«Iniciativa que reforma el artículo 414 del Código Penal Federal, en materia de sustancias nocivas para las abejas, a cargo del diputado Emilio Lara Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Emilio Lara Calderón, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, en la LXVI Legislatura de la Cámara Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 414 del Código Penal Federal, en materia de sustancias nocivas para las abejas, al tenor de la siguiente:

La presente iniciativa, cuenta con un objetivo claro, y beneficioso para las y los apicultores mexicanos. Es evidente, pero muy poco reconocido, que la apicultura es una actividad de nuestro campo que no sólo se enfoca en los productos derivados de las abejas, que muy saludables y beneficiosos para diversas personas e industrias, sino que también contribuye de gran manera a la seguridad alimentaria para los seres vivos, así como fundamental para conservar nuestros ecosistemas.

La apicultura, una actividad muy noble pero de gran impacto ambiental, económico y social, pues si bien se basa en los cuidados y preservación de las abejas, en segundo plano sus actos nos benefician con la vida tal cual la conocemos diariamente.

Mediante la apicultura podemos obtener productos como la miel, jalea, propóleo, cera y polen, de donde se benefician industrias como la alimenticia, farmacéutica, belleza y terapéutica.

Así como también, las colmenas pueden ser rentadas para la polinización de cultivos. Un claro ejemplo son las abejas meliponas, una la especie nativa de México, que su función como polinizadoras de plantas impacta directamente en cultivos de café, chile, variedades de granos, semillas y frutos.

Pues bien, de la gran labor de las y los apicultores, así como de las actividades cotidianas de las abejas, se benefician 84 por ciento de los cultivos comerciales que alimentan a las personas que habitamos el planeta tierra y para abonar a lo mencionado, podemos recurrir a la información que nos brinda el Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

• Cerca de 48 mil personas se dedican a la apicultura.

• La producción anual de miel en la última década fue de 59 mil toneladas. Alcanzando en 2021 el octavo lugar en producción a nivel mundial.

• Yucatán, Campeche, Jalisco y Chiapas generan más de 40 por ciento de la producción de miel del país.

• Entre 2014 y 2021, los productores apícolas del país exportaron alrededor de 34.5 mil toneladas anuales.

• Entre 2014 y 2021, el ingreso anual promedio por exportación de miel fue de 110 millones de dólares.

Podemos observar de lo provechosa que es esta actividad, que además de los datos que pudimos observar, es una actividad que genera empleos a través de los más de 43 mil apicultores que hay a nivel nacional.

Sin embargo, existen situaciones que afecta no solo a Campeche, sino en varias partes de la República, pues los fenómenos hidrometeorológicos que afectaron la república el primer semestre de 2024, como lo fueron las altas temperaturas y la falta de lluvias, que mayormente afectaron de marzo a mayo, representaron pérdidas para las y los productores apícolas de aproximadamente 70 por ciento, debido a una baja floración que ocasionó muertes masivas en sus colmenas.

Para posteriormente, en el mes de junio de este 2024, por las fuertes lluvias e inundaciones que se desencadenaron, se ocasionó un retraso la cosecha de miel para su temporada regular, y que claramente impacta de manera negativa a la economía local y de las familias que dependen sus ingresos de estas actividades.

Sin embargo, el verdadero problema, y el más recurrente proviene de que este 2024, del 24 al 27 de enero, fueron inspeccionados apiarios ubicados a cinco kilómetros al sur de Oxa y a seis kilómetros al suroeste de Suc Tuc, donde se contaba con evidencia del motivo de la muerte masiva de abejas en estas regiones. Pues los 22 apiarios mostraban abejas muertas fuera de las colmenas, en el suelo y en los techos de las cajas, mientras que las que sobrevivieron presentaban síntomas de intoxicación por insecticidas.

Este incidente derivado del uso de insecticidas en parcelas cercanas ocasionó que 22 apiarios y 516 colmenas fueras afectadas gravemente. Los estragos ocasionados representan tres mil 630 días de empleo rural perdidos y un impacto económico de dos millones 467 mil 352 pesos, pérdidas que directamente afectan a la producción de miel, la necesidad de enjambres para el servicio de polinización.

Como también, se ha evidenciado cómo el mal manejo de plaguicidas ha resultado letal para las abejas, pues se ha monitoreado por parte de las y los apicultores que aproximadamente a 3 km de sus apiarios, cultivos en gran medida, como bien puede ser el chile habanero y para impedir las plagas, requiere el uso de altas cantidades de sustancias tóxicas para las abejas.

En Hopelchén, en marzo de 2023, se tomaron muestra de 8 de 13 plaguicidas empleados en la región, derivando den 4 con toxicidad moderada (acetamiprid, cyprodinil, nicosulfuron, thiacloprid) y 4 altamente tóxicos para las abejas (dimethoate, pronil, imidacloprid, thiamethoxam).

Este estudio, empató con la muerte masiva de las abejas de la región, ya que al menos la mitad de las colmenas contenía un insecticida peligroso, corroborando la relación entre esta práctica y la muerte masiva de las abejas.

La falta de regulación y normas en la producción agroindustrial trae y traerá consecuencias negativas a las comunidades chenes, así como para las comunidades que habitan la península y en todo el campo mexicano donde no se tenga el debido cuidado para la biodiversidad, de la cual, ha dependido de las prácticas agropecuarias por decenas de años y para los cultivos de los que dependemos millones de mexicanas y mexicanos.

Hay que ser conscientes con nuestras apicultoras y apicultores ante estas situaciones, porque aunado a los agroquímicos que afectan sus colmenas, atraviesan una situación donde los precios de las mieles los tienen con una plusvalía casi nula.

El hecho radica esencialmente en que no reciben el pago justo los productores apícolas. En la zona sur-sureste, el precio promedio para el productor es de 41.90 por litro de miel, pero en Campeche un apicultor en promedio recibe 35.94 pesos y en Yucatán 34.6, siendo algo totalmente contradictorio, ya que esta región es líder en producción de miel, produciendo 29 mil 250 toneladas, pero contrastando con los precios que recibe, siendo de los más bajos del país.

En una entrevista a productores de Campeche, he podido corroborar que hay situaciones más complicadas, pues desde hace 2 años sus precios son de 27 a 28 pesos, y hasta este 2025 el precio subió a los 30 pesos por kilo.

De nada les sirve que aproximadamente 48.5 por ciento de la producción de miel del país provenga del sur-este del país, si a las y los apicultores no les refleja ganancias esta gran producción, sino al contrario, el gran dilema es poder vender y no malbaratar su producto.

Es clara la situación urgente en la que se encuentran, donde sus precios varían y mayormente a la baja, cuando se ha convertido en tendencia el abigeato, y que por usos indebidos terminan por intoxicar y matar a sus colmenas, sin ninguna legislación que garantice la reparación del daño de quien lo ocasionó, debido a una nula regulación, prevención y cuidado en el uso de estas sustancias toxicas para las abejas.

Situaciones como estas son las que ocasionan que ha deje de ser redituable esta labor para las y los apicultores, pues no hay apoyo en sus precios y los precios son tan bajos que la reinversión no es viable, sino lo mejor es vender sus colmenas, y cuando son intoxicadas es quedarse prácticamente en cero, nada con que trabajar, ni como generar ingresos para la familia.

Es por ello que presento esta iniciativa, para que el responsable de causar daño a las colmenas de uno o más apicultores en un radio de 500 metros, repare los perjuicios ocasionados por el descuido.

Claro está, que deberá de seguir protocolos de prevención y seguridad que deberá establecer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con las entidades federativas, para que se tomen la previsiones necesarias para que se puedan aplicar productos necesarios y regulados para evitar afectaciones hacia las y los demás apicultores a la redonda.

Quien sea omiso a estos protocolos, será sujeto a la disposición que establece la presente iniciativa, haciéndose responsable por sus omisiones.

Ha sido un tema que no se ha solucionado, es por ello que desde mi encargo como diputado federal por Campeche, y por las encomiendas que diversas y diversos apicultores chenes me han dado, hoy presento esta iniciativa.

Esperando que sea un paso más hacia la solución de este problema tan latente y que ha perjudicado por muchos años a nuestras y nuestro apicultores en varias regiones de nuestro país.

Por lo antes expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 414 del Código Penal Federal, en materia de sustancias nocivas para las abejas

Único. Se modifica el artículo 414 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, de-secho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente.

Cuando la sustancia enunciada en los párrafos anteriores no haya sido utilizada bajo las medidas de prevención y seguridad adecuadas, y esta haya afectado a uno o más apicultores dentro de un radio de 4 km, quien haya ocasionado el daño deberá resarcirlo en su totalidad.

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para establecer los protocolos de prevención y seguridad para el uso de los agroquímicos y establecer las sustancias que serán seguras tanto para las abejas como para el medio ambiente.

Notas

1 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/las-abejas-y-su-aportacion-a-la-agr icultura#:~: text=Las%20abejas%20forman%20parte%20importante,la%20que%20depende%20el%2084

2 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8974

3 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-apicultura-en-mexico? idiom=es

4 https://www.ecosur.mx/muerte-masiva-abejas-deja-perdidas-por-2-4-mdp/

5 https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/54359/apicultores-de-los-chenes-denun cian-muerte-masiva-de-abejas-por-plaguicidas/

6 https://corrientealterna.unam.mx/podcast/sobre-vivir-de-la-miel-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Emilio Lara Calderón, Ariana del Rocío Rejón Lara, Azucena Huerta Romero, Christian Castro Bello, Humberto Ambriz Delgadillo, Jesús Fernando García Hernández, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Luis Armando Díaz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, Olegaria Carrasco Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con el propósito de fortalecer la productividad y autosuficiencia alimentaria en el campo, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo III Bis a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con el propósito de fortalecer la productividad y autosuficiencia alimentaria en el campo, al tenor de la siguiente

“La soberanía alimentaria seguirá siendo el eje rector de nuestra política para el campo”, anunció la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al revelar asimismo que será creada una empresa nacional, cuyo objetivo estará en “producir semillas de alta calidad”.

Lo anterior fue precisado por la mandataria en su mensaje al pueblo de México, ocurrido el día 01 de octubre del año pasado, donde enumeró los compromisos de su gobierno. Uno de estos, el denominado república rural justa y soberana, en cuyo marco manifestó además que será garantizada “la autosuficiencia del maíz blanco libre de transgénicos, desde la producción hasta el consumo”.

En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha sostenido que “las semillas son la base principal para el sustento humano”, al ser estos insumos “depositarias del potencial genético de las especies agrícolas y sus variedades resultantes de la mejora continua y l selección a través del tiempo”.

El organismo enuncia que “la mejora de los cultivos y el suministro de semillas y materiales de siembra de alta calidad de variedades seleccionadas para los productores son necesarios para garantizar una mejor producción agrícola y satisfacer los crecientes desafíos ambientales”. Es así, argumenta, que “la seguridad alimentaria depende de la seguridad de las semillas de las comunidades agrícolas”.

Así, conforme a las actividades prioritarias contenidas en el Segundo Plan de Acción Mundial, la FAO brinda ayuda a los países miembros en lo que es la realización de actividades como el fortalecimiento de los programas de producción de semillas, donde está incluida la multiplicación de estos insumos de primera generación, donde son tomadas “en cuenta las ventajas comparativas de los sectores público y privado de semillas”.

Una siguiente actividad clave está en “fortalecer las asociaciones nacionales de semillas y apoyar la aparición de empresas locales privadas de semillas que participen en su producción y distribución a través de un mejor acceso a nuevas variedades, actividades de creación de capacidad y planes de crédito adecuados”.

Es propósito de una actividad adicional, “fortalecer la capacidad de los agricultores en la multiplicación de semillas con el fin de mejorar la calidad de las semillas producidas en el sector informal, en particular en la transición de la emergencia a las actividades de desarrollo y donde no existe un sector privado”.

La FAO determina asimismo “promover actividades que aporten valor añadido en el ámbito local como forma de diversificar los ingresos de los agricultores y estimular la demanda de semillas”, así como el “fortalecer los programas de sistemas de semillas comunitarios para mejorar los conocimientos y habilidades de los agricultores relacionados con las variedades y semillas”.

La participación directa del sector público en la producción, certificación y comercio de semillas, es medida necesaria para impulsar con sentido nacionalista la autosuficiencia y soberanía alimentaria, de manera que se abata la brecha entre los volúmenes de exportación e importación de alimentos; para contribuir además a revertir la descapitalización que vive el campo mexicano, debido a la aplicación de políticas públicas ineficientes.

Es de reconocerse así la creación de la Estrategia de Autosuficiencia Alimentaria, impulsada por la anterior gestión de la administración pública federal, la cual se determinó con el propósito de lograr precisamente un abasto alimentario propio, con un sector rural productivo y competitivo; para así dejar de estar sujetos a los embates recurrentes que suponen las fluctuaciones del mercado mundial agropecuario.

En el propósito de alcanzar un sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable, el Gobierno de la República ha reconocido en su momento que “la dependencia alimentaria, ha traído la descapitalización de los productores, pobreza, migración, debilitamiento de la cohesión social, familiar y comunitaria, mala nutrición y condiciones para el crecimiento de las actividades ilícitas y de violencia en el campo mexicano”.

Así, la administración anterior impulsó el nuevo modelo de productividad en el campo, poniendo en el centro a los productores rurales, de forma tal que estos actores accedan a un desarrollo pleno, como un legítimo derecho, dado que es el primer eslabón del proceso necesario para llevar a México a la anhelada autosuficiencia alimentaria.

Vale reiterar que la estrategia para este propósito descansó en un conjunto de acciones, bajo una coordinación de trabajo entre todas las instituciones del sector rural, donde la participación de los protagonistas directos fue fundamental. Se revalorizó en principio los sistemas productivos tradicionales, anticipando cual era la demanda de aquellos productos en los que nuestra nación es aún deficitaria. Hubo en ello un objetivo central: alcanzar niveles de productividad tal que lleven a un sistema alimentario suficiente.

Para el cumplimiento de los propósitos de la estrategia en comento, se consideró entre otras medidas; disminuir la importación de semillas e insumos diversos para el campo, cuyo costo ha hecho poco rentable el cultivo de la tierra, el cual además ha estado sujeto al comportamiento de los precios de los productos agrícolas en el mercado internacional.

El Programa Nacional de Semillas del anterior sexenio de gobierno argumentó que “la regionalización que tiene México en la agricultura ha hecho que la adopción de semilla sea de manera desigual”, donde “el norte y occidente del país con buenas condiciones para la producción, cuenta con una cobertura importante de la superficie con uso de semilla mejorada, la cual se va reduciendo conforme nos dirigimos al sur”.

El diagnóstico respectivo exponía asimismo que “el sector semillero se compone de diversos tipos de productores de semillas: las empresas transnacionales que producen y comercializan variedades generadas por ellos mismos; empresas productoras de semillas nacionales medianas con programas de investigación y desarrollo que producen y comercializan sus propios materiales; empresas productoras de semillas nacionales pequeñas que producen y comercializan semilla para nichos específicos de producción con materiales de instituciones de investigación”. Citaba también “una red de empresas que no producen semillas” no obstante lo cual; “actúan como comercializadoras o distribuidoras de las semillas de otras empresas productoras”.

Indicaba que “actualmente en el país existe una superficie importante que no ha adoptado el uso de semilla de variedades mejoradas, debido a varios factores que han limitado la adopción”. Mencionaba “por un lado, la cultura y tradición de los agricultores para el uso de semilla nativa, y por el otro, la falta de variedades mejoradas adaptadas que respondan a las necesidades reales de los agricultores y la falta de recursos económicos para la adquisición de semilla y de aplicación de un paquete tecnológico adecuado”.

Enunciaba además que “uno de los factores que se ha observado que limita la innovación de nuevas variedades, es la falta de conocimiento por parte del agricultor de las variedades mejoradas más convenientes para su región, así como el paquete tecnológico a implementar para desarrollar el potencial de la variedad”.

