SUMARIO
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización
Para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, participa:
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti, de Morena
MINUTO DE SILENCIO
A solicitud del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del PT, la Presidencia concede un minuto de silencio en memoria del servidor público José Edgar Estrada Zúñiga, quien colaboró durante 20 años en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
Se continúa con la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hacen uso de la tribuna:
-La diputada Laura Hernández García, de MC
-La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de MC
MINUTO DE SILENCIO
La Presidencia externa sus condolencias a familiares y amigos del diputado Raúl Lozano Caballero, del Grupo Parlamentario de MC, por el sensible fallecimiento de su madre
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
Continúan con la fijación de posturas respecto al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales:
-La diputada Leticia Barrera Maldonado, del PRI
-La diputada Nadia Navarro Acevedo, del PRI
-El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI
-La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT
-La diputada Irma Yordana Garay Loredo, del PT
-La diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT
-El diputado Carlos Alberto Guevara Garza, del PVEM
MINUTO DE SILENCIO
Desde la curul, la diputada Irma Yordana Garay Loredo, del PT, solicita un minuto de silencio en memoria de Gabriela del Muro García, hermana de la diputada Ana Luisa del Muro García, del mismo grupo parlamentario, el cual se concede
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DECRETO
Continúan con la fijación de posturas respecto al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales:
-El diputado José Luis Fernández Martínez, del PVEM
-La diputada Ana Erika Santana González, del PVEM
-La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN
-El diputado Roberto Sosa Pichardo, del PAN
-La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, de Morena
Durante la discusión en lo general, se expresan, a favor:
-La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de MC
-El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del PRI
-El diputado Santiago González Soto, del PT
-El diputado José Braña Mojica, del PVEM
-El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del PAN
-La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, de Morena
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general
La Presidencia informa las propuestas de modificación que se han presentado para su discusión en lo particular
La Presidencia instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico para la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado del proyecto de decreto
Por mayoría calificada, se aprueba en lo general y en lo particular lo no reservado del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización
Durante la discusión en lo particular, para presentar sus propuestas de modificación, se expresan:
-La diputada Eva María Vásquez Hernández, del PAN. No se admite a discusión su propuesta de modificación
-La diputada María de Fátima García León, de MC. No se admite a discusión su propuesta de modificación
-El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, inicia la presentación de su reserva
Desde la curul, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, de Morena, hace moción de apego al tema
Continúa su intervención, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI
Desde la curul, el diputado Raymundo Vázquez Conchas, de Morena, hace moción de orden
Concluye su intervención, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI
Desde la curul, para hacer moción de orden, intervienen:
-El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, de Morena
-La diputada Margarita García García, del PT
La Presidencia hace aclaraciones al respecto
La Presidencia hace moción de orden a la asamblea
No se admite a discusión la propuesta de modificación del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI
-La diputada Marcela Michel López, de Morena, quien retira su propuesta de modificación
-La diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN, quien al inicio de su intervención solicita moción de ilustración mediante la lectura de la reserva que presenta, misma que se obsequia. No se admite a discusión su propuesta de modificación
-La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, inicia la presentación de su reserva
La Presidencia hace moción de orden a la asamblea
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, retira su propuesta de modificación
-La diputada Paola Michell Longoria López, de MC. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del PT, quien retira su propuesta de modificación
-La diputada Ana Isabel González González, del PRI. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-El diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del PAN. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-La diputada Mónica Herrera Villavicencio, de Morena, quien retira su propuesta de modificación
-El diputado Juan Armando Ruiz Hernández, de MC. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del PAN. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-La diputada Julia Licet Jiménez Angulo, del PAN. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-El diputado Adrián González Naveda, del PT, quien retira su propuesta de modificación
-El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del PAN. No se admite a discusión la propuesta de modificación
-La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, de Morena, quien retira su propuesta de modificación
Agotada la lista de oradores, la Presidencia instruye a la Secretaría abrir el sistema electrónico para la votación de lo reservado en términos del dictamen
Aprobado lo reservado, en términos del dictamen
Se aprueba, por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización. Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, para los efectos del artículo 135 constitucional
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
La diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
La diputada Dora Patricia Mercado Castro, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda digna. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de medidas de sanción en casos de delito de homicidio en grado de tentativa. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Jesús Fernando García Hernández, en nombre propio y de los diputados Miguel Armando Díaz y Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de ampliar el número de pescadores y acuacultores beneficiados con el componente Bienpesca. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen
El diputado Ricardo Gallardo Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 293 Bis al Código Penal Federal, en materia de incremento de las penas causadas por violencia contra las mujeres víctimas de ácido o sustancia corrosiva. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Luis Enrique García López, en nombre propio y del diputado José Elías Lixa Abimerhi y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Ciudadana, para dictamen
La diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes. Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen
El diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Aguas Nacionales y expide la Ley General de Aguas. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Empresa Productiva del Estado, Fertilizantes para el Bienestar, para recuperar la soberanía en la producción y suministro de estos insumos. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
El diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 3o. y se reforma el artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, para reconocer y tratar la ludopatía como un problema de salud pública. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, en nombre propio y de la diputada Tania Palacios Kuri, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, por el crimen organizado. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 9 y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento y reúso. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
La diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Justicia, para dictamen
La diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Paulina Rubio Fernández, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda "Las madres buscadoras". Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
La diputada Paulina Rubio Fernández, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones ordinarias. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVIII del artículo 3, recorriéndose la subsecuente, se adiciona una fracción X Ter al artículo 7, un artículo 3 Ter, y el artículo 161 Ter de la Ley de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen
La diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
El diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
De la Junta de Coordinación Política, se recibió comunicación por la que solicita se modifique el orden del día de la presente sesión para incluir la declaratoria de reforma constitucional del proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes. Se autoriza
DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL
En consecuencia, la Presidencia instruye a la Secretaría realizar el cómputo correspondiente de los votos aprobatorios con relación al proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes. La Secretaría da fe de la recepción de 23 votos aprobatorios
La Presidencia de la Mesa Directiva, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 constitucional y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionado un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales
Desde la curul, la diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del PAN, hace comentarios en relación con las manifestaciones en defensa de la tauromaquia en Ciudad de México
EFEMÉRIDES
Para referirse a la efeméride, en nombre de su grupo parlamentario, hacen uso de la tribuna:
-El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de MC
-La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI
-El diputado Pedro Vázquez González, del PT
-El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del PVEM
-La diputada Nubia Iris Castillo Medina, del PAN
-La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, de Morena
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones del dictamen:
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización (en lo general y en lo particular los artículos no reservados)
-De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización (en lo particular los artículos reservados, en términos del dictamen)
ASISTENCIA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Pido a la Secretaría que informe a esta Presidencia del resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Alan Sahir Márquez Becerra: Se informa a la Presidencia que se tienen registrados 366 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (11: 47 horas): Se abre la sesión ordinaria vespertina del miércoles 19 de marzo de 2025 en modalidad presencial.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las tabletas de las curules de las diputadas y los diputados.
«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Orden del día
Miércoles 19 de marzo de 2025
Comunicaciones oficiales
Acuerdo de los órganos de gobierno
Dictamen a discusión
De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
Efeméride
Con motivo del aniversario de la Expropiación Petrolera, a cargo de los grupos parlamentarios.
Iniciativas
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ciudadanía para personas de 18 años y accesibilidad a cargos de elección, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 293 Bis al Código Penal Federal, en materia de incremento de las penas causadas por violencia contra las mujeres víctimas de ácido o sustancia corrosiva, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley General para la Atención y Protección de las Personas Migrantes, suscrita por el diputado César Israel Damián Retes y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con el propósito de fortalecer la productividad y autosuficiencia alimentaria en el campo, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de determinar en la legislación el término extensionismo, como práctica institucional de apoyo público permanente a los productores del sector rural e impulsar así procesos de desarrollo social sostenible, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de profundizar medidas para la sustentabilidad y sostenibilidad pesquera, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley de la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, para recuperar así la soberanía en la producción y suministro de estos insumos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 125 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Diana Castillo Gabino, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona y deroga el artículo 102 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para fomentar el desarrollo de los municipios reconocidos como Pueblos mágicos, a cargo del diputado Wblester Santiago Pineda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas especiales para servicios de uso doméstico, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 6o., 8o. y 12 de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda abandonada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de delitos contra la paz y seguridad de las personas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda para las personas trabajadoras al servicio del estado, a cargo del diputado José Antonio López Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de medidas de sanción en caso de delito de homicidio en grado de tentativa, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 414 del Código Penal Federal, en materia de sustancias nocivas para las abejas, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2007, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción VI Bis al artículo 3o. y reforma el artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, para reconocer y tratar la ludopatía como un problema de salud pública, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de acceso a los servicios de laboratorio clínicos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Migración y de la Ley del Impuestos Sobre la Renta, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de caminos artesanales, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de casas de empeño, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas para la detección y atención oportuna de trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos de representación política de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Juan Armando Ruiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 207 Bis a la Ley del Seguro Social, para garantizar instancias de cuidado para adultos mayores a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 1o., 5o. y 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un artículo 216 Ter a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 14 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Isidra de la luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 390 Ter del Código Penal Federal y se adiciona un artículo 69 Bis a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de monta choques o fraude por colisión vehicular, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto por el que se declara el 10 de octubre como Día Nacional de las y los Presidentes de México, a cargo del diputado Francisco Javier Sánchez Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma la fracción XVIII del artículo 3o. recorriéndose la subsecuente, se adiciona una fracción X Ter al artículo 7o., un Capítulo III Ter y el artículo 161 Ter de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el día 22 de febrero de cada año como el Día Nacional de la y el Periodista Deportivo, suscrita por los diputados Juan Carlos Varela Domínguez y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional.
Que reforma el quinto párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 343 Ter del Código Penal Federal, en materia de violencia vicaria, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 376 Ter del Código Penal Federal, en materia de combate del delito de robo al autotransporte, suscrita por la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento de los servicios de atención a la salud mental, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 31 y 35 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de agricultura regenerativa y protección forestal, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de economía circular y gestión de productos de plástico, suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de antinomia para la elección de la persona presidenta del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 329, 332 y adiciona un artículo 331 Bis al Código Penal Federal, en materia de interrupción legal del embarazo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en relación a la regulación del ejercicio de actividades profesionales de médicos extranjeros en México, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o., 9o. y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento y reúso, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 1o. y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de indecidibilidad sobre principios constitucionales básicos, a cargo del diputado Víctor Samuel Palma César, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 61 Bis y 62 de la Ley General de Salud, en materia de derechos de salud materno-infantil, a cargo de la diputada Claudia Rivera Vivanco, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el segundo párrafo del artículo 94, noveno párrafo del artículo 97 y cuarto párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda digna, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de certificación de conciliadores, a cargo del diputado Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Teresa Ealy Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas, a cargo del diputado Daniel Andrade Zurutuza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Vivienda y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en materia de vivienda adecuada, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se emite una moneda conmemorativa con motivo del 2025 Año de la Mujer Indígena, a cargo del diputado Aciel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXXVI al artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de permitir el acceso de animales de compañía de apoyo socioemocional o de asistencia psicológica a cualquier establecimiento público o privado, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Selene Ávila Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 19, párrafo primero, fracción V y adiciona una fracción VI a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la fracción II del artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de movilidad de personas con discapacidad, a cargo de la diputada Cintia Cuevas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo sexto del artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para reconocer a la mujer afromexicana en la calidad especial del sujeto pasivo en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, a cargo del diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo primero del artículo 1069, el párrafo tercero del artículo 1071 y el párrafo segundo del artículo 1075 y se adiciona una fracción VII al artículo 1068 del Código de Comercio, en materia de notificaciones electrónicas en los juicios mercantiles, a cargo del diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 329, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Aniceto Polanco Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción VI Bis al artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas de Nacionales, en materia de uso y aprovechamiento del agua de lluvia, a cargo del diputado José Armando Fernández Samaniego, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de infraestructura peatonal y seguridad vial, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de protección y apoyo a madres en centro penitenciarios, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona los artículos 226 Ter y 226 Quater a la Ley General de Salud, en materia de regulación para el despacho de medicamentos controlados, a cargo de la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de renuncia de derechos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 33 y 93 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Noel Chávez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Protección y Bienestar Animal y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 93 de la Ley General de Salud, en materia de reconocimiento de la medicina tradicional indígena y afromexicana, a cargo de la diputada Marcela Velázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de diversidad sexual, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 159 y 161 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 4o., 14 y 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, en materia de garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 7o. Bis, 14 Bis 5 y 85 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que tiene por objetivo seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma la estructura del Título V de la Ley de Migración, se crea el registro nacional de personas migrantes detenidas y su sistema de consulta y se modifica el artículo 99, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, en materia de acoso y hostigamiento sexual, a cargo de la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación de edulcorantes artificiales en alimentos y bebidas dirigidos a niñas y niños, a cargo de la diputada Olegaria Carrazco Macías, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de Ley General de Desarrollo Social y de la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de armonización de la reforma constitucional para el apoyo a personas con discapacidad, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 80 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de armonización con la reforma constitucional para el apoyo a campesinos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, en materia de planes y programas de estudio, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de prohibición de fertilizantes químicos, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 9o., 9 Bis y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de tipificación de nuevas modalidades en el delito de secuestro, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 39 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de bombardeo de nubes, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de salud mental, suscrita por las diputadas Laura Ivonne Ruiz Moreno y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Salud, en materia de salud digital, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley del Seguro Social, en materia de centros de educación y cuidado infantil y primera infancia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento del Golfo de California como mar territorial del Estado Mexicano, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, en materia de reconocimiento del Golfo de California como mar territorial del Estado Mexicano, a cargo del diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 81, 97 y 98 y adiciona un párrafo tercero al artículo 97, de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona una fracción VII Bis al artículo 6o. de la Ley General de Víctimas y un Capítulo III, denominado Desplazamiento Forzado que comprende el artículo 287 Bis, al Título Decimoctavo Delitos Contra la Paz y Seguridad de las Personas del Código Penal Federal, en materia de desplazamiento forzado, a cargo de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de acceso y participación de mujeres a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), suscrita por la diputada María Isabel Rodríguez Heredia y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 17, 47 y 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de la educación inclusiva, suscrita por la diputada Liliana Ortiz Pérez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de productividad legislativa, a cargo del diputado José Alejandro López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la energía de subsistencia, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programas sociales, a cargo del diputado Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 25, 27 y 208 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo de la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de ratificación de denuncias, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salas de lactancia, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo segundo al artículo 360 del Código Civil Federal, en materia de pruebas de paternidad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, en materia de crear un registro de personas migrantes presentadas, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de violencia de género en plataformas digitales, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 330-E fracción III de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer la obligatoriedad de crear agencias de atención animal en todas las entidades federativas, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, a cargo del diputado Ulises Mejía Haro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un párrafo tercero al artículo 32 recorriéndose los subsecuentes, se reforma el numeral III del artículo 2o. y se reforma la fracción VII del artículo 78 Bis 1, de la Ley de Aviación Civil, en materia de seguridad aérea, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XXVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, para incorporar en los planes de estudios la educación financiera, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 555 y 564 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, suscrita por el diputado Asael Hernández Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, suscrita por el diputado Fidel Daniel Chimal García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 149 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Braña Mojica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de prácticas monopólicas, a cargo del diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 456 Bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y adiciona el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado José Luis Téllez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo, en materia de refugiados, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 359, 376 y 377 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de transparencia sindical, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 260, 266 Bis y 372 del Código Penal Federal, con el propósito de reforzar las penas relacionadas con el uso de sustancias para incapacitar a una persona con el objetivo de cometer crímenes como el robo y la violencia sexual, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de pensiones, a cargo de la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de energías renovables, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de vehículos no motorizados a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 6o., 7o. y 15o. de la Ley de Vivienda, en materia de vivienda adecuada, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 80 Bis y 84 de la Ley General de Población, en materia de migración, a cargo de la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y adiciona un artículo 37 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, en materia de acceso al derecho a la salud para personas adultas mayores, a cargo de la diputada Irais Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Adrián Castillo Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 330-L a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 170 Ter a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Paola Michell Longoria López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de ampliar el número de pescadores y acuacultores beneficiados con el componente Bienpesca, suscrita por los diputados Jesús Fernando García Hernández, Luis Armando Díaz y Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley General de Adopciones, suscrita por las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, en materia de excepciones de sujetos y supletoriedad de la ley, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la continuidad deportiva para las y los niños y adolescentes, a cargo de la diputada Clara Cárdenas Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por los diputados César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena y Hugo Manuel Luna Vázquez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 2o., 3o. y 36 de la Ley de Migración, en materia de retorno voluntario, a cargo de la diputada Nadia Yadira Sepúlveda García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de bienestar digital infantil y adolescente, a cargo de la diputada Alma Lidia de la Vega Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de transparencia salarial, a cargo de la diputada Mirna María de la Luz Rubio Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abandono obligatorio del agresor de su domicilio, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de la separación inmediata del agresor de su domicilio, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de carbono azul, a cargo de la diputada Alejandra Chedraui Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de plazos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad, a cargo del diputado Francisco Javier Estrada Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de los derechos de la naturaleza, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 15 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para garantizar la perspectiva de género en las decisiones de las juntas de gobierno de los institutos nacionales de salud, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de desenmalle de vida silvestre, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona la fracción XIV al artículo 9o., se reforma la fracción IV, al artículo 30, se adiciona la fracción V, al artículo 53 , se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción VII al artículo 85; todos de la Ley General de Educación y se adiciona la fracción X, al artículo 4o., se reforma la fracción XXI, y se adiciona la fracción XXIV, al artículo 57, se reforma el artículo 101 Bis 1 y se adiciona la fracción XXI, al artículo 103, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ballesteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, suscrita por los diputados Luis Humberto Aldana Navarro y Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población y de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Prevención de la Covid-19 y otras Enfermedades Respiratorias, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de drenes en uso y desuso, suscrita por la diputada Eva María Vásquez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el DOF el 9 de septiembre de 2022, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Congreso de la Unión el nombre Escuadrón 201 de las Fuerzas Armadas de México, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 104 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la leyenda: Las Madres Buscadoras, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, suscrita por la diputada Kenia López Rabadán y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por la diputada María del Rosario Guzmán Avilés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona y deroga los artículos 2-A y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de IVA acreditable para empresas que prestan el servicio de transporte público de pasajeros, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones ordinarias, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga el inciso e) del artículo 201 y adiciona un artículo 201 Bis 1 al Código Penal Federal, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona doce ordenamientos jurídicos, para incluir el principio de equidad intergeneracional, en materia de desarrollo sostenible, a cargo del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que deroga la Ley de Aguas Nacionales y expide la Ley General de Aguas, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia obstétrica, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de búsqueda y no desaparición de personas, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registro de víctimas y fortalecimiento de los organismos de derechos humanos, a cargo del diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 13 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia cuidado y sobreexplotación del agua, suscrita por los diputados Vanessa López Carrillo y Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Isidra de la Luz Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de medidas privativas de la libertad e internamiento, a cargo de la diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y adiciona un artículo 27 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo de la diputada Margaríta García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de actividad física para niñas, niños y adolescentes, a cargo del diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 322, 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud, que propone dar estímulo fiscal a los donantes de órganos, a cargo del diputado Israel Betanzos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Abigail Arredondo Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 311 del Código Civil Federal, en materia de pensión alimenticia, a cargo de la diputada Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 97 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para fortalecer los derechos de las personas usuarias de servicios de telefonía móvil, a cargo del diputado Pablo Vázquez Ahued, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. de servicios de telefonía móvil
Que deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de discriminación a las personas con VIH, a cargo de la diputada Laura Hernández García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 23 y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de sustentabilidad e igualdad de género, suscrita por las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre y Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, en materia de arquitectura sustentable, suscrita por las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre y Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 8o., 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de vivienda sustentable, suscrita por las diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre y Laura Irais Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y reforma y adiciona el artículo 27 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de un servicio eficiente y de calidad para las personas pasajeras, suscrita por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena y Claudia Gabriela Salas Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
De conformidad con el artículo 230, numeral 2, del Reglamento, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Castro Trenti para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión, hasta por 15 minutos.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti:Con el permiso de la Mesa Directiva. Me voy a permitir presentar a la consideración de esta soberanía un proyecto de dictamen, que ha sido aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y que fue debidamente publicado.
A la Comisión de Puntos Constitucionales fue turnada para estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
Con tal propósito, los integrantes de la comisión se centraron y procedieron al estudio de la minuta en materia del presente dictamen, respecto del cual se analizaron todas y cada una de las consideraciones que sirvieron de base a las reformas y adiciones que se proponen a fin de emitir el dictamen.
Conforme a las facultades que confieren la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de ustedes el siguiente dictamen, cuyo análisis y elaboración se sujetaron al siguiente método:
Trámite legislativo. Se describen los pasos. En este documento se describen los pasos de gestión y procedimiento para iniciar el proceso legislativo de la minuta.
Contenido de la minuta. Se exponen los objetivos. Se expresan adecuadamente los objetivos y el contenido, resumiendo los motivos y alcances de la minuta turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva.
Consideraciones. Se exponen los razonamientos y argumentos relativos a la minuta y, con base en ello, se sustenta el sentido del presente dictamen.
Resultado del dictamen. Se plantea la conclusión. Con proyecto de decreto por el que se proponen las reformas del párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización.
A continuación, se describen el contenido y los pasos que se siguieron:
El 18 de febrero de este año, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución, en materia de simplificación administrativa.
El 13 de marzo, la Comisión de Puntos Constitucionales recibió de Mesa Directiva de la Cámara el documento descrito, para su análisis y dictamen correspondiente. A continuación, se exponen las argumentaciones, discusiones, posicionamientos y preocupaciones más importantes de los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la citada Cámara.
La iniciativa que hoy se dictamina plantea resolver problemáticas estructurales en la gestión pública, para garantizar el acceso a derechos fundamentales. Tiene como propósito fundamental reducir los espacios para hechos de corrupción. Hay que hacer énfasis en el tema, pues es uno de los principales problemas que aqueja el sistema de administración pública, que el trámite permite en la burocracia la corrupción. Y uno de los propósitos de esta Presidencia, que preside tan ejemplarmente la primera mujer mexicana en hacerlo, es abatir totalmente los espacios de la corrupción.
En tal sentido, correspondió a estas comisiones determinar si la propuesta reunía o no los requisitos. En principio, se analiza que la burocracia es un componente esencial del Estado moderno, ya que permite la organización y regulación de los servicios públicos.
Sin embargo, en México el exceso de trámites administrativos y la falta de sistematización y digitalización han generado altos costos que impiden erradicar los hechos de corrupción e impedir de forma ejemplar que se afecte al pueblo y su percepción sobre las instituciones públicas. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023 señaló que 52.4 por ciento de la población realizó pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos en las instalaciones del gobierno, mientras que sólo 16.2 utilizó internet.
La misma encuesta indicó —y éste es un problema esencial— que, el periodo de noviembre-diciembre de 2023, 83.1 por ciento de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. Además, indicó que en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, 40.7 por ciento de la población tuvo específicamente un problema, siendo el más frecuente el de las barreras de los trámites.
Frente a este panorama, como señala la autora de la iniciativa, estas medidas han sido adoptadas por otros países, como Estonia y Singapur, los cuales han demostrado que digitalizar el gobierno puede agilizar los procesos y procedimientos y mejorar la confianza de la ciudadanía.
La descentralización de trámites y la mejora de coordinación institucional permitirán eliminar las redundancias y la digitalización. La capacitación del personal y la mejora en la coordinación institucional son clave para generar este México moderno.
A escala federal hay más de 7 mil trámites en promedio. La frecuencia del uso en cada entidad federativa es de 523 trámites; y por cada municipio, 144 trámites. Una persona en promedio realiza durante su vida aproximadamente 483 trámites, 85 por ciento de los cuales es estatal o municipal.
La propuesta resulta congruente con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, que guarda congruencia con los compromisos internacionales que México suscribió. Las comisiones dictaminadoras consideraron que la iniciativa de reforma es imprescindible para garantizar la transparencia, la eficiencia y el acceso equitativo a los servicios.
Dicho lo anterior, es fundamental establecer que esta comisión, después de un trabajo intenso y exhaustivo, determinó que la comisión desde luego que está facultada para conocer de esta minuta, plateó que los objetivos de reformar el artículo 25, del décimo párrafo, para contribuir al desarrollo y bienestar de las personas y grupos, comunidades y sectores sociales, económicos, son fundamentales.
La correlación de la fracción XXIX-Y del artículo 73, al otorgar las facultades de expedir una ley nacional que establezca un marco normativo que impulse un sistema de gobierno digital, promoviendo la simplificación y digitalización de trámites y de servicios, así como la mejora de la calidad regulatoria y la adopción de tecnologías en estos procesos.
La comisión dictaminadora se adhiere a la propuesta inicial de estudio realizado por la Cámara de Senadores, de suerte que las consideraciones expresadas en ambos documentos son coincidentes con la postura de la comisión, de acuerdo con algunos de los fundamentos que a continuación se señalan. La reforma es oportuna, pues los tiempos actuales requieren una absoluta y profunda modificación del sistema burocrático mexicano. La administración pública propone atinadamente mejorar y, en este caso, simplificar los trámites gubernamentales.
Igualmente, el órgano colegiado advierte que la administración pública requiere ajustes ante la evolución paralela de transformar el Estado y la sociedad. No obstante, si bien los principios del modelo burocrático siguen siendo un pilar de las estructuras burocráticas contemporáneas. Con el paso del tiempo la democratización, la globalización y los avances tecnológicos requieren una modificación y adaptación de los modelos administrativos.
En nuestros días, en estos días y con el propósito de corroborar y centrar más en lo mencionado. Recientemente, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que en promedio en México tenemos, a escala federal, más de esos 7 mil trámites que les narré.
Como se señaló en la minuta, el Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, evidenció que el 83 por ciento consideró, o el 83 por ciento consideró que de alguna manera existe en forma frecuente la corrupción en estos trámites.
Lo antepuesto explica por qué esta fórmula es la adecuada para que nuestra Constitución sea el paraguas de esta transformación y esta revolución del sistema de trámites administrativos en el gobierno en todas las instancias y niveles.
La nueva directriz constitucional es un parámetro para legislar sobre la materia que ya se tiene prevista. Por otro lado, la presente constitucionalización busca expandir nacionalmente un modelo garantizado que dé mayor nivel y apertura de competitividad a México en su apertura en el mundo. Los planteamientos de la iniciativa y las minutas son compatibles con los diversos postulados internacionales, los cuales proponen que con el desarrollo de las tecnologías de la información se lograrán entornos más plurales y asequibles.
En diversas cumbres mundiales sobre la sociedad en Ginebra y Túnez se reafirma que el beneficio de abrir con tecnología la industria de las comunicaciones abre los trámites y cierra la brecha que existía en todos los niveles de la sociedad. De tal manera, la reforma estaría integrando a la Constitución postulados sobre derechos digitales, específicamente para erigir un gobierno digital y nacional. Como la OCDE lo define, gobierno digital es el uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de modernización de los gobiernos a fin de crear valor público. Esto se basa en un ecosistema de gobierno digital constituido por los actores estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones, ciudadanos y personas encargadas de la producción y el acceso a los datos y servicios.
El resultado del dictamen ha quedado por esta Comisión de Puntos Constitucionales, considerando sustentados y analizados sustancialmente todos y cada uno de los razonamientos en materia de simplificación administrativa.
Segundo. Como resultado se obtiene aprobar en sentido positivo por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía, la minuta con proyecto decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución.
A continuación, esta comisión plantea el proyecto de decreto en sentido positivo:
Único. Se reforman el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. A fin de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas, grupos, comunidades y sectores sociales-económicos, las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento, y capacidades tecnológicas y los demás objetivos que establezca la ley nacional de la materia.
Artículo 73, fracción XXIX-Y. Para expedir la ley nacional que establezcan los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse las órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo que no excederá de 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá la legislación a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y, de esta Constitución.
Tercero. La ley nacional a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y, de esta Constitución deberá considerar al menos lo siguiente: primero, un modelo nacional de simplificación y digitalización de trámites y servicios. Segundo, establecer la autoridad nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias y desarrollo, y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
De tal manera, al aprobar ustedes este extraordinario esfuerzo legislativo y la iniciativa de la presidenta de la nación, estaremos dando un paso gigantesco en la modernización para que todos los emprendedores y las etapas de los trámites administrativos cierren los espacios de la corrupción, llegue la transparencia y esto nos haga permisible mayor creación de empleos, salarios más dignos y finalmente nos dará la oportunidad de decir a México que cumplimos los compromisos que asumimos al asumir el cargo que tan honrosamente nos fue conferido por el pueblo de México. Salud y pedimos su apoyo para este dictamen. Muchas gracias.
MINUTO DE SILENCIO
EN MEMORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ EDGAR ESTRADA ZÚÑIGA, QUIEN COLABORÓ DURANTE 20 AÑOS EN EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Mejía Berdeja, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente, para solicitar un minuto de silencio porque el pasado sábado 15 de marzo falleció José Édgar Estrada Zúñiga, quien durante 20 años colaboró con mucha responsabilidad en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Era sindicalizado, pero siempre diligente. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide guardar en su memoria un minuto de silencio.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se concede el minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar postura. En primer lugar, tiene el uso de la palabra Movimiento Ciudadano, quien ha dividido su participación de 15 minutos en dos, cada una de 7 minutos, 30 segundos. Teniendo el uso de la palabra, la diputada Laura Hernández García.
La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la Presidencia. Nos encontramos frente a una reforma que tendrá una repercusión directa en la vida cotidiana de todas las personas, así como en el actuar de los gobiernos federal, estatal y municipal.
De acuerdo con María del Carmen Pardo, la administración pública es el espacio donde de manera privilegiada ocurre la relación entre gobierno y sociedad. Es además un recurso para impulsar los proyectos nacionales y promover consensos sociales, favorecer la coherencia de las decisiones públicas, elaborar y ejecutar políticas públicas y atender la demanda ciudadana de bienes y servicios públicos.
De ahí que sea indispensable que la administración pública se modernice, se ajuste y esté a la par de los cambios de la sociedad, los avances tecnológicos y las demandas ciudadanas, pues su trabajo para garantizar los derechos para todas las personas nunca se detiene estar de cara a las ventanillas de atención ciudadana, realizar un trámite, gestionar un permiso o acceder a un servicio público son situaciones comunes a las que todas las personas nos hemos enfrentado. Sin embargo, estas experiencias de interacción con nuestros gobiernos municipal, estatal o federal resultan muchas veces complejas, costosas e infructuosas.
Esto perjudica y erosiona la relación ciudadanía y gobierno, pues se genera una percepción de ineficacia de la gestión pública y de desconfianza en las y los gobernantes, así como una animadversión a las personas servidoras públicas en general.
También tiene consecuencias para el desarrollo económico, porque incentiva la actividad económica y por ende, se fomenta la informalidad, ya que las personas no cumplen con los trámites que se les solicitan o que requieren para poder llevar una vida adecuada. En México, una persona en promedio dura en su vida, normalmente casi, 486 trámites, 25 por ciento de los trámites requiere 3 o más visitas a la entidad pública y sólo la mitad se resuelve en un día.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Inegi en 2023, 83.3 de las personas usuarias manifestó satisfacción con las experiencias al realizar un trámite y pagos solicitados en los servicios públicos en términos generales, y más si eran a través de las tecnologías de información.
A escala nacional, de los trámites realizados personalmente por la población de 18 años y más, 52.4 por ciento de las ocasiones, las personas usuarias acudieron a las instalaciones de gobierno a realizarlos, 16.2 utilizó internet, 15.4 acudió a un banco, a un supermercado o a tiendas departamentales, sin embargo, 40.7 de las personas usuarias que realizaron un pago, un trámite o solicitud de servicio prestó algún tipo de problema para realizarlo de manera presencial, siendo el problema más frecuente las barreras del trámite con las personas o que no estaban en la ventanilla o tuvieron que ir a un lugar lejano o los requisitos eran excesivos o había horarios restringidos o costos excesivos.
Otro de los problemas que más enfrentan las personas, fueron las asimetrías de la información con 35.2 por ciento, pues no se encontraban visibles los requisitos o se topaban con información incorrecta. Respecto a las tecnologías de la información, las problemáticas más comunes fueron la deficiente atención en la telefonía o problemas con la página de internet.
Agilizar los trámites también crea un orden dentro del propio gobierno, reduce su carga de trabajo, fortalece la democracia, pero, además, es fundamental para inhibir la corrupción a la que se enfrenta la ciudanía en su interacción con el gobierno a consecuencia de la alta carga administrativa también de los trámites, esto favorecería bastante.
A escala nacional, 83.1 por ciento de las personas considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa de acuerdo con los datos del Inegi, mientras que la tasa de víctimas al menor acto de corrupción por algún servidor público fue de 13 mil 966 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
Asimismo, el trámite de que más experiencias de corrupción se documentaron durante 2023 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.4 por ciento, seguido del trámite para abrir una empresa, con 27.5.
La reforma que hoy discutimos es fundamental para cerrar la brecha entre la relación de ciudadanía y gobierno, mejorar la percepción que se tiene del servicio público y, sobre todo, para asegurar el ejercicio de derechos de todas las personas y el crecimiento del país.
Por eso, en Movimiento Ciudadano acompañaremos esta reforma, que tiene el propósito de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas de los sectores más vulnerables, las comunidades y todos los sectores económicos y sociales.
Busca que las autoridades de los tres órganos de gobierno implementen políticas de simplificación y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
La simplificación administrativa es una herramienta de calidad regulatoria para revisar y simplificar trámites que se hacen necesarios debido a que siempre se ha buscado que la administración pública sea eficaz y eficiente en el uso de los recursos humanos, materiales y económicos. Debemos buscar que los trámites gubernamentales no se tomen como una carga para la ciudadanía para que no desistan de realizarlos como actualmente se hace en más de 82 punto por ciento del país.
Otra de las razones para que las acompañemos en esta reforma en materia de simplificación administrativa son los altos costos que actualmente genera la corrupción que se presenta en la realización de los trámites, pagos o solicitud de servicios.
Frente a este panorama es fundamental implantar estrategias que simplifiquen los procesos administrativos e impulsen la digitalización para facilitarle la vida a las y los mexicanos en este mismo sentido. Los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental en 2023 han registrado que a nivel nacional, 49.9 por ciento de la población de 18 años y más tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de internet.
No menos importante es que la oportunidad de avanzar en la brecha en el uso del internet para realizar los trámites gubernamentales se haga por el uso intensivo y acelerado de las TIC. No descartamos tampoco y es muy importante que las poblaciones alejadas y también en progreso haya políticas y acciones concretas para que tengan acceso. Por lo tanto, la bancada naranja votará a favor. Gracias.
Presidencia de la diputada María del Carmen Pinete Vargas
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada. Continuando con el tiempo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, por siete y medio minutos.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: El exceso de burocracia en el país representa de manera silenciosa los principales obstáculos a que se enfrenta la ciudadanía día con día, no sólo en su relación con el Estado sino, también, en el desarrollo de la actividad propia que se ven entorpecidas por el mar de trámites y la ineficiencia de dichos procesos.
Y es que los altos niveles de burocracia y el rezago de la adopción de nuevas tecnologías y digitalización como manera de relación Estado-ciudadanía han derivado en que en México y en general toda Latinoamérica tenga uno de los mayores sobrecostos y atrasos respecto a la realización de trámites, en especial si lo comparamos con otras regiones, como la zona de Europa y nuestros vecinos de Norteamérica.
Por ejemplo, según uno de los estudios de Mercator, la operación de una multinacional en Latinoamérica es de un 31 por ciento más costoso que en Europa y un 65 por ciento más lenta en comparación del resto de Norteamérica. El estudio detalla que esto se debe esencialmente a la complejidad de requisitos formales, la segmentación de autoridades locales, entre otros procesos burocráticos. Esto habla de una necesidad y, como legisladores, de una responsabilidad de modernizar y eficientar dichos procesos.
La realidad es que el país ocupa actualmente el tercer lugar en Latinoamérica con mayores niveles de burocracia, siendo hasta 102 por ciento más costoso realizar procedimientos burocráticos que en países como Ecuador. Esto, debido a que para realizar un solo trámite se requieren procedimientos diferentes y, en muchas ocasiones, con autoridades distintas, y que normalmente no están digitalizados.
En el país, los altos niveles de burocracia y los tediosos y lentos procedimientos han derivado en altas tasas de ciudadanos que desisten de hacer un trámite gubernamental. Una persona promedio realiza durante su vida cerca de 486 trámites, de los cuales 25 por ciento requiere 3 o más visitas a una entidad pública, y sólo la mitad se resuelve en un solo día.
Esto necesariamente representa un desincentivo total en muchos aspectos desde el gobierno hacia la ciudadanía, pues al desistir de realizar un trámite puede al mismo tiempo estar desistiendo de formalizar una empresa, declarar impuestos o contar con documentación fundamental para los ciudadanos.
En un mundo interconectado, económicamente dinámico y que exige cada día más de la eficiencia e innovación como parte del desarrollo y la competitividad como sociedad, el país requiere mayor libertad económica y un marco jurídico que simplifique la burocracia y exponga procesos más claros, simples y asequibles mediante la digitalización.
Esto, con la profunda convicción de que es el camino que incentiva a los jóvenes, hombres y mujeres del país para ver su relación con las instituciones gubernamentales como algo asequible y no como algo tortuoso e, incluso, tener mayores facilidades para emprender.
Aunque si bien esta reforma es el primer paso para expedir una ley en la materia, desde la bancada naranja queremos ser claros en que su éxito o fracaso estarán en la medida en que se implanten reglas claras. Esto, para no dar paso a la corrupción, fracturas de la democracia o pérdida de contrapesos. Tener reglas realmente claras, que la idea de la reforma de provecho para la ciudadanía no termine como una fachada de lo que pudo haber sido.
Es esencial que haya plataformas amigables, pero siempre con seguridad y confiabilidad. Desde Movimiento Ciudadano no quitaremos el dedo del renglón para que la reforma vea sus potenciales beneficios en la realidad de la ciudadanía y no quede sólo en papel.
A escala internacional encontramos diferentes ejemplos sobre una eficiente simplificación y digitalización de trámites del gobierno, haciendo más eficiente fortalecer la confianza del ciudadano hacia sus instituciones y otras bondades más.
Incluso encontramos ejemplos como Estonia, donde más de 95 por ciento de los trámites de gobierno pueden realizarse de manera digital y sencilla. Esto incluso ha resultado en que este país se convierta en el centro europeo como la empresa tecnológica y digital, convirtiendo a Estonia en el país con mayor índice de empresas unicornio per cápita en Europa. O sea, las compañías creadas hace menos de 10 años que, sin cotizar en la bolsa ni haber sido adquiridas por un tercero, logran el valor de mil millones de dólares.
México tiene potencial, sin duda. Tiene todas las posibilidades para que de esto podamos tener y dar especial seguimiento a una reforma que, en materia, en lugar de evitar una oportunidad, se vuelva esta una herramienta politizada.
En la bancada naranja respaldaremos esta reforma y celebraremos el avance hacia la digitalización. Hemos promovido múltiples iniciativas para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información y el acceso a las tecnologías.
Creemos firmemente que la transparencia y la atención ciudadana son pilares esenciales para el desarrollo económico, político, social de nuestro país y de su fortalecimiento para que el país pueda tener las herramientas en una estrategia de tecnología.
Sin embargo, es necesario señalar nuestras preocupaciones. La falta de recurso suficiente puede comprometer la implementación de esta reforma, por lo que exigimos que se pueda garantizar un presupuesto adecuado. No debe escatimarse en la protección de datos personales ni en la plataforma que impulse la transparencia y el combate de la corrupción.
Alertamos sobre el riesgo de centralizar la regulación a través de una ley nacional, en lugar de una general, que podría limitar la capacidad de los estados para desarrollar sus sistemas. Más que subordinación, se requiere coordinación con el gobierno federal para que la digitación sea eficiente, descentralizada y acorde con las necesidades locales. Respaldamos el avance, pero pedimos que se haga de manera responsable, con los recursos adecuados, sin vulnerar la autonomía de los estados, así como un profundo llamado de responsabilidad. Y subrayo: responsabilidad hacia la transparencia en el uso de los datos ciudadanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada.
MINUTO DE SILENCIO
EN MEMORIA DE LA SEÑORA MÓNICA CECILIA CABALLERO VELA, MADRE DEL DIPUTADO RAÚL LOZANO CABALLERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MC
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Esta Presidencia se une a la pena que embarga a nuestro compañero, diputado Raúl Lozano Caballero, por el sensible fallecimiento de su madre, por lo que esta Presidencia solicita a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Gracias.
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: A continuación, tiene la palabra la diputada Leticia Barrera Maldonado, quien presentará su fijación de postura por cinco minutos. El Partido Revolucionario Institucional ha dividido su participación en tres oradores.
La diputada Leticia Barrera Maldonado:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante.
La diputada Leticia Barrera Maldonado: Compañeras y compañeros diputados, realizar un trámite en nuestro país representa para las familias mexicanas una gran cantidad de pérdida de tiempo y de dinero, especialmente, para las familias que viven en las zonas rurales.
Desplazarse desde los ejidos y comunidades no es sencillo por la falta de infraestructura y transporte. Cuán difícil es llegar desde una zona rural a la cabecera municipal, a la capital del estado o del país, y que la respuesta sea “vuelva mañana”. Son días en que dejan de trabajar y, por tanto, de ingresar recursos. Son gastos que afectan duramente la economía familiar, y los trámites requieren varios días de seguimiento y semanas de espera.
Por eso en el dictamen lo decimos con claridad: bienvenidas la tecnología y la mejora de los procesos administrativos, pero no nos olvidemos del ámbito rural. Hay una gran brecha digital en el campo, faltan infraestructura y educación para el uso de las nuevas tecnologías.
El país demanda mejoras regulatorias para que haya una mejor burocracia, pero no se puede trabajar igual con los que hemos tratado de forma desigual. Al impulso de las nuevas tecnologías tenemos que sumar más delegaciones y oficinas más cercanas al medio rural para realizar los trámites que más requiera la gente en el campo y no sea esto una posibilidad exclusiva de las ciudades. Donde se acaba el pavimento no debe acabarse el gobierno. Eso aplica para la seguridad, la justicia y la tenencia de la tierra, los programas sociales y los agropecuarios.
Estamos a favor de que sigan fomentando la tecnología para disminuir los tiempos de trámite, los costos y, sobre todo, la corrupción, pero pedimos que esto no sea una excusa para cerrar más oficinas que deban tener prioridad para atender a la gente.
El 35 por ciento de la población rural no tiene acceso a Internet de acuerdo con el Inegi, pero no nos equivoquemos, el uso de Internet en el campo está ligado al uso de la telefonía y no necesariamente al de las computadoras con condiciones necesarias para hacer un trámite donde se requieren papeles escaneados, firmas electrónicas e Internet de alta velocidad.
Votaremos a favor de llevar esta simplificación administrativa a la Constitución, pero en el tema del campo y para los trámites de los adultos mayores les pedimos que ese paso no signifique menos atención ni menos oficinas. El país debe seguir avanzando en la ruta de la tecnología aplicada al gobierno, pero debemos garantizar que nadie se nos quede atrás.
Bienvenida la digitalización, pero hagamos que esta medida sea una herramienta para fortalecer y empoderar aquellas comunidades que históricamente han sido abandonadas, que a esta medida le acompañen más oficinas y centros de atención en las regiones y en las zonas rurales, a las y a los ciudadanos mexicanos valemos por igual, en el campo y en la ciudad hagamos que el acceso a la tecnología sea un derecho también para todos. Es cuanto.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nadia Navarro Acevedo, del PRI, para fijar postura, hasta por cinco minutos.
La diputada Nadia Navarro Acevedo:Muchas gracias. Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Nadia Navarro Acevedo: La complejidad de nuestros procesos burocráticos ha sido una de las barreras más significativas en la interacción de la ciudadanía con las instancias gubernamentales, hablar de simplificación se refiere a un proceso de hacer algo más fácil, más sencillo o menos complicado.
Trámites excesivos que requieren largas filas de espera, diversas visitas a oficinas gubernamentales, documentación adicional, reglas que no son del todo claro han generado que se perciba a nuestras instituciones como un espacio donde la corrupción es el lugar común. Es por eso, que en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que esta reforma es no sólo necesaria sino urgente.
Desde el PRI hemos sido pioneros y apoyado la propuesta de un gobierno digital desde la reforma Constitucional de 2013 que cumplió con unos de los compromisos establecidos en el Pacto por México. Reforma que tuvo por objeto hacer realidad el acceso de la población a las tecnologías de la información y a la comunicación, incluida la banda ancha.
Hoy estamos a favor de continuar la tecnología para facilitar gestiones gubernamentales, por ejemplo, para ya no solicitar documentos que el gobierno ya genera, fusionar trámites, crear flujos simultáneos, eliminar requisitos no indispensables, otorgarles el mismo valor a los documentos digitales que a los físicos. Homologar la vigencia de trámites relacionados con renovaciones automáticas, entre otras ventajas que se ofrecen a través de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, esto sin mencionar el ahorro sustancial que se dará en las instituciones, por el aprovechamiento del mantenimiento de las dependencias gubernamentales.
De acuerdo con esa agencia, en promedio un estado tiene habilitados 523 trámites administrativos y hay un estimado de 144 trámites por municipio; y a escala federal, más de 7 mil.
Múltiples beneficios derivan de esta propuesta. Sin embargo, no podemos hablar de simplificación y digitalización sin considerar la protección de nuestros datos personales. Promover reformas que impulsen una macrobase de datos a través de la simplificación administrativa o cualquier otra justificación requiere el estricto cumplimiento y compromiso con la democratización de la transparencia, el resguardo de datos sensibles y el respeto absoluto de la privacidad de cada persona.
Éste es un tema que debe de ser implementado con seriedad por el gobierno oficialista, en virtud de que actualmente hemos eliminado organismos autónomos que eran los garantes de la protección del manejo de nuestra información. En el PRI tenemos la certeza de que transitar hacia un gobierno digital es un requisito esencial para hacer más eficiente el quehacer gubernamental, en beneficio de las y de los mexicanos.
Por ello acompañaremos este dictamen. No obstante, daremos seguimiento para que su implementación se realice con total transparencia y con los recursos necesarios para que pueda materializarse la reforma y no sólo quedar escrita en papel, como muchos de los compromisos que ha hecho el actual gobierno. Caminemos juntos a la simplificación, con presupuesto, con voluntad, pero sobre todo con el compromiso de garantizar que el manejo de la información sea acorde con la ley y, por supuesto, pensando en los derechos humanos de los mexicanos. Es cuanto presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada. Tiene la palabra, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: El dictamen que hoy estamos discutiendo, que estamos analizando, que salió por unanimidad ayer en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene dos propósitos: reformar el artículo 25 de la Constitución y reformar el artículo 73, fracción XXIX-Y, a fin de lograr dos cosas, el tema de simplificación administrativa y el de digitalización de trámites.
El Grupo Parlamentario del PRI ha decidido ir a favor del dictamen, pues nos parece importante que logremos simplificar trámites, digitalizar trámites, hacer para el ciudadano más próxima la posibilidad de realizar lo que en muchas ocasiones se convierte tortuoso, porque piden muchos papeles, hay veces que hasta, decimos a manera de juego, que hasta la cédula de vacunación del perro nos piden, para poder hacer un trámite en una dependencia, y esto viene como propósito de ir avanzando en un tema que se denominó en el pasado la mejora regulatoria, a lograr una reforma para crear una ley que elimine los trámites burocráticos y pueda evitar actos de corrupción, por eso el PRI decidió ir a favor.
La mejora regulatoria cuando se creó se hizo primero con un propósito, el propósito de apoyar a la pequeña y mediana empresa y a la industria que se instalaba en el país, para poder tener ventanillas únicas donde se hicieran todos estos trámites, trámite ante Hacienda, desarrollo urbano, los de usos de suelo, todo este tipo de trámites para instalar un negocio, así empezó el tema de la mejora regulatoria, a partir de los sistemas de apertura rápida de empresas, los SARE.
Hoy, esta reforma quitará la Ley de Mejora Regulatoria, va a crear esta nueva posibilidad, pero que es importante señalar, que ahora también va incluido en algunos trámites que pueden hacer los ciudadanos.
¿Qué debemos cuidar en la legislación secundaria, el gran reto que tenemos en el futuro inmediato? El reto que tenemos es que la digitalización que se está planteando sea inclusiva y tenga equidad en el acceso a las tecnologías, que podamos mejorar la comunicación en zonas rurales y podamos mejorarla en la población de bajos ingresos, porque hay lugares en el país donde no tenemos el acceso a internet y va a ser difícil digitalizar y mandar los documentos por internet y en línea para poder hacer un trámite.
La otra es que para la digitalización debemos fortalecer la transparencia en la rendición de cuentas y supervisar el mecanismo de asignación de recursos para que pueda darse el proceso de digitalización.
La otra es que debemos cuidar la protección de los datos personales y garantizar en la legislación secundaria medidas y políticas públicas suficientes para garantizar la ciberseguridad que debe tener cada dependencia en el manejo de las tecnologías y en la inteligencia artificial, que es parte de lo que estamos viviendo en la época de hoy.
La participación ciudadana es fundamental también para diseñar e implantar esta reforma y es de requisito indispensable la coordinación con los otros órdenes de gobierno, con las entidades federativas y con los municipios, porque muchos de los trámites se dan allá en los ayuntamientos, en las entidades federativas y no se vaya a convertir esto en un exceso de centralismo en la tramitología, que lejos de ayudar perjudique a las y a los mexicanos.
Pero diría otra cosa, y con esto concluiría mi intervención. Cuando se creó el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, los SARE, que decía hace rato, que se implantó la reforma de mejora regulatoria para el acceso a los trámites, tenemos en mente que la tramitología es el principal problema que tenemos para aperturar un negocio, pero no, cuando se va a abrir un negocio se revisa la mente de obra que tenemos en México si los trámites, la seguridad, el ambiente laboral deseable y la integración que tienen las ciudades en el transporte, la educación, la vivienda y el espacio público.
Este rubro en particular debemos trabajar más, el oficialismo, los partidos políticos en su conjunto, porque tenemos problemas de inseguridad en el país. Y los problemas de inseguridad inhiben la apertura de negocios, inhiben la inversión extranjera y eso debemos de trabajarlo como una política que sea integral, no sólo con los trámites, sino también con garantizar la seguridad y garantizar un ambiente laboral deseable.
Esos dos requisitos son cuentas pendientes que se tienen y que se deben de trabajar en el futuro inmediato para poder lograr que esta reforma no solamente sea derecho vigente, sino también sea derecho positivo y aplicable en todo el país. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI va a favor de esta reforma. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias. Compañero diputado. El Partido del Trabajo, para fijar postura ha dividido sus intervenciones de cinco minutos cada una con tres oradores. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias. Con la venia de la asamblea. Los trámites burocráticos engorrosos son característica, desgraciadamente insignia de la burocracia en México. El chiste de que debemos llevar hasta la cartilla de vacunación del perro con tres copias y sellada es ya parte no sólo de la comicidad mexicana sino de la descripción de lo que vivimos día tras día con los trámites burocráticos. Trámites dobles, trámites en una misma dependencia que, además, tienes que pagar y representan un demérito a tu economía.
México es el tercer lugar latinoamericano en trámites burocráticos, dando por promedio, fíjense bien, 486 trámites en la vida de un mexicano, a mi me parecen pocos, pero 486 dice el Inegi, que requieren más de la mitad, tres o más visitas a una sola dependencia y que más de la mitad no van a ser resueltos en un día.
Pongo el ejemplo de que si alguien se decide a dejar de ser feliz y casarse tiene que presentar en el mismo registro civil el acta de nacimiento que se emite por la propia dependencia, lo cual es un completo absurdo.
Además, la corrupción cuesta al país 11 mil 910 millones de pesos al año. Y las materias más sentidas, y en esto difiero con quienes me han antecedido en la palabra, según datos del propio Inegi, son la seguridad pública, en segundo lugar la apertura de empresas, que no solamente es uno de los trámites más engorrosos en el país, sino también de los que tienen más corrupción, y la emisión de permisos que están en el ámbito municipal.
Solamente para que nos demos una idea: en 2024, 14 por ciento de las personas que iniciaron un trámite, 14 por ciento, dicen haber sufrido actos de corrupción y extorsión, 20 por ciento a nivel estatal, 16 por ciento a nivel municipal y 2 por ciento a nivel federal.
¿Qué hace entonces esta iniciativa? Es una reforma realmente bastante sencilla, que modifica el artículo 25 y 73 de la Constitución, para incluir el término de la eficiencia administrativa, y la digitalización de trámites y los servicios de gestión de éstos. Hemos escuchado muchos argumentos, sobre todo de la oposición, que votará hoy esta iniciativa, y quiero centrarme en algunos de ellos.
Primero. Se ha dicho en esta tribuna que se dejará olvidada al área rural. Mentira. Quisiera poner sobre la mesa de discusión que en este país el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a 17.5 millones de personas, porque centralizó su política de acceso digital a las zonas rurales, a diferencia de lo que hizo el presidente Peña, que llegó solamente a 30 por ciento de su iniciativa denominada Red Compartida, pues se centró en las zonas urbanas, contrario a lo que venimos a escuchar acá de algunos discursos del PRI.
Qué otra cosa se ha dicho de esta iniciativa. Que hará más grande la brecha digital y que dejará fuera a todas las personas que no tienen acceso a internet. O que, en su defecto, que como se desaparecen, según algunos, los trámites normales, ya no podrán hacerse estos trámites. Eso es una mentira. Ésta es una reforma primero de la Constitución, eso hay que decirlo con claridad, que marca reglas generales para la eficiencia administrativa, pero que no desaparece los trámites que actualmente funcionan. El ejemplo más claro lo tenemos en el SAT. Si puedes hacer tus trámites de manera digital, lo haces; y si no, vas, te formas y perfectamente te atienden.
Que es otra de las cosas, vamos a decir, que se han dicho que no acaba con la corrupción, lo han dicho algunos integrantes de la oposición. Claro que acaba con la corrupción, porque de entrada acaba con el coyotaje, que es un tema que está fuera del control de todos los partidos políticos, sucede en todos los gobiernos. Y el acabar con el coyotaje es ya uno de los grandes temas que hace esta iniciativa.
Se dice que se desperdiciarán recursos. Porque ayer, yo no sé si era un deseo o la crónica de lo que en el Partido Acción Nacional están esperando. Dicen qué bueno, pues que van a votar a favor, pero que creen que no lo vamos a poder poner en práctica.
Solamente dejaría aquí también que la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente implementó un proceso de eficiencia administrativa en la ciudad, sino que hoy gozamos en Ciudad de México con 32 mil puntos de acceso de internet y se llevaron a la mitad los trámites administrativos en esta ciudad, acabando con la corrupción en 89 por ciento en los mismos trámites, superior a lo que sucede en Nueva York, por ejemplo, que algunos les gusta compararnos tanto con Estados Unidos, que tiene sólo 2 mil puntos de acceso a internet.
Me parece un gran logro que solamente no... solamente, perdón, apueste a la eficiencia administrativa, sino que hace realidad derechos de tercera generación, que tienen que ver no solamente con gozar con un gobierno eficiente, sino evitar la corrupción a los ciudadanos. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias a usted, diputada Lilia. Tiene la palabra la diputada Irma Yordana Garay Loredo, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo:Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Irma Yordana Garay Loredo: A nuestro querido pueblo de México. Compañeras y compañeros diputados, los vientos de cambio y esperanza se sienten en muchos hogares de las familias mexicanas. Hoy somos testigos de la construcción del segundo piso de la transformación y de bienestar en nuestro país. Un gobierno que tiene sentido humanista y es sensible a los problemas que viven día con día mujeres y hombres mexicanos en su andar y en su caminar por la sociedad.
Eso significa asumir la responsabilidad de llevar a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical, que permita mejorar así la eficiencia y transparencia dentro de la administración pública. Así, acabar con la corrupción e impunidad que han operado en los procesos administrativos cuando la gente va a formarse a una ventanilla para tramitar un documento o solicitar que se le resuelva un problema.
Es lamentable seguir viendo que a este tipo de atención ciudadana no se le dé un trato justo, digno y de calidad a las personas. Hoy tenemos que terminar con el estrés, confusión y pérdida de tiempo que generan estos procesos.
Es necesario avanzar hacia nuevos horizontes en que la administración pública y la tecnología trabajen en sinergia para dar mejor atención y que concluyan con una respuesta satisfactoria y eficiente al pueblo.
La modernidad puede forjarse desde abajo, sin excluir a nadie. El desarrollo no tiene por qué ser contrario a la justicia social. Por ello urge que el modelo de burocracia deje de ser ineficiente, lleno de trámites manchados de corrupción, y sea una versión más actualizada a los tiempos que vivimos ahora, cuando las tecnologías de la información y comunicación son una herramienta de apoyo para optimizar y agilizar trámites que tardan días y horas, a poder transformarlos a minutos y al alcance de las personas en todo momento y lugar.
La digitalización de los trámites y servicios públicos reducirá la espera de trámites y será una posibilidad para abrir nuevas oportunidades, donde gracias a las plataformas electrónicas muchos de los trámites puedan realizarse desde línea, reduciendo tiempos y costos de traslado de los ciudadanos.
Con la aprobación de la minuta en materia de simplificación administrativa y digitalización avanzaremos hacia una nueva era, donde la utilización de las tecnologías facilite el acceso a diversos servicios públicos. Donde la duplicación de funciones deje de ser un problema y, sobre todo, que la corrupción que tanto ha limitado el cambio deje de ser una barrera.
En el Partido del Trabajo siempre respaldaremos todo aquello que beneficie a el pueblo de México, por ello, apoyamos esta iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, una líder visionaria que reconoce el potencial de nuestro país, para que así podamos avanzar en el uso de las tecnologías de la información.
Esas herramientas permitirán realizar trámites más rápidos, ágiles y transparentes, fortaleciendo así un gobierno más eficiente y cercano a la gente como hasta ahora ha sido este gobierno de la cuarta transformación. Por ello, el Partido del Trabajo votará a favor de esta gran reforma. Es cuanto. Gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, compañera diputada. Tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez hasta por cinco minutos.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez:Muchísimas gracias, diputada presidenta. Comento al querido pueblo de México y, por supuesto, a las compañeras y compañeros legisladores que celebro que en este dictamen vaya a salir por consenso de todos los grupos parlamentarios, independientemente que los deseos de la oposición es que esto no funcione y no prospere, pero quiero decirles que se quedarán con las ganas porque seguramente esto va a evolucionar y va a terminar con la desigualdad que hay en diferentes localidades y comunidades del país.
