Título Tercero al artículo 199 Octies del Código Penal Federal.
La iniciativa pretende que se establezca que se comete como delito de violación a la intimidad sexual a quien utilice técnicas, aplicaciones o programas de inteligencia artificial, para creación, manipulación y distribución de videos, audios, imágenes e impresiones con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.
Según datos del informe State of Deepfakes del 2023, para hacer un video de contenido sexual que dura 60 segundos se requieren apenas 25 minutos, estas deepfakes o estas imágenes que se difunden no solamente atentan contra la privacidad principalmente de mujeres, sino que generan graves daños psicológicos, sociales y profesionales a las víctimas que en muchas ocasiones resultan irreversibles o requieren mucho tiempo para podérseles dar atrás.
Esta medida refuerza, compañeras y compañeros y a las personas que nos ven a través del Canal del Congreso, reforzar la protección contra la violencia digital y ampliar el marco legal para sancionar el uso indebido de imágenes y videos íntimos alterados.
Hoy, aprobamos en esta legislatura anterior, la Ley Olimpia que todos conocemos, la cual castiga la distribución de videos sexuales sin consentimiento, pero esta nueva iniciativa aborda específicamente los casos relacionados con contenido creado mediante el uso de la inteligencia artificial.
Las mujeres que vivimos en la vida pública o quienes por decisión han decidido subir imágenes personales a las redes sociales o a la nube o al internet, se considera que el 70 por ciento de las mujeres son víctimas, no solamente de ciberacoso, de bullying,sino de la utilización sin su consentimiento de las imágenes.
Tal es el caso para nosotros sentido en nuestro movimiento, en octubre del 2024, un pseudo caricaturista de nombre Antonio Garci Nieto, difundió en sus redes sociales lamentables imágenes de un cuerpo semidesnudo que se presume, o dice él, se hizo con inteligencia artificial y al que le puso de manera vil y baja la cara de nuestra compañera de movimiento, quien fue nuestra compañera diputada y hoy nuestra compañera senadora, Andrea Chávez, una, no solamente militante sino destacada militante de nuestro movimiento.
Inicialmente Andrea decidió que no iba a tomar cartas en el asunto porque creía que se iba a entender como persecución, pero luego entendió que ella no solamente, sino todos nosotros que somos personas públicas, tenemos que, no solamente predicar con el ejemplo, sino también marcar una línea de lo que es permisible y no permisible en la vida, en la integridad de las personas.
Es por eso, que Andrea presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, pero pues eso queda ahí porque no hay los fundamentos legales para la utilización de, no solamente aplicaciones, sino hoy de la inteligencia artificial.
El caso de Andrea Chávez no es el único, les aseguro que, de todos los partidos, todas y todos hemos tenido esta experiencia, pero valga esta iniciativa para fijar un antecedente. Debemos sí privilegiar al avance tecnológico, pero la vida y la dignidad de las personas y el derecho a su intimidad. Todos tenemos derecho a publicar las fotos y las imágenes que así nos parezcan, pero no todo el mundo tiene el derecho a utilizarlas de la manera tan denigrante en que la hizo, en que la utilizó Garci Nieto.
Toda nuestra solidaridad y sororidad a las mujeres que han sido víctimas de este delito y ojalá que esto pueda ser una realidad, como hoy lo ha sido la Ley Matilde, a la que quiero agradecer a todos. Y digo a todos los grupos parlamentarios que, a pesar de nuestras diferencias en muchos de los temas, han apoyado esta iniciativa que se presentó hace dos años en un 8 de marzo que tiene que ver con la muerte de mi señora madre y que hoy finalmente ha sido aprobada en comisiones en la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias.
Y, pues ojalá esta también pueda ser una realidad y en dos años podamos tener una ley en contra de esta inteligencia artificial en contra de la intimidad de las mujeres. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que adiciona un párrafo tercero al artículo 199 Octies del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa inteligencia artificial representa una oportunidad emprendedora sin precedentes para impulsar la innovación y la transformación digital en los modelos de negocio, convirtiéndose en un pilar fundamental para la competitividad empresarial en la era digital.
Si bien, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un motor de innovación y desarrollo a nivel global, en México no es la excepción, de acuerdo con el reporte Estado de preparación en inteligencia artificial de México, elaborado por la Unesco en colaboración con la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial y el Centro-i para la Sociedad del Futuro.
El reporte, refiere una visión detallada sobre el estado actual y los desafíos que enfrenta el país en materia de desarrollo e implementación de herramientas e, se realizó mediante un este estudio involucró a más de 250 representantes de diversos sectores, entre gobiernos federales y estatales, órganos autónomos, organizaciones civiles, academia y la iniciativa privada.
La inteligencia artificial sirve para automatizar procesos y simular ciertos rasgos de la inteligencia humana mediante sistemas informáticos. Entre las capacidades de la IA se encuentra el reconocimiento de voz, texto e imágenes, la traducción de idiomas y la generación de textos.
Las deepfakes, acrónimo formado por las palabras inglesas fake (“falso”) y deep learning, un subcampo de la IA. Se trata de un video, una imagen o un audio generado para imitar la apariencia y sonido de una persona y estos son generados de modo artificial, y son tan convincentes, tan rea-listas, que muchas veces, el ojo humano no percibe que está frente a una imagen ficticia.
En la última década, el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha permitido el desarrollo de tecnologías que, aunque prometedoras, también representan riesgos significativos.