El diagnóstico abundaba “que desde hace algunos años se ha observado que la oferta de semillas de nuevas variedades se encuentra rezagada”, dado que “las instituciones de investigación pública tardan muchos años en producir semilla suficiente de variedades nuevas, por cuestiones de difusión de la nueva variedad, por el proceso propio de la producción de semilla, por la limitada capacidad de producción de semilla básica y por la búsqueda de empresas productoras de semillas interesadas”. Por ello, refería como necesario que “se requiere un programa de semillas a nivel estatal y regional acorde a las necesidades del agricultor”.

Frente al panorama expuesto, se informó que el Programa Nacional de Semillas estaría en estimular la investigación, innovación, producción y certificación de semillas de calidad para la atención del desarrollo de todas las regiones y tipos de cultivos en el territorio nacional, “contribuyendo con ello al nuevo modelo de desarrollo en la transición hacia la autosuficiencia alimentaria y rescate al campo, fortaleciendo la autosuficiencia en la producción de semillas, insumo fundamental para la producción interna de alimentos, en particular de los granos básicos; maíz, frijol, trigo harinero y arroz”.

Está el reconocimiento público de que “la producción de semilla en México históricamente se ha desarrollado de manera dispareja entre las diferentes regiones del país”, donde “las regiones centro y norte producen 96 por ciento de la semilla que se certifica, con muy poca participación de las regiones del sur y sureste del país, lo que ha impactado de manera negativa en el desarrollo de la agricultura en esas regiones”.

Así, el programa definía como una de sus prioridades el implementar “un modelo en el que las semillas mejoradas lleguen al productor agrícola” al destacar que “la importancia del uso de semillas mejoradas reside en que, no sólo genera valor para el agricultor, sino que mejora su competitividad y rentabilidad, a través del incremento de rendimiento y productividad que se traduce en aumentar la producción agrícola para satisfacer las demandas alimenticias del país”.

El documento ha señalado la necesidad e importancia de “promover y fomentar la investigación y desarrollo tecnológico de semillas de nuevas variedades mejoradas bajo criterios de sustentabilidad y utilizando técnicas novedosas; impulsar la conservación y aprovechamiento de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, desarrollando sistemas locales y regionales de producción de semilla nativa; apoyar el acceso de los pequeños productores a semillas de nuevas variedades mejoradas y brindarles capacitación y asistencia técnica para que logren el mejor aprovechamiento de este insumo estratégico para la producción agrícola”, amén de “fortalecer las instituciones de gobierno, tanto regulatorias como operativas, que garanticen las mejores condiciones para impulsar la investigación, producción, comercialización y acceso de semillas certificadas, respetando y cumpliendo el marco jurídico y normativo aplicable”.

Dados los argumentos, la presente iniciativa propone crear de nueva cuenta la Productora Nacional de Semillas, de suerte que sea un organismo público que efectivamente garantice la producción, certificación, calificación y comercialización de estos insumos; con el objetivo de favorecer la capitalización de los productores agrícolas primarios.

La medida contribuiría seguramente a garantizar el abasto de semillas de variedades mejoradas a precios competitivos para los productores nacionales, como una acción pública nacionalista para fomentar la productividad y sustentabilidad del campo mexicano, de suerte que se impulse la autosuficiencia en este rubro.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo III Bis a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

Único. Se adiciona el Capítulo III Bis a la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para quedar como sigue:

Artículo 17 Bis. Se crea el organismo público descentralizado denominado “Productora Nacional de Semillas”, el cual contará con personalidad y patrimonio propios.

Artículo 17 Bis 1. La Productora Nacional de Semillas tiene como propósito oficial impulsar la producción y utilización de semillas certificadas de variedades de plantas mejoradas.

Artículo 17 Bis 2. La Productora Nacional de Semillas producirá, beneficiará, distribuirá y enajenará las semillas que correspondan a los cultivos que en razón de la demanda y de sus posibilidades económicas le encomiende la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 17 Bis 3. La Productora Nacional de Semillas establecerá y operará campos destinados a la producción de semillas básicas y registradas, así como zonas de producción de semillas certificadas, plantas industriales para el beneficio de semillas y zonas de distribución para venta.

Artículo 17 Bis 4. La Productora Nacional de Semillas será responsable de gestionar el financiamiento que requieran sus programas de producción, beneficio, distribución y venta de semillas.

Artículo 17 Bis 5. En acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Productora Nacional de Semillas producirá de manera directa o mediante la contratación con particulares, las semillas certificadas de los cultivos de mayor interés para el desarrollo nacional y el bienestar social.

Artículo 17 Bis 6. Para el cumplimiento de su propósito, la Productora Nacional de Semillas normará sus acciones de conformidad con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Productora Nacional de Semillas dispondrá para su funcionamiento de un patrimonio que estará integrado con los bienes inmuebles, muebles, subsidios, donaciones, créditos, fideicomisos y presupuesto que se destinen a su propósito oficial.

Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará y autorizará a propuesta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural el subsidio que la Productora Nacional de Semillas requiera para el inicio de sus funciones.

Cuarto. Al frente de la Productora Nacional de Semillas estará un director general, quien será designado por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Quinto. El funcionamiento de la Productora Nacional de Semillas se sujetará a lo que disponga su reglamento interior.

Fuentes de consulta

https://www.fao.org/seeds/es/#:~: text=Función%20de%20la%20FAO%20en,asistencia%20técnica%20y%20la%20concienciació n

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608920&fecha= 28%2F12%2F2020

Foro Competitividad agropecuaria, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán, 23 de noviembre de 2018. Ponencia “Competitividad agrícola”, subsistema Producción de Semillas. Ponente: Doctor José Ramírez Villapudua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2025.– Diputados y diputada: Jesús Fernando García Hernández, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Luis Armando Díaz, Olegaria Carrasco Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación Superior, en materia de educación financiera, a cargo de la diputada Azucena Huerta Romero, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Azucena Huerta Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 9, 10 y 37 de la Ley General de Educación Superior, en materia de educación financiera, al tenor de la siguiente

I. Planteamiento del problema

La educación superior tiene como objetivo principal formar profesionales capacitados para enfrentar los desafíos del mundo laboral y contribuir al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, en la actualidad, existe una brecha significativa entre la formación académica que reciben los estudiantes y las habilidades prácticas necesarias para gestionar su vida económica de manera efectiva. Esta carencia se refleja en la situación financiera de los egresados, quienes, a pesar de contar con una formación especializada en sus respectivas áreas, enfrentan dificultades para administrar sus recursos, planificar su futuro económico y tomar decisiones financieras informadas.

Análisis de la situación económica de los egresados

1. Endeudamiento y falta de planificación financiera:

• Muchos egresados enfrentan problemas de endeudamiento debido a la falta de conocimientos sobre cómo manejar créditos, préstamos estudiantiles y otros compromisos financieros.

• La ausencia de planificación financiera a largo plazo lleva a decisiones impulsivas, como adquirir deudas innecesarias o no ahorrar para emergencias o la jubilación.

2. Dificultades en la inserción laboral:

• Al ingresar al mercado laboral, los egresados se enfrentan a la necesidad de negociar salarios, entender beneficios laborales y gestionar sus ingresos. La falta de educación financiera dificulta estas tareas, lo que puede resultar en una mala gestión de sus recursos y en la pérdida de oportunidades de crecimiento económico.

3. Vulnerabilidad ante crisis económicas:

• En contextos de incertidumbre económica, como recesiones o inflación, los egresados sin conocimientos financieros son más vulnerables a caer en situaciones de precariedad económica, ya que no cuentan con las herramientas para adaptarse a estos cambios.

4. Impacto en la calidad de vida:

• La falta de educación financiera no solo afecta la economía personal, sino también la calidad de vida. El estrés financiero puede tener repercusiones en la salud mental, las relaciones personales y el bienestar general.

Propuesta de inclusión de materias de educación financiera

Ante esta situación, se propone la inclusión de materias de educación financiera en los planes de estudio de las instituciones de educación superior. Estas materias deberán abordar temas como:

• Presupuesto y ahorro: Enseñar a los estudiantes a elaborar presupuestos, controlar gastos y establecer metas de ahorro.

• Inversión y planificación financiera: Brindar conocimientos básicos sobre inversiones, fondos de retiro y planificación financiera a largo plazo.

• Manejo de deudas y créditos: Educar sobre el uso responsable de créditos, tarjetas de crédito y préstamos, así como estrategias para reducir deudas.

• Impuestos y obligaciones fiscales: Explicar el sistema tributario y las obligaciones fiscales que enfrentarán como profesionales.

• Finanzas personales y emprendimiento: Fomentar la cultura del emprendimiento y la gestión financiera en proyectos personales y profesionales.

Beneficios de la inclusión de educación financiera

Empoderamiento económico: Los egresados contarán con las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras informadas, lo que les permitirá alcanzar una mayor estabilidad económica y mejorar su calidad de vida.

Reducción del endeudamiento: Con una mejor comprensión de los riesgos y beneficios asociados a los créditos y préstamos, los egresados podrán evitar caer en ciclos de endeudamiento y gestionar sus finanzas de manera más responsable.

Fomento del ahorro y la inversión: La educación financiera promoverá una cultura del ahorro y la inversión, lo que contribuirá a la creación de un patrimonio personal y a la preparación para futuras necesidades, como la jubilación.

Mayor resiliencia ante crisis económicas: Los egresados estarán mejor preparados para enfrentar situaciones económicas adversas, ya que contarán con estrategias para adaptarse a cambios en el mercado laboral y en la economía en general.

Contribución al desarrollo económico del país: Una población con mayores conocimientos financieros contribuirá al crecimiento económico del país, ya que se fomentará el consumo responsable, el emprendimiento y la inversión en proyectos productivos.

La inclusión de materias de educación financiera en los planes de estudio de las instituciones de educación superior es una medida necesaria y urgente para preparar a los estudiantes no solo como profesionales competentes en sus áreas de conocimiento, sino también como individuos capaces de gestionar sus finanzas personales de manera efectiva. Esta reforma a la Ley General de Educación Superior no solo beneficiará a los egresados, sino que también tendrá un impacto positivo en la economía del país, promoviendo una sociedad más informada, responsable y resiliente ante los desafíos económicos del Siglo XXI.

II. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

Las desigualdades de género persistentes en el ámbito económico y laboral evidencian la necesidad de incorporar una perspectiva de género en la formación de los estudiantes. En este contexto, la inclusión de materias de educación financiera en los planes de estudio no solo debe abordar conceptos generales de finanzas, sino también considerar las brechas y desafíos específicos que enfrentan las mujeres. Esta reforma busca empoderar a los estudiantes, especialmente a las mujeres, para que cuenten con las herramientas necesarias para superar las barreras económicas y sociales que limitan su desarrollo pleno.

1. Brecha salarial y desigualdad laboral:

• Las mujeres, en promedio, ganan menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Esta brecha salarial limita su capacidad para ahorrar, invertir y planificar su futuro financiero.

• Además, las mujeres suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a puestos de liderazgo y a empleos bien remunerados, lo que perpetúa su dependencia económica.

2. Mayor vulnerabilidad económica:

• Las mujeres son más propensas a experimentar situaciones de pobreza y vulnerabilidad económica, especialmente en casos de divorcio, viudez o maternidad sin apoyo. La falta de educación financiera agrava esta situación, ya que muchas no cuentan con los conocimientos para gestionar sus recursos de manera independiente.

3. Sobrerrepresentación en trabajos informales y precarios:

• Un porcentaje significativo de mujeres trabaja en el sector informal o en empleos precarios, donde no cuentan con beneficios laborales, como seguros de salud o planes de retiro. Esto las deja en una posición de desventaja para planificar su futuro financiero.

4. Carga desproporcionada de trabajo no remunerado:

• Las mujeres dedican una cantidad significativa de tiempo al trabajo no remunerado, como el cuidado de hijos, personas mayores y tareas domésticas. Esto limita su capacidad para generar ingresos y participar plenamente en el mercado laboral, lo que afecta su autonomía económica.

Para abordar estas problemáticas, se propone la inclusión de materias de educación financiera en los planes de estudio de las instituciones de educación superior, con un enfoque que considere las desigualdades de género y promueva la equidad. Estas materias deberán incluir:

1. Finanzas personales con enfoque de género:

• Enseñar a los estudiantes a identificar y superar las barreras económicas específicas que enfrentan las mujeres, como la brecha salarial y la carga desproporcionada de trabajo no remunerado.

2. Empoderamiento económico para mujeres:

• Brindar herramientas para que las mujeres puedan negociar salarios, acceder a puestos de liderazgo y emprender proyectos económicos de manera independiente.

3. Planificación financiera en contextos de vulnerabilidad:

• Abordar estrategias para gestionar crisis económicas, como divorcios, viudez o maternidad sin apoyo, y fomentar la creación de redes de seguridad financiera.

4. Inversión y ahorro con perspectiva de género:

• Promover una cultura de ahorro e inversión que considere las diferencias en los ciclos de vida económicos de hombres y mujeres, como las interrupciones laborales por maternidad o cuidado familiar.

La inclusión de materias de educación financiera con perspectiva de género en los planes de estudio de las instituciones de educación superior es una medida necesaria para abordar las desigualdades económicas que afectan a las mujeres. Esta reforma no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también tendrá un impacto positivo en la sociedad al promover la equidad de género, la autonomía económica y el desarrollo sostenible.

III. Argumentos sustenten la iniciativa

1. Reducción de la vulnerabilidad económica. La educación financiera equiparía a todos los estudiantes, con estrategias para manejar crisis económicas, reducir su vulnerabilidad y construir un futuro financiero más estable.

2. Promoción de la autonomía y el empoderamiento económico.  La educación financiera fomentaría la autonomía económica de todos los estudiantes, empoderando especialmente a las mujeres para tomar el control de sus finanzas, acceder a servicios financieros y romper ciclos de dependencia.

3. Cierre de brechas en el acceso a oportunidades económicas. La educación financiera brindaría a todos los estudiantes, las habilidades necesarias para acceder a oportunidades económicas, negociar salarios, emprender y participar activamente en el mercado laboral.

4. Fomento de una cultura de ahorro e inversión. La educación financiera promovería una cultura de ahorro e inversión inclusiva, enseñando a todos los estudiantes, a planificar para el futuro, crear un patrimonio y asegurar su bienestar económico.

5. Contribución al desarrollo económico y social. La educación financiera no solo beneficiaría a los individuos, sino que también impulsaría el desarrollo económico y social del país, al cerrar brechas de género y promover una participación más equitativa en la economía.

Para una mejor comprensión de las reformas aquí planteadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta de modificación con el texto vigente de la Ley General de Educación Superior.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 9, 10 y 37 de la Ley General de Educación Superior, en materia de educación financiera

Artículo Único. Se reforman las fracciones VIII y XIX del artículo 7 y se adiciona una fracción X; se reforma la fracción IX del artículo 9; se reforman las fracciones XXVIII y XXIX del artículo 10 y se adiciona una fracción XXX; se adiciona una nueva fracción XIV al artículo 37 y se recorre la actual en el orden subsecuente, todos de la Ley General de Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basado en lo siguiente:

I. a VII. ...

VIII. La formación en habilidades digitales y el uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso de construcción de saberes como mecanismo que contribuya a mejorar el desempeño y los resultados académicos ;

IX. El desarrollo de habilidades socioemocionales que permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad , y

X. La formación y desarrollo de habilidades esenciales para la gestión efectiva de recursos económicos y personales que contribuyan a generar estabilidad y bienestar económico en el ejercicio de la vida profesional.

Artículo 9. Los fines de la educación superior serán:

I. a VIII. ...

IX. Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura, el deporte , la educación física y la educación financiera en los ámbitos internacional, nacional, regional, estatal, municipal y comunitario , con perspectiva de género y fomentando la igualdad sustantiva.