Me gustaría compartirles algunos datos que considero importante y quiero decirles que esto es parte de la visión de la cuarta transformación que inició con nuestro ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que da seguimiento nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestro compromiso es construir un gobierno más cercano a la gente, transparente y eficiente, que elimine la desigualdad y garantice que los derechos lleguen a todas y todos, sin distinción.
Para lograrlo es indispensable avanzar en la simplificación administrativa y la digitalización de los servicios públicos, poniendo siempre en el centro a quienes más lo necesitan. La burocracia excesiva ha sido una barrera para el ejercicio de derechos, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables. Según el Banco Mundial, en 2024 México ocupaba el lugar 60 de 190 países en facilidad para hacer negocios, reflejando procesos lentos y costosos que dificultan la relación entre ciudadanía y gobierno.
Pese a los esfuerzos de la Agenda Digital Nacional en 2024 que indican que 65 por ciento de los trámites federales ya puede realizarse en línea. Tan sólo 35 por ciento de la población realmente accede a ellos debido a la falta de conectividad y capacitación en zonas marginadas. Aquí viene uno de los retos más importantes de este gobierno y de la presidenta de la República. No olvidemos que el tema de la conectividad e internet hasta en el rincón más apartado del país es un programa iniciado por Andrés Manuel López Obrador y que estoy segura de que en este sexenio lo consolidaremos.
La digitalización de procesos no es sólo una medida de modernización, sino es un instrumento de justicia social. El Inegi señaló en 2023 que la digitalización podrá ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales en costos operativos, recursos que bien pueden destinarse al fortalecimiento de programas sociales y desarrollo comunitario.
Reducir la burocracia y digitalizar trámites puede disminuir en 60 por ciento los tiempos de respuesta y, con ello, erradicar espacios para la corrupción. El 78 por ciento de los ciudadanos, según el Inegi, en 2024, consideraba que los trámites digitales generan mayor transparencia y confianza en las instituciones.
Sin embargo, queda una deuda pendiente, cerrar la brecha digital. El 51 por ciento de las comunidades rurales sigue sin acceso a internet de calidad, lo que genera mayor desigualdad y excluye a miles de mexicanas y mexicanos del ejercicio pleno de sus derechos, brecha que —estoy segura— vamos a reducir.
Desde el Partido del Trabajo hemos sido un aliado incondicional de este gran movimiento denominado la cuarta transformación y reiteramos nuestro compromiso: uno, para eliminar trámites innecesarios que afectan a la ciudadanía y reducen la eficiencia del gobierno. Dos, garantizar conectividad para todas las comunidades sin dejar a nadie atrás. Promover la capacitación digital para que todas y todos puedan beneficiarse de los avances tecnológicos.
La simplificación administrativa y la digitalización no deben ser vistas como privilegios. Son herramientas de justicia social que acercan el poder al pueblo. Desde esta tribuna continuaremos impulsando políticas que reflejen el espíritu de la cuarta transformación, un México más justo, transparente e incluyente.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará por supuesto la propuesta de la presidenta de la República. Estamos convencidas y convencidos de que llevaremos la conectividad a cada rincón del país. Que viva este gran movimiento de transformación y que vivan los procesos de modernización en el país. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, compañera diputada. Para fijar postura el Partido Verde Ecologista de México ha dividido las intervenciones en tres compañeros oradores. Iniciamos con el diputado Carlos Alberto Guevara Garza. Tiene la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Alberto Guevara Garza:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Alberto Guevara Garza: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Hoy nos convoca la necesidad de establecer una ley nacional que garantice que todos los órdenes de gobierno actúen bajo principios claros y obligaciones específicas en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, así como el fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
El desarrollo de una nación depende en gran medida de la eficiencia con que opera un aparato gubernamental, un Estado que facilita la vida de sus ciudadanos genera confianza, promueve la inversión y fomenta la innovación. La falta de un marco normativo sólido y uniforme nos enfrenta a la fragmentación de esfuerzos, la duplicación de requisitos y la desigualdad en el acceso a trámites y servicios.
Por lo anterior es imperativo contar con una ley nacional que establezca criterios homogéneos para que todos los niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, bajo principios de eficiencia, accesibilidad y transparencia. Sólo así lograremos eliminar barreras innecesarias, reducir costos administrativos y agilizar los procesos que entorpecen el avance de millones de personas y empresas cada día.
Esta legislación no sólo debe garantizar la digitalización de los trámites, sino también el desarrollo de infraestructura tecnológica adecuada, la capacitación constante del sector público, la modernización del Estado no se logra con acciones aisladas, requiere una estrategia integral que permita a todas las entidades gubernamentales evolucionar de manera simultánea y sostenida. Además, una ley de esa naturaleza es fundamental para combatir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.
Un sistema digitalizado y basado en principios normativos claros, reduce la discrecionalidad en el en la gestión pública y promueve la rendición de cuentas, asegurando que cada ciudadano tenga acceso ágil, seguro y sin intermediarios a trámites y servicios; no se trata sólo de modernizar la burocracia sino de construir un gobierno más cercano y eficiente, que facilite la vida de las personas y potencien el crecimiento económico. Es un momento de dar paso decisivo hacia la transformación digital del sector público, garantizando que ningún ciudadano ni empresa quede rezagado por la falta de regularización adecuada.
Se trata de establecer como mandato constitucional la simplificación y digitalización de trámites de los tres órdenes de gobierno, a fin de que las organizaciones, empresa y ciudadanía en lo general puedan acceder con mayor facilidad a los miles de servicios que todos los días son solicitados ante las instituciones gubernamentales.
En las décadas más recientes hemos vivido una auténtica revolución tecnológica que ha facilitado nuestra vida en muchos sentidos, así como la ciencia es la fuente del conocimiento, la tecnología es la herramienta para su aplicación adecuada, y la intención de este dictamen es ponerla al servicio de las y los ciudadanos, para mejorar la gestión pública.
Debemos reconocer que el sector público se ha quedado rezagado en cuanto respecta a la digitalización de trámites, la cual afecta la eficiencia y la productividad de los servidores públicos, que se ve disminuida su calidad de vida ante la enorme carga de trabajo que enfrentan en las oficinas de gobierno.
Por ello es necesaria esta reforma, pues todos tenemos la necesidad de solicitar un servicio público, realizar un trámite u obtener una autorización administrativa, las cuales en la mayoría de los casos son lentos y complicados. En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, compañero diputado.
MINUTO DE SILENCIO
EN MEMORIA DE GABRIELA DEL MURO GARCÍA, HERMANA DE LA DIPUTADA ANA LUISA DEL MURO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Diputada Irma Yordana, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Irma Yordana Garay Loredo(desde la curul): Presidenta, si me permite, amablemente, solicitar un minuto de silencio por el fallecimiento de Gabriela del Muro, que es hermana de nuestra querida compañera Ana Luisa del Muro, de aquí del Partido del Trabajo. Gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Se concede el minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana de la compañera diputada y, pues, deseamos, le mandamos nuestras sinceras condolencias. Descanse en paz Gabriela del Muro.
(Minuto de silencio)
Gracias.
DISCUSIÓN DE DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra el diputado José Luis Fernández Martínez, para fijar postura, hasta por cinco minutos.
Adelante, diputado José Luis Fernández Martínez.
El diputado José Luis Fernández Martínez:Muchas gracias, presidenta. Saludo con respeto a mis compañeras y compañeros legisladores. También saludo con mucho respeto a los compañeros de los medios de comunicación que nos hacen el favor de darnos cobertura y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es un día muy importante para el país, pues estamos en la franca construcción del edificio constitucional que habitaremos todas y todos en los próximos años.
Esta reforma es de un gran impacto para nuestra gente, para los ciudadanos. El tema de digitalizar los trámites y servicios que prestan los gobiernos, federal y de los estados, los municipios, los tres Poderes del Estado mexicano, no es cosa menor, va a generar, por consecuencia, que exista mayor eficiencia en la prestación de estos servicios y esto, inminentemente, va a generar un desarrollo importante.
El gobierno tendrá una mayor capacidad de recaudación, no va a haber fugas ni moches, nuestros ciudadanos accederán a los servicios de una manera más práctica, rápida, eficiente, sin tantos costos y alejados de actos de corrupción. Por tanto, ésta es una iniciativa en la que ganamos todos.
Escribir en nuestro texto constitucional este derecho de los ciudadanos, de poder acceder a trámites y servicios a través de la vía digital es una muy buena noticia con la que nosotros la respaldamos profundamente.
El gran reto está en hacer que la idea se convierta en una realidad; por supuesto, en el ámbito federal, pero no hay que dejar de lado los estados ni los municipios. Por eso también es importante resaltar que en unos artículos transitorios instruya a las legislaturas locales para que armonicen sus constituciones a este nuevo marco jurídico que discutimos hoy.
La iniciativa ha generado gran respaldo. Ayer, en la Comisión de Puntos Constitucionales fue votada por unanimidad, viene del Senado por unanimidad y advierto que en esta Cámara también tendrá gran respaldo de los legisladores. Ojalá se pueda lograr la unanimidad.
Ya hay ejemplos exitosos de buenas prácticas en esta materia, destacar el de la Agencia Digital de Innovación Pública, creada en el año 2019 en la Ciudad de México, que es un buen ejemplo que se puede replicar en las entidades federativas y se puede replicar en los municipios, así como el Registro Estatal de Trámites y Servicios, que el gobierno, del apoyo de San Luis Potosí, ha instalado desde hace algunos años.
Por tanto, compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vamos a apoyar esta iniciativa, pero sobre todo vamos a ser muy activos y proactivos en la creación de las leyes secundarias para que este derecho que hoy le vamos a otorgar al pueblo de México se pueda materializar en realidades, que lo podamos sentir como un acto de transformación en el beneficio de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, niños, adolescentes, de nuestros empresarios, de toda la población en general que tiene la necesidad de realizar un trámite.
Es importante que aterrice en estados y municipios. Hay datos que poco más de 450 trámites genera un ciudadano mexicano en el transcurso de su vida y el 85 por ciento de estos son del ámbito estatal y municipal.
La gran área de oportunidad está en los estados y en los municipios. Hay algunos estados y algunos municipios que generan mucha resistencia. Y, bueno, pues, es chamba de nosotros, hay que ponernos a trabajar. Felicito al equipo de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, por esta iniciativa tan importante, que —creo— generará muchos beneficios y es un gran impacto para nuestra gente. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, compañero diputado. Tiene la palabra la diputada Ana Érika Santana González, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Érika Santana González:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Ana Érika Santana González: Gracias. El mundo está en constante evolución y la tecnología es el motor que ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Desde la invención de la imprenta hasta la era digital cada avance tecnológico ha significado un gran salto hacia el futuro, más eficiente y accesible.
Pero la tecnología también puede generar incertidumbre en algunas generaciones. Pero no debemos verla con temor. Debemos adoptar a ésta con visión y aprovechar sus beneficios para mejorar la calidad de vida de todas las personas. La digitalización es una herramienta poderosa que permite a los gobiernos ser más ágiles, transparentes y cercanos a la ciudadanía.
No es casualidad que los países con mayor desarrollo económico y social son aquellos que han integrado plenamente las nuevas tecnologías en sus sistemas administrativos. Estonia, por ejemplo, ha digitalizado casi la totalidad de sus servicios públicos, reduciendo costos, tiempos de espera y eliminando la burocracia innecesaria. Asimismo, Corea del Sur ha logrado una administración completamente interconectada, reduciendo la necesidad de trámites presenciales y promoviendo la interoperabilidad entre las instituciones.
Estos ejemplos nos permiten visualizar cómo la tecnología es un pilar esencial para el desarrollo de administraciones más eficientes, accesibles y transparentes. Si comparamos estos avances con la realidad de México de hoy, la diferencia es evidente, porque su implementación en la administración pública ha sido insuficiente y se ha rezagado. Cada día millones de personas en este país hacen largas filas para realizar trámites que podrían resolverse en minutos con un sistema digital eficiente. Esta burocracia excesiva no sólo genera frustración, sino que también representa una pérdida de tiempo y recursos para la ciudadanía como para el propio gobierno.
El problema no es menor, porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 2023, más del 52 por ciento de la población tuvo que acudir físicamente a una oficina gubernamental para completar un trámite, mientras que sólo el 16 por ciento pudo hacerlo en línea. Esto no sólo encarece el acceso a los servicios, sino que abre la puerta a la corrupción, ya que los procesos manuales y opacos favorecen prácticas discrecionales e incluso abusos de autoridad.
México no puede seguir operando con un sistema administrativo anclado en el pasado. La falta de modernización afecta la eficiencia del gobierno y limita el acceso equitativo a los derechos y servicios básicos. Ya es hora de adoptar un modelo que garantice rapidez, transparencia y accesibilidad para todos.
La aprobación de este dictamen representa un paso crucial en el camino de la modernización. Con las reformas planteadas, establecemos el deber de todas las autoridades de implementar políticas de simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios. Además, facultamos al Congreso para expedir una ley nacional que asegure la modernización de la administración pública en todos los niveles de gobierno.
Actualmente, cada estado y municipio operan con normas distintas, que generan confusión y duplicidad en requisitos y procesos burocráticos ineficientes. La presente reforma establecerá criterios unificados para la digitalización y simplificación administrativa, evitando que los ciudadanos enfrenten obstáculos innecesarios en su lugar de residencia.
La modernización del gobierno no puede seguir siendo postergada ni depender de voluntades políticas pasajeras y mezquinas. Se trata de una obligación inaplazable. Para la bancada del Partido Verde, actualizar los sistemas gubernamentales y abrir el paso a la tecnología no es una necesidad sino un compromiso con la ciudadanía. No podemos continuar con un sistema administrativo que imponga trabas innecesarias.
Por ello respaldamos el dictamen con la plena convicción de que en un futuro podremos crear una administración pública que funcionen con mayor agilidad, optimice recursos, sea transparente, equitativo y sin trámites innecesarios ni barreras burocráticas. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias a usted, compañera diputada. En el uso de la voz, el Partido Acción Nacional para fijar postura ha dividido sus intervenciones en 7.30 minutos cada una. Tiene la palabra la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas:Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: En plena era de la inteligencia artificial y de grandes avances en la tecnología, la verdad es que mal haríamos en no estar impulsando una reforma como esta, que, obviamente, el Grupo Parlamentario del PAN, que además ya ha presentado otras iniciativas al respecto previas a este dictamen, pues la vamos a acompañar tal y como lo hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Creemos que es importante impulsar un sistema de gobierno digital promoviendo la simplificación y digitalización de trámites y servicios, así como la mejora de la calidad regulatoria y la adopción de tecnologías en los procesos gubernamentales, con la finalidad de reducir índices de corrupción, optimizar y simplificar los procesos administrativos mediante la digitalización. Fomentar una atención ciudadana más eficaz y desarrollar las capacidades tecnológicas en los tres órdenes de gobierno.
Estamos, por supuesto, a favor de la eficiencia administrativa y la digitalización de trámites que, por supuesto, es no sólo para los trámites del gobierno federal, sino para todo lo que tiene que ver con nuestros gobiernos estatales y, por supuesto, para los gobiernos municipales, que son y han sido siempre el primer contacto con el ciudadano, y que hasta hoy le generan una burocracia y un viacrucis al ciudadano a la hora de hacer trámites que muchas veces son muy sencillos, pero que hasta ahora no se ha logrado el objetivo.
Por eso acompañamos esta reforma, consideramos que los ciudadanos deben acceder de forma rápida y gratuita a herramientas de gobierno abierto, a una innovación gubernamental que permita saltar y evitar trámites administrativos y, sobre todo, eliminar la corrupción.
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que nos preocupa que no se acompañe esta reforma con un impacto presupuestal que tendría que estar presentado, porque lo que más se requiere para realizar este tipo de adecuaciones y apostarle cierta y verdaderamente a la tecnología, pues se llama presupuesto.
Nos preocupa que pueda suceder como lo que pasó con el Centro Nacional de Identificación Humana, que nació sin recursos y se extingue sin recursos, no operó pues como se esperaba. Y que, además, suceda también como el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha presentado hasta un 25 por ciento de subejercicio, cuando tendría que ser un organismo que tendría que estar centrado en ejercer los recursos y a facilitarle las cosas a los ciudadanos.
Aquí concluyo el posicionamiento respecto a que el Grupo Parlamentario del PAN acompaña esta iniciativa, pero no quiero abandonar esta tribuna sin hacer un llamado muy dolido y muy sensible a la presidenta de la República para pedirle, presidenta, no niegue la crisis humanitaria que está enfrentando hoy nuestro país, no niegue a las miles y miles de familias que hoy buscan a sus familiares, no niegue la crisis que está sucediendo en Teuchitlán, Jalisco, porque ahí no solamente se encontraron lo que ya se ha mencionado, zapatos de personas desaparecidas y muchas otras evidencias, ahí se encuentra el dolor de miles de madres buscadoras que hasta el día de hoy no han recibido una respuesta.
Presidenta, no responda a la oposición, no defienda al ex presidente López Obrador, no queremos que nos hable a nosotros, queremos que escuche a las madres buscadoras, queremos que escuche a las familias de los más de 114 mil personas desaparecidas en este país, eso según cifras oficiales. No minimice el dolor de las personas: México enfrenta hoy una crisis humanitaria.
Y quiero compartir con ustedes que en este momento mi coordinador parlamentario está presentando propuestas que acompaña al Grupo Parlamentario del PAN, porque creemos que hoy, además de todas estas iniciativas y avances que necesita nuestro país y que está bien que los discutamos, tendríamos que estar hablando de cuándo vamos a ir a perseguir a los responsables de lo que está sucediendo no sólo en Jalisco, sino en todo el país, cuándo vamos a ir a pedirle cuentas al exgobernador de Jalisco y al actual gobernador de Jalisco para que nos explique por qué hasta hoy se habla y se evidencia este tema que ellos ya conocían y que las víctimas o las familias de las víctimas les han implorado que resuelva.
El PAN, el PAN pide que se realice una Comisión ordinaria de búsqueda de la verdad y de personas desaparecidas que, por cierto, me parece que Morena votó en contra en comisiones. El PAN pide equiparar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado a delito de secuestro. El PAN pide castigar con cárcel a políticos que colaboren con el crimen organizado, que no sigan caminando entre nosotros. El PAN pide honrar a las madres buscadoras pues, como bien lo han dicho ellas, si el Estado realmente buscara, se encontraría. Asimismo, al parecer siguen estando detrás de ellos.
Escucho aquí que mencionan nombres de expresidentes, quiero decirles una cosa, ustedes no han logrado una transformación, no van a lograr una transformación si en lugar de darle la cara a las familias de las víctimas siguen minimizando el problema.
Calderón ya se fue, asuman su responsabilidad, conduélanse con la gente que está buscando a sus familiares y si tiene que caer uno o muchos del partido que sea, a mí no me importa, y les aseguro que a la gente que está buscando a sus familias tampoco, háganlo y dejen de darle la espalda a los mexicanos, dejen de darle la espalda a los familiares de las víctimas. Hoy, México tiene una crisis humanitaria y ustedes no están transformando nada, si se siguen comportando igual que los de antes. Gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Roberto Sosa Pichardo, del Partido Acción Nacional, hasta por siete y medio minutos.
El diputado Roberto Sosa Pichardo:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado Roberto Sosa Pichardo: Muchas gracias. El Grupo Parlamentario del PAN celebramos la presentación de esta ley porque tenemos bien claro que este tipo de leyes son un impacto positivo para las y para los mexicanos.
En los gobiernos de Acción Nacional tenemos claro que las y los ciudadanos de todos los estados y municipios tienen la gran oportunidad y el derecho de disfrutar de su tiempo de la mejor manera, como con su familia, con sus amigos, estudiando en una plaza comercial, pero no en una oficina de gobierno. Esta ley, sin duda, va en camino hacia lo que es un mundo global y un mundo conectado. La ley, entre otros aspectos, tiene cuatro grandes temas.
Primero, el de la digitalización. La digitalización mejora la eficacia y la eficiencia en los gobiernos, se reducen costos y tiempos de las y de los ciudadanos. Aumenta la transparencia, es mucho más difícil poder dar una mordida a través de las redes sociales. Nosotros entendemos que, con más digitalización, se utiliza menos papel y eso también es en beneficio del ambiente.
Segundo gran tema en esta reforma, la simplificación administrativa. Se van a realizar análisis de los pasos que se hacen para realizar algún trámite. La idea es clara, eliminar pasos que no abonan a este proceso, eliminar tareas que no dan ningún valor agregado y de esta manera vamos a tener mejores tiempos de solución para las y para los mexicanos.
Tercer gran tema, la transparencia. La accesibilidad del gobierno y los ciudadanos pueden tener en tiempo real el estatus de cómo va sus trámites que ellos están haciendo en los municipios, en los estados o en la federación. Y, por supuesto, que de esta manera se va a aumentar la confianza en nuestros gobiernos.
Y el cuarto gran tema tiene que ver con la mejora regulatoria. Con esta ley que tendrá que alinear todas las estrategias de la federación de los estados y de los municipios para alinear las leyes y los reglamentos también de estas entidades.
Sin embargo, también hay que decirlo, hay retos para poder llevar a la implementación esta gran reforma, porque suena muy bien en el papel y el reto, como les digo, es su implementación.
Primero, no encuentro en ningún lugar del dictamen que se le asignen recursos a los estados y a los municipios para poderle apostar a temas de tecnología, para poder llevar más internet a las comunidades y a todos estos lugares en donde se requiere hacer inversión en infraestructura, no lo encuentro.
Segundo, éste es un gran reto que vamos a tener. Tiene que ver con cómo vamos a compartir las bases de datos entre los diferentes órdenes de gobierno, cómo los municipios van a poder compartir la información con los estados y cómo los estados con la federación, sin duda será un gran reto y de ahí también se deriva el tema del cuidado de los datos personales.
Tercer gran reto que encuentro en esta iniciativa y tiene que ver con la inversión en la seguridad cibernética. Es bien importante el cuidado de los datos personales, porque inclusive en esta misma semana a la presidenta de la República le hackearon el celular, y por eso es fundamental apostar a la seguridad cibernética.
Les quiero también compartir algo que me llena de orgullo, del estado del que vengo que es Querétaro, nuestro gobernador, Mauricio Kuri, a este tema le ha apostado ya desde hace tiempo atrás y le ha apostado en serio. Ha invertido recursos importantes y ha fomentado la participación ciudadana, para poder implementar estas grandes reformas en temas de digitalización, de mejora regulatoria, de simplificación administrativa.
Les quiero compartir un dato que pasa en el estado de Querétaro. A finales de este año 2025, el 50 por ciento de los trámites que se hacen en el estado ya serán en línea, por supuesto que falta mucho, pero vamos en ruta. En Querétaro se tiene clarísimo que, a mayor modernidad, menor burocracia.
Y también, de manera muy humilde, para la implantación de este tipo de leyes, podemos decir al gobierno oficialista que si quieren conocer cómo se llevó a cabo en los municipios panistas de Querétaro, en el gobierno panista de Querétaro, con mucho gusto les podemos decir cómo, les podemos enseñar a ustedes, cómo implantar este tipo de reformas.
Para concluir, presidenta, lea digo que el Grupo Parlamentario del PAN siempre apoyará y acompañará a reformas que vayan en beneficio de las y de los mexicanos. Esta es nuestra idea y así lo hemos demostrado. Muchas gracias. Y es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Sánchez Cordero, para fijar postura por el Grupo Parlamentario de Morena, en una sola intervención, por 15 minutos.
La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila: Honorable asamblea, hoy hemos concurrido a este recinto para debatir sobre la importancia que tiene nuestro tiempo, el hecho de que el Estado mexicano reconozca sus obligaciones y se faculte al Poder Legislativo federal para expedir una ley nacional en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas.
Lo anterior nos permitirá facilitar el acceso a servicios públicos, disminuir costos de trámites, costos de traslados, tamaños de archivos, costos de administración de archivos y un sinnúmero de ventajas.
Además, se fortalecerán las prácticas regulatorias vigentes con la novedad de que será visible y vigente en toda la nación, constituyendo una estrategia fundamental para optimizar la eficiencia administrativa, disminuir costos operativos y, sobre todo, promover una cultura de la transparencia, accesibilidad y modernización en la gestión pública. Todo ello, sin duda alguna con estricto apego y respeto a la protección de los datos personales.
Este cambio, como se señala en la iniciativa que dio origen al dictamen que hoy discutimos y probablemente aprobaremos, se ha planteado a partir de observar la necesidad de resolver problemáticas estructurales en la gestión pública para garantizar el acceso a los derechos fundamentales, reducir los espacios para hechos de corrupción en la administración pública en todos los órdenes de gobierno mediante la simplificación administrativa, homologación de trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención reduciendo la carga regulatoria.
Compañeras y compañeros, en la segunda mitad de la década de 1990, cuando tuve el honor de integrar la novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me tocó participar en la definición de la doctrina jurisprudencial que distingue los diversos órdenes normativos, por una parte, los que conocíamos, los tradicionales, el ámbito federal, el estadual y el de la Ciudad de México, reconociendo jurisprudencialmente otros diversos órdenes normativos, como el constitucional, el municipal y el nacional.
Y así distinguir con claridad las diferencias entre las leyes nacionales, las leyes generales y las leyes federales que estos tres tipos de normativas se aplican en toda la República. En cuanto a las leyes federales se refiere, estas son vigentes, como dije, en todo el territorio nacional, pero de aplicación exclusiva por las autoridades federales.
Entre este tipo de normas están las Leyes Federal de Cinematografía, y del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Federal de Austeridad Republicana, el Código Penal Federal o el Civil Federal.
Por otra parte, el orden jurídico constitucional reconocido por la doctrina jurisprudencial distingue leyes generales que regulan clausulas constitucionales en diversas materias, se aplican en todo el territorio nacional, distribuyen competencias, regulan una base normativa mínima que deberá ser armonizada por la legislación que en diversas materias emitan las entidades federativas e incluso con reglamentos municipales.
Estas leyes generales no son limitativas, ya que es un piso mínimo, pero en diversas ocasiones propicia grandes disparidades entre las legislaciones locales. Y entre los ejemplos que podemos mencionar está la Ley General de Salud, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Cambio Climático o la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Es importante hacer notar que la experiencia marca que en ocasiones la naturaleza de las leyes generales, al requerir la armonización, propicia escenarios de lentitud en su actualización cuando hay reformas a estas leyes generales. O, incluso, retroceso en el ejercicio de los derechos.
En esta tesis se encuentran, por ejemplo, muchos temas de la Ley General de Violencia en Contra de las Mujeres. Es decir, no se actualiza su armonización de inmediato. Y muchas leyes sobre la vida que debemos vivir libre de violencia las mujeres no están debidamente actualizadas, a pesar de que la ley general ha sido modificada.
Finalmente, las leyes nacionales, que es el tema que nos ocupa. Éstas tienen aplicación en todo el territorio nacional, con independencia de los ámbitos de gobierno de las entidades federativas o incluso de los municipios, siempre respetando las competencias originalmente establecidas en la Constitución. Es decir, establece las normativas que regirán cada materia, pero no implica la expedición de leyes locales.
Este tipo de normativa fue promovido desde la primera década de este siglo, y se ha logrado legislar en este sentido varios casos desde entonces. Como ejemplo tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, o la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Todas estas leyes durante el periodo del presidente Peña Nieto. O el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mandatada en la Constitución su creación desde 2017, y que logramos generar en 2023 por unanimidad, es decir, por el respaldo de todas las fuerzas políticas de ambas Cámaras.
Dicho lo anterior, quiero hacer énfasis en que, por el tipo de materia que tratamos y que se trata en este dictamen y que hoy nos ocupa, considero que se justifica la inclusión de la facultad constitucional de legislar una ley nacional, para que no existan discrepancias o diferencias importantes entre las diversas entidades federativas y las leyes que estas expidan. Y caminemos juntos de manera uniforme, como país, hacia la digitalización y la simplificación administrativa, siempre respetando la protección de datos personales.
Es importante que sea una ley nacional, no una general, pues —como dije— las leyes generales en muchas ocasiones tardan en su armonización o cuando se reforma la ley general a veces es muy lenta la armonización en las diversas entidades federativas, creando discrepancias, diferencias importantes en estos ámbitos de competencia.
Por eso invito a todas las fuerzas políticas que nos sumemos a que sea una ley nacional, por el tema que estamos regulando y por el tema que representa esta digitalización administrativa, por lo que representa la simplificación de trámites y por lo que representa este avance importantísimo en la administración pública federal, la administración local y las administraciones incluso municipales.
Los invito a que sea esta ley general, perdón, esta ley nacional, y que dejemos a un lado la ley general, precisamente por las discrepancias que esto puede suscitar en las diversas entidades federativas.
Con esto daría por terminada esta intervención, diciendo que no hay lugar a duda, tendrá que ser una ley nacional y no una ley general con pisos mínimos y que tengan diferencias las entidades federativas en la expedición de estas normas, haciendo la armonización de estas normas generales. Por tanto, es mi opinión constitucional que debe ser la ley nacional, para no existir diferencias en toda la República sobre este tema tan importante que estamos legislando en este momento. Muchas gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias a usted, diputada. Con esta intervención se cierra el plazo para la presentación de reservas. Está a discusión en lo general, por lo que se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar a favor y en contra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Lucero Higareda Segura (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Diputada Lucila Higareda, ¿con qué objeto?
La diputada Lucero Higareda Segura(desde la curul): Hola, buenos días. Con su venia, presidenta. Lucero Higareda. Únicamente para solicitar un minuto de silencio por unos estudiantes guanajuatenses que el día de ayer en un trágico accidente perdieron la vida.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Esta Cámara ya otorgó el minuto de silencio por este mismo incidente, diputada Lucero Higareda. Tiene la palabra la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre:Gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante.
La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: La sociedad avanza con smartphones, pero el gobierno sigue operandocomo si usara un Nokia de los 2000, y esto tiene que cambiar. Lo peor es que ni siquiera trae snake o la viborita.
Los celulares, las computadoras y las tabletas mejoran en sus procesos, modelos y tecnologías, pero el gobierno sigue siendo igual de arcaico. El gobierno no utiliza las nuevas herramientas tecnológicas para darles un mejor servicio a las personas, para simplificar su interacción y relación, para ser más eficiente, rápido y seguro.
Sólo pensar en hacer un trámite gubernamental es tortuoso, largas filas, en algunos casos toma meses, o incluso años, tener una respuesta a una solicitud. Pudiéramos gastar 4 mil horas en trámites a lo largo de nuestras vidas.
La mayoría de los trámites que realizamos son complicados y tardados. En muchos de ellos estamos obligados a que únicamente podemos darles seguimiento de manera presencial y personal, sin oportunidad de hacerlo desde nuestros hogares o en nuestros centros de trabajo.
Además, la falta de transparencia a través de procesos sistematizados y digitalizados nos cuesta, genera un ambiente propicio para la corrupción. Por eso los municipios y los estados se resisten a digitalizar sus trámites y se resisten a digitalizar su operación gubernamental. ¿Por qué? Porque les gusta el campo abierto de maniobra para abusar de las personas y lucrar con los servicios que deberían ser gratuitos.
Por otro lado, ¿por qué al momento de hacer un trámite tenemos que entregar documentos que el gobierno ya tiene o que pudiera pedirle de manera directa a otra autoridad? ¿Qué no se deben comunicar entre ellos? ¿Por qué no se aprovechan los canales digitales para que todos los entes públicos del país puedan compartir información, que esta sea interoperable? La era digital en la que estamos debe permitirnos que todos nuestros documentos oficiales, sin importar a qué autoridad pertenezcan, de cual provengan, estén en un solo espacio digital dentro de nuestros celulares o computadoras y estos documentos tengan validez oficial.
También pensemos en todo el papel que se desperdicia al momento en que nos acercamos a nuestro gobierno. Entregamos documentos y documentos, copia de la copia, cinco juegos o más. Peor aún, recordemos todo el papel que se utiliza en la propia comunicación interna de la administración pública, en el Congreso, en el Poder Judicial o entre Poderes. No hay sistemas de comunicación interna digitalizada. Pudiéramos hacer miles de edificios del papel de toda la documentación que se genera dentro del gobierno, dentro de los Poderes y que se resguarda por éstos.
Desde Movimiento Ciudadano celebramos una reforma constitucional que reconozca el deber de digitalizar trámites y servicios gubernamentales, pero también hacemos un replanteamiento que podemos lograr a través de las leyes secundarias. Un México digital es posible, uno donde todos los trámites y servicios de gobierno estén en el alcance de un clic, pero para ello debemos pensar en el reconocimiento de una identidad digital centrada en el ciudadano como pilar de la transformación pública, sin cientos de usuarios, sin cientos de contraseñas que olvidamos y que tenemos que generar para entrar a interactuar con cada autoridad. Estoy hablando de una única llave de acceso con el gobierno.
También tenemos que pensar en los derechos y obligaciones de la ciudadanía en el ámbito digital, de las políticas de gobernanza digital, de gobernanza tecnológica y gobernanza de datos, de tener una ventanilla única, una única ventanilla 100 por ciento interoperable entre todos los entes de gobierno. Modernizar las reglas de interoperabilidad basadas en registros descentralizados, regular la trazabilidad de la información para su preservación en el tiempo, homologar el expediente digital y actualizarlo entre personas físicas y morales, regular la política de, cero papel, actualizar la firma electrónica avanzada, la protección y la seguridad de datos personales y, finalmente, el acceso de todos estos beneficios a las comunidades rurales y más vulnerables del país.
En México, 100.9 nueve millones de personas mayores de 6 años utilizan internet, esto es un 84 por ciento de la población. No hay forma de quedarnos atrás en el avance tecnológico. Y, con esto termino, la innovación y la modernización del Estado debe encontrarse en el corazón de la gestión pública, entrémosle a digitalizar y modernizar al gobierno, pero con todo que no sea sólo un bonito discurso.
Digitalizar todos los trámites de gobierno no es suficiente, la digitalización de la gestión pública es más que esto, se centra en la relación de las personas con nuestro gobierno, es momento de transformar la política para el Siglo XXI.
En Movimiento Ciudadano creemos firmemente que un gobierno debe de estar al alcance de la gente no sólo en los pasillos de los edificios oficiales, sino también en sus dispositivos móviles donde ya convivimos diariamente. Apostemos por un futuro donde la tecnología sea un puente no una barrera para que cada ciudadano tenga voz, participación y acceso a la información. Es hora de avanzar juntos hacia un gobierno realmente digital, inclusivo y cercano a todos. Es cuanto.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada.
Esta Presidencia saluda al presidente municipal de San Juan Atenco, Puebla, el compañero José Mayko de Lázaro Urbina, igualmente a su distinguida esposa, Isabel Alejandro Martínez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Invitados por el compañero diputado Ignacio Mier. Sean ustedes bienvenidos a la casa del pueblo. Tiene la palabra el diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez, del PRI, hasta por cinco minutos para presentar su reserva... no, para hablar a favor del dictamen. Perdón.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: Compañeros y compañeras, excelente tarde para todos, hoy es un día importante en esta era digital que debemos de aprovechar, hoy las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías sobre todo en el ámbito gubernamental donde su aplicación puede tener efectos positivos en la eficiencia administrativa y, por tanto, beneficiar a lo más importante que tenemos, la población.
El Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor, como ya lo hemos manifestado hace unos momentos. Este dictamen lo estaremos votando a favor porque compartimos el objetivo de hacer más eficiente la gestión gubernamental y estamos convencidos de que se necesita que se digitalicen la forma y la función de hacer gobierno.
Actualmente, trámites gubernamentales federales, estatales y municipales han comenzado dicha transición. Hoy, por ejemplo, podemos tramitar con gran facilidad una CURP, un acta de nacimiento, simplemente con meternos al celular podemos nosotros obtenerla. Asimismo, utilizar el transporte público y, bueno, pues muchos de los servicios como la luz y el agua, hoy se pueden trabajar y tramitar y pagar a través de un celular y a través del internet.
Sin embargo, aún hay trámites que tenemos que hacer de manera obligatoria en las oficinas gubernamentales. Aunado a esto también es importante la homologación de los procedimientos y requisitos para la realización de trámites digitales en aras de una mayor eficiencia gubernamental.
Otra de las bondades de la transición al gobierno digital, es lo relativo al combate a la corrupción, pues pese a que el oficialismo lo niega y a pesar de que dijeron que llegando la cuarta transformación se acabaría el coyotaje, pues no fue así. Todos somos testigos y bueno, pues hemos visto que para que los trámites salgan más rápido hay que caerle con una lanita y ahí está la corrupción que normalmente se vive y que se normaliza para todo nuestro país. Por eso la tecnología es y será una de las estrategias que pueden evitar el que el coyotaje burocrático termine.
Este aspecto lo rescato a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Inegi, escuchen todos, que señala en el 2023 que el 83.1 por ciento de los encuestados tuvo la percepción de que la corrupción es frecuente al momento de realizar trámites, pagos o solicitudes de servicios antes servidores públicos, mientras que el restante 14 por ciento lo experimentó personalmente.
Por ello, al tramitar, al transitar al gobierno digital, podemos realizar la mayor aportación que es poder hacer que los trámites gubernamentales vía internet y a través de los dispositivos móviles, pues eviten el tener este problema tan grave de la corrupción.
Por otro lado, pese a que votaremos a favor este dictamen, también podemos hacer señalamientos muy importantes y relevantes que debemos de considerar y que no se diga que no se dijo y no somos los únicos que lo han señalado. También lo señalaron los demás partidos que nos antecedieron en esta tribuna, y es importante decirlo.
El primero de ellos es el tema de los datos personales de los mexicanos, ya ven que está de moda que te hackeen. Pasa cuando por descuido dejamos que alguien más acceda a los datos personales de cada uno de los mexicanos. Por eso es importante que no se utilicen estos datos, no sólo en el tema de un hackeo, sino también en el aparato gubernamental. ¿A qué me refiero? Pues con el tema lamentable de las elecciones, que luego el que tiene la información pues es el que puede llegar a todas las personas. Por eso debemos crear mecanismos estrictos que protejan los datos que garanticen esta situación que se ha vivido en el país.
Y el otro dato relevante que debemos tomar en cuenta es el tema de internet, que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a él. En Guanajuato, de donde soy originario, se implantaron proyectos interesantes, ahora puedes hacer muchos trámites a través de los quioscos digitales que se colocan en tiendas departamentales y muchos otros lugares de fácil acceso. Aun así se encuentran en ciudades pues más grandes, las pequeñas, los municipios que están metidos en la sierra, los que a veces no tienen acceso a internet. Debemos buscar la manera de que lo tengan, pues somos mexicanos los que viven en la Ciudad de México y también los que viven en la ciudad más remota o la que no tenga acceso a internet lo deben tener, por eso debemos procurar al máximo que exista un mecanismo.
Y como lo dijimos, pues no encontramos en este dictamen el que se haya o se dé un recurso para que los municipios, los estados y la misma Federación tengan el cómo poderle proporcionar a todos los mexicanos el acceso a Internet. Dos importantísimos puntos que tenemos que revisar.
Compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos estado a favor de la incorporación de las nuevas tecnologías, para maximizar la eficiencia gubernamental. Estamos convencidos de que con nuestro voto estaremos impulsando el inicio de la transición hacia el gobierno digital a favor de las y los mexicanos.
Con todas las bondades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías para hacer más eficiente el trabajo gubernamental, no podemos quedar anclados en el pasado. El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de poder digitalizar nuestro gobierno. Es cuanto.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado Luis Gerardo. Tiene la palabra el diputado Santiago González Soto, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Santiago González Soto:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado Santiago González Soto: Qué amable, gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, desde el Cerro de la Silla se divisa el segundo piso de la cuarta transformación. Qué busca, qué busca el gobierno de la cuarta transformación. Junto con el gobierno de la cuarta transformación los diputados del Partido del Trabajo buscamos acabar con los gobiernos excluyentes por trámites burocráticos.
Hoy, los diputados del Partido del Trabajo estamos aquí para hablar de un tema fundamental para la vida de millones y millones de mexicanos, el derecho a un gobierno eficiente, transparente y al servicio del pueblo. Por décadas la burocracia en el país no ha sido un instrumento para facilitar la vida a la gente sino una barrera que desgasta, frustra y somete.
Cuántas veces hemos visto a un trabajador perder todo un día de su sueldo sólo para hacer un trámite que bien pudo resolverse en minutos o desde un teléfono celular. Cuántas veces. Cuántas veces la gente ha tenido que pagar a un gestor, vulgo corrupción, sólo para evitar la corrupción en la ventillas; la respuesta es la misma: muchas. No es casualidad que los trámites más complicados sean los que afectan a la gente, a los trabajadores, los pequeños negocios, a quienes no tienen recursos para pagar a un abogado o un intermediario.
Hay que eliminar estas barreras que tienen las personas y las empresas para llevar a cabo los trámites frente a un gobierno, a una administración, porque donde, eso sí, donde hay burocracia innecesaria, qué creen, hay corrupción. Con la iniciativa de simplificación administrativa y digitalización que nos ha puesto en puerta la presidenta Claudia Sheinbaum, se da un avance histórico para reducir esos trámites en cuestión de eficiencia, sino también en cuestión de justicia social y acabar con la corrupción.
Quiero decirles que un Estado justo no es aquél que le impone más requisitos a su gente, sino es aquél que le facilita la vida. Hay quienes dicen que la digitalización excluye a quienes no tienen internet.
Les pregunto: ¿qué excluye más, poder hacer un trámite desde un teléfono celular o tener que viajar horas a una oficina gubernamental? Eso es lo que busca el Partido del Trabajo, acabar con esa exclusión a la que hemos sido sometidos millones de mexicanos por no tener un proceso más simplificado. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de las reformas al artículo 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
El 25 establece que corresponde al Estado mexicano la eficiencia administrativa mediante la simplificación y digitalización de los trámites y servicios de gestión pública en los tres órdenes de gobierno.
El artículo 73 señala que la facultad del Congreso de la Unión es para expedir una ley nacional que impulse un sistema de gobierno digital, promoviendo la simplificación y la digitalización de trámites y servicios.
Y no fue hasta ahora, cuando tenemos una presidenta muy sensible, que nos ha propuesto, justamente la presidenta Claudia Sheinbaum dio este primer paso al crear la Agencia Digital de Innovación Pública y la Agencia de Transformación Digital. Ahí está el primer paso.
Ahora viene esta parte que es complementaria y que tiene que ver con las reformas a la Constitución. Pretendemos, sí, acabar con los moches, pretendemos también acabar con esa burocracia que es un gran reclamo de la sociedad y también establecer que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios, todos, los municipios, los gobiernos estatales y el gobierno federal.
Además, esto nos va a permitir homologar trámites y requisitos, tiempos de respuesta en la atención de los tres niveles de gobierno y finalmente reducir las oportunidades de corrupción y reforzar la confianza ciudadana. Todo el poder al pueblo. Viva México. Viva la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Braña Mojica, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos.
El diputado José Braña Mojica:Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado José Braña Mojica: El verdadero progreso pone la tecnología al acceso de todos. Actualmente, cada persona en México realiza un promedio de 486 trámites a lo largo de su vida. A nivel nacional, existen más de 7 mil trámites federales, 5 mil 23 trámites estatales y en promedio por la entidad federativa también hay 144 trámites municipales.
Uno de los problemas más graves derivados de la burocracia excesiva es la corrupción. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, del Inegi, 83.1 por ciento de las personas en México considera que hay corrupción en los trámites gubernamentales. La digitalización de los procesos administrativos permitirá eliminar la discrecionalidad en la resolución de trámites. Al reducir el contacto directo entre ciudadanos y funcionarios se disminuye la oportunidad para prácticas corrupta.
Otro beneficio inmediato es la certeza jurídica. Actualmente la falta de claridad en los requisitos y tiempos de resolución, con la digitalización los ciudadanos podrán conocer con precisión, con precisión el... la digitalización de los ciudadanos... ésta, de sus trámites, los plazos de respuesta y los requisitos necesarios, sin depender, sin depender de la interpretación de un servidor público.
La digitalización de los trámites ha mostrado resultados. Un claro ejemplo, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México. La Agencia Digital de Innovación Pública informó que en el gobierno había registrado un ahorro por 2 mil 200 millones de pesos. Al digitalizar 2 mil 100 a 530 los trámites de gobierno, se redujo en 40 por ciento el número de personas en ventanilla física, lo que permite mayor agilidad en los trámites. De esa manera resultan más sencillos.
También es importante destacar la digitalización como política pública, pero hay que comentar que ayuda a los adultos mayores, personas trabajadoras y personas con discapacidad a tener acceso a sus derechos.
Otro ejemplo también son los gobiernos, como los de Estonia, Singapur, India y Dinamarca. Han implantado sistemas digitales innovadores, que no sólo han mejorado la eficiencia administrativa, sino que también han fortalecido la transparencia y ha aumentado la recaudación fiscal. La simplificación orgánica también genera ahorros en todo el país y en los tres ámbitos de gobierno, lo que permitirá redirigir los recursos a causas más importantes. En el Partido Verde estamos convencidos de que el gobierno tiene que trabajar para facilitar la vida de la gente que, desde todas las trincheras debemos buscar herramientas que permitan a los ciudadanos acceder de manera más sencilla a sus derechos.
Compañeras y compañeros, lo que estamos construyendo hoy es un ejercicio de confianza, confianza en los ciudadanos que sabrán cómo usar las herramientas que les estamos dando, confianza en los servidores públicos, que deberán regirse por los principios de eficiencia y buen gobierno. Sobre todo, confianza en que un Estado eficiente actúa como facilitador, más que como un obstáculo. Y sí, sí se puede transformar la vida de todos. Por eso, en el Partido Verde estamos a favor de este dictamen. Es cuanto.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado. En el uso de la voz, el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: La simplificación y digitalización administrativas para todo gobierno son beneficiosas, pues mejoran la parte administrativa, pero lo más trascendente recae en el mayor reclamo de los ciudadanos del país, y eso es evitar y erradicar la corrupción en México.
Vale la pena mencionar que esta reforma no debería tratarse únicamente de una ley nacional, sino lo correcto hubiera sido que el día de hoy estemos discutiendo y aprobando una ley general que aplique a todos los entes de gobierno, incluyendo los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Una vez más, la propuesta de Morena se ha quedado corta.
Imagínense cómo lucirían la megafarmacia y las farmacias de los hospitales del IMSS, del ISSSTE y de todo el sector público si evitáramos los moches y los sobrecostos en los medicamentos, aparatos quirúrgicos y equipos de curación. Imagínense haber evitado 13 mil millones de pesos de sobreprecio en esos medicamentos. Los estantes de esas farmacias lucirían llenos, y eso repercutiría en que las y los mexicanos no tuvieran que acudir a una farmacia privada a comprar sus medicamentos.
No fuera necesario toparnos con una farmacia en cada esquina en México, y esas existen porque no hay un abasto en los hospitales públicos. Claro que Acción Nacional está a favor de la cobertura universal de salud, y ésa comienza por un abasto suficiente y oportuno de medicamentos.
Imagínense cómo lucirían las carreteras de México si se llevarán a cabo obras con transparencia. No hubiera baches, estuvieran en mejor estado y hubiera muchos menos accidentes y fallecimientos carreteros.
Imagínense si hubiéramos evitado el fraude de Segalmex, por 12 millones de pesos, y ese recurso hubiera llegado a los productores del campo en fertilizantes, en semillas, en tecnificación de riego, en obras hidráulicas o en apoyos a la comercialización. El campo mexicano estuviera en crecimiento como venía haciéndolo desde el Tratado de Libre Comercio en 1994, no como hoy que cumple 6 años y medio en pleno abandono.
Imagínense los habitantes de Álamo, Sonora, sin la obra del acueducto Macoyahui-Álamos, con un costo de 97 millones de pesos, en verdad les hubiera resuelto el problema del desabasto de agua, en vez de estar buscando la justificación de empresas fachadas y su mala calidad de la obra, que aún tiene a los habitantes de Álamos esperando el vital líquido. Imagínense haber evitado los sobreprecios de las obras de Dos Bocas, del Tren Maya o del AIFA y que estas hoy sí pudieran estar refinando y que hoy sí pudieran tener pasajeros. Imagínense haber transparentado el préstamo que no fue cobrado por 150 millones de pesos a los amigos del presidente, digno de una novela de Epigmenio Ibarra.
Todo lo que hoy nos podemos imaginar es posible, compañeras y compañeros. Por eso este dictamen, a pesar de quedarse corto, contará con el apoyo de Acción Nacional. Acción Nacional siempre ha sido un impulsor de la transparencia y combate a la corrupción, no como quienes vienen, por un lado, con discursos a la eficiencia y la eficacia en simplificación administrativa, pero, por otro lado, les recuerdo que el 20 de diciembre de 2024 se publicó el decreto de extinción del INAI gracias a los votos de Morena y sus aliados. En Morena deben preocuparse mucho más por ser congruentes y no sólo por ser ocurrentes.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez, de Morena, para hablar a favor del dictamen, hasta por cinco minutos.
La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez:Buenas tardes, compañeros, compañeras. Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez: Permítanme comenzar compartiéndoles que, como ex agente del Ministerio Público, he sido testigo directo de cómo la ausencia de sistemas digitales integrados obstaculiza el acceso efectivo a la justicia.
Un ejemplo revelador ocurría durante la solicitud de suspensiones condicionales del proceso a prueba. Frecuentemente estas medidas eran denegadas porque las unidades de medidas cautelares de los estados no contaban con un acceso a una plataforma digital unificada que permitiera consultar y actualizar información en tiempo real. Los métodos con los que se tramitaban imposibilitaban su incorporación oportuna al expediente, lo que generaba que se negara una suspensión.
Con la implantación de la digitalización que promueve esta reforma, estos informes podrían generarse instantáneamente, consultarse por todas las autoridades competentes e incorporarse de forma ágil a los expedientes, más aún los ciudadanos podrían realizar estos y otros trámites directamente desde las plataformas sin necesidad de trasladarse físicamente a múltiples dependencias ahorrando tiempo y recursos valiosos.
Esta transformación digital no sólo agiliza los procesos judiciales, sino que tendría un efecto directo en la vida de los diputados que podrían acceder a soluciones alternativas a la prisión cuando así lo amerite su asunto.
Los números son reveladores. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023 muestra una realidad alarmante: 40.7 por ciento de la población enfrentó problemas significativos al realizar trámites públicos. Esta cifra representa la frustración diaria de millones de mexicanas y de mexicanos, y una profunda desconfianza hacia las instituciones, desconfianza que tenemos la obligación de revertir.
¿Quién de nosotros no ha experimentado el enojo de acudir a múltiples ventanillas, presentar los mismos documentos en diferentes dependencias, a enfrentar requisitos contradictorios entre distintas oficinas gubernamentales? Esta reforma representa un paso decisivo para transformar la relación entre el gobierno y los ciudadanos, combatir frontalmente la corrupción y eliminar la duplicidad de trámites.
Esta iniciativa establece un mandato claro para todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, con ella estamos construyendo los cimientos de un sistema coherente articulando que beneficiará a todos los mexicanos, especialmente a quienes más dificultades enfrentan para tener acceso a servicios públicos esenciales.
La experiencia respalda contundentemente esta visión, los avances logrados desde 2019 por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cuando fungió como jefa de gobierno de Ciudad de México evidencian el potencial transformador de estas herramientas implantando con visión estratégica y compromiso institucional.
Esta reforma trasciende lo meramente tecnológico, representa la materialización de derechos fundamentales, garantiza que cualquier persona independientemente de su condición socioeconómica o ubicación geográfica puedan acceder a servicios públicos de manera eficiente, transparente y directa, sin intermediarios que soliciten una ayudadita para agilizar el trámite o sortear obstáculos artificiales.
La simplificación administrativa y la digitalización nos permite avanzar hacia un gobierno verdaderamente cercano, que utilice la tecnología como instrumento al servicio de la ciudadanía, un sistema que transforme los más de 7 mil trámites federales, 523 estatales y 144 municipales en procesos accesibles, ágiles y transparentes.
La digitalización, constituye una herramienta transformadora en la lucha frontal contra la corrupción, precisamente porque garantiza la transparencia total en cada fase del proceso administrativo. Al digitalizar trámites y servicios, cada acción queda registrada, cada movimiento es rastreable y cada decisión puede ser auditada.
La opacidad es espacio oscuro donde la corrupción encuentra su refugio ideal, se desvanece bajo la luz de plataformas digitales, que exponen a la vista pública cada etapa del servicio gubernamental. Al reducir la interacción directa entre servidores públicos y ciudadanos en trámite rutinario, no sólo disminuimos las oportunidades para la discrecionalidad y las solicitudes indebidas, sino que creamos un sistema donde cualquier desviación del proceso establecido queda inmediatamente evidenciada.
Los sistemas digitales integrados permiten a los ciudadanos dar seguimiento en tiempo real a sus trámites, conocer quién es responsable de cada etapa y verificar los plazos que se cumplan conforme a la normativa, convirtiendo a cada usuario en un auditor potencial de desempeño gubernamental. La reforma planteada representa un avance decisivo en la modernización de México, el combate frontal de la corrupción y la construcción de un México más justo, transparente y asequible. Vamos por la transformación digital. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se consulta en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido en lo general.
Se informa a la asamblea que para la discusión en lo particular se han presentado propuestas de modificación de los artículos 25 y 73 del proyecto de decreto y de los transitorios segundo y tercero. Se pide a la Secretaría que abra, hasta por 10 minutos, el sistema electrónico de votación para proceder a la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de lo no reservado.
(Votación)
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se pide a la Secretaría que ordene el cierre del sistema de votación.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 452 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Es mayoría calificada.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular lo no reservado por 452 votos.
Pasamos ahora a las intervenciones, para la presentación de propuestas de modificación.
En primer término, tiene la palabra la diputada Eva María Vásquez Hernández, del PAN, hasta por tres minutos.
La diputada Eva María Vásquez Hernández:Con la venia, presidenta. Imaginen ustedes que cada trámite que necesitan hacer con el gobierno fuera tan fácil como pedir un café desde una aplicación, sin filas interminables, sin documentos impresos que se traspapelan, sin vueltas innecesarias. Imaginen que con un par de clics pudieran obtener de manera rápida, segura y eficiente lo que necesitan. Eso buscamos con la digitalización y simplificación administrativa, un gobierno al servicio de la gente, no la gente al servicio del gobierno.
El problema no es nuevo, lo hemos vivido todos, ciudadanos, emprendedores, empresas, trámites engorrosos que desgastan, que frenan la inversión, limitan oportunidades y, en el peor de los casos, hasta propician la corrupción. Por eso, la digitalización no es un lujo sino una necesidad urgente para hacer que los gobiernos sean más eficientes y estén verdaderamente al servicio de la ciudadanía. En Acción Nacional entendemos algo fundamental: México es un país diverso, con realidades distintas en cada estado, municipio, rincón de la patria.
No podemos imponer una camisa de fuerza única para todos si de verdad queremos avanzar. Y la mejor manera de hacerlo es a través de una ley general, no de una ley nacional que asfixie la capacidad de cada entidad para adaptarse y mejorar.
Pero ¿qué significa eso en términos prácticos? Significa que si una entidad federativa avanzó en la digitalización de los trámites, no tenga que dar pasos atrás por una ley única que no le permite ir más allá de lo establecido. Significa que estados, entidades innovadoras, que han reconocido el derecho a una buena y eficiente administración pública, puedan seguir mejorando sin restricciones innecesarias y significa también que las entidades rezagadas tengan una base límite mínima para avanzar sin que el gobierno federal dicte hasta el último detalle de cómo debe hacerlo.
Una ley general permite que cada estado y municipio construyan sobre una base sólida, pero sin permitirles innovar. Por el contrario, una ley nacional los obligaría a ajustarse a un molde rígido sin importar sus necesidades o avances específicos. ¿Queremos acaso un México donde la simplificación administrativa y la digitalización avancen de manera efectiva?
Hagamos de la digitalización una herramienta real de cambio, no un pretexto para centralizar decisiones. Hagamos que el gobierno sea más ágil, transparente y asequible para todos, sin frenar a quienes ya avanzan, pues no queremos únicamente digitalizar trámites sino en verdad cambiar para bien la manera en que el gobierno responde a las necesidades de la gente, y eso, señoras y señores, si me prestaran un poco de atención, podría confirmarles que eso lo lograremos sólo con una ley que construya desde la diversidad, no que la limite. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No se admite a discusión.
En el uso de la palabra la diputada María de Fátima García León, de Movimiento Ciudadano.
La diputada María de Fátima García León:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada María de Fátima García León: Compañeras y compañeros diputados, una de las constantes quejas de las ciudadanas y ciudadanos, especialmente de los contribuyentes, es que tienen que realizar trámites complicados y tardados.
La gente no entiende cómo, en pleno Siglo XXI, se siguen utilizando procedimientos arcaicos en los trámites administrativos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Es el caso del CURP, que el gobierno federal lo expide y luego lo solicita para trámites y las personas tienen que ir a la tiendita más cercana.
Para agilizar los trámites administrativos es necesario, por un lado, simplificar los trámites y, por el otro lado, utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Afortunadamente el dictamen que hoy se discute incluye reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución, mediante las cuales se reconoce al Congreso la facultad y la obligación de expedir una ley sobre simplificación administrativa y digitalización, lo cual permitirá modernizar la administración pública y corregir las deficiencias que actualmente enfrentamos.
Conscientes que esta reforma contribuirá a mejorar la atención ciudadana, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos votado a favor en lo general. En lo que no estamos de acuerdo es en establecer de antemano la naturaleza de la ley, señalando que debe ser de carácter nacional y no de carácter general.
La diferencia entre la ley general y una de carácter nacional estriba en que una ley general distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, y en tanto que una ley nacional establece uniformes, normas uniformes aplicables en todo el país, sin importar el nivel de gobierno.
Compañeras y compañeros diputados, es importante recordar que en esta Cámara de Diputados se ha argumentado de manera reiterada que vivimos en un país pluricultural, pluriétnico y plurilingüístico, con claras diferencias regionales por razones geográficas, demográficas y de desarrollo económico y social.
Si sabemos que nuestro país tiene una composición diversa, por qué pretendemos imponer una ley nacional que niega estas diferencias nacionales. No podemos exigirles a todos los gobiernos municipales que digitalicen sus procedimientos administrativos, cuando todavía existen municipios que no cuentan con los servicios de internet; o si lo tienen, no cuentan con la calidad y la permanencia que se requiere para realizar los trámites administrativos.
Bueno, en algunos lugares no tienen computadora. No podemos exigirles a los municipios pequeños, rurales e indígenas que establezcan plataformas digitales eficientes y de calidad, cuando no cuentan con los recursos humanos y económicos para hacerlo.