Estas herramientas están transformando múltiples sectores, desde la medicina hasta la comunicación, ofreciendo soluciones innovadoras y nuevas posibilidades de interacción. Sin embargo, uno de los desarrollos más controvertidos es el de los deepfakes, herramientas de edición digital que emplean algoritmos avanzados, particularmente redes neuronales generativas, para superponer rostros y voces de personas en videos falsificados con un nivel de precisión inquietante.
Esta tecnología tiene aplicaciones positivas en áreas como el entretenimiento, la educación y la creación de contenido artístico. Por ejemplo, los deepfakes han sido utilizados para preservar la voz de personas con enfermedades degenerativas o para recrear personajes históricos en documentales interactivos. No obstante, su uso malicioso ha generado alarmantes consecuencias, especialmente para las mujeres, al convertirse en una herramienta para vulnerar derechos fundamentales y amplificar la violencia digital. malicioso ha generado alarmantes consecuencias, especialmente para las mujeres.
Los deepfakes con contenido sexual explícito se han convertido en una herramienta de violencia digital. Según datos de organizaciones especializadas en ciberseguridad, más de 90 por ciento de los deepfakes publicados en plataformas en línea tienen como objetivo a mujeres, muchas de las cuales desconocen que su imagen ha sido manipulada. Estos videos no solo atentan contra la privacidad, sino que generan graves daños psicológicos, sociales y profesionales a las víctimas.
Es imperativo legislar para prevenir, sancionar y erradicar la creación y difusión de contenido deepfakeque vulnera los derechos de las mujeres. La falta de regulación específica sobre este fenómeno perpetúa una cultura de violencia digital, normaliza la objetivación de las mujeres y refuerza estereotipos de género dañinos.
Los daños que sufren las víctimas son múltiples: desde la pérdida de oportunidades laborales hasta el deterioro de su salud mental. Muchas enfrentan el estigma social, la revictimización y la falta de apoyo legal o psicológico. Además, la ausencia de mecanismos efectivos para retirar este contenido de internet agrava su sufrimiento.
Un marco normativo claro no solo protegerá a las víctimas, sino que también enviará un mensaje contundente contra la violencia de género en el entorno digital. La sociedad actual exige que los derechos humanos se extiendan a todos los espacios, incluyendo el virtual.
La violencia digital mediante el uso de deepfakeses una problemática creciente que exige una respuesta contundente y urgente. La presente iniciativa no solo busca reparar un vacío legal, sino garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos en un entorno digital seguro y libre de violencia. Proteger la dignidad, privacidad y seguridad de las mujeres no es solo un acto de justicia, sino un paso indispensable hacia una sociedad más igualitaria y respetuosa.
en el contexto internacional
A nivel global, el fenómeno de los deepfakes plantea desafíos legales, éticos y técnicos que han generado respuestas diversas entre los países. En naciones como Estados Unidos, algunos estados han comenzado a promulgar leyes específicas que penalizan la creación y difusión de deepfakes, especialmente aquellos con contenido sexual explícito o diseñados para interferir en procesos electorales. Sin embargo, estas legislaciones son recientes y todavía presentan vacíos en su alcance y aplicación.
En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos ofrece cierta protección al permitir que las víctimas soliciten la eliminación de contenido no autorizado. No obstante, la falta de una legislación específica para los deepfakes dificulta abordar el problema de manera integral. Además, iniciativas como la Ley de Servicios Digitales buscan establecer obligaciones más claras para las plataformas en línea respecto a la detección y eliminación de contenido dañino.
Por otro lado, países como China han adoptado un enfoque regulatorio más restrictivo, exigiendo que los contenidos generados mediante IA incluyan marcas de agua digitales para identificar su naturaleza artificial. Aunque estas medidas son un avance, su efectividad depende en gran medida de la implementación y de la cooperación internacional.
La cooperación internacional resulta esencial, dado que los deepfakes, al ser distribuidos principalmente en plataformas globales, trascienden fronteras. Organismos como la Interpol han señalado la necesidad de establecer marcos colaborativos que permitan rastrear y sancionar a los responsables de este tipo de violencia digital. Sin embargo, las diferencias culturales, legales y tecnológicas entre los países dificultan la creación de un consenso global.
Es crucial que las naciones trabajen juntas para desarrollar estándares internacionales que regulen el uso de tecnologías como los deepfakes, garantizando que estas herramientas no se utilicen para vulnerar derechos fundamentales. Además, se requiere de un diálogo constante entre gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil para abordar los desafíos técnicos y éticos que plantean los deepfakes.
Vigilancia y seguimiento
Ha nivel internacional existe un estudio realizado por Security Hero.io en el que han llevado a cabo una investigación del impacto de las deepfakes en los cuales han reportado hallazgos del alcance de éstas.
Según el estudio reporta que
• La pornografía deepfake constituye el 98 por ciento de todos los vídeos deepfakeen línea.
Lo que constituye que la mayoría de la distribución de deepfakes están relacionadas con la creación de video de contenido sexual, con distintas intenciones como difamar, violentar y denigrar.
• Hay un 550 por ciento más de vídeos deepfake en línea en 2023 que en 2019.
En sólo un par de años la cantidad de videos tienden a la alza lo que preocupa su aceptación y normalización en el ámbito secular.