Artículo 10. Los criterios para la elaboración de políticas en materia de educación superior se basarán en lo siguiente:

I. a XXVII. ...

XXVIII. La promoción del acceso y la utilización responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en los procesos de la vida cotidiana y en todas las modalidades de la oferta del tipo de educación superior ;

XXIX. La generación y aplicación de métodos innovadores que faciliten la obtención de conocimientos, como función sustantiva de las instituciones de educación superior , y

XXX. El fortalecimiento de los planes de estudio en los diversos subsistemas de educación superior en materia de educación financiera.

Artículo 37. Las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, en ejercicio de sus atribuciones, promoverán las siguientes acciones de manera coordinada:

I. a XII. ...

XIII. La erradicación de cualquier circunstancia social, educativa, económica, de salud, trabajo, culturales o políticas; disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas, acciones, omisiones, barreras o prácticas que tengan por objeto o produzcan el efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir el derecho a la educación superior de las personas grupos o pueblos, especialmente de aquellos que se encuentren en situación de desventaja social o vulnerabilidad ;

XIV. La incorporación a los planes y programas de estudio de materias de educación financiera de acuerdo a su perspectiva de formación profesional que impulse el desarrollo económico de los estudiantes, y

XV. Todas aquellas que contribuyan al logro de los criterios, fines y políticas de la educación superior.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.  La Secretaría de Educación Pública realizará las gestiones necesarias para que las instituciones educativas de educación superior, públicas y privadas, actualicen sus planes y programas de estudio para adaptarlos a lo establecido por el presente decreto.

Tercero. Las instituciones educativas a nivel superior tendrán un plazo improrrogable de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto para actualizar sus planes y programas de estudio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 20 de marzo de 2025.– Diputada Azucena Huerta Romero (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, en materia de excepciones de sujetos y supletoriedad de la ley, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio, en mi carácter de diputada federal en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena. con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5o. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, en materia de excepciones de sujetos y supletoriedad de la ley, al tenor de lo siguiente:

La Sociedad de Responsabilidad Limitada de Interés Público es una figura que busca la integración de personas físicas y morales a participar cuando se trate de actividades de interés público en particular, conjuntamente  que para su creación se necesita su tramitación ante la Secretaría de Economía,  mediante autorización del Ejecutivo federal, esto con el fin de llevar un control eficaz de la administración pública de la Federación junto con sus colaboradores como lo son los agentes de la iniciativa privada.

Estas sociedades, así como muchas otras, buscan el fortalecimiento, el crecimiento económico y el desarrollo del país, siendo que en el año de 31 de agosto de 1934, vio nacer la legislación que las regula, así como de sus normas operativas y estatutos constitutivos, los cuales deberán regir el funcionamiento de dichas sociedades en lo que respecta a sus normas generales, integrando de manera supletoria a la Ley de Sociedades Mercantiles para todas aquellas situaciones que dicha ley no prevea.

Por ello es importante señalar que la presente reforma busca armonizar y que estas sociedades tengan un tratamiento general cuando ya no realicen actividades de interés público o en su caso las autoridades del gobierno dejen de intervenir en ellas, ya que si bien es cierto muchas sociedades siguen sujetándose bajo esta regulación, sin embargo ya no reciben recursos públicos y con lo único que cuentan es con la denominación de interés público, generando un problema toral, ya que aunque sus actividades no son de interés público deben sujetarse a la presente ley por el simple hecho de tener esta denominación que desde un origen las vio nacer.

Es un derecho fundamental poder administrar de forma responsable, pero sin tener ningún responsabilidad por no encuadrarse en el supuesto que marca la ley; por ello, la presente reforma busca armonizar y deslindar a las sociedades que deben cumplir con esta ley pero que ya no son partícipes de dichas actividades o dotamientos de recursos públicos, ya que el resultado de estas prácticas atentaría contra el principio de separación de personalidades, a la exigida independencia económica y legal de estas sociedades.

Es por ello que únicamente se propone que se adicione un párrafo más al artículo quinto para que otorgue las facilidades necesarias y que las sociedades puedan acudir a las leyes que de verdad puedan regir sus reglas operativas y que cumpla dentro de la legalidad del marco normativo sin que transgredan la debida administración de estas sociedades.

Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 5o. de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público, para quedar de la siguiente manera.

Artículo 5o. Salvo lo previsto por la presente Ley, la sociedad se regirá por las disposiciones generales de la Ley de Sociedades Mercantiles y por las especiales relativas a las sociedades de responsabilidad limitada.

Cuando las actividades de la sociedad dejen de ser de interés público o en su caso alguna de las autoridades deje de intervenir, también se regirá por la Ley de Sociedades Mercantiles.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2025.– Diputada Rosa Guadalupe Ortega Tiburcio (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de búsqueda de personas, suscrita por la diputada Kenia López Rabadán y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Kenia López Rabadán, integrante de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de búsqueda de personas, al tenor de la siguiente

El delito de desaparición forzada es uno de los ilícitos más devastadores que existen, ya que implica violaciones graves a los derechos humanos de las personas. Es cometido por servidores del Estado o particulares que, con el consentimiento de un servidor público, privan de la libertad a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre el destino de ésta.

La desaparición forzada va acompañada, en muchos de los casos, de otros delitos como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y generalmente del peor flagelo que existe en cualquier sistema de justicia, la impunidad.

México fue uno de los principales promotores y el segundo país en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sin embargo, en los últimos seis años, el clima de violencia e inseguridad que se vive en el país ha ocasionado que este delito haya incrementado de forma exponencial.

Según las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 31 de diciembre de 1952 al 17 de marzo de este año, 124 mil 266 personas se encuentran en esa condición. Es de destacar que, desde que inició este régimen en 2018, 60 mil 866 personas han desaparecido en nuestro país. Los datos lo dicen claramente, 1 de cada 2 desaparecidos que se han registrado en los últimos 70 años, son de este gobierno.

Las desgarradoras imágenes del centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, nos obliga a reflexionar profundamente sobre la crisis de desapariciones en México. Han sido más de 6 años de abandono a las víctimas, de desatención a las madres buscadoras, de maquillaje de cifras y de desmantelamiento a las instituciones.

Sin duda, Teuchitlán refleja los grandes pendientes que existen en la materia. Por ejemplo, desde diciembre de 2021, el Gobierno federal reportó más de 52 mil restos y cuerpos humanos sin identificar. A la fecha, no hay una actualización de dicha cifra.

En cuanto a las fosas clandestinas, según el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, a abril de 2023 se tenían contabilizadas 2 mil 800. A la fecha, tampoco existe una actualización de datos y el portal del Mapa de Hallazgos se encuentra inhabilitado. En tanto que el Centro Nacional de Identificación Humana, que fue aprobado por unanimidad en el Congreso mexicano en 2022 y que se inauguró en Xochitepec, Morelos, ese mismo año, hoy se encuentra desmantelado. Sin duda, estamos ante la omisión y la inacción del gobierno, porque quienes en realidad están buscando con sus propios medios, con sus propias manos y con un profundo dolor en su corazón, son los colectivos de madres y padres buscadores.

El Gobierno federal no puede seguir evadiendo su responsabilidad y las administraciones estatales no pueden ser sólo expectantes. Debe existir corresponsabilidad, cooperación y, sobre todo, se debe reconocer que los abrazos a la delincuencia organizada han generado una crisis de inseguridad y de violencia que debe cesar.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han advertido sobre los grandes pendientes que tiene nuestro país en la materia. Por ejemplo, observaron que los censos realizados en la administración anterior fueron revictimizantes, estaban faltos de metodología, de transparencia y no garantizaban la participación de familiares de las víctimas. Igualmente, han hecho hincapié en la crisis forense y en la ausencia de datos del registro de fosas clandestinas.

Resulta importante destacar que nuestro máximo ordenamiento legal no reconoce el derecho a la búsqueda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 51/2020, estableció al respecto que:

“82. El derecho a la búsqueda incluye la obligación por parte del Estado de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos requeridos para encontrar, identificar y preservar los restos de las víctimas en condiciones de dignidad mientras son entregadas a sus personas queridas. La búsqueda no cesa sino hasta que exista certeza de la suerte o paradero de la persona desaparecida y se constate que está bajo la protección de la ley, o haya sido plenamente identificada y entregada a sus familiares en condiciones de dignidad y respeto por su sufrimiento”.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objeto adicionar un párrafo vigésimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer en nuestra Constitución general, el derecho que tiene toda persona a ser buscada y que el Estado será el responsable de su búsqueda bajo la presunción de vida.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo sobre la iniciativa de reforma:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona un párrafo vigésimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

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Toda persona tiene derecho a ser buscada de forma efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida. Corresponde al Estado garantizar que haya justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición, así como establecer los mecanismos para la búsqueda, localización, identificación y, en su caso, que la entrega de restos humanos sea con dignidad, respeto y apego a los derechos humanos. El presupuesto destinado para garantizar este derecho deberá ser suficiente y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año inmediato anterior.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 2, Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Organización de las Naciones Unidas, 20 diciembre 2006,

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-convention-protection-all-persons-enforced

2 Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, Comisión Nacional de Búsqueda, México, 2025,

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index

3 “México vive una crisis forense, reconoce Segob; hay 52 mil cuerpos sin identificar”, en El Universal, México, 23 diciembre 2021,

https://www.youtube.com/watch?v=S-HDIV_7SWM

4 Plataforma Ciudadana de Fosas, México, 2025,

https://plataformaciudadanadefosas.org/

5 Mapa de Hallazgos de Fosas Clandestinas, Comisión Nacional de Búsqueda, México, 2023,

https://hallazgosfosasclandestinas.segob.gob.mx/

6 Amparo en revisión 51/2020, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 10 agosto 2022,

https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub. aspx?AsuntoID=268620

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2025.– Diputadas y diputado: Kenia López Rabadán, Abril Ferreyro Rosado, Alan Sahir Márquez Becerra, Blanca Leticia Gutiérrez Garza, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Liliana Ortiz Pérez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, Patricia Flores Elizondo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salas de lactancia, a cargo de la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salas de lactancia, al tenor de la siguiente:

1) Marco Legal

El derecho a la alimentación está contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que  “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” Es de precisar que la suscrita presenté una iniciativa para incorporar explícitamente el derecho a la lactancia materna en la Constitución Federal, misma que se encuentra en análisis en la Comisión de Puntos Constitucionales.

En ese sentido la Ley General de Salud en su artículo 64, fracción II, establece que “En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;”.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de manera general se incluye el derecho a la lactancia, en su numeral 11, en los siguientes términos “Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género”.

Asimismo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su numeral 50: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

...Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos;... Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido el artículo 116, fracción XIV, señala “Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna”.

Y de manera directa en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 170 se señala lo siguiente: “En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;”

Finalmente en este apartado, nos referiremos a la Guía para la Instalación y Funcionamiento de Salas de Lactancia, elaborada de manera conjunta entre la Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Con el apoyo de las organizaciones, que enriquecieron la guía al compartir su experiencia en la implementación de salas de lactancia en los centros de trabajo: Instituto Nacional de las Mujeres, Banco de México, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Financiero, ACH Foods México, General Electric, Grupo Gentera, Laboratorios Liomont, Marsh Brockman y Pfizer.

2) Derecho superior de la niñez, adolescencia y juventud en la jurisprudencia, derecho a la lactancia.

En diversas tesis de Jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en los siguientes términos:

Derecho a la lactancia. Los juicios de amparo en los que el acto reclamado lo involucre, deben resolverse en forma prioritaria, atento al principio del interés superior de la niñez.

Conforme a los diversos instrumentos internacionales existentes en favor de los menores, y a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 18 y 40 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas las autoridades tienen la obligación de velar porque la protección de los derechos de aquéllos se realice mediante medidas reforzadas o agravadas y, en esa medida, los órganos del Poder Judicial de la Federación, en todos los asuntos y decisiones que atañen a niños, niñas y adolescentes, deben asegurarse que éstos obtengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo y la satisfacción de sus necesidades básicas, como son la alimentación, vivienda, salud física y emocional. En consecuencia, cuando en un juicio de amparo el acto reclamado involucra el derecho a la lactancia, los operadores jurídicos deben tomar en cuenta que la naturaleza de esa prestación es inherente al diverso derecho humano a la alimentación, y ello les obliga a resolver lo conducente en forma prioritaria, atento al principio del interés superior de la niñez, pues cualquier dilación puede hacer nugatorios los derechos de los menores y el acceso a un recurso efectivo.

Discriminación por razón de género y violencia laboral. Son causas que originan la vulnerabilidad a las mujeres trabajadoras al servicio del Estado en periodo de lactancia, que obligan a juzgar con perspectiva de género.

Hechos: Una trabajadora de confianza perteneciente al servicio profesional de carrera de la administración pública federal se dijo despedida injustificadamente en el periodo de lactancia; argumentó discriminación por razón de género y demandó el pago de la indemnización constitucional, prima de antigüedad y salarios caídos (entre otras prestaciones). El empleador se excepcionó en el juicio en el sentido de que la actora había renunciado y presentó el escrito relativo. Dicho asunto fue analizado por la autoridad responsable sin perspectiva de género y tuvo por acreditada la renuncia de la trabajadora, quien promovió amparo directo contra esa resolución.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el despido injustificado de una trabajadora al servicio del Estado en periodo de lactancia implica un acto de discriminación por razón de género, prohibido por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de violencia laboral. Por ello, para hacer efectivos los derechos laborales, libres de violencia y de discriminación, en los juicios promovidos por ese motivo, el juzgador debe analizar pormenorizadamente el caso con perspectiva de género, teniendo en cuenta que las trabajadoras no son personas vulnerables por su solo estado de lactancia sino, en estos casos, deriva de la violencia laboral y la discriminación de que pueden ser objeto.

Justificación: Lo anterior es así, pues de la citada disposición, así como del artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución General, se advierte la protección a las mujeres trabajadoras que libremente deciden gozar y ejercer su derecho a la maternidad lo que, además, se encuentra relacionado con el derecho a la dignidad humana y a la salud de la madre y de su hijo, que constituye una cuestión de seguridad social que debe protegerse al juzgar con perspectiva de género. Asimismo, de la jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género, se concluye que la perspectiva de género constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, pueden discriminar e impedir la igualdad.

Con las anteriores argumentaciones, nos damos cuenta de que se prioriza el derecho superior de la niñez, en este caso en particular el derecho a una alimentación adecuada, por tanto el Estado y la sociedad en general deben generar las condiciones adecuadas para ejercer dicho derecho.

3) Importancia de la lactancia materna

Existen tres tipos principales de leche materna, conforme a las etapas de la lactancia:

• Calostro, la cual se produce después del nacimiento, siendo de color amarillo, con un alto contenido de betacarotenos, inmunoglobulina (Ig) A, vitaminas liposolubles, lactoferrina, sodio y zinc; y la cual es muy importante dado que transfiere inmunidad pasiva a los recién nacidos por la gran cantidad de linfocitos y macrófagos que contiene.

El calostro se compone de proteínas, glóbulos blancos y anticuerpos, por lo que contribuye a aumentar las defensas inmunitarias del neonato.

La leche materna producida después del calostro ayuda mantener el pH correcto de las evacuaciones y el equilibrio adecuado en las bacterias intestinales del bebé, con lo que le protege de la diarrea bacteriana.

• Leche de transición, que contiene lactosa, colesterol, fosfolípidos y vitaminas hidrosolubles.

• Leche Madura, la cual se produce en promedio a partir del décimo día de nacimiento, pudiendo llegar a ser su producción de hasta 800 ml.

Entre los beneficios y ventajas de la lactancia, podemos mencionar primeramente que es de fácil digestión en comparación con cualquier tipo de sucedáneo de leche, poseyendo los líquidos y electrolitos óptimos y suficientes para los lactantes, es rica en vitamina A y tiene la mejor biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc.

Gracias a estos nutrientes, previene múltiples enfermedades y patologías, como las infecciones gastrointestinales, por ejemplo, los niños alimentados con sucedáneos, tienen un riesgo de hasta un 80 por ciento superior a los alimentados de forma exclusiva con leche materna, de presentar diarreas, en tanto con la lactancia se ha observado que la frecuencia de la diarrea y el periodo de recuperación es sumamente menor. De igual modo, los niños no amamantados presentan casi quince veces más mortalidad por neumonía.