Por éstas y otras razones, propongo que en la reforma del artículo 73 de la Constitución se sustituya el término “nacional” por el de “general”. Porque una ley general nos permitirá tomar en cuenta las diferencias regionales, así como las condiciones sociales, culturales, económicas y de desarrollo tecnológico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No se admite a discusión.
Esta Presidencia saluda al distinguido empresario Arturo Elías Ayub, quien se encuentra presente en este recinto, invitado por el coordinador, Ricardo Monreal Ávila, y el coordinador de Operación Política, Pedro Haces Barba, del Grupo Parlamentario de Morena. Sea usted bienvenido a este salón de sesiones.
En el uso de la palabra, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla:Muchas gracias. El día de hoy, primeramente, quiero ofrecer nuestras más sinceras condolencias a las madres, a los padres, a las y los hermanos, a las hijas e hijos de familias de las víctimas que lamentablemente han sido localizadas en Teuchitlán, Jalisco.
Expresar, al mismo tiempo, nuestra profunda indignación ante estos hechos. Nos unimos a la exigencia de las familias. Justicia y verdad, justicia y verdad, justicia y verdad. Hoy en nuestro país no hay otro tema más importante que el tema de los jóvenes de Jalisco, que el tema de los campos de exterminio que encontraron en nuestro país.
Las juventudes de México nos sentimos profundamente indignados, dolidos y con rabia ante los hechos que están sucediendo en nuestro país. Y acá les pregunto, compañeras y compañeros, ¿de verdad vamos a dejar pasar este día como si fuera un día cualquiera en la Cámara de las y los Diputados? ¿De verdad no tenemos esa sensibilidad y queremos hablar de otros temas cuando hoy nuestro país se encuentra volcado, indignado ante los hechos que todos sabemos que están sucediendo?
Hoy nuestro partido ha estado atento y actualizado en torno a los lamentables acontecimientos. Y no hablamos con colores ni con banderas partidistas, hablamos desde el sentimiento más profundo de nuestra sociedad. Desde el sentimiento más profundo para darles voz y visibilidad a las madres buscadoras, a los hermanos buscadores, a los padres buscadores y a todas aquellas y aquellos que hoy han perdido la vida y han perdido lo más elemental, que es el saber dónde están sus familiares.
En estos campos de exterminio que hay en México, que son noticia mundial, en estas fosas clandestinas en donde se encontraron restos de jóvenes, escúchenlo bien y vean la gravedad de lo que está pasando. Obligaban a nuestras juventudes a incorporarse a las filas del crimen organizado.
Con testimonios de personas que han sobrevivido a estos campos de exterminio, hoy sabemos que no solamente los obligaban a ser sicarios, sino que en ese campo de adiestramiento también los obligaban a comerse entre ellos mismos. Así de crudo y así de fuerte es este tema.
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Permítame, diputado Gutiérrez.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Adelante.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha solicitado la palabra el diputado Luis Humberto Fernández. ¿Con qué motivo?
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes(desde la curul): Moción de apego al tema.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Creo que debemos de cumplir el Reglamento y apegarnos al tema que está en el orden del día. Muchas gracias.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: ¿Cuál es su nombre, diputado?
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (desde la curul): Luis Humberto Fernández.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Que quede en el Diario de los Debates que el diputado Luis Humberto no quiere hablar hoy de los temas de jóvenes de Jalisco.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No se permiten los diálogos. Continúe, diputado, su intervención.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Que quede en la historia de México y en la historia de esta Cámara de Diputados, que a los diputados de Morena no les importa que en Jalisco se maten jóvenes. No les importa que haya campos de exterminio, no les importa que haya crematorios clandestinos matando los sueños de nuestra juventud. Así de perversos, así de malvados, así de insensibles son los que hoy gobiernan, y por eso les digo... Ahí hay otro diputado que alzó la mano. Adelante, diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Gutiérrez Mancilla, un momentito. El diputado Raymundo ha solicitado la palabra, ¿con qué motivo, diputado? Sonido a la curul del diputado Raymundo. Adelante.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Es lo que les hacen a los jóvenes. Háganles caso.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No hay diálogo.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas (desde la curul): Sí. Presidenta.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Me lo dice ahorita que baje.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas(desde la curul): Con el respeto que se merece este honorable Congreso. No es temor a hablar de ello, solamente es una grave falta de respeto que el compañero diputado no se conduzca con la sabiduría y respeto y orden a esta honorable Cámara de Diputados...
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Falta de respeto la que ustedes le hacen a las madres buscadoras.
El diputado Raymundo Vázquez Conchas (desde la curul): ...y a nuestra nación. Porque no tenemos temor de entrar en debate, lo que debemos es hacer con valores, con principios y con respeto, señor.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momentito, diputado.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: El diputado Mario Carrillo, ha solicitado la palabra.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: ¿Cuál es su nombre, diputado?
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Con qué objetivo, diputado?
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: ¿Cuál es su nombre, diputado? Que quede en el Diario, no tenga miedo. Diga su nombre. ¿Cuál es su nombre, diputado? ¿Cuál es su nombre? Así como tienen ustedes ahorita el valor...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Mejor que termine su intervención y enseguida le daré la palabra, diputado Carrillo.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Así deberían de estar gritando...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe, diputado Gutiérrez Mancilla.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Gracias, presidenta, de verdad que cada día nos sorprenden más, son insensibles, son perversos, están conducidos por el mal. Y ese respeto que usted pide, diputado, ese respeto deberían de tenerles ustedes a las madres buscadoras, a la memoria de los jóvenes que mataron en Jalisco.
Me voy a largar, diputado, cuando en este país haya seguridad y se les garantice a los jóvenes. Y ahorita que me baje me lo dice usted de frente, porque es usted muy gritón, pero aquí estoy para defender y alzar la voz por las familias de México, no para hacerle caso a esta bola de parásitos insensibles que son los de Morena, porque son como los perros de mi pueblo, solo los que están adelante saben por qué ladran y los demás ladran en solidaridad. Y no me voy a callar, presidenta...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, porque ha concluido su tiempo.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: ...porque en Jalisco callaron a miles de jóvenes y en esta tribuna no voy a permitir que se le calle a la juventud. Tengan el valor para enfrentar sus actos. Tengan el valor para enfrentar lo que están haciendo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo, diputado.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: Ha concluido mi tiempo, presidenta, pero no voy a callarme.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí, ya concluyó su tiempo.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla: No voy a guardar silencio ante esto que está pasando en nuestro país, porque no se lo merecen las familias de México. Retratan ustedes, y le pido a los medios de comunicación que retraten como los diputados de Morena están gritando indignados porque tocamos al gobierno con el pétalo de una rosa, pero no se indignan por las masacres que pasan en México. Así deberían de gritar para defender a las madres de millones de jóvenes que hoy asesinan en campos de exterminio, en fosas clandestinas...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, concluya de una vez. Ha concluido su tiempo.
El diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla:...en gobiernos de Morena que ustedes defienden. Están defendiendo criminales...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la cabina de sonido suspender el sonido en la curul.
Tiene la palabra el diputado Mario Carrillo. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas(desde la curul): De orden, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante. Escuchemos al diputado Mario Carrillo, por favor.
El diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (desde la curul): Con todo respeto le solicito a la Mesa Directiva que se aplique el Reglamento y que las y los oradores puedan apegarse al tema de discusión.
No es reconvenir a ningún diputado o diputada, simple y sencillamente es la aplicación del Reglamento. Y si el orador o la oradora quiere meter agenda política, que lo haga y que lo solicite a Jucopo y con mucho gusto hablamos de agenda política y sobre todo de desapariciones forzadas que el partido que representa el orador hacía en el pasado. Ellos son los herederos de las desapariciones forzadas, ellos son los herederos de dejar a los jóvenes en la ignominia, no esta administración. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra la diputada Margarita García García. Micrófono en la curul de la diputada.
La diputada Margarita García García(desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Primeramente, le pedimos al orador que no le falte el respeto al presidente.
Eres misógino y aquí lo estás demostrando, pero a gritar a tu casa y no puedes estar aquí insultándonos porque a la mejor tú sí ladras, pero apégate al tema, diputado presidente, y si de verdad tienes pantalones baja aquí y nos lo dices de frente, aquí te esperamos porque ya estuvo suave que hables nada más por hablar y que ofendas a nuestra presidenta.
Es cuanto, diputada presidenta. Y, este misógino que se baje de ahí o lo bajamos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Solo quiero informar a la asamblea que se le retiró el sonido en la curul porque concluyó su tiempo y lo rebasó por tres minutos. Además, la decisión está tomada en el artículo 260, en los numerales 2 y 3.
Ha concluido su tiempo, abandone la curul, diputado Gutiérrez Mancilla. Abandone la curul. Abandone la tribuna, diputado.
Tiene la palabra la diputada Marcela Michel López, de Morena.
Diputado Gutiérrez Mancilla, ha concluido su tiempo.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputadas y diputados, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, le pido a todas y todos que puedan tomar sus lugares, como una primera acción de orden en este pleno. Por favor, a todos y a todas, tomen sus lugares, por favor. Permítame, permítame la oradora. Permítame. Le pido a las diputadas y diputados...
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva que ha sido presentada.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de levantar su mano. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión y se desecha.
Compañeras y compañeros, compañeras y compañeros todos, por favor, les pido guardemos la calma, retomemos los lugares y continuemos con el desahogo de las reservas.
Sigue en el turno la diputada Marcela Michel López, de Morena. Permítale a la diputada su tiempo. Tiene la palabra la diputada Marcela Michel López de Morena.
La diputada Marcela Michel López:Como dice nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame la oradora, permítame, permítame. Se les pide guardar el orden, diputados. Adelante la oradora.
La diputada Marcela Michel López: Compañeras y compañeros legisladores, como dice nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hay que gobernar con cabeza fría y con profundo amor al pueblo. Cosa que nuestros compañeros están intentando romper haciéndonos caer en provocación, pero no se los vamos a conceder, esta es la cuarta transformación, el gobierno que escucha a todas y a todos, que prioriza a los más necesitados por sobre de todo, así que, con profundo amor al pueblo y con cabeza fría, les doy mi mensaje.
¿Cuál es la labor primordial de un gobierno? No hay duda, servir al pueblo y garantizar con ello su bienestar y su felicidad. Con el decreto que hoy estamos aprobando, así como el extraordinario desempeño que se ha tenido, y así lo avalan los resultados en las elecciones del 2018 y del 2024, estoy segura que estamos cumpliendo con este deber sagrado de las y los servidores populares.
Buenas tardes. Les saludo a todas y a todos mis compañeros legisladores, así como a los invitados en este recinto y al pueblo que nos observa a través del Canal del Congreso. Gracias, por acompañarnos.
Por años los malos gobiernos que rigieron a este país con mano de hierro y corrupción, le enseñaron al pueblo que gobierno, que Estado eran sinónimos de opacidad, de corrupción, de burocracia y de enredos administrativos.
No era casualidad, el neoliberalismo, durante décadas justo nos quiso vender esta idea bajo la consigna de entregar todo el sector privado, porque ellos eran los buenos administradores y los que hacían funcionar bien las cosas, así se complementaba una posición política que creía que quitar todo de la mano del Estado, es decir, del pueblo y darle todo a privados para su beneficio, era el mejor planteamiento que se podía hacer. Se equivocaron y, les repito, la evidencia de ese error se demostró en las urnas, tanto en 2018 como en el pasado 2024.
La consigna neoliberal se vino abajo y el pueblo exige un gobierno, un Estado que cumpla con su responsabilidad de administrar lo que es de todas y todos, lo que es del pueblo de México. Con este decreto justo atendemos una demanda muy sentida del pueblo de México que durante años no fue escuchada y que hoy hemos estado haciendo realidad, para simplificar lo que antes era opaco y complicado.
Servir al pueblo es la consigna central de todo representante popular, gracias a todas y a todos compañeros que hoy, por unanimidad...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Marcela Michel López:...hemos aprobado en lo general. Enhorabuena, no tengo la menor duda de que estamos avanzando en el sentido correcto, y aunque mis compañeros de la oposición quieran politizar con sus politiquerías y sus habituales mentiras, hoy por hoy tenemos el 85 por ciento de aprobación...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Marcela Michel López: ...para la mejor presidenta y el mejor presidente que ha tenido nuestro país. La transformación implica hechos, no solo palabras, y aquí se los demostramos. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias.
La diputada Marcela Michel López: Retiro mi reserva. Es un honor estar con Claudia hoy. Retiro mi reserva, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN, para presentar reserva. Se le pide nuevamente a todos los oradores y oradoras y a las diputadas y diputados que están en la asamblea, serenar los ánimos. Faltan todavía algunas reservas, con calma. Escuchemos el debate que, hasta donde recuerdo, hasta donde recuerdo, todos votaron a favor. Adelante.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala:Presidente, antes de empezar con mi intervención, quisiera pedirle una moción de ilustración, si es usted tan amable de otorgármela.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna:¿En qué consiste, diputada?
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: En que se lea a la letra, el dice y debe decir de la reserva que vengo a presentar.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante. Se otorga la moción. Se le pide a la secretaria pueda dar lectura a la moción.
La secretaria diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla: Dice: Transitorios. Primero a tercero, sin correlativo. Debe decir: Transitorios. Primero a tercero.
Cuarto. A efecto de dar cumplimiento a los fines establecidos en el artículo 25, décimo párrafo, de esta Constitución a que se refiere el presente decreto, en el plazo de 30 días posteriores a su entrada en vigor, el Ejecutivo federal, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, deberá publicar en un sitio oficial de internet todas las evidencias recolectadas durante las actuaciones ministeriales o practicadas por autoridades de seguridad o en los trabajos de campo realizados por la propia comisión o por colectivos ciudadanos que se han realizado en todo el territorio nacional, de manera que la publicación de las imágenes de estos objetos correctamente catalogados sirva como indicio para la localización de cada una de las 124 mil 794 personas desaparecidas y no localizadas en el país.
Atentamente, diputada Noemí Gutiérrez Luna, perdón, Noemi Luna, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Pedí esta moción de ilustración porque lo que ha dejado muy claro el oficialismo es que le tienen pavor, pavor a debatir sobre una realidad que ha ocasionado mucho dolor en este país, la realidad de las y los desaparecidos.
Y, sí, vengo a hablar de digitalizar, vengo a hablar de simplificar la administración para ponerla al servicio de las madres, padres, hijos y hermanos que todos los días buscan a sus seres queridos, porque el hallazgo del Rancho Izaguirre, por los colectivos, no por el gobierno, vino a desenterrar los otros datos de López Obrador. Son más de mil 300 hallazgos, sobre estos hechos, los que sucedieron en el sexenio anterior. Esa es la herencia maldita de Andrés Manuel López Obrador.
El oficialismo fracasó en su intento de ocultar las cifras de desapariciones, la realidad los golpea en las narices, la realidad demuestra lo mentiroso que son los morenistas, porque 48 por ciento de las desapariciones, ¿qué creen?, se dio entre el 2016 y el 2024, ya no gobernaba Felipe Calderón, gobernaban ustedes.
Incluso López Obrador se atrevió a desaparecer a los desaparecidos, al quitar del registro a 20 mil víctimas para reducir la cifra histórica y cerrar su gobierno con menos de 100 mil casos, rechazando así un problema que se vive todos los días en este país.
Ya se sabe que hasta el 2023 había 5 mil 694 fosas clandestinas. No es carroña política hablar de la realidad. La presidenta se equivoca cuando dice que es una campaña en su contra, porque no es carroña ser sensible ante el dolor de las familias.
¿Carroña? Carroña política es aquí quitarle el tiempo a un orador que estaba hablando de la realidad. ¿Carroña? Carroña política es que después que un diputado pide un minuto de silencio por ocho jóvenes de bien asesinados viene un diputado a pedir moción de orden para tratar de politizar el asunto. Los muertos no tienen partido político. Aquí lo que se necesita es hablar de la realidad y dejar de hacerse tontos. Porque carroña es no querer debatir lo que se debe debatir en esta tribuna. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene ahora el uso de la palabra la... Ah. Perdón. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha.
Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo. Permítame la oradora. Diputada Julia Olguín, con qué objeto.
La diputada Julia Arcelia Olguín Serna (desde la curul): Moción de orden.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Ya ahorita está todo muy ordenado, diputada. No aprecio desorden. Continúe la oradora, por favor.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel:Con su venia, diputado presidente. Hay que tener poca moral para venir a hablar de los desaparecidos, cuando sabemos que esto suscitó en los gobiernos neoliberales. Que ésta sí es la herencia maldita que nos dejaron estos cuates de acá de la derecha. Y lo inconcebible es que venga un porro a sacar raja política de este tema tan sensible.
Es preocupante que nosotros, como representantes populares, queramos sacar raja política de un tema tan sensible, que le duele a nuestro país. Los desaparecidos no los generamos en este gobierno, los desaparecidos se han generado desde la historia de estos carroñeros políticos, que vienen a darse golpes de pecho con este tema tan sensible. Y, saben, yo no quisiera tocar este tema, porque me duelen las madres, porque yo tuve un hijo que me lo desaparecieron. Y no saben de lo que hablan. Es inconcebible que estas mujeres diputadas...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Permítame. Permítame la oradora. Permítame. Permítame la oradora, por favor. Permítame, oradora.
Diputadas, les agradecería que pudieran permitir que la oradora continuara con su discurso. Acabo justamente de negar una moción de orden bajo el argumento de que había orden, pero si están interrumpiendo a la oradora, estamos entonces cayendo en un escenario de desorden, donde ya había estado superado.
Por favor, continúe la oradora.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Presidente, que se me reponga el tiempo, por favor.
Este tema es muy delicado, compañeras y compañeros diputados, todos y todas tenemos que tomar cartas en el asunto para que disminuya la desaparición en nuestro país. En eso debemos unirnos y fortalecernos, somos madres, somos hijas, somos abuelas, somos padres.
Y de verdad se los digo, desde lo profundo del corazón, cuando no tienes a tus seres queridos y no sabes lo que está pasando, no puedes hablar. Y no puedes venir a tomar esta tribuna para querer posicionar a un grupo parlamentario que sabemos que no tiene la cara limpia para venir a discutir sobre este tema tan sensible.
El PRI y el PAN son lo mismo. Que no se nos olvide al pueblo de México que, gracias a todo esto que estamos viviendo, fue por sus gobiernos neoliberales. que les entregaron el gobierno a cárteles, como el de Jalisco, que se hizo en la administración panista.
¿A quién quieren venir a engañar? ¿A quién quieren venir a debatir? ¿Creen que con sus argumentos y sus 20 mil millones de pesos que implementaron en los bots van a querer caer este gobierno? No, estamos más fortalecidos que nunca. Tal es así, que hay una aprobación del 85 por ciento de la gestión de la mejor presidenta en estos últimos tiempos: la doctora Claudia Sheinbaum.
Aquí no se va a ocultar la verdad, como lo hicieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Que no se nos olvide, ellos sí hicieron una verdad histórica. Eso no se le va a olvidar al pueblo. Y no lo digo yo, lo dicen nuestros representados. Incluso se sienten agredidos cuando el PRIAN viene a subir a esta tribuna a querer hablar por las personas que han sido violentadas.
Al contrario, me dicen y me preguntan: ¿por qué esos personajes están ahí, históricos de la corrupción, de la lacra política, de la carroñera? Y les digo: porque fueron representados por un voto que se les dio por partido político. ¿No es así que acaso Movimiento Ciudadano solo tiene un diputado federal y los demás son plurinominales? Así también está el PRI y así también está el PAN. Compañeras y compañeros, cerremos filas para ayudar a resolver este tema tan sensible...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: ...que golpea al pueblo de México. Estamos con nuestra presidenta y vamos a dar seguimiento para que se sepa toda la verdad. Es cuanto, diputado presidente. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra la diputada Paola Michel Longoria López, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva.
La diputada Paola Michell Longoria López:Con su permiso, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Paola Michell Longoria López: Compañeras y compañeros legisladores, este día discutiremos sobre un problema que lastima la vida de millones de mexicanas y mexicanos, la burocracia ineficiente, la corrupción y los trámites tediosos. Es un tema que ha generado un gran atraso en el desarrollo económico y social de nuestro país.
Absolutamente todos hemos escuchado historias de ciudadanía que pasan semanas, meses o años intentando hacer un trámite que debería solucionarse en minutos, o tal vez, máximo en un par de horas. Negocios que enfrentan trabas absurdas para que puedan funcionar; personas emprendedoras que se ven asfixiadas por la burocracia, y familias que pierden todo el día y dinero en oficinas de gobierno. Muchas veces para agilizar los trámites las personas tienen que gratificar a los servidores públicos.
Nuestro país es uno de los más atrasados en tecnología gubernamental. Por muchos años no se consideró el uso de la tecnología al representar un peligro para la corrupción, y no es para menos, un trámite que se puede hacer por internet de forma sencilla y rápida ya no necesita de coyotes, ni del compadre de la oficina de gobierno, que por una lana sacaba el trámite en minutos.
Lamentablemente, como siempre, con todo respeto para Morena y sus aliados, han preferido un sistema centralista en el que todo pase por sus manos, porque ahí es donde se esconden los intereses oscuros, los moches y las redes de corrupción.
La realidad es clara, el partido en el gobierno usa la burocracia como una herramienta de control político. Sin embargo, en Movimiento Ciudadano tenemos una visión diferente, creemos en un México donde la tecnología sea aliada de la ciudadanía y, mínimo, ya que desaparecieron al INAI, se requiere garantizar la transparencia y concurrencia de atribuciones entre los distintos niveles de gobierno.
En Movimiento Ciudadano queremos una administración pública que sea ejemplo de eficacia y honestidad, no de mordidas, ni de moches para poder agilizar estos trámites. Donde el sector económico pueda operar sin obstáculos y, sobre todo, donde los gobiernos estatales tengan los recursos suficientes para implementar estas plataformas digitales.
Recordemos que muchos gobernadores de Morena se preguntan: “Okey, todo el marco normativo muy bien, pero ¿y los recursos para hacerlo?” Por eso es importante realizar un fuerte llamado al gobierno federal, sin inversión esto es letra muerta.
La simplificación administrativa, junto con la digitalización ayuda a reducir el uso del papel en el gobierno y reducir costos, lo que significa ayudar a reducir el impacto negativo en el medio ambiente y eficientar tanto la búsqueda como el registro de cualquier trámite.
Además, debemos considerar recursos para cubrir la necesidad de capacitar servidores públicos que atiendan a la ciudadanía con eficiencia y prontitud. Ante lo anterior expuesto, presento dos reservas para modificar los artículos segundo y tercero transitorios del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman los artículos 25 y 73 de la Constitución, en materia de simplificación administrativa y digitalización...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Paola Michell Longoria López: ...con el objetivo de que se destinen los recursos suficientes para implementar esta reforma. En Movimiento Ciudadano le damos raquetazo a la corrupción, le damos raquetazo a la tranza, raquetazo al moche, raquetazo a los coyotes y raquetazo a los gobiernos corruptos. Es cuanto, presidente. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, para presentar reserva.
Antes de ello, esta Presidencia saluda alumnos de la licenciatura en ciencias políticas y administración de la FES Acatlán, invitados por el diputado Pedro Zenteno Santaella. Sean bienvenidos, bienvenidas. Un gusto recibirlos, jóvenes.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja:Con su venia, compañero presidente. Para aprobar este dictamen que va a simplificar trámites, digitalizar el gobierno, acabar con la corrupción y ser punta de lanza en todo el manejo administrativo en la desregulación.
Es una reforma que habla del buen gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no podemos soslayar la coyuntura, y para tener la lengua larga hay que tener la cola chica. Y hablo porque hoy se cumplen 14 años de la peor masacre en la historia de México, que es la que se cometió en Allende, Coahuila, en la región de los cinco manantiales, cerca de la frontera con Estados Unidos.
Del 18 al 20 de marzo de 2011 se perpetró una masacre de 300 personas, dos familias pretendieron ser extinguidas por Miguel Treviño, el Z-40, y por Omar Treviño, el Z-42, que en buena hora están ya en Estados Unidos y deberán pagar por sus crímenes que le hicieron a toda esa comunidad.
Pues bien, en 2011 el presidente de México era Felipe Calderón, y el PRI como ahora gobierna y gobernaba Coahuila, gobernaba Jorge Torres López que después fue apresado por desvío de recursos en Estados Unidos; pues bien, todavía Allende clama por justicia.
Y aquí vienen con una gran hipocresía a desgarrarse las vestiduras, y miren ustedes el ejido Patrocinio en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 2015 es el mayor campo de exterminio que se conoce a la fecha, más de 3 mil restos óseos avalados por el grupo de Buscadores Vida.
Por eso, esta visión carroñera de querer aquí meter el tema de Jalisco, cuando además estaba en resguardo de la Fiscalía de Jalisco, quién no aseguró el predio, quién no hizo las pesquisas, quien no hizo las exhumaciones es la Fiscalía de Jalisco, y no se trata de sacar raja, hay que ver estos temas de los desaparecidos, pero ya la presidenta dictó puntos muy importantes, yo me voy a detener en uno y, con ello concluyo.
Equiparar el delito de desaparición forzada con secuestro es muy importante, el secuestro es el único delito en México que no hay beneficios preliberacionales ni condenas anticipadas, si hay una sentencia de 40 o 50 años...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya el orador.
El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: —Concluyo— ...el delincuente debe cumplirla a cabalidad. Pues bien, está pidiendo que para la desaparición forzada se siga el mismo régimen, y estamos de acuerdo, y va a ser una reforma al artículo 20 constitucional. Por eso, refrendamos el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, no a la carroñería política en temas tan sensibles como los desaparecidos y sí a la justicia y un gobierno eficiente. Es cuanto, presidente. Retiro mi propuesta.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Isabel González González, del PRI, para presentar reserva.
La diputada Ana Isabel González González:Con su permiso, diputado presidente. Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Ana Isabel González González: Gracias. Compañeras y compañeros, lo que el día de hoy hemos votado todos los grupos parlamentarios a favor y de manera unánime, es algo muy valioso para toda la sociedad mexicana, para toda la ciudadanía, o como lo queramos ver, para todo el pueblo.
¿Por qué? Así como el día de hoy tenemos un celular en la mano y tenemos la oportunidad de hacer pagos, de tener conexión con algunas otras personas, no nada más de nuestro estado, de otros estados y del mundo, esa misma conectividad nos sirve para tener estas diferentes aplicaciones, páginas donde realmente podamos vernos beneficiados como ciudadanos y evitar toda esta burocracia de vueltas, de trámites, de pérdida de tiempo y que no se nos pueda olvidar, compañeras y compañeros, que el tiempo entra dentro de las cosas más valiosas que tenemos como seres humanos, donde entra la salud, donde entra la familia, y entra, por supuesto, también el tiempo, que es lo que nos estaría beneficiando, principalmente, en estos trámites y en esta digitalización de estos trámites tan burocráticos que han sido siempre.
Pero también hay que voltear a ver todo lo que conlleva. Por una parte, aplaudir que el día de hoy hayamos aprobado esto tan importante, porque beneficia, lo sabemos, los jóvenes ya, como dicen, nacen prácticamente con el teléfono y son una generación que sabe hacer estos trámites, que saben utilizarlo para esto.
Pero ahora que estamos hablando de poder digitalizar todos estos trámites hay que pensar también en nuestros adultos mayores, que también tengan la oportunidad de utilizarlo, que también se den herramientas en estas mismas páginas para poder dar a conocer diferentes tutoriales o sistemas que nos den la oportunidad de que realmente sea inclusivo y que lo podamos utilizar todas y todos, sin importar las edades.
Por otra parte, no podemos dejar de lado el tema del presupuesto, hay todavía muchísimas, muchísimos lugares dentro de los diferentes estados; hablo, por ejemplo, de las zonas rurales, etcétera, donde todavía no se tiene el servicio del Internet, donde todavía esta conectividad inalámbrica no ha llegado para que ellos también tengan estas oportunidades.
Entonces, también debemos de aprovechar esta oportunidad para trabajar para ellos, para trabajar para quienes necesitan esta conectividad, para poder aprovechar esto que el día de hoy estamos votando y que realmente sea de beneficio para todas y todos los mexicanos.
Así que el día de hoy, compañeras y compañeros, festejo que estemos trabajando para las y los mexicanos, en lo personal hablo de Monterrey, Nuevo León, que, por supuesto que estamos a favor de que las regias, los regios tengan la oportunidad de aprovechar estos trámites de una manera mucho más fácil, que nos evitemos esas largas filas a la hora de ir a hacer, a lo mejor, a veces una simple pregunta, o hacer algún trámite o hacer algún pago y que realmente podamos hacerlo desde la comodidad de nuestro trabajo, de nuestro hogar o simplemente donde nos encontremos en ese momento.
Pero, también que nos sirva esta gran oportunidad para hablar de ese presupuesto que se requiere; uno para que las plataformas funcionen de manera adecuada, para que tengan toda la información que se requiere para las y los ciudadanos, para que puedan utilizarlas de la mejor manera, porque de nada va a servir que tengamos la oportunidad y la plataforma para ahí utilizarla desde casa, que tengamos dudas y tengamos que ir a hacer filas para que nos enseñen cómo utilizarlas, hay que pensar en eso. Y, por supuesto, el tema de la colectividad...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Ana Isabel González González: —Con gusto, diputado presidente, concluyo—...el tema de la conectividad, que realmente les llegue el Internet a las diferentes entidades federativas, para que tengan la oportunidad de utilizar estas plataformas, de las cuales hemos mencionado en la digitalización. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión y se desecha.
Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del PAN, para presentar reserva.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra:Con su venia, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Gracias. Lo que hoy votamos claro que es en beneficio de México, es darle celeridad a los trámites, darle certeza a la gente para que lo haga así, pero no es más importante, y no lo puedo dejar de decir, de lo que está pasando en Jalisco, mi tierra natal, y ustedes lo saben, no podemos tapar el sol con un dedo, esos desaparecidos que algún político por ahí dijo que los zapatos no eran de los desaparecidos, pues señal que muestra esa insensibilidad que existe del actual gobierno y de muchos legisladores del partido que hoy está en el régimen.
No tapemos el sol con un dedo, asumamos cada quien nuestra responsabilidad y vayamos a darle a la gente una explicación lógica de lo que está pasando en nuestro país, porque no solo es Jalisco, y lo dicen bien, son muchas partes, que más del 90 por ciento son gobernadas por Morena, no se les olvide que siempre están hablando de tutelar esos derechos de aquellas personas que menos tienen. De qué sirven esos programas con los cuales quieren ayudar a los jóvenes, si los jóvenes están buscando trabajo, que ahí es donde los agarran y se los llevan para incautarlos.
Cómo es posible que tengamos insensibilidad de dar una prioridad más importante a lo que es la digitalización que son las vidas de miles y de millones de personas en nuestro México. Cómo es posible que hoy hagamos caso omiso de lo que está pasando en nuestro país, que no le entremos con esa responsabilidad por la cual la gente nos eligió en este gobierno.
Por qué no salimos a las calles, les damos la mano a las madres de los hombres y de los niños desaparecidos y les decimos que cuenten con nosotros, que vamos a meterle más presupuesto porque sabemos que en los últimos años ese presupuesto que estaba para las madres buscadoras había un subejercicio.
¿Qué quiere decir eso? Que no se ha gastado, porque no hay un interés en encontrarlos, porque saben que, si encontramos a esos jóvenes, esas madres que están buscando a sus hijos por todo el país, sin ningún presupuesto, sin ningún aliento más que esa fe que los mueve para encontrarlos, porque quieren que descansen en paz, eso es lo que nosotros les estamos quitando, ese privilegio.
Yo sé que muchos de ustedes tienen familia que cruzaron por lo mismo; no por estar en un partido político seamos insensibles. Seamos sensibles con nuestra naturaleza misma de ser humanos, de ser sensibles a las necesidades de la gente, pero sobre todo de que sabemos que más de alguno de nuestros familiares ha pasado por estas desgracias.
Hoy Jalisco ya no está en la voz nacional e internacional ni por el tequila, ni por el mariachi ni por la charrería. Hoy Jalisco está conocido porque es donde encontraron más de 200 pares de zapatos de niños desaparecidos. Qué no nos da vergüenza a todos, como políticos, cuál explicación que le vamos a dar a nuestra gente, cuál explicación que le vamos a dar a todas aquellas madres buscadoras, cuál explicación que le van a dar a sus familias el día que, primeramente, Dios no quiera, les pase eso a alguno de ustedes.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: De veras, ¿es más importante su partido político que la necesidad del pueblo? ¿Es más importante que sus familias? ¿Es más importante que su conciencia misma?
Y Olvidémonos en qué época pasó. Recordemos que ha pasado en todas y que muchos de ustedes han estado en aquellas épocas también. Hoy no les vengo a hablar del pasado, les hablo del presente, ¿qué vamos a hacer para proteger a nuestros hijos y a nuestras familias? Piénsenlo, que quede claro...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra:...nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia para aquellas personas, porque primero es Jalisco, primero es la patria y primero son los derechos humanos y todas esas personas que están dolidas por la desaparición de sus hijos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Herrera Villavicencio, de Morena.
La diputada Mónica Herrera Villavicencio:Quien no conoce su historia, está destinada a repetirla. Ahorita vienen los compañeros de la oposición y acaban de decir que se nos olvide el pasado, acaban de juzgar que, según, nosotros nos equivocamos. Se les olvida quienes se equivocaron cuando nombraron a García Luna como secretario de Seguridad Pública. ¿Sí o no?
Pero al pueblo no se le olvida, lo demostró en las elecciones anteriores y el día de hoy, bueno, con más del 80 por ciento de la aceptación de nuestra presidenta, pero la oposición sigue insistiendo en que nosotros tenemos que arreglar lo que ellos descompusieron durante toda la historia de este país. Pero no importa, nosotros tenemos presidenta para eso y mucho más.
Pero vamos a hablar de simplificación. Miren, este dictamen es bien importante, porque agiliza todos los trámites burocráticos y que estaban llenos de moches y corrupción que ellos así dejaron, porque la gente empezó a normalizar que tenía que pagarle a un coyotaje para poder hacer sus trámites.
Hoy las personas con discapacidad celebramos que esta iniciativa, pues, va a ser aprobada; que este dictamen, vamos a votar a favor, porque va a evitar que quienes no tenemos accesibilidad o quienes no podemos acudir a una dependencia que hicieron inaccesible ellos, pues podamos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa y con menos trámites.
Por eso es importante que el pueblo sepa realmente lo que estamos haciendo y que no se nos olvide que quienes dejaron el país en pésimas condiciones, quienes normalizaron la corrupción, los moches, el coyotaje pues fueron los antiguos gobiernos de la oposición, el PAN y el PRI, para ser exactos. Por eso precisamente hoy, hoy todos los diputados de la cuarta transformación votaremos a favor de esta simplificación administrativa, que garantiza el acceso de todos los servicios para todas las personas con discapacidad y sin discapacidad.
Por eso, compañeros diputados de oposición, estamos nosotros tratando de arreglar lo que ustedes no pudieron hacer en muchos años, incluyendo el Poder Judicial. Porque, así como ahorita están utilizando la tribuna para querer engañar al pueblo... Pero al pueblo no lo van a engañar. El pueblo es sabio, el pueblo ha decidido... que tuvimos a un gran presidente, que fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y que estamos dando continuidad con la primera mujer presidenta, que nos representa muy bien, y que a nivel mundial está siendo reconocida.
Así que, pues pueden cansarse de venir a hacer show mediático, secuestrar la tribuna. Pero qué bueno que se evidencian, porque el pueblo... Pues yo sé que ustedes no recorren su distrito, pero nosotros sí... Y sabemos que no los quieren. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Y retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada, querida diputada Mónica Herrera.
Ah, es su cumpleaños. Aprovechamos para felicitar a la diputada Mónica Herrera, con mucho cariño y mucho aprecio. Eres bien querida, diputada. Te deseamos lo mejor en este cumpleaños. No hay materia de consulta.
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Armando Ruiz Hernández, de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva.
El diputado Juan Armando Ruiz Hernández:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, efectivamente, estamos hablando de una iniciativa de ley que hace un momento fue aprobada por la mayoría de los compañeros, por todos nosotros. Sin embargo, esta iniciativa, como todo en la vida, es perfectible.
Esta iniciativa tiene a bien simplificar los trámites que muchas personas realizamos cotidianamente, pero es omisa en cuanto a la forma en que estos mecanismos y los trámites deben llevarse a cabo.
Nuestra compañera que nos antecedió en el uso de la palabra está feliz porque muchas personas con discapacidad podremos llevar a cabo muchos trámites, sin necesidad de trasladarnos a los lugares ni andar buscando estacionamientos y todo lo engorroso que eso significa.
Sin embargo, esta modificación implica la creación de una nueva ley. Una nueva ley que regule los trámites y que estas prácticas regulatorias contemplen desarrollo, fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y demás objetivos que la ley en la materia debe contener. Pero no habla de accesibilidad y no habla de cómo van a acceder a esta tecnología y a estos trámites ciertos sectores de la población con discapacidad, como son nuestros compañeros ciegos, que no podrían entender lo que dice la pantalla, aunque tuvieran los medios digitales.
No habla de cómo podrían entender o llevar a cabo sus trámites los chicos con discapacidad intelectual, que no entienden de qué les están hablando ni como poder reunir los requisitos que se solicitan.
Entonces, nosotros estamos proponiendo en nuestra reserva que se integre la obligación de que la nueva ley establezca condiciones de accesibilidad universal para todo tipo de personas con discapacidad que tengan que llevar a cabo un trámite.
Tenemos dos grandes desventajas que se verán reflejadas en la práctica. Como ya lo han dicho, la tecnología no ha llegado a todos los rincones de nuestro territorio. Vamos a tener problemas con las generaciones mayores que no hablan el mismo lenguaje digital, que no entienden los medios de informática.
Vamos a tener problemas con aquellas personas que ni siquiera tienen luz en sus territorios, en las zonas urbanas más alejadas. Y vamos a seguir repitiendo lo que venimos haciendo: tratar igual a los desiguales.
Señores, lo han dicho de los diferentes partidos políticos, que nadie se quede atrás. Y para que nadie se quede atrás tenemos que contemplar esas necesidades específicas que requieren, tanto las personas con discapacidad, como nuestros adultos mayores, que no entienden la informática y que no entienden los mecanismos digitales.
Y así como aquellas zonas donde será imposible aplicar estos trámites, simple y sencillamente porque la tecnología no va a estar ahí, porque se requeriría de una gran inversión para que todos los rincones de nuestro país pudieran acceder a la tecnología.
Compañeras y compañeros, mi propuesta es que la nueva ley contemple los mecanismos de accesibilidad universal que requiere la población con discapacidad y, en su momento, los otros grupos que he mencionado aquí.
Yo espero que esta reserva sea considerada y, en caso de que siga la misma suerte de las otras reservas, espero que aquellos, quienes redacten la nueva ley, contemplen que la accesibilidad universal implica no solamente los diseños físicos, implica también el acceso a las telecomunicaciones, el acceso a la información y el acceso a la participación ciudadana. Compañeras y compañeros, gracias por su atención.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del PAN, para presentar reserva.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz:Gracias. Con su permiso, diputado presidente. El gobierno de México presenta serias inconsistencias en el registro de personas desaparecidas en el país. Desaparecen nombres y folios, utiliza conceptos fuera de la ley, presenta metodologías cambiantes, presume resultados no verificados, hay errores en la información, falta de datos suficientes para localizar a las víctimas, opacidad en los registros. Este es un reporte de una asociación civil de mucho respeto sobre la función o cómo funciona el gobierno mexicano en materia de transparencia.
Compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto que estamos a favor de esta reforma, que busca obligar a las autoridades e implementar políticas de simplificación administrativa y digitalización en trámites y servicios, desde esta tribuna les queremos decir con claridad a la mayoría en este pleno: esta reforma no puede quedarse solo en la simple digitalización de trámites. Queremos que sea una herramienta seria para que los mexicanos sepan la verdad sobre muchos hechos sucios y opacos actuales en nuestro país.
Y para ilustrarlo pongamos un caso actual y concreto que evidencia las manos negras y espinosas que malversan la opinión pública, el caso de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. Este lamentable episodio nos ilustra para qué debe servir una reforma como la que nos ocupa.
Debemos garantizar que las y los mexicanos sepan la verdad sobre los hechos que impactan a la nación, especialmente cuando la actuación de la autoridad ha sido errónea, ineficiente, opaca, metiendo a nuestro país en una de las etapas más oscuras en materia de acceso a la información pública. Todo con tal de no evidenciar su ineficiencia en materia de seguridad.
Pero hablemos de los más de 125 mil desaparecidos en nuestro país, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Ante la seriedad del tema, ¿qué solución vemos? Una Fiscalía facciosa, iniciando ya la segunda y más horrenda de las secuelas del programa abrazos y no balazos.
Si creíamos que ya lo habíamos visto todo en materia de inseguridad, falta de resultados y falta de vergüenza, pues les tenemos una mala noticia, no lo hemos visto todo, porque el actual sistema de Morena no nos deja verlo, y eso se lo decimos a todos los mexicanos.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. El problema aquí es que los mexicanos sí queremos ver información clara, pero —una vez más— cuando tenemos la oportunidad de aprovechar herramientas legislativas a favor de la transparencia y el acceso a la información, se atraviesa el actual narcosistema para hundirnos en un mar de corrupción informativa y evitar rendir cuentas verdaderas a los ciudadanos mexicanos.
Por eso, queremos dejar aquí plasmada esta reserva ante la falta de confianza con el actual gobierno, con los hechos ya juzgados; les proponemos cancelar toda posibilidad de un gobierno que esconde información, que niega respuestas y que pretende administrar la verdad en función de sus intereses...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz:...presentamos esta reserva al artículo 3o.; exigimos la creación de un órgano consultivo de vigilancia en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios. Que les amarren las manos y digan la verdad a los mexicanos...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
El diputado Juan Ignacio Samperio, de Movimiento Ciudadano, ha solicitado que su reserva se inserte en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra la diputada Julia Licet Jiménez Angulo, del PAN, para presentar reserva.
La diputada Julia Licet Jiménez Angulo:Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: La reserva que presento a la consideración del pleno consiste en publicar —por el derecho a la verdad—, en un sitio oficial de Internet, todas las evidencias recolectadas durante las actuaciones ministeriales o practicadas por autoridades de seguridad en los trabajos de campo realizados por la Comisión Nacional de Búsqueda y por los colectivos ciudadanos, de manera que la información publicada sirva como indicio para localizar a personas desaparecidas.
Lo que surgió a la luz pública de lo que se realizaba en Teuchitlán, es terrible, una violación grave a los derechos humanos que a todos nos debería causar una gran indignación, y debemos realizar una reflexión sobre la dolorosa realidad que vivimos y ponernos, cada quien, desde nuestras atribuciones, sin distingos partidistas, a trabajar y resolver este doloroso problema. Ya son 124 mil 794 personas desaparecidas y no localizadas en el país.
Por eso, el día de hoy presentamos una iniciativa en esta materia, que esperamos podamos trabajar todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y que, escuchando a los expertos, podamos fortalecer así nuestra legislación.
La realidad es un horror, sobre todo el que viven los jóvenes que son engañados con ofertas laborales; los trasladan a los centros de entrenamiento, si son aptos los arman y los mandan como carne de cañón a la batalla entre organizaciones delincuenciales. Y si no son aptos, simplemente los asesinan y los entierran o creman para no dejar huella.
Esta es la realidad en muchas partes del país. En mi estado, Colima, desafortunadamente es común conocer de estas historias de terror. También se han encontrado fosas clandestinas en la comunidad de Agua de la Virgen, en el municipio de Ixtlahuacán, en la comunidad del cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán y, hasta la fecha, ninguna autoridad ha informado qué fue lo que encontraron.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 2018 se han ubicado en Colima 308 fosas clandestinas, una de las cifras más altas de todo el país, y el gobierno no hace nada, quiere tapar todo como si no pasara nada.
Lo que sucedió en Teuchitlán, con las imágenes que fueron subidas, han servido para que las madres buscadoras reconozcan prendas, bolsas, tenis o alguna otra cosa que llevaban sus hijos a la hora de partir. Por eso la importancia de esta reserva, de transparentar lo que se encuentra en las investigaciones que se realizan en estos centros de entrenamiento y las fosas clandestinas.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: Exhortamos al gobierno para que implemente urgentemente una estrategia sólida de inteligencia, para encontrar y desarticular estos centros de muerte.
En Acción Nacional no nos vamos a callar ni a bajar los brazos, vamos a acompañar las acciones necesarias para lograr que haya justicia y un México donde el miedo no sea el lenguaje cotidiano de millones de personas. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene el uso de la palabra el diputado Adrián González Naveda, del PT, para presentar reserva.
El diputado Adrián González Naveda:Gracias, ciudadano presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Adrián González Naveda: Es responsabilidad, compañeras, compañeros, de todo movimiento transformador enseñarnos a nunca olvidar. Nunca olvidar para poder prever el futuro, para poder conquistar el futuro.
Y por supuesto que no vamos a tolerar, a recibir lecciones de ética, de sensibilidad, de la maña priista, de la canallada panista, que utiliza cualquier pretexto para fortalecer la agenda política a falta de un programa auténtico, quieren tarifas de Estados Unidos para irse a tirar a los pies de Trump y quieren muerte, quieren mucha sangre, sí, sí es política carroñera, por supuesto, que lo es.
¿Con qué cara vienen ustedes, con qué cara, y se los pregunto honestamente, con qué cara vienen ustedes a decir que no estamos del lado de las víctimas? Miren, un dato, un dato, hace poco fue liberado Édgar Veytia, el fiscal delincuente priista, un priista ejemplar, fiscal de Nayarit, lo liberaron a El Diablo porque testificó en contra de García Luna, un panista ejemplar, eso es el Prian.
Eran socios en el hampa, primero, hacían delitos juntos y luego se delatan mutuamente, y ahora quieren venirnos a decir que somos insensibles con el pueblo que representamos, nosotros hemos trabajado con colectivos de personas desaparecidas en nuestros distritos. ¿Con qué cara la maña priista viene a señalarnos en tono matón un machín de plazuela? Venir a decirnos que la izquierda social no representa al pueblo de México, que no representamos a los colectivos, estamos con ellos desde que los combatíamos en su régimen corrupto autoritario y estamos con ellos hasta donde tope. Solidaridad absoluta con los colectivos y familiares de personas desaparecidas.
Pero solidaridad también con las familias de los cinco agentes federales que fueron asesinados hace dos días, tres militares, dos agentes de la Guardia Nacional por el hampón que se llama Jesús Aguirre, que le dicen La Hamburguesa, que apenas el 25 de febrero fue capturado por la Guardia Nacional después de diez horas de balacera y que un juez corrupto de ese Poder Judicial que ustedes defienden lo soltó y hoy costó la vida de cinco elementos. Esto está en ese Poder Judicial corrupto que ustedes hicieron, eso son ustedes.
Defienden a los jueces malandros que sueltan malandros y luego vienen a llorar y luego vienen a llorar por lo que ustedes ocasionan. Son unos canallas, son unos miserables. Lástima que tengamos que desviar la atención de debates importantes para responder agravios de una reacción insensible y golpista.
Buscarán sangre, buscarán que Trump arrecie contra el pueblo de México, porque es la única manera que tienen ellos de encontrar una coyuntura política favorable. Quieren ustedes una patria convulsa porque es la única manera que encuentran de poder avanzar en sus afanes electorales y eso es ser miserable, eso es ser zopilote y eso es ser carroñero.
No nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, cualquier provocación será contestada. Podrán traer a toda la caterva de porros de Alito Moreno...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Adrián González Naveda: ...y les vamos a responder como se lo merecen. Aquí hay representantes populares. Que viva el pueblo de México. Se retira la reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño, del PAN.
Antes de ello, esta Presidencia saluda a María Felicitas Rodríguez y Maricruz Carrillo, que nos visitan del magisterio de Quintana Roo. Sean bienvenidas.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño:Con la venia de la Presidencia. A ver, compañeras, compañeros, ciertamente la reforma que discutimos busca una gestión pública accesible y efectiva para la ciudadanía. Pero debemos estar atentos a que en realidad se cumpla la otra parte de la reforma, que no sea una reforma inaplicable en la parte que se refiere a disminuir los riesgos tanto en la corrupción y la transparencia, relacionados a las frecuentes fallas del sistema.
Ustedes quieren agarrar como modelo el sistema de Ciudad de México, pero olvidan que son frecuentes las fallas con varios portales del gobierno de la ciudad, porque es constante que se encuentren fuera de servicio.
Obviamente esto provoca que los ciudadanos no puedan pagar sus infracciones de tránsito, prediales, agua y casi todo tipo de servicios y pagos de contribuciones a los que tienen que hacer frente las y los ciudadanos, porque resulta que el sistema llave de Ciudad de México se encuentra temporalmente fuera de servicio y aparece como siempre la leyenda famosa: por el momento no se pueden realizar pagos de infracciones, parquímetros, depósitos o garantías, entre otros. Y estos problemas persisten por más de tres horas en un solo día sin que haya respuestas para los ciudadanos respecto a estas fallas.
¿Y esto qué tiene que ver con lo que propone el dictamen en cuestión? Se preguntarán. Pues que con esta reforma buscan darle sustento legal a un sistema llave nacional como el que implementaron en la Ciudad de México y en el que estamos viendo que falla constantemente, así como fallan, por supuesto, los innumerables servicios públicos de esta ciudad.
Pero, permítanme indicarles en dónde está el mayor de los problemas, en que ningún sistema va a funcionar de verdad si no se encuentran los mecanismos que garanticen que su funcionamiento será autónomo y libre de manipulación por su parte. Y no me vengan a hacerse como que la virgen les habla, porque no les queda.
Hace poco más de un año que López Obrador, el narcopresidente, como ya se le conoce en el mundo, sí, el que dice que no es responsable de nada, ordenó alterar el padrón de personas desaparecidas. Les duele, pero esa es la realidad. Las cifras no le convenían y le dieron su cepillada a pesar de los múltiples señalamientos de los colectivos de personas que buscan a sus familiares.
Así, con estos antecedentes, cómo se puede confiar en cualquier cosa que ustedes propongan que signifique en el manejo de datos. Señoras y señores de Morena, la transparencia y la buena administración van de la mano. Y ustedes lo que buscan es lo de siempre, esconder lo que mal hacen, sus tropelías e irregularidades. Y cínicamente están dando certeza legal a todos estos malos manejos en los diferentes ámbitos de la administración pública. Y esta reforma va a ser una muestra más. ¿Han escuchado del sistema como la planeación...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Concluyo. Los derechos humanos, transparencia, anticorrupción y del Servicio Profesional de Carrera. Yo creo que no. Porque pues han terminado con todo eso y más. Lo acabamos de ver con el intento de Plan Nacional de Desarrollo que envió la presidenta a este Congreso. Por ningún lado encontramos la transparencia y la buena administración. ¿Y así pretenden digitalizar a nivel nacional todos los trámites? Vaya despropósito...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Concluyo. Por cierto, pareciera claro que al menos ciertos carteles se vieron muy beneficiados durante su sexenio, y que el dinero corrió a carretadas durante la más reciente campaña. Porque de algún lugar salió el dinero para pagar los muchos, de miles de anuncios espectaculares en el país que decían: Es Claudia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Julieta Villalpando Riquelme: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez, de Morena, para presentar reserva.
La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez:Con su venia, diputado presidente y honorable Mesa Directiva. Claro que no somos iguales. Desde el pasado año, en diciembre para ser exactos, del 2024, nosotros aprobamos el dictamen en materia de simplificación orgánica, que es una reforma que permite que se pueda consolidar esta reforma de simplificación administrativa y digitalización.
Todo trabajo legislativo tiene que tener al centro de sus intereses el beneficio social. Esta iniciativa que hoy discutimos, propuesta por la presidenta de México engloba dos aportaciones esenciales para nuestro pueblo. En primer lugar, busca favorecer a la ciudadanía a través de trámites gubernamentales ágiles, eficientes y efectivos, cosa que en más de 70 años el priismo y el panismo no pudo. Esta propuesta de reforma promueve derechos sociales de la población, al tener gobiernos cercanos, abiertos y cuya prioridad es la atención ciudadana.
En segundo lugar, esta reforma propicia el sano ejercicio de los recursos públicos, a través de la estandarización de procesos administrativos y la aplicación de herramientas tecnológicas para transparentar la información, combatir la corrupción y mejorar los mecanismos de control interno en los tres niveles de gobierno.
Muchos de los ciudadanos mexicanos consideran que los requisitos para poder realizar ciertos trámites administrativos, políticos o legales son más complicados o absurdos para cumplir que lo que realmente deberían ser.
La alta burocratización implica un alto costo operativo para los gobiernos municipales, estatales y federales. La falta de digitalización también promueve la opacidad en el control y dirección de los procesos administrativos. Esta iniciativa es parte del Plan México, porque permite el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar social, evita la corrupción y nos da la posibilidad de crecimiento económico a nuestro país.
Quiero mencionar antes de terminar algo. Claro que no somos iguales, compañeros. Ustedes quisieron politizar y sacar lo más bajo que son, su pus. El espurio quedó demostrado de lo que son en tribuna y de cómo representan los intereses de sus jefes, los empresarios de este país.
Que les quede claro: el municipio de Juchitlán, Jalisco, ha sido gobernado por panistas y priistas en los últimos años, traicioneros a la patria, asesinos absurdos. Y quiero decirles algo, quiero decirles algo. No, compañero, no es Morena, es el PRI. Y quiero decirles algo. A diferencia de ustedes, con la mujer presidenta que tenemos el 15 por ciento de los homicidios dolosos ha disminuido y eso es motivo de orgullo.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez: Y también quiero decirles algo: nuestra misión integral de la representación del pueblo es real, no como la de ustedes. La presidenta hace unos días habló de que vamos a hacer, va a mandar en los próximos días una ley general en materia de desaparición forzada. Va a crear una plataforma nacional de identificación humana, y también vamos a registrar un, vamos a crear un certificado único de registro de población para poder identificar a las personas a través de sus huellas digitales. Esa es la diferencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez: Y ¿qué creen? Nosotros no tenemos mentiras históricas. Nunca ocultaremos la verdad. Nosotros no tenemos fiscales sicarios, así como ustedes. Lo único que ustedes han podido hacer es mentirle al pueblo y traicionarlo. Por eso son tan pocos, porque el pueblo ya no los elige.
Y también, por último, quiero dejarles en claro que hay una diferencia en el caso de Segalmex, porque al día de hoy tenemos 26 detenidos...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez:...y en la estafa maestra solo hay un desaparecido y fue el periodo de ustedes, del priismo. Y también en el caso de corrupción de la Estela de Luz. Y no te hagas y no voltees la cara, no hay ningún detenido. Esa es la diferencia con el panismo y el priismo que ustedes representan.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez: Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum. Y que vivan todos los que vamos a votar esta Ley de Simplificación Administrativa y Digitalización. Gracias. Retiro mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. De conformidad con el artículo 231...
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Con qué objeto, diputada Margarita Zavala?
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (desde la curul): Para hechos.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: La reserva no está a debate, perdón, diputada Margarita Zavala, por lo que no procede la moción de hechos.
De conformidad con el artículo 231, numeral 4, del Reglamento, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del dictamen.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por diez minutos, para proceder a la votación nominal de lo reservado en términos del dictamen.
(Votación)
¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 425 en pro, 19 en contra y 0 abstenciones.
Presidente, es mayoría calificada.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobado lo reservado, en términos del dictamen, por 425 votos. Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo décimo del artículo 25 y la fracción XXIX-Y del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación administrativa y digitalización. Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del 135 constitucional.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El siguiente punto en el orden del día es el capítulo de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada Merilyn Gómez Pozos:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, espero tener su atención porque esta es una iniciativa que estoy segura que les va a interesar a muchas y a muchos compañeros.
Hoy acudo a esta tribuna con un compromiso muy claro: avanzar hacia una legislación más justa que reconozca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres desde el nacimiento de cada mexicana y mexicano. La iniciativa que hoy presento tiene un objetivo fundamental, garantizar que las madres y padres puedan decidir de manera libre y conjunta el orden de los apellidos de sus hijas y sus hijos al momento de acudir al Registro Civil. No estamos aquí para borrar tradiciones, sino para actualizar nuestra normatividad con un criterio de equidad y reconocimiento pleno de los derechos de la infancia y la igualdad de género.
Actualmente, la asignación de apellidos está sujeta a una imposición normativa que da prioridad al apellido paterno sobre el materno. Esta práctica heredada de estructuras sociales que han cambiado con el tiempo perpetúa la idea de que el linaje materno es secundario, así que este podría ser un gran momento para corregir esa inequidad.
En este contexto la presente iniciativa busca reformar el Código Civil Federal y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el derecho de los progenitores a decidir el orden de los apellidos de sus hijas e hijos sin que exista una imposición normativa que privilegie automáticamente el apellido paterno, con ello se promueve el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, se fortalece el derecho a la identidad de la infancia y se avanza en la construcción de un marco normativo más equitativo y acorde a los principios de los derechos humanos.
Es fundamental entender que el nombre y los apellidos son elementos esenciales de la identidad de las niñas, niños y adolescentes, no solo les conecta con su familia y su historia, sino que también tienen un impacto profundo en su autoestima y desarrollo emocional.
Además, el reconocimiento de la filiación de manera equitativa fortalece el concepto de pertenencia familiar y social evitando prácticas que releguen a la mujer a un papel secundario en la historia de sus propios hijos.
Esta reforma responde a criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado inconstitucional la imposición del apellido paterno en primer lugar por considerarla contrario a los principios de igualdad y no discriminación. La Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que la asignación automática del apellido paterno implica una discriminación histórica que debe ser corregida para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y de la niñez.
Compañeras y compañeros, les pido que sin importar su preferencia partidista apoyen esta iniciativa sabedores que el reconocimiento igualitario de los apellidos no generará confusión administrativa ni atentará contra la certeza jurídica, al contrario, otorgará mayor autonomía a las familias y reforzará la transparencia en el proceso de Registro Civil.
Esta iniciativa también establece que el orden de los apellidos elegidos para el primer hijo se mantenga para los siguientes con el fin de brindar estabilidad y coherencia familiar. Por ello, también propongo campañas de sensibilización para que tanto los padres como los funcionarios del Registro Civil cuenten con información clara y precisa sobre esta nueva disposición.
La costumbre de colocar primero el apellido paterno proviene de las tradiciones antiguas en las que el hombre se consideraba el jefe de familia y tenía como principal autoridad la toma de decisiones de su casa, en muchos sistemas jurídicos de antaño la filiación se basaba casi exclusivamente en la línea paterna, relegando un segundo plano el aporte de la madre aun cuando ella asumiera gran parte de los cuidados y la crianza.