• 7 de los 10 principales sitios web de pornografía albergan Deepfakes
Su consumo se ha vuelto accesible, su distribución no representa un reto siendo que los propios sitios web contienen estos videos, lo que además de ser fácil de visualizar o compartir, representa la normalización de este tipo de contenido, lo que incita a replicar dicho contenido dirigido a personas de su interés personal.
• Entre 2022 y 2023, la cantidad de pornografía deepfake creada aumentó un 464 por ciento.
Esto representa una clara tendencia y crecimiento exponencial de su uso enfocado a la generación de contenido sexual.
• 99 por ciento de las personas afectadas por pornografía deepfake corresponde a mujeres.
Esto evidencia una alarmante disparidad de género en este tipo de agresiones. Este dato es revelador no sólo por el alcance del problema, sino porque pone de manifiesto una dinámica de poder subyacente en la violencia digital. Las mujeres, debido a su alta exposición mediática o simplemente por su presencia en plataformas digitales, son constantemente objeto de manipulación y explotación mediante esta tecnología, lo cual perpetúa estereotipos de género y las revictimiza en un entorno que debería ser seguro y respetuoso.
• Disponibilidad de herramientas, software y comunidades fáciles de usar para crear deepfakes.
El crecimiento exponencial de los deepfakesha sido facilitado en gran medida por la disponibilidad de herramientas y software accesibles al público general. Existen múltiples aplicaciones, muchas de ellas de uso gratuito o a bajo costo, que permiten a cualquier persona con conocimientos básicos de informática crear contenido manipulado. Plataformas como GitHub, foros en línea y comunidades específicas en redes sociales han contribuido a la rápida difusión de estas tecnologías, proporcionando tutoriales, algoritmos preentrenados y recursos para generar deepfakes con relativa facilidad.
Esta accesibilidad tecnológica plantea un grave problema, ya que permite que personas sin formación técnica puedan producir videos manipulados con fines maliciosos. Las comunidades en línea que promueven el uso de deepfakes a menudo normalizan su creación y consumo, minimizando el impacto ético y legal de estas acciones. Estas redes también facilitan la distribución masiva de contenido manipulado, lo que aumenta la exposición y revictimización de las personas afectadas.
Es importante destacar que esta disponibilidad de herramientas no solo fomenta el uso malintencionado, sino que también dificulta la regulación efectiva del fenómeno. La velocidad a la que evolucionan las tecnologías de deepfake supera con creces el ritmo de las respuestas legislativas y técnicas, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad constante.
Abordar este problema requiere no solo una regulación más estricta, sino también una mayor colaboración entre las plataformas tecnológicas, las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.
En México, la creciente era digital ha aumentado la productividad y eficiencia, mejorado la comunicación y fomentado la innovación. Pero a su vez, también ha traído consigo el surgimiento de nuevas y sofisticadas formas de reproducción de otros tipos de violencia. Históricamente, esta violencia no ha afectado a todas las personas de la misma manera.
Uno de los aspectos más inquietantes de los deepfakes es su conexión con la venganza mediante la diseminación de contenido íntimo y sexualmente explícito. Esto ocurre cuando, sin el consentimiento de una persona, su pareja, expareja o terceros difunden o amenazan con difundir imágenes intimas sexualmente explicitas de ella, con el propósito de controlarla, castigarla y/o dañar su reputación. Algunas investigaciones han documentado los patrones de género sobre este fenómeno, mostrando que esta afecta desproporcionadamente a mujeres en comparación con los hombres, lo que la convierte en otra forma de violencia de género.
Las víctimas de deepfakes pueden llegar a presentar ansiedad generalizada, a la vez que intentan lidiar con la vergüenza, el enojo, la humillación y el estigma. La violación de su privacidad y la difusión de imágenes manipuladas pueden afectar profundamente su salud mental, y por ende su calidad de vida, e incluso causarles trauma. Además, puede tener repercusiones en las relaciones personales y las oportunidades profesionales de las mujeres afectadas.
Es necesario fomentar la investigación y el desarrollo de herramientas de detección que puedan identificar y bloquear contenido manipulado antes de su difusión masiva.
Por lo anterior, con este tipo de iniciativas se procura hacer más accesible la denuncia de esta y otras formas de agresión en el ámbito digital, lo cual permite la sanción efectiva de las personas responsables.
A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto acudo a esta soberanía para presentar iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 199 Octies, y se recorre el subsecuente, del Código Penal Federal
Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 199 Octies, y se recorre el subsecuente, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 199 Octies. ...
...
Asimismo, la utilización de técnicas, aplicaciones o programas de inteligencia artificial para la creación, manipulación y distribución de videos, audios, imágenes e impresiones con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Mexico-esta-preparado-para-la-Inteli gencia-Artificial-20240704-0049.html
2 Infografía IPN https://www.seguridad.ipn.mx/comunicados/Infografia_Deepfake.pdf
3 Security Hero.io https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/# overview-of-current-state
4 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/deepfakes-violencia-basada-en-genero-intelig encia-artificial/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2025.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
Por supuesto que esta Presidencia acompaña las palabras de la diputada Aguilar, los temas de mujeres no solamente competen a mujeres y hacemos el reconocimiento público de la estadía en esta sesión tan importante, del coordinador de la banca del Grupo Parlamentario del PAN, del diputado Elías Lixa. Muchas gracias, coordinador por estar aquí.