Igualmente, los niños amamantados presentan un 23 por ciento de menor riesgo de presentar otitis media aguda, un 19 por ciento de disminución del riesgo de desarrollar leucemia durante la infancia y menor incidencia de caries y malformaciones dentales. Es de resaltar que incluso si se suspende la lactancia por cualquier motivo, el efecto protector de la lactancia dura hasta por dos meses.

De igual modo y conforme a un estudio, los niños que fueron amamantados por mayor tiempo presentaron mejores resultados en las escalas de inteligencia, demostrando su impacto positivo en el desarrollo cognitivo a largo plazo.

Asimismo, la lactancia materna tiene un rol protector contra las grandes enfermedades del Siglo XXI, como son la obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. Toda vez que se ha observado que existe una reducción de entre el 15 a 30 por ciento en el riesgo de padecer obesidad durante la adolescencia y adultez, siendo tal su rol protector, que cada mes extra de lactancia se asocia con un 4 por ciento de disminución del riesgo en padecer dichos trastornos.

Con relación a la hipertensión, un estudio llevado a cabo en Reino Unido observó que aquellos adultos que recibieron leche humana en su infanciapresentaron significativamente menores presiones arteriales media y diastólica, que aquellos alimentados con fórmula. Lo mismo ocurre con los niveles de colesterol, toda vez que los adultos que recibieron leche materna en la infancia, presentaron una reducción importante en los niveles del colesterol total de hasta 7 mg/dL.

En el mismo tenor, se ha documentado una reducción de hasta 40 por ciento en la incidencia de Diabetes Mellitus tipo 2, en aquellas personas que recibieron lactancia materna exclusiva, ello por el efecto positivo a largo plazo de la lactancia en el control del peso y el autocontrol de la alimentación.

Otros de los beneficios de la lactancia, es que se encuentra disponible en cualquier momento, sin la necesidad de preparación o necesidad de almacenamiento, lo cual lo hace un alimento altamente sostenible, en contraste con el empleo de sucedáneos, los cuales emiten una gran cantidad de desechos derivados de su manufactura, empaquetamiento, transporte o incluso promoción. Es así que estudios recientes estiman que se requieren más de 4 mil litros de agua para la producción de un kilogramo de fórmula láctea en polvo.

De igual modo, el empleo de sucedáneos está directamente relacionado con una mayor incidencia de enfermedades derivadas de una inadecuada purificación de agua y esterilización de biberones, así como a un mayor riesgo de malnutrición, debido a que ninguna fórmula láctea resulta ser un sustituto óptimo a la leche materna, en cuanto a valor nutrimental y anticuerpos.

4) Lactancia materna y retorno al trabajo

La lactancia materna ha sido reconocida a nivel mundial como un derecho humano tanto para las niñas y los niños como para las madres. Es fundamental que los Estados, los gobiernos y la sociedad en general protejan, promuevan y apoyen este derecho. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan que los bebés reciban exclusivamente leche materna durante los primeros seis meses de vida, y que continúe siendo un componente importante de su alimentación hasta, al menos, los dos años. Esto solo puede lograrse a través del diseño y la implementación de políticas públicas específicas que garanticen este derecho.

A nivel mundial, han sido diversos los esfuerzos y las recomendaciones para proteger y fomentar la lactancia materna. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha coordinado con otras agencias y gobiernos para proteger los derechos en materia de maternidad y lactancia. Ejemplo de ello es el Convenio Número 183, el cual considera que la protección hacia la mujer y el hijo es responsabilidad compartida entre los gobiernos y la sociedad, siendo las directrices para esto, la licencia de maternidad, la protección del empleo, las prestaciones económicas y médicas, la protección de la salud (respecto a un trabajo perjudicial para la salud de la mujer o del bebé) y la lactancia.

Continuar o no con la lactancia materna al regresar al trabajo es un dilema al que se enfrentan diariamente las madres en nuestro país. La participación cada vez mayor de las mujeres en el ámbito laboral y la ausencia de políticas que apoyen la lactancia materna dentro de los lugares de trabajo son algunos de los factores que contribuyen a que sólo 10.8 por ciento de 43 por ciento de las mujeres que trabajan en el sector formal, reportara haber amantado a sus bebés de manera exclusiva por 6 meses.

Las mamás se enfrentan a este dilema especialmente en empresas donde no existe una política laboral que las apoye integralmente a continuar con la lactancia, aún y cuando ellas conocen los beneficios de esta práctica.

En un diagnóstico sobre los avances de las políticas a favor de la lactancia materna en el lugar de trabajo en México realizado por UNICEF y la Universidad Iberoamericana, se encontró que pocas empresas tienen implementada una política integral de apoyo a la lactancia materna. Se identificó también poco conocimiento sobre las prestaciones de ley por parte de madres y personal masculino, y poco interés de algunas empresas en apoyar a la lactancia, ya que la consideran como una decisión personal. A manera de comparación, se encontró que en los centros de trabajo que reportaron contar con políticas para promover la lactancia materna existía una cultura general de apoyo con una conciencia y búsqueda permanente para contribuir al bienestar de las y los trabajadores.

5) Importancia de las salas de la lactancia en los centros de trabajo

En ese orden de ideas, es importante resaltar que conforme a estudios de la UNICEF, el implementar en los centros de trabajo una política para fomentar la lactancia materna logra reducir el ausentismo en 30-70 por ciento, disminuye la pérdida de personal calificado por causa de nacimientos, reduciendo también el número de permisos para asistir a consulta médica para la trabajadora o para su hija o hijo, así como las licencias para cuidarla o cuidarlo por enfermedad, logrando incluso tener un retorno de 3 por 1 en cada peso para los centros de trabajo que invierten en crear un entorno de apoyo para las trabajadoras que deciden amamantar.

Ante estas evidencias, resulta urgente la necesidad de diseñar e implementar una política pública en materia de salas de lactancia, que coordine esfuerzos entre los diferentes sectores y actores, a efecto de proteger, y apoyar a los menores lactantes En el caso de las madres trabajadoras que han decidido alimentar a sus hijas/os con leche materna se ven obligadas a extraerla en ambientes del centro de trabajo que no reúnen las condiciones apropiadas para la extracción y conservación de la leche materna, tales como consultorios médicos del centro de trabajo, los baños, almacenes, oficina o lugares inadecuados. Estas situaciones desalientan a las trabajadoras con hijos e hijas en edad de lactar, inclinándose finalmente por alimentarlos con los sucedáneos de la leche.

Las salas de lactancia son espacios en el centro de trabajo donde las madres lactantes pueden amamantar o extraer su leche, almacenarla adecuadamente y al término de su jornada laboral llevarla a su casa para alimentar a su hija o hijo. El establecimiento de una sala de lactancia genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios, ya que provee a las trabajadoras en periodo de lactancia, un espacio cálido, higiénico y adecuado que les permita continuar con la lactancia materna y conciliar con sus actividades productivas.

Las salas de lactancia son particularmente importantes porque lo siguiente:

• Permiten a las mujeres ejercer el derecho a la lactancia materna, en condiciones de calidad y calidez en su centro de trabajo.

• Al establecer salas de lactancia se promueve y fortalece la conciliación trabajo-familia, permitiendo a las madres trabajadoras contar con opciones para la toma de decisiones res pecto de la alimentación y salud de sus hijas e hijos.

• Las salas de lactancia permiten que las mujeres puedan desarrollarse en el ámbito profesional y familiar al mismo tiempo.

• Si existe apoyo empresarial a la lactancia, el empleador no se enfrenta con el riesgo de perder a una empleada calificada.

• Al contar con una sala de lactancia, la empresa elimina uno de los problemas más comunes relacionados con el abandono de la lactancia, contribuyendo a un México más sano y promoviendo los derechos de las madres trabajadoras.

6) Avances en materia de salas de lactancia en centros de trabajo privados

De acuerdo a la página oficial del gobierno de México, los sectores obrero y empresarial del país se comprometieron a fomentar la protección de la maternidad y la lactancia, con la instalación de lactarios en los centros de trabajo, a fin de mejorar el bienestar de las madres trabajadoras, el 22 de agosto de 2016 firmaron el documento, denominado “ Pronunciamiento de los Sectores Obrero y Patronal para el Fomento de la Protección de la Maternidad y la Promoción de la Lactancia Materna en los Centros de Trabajo”, el cual pretendió:

• Que las mujeres desempeñen labores durante el periodo de embarazo, acordes con las disposiciones legales.

• Fomentar la instalación de lactarios en centros laborales con más de 50 trabajadores, en lugares adecuados e higiénicos.

• Que las madres trabajadoras decidan, en el periodo de lactancia, entre contar con dos reposos extraordinarios por día, en media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a su hijo o para efectuar la extracción manual de leche en el lactario dispuesto.

• Promover la inclusión voluntaria de una “cláusula tipo” en los contratos colectivos de trabajo, para asegurar el efectivo goce de los derechos de las trabajadoras.

Sin embargo el mismo es solamente optativo, no obligatorio.

Asimismo, la Guía de Instalación y Funcionamiento de Salas de Lactancia, ya cuenta con un avance muy específico respecto de los requisitos mínimos para la Instalación de un lactario.

La instalación de una sala de lactancia no representa un costo elevado para la organización, ya que no necesariamente se requiere de un espacio nuevo, sino que puede acondicionarse alguno existente para que las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia puedan extraer su leche durante la jornada laboral y procuren su conservación durante la misma, lo que permitirá continuar con la lactancia materna exclusiva y complementaria. Una vez que la empresa cuente con una política de lactancia materna, se sugieren los siguientes pasos para la implementación de la sala de lactancia:

• Identificar y asignar un espacio accesible, privado, cómodo, acogedor e higiénico dentro del lugar de trabajo para las madres trabajadoras en periodo de lactancia. Equipar el espacio físico con los recursos materiales mínimos necesarios para su adecuado funcionamiento.

• Nombrar a la persona que coordinará y administrará la sala.

• Aplicar Normas de seguridad e higiene que coadyuven para garantizar la calidad de la leche materna durante el proceso de extracción, conservación y transporte al hogar.

Con todo, es importante destacar el rol que tiene en este escenario el empleador de la madre, en virtud de que su contribución es esencial al ofrecer condiciones y posibilidades para que la mujer pueda continuar amamantando a su hija o hijo.

Dicha guía también señala un ejemplo gráfico de una sala de lactancia, misma que a efecto de mejor proveer se anexa a continuación.

Con lo anterior, se manifiesta que no es necesario la construcción de una sala sino, que puede ser adaptada el área a un espacio ya existente.

7) Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como finalidad que los centros de trabajo de la Iniciativa Privada, con más de 50 personas trabajadoras tengan forzosamente una sala de lactancia.

8) Cuadro comparativo

A efecto de mejor proveer, se proponen los siguientes cambios:

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salas de lactancia

Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salas de lactancia, para quedar como sigue:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a III. ...

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado.

En los centros de trabajo con 50 o más personas, será obligatoria la instalación de salas de lactancia equipadas para amamantar, extraer y conservar leche materna. En aquellos con menos de 50 personas, se fomentará la habilitación de espacios temporales o convenios con terceros. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, establecerá los lineamientos para su instalación, operación y supervisión, así como para sensibilizar sobre la importancia de la lactancia y promover entornos laborales libres de discriminación.

V. a VII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Salud en un plazo de 180 días naturales, emitirán los lineamientos para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria, año XXVIII, número 6672-II-1, martes 3 de diciembre de 2024. Proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del reconocimiento del derecho humano a la lactancia materna.

2 Guía para la instalación y funcionamiento de Salas de Lactancia. Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613760/Guia_de_La ctancia_Materna_en_el_Lugar_de_Trabajo.pdf

3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10a. Época; TCC; Gaceta S.J.F.; Libro 62, Enero de 2019; Tomo IV; Página 2448, disponible en

https://juristeca.com/mx/scjn/tesis-aisladas/2019/1/registro-201 8944-derecho-a-la-lactancia

4 Amparo directo 138/2020. 30 de octubre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Tapia. Secretario: Rafael Carlos Quesada García. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10: 30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836, con número de registro digital: 2011430. Disponible en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2023107

5 Ídem.

6 Galindo-Sevilla, norma del C y Cols, “Lactancia materna y covid-19”, 2021, Gaceta Médica de México.

7 Sucedáneo de la leche materna: todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin.

8 UNICEF. La lactancia materna puede salvar la vida a millones de niños y niñas y prevenir enfermedades graves, 2019, disponible en

https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm

9 Brahm, Paulina & Valdés, Verónica. “Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar”. Revista chilena de pediatría, 88 (1), 07-14.

10 Íbid.

11 Íbid.

12 Íbid.

13 Íbíd.

14 Íbíd.

15 Íbid.

16 Íbid.

17 Gobierno de México, Lactancia materna, 1 de agosto de 2023, disponible en

https://www.gob.mx/insabi/articulos/lactancia-materna-341173

18 UNICEF, Continuar o no con la lactancia materna al regresar al trabajo,25 de febrero de 2025, disponible en

https://www.unicef.org/mexico/historias/continuar-o-no-con-la-la ctancia-materna-al-regresar-al-trabajo.

19 Ídem.

20 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (S/F), “Guía Práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo para empresas e instituciones medianas y grandes”, disponible en unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/sites/unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx/files/fil es/biblioteca/6 Geénero y Salud/Lactancia materna en el lugar de trabajo.pdf

21 “Guía para la Instalación y Funcionamiento de las Salas de Lactancia”, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613760/Guia_de_La ctancia_Materna_en_el_Lugar_de_Trabajo.pdf

22 Ídem.

23 Ídem.

24 Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Lactancia Materna, 23 de agosto de 2016, disponible en

https://www.gob.mx/stps/articulos/lactancia-materna-59385?idiom= es

25 “Guía para la Instalación y Funcionamiento de las Salas de Lactancia”, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/613760/Guia_de_La ctancia_Materna_en_el_Lugar_de_Trabajo.pdf

26 Ídem.

27 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2025.– Diputadas: María Guadalupe Morales Rubio, Olegaria Carrazco Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 35 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Adrián González Naveda, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Adrián González Naveda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X del artículo 35 y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo siguiente

Para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre el gobierno y los ciudadanos, en la que la sociedad se pueda erigir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales.

Afortunadamente, con la llegada de la izquierda al poder desde 2018, esta concurrencia comenzó a ser exitosa. El programa gubernamental “La Escuela es Nuestra” es un claro ejemplo de que la participación ciudadana debe ser concebida, ante todo, como la pareja indispensable de la representación política, la segunda emanando de la primera y ambas dándole significado a la democracia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, comprendió que solo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se lograría inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder.

Es así, que el primer gobierno de la Cuarta Transformación respondió efectivamente a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano; el monopolio partidocrático del espacio público desapareció frente a la participación ciudadana y a una mayor democracia participativa.

Para el Humanismo Mexicano, la participación de la ciudadanía dejó de ser un simple acto de depositar, en cada periodo electoral, el voto en la urna. Este rutinario episodio, fue visto como la única y sola intervención del ciudadano en la vida democrática del país. Sin embargo, con la llegada de un gobierno federal emanado de la izquierda, se marcó el principio de un constante y dinámico ejercicio participativo que se está desarrollando en concordancia con los principios de inclusión y consenso para edificar los cimientos de nuestra propia convivencia civilizada.

Para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, es necesario continuar abriendo los espacios de participación ciudadanía, con el propósito de confirmar que el Poder está depositado en el pueblo.

Bajo esta premisa, encontramos que el esquema de presupuesto participativo representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano, uno que contribuye a robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción de gobierno fundamental como es la asignación del presupuesto.

Este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades, a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del Estado mediante la participación de la gente.