Sin duda, este cambio representa un avance hacia la igualdad. Esta reforma reconoce el papel fundamental de la madre y del padre en la crianza, otorgándole la misma posibilidad de decidir sobre el orden de los apellidos de sus hijos. Estamos en un momento histórico en el que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ya no es una aspiración sino un mandato constitucional.
No hay razón para que la ley siga favoreciendo una tradición que de manera implícita desvaloriza el papel de la madre en la afiliación de los hijos. Este es un cambio que impacta no solo a documentos sino vidas, que fortalece no solo leyes sino la dignidad de las personas.
Es un momento de mirar al futuro con valentía, de construir una nación donde cada niña y niño crezca sabiendo que su nombre, su historia y su identidad son suyos por derecho. No permitamos que el pasado defina nuestro futuro. Demos un paso adelante y hagamos justicia para todos y todas. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la LXVI Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal, y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de motivosEn el derecho positivo mexicano, el derecho a ser registrados con el apellido completo de la madre, el padre o ambos, es un tema crucial porque el apellido es una parte fundamental de nuestra identidad, es el que nos conecta con nuestra familia, nuestra historia y nuestra cultura.
Es importante destacar que la Constitución en su artículo 4o. y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que desarrolla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 24 numerales 1 y 2 establecen que “todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre y tienen derecho a adquirir una nacionalidad, establecen que los menores tienen derecho a una identidad y a ser registrados con un nombre y un apellido, en la práctica este derecho no siempre se respeta, por lo que consideramos que registrar a un menor con el apellido completo de la madre, el padre o ambos es fundamental para proteger su identidad y su derecho a conocer sus raíces familiares, evitar confusiones y problemas en su vida futura, como la obtención de documentos de identidad, la inscripción en la escuela o el acceso a servicios públicos, así como promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Bajo estos principios rectores del Movimiento de Regeneración Nacional de la vida pública de México, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener un nombre y apellidos es fundamental para su identidad, desarrollo y bienestar, consideramos oportuno en el presente proyecto hacer mención, de los motivos que justifican la importancia de este derecho:
Derecho a la Identidad
1. Identidad personal: El nombre y los apellidos son elementos esenciales de la identidad personal de las niñas, niños y adolescentes.
2. Pertenencia familiar: El nombre y los apellidos conectan a las niñas, niños y adolescentes con su familia y su historia.
3. Reconocimiento social: El nombre y los apellidos son fundamentales para el reconocimiento social y la interacción con otros.
Derecho al Desarrollo
1. Desarrollo emocional: El nombre y los apellidos influyen en la autoestima y la confianza de las niñas, niños y adolescentes.
2. Desarrollo social: El nombre y los apellidos facilitan la interacción social y la integración en la comunidad.
3. Desarrollo cultural: El nombre y los apellidos pueden reflejar la cultura y la identidad cultural de las niñas, niños y adolescentes.
Derecho a la Protección
1. Protección contra la explotación: El nombre y los apellidos protegen a las niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso.
2. Protección de la privacidad: El nombre y los apellidos son fundamentales para la protección de la privacidad y la confidencialidad.
3. Protección de la identidad: El nombre y los apellidos protegen a las niñas, niños y adolescentes contra la pérdida o la alteración de su identidad.
Sin duda los derechos a nombre y apellidos del menor son fundamentales para su identidad y desarrollo, en la actualidad instrumentos internacionales que protegen los derechos a nombre y apellidos del infante, encontramos los siguientes:
1. Convención sobre los Derechos del Niño: Este instrumento internacional establece que los niños tienen derecho a un nombre y una nacionalidad.
2. Declaración Universal de Derechos Humanos: Este instrumento internacional establece que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y a la protección de su identidad cultural.
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Este instrumento internacional establece que todas las personas tienen derecho a la protección de su identidad cultural y a la privacidad.
Al tenor de lo anterior, consideramos fundamental que se realicen las acciones oportunas y necesarias, para garantizar que los menores sean registrados con el apellido completo de la madre, el padre o ambos, al hacer las reformas correspondientes, se pueden realizar campañas de concienciación y educación para los padres y los funcionarios públicos, en consecuencia registrar a un menor con el apellido completo de la madre, el padre o ambos es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido.
Desde esta soberanía y a través de la presente iniciativa se busca reconocer y proteger sobre todo los derechos de las mujeres y sus hijos, garantizando que los recién nacidos puedan llevar el apellido de su madre, esta reforma contribuirá:
- A reconocer la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.
- Proteger los derechos de los hijos y garantizar su identidad.
- Fomentar la igualdad y la justicia en la sociedad.
Criterios Jurisprudenciales
Es menester acercarnos a los parámetros más adecuados para legislar, conocer los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el tema que nos ocupa es de la mayor relevancia, ya que la Suprema corte a emitido diversas sentencias, y opiniones en la jurisprudencia, en materia de asignar los apellidos de la madre, el padre o ambos, en México y otros países, de la cual damos cuenta con los siguientes ejemplos:
Jurisprudencia en México
1. Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “La asignación de apellidos a un menor de edad debe hacerse considerando el interés superior del menor y la igualdad de derechos de ambos padres” (Tesis: 1a./J. 22/2014).
2. Tesis de la SCJN: “La madre tiene derecho a decidir los apellidos de su hijo en caso de que el padre no esté presente o no haya reconocido al hijo” (Tesis: 1a./J. 14/2015).
Jurisprudencia en otros países
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “La asignación de apellidos debe hacerse considerando el derecho del niño a su identidad y su interés superior” (Caso: “Atala Riffo y niñas vs. Chile”, 2012).
2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): “La asignación de apellidos debe hacerse considerando el derecho del niño a su identidad y su vida privada” (Caso: “Mazurek vs. Francia”, 2006).
Principios generales
1. Interés superior del menor: La asignación de apellidos debe hacerse considerando el interés superior del menor y su bienestar.
2. Igualdad de derechos de los padres: Ambos padres tienen igualdad de derechos en la asignación de apellidos, salvo en casos en que la madre tenga la custodia exclusiva o el padre no esté presente.
3. Derecho del niño a su identidad: La asignación de apellidos debe hacerse considerando el derecho del niño a su identidad y su vida privada.
Derecho humano al nombre. Es un elemento determinante de la identidad.
Tesis
Registro digital: 2000343
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materia(s): Constitucional, Civil
Tesis: 1a. XXXII/2012 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, página 275
Tipo: Aislada
El derecho humano al nombre a que se refiere el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin fijar la identidad de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno, es decir, es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad, por cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto. Por tanto, si la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad, siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, éste, al ser un derecho humano así reconocido es, además, inalienable e imprescriptible , con independencia de la manera en que se establezca en las legislaciones particulares de cada Estado.
Orden tradicional de los apellidos caso:
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lucia Segó.
Amparo en Revisión 208/2016 ministro ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Sentencia emitida por: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fecha: 19 de octubre de 2016. Temas: derecho a la igualdad y no discriminación, derecho al nombre, derecho a la vida privada y familiar, inconstitucionalidad del orden tradicional de los apellidos.
Síntesis del amparo en revisión 208/2016, antecedentes:
Dos personas contrajeron matrimonio y, de dicha unión, nacieron sus hijas A y B. La madre y el padre acudieron a un juzgado del Registro Civil (RC), a registrar a las menores. Al realizarlo, solicitaron que los apellidos de las niñas quedaran registrados con el apellido paterno de la madre primero y con el apellido paterno del padre después (MP) en lugar del orden tradicional. Las autoridades del RC se rehusaron y, ante el estado de salud de sus hijas y la necesidad de registrarlas dentro de los 6 meses de su nacimiento, el padre y la madre no tuvieron otra opción más que acceder a registrar a sus hijas de conformidad con el artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF). No obstante, inconformes iniciaron un juicio de amparo para combatir esta negativa. Al resolver, un juez de distrito en el Distrito Federal concedió el amparo al considerar que el artículo 58 era inconstitucional. Contra dicha sentencia, las autoridades en cuestión interpusieron recursos de revisión, de los cuales conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (esta Corte), en ejercicio de su facultad de atracción.
Cuestión que resolver: Determinar si el artículo 58 del CCDF limita el derecho a la vida privada y familiar, en su vertiente del derecho de los padres a decidir el nombre de sus hijos.
Resolución Del Caso: Se modificó la sentencia reclamada y se concedió el amparo a la madre y al padre y sus hijas A y B, esencialmente, por las siguientes razones. De una interpretación literal de la norma reclamada, esta Corte determinó que el artículo 58 del CCDF representaba una limitación en la decisión de los padres a determinar el orden de los apellidos de sus hijos, en razón de que el artículo en cuestión establecía que se debía registrar el apellido paterno primero, y el materno en segundo lugar. En este sentido, esta Corte reconoció que dicha decisión se encuentra protegida por el derecho a la vida privada y familiar, por lo que prosiguió a examinar si, en el caso concreto, existía una justificación constitucional para que la medida legislativa impusiera a los padres registrar a sus hijos con el apellido paterno en primer lugar, y el materno en segundo lugar. Si bien se determinó que el establecer el orden de los apellidos pretendió dar mayor seguridad jurídica a las relaciones familiares, el orden elegido, aquel en el que se privilegiael apellido paterno, reitera concepciones y prácticas discriminatorias en contra de la mujer, Por tanto, esta Corte determinó que tanto la porción normativa “paterno y materno” del artículo 58 en cuestión, como la negativa de las autoridades responsables de inscribir a las niñas con los apellidos en el orden deseado por sus padres, resultaban inconstitucionales.En consecuencia, se ordenó la expedición de nuevas actas de nacimiento a fin de que los apellidos aparezcan en el orden deseado, es decir, el apellido paterno de la madre primero y el paterno del padre después.
Cita de la sentencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 208/2016, Primera Sala, Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sentencia de 19 de octubre de 2016, México. El texto íntegro de la sentencia puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentenciasemblemat icas/sentencia/2022-01/AR208-2016.pdf
Desde la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, atendemos la convocatoria que nos hace el pueblo de México, para dotar y fortalecer los instrumentos jurídico que sean de utilidad a la sociedad, cambiar los paradigmas de convivencia, privilegiando en todo momento los derechos de género que tienen las mujeres así como los derechos del menor, para ello sin duda los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cada uno de los elementos vertidos en este proyecto para la elaboración del dictamen legislativo, dan rumbo y certeza legislativa, con esta reforma acotamos el paso, a las desigualdades, ponderando un derecho igualitario entre mujeres y hombres.
Las y Los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional, realizaremos todas y cada una de las acciones, necesarias para una vida paritaria, en armonía y progresista.
A manera ilustrativa presentamos el siguiente:
Cuadro comparativo
Código Civil Federal
Ley General de los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, se propone la iniciativa con proyecto de
DecretoPrimero. - Se reforman los artículos 58 y 67 del Código Civil Federal para quedar en los siguientes términos:
Código Civil Federal
Artículo 58.- El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; el cuál será por acuerdo expreso de ambos, así como el orden de los dos apellidos con los que deberá registrarse, considerando que el inscrito para el mayor de los hijos será el que regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo, asimismo la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el Juez del Registro Civil estará. Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el Juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Ciudad de México. En los casos del artículo 60 y 77 de este Código el Juez del registro civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado con los dos apellidos que hayan acordado sus progenitores o quien lo reconozca. En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.
En los casos que los padres no pueden llegar a un acuerdo, sobre el orden de los apellidos, se podrá determinar mediante un sorteo realizado por el Juez del Registro Civil en el momento de la inscripción del nacimiento.
Artículo 67.- En las actas que se levanten en estos casos, se expresarán con especificación todas las circunstancias que designa el artículo 65, la edad aparente del niño, su sexo, el nombre y apellido el cual deberá ser con el orden de los dos apellidos con los que deberá registrarse, y el nombre de la persona o casa de expósitos que se encarguen de él.
Segundo. - Se reforma la fracción I del artículo 19 de la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para quedar en los siguientes términos:
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:
I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, de conformidad con los artículos 58 y 67 del Código Civil Federal, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será obstáculo para garantizar sus derechos.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las legislaturas de los estados, y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar su marco jurídico, de conformidad con el presente decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de éste.
Tercero. Impacto presupuestal, la presente iniciativa no generará gastos adicionales para el estado, ya que se trata de una modificación a la legislación vigente.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, AG Res. 2200 A (XXI), expedido por la Organización de las Naciones Unidas (1966), vinculación de México: 23 de marzo de 1981, publicación en el Diario Oficial de la Federación.
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, página 275.
5 Semanario Judicial SCJN Publicado 23 de junio 2023.
Salón de sesiones, a 12 de marzo de 2025.– Diputadas y diputados: Marilyn Gómez Pozos, Alejandra del Valle Ramírez, Anayeli Muñoz Moreno, Beatriz Andrea Navarro Pérez, Diana Karina Barreras Samaniego, Dora Patricia Mercado Castro, Humberto Ambriz Delgadillo, Javier Octavio Herrera Borunda, Juan Ángel Flores Bustamante, Julia Arcelia Olguín Serna, Julieta Villalpando Riquelme, Katia Alejandra Castillo Lozano, Laura Ballesteros Mancilla, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Mario Zamora Gastélum, Mildred Concepción Ávila Vera, Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, Mónica Angélica Álvarez Nemer, Nadia Navarro Acevedo, Nora Yessica Merino Escamilla, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Sandra Anaya Villegas, Teresita de Jesús Vargas Meraz (rúbricas).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
Diputada Rocío Abreu, ¿con qué objeto?
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano (desde la curul): Quisiera, primero, felicitar a mi compañera Merilyn por la iniciativa y también quería pedirle de favor si me permite adherirme a la misma.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: ¿Acepta, diputada Merilyn? Adelante. Cualquier diputado o diputada que también desee adherirse podrá hacerlo en Secretaría.
Diputada Martínez ¿con qué objeto?
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (desde la curul): Para dar un mensaje respecto a las manifestaciones del día de ayer.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No estamos en un punto de debate, diputada, estamos desahogando iniciativas. Busquemos un espacio para poder hacer su planteamiento.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra la diputada Patricia Mercado Castro, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de vivienda digna, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Dora Patricia Mercado Castro:Gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano acudo a esta tribuna, a presentar la iniciativa de reforma a los artículos 4o. y 73 de la Constitución, en materia de vivienda digna.
Las dos reformas que hemos aprobado en esta legislatura sin duda son un avance importante para revertir la actual situación de precariedad y falta de acceso a la vivienda, pero tenemos que ir más allá. La crisis de vivienda afecta a quienes no tienen hogar, limita el derecho a habitar de forma segura, prioriza el negocio sobre las personas, profundiza la desigualdad, compromete el bienestar de próximas generaciones y perpetua brechas de exclusión.
Es aún más difícil para las personas jóvenes, el 40 por ciento de las personas menores de 35 años viven aún con sus padres. Sin vivienda adecuada no hay justicia social, porque la vivienda accesible, barata ha sido cada vez de menor calidad en sitios más alejados sin infraestructura, con vicios ocultos y sin mantenimiento.
Por estas razones, presentamos esta iniciativa de reforma constitucional, para establecer en el artículo 4o. que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna, la cual deberá cumplir con criterios de durabilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad, con ubicación en zonas con acceso a servicios públicos básicos de salud, educación, transporte adecuado y eficiente, además de cercanía a fuentes de trabajo y espacios públicos. Todo el enunciado debe hacerse respetando la diversidad cultural y arquitectónica de las comunidades.
En el artículo 73 proponemos darle al Congreso la facultad de expedir una ley general en materia de vivienda, que permita la coordinación entre federación, entidades y municipios, con la inclusión de actores sociales y comunidades. Esto me parece, esto último me parece muy importante, porque hay un ejemplo, en Colima llegó el Infonavit, hizo un acuerdo con el presidente municipal en Manzanillo, para convertir un, digamos, un espacio que en este momento es un deportivo muy querido por la comunidad, para ahí construir vivienda.
Entonces el conflicto que hay en este momento en esa comunidad es, unos que plantean que quieren seguir teniendo el deportivo y otros que plantean, pues queremos la vivienda y entonces ese deportivo se va a constituir ahora en inversión del Infonavit para vivienda.
Así es que nos parece importante. Eso dijimos en alguna reserva cuando votamos la reforma a la Ley del Infonavit, que había desarrollar más el derecho. ¿De qué derecho estamos hablando cuando hablamos de vivienda adecuada, cuando hablamos de vivienda ubicada, con todos los servicios para que no nos gane el objetivo de la cantidad de viviendas que tenemos que hacer? Por ejemplo, este año, 125 mil nada más del Infonavit, en lugar de asegurar que nunca más, que nunca más vamos a construir vivienda con todas estas precariedades que mantienen a 650 mil viviendas inhabitadas de toda la cartera vencida del Infonavit. Entonces, por eso el tema de explicitar que las decisiones se tomen con la comunidad.
Finalmente, en nuestra propuesta, una ley general debe incluir una renta social con esquemas de alquiler asequible con participación del Estado e incentivos a propietarios, programas de vivienda transitoria para apoyar personas sin hogar, políticas para facilitar el acceso de las personas jóvenes a una vivienda digna y adecuada, regulaciones para un financiamiento justo y equitativo con tasas de interés más ligeras y herramientas para prevenir la especulación inmobiliaria y canales de participación ciudadana y de vigilancia ante desarrollos que afecten los derechos, el entorno y el medio ambiente. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Kenia López Rabadán
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en materia de medidas de sanción en casos de delito de homicidio en grado de tentativa. Adelante, diputado.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, hace justo hoy dos semanas estuvo aquí en la Cámara de las y de los diputados la señorita Mya Naomi Villalobos Saldaña. Mya, como le decimos a ella, Mya fue víctima el 12 de octubre de 2022 de un ataque de 47 puñaladas por parte de quien fuera su novio, ambos menores de edad en el municipio de Camargo, en el estado de Chihuahua.
En aquel entonces, en aquella edad, ella logró sobrevivir a este ataque, ella dio su testimonio hace dos semanas aquí en la Cámara de las y de los diputados, en una rueda de prensa, donde ella nos estaba planteando desde el estado de Chihuahua, nos planteó la posibilidad de presentar una iniciativa para reformar esta legislación con la finalidad de poder tener una protección mayor a aquellas personas que siendo adolescentes pueden ser víctimas de un delito de esta naturaleza y que aquel agresor, que siendo adolescente, pueda tener también las sanciones específicas suficientes para poder llevar a cabo este proceso.
¿Qué se plantea en esta iniciativa? Se plantean dos cosas fundamentales: Primero que exista la posibilidad en —la ley general para atender— la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para los Adolescentes que exista la tentativa de feminicidio, que no existe.
Y, por otra parte, que al existir el artículo 164 pueda tener la posibilidad de que se decrete una prisión preventiva justificada al momento en el cual se lleva a cabo el procedimiento, porque en este caso en particular la persona no está en la cárcel, la persona, el agresor goza de libertad —desde hace tres años—, se le impuso una condena de tres años 8 meses y la persona lleva ya más de 1 año, casi 2 años en libertad sin haber atendido su procedimiento en esta circunstancia de una prisión preventiva justificada. Y esto lastima desde luego y genera un entorno negativo al momento en el cual puede cometer otro tipo de delito y puede generar otro tipo de violencia en contra de la víctima.
Es importante que el interés superior de la niñez sea tutelado y salvaguardado no solo por las familias, sino también por las instituciones y por las leyes de manera enérgica como se está planteando ahora. Y que de estas lagunas legales las podamos subsanar y brindemos certeza a las niñas, a los niños y a los adolescentes en todo el país.
Hoy en día hay delitos que son mayormente cometidos por menores de edad, como son lesiones, tráfico de drogas, robos, asaltos, secuestros. Por ello, es importante que reflexionemos y podamos encontrar estrategias y soluciones ante estas problemáticas. Es necesario adecuar esta legislación.
Esta mención del caso Mya, que nosotros la hemos llamado la iniciativa Ley Mya, que ocurrió en el estado de Chihuahua. El agresor la abandonó en un lote baldío, a quien fuera su pareja, siendo de su misma edad. Y un juez de control lo dejó en libertad, permitiéndole vivir el proceso en un internamiento en su domicilio, sólo por cargo de lesiones graves y violencia familiar, sin ser investigado por ningún otro tipo de delito de violencia de género ni por el intento de feminicidio.
Esto debido a que esta ley, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es de aplicación en todo el país, no contempla la tentativa de feminicidio, el agresor, que, por cierto, quedó por un tiempo en calidad de prófugo, se fugó del domicilio en el cual debido a una orden del juez debería estar cumpliendo su internamiento. La salud física no sólo fue el daño, sino también la salud mental y el daño que sufrió toda la familia para poder salir adelante. Hoy esta jovencita estudia en la universidad, esta jovencita salió adelante y esta jovencita da conferencias en todo el país.
Esta ley y esta reforma, si ustedes, amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, la aprueban después de una discusión en la comisión, ya no le va a aplicar a ella porque no tiene efectos retroactivos, pero puede permitir que en sucesos posteriores se pueda aplicar esta ley de una buena manera, y le pueda también dar la posibilidad a los juzgadores que no estén impedidos para poder aplicar una medida precautoria de prisión preventiva cuando se cometa el delito de tentativa de feminicidio.
Desde esta tribuna hoy te decimos: Mya, no estás sola. Gracias por seguir alzando la voz, gracias por la fortaleza que tienes para poder trabajar en beneficio de las mujeres, de las niñas, de los niños y de los adolescentes de este gran país. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de medidas de sanción en caso de delito de homicidio en grado de tentativa, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDe conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años.
Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.
Cabe mencionar que el interés superior de la niñez no siempre ha sido tutelado y salvaguardado por las familias, las instituciones gubernamentales y las leyes de manera tan enérgica como ahora, es por ello, que las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país pueden decir con certeza “tengo derechos”. Vemos con tristeza, como aún a pesar de los esfuerzos, una gran cantidad de ellos se encuentran en estado de vulnerabilidad, donde además, y al otro extremo, como consecuencia de una falta de valores y de oportunidades, se presenta una gran problemática, el incremento en la comisión de delitos por menores de edad.
El Fondo del Consejo Tutelar de Menores Infractores perteneciente a la Secretaría de Gobernación alberga miles de expedientes de niñas, niños y adolescentes predominantemente varones, procesados y sentenciados por múltiples delitos, algunos de a los cuales hoy día no son concebidos como tales, lo que nos permite aproximarnos la construcción social e histórica del delito, sus cambios y continuidades, los mecanismos de análisis y tratamiento de los implicados, así como lo que nos dicen acerca del funcionamiento de las familias de otras épocas.
Hoy en día los delitos mayormente cometidos por menores son: lesiones, tráfico de drogas, robos, asaltos y secuestros, por ello la importancia de reflexionar y encontrar una solución ante esta problemática. A lo largo de la historia de nuestra nación se han buscado mecanismos para el tratamiento de los considerados “menores” infractores, en relación con otras formas de control, tratamiento y rehabilitación de reos adultos. Ante ello es necesario adecuar la legislación que se ajuste a la realidad del País, donde se sancione a los delincuentes, sean menores o mayores de edad, con el objetivo de bajar los índices de criminalidad, pues tratándose de adolescentes infractores, en la mayoría de las ocasiones contempla las posibilidades de que sea sancionado; por tanto, si el porcentaje de criminales efectivamente sancionados se incrementara fuertemente, lo pensarían dos veces antes de cometer un delito.
Mención especial merece la situación ocurrida en el estado de Chihuahua, una joven de 17 años que fue apuñalada 47 veces y abandonada en un lote baldío, por su agresor, quien fuera su entonces pareja sentimental, de su misma edad y a quien un juez de control dejara en libertad, permitiéndole vivir el proceso en internamiento en su domicilio, solo por cargos de lesiones graves y violencia familiar, sin ser investigado en ningún momento por violencia de genero, ni por intento de feminicidio, esto debido a que, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual es de aplicación en todo el país, no se contempla la tentativa de feminicidio, agresor que por cierto, quedo por un tiempo en calidad de prófugo, al fugarse de su domicilio, en el cual debido a la orden del juez cumpliría su internamiento.
Las lesiones que esta adolescente sufrió no solo afectaron su salud física, sino también su salud psicológica, aunado a la afectación económica para recibir la debida atención, es un daño que se extiende a toda su familia ante la posibilidad de sufrir algún ataque por parte de su agresor quien, se encontraba en libertad.
La obligación del estado mexicano es garantizar una vida libre de violencia a mujeres, niñas y adolescentes, y desde luego es garantizar que tengan acceso a la justicia, y que sus agresores sean debidamente procesados, aun y cuando estos sean adolescentes.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla penas muy bajas por los delitos que cometió, pues incluso impide a los juzgadores otorgar más de cinco años de prisión, sin importar la gravedad de los hechos. La laguna legal, que actualmente se encuentra en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ha generado que un adolescente infractor sea juzgado bajo el esquema de una tipificación de delitos con penas mucho menores.
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en el mundo. Es, a la vez, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Es necesario señalar que la alerta de violencia de género (AVGM), es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo y de 2015 a la fecha, según cifras de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se han declarado 26 alertas de violencia de género en 24 entidades: lo que incluye a más de 643 municipios, por lo que es imperativo que sigamos generando acciones que brinden verdaderas soluciones.
Es por ello que al modificar la redacción del penúltimo y último párrafo del artículo y sea considerado el grado de tentativa, estaremos protegiendo los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, pues sus derechos se encuentran plasmados en diferentes instrumentos normativos: tratados internacionales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales y locales, así como en programas y acciones previstos para su protección.
Entre los instrumentos internacionales más relevantes destacan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de 1979, enfocada en erradicar este flagelo en todos los ámbitos de la vida y que impide el y se goce de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres las niñas, así como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, en la que establecen los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las niñas y los niños, además de normas para la protección de la infancia y sus derechos.
Conclusiones
Por lo tanto, con la presente iniciativa se pretende también que todas las niñas, adolescentes y mujeres, no sólo de Chihuahua, sino de todo el país, cuenten con la certeza que, en caso de ser víctimas de agresión por un adolescente, este sea procesado por el delito que ha cometido, pues de no recibir el tratamiento debido estamos dejando libres a feminicidas.
Debido a que en la actual redacción del artículo 145, menciona: las reglas para la determinación de medidas de sanción, en lo que respecta a la tentativa en el penúltimo párrafo señala lo siguiente: Para la tentativa punible no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad. La duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, en los casos de secuestro; hechos señalados como delitos en materia de trata de personas y delincuencia organizada.
Ante dicha regla, nos encontramos que no sólo en Chihuahua, sino en todo el país, un sin número casos en los que las víctimas han sido violentados con delitos que han puesto en riesgo su vida e integridad, pero que, al ser cometidos por adolescentes, pareciera que son consecuentados por la autoridad estos actos, peor aún que cuando son delitos son en grado de tentativa, no pueden ser susceptibles de internamiento.
Si bien la tentativa está considerada como un grado de ejecución inacabada por causas ajenas a la voluntad del agresor, es decir, es un delito imperfecto dado que carece de consumación, pero que es punible dado que vulnera la seguridad y los derechos de las personas, se debe considerar por tanto como causal dentro de las reglas para determinar la sanción de un delito cometido por adolescentes infractores.
Finalmente, antes de concluir cito textualmente las palabras de la madre de la joven que hemos referido y que fue agredida por un adolescente: “Me pidió que dijera de parte que ella comprende que el juez esta haciendo su trabajo y que el joven agresor tiene derechos, que la ley tiene un vacío pero que su hija y ella tienen otro vacío más grande que es el vacío de sentir que no se puede obtener justicia a pesar de las lesiones físicas y psicológicas que ahora carga, que si el no recibe un castigo ejemplar en función a las leyes existentes seguirán mostrando la impunidad que hay y darán un mensaje claro a las víctimas que es el que no importan al sistema y un mensaje claro a los violentadores que es que no habrá sanciones para ellos. Pide empatía y humanidad al juez, pide perspectiva de género para entender la intención del violentador, pide tomar en cuenta el peligro inminente en el que se encuentran todas aquellas mujeres que se relacionarán con este joven que requiere apoyo si, pero también un castigo. Pero sobre todo pide que la justicia no le falle a su hija que hoy por fortuna puede contar su historia.”
Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformar los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para quedar en los términos siguientes:
En razón de lo expuesto, pongo a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
Único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 145; y el inciso g) del artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 145....
...
...
...
...
...
...
Para la tentativa punible no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad, salvo los delitos contemplados en el artículo 164, párrafo segundo, inciso g), de esta ley.
...
Artículo 164. Internamiento
...
...
a) a f)...
g) Homicidio doloso, en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio; aun cometidos en grado de tentativa.
h) a j) ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente AL de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: César Alejandro Domínguez Domínguez, Abigaíl Arredondo Ramos, Ana Isabel González González, Ariana del Rocío Rejón Lara, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, Christian Mishel Castro Bello, Emilio Suárez Licona, Humberto Ambriz Delgadillo, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Mario Zamora Gastélum, Miguel Alejandro Alonso Reyes, Nadia Navarro Acevedo, Noel Chávez Velázquez, Ofelia Socorro Jasso Nieto, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Verónica Martínez García, Xitlalic Ceja García (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
Tiene ahora... Diputado... Si son tan amables de darle sonido. Adelante.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Presidenta, buenas tardes. Solamente para solicitarle al diputado Alejandro Domínguez que si me permite suscribir su iniciativa. Todo el Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Claro. Adelante.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante. Gracias, diputado Meléndez. Sí. El diputado ha autorizado. Y, asimismo, cualquier otro compañero legislador o legisladora, estará en la Secretaría la iniciativa para su suscripción.
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de ampliar el número de pescadores y acuacultores beneficiados con el componente Bienpesca, suscrita por los diputados Miguel Armando Díaz y Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández:Ánimo, ánimo, desde Navolato vengo. Con el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso del pueblo de México.
“Los programas de Bienestar son un sello de la cuarta transformación y son un ejemplo, no solamente histórico para nuestro país, sino que son un ejemplo del mundo entero, de que los gobiernos deben dedicarse a servir a su pueblo”. Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta iniciativa, que suscribimos 3 compañeros del PT, Ramón Flores, Sonora; Armando Díaz, de Baja California Sur; y un servidor, se trata de lo siguiente: hacer justicia a los que menos tienen y es a los pescadores. Y ustedes, compañeros diputados, van a estar de acuerdo conmigo y se van a querer sacar también un 10.
Les voy a decir por qué. Hay pescadores que dicen que no están de manera legal pescando, que están de manera ilegal y me refiero a los pescadores libres. ¿Qué quieren los pescadores libres? Que los tomen en cuenta en Bienpesca. Ellos reclaman que ellos son pescadores que están en los campos pesqueros, que están haciendo su labor, que están haciendo su trabajo, su sacrificio de ir a pescar, primero, por el sostenimiento de la familia. Y segundo, por ganar un peso más y comercializarlo. Pero ellos están fuera de este beneficio y queremos que se les incluya.
Hablamos de que la administración pública federal, con lo que se refiere al Bienpesca como componente, es un programa que abarca tanto a la ganadería, pesca y la cuestión de la acuacultura.
El programa apoya económicamente a las personas que se dedican a la actividad pesquera o acuícola para contribuir a su autosuficiencia alimentaria y mejorar sus condiciones de bienestar.
La cobertura nacional ya atiende preferentemente a las y a los productores de pequeña escala. El Bienpesca, pues, es la parte política-social que tiene como misión favorecer a los más desprotegidos y alcanzar mayores condiciones de bienestar, igualdad y justicia social. Los requisitos principales que les piden a los pescadores para la pesca, entre los criterios, son diferentes.
Primero, además de ser persona física, eventual beneficiario, deberá al menos estar inscrito en el padrón de productores de pesca y acuacultura. Realizar su actividad al amparo de un título de concesión o permiso de pesca o acuacultura. Que la unidad económica a la que pertenece haya registrado producción mediante avisos de arribo o cosecha y que haya registrado, y que haya sido registrado en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero o programa de ordenamiento.
El acuerdo refiere, como requisitos específicos, que los integrantes de una cooperativa presentarán acta de asamblea con padrón de socios o trabajadores vigentes debidamente certificada. Además, también que aquellos ligados a un permisionario podrán presentar la tarjeta de control o libreta de mar, aparte de folio de registro en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero o programa del ordenamiento pesquero o acuícola que se refiere en Conapesca.
La presente iniciativa propone así, que no sea condición determinante e insalvable los casos de lo que el pescador o acuacultor no sea parte de una organización del sistema cooperativo o esté sujeto a permisionario.
Es así que, sensibles a la demanda de nuestros representados, nuestros compañeros diputado Luis Armando Díaz y Ramón Ángel Flores Robles, así como un servidor, presentamos en conjunto la presente iniciativa, de suerte que se amplíe el número de pescadores y acuacultores beneficiados con el componente. Ha dicho la presidenta Sheinbaum que lo principal es que se produzca en México lo que consumimos en México, de ahí una de las razones de estos apoyos.
La convocatoria sigue abierta a que impulsemos acciones en favor del rescate pesquero y acuícola. Es pues que estos compañeros libres reclaman el beneficio de Bienpesca y agradecemos algunos estados como el estado de Sinaloa, de que esté pagando aparte del Bienpesca federal, esté pagando el Bienpesca del estado y se refiere a un 50 por ciento más. Por eso, justicia a quien lo ocupa y es a los que menos tienen, los pescadores libres de cada uno de los campos pesqueros de toda la república mexicana. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Ánimo y a sacarnos un 10.
«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de ampliar el número de pescadores y acuacultores beneficiados con el componente Bienpesca, suscrita por los diputados Jesús Fernando García Hernández, Luis Armando Díaz y Ramón Ángel Flores Robles, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, Jesús Fernando García Hernández, Luis Armando Díaz y Ramón Ángel Flores Robles, diputados federales a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el propósito de ampliar el número de pescadores y acuacultores beneficiados con el componente Bienpesca, bajo la siguiente
Exposición de MotivosLa administración pública federal opera el componente Bienpesca, contenido en el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, que a su vez pertenece a los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y por cuya aplicación “se apoya a las personas que se dedican a la actividad pesquera o acuícola para contribuir a su autosuficiencia alimentaria y mejorar así sus condiciones de bienestar”.
El componente es “operado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural”, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. La cobertura del programa es nacional “y atiende preferentemente a las y los productores de pequeña escala”.
Este programa “contempla la realización de acciones de capacitación”, al tener como meta “mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas y que las y los pescadores y acuicultores reciban un precio justo por sus productos”.
Las acciones de capacitación de este programa abordan temas como: buenas prácticas de manejo, mantenimiento sanitario y seguridad laboral, así también principios básicos de administración, comercialización y valor agregado, además de legislación y normatividad pesquera y acuícola, organización social productiva, introducción a la maricultura y a la acuacultura rural, así como consumo y valor nutricional de pescados y mariscos.
Entre los fundamentos del programa, están que “la autosuficiencia y seguridad alimentaria son algunos de los objetivos prioritarios para el segundo piso de la Cuarta Transformación del país”; de ahí que el Bienpesca “es parte de la política social que tiene como misión favorecer a los más desprotegidos y alcanzar mayores condiciones de bienestar, igualdad y justicia social”.
Conforme a información oficial, “en el sector de la pesca, los volúmenes de captura han registrado un comportamiento variable en los últimos años, oscilando en torno a los 2 millones de toneladas de más de 50 especies pesqueras que forman parte de la dieta mexicana”; lo cual “significa que existe un margen de mejora y ante ello, Bienpesca busca impulsar el incremento de la producción tanto para su autoconsumo como para la venta de excedentes”.
A partir de esta visión, el Programa a través del componente Bienpesca “da cumplimiento también a la reforma que plasmó los Programas para el Bienestar en la Constitución, cuyo artículo 27 indica que el Estado debe garantizar un apoyo anual directo a los pescadores de pequeña escala”, dentro del marco para “procurar un desarrollo rural integral y sustentable”.
De esta forma, en enero del presente año se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Agricultura para el ejercicio 2025, cuyo objetivo específico de la operación del componente Bienpesca, es “contribuir con la autosuficiencia alimentaria mediante el otorgamiento de un apoyo económico directo y la impartición de acciones de capacitación a las personas físicas que sean productores pesqueros o acuícolas”.
El componente en referencia, tiene como población objetivo particular a “personas físicas que se dediquen a la actividad pesquera y/o acuícola y que estén registradas en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura”. Dispone de un “apoyo económico directo, de manera única, de forma anual y sujeto a disponibilidad presupuestal” por un monto de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos) por solicitante.
Aclara asimismo que en aquellos casos de las entidades federativas que “soliciten expresamente a la unidad responsable participar en la ejecución del componente Bienpesca”, los gobiernos federal y estatal correspondiente “aportarán recursos para ampliar hasta en un 50 por ciento el apoyo original, lo que representará una aportación conjunta hasta por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuentas pesos) por cada productor pesquero o acuícola, adicional al apoyo que previamente haya recibido, lo anterior, sujeto a disponibilidad presupuestal y acorde a los términos convenidos”.
En el acuerdo se fundamenta que “los Programas para el Bienestar representan el eje central de la consolidación del proyecto de nación y son una herramienta para garantizar la universalidad de los derechos humanos, promover la participación política y comunitaria, lograr mayor inclusión y consolidar la transformación del país”; de ahí que “la continuidad y fortalecimiento de la política social tiene como misión favorecer a los más desprotegidos y alcanzar mayores condiciones de igualdad y justicia social”.
Al citar la existencia de “un margen de mejora para incrementar la producción de los subsectores agropecuario y acuícola pesquero y que todas las unidades de producción poseen esta capacidad”, el acuerdo revela que “la población potencial” de quienes “se dedican a las actividades pesqueras y acuícolas ligadas a unidades económicas” está conformada por 216 mil 545 personas físicas.
El acuerdo establece que “la población objetivo del programa la constituyen los productores agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional, que requieran incrementar la producción de sus Unidades de producción para su autoconsumo y venta de excedentes, dando preferencia a aquellos productores de pequeña escala”.
Determina asimismo que, entre otros propósitos, el Programa en referencia “atenderá el problema público de baja producción y productividad en los subsectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola la cual se acentúa en los productores de pequeña escala del país y estará orientado a mejorar las condiciones de igualdad y bienestar para su desarrollo”.
Esto, “impulsando preferentemente los productos estratégicos para la alimentación y autosuficiencia alimentaria del país”, para de esta manera; conforme a la materia de la presente iniciativa: fomentar “la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas y que los pescadores y acuicultores reciban un precio justo por sus productos, así como otras cadenas agroalimentarias importantes para el país por su relevancia social”.
Entre los criterios para la selección y requisitos de elegibilidad al componente Bienpesca, se específica que además de ser persona física; el eventual beneficiario deberá encontrarse en uno o más de los supuestos siguientes:
Estar inscrito en el padrón de productores de pesca y acuacultura.
Que realice su actividad al amparo de un título de concesión o permiso de pesca o acuacultura vigente o en trámite de prórroga.
Que la unidad económica a la que pertenece haya registrado producción mediante avisos de arribo o cosecha y que haya registrado.
Que haya sido registrado en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero o programa de ordenamiento pesquero o acuícola de la Conapesca.
El acuerdo enumera los requisitos específicos que debe cumplir el pescador ribereño o de aguas continentales para acceder al componente.
Refiere que “los integrantes de una cooperativa presentarán acta de asamblea con padrón de socios o trabajadores vigente, certificada por autoridad local, fedatario o notario público”. Así también, que aquellos “ligados a un permisionario (persona física) podrán presentar la tarjeta de control o libreta de mar expedida por la capitanía de puerto”, aparte de “folio de registro en algún programa de regularización jurídica del esfuerzo pesquero o programa de ordenamiento pesquero o acuícola de la Conapesca”.
Para el tripulante de embarcación mayor, se debe presentar “aviso de despacho vía la pesca donde se incluya en el rol de tripulantes”, en tanto que, para el caso del trabajador acuícola operativo, este deberá acreditar aviso de cosecha de la persona física o moral con la que realice la actividad.
Ocurren casos de pescadores y acuacultores que a pesar de ajustarse al cumplimiento de uno o más de los supuestos en los criterios de selección, que les acredita por ello un carácter legal; les es negado el registro en el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, en su componente Bienpesca y consecuentemente el beneficio del apoyo económico; por el hecho de no estar integrados a una sociedad del sistema cooperativo o ligados a un permisionario; aun cuando se dedican manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales, como lo establece la legislación.
Es grande el desfase en el número de pescadores que se quedan sin recibir el apoyo del componente Bienpesca, tomando en referencia que se tiene un padrón de 216 mil 545 personas físicas dedicadas a esta actividad, frente a 190 mil registradas en el programa.
Pescadores y acuacultores libres que trabajan por su cuenta, sin estar agrupados en alguna cooperativa o ligados a un permisionario, han demandado se realicen los ajustes necesarios al componente Bienpesca del programa, de suerte que no se queden fuera de los beneficios la gente que realmente necesita de este apoyo.
Se requiere, han dicho, de un cambio en la estrategia y que el Programa se fortalezca y amplíe la cobertura del componente. De lo contrario, las condiciones económicas en la que viven pescadores y acuacultores, tanto como las familias de estos; seguirán agravándose. El sector social de la pesca por muchos años olvidado, no puede seguir marginado, precisan los afectados.
Las dificultades y necesidades económicas de las personas que viven de la pesca y la acuacultura se agravan cada vez más. Requieren no sólo del apoyo económico a través del componente Bienpesca, establecido con toda claridad en el espíritu de la legislación, sino también que sean atendidos otros requerimientos como: la rehabilitación y repoblamiento de las pesquerías, así como la reparación y dotación de equipos y artes de pesca para enfrentar carencias diversas y bajos rendimientos.
En tanto ello ocurre, es momento inmediato flexibilizar las disposiciones establecidas en cuanto al cumplimiento de los requisitos específicos para acceder al registro y los beneficios del componente Bienespesca y no sea esto condición determinante e insalvable en caso de que el pescador o acuacultor no sea parte de una organización del sistema cooperativo o esté sujeto a un permisionario.
Es así que la presente iniciativa propone se determine en la propia legislación que los apoyos considerados en el componente Bienepesca, sean otorgados a pescadores y acuacultores que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales, sin que estos estén necesariamente integrados al sistema cooperativo o ligados a un permisionario.
Son la pesca y la acuacultura actividades fundamentales para la generación de alimentos de calidad realmente nutritivos, que mucho aportan a la autosuficiencia y soberanía alimentaria.
Forman parte de un sector que por muchos años ha estado excluido de los beneficios de las políticas públicas, a pesar de representar un potencial de desarrollo sustentable y sostenible en beneficio de miles de familias que habitan en las zonas costeras de este país.
En razón de lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Artículo Único. Se reforma la fracción XV del artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como como sigue:
Artículo 20. ...
I. a XIV. ...
XV. Apoyos a los pescadores y acuacultores, no necesariamente integrados al sistema cooperativo o ligados a permisionarios y que se dediquen de manera legal y sustentable a la captura y al cultivo de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas nacionales, tanto marinas como continentales.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
https://programasparaelbienestar.gob.mx/bienpesca/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5748074&fecha =30/01/2025
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de marzo de 2025.– Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Pesca, para su dictamen.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Gallardo Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Gallardo Juárez:Con la venia de la Presidencia. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. En mi calidad de presidente de la Comisión Ganadera y como representante del sector ganadero, me permito presentar la siguiente iniciativa, correspondiente a la creación de una subsecretaría federal especializada en ganadería en el país.
La propuesta que hoy les presento no tendrá un impacto presupuestal, pues se usarán los recursos humanos, financieros y materiales de la Coordinación General de Ganadería, de las Direcciones Generales de Sustentabilidad, de Tierras de Uso Ganadero y de Repoblamiento.
Además, la iniciativa tiene una visión clara para el periodo 2025-2026, la ganadería que apoye el gobierno con estímulos fiscales y mejores políticas públicas buscando una interacción constante y permanente con otras Secretarías estatales, organizaciones internacionales, nacionales y el sector pecuario en general.
En ese sentido se tiene una visión y una misión de fortalecer las actividades ganaderas a través de programas federales específicos y focalizados, así como contribuir al desarrollo económico, social y alimentario de nuestro país, favorecer a la seguridad y autosuficiencia alimentaria en materia pecuaria.
Como legisladores comprometidos con el sector ganadero tenemos la importante tarea de reunir nuestros esfuerzos para salvaguardar e impulsar este sector y esta iniciativa que propone realizar un paso esencial para lograrlo, heredarle a nuestra ganadería un lugar, el lugar que merece en la estructura administrativa del gobierno federal.
Por ello, este cambio de denominación derivará a la colaboración estrecha entre los ganaderos del país y la Secretaría con el propósito de crear una dependencia pública de segundo nivel especializada en el Ramo llamada Subsecretaría de Ganadería que se encargue de las tareas administrativas, técnicas y de coordinación con el secretario, el doctor Julio Berdegué.
Alzo la voz, desde esta tribuna, con un fuerte llamado a la unidad y el apoyo sin importar colores o partidos en favor del sector ganadero, por lo que invito a todos los diputados y diputadas a sumarse a esta iniciativa, el comentario es, bueno esto es de beneficio para toda la ganadería y aquí incluye a todas las ganaderas y los ganaderos de todos los partidos de manera que tenemos que hermanarnos en ese sentido y tratar de impulsar esta Subsecretaría para beneficio de la ganadería que es lo importante de esta Subsecretaría que estamos creando.
La ganadería abrirá posibilidades para el establecimiento de estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento de la producción ganadera tal como lo señala la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Saben todos los ganaderos que hay una problemática muy fuerte, todos los que se dedican a la ganadería.
Y estamos hablando de la falta de forraje, de agua, de sequías, robo de ganado, problemas con el gusano barrenador, que eso de alguna manera no nos permite mandar ganado a los Estados Unidos. También, la problemática con los aretes que todo mundo sabe que es una especulación y que es bastante caro, los aretes, porque pues de alguna manera los utilizan para todo el ganado que viene de Sudamérica.
Y, otro problema que tenemos con el ganado es pasar ganado a los Estados Unidos, porque hay cuarentenarlos y ese es otro de los problemas fuertes. Eso sin contar con la problemática arancelaria, que ahí se nos viene encima que todavía no sabemos cómo nos va a perjudicar.
Confío plenamente en el compromiso colectivo hacia la ganadería mexicana, en los esfuerzos de los legisladores y la voluntad política de nuestra gente. Confío mucho en que todos nuestros diputados que se dedican a este sector pecuario le empujarán a esa propuesta, porque es de beneficio para todos. Pues bien, ojalá y tengamos respuesta de toda esa gente que sabemos que es necesario empujarle para que esto funcione mejor. Muchísimas gracias y gracias a la Presidencia.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Ricardo Gallardo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, refiere que la ganadería es fundamental en el mundo para el desarrollo sostenible de la agricultura, contribuyendo a la seguridad alimentaria, a la nutrición, al crecimiento económico y al combate a la pobreza. Todo ello, a través de impulsar una ganadería con mejores prácticas para reducir impactos ambientales y utilizar de manera más eficiente el uso de la tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.
La misma Organización internacional señala que la demanda y la producción mundial de productos ganaderos están aumentando rápidamente, teniendo como factores: el crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y los cambios en el estilo de vida y las dietas de las personas, todo ello con el objetivo de integrar sistemas ganaderos más sostenibles, productivos y resilientes. Se prevé que la población mundial alcance casi unos 10,000 millones de personas de 2023 a 2050, la demanda mundial de productos alimentarios de origen animal, como carne, huevos y productos lácteos aumentará un 20 por ciento durante ese período.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, coincide en que la ganadería es una fuente de alimentos e ingresos para millones de poblaciones rurales pobres en el mundo, que coadyuva a erradicar la pobreza y el hambre, además de fomentar la sostenibilidad de la producción ganadera y las cadenas de valor implementando medidas para que el mundo enfrente los embates del cambio climático.
En este sentido, la ganadería es primordial para la seguridad alimentaria y la nutrición de más de 1,000 millones de habitantes del medio rural que representa alrededor del 40 por ciento del valor total de la producción agropecuaria a escala mundial, por lo que la cría de ganado no solo es una actividad tradicional en comunidades rurales, sino también un medio de producir alimentos en tierras en las que no se puede cultivar.
El FIDA, menciona que la ganadería da al mundo diversos alimentos nutritivos y ricos en proteínas, como huevos, carne y leche. Estos alimentos pueden transformarse en diferentes productos, lo que permite tener una alimentación variada y diversificar los ingresos de las y los productores y de las familias que se dedican a alguna actividad pecuaria.
La diversificación de la actividad ganadera también abarca a la producción de cuero, pieles y fibras, como la lana, el mohair y la cachemira, a su vez, las abejas no solo producen miel, sino que también son importantes polinizadoras; mientas el estiércol aumenta la fertilidad del suelo y puede transformarse en combustible para cocinar usando digestores de biogás. El ganado puede proporcionar tracción animal en las labores agrícolas y transportar personas y mercancía a los mercados.
Se calcula que entre 2012 y 2050 la demanda de carne y leche aumentará un 52 por ciento y 40 por ciento, respectivamente. Dado que muchos hogares rurales pobres se dedican a la ganadería, esta creciente demanda ofrece una oportunidad única para aliviar la pobreza si consiguen acceder a los mercados. Al respecto, en el mundo el 60 por ciento de los hogares rurales de los países de ingreso mediano bajo se basan en la ganadería y 40 por ciento del valor agrícola mundial procede de la ganadería, por ello la importancia de las actividades ganaderas en el mundo.
Por tales motivos, la ganadería en el mundo es altamente valorada, por lo que se le invierten recursos públicos y privados, infraestructura, tecnología y en políticas públicas para su desarrollo y crecimiento, ya que las actividades pecuarias son las más productivas en generación de alimento y también las más antiguas de la humanidad, surgiendo primero como un modo de supervivencia mediante la obtención de productos alimenticios y desarrollándose después como una actividad generadora de diversos beneficios que sirven como fuente de ingresos para las familias.
Solo como ejemplo diversos gobiernos en el mundo le dan la importancia que merece la ganadería en su estructura orgánica en las dependencias de los gobiernos centrales desde su denominación o nombre del Departamento, Secretaría o Ministerio de Estado que se ocupan de la actividad primaria, para mostrar lo anterior se mencionan los siguientes países:
Como se puede observar, enEstados Unidos su Departamento de Estado dedicado al sector primario se denomina Departamento de Agricultura, pero éste cuenta con una instancia dedicada a las actividades de agricultura y ganadería, un similar a una subsecretaría.
Mientras que en Centroamérica cinco países tienen en su denominación de los Ministerios de Estado dedicados al sector primario a la ganadería como un tema prioritario, mientras que en Nicaragua y Panamá sus Ministerios se denominan de Desarrollo Agro pecuario, por lo que las actividades ganaderas también son prioridad en las agendas de Estado.
En tanto que encinco países de importancia en Sudamérica sus Ministerios de Estado dedicados a las actividades del sector primario, tienen en su denominación a la ganadería, lo que muestra su importancia en las políticas públicas y agenda de Estado; mientras que en Chile su Ministerio de Agricultura, cuenta con una instancia llamada Servicio Agrícola y Ganadero, siendo un similar de subsecretaría.
LaIndia es el país de Asia más importante en la ganadería, siendo el mayor productor de leche del mundo y tiene la mayor cantidad de ganado vacuno y, por ello, también en la denominación de su Ministerio tiene a la Ganadería como un pilar que se ve reflejado en las políticas de Estado. China es otro país de importancia ganadera con una producción de 101.5 millones de cabezas de ganado, donde su Ministerio dedicado al sector primario se denomina de Agricultura y Asuntos Rurales, contando con una Oficina de Ganadería y Servicios Veterinarios, siendo un similar de subsecretaría.
Por estos motivos se puede observar que la ganadería tiene un alto valor e importancia en la estructura y denominación de las secretarías o ministerios dedicados al sector primario que se traducen en políticas de Estado de los países mencionados, entre los que destacan Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, Nicaragua, India y Uruguay, principalmente. Si bien hay diferencias geográficas y económicas, se mantienen coincidencias en dar importancia a las actividades ganaderas que crían, cuidan y dirigen de manera ordenada y responsable la reproducción de animales bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, además de abejas y pequeñas especies como pavos, gallinas y conejos para producir alimentos y productos en beneficio de las familias.
Cabe señalar que la India cuenta con 307.5 millones de cabezas de bovinos, Brasil tiene una población de 194.3 millones de cabezas de ganado y China tiene 101.5 millones, concentrando en estos tres países el 64 por ciento de la población ganadera mundial.
En México la ganadería es una actividad productiva, económica, social y familiar del sector primario y que tiene como objetivo contribuir a generar seguridad y autosuficiencia alimentaria. La importancia estratégica de cada actividad pecuaria radica en impulsar una ganadería sustentable, productiva y competitiva, para ello se desarrolla en 110 millones de hectáreas, es decir, más del 56 por ciento del territorio nacional.
Su valor de producción de acuerdo a datos de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es de 950 mil millones de pesos, lo cual representa el 3 por ciento del PIB Nacional, contribuyendo a producir seguridad y autosuficiencia alimentaria en el país, entre el 80 y el 86 por ciento, respectivamente.
Lo anterior, contando con 1.2 millones de productores nacionales que se conforman por especie de la siguiente manera:
Esto deja anualmente un valor de exportaciones de 3,800 millones de dólares, donde la exportación de ganado en pie es de 1.3 millones de cabezas de ganado, ubicando a México como el 7° lugar en la producción de proteína animal en el mundo.
Al respecto, la producción en México de proteína animal se distribuye de la siguiente manera:
Pese a la importancia y aporte de las actividades ganaderas al PIB Nacional que genera empleos directos e indirectos y dan seguridad alimentaria a las y los mexicanos, el Ejecutivo federal en 2018 decidió que la Secretaría del Ramo, fuera denominada Agricultura y Desarrollo Rural, esto con la finalidad de dirigir sus esfuerzos de política pública, programas y presupuesto a las pequeñas comunidades agrícolas, ganaderas, pesqueras, etcétera, teniendo una Subsecretaría llamada de Autosuficiencia Alimentaria y una Coordinación General de Ganadería. En el actual sexenio se continuó con la misma denominación en la Secretaría, solo que se le cambió el nombre a la Subsecretaría, llamándola de Agricultura y Desarrollo Rural y continuando con una Coordinación General de Ganadería.
En este sentido, considero que es necesario mencionar que la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en 1955, cuando se llamaba Secretaría de Agricultura y Ganadería, contaba con unaSubsecretaría de Ganadería, la cual desapareció en 1964, pero en 1967, con la misma denominación en la Secretaría, se volvió a crearla Subsecretaría de Ganadería; en 1986, la Secretaría cambió de denominación y se llamó de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Subsecretaría de Ganadería fue llamadaSubsecretaría de Desarrollo y Fomento Agro pecuario , aunque ya no fue solo de ganadería, el sector pecuario seguía siendo fundamental para contar con una Subsecretaría; tan fue así que en 1991, con el mismo nombre de Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos volvió laSubsecretaría de Ganadería; en 1994, la Secretaría cambia de nombre denominándose Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y laSubsecretaría de Ganadería se llamó de Agricultura y Ganadería, la cual desapareció en el sexenio de Vicente Fox.
Como se puede ver en la anterior cronología, la ganadería ha sido parte fundamental en la historia, estructura y políticas de Estado de la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en las Subsecretarías en diversos sexenios. Este rasgo de importancia aún se conserva en 12 entidades federativas de nuestro país donde la ganadería tiene un nivel de importancia tanto en Secretaría como en Subsecretaría.
Los argumentos anteriores, sostienen que la ganadería de México debe contar con una dependencia pública de segundo nivel especializada en el Ramo para las tareas administrativas, técnicas y de coordinación con el Secretario (Sader) y otras Secretarías, organismos gubernamentales nacionales, internacionales y actores pecuarios de nuestro país con un nivel de Subsecretaría.
Para ello, se propone que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en siglas Sader, sea la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en siglas SAGDER, de esto se derivará que a través de la colaboración entre los poderes plasmada en los artículos transitorios se establezca la Subsecretaría de Ganadería.
Para ello, se establece en el artículo segundo transitorio de esta iniciativa un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de conformidad con el mismo, para que la Secretaría cree e incluya en su estructura orgánica la Subsecretaría de Ganadería con sus correspondientes facultades, obligaciones y competencias.
En el Tercero transitorio se establece que la Coordinación General de Ganadería y sus Direcciones Generales pasarán a formar parte de la Subsecretaría de Ganadería.
En el Cuarto Transitorio se establece que, para el funcionamiento y operación de la Subsecretaría de Ganadería, se contará inicialmente con los recursos humanos, financieros y materiales que corresponden a la Coordinación General de Ganadería y a las Direcciones Generales de sustentabilidad de tierras de uso ganadero y de repoblamiento ganadero.
Asimismo, en el Quinto Transitorio, se señala que se deberá reformar y adicionar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones normativas internas que correspondan para homologarlas y armonizarlas con el decreto.
La creación de la instancia propuesta permitirá que la Subsecretaría de Ganadería se coordine y coadyuve con el titular de la Secretaría y que participe con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales, presupuestales y financieros necesarios para el fomento de la producción ganadera, tal y como lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De esta manera con el cambio de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y con la creación de la Subsecretaría de Ganadería, el Desarrollo Rural tendrá un desarrollo más sostenido, además servirá para:
• Fortalecer las actividades ganaderas;
• Incrementar el presupuesto anualmente;
• Crear política pública y programas federales específicos para la ganadería;
• Contribuir al desarrollo económico, social y alimentario;
• Fortalecer la sanidad y la inocuidad;
• Contribuir productivamente para generar seguridad y autosuficiencia alimentaria;
• Disminuir la dependencia de las importaciones ganaderas; y
• Consolidar una ganadería nacional productiva, rentable, sustentable, con bienestar y de calidad.
Asimismo, será un beneficio para:
• Promover la sustentabilidad, el bienestar y la diversificación de las actividades ganaderas;
• Generar un canal de comunicación con mayor capacidad legal y jerarquía administrativa que se coordiné con el secretario para proponer programas, política pública, presupuesto y subsidios focalizados al sector ganadero;
• Coordinarse con dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno, organizaciones de productoras y productores e industriales del sector ganadero;
• Proponer, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y acciones que mejoren la ejecución de los programas, objetivos, metas y acciones dirigidas al sector ganadero;
• Promover, difundir y ejecutar los programas y campañas de difusión en favor de las actividades ganaderas, así como la producción y consumo de alimentos de origen pecuario;
• Ascender en el ranking mundial de la producción de proteína animal;
• Impulsar una política pública focalizada en materia ganadera;
• Incrementar la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaría; y
• Beneficiar directamente a 1.2 millones de productores:
En este sentido, con base al análisis del PEF 2025, no existe un impacto presupuestal que se identifique, debido a que la iniciativa con proyecto de decreto referida solamente está reorganizando operativamente los recursos humanos, financieros y materiales que corresponden a la Coordinación General de Ganadería y a sus Direcciones Generales de sustentabilidad de tierras de uso ganadero y de repoblamiento ganadero para dirigirlos a la Subsecretaría de Ganadería.