Y, por supuesto, también, reconocer al diputado Leonel Godoy, que efectivamente es un, ha sido asistente siempre, a las sesiones. Muchísimas gracias, por supuesto a ambos y a los diputados que se encuentran esta tarde. El diputado Montalvo, claro que sí, por supuesto.
¿Desea hacer uso de la palabra? Adelante, diputado.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Por alusiones, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Si me permite un segundo. Turno la iniciativa y tiene usted el uso de la palabra.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Con mucho gusto.
Adelante, diputado. Así se hará, diputado. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la palabra.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Celia Esther Fonseca Galicia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida. Adelante, diputada.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Amigas diputadas, hoy me pongo de pie ante esta soberanía con el corazón en la mano, con la voz quebrada, pero firme, porque lo que vengo a decir no es solo un discurso, es la historia de mi propia lucha. Una lucha que me ha marcado como mujer, como ciudadana, como legisladora.
Durante años soñé con ser madre. No era un capricho ni una simple ilusión. Era el anhelo más profundo de mi vida, como el de tantas mujeres en este país. Me preparé, trabajé, me esforcé, construí mi camino a la par seguí tratamientos médicos, indicaciones, pasé por todo ese proceso triste, largo, difícil. Y cuando por fin estuve lista, cuando mi corazón y mi vida estaban en el momento preciso para recibir una nueva vida, me cerraron la puerta.
Voces como la de usted ya no puede, usted ya es demasiado grande, ya no es apta a la edad, usted ya no tiene la edad para lograrlo, así sin más, sin importar mi salud, mi historia, mi deseo, mi derecho, mis sueños, no me dieron la oportunidad. No me dieron la oportunidad de demostrar que sí podía. No me permitieron luchar por la hija o el hijo que tanto soñaba. Y no sólo me lo negaron a mí, se lo siguen negando todos los días a miles de mujeres que se enfrentan a este cruel muro de discriminación, a este muro de indiferencia.
La pregunta es quién decide cuándo es tarde para una mujer. Quién puede atreverse a juzgar el derecho a la maternidad. Quién puede sentenciar que su sueño es imposible simplemente por la edad, por un número en el acta de nacimiento. Quién puede tener el derecho de decirte que el tiempo ya pasó. La medicina avanza, la ciencia ofrece miles de oportunidades, pero la ley, nuestra ley, sigue castigando a las mujeres por atreverse a desafiar al tiempo.
Hoy, traigo ante ustedes una iniciativa de justicia, de dignidad, pero de humanidad, sobre todo. Una iniciativa que busca garantizar que ninguna mujer en México sea rechazada de los tratamientos de reproducción asistida por el simple hecho de su edad y/o condición económica. Porque detrás de cada solicitud negada hay una historia como la mía y como la de miles. Hay una mujer llorando en su habitación, sintiendo que ha fallado, que su cuerpo la ha traicionado, que la sociedad la ha abandonado; haciéndose mil preguntas y cuestionando a la vida el por qué a mí se me negó la oportunidad. ¿Acaso es justo que el destino de muchas mujeres esté en manos de gente que no tiene el criterio, y ya ni hablar de humanismo, y que esté en juego de ellos determinar la oportunidad para dar vida?
La infertilidad no sólo es una condición médica, es un abismo emocional y es dolor de querer abrazar a un hijo que no llega, es el vacío que no se llena con palabras de consuelo y es el titubeo cuando llegan las preguntas de: y para cuándo, y tú por qué no, y qué no te gustan los niños. Yo no quiero que ninguna mujer vuelva a sentir lo que yo sentí y lo que aún siento al recordar ese camino, que a la fecha me ha marcado, y que fue muy difícil lograr no romper en llanto cada vez que tocaba el tema. Nadie puede decidir quién quiere ser madre o quién puede ser madre y quién no.
Sueño con una ley que reconozca la ciencia, la verdadera ciencia. Sueño con una ley que respete los derechos, que de verdad los respete. Y sueño con una ley que no discrimine, que de verdad no discrimine. Mujeres, ya basta, de una chingada vez, que los demás sigan decidiendo por nosotras. Es cuanto. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, en materia de técnicas de reproducción humana asistida, suscrita por las diputadas Nayeli Arlen Fernández Cruz y Santy Montemayor Castillo, integrantes de los grupos parlamentarios del PVEM y de Morena, respectivamente
La que suscribe, diputada federal Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa reproducción asistida es fundamental no solo como un avance médico, sino también como una herramienta que transforma vidas al permitir la formación de familias diversas, superar barreras reproductivas y enfrentar desafíos médicos complejos. Su importancia trasciende lo personal, impactando positivamente en la sociedad y la ciencia.
La reproducción asistida es de gran importancia por su impacto en diversos ámbitos médicos, sociales y emocionales, ya que brinda soluciones a problemas de infertilidad y abre nuevas posibilidades para que las personas y las parejas puedan tener hijos.
Se refiere al conjunto de técnicas y procedimientos médicos diseñados para tratar problemas de fertilidad y ayudar a las personas a concebir. Esto incluye:
• Inseminación artificial: Introducción del esperma en el útero de la mujer mediante un procedimiento médico, sin la necesidad de relaciones sexuales.
• Fertilización in vitro (FIV): Unión del óvulo y el esperma en un laboratorio y posterior transferencia del embrión al útero.
• Transferencia de gametos o embriones: Como la transferencia intratubárica de gametos (GIFT) o de cigotos (ZIFT).