Es importante mencionar, que los esquemas de presupuesto participativo latinoamericanos vieron su origen en el modelo brasileño implementado en la década de los setenta. La conformación del Partido de los Trabajadores en Brasil propició la idea fundamental de que la mejor acción frente al autoritarismo gubernamental era la completa democratización del Estado, la economía y la sociedad.

De esta manera, surge un mecanismo que no sólo combina, en el ámbito municipal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas.

En nuestro país, como era ya una costumbre, el presupuesto se definía y asignaba de manera arbitraria, desde las más altas cúpulas del poder, sin atender a las reales necesidades de la población. Esta recalcitrante postura gubernamental profundizó la desigualdad social, así como la corrupción y el desvío de recursos públicos a gran escala.

Es por eso, que resultaba imperativo abandonar la concepción tradicional de que el presupuesto es algo meramente técnico, que sólo puede ser abordado por profesionales, y considerarlo como algo esencialmente político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados.

Era urgente, que en México se propiciará que la población hiciera un diagnóstico de sus necesidades, las cuantificara, elaborará sus demandas, decidiera las prioritarias e hiciera un seguimiento de la ejecución de tales acciones, democratizando las partidas presupuestales, tanto montos como rubros en los que habría de ejercerse. Estas acciones, alentarían la corresponsabilidad de ciudadanía en el destino del país.

La naturaleza incluyente de esta herramienta implica un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.

Este esquema de asignación del presupuesto fue creado como un mecanismo de participación ciudadana en el contexto del gobierno local, y especialmente en el aspecto relacionado con el gasto público; es decir, se alienta la búsqueda de consenso entre las autoridades y la ciudadanía para definir los gastos del cabildo y dar un seguimiento a la ejecución presupuestaria.

Como mencionábamos en líneas anteriores, la experiencia brasileña nos demuestra que estimular la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto tiene, también, efectos muy positivos al reducir las prácticas clientelares, lograr una más justa distribución del ingreso y crear una mejor calidad de la representación.

Es innegable que en México hemos comenzado a consolidar esquemas de participación que consienten el acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones, se comenzó a alentar la construcción de ciudadanía a través del apoyo a la participación ciudadana en los ámbitos de la deliberación y la acción democráticas. Prueba de ello, fue la aprobación del mecanismo de revocación de mandato y la puesta en marcha de políticas públicas como el programa “La Escuela es Nuestra”.

Dentro del andamiaje jurídico nacional, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Carta Magna establece que los ayuntamientos tienen la facultad, entre otras, de asegurar la participación ciudadana y vecinal. Empero, no termina de ser clara esta facultad en cuanto a la responsabilidad de los gobiernos estatales y de la Federación de cara a la participación de la ciudadanía en el ejercicio de gobierno.

En tal sentido, la presente propuesta tiene el objetivo de fortalecer nuestro marco normativo en materia de presupuesto participativo para seguir consolidando que esta prerrogativa del ciudadano no esté sujeta a los caprichos de la administración en turno; de forma que, resulta indispensable consagrar en la Carta Magna el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la asignación del presupuesto.

Sólo a partir de una reforma a los artículos 35 y 73 de la Constitución Federal, podremos consolidar el derecho de la ciudadanía a participar en una de las acciones de gobierno fundamentales, profundizando los principios de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos; un derecho fundamental de toda sociedad moderna.

Al respecto, y como ya hemos señalado, un claro ejemplo de este ejercicio ciudadano es el modelo que se observa en “La Escuela es Nuestra”, programa presupuestario creado para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar; ampliar la jornada escolar diaria; y mejorar la seguridad alimentaria de las y los alumnos a través de transferencias directas a los padres de familia organizados en Comités Escolares de Administración Participativa.

El resultado positivo de esta política pública quedó a la luz de todas y todos. En cinco años de existencia del programa federal la asignación de recursos aumentó en más de 61 mil millones de pesos, beneficiando con presupuesto directo, a 132 mil escuelas en todo el territorio nacional.

Es necesario hacer énfasis que, congruente con su diseño, el programa “La Escuela es Nuestra” ha dotado de recursos prioritariamente a los centros educativos ubicados en las localidades de muy alta y alta marginación e indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de robustecer la civilización de los derechos ciudadanos, garantizando un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público, donde cada ciudadano vea potenciada su habilidad de participar en las decisiones colectivas, se propone la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 35 y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73, los dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de consagrar el derecho de todo ciudadano de participar en la asignación del presupuesto en los tres niveles de gobierno

Artículo Único. Se adiciona la fracción X al artículo 35; y se reforma la fracción XXIX-Q del artículo 73, los dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. a IX. ...

X.- Participar en el proceso de asignación y ejecución del presupuesto en los tres niveles de gobierno. Las leyes determinarán la manera en que se realizará esta participación.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-P. ...

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana , consultas populares y presupuesto participativo.

XXIX-R. a XXXII. ...

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - El Congreso de la Unión contará con 180 días naturales para armonizar la legislación secundaria en la materia.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de febrero de 2025.– Diputados: Adrián González Naveda, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, Luis Armando Díaz (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara “2026, Año de las Madres Buscadoras”, suscrita por el diputado  José Guillermo Anaya Llamas y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Más de 100 mil personas han desaparecido en México desde 1964, situación que ha obligado a cientos de mujeres a darse a la tarea de buscar a sus seres queridos.

Las madres buscadoras viven una revictimización sistemática, que no se ha podido revertir no se ha dado una verdadera alianza entre el gobierno y la sociedad civil para darles su lugar y respetar su dolor debemos de crear instituciones que otorguen y construyan alternativas de vida digna para colectivos de búsqueda en el país.

Basta de simulación en el gobierno anterior hizo, presentando una iniciativa que reformaba la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En donde se anunciaba con bombo y platillo, que con la reforma que se presentaba ya se arreglaría el tema de desaparición forzada de personas, con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana como una unidad administrativa, con independencia técnico-científica, adscrita a la Comisión Nacional de Búsqueda, el cual hasta este día no ha funcionado.

Esto no ha quedado aquí ya que la Comisión Nacional de Búsqueda ha presentado subejercicios en su presupuesto en años recientes, lo que evidencia la falta de voluntad política para atender de manera efectiva la crisis de desapariciones. De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 se dejaron sin ejercer más de 370 millones de pesos de los recursos aprobados, mientras que en 2024 la situación se repitió con una disminución del presupuesto ejercido respecto al año anterior. Esto refleja no solo una negligencia en la implementación de políticas de búsqueda, sino también un abandono a las familias que claman por respuestas.

Lo que buscamos en el PAN es no lucrar con el dolor, un dolor tan profundo que no te deja respirar, en donde nos debería dar vergüenza que las madres, hijas, hijos, tienen que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades, no a los ciudadanos.

Las madres buscadoras son mujeres y familiares de personas desaparecidas en México que se organizan para buscar a sus seres queridos. También se les conoce como madres rastreadoras.

Estas mujeres se caracterizan por ser activistas que luchan por la verdad y la justicia.

Buscan a sus familiares en fosas clandestinas, lotes baldíos, bosques, desiertos, ríos, hospitales, cárceles, y en la calle, donde ponen en riesgo sus vidas y donde literal lo hacen con sus uñas.

Se han organizado de tal forma que han creado redes de solidaridad y han aprendido a buscar, por sus propios medios.

Gracias a la experiencia y organización que tiene han creado herramientas, como la varilla “T”, para escarbar en fosas sin lastimar huesos.

En México tenemos organizaciones que se agrupan en colectivos como:

- Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora

- Mariposas Buscando Corazones y Justicia

- Ángeles de pie por ti

- Corazones sin Justicia

- Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas

- Madres Unidas y Fuertes de Baja California

- Sabuesos Guerreros AC

• Se agrupan en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Todas estas organizaciones piden y demandan los mismo, durante años:

• Exigen al Estado mexicano que se responsabilice de la búsqueda

• Exigen al Estado mexicano que abra un canal de comunicación y un espacio de trabajo para abordar la seguridad y la protección

Es por lo anterior que hoy vengo a presentar esta iniciativa con el objetivo de visibilizar a todas esas mujeres que todos los días buscan a sus familiares, por dignificar a todas esas Madres buscando a sus hijas, hijos, esposos, padres, en busca de la verdad y una justicia satisfactoria para ella y sus desaparecidos.

El amor por sus hijos y la omisión del Estado para buscarlos y encontrar sus seres queridos las llevó a organizarse en redes y colectivos por el derecho a la verdad y la justicia.

Debemos de recordar todos los días, que tenemos una deuda como autoridad, que debemos de garantizarles la verdad de lo que ha sucedido y justicia por todos sus hijos y familiares desaparecidos.

Vivimos una crisis de derechos humanos en México que lleva décadas.

Situaciones inhumanas, poco a poco se han popularizado como son las palabras que describen el horror de la desaparición: “levantón”. Esta situación desgraciadamente en este momento le puede pasar a cualquiera, saliendo de tu casa, yendo a una fiesta, o en la carretera, tomando el transporte público, dirigiéndote a la escuela.

Y por si esto no fuera suficiente, las autoridades y medios de comunicación revictimizaban a toda persona que está en esta situación. Con frases como:

“Seguro en algo andaba”,

“Los que andan en malos pasos mal acaban”,

“De seguro debía algo”, etcétera.

Las madres y familiares de las personas desaparecidas que se enfrentan a diario con muchos obstáculos, maltratos y un ineficiente sistema, han tenido que aprender a juntarse, en colectivos y luego en redes.

Este vergonzoso logro, ya que solo sale a la luz la ineficiencia del gobierno, estas redes están hoy en todo el país. Mujeres que, por la desesperación, la falta de interés del gobierno federal, la ineficacia administrativa, han orillado a que aprendan hacer tareas administrativas cómo llenar una ficha de localización, cómo poner una denuncia, cómo salir y buscar en el cerro. Sin protocolos y sin herramientas, solo la desgracia de esta terrorífica experiencia.

Las reuniones colectivas, los talleres para aprender y compartir conocimiento fueron la antesala de logros importantes para garantizar la verdad y la justicia. Bajo el lema “sin las familias no”, se mantuvieron firmes ante la indiferencia de las autoridades.  Estos colectivos, estas redes nos recuerdan que son muchas las personas que aún no están en casa.

Desde el Poder Legislativo estamos obligados a impulsar mejores leyes y aprobar los recursos suficientes para el fortalecimiento de las dependencias u organismos responsables de la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas.

Debemos de legislar con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de las familias que buscan a sus seres queridos. Las autoridades nos obligaron a estar en este lugar, a buscar porque si no les buscamos nosotras, nadie más lo va a hacer. Nosotras rascamos la tierra buscando a nuestros amores.

Lo que indican estas buscadoras es que las autoridades obstaculizan, no garantizan nuestra seguridad, mucho menos dan herramientas. Siguen sin hacer su trabajo y para ellos, nuestros desaparecidos son meras cifras.

Es por ello que hoy presentamos esta iniciativa que es con la única intención de visibilizar a estas valientes acciones, que cualquier mexicano podemos pasar por esta cruel situación.

Las cifras no mienten, las madres buscan en lotes baldíos, en fosas clandestinas que ellas mismas localizan, en bosques, desiertos, ríos. Pero también buscan en vida, yendo a hospitales, cárceles e indagando en las ciudades con personas en situación de calle, puntos de trabajo sexual y espacios como bares donde se pueda estar cometiendo el delito de trata de personas.

En México 116 mil 294 personas faltan en su casa, y le hacen falta a su familia.

Ese es el dato de personas desaparecidas en México desde 1964 de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) manejado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Pero hay que decirlo, el 97 por ciento de éstas sucedieron posterior al año 2006 y no representa la magnitud real de la tragedia.

Y debemos de decirlo en la anterior administración, se empeñaron en hacernos creer que la cifra de personas desaparecidas había disminuido durante esta gestión, argumentaron que habían localizado a personas “casa por casa”. Todo eso no fue verdad, las familias de víctimas de desaparición denunciaron que ese gobierno desaparecía borraba de los registros Nacionales a estos desaparecidos.

La violencia a la que se enfrentan estos colectivos de madres buscadoras, los cuales han denunciado en reiteradas ocasiones, se traducen en amenazas y violencias que reciben por seguir buscando a sus hijas y familiares.

Desde la negligencia, omisiones y que el Estado no busque a sus desaparecidos, a la negación de su participación activa en la toma de decisiones como lo establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas. Hasta amenazas directas, atentados, desapariciones y asesinatos, por parte del crimen organizado.

No debemos omitir mencionar que en la audiencia ‘México: protección de mujeres buscadoras’ en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Estado mexicano, no se dio respuestas para esclarecer los 22 asesinatos que ha habido contra persona buscadoras, de las cuales 15 ocurrieron en la actual administración y del total 8 eran mujeres buscadoras.

Entre agosto del 2011 a agosto del 2024 han documentado 22 asesinatos de personas buscadoras en el país.

Los colectivos, aglutinados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM), expusieron que las entidades con más asesinatos de buscadores son Guanajuato, con cinco; y Sonora, tres. Del total de casos, 12 son mujeres y 10 hombres.

Respecto a la relación o parentesco que tenían con la persona desaparecida, los datos recabados arrojaron que 36.36 por ciento eran madres de las víctimas, 27.27 por ciento padres y el resto hermanos o hermanas y parejas sentimentales. El año más letal fue el 2022, con cinco casos.

Al respecto, Arturo Hernández Alcocer, coordinador de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, destacó que esta instancia acompaña a alrededor de 300 personas buscadoras, quienes cuentan con un plan de protección determinado por la Junta de Gobierno.

Según el diagnóstico del MNDM en el país se tienen por lo menos 125 colectivos de familiares de desaparecidos, lo que representa un reto para el mecanismo en términos de hacer eficiente “los procesos de atención para tener la posibilidad de realizar evaluaciones de riesgo directamente con las personas, de manera individualizada”, con el fin de que se puedan diseñar planes de protección conforme a los resultados obtenidos.

La violencia que enfrentan los familiares también están la estigmatización, la violencia digital, “allanamientos, ataques armados, desaparición forzada o a manos de particulares y agresiones letales”.

Todo ello, subrayó, ocasiona impactos a la salud emocional, entre los que se encuentran diagnósticos de estrés y síndrome postraumático, problemas de ansiedad, “sentimientos constantes de miedo, incertidumbre, desesperanza, enojo, tristeza”, entre otros.

La coordinación de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la ONU-DH México, aseguró que la desaparición de personas “es una desgarradora realidad que afecta a miles de familias y comunidades dentro y fuera del país. A ese dolor y sufrimiento de este deleznable crimen se agrega el miedo, la inseguridad, la violencia, los riesgos y la desconfianza que experimentan las familias buscadoras”.

En la presentación de un diagnóstico sobre las condiciones de seguridad en las que llevan a cabo las búsquedas, detallaron los “numerosos desafíos” que se ven obligados a sortear, los cuales van desde la falta de recursos económicos y materiales para tratar de localizar a sus desaparecidos, hasta amenazas, hostigamiento criminalización y agresiones físicas.

Durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, no se celebraron reuniones con distintos colectivos y grupos de familias y madres buscadoras en México.

Esperamos que con esta nueva administración las cosas sean diferentes y cambien todos los errores del pasado.

Toda persona tiene derecho a ser localizada con vida, pero en caso de estar sin vida, ser identificada y entregada dignamente a sus familiares. Este derecho a la búsqueda y a la identificación como parte del derecho de cualquier persona.

Todas las personas desaparecidas, se le tiene que garantizar y brindar una búsqueda efectiva, certera y, en su caso, un trato digno a los cuerpos sin identificar.

Indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad incluye el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener, de los órganos competentes del Estado, el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes a través de la investigación y el juzgamiento. Dicha obligación incluye también la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Por lo tanto, los Estados también tienen la obligación de realizar, de oficio, una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas, a fin de establecer la verdad de lo sucedido.

Para este o cualquier gobierno de México debe de ser su prioridad la búsqueda de personas desaparecidas y, en caso de que se encuentren sin vida, la identificación de sus restos óseos.