Desde el Partido Verde y como representante de las y los ganaderos de México, mi compromiso es que la Ganadería sea sustentable, con bienestar, con sanidad, incluyente, productiva y sobre todo que cuente con áreas gubernamentales que representen a las y los ganaderos, permitiendo dar mayor alcance de decisión y participación en la generación de políticas públicas, presupuestos, programas y colaboración en los tres órdenes de gobierno.
Por lo expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Único. Se reforman los artículos 26, fracción XI; 35, párrafo primero, fracción XVIII, además de adicionarle a éste un segundo párrafo, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 26.- ...
I. a X. ...
XI. Secretaría de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural;
XII al XXII. ...
Artículo 35.- A la Secretaría de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XVII. ...
XVIII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales , presupuestales y financieros necesarios para el fomento de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera, así como evaluar sus resultados.
Para los efectos del párrafo anterior la Secretaría contará con las Subsecretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y, de Ganadería;
XIX. a XXVI. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de conformidad con el mismo, la Secretaría deberá crear e incluir en su estructura orgánica la Subsecretaría de Ganadería con sus correspondientes facultades, obligaciones y competencias.
Tercero. La Coordinación General de Ganadería y sus Direcciones Generales pasarán a formar parte de la Subsecretaría de Ganadería.
Cuarto. Para el funcionamiento y operación de la Subsecretaría de Ganadería, se contará inicialmente con los recursos humanos, financieros y materiales que corresponden a la Coordinación General de Ganadería y a las Direcciones Generales de sustentabilidad de tierras de uso ganadero y de repoblamiento ganadero.
Quinto. La Secretaría deberá reformar y adicionar el Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones normativas internas que le correspondan para homologarlas y armonizarlas al presente decreto.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Ricardo Gallardo Juárez, Luis Agustín Rodríguez Torres, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, Azucena Huerta Romero, Celia Esther Fonseca Galicia, César Augusto Verástegui Ostos, Iván Marín Rangel, José Luis Fernández Martínez, José Luis Téllez Marín, Juan Antonio Meléndez Ortega, Luis Agustín Rodríguez Torres, Mayra Espino Suárez, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rosario Guzmán Avilés, María Graciela Gaitán Díaz, Oscar Bautista Villegas (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.
Diputado Meléndez, adelante.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicitarle al proponente que si me permite adherir a su iniciativa. Sabemos de la problemática real que persiste en este momento en nuestro país en el sector ganadero. Esperemos que a través precisamente de esta comisión podamos trabajar en beneficio de este, que es un sector muy importante para todo el país, pero particularmente al estado de Chihuahua. Así que, si nos permite suscribir la misma, para a través de esa comisión también ver la forma de buscar programas del gobierno federal en apoyo a los ganaderos de nuestro país. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Sí, el proponente ha aceptado. Las y los legisladores que deseen hacer lo propio estará en la Secretaría la iniciativa correspondiente.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 293 Bis al Código Penal Federal, en materia de incremento de las penas causadas por violencia contra las mujeres víctimas de ácido o sustancia corrosiva. Adelante, diputado Leoncio.
El diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez:Gracias, presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, hoy subo a esta tribuna, con un firme compromiso de garantizar la seguridad, la dignidad y la justicia para las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
México enfrenta una crisis histórica de violencia de género que nos duele, que nos indigna y que ha cobrado infinidad de víctimas. Cada día que pasa sin que actuemos con determinación, es un día más en el que una mujer corre peligro, en el que una vida puede ser marcada para siempre por la brutalidad y la impunidad.
Por eso, hoy planteo ante ustedes un acto de justicia, de ir más allá de la buena intención a los hechos y, por supuesto, de voluntad política de cada una y cada uno de nosotros. Presento ante ustedes una iniciativa para sancionar con todo el peso de la ley un crimen atroz, los ataques con ácido y sustancias corrosivas en contra de las mujeres. Un acto de cobardía absoluta, que busca no solo causar daño físico, sino destruir la identidad, el futuro y la dignidad de las víctimas.
Me pregunto, ¿cómo es posible que, a pesar de la brutalidad de estos ataques, nuestra legislación siga sin tipificarlos como un delito específico? ¿Cómo es posible que los agresores sean juzgados como si hubieran solo causado lesiones, cuando en realidad han condenado a sus víctimas a una vida de sufrimiento? Eso se tiene que acabar.
Por eso, la presente reforma que propongo pretende tres cosas fundamentales, que los ataques con ácido y/o sustancias corrosivas sean reconocidos en el Código Penal Federal como un delito autónomo, con penas ejemplares que reflejen la magnitud del daño causado. Que las víctimas tengan acceso real a la reparación integral del daño, incluyendo cirugías reconstructivas y apoyo psicológico. Que cerremos los vacíos legales que hoy permiten que los agresores eludan la justicia y que la pena vaya en aumento, en proporción del daño que han causado.
Esta iniciativa no es una medida aislada, forma parte de un paquete de reformas, motivadas de origen por la regidora de Morena en el ayuntamiento de Colima, Azucena López Legorreta, que estoy impulsando para proteger a las mujeres, a sus hijos e hijas, porque no podemos seguir permitiendo que el ciclo de violencia siga escalando, porque la violencia comienza en casa, con el primer insulto, la primera amenaza, el primer golpe y cuando la autoridad no interviene a tiempo, cuando no protegemos a las víctimas, esa violencia crece, se transforma en feminicidios, en ataques con ácido, en vidas destrozadas.
Por eso, en plena coincidencia con lo que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha planteado, dentro de estas reformas también estoy impulsando una medida fundamental que sea el agresor quien tenga que salir de manera inmediata sin importar si es el propietario del bien, porque ya basta de mujeres obligadas a convivir con su agresor, ya basta de un sistema que protege más a los violentos que a las víctimas, ya basta de discursos sin acciones concretas.
Es el momento de tomar una decisión histórica. No podemos seguir permitiendo que los agresores tengan el camino libre para atacar, para desfigurar, para silenciar a las mujeres y después encontrar impunidad en las lagunas de la ley.
Para quienes aún creen que este no es un problema prioritario, les digo, imaginen que fuera su hija, su hermana, su madre, ¿podrían seguir indiferentes? Esto no es una propuesta más, es una necesidad urgente, porque cada día que postergamos esta reforma, es un día que una mujer más puede ser atacada.
México necesita una legislación firme y una justicia implacable contra los agresores. México necesita que dejemos de fallarle a las mujeres. Por eso hoy, desde esta tribuna, les pido que en su momento votemos sin titubeos.
Por alguna razón la historia y el voto del pueblo nos puso en este lugar. Aprovechemos esta oportunidad, respondamos con hechos a quienes en su momento nos otorgaron su confianza. Digámosle ahora, ahora me toca votar por ti, y con el poder de nuestro voto pongamos fin a tantas historias de terror. Es cuanto.
«Iniciativa que adiciona un artículo 293 Bis al Código Penal Federal, en materia de incremento de las penas causadas por violencia contra las mujeres víctimas de ácido o sustancia corrosiva, a cargo del diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 293 Bis al Código Penal Federal, a fin de incrementar de las penas por violencia contra mujeres víctimas de ácido o sustancia corrosiva, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa violencia de género es una de las problemáticas más graves en México y en el mundo, manifestándose en diversas formas, entre ellas las agresiones con ácido. Estas agresiones tienen consecuencias devastadoras para las víctimas, no solo físicas, sino también psicológicas, sociales y económicas.
En días pasados, el periódico Reforma documentó en su cuenta de Facebook lo sucedido con la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de intento de feminicidio con ácido, quién subió al templete del evento en Mitla, Oaxaca, en el que acababa de hablar la Presidenta Claudia Sheinbaum para protestar con una pancarta contra la liberación de uno de sus agresores.
Denuncia que su agresor, el ex diputado priista Antonio Vera, ya no está hospitalizado tras su excarcelación en diciembre y ahora se encuentra libre.
El Congreso de la Unión tanto en el Senado como en la Diputados han intentado reformar el Código Penal y diversas disposiciones, incluso en la pasada legislatura se aprobó una reforma similar a la que hoy propongo, pero se perdió con el cambio de legislatura, es momento de actuar y no permitir que estos criminales salgan en libertad.
Pese a su gravedad, el marco legal en México carece de mecanismos específicos y eficaces para castigar y prevenir este tipo de crímenes, lo que evidencia una falta de protección integral hacia las mujeres.
Esta iniciativa tiene como propósito reformar el Código Penal para tipificar y sancionar de manera específica las agresiones con ácido, garantizando justicia para las víctimas y enviando un mensaje claro de intolerancia hacia esta forma extrema de violencia de género.
Las agresiones con ácido son actos premeditados y deliberados, cuyo objetivo principal es desfigurar, humillar y deshumanizar a las víctimas.
Según informes de Acid Survivors Trust International, estas agresiones son desproporcionadamente cometidas contra mujeres, con el objetivo de controlar, castigar o “castigar” su autonomía.
En México, aunque no hay estadísticas exhaustivas, organizaciones como Cidem, AC, reportan un incremento en este tipo de ataques, lo que subraya la necesidad de una respuesta legislativa urgente.
Carmen Sánchez, sobreviviente y activista, fue atacada con ácido en 2014. A pesar de la gravedad de las lesiones, enfrentó años de impunidad y retrasos judiciales. Su caso refleja la falta de protocolos adecuados para atender este tipo de violencia.
Declaraciones de otras sobrevivientes han señalado la dificultad para acceder a tratamientos médicos, rehabilitación psicológica y justicia, lo que perpetúa la revictimización.
Un informe de la organización Acid Survivors Foundation India indica que 80 por ciento de las víctimas de ataques con ácido en todo el mundo son mujeres.
En países donde se han implantado reformas específicas, como Colombia (Ley 1773 de 2016), se han registrado avances en la reducción de ataques y un aumento en las condenas.
En México, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, menos de 10 por ciento de los ataques con ácido han resultado en sentencias condenatorias, lo que evidencia una brecha de justicia.
Las agresiones con ácido deben ser reconocidas como una forma extrema de violencia de género debido a su carácter deliberado, las consecuencias irreversibles para las víctimas y su simbolismo como herramienta de control.
El marco actual en México no tipifica específicamente este delito, lo que provoca que los agresores enfrenten sanciones insuficientes o sean procesados por lesiones menores, lo que minimiza la gravedad del acto.
Una reforma que establezca penas más severas para los agresores, junto con medidas de reparación integral, enviará un mensaje claro de intolerancia hacia estos crímenes y sobre todo que no salgan en libertad con facilidad.
Además, incluir medidas preventivas, como la restricción en la venta de ácidos corrosivos y la capacitación a personal médico y judicial, fortalecerá la protección de las mujeres.
Países como India, Reino Unido y Colombia han implementado legislaciones específicas para combatir las agresiones con ácido, logrando una mejora en la atención a las víctimas y la reducción de la incidencia delictiva.
México tiene compromisos internacionales, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que lo obligan a tomar medidas específicas contra todas las formas de violencia de género.
Se propone incorporar al Código Penal un capítulo específico sobre agresiones con ácido, con los siguientes elementos:
• Reconocimiento del ataque con ácido como un delito autónomo.
• Establecimiento de sanciones agravadas, considerando el daño físico y psicológico irreparable.
• Acceso gratuito a cirugías reconstructivas y atención psicológica para las víctimas.
• Revisión y control estricto de la comercialización de sustancias corrosivas para evitar su uso indebido.
Esta reforma no sólo busca garantizar justicia para las víctimas, sino también erradicar una forma brutal de violencia de género que sigue presente en nuestra sociedad. Las agresiones con ácido son una manifestación de misoginia que no debe tener cabida en México.
Es responsabilidad del Estado proteger la dignidad, integridad y vida de las mujeres, implementando un marco normativo que sea proporcional a la gravedad de este delito y que asegure su prevención y sanción efectiva.
Esta iniciativa, basada en datos, testimonios y experiencias internacionales, constituye un paso necesario para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Planteamiento del problema
La violencia de género es un fenómeno profundamente arraigado en la sociedad mexicana, con manifestaciones extremas que van desde el feminicidio hasta ataques premeditados con ácido o sustancias corrosivas. Estos actos, que buscan desfigurar, controlar y humillar a las mujeres, han adquirido una visibilidad creciente debido a la gravedad de sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales.
Sin embargo, el marco legal vigente no contempla sanciones específicas ni proporcionales para quienes cometen estos crímenes, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad e indefensión.
Los ataques con ácido son premeditados y, en su mayoría, cometidos por personas cercanas a la víctima, como parejas, ex parejas o familiares.
En México se han documentado múltiples casos donde las víctimas son desfiguradas de manera intencional, lo que demuestra que este tipo de violencia es un método de control y castigo hacia las mujeres.
Aunque no hay estadísticas nacionales consolidadas, las organizaciones civiles han alertado sobre un aumento en los casos, especialmente en contextos de violencia doméstica y de pareja.
Actualmente, los ataques con ácido no están tipificados como un delito específico en el Código Penal Federal, lo que conlleva que los agresores sean procesados por lesiones, un delito cuya penalidad no refleja la gravedad del daño causado.
La ausencia de una figura jurídica adecuada contribuye a la revictimización de las mujeres, ya que enfrentan obstáculos legales, económicos y sociales para acceder a justicia y rehabilitación.
Las secuelas físicas incluyen desfiguración permanente, pérdida de funciones sensoriales (como la vista) y necesidad de múltiples cirugías reconstructivas. Las víctimas a menudo enfrentan costos médicos exorbitantes, que deben solventar de manera independiente.
Psicológicamente, las sobrevivientes lidian con trastornos como el estrés postraumático, ansiedad, depresión y aislamiento social, lo que dificulta su reintegración a la sociedad.
Socialmente, muchas víctimas son estigmatizadas y discriminadas debido a su apariencia, lo que limita sus oportunidades laborales y económicas.
Países como India y Reino Unido han tipificado los ataques con ácido como delitos específicos, implementando sanciones severas que van desde 10 años hasta cadena perpetua. Estas reformas han logrado un impacto positivo en la reducción de los casos y en el acceso a la justicia para las víctimas.
México se encuentra rezagado en el cumplimiento de estándares internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que exigen medidas concretas para combatir todas las formas de violencia de género.
La inacción legislativa perpetúa un ciclo de violencia, impunidad y desigualdad. Sin una reforma, las mujeres víctimas de ataques con ácido seguirán enfrentando barreras insuperables para obtener justicia y rehabilitación. Además, la falta de sanciones adecuadas contribuye a la normalización de este tipo de violencia, incrementando el riesgo de que más mujeres sean víctimas de ataques similares.
La adición del artículo 293 Bis al Código Penal Federal es una medida urgente y necesaria para combatir una de las manifestaciones más extremas de violencia de género en México.
Esta reforma no sólo brindará justicia a las víctimas, sino que también sentará las bases para la prevención de futuros ataques, enviando un mensaje claro de que el Estado está comprometido con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es momento de actuar con firmeza para proteger a las mujeres y garantizarles un entorno libre de violencia.
La propuesta legislativa
Por todo lo expuesto y fundado me permito proponer el siguiente
DecretoÚnico. Se adiciona el artículo 293 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 293 Bis. Se impondrá una pena de seis a quince años de prisión a quien, de manera directa o indirecta, cause lesiones a otra persona utilizando ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra combinación de agentes químicos que provoquen daños internos, externos o ambos, afectando la integridad física, psicológica o funcional de la víctima.
Cuando las lesiones afecten zonas sensibles como el rostro, cuello, brazos, manos, órganos sexuales, o cualquier parte del cuerpo que comprometa funciones vitales o movilidad, la pena se incrementará en una tercera parte respecto de la sanción base.
En el caso de que el delito sea cometido contra una mujer por razones de género, conforme a los supuestos establecidos en el Código Penal Federal, la pena se duplicará en atención a la gravedad del daño ocasionado.
El personal de salud que atienda casos de lesiones ocasionadas por agentes químicos garantizará la atención de los servicios médicos y recursos para cirugías, así mismo deberá informar de manera inmediata al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.
El Ministerio Público garantizará el reconocimiento de la calidad de víctima, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, para la implementación de medidas de reparación integral del daño, incluido el tratamiento complementario que deba otorgar la Secretaría de Salud tales como las cirugías reconstructivas y el acceso a atención psicológica especializada.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputado Leoncio Alfonso Morán Sánchez (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Luis Enrique García López, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de colusión de servidores públicos con miembros del crimen organizado, suscrita por el diputado José Elías Lixa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Luis Enrique García López:Muchas gracias, diputada presidenta. durante los últimos años en México se implementó una política de abrazos y no balazos, que abordó el combate a la violencia desde las diversas causas que lo originan, pero en lugar de abatir los índices de la delincuencia estos se incrementaron y para muestra el secuestro, la extorsión y el cobro de piso. Y dejaron al descubierto una presunta red de amiguismo, complicidad, impunidad con los partidos políticos y principalmente con Morena.
Recuérdense cómo en el proceso electoral reciente tanto locales como federales en diversas regiones del país hubo influencia de organizaciones delictivas para candidatos que ganaran, fuesen aquellos que les generaran algún tipo de beneficio o bien servidores públicos electos democráticamente que al llegar al cargo pactan con el crimen organizado para que el gobierno les permita llevar a cabo sus actividades delincuenciales o incluso militantes o simpatizantes de partidos políticos que han colaborado en distintas formas con el crimen organizado.
Es lamentable que las actividades delictivas generen un serio impacto en el modelo republicano y democrático de división de Poderes, pues ponen en riesgo los fundamentos que dan soporte al Estado mexicano a través de instituciones y la elección democrática de sus titulares.
Lamentable ha sido que la presión ejercida por los gobiernos extranjeros ha generado un incentivo para que hoy sí el gobierno tenga acciones más contundentes en el combate a la corrupción y al crimen organizado, pero en el gobierno de México no podrá combatirlo mientras se mantengan estas alianzas perversas con capos de la droga.
Es urgente eliminar de raíz esta relación de complicidad de forma inmediata y presentar ante la justicia los autores responsables de esta alianza con el crimen. México no podrá acabar con la violencia mientras exista una clase política que proteja a los delincuentes. Y es claro, compañeros diputados, que no existe crimen organizado fuerte si no es con una clase política que lo protege.
Que servidores públicos se vuelven cómplices de la delincuencia organizada y sus cadenas productivas que generan y exportan narcóticos o que militantes simpatizantes de partidos políticos coadyuven con el crimen organizado es atentar contra el Estado de derecho. Y, por lo tanto, presento la siguiente iniciativa que tiene como propósito estos cuatro puntos:
Primero establecer la imprescriptibilidad y la pena más alta de 80 a 140 años a quienes cometan estos delitos, en términos prácticos es una pena que resulta como cadena perpetua y es equiparable a la establecida por el delito de secuestro.
Aplicar dicha pena a miembros del crimen organizado que atenten contra las instituciones democráticas, mediante cualquier acto que busque influir en la toma de decisiones de los poderes públicos o pretenda incidir en los resultados de una elección popular.
Imponer esta pena a los titulares del Ejecutivo federal o estatal, de las secretarías federales o estatales, de Fiscalía General de la República, de las fiscalías locales, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad que participen o colaboren con los integrantes del crimen organizado.
Investigar y sancionar la conducta tipificada como delito de colusión, de acuerdo con lo que establece la presente iniciativa y en los términos que ya yacen en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los casos previstos en el primer párrafo de este artículo 2.
Mientras los ciudadanos exigen seguridad, justicia y desarrollo, algunos servidores públicos trabajan para proteger intereses del crimen organizado. Desde Acción Nacional impulsamos esta reforma, para que cualquier político coludido con el crimen sea castigado con prisión, sea inhabilitado y pierda su cargo de manera inmediata. En el Partido Acción Nacional tenemos una plena convicción de que para que exista un verdadero Estado de derecho resulta indispensable generar condiciones que permitan ejercer legítimamente el uso de la fuerza en el combate contra el crimen.
Compañeros diputados, la soberanía no sólo se pierde cuando se amenaza a un gobierno desde el extranjero, también se debilita cuando el crimen dicta quién y cómo gobiernan zonas del país. País en donde los carteles tienen mayor control que las propias instituciones no es un país soberano. La seguridad nacional debe incluir la lucha frontal contra la narcopolítica y la corrupción gubernamental.
Morena y su gobierno han normalizado la presencia del crimen en política, permitiendo que candidatos sean impuestos por carteles, que campañas sean financiadas con dinero ilícito y territorios completos que están entregados a la delincuencia. No se puede hablar de democracia mientras el crimen siga decidiendo quién y cómo se gobierna. México enfrenta una crisis de violencia sin precedentes y Morena ha sido cómplice de su iniciación.
Desde Acción Nacional impulsamos estas iniciativas porque creemos en un país en donde las víctimas sean escuchadas, los criminales y los políticos corruptos llevados ante la justicia. No más complicidad, no más simulaciones. México merece seguridad, justicia y verdad. Pena máxima a todos los narcopolíticos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Ciudadana, para su dictamen.
LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes.
La diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez:Gracias, diputada presidenta. Con su venia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante.
La diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez: Saludo con agrado a las y a los mexicanos que nos siguen en esta sesión y, en especial, al pueblo hñahñu, del Valle del Mezquital. Y desde esta tribuna presento una iniciativa que busca actualizar y mejorar nuestro marco normativo, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica, eficiencia administrativa y beneficios económicos, tanto para la ciudadanía como para los gobiernos locales.
Esta reforma propone modificar el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para establecer con claridad que las entidades federativas podrán legislar en materia de licencias de conducir permanentes, garantizando así sus derechos a decidir si implementan ese esquema, de acuerdo con sus conceptos y necesidades locales.
Hoy en día la ley establece la facultad de los gobiernos estatales para expedir licencias de conducir, pero no menciona expresamente la posibilidad de que estas sean de carácter permanente. Algunas legislaturas estatales ya han aprobado licencias permanentes, pero sin un respaldo claro dentro del marco federal.
Esta iniciativa no impone una adopción, sino que habilita de manera explicita a los Congresos locales para que tengan la libertad de legislar en ese sentido, respetando los principios del federalismo y la autonomía estatal. Esta reforma tiene un impacto positivo en tres niveles fundamentales: en la vida de la ciudadanía, en la administración pública y en la economía de los estados.
Para millones de personas la expedición de licencias permanentes representa un ahorro significativo de tiempo y dinero. Actualmente, deben renovar su licencia cada cierto periodo, lo que implica gastos recurrentes y trámites burocráticos innecesarios.
Desde una perspectiva administrativa, la emisión de licencias permanentes optimiza el uso de los recursos públicos, permitiendo que las dependencias estatales de movilidad concentren esfuerzos en áreas más prioritarias, como la seguridad vial y la modernización del transporte.
En términos económicos, esta reforma también representa una oportunidad de fortalecimiento financiero para los estados. La expedición de licencias permanentes no implica una pérdida de ingresos, sino una reconfiguración en la forma en que se recaudan. Es importante subrayar que esta reforma no elimina los requisitos para la obtención de licencias de conducir.
Diputadas y diputados, considero que debemos avanzar hacia un modelo más eficiente y accesible, que ponga en el centro a la ciudadanía y garantice un sistema de movilidad más claro y ordenado. Legislar no solo implica generar nuevas leyes, sino actualizar y mejorar las que ya existen para que respondan a las necesidades actuales del pueblo.
Esta iniciativa está alineada con los principios de esta cuarta transformación, que es eliminar la burocracia innecesaria, facilitar la vida de la gente y garantizar que las decisiones se tomen con un enfoque de justicia y equidad. Es cuanto. Gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes, a cargo de la diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosPrimero: Que las leyes generales tienen la capacidad de influir de manera legítima en todas las esferas legales que conforman el Estado Mexicano. Estas leyes se derivan de disposiciones constitucionales que requieren al Congreso de la Unión su promulgación, de modo que una vez difundidas, deben ser cumplidas por las autoridades federales, locales, de la Ciudad de México y municipales.
En este sentido, el 17 de mayo de 2022 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Esta ley contempla en el primer párrafo del artículo 51 que “la Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso. Asimismo, podrán establecer que las licencias no tengan una vigencia mayor a cinco años de forma general y de dos años en el caso de licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos para actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte escolar”.
Segundo: De acuerdo con la Tesis P./ J. 5/2010:
Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.
En ese sentido, algunas entidades federativas en México, como Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, ya han legislado en favor de las licencias de conducir permanentes, reconociendo sus beneficios económicos y administrativos para la ciudadanía. Sin embargo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no contempla esta opción de manera explícita, generando incertidumbre jurídica. La presente iniciativa busca actualizar el marco normativo federal para dar cabida a esta figura, respetando la autonomía de las entidades para decidir su implementación.
Tercero: Que la propuesta de reforma al artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial respeta plenamente el federalismo y la autonomía de las entidades federativas. Este principio rector reconoce que cada estado enfrenta realidades y necesidades particulares en el ámbito de la movilidad y el transporte. Por ello, esta iniciativa no busca imponer la obligatoriedad de adoptar licencias de conducir permanentes, sino simplemente habilitar la posibilidad de que los Estados, en ejercicio de su soberanía legislativa, determinen si estas son viables y adecuadas en su contexto específico.
Al incorporar esta disposición en la legislación federal, se crea un marco jurídico que legaliza y da soporte a las decisiones que los congresos locales puedan tomar en este sentido. Así, las legislaturas estatales tendrán la capacidad de legislar de acuerdo con sus prioridades y recursos, respetando las particularidades de cada región, ya sea en zonas urbanas densamente pobladas o en áreas rurales donde las dinámicas de movilidad son distintas.
La iniciativa, si bien es a una ley general, no interfiere en las decisiones locales, manteniendo el espíritu de colaboración entre los distintos niveles de gobierno. En este sentido, se reafirma el compromiso con un modelo de gobernanza descentralizado que reconoce la pluralidad y diversidad de México, respetando siempre el derecho de los estados a decidir cómo abordar y regular la expedición de licencias de conducir dentro de su territorio.
Además, este enfoque permite que las entidades que ya han implementado esquemas de licencias permanentes puedan hacerlo con plena certeza jurídica y que aquellas que decidan avanzar hacia este modelo lo hagan con un marco normativo claro y armonizado con la legislación federal. Este respeto al federalismo no solo fortalece la autonomía estatal, sino que también refuerza los mecanismos democráticos y de participación ciudadana en la toma de decisiones.
Cabe hacer mención, que la expedición de licencias de conducir permanentes no implica que estas no sean sujetas a pruebas o medidas previas para su obtención, tales como exámenes teóricos y/o prácticos, historiales positivos de cultura vial e incluso pruebas médicas.
Cuarto: Que en la parte administrativa; la expedición de licencias de conducir permanentes representa un avance hacia un sistema más eficiente al simplificar significativamente los trámites recurrentes. En el modelo actual, millones de personas deben renovar periódicamente sus licencias, lo que implica enfrentar procesos burocráticos que consumen tiempo, generan costos repetidos y saturan las oficinas gubernamentales encargadas de su expedición.
Implementar licencias permanentes elimina la necesidad de renovar documentos de forma continua, reduciendo los desplazamientos constantes a los centros de atención. Este beneficio es especialmente relevante para personas que viven en comunidades rurales, quienes a menudo deben recorrer largas distancias para realizar este trámite, con el consecuente gasto económico y pérdida de tiempo. De igual manera, representa una ventaja crucial para personas con movilidad limitada, quienes enfrentan barreras adicionales al cumplir con estos procedimientos.
Además, un esquema de licencias permanentes es atractivo para las y los contribuyentes, quienes estarían más dispuestos a cubrir un monto único si esto garantiza la eliminación de trámites recurrentes y costos asociados a lo largo del tiempo. Esta percepción positiva puede traducirse en una mayor tasa de cumplimiento y un incremento en la formalización del registro de conductores, lo que también fortalece la base de datos estatal para la planificación y gestión de políticas de movilidad.
Quinto: Que, en términos económicos, esta medida supone un ahorro significativo a largo plazo para las y los ciudadanos. En lugar de asumir costos de renovación cada determinado periodo, las personas únicamente cubrirían el costo inicial al tramitar la licencia, eliminando gastos recurrentes que pueden representar una carga económica, especialmente para sectores de menores ingresos.
Además, la descongestión de los trámites administrativos permitirá a las autoridades destinar mayores recursos y esfuerzos a otros servicios esenciales relacionados con la movilidad y la seguridad vial, optimizando así el funcionamiento del sistema en general.
La implementación de licencias de conducir permanentes no solo representa una medida de eficiencia administrativa, sino también una oportunidad para fortalecer las finanzas públicas. Al establecer un esquema de licencias permanentes, las entidades federativas pueden generar ingresos significativos a través de un cobro único inicial, el cual puede ser diseñado estratégicamente para cubrir costos administrativos, tecnológicos y operativos, así como para proporcionar un margen de recaudación que contribuya al presupuesto estatal.
Este ingreso único, aplicado al momento de la expedición de la licencia, tiene el potencial de ser mayor que los montos recaudados mediante renovaciones periódicas, debido a la certeza que ofrece al usuario al no requerir renovaciones futuras. Los recursos recaudados pueden destinarse a programas clave de movilidad y seguridad vial, como el mantenimiento de infraestructura, campañas de educación vial o la modernización de sistemas tecnológicos que permitan un mejor monitoreo del cumplimiento de las normativas de tránsito.
En resumen, la propuesta no solo aligera las cargas administrativas para los gobiernos, sino que también pone a las y los ciudadanos al centro de la política pública, mejorando su calidad de vida mediante la eliminación de procesos repetitivos y costos innecesarios. Es una apuesta por la eficiencia, la accesibilidad y la equidad.
Por todo lo expuesto, para tener un mejor panorama de la reforma que se propone, se acompaña el siguiente cuadro comparativo:
Por todo lo expuesto y fundado, la suscrita legisladora propone a esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en materia de licencias para conducir permanentes
Artículo Único: Se reforma el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para quedar como sigue:
Artículo 51. De la acreditación y obtención de licencias y permisos de conducir.
La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o renovación de la licencia o permiso. Asimismo, podrán establecer que las licencias sean permanentes o en su caso que tengan una vigencia no mayor a cinco años de forma general y de dos años en el caso de licencias para la conducción de vehículos de emergencia, incluyendo aquellos para actividades de atención médica o policiaca y vehículos de transporte escolar.
...
...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.
Notas
1 Revisar
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV. pdf
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: P./J. 5/2010. Registro digital: 165224. Novena Época. Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2322. En
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165224
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputada Eunice Abigail Mendoza Ramírez (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Movilidad, para dictamen.
SE DEROGA LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE AGUAS
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la Ley de Aguas Nacionales y expide la Ley General de Aguas. Adelante, diputado.
El diputado Óscar Bautista Villegas:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Adelante, diputado.
El diputado Óscar Bautista Villegas: Compañeras y compañeros diputados, yo creo que una de las tareas más fundamentales que hoy tiene esta honorable Cámara de Diputados, es reformar, elaborar leyes que nos permitan la sana convivencia entre las y los mexicanos.
Esta tarde, a nombre de su servidor, como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, del estado de San Luis Potosí, y les envío un saludo a las y los potosinos, a mi querido Rioverde, que es la cabecera de este distrito, presentamos una iniciativa de Ley General de Aguas.
Nos encontramos ante un tema urgente y de vital bienestar de nuestra propia nación, el manejo sustentable del agua. Esta iniciativa de Ley General de Aguas, responde a una crisis hídrica que atraviesa todo nuestro país, donde la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la inequidad en el acceso de recursos exige una transformación profunda en nuestra propia legislación y en las propias políticas públicas de este gobierno.
El agua no es solo un recurso natural, es un derecho humano fundamental que garantiza el acceso a una vida digna, a un ambiente sano, a la salud y desarrollo.
Esta ley tiene como propósito asegurar que todos los mexicanos, sin distinción alguna, puedan acceder al agua potable y al saneamiento en condiciones de equidad y suficiencia. Este es el primer gran principio que recoge la iniciativa. El agua como un derecho humano.
La ley que hoy me permito presentar se estructura en 14 títulos. Aborda de manera integral el ciclo del agua, desde su gestión hasta su propia protección. En primer lugar, se establece un marco normativo claro que prioriza el uso doméstico y el personal del agua, garantizando que la población no se vea afectada por la falta de acceso de este recurso. Además, se pone un énfasis especial en la protección de los ecosistemas generadores de agua, reconociendo que la conservación de estos ecosistemas es esencial para asegurar la disponibilidad del agua en el futuro.
Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es el enfoque de gobernanza participativa. Los tres niveles de gobierno deben coordinarse para lograr una gestión eficiente y se debe reconocer la participación activa de las comunidades indígenas, agrarias y de la propia sociedad civil en la toma de estas decisiones. Es necesario que las políticas hídricas se construyan desde una perspectiva local, incorporando el conocimiento de quienes están directamente relacionados con este recurso.
En cuanto a la protección del agua, se fortalecen los mecanismos de fiscalización e inspección para garantizar que no haya más contaminación ni sobreexplotación. Se establece un régimen de sanciones claro y contundente para aquellos que hagan uso irresponsable del agua, incluyendo multas y, en casos graves, responsabilidad penal.
Además, la ley plantea la creación de tribunales especializados en agua, lo que permitirá resolver conflictos y sancionar las infracciones de manera más eficiente. Otro elemento central es la creación de una infraestructura hídrica adecuada que promueva la captación de aguas pluviales, la recarga de acuíferos y el tratamiento de aguas residuales. Para ello, se incluyen mecanismos de financiamiento que involucran tanto al sector público como al privado, así como a la sociedad civil. Es indispensable que estos recursos se destinen a garantizar el acceso al agua de manera equitativa y sustentable.
Por último, y no menos importante, esta ley se orienta hacia un futuro resiliente frente al cambio climático. Promueve la implementación de estrategias que mitiguen los efectos del estrés hídrico y fomenta la adaptación de las nuevas condiciones climáticas mediante una gestión integrada del agua.
En resumen, la iniciativa de Ley General de Aguas es un paso fundamental hacia la sostenibilidad del recurso hídrico en México, no solo regula su uso, sino que promueve una cultura de conservación, participación y equidad. Garantizar el acceso al agua es garantizar el derecho a la vida misma, por ello es imperativo que todos los aquí presentes respaldemos esta ley que no solo responde a un problema actual, sino que prevé un futuro con agua para todos.
Esta tarde yo quiero invitar a mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias que vayamos por esta reforma, que le dé sustentabilidad a la producción agrícola, que le dé sustentabilidad a la iniciativa privada con el tema de la generación de empleos, pero además que le demos seguridad a las y los mexicanos para que en cada hogar tengamos este vital líquido que sin él no hay vida.
Hoy, tenemos esta gran responsabilidad todos los diputados y diputadas, en esta iniciativa contemplamos regularizar las concesiones para la extracción de agua para uso de regadío, que los productores rurales sigan produciendo los alimentos que van a la mesa de las y los mexicanos, pero que tengan seguridad, que tengan certidumbre y que además esta honorable legislatura dé un paso muy importante en esta nueva Ley de Aguas para las y los mexicanos, vamos a buscar en esta ley la conciliación entre las tres instancias gubernamentales para implementar los nuevos sistemas de riego que nos permita el ahorro en el gasto de agua y también de la energía.
Vamos a... en esta iniciativa nos hemos permitido proponer varias acciones para la cosecha de agua, en tiempo de lluvia no tenemos acciones a corto, mediano y largo plazo, por eso esta tarde a nombre del Partido Verde Ecologista de México, a nombre de su servidor Óscar Bautista Villegas, espero contar con todo su apoyo para darle la sustentabilidad a las y los mexicanos para que este vital líquido, agua, llegue a todos los hogares y que podamos seguir teniendo la producción agrícola, pecuaria, avícola, ganadera a lo largo y ancho de este país.
Es cuanto, presidenta, y muchas gracias por el apoyo que le podamos dar a esta gran iniciativa por el bien de México, por el bien de las mexicanas. Es cuanto. Quien guste adherirse a esta propuesta, aquí va a estar en la Mesa. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Gracias.
A solicitud de la diputada vicepresidenta Pinete, que quiere adherirse, ha dicho el diputado proponente que está de acuerdo. Así es que las y los legisladoras que deseen hacer lo propio con esta iniciativa está en la Secretaría.
SE EXPIDE LA LEY DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO, FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra ahora el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Empresa Productiva del Estado, Fertilizantes para el Bienestar, para recuperar la soberanía en la producción y suministro de estos insumos. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández:Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Ánimo raza. Con el permiso de la Mesa Directiva. Con el permiso del pueblo de México. “Quien abona bien su tierra trabaja menos, tiene tierra para más tiempo y gana más”. José Martí.
La presente gestión del gobierno federal anuncia que aumentará la producción de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos. Precisa que para este propósito están rescatándose las plantas productoras de estos recursos, gracias a la rehabilitación de varios complejos petroquímicos.
Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en noviembre del año pasado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar anunció lo anterior, al argumentar que se fomentarán proyectos mixtos. Estos, dijo, se realizarán sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como el proyecto de generación de nueva energía.
En el mismo evento, el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla anunció que como parte de la instrucción presidencial y del programa de energía, habrá de incrementarse la producción de amoniaco y anhídrido carbónico para la elaboración de fertilizantes y alcanzar así una producción anual de 2.2 millones de toneladas de estos insumos, cuyo objetivo es parte de una cadena de suministro a campesinos de bajos recursos.
El programa Fertilizantes para el Bienestar, vigente en la gestión anterior de la administración pública federal, cuyo objetivo estuvo en contribuir a la producción de alimentos, consistió en la entrega de estos insumos de forma gratuita a productoras y productores de pequeña escala de cultivos prioritarios en zonas de atención estratégica.
Fertilizantes para el Bienestar, que durante el sexenio anterior funcionó junto a los programas Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Bienpesca y Precios de Garantía. Formó parte de la estrategia integral del gobierno, para enfrentar la inflación y alcanzar la autosuficiencia alimentaria y el bienestar de las familias campesinas e indígenas.
El programa cuya ampliación inició en 2019 a nivel regional hasta alcanzar cobertura nacional en el 2023, obedeció a la falta de políticas y programas gubernamentales que revalorarán la agricultura campesina y aumentarán el nivel del bienestar de los hogares, para de esta manera satisfacer las necesidades básicas de alimentación.
Entre otros sustentos de este programa, está el fundamento de que el campo en su conjunto ha sido víctima de abandono por parte de las autoridades que administraron el país en los gobiernos neoliberales, lo que redundó en un menoscabo importante, tanto en la producción agroforestal como en el nivel de vida de la población rural.
Así, el programa cuya esencia estuvo en revertir la situación de desigualdad social, buscó favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar para todas y todos, de manera prioritaria de aquellos habitantes de zonas y poblaciones, con mayores índices de pobreza y rezago social.
El Estado mexicano creó a fines de la década de 1970 la empresa Fertilizantes Mexicanos, cuya función estuvo en producir, distribuir, comercializar a costo rentable estos insumos para el abasto de los productores agrícolas.
Para efectos funcionales, el organismo denominado Fertimex operó con una política de precios oficiales que incentivó la productividad y competitividad en el campo. El esquema bajo el cual funcionó la industria mexicana de fertilizantes estuvo vigente hasta 1992, cuando ocurrió la desincorporación de la empresa pública por cuya disposición oficial los activos físicos que conformaban su estructura, pasaron a manos del sector privado al ser adquiridos por inversionistas nacionales y extranjeros.
Así, la empresa estatal fue fragmentada en 13 unidades productoras y adquirida por siete grupos empresariales, tras lo cual la industria nacional perdió el protagonismo que le caracterizó al dársele entrada a las importaciones de fertilizantes bajo esquemas de asociación, en algunos casos y, en otros, a través de compras directas al extranjero para su distribución y comercialización en el mercado interno.
Las condiciones de fertilidad, imperantes en los suelos, en las superficies cultivadas en el territorio nacional requieren necesariamente del uso de fertilizantes, lo cual convierte a estos insumos en un recurso básico y fundamental para la productividad de los sistemas agrícolas predominantes en nuestra geografía, según lo aseverado en el documento titulado Fertilizantes, elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Cámara de Diputados.
El mismo documento argumenta que el mercado actual de fertilizantes en México, opera prácticamente sin regulaciones de precio y de calidad. Por esta razón, importadores, fabricantes y distribuidores son los que determinan los precios que rigen en el mercado, los cuales le permiten altos márgenes de ganancia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha precisado, por otro lado, que un mundo que afronta cada vez mayores amenazas demanda que actuemos sin demora a fin de salvaguardar la vida, transformar nuestros sistemas agroalimentarios para preparar nuestro planeta para el futuro y asegurar resultados sostenibles.
La FAO se guía por un marco estratégico vigente desde el año 2022 y hasta el 2031, el cual articula la visión de un mundo sostenible para todos. Un mundo en el que todas las personas gocen de seguridad alimentaria en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esta medida busca respaldar la Agenda 2030 mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás.
La autosuficiencia alimentaria como objetivo primario de desarrollo debe sustentarse en la producción, tanto como en la generación de insumos y demás componentes necesarios para su propósito, de suerte tal que esto lleve a atender las necesidades de la población en su conjunto.
Es así que la presente iniciativa propone se expida la ley que crea la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, una medida legal para recuperar así la soberanía en la producción y el suministro de estos insumos.
Los convoco pues, compañeros, diputadas y diputados, a que aprobemos medidas de apoyo al campo y nos saquemos un 10. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Por su atención y apoyo a la presente iniciativa, gracias. Y ánimo y ánimo. Y los invitamos de nueva cuenta a sacarnos ese 10. Es cuanto, presidenta. Ánimo.
«Iniciativa que expide la Ley de la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, para recuperar así la soberanía en la producción y suministro de estos insumos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, para recuperar así la soberanía en la producción y el suministro de estos insumos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa presente gestión de gobierno federal anunció que aumentará la producción de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos. Ello, al precisar que para este propósito están rescatándose las plantas productoras de estos recursos, gracias a la rehabilitación de varios complejos petroquímicos.
Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en noviembre del año pasado, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, anunció lo anterior al argumentar que se fomentarán “proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía”.
El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, anunció que, como parte de la instrucción presidencial y del programa de energía, habrá de incrementarse la producción de amoniaco y anhídrido carbónico para la elaboración de fertilizantes y alcanzar así una producción anual de 2.2 millones de toneladas de estos insumos; cuyo objetivo es parte de una cadena de suministro a campesinos de bajos recursos.
El Programa Fertilizantes para el Bienestar, vigente en la gestión anterior de la administración pública federal, cuyo objetivo estuvo en contribuir a la producción de alimentos, consistió en la entrega de estos insumos de forma gratuita a productoras y productores de pequeña escala de cultivos prioritarios en zonas de atención estratégica.
Fertilizantes para el Bienestar, que durante los años del sexenio anterior funcionó junto a los Programas: Producción para el Bienestar, Sembrando Vida, Bienpesca y Precios de Garantía; fue parte “de la estrategia integral del Gobierno de México para enfrentar la inflación y alcanzar la autosuficiencia alimentaria y el bienestar de las familias campesinas e indígenas”.
El programa en referencia, cuya aplicación inició en 2019 a nivel regional hasta alcanzar cobertura nacional en 2023, obedece a “la falta de políticas y programas gubernamentales que revaloren la agricultura campesina y aumenten el nivel de bienestar de los hogares y, de esta manera, satisfacer las necesidades básicas de alimentación”.
Entre otros sustentos de este programa, está el fundamento de que “el campo, en su conjunto, ha sido víctima de abandono por parte de las autoridades que administraron el país en los gobiernos anteriores, lo que ha redundado en un menoscabo importante tanto en la producción agroforestal como en el nivel de vida de la población rural”.
Así, este programa, cuya esencia está en revertir la situación de desigualdad social, ha buscado “favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar para todas y todos”. De manera prioritaria de aquellos habitantes de zonas y poblaciones con “mayores índices de pobreza y rezago social”.
Un Estado con visión nacionalista, creo a fines de la década de 1970 la empresa Fertilizantes Mexicanos, cuya función estuvo en producir, distribuir y comercializar a costo rentable estos insumos para el abasto de los productores agrícolas.
Para efectos funcionales, el organismo denominado Fertimex operó con una política de precios oficiales, que incentivó la productividad y competitividad del campo y que seguramente formó parte fundamental de las acciones que daban articulación a lo que fue el Sistema Alimentario Mexicano.
El esquema bajo el cual funcionó la industria mexicana de fertilizantes, estuvo vigente hasta 1992, cuando ocurrió la desincorporación de la empresa pública, por cuya disposición oficial; los activos físicos que conformaban su estructura pasaron a manos del sector privado al ser adquiridos por inversionistas nacionales y extranjeros.
Así, la empresa estatal fue fragmentada en 13 unidades productoras y adquirida por siete grupos empresariales; tras lo cual la industria nacional perdió el protagonismo que le caracterizó; al dársele entrada a las importaciones de fertilizantes, bajo esquemas de asociación en algunos casos y en otros a través de compras directas al extranjero para su distribución y comercialización en el mercado interno.
Las condiciones de fertilidad imperantes en los suelos de las superficies cultivadas en el territorio nacional, requieren necesariamente del uso de fertilizantes; lo cual convierte a estos insumos en un recurso básico y fundamental para la productividad de los sistemas agrícolas predominantes en nuestra geografía.
La aseveración del párrafo anterior está contenida en Fertilizantes, documento elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, en cuyas notas revela que “de acuerdo con información del comercio exterior, en el 2017 hubo una disponibilidad de 4.9 millones de toneladas de fertilizantes en México”. De ello, “66.4 por ciento son nitrogenados, 22.2 fosfatados, 8.1 potásicos y 3.3 son mezclas de los tres principales nutrientes que definen a los tipos de fertilizantes mencionados”.
Ilustraba que “en cuanto a su origen, 79.0 por ciento es importado y el resto es de producción nacional”, donde “la mayor dependencia es de los nitrogenados, que son los de mayor uso en el país y que representan el mayor volumen y valor de la importación de fertilizantes”.
El documento precisa asimismo que “a partir de inversiones estatales en la industria petroquímica, el país llegó a tener superávits en la producción de fertilizantes nitrogenados”, lo cual le hubo permitido ser un país exportador de estos insumos. Una situación que registró modificaciones, a causa precisamente “de la privatización de la mayor parte de las plantas productoras” de estos recursos indispensables para el agro.
Exponía que “el mercado actual de fertilizantes en México opera prácticamente sin regulaciones de precio y calidad, por lo que importadores, fabricantes y distribuidores son los que determinan los precios que rigen en el mercado, los cuales les permiten altos márgenes de ganancia”.
Ante “las cifras del valor del mercado y la dependencia de las importaciones”, sugería la pertinencia de que se realizasen inversiones públicas y reactivar así la producción de fertilizantes nitrogenados, donde existiesen programas de apoyo para la dotación de estos insumos a los pequeños productores.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha precisado que “un mundo que afronta cada vez mayores amenazas demanda que actuemos sin demora a fin de salvaguardar la vida, transformar nuestros sistemas agroalimentarios para preparar nuestro planeta para el futuro y asegurar resultados sostenibles”.
De esta manera, la FAO se guía por un Marco estratégico vigente desde el 2022 al 2031, el cual “articula la visión de un mundo sostenible para todos y en el que todas las personas gocen de seguridad alimentaria, en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Esta medida “busca respaldar la Agenda 2030 mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarias más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a nadie atrás”.
La autosuficiencia alimentaria como objetivo primario de desarrollo debe sustentarse en la producción, tanto como en la generación de insumos y demás componentes necesarios para su propósito, de suerte que ello lleve a atender las necesidades de la población en su conjunto.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se crea la Ley de la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar
Único. Se expide la Ley de la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, para quedar como sigue:
Ley de la Empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar
Artículo 1. La presente ley crea la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar y tiene como propósito establecer la estructura y organización básica, así como las funciones a su cargo en la forma y términos que la misma establece.
Artículo 2. La empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la coordinación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por
I. Consejo: El Consejo de Administración de la empresa Productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar;
II. Director: El director general de la empresa productiva del Estado, Fertilizantes para el Bienestar;
III. Empresa: La empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar;
IV. Estructuras: Las estructuras técnicas y administrativas establecidas en el Reglamento de la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar;
V. Filiales: Las empresas con las cuales la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar podrá crear sociedades mercantiles; y
VI. Objeto: El objetivo principal de la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar.
Artículo 4. La empresa tiene como objeto principal producir y garantizar la disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos a precios competitivos que requieran los productores.
Artículo 5. La empresa regirá su operación de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley de Productos Orgánicos, Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y demás ordenamientos relacionados con la materia de su objeto.
Artículo 6. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa producirá, distribuirá y comercializará fertilizantes químicos y biológicos.
Artículo 7. La empresa ofertará servicios y bienes de forma directa, tanto como a terceros relacionados con las actividades propias de su objeto.
Artículo 8. La empresa establecerá, adquirirá y administrará fábricas, plantas y otras instalaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 9. La empresa impulsará la participación de agentes privados y sociales en el mercado de su objeto.
Artículo 10. La empresa gestionará y administrará los negocios mercantiles necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 11. La empresa desarrollará proyectos de negocios, alianzas y asociaciones convenientes para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 12. La empresa está facultada para participar y celebrar convenios o acuerdos de negocios relacionados directa e indirectamente con su objeto, tanto con personas físicas o morales, sean estas nacionales o extranjeras.
Artículo 13. La empresa está facultada para crear filiales y participar en asociaciones y alianzas, bajo cualquier figura societaria o contractual que esté permitida por la legislación correspondiente, para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 14. La empresa desarrollará y brindará asesoría técnica a distribuidores, comerciantes y usuarios respecto a los productos y servicios materia de su objeto.
Artículo 15. La empresa administrará los recursos materiales y tecnológicos, tanto como el capital humano y financiero necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 16. La empresa empezará a operar con un fondo de capital inicial por un monto de 5 mil millones de pesos, cuya aportación estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Artículo 17. La empresa constituirá su capital y recursos con los fondos provenientes de las actividades de carácter mercantil y comercial que la presente ley le autorizan.
Artículo 18. La empresa se conformará para su funcionamiento con un Consejo de Administración, un director y las estructuras técnicas y administrativas.
Artículo 19. El Consejo se integrará por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, quien lo preside, por dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dos representantes de la Secretaría de Economía.
Artículo 20. El Consejo tendrá por funciones aprobar el reglamento interno, el programa anual de trabajo y presupuesto, el manual de organización, así como los acuerdos, bases de coordinación y convenios a signar para el cumplimiento del objeto de la empresa.
Artículo 21. El Consejo sesionará por lo menos una vez al mes, con la asistencia mínima de cuatro de sus integrantes; cuyas sesiones pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Contará con un secretario técnico, quien será responsable de preparar la necesario para las sesiones y dará seguimiento a los acuerdos que se tomen.
Artículo 22. El Consejo designará al secretario técnico y al director.
Artículo 23. El director elaborará la propuesta de reglamento interno, del programa anual de trabajo y de presupuesto, del estatuto orgánico y manual de organización; para el cumplimiento de las funciones de la empresa. Es responsable asimismo de la conducción administrativa de la empresa y del funcionamiento de las estructuras de la misma.
Artículo 24. La vigilancia de la correcta operatividad de la empresa está a cargo de un Comisario Público y un suplente, que serán designados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ello, sin perjuicio de los acuerdos a cargo del Consejo.
Artículo 25. El comisario público tiene por funciones evaluar el desempeño general de la empresa, con eficiencia, austeridad y transparencia, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar entrará en funciones a partir el ejercicio presupuestal de 2026.
Tercero. Las acciones del programa Fertilizantes para el Bienestar, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, serán operados por la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar.
Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enviará a la Cámara de Diputados la propuesta presupuestal que corresponda a la creación de la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar.
Quinto. El Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, se instalará en un periodo no mayor a los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Sexto. Una vez instalado el Consejo de Administración, éste nombrará e instruirá al director general elabore la propuesta de reglamento interno, del programa anual de trabajo y de presupuesto, del estatuto orgánico y manual de organización que regirán la operación y funcionamiento de la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar; el cual será votado por la mayoría de los integrantes.
Séptimo. El director general de la empresa productiva del Estado Fertilizantes para el Bienestar, contará con un plazo de treinta días naturales a partir de su nombramiento para elaborar y presentar al Consejo de Administración la propuesta de reglamento interno, del programa anual de trabajo y de presupuesto, del estatuto orgánico y manual de organización para el cumplimiento de las funciones de la empresa.
Octavo. Las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores estarán regidas por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fuentes de consulta
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-c onferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-13-de-noviemb re-de-2024
https://programasparaelbienestar.gob.mx/fertilizantes-para-el-bi enestar/#:~: text=Fertilizantes%20para%20el%20Bienestar%20es,en%20la%20producción%20de%20ali mentos.
www.cedrssa.gob.mx/files/b/9/59NOTAS%20SOBRE%20FERTILIZANTES.pdf
https://www.fao.org/strategic-framework/es#:~: text=El%20Marco%20estratégico%20de%20la,2030%20para%20el%20Desarrollo%20Sosteni ble.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2025.– Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 3o. y se reforma el artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, para reconocer y tratar la ludopatía como un problema de salud pública. Adelante, diputado.
El diputado Armando Corona Arvizu:Gracias, presidenta. Con tu permiso. El día de hoy subo a esta tribuna con una iniciativa poco común, pero que responde a un problema muy grave en nuestra sociedad y que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Se trata de una reforma a la Ley General de Salud para que la ludopatía sea reconocida y atendida como un problema de salud pública en nuestro país.
La ludopatía o adicción a los juegos de azar afecta a millones de personas en México. Se estima que alrededor del 3 por ciento de la población adulta, es decir, casi 3.9 millones de personas sufren problemas relacionados con esta adicción o están en riesgo de desarrollarla. Y estas cifras día con día siguen aumentando.
Hoy en día los casinos, las casas de apuesta y, sobre todo, las plataformas digitales de juego han hecho que esta adicción sea más accesible y más peligrosa. Con un solo clic cualquier persona puede apostar su dinero sin restricciones, sin advertencias claras sobre los riesgos y sin apoyo de perder el control.
Lo que comienza como un entretenimiento en muchos casos se convierte en una trampa que es difícil de salir, pero este no solo es un problema de dinero, la ludopatía destruye vidas, rompe familias, genera deudas impagables y arrastra a las personas en una espiral de ansiedad, de depresión e, incluso, de pensamientos suicidas. No es un simple mal hábito, no es una cuestión de falta de voluntad, es una enfermedad como tal, que debe de ser reconocida y debe ser tratada con seriedad.
Hoy, compañeras y compañeros, tenemos una oportunidad de tomar una decisión que puede cambiar la vida de miles de personas. No podemos seguir permitiendo que esta enfermedad siga destruyendo hogares sin que se haga algo al respecto. Esta iniciativa es por ustedes, por sus familias, por sus seres queridos, por México, tal vez por ustedes mismos o por alguien que conocen que ha pasado por este problema. Tal vez se han visto personas cercanas que se han endeudado, que han perdido su patrimonio, su tranquilidad o han caído en una crisis por culpa del juego descontrolado. No están solos. Y hoy, desde la Cámara de Diputados estamos levantando la voz para que se erradique este problema y deje de ser invisible.
El compromiso del Estado debe ser claro: proteger la salud mental y emocional de todas y de todos los mexicanos. Si reconocemos el alcoholismo y la drogadicción como un problema de salud pública, por qué no hacer lo mismo con la ludopatía. La salud no sólo es física, la salud es mental, es igual de importante y en este momento debemos de darle la atención que se merece.
Por eso, hago un llamado a esta soberanía para respaldar esta reforma con sensibilidad y responsabilidad. Hago un llamado a la sociedad, para que nos pueda ayudar y que quitemos los prejuicios, los estigmas y entendamos que cualquier persona se puede ver afectada. Apostemos. Sí, apostemos, pero apostemos por un México más consciente, más informado y más comprometido con la salud de su gente. Apostemos por un país en el que ninguna familia tenga que sufrir en silencio por culpa de una adicción no reconocida. Apostemos por una legislación que proteja a quienes más lo necesitan. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de marcar una diferencia. Hagámoslo real. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que adiciona la fracción VI Bis al artículo 3o. y reforma el artículo 73 Bis de la Ley General de Salud, para reconocer y tratar la ludopatía como un problema de salud pública, a cargo del diputado Armando Corona Arvizu, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Armando Corona Arvizu, integrante del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, para reconocer y tratar la ludopatía como un problema de salud pública en México, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa ludopatía, o adicción a los juegos de azar, es una problemática que, aunque ha sido tradicionalmente invisibilizada, afecta profundamente a miles de personas y familias en México. Esta adicción no solo lleva a la ruina financiera, sino que desgarra el tejido social al impactar en la salud mental, la estabilidad emocional y las relaciones interpersonales. Sin embargo, a pesar de la gravedad de sus consecuencias, el marco legal mexicano carece de una estrategia integral que permita abordar la ludopatía como un tema de salud pública.
En México, se estima que aproximadamente el 3 por ciento de la población adulta, es decir, cerca de 3.9 millones de personas, sufren problemas de ludopatía o están en riesgo de desarrollarla.
En los últimos años, el crecimiento exponencial de casinos, casas de apuestas y plataformas digitales de juego ha hecho que esta problemática alcance nuevas dimensiones. La facilidad de acceso a los juegos de azar y la promoción intensiva de estos como una fuente de entretenimiento ha generado un aumento alarmante en el número de personas que desarrollan patrones de juegos problemáticos.
Hoy en día, el juego de azar en México no es solo un fenómeno de entretenimiento: es una industria multimillonaria que genera ingresos, pero también impulsa comportamientos de riesgo.
La ludopatía no es simplemente una cuestión de autocontrol; es un trastorno complejo que afecta la capacidad de una persona para detener su impulso de jugar, incluso cuando este comportamiento causa serios problemas económicos y emocionales. Las personas atrapadas en esta adicción tienden a gastar cantidades desproporcionadas de dinero y, en casos graves, recurren a préstamos o al endeudamiento para seguir jugando. Las consecuencias son devastadoras, no solo para el individuo, sino para sus familias, quienes se ven forzadas a soportar la carga de una situación financiera insostenible y una salud mental deteriorada.
Además, la ludopatía está estrechamente relacionada con problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión y, en casos extremos, pensamientos suicidas. Muchos de los afectados no buscan ayuda, ya sea por falta de información o por no considerar la adicción al juego como un trastorno que necesita tratamiento. En México, el estigma y la falta de recursos especializados en salud mental agravan el problema, dejando a estas personas en una situación de vulnerabilidad.