• Donación de óvulos, esperma o embriones: Uso de gametos de donantes para lograr un embarazo.
• Preservación de gametos y embriones: Congelación de óvulos, espermatozoides o embriones para uso futuro.
• Gestación subrogada: Uso de un vientre subrogado para llevar a término un embarazo.
Estas técnicas se utilizan con el objetivo de tratar diversos problemas de fertilidad, como baja calidad espermática, trastornos ovulatorios, obstrucciones en las trompas de Falopio o infertilidad inexplicada.
El deseo insatisfecho de tener un hijo puede tener diversos efectos en la salud de una mujer, tanto a nivel físico como emocional.
La incapacidad para concebir puede ser una fuente importante de estrés y ansiedad, especialmente cuando el embarazo es un objetivo prioritario.
Muchas mujeres pueden experimentar sentimientos de tristeza profunda o depresión, especialmente si la percepción de estar completas o satisfechas está fuertemente vinculada a la maternidad.
Las mujeres pueden desarrollar sentimientos de insuficiencia o falta de valor personal debido a la percepción de no poder cumplir con el rol social esperado de ser madres.
La infertilidad puede ocasionar tensiones o conflictos en la relación de pareja, influenciando la comunicación y el vínculo emocional.
Las mujeres pueden sentirse aisladas de su círculo social, especialmente si muchas personas en su entorno tienen hijos.
El estrés crónico puede manifestarse en síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, alteraciones del sueño, entre otros.
La combinación de factores emocionales, físicos y relacionales puede afectar la calidad de vida general, limitando el disfrute de actividades diarias y la satisfacción personal.
Planteamiento del problema
La negación a mujeres de más de 40 años para acceder a tratamientos de reproducción asistida
La prolongación de la expectativa de vida y los cambios socioculturales han llevado a que un número creciente de mujeres decida posponer la maternidad. Sin embargo, las mujeres mayores de 40 años enfrentan barreras significativas, tanto culturales como institucionales, para acceder a tratamientos de reproducción asistida. Es indispensable reformar la legislación existente para garantizar que no sean discriminadas y que tengan acceso equitativo a los servicios de salud necesarios ya que no se encuentra contemplada en la Ley General de Salud.
La Constitución y tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano promueven la igualdad y el derecho a la no discriminación. Limitar el acceso a la reproducción asistida por razones de edad constituye una forma de discriminación que debe corregirse.
La salud reproductiva es un componente integral del derecho a la salud. Las mujeres mayores de 40 años deben tener acceso a servicios médicos que les permitan ejercer de manera plena este derecho, independientemente de su situación socioeconómica.
Los avances en la medicina reproductiva permiten que muchas mujeres mayores de 40 años puedan concebir y llevar un embarazo a término de manera segura. La legislación debe reflejar estos avances y facilitar el acceso a tales tecnologías.
Facilitar el acceso a la reproducción asistida contribuye al bienestar emocional y psicológico de las mujeres, al eliminar barreras que impiden la realización de sus proyectos de vida.
El Estado puede beneficiarse al fomentar la inclusión de mujeres que deseen contribuir a la sociedad mediante la maternidad planificada, lo que puede traducirse en una población más diversa y rica en experiencias.
Incluir estas disposiciones que propongo en la Ley General de Salud son para que protejan explícitamente el derecho de las mujeres a acceder a tratamientos de reproducción asistida sin discriminación por edad.
Garantizando que tanto instituciones públicas como privadas proporcionen tratamientos de reproducción asistida, asegurando que se integren dentro de los servicios cubiertos por seguros médicos y programas estatales de salud.
De igual forma hay que promover campañas de educación dirigidas a la población en general y al personal sanitario, con el fin de eliminar prejuicios y estigmas relacionados con la maternidad en edades avanzadas.
Las mujeres que desean un embarazo mediante reproducción asistida y se enfrentan a la negativa debido a su edad, pese a estar en condiciones de salud adecuadas, pueden enfrentar varios problemas significativos, como el ser excluidas de tratamientos médicos basándose en la edad constituye una forma de discriminación que puede afectar su autoestima y bienestar emocional.
Pueden enfrentar estigmatización social que asume que la maternidad a edades avanzadas es irresponsable o anormal.
La imposibilidad de acceder a tratamientos puede llevar a sentimientos de desesperanza, ansiedad y depresión, al ver limitadas sus opciones de maternidad.
La presión social y el deseo personal de formar una familia pueden intensificar el estrés y la tristeza.
Muchas mujeres pueden verse obligadas a buscar tratamientos en clínicas privadas o en el extranjero, lo que puede ser significativamente costoso.
Los altos costos asociados con los tratamientos de fertilidad fuera del sistema de salud pública son una barrera financiera considerable.
Cada año de retraso puede reducir las probabilidades de éxito en la concepción, aumentando la urgencia y potencialmente limitando las opciones efectivas de tratamiento.
Las dificultades para acceder a estos servicios pueden interferir con la planificación de su vida personal y profesional, generando incertidumbre sobre el futuro.
Al encontrar barreras institucionales, muchas mujeres pueden sentir que no cuentan con el apoyo necesario del sistema médico o social.
Los prejuicios sobre la maternidad en edades avanzadas pueden llevar a una falta de información adecuada sobre los riesgos reales y las posibilidades del uso seguro de la reproducción asistida.