Las madres buscadoras son ejemplo de valentía y dignidad. Hacen el trabajo que el Estado debería garantizar: encontrar a los desaparecidos y dar paz a sus familias.

Lejos de apoyarlas, otros gobiernos las niegan, las ignoran y atacan con su aparato de propaganda. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. Tenemos la oportunidad de actuar hagámoslo y hagámoslo ya.

“Que los ojos de las y los desaparecidos te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te dejen dormir.”

Por todo lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa se somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara al año “2026: Año de las Madres Buscadoras”

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al año 2026 como: “2026, Año de las Madres Buscadoras”.

Artículo Segundo. Durante el año 2026, en toda la documentación oficial de la Federación se inscribirá la leyenda “2026, Año de las Madres Buscadoras”.

Con estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a las entidades federativas, municipios y demarcaciones del territorio nacional, a adherirse a la presente declaratoria.

Artículo Tercero. - El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Mujer, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial Federales, establecerá un programa de actividades para conmemorar el Año de las Madres Buscadoras.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2026 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2025.– Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas para la detección y atención oportuna de trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad, a cargo de la diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mónica Elizabeth Sandoval Hernández, diputada a la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de iniciativa, por la que se modifica la fracción decimo primera del artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas para la detección y atención oportuna de trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad, de conformidad con la siguiente

Nuestro país como nación firmante de tratados internacionales reconoce a la salud como un derecho humano. Posterior a la modificación constitucional que reconoció en la Constitución mexicana, este derecho y como consecuencia de la modificación en leyes generales, así como leyes estatales, se ponderó también como una responsabilidad y obligación del Estado velar y garantizar que existan condiciones dignas, igualitarias y sin discriminación para que todas las personas gocen del derecho a la protección de la salud.

Derivado de las modificaciones a la Constitución y a las leyes secundarias, nuestro país ha avanzado en cuando menos reconocer la importancia de la salud para la población además de comprender cuando menos en el marco regulatorio la importancia de ésta, así como la complejidad de la atención y de la garantía del disfrute pleno del derecho a la salud.

La comprensión de la complejidad y diversidad del derecho a la salud sin lugar a dudas nos permite reflexionar sobre los diferentes componentes, que la integralidad de la salud contempla. Pues El derecho a la protección de la salud no debe entenderse solo como “estar sano o no tener afectaciones o enfermedades, sino como un bien vital que entraña un cúmulo de libertades y derechos, entre los cuales figura el control de la salud y el cuerpo, no padece injerencias o ser sometido a torturas y experimentos médicos no consensuales, así como un sistema de protección de la salud que otorgue oportunidades iguales para su acceso”.

Organismos internacionales e instituciones nacionales coinciden al establecer que la salud abarca tanto el cuerpo físico como la mente. Aunque la salud mental está ganando importancia, sigue siendo un problema no resuelto en las políticas públicas de los tres niveles de gobierno de nuestro país. Esto se evidencia a través de las desigualdades en el acceso a profesionales de psicología y psiquiatría, altos costos de consultas privadas y falta de atención gratuita y accesible por parte de las autoridades.

Se calcula que, de los “32 estados de la República Mexicana, la Ciudad de México es la entidad con la mayor tasa de psiquiatras, con 20.73 por cada 100 000 habitantes. En segundo lugar, se ubica Jalisco con una tasa de 6.28 psiquiatras por cada 100 000 habitantes, y en tercer lugar se encuentra Nuevo León con una tasa de 6.04 por cada 100 000 habitantes. Sin embargo, existen estados como Tlaxcala, Zacatecas y Chiapas, que tienen entre los tres, tiene para una población de ocho millones de habitantes, 46 psiquiatras”.

La frase “No hay salud sin salud mental” de la Organización Mundial de la Salud subraya la importancia de priorizar la atención y prevención de enfermedades mentales en las agendas gubernamentales, lo anterior con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

En consecuencia, publicaciones especializades refieren que la salud mental se debe visualizar desde la integralidad que conlleva el estado de bienestar de una persona en donde convergen factores sociales, condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, las desigualdades y discriminación sociocultural y económica, los modos de vida poco saludables, los riesgos de vivir o estar en situaciones de violencia y otras aristas que culminan en diversas violaciones a derechos humanos. Pues la “salud mental es muy importante para el bienestar y desempeño: para de las personas, para quienes nos rodean y para la comunidad”.

Datos revelados por diferentes organismos sustentan que resulta necesario implementar acciones en favor de la prevención de trastornos relacionados con la salud mental, así como como la implementación de programas de atención a esta. Las afecciones de salud mental incluyen trastornos mentales, discapacidades psicosociales y otros estados asociados con gran angustia, discapacidad funcional e incluso riesgo de autolesión y muerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de las Naciones Unidas que tiene por objetivo promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables refiere que la depresión es un trastorno mental común, dicho organismo estima que, en todo el mundo, el 5 por ciento de los adultos padecen depresión. Siendo más las mujeres quienes sufren estos trastornos. Según la OMS, la depresión es un trastorno mental común que le puede ocurrir a cualquier persona. Se caracteriza por un estado de ánimo bajo o pérdida de placer o interés en actividades durante largos períodos de tiempo. La depresión según la OMS es el resultado de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Los problemas en la escuela y el trabajo también pueden provocar depresión. Se estima que el 3,8 por ciento de la población experimenta depresión, incluido el 5 por ciento de los adultos (4 por ciento entre los hombres y el 6 por ciento entre las mujeres) y el 5,7 por ciento de los adultos mayores de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión.

Organismos como La OMS, calculan que en 2019 los trastornos relacionados con depresión y ansiedad afectaron a 301 millones de personas en em mundo. En tanto, que, el INEGI o la Universidad Autónoma de México en el caso de México han señalado en “la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (2021) del INEGI que el 19.3 por ciento de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3  por ciento revela ansiedad mínima o en algún grado”.

Está documentado que todo el mundo puede sentir ansiedad alguna vez, pero las personas con trastornos de ansiedad suelen experimentar miedo y preocupación de manera intensa y excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos. Síntomas que la mayoría de las veces son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan. Los trastornos de ansiedad interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de una persona.

Las personas pueden experimentar varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo. Por lo general, los síntomas comienzan durante la infancia o la adolescencia y se extienden hasta la edad adulta. Las niñas y las mujeres tienen más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad que los niños y los hombres.

De acuerdo con las últimas estadísticas presentadas por el INEGI en 2021, nuestro país se encuentra enfrentando una crisis silenciosa pero alarmante cuyas más graves consecuencias representa la pérdida de vidas. “34.8 millones de personas han experimentado algún episodio depresivo en sus vidas”.

La Encuesta nacional de salud sobre ansiedad y depresión, revela datos importantes a reflexionar, dicha encuesta evaluó la prevalencia de sintomatología depresiva mediante la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CESD-7). En adolescentes, estimando el puntaje promedio y en adultos la prevalencia de sintomatología depresiva sustenta un crecimiento de tendencia hacia la depresión. Para el caso de los adolescentes el puntaje promedio de la CESD-7 fue 3.2. El 16.7 por ciento de los adultos tiene sintomatología depresiva, es decir que la sintomatología es mayor en adultos mayores. Se observaron mayores prevalencias en mujeres, adultos con índice de bienestar bajo y en adultos mayores residentes del área rural. Podemos concluir que nivel nacional la prevalencia de sintomatología va en aumento.

El INEGI documentó que 34.85 millones de personas se han sentido deprimidas; de las cuales 14.48 millones eran hombres y 20.37 millones eran mujeres. También, destaca el hecho que del total de personas que se han sentido deprimidas, únicamente 1.63 millones toman antidepresivos, mientras que 33.19 millones no lo hace.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare 2021) reveló que “19.3 por ciento de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3 por ciento revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado”.

Con mucha preocupación observamos la recurrencia de los trastornos como depresión y ansiedad en la población mundial, así como en la población mexicana, trastornos que en gran medida son el origen una de las problemáticas de salud pública de mayor preocupación, el Suicidio. Es vital señalar que el suicidio que puede ser la peor consecuencia de los trastornos antes mencionados así como vislumbrar que este debe ser prevenido a través de abordarlo como un problema de salud mental, pues las motivaciones que llevan a las personas a cometerlo son multifactoriales, la responsabilidad del Estado mexicano debe centrarse en asumir que desafortunadamente las personas que cometen suicidio se convierte en una víctima de la falta de atención prioritaria de una red de apoyo, incluyendo al propio Estado.

La necesidad de poner atención a esta problemática de manera inmediata obedece a la recurrencia. Datos revelados por la Universidad Autónoma de México indican que en el país el suicido es la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, y la quinta entre menores de 15 años, siendo los jóvenes estudiantes también de los más afectados, además de que durante la conferencia de prensa a distancia “Señales, conductas y emociones para la prevención del suicidio” Acericos e investigadores  expresaron que “se calcula que en 80 por ciento de los casos de suicidio se encuentra presente la depresión”.

Los datos antes mencionados son contundentes y con el objetivo de ayudar a prevenir esta epidemia que es tan preocupante, consideramos adecuado realizar modificaciones a la ley que abonen en recomendaciones y estrategias como las planteadas, la Organización de las Naciones Unidas quienes destacan como elementos esenciales e interrelacionados para garantizar por parte del Estado el derecho humano a la salud, tales como:

La Disponibilidad, que significa que El Estado deberá contar con establecimientos, bienes, servicios públicos, centros de atención y programas de salud en cantidad suficiente.

Comprendiendo esto y reflexionando sobre la importancia de que Estado Mexicano asuma la responsabilidad de utilizar los mecanismos a su alcance para construir programas de salud encaminado a atender la salud mental y así prevenir el desarrollo de trastornos de  ansiedad y depresión que pudieran derivar en el suicidio, lo anterior basado en los propios planteamientos de la Ley General de salud, que refieren que “Los servicios y programas en materia de salud mental deberán privilegiar la atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, intersectorial, con perspectiva de género y participativa de las personas desde el primer nivel de atención y los hospitales generales. Y para esto la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: El desarrollo de acciones y programas para detectar y prevenir diferentes problemáticas”; consideramos modificar la fracción décimo primera del Artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas para la detección y atención oportuna de trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad.

En este sentido de la iniciativa de reforma se elaboró cuadro comparativo del texto actual y la propuesta que sustenta esta exposición de motivos, como a continuación se muestra:

Con la firme convicción de que la prevención es la solución, implementar programas de prevención y atención de la ansiedad y la depresión sin lugar a duda representa una oportunidad de salvar vidas.  La propuesta tiene como objetivo abonar a que todas las personas tengan la oportunidad del acceso a la salud mental.

Es esencial que el Estado mexicano reconozca que el suicidio no es solo un acto individual ni el resultado exclusivo de un desorden psicológico. Debe analizarse dentro de un contexto social con implicaciones éticas, políticas y sociales, lo que nos exige mayor sensibilidad ante el dolor y sufrimiento humano.

En mérito de lo anterior, se somete para la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción décimo primera del artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de implementación de programas para la detección y atención oportuna de trastornos relacionados con la depresión y la ansiedad

Único. Se modifica la fracción décimo primera del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73.- ...

I.  a X. ...

XI. El desarrollo de acciones y programas para prevenir la ansiedad, depresión, y el   suicidio, y

XII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud realizará los ajustes correspondientes a los planes, reglamentos y procedimientos con la finalidad de acatar las disposiciones consideradas en la presente reforma.

Notas

1 ONU (Organización de las Naciones Unidas), Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

2 Heinze, G., del Carmen Chapa, G., & Carmona-Huerta, J. (2016). Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016. Salud mental, 39(2), 69-76.

3 OMS (Organización Mundial de la Salud). 8 de octubre de 2020. “No hay salud sin salud mental”.  Disponible en:

https://www.paho.org/es/noticias/8-10-2020-no-hay-salud-sin-salu d-mental

4 Universidad Nacional Autónoma de México “UNAM Global”. 25 de noviembre de 2018 ¿Qué es la salud mental? Dirección General de Atención a la Salud UNAM, Disponible en:

https://unamglobal.unam.mx/que-es-la-salud-mental/

5 OMS (Organización Mundial de la Salud). 31 de marzo de 2023. Depresión. Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

6 Mireles Laura. 10 de octubre 2024. Depresión y ansiedad, los dos principales trastornos de salud mental en México. Gaceta UNAM. Disponible en:

https://www.gaceta.unam.mx/depresion-y-ansiedad-los-dos-principa les-trastornos-de-salud-mental-en-mexico/

7 Boletín 11 de enero de 2023. Depresión, pandemia silenciosa UNAM-DGCS-021. Disponible en:

https://unamglobal.unam.mx/global_revista/depresion-pandemia-sil enciosa/

8 R Argelia Vázquez-Salas, D en C, (1) Celia Hubert, PhD, (1) Alejandra J Portillo-Romero, D en C, (1)

Rosario Valdez-Santiago, D en C, (2) Tonatiuh Barrientos-Gutiérrez, PhD, (1) Aremis Villalobos, D en C. (1)

9 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Presenta INEGI resultados de la primera Encuesta Nacional de Bienestar autorreportado (Enbiare) 2021. Comunicado de prensa número 772/21. 14 de diciembre de 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/ENBIARE_2021.pdf

10 Boletín UNAM-DGCS-753 9 de septiembre de 202. Depresión, presente en 80 por ciento de los suicidios.  Disponible en:

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_753.html

11 Delgado Sandoval, Baruch F. Bermal Ballesteros, María José Coordinadores. Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, segunda edición. Colección CODHEM. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4974/12.pdf

12 Ley General de Salud [LGS] Artículo 73. 7 de febrero de 1984 (México). Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2025.– Diputada Mónica Elizabeth Sandoval Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 61 de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente

Existe un principio constitucional que se ha establecido desde octubre de 2011, el Interés Superior de la Niñez, mismo que establece que todas las decisiones gubernamentales, de políticas públicas, de gasto público, incluso normativas, deberán orientarse en beneficio y en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.

Con este principio se busca garantizar el pleno disfrute de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, priorizando su desarrollo integral y dando un enfoque que evalúe todos los elementos que pueden perturbar su interés superior, incluso estableciendo políticas que aseguren que las niñas, niños y adolescentes cuenten con la información adecuada y necesaria en todos los aspectos de su vida.

A pesar de los esfuerzos, hoy se tiene un reto enorme que debe atenderse a la brevedad, el embarazo y el matrimonio infantil y adolescente, que son violaciones profundas de los derechos de las infancias, arraigadas en diversas regiones del país, siendo un reto en México para cerrar brechas de desigualdad social y económica.

Según datos del INEGI, en 2021 ocurrieron 147, 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años y 3,019 en niñas y menores de 15 años; es decir, en promedio, cada día, 20 niñas menores de 15 años se convierten en madres, y 731 niñas y adolescentes, en promedio, se convierten en madres, representando el 14 por ciento del total de acuerdo a las cifras registradas.

El Gobierno Federal, actualmente implementa la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes (ENAPEA), siendo un esfuerzo interinstitucional e intersectorial sin precedentes, cuyas metas para 2030 son reducir a la mitad la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.

La campaña “Yo decido” busca brindar información sobre Educación Integral en Sexualidad de forma clara, sencilla, pertinente y accesible. Constituyendo uno de los grandes esfuerzos que se han emprendido dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida política y pública de nuestro país.

Sin embargo, es necesario, bajo el principio del interés superior de la niñez, generar normatividad que permita regular de mejor forma la actuación frente a la necesidad de garantizar los derechos de las niñas y adolescentes. En este sentido, aún quedan espacios por armonizar en las leyes que rigen la vida de nuestro país, específicamente en el sector Salud, aún no existe en la Ley General de Salud un postulado que obligue la atención especial y prioritaria en embarazos de niñas y adolescentes, por lo que existe una brecha por atender, misma que, además, ayudará a mejorar las condiciones sociales, económicas y de acceso a derechos de las niñas y adolescentes embarazadas.