El reconocimiento de la ludopatía como un problema de salud pública es un paso necesario para afrontar esta crisis. Incorporar esta adicción dentro de la Ley General de Salud permitirá al sistema de salud pública crear programas preventivos y de tratamiento accesibles. Al hacerlo, se abrirá la puerta para que las personas que luchan con esta adicción puedan recibir ayuda, y para que sus familias encuentren el apoyo necesario para manejar las secuelas emocionales y económicas de este trastorno.
Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta decreto por el que se adicionan y se reforma diversos artículos a la Ley General de Salud:
Con esta reforma, se busca implementar un enfoque preventivo y de tratamiento de la ludopatía en México, que permita tanto la protección de los usuarios de juegos de azar como el fortalecimiento de los servicios de salud mental en el país. Reconocer la ludopatía como un problema de salud pública facilitará la creación de programas especializados y ofrecerá a las personas afectadas una vía de acceso a tratamientos adecuados. Además, la regulación de los establecimientos de juegos de azar permitirá prevenir y mitigar los efectos negativos de esta adicción en los usuarios y sus familias.
DecretoÚnico. Se adiciona la fracción VI Bis al artículo 3 y se reforma el artículo 73 Bis, ambos de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 3o. ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
VI Bis. La prevención, diagnóstico y tratamiento de las adicciones, incluyendo la ludopatía o adicción a los juegos de azar.
Artículo 73 Bis. Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y por consumo de sustancias psicoactivas, y de adicciones; incluidas las adicciones no relacionadas con sustancias como la ludopatía, en cumplimiento con los principios siguientes:
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/ludopatia-en-mexico-que-es-y-como-af ecta
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputado Armando Corona Arvizu (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES, Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Y la segunda, que reforma y adiciona los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, por el crimen organizado, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández:Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. El día de hoy Acción Nacional presenta una serie de reformas y modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy este tema no es un tema de debate, es un tema de sumar esfuerzos para darle al gobierno las herramientas suficientes para terminar con el flagelo de la desaparición en nuestro país.
Según datos de algunas organizaciones civiles, entre 190 mil y 220 mil personas se encuentran relacionadas con actividades ilícitas, relacionadas con el crimen organizado. Para tener una claridad de este dato, el crimen organizado está enrolando en sus filas a muchas más personas que incluso la nómina que tiene la cadena nacional OXXO, o incluso similar a la nómina que tiene en estos momentos Petróleos Mexicanos.
Por si eso fuera poco, también se ha dado a conocer que alrededor de 35 mil niños, niñas y jóvenes en nuestro país han sido captados por el crimen organizado por actividades ilícitas. Es decir, que nuestros jóvenes, nuestras niñas y nuestros niños están expuestos claramente al crimen organizado, y es momento de que el Poder Legislativo tome en sus manos la necesidad de llevar a cabo modificaciones en la ley.
También, según el Registro de Personas Desaparecidas, al día de hoy suman más de 124 mil personas desaparecidas en nuestro país. Y aquí tenemos que ser enfáticos en comentarles que, a raíz del año 2018 a la fecha el número de personas desaparecidas ha crecido hasta en un 100 por ciento.
Esto habla de la magnitud del problema que estamos viviendo hoy, y habla de lo que tanto han reclamado los colectivos de madres buscadoras para encontrar diálogo, para encontrar apoyo y para encontrar una estrategia nacional que permita encontrar a sus hijos y a sus hijas.
Para que entendamos lo que está sucediendo en nuestro país, prácticamente el número de personas desaparecidas podría ser que llenáramos el estadio Azteca con el mismo número de personas. O es que como si estuvieran llenas más de mil salas de cine en nuestro país, es igual al número de personas desaparecidas en este momento.
Por eso creemos que es momento de que el Poder Legislativo, y hacemos un llamado a la mayoría, para que pueda apoyar esta iniciativa y por fin pongamos en la ley la tipificación del delito de reclutamiento ilícito, que es la actividad deleznable que está llevando el crimen organizado como la actividad más importante para engrosar las filas del crimen organizado.
Si nosotros luchamos contra la incaptación de personas podríamos lograr que el narcotráfico y el crimen organizado no esté raptando a nuestros hijos y a nuestras hijas. También es necesario fortalecer el tema presupuestal, porque el día de hoy no podemos entender que, aunque se han inyectado 5 mil 900 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, los recursos no hayan dado los resultados suficientes. Y no podemos entender cómo a raíz de estos últimos 6 años se hayan acumulado mil millones de pesos que no se utilizaron para la búsqueda de personas en nuestro país.
Por eso, también creemos que es necesario integrar en la Estrategia Nacional contra el Delito de Reclutamiento a las madres buscadoras, que son las que tienen más experiencia en la búsqueda de personas, y son ellas las que con recursos propios están haciendo la tarea que dejó olvidada el gobierno.
Por eso hacemos el llamado respetuoso para modificar el Código Penal, y que la actividad criminal de reclutamiento ilícito sea tipificada en la ley, y que esta tenga una pena severa contra todo aquel que esté raptando y obligando a nuestros hijos, a los menores, a nuestros jóvenes en actividades ilícitas, con una pena que vaya de entre 80 a 140 años de prisión.
También es necesario modificar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Crear más y mejores procuradurías o fiscalías de protección de niñas, niños y adolescentes y modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Y, por último, modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para tipificar el delito de reclutamiento ilícito. Por eso hemos presentado una iniciativa de carácter constitucional a nombre de mi compañera Tania Palacios y también se incorpora la de mi compañero Guillermo Anaya en corrupción de menores. Necesitamos que nuestra juventud crezca sana, que crezca con oportunidades y que crezca sin limitaciones en su desarrollo. Queremos un futuro certero para toda nuestra juventud. Futuro sí, narcofosas no. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, de las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada; Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Héctor Saul Téllez Hernández, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, fracción I, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosI. Planteamiento del problema
El pasado 5 de marzo del presente año, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco en Izaguirre Ranch ubicado en la comunidad La Estanzuela, denunció haber encontrado un centro de reclutamiento utilizado para el adiestramiento y desaparición de personas de diversas edades, así como, el hallazgo de tres crematorios donde se dedicaban al exterminio de estas. Ante este descubrimiento se encontraron restos humanos, armas y la lista de reclutados.
Testigos anónimos que denunciaron los hechos, contaron a la activista Indira Navarro integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que este centro operaba desde hace más de diez años, relatan que para ser reclutados los enganchaban con promesas de trabajo y los forzaban a formar parte de la delincuencia organizada, donde utilizaban a las niñas que reclutaban en contra de su voluntad para estar al servicio de los lideres de la organización, los hacían pelar por comida y si se quejaban el castigo era la muerte.
Durante el año 2020, a nivel mundial fueron conocidas imágenes de diversos niños que fueron reclutados para entrenarse en técnicas de autodefensa, según la policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, en el Estado de Guerrero, como reacción al asesinato de diez personas de la comunidad que habían sido contratados para ayudar en un concierto musical.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a través de su Representante en México, expresó su rechazo al reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en grupos armados, alertando sobre los efectos nocivos de esta práctica en su desarrollo humano y en el cumplimiento de sus derechos, argumentado que: “Sin importar a qué grupo u organización armada sea reclutado un niño, niña o adolescente, por quién sea auspiciada y con qué fin, consideró que el reclutamiento es una práctica que atenta directamente contra sus derechos humanos”.
Para el año 2023, World Vision México, señaló que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes se había convertido en una de las situaciones más preocupantes que enfrenta la niñez en el mundo, pues no solo, las y los menores se convierten en soldados de una guerra externa o interna en la que no deberían participar, sino que también son víctimas de un estado y sociedad que les vulneran todos sus derechos.
La utilización de niños en conflictos armados es considerada una de las peores formas de trabajo infantil, y representa una violación de los derechos humanos y un crimen de guerra. La Convención número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, define el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.
A pesar de que el reclutamiento de menores de 18 años en grupos armados ha sido considerado producto de una acción forzada, así como, una de las peores formas de violencia y explotación a las que pueden estar expuestos niñas, niños y adolescentes, al afectar su integridad personal y vulnerar sus derechos a la supervivencia, desarrollo, protección, salud, educación y recreación, entre muchos otros derechos. Una de las consecuencias más graves es que afecta sus expectativas y su proyecto de vida.
Aunando al reclutamiento forzado, existe aquel que se presenta como una opción para los niños que deciden enrolarse en grupos de delincuencia organizada. Práctica constante que involucra a niñas, niños y adolescentes a través del engaño, la manipulación y la simulación, que valiéndose de una invitación les proporciona una expectativa y estilo de vida dentro de la ilegalidad.
En ambos casos, esos tipos de reclutamiento los pone en situación de víctimas y de victimarios. Las consecuencias de estos tipos de reclutamiento son graves para un niño tanto física como emocionalmente, al grado de perder su infancia.
Los niños, niñas y adolescentes asociados o agrupados por grupos delictivos están expuestos a la violencia, frecuentemente, son obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra la integridad física y la vida de otras personas, corren un alto riesgo de ser sometidos de manera inconsciente a abusos, explotación, abandono escolar, sufrir lesiones físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte.
La constate lucha en contra del narcotráfico en México, tiene como consecuencia estructuras de derecho y sociales frágiles, con familias más debilitadas que se encuentran en zonas de alta marginalidad y violencia, con desigualdad salarial, discriminación, migración, falta de oportunidades laborales, y tratándose de la infancia, en muchos de los casos, la deserción escolar. Por otro lado, la delincuencia organizada surge como parte del incremento de delitos y la falta de castigo para sancionarlos.
Ante este contexto, en el caso de la delincuencia organizada reclutar a niñas, niños y adolescentes supone una ventaja para los carteles, ya que pueden hacer el trabajo sucio, desde las tareas más sencillas, como informar, observar, estar al cuidado de casas de seguridad, vender droga, realizar tareas operativas y de combate; y ante la justicia, enfrentan penas reducidas. Se asume un rol de masculinidades tóxicas que explica en gran parte porque son los hombres quienes asumen el doble papel de víctimas y victimarios. “Se explota una figura del macho dominante, si lloras, si dudas, si te da miedo, no eres lo suficientemente hombre”, afirma Saskia Niño de Rivera, directora de la Organización No Gubernamental Reinserta.
El perfil en estos niños y sus familias son las carencias afectivas, marginación social, falta de oportunidades laborales para los padres y para ellos, además de un fracaso y un rezago escolar que constituye una violación a sus derechos humanos.
La infancia y adolescencia en México debe ser protegida contra esta práctica inaceptable, ya que es una obligación del Estado mexicano derivada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Miles de niños y adolescentes que han sido cooptados por la delincuencia organizada, tienen historias detrás de abandono, sufrimiento, violación o torturas, como se relata en el libro “Un sicario en cada hijo te dio: Niñas, niños y adolescentes en la delincuencia organizada”, el texto presenta seis testimonios que explican por qué los menores mexicanos se vuelven criminales. En el libro se menciona el siguiente caso:
A los 7 años Damián fue vendido o regalado por su madre en el Estado de Tamaulipas, un año después ya era parte de la delincuencia organizada en el cártel de Los Zetas, a los 14 años, cuando ya había participado en múltiples delitos como venta de drogas, secuestros y robos, fue detenido, cuando salió lo mataron.
Sin escolaridad y sin aprendizajes, el chico cayó en una casa dedicada a la mendicidad de la que huyó para refugiarse en la indigencia y vivir en un basurero, ya sin recursos ni salida alguna, el niño fue integrado por delincuentes a una red de robo de infantes para tráfico de órganos, iniciando así una vida de delincuencia.
Cuando el niño llegó al Centro de Internamiento para Adolescentes no tenía una identidad, no tenía un acta de nacimiento y con ello se vulneraron sus derechos a tener un nombre, una nacionalidad y una familia.
II. Argumentos
De acuerdo con Naciones Unidas para la Infancia, más de 300,000 niñas y niños en todo el mundo están siendo reclutados por grupos armados, una cifra alarmante, ya que las y los menores son considerados como “ una alternativa económica y eficiente...”, además de ser “... fácilmente adoctrinados, pues no han desarrollado el concepto de la muerte”
Por otro lado, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados prohíbe todo reclutamiento por grupos armados distinto de las fuerzas armadas:
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
Artículo 4
1.Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.
2.Los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.
Asimismo, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contempla como crimen de guerra, pudiendo llevar a un enjuiciamiento individual, el hecho de proceder al reclutamiento o al alistamiento de niños menores de 15 años o el hecho de obligarlos a participar activamente en actividades hostiles.
En las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, del Comité de los Derechos del Niño, de fecha 08 de junio de 2015, se establecen diversas preocupaciones del Comité respecto al reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que ocurre en el Estado Mexicano. Asimismo establece algunas recomendaciones que, a través de esta Iniciativa, se pretende dar cumplimiento:
D. Violencia contra niñas y niños (arts. 19, 24, párr.3, 28, párr.2, 34, 37 (a) y 39) Violencia en el contexto de crimen organizado
29. El Comité está profundamente preocupado por la falta de tipificación del reclutamiento de niñas y niños por grupos armados como los grupos del crimen organizado. También le preocupan la insuficiencia de las medidas adoptadas para prevenir el reclutamiento continuo de niñas y niños por grupos armados y la falta de protección y de apoyo psicosocial a niñas y niños víctimas.
30. El Comité recomienda al Estado parte que:
(a)
.
Sin embargo, le preocupa profundamente que la mayoría de las cuestiones planteadas en sus observaciones finales anteriores no se han abordado. Particularmente en los siguientes temas:
(a)El reclutamiento voluntario y el alistamiento en el servicio militar obligatorio de niños de 16 años, todavía está permitido bajo ciertas circunstancias;
(b)
(c) Los niños que estudian en las escuelas militares y son sometidos al Código de Justicia Militar y sólo se les permite salir de la escuela, de acuerdo con su reglamento interno; el manejo exclusivo de las escuelas militares por la Secretaría de la Defensa Nacional;
72. El Comité insta al Estado parte a:
Revocar el artículo 25 de la Ley de Servicio Militar, poner fin a la práctica de reclutamiento temprano en el servicio militar para los niños de 16 y 17 años, y aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años, sin excepciones;
(c) ...Asegurar que los niños en las escuelas militares reciban educación de conformidad con la Convención y supervisada por la Secretaría de Educación y no participen en la lucha contra el tráfico de drogas;
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2022, residían 36.3 millones de niñas y niños de 0 a 17 años, cifra que equivalía a 28.1 por ciento de la población total del país. Donde el 51.8 por ciento, correspondió a hombres y 48.2 por ciento, a mujeres; y 10.5 millones tenían menos de 6 años y 25.7 millones entre 6 y 17 años.
Al no existir estadísticas actuales sobre el número de niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, se cuentan con cifras oficiales que involucran a la infancia en México, como el trabajo infantil, donde prevalecen las actividades catalogadas como peligrosas y quehaceres domésticos en condiciones adversas. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) elaborada por el mismo Instituto en el año 2022, demostró un aumento del 13.1 por ciento con relación al 1.7 por ciento del año 2019, donde 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes se involucraron en actividades económicas no permitidas; 1.9 con horarios prolongados y riesgos para su salud.
En cuanto a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo un procedimiento judicial de acuerdo con el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2022, informo 3, 413 niños y adolescentes entre los 12 a 17 años se encontraban con alguna medida cautelar, internamiento preventivo o sanción privativa de libertad, por delitos del fuero común y federal. Dentro de las conductas delictivas que destacan son el robo, violación sexual, homicidio, portación ilegal de armas, comercio y posesión ilegal de drogas, lesiones, secuestro, daño a la propiedad y delitos sexuales.
De estas cifras se acentúa que a nivel nacional el 25.7 por ciento, los adolescentes fueron detenidos por policía municipal, sufriendo violencia física y psicológica al momento de su captura, dentro de las instalaciones del Ministerio Público, y aun así durante el procedimiento de reclusión.
Organizaciones especializadas en temas de la infancia, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Organización Observatorio Ciudadano, durante el año 2020, en el Estudio Niñez reclutada por agrupaciones delictivas en México, señalaron que entre 35 mil y 45 mil menores de edad habían sido reclutados de manera forzada por el crimen organizado, y 145 mil y 250 mil, estaban en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.
Reinserta, organización social experta en temas de violencia en la niñez, en diversos documentos informó de los casos donde niñas, niños y adolescentes tuvieron cercanía con la delincuencia organizada, destacando lo siguiente:
• Más del 70 por ciento de los jóvenes en conflicto con la ley fue víctima de violencia antes de cometer un delito de alto impacto (Factores de riesgo y victimización: en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto en México, 2018).
• Más del 60 por ciento de las y los jóvenes reclutados por la delincuencia organizada proviene de contextos familiares violentos y de alta vulnerabilidad (Estudio Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada, 2022).
• Nueve de cada 10 personas privadas de la libertad tuvieron contacto con una actividad delictiva antes de los 6 años ( Exposición a la violencia en la infancia y adolescencia de personas privadas de libertad, 2023).
Para el caso del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado en México, el tipo de trabajo que se destina depende de la organización delictiva, sus fines y los actos ilícitos que desarrollan, y para lo que los van a capacitar, adiestrar o a forzar una vez que son parte de este tipo de organizaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el derecho al libre desarrollo de la infancia en México. En la tesis aislada P. LXVI/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, en el Tomo XXX, diciembre de 2009, página 7, se establece que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, que a la letra dice:
Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende.
De la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente.
Asimismo, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 5/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, en el Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, página 487, se establece lo que implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que a la letra dice:
Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Brinda protección a un área residual de libertad que no se encuentra cubierta por las otras libertades públicas.
Así, en términos generales, puede decirse que los derechos fundamentales tienen la función de “atrincherar” esos bienes contra medidas estatales o actuaciones de terceras personas que puedan afectar la autonomía personal. De esta manera, los derechos incluidos en ese “coto vedado” están vinculados con la satisfacción de esos bienes básicos que son necesarios para la satisfacción de cualquier plan de vida. En este orden de ideas, En este sentido, la Constitución y los tratados internacionales reconocen un catálogo de “derechos de libertad” que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se estiman valiosas para la autonomía de las personas (expresar opiniones, moverse sin impedimentos, asociarse, adoptar una religión u otro tipo de creencia, elegir una profesión o trabajo, etcétera), al tiempo que también comportan límites negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión. sin embargo, cuando un determinado “espacio vital” es intervenido a través de una medida estatal y no se encuentra expresamente protegido por un derecho de libertad específico, las personas pueden invocar la protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. De esta manera, este derecho puede entrar en juego siempre que una acción no se encuentre tutelada por un derecho de libertad específico.
En este contexto, la propuesta que se presenta pretende dar cumplimento a lo previsto por el Comité de los Derechos del Niño, de fecha 8 de junio de 2015, con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a su participación en los conflictos armados, que entró en vigor en el año 2002, donde los estados partes se comprometen adoptar las medidas en sus legislaciones que garantice el derecho de supervivencia y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de su vida, ante cualquier situación de reclutamiento ilícito.
Se destaca que esta iniciativa fue presentada en la LXV Legislatura por la Diputada Angeles Gutiérrez Valdez, que al ser un tema que vulnera las infancias en México, es importante retomar legislativamente, a fin de proteger y salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes ante este tipo de conductas que afectan su integridad personal y su libre desarrollo.
Del mismo modo, se toman en cuenta las propuestas que la Organización Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, como parte de la atención y preocupación que han dedicado a este tema que afecta a una parte de la infancia en México.
Con esta reforma se atiende lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, El Protocolo Facultativo el Estatuto de Roma y las Recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, por lo que se busca realizar una reforma integral con diversas modificaciones al Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia organizada, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Es por todo lo anterior, se confirma el cumplimiento del principio del Interés Superior de la Niñez señalada en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la base para conceder una amplia protección para el libre desarrollo de cada niña, niño y adolescente en México, como a continuación se señala:
Por lo que hace al tipo penal que se busca implementar en el Código Penal Federal, es necesario que se incorpore en el Título Octavo de los Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, este tipo penal, ya que se atenta contra este bien jurídico tutelado.
Código Penal Federal
Se reforma la fracción V del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para reconocer en la ley especializada el tipo penal del reclutamiento ilícito, como el delito que puede cometer la persona que forme parte de la delincuencia organizada y que atente en contra de los derechos de las niñas, niños y adolescentes:
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
Se propone reformar el Capítulo I del Título IV de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para incorporar a las Procuradurías de Protección y formen parte de los órganos que integran el Sistema en todo procedimiento judicial, a finde de que exista el acompañamiento, protección y restitución de los derechos de la infancia y la adolescencia, y así evitar la doble victimización en niñas, niños y adolescentes.
Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
Por último, se adiciona la fracción VIII al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, referente al reclutamiento ilícito, ya que obliga a diversas autoridades a prevenir, atender y sancionar diversos delitos que atentan contra los derechos de niñas, niños y adolescentes:
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Primero. Se reforma la fracción V, del Apartado A, del artículo 11 Bis, y se recorren las subsecuentes, y se adiciona el Capítulo XI, y el artículo 209 Quinquies al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 11 Bis.- ...
A. ...
I. a IV. ...
V. Reclutamiento ilícito, previsto en el artículo 209 Quinquies;
VI. Tráfico de influencia previsto en el artículo 221;
VII. Cohecho, previsto en los artículos 222, fracción II, y 222 bis;
VIII. Falsificación y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237;
IX. Contra el consumo y riqueza nacionales, prevista en el artículo 254;
X. Tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter;
XI. Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;
XII. Robo de vehículos, previsto en el artículo 376 Bis y posesión, comercio, tráfico de vehículos robados y demás comportamientos previstos en el artículo 377;
XIII. Fraude, previsto en el artículo 388;
XIV. Encubrimiento, previsto en el artículo 400;
XV. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis;
XVI. Contra el ambiente, previsto en los artículos 414, 415, 416, 418, 419 y 420;
XVII. En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 Bis;
B. ...
...
...
Capítulo IX Reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentesArtículo 209 Quinquies.- Comete el delito de reclutamiento ilícito, el que utilice, enliste, reclute, contrate, incorpore, capte, ingrese, admita o rapte; y exija obligue, force o coaccione a participar directa o indirectamente en la comisión de uno o varios delitos, actividades ilícitas o violentas, hostilidades o acciones armadas, a niños, niñas y adolescentes.
Por tal delito se impondrán de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil quinientos días multa.
Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en este artículo.
Segundo. Se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I. a IV. ...
V.- Corrupción de niñas, niños y adolescentes o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; pornografía de niñas, niños y adolescentes o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; lenocinio de niñas, niños y adolescentes o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes previsto en el artículo 209 Quinquies; asalto, previsto en los artículos 286 y 287; tráfico de niñas, niños y adolescentes| o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;
VI. a X. ...
Tercero. Se adiciona la fracción VII al artículo 63 contenido en el Capítulo I del Título IV de las Autoridades, Instituciones y Órganos, para quedar como sigue:
Título IV Autoridades, Instituciones y Órganos
Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 63. ...
...
I. a V. ...
VI. Policías de Investigación , y
VII. Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes.
...
Cuarto.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 47, de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 47. ...
I. a VI. ...
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral,
VIII. El castigo corporal y humillante, y
IX. Reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes.
...
...
...
TransitoriosPrimero.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Consultado en: Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco: confinamiento, adiestramiento y exterminio de personas; lo que sabemos del caso | El Universal, el 10 de marzo de 2025.
2 Consultado en: ‘Si fallabas, morías’: el rancho donde jóvenes eran convertidos en victimarios | Aristegui Noticias, el 10 de marzo de 2025.
3 Consultado en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51243166, fecha de consulta 15 de febrero de 2025.
4 Consultado en: Rechaza UNICEF reclutamiento de niños en grupos armados, de fecha 24 de marzo de 2025.
5 Consultado en: Reclutamiento forzado de la niñez por grupos armados en México, de fecha 15 de febrero de 2025.
6 Consultado en:
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/rechaza-unicef- reclutamiento-de-ni%C3%B1os-en-grupos-armados, fecha de consulta 10 de junio de 2023.
7 Consultado en: Estudio-Reclutados por la Delincuencia Organizada.PDF, fecha de consulta 25 de febrero de 2025.
8 Consultado en:
https://elpais.com/internacional/2019/10/15/mexico/1571096538_31 2293.html, fecha de consulta 15 de junio de 2023.
9 Consultado en
https://books.google.com.mx/books?id=VSf5DwAAQBAJ&printsec= frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false, fecha de consulta 24 de febrero de 2025.
10 Consultado en
https://www.worldvisionmexico.org.mx/blog/reclutamiento-forzado- de-la-ninez-en-mexico, fecha de consulta 15 de febrero de 2025.
11 Consultado en:
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/themes/hchr/images/ doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf.pdf, fecha de consulta 15 de febrero de 2025.
12 Consultado en:
https: Estadísticas a propósito del Día del Niño y de la Niña, 20 de febrero de 2025.
13 Consultado en: Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, by Redim; Red por los Derechos de la Infancia en México - Issuu, de fecha 25 de febrero de 2025.
14 Consultado en: Comunicado de Prensa. Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022, de fecha 25 de febrero de 2025.
15 Consultado en: Comunicado de Prensa. Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2022, de fecha 25 de febrero de 2025.
16 Consultado en: Estudio_riesgo_2018_20nov18_compressed.pdf de fecha 25 de febrero de 2025
17 Consultado en: Estudio-ninas-ninos-adolescentes-victimas-crimen.pdf. de fecha 25 de febrero de 2025.
18 Consultado en: Exposicion-a-la-violencia-en-la-infancia-.png (1132×996), de fecha 28 de febrero de 2025.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.– Diputado Héctor Saul Téllez Hernández (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Muchas gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández:
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, suscrita por la diputada Tania Palacios Kuri y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Tania Palacios Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa crisis de violencia que vive actualmente el país es cada vez más aguda y preocupante, afectando a la sociedad en su conjunto, y desafortunadamente también a niñas, niños y adolescentes, quienes resultan ser un grupo vulnerable y que resienten más esta situación al verse inmersos en prácticas que impactan sus derechos humanos e imposibilitan se desarrollen acorde a su edad. El caso reciente de Teuchitlán, Jalisco, es sólo uno de la infinidad de testigos que puede haber en este respecto.
Cada vez es más frecuente que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento forzoso por grupos criminales de la delincuencia organizada. La ausencia de políticas públicas ha propiciado que éste fenómeno se lleve a cabo de manera sistemática y sin consecuencias efectivas para los grupos delincuenciales, dejando a niñas, niños y adolescentes sufriendo las secuelas, que van desde la privación de la libertad, hasta incluso, la muerte.
Tan alarmante es esta situación, que incluso, el Comité de los Derechos Humanos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, ha instado al Estado Mexicano a tomar acciones para contrarrestar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en las filas de la delincuencia organizada, haciendo hincapié en las consecuencias que dicha situación trae para la niñez mexicana y en la urgencia de implementar estrategias de seguridad que les protejan.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señala que, aunque no existe una cifra exacta, alrededor de 30 mil niñas, niños y adolescentes en nuestro país han sido cooptados por la delincuencia organizada para incorporarlos a sus filas. Pero están en riesgo permanente de ser reclutados 250 mil.
Ahora bien, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad, durante el año 2021, se registraron 2,037 homicidios de personas de 0 a 17 años; y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas (RNPDNO), asciende a 4,328, el número de víctimas registradas como desaparecidas en el rango de edad de 0 a 17 años en el mismo año. Cabe señalar, que hasta agosto de 2023, el promedio de desapariciones en niños y adolescentes fue de 26.4 desapariciones por mes.
Tal situación lleva a otra igualmente grave, como lo representan las “desapariciones”, que bajo esta lógica están directamente vinculadas con grupos delincuenciales, particularmente en regiones del país, en donde estos grupos delictivos han tomado el control y desarrollan sus actividades con absoluta impunidad, pues, es del dominio público que suelen reclutar a infantes y adolescentes en zonas excluidas y de mayor pobreza, cuya población se encuentran bajo esquemas de vulnerabilidad severa.
Marginalidad, desigualdades, pobreza, deserción escolar, falta de acceso a escuelas, drogadicción y en general la falta de oportunidades son alicientes para que la delincuencia organizada encuentre presa fácil de reclutamiento a infantes y adolescentes, por ello, resulta inaplazable tomar medidas integrales y legislaciones que aborden las cusas raíz de esta problemática, y que así se garantice el interés superior de la niñez.
En esta tesitura, cabe recalcar que actualmente México forma parte de diversos tratados internacionales, en los que desde el ámbito internacional se busca proteger y garantizar la integridad de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y personas en desarrollo:
• La Declaración de los Derechos del Niño (DNN), es uno de los instrumentos más relevantes en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al establecer diez principios básicos de protección cimentados en el interés superior de la niñez.
• La Convención sobre los Derechos del Niño, de carácter vinculatorio y que se ha convertido en uno de los más ratificados del mundo. Según UNICEF lo han ratificado 192 países.
Sobre el particular, cabe señalar que de igual manera existen otros protocolos que buscan proteger a niñas, niños y adolescentes en temas específicos como conflictos armados y de explotación sexual, como lo son:
• Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, en las que se establecen objetivos para disminuir los efectos negativos de la privación de libertad, garantizando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
• El Estatuto de Roma, en el artículo 8.2 b) XXVI,1, establece como un asunto de “crimen de guerra” el reclutar o enlistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en hostilidades.
• De igual manera, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 38, que los Estados parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad, no participen directamente en hostilidades.
• Por su parte, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 3, se establece que “las peores formas de trabajo infantil” constituyen: todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzado u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”.
• A su vez, los Principios de Paris, citan dos enunciados pertinentes citar en el presente recurso legislativo:
- Por reclutamiento se entiende a “la conscripción o asilamiento de niños y niñas en cualquier tipo de fuerza o grupos armados”
- Por reclutamiento y utilización ilícitos se entiende “el reclutamiento o la utilización de niños y niñas cuya edad sea menor a la estipulada en los tratados internacionales aplicables a la fuerza armada o el grupo armado en cuestión o bajo las leyes nacionales aplicables”.
• De acuerdo a nuestra legislación el artículo 4o. constitucional reconoce plenamente el interés superior del niño, como un principio que desempeña un papel fundamental en el derecho internacional, el cual hace énfasis en que toda situación donde se vean involucrados niñas, niños y adolescentes se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
• Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos humanos como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Además, se hace énfasis, que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forme parte.
Como preámbulo, se puede concluir que el reclutamiento infantil es un problema multifactorial en la que niñas, niños y adolescentes, sin consentimiento previo, se ven involucrados en actividades ilícitas de organizaciones criminales. Situación que trae que consigo entornos y conductas de riesgo, que los conducen a caminos sin retorno y a estar dispuestos a vivir situaciones de violencia extrema, tanto como perpetradores como víctimas de violencia.
La revista Expansión Política, documentó en enero de 2024, que entre 145 mil y 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados o usados por el crimen organizado en un país donde el promedio de asesinatos es de 80 a 90 cada día. Señala también, que cada vez es más frecuente ver imágenes de niños y adolescentes uniformados de ropa militar, con rostros cubiertos y con armamentos de alto calibre, a quienes se les asignan tareas de vigilancia, tal como se dio a conocer en el pueblo de Ayahualtempa, Guerrero en enero de 2024, donde quedan a merced de grupos de la delincuencia organizada y grupos de autodefensa.
Lamentablemente existen antecedente de otros eventos en las que se involucran a niñas, niños y adolescentes, como sucedió en 2020, en donde alrededor de 20 infantes fueron adiestrados y presentados como parte de la policía comunitaria de Chilpa, Guerrero, para hacer frente a grupos delincuenciales que controlan esa región, y que se distinguen por ser atroces opresores de comunidades indígenas.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), reporta que se registraron 34 mil 971 delitos contra personas de 0 a 17 años durante al 2023, mientras que, en 2022 fueron registrados 30 mil 704. En este sentido, la agrupación Reiserta advierte que bajo esas situaciones, niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgos de homicidio doloso, acceso fácil a armas de fuego, y entornos propensos a repetir ciclos de violencia. Contexto que los conlleva a otras conductas de riesgo, como drogadicción, alcoholismo, deserción escolar, abusos sexuales, entre muchas otras circunstancias, que les arrebata para siempre su infancia y adolescencia.
Como se puede observar, si bien, a nivel internacional nuestro país se ha adherido a diversos instrumentos internacionales que protegen el interés superior de las infancias y adolescencia, lo cierto es que a nivel nacional, la deuda sigue siendo inmensa y de atención urgente; virtud de ello, esta iniciativa con proyecto de decreto, propone elevar a rango constitucional que el Estado en su conjunto sea garante de implementar medidas preventivas y acciones necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento por parte del crimen organizado.
Lo dispuesto anteriormente, dará certeza amplia a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin dejar de reconocer, que se requiere también del compromiso decidido del Poder Ejecutivo Federal para garantizar que lo que se regula en todos los ordenamientos jurídicos se cristalice, es decir, se requiere un compromiso transversal para enfrentar esta situación, y no solo basta con reformas a legislaciones; también se requiere de prepuestos suficientes y debidamente orientados para afrontar esta crisis que viven la niñas, niños y adolescentes a manos de los grupos criminales en nuestro país.
En otro ámbito de ideas, este recurso legislativo también propone armonizar en la Carta Magna las menciones que se hacen al referirse a “niñas, niños y adolescentes”. En virtud de que, en el segundo renglón del párrafo noveno del artículo 4o. constitucional, se señala: Los niños y las niñas; destacándose, que en el resto de las menciones citadas en nuestra Constitución, sí se considera inicialmente el término de identidad “niñas, niños y adolescentes”.
Esto es muy importante, toda vez que las legislaciones reglamentarias y otras, ya lo contemplan en tal sentido, concretamente en el cuerpo de la norma rectora inherente a este tema, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
A propósito de la presente iniciativa, se pone a consideración el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado
Artículo único. Se reforma el artículo 4o., párrafo decimoprimero, y se adiciona el artículo 16, párrafo noveno, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
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En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de la niñez. El Estado implementará las acciones y medidas preventivas necesarias para evitar que niñas, niños y adolescentes sean reclutados por la delincuencia organizada.
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Artículo 16. ...
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Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. En tal sentido, las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, implementarán acciones preventivas coordinadas tendentes a que niñas, niños y adolescentes no se involucren en actividades delictivas y sean víctimas de organizaciones de la delincuencia organizada.
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TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Referencias
1 Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas (RNPDNO).-
https://blog.derechosinfancia.org.mx/2023/09/14/ninez-y-adolesce ncia-desaparecida-en-mexico-segun-la-version-publica-de-la-base-de-datos-del-rn pdno/
2 https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s). pdf
3 y 4 https://politica.expansion.mx/mexico/2024/01/30/homicidio-y-reclutados-por-el-c rimen-los-riesgos-para-los-ninos-mexicanos
Otras fuentes
Balance anual Redim 2023.- Red por los Derechos de la Infancia en México
https://issuu.com/infanciacuenta/docs/balance_redim_3_
https://estrategiasddhh.segob.gob.mx/work/models/EstrategiasDDHH /Documentos/pdf/GruposRiesgo/Mecanismo_Estrategico_del_Reclutamiento_y_Utilizac ion_de_NNA.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639886&fecha =31/12/2021#gsc.tab=0
https://www.plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2024/06/ GUIA-LENGUAJE-INCLUSIVO-interactivo_ POI.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.– Diputado y diputada: Héctor Saul Téllez Hernández, Tania Palacios Kuri (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
LEY DE AGUAS NACIONALES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra el diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos para presentar iniciativa, con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 9 y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento y reúso. Adelante, diputado.
El diputado Mario Calzada Mercado:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa que hoy propongo es un paso fundamental para enfrentar la crisis hídrica que vive ya nuestro país.
La Ley de Aguas Nacionales vigente data de 1992 es una ley que tiene más de 30 años, que está obsoleta y que no corresponde al México actual. Destacamos la importancia de fortalecer la participación de la federación en el tratamiento, aprovechamiento y reúso de las aguas residuales como una medida esencial para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.
La escasez de agua en México se ha intensificado debido a fenómenos como cambio climático, crecimiento demográfico, sobreexplotación de mantos acuíferos y según la Comisión Nacional del Agua, en el primer trimestre del año pasado 2024, el 75 por ciento del territorio nacional experimentó algún grado de sequía. Es un dato sumamente preocupante, compañeros, en este contexto es imperativo que la Federación asuma el rol más activo en la coordinación, inversión y supervisión de las acciones para el tratamiento de aguas residuales.
Actualmente, la responsabilidad de tratar las aguas recae principalmente en los municipios, pero en la mayoría de los municipios de México, la mayoría de los municipios tienen recursos muy limitados y en la mayoría de los municipios no existen plantas tratadoras de agua que correspondan a la necesidad, al crecimiento poblacional y a muchos de estos factores.
Según un inventario nacional de plantas tratadoras potabilizadoras, un censo que se hizo en 2022 por parte de Conagua, una de cada 3 plantas tratadoras está en desuso, una de 4 plantas potabilizadoras no funciona. Esto evidencia la falta de recursos sin una política integral que permita abordar esta problemática de manera efectiva, sucede que también la culpa se la echan entre municipios, estados y Federación y esto lo único que provoca es pura ineficiencia y, precisamente, esta falta de funcionalidad en el tema de plantas tratadoras que redunda en un problema enorme.
La propuesta de reforma fortalece las atribuciones de la Conagua permitiéndole coordinar, fomentar con los gobiernos estatales y municipales acciones necesarias para el tratamiento de aguas residuales, lo que permitiría una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico.
El reconocimiento expreso de la participación de la Federación en la inversión en infraestructura y tecnología para el tratamiento de aguas residuales previsto en la adición al artículo 5, fracción IV es un gran avance, es un avance significativo, tiene muchos beneficios.
En días pasados estuvimos en el foro, en estos foros que organizó la Comisión Nacional del Agua, me tocó estar en el foro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el que fueron escuchadas las voces de diferentes sectores de la sociedad mexicana.
Estuvieron presentes hombres del campo, estuvieron constructores, desarrolladores, ganaderos, representantes de diferentes cuencas, de gobiernos estatales, del gobierno federal y les puedo decir que fue un gran ejercicio ciudadano, porque ahora que viene este foro que precisamente tiene qué ver con transformar el régimen del agua en México, hacia una Ley General de Aguas y reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que esperemos que ahora sí se lleve a cabo la implementación de esta ley, pues es un tema que nos une a todos los mexicanos.
Es un tema en el que tenemos que anteponer los intereses de partido, de grupo, como bien lo decía uno de los compañeros que me antecedió en el uso de la palabra, en el que no veamos ninguna situación que no tenga qué ver con la calidad de vida ni con el bienestar de los mexicanos. Es un tema que no podemos ser irresponsables, es una prioridad.
El recurso del agua, el derecho humano al uso del agua y la implementación de esta ley tiene que ser una prioridad para todos nosotros. Entonces, pues ya nada más para construir este esfuerzo coordinado no solo permite atender la emergencia hídrica actual, sino que sentará las bases para un modelo de gestión sostenible que garantice el derecho humano al acceso del agua y un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras. Es cuanto. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o., 9o. y 44 de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento y reúso, a cargo del diputado Mario Calzada Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Mario Calzada Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, fracción XIV, y 44, tercer párrafo; y se adiciona una fracción IV al artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
México ha sufrido en los últimos años, olas de calor severas y cambios en el medio ambiente que han generado crisis hídricas en casi todos los estados de la república; la escasez de agua, los cambios en los ciclos de lluvia, la gestión inadecuada de los recursos hídricos, el crecimiento poblacional, así como el cambio climático han agravado la situación.
Tan sólo en el primer trimestre de 2024, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, 75 por ciento del territorio mexicano experimentó algún grado de sequía.
Una de las causas principales de escasez de agua en nuestro país, es la sobreexplotación de aguas de subsuelo (entendidas como aquellas existentes debajo de la superficie terrestre). La extracción excesiva para uso agrícola, industrial y doméstico ha provocado la disminución del nivel freático (nivel del agua subterránea en el suelo), comprometiendo la calidad y cantidad del agua disponible.
La contaminación del agua representa un problema grave en muchas localidades, municipios, ciudades y estados del país. La descarga de aguas de composición variada provenientes de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, sin un tratamiento, contamina ríos, lagos y acuíferos, poniendo en riesgo la salud pública y el ambiente.
Ante tal problemática nacional, es urgente implantar acciones y medidas integrales con mayor participación de la Federación, a través del uso de tecnologías avanzadas e infraestructura necesaria para atender de manera sostenible y real, el problema de la falta de agua y su contaminación.
En consecuencia, en el ámbito público, el tratamiento de aguas residuales, no solo debe ser una obligación de los Municipios, puesto que en su mayoría carecen de recursos suficientes para generar las plantas de tratamiento necesarias, dejando en el olvido las que ya están u obsoletas por falta de inversión y tecnología necesaria, desencadenando el problema de contaminación, desperdicio y desaprovechamiento de aguas.
La presente iniciativa tiene el objetivo de establecer una participación activa de la Federación, para que a través de la autoridad en materia de agua (Conagua), coordine y fomente con los gobiernos de los estados y municipios, las acciones necesarias para el tratamiento de aguas residuales, a través de tecnologías avanzadas e infraestructura suficiente, para su aprovechamiento y reúso, que coadyuve en mitigar la explotación y contaminación de aguas del subsuelo.
La atención debe ser integral y con la participación de los tres niveles de gobierno y no solo de los Municipios o la entidad federativa que corresponda, ya que, incluso la propia Ley de Aguas Nacionales, establece que es de utilidad pública el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales.
Por ello, la iniciativa pretende su justificación a través de la siguiente
Exposición de MotivosPrimera. El agua resulta indispensable para la salud y el bienestar de todos los seres vivos del planeta, así como para la preservación de un ambiente sostenible. Sin embargo, y pese a los esfuerzos a escala mundial implantados, 3 de cada 10 personas no tienen acceso al agua potable, y 6 de cada 10 no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En el mismo sentido han señalado que el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene representan la necesidad humana más básica para el cuidado de la salud y el bienestar. Miles de millones de personas no tendrán acceso a estos servicios básicos en 2030 a menos que se cuadrupliquen los avances.
Por eso resulta necesario aumentar la inversión en infraestructuras e instalaciones de saneamiento y la capacitación en todo el sector. A través de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, mejor conocida como Agenda 2030, se estableció el Plan de Acción Global de la ONU que involucra a 193 países, incluido México, que busca orientar los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en materia económica, ambiental y social.
Estableciendo entre sus objetivos alcanzar para 2030 “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. A través de la implementación de diversas acciones, entre las cuales destacan
• Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuado.
• Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación.
• Reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar.
• Creación de programas relativos al tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.
Por ello, la participación de todos los niveles de gobierno es fundamental para coadyuvar con las metas internacionales comprometidas; así como atender el problema local que enfrenta México, ante la escasez, la sobre explotación y la contaminación del agua.
Segunda. Desde el 9 de febrero de 2012 se incorporó en el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional, el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizaría este derecho y la ley definiría la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios.
Sin embargo, y a pesar de que el Congreso de la Unión tenía la obligación de emitir el marco general (Ley General de Aguas) en un plazo de 360 días posteriores a la fecha de entrada en vigor del decreto respectivo, esto no ha sucedido, teniendo más de 11 años en omisión legislativa, al grado de haberse ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la pasada legislatura, la emisión de la Ley General de Aguas.
Pero mientras esto no suceda, la situación se sigue agravando, y a través de acciones aisladas y sin los recursos suficientes el problema seguirá creciendo paralelamente al incremento demográfico y a la demanda de servicios públicos, siendo necesario promover las iniciativas de reforma y adición al texto normativo vigente, es decir a la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de atender la problemática real que vive la sociedad y que está afectando seriamente el ambiente.
Tercera. De acuerdo con el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, último, emitido por la Comisión Nacional del Agua. Se tenían instaladas en el país, 4 mil 289 plantas, pero sólo están en operación 2 mil 774; es decir que hay mil 515 sin operar, lo que representa 35.3 por ciento.
En cuanto a plantas potabilizadoras hay en todo el país, mil 354 plantas, pero solo están en funcionamiento 988; es decir que hay 366 sin operar, esto es 27 por ciento.
En ambos casos, sin operar mil 881 plantas potabilizadoras y de tratamiento, detenidas principalmente por diversos factores, entre los que se encuentran: falta de mantenimiento, obras inconclusas o en construcción, fin de su vida útil, no reciben agua para tratar y problemas de diseño, falta de inversión tecnológica en ellas. Pero todo, se resume en la falta de recursos públicos e involucramiento e interés por parte de las autoridades competentes.
En la Ciudad de México, como ejemplo, el total de plantas de tratamiento es de 30, con una capacidad instalada de 5 mil 583 (l/s) y se tratan solo 2 mil 483 (l/s), solo el 44.4por ciento de lo que se podría tratar si todas las plantas funcionaran.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi):
• S ólo en 985 de los municipios y las demarcaciones territoriales de México se da tratamiento al agua residual para reutilizarla; esto equivale a 40 por ciento.
• Hay 5 mil 852 sitios de descarga de aguas negras en el país.
• El estado de México, Veracruz de Ignacio de la Llave e Hidalgo suman juntos el 30 por ciento del total.
• Nuevo León y Yucatán no tienen ninguno.
• 50 por ciento de las aguas negras de nuestro país se descargan en ríos o arroyos y el 23 por ciento en el suelo o barrancas.
De acuerdo con académicos, México sólo trata 30 por ciento de las aguas residuales de los procesos industriales y del drenaje. Esta falta de tratamiento está contaminando cuerpos de agua superficiales como ríos, canales y mares.
Incluso la Organización de las Naciones Unidas, ante los desafíos que enfrenta el mundo sobre el agua, ha concluido que el 80por ciento de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas y es la agricultura la que representa 70 por ciento de la extracción mundial de agua.
Finalmente, la falta de tratamiento de aguas residuales, así como su reúso o aprovechamiento, tiene importantes implicaciones ambientales, económicas y sociales, como son la destrucción de los mantos acuíferos y de la flora (por las aguas residuales que se descargan sin tratar). Además, genera focos de transmisión de enfermedades y malos olores.
Por ello resulta necesario que se implemente una política de Estado con mayor participación de la Federación, para hacer frente a esta problemática social.
Todos merecemos y tenemos el derecho humano al acceso al agua y a un medio ambiente sano, y es el estado quien debe garantizarlos.
Un claro ejemplo de voluntad política y de acciones concretas en beneficio de la población y del cuidado del agua, es mi estado, ya que en enero de este año se firmó un acuerdo, entre el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Estado de Querétaro, a través de la Comisión Estatal de Aguas Querétaro. El acuerdo “Batan, Agua para todos” está encaminado a duplicar la capacidad de suministro de agua. Y en septiembre se echó a andar el sistema de regeneración de agua El Batán, proyecto único en América Latina que permitirá garantizar este recurso en la entidad por los próximos 30 a 50 años.
La intención es que, a través de procesos avanzados de purificación y tecnología, se va a regenerar el agua que ya fue utilizada, pero mediante diversos procesos, podrá volver a las casas de las y los queretanos como agua limpia y segura.
Como parte de las obligaciones locales, fue necesario llevar a cabo diversas reformas a la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, pero necesarias para fomentar el cuidado del agua y garantizar un suministro mínimo a sus habitantes, así como reforzar las obligaciones en materia de tratamiento y saneamiento de aguas residuales.
Este sistema, será pionero en México y marcará una ruta sobre acciones coordinadas entre distintos niveles de gobierno.
En cuanto al tratamiento de agua, La Comisión Estatal de Aguas (CEA) informo a través del Anuario Económico, Querétaro Competitivo, que en 2021 la CEA contaba con 41 plantas de tratamiento, tratando el 87.8 por ciento de las aguas residuales generadas.
Y en materia de reúso de agua tratada, Querétaro cuenta con tres sectores para llevar a cabo ese proceso en la zona metropolitana, con una capacidad del 66 por ciento de reúso, principalmente para el sector agrícola.
1. Sector agrícola;
2. Industrial; y
3. Servicios
No es suficiente, por eso nos toca impulsar nuevos cambios legislativos para el aprovechamiento y reúso de aguas residuales, con acciones en las que participe de manera efectiva la Federación, en beneficio de todo el país.
Cuarta. Los tres niveles de gobierno: Federación, estados y municipios, tienen competencia sobre los recursos hídricos; la federal en materia de aguas nacionales que se describen en el artículo 27 Constitucional. La Estatal, sobre las aguas que corren por sus territorios, y la Municipal, en cuanto a la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Sin embargo, de acuerdo con los artículos 7 y 16 de la propia Ley de Aguas Nacionales, la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales, son causas de utilidad pública, además, las aguas residuales provenientes del uso de las aguas nacionales, aun cuando sean objeto de tratamiento, seguirán considerándose como nacionales, por lo tanto, la federación es competente.
En conclusión, es justificable la participación efectiva de la Federación para coordinar, fomentar y apoyar con los gobiernos de los estados y municipios, las acciones necesarias para el tratamiento aguas residuales, a través de tecnologías avanzadas e infraestructura suficiente, para su aprovechamiento en actividades que no impliquen consumo de ésta, ya sea en la agricultura, la industria, parques y jardines, o servicios sanitarios públicos. Ello coadyuvará en mitigar la explotación y contaminación de aguas del subsuelo.
Aunado a lo anterior, con esta iniciativa también se pretende contribuir en la gestión mejorada de los recursos hídricos, crucial para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre agua potable y saneamiento (ODS 6), de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por lo anterior y con el propósito de clarificar la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo del artículo de la Ley de Aguas Nacionales vigente y el texto propuesto:
Cuadro comparativo
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se reforman los artículos 9, fracción XIV, y 44, tercer párrafo; y se adiciona una fracción IV al artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 5....
I. a III. ...
IV. Coordinará y fomentará con los gobiernos de los estados y municipios, las acciones necesarias para el tratamiento aguas residuales, a través de tecnologías avanzadas e infraestructura suficiente, para su aprovechamiento y reúso, que coadyuve en mitigar la explotación y contaminación de aguas del subsuelo.
Artículo 9....
...
...
...
...
...
...
I. a XIII. ...
XIV. Fomentar y apoyar a través de tecnologías avanzadas e infraestructura, los sistemas de saneamiento; tratamiento y reúso de aguas, así como el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los gobiernos estatales y, por conducto de éstos, con los municipales, o con terceros;
XVI. a LIV. ...
Artículo 44. ...
...
Corresponde al municipio, a la Ciudad de México y, en términos de Ley, a las Entidades Federativas, a la Federación, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, la inversión en infraestructura y tecnología necesaria para el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que les determine “la autoridad del agua”.
...
...
...
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TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Cónfer Monitor de Sequía en México. Comisión Nacional del Agua-Servicio Meteorológico Nacional, 18 de marzo de 2024. Consultado el 12 de octubre de 2024 en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3% ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%AD a/MSM20240315.pdf
2 Fracción VII del artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales. Consultado el 16 de octubre de 2024 en
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
3 Cónfer Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado el 13 de octubre de 2024 en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2017/07/tres-de-cad a-10-personas-no-tienen-acceso-a-agua-potable/#:~: text=Tres %20de%20cada%20diez%20personas,Salud%20(OMS)%20y%20UNICEF
4 Cónfer Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Consultado el 14 de octubre de 2024 en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitatio n/
5 Cónfer Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. Consultado en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitatio n/ el 15 de octubre de 2024.
6 Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, diciembre de 2022. Conagua. Consultado el 17 de octubre de 2024 en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://files.conagua.gob.mx/conagua/publicaciones/Publicaciones /SGAPDS-8-23.pdf
7 Cónfer “En plena crisis, casi 2 mil plantas potabilizadoras y de tratamiento están sin uso”, en N+ Noticias. Consultado el 17 de octubre de 2024 en
https://www.nmas.com.mx/nacional/crisis-hidrica-en-mexico-1880-p lantas-potabilizadoras-y-de-tratamiento-de-agua-estan-sin-uso/
8 Aguas residuales o negras. Inegi. Cuéntame de México. Consultado el 17 de octubre de 2024 en
https://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/residual.aspx
9 Doctor Iván Quevedo Partida, académico del Departamento de Ingeniería Química, Industrial y de Alimentos de la Universidad Iberoamericana. “‘No tratar aguas residuales pone en jaque ríos y mares’: investigador”, jueves 26 de agosto de 2022. Consultado el 17 de octubre de 2024 en
https://ibero.mx/prensa/no-tratar-aguas-residuales-pone-en-jaque -rios-y-mares-investigador
10 Desafíos globales. Agua. Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 17 de octubre de 2024 en
https://www.un.org/es/global-issues/water
11 Cónfer “‘El gobierno de Querétaro se compromete con el cuidado del agua y el futuro de las familias’: MKG”. Consultado el 18 de octubre en
https://www.ceaqueretaro.gob.mx/el-gobierno-de-queretaro-se-comp romete-con-el-cuidado-del-agua-y-el-futuro-de-las-familias-mkg/
12 Cónfer Reformas a la regulación del agua en Querétaro. Sanches Devany. Consultado el 18 de octubre de 2024 en
https://sanchezdevanny.com/es/tendencias/boletines/reformas-a-la -regulacion-del-agua-en-queretaro
13 Anuario económico 2022, Querétaro Competitivo. Consultado el 18 de octubre de 2024 en
https://sedesu2.queretaro.gob.mx/firma/2022-AEE-QUERETARO-COMPE TITIVO.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputados y diputada: Mario Calzada Mercado, Abigail Arredondo Ramos, Noel Chávez Velázquez, Humberto Ambriz Delgadillo (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal. Adelante, diputada.
La diputada Claudia Sánchez Juárez:Con su venia, diputada presidenta. Subo a esta tribuna para presentar una iniciativa que responde a una realidad urgente y apremiante, una iniciativa que busca cerrar la brecha legal que ha permitido que los ciberdelitos crezcan sin control, afectando no solo el patrimonio de las y los mexicanos, sino también su privacidad, integridad y derechos fundamentales.
Quisiera comenzar con un dato que no podemos ignorar: México ocupa el segundo lugar en América Latina en ciberataques, solo por detrás de Brasil. Cada año el país sufre más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos y esto no es un fenómeno lejano o ajeno, es un problema que afecta desde a grandes empresas, instituciones de gobierno, por supuesto, a las familias mexicanas y a los individuos.
Hace apenas unos días nos enteramos de un hecho gravísimo, el jaqueo al teléfono celular personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, un ataque no solo vulnera su seguridad personal, sino que se convierte en un posible problema de seguridad nacional y nos hace reflexionar, qué seguridad tiene cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, cualquier periodista, activista, empresario, estudiante, que usa su teléfono para trabajar, comunicarse y vivir.
Por otra parte, cuando las y los ciudadanos se atrasan un solo día en el pago de sus servicios, estos son cortados de inmediato, eso nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿las compañías de telecomunicaciones sí pueden establecer mecanismo de cobro eficientes, pero no pueden implementar protocolos de seguridad para las y los usuarios?
El vacío normativo ha permitido que empresas proveedoras de servicios de telefonía celular, redes sociales, aplicaciones de mensajería y comercio electrónico operen sin ningún marco riguroso que las responsabilice plenamente de detectar, reportar y actuar frente a redes delictivas que usan sus sistemas para cometer fraudes, extorsión, robo de identidad, phishing o ciberacoso.
Hace unos momentos aprobamos en esta soberanía una reforma en materia de simplificación administrativa y digitalización, hacia allá va la administración pública y la vida en general, acompañemos esta reforma con leyes que refuercen la ciberseguridad en México.
Y permítanme enumerar algunos de los ejes claves de esta propuesta:
1. Obligación para que las compañías de telefonía y plataformas digitales implementen sistemas de monitoreo y alertas automatizadas que detecten la actividad inusual o sospechosa de sus redes.
2. Estas compañías deberán cooperar de manera directa e inmediata con las autoridades competentes, entregando información útil para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo máximo de 48 horas.
3. Establecer sanciones económicas y administrativas ejemplares, multas que puedan alcanzar hasta 5 por ciento de los ingresos anuales, suspensión de operaciones y en casos graves de omisión reiterada la revocación de concesiones.
4. Geolocalizar los dispositivos involucrados en delitos cibernéticos, garantizando siempre la protección de datos personales, pero sin permitir el anonimato absoluto de los ciberdelincuentes.
5. Diseñar protocolos obligatorios para la inhabilitación inmediata de números, líneas, cuentas o perfiles utilizados para fraudes, extorsión y otros delitos.
6. Coordinar campañas de concientización sobre ciberseguridad junto con el gobierno federal.
7. Terminar con la omisión e indiferencia en la prevención de estos delitos, tipificando la negligencia dolosa de las compañías como una conducta sancionable.
Se estima que aquellos fraudes cibernéticos generan pérdidas anuales por más de 8 mil millones de dólares tan solo en México y detrás de cada cifra hay personas que pierden sus ahorros, su identidad y su tranquilidad.
Hoy, es común ver campañas fraudulentas circulando en plataformas que todos usamos, ofertas falsas, clonación de páginas oficiales, correos maliciosos, mensajes de extorsión y sin embargo las empresas digitales continúan beneficiándose económicamente mientras que los ciudadanos enfrentamos solos la vulnerabilidad.
La tecnología avanza y nuestras leyes deben avanzar al mismo ritmo. No podemos permitir que las lagunas normativas sigan dejando la puerta abierta a los delincuentes. Esta iniciativa no busca entorpecer la operación de las empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales, busca establecer reglas claras, justas y responsables donde la prioridad sea la seguridad de las y los mexicanos que son consumidores de estos servicios.
Hagamos de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas y de nuestros sistemas de telecomunicaciones un espacio seguro. Y, por lo tanto, una extensión también, por qué no, de nuestra persona. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quien suscribe, Claudia Sánchez Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl crecimiento exponencial de la digitalización y conectividad móvil ha traído consigo grandes beneficios en términos de comunicación, acceso a la información y desarrollo económico. Sin embargo, también ha dado lugar a un incremento alarmante de los ciberdelitos, afectando la seguridad de millones de ciudadanos. México es uno de los países más afectados por delitos cibernéticos en América Latina, con pérdidas económicas superiores a 8 mil millones de dólares anuales. Estos delitos incluyen fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales.
Actualmente, los ciberdelincuentes utilizan redes de telefonía móvil para cometer fraudes, extorsión y distribución de contenido ilícito, sin que exista un mecanismo eficaz de monitoreo y respuesta inmediata por las empresas de telecomunicaciones.
Por ello, es necesario reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el Código Penal Federal, para establecer mecanismos que obliguen a las empresas de telefonía celular a implementar medidas de prevención, detección y colaboración en la persecución de ciberdelitos.