Este cambio legislativo es fundamental para alinearse con los principios de igualdad y justicia social, garantizando que todas las mujeres, independientemente de su edad, tengan la oportunidad de acceder a tratamientos de reproducción asistida. Al hacerlo, el Estado reafirma su compromiso con los derechos reproductivos, mejorando la calidad de vida y promoviendo una sociedad más inclusiva.
Esta reforma no solo resolverá un vacío legal, sino que también resonará significativamente en el progreso social y humano del país.
Propuesta legislativa
Para mayor claridad de la reforma planteada, me permito incluir un cuadro comparativo entre el contenido actual de la Ley General de Salud y la propuesta de modificación:
Ley General de Salud
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de reproducción asistida
Artículo Único. Se adiciona una fracción IX Ter al artículo 3o.; se adicionan las fracciones VIII Ter y VIII Quáter al artículo 7o.; se adicionan los artículos 61 Ter, 61 Quáter y 61 Quintus a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a IX Bis. ...
IX Ter. La reproducción asistida;
X. a XXVIII. ...
Artículo 7o. ...
I. a VIII Bis. ...
VIII Ter. Promover la formación continua del personal médico para asegurar que los avances en medicina reproductiva se reflejen en la práctica clínica y en la atención al paciente.
VIII Quáter. Implementar campañas educativas dirigidas al público y al personal médico para erradicar prejuicios relacionados con la maternidad en mujeres de edad avanzada.
IX. a XV. ...
Artículo 61 Ter. Toda mujer tiene derecho a obtener servicios de reproducción asistida, que garantice el acceso a estas técnicas sin discriminación por edad, siempre que las mujeres cuenten con una evaluación médica que certifique su salud y aptitud para el tratamiento en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.
Artículo 61 Quáter. Se garantizará que tanto los hospitales y clínicas públicas como privadas estén obligados a ofrecer tratamientos de reproducción asistida a mujeres elegibles, integrando estos tratamientos dentro de los servicios cubiertos por los programas gubernamentales de salud.
Artículo 61 Quintus. Definir y estandarizar los criterios médicos necesarios para evaluar la aptitud de las pacientes, asegurando que las decisiones se basen en factores de salud y bienestar, no en la edad cronológica por sí sola.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Celia Esther Fonseca Galicia (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada Fonseca. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Salud, para su dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra la diputada Noemí Luna Ayala, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 115 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y fomento al ahorro, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, vicecoordinadora.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, hoy, en el marco del 8 de marzo, ese día que siempre sirve como recordatorio de la lucha que han dado por décadas las mujeres para tener una vida libre de violencia, para tener igualdad de oportunidades, para que el género no sea un hándicap para perseguir sueños, vengo a proponer.
Vengo a plantear una reforma a la Ley General de Educación, con el objetivo de que se incorpore a los planes de educación obligatoria la enseñanza financiera. Que se fomenten hábitos de ahorro, inversión y consumo responsable. Porque, fíjense ustedes, si algo le da realmente poder a una mujer es la autonomía financiera. La autonomía financiera y la libertad de elegir en qué trabajar se logra, por supuesto, con educación.
El Estado deja de recaudar, es decir pierde 76 mil millones de pesos al año por la cantidad de mujeres que se encuentran en el desempleo. Para el tercer semestre de 2024 había 21 millones 226 mil mujeres en México que reportaron no trabajar por dedicarse a las labores del hogar. Es decir, son mujeres que tienen que hacerse cargo de las labores domésticas, tal vez sin ni siquiera darles la oportunidad de elegir.
Por eso es importante educar a las niñas del futuro, sobre todo, es importante educarlas en cuestiones económicas, para que no crean que una guerra arancelaria se gana llenando el Zócalo o cantando el Himno Nacional.
Es importante educar a las niñas del futuro para saber que se necesita estrategia. Es necesario educar a las niñas del futuro para que no abaraten la justicia, para que no crean que es violencia política a razón de género criticar la ineficacia de una gobernante, porque se critican los hechos, no a la mujer por el hecho de ser mujer.
Educar a las niñas del futuro, a las niñas del presente, permite que en el futuro hagan frente a los retos económicos que muy probablemente van a llegar. Retos económicos que se están generando en el presente por la ineficacia de un gobierno al que le sigue ganando la ideología, al que le sigue ganando ese ímpetu de quererse victimizar, en lugar de ser eficaz, y en este momento evitar una crisis económica, que, sin duda, viene para el país. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 12 y 115 de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y fomento al ahorro, suscrita por la diputada Noe-mí Berenice Luna Ayala y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal Noemí Berenice Luna Ayala, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12, y se adiciona una fracción XXII al artículo 115 recorriéndose las demás, ambas de la Ley General de Educación, en materia de educación financiera y fomento al ahorro.
Exposición de MotivosImplementar una educación financiera en las escuelas mexicanas es de gran importancia para que desde pequeños las niñas, niños y adolescentes desempeñen una cultura de ahorro, además de saber tomar decisiones sobre los ingresos y gastos que se tienen día con día.
Si bien es cierto, la Ley General de Educación en su artículo 30 fracción XIV señala someramente la incorporación de la cultura del ahorro y la educación financiera como textualmente lo refiere:
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:
I. a XIII. ...
XIV. La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera;
Sin embargo, es insuficiente lo establecido en el marco normativo, ya que como podemos analizar la cultura del ahorro en México no es considerada como prioridad. Se considera que para tener más y mejores resultados es necesario fortalecer la educación financiera y el fomento a la cultura del ahorro en tiempos en los que la inflación crece día con día como también la constante volatilidad de la economía a nivel global.