Debemos considerar que no es casualidad que gran parte de los embarazos se dan entre mujeres con rezago educativo, en una condición de pobreza, en comunidades indígenas y rurales. Los embarazos a temprana edad tienen riesgos que se profundizan, por lo que su seguimiento y atención requieren de un protocolo especial que incluya seguimiento de la madre y el producto, de manera integral, con atención médica, psicológica, nutricional y jurídica que permita la verdadera protección y garantía de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto, se plantea una modificación al artículo 61 de la Ley General de Salud, para incluir un párrafo que asegure la atención prioritaria, respetuosa, efectiva e integral en casos de embarazos de niñas y adolescentes, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

Los datos han mostrado que la legalización del aborto y la implementación de la educación sexual han reducido de manera importante la incidencia de embarazos no planificados, generando un impacto directo a la atención de las niñas y adolescentes embarazadas. La adición planteada busca avanzar en herramientas que garanticen que no existan más embarazos en niñas en nuestro país; pero también que el embarazo adolescente se dé en un marco de conocimiento claro y deseado; desestigmatizar la sexualidad y generar planes de estudios que incluyan campañas de sexualidad a lo largo y ancho del país.

Debemos también generar garantías y marcos especiales de actuación frente a embarazos en niñas y adolescentes que permitan la integralidad en la protección de los derechos de este sector social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 61 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61....

...

I. a VI. ...

Cuando se atiendan casos de embarazos de niñas y adolescentes se deberá asegurar la prestación de servicios de atención médica de manera prioritaria, respetuosa, efectiva e integral, promover la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos; garantizando el pleno cumplimiento del derecho a la salud, al interés superior de la niñez y la no discriminación.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, consultada en:

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nac ional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454#:~: text=El%20embarazo%20en%20adolescentes%20es,de%2015%20a%2019%20a%C3%B1os y

https://enapea.segob.gob.mx/

“ Embarazo adolescente en México, a la baja, pero con retos grandes”, por Ana Karen García, publicado en “El Economista” el 12 de enero de 2024, consultado en:

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Embarazo-adolescente -en-Mexico-a-la-baja-pero-con-retos-grandes-20240112-0037.html

Boletín “26 de Septiembre: Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes”, Secretaría de Salud, 26 de septiembre de 2016, consultado en:

https://www.gob.mx/salud/articulos/26-de-septiembre-dia-nacional -para-la-prevencion-del-embarazo-no-planificado-en-adolescentes?idiom=es#:~: text=siniestros%20viales:%20STConapra-,26%20de%20Septiembre:%20D%C3%ADa%20Nacio nal%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n,Embarazo%20No%20Planificado%20en%20Adolescent es

Comunicado de Prensa 556/23 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, del 21 de septiembre de 2023, consultado en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2023 /EAP_EmbNoPlanificado23.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2025.– Diputadas: María Rosete, Mónica Herrera Villavicencio, Karina Isabel Martínez Montaño (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Marcelo de Jesús Torres Cofiño, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo VI Bis denominado “De los contribuyentes afectados por la imposición de aranceles sobre importaciones”, y el artículo 192-Bis, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente

El pasado 10 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante una proclamación presidencial la imposición de un arancel de 25 por ciento sobre las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos a partir del 12 de marzo. El gobierno estadounidense utilizó las disposiciones de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 que permiten ajustar los aranceles aplicados a las importaciones de bienes que, después de una investigación, se considere que comprometan la seguridad nacional de ese país.

Y como se anticipaba, los aranceles generalizados del presidente Donald Trump sobre el acero y el aluminio extranjeros entraron en vigor el miércoles 12 de marzo de 2025. Estos aranceles del 25 por ciento sobre los metales afectan a las importaciones que entran a Estados Unidos desde cualquier país del mundo. Se prevé que la medida, que apoyan muchos fabricantes de acero y aluminio de ese país, aumente los costos para los fabricantes estadounidenses de automóviles, latas, paneles solares y otros productos, lo que podría ralentizar la economía estadounidense en general.

Los principales países afectados por esta medida arancelaria son Canadá, Brasil y México. Según datos preliminares de la International Trade Administration (ITA), los principales proveedores de acero en 2024 fueron Canadá (5.9 millones de toneladas), Brasil (4.1 millones de toneladas), México (3.2 millones de toneladas), Corea del Sur (2.5 millones de toneladas), Vietnam (1.2 millones de toneladas) y Japón (1.07 millones de toneladas).

 El primer país de Europa fue Alemania, en la séptima posición, con 975,900 toneladas. El volumen de acero importado por Estados Unidos en 2024 representó 31,680 millones de dólares. En términos monetarios los mayores exportadores fueron Canadá con 7,135 millones de dólares, México con 3,499 millones de dólares, Brasil con 2,993 millones de dólares, y Corea del Sur con 2,895 millones de dólares.

En lo que respecta al aluminio, según la ITA, Estados Unidos importó 5.4 millones de toneladas en 2024. El principal suministrador de aluminio para el mercado estadounidense fue Canadá, que vendió 3.15 millones de toneladas, el 58 por ciento de todo el metal que importó Estados Unidos. Le siguen Emiratos Árabes con 347,033 toneladas y China con 222,871 toneladas.

En total, las importaciones de aluminio de Estados Unidos ascendieron durante 2024 a 17,690 millones de dólares. Canadá exportó más de la mitad, 9,438 millones de dólares; Emiratos Árabes 916.7 millones de dólares y China 809 millones de dólares.

En nuestro país, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), la balanza comercial del acero favoreció a Estados Unidos respecto a México en 2.4 millones de toneladas y un valor superior a 4 mil millones de dólares en 2024.

No obstante, a pesar de que México ha importado más aluminio y acero de lo que exporta, el impacto a la industria manufacturera nacional podría ser considerable debido a la inclusión de partes y accesorios de vehículos dentro de los productos a los que se les aplicarán aranceles. Esto debido a que la exportación de autopartes es la principal actividad económica de once estados del país.

Es importante recordar que, en 2018, también bajo la administración de Trump, Estados Unidos impuso aranceles del 25 por ciento al acero y del 10 por ciento al aluminio para México, Canadá y la Unión Europea. Aunque estas tarifas fueron retiradas en mayo de 2019, su impacto se reflejó en el comercio bilateral. En ese año la implementación previa de estos aranceles provocó un aumento en los precios para los consumidores estadounidenses. En promedio, los precios del acero se incrementaron un 2.4 por ciento, mientras que los productos derivados del aluminio subieron un 3.6 por ciento. En México se registró una caída en las exportaciones del 24 por ciento en acero y del 31 por ciento en aluminio, una tendencia que podría repetirse con esta nueva imposición.

Sin embargo, actualmente estas medidas adoptadas por Estados Unidos tienen un impacto distinto respecto a los aranceles impuestos por este país en 2018, pues de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), el impacto para México podría ser del 1.8 por ciento del PIB afectando al 5.7 por ciento de las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos. En este caso la inclusión de autopartes es un cambio que podría tener un impacto importante para México dada la relevancia de las exportaciones a ese país de partes y accesorios del sector automotriz.

El estudio de IMCO se publicó el pasado 24 de febrero, antes de que los aranceles al acero y aluminio entraran en vigor, pero ya se advertía que, el impacto de estos aranceles a las exportaciones mexicanas sería de otra magnitud, ya que se trata de bienes manufacturados de algunas de las industrias críticas para México, como la automotriz. Se destaca que, de las 123 fracciones arancelarias incluidas en esta proclamación, 68 corresponden a productos elaborados en esa industria, como sistemas de aire acondicionado, tapas de vehículos y otras piezas esenciales para la manufactura y ensamble.

El análisis realizado por este centro de investigación muestra que, en 2024, tan solo estas nuevas 68 fracciones, adicionales a las que se contemplaron en los aranceles de 2018, representaron un valor superior a 20 mil millones de dólares, equivalente a 3.91 por ciento de las exportaciones totales de México a Estados Unidos. En particular, la fracción 8708295160, que engloba partes y accesorios para carrocerías de vehículos, tractores y camiones, sumó 7 mil 719 millones de dólares en importaciones estadounidenses provenientes de México durante 2024.

Ahora bien, también se expone que, de las 123 fracciones arancelarias afectadas, 26 registraron importaciones superiores a los 100 millones de dólares en 2024, pero solo tres de ellas pertenecen al capítulo 76, con un valor conjunto de 667 millones de dólares. El resto, que suma más de 20 mil millones de dólares, proviene de los capítulos 83, 84, 85 y 87, esto evidencia que los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos al aluminio también incluyen a una parte importante de la cadena de suministro de autopartes y manufactura vehicular.

De acuerdo con el INEGI, el sector manufacturero en México constituyó aproximadamente 44 por ciento del total de sus exportaciones y la industria automotriz representó 36 por ciento de todas las exportaciones en 2023. Aunado a eso, en Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, partes y accesorios de vehículos automotores son uno de sus tres principales productos de exportación hacia Estados Unidos. Con estos datos se pueden advertir claramente las implicaciones de la inclusión de más fracciones arancelarias sujetas a aranceles, es decir, la afectación potencial sería más severa para la economía mexicana de lo que se había anticipado.

Y la posibilidad de que esto ocurra no se puede ignorar, de acuerdo con el IMCO, la amenaza arancelaria va creciendo, ya que el presidente Donald Trump no solo ha anunciado aranceles al aluminio y al acero, sino que también ha agregado nuevas medidas que afectan sectores estratégicos. Estas disposiciones se suman a los aranceles anunciados el 19 de febrero, que impactan la importación de automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores, cuya implementación está prevista para el próximo dos de abril.

En este contexto, una columna publicada el 12 de marzo de 2025 en The New York Times, titulada Entran en vigor los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio,firmada por Ana Swanson y Jeanna Smialek, con base en un estudio económico publicado por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, pone en evidencia que los costos para la economía estadounidense de la primera parte de los aranceles de Trump sobre el acero y aluminio superaban a los beneficios. Y explica cómo esta situación tuvo influencia para que el gobierno de Trump ampliara esta vez sus aranceles sobre el acero y el aluminio para incluir diversos “productos derivados”.

Según dicha columna del diario New York Times, el estudio concluyó que los aranceles sobre los metales impuestos en 2018 impulsaron a los compradores de acero y aluminio a comprar más a fuentes estadounidenses, lo que provocó un aumento de los precios internos de los metales y que se ampliara la producción de acero estadounidense en aproximadamente un 2 por ciento entre 2018 y 2021, los años estudiados en el informe.

Pero no sólo eso, el análisis también descubrió que los aranceles elevaron los costos de producción de las empresas que fabrican automóviles, herramientas y maquinaria industrial, reduciendo como resultado la producción en esas y otras industrias transformadoras en unos 3,480 millones de dólares en 2021. Además, las industrias del acero y el aluminio solo produjeron 2,250 millones de dólares más en metales ese año debido a los gravámenes.

Dado este antecedente, con el objeto de mitigar esas consecuencias perjudiciales, el gobierno de Trump ha ampliado esta vez sus aranceles sobre el acero y el aluminio para incluir diversos productos derivados, fabricados con acero y aluminio, como piezas de tractores, muebles metálicos y bisagras. Según los investigadores del Instituto Peterson de Economía Internacional, esta medida es un reconocimiento implícito de que algunas industrias resultaron afectadas a causa de los anteriores aranceles del presidente estadounidense.

Aunado a todo esto, la perspectiva de costos más elevados también ha provocado que otras industrias estadounidenses, como los fabricantes de automóviles, presionen para que se impongan aranceles a sus competidores extranjeros con el fin de proteger sus negocios. Al respecto, Trump ya declaró que planea imponer un arancel a los automóviles extranjeros el próximo dos de abril.

Este golpe afecta sectores clave como el automotriz, manufacturero y agroindustrial, poniendo en riesgo miles de empleos y la estabilidad económica. A corto plazo, las empresas mexicanas enfrentarán mayores costos y pérdida de competitividad en su principal mercado. A largo plazo, la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos puede disuadir la inversión y debilitar el crecimiento del país.

Sin una respuesta estratégica, el costo de los aranceles se trasladará a los productores y consumidores, encareciendo productos y reduciendo la competitividad de nuestras exportaciones. Además, sectores altamente dependientes del comercio exterior podrían recortar empleos o trasladar operaciones a otros países con mejores condiciones. La falta de incentivos para la inversión puede provocar una desaceleración económica y pérdida de confianza en el país como destino comercial.

Cómo se puede advertir, la situación que enfrenta nuestro país no beneficia a las empresas nacionales y, por ende, tampoco a las familias mexicanas, por eso es indispensable implementar acciones que ayuden a mitigar las consecuencias de la imposición de aranceles a México, se requieren acciones de política pública y legislativas.

Para contrarrestar los efectos negativos de los aranceles, México debe adoptar un enfoque proactivo que proteja a sus exportadores y fomente la inversión extranjera. En ese orden de ideas, a través de la presente iniciativa se propone crear un crédito fiscal temporal compensatorio, que permita a las empresas exportadoras afectadas disminuir el costo del arancel pagado en Estados Unidos, aliviando la carga financiera y evitando aumentos de precios.

 Esta iniciativa busca incorporar en la legislación las disposiciones legales necesarias para que las empresas exportadoras nacionales que están siendo afectadas por la aplicación de los gravámenes, cuenten con estímulos fiscales que representan el apoyo más directo que beneficiaría a la comunidad industrial, lo cual no excluye la posibilidad de que se complementen con otras acciones o programas.

Cabe señalar que el crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y sólo podrá aplicarse temporalmente mientras permanezca dicho arancel. Concretamente se propone otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuyos ingresos provengan de exportaciones derivadas de sus actividades empresariales, que resulten afectados por la imposición de aranceles sobre importaciones relacionadas con dichas actividades por parte de otro país, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del arancel impuesto en el ejercicio, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito.

En este sentido, no se debe omitir que en el momento que se impone el arancel, el daño es directamente proporcional a la duración de este. Es decir, en caso de que la situación escale y no se logré un acuerdo con el gobierno estadounidense y se mantenga la imposición por seis meses o un año, el impacto sería considerable.

Con esta propuesta se busca dar respuesta a las demandas de los sectores afectados, y en general apoyar a las familias mexicanas para contener y estabilizar el alza de precios de productos afectados y al mismo tiempo, mantener las fuentes de empleo de aquellos que dependen de los sectores afectados. En el caso de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, su presidente consideró que se deben aplicar incentivos fiscales para apoyar a la industria.

Por su parte, el delegado estatal de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana en Chihuahua, menciona que los aranceles de 25 por ciento aplicados por el gobierno estadounidense al acero y aluminio mexicanos, no solo serán a los lingotes en estado básico, sino también a los derivados. Es decir, más de 50 tipos de productos de esos metales, la mayoría utilizados en la industria maquiladora, tendrán que pagar el arancel.

El delegado estatal señala que ya están gravando en Estados Unidos aceros y aluminios y sus derivados, y que el hecho de que se modificaron los procesos en la aduana americana representa afectaciones a la industria maquiladora con mayores costos y una complejidad aumentada para poder cruzar las mercancías. Lo delicado de esta situación es que no sólo presenta complicaciones en la operatividad de la maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua, sino en todo el país. Al mismo tiempo, resta competitividad a las empresas afectando el nivel de empleo y la economía familiar en las ciudades y entidades en las que estas unidades económicas contribuyen al desarrollo.