Objetivo de la iniciativa
1. Obligar a las compañías de telefonía celular a implementar sistemas de monitoreo y alertas que detecten actividad fraudulenta en sus redes.
2. Responsabilizar a las empresas telefónicas de cooperar con las autoridades para la identificación de ciberdelincuentes.
3. Establecer sanciones administrativas y penales para las empresas que no implementen medidas de prevención o que permitan el uso de sus redes para actividades delictivas.
4. Fortalecer la cooperación entre las empresas de telecomunicaciones y las autoridades de seguridad pública para la persecución de ciberdelitos.
5. Implantar la geolocalización obligatoria de dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos.
6. Garantizar la protección de datos personales y financieros de los usuarios.
7. Fomentar campañas de concienciación sobre ciberseguridad en colaboración con el gobierno federal.
La presente iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en materia de ciberdelitos y fortalecer la seguridad digital de los mexicanos. Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable.
Por lo anterior, con la certeza de que su aprobación contribuirá a un México más seguro y protegido contra el crimen cibernético, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal
Primero. Se adicionan la fracción XLII Bis al artículo 3, el artículo 189 Bis y la fracción VII Bis al artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por
I. a XLII. (...)
XLII Bis. Plataforma Digital: La aplicación, sitio de internet o cualquier otro medio que permita a los usuarios intercambiar, compartir o difundir información, contenidos, bienes o servicios por medios electrónicos.
XLIII. a LXXI. (...)
(...)
Artículo 189 Bis. Las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil estarán obligadas a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, incluyendo monitoreo de actividades sospechosas en sus redes, alertas tempranas para sus usuarios y colaboración directa con la Fiscalía General de la República. Asimismo, deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán
I. a VI. ...
VII Bis. Deberán diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
VIII. a XII. (...)
(...)
Segundo. Se adiciona el artículo 211 Bis 6, con lo que se recorren en el orden subsecuente los actuales 211 Bis 6 y 211 Bis 7, al Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 211 Bis 6. Cometen el delito de omisión en la prevención de ciberdelitos las empresas de telecomunicaciones que, teniendo conocimiento de la existencia de redes delictivas operando en su infraestructura, no realicen acciones inmediatas de mitigación y reporte a las autoridades competentes.
Las empresas de telecomunicaciones que incumplan con las medidas de detección y suspensión de líneas involucradas en ciberdelitos serán sancionadas con
1. Multas de hasta 5 por ciento de sus ingresos anuales en caso de omisión en la suspensión de líneas fraudulentas.
2. Suspensión de operaciones hasta por un año, en caso de reincidencia.
3. Revocación de concesión, en caso de tres incumplimientos en un periodo de cinco años.
Artículo 211 Bis 7. Para los efectos de los artículos 211 Bis 4 y 211 Bis 5 anteriores, se entiende por instituciones que integran el sistema financiero las señaladas en el artículo 400 Bis de este código.
Artículo 211 Bis 8. Las penas previstas en este capítulo se aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en provecho propio o ajeno.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contará con cuarenta y cinco días posteriores a la publicación del presente decreto para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para armonizarlo con él.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.– Diputadas: Claudia Sánchez Juárez, Celia Esther Fonseca Galicia (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias a usted, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Justicia, para su dictamen.
LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Blanca Araceli Narro, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Esta Presidencia saluda a Misael Quintín Rosario Valencia, presidente municipal del municipio Magdalena Ocotlán, en Oaxaca, quien viene acompañado del cabildo, invitado por los diputados Raúl Bolaños Cacho Cué y Alejandro Avilés Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Blanca Araceli Narro Panameño:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el interés superior de la niñez debe continuar caracterizando el trabajo legislativo que realzamos en esta Cámara de Diputados. La realidad y las estadísticas nos obligan a la construcción de un marco normativo sólido en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de México.
De ahí que insisto en la necesidad de perfeccionar el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objeto de establecer que el plazo de prescripción del delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual cometida por un adolescente en contra de un menor de edad comenzará a partir de que la víctima cumpla 18 años.
La propuesta que pongo a su consideración subsana una omisión legislativa, toda vez que la norma vigente prevé que el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla 18 años únicamente por la comisión de delitos sexuales y de trata de personas.
Sin embargo, de acuerdo con los criterios y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha prescripción debe aplicar también para el delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual, independientemente de que hayan sido cometidos por un adolescente.
En consecuencia, la pretensión de la presente iniciativa es garantizar que las infancias puedan acceder a la justicia y participar en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones, superando las barreras que enfrentan al denunciar un acto de violencia sexual, por lo que es necesario posibilitar y asegurar el acceso a la justicia de todas aquellas víctimas que durante su niñez sufrieron violencia sexual.
Debemos otorgar certeza jurídica a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas del delito de corrupción de menores por parte de un adolescente mayor que ellos. Y además garantizarles que no se exonerará a su agresor antes de que tengan la capacidad de comprender la magnitud de los hechos y de denunciarlos.
No podemos pasar por alto que los delitos de corrupción de menores, en su variante sexual, atentan contra la libertad, autonomía y el sano desarrollo de las víctimas. La violencia sexual no solamente violenta el derecho a una vida libre de violencia, sino que además vulnera el derecho a la salud física y mental y a un sano desarrollo integral. De ahí que es necesario plasmarlo en la ley, a fin de que nunca más una laguna dé paso a la libre interpretación, sobre todo si el máximo tribunal ya se ha pronunciado al respecto.
Es de recordar que esta reforma es congruente con las reformas en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra personas menores de edad, aprobadas por esta soberanía en 2023, mismas que cumplimentan diversos instrumentos internacionales de los que México ya forma parte. Reformas que constituyeron un parteaguas para hacer efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la justicia, resarciendo así décadas de olvido e impunidad.
Por lo que ahora les invito a seguir por la misma ruta, en la que las niñas, niños y adolescentes de México en esta Cámara de Diputados están y estarán siempre bien representados. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Blanca Araceli Narro Panameño, diputada federal de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl interés superior de la niñez debe continuar caracterizando el trabajo legislativo que realicemos en esta Cámara de Diputados, y en general, en el Poder Legislativo federal. La realidad y las estadísticas nos obligan a la construcción de un marco normativo sólido, libre de vicios, omisiones, lagunas y colisiones normativas, a fin de proteger a las infancias y adolescencias de México.
La violencia sexual no solamente violenta el derecho a una vida libre de violencia, sino que también vulnera el derecho a la salud física y mental y a un sano desarrollo integral. De ahí que una vez más, insisto en la necesidad de perfeccionar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
En tal virtud y en aras de garantizar normas claras, actualizadas y armónicas para prevenir la violación de los derechos de las infancia y la adolescencias, la presente Iniciativa propone a esta Soberanía, reformar el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objeto de establecer que, el plazo de prescripción del delito de corrupción de menores, considerado en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual por parte de un adolescente hacia una persona menor de edad, comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla dieciocho años de edad, toda vez que dicho delito atenta contra la libertad, autonomía y sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes,la prescripción para perseguir dichos delitos debe iniciar una vez que las víctimas hubiesen cumplido la edad de 18 años. Con ello se busca garantizar que las infancias puedan acceder a la justicia y participar en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones, considerando las barreras que enfrentan para denunciar un acto de violencia sexual”.
Atendiendo de esta manera el acceso a la justicia de todas aquellas víctimas que durante su infancia sufrieron abusos de violencia sexual y por cuestiones de madurez o capacidad para comprender la magnitud de los hechos, en su desarrollo al llegar a la adultez comprendieron que fueron víctimas de un delito y víctimas de abuso sexual por parte de alguien mayor que si tenía comprensión del acto.
Es de señalar que, de acuerdo los Manuales Formativos para la Detección de la Violencia Sexual contra la Infancia, elaborados por Save the Children, existen una serie de variables que podrían justificar que los niños, niñas y adolescentes tarden en revelar haber sido víctimas de un acto de violencia sexual, o que inclusive nunca lleguen a hacerlo. Una de estas variables tiene que ver con la edad y las características personales de la víctima, como se explica a continuación:
• Niños y niñas de corta edad o edad preescolar: Es más frecuente que revelen un acto de violencia sexual de manera accidental. También presentan dificultades para hacer revelaciones en general. En esta edad, los niños y niñas son reticentes a revelar cualquier secreto relacionado con algún comportamiento negativo por parte de una persona mayor, especialmente si no se les pregunta directamente.
• Niños y niñas de mayor edad: Es más probable que la revelación sea realizada de manera más consciente o que ésta sea más motivada e intencional.
• Adolescentes: La realidad nos demuestra que muchas y muchos adolescentes retrasan su revelación porque podrían ser más conscientes de los costes y beneficios que supondrían revelar el acto de violencia sexual que sufrieron, o bien, porque sienten miedo de que se les culpe de no haberlo revelado antes, de haberlo consentido o de no haber sido capaces de pararlo o evitarlo.
Por lo anterior, es de resaltar que el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes implica una medida especial adaptada a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que salvaguarda su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones, en atención a su interés superior de la niñez.
“ Artículo 109. Plazos especiales de prescripción
...
I. a III. ...
....
Tratándose de delitos sexuales o de trata de personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños y adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla dieciocho años.”
Las disposiciones propuestas aseguran que las personas menores de edad, con base en sus capacidades en constante evolución, puedan acceder al sistema de justicia y, en su caso, ejercer su derecho a participar en los procedimientos respectivos, en igualdad de condiciones, y considerando las barreras que implican para las infancias y adolescencias denunciar un acto de violencia sexual.
Es de enfatizar que, de aprobarse la reforma puesta a consideración, no compromete las finalidades del sistema y de las posibles sanciones que pudieran imponerse en caso de tenerse por acreditada la responsabilidad penal de la persona adolescente en juicio. Como se explicó en párrafos anteriores, tanto en la Ley Nacional como otros instrumentos internacionales reconocen la posibilidad de que personas adultas jóvenes puedan ser juzgadas en este sistema especializado por conductas cometidas durante su adolescencia.
En abono a lo antes señalado, hay que precisar que, si bien el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece a partir de qué momento empieza a correr el plazo para la prescripción delitos sexuales o de trata de personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños y adolescentes, este no contempla el delito de corrupción de menores, en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual. Lo cual constituye una omisión legislativa que no debemos seguir manteniendo ene le tiempo.
Es oportuno recordar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Violencia Sexual como “«cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción física o de otra índole, otra parte del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto».”
Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante el Comité de los Derechos del Niño publicó la Observación general No. 13: Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, en la que de manera acertada aclara el hecho de que: “En el lenguaje corriente se suele entender por violencia únicamente el daño físico y/o el daño intencional. Sin embargo, el Comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del término “violencia” en la presente observación general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente”.
Como podemos observar, respaldando la definición de violencia y/o abuso como formas de daño a los niños, el Comité deja sentado que la violencia física no es la única forma de violencia, por lo que no debemos minimizar los efectos de las formas no físicas.
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño contribuye abriendo espacio a la definición del abuso sexual contra niños, ya que en esta definición aclara que “Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas u otros medios de presión”.
Es evidente que lo referido en el párrafo que antecede, atiende y respalda al objetivo principal, es decir que las niñas y niños tienen derecho a la protección del derecho penal, incluidas las actividades sexuales impuestas por una persona adulta u otra persona menor de edad, si el primero es considerablemente mayor que la víctima, como el caso de que el agresor esté en la etapa de pubertad o adolescencia. Tal es el caso del delito de corrupción de menores sobre el que versa la presente Iniciativa.
El delito de corrupción de menores es penado y castigado por la ley, tal y como lo establece el Código Penal Federal en su artículo 201, que a la letra ordena:
Artículo 201.- Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:
a). al e). ...
f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.
A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días.
De tal suerte que se le castiga a toda aquella persona adulta que cometa el delito de corrupción de menores, con penas de prisión de siete a doce años y multa de 800 a 2500 días para aquellos que obliguen, induzcan o faciliten a menores de edad, que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tengan capacidad para resistirse a realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales con fin lascivos o sexual.
El Estado castiga y condena la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad, esto es a quien, mediante actos sexuales, o lo induzca a realizar una conducta sexual y la pena aumenta si el agente ejerce violencia sobre la víctima.
En consecuencia, siendo un acto ligado a la corrupción de menores el hecho de inducir a la realización de una conducta sexual y categorizado como un delito sexual, es necesario plasmarlo expresamente en la norma jurídica, para que no quede a la libre interpretación en futuras ocasiones si es parte o no del mismo delito, toda vez que el Máximo Tribunal ya lo ha resuelto.
La SCJN destaca que “la modalidad del delito referido no es propiamente la libertad sexual, sino la “indemnidad o intangibilidad sexual”, al considerar que en el caso de “comportamientos sexuales contra menores de edad (...) se brinda una espacial protección legal a personas que, estando incapacitadas para ejercerla, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad; se trata de personas que propiamente no poseen todavía libertad sexual por carecer de capacidad imprescindible para ejercerla.” Ya que en el caso de delito de corrupción de menores se afecta el sano y libre desarrollo sexual de las niñas y niños.
Como respaldo a resolución anterior, es propicio recordar la conclusión de la SCJN en el Amparo Directo en Revisión 5769/2022, acerca de los delitos sexuales, entendidos desde una concepción amplia de la violencia sexual, siendo el delito de corrupción de menores el inducir a la realización de una conducta sexual, siendo un argumento completamente válido para destacar y resaltar la importancia de aplicarse en la Ley:
“Al estimarse que el término “ delitos sexuales” contenido en la porción normativa antes señalada debe entenderse desde una concepción amplia de la violencia sexual, por lo que el delito de corrupción de menores, en la modalidad de “inducir a la realización de una conducta sexual”, previsto en el artículo 237 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, encuadra dentro de dicho concepto.”
Una vez realizado el análisis correspondiente, no podemos soslayar la importancia de contar con un marco jurídico claro que evite interpretaciones discrecionales o de paso a omisiones en perjuicio del interés superior de la niñez.
Garantizar el acceso a la justicia a las niñas y niños que han sido víctimas de adolescentes, que aún en su desarrollo físico y psicológico, al cometer el delito de corrupción de menores induciendo a la realización de una conducta sexual, deben ser juzgados, sin limitar la posibilidad del acceso a la justicia por parte de las víctimas una vez que han alcanzado la mayoría de edad y han comprendido los hechos y actos por los que fueron afectados.
Reformar la ley, significa otorgar certeza jurídica a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctima del delito de corrupción de menores por parte un adolescente mayor que ellos. Es la garantía de que no se exonerará a su agresor de las afectaciones cometidas en su contra antes de que tengan la capacidad de comprender la magnitud de ser inducidos a realizar conductas sexuales durante su infancia o pleno desarrollo físico y psicológico, atentando contra así contra su libre desarrollo sexual. Es decir, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima sea mayor de edad y no antes.
Finalmente, se hace notar que la reforma propuesta es congruente con las reformas en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, aprobadas por esta soberanía en 2023, mismas que cumplimentan diversos instrumentos internacionales de los que México es parte. Reformas que constituyeron un parteaguas para hacer efectivo el derecho de las niñas y niños a la justicia, resarciendo así décadas de olvido e impunidad.
En este sentido, y con el propósito de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se reforma el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 109. Plazos especiales de prescripción
Atendiendo a las reglas de prescripción establecidas en las legislaciones penales aplicables y teniendo en cuenta la edad de la persona adolescente al momento de la comisión de la conducta, la prescripción de la acción penal se ajustará a lo siguiente:
I. a III. ...
...
Tratándose de delitos sexuales , corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual o de trata de personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños y adolescentes, el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla dieciocho años.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp? id=7338
2 Cfr. Save the Children, “Módulo 3: La revelación de la violencia sexual contra la infancia”, manuales formativos para la Detección de la Violencia Sexual contra la Infancia, 2020, página 4, disponible en:
https://bit.ly/3YSJNOM
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against- women#:~: text=La%20violencia%20sexual%20es%20% C2%ABcualquier,la%20v%C3%ADctima%2C%20en%20cualquier%20%C3%A1mbito.
4 https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/03/OG13. pdf
5 Ídem.
6 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
7 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2025.– Diputada Blanca Araceli Narro Panameño (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA LEYENDA “LAS MADRES BUSCADORAS”
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene ahora la palabra la diputada Paulina Rubio Fernández, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda “Las madres buscadoras”. La segunda, que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones ordinarias. Ambas suscritas por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Paulina Rubio Fernández:Con su venia, presidenta. Esto tiene que parar. A estas alturas a los mexicanos ya no les importa cuándo empezó sino cuándo va a terminar. Y para esto tienen que entender y aceptar que necesitamos llegar a la verdad, la única, la que existe, la que sea, no la que se quieren inventar ustedes. Porque Teuchitlán, Jalisco, tiene y debe ser un parteaguas en el entendimiento de cómo resolver el grave problema. Pero por desgracia, no hay solamente un Teuchitlán en México. Por desgracia, el problema no sólo es de Jalisco.
Por eso hoy les pedimos a todos ustedes acompañar esta iniciativa, porque hay más de 120 mil personas desaparecidas en este país y se lo debemos a ellos, y se lo debemos a ellas y a todas sus familias.
Hoy, proponemos a todos ustedes una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, que crea una comisión ordinaria y plural que hemos llamado Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una comisión que vigile y siga los pasos de la autoridad responsable del problema. Una comisión que nos diga, por ejemplo, por qué desarticularon un centro de identificación humana que ustedes mismos crearon en 2022.
Una comisión que nos diga por qué hay un subejercicio en la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde no se han gastado más de mil millones de pesos, con un problema de desaparecidos como el que tiene nuestro país. Pero también hoy tenemos que decirlo, porque, como si la tragedia no fuera lo suficientemente grande para aquellos que perdieron a quien se concibió en lo más profundo de la entraña, ustedes han actuado con desdén, contra quienes solo exigen justicia. Esa justicia que quizá es solo saber dónde, dónde quedaron los restos de ese ser que nunca más van a volver ver.
Y, mientras todo esto sucede, hay mujeres rascando la tierra con sus propias manos para hacer lo que la autoridad ha dejado de hacer. Para hacer lo que los poderosos no han podido encontrar.
Por eso hoy, en este momento de convulsión de la patria, esa patria que decimos que es primero, en medio de esta vorágine de violencia, estas mujeres merecen estar aquí. Estas mujeres merecen estar a un lado de los héroes de la patria, al lado de quienes han derramado sangre por la libertad de los mexicanos. Porque hoy estas mujeres no son el problema, como ustedes han querido hacerlas ver.
Las madres buscadoras han sido el valor, la conciencia y la memoria de esta nación. Por eso, este grupo parlamentario también propone escribir para los anales de la historia en las letras de oro la frase: A las madres buscadoras.
Y que, aunque no hay manera de compensar la pérdida y el dolor que el Estado en su omisión y ha causado, al menos nos permitirá todos los días de nuestra vida recordar que hay un momento en la historia de nuestro país que esperemos que solo sea un crudo pasaje.
No permitan que su mezquinidad sea tan grande que no les alcance para tragarse sus palabras. Y recordar que cuando clamaron justicia por otros tantos, que también la merecen pero que hoy, a diferencia de ayer, son ustedes los responsables de este desastre.
Son ustedes los que no han podido frenar esta creciente crisis y que esa herencia maldita de la que hablan no es más que la herencia de los suyos. No es más que la herencia de los propios, no es más que la herencia de los abrazos y no los balazos. Sí, lo que recibieron fue una herencia, la herencia de, les guste o no, del presidente López Obrador, y que hoy la realidad les pega en las narices.
Pero mientras ustedes niegan esa realidad, mientras creen que los 200 zapatos son una venta de garaje y que se atreven a poner en duda que es el rastro evidente de la tragedia, una tragedia que ha cobrado la vida de jóvenes que lo único que tenían eran sueños, de jóvenes que no, no van a construir ningún futuro, porque su gobierno omitió que para construir el futuro de ellos primero se tiene que estar vivo.
Señoras y señores, en México una madre encuentra tus zapatos, una madre encuentra tus tijeras, una madre encuentra tu ropa. En México las madres lo encuentran todo, hasta tus restos de ser necesario. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la leyenda “Las Madres Buscadoras”, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Paulina Rubio Fernández, en nombre propio y de los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 1 a 11 del Reglamento para las Inscripciones de Honor en el Recinto de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda: “Las Madres Buscadoras”, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosSegún la fundación A Dónde van los Desaparecidos, más de 50 mil personas desaparecieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo reportó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación, el 14 de mayo de 2024.
En la administración pasada desaparecieron, en promedio, una persona cada hora en el país. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. Actualmente, el RNPDNO registra 114 mil 184 personas desaparecidas, es decir, el sexenio pasado acumuló el 44 por ciento del total.
Según cifras del mismo RNPDNO, durante los primeros 162 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum (del 1 de octubre de 2024 al 11 de marzo de 2025) se tiene un registro de 6 mil 726 personas que se desconoce su paradero, un promedio de 41.5 casos al día. Esto es un aumento de 92.44 por ciento, con respeto a los 3 mil 495 casos registrados en la misma cantidad de días de administración de López Obrador.
El incremento de personas desaparecidas es alarmante, la desaparición forzada de personas constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
Es uno de los delitos más atroces, pues deja en la incertidumbre a las familias, sobre el paradero del desaparecido, sin saber si falleció, si se encuentra privado de su libertad, si esta sufriendo, o se encuentra bien en algún lugar.
Por ello, diferentes organismos multilaterales han señalado que es de vital importancia que los Estados adopten medidas para evitar que ocurran casos de desaparición forzada, e investiguen y sancionen a los responsables, e incluso informen a los familiares el paradero de la persona desaparecida.
Hay que tomar en cuenta lo establecido en el caso Radilla Pacheco versus México, puesto que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se debe iniciar una investigación. Esta obligación es independiente de que se presente una denuncia, ya que la obligación de investigar el caso es ex officio, sin dilación, de manera seria, imparcial y efectiva (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2009, párrafo 143).
Como consecuencia de este problema en México, en 2017, se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFPDCPSNBP), que tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas, y diferentes acciones encaminadas a resolver este problema.
En 2018 se expidió la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas (LFDEAPD), que busca establecer el procedimiento federal para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio del procedimiento; así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano Jurisdiccional competente; Reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la Persona Desaparecida; Brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la Persona Desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares.
El artículo 13 de la LGMDFPDCPSNBP, señala que los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la Persona Desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.
En los casos de los delitos previstos en dicha ley no procede el archivo temporal de la investigación, aun cuando de las diligencias practicadas no resulten elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal y no aparece que se puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.
Cabe señalar que una Persona Desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, y una Persona No Localizada es aquella cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
El artículo 21 de la LGMDFPDCPSNBP, establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Y el artículo 34 de la ley, refiere que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
La Ley General de Víctimas dice que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.
Y es que como hemos referido, si bien la víctima central es quien ha sido desaparecido, los familiares de ellos se victimizan de igual o peor manera, su madres, padres, hermanos o hijos son víctimas indirectas y potenciales ante los mismos criminales que desaparecieron a su familiar.
Lo anterior, se recrudece cuando, ante la ineficiencia del Estado para resolver los casos de desaparición y dar la certeza del destino del desaparecido a los familiares, éstos se organizan por cuenta propia para buscar a sus seres queridos.
Así han surgido importantes movimientos de madres buscadoras, madres que no esperan a que el gobierno les de una respuesta, que tal vez nunca va a llegar, y han emprendido de forma organizada y valiente la búsqueda de sus hijos.
En medio de esta tragedia, los familiares de las víctimas, particularmente sus madres, han hecho esfuerzos importantes por esclarecer la verdad, buscando a sus hijos, con la esperanza de encontrarlos vivos, pero sabiendo que pueden ser sus restos mortales lo que hallarán.
Las reuniones colectivas, los talleres para aprender y compartir conocimiento fueron la antesala de logros importantes para garantizar la verdad y la justicia. Bajo el lema “sin las familias no”, se mantuvieron firmes ante la indiferencia de las autoridades. Lograron que esta violencia fuera nombrada y tipificada en el Código Penal Federal, y además se creara la Ley General en Materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, existen muchos más colectivos de familiares de personas desaparecidas. De entre ellos, son más de 60 colectivos, de México y Centroamérica que permanecen unidos para hacer efectiva la #LeyDesaparición y dar con sus familiares desaparecidos y desaparecidas.
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), es una red que aglutina a muchas de las organizaciones de madres y familias buscadoras que comenzó en 2015 con el objetivo de reivindicar de forma unitaria la primera Ley General en materia de desapariciones de México, que finalmente entró en vigor el 2 de enero de 2018 (https://memoriamndm.org/sobre-el-movndmx). El MNDM está conformado en la actualidad por más de 80 colectivos de 24 estados de México y de tres países de Centroamérica.
Desde 2019, las madres y familias buscadoras han logrado encontrar a mil 230 personas sin vida en fosas clandestinas. Además, han logrado localizar a 1300 personas con vida en distintas partes del país, muchas de las cuales son personas que habían sido secuestradas y maltratadas en la frontera con Estados Unidos, en su trayecto migratorio. Las madres y familias buscadoras critican que el Estado mexicano no se responsabilice de la búsqueda, lo cual en sí mismo es un acto de violencia, y que delegue esta tarea en los propios familiares de las víctimas.
El 5 de marzo del 2025, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó, en el rancho Izaguirre de la localidad mexicana de Teuchitlán, un centro de reclutamiento forzado y campo de exterminio del crimen organizado. Se hallaron allí fragmentos de huesos, hornos para la incineración y una imagen estremecedora. Cientos de pares de zapatos y objetos personales abandonados, que remiten a escenas del Holocausto.
Este caso no es aislado, pero su difusión ha calado profundo en la sociedad mexicana, donde las imágenes e historias que nos han mostrado evidencian la crueldad de los delitos ahí cometidos, la ineficacia de las autoridades para resolver el delito de la desaparición forzada y la tremenda impunidad existente.
En el programa de Televisa “La Hora de Opinar”, Leo Zuckerman entrevistó al abogado Jacobo Dayán, especialista en derecho penal internacional, quien refiere que la estrategia de combate a la delincuencia organizada esta centrada en detener el tráfico de drogas y no en reducir la violencia, por ello, aun cuando el rancho donde sucedió esto ya había sido intervenido por el Ejército, no encontraron los restos de las personas que fueron cremadas en el lugar, pues no forma parte de sus objetivos.
Tuvieron que ser las madres buscadoras quienes, a partir de una llamada anónima, encontraron los restos de personas y diversos artículos que pueden ayudar a su identificación.
Y por si no fuera suficiente la tragedia, muchas de las madres buscadoras son amenazadas, acosadas y, desafortunadamente, asesinadas o desaparecidas.
Algunas de las madres buscadoras que han sido asesinadas son:
Ana Luisa Garduño, asesinada el 28 de enero de 2022 y buscaba a su hija Ana Karen Huicochea, desaparecida en 2012.
Carmela Vázquez, asesinada el 6 de noviembre de 2022 en Guanajuato, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga, desaparecido en 2022.
Esmeralda Gallardo, asesinada el 4 de octubre de 2022 en Puebla, busca a su hija Betzabé Alvarado, desaparecida en 2021.
Aranza Ramos, asesinada el 15 de julio de 2021 en Sonora, buscaba a su esposo, Bryan Omar Celaya, desaparecido en 2020.
Lorenza Cano Flores, buscadora de Salamanca, Guanajuato, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados el lunes 15 de enero pasado, luego de que estos abrieron fuego contra su esposo Miguel y su hijo Miguel Ángel, en su domicilio de la colonia Ampliación El Cerrito, de esa ciudad.
Cecilia Patricia Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió piedad para Lorenza Cano.
Recientemente, Ceci Flores, como se le conoce, presentó su libro ‘Madre Buscadora, Crónica de la Desesperación’ en el que narra su lucha y con el que pidió que se haga justicia por la desaparición de sus familiares. La mujer dijo que tiene que terminarse la crisis de personas desaparecidas en México. “No queremos que haya repetición, queremos que hagan su trabajo (las autoridades)”. “Si yo no los busco, nadie lo hace”, sentenció la mujer, y continuó detallando que las autoridades de Sonora le prohibieron buscarlos en ese estado del país.
Por eso, diferentes organismos defensores de derechos humanos han exhortado a cuidar las vidas de personas buscadoras de desaparecidos y autoridades, ante la preocupación por la seguridad de quienes participan en estas actividades.
Tenemos una gran deuda con estas mujeres, el Estado mexicano les ha fallado y les sigue fallando, no hemos logrado reducir el fenómeno de la desaparición, nos son significativos los números de personas encontradas por el Estado, y han sido ellas quienes mas efectividad han tenido en esta actividad, pese a los riesgos que les genera y que el Estado tampoco ha logrado reducirlos, dejándolas solas y vulnerables.
Javier Sicilia decía que las madres buscadoras son nuestra reserva moral.
Por eso, esta Cámara de Diputados debe honrarlas, sin que ello signifique abandonar el apoyo real que merecen, debemos mejorar las leyes, darles el presupuesto suficiente a las instancias encargadas de esclarecer estos casos y exigir a las autoridades responsables, federales, estatales y municipales, que cumplan a cabalidad con su obligación de resolver los casos de desaparición, proteger a sus familiares e impartir justicia.
En consecuencia, proponemos inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda: “Las Madres Buscadoras”, entendiendo que en este apotegma se incluyen a los familiares y amigos que han participado en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y desaparición por particulares.
Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda: “Las Madres Buscadoras”
Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la leyenda: “Las Madres Buscadoras” .
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único del presente decreto.
Notas
1 Véase:
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2024/05/28/desaparecen-mas -de-50000-personas-en-el-sexenio-de-amlo/ Consultado el 14 de marzo 2025.
2 Véase:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/segob-reporta-41-desapa recidos-dia-sheinbaum-20250313-750344.html Consultado el 14 de marzo 2025.
3 Véase:
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-desaparicion-forzad a?idiom=es Consultado el 14 de marzo 2025.
4 Véase:
https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/precedente-historico -en-mexico-al-reconocer-la-obligatoriedad-de-las-acciones-urgentes-0 Consultado el 14 de marzo 2025.
5 Véase:
https://agenciapresentes.org/2024/05/09/quienes-son-las-madres-b uscadoras-de-mexico/ Consultado el 14 de marzo 2025.
6 Véase:
https://memoriamndm.org/sobre-el-movndmx/ Consultado el 14 de marzo 2025.
7 Véase:
https://feminismoporlapaz.eus/archivo/madres-familias-buscadoras -mexico/ Consultado el 14 de marzo 2025.
8 Véase:
https://theconversation.com/el-horror-de-teuchitlan-revela-el-pa pel-de-las-mujeres-buscadoras-en-mexico-y-en-el-resto-del-mundo-251462 Consultado el 14 de marzo 2025.
9 Véase:
https://www.fundacionjusticia.org/buscadoras-asesinadas/ Consultado el 14 de marzo 2025.
10 Véase:
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2024/01/18/desaparece-la -buscadora-lorenza-cano-ceci-flores-pide-piedad-a-los-carteles/ Consultado el 14 de marzo 2025.
11 Véase:
https://lopezdoriga.com/nacional/la-madre-buscadora-ceci-flores- pide-justicia-para-desaparecidos-en-mexico/ Consultado el 14 de marzo 2025.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La diputada Paulina Rubio Fernández:
«Iniciativa que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones ordinarias, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Quienes suscriben, las y los diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, fracción I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos al pleno de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 39, fracción V, con lo que se recorren las subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones ordinarias, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosDesde el pasado 7 de marzo de 2025, un inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco, ha sido noticia nacional e internacional debido al hallazgo de lo que se llamó un “campo de exterminio”. Ahí, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró, además de restos óseos, más de doscientos pares de zapatos, ropa, libretas, fotografías, una carta, identificaciones, cargadores y casquillos de bala. De acuerdo con algunos testimonios, este lugar estaba controlado por un grupo delictivo, reclutando y adiestrando ahí a personas jóvenes para sus comandos. El campo funcionaba para entrenar a personas para ejercer la muerte, para morir o asesinar a otras.
También en los últimos días fue noticia el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Ahí, el colectivo Amor por los Desaparecidos, en un baldío ubicado entre colonias al poniente de la ciudad, encontró restos óseos calcinados en supuestos crematorios, así como pantalones de mezclilla, una hebilla de cinturón, un rosario, equipo táctico, cartuchos percutidos, tambos y una pared con impactos de bala. Casi a la par, otro colectivo, Lazos Unidos por Encontrarlos, en un ejido de Reynosa, informó de otro hallazgo de restos óseos.
El fenómeno de las fosas clandestinas en nuestro país no es reciente, sino parte de la cotidianidad de la violencia que México ha vivido en las últimas dos décadas, y con una clara tendencia al alza.
Un amplio y bien documentado reportaje publicado en el sitio de investigación periodística y análisis sobre las lógicas de la desaparición de personas en México, adondevanlosdesaparecidos.org, da cuenta de la magnitud del problema de homicidios no registrados y desaparición de personas en nuestro país. Aquí algunos datos (con cifras actualizadas hasta 2023):
- 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007 (cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada).
- Fue durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando se dispararon las localizaciones de entierros ilegales. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que más de la mitad de las fosas clandestinas registradas, 2864, fueron descubiertas durante ese sexenio (1.8 entierros ilegales cada día), duplicando así el número de hallazgos reportados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos.
- Veracruz encabeza la lista nacional de entierros ilegales; en total se han localizado 668. En segunda posición, con 554 fosas, está Tamaulipas. Guerrero es el tercer estado con mayor número de fosas: 498. Sinaloa ocupa el cuarto puesto en el ranking nacional, con 484 fosas. Le siguen Chihuahua con 415, Colima con 351, y Zacatecas con 349.
- La geografía de los entierros ilegales ha cambiado en los últimos años. Hasta 2018, más del 50 por ciento de las fosas se concentraban en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Desde la llegada de López Obrador, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
- Hay municipios en lo que el número de fosas encontradas es extraordinariamente alto. Tecomán, Colima, con 116,305 habitantes, es el caso más dramático, al concentrar el 7.3 por ciento de las fosas localizadas desde diciembre de 2018, un total de 209. También destaca en esta lista Úrsulo Galván, Veracruz, con 30,097 habitantes, donde, bajo el suelo seco y arenoso del predio conocido como La Guapota se ocultaba el horror: casi 100 cuerpos enterrados. En total, 79 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2023.
- Hay una tipología de estos sitios también conocidos como de exterminio: fosas en donde los cuerpos estaban acomodados en filas; entierros masivos que evidencian un uso “reciclado” de las fosas en distintos momentos.
Fuente: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/09/mexico-rebasa-las-5600-fosas-c landestinas/
El reclutamiento forzado de personas, particularmente de jóvenes y niños, por parte de grupos criminales es un fenómeno creciente en el país. En muchas comunidades rurales y urbanas, estos grupos operan con impunidad, obligando a las víctimas a integrarse a sus estructuras delictivas bajo amenaza de violencia contra ellos o sus familias o con engaños que ofrecen mejoras oportunidades de vida o salariales.
Se trata de una problemática criminal que ha sido denunciada también por los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Las autoridades han fallado en implementar estrategias de prevención y atención efectiva a este delito.
El grave problema de la desaparición de personas en México no sólo no se ha contenido en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que se ha incrementado. En sus primeros 100 días, en promedio se registraron 40 desapariciones al día, lo que significa un aumento del 60 por ciento en comparación con el sexenio de su antecesor, cuando el promedio diario fue de 25 víctimas. Así, del 1 de octubre de 2024 al 8 de enero de 2025, desaparecieron 4,010 personas en el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reportaron, en promedio, 1.07 desapariciones por hora, mientras que en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum la cifra aumentó a 1.6 por hora.
Según el RNPDNO, hay 121,000 personas desaparecidas en el país. Las cifras evidencian que el año pasado hubo un repunte del delito. De 2019 a 2022, la cantidad de víctimas se mantuvo entre 8,000 y 8,600. En 2023 aumentaron a 10,283 y 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13,627. Esto equivale a un incremento del 32 por ciento.
No menos lamentable es la falta de apoyo y seguridad para colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ante la ineficacia o complicidad de las autoridades federales y locales, dichos colectivos han asumido un rol protagónico en la investigación y localización de víctimas. Sin embargo, estas organizaciones operan en condiciones de alto riesgo, enfrentando amenazas, hostigamiento y, en algunos casos, asesinatos de sus integrantes.
No obstante, la magnitud de la crisis de desaparición de personas en México, con base en las cifras antes expuestas, la reacción de las autoridades ha sido la de pretender minimizar el problema. En efecto, luego de la indignación que entre la población produjo la noticia del centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo declaraciones desafortunadas en su conferencia matutina el pasado viernes 14 de marzo: “hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios”.
La Cámara de Diputados, como máxima representación de la voluntad popular, no puede quedar al margen mientras la ciudadanía se manifiesta en las calles y exige a las autoridades poner un alto al terror que ha generado la delincuencia organizada en la mayor parte del país.
Por ello, se considera necesario la creación de comisión ordinaria para que se comunique, coordine y colabore con las comisiones de búsqueda nacional y locales, con la Fiscalía General y las fiscalías locales, con los gobiernos estatales y municipales, y con colectivos y ciudadanía en general, a efecto de coadyuvar en la ubicación de las fosas clandestinas y centros de exterminio que existen en el país, y apoyar a la identificación de los cuerpos para que sean entregados a sus familiares a la mayor brevedad. Asimismo, los trabajos de esta comisión deben generar estudios sociales y propuestas para fortalecer la legislación con el objetivo de hacer frente de manera eficaz al crimen organizado que sigue matando a miles de mexicanas y mexicanos cada año.
La creación de esta comisión ordinaria será un paso fundamental para abordar la crisis de personas desaparecidas y el reclutamiento forzado por el crimen organizado. Su objetivo será colaborar con las autoridades competentes y recabar la mayor cantidad de información posible para atender las causas subyacentes. Asimismo, permitirá fortalecer las capacidades institucionales mediante el incremento de insumos y recursos, con el fin de prevenir e investigar estos delitos de manera más efectiva. Además, se buscará garantizar el apoyo necesario y la reparación del daño para las víctimas y sus familias.
A fin de conocer con mayor claridad las modificaciones que se proponen al texto legal, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:
Las diputadas y diputados federales nos debemos al pueblo, y, por lo tanto, jamás debemos darle la espalda. Por ende, tenemos la obligación de actuar en este momento de dolor que ha producido la noticia del centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco y atender de manera integral las desapariciones de personas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano legislativo la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma la fracción V del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 39, fracción V, con lo que se recorren las subsecuentes, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 39.
1. ...
2....
Las comisiones ordinarias serán:
I a IV. ...
V. Búsqueda de personas.
VI a XLIX. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/03/15/campos-de-exterminio-lecciones -desde-teuchitlan-y-reynosa/
2 https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/10/09/mexico-rebasa-las-5600-fosas-c landestinas/
3 https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/01/14/sheinbaum-100-dias-y-4000-desa pariciones/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.– Diputadas: Paulina Rubio Fernández, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbricas).»
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Kenia López Rabadán: Tiene la palabra el diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos:Con su permiso, diputada presidenta. Me pregunto si alguien de aquí quisiera seguir siendo estafado. Hago la pregunta porque si usted ha escuchado hablar de AQR, de Capital Dreams, de Inverplus, de Xifra, de Smart Plus o de Billions, estas empresas tienen algo en común, han sido empresas que han venido defraudando a muchos mexicanos ofreciendo esquemas rentables financieros que más bien vienen siendo esquemas piramidales fraudulentos conocidos en otros países y aquí en México como esquemas Ponzi.
Aquí hay un foco rojo y hay que prender las alertas en el país. Primero que nada, son empresas que están constituidas fuera del país con teléfonos locales. Segundo, utilizan correos genéricos de Gmail y Hotmail. Tercero, ofrecen esquemas y rendimientos financieros irreales que están por encima de cualquier entidad que ofrezca y que tenga realmente una certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas personas, estas empresas que tienen realmente perfiles contratados, buscan este mercado meta que son gente desinformada, gente que está buscando salir de un problema económico, pensionados, jubilados que quieran realmente tener una oportunidad de rendimientos financieros mejores, que esto es mucha gente la que es persuadida.
Van y contratan a jóvenes, a familiares, a gente de confianza con perfiles que realmente tienen buena reputación, que tiene una influencia social para poder estafar cada vez a más gente y pues claro, cómo no, cuando no ha habido un pillo que no sea simpático, que no sea carismático y vienen y vienen haciendo estafa tras estafa y es una realmente, es una pirámide y una bola de nieve de cientos y de miles de millones de pesos en las que se están llevando el patrimonio de mexicanos y de muchos sinaloenses.
Es tal el descaro que estos innovadores inversionistas ya no nada más lo hacen ya a través de personas de confianza, sino también crean a través de la inteligencia artificial y las redes sociales, Facebook, Instagram y convencen a gente para que se anime a invertir.
También utilizan otros esquemas como smishing, mensajes de texto invitándolos a invertir en las empresas, estas fraudulentas. El smishing que es a través de llamadas o deepfakes, inclusive notas falsas para poder convencer, fíjense nada más, han incluso vendido a Pemex y han dado rendimientos a través de empresas del Estado.
Entonces, ¿qué está sucediendo y cómo lo están haciendo? Lamentablemente, voluntariamente de aquellos que son convencidos depositan su dinero, ellos mismos abren una cuenta en VIX lo convierten a bitcoin y lo mandan a un wallet, a un cold wallet no identificado que es un blockchain descentralizado que no cumple con las regulaciones de antilavado de dinero y lo cual después lo meten a un ecosistema que se pierde el dinero y es imposible de rastrear.
Y, ¿por qué estamos aquí esta tarde? Porque esta iniciativa, la naturaleza de la iniciativa es para crear mayor seguridad, para garantizar la protección de los bienes de los mexicanos y para establecer una conducta sancionable para que cualquier persona física o moral o de cualquier naturaleza que no cuente con la autorización legal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que realmente sea sancionada porque no pueden estar ofreciendo este tipo de intereses irreales que lastiman y es un fraude que está lastimando a muchos mexicanos y a muchos sinaloenses.
Señores, si realmente queremos invertir en empresas o si queremos invertir en esquemas rentables existen las Sofipos, las Sociedades Financieras Populares; existen las Sofincos, que son Sociedades Financieras de Comunitarias o Comunidades; las Sofom, que son de Objeto Múltiple y que ofrecen rendimientos y algunas inclusive hasta un 15 por ciento anual, pero no mensual. Señores, no nos dejemos engañar, aquí está la iniciativa.
Invito a todos mis compañeros, sé que hay compañeros de otras bancadas, sé que el diputado Mario Zamora, del PRI, trae una iniciativa parecida, creo que es un tema que nos incumbe y que nos importa a todos los mexicanos.
Invito a todos mis amigos diputados, a los que les interese a sumarse a este tipo de iniciativas que son por el bien de México y para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, a cargo del diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXII, al artículo 387, del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa justificación, también llamada exposición de motivos, la dividiré, para una mejor didáctica en dos esquemas, a saber: 1) La importancia de propender a mayor seguridad jurídica para garantizar la protección de los bienes de las mexicanas y los mexicanos a través del Código Penal Federal, y, 2) la importancia de combatir, mediante sanción penal, a personas o empresas que utilicen fraudulentamente esquemas piramidales o similares de inversión en valores en redes sociales o establecimientos. Procedo a desarrollar la exposición de motivos, en el orden metodológico propuesto:
1) La importancia de propender a mayor seguridad jurídica para garantizar la protección de los bienes de las mexicanas y los mexicanos a través del Código Penal Federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos, su progresividad y salvaguarda del debido proceso y sujeción a la ley, por todas las autoridades.
En ese sentido, la progresividad en la revisión de las garantías y tutela efectiva de derechos para inhibir o sancionar conductas contrarias a la ley debe ser correspondido en base a esos principios constitucionales dotando de mayor seguridad jurídica a las y los mexicanos, sobre todo por conductas sociales qué, puedan escapar o ser imprecisas, al momento de verificar si son compatibles o no con algún delito del Código Penal Federal, dado la evolución social propia de la época y costumbres -indebidas- que se van adoptando.
Conforme la línea de argumentos antes trazada, tenemos, por ejemplo, el delito de Fraude, previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal en referencia, no ha sufrido reforma reciente.
Así es, la más reciente es la publicada en el Diario Oficial de la Federación en 30 de diciembre de 1991, que fijó la pena mínima a imponer, de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario mínimo.
Por su parte, el artículo 387 del Código en comento, que prescribe que las penas señaladas en el artículo anterior (386), se impondrán también a quienes cometan conductas determinadas, de fraudes específicos, no ha sido reformado para contextualizar conductas que suceden a época actual, compatibles con el delito de fraude. Por el contrario, el último dato de reforma es la contenida en el Diario Oficial de la Federación de 24 de diciembre de 1996 que tuvo a bien derogar la fracción XVI, del citado artículo 387.
Por tanto, existen conductas, como los esquemas piramidales o universalmente también conocidos como Ponzi, que son contrarios a derecho, los cuales, por no tener un respaldo de contenido penal, es complejo y contrario a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, incrustarlas en alguna conducta específica del actual artículo 387 del Código Penal Federal. Esto genera que las y los mexicanos sufran métodos de interpretación por partes de las autoridades de investigación del delito y jurisdiccionales para emitir sentencias, que les son contrarios a sus intereses, dado que la base normativa es endeble y permite que el investigador de posibles delitos y el juez respectivo, batallen para fincar responsabilidad del tipo penal a las personas físicas y morales que han engañado a las personas, captando sus recursos mediante esquemas piramidales o conexos.
Apoyados por ejecutorias en acciones de inconstitucionalidad que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las y los mexicanos hemos ido perdiendo seguridad jurídica, por no tener la precaución y cuidado necesario para redactar y hacer punible algunas conductas mediante el Código Penal, para inhibir conductas como la dolosa y de mala fe conducta de atraer ahorradores o inversores a través de esquemas maliciosos, con la intención de pagar intereses superiores a la ley, utilizando esquemas piramidales o análogos o conexos, no cumpla con su compromiso, constituido o no, en documento legal, que deben constituir una forma de fraude para su sanción penal.
En efecto, siguiendo lo ponderado por la SCJN, en la ejecutoria antes citada, de la cual nos auxiliamos, el principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de derechos para la ciudadanía que se traducen en la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley. De acuerdo con dicho principio, sólo se puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en una ley antes de su comisión. La tipicidad es un presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto penal y constituye la base fundamental del principio de legalidad.
El citado principio se encuentra reconocido como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, que deriva de los principios nullum crimen sine lege(no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nullapoena sine lege(no existe una pena sin una ley que la establezca) que implican que el Estado sólo puede sancionar penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicar las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personases contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, reconocidos, entre otros, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que contiene una redacción inexacta.
De ahí, dijo la SCJN, “deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito llamado tipicidad o taxatividad, que alude a la necesidad de que la ley consagre plenamente los componentes de una hipótesis delictiva, de forma que, una vez acontecidos los hechos presuntamente constitutivos de delito, exista una correspondencia exacta entre lo dicho por la legislación y un hecho concreto acontecido y probado en el mundo fáctico.”
Por consiguiente, este Poder Legislativo debe ocuparse de legislar en el Código Penal Federal observando los principios de legalidad y taxatividad para minimizar cualquier riesgo de interpretación que hagan los tribunales judiciales, para que, en aquellos casos de conductas cometidas por acción u omisión o sus derivados, por personas físicas o morales, en llamar o captar ahorros o inversores, con promesas de otorgar rendimientos superiores a la ley, conocidos por métodos piramidales (también universalmente reconocidos como esquemas Ponzi) o análogos, y que no cumplan sabiendo existe obscuridad o vaguedad en la ley, no evadan su responsabilidad penal al tenerles ahora por tipificada su conducta como fraude.
2) La importancia de combatir, mediante sanción penal, a personas o empresas (personas morales) que utilicen fraudulentamente esquemas piramidales o similares de inversión en valores en redes sociales o establecimientos
Conforme lo justificado en el primer apartado, pasamos a ver el estado actual de algunas conductas sociales que han pasado, en los hechos, a ser antisociales, pero como dijimos, que, por no estar positivizado en la ley, sus autores y coautores eluden responsabilidad penal.
Los esquemas de ahorro no deben estar fuera del control normativo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Actualmente, por buscar opciones alternas, el pueblo de México, muchas veces pertenecientes a grupos vulnerables, ha sido seducido y enclaustrado por personas físicas o morales de dudosa procedencia quienes ofertan métodos de ahorro, en el sector privado, con supuesto intereses a favor del ahorrador, a veces superior al de ley o con porcentajes redituables difíciles de comprobar su legalidad, cayendo en desfalcos o estafas al no cumplirles las pseudo promesas.
En ese sentido, el gobierno de los Estados Unidos Mexicano a través de Condusef continuamente está llamando a la población a evitar mecanismos de ahorro e inversión, como tandas, guardar dinero en efectivo o participar en esquemas pirámides o análogos, que lo único que ocasionan es poner en riesgo el dinero y activos de las y los mexicanos.
De conformidad con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, 47 por ciento de las mexicanas y los mexicanos tenemos un producto de ahorro formal, de los cuales 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres. En cuanto a la inversión sólo 1 por ciento cuenta con algún fondo de inversión, de este porcentaje, 72 por ciento hombres y 28 mujeres.
En redes sociales, como internet, es conocida la constante invitación a la población para participar en esquemas, por ejemplo, el universalmente denominado Ponzi. Este mecanismo, es un instrumento de captación difusa de ahorradores, a los cuales no se les ministra la información debida que muchas de las veces terminan lesionando el patrimonio de las personas que se integraron en ese tipo de sistemas. En efecto, se tratan de mecanismos en los cuales las ganancias que obtienen los primeros inversionistas provienen de los recursos que son aportados por nuevos clientes. Para que un entramado de esa naturaleza se sostenga es necesario captar flujos crecientes de dinero provenientes de nuevos inversionistas.
Por tanto, con información de la propia Condusef, el esquema Piramidal (también conocido como Ponzi), comenzó en 1920 en Estados Unidos de América. Se ofrecía invertir en un negocio con rendimientos considerables, con rendimientos promedios alrededor de 50 por ciento en tan solo 90 días; en esa época (1920) el tipo de interés anual de las cuentas bancarias, en esa nación de América, rondaban 5 por ciento.
El esquema piramidal, en consecuencia, es un mecanismo engañoso, que contiene mala fe, promueve que cada persona participante invite a un grupo de al menos 2 personas a invertir determinada cantidad de dinero o activos y cada uno de ellos a su vez involucre a más personas, así sucesivamente.
Estas estafas financieras basadas en esquemas piramidales o conexos prometen ganancias exageradas en dinero sean pesos, dólares u otra divisa o algún otro activo, se aprovechan de la deficiente o nula regulación existente en una nación o aprovechando la oscuridad de la ley porque muchas de estas conductas se comenten a través de redes sociales. Asimismo, se aprovechan del estado de necesidad de la gente o de su expectativa a incrementar su economía.
Las características de estos sistemas son compatibles con el delito de fraude, toda vez que, tenemos, ya sea una persona física o moral ofreciendo gran rentabilidad a inversores, sin informar o sin tener aprobación legal del mecanismo que sustenta su rentabilidad. Se convence fácilmente, engañosa y maliciosamente (mala fe y dolo penal) sobre todo a grupos vulnerables, para que ingresen y aporten capital para ser invertido. Los intereses sobre el dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes; el negocio fraudulento funciona hasta que deja de entrar dinero, es hasta cuando las y los inversionistas que han entregado sus ahorros se percatan que han sido engañados por personas sin escrúpulos que ofrecieron rendimientos o ganancias aparentemente lícitas o prometieron maximizar el rendimiento del dinero sin volver a saber de ellos o dejándolos en la calle sin sus recursos económicos.
En la república mexicana existen estados integrantes de la federación que han realizado, en lo posible, esfuerzos legislativos para incorporar en sus códigos penales el fraude cometido por las personas físicas o morales, que a través del sistema piramidal o similar o análogo efectúan estas estafas. Estos estados son: Sinaloa, Durango y Sonora.
Por lo cual, se torna de imperiosa necesidad dotar de seguridad jurídica a las y los mexicanos para que puedan combatir estas conductas contrarias a derecho, mediante la competencia del Código Penal de la Federación.
No podemos soslayar que en México todas las personas físicas y morales que realizan o deseen realizar, captación de fondos deben ser entidades financieras reguladas, supervisadas y controladas por la comisión bancaria de valores y la Condusef, toda vez que realizarán operaciones de captación de dinero o activos, por tanto, se debe contar con licencia para prestar servicio de banca y crédito de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Instituciones de Crédito que prescribe:
“ Artículo 2o. El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:
I. Instituciones de banca múltiple, y
II. Instituciones de banca de desarrollo.
Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.
No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques.
Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza.
Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional.”
Así es, actualmente en el Código Penal Federal se prescribe el delito de fraude en los artículos 386 y 387 sin que a la fecha el legislador se hubiese ocupado y preocupado de eliminar cualquier variedad o generar las condiciones para adoptar y sancionar penalmente las conductas maliciosas por personas que llevan a cabo sistemas piramidales, similares o análogos.
Por lo expuesto, se propone realizar reformas al Código Penal Federal para adicionar la fracción XXII al artículo 387 y establecer una conducta sancionable para aquellas personas, que sin contar con la autorización legal ofrezcan al público —en general— pagar intereses más altos que los autorizados, logrando mediante la celebración de cualquier acto jurídico o cualquier naturaleza que una, dos o más personas entreguen dinero o activos y no cumplan sus compromisos en los plazos estipulados.
A continuación, se muestra cuadro comparativo:
Por lo expuesto y fundado, someto en consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de:
Decreto que adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, en materia de delito de fraude, para incorporar como conducta punible fraudes cometidos mediante esquemas piramidales o conexos
Único. Se adiciona la fracción XXII, al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 387. ...
I. a XXI. ...
...
XXII. A la persona física o moral o de cualquier naturaleza, que, sin contar con autorización de autoridad competente, ofrezca a cualquier persona física o moral o de cualquier naturaleza, pagar intereses superiores a la ley, utilizando esquemas piramidales, análogos o conexos, no cumpla su compromiso, constituido o no, en documento legal.
Para efectos de esta conducta, por esquema piramidal o sistema análogo o conexo al piramidal, se va comprender todo mecanismo que efectúe una persona, ya sea física o jurídica, para promover que cada persona participante invite a un grupo de al menos dos o más personas a invertir en fondo de inversión, de ahorros o en negocio determinado, que represente obtener intereses superiores a la ley, y cada uno de ellos a su vez involucre a otras dos o más personas y así sucesivamente.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
Notas
1 Los artículos 1, 14 y 16 constitucionales reconocen el derecho humano al debido proceso y sujeción a la ley.
2“ Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
I. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;
Fracción reformada DOF 30-12-1991 II. Con Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario;
Fe de erratas a la fracción DOF 13-01-1982, 15-01-1982 III. Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.
Fe de erratas al artículo DOF 31-08-1931. Reformado DOF 09-03-1946. Fe de erratas DOF 16-07-1946. Reformado DOF 30-12-1975, 29-12-1981”
3 Acción de Inconstitucionalidad 302/2020 resuelta por el Pleno de la Corte en 4 de noviembre de 2021, que declaró la invalidez del artículo 291, párrafo último, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, adicionado mediante el decreto 780, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 27 de octubre de 2020, que permitía imponer sanciones por fraude, cuando para cometer la conducta típica se utilicen esquemas de reclutamiento de dos o más personas, o bien utilicen un esquema piramidal para realizar los hechos. Dado que no se previó una redacción que protegiera el principio de taxatividad aplicable a materia penal.
4 Información consultada en la fecha, en:
https://www.gob.mx/condusef/articulos/esquemas-ponzi-o- piramides-financieras
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado Jesús Alfonso Ibarra Ramos (rúbrica).»
Presidencia de la diputada María del Carmen Pinete Vargas
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
LEY DE SALUD
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Tiene la palabra la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVIII del artículo 3, recorriéndose la subsecuente. Se adiciona una fracción X Ter al artículo 7, un artículo 3 Ter y el artículo 161 Ter de la Ley de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez:Muy buenas tardes, con el permiso de la presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el mes de marzo es el mes de concientización sobre las enfermedades autoinmunes en México y en todo el mundo.
En este contexto, me dirijo a esta soberanía para presentar una iniciativa que busca reconocer en la Ley General de Salud las enfermedades autoinmunes, enfermedades consideradas invisibles, porque sus síntomas no siempre son evidentes para los demás y pueden ser difíciles de explicar, pero que afectan el bienestar físico, mental y social de las personas y sus familias que la padecen.
Las enfermedades autoinmunes se reconocen como un trastorno que se presenta cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error el tejido corporal sano. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son de alto riesgo de morbimortalidad y tienen un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que la padecen.
En nuestro país, entre 20 y 90 de cada 100 mil personas padecen enfermedades autoinmunes, frecuentemente mujeres, personas entre los 20 y 40 años de edad, es decir, las poblaciones de edad productiva y reproductiva.
En México se han detectado y reconocido alrededor de 80 enfermedades autoinmunes, entre las cuales se encuentran la colitis ulcerosa, diabetes tipo 1, artritis reumatoide, celiaquía, alteraciones de la tiroides, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison o el vitíligo y el lupus, entre otros.
El estudio de estos trastornos y su posible atención se ha impulsado, principalmente, desde los centros de estudio en algunas universidades públicas, en colaboración con instituciones de salud.
Como el Instituto de Neurobiología, la Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, el Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias, el Laboratorio Nacional Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigaciones y Estudio Avanzado, del Instituto Politécnico Nacional, y el Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre el Genoma Humano, de la UNAM, para ello mi total reconocimiento. Al mismo tiempo, a las asociaciones civiles, porque con su trabajo se ayuda a cientos de personas que los ven como un soporte confiable ante la adversidad.
Hoy, estamos aquí para proponer que el sistema de salud de México participe del estudio, el correcto diagnóstico y la atención adecuada de las personas que presentan algunas enfermedades autoinmunes.
La presente iniciativa consiste en establecer en el artículo 3o. de la Ley General de Salud, como materia de salubridad pública las enfermedades autoinmunes, reforzando la fracción XVIII, para incorporar la investigación, orientación, control y vigilancia médica para el trastorno autoinmune, con la finalidad de dejar en claro que es una problemática en la que hay que poner atención, en tanto existen cada vez más personas que la padecen.
También presento la adición de la fracción XIII al artículo 7o. para crear el Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes, con el objetivo de fortalecer las políticas de atención oportuna, ya que implica la recolección de información de los casos que se presentan en diferentes regiones del país, dar seguimientos en los mismos y conocer el comportamiento de las enfermedades autoinmunes, con el objetivo de fortalecer las acciones de diagnóstico y atención digna.