Otro aspecto que incorpora esta iniciativa es la participación activa de las de madres y padres de familia o tutores. Sin duda, es importante dicha participación, así como la necesidad de aumentar la capacitación a través de formación adicional y continua que conduzca a la planificación del ahorro para lograr los objetivos deseados de cada familia mejorando su calidad de vida.
Esto radica en la importancia en que las familias conozcan las diversas herramientas que les permitan administrar sus gastos de manera responsable y, con ello, mejorar su salud financiera.
Y como muestra de la importancia de la educación financiera citamos una publicación de BBVA que señala:
“Gran parte de las decisiones que tomas en el día a día tienen un impacto, directo o indirecto, en tus finanzas. Por eso, la educación financiera puede ayudarte a prevenir riesgos que ponen en peligro tu estabilidad económica y, con eso, tus planes a futuro.
Sin embargo, a pesar de su importancia, pocos saben de qué se trata. En la escuela te hablaron de matemáticas, ciencias e idiomas, pero ¿sabes en qué consiste la educación financiera? Esta disciplina te enseña cómo funciona el dinero y cómo gestionar tus inversiones y gastos de manera estratégica para generar valor.
Por eso, la mejor inversión que puedes hacer si quieres cumplir metas es aprender de finanzas, todo lo que necesitas es invertir tu tiempo y energía en esta tarea”.
En este contexto podemos decir que iniciar desde la infancia la cultura del ahorro y la educación financiera contribuye y facilita generar hábitos de ahorro, así como conductas y disciplinas que se verán reflejadas en una posible independencia económica. Enseñarles en las escuelas desde pequeños la importancia de manejar su dinero de manera responsable y adecuada puede ayudar a mejorar su salud financiera en un futuro, más en una sociedad como la mexicana, que de acuerdo a BBVA cuatro de cada 10 personas no ahorran de forma habitual.
Aunado a lo anterior, estamos convencidos que incorporar una cultura financiera desde temprana edad, permitirá mejorar las habilidades para generar y multiplicar el capital que traiga consigo una mejor calidad de vida para las niñas, niños y adolescentes y sus familias.
Por lo anterior, es importante incorporar con más énfasis estos conceptos y la mejor manera es reforzando la legislación correspondiente.
Lo que se propone es lo siguiente:
Como podemos analizar, las reformas planteadas son los instrumentos para la capacitación, la inclusión y el fortalecimiento de una cultura financiera en las escuelas para beneficio de las familias mexicanas.
Es esencial educar desde la primera infancia para adquirir el hábito de una cultura del ahorro, a partir de los conocimientos básicos y a una edad temprana los menores podrían ser usuarios de un producto financiero, sin duda es el primer paso para tener una planeación financiera exitosa y así lograr las metas y los objetivos de vida.
En este tenor compartimos fragmentos de la publicación realizada por la Universidad Autónoma de México en la materia del 12 de marzo de 2018 que menciona en su texto lo siguiente:
“Actualmente en México no existe una cultura de ahorro que permita solventar una posible crisis personal, o en el sistema de pensiones y del retiro dentro de los próximos años.
Por lo general, las personas jóvenes no ahorran porque no tienen ingresos, pero cuando empiezan a trabajar ya tienen oportunidad de hacerlo, señala la doctora Isalia Nava Bolaños, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM”.
No debemos perder de vista los esfuerzos que realizan la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros con la creación del Proyecto Minerva, que fue creado con el objetivo de que las mujeres desarrollen una educación financiera para comparar y escoger servicios apropiados para ellas, sus familias y sus empresas.
Se trata de una plataforma en la cual se dan estos talleres sobre finanzas personales de forma gratuita. Según lo publicado por el financiero el 27 de febrero de 2023.
En este sentido, debemos preocupar suscribir convenios de colaboración con las instituciones y organismos públicos, privados y sociales que coadyuven en el fortalecimiento de la educación financiera y el fomento a la cultura del ahorro en todos los niveles educativos como herramientas que tenemos a la mano para mejorar la economía y la calidad de vida de las y los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:
DecretoPor el que se reforma la fracción III del artículo 12 y se adiciona una fracción XXII al artículo 115 recorriéndose las demás, ambas de la Ley General de Educación
Único. Se reforma la fracción III del artículo 12 y se adiciona una fracción XXII al artículo 115 recorriéndose las demás, ambas de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para:
I y II. ...
III. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas, de una cultura financiera y fomentar una justa distribución del ingreso;
Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I. a XXI. ...
XXII. En coordinación con las autoridades correspondientes, promover en la educación obligatoria acciones formativas en materia de educación financiera y el fomento a la cultura del ahorro, con la participación activa de madres y padres de familia o tutores para el mejoramiento de la calidad de vida.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf
2 https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/cumplir-metas.html
3 https://www.bbva.com/es/mx/salud-financiera/la-importancia-de-educar-a-los-nino s-en-el-cuidado-del-dinero/
4 https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/27/la-cultura-del-ahorro-en-mexico
5 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/25/educacion-financiera-que-es -y-como-funciona-el-proyecto-minerva-de-condusef/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero 2024.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Teresa Ealy Díaz, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de derechos reproductivos y violencia gineco-obstétrica, suscrita por legisladores integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Verde, del PT, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
La diputada María Teresa Ealy Díaz:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Estamos a menos de tres días de la conmemoración del 8 de marzo, un día que nos recuerda que las mujeres seguimos en desventaja estructural.