En este orden de ideas, en Acción Nacional consideramos que no podemos esperar más tiempo porque la industria, las empresas y las fuentes de empleo están en riesgo, es por eso que estamos convencidos que desde el Poder Legislativo debemos actuar en consecuencia, por lo que la presente propuesta busca que el marco legal que nos rige cuente con los mecanismos legales que le den certeza de actuación a las autoridades correspondientes, y que en el momento en el que se presente una imposición de aranceles que afecte a las empresas nacionales por parte de cualquier país, se active el estímulo fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuyos ingresos provengan de exportaciones derivadas de sus actividades empresariales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de

Artículo único. Se adiciona el Capítulo VI Bis denominado “De los contribuyentes afectados por la imposición de aranceles sobre importaciones”, y el artículo 192-Bis, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 192-Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuyos ingresos provengan de exportaciones derivadas de sus actividades empresariales, que resulten afectados por la imposición de aranceles sobre importaciones relacionadas con dichas actividades por parte de otro país, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30 por ciento del total de los gastos realizados por el pago de aranceles en el ejercicio, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta y sólo podrá aplicarse mientras permanezca dicho arancel.

Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los cuatro ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que se impuso el arancel, podrá aplicarlo en el ejercicio inmediato siguiente.

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría de Economía, uno del Servicio de Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. La Secretaría Técnica del Comité estará a cargo de la Secretaría de Economía.

II. El Comité Interinstitucional publicará las reglas generales para el otorgamiento del estímulo.

III. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Interinstitucional a que se refiere este decreto, dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a su publicación, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. Además de incluir el procedimiento para la aplicación del estímulo fiscal y las obligaciones de los contribuyentes, estas reglas considerarán que:

a) El estímulo fiscal iniciará a partir de que se apliquen los aranceles y tendrá vigencia hasta que termine dicha aplicación.

b) Los contribuyentes podrán solicitar el estímulo fiscal a partir del 10 por ciento de aranceles aplicados.

c) Los contribuyentes que realicen gastos derivados de la aplicación de los aranceles, podrán solicitar el estímulo fiscal.

Tercero. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá 120 días naturales para realizar el ajuste de ingresos y gastos durante el ejercicio, de acuerdo con lo previsto en dicho decreto.

Notas

1 Información consultada el 17 de marzo de 2025 en línea: Los países que más acero y aluminio le venden a EU; ¿en qué posición está México? | La Silla Rota.

2 Consultado el 17 de marzo de 2025 en línea: El impacto potencial de los aranceles al acero y aluminio.

3 Consultada en línea el 17 de marzo de 2025 en:

https://www.nytimes.com/es/2025/03/12/espanol/estados-unidos/ara nceles-aluminio-acero-trump.html

4 Información consultada en línea el 18 de marzo de 2024 en: Ante entrada en vigor de aranceles al acero y aluminio, IP pide incentivos fiscales.

5 Información consultada en línea el 18 de marzo de 2025 en: Productos que se fabrican en Juárez con aluminio o acero mexicanos, pagan arancel - Norte de Ciudad Juárez.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2025.– Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación de edulcorantes artificiales en alimentos y bebidas dirigidos a niñas y niños, a cargo de la diputada Olegaria Carrazco Macías, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olegaria Carrazco Macías, diputada federal por el Grupo Parlamentario de Morena, de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de regulación de edulcorantes artificiales en alimentos y bebidas dirigidos a niñas y niños, al tenor de la siguiente

La obesidad infantil en México ha alcanzado niveles alarmantes, posicionando al país entre los primeros lugares a nivel mundial en sobrepeso y obesidad infantil. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2023), 17.5 por ciento de los niños entre 5 y 11 años tienen obesidad, mientras que 28 por ciento de los menores en la Ciudad de México presentan sobrepeso u obesidad (Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, 2023).

Uno de los factores que contribuyen a esta crisis es el creciente uso de edulcorantes artificiales en productos dirigidos a la infancia, tales como gelatinas, caramelos, postres, yogures saborizados, cereales y bebidas “sin azúcar”.

La industria de alimentos procesados ha promovido el uso de edulcorantes como una alternativa al azúcar, bajo la premisa de que son opciones más saludables. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que estos compuestos pueden tener efectos adversos en la salud infantil, alterando el metabolismo y aumentando la predisposición a enfermedades metabólicas y diabetes tipo 2 (Rother et al., 2019).

El consumo frecuente de edulcorantes ha sido vinculado con cambios en la microbiota intestinal, lo que puede afectar la absorción de nutrientes y aumentar el riesgo de enfermedades metabólicas. Un estudio publicado por la American Academy of Pediatrics indica que estos compuestos pueden inducir resistencia a la insulina y alterar el metabolismo energético en menores (Vos et al., 2023).

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que el consumo de edulcorantes artificiales en la infancia está relacionado con una mayor ingesta de azúcar en la edad adulta, ya que estos compuestos refuerzan la preferencia por los sabores dulces, perpetuando hábitos alimenticios no saludables (OPS, 2023).

Asimismo, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2020) revelan que la prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de edad es de 20 por ciento en el norte del país y hasta de 28 por ciento en la Ciudad de México. Este incremento está asociado con el alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas que han sustituido el azúcar por edulcorantes artificiales bajo el argumento de ser alternativas más saludables.

Ahora bien, cada vez es más común que productos diseñados y comercializados para niñas y niños contengan edulcorantes sin que los padres tengan pleno conocimiento de sus efectos. Algunos ejemplos incluyen:

Gelatinas y postres “sin azúcar”. Contienen sucralosa, aspartame o acesulfame K, edulcorantes relacionados con alteraciones metabólicas y de la microbiota intestinal (Sylvetsky et al., 2019).

Caramelos y chicles “cero azúcar”. Con altas concentraciones de edulcorantes, que modifican las preferencias de sabor de los niños y los predisponen a consumir más productos dulces en el futuro (Lohner et al., 2020).

Bebidas saborizadas “sin azúcar”. Jugos, leches saborizadas y aguas frescas industrializadas han sustituido el azúcar por edulcorantes, sin ser realmente opciones saludables (Malik et al., 2019).

Yogures y cereales para niños: Aunque parecen opciones nutritivas, su reformulación con edulcorantes no calóricos genera el mismo impacto en el organismo que los productos con azúcar añadida (Rother et al., 2019).

Estos productos continúan fomentando la cultura del sabor dulce en la población, con especial énfasis en las infancias, lo que contribuye a que los niños mantengan una preferencia por productos con sabores artificiales y rechacen opciones naturales como frutas y verduras (Swithers, 2016).

Asimismo, estudios recientes han encontrado que los edulcorantes artificiales pueden alterar la regulación del apetito y del metabolismo energético, lo que podría derivar en un mayor riesgo de obesidad y diabetes tipo 2 (Malik et al., 2019).

Además de lo anterior, se tiene evidencia de otros efectos negativos, entre los que se encuentran:

Que los niños que consumen edulcorantes artificiales tienen mayor propensión a desarrollar estas afecciones en la edad adulta (Vos et al., 2023).

Los edulcorantes pueden modificar la composición de las bacterias intestinales, afectando la absorción de nutrientes y predisponiendo a los niños a trastornos metabólicos y digestivos (Suez et al., 2014).

La introducción de edulcorantes desde una edad temprana contribuye a que los niños desarrollen un gusto mayor por lo dulce, lo que aumenta el riesgo de consumo excesivo de alimentos ultraprocesados en la vida adulta (Anales de Pediatría, 2021).

Derivado de ello, se proponen diversas modificaciones a la Ley General de Salud, conforme a lo establecido en el siguiente cuadro comparativo, a fin de generar cambios sustanciales en la limitación del uso de los edulcorantes en productos altamente consumidos por niñas y niños.

Dado el impacto negativo de los edulcorantes artificiales en la salud infantil, se propone la adición del artículo 216 Ter a la Ley General de Salud, estableciendo la prohibición de su uso en productos dirigidos a menores de 12 años.

La creciente presencia de estos compuestos en alimentos y bebidas destinados a la infancia ha generado preocupación debido a su relación con la obesidad, enfermedades metabólicas y alteraciones en el metabolismo energético.

Lejos de prevenir el sobrepeso, el consumo de edulcorantes puede aumentar el riesgo de padecer diabetes y otros trastornos metabólicos. Además, refuerza la preferencia por lo dulce desde edades tempranas, perpetuando hábitos alimenticios poco saludables.

Eliminar los edulcorantes en productos dirigidos a niñas y niños protege su salud al reducir la exposición a estos aditivos y fomenta mejores hábitos alimenticios. Incentivar el consumo de alimentos naturales en lugar de productos ultraprocesados es fundamental para prevenir enfermedades relacionadas con la dieta.

Esta iniciativa también responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes han advertido sobre los efectos adversos del consumo de edulcorantes en la infancia y han instado a los gobiernos a regular su uso en la industria alimentaria.

El uso de edulcorantes en productos altamente consumidos por la población infantil no es una alternativa saludable. Se trata de una estrategia de la industria alimentaria para mantener el sabor dulce en la dieta infantil, lo que expone a los menores a riesgos metabólicos y digestivos.

México debe adoptar regulaciones estrictas que garanticen la protección de la niñez frente a ingredientes que comprometen su salud. La presente iniciativa establece un marco normativo sólido para prevenir la obesidad infantil y promover entornos alimentarios más saludables, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 216 Ter y 423 Bis a la Ley General de Salud, en materia de prohibición de edulcorantes artificiales en alimentos y bebidas destinados a niñas y niños.

Artículo Único. Se adicionan el artículo 216 Ter y el 423 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 216 Ter.

Queda prohibida la adición de edulcorantes artificiales y sustitutos de azúcar en alimentos y bebidas no alcohólicas que, por su naturaleza, composición, presentación o patrones de consumo, sean habitualmente ingeridos por niñas y niños menores de 12 años, independientemente de si son comercializados o etiquetados como dirigidos a población infantil.

Para efectos de este artículo, se considerarán edulcorantes prohibidos aquellas sustancias identificadas en las listas de aditivos autorizados por la Secretaría de Salud con función edulcorante y sin aporte calórico significativo, incluyendo, pero no limitándose a: aspartame, sucralosa, sacarina, acesulfame K, neotame y alulosa.

La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones normativas necesarias para la aplicación de esta prohibición, su actualización y su integración en la regulación sanitaria vigente.

Artículo 423 Bis.

Se impondrá una multa de hasta 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización y, en caso de reincidencia, la suspensión temporal de la comercialización del producto a quien:

1. Incorpore edulcorantes artificiales o sustitutos de azúcar en alimentos y bebidas no alcohólicas que, por su naturaleza o patrones de consumo, sean habitualmente ingeridos por niñas y niños menores de 12 años, en contravención a lo dispuesto en el artículo 216 Ter de esta ley.

2. Omita el retiro del mercado de productos que contengan edulcorantes y que puedan ser consumidos por menores, independientemente de su etiquetado.

3. Distribuya, comercialice o importe productos que incumplan las disposiciones establecidas en el artículo 216 Ter.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá actualizar, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, así como cualquier otra normativa secundaria aplicable, a fin de armonizarlas con las disposiciones contenidas en esta Ley.

Referencias

• Instituto Nacional de Salud Pública, (2023). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023. Recuperado de:

https://www.insp.mx

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Obesidad infantil en México: cifras y análisis. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx

• Lohner, S., Toews, I., & Meerpohl, J. J. (2020). Health outcomes of non-sugar sweeteners: A systematic review and meta-analysis. The BMJ, 369, m1378. Recuperado de:

https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1378

• Malik, V. S., Popkin, B. M., Bray, G. A., Després, J. P., & Hu, F. B. (2019). Sugar-sweetened beverages, obesity, type 2 diabetes and cardiovascular disease risk. Circulation, 139(18), 2113-2125. Recuperado de:

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.108. 808718

• Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2023). Recomendaciones sobre el uso de edulcorantes en la infancia. Recuperado de:

https://www.paho.org/es

• Rother, K. I., Conway, E. M., & Sylvetsky, A. C. (2019). How non-nutritive sweeteners influence metabolism and health. Trends in Endocrinology & Metabolism, 30(7), 432-444. Recuperado de:

https://www.cell.com/trends/endocrinology-metabolism/fulltext/S1 043-2760(19)30088-3

• Suez, J., Korem, T., Zeevi, D., Zilberman-Schapira, G., Thaiss, C. A., Maza, O., et al. (2014). Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature, 514(7521), 181-186. Recuperado de:

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• Sylvetsky, A. C., & Rother, K. I. (2019). Trends in the consumption of low-calorie sweeteners among US children and adults, 1999-2012. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 119(3), 453-460. Recuperado de:

https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(18)30339-1/fulltex t

• Vos, M. B., Kaar, J. L., Welsh, J. A., Van Horn, L. V., Feig, D. I., Anderson, C. A. M., Patel, M. J., Cruz Munos, J., Krebs, N. F., & Xanthakos, S. A. (2023). Added sugars and cardiovascular disease risk in children: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 135(19), e1017-e1034. Recuperado de:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000439

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de marzo de 2025.– Diputadas: Olegaria Carrazco Macías, Mónica Herrera Villavicencio, Rosario del Carmen Moreno Villatoro  (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de ratificación de denuncias, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado de la LXVI Legislatura integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de ratificación de denuncias, al tenor de la siguiente:

El principal medio de transporte utilizado para el traslado de mercancías, tanto en la importación como la exportación sigue siendo el autotransporte, ya que él concentra el 80 por ciento de la carga terrestre, asegurando el abastecimiento de insumos y productos en todo el país.

La Red Nacional de Caminos, es de 916 mil 78 kilómetros los cuales incluyen:

• 179 mil 536 kilómetros carreteras pavimentadas

• 51 mil 311 kilómetros-Carreteras federales

• 104 mil 40 kilómetros-Carreteras estatales

• 24 mil 185 kilómetros-municipales, particulares

• 11 mil 174 kilómetros-Carreteras de cuota

• 209 mil 223 kilómetros vialidades urbanas e infraestructura de enlace

• 527 mil 319 kilómetros caminos no pavimentados

• 21 mil 560 kilómetros de veredas

La cual es utilizada por el sector del autotransporte de carga para movilizar productos de distintas industrias, lo que permite el abastecimiento eficiente de productos básicos como alimentos, medicamentos y materiales industriales en todos los rincones del país. Gracias a su flexibilidad operativa, puede llegar a zonas donde otros medios de transporte, como el ferroviario o marítimo, no tienen acceso directo. Esto es crucial para las comunidades rurales y regiones alejadas de los principales centros urbanos, donde la actividad económica depende del suministro regular de bienes transportados por carretera.

El autotransporte de carga a la integración de los mercados regionales. A través de una red eficiente de distribución, se facilita la comercialización de productos locales en diferentes partes del país, impulsando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (Pymes). Estas empresas, que representan un alto porcentaje del tejido económico nacional, dependen de la logística eficiente para hacer llegar sus productos a los consumidores y competir en un mercado cada vez más globalizado.

El autotransporte de carga juega un papel clave en comercio exterior. México mantiene una relación comercial altamente dinámica con Estados Unidos, el principal socio comercial, con un volumen de intercambio que, de enero a noviembre de 2024, el valor del comercio entre México y Estados Unidos creció 5.2 por ciento comparado con el mismo periodo de 2023, y ascendió a 776 mil 46 millones de dólares.

Más de 70 por ciento de este comercio se transporta por carretera, lo que convierte a este sector en un actor estratégico dentro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec).

El personal ocupado en el sector transporte durante 2023 fue de 836 mil 634, de ese total 674 mil 918 correspondió al autotransporte de carga, sin incluir personal ocupado en el almacenaje, esa es la importancia económica del sector transporte en la generación de empleos.

El autotransporte de carga es el principal medio de distribución de bienes en México, especialmente en regiones donde no existen alternativas ferroviarias o fluviales. Su flexibilidad y alcance garantizan la conectividad en comunidades aisladas, permitiendo un abastecimiento constante de productos esenciales y fortaleciendo la integración económica del país.

En la última década, la red carretera ha crecido significativamente en comparación con la ferroviaria, la red ferroviaria apenas se ha expandido, manteniéndose en aproximadamente 23 mil 389 kilómetros, lo que representa un crecimiento marginal de menos de 1 por ciento en el mismo periodo, este desequilibrio resalta la dependencia del autotransporte para la movilidad de mercancías en el país, especialmente en las más de 200 mil localidades rurales donde no existe acceso ferroviario