Finalmente, se propone adicionar el Capítulo III, identificado como el de Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes al Título Octavo denominado Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, compuesto por el artículo 161 Tercero, relativo a las funciones del Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes, mismo que deberá integrar la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica y reunirá información sobre los pacientes, diagnósticos y posibles curas.
Como legisladora del pueblo, seamos sensibles para entender la magnitud de lo que implican las enfermedades autoinmunes, es necesaria su promoción en la Ley General de Salud, las personas con estos padecimientos nos piden diagnósticos oportunos y un tratamiento adecuado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
«Iniciativa que reforma la fracción XVIII del artículo 3o.; adiciona la fracción X Ter al artículo 7o., un Capítulo III Ter y el artículo 161 Ter de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad consagrada por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVIII del artículo 3o., recorriéndose la subsecuente, se adiciona una fracción X Ter al artículo 7o., un Capítulo III Ter, denominado “Del Registro Nacional de las Enfermedades Autoinmunes” al Título Octavo denominado “Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes”, compuesto por el artículo 161 Ter, todos de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades autoinmunes, al tenor de la siguiente
Exposición de motivosEn el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reside el derecho que goza toda persona para acceder a los servicios de salud que el Estado mexicano brinda de manera pública, lo que implica salvaguardar la salud como lo refiere el artículo 1o. de la Ley General de Salud que a la letra dice:
“Artículo 1o. Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
La presente iniciativa, reconocer en el más amplio sentido el precepto constitucional y establecer en la Ley General de Salud lo relativo a las enfermedades autoinmunes, consideradas enfermedades invisibles que afectan el bienestar físico, mental y social de las personas que las padecen.
Las enfermedades autoinmunes, se reconocen como un trastorno que se presenta cuando el sistema inmunitario ataca y destruye tejido corporal sano por error, es decir cuando el sistema inmunitario no diferencia entre tejido sano y antígenos potencialmente nocivos por lo que el cuerpo provoca una reacción que destruye los tejidos normales.
Por esta razón, la mayoría de las enfermedades autoinmunes son de alto riesgo de morbimortalidad, además de que tienen un impacto adverso en la calidad de vida de las personas que las padecen, así como a nivel de la sociedad, por la gran utilización de recursos en salud. Aún pese a ello, la identificación y el correcto diagnóstico de una enfermedad autoinmune en sus etapas iniciales permite la mejor oportunidad de evitar o al menos retardar los posibles daños irreversibles en los órganos o tejidos objetivos.
Actualmente, en México se han detectado alrededor de 80 trastornos autoinmunitarios, entre los cuales se encuentran:
“ Enfermedad inflamatoria intestinal: encontramos la Enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Se relaciona con algún microbio que activa las defensas causando inflamación.
Diabetes tipo I: las defensas atacan a las células del páncreas encargadas de producir insulina (necesaria para que el organismo utilice la glucosa que el cuerpo recibe). Suele aparecer en la niñez o en la juventud.
Artritis idiopática juvenil: enfermedad que afecta a las articulaciones en los niños y niñas.
Artritis reumatoide: enfermedad en la que las articulaciones se ven afectadas.
Celiaquía: en la que se ve afectado el intestino delgado. La persona que la sufre reacciona frente al gluten sufriendo lesiones en el revestimiento del intestino.
Lupus: puede afectar a cualquier órgano, pero los más frecuentes son la piel y las articulaciones.
Otras menos frecuentes como algunas alteraciones de la tiroides, la anemia perniciosa, la Enfermedad de Addison o el vitíligo”.
Las enfermedades autoinmunes son consideradas enfermedades crónicas, sin embargo, el pronóstico y tratamiento de cada enfermedad autoinmune depende de la enfermedad en sí e incluso los medicamentos utilizados para inhibir el sistema inmunitario pueden provocar efectos secundarios graves, como un riesgo más alto de infecciones.
Para ilustrar, los efectos en la salud de las personas que padecen estas enfermedades, la Asociación Autoinmune, una organización estadounidense, preguntó a los pacientes autoinmunes cómo afecta el padecer alguna de estas enfermedades en sus vidas. Más de mil encuestados indicaron abrumadoramente es la fatiga la que tiene un impacto negativo en su vida cotidiana, como lo ilustran estas cifras:
99 por ciento dijo que la fatiga afecta mi calidad de vida.
92 por ciento dijo que la fatiga afecta mis relaciones familiares.
91 por ciento dijo que la fatiga me ha causado depresión.
89 por ciento dijo que la fatiga afecta mi carrera/capacidad para trabajar.
56 por ciento dijo que la fatiga afecta mi capacidad para ser padre.
En México, 4 por ciento de la población padece una enfermedad autoinmune sistémica. Hay que decir que se ha detectado que las mujeres son más propensas a desarrollar este tipo de enfermedades. Su tratamiento se enfoca en controlar la enfermedad ya que no existe cura; se utilizan fármacos prescritos por un especialista para regular el sistema inmune y frenar la inflamación.
La salubridad en México se enfoca a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en la población. Sabemos, que el sistema de salud está compuesto por el sector público y privado, dentro del primero se encuentra el IMSS-Bienestar, un programa que brinda servicios de salud a todas las personas. Para el caso de las enfermedades autoinmunes, han sido los centros de estudio médicos de algunas universidades o asociaciones civiles, quienes se han propuesto documentar, difundir y apoyar a las personas padecen una enfermedad autoinmune, sin embargo, es necesario que el Sistema de Salud en México participe del estudio, el correcto diagnóstico y la atención adecuada de las personas que presentan alguna de las enfermedades autoinmunes.
Se sabe que los hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), realiza estudios sobre enfermedades autoinmunes.
El Laboratorio de Investigación en Enfermedades Reumáticas del INER, fue ideado y estructurado para atender la demanda cada vez mayor de comprender la asociación entre enfermedades autoinmunes y el daño pulmonar. Padecimientos como: artritis reumatoide, Síndrome de Sjôgren, esclorodermia, polimiositis/dermatomiosis, lupus, pueden causar daño pulmonar a diferentes niveles.
Entender los mecanismos que llevan a una persona a una complicación de salud es parte de entender la enfermedad y realizar diagnósticos más oportunos, que lleven a un tratamiento más adecuado y tratar de prevenir.
La propuesta de la presente iniciativa consiste en establecer en el artículo 3o. de la Ley General de Salud, como materia de salubridad pública lo relativo a las enfermedades autoinmunes.
En tanto que es un artículo que detalla los objetivos de la salubridad pública, se considera importante reformar la fracción XVIII para incorporar la investigación, orientación, control y vigilancia médica para el trastorno autoinmune, con la finalidad de dejar en claro que es una problemática a la cual hay que poner atención, en tanto existen cada vez más personas que la padecen.
Esta reforma a la fracción XVIII del artículo 3o., implica recorrer la subsecuente fracción para conservar la armonía en el texto de la Ley de Salud.
También se presenta la adición de la fracción X Ter, en tanto se propone la creación del Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes, toda vez que el registro de enfermedades de esta índole permitirá fortalecer las políticas de atención oportuna, ya que implica la recolección de información de los casos que se presentan en diferentes regiones del país, de puede dar seguimiento de los mismos y conocer el comportamiento de las enfermedades autoinmunes, con el objetivo de fortalecer las acciones de diagnóstico y atención oportuna.
Además, un registro puntual de las personas que padecen estas enfermedades servirá para conocer la situación actual, el número de pacientes y el impacto de las acciones que el sector social realiza, tal como lo ha explicado investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México que tienen a su cargo el Registro Mexicano de Lupus.
Finalmente, se propone adicionar al Capítulo Octavo sobre el “Control y Prevención de enfermedades y accidentes”, Capítulo III Ter identificado como “Del Registro Nacional de las Enfermedades Autoinmunes” que tiene un sólo artículo; el 161 Ter. Relativo a las funciones del Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes, mismo que se detalla, deberá integrar la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica y reunirá información sobre los pacientes, diagnósticos y posibles curas.
Para un mayor entendimiento de la propuesta, se presenta a continuación los siguientes cuadros comparativos.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción XVIII del artículo 3o., recorriéndose la subsecuente, se adiciona una fracción X Ter al artículo 7o., un Capítulo III Ter, denominado “Del Registro Nacional de las Enfermedades Autoinmunes” al Título Octavo denominado “Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes”, compuesto por el artículo 161 Ter, todos de la Ley General de Salud
Único. Se reforma la fracción XVIII del artículo 3o., recorriéndose la subsecuente, se adiciona una fracción X Ter al artículo 7o., un Capítulo III Ter, denominado “Del Registro Nacional de las Enfermedades Autoinmunes” al Título Octavo denominado “Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes”, compuesto por el artículo 161 Ter, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:
I. a XVII. ...
XVIII. La investigación, orientación, control y vigilancia en materia de enfermedades autoinmunes.
XIX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional.
Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:
I. a X Bis. ...
X Ter. Establecer, promover y coordinar el Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes;
...
...
...
...
...
...
...
Capítulo III TerDel Registro Nacional de las Enfermedades AutoinmunesArtículo 161 Ter. El Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes, se integrará de la información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica y contará con la siguiente información:
I. Información del paciente, que se agrupa en los siguientes rubros:
a) Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.
b) Información demográfica.
II. Información de la enfermedad: diagnóstico; localización anatómica; la incidencia, el estado de la enfermedad; y su comportamiento.
III. Información del tratamiento y su seguimiento que se ha dado por parte de las personas médicas. Además, se incluirá información de supervivencia, y en su caso de curación.
IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.
V. Toda aquella información adicional que determine la Secretaría.
TransitorioPrimero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que se generen por motivo de la creación del Registro Nacional de Enfermedades Autoinmunes, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin el próximo ejercicio fiscal, llevándose de manera progresiva con el objeto de cumplir con la obligación que tendrán las autoridades correspondientes.
1 https://www.hospitalaleman.org.ar/prevencion/enfermedades-autoinmunes-pasa-cuan do-propio-cuerpo-me-ataca/#:~: text=Las%20enfermedades%20autoinmunes%2C%20son%20en%20su%20mayor%C3%ADa%20enfer medades%20cr%C3%B3nicas%20con,los%20%C3%B3rganos%20o%20tejidos%20objetivos.
2 https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/enfermedades-autoinmunes/
3 https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000816.htm#:~: text= Expectativas%20(pron%C3%B3stico)&text=El%20pron%C3%B3stico%20depende%20de%2 0la,autoinmunitarios%20pueden%20aparecer%20y%20desaparecer.
4 https://autoimmune.org/es/about-us/
5 https://www.gob.mx/salud/prensa/184-vacunacion-previene-infecciones-graves-en-p acientes-conlupus#:~: text=Otras%20recomendaciones%20para%20evitar%20infecciones,la%20importancia%20d e%20evitar%20automedicarse.
6 https://www.gob.mx/salud/iner/articulos/enfermedades-reumaticas? idiom=es
7 https://unamglobal.unam.mx/global_revista/avanza-el-registro-mexicano-de-lupus- elaborado-por-la-unam/#:~: text=La%20enfermedad%20autoinmune%20afecta%20de,conmemora%20el%2010%20de%20mayo
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica).»
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada Marina Vitela. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra el diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales.
El diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos:Con su venia, presidente. Diputadas, diputados, muy buenas tardes. El derecho a la protección de la salud está establecido en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Este mandato establece las bases para el acceso equitativo a servicios de salud, al tiempo que define la concurrencia entre la federación y las entidades federativas en la materia, por lo que el Estado debe garantizar condiciones óptimas para la prestación de servicios sanitarios y promover la coordinación institucional para su implementación.
En 2019, la Organización Mundial de Salud, por sus siglas OMS destacó el potencial de las tecnologías digitales como herramientas esenciales para lograr la cobertura sanitaria universal, mejorar la promoción de la salud, preservar la seguridad mundial y atender poblaciones vulnerables.
Sin embargo, fue a raíz de la pandemia de Covid-19 que el uso de la tecnología digital en el sector salud experimentó un avance significativo, transformando la forma en que se ofrecen y acceden los servicios médicos.
La transición digital en el sector salud también plantea riesgos como lo demostró en un caso reciente en el estado de Puebla, Marilyn N, una abogada sin formación médica, hoy procesada ante las leyes que se presentó durante años como medica cirujana y psiquiatra, ofreciendo consultas, psicoterapias y prescripción de medicamentos controlados.
A pesar de no contar con la educación, formación y con las certificaciones medicas necesarias, utilizó la plataforma digital denominada Doctoralia, una página web de salud que es muy popular entre las y los mexicanos para promocionar y ofrecer servicios de salud de manera fraudulenta.
Este incidente resalta la necesidad urgente de regular y supervisar la prestación de servicios de salud a través de plataformas digitales para evitar fraudes y proteger a los usuarios de servicios no verificados.
La vigilancia en línea a través de plataformas da salud, como Doctoralia, se convierte en una herramienta clave no solo para promover servicios legítimos de salud, sino también para detectar prácticas ilegales que podrían comprometer la seguridad en la salud de los pacientes.
Esta iniciativa tiene como objeto incorporar y fortalecer los principios de protección al consumidor, incluyendo la vida, salud y seguridad frente a riesgos derivados de productos, prácticas de abastecimiento y servicios considerados peligrosos o nocivos.
Estos principios aplicarán en modalidades presencial, digital o mixta, reconociendo la relevancia del comercio y los servicios digitales en la actualidad en materia de salud. Por lo cual se propone primero la protección de la información y publicidad en servicios digitales, se propone establecer que los proveedores de bienes, productos o servicios, incluidas las plataformas digitales de salud estén obligados a proporcionar información clara, veraz, comprobable y accesible sobre las características esenciales de los servicios que se ofrece.
Segundo. Se propone la vigilancia y establecer sanciones específicas para servicios digitales en materia de salud. En el caso de servicios de salud digitales las sanciones se incrementarán si el incumplimiento pone en riesgo la salud o la seguridad del consumidor. Las sanciones podrán incluir multas, suspensión temporal del servicio, inhabilitación del proveedor en plataformas digitales.
Tres. Obligaciones específicas para plataformas digitales de salud. Se propone adicionar un artículo que establezca que las plataformas digitales que ofrezcan servicios de salud estén obligadas a implementar protocolos para garantizar que los servicios sean proporcionados por profesionales certificados y verificar y validar la autenticidad de la información publicada en sus portales.
Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales, a cargo del diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Carlos Ignacio Mier Bañuelos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl derecho a la protección de la salud está establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, este mandato establece las bases para el acceso equitativo a servicios de salud, al tiempo que define la concurrencia entre la federación y las entidades federativas en la materia, por lo que el Estado debe garantizar condiciones óptimas para la prestación de servicios sanitarios y promueve la coordinación institucional para su implementación.
Además, este derecho se encuentra respaldado por diversos tratados internacionales de los que México es parte. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada, que incluye servicios médicos esenciales para garantizar la salud y el bienestar, tanto individual como familiar. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también subraya la salud como un derecho fundamental y aboga por su acceso sin distinción de condiciones sociales, económicas o políticas.
En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó el potencial de las tecnologías digitales como herramientas esenciales para lograr la cobertura sanitaria universal, mejorar la promoción de la salud, preservar la seguridad mundial y atender a poblaciones vulnerables. Sin embargo, fue a raíz de la pandemia de Covid-19 que el uso de tecnologías digitales en el sector salud experimentó un avance significativo, transformando la forma en que se ofrecen y acceden los servicios médicos.
Por lo tanto, la integración del derecho a la salud en la legislación nacional e internacional refleja su carácter esencial como pilar de los derechos humanos, buscando garantizar el bienestar integral de las personas y comunidades.
Esta transformación digital tiene el potencial de revolucionar la manera en que se presta atención médica. Herramientas como la Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), la analítica de macrodatos, las cadenas de bloques y los dispositivos inteligentes están redibujando el panorama sanitario, con implicaciones significativas para la mejora de diagnósticos, terapias y la continuidad asistencial. Sin embargo, esta transición también plantea retos que requieren atención desde las perspectivas ética, regulatoria y de acceso equitativo. La rápida evolución de la tecnología digital con frecuencia supera los marcos legales existentes, generando vacíos normativos que pueden comprometer la seguridad y calidad de los servicios ofrecidos.
Es crucial destacar que la relación médico-paciente es mucho más que un componente técnico de la medicina; es un vínculo humano que define la calidad de la atención y el impacto terapéutico de la misma, en él se protege y fortalece esta relación que no sólo beneficia al paciente, sino que también dignifica y enriquece la práctica médica. En un sistema de salud cada vez más evolucionado, es necesario recordar que el tiempo, la empatía y la comunicación son las herramientas más poderosas con las que cuenta un médico para cumplir su misión de sanar.
En el ámbito de la salud digital, un hito relevante en México fue la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de junio de 2013. Esta reforma incluyó en su artículo décimo cuarto transitorio disposiciones explícitas para que el Gobierno federal asumiera la responsabilidad de implementar una política de inclusión digital universal, dicha política estableció objetivos y metas en áreas clave como infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de la información y comunicación, así como habilidades digitales. Además, esta reforma promovió programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, y fomentó la inversión pública y privada en áreas como telesalud, telemedicina, expedientes clínicos electrónicos y el desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos en el entorno digital.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2023, el uso de Internet en México continúa siendo elevado, con 81.2 por ciento de la población de seis años o más conectada, lo que equivale a aproximadamente 97 millones de personas. Entre las actividades más comunes realizadas a través de Internet, se encuentra la búsqueda de información, especialmente en plataformas de redes sociales y sitios web. Este dato resalta la relevancia de los medios digitales para la promoción y difusión de servicios de salud de hecho, 81.7 por ciento de los usuarios de Internet en México recurre a la red para obtener información sobre diversos temas, lo que hace evidente la necesidad de utilizar estos canales digitales para divulgar los servicios de salud y mejorar su accesibilidad.
La transición digital en el sector salud también plantea riesgos, como lo demostró un caso reciente en Puebla. Marilyn Karina Cote Mendieta, una abogada sin formación médica, se presentó durante años como médica cirujana y psiquiatra, ofreciendo consultas, psicoterapias y prescripción de medicamentos controlados. A pesar de no contar con la educación o las certificaciones necesarias, utilizó la plataforma digital “Doctoralia” México, una página web de salud muy popular, para promocionar y ofrecer estos servicios de manera fraudulenta.
Este incidente resalta la necesidad urgente de regular y supervisar la prestación de servicios de salud a través de plataformas digitales, para evitar fraudes y proteger a los usuarios de servicios no verificados. La vigilancia en línea, a través de plataformas de salud como Doctoralia, se convierte en una herramienta clave no sólo para promover servicios legítimos, sino también para detectar prácticas ilegales que podrían comprometer la seguridad de los pacientes.
En este sentido la digitalización del sector salud permite un acceso más amplio y conveniente a la atención médica, pero también requiere mecanismos robustos de control y validación de los profesionales y servicios que se ofrecen en línea. Este caso subraya la importancia de la regulación y la verificación en la prestación de servicios médicos digitales.
Esta iniciativa tiene como objetivo incorporar y fortalecer los principios de protección al consumidor, incluyendo la vida, salud y seguridad, frente a riesgos derivados de productos, prácticas de abastecimiento y servicios considerados peligrosos o nocivos. Estos principios se aplicarán en modalidades presencial, digital o mixta, reconociendo la relevancia del comercio y los servicios digitales en la actualidad.
1. Protección de la información y publicidad en servicios digitales
Se propone modificar el artículo 32 para establecer que los proveedores de bienes, productos o servicios, incluidas las plataformas digitales de salud, estén obligados a proporcionar información clara, veraz, comprobable y accesible sobre las características esenciales de los servicios ofrecidos. Esta información deberá incluir:
La certificación, registro y especialidad de los profesionales de la salud que prestan dichos servicios.
El incumplimiento de esta disposición será considerado como publicidad engañosa, con las sanciones aplicables en términos de la ley.
2. Vigilancia y sanciones específicas para servicios digitales de salud
En relación con la vigilancia y verificación, se plantea modificar el artículo 96 para incluir lo siguiente:
En el caso de servicios de salud digitales, las sanciones se incrementarán si el incumplimiento pone en riesgo la salud o seguridad del consumidor.
Las sanciones podrán incluir:
1. Multas.
2. Suspensión temporal del servicio.
3. Inhabilitación del proveedor en plataformas digitales.
3. Obligaciones específicas para plataformas digitales de salud
Se propone adicionar un artículo que establezca que las plataformas digitales que ofrezcan servicios de salud estarán obligadas a implementar protocolos para garantizar que los servicios sean proporcionados por profesionales certificados y verificar y validar la autenticidad de la información publicada en sus portales.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo que incluye el texto vigente de la ley y las modificaciones propuestas, con el fin de facilitar su análisis y comprensión.
Ley Federal de Protección al Consumidor
Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de regulación de servicios de salud digitales
Único. Se reforman la fracción I del artículo 1 y se adicionan el artículo 32, con un quinto párrafo, el 96, con un tercer párrafo y 98 Quáter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 1. El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos, en su modalidad presencial, digital o mixta.
II. a la XI. ...
Artículo 32. ...
...
...
...
Asimismo, los proveedores de bienes, productos o servicios, incluidas las plataformas digitales de salud, estarán obligados a proporcionar al consumidor información clara, veraz, comprobable y accesible sobre las características esenciales de los servicios, incluyendo la certificación, registro y especialidad de los profesionales de la salud que presten los servicios ofrecidos. El incumplimiento de esta disposición será considerado como publicidad engañosa en los términos de este artículo.
Artículo 96. ...
...
En el caso de los servicios de salud digitales, las sanciones se incrementarán si se pone en riesgo la salud o la seguridad del consumidor. Las sanciones podrán incluir una multa, la suspensión temporal del servicio o la inhabilitación del proveedor en plataformas digitales.
Artículo 98 Quáter.
Las plataformas digitales que ofrezcan servicios de salud estarán obligadas a:
I. Verificar la certificación, registro y especialidad de los profesionales de la salud registrados en su plataforma.
II. Informar claramente al consumidor sobre la validez de las certificaciones de los profesionales antes de que se realice la contratación del servicio.
III. Implementar mecanismos de control y reporte de servicios fraudulentos o publicidad engañosa.
IV. Colaborar con las autoridades competentes en la vigilancia y regulación de los servicios ofrecidos.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado conforme a lo establecido en esta Ley.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los congresos de las entidades federativa y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias y en un plazo de noventa días naturales, harán las adecuaciones a sus disposiciones jurídicas y demás disposiciones administrativas.
Notas
1 Naciones Unidas, O. (2018). Artículo 25: Derecho a un nivel de vida adecuado. Obtenido de
https://news.un.org/es/story/2018/12/1447511
2 OMS. (2019). La OMS publica las primeras directrices sobre intervenciones de salud digital. Obtenido de
https://www.who.int/es/news/item/17-04-2019-who-releases-first-g uideline-on-digital-health-interventions
3 Salud, O. M. (2021). Estrategia mundial sobre salud digital 2020—2025, Organización Mundial de la Salud. Obtenido de Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG ReconocimientoNoComercial-CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; ISBN 978-92-4-002757-2 (versión electrónica):
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/344 251/9789240027572-spa.pdf
4 Sánchez Arrastía, D. &. (2014). La relación médico-paciente y su importancia en la práctica médica. Revista Cubana de Medicina Militar, 43(4), 528-533.,
https://www.researchgate.net/publication/317520810_La_relacion_m edico-paciente_y_su_importancia_en_la_practica_medica
5 Ramírez Barba, É. J. (2020). Salud digital: El marco legal y regulatorio en México. Avances y retos. Obtenido de ResearchGate:
https://www.researchgate.net/publication/344442413_Salud_digital _el_marco_legal_y_regulatorio_en_Mexico_Avances_y_Retos/link/5f75f1e592851c14bc a4a637/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI 6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
6 INEGI. (2024). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Obtenido de
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ ENDUTIH/ENDUTIH_23.pdf
7 Guillén, B. (07 de 11 de 2024). Periódico El País. Obtenido de La caída de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla que curaba la depresión en siete días:
https://elpais.com/mexico/2024-11-08/la-caida-de-marilyn-cote-la -falsa-psiquiatra-de-puebla-que-curaba-la-depresion-en-siete-dias.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2025.– Diputado y diputada: Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Mónica Angélica Álvarez Nemer (rúbricas).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOSDE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La diputada Irma Juan Carlos:Con su venia, presidente. Con el permiso de nuestras ancestras y ancestros, hermanas diputadas y hermanos diputados. Hermanas y hermanos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
(Habla en lengua originaria) El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a esta Cámara de Diputados una reforma histórica al artículo 2o. de nuestra Constitución, para reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, así como la capacidad de recibir, administrar y ejercer presupuestos públicos de manera directa.
Gracias a la voluntad de todas las fuerzas políticas, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXV Legislatura de esta Cámara de Diputados, el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Saldando esta deuda histórica, la reforma constitucional fue aprobada por los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República en esta LXVI Legislatura, así como por la amplia mayoría de los Congresos en las entidades federativas. Por lo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024.
Por ello, con esperanza y orgullo por estar alcanzando la justicia histórica por la que tanto hemos luchado los pueblos indígenas y afromexicanos. Y por los nuevos aires de transformación que vivimos en nuestro país, vengo a presentar esta importante iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Implementación y Respeto de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
¿Por qué esta propuesta de ley general? Porque es la legislación secundaria que reglamenta el artículo 2o. constitucional, misma que establece y reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por ello, esta propuesta de ley secundaria es de suma importancia, porque establece las normas y mecanismos que aseguran el respeto y la implementación de los derechos ya señalados, y que quedaron plasmados en la Constitución.
La propuesta de ley general que hoy les presento es un mandato constitucional en virtud de lo dispuesto en el transitorio tercero de dicha reforma, y constituye un hito histórico en el reconocimiento y protección de los pueblos indígenas y afromexicanos, marcando un antes y un después en la lucha por la inclusión, la pluriculturalidad y la justicia en México.
Ese instrumento legal no solo permitirá resarcir la deuda histórica que se ha tenido con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sino que también establece un marco normativo sólido para garantizar el desarrollo integral, respetando las tradiciones, lenguas, cosmovisiones y formas de organización de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Los objetivos de esta ley son establecer con claridad los mecanismos jurídicos y operativos para garantizar la implementación y respeto de los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, así como establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno dentro de sus respectivas competencias.
Por tal motivo, esta propuesta de ley general establece los criterios mínimos y universales rectores de la libre determinación, autonomía y reconocimiento como sujetos de derecho público de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Incluye un preámbulo que fortalece la norma, al proporcionar un marco conceptual y valores fundamentales, alineándose con estándares de derecho internacional y las decisiones de tribunales internacionales.
Esta propuesta de ley es robusta, concisa, se compone de 4 títulos, 89 artículos en su cuerpo normativo y 9 artículos en su régimen transitorio. Por ejemplo, señalaré algunos de los aspectos fundamentales:
Jurisdicción indígena. Garantizar el respeto a los sistemas normativos internos, mismos que permitirán a las comunidades resolver conflictos y organizarse conforme a sus costumbres, promoviendo una verdadera justicia comunitaria.
Derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, con inclusión de mecanismos efectivos de consulta y consentimiento, atendiendo a la obligación de consultar a las comunidades sobre decisiones que les afecten directamente.
Las lenguas indígenas, como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la nación. Derechos culturales que permitan la protección, patrimonio cultural lingüístico, intelectual de los pueblos. Sistemas tradicionales como el sistema a milpa, la medicina tradicional y la partería, que fortalecerán la identidad cultural de nuestros pueblos, así como también transmitir estos saberes y valores a las nuevas generaciones.
Los derechos de nuestras compañeras y hermanas mujeres indígenas y afromexicanas están garantizados en esta ley secundaria, así como en la Constitución. La capacidad de recibir, administrar y ejercer presupuestos públicos de manera directa para garantizar que dichos recursos lleguen directamente a las comunidades indígenas y afromexicanas, que les permitirá realizar proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo económico para mejorar la calidad de vida y promover el progreso de manera sostenible.
Derecho a conservar y mejorar el hábitat, la bioculturalidad y la integridad de las tierras. Protección de sitios sagrados y rutas de peregrinación que fortalecerán la conexión histórica y cultural de los pueblos indígenas y sus territorios.
La historia de los pueblos indígenas y afromexicanos es un canto a la resistencia, a la resiliencia y a la dignidad. Es un espejo de nuestra identidad y destino compartido, sin embargo, nuestra lucha también está impregnada de dolor y redención. Es un espejo de nuestras contradicciones y aspiraciones.
Con la aprobación de esta propuesta de ley secundaria dejaremos atrás por siempre y para siempre, más de cinco siglos de invasión, negación, exterminio, despojo, exclusión, racismo y discriminación, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de sus pueblos y culturas que lo conforman.
Estamos, hermanas y hermanos, en el proceso de saldar la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos. Con sinceridad y alegría y con la frente en alto, hoy puedo decirles que con esta ley estamos ante la gran oportunidad de transformar en forma real y verdadera nuestra existencia milenaria en el Estado mexicano, haciendo realidad el principio afirmado por nuestro gran presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y hoy esta propuesta de ley representa un acto de elemental justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Como mujer indígena, estoy convencida de que nos sentiremos orgullosos y orgullosas por el resto de nuestros días si actuamos con responsabilidad y aprobamos esta propuesta de ley general de implementación y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Les invito a que sigamos escribiendo nuestra propia historia y hagamos que este momento sea estelar para nuestros pueblos y para el conjunto de la nación. Hagamos realidad este conjunto de principios y derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Sentemos las bases para transformar las estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado mexicano y reconocer la grandeza cultural e histórica de los pueblos que lo conforman. Y de la mano con nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sigamos construyendo el segundo piso de esta cuarta transformación.
Por el bien de todos y de todas, primero los pobres y de manera especial los pueblos indígenas y afromexicanos. Es tiempo de los pueblos indígenas, es tiempo de los pueblos afromexicanos y es tiempo de la cuarta transformación. Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Muchas gracias, estimada diputada Irma Juan Carlos. Túrnese a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene la palabra el diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación.
El diputado Carlos Sánchez Barrios:Gracias. Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Saludo con gusto a la Asociación de Ajedrecistas del estado de Guerrero, en especial a su presidente Víctor Manuel Trigo, que fue quien me compartió este tema que hoy abordo ante ustedes.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, la iniciativa que presento consiste en incorporar dentro de los programas de estudio, la educación que imparta el Estado, la enseñanza y práctica del ajedrez, con el propósito de sumar este recurso a la promoción del desarrollo integral del ser humano y a la transformación de la sociedad.
El ajedrez será una herramienta más para alcanzar los fines previstos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación.
Entre los fundamentos de esta propuesta menciono lo siguiente: en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA 2022, México se ubicó en el lugar 35, entre los 37 países evaluados miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en comparación con la edición 2018 el puntaje de México en matemáticas cayó en 14 puntos, 9 en ciencia y 5 en comprensión lectora.
Estos resultados indican que es necesario reforzar las estrategias para ayudar a las nuevas generaciones, a fortalecer sus habilidades para la vida y con ello mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Asimismo, para enfatizar las virtudes, la adición que se pretende reseña citas y experiencias varias. Benjamín Franklin, en su ensayo La moral del ajedrez, afirma que el juego enseña prevención y circunspección, porque inspecciona al tablero entero, las relaciones entre piezas y situaciones.
Los peligros a los que cada una de ellas está expuesta y las posibilidades de que el adversario pueda ser algún movimiento de ataque. Enseña también cautela, paciencia y perseverancia, un estudio publicado por la Revista Española de Psicología señala: el ajedrez mejora las capacidades cognitivas, la habilidad para encontrar y resolver problemas, incluso, favorece al desarrollo socio-afectivo de quienes lo practican.
En síntesis, es abundante la bibliografía que detalla y explica las bondades del ajedrez en el proceso educativo. Es importante mencionar que el Parlamento Europeo emitió una declaratoria sobre la introducción del programa Ajedrez en la Escuela. Menciona que el ajedrez ayuda a niñas y niños a mejorar la concentración, paciencia y persistencia.
Asimismo, enfatiza que desarrolla el sentido de creatividad, de intuición, memoria y las competencias tanto analíticas como de toma de decisiones. Con base en lo expuesto, la iniciativa plantea, adicionar la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Fracción IV Bis. El aprendizaje y práctica del ajedrez.
Invito a todas y todos los integrantes de esta honorable asamblea, a que en el momento procesal que corresponda emita su voto a favor de esta iniciativa. Así serán partícipes de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, específicamente en lo que respecta al proceso educativo. Es cuanto.
«Iniciativa que adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades que conceden los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación.
Exposición de MotivosEl artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tenemos derecho a la educación. Los servicios educativos que promueva el Estado deberán desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar el respeto a los derechos y libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad.
De la misma forma, la Ley General de Educación precisa que con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
En tal sentido, la iniciativa que propongo consiste incorporar dentro de los programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, la práctica del ajedrez, con la finalidad de fortalecer las habilidades de las personas y brindarles herramientes que contribuyan a tener una mejor calidad de vida.
Cabe destacar que amplia literatura ilustra los beneficios de ese deporte — ciencia; por ejemplo, en 1779 Benjamín Franklin escribió que la vida es una clase de ajedrez, en la que hay puntos para ganar y competidores o adversarios con quienes contender, y en donde hay una vasta variedad de acontecimientos, buenos y malos, que son, en algún grado, los efectos de la prudencia o la necesidad de ella. En su ensayo, La Moral del Ajedrez, señala que el juego enseña:
• Previsión, debido a que se consideran las consecuencias que tienen las acciones.
• Circunspección, porque se inspecciona el tablero entero, las relaciones entre piezas y situaciones, los peligros a los que cada una de ellas está expuesta y las probabilidades de que el adversario pueda hacer algún movimiento de ataque.
• Cuidado, para no hacer los movimientos apresuradamente.
• Y finalmente, se aprende el hábito de no ser desalentados por las malas experiencias, de esperar un cambio favorable, y de perseverar en la búsqueda de recursos.
De la misma forma, en años más recientes un estudio publicado por la Revista Española de Psicología señala que el ajedrez mejora las capacidades cognitivas, la habilidad para enfrentar y resolver problemas, e incluso favorece el desarrollo socioafectivo de las niñas, niños y adolescentes quienes lo practican.
Existen experiencias internacionales que comprueban los beneficios de incluir el ajedrez en la educación formal; por ejemplo, el Parlamento Europeo emitió una declaración sobre la introducción del programa «Ajedrez en la Escuela» en los sistemas educativos de la Unión Europea en la que enfatizó que el ajedrez es un juego accesible para todas las niñas y niños, que mejora la cohesión social y contribuye a la lucha contra la discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra diferentes adicciones.
Se menciona, que el ajedrez ayuda a niñas y niños a mejorar la concentración, paciencia y persistencia y a desarrollar el sentido de la creatividad, intuición, memoria y las competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones.
Asimismo, la Asamblea Legislativa de Costa Rica emitió la declaratoria de interés público y promoción de la enseñanza del ajedrez en el Sistema Educativo Costarricense, en la que se reconoce al ajedrez como actividad deportiva y herramienta pedagógica necesaria para mejorar las capacidades cognitivas y el desarrollo sociopersonal de las personas estudiantes.
Compañeras y compañeros diputados,
En la evaluación PISA 2022, México se ubicó en el lugar 35 entre los 37 países miembros de la OCDE que fueron evaluados. En comparación con la edición de 2018, el puntaje de México en Matemáticas cayó 14 puntos, 9 en ciencia y 5 en comprensión lectora.
Esos resultados indican que es necesario reforzar las estrategias para ayudar a las nuevas generaciones a fortalecer sus habilidades para la vida, con ello, mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
El desarrollo de habilidades es el mejor legado que podemos dejar a las niñas, niños y jóvenes mexicanos. Si logramos sentar las bases para el progreso de nuestra sociedad, entonces habremos cumplido con una importante misión en la vida.
Por los motivos expuestos, presento la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 30 de la Ley General de Educación
Único. Se adiciona la fracción IV Bis, al artículo 30 de la Ley General de Educación
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes: ...
I — IV ...
IV Bis. El aprendizaje y práctica del ajedrez.
V — XXV ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.tabladeflandes.com/nuestro_circulo/Nuestro-Circulo-748-LA-MORAL-DEL -AJEDREZ.pdf
2 Aciego R, García L; Betancort M. The Benefits of Chess for the Intellectual and Social-Emotional Enrichment in Schoolchildren. The Spanish journal of psychology. 2012;15(2): 551-559. doi: 10.52 09/rev_SJOP.2012.v15.n2.38866
3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0097_ ES.pdf
4 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_ texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=96944&nValor3=130 193&strTipM=TC
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2025.– Diputados y diputada: Carlos Sánchez Barrios, Teresita de Jesús Vargas Meraz, José Luis Montalvo Luna, Noel Chávez Velázquez, Humberto Ambriz Delgadillo (rúbricas).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Sánchez Barrios. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
COMUNICACIONES OFICIALES
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Pido a la Secretaría dar cuenta con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXVI Legislatura.– Soberanía y Justicia Social.– Junta de Coordinación Política.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de diputados.– Presente.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la y los coordinadores de los grupos parlamentarios, le solicitamos se incluya en el orden del día del presente el siguiente tema:
• Declaratoria de Reforma Constitucional del proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de marzo de 2025.– Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica) coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si se autoriza la solicitud que hace la Junta de Coordinación Política.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: En votación económica, se consulta si se autoriza la solicitud de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se autoriza.
DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL
SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE APOYO A JÓVENES
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de apoyo a jóvenes. Solicito a la Secretaría dar lectura al oficio que remite la Cámara de Senadores.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.– Mesa Directiva.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Tenemos el honor de remitir a ustedes, para los efectos constitucionales, el expediente con el proyecto de declaratoria por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Apoyo a Jóvenes, que contiene 23 votos aprobatorios de los congresos de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Atentamente
Ciudad de México, a 19 de marzo de 2025.– Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Proyecto de Decreto
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionado un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Apoyo a Jóvenes.
Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el subsecuente en su orden, al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Estado otorgará un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente, a jóvenes entre dieciocho y veintinueve años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, a fin de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta doce meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
A....
I. a XXXI....
B. ...
I. a XIV....
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.– Ciudad de México, a 19 de marzo de 2025.– Senadora Imelda Castro Castro (rúbrica), vicepresidenta; senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México, a 19 de marzo de 2025. Doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Pido a la Secretaría, realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.
El secretario diputado José Luis Montalvo Luna: Señor presidente, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes, esta Secretaría da fe de la recepción y cómputo de 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Se pide a todas y a todos los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México se emite la siguiente declaratoria:
El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionado un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de apoyo a jóvenes. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Pueden tomar asiento.
Diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez(desde la curul): Una moción de orden.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Rogándole que sea de orden.
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (desde la curul): Sí.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (desde la curul): Ayer, durante las manifestaciones en defensa de la tauromaquia en Ciudad de México, la fuerza pública recurrió a la violencia contra ciudadanos de Aguascalientes...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Esa no es una moción de orden, diputada.
La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (desde la curul): ...Es importante dejar este mensaje, por favor, presidente. Es inaceptable que quienes defienden sus tradiciones y una actividad perfectamente regulada y legal, que genera empleos y recursos para el Estado vía el pago de impuestos y contribuciones, sean reprimidos de esta manera. Exigimos que sea escuchada la comunidad taurina y que se garantice su derecho de ser parte del debate público sin ser criminalizados.
Hacemos un llamado a las autoridades para que se fomente un debate abierto, respetuoso y democrático. La libertad no se negocia y cualquier intento de restringirla es un atentado contra los valores fundamentales de nuestra sociedad. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Se le hace la observación que esa no fue una moción de orden.
EFEMÉRIDES
ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El siguiente punto en el orden del día es la efeméride con motivo del aniversario de la expropiación petrolera a cargo de los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. Es el pueblo quien hace suyas las riquezas naturales que no pueden seguir siendo causas de ambición y de guerra. Con estas palabras el general Lázaro Cárdenas del Río nos recordó un 18 de marzo de 1938 que México no s un territorio de conquista, sino una nación de dignidad.
Hoy, al conmemorar aquel acto de valor no celebramos solo un decreto, honramos el coraje de un pueblo que decidió ser dueño de su destino. Compañeras y compañeros diputados, hoy conmemoramos un día crucial en la historia de nuestra nación, el 18 de marzo, cuando el general Lázaro Cárdenas tomó una decisión visionaria al nacionalizar el petróleo, devolviendo a las y los mexicanos lo que por derecho les pertenecía.
Este acto no fue sólo una cuestión económica, sino un acto de justicia social y soberanía. El general Cárdenas no levantó la voz contra empresas extranjeras por capricho, lo hizo porque creyó que ningún recurso de la tierra debería enriquecer a otros, mientras que aquí nuestra sociedad estaba falta de escuelas, hospitales y justicia social.
Aquella expropiación petrolera no fue un acto de rencor, sino de amor a la patria. Fue la semilla de un México que se atrevió a pararse frente al mundo con la frente en alto, sin pedir permiso para ser libre. El general Lázaro Cárdenas del Río no quería un país de riqueza acumulada en pocas manos, sino una nación donde el petróleo, la tierra y la labor de los trabajadores se materializara en obras, servicios y derechos.
Hoy, 87 años después, su legado nos enseñó que el verdadero poder reside en el pueblo. Su legado nos recuerda que la política debe de ser una herramienta para el bienestar común, no para intereses particulares. En su visión, México debería de ser un país donde la equidad y la justicia social no fueran sólo ideales sino realidades palpables.
Hoy, en sintonía con los principios de Movimiento Ciudadano, reafirmamos nuestro compromiso con esos valores. Creemos en un México donde la participación ciudadana es fundamental, donde cada voz cuenta y donde el desarrollo sostenible es una prioridad. Nos inspira la idea de un país que avanza con pasos firmes hacia la igualdad de oportunidades, donde la educación y la salud son derechos garantizados para todas y todos los mexicanos.
La valentía del general Lázaro Cárdenas del Río nos impulsa a seguir luchando por un México más justo y solidario. Nos recuerda que el cambio es posible cuando actuamos con convicción y unidad. Sigamos trabajando en conjunto, con la misma pasión y compromiso, dejando atrás los colores, para construir un México de todas y de todos, un México libre, justo y próspero.
Que todos entiendan que la patria no es un mapa, sino la gente. Y que, ante los desafíos de hoy, para la desigualdad, la corrupción y la violencia, nuestra respuesta debe de ser la misma que en 1938, debe de ser la unidad. Que este día nos recuerde que México no se construyó con miedo, sino con audacia. Y que el futuro no se hereda, se conquista todos los días con las manos limpias...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: ...y el corazón firme. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Samperio. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana del Rocío Rejón Lara, del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara:Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara: Compañeras y compañeros diputados, a 87 años de la histórica expropiación petrolera, en México sucedió un hecho que marcó el rumbo de nuestra nación y consolidó la soberanía de México. Fue en esa fecha cuando el presidente. El general Lázaro Cárdenas del Río tomó la decisión a futuro de nacionalizar el petróleo, un recurso fundamental para el futuro de nuestra nación.
La expropiación petrolera no fue solo un acto de inteligencia política y económica, fue un emblema de nuestra independencia económica y de nuestra soberanía frente a las potencias extranjeras. Con ese acto nació Petróleos Mexicanos, Pemex, que no solo fue la columna vertebral de nuestra industria nacional, sino también un símbolo de orgullo. Durante décadas Pemex representó la fortaleza de un país que podía hacer frente a las adversidades y avanzar por su propio camino.
Entre 1938 y el año 2000 la empresa fue sinónimo de fortaleza económica. Fue un baluarte de desarrollo para el país generando empleos, contribuyendo a la infraestructura y siendo un motor clave en el progreso de nuestra nación.
Sin embargo, en los primeros años del Siglo XXI los primeros gobiernos de oposición, al aplicar políticas inadecuadas llevaron a Pemex a una situación de crisis financiera. La deuda de la empresa comenzó a superar el valor de sus activos, una señal clara de su colapso inminente.
En 2013 el PRI impulsó una reforma energética que tenía como objetivo modernizar Pemex y fortalecerla como una verdadera empresa productiva del Estado mexicano. Esta reforma fue una oportunidad histórica para rescatar a nuestra industria petrolera y nacional.
Sin embargo, la llegada del gobierno de Morena cambió radicalmente el rumbo, en lugar de continuar con los avances de la reforma, la llamada contrarreforma, impulsada por el actual gobierno morenista, ha llevado a Pemex al borde de la quiebra.
Lo más grave es que este gobierno insiste en hablar de la Expropiación Petrolera como un logro suyo, pero lo que en realidad ha hecho es destruir el legado de Lázaro Cárdenas y la fortaleza que representaba Pemex.
La nueva reforma energética presentada por Morena se presenta como una copia de la reforma del PRI, pero con un toque morenista que la lleva a la deriva. Es por ello, que desde la oposición estamos comprometidos en corregir el rumbo, en tomar las decisiones necesarias para salvar a Pemex y a la industria energética nacional.
Si no corregimos este camino, el futuro de nuestra soberanía energética estará en grave riesgo, y eso sería un daño irreparable para todas y todos los mexicanos. No podemos permitirlo. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Tiene el uso de la palabra, el diputado Pedro Vázquez González, del PT, hasta por tres minutos.
El diputado Pedro Vázquez González:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, hoy nos reúne un hecho histórico de gran trascendencia para nuestro país, la conmemoración de la expropiación petrolera ocurrida el 18 de marzo de 1938.
Este suceso liderado por el presidente Lázaro Cárdenas, representó un momento cimero de la defensa de nuestra soberanía, pues posibilitó que los recursos energéticos de la nación fueran reclamados como patrimonio colectivo y motor de nuestro desarrollo.
Hablar de la expropiación petrolera es reconocer la fortaleza del pueblo de México, que supo unirse ante la adversidad, defender sus derechos y reivindicar la justicia social. Fue gracias al respaldo popular de campesinos, obreros, maestros y la sociedad civil, que el gobierno de Lázaro Cárdenas pudo llevar a cabo esta decisión histórica, con la convicción de que el petróleo debía de servir al desarrollo de México y no a los intereses extranjeros, ajenos totalmente a la nación mexicana.
Así se sembró la semilla para afianzar nuestra independencia económica, nuestra soberanía y consolidar la participación de las y los mexicanos en la construcción de un futuro más justo y equitativo.
Conmemorar esta fecha no es solo recordar el pasado, es una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de proteger el patrimonio nacional, de generar políticas públicas que garanticen un uso sustentable de nuestros recursos y, sobre todo, de fomentar el progreso compartido.
El petróleo, al igual que otras riquezas naturales, sigue siendo un eje esencial para el crecimiento de México. Sin embargo, las nuevas realidades exigen cambios profundos y es-fuerzos coordinados para promover la innovación, la diversificación energética y el cuidado del medio ambiente.
Hoy, al honrar la memoria de quienes hicieron posible esta gesta y de quienes con su trabajo y entrega fortalecen día a día la industria energética nacional, hacemos un llamado a la solidaridad y al compromiso social, porque el legado de 1938 no debe quedar en un mero recuerdo simbólico, sino traducirse en acciones concretas que beneficien a todas las generaciones presentes y futuras. Sigamos avanzando con pasión y constancia, defendiendo el espíritu de justicia social y unión que inspiró aquella hazaña.
Esta conmemoración nos recuerda que la historia de nuestro México, las grandes transformaciones han sido posibles gracias a la participación del pueblo, a su fuerza colectiva y a la visión de una nación que sabe defenderse y levantarse con dignidad.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sostenemos que esta conmemoración no solo implica celebrar el legado histórico de la defensa de nuestro petróleo, sino también asumir el compromiso de fortalecer la industria energética nacional con una visión social y sustentable. Que viva la expropiación petrolera. Que viva México. Que viva la cuarta transformación. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente.
Presidencia de la diputada María del Carmen Pinete Vargas
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo: Ayer, 18 de marzo, se conmemoró el 87 aniversario de la expropiación petrolera, decretada en 1938 por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas. Sin este acontecimiento histórico no podría entenderse la historia moderna de nuestro país y el impulso que el llamado oro negro ha jugado en la transformación social y económica de nuestro país.
De ahí la importancia de celebrar el aniversario de este hecho cada año que debe de ser visto como un momento de orgullo nacional y cimentación de nuestra soberanía e independencia. No podemos olvidar que una de las razones de la expropiación petrolera fue la constante negativa de las compañías extranjeras a mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de esa industria.
En respuesta a estos abusos y tensiones, el gobierno del general Cárdenas decidió tomar el control de los recursos energéticos del país para beneficiar a la nación, argumentando que el petróleo era un recurso estratégico y fundamental para el desarrollo de México.
Así se garantizó el respeto al artículo 27 de la Constitución Política de 1917, el cuál establecía que la propiedad del subsuelo pertenece a la nación y que los recursos naturales como el petróleo deberían ser aprovechados por el Estado.
La expropiación petrolera fue la culminación del proyecto nacionalista de la Constitución de 1917, fortaleciendo la identidad mexicana y recuperando el control principal de este recurso natural, esto sentó las bases para la creación de Pemex, la empresa que hoy hemos recuperado como nación.
En el contexto actual y de cara al futuro nuestro país enfrenta desafíos energéticos significativos, sin duda alguna. Hace apenas unos días aprobamos en esta legislación la legislación secundaria a la reforma energética la cual le devuelve a los mexicanos la posibilidad de que las empresas del sector sigan siendo palancas de desarrollo nacional con sentido social, con responsabilidad y con principios de sostenibilidad. Estamos en un momento coyuntural en México para generar acciones de sostenibilidad en esta gran industria, en esta gran empresa mexicana.
Hoy, Pemex es una empresa de transición que ha logrado ajustar su estructura de costos y su estrategia de negocio a un escenario de precios bajos utilizando todos los instrumentos y la flexibilidad en beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanas y mexicanos.
Esta transformación busca proteger las áreas estratégicas de nuestro país para garantizar la propiedad de los hidrocarburos, a 87 años de este acontecimiento la expropiación petrolera sigue siendo un símbolo de lucha por la independencia económica y un recordatorio de la importancia de proteger los recursos nacionales a fin de que estos sigan siendo utilizados para elevar los niveles de bienestar del pueblo mexicano. Sintámonos orgullosos, Pemex es la gran empresa del pueblo mexicanos.
Y, concluyo recordando a mi padre, que en paz descanse, que casualmente nació un 18 de marzo, también, y que fue muy cercano al general Lázaro Cárdenas y que se desempeñó profesionalmente bajo la escuela del general y se desempeñó siempre con amor a México, lo cual nos heredó y nos inculcó. Muchas gracias, Dios les bendiga, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nubia Iris Castillo Medina, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Nubia Iris Castillo Medina:Diputadas y diputados, hoy conmemoramos el 87 aniversario de la expropiación petrolera, un hito que definió la soberanía energética de nuestro país. Fue un acto de valentía y visión de Estado que nos permitió, durante décadas tener el control de nuestros recursos para el desarrollo de México.
Y, en esta fecha, también recordamos otro momento clave en nuestra historia, el descubrimiento del pozo La Pez, en Ébano, San Luis Potosí, hace 121 años. Aquel hallazgo consolidó a la huasteca potosina como un pilar de desarrollo energético nacional y abrió el camino para que México se convirtiera en una potencia petrolera.
Pero la historia no solo es motivo de orgullo, también es una responsabilidad. Una pregunta que debemos hacernos hoy es ¿honramos ese legado o lo estamos desaprovechando? Hoy, lejos de esa promesa de autosuficiencia y desarrollo, Pemex se ahoga en una crisis sin precedentes. El gobierno de Morena nos vendió la ilusión de despertar a la soberanía energética, pero la realidad es que su modelo caduco nos está llevando al colapso.
Nos prometieron que no se endeudaría más la nación, pero los hechos hablan por sí solos, la deuda financiera de Pemex ha escalado hasta los 1.94 billones de pesos. Un 5.6 del PIB, en lugar de fortalecer la empresa la han convertido en un barril sin fondo. Uno de los ejemplos más lamentables es la refinería de Dos Bocas, que pasó a ser un símbolo de soberanía energética a convertirse en un monumento a la ineficiencia y el sobrecosto.
Se gastaron miles de millones de pesos en una obra que sigue sin operar a plena capacidad y que nos ha costado más de lo que jamás va a generar. Y, mientras el gobierno presume victorias inexistentes, las familias mexicanas enfrentan una realidad cada vez más difícil: gasolina cara, tarifas eléctricas en aumento y un futuro económico incierto.
En San Luis Potosí y en la huasteca, donde el calor obliga a un alto consumo de energía, las tarifas eléctricas elevadas son un golpe brutal para miles de hogares y pequeños negocios. Morena le ha fallado a quien más lo necesita.
Diputadas y diputados, no podemos seguir anclados en el pasado ni permitir que la demagogia siga destruyendo nuestro sector energético. México necesita un cambio de rumbo. Y desde Acción Nacional proponemos una visión clara para rescatar a esta industria.
Transparencia y rendición de cuentas en Pemex. Basta de ocultar pérdidas y sobrecostos, la empresa debe operar con eficiencia y sin ser utilizada como caja chica del gobierno. Atracción de inversión y modernización. Necesitamos una política energética que combine capital público y privado para aumentar la producción, mejorar la infraestructura y garantizar la soberanía, sin comprometer nuestras finanzas.
Diversificación energética. No podemos depender solo del petróleo, es momento de impulsar energías limpias y renovables, asegurándonos que México esté a la vanguardia del desarrollo energético global. Tarifas justas para las familias mexicanas. La energía no debe ser un privilegio ni un instrumento de control político, proponemos una reforma que garantice que la electricidad sea accesible y que la gasolina esté a precios competitivos.
México merece un sector energético fuerte, moderno y sostenible. No más improvisaciones, no más simulaciones. El futuro del país depende de decisiones responsables y no de discursos vacíos. Desde Acción Nacional estamos listos para construirlo. Es cuanto.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, diputada.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos y ciudadanas, nos congregamos hoy para rendir homenaje a un hombre cuyo legado trasciende generaciones, a un líder que con dignidad y valentía supo enfrentarse a las potencias económicas y políticas de su época, para defender nuestra soberanía nacional, me refiero al presidente Lázaro Cárdenas del Río, que en un día como hoy, pero de 1938 tomó la histórica y valiente decisión de expropiar el petróleo mexicano, marcando un parteaguas fundamental en la historia de México.
Antes de asumir la presidencia, Lázaro Cárdenas forjó su carrera en la lucha constante por la justicia social y la dignidad del pueblo de México. Desde muy joven abrazó la causa revolucionaria, combatiendo valientemente al lado de los grandes héroes de la Revolución Mexicana, fue en ese momento revolucionario donde desarrolló su profundo compromiso con los más necesitados, mismos que mantuvo intacto en cada responsabilidad pública que desempeñó.
Como gobernador de Michoacán, Cárdenas no dudo en emprender reformas agrarias y educativas audaces y profundas que transformaron la vida de miles de familias campesinas y trabajadoras, ganándose así con hechos y no solo con palabras, el respeto, la confianza y el cariño del pueblo mexicano.
Como presidente de México, entre 1934 y 1940, Cárdenas profundizó esta visión transformadora enfrentándose a la oposición de sectores conservadores que intentaban mantener privilegios y prácticas injustas.
En este contexto de resistencia y lucha constante contra las fuerzas reaccionarias expresó con claridad: gobierno o individuo que entregue los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria.
Su gobierno se caracterizó por acciones valientes y decisivas, entre ellas, la histórica Expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera en México, argumentando que era necesario para proteger los intereses nacionales y garantizar la soberanía del país.
Aquella acción histórica fue mucho más que una simple medida económica o jurídica, representó un acto profundo de independencia y resistencia frente al colonialismo económico que ejercían poderosas campañas petroleras extranjeras, principalmente Estados Unidos, quienes veían a nuestro país como un territorio de saqueo sin responsabilidad alguna hacia nuestra gente.
En aquel contexto, México vivía bajo una presión constante, las condiciones laborales en la industria petrolera eran deplorables, los trabajadores mexicanos eran tratados injustamente y las ganancias desproporcionadas terminaban en manos de extranjeros.
Ante esta injusticia, Lázaro Cárdenas decidió actuar con firmeza y determinación, respaldado por una sociedad que anhelaba justicia social y soberanía. Ante esta defensa permanente expresó: México tiene derecho a mantener la soberanía sobre sus recursos y que estos sirvan a su pueblo antes que a los intereses de cualquier nación extranjera. Estas palabras definen con claridad el compromiso innumerable que tenemos todas y todos los mexicanos de proteger nuestros recursos naturales y nuestra dignidad nacional.
Cárdenas comprendió que la expropiación petrolera no era únicamente un asunto económico, era también una lucha frontal contra el conservadurismo político y económico que dominaba la vida nacional de la época, un conservadurismo entreguista que defendía los intereses de unos pocos a costa del bienestar general de la nación.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Concluya, compañera diputada.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: Enfrentó con entereza y dignidad presiones internas y amenazas extranjeras, incluyendo severas represalias económicas y hasta la posibilidad real de una intervención militar estadounidense. Por eso México no cedió su soberanía, así como no lo hará ante los retos de hoy en día que nos amenazan. Gracias a esta historia decidió México lograr...
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Le solicitamos que concluya, compañera.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio: ...recuperar para sí mismo la riqueza petrolera, cuyos recursos se destinaron a la educación pública, a la infraestructura nacional, a la atención médica y al desarrollo rural.
Hoy, al igual que ayer, se manifiestan fuerzas internas aliadas con intereses externos que cuestionan nuestra política soberana energética. Frente a ello desde esta trinchera legislativa que representa la voluntad popular reivindicaremos con firmeza el legado cardenista. Refrendemos hoy nuestro compromiso absoluto con la defensa...
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Concluya, compañera diputada.
La diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio:...el petróleo, la energía y la soberanía nacional, que nos legó Lázaro Cárdenas. Avancemos unidos y con determinación. Que el ejemplo del presidente Cárdenas nos guíe en defensa constante de nuestra soberanía nacional. Que viva la expropiación petrolera. Que viva la soberanía energética. Que viva México. Gracias.
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Gracias a usted, compañera. Recordándole que se pasó tres minutos.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas (19:23 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 20 de marzo del año en curso a las 11: 00 horas en modalidad semipresencial. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9: 00 horas a través de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las diputadas y los diputados.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 7 horas 36 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 366 diputadas y diputados
• Asistencia
• Orden del día
• Dictamen con proyecto de decreto a discusión: 1
• Minutos de silencio: 3
• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 23
• Comunicaciones oficiales: 1
• Declaratoria de reforma constitucional: 1
• Efemérides: 1
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 68
20-Morena, 14-PAN, 8-PVEM, 10-PT, 8-PRI, 8-MC
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)