Hoy, me presento ante esta tribuna con una exigencia clara, basta de violencia gineco-obstétrica en México. Basta de que las mujeres sean humilladas y maltratas en los hospitales. Basta que su dignidad sea pisoteada en el momento más vulnerable de sus vidas.
Esta no es una suposición ni un tema menor, es una crisis de derechos humanos que ha sido invisibilizada durante años. Los datos son contundentes, según el Inegi más del 30 por ciento de las mujeres en México han sufrido violencia gineco-obstétrica, el 43 por ciento de los partos terminan en cesárea, muchas de ellas innecesarias y sin el consentimiento de la mujer, el 11 por ciento de las mujeres en labor de parto han sido humilladas, insultadas o regañadas por el personal de salud, el 9 por ciento ha sido presionada para aceptar procedimiento anticonceptivo sin información clara, más del 10 por ciento de las cesáreas se realizan sin que la mujer sepa el por qué y lo más grave, esta violencia se ejerce tanto en instituciones públicas como privadas.
¿Cómo es posible que en pleno Siglo XXI sigamos permitiendo esto? ¿Cómo podemos seguir legislando sin atender un problema que está costando vidas y dejando a millones de mujeres marcadas por miedo o impotencia? Si bien se han realizado ya varias propuestas para atender este tema, no ha habido un estudio claro a profundidad que permita garantizar el fin de esta problemática.
Agradezco por ello el respaldo de diputadas, diputados, senadoras y senadores de diversas bancadas por haberse suscrito a este proyecto de iniciativa, así como al colectivo Con Ovarios por compartir sus historias conmigo y confiar en que este proyecto cambiará vidas. Su apoyo ha sido fundamental para poder fortalecer esta propuesta y decir ni una más.
Por eso, hoy presento esta iniciativa, esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para poner un alto, un alto definitivo a estas prácticas aberrantes y garantizar una atención médica digna.
Los puntos clave de la iniciativa son los siguientes. En primer lugar, se tipifica la violencia gineco-obstétrica como un delito a nivel federal porque no más impunidad, no más impunidad para quienes humillan y maltratan a las mujeres en los hospitales.
Se establecen penas de dos a seis años de prisión para quienes incurran en estas prácticas, además se contempla la destitución e inhabilitación de hasta dos años para ejercer la profesión.
En tercer lugar, se garantiza el consentimiento informado en todos los procedimientos médicos porque ninguna mujer volverá a ser intervenida sin su autorización.
Se adiciona el artículo 466 Bis que sanciona conductas como negación de atención médica oportuna en emergencias obstétricas, intervenciones quirúrgicas o procedimientos sin consentimiento informado, maltrato físico o psicológico durante la atención ginecológica, el embarazo, parto o postparto, la retención de la paciente o del recién nacido por motivos económicos y la imposición de métodos anticonceptivos sin autorización de la mujer.
El artículo 466 Ter agrava las penas cuando la violencia gineco-obstétrica cause lesiones graves, la pérdida de órganos reproductivos o implique la aplicación de tratamientos innecesarios con fines de lucro.
El artículo 466 Quater aumenta las sanciones hasta dos terceras partes cuando esta violencia cause la muerte de la mujer, del feto o del recién nacido.
Y, el 466 Quintus establece que estos delitos serán competencia del Ministerio Público federal garantizando investigaciones adecuadas y sanciones ejemplares.
Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa no es una sugerencia es una urgencia, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar una atención médica digna y libre de violencia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado la violencia gineco-obstétrica si no legislamos México será el siguiente en la lista de condenas internacionales y que quede claro esta no es una iniciativa en contra del personal médico, es una iniciativa a favor de una atención ética y profesional, es una iniciativa que protege a quienes ejercen su labor con compromiso y sanciona a quienes abusan de este poder.
Esta reforma no solo castiga, también previene, obliga al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud a actualizar las Normas Oficiales Mexicanas en materia de atención, de violencia gíneco-obstétrica, asegurando que los hospitales cuenten con los protocolos claros y personal capacitado. El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad histórica de acabar con esta violencia. No podemos seguir ignorando una realidad que vulnera a millones de mujeres en nuestro país.
Por eso le pido su respaldo para aprobar esta reforma, porque las mujeres de México ya no pueden esperar más, porque la violencia ya debe terminar ahora. Es momento de legislar con firmeza, con justicia y con dignidad. Por ello, les invito a quienes no se han suscrito a sumarse a esta propuesta para decir juntos ya basta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: En términos de los artículos 100, 102 y 299 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán (15:55 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar el martes 11 de marzo del año en curso, a las once horas, en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas, mediante las tabletas instaladas en las curules de las diputadas y los diputados.
––––– O –––––
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 1 hora 34 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 486 diputadas y diputados
• Asistencia
• Orden del día
• Intervención desde la tribuna en lengua indígena
• Minuto de silencio: 1
• Actas de las sesiones anteriores
• Comunicaciones oficiales: 3
• Iniciativas con proyecto de decreto: 2
• Declaratoria de publicidad de dictamen: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 13
2-Morena, 2-PAN, 2-PVEM, 2-PT, 2-PRI, 3-MC
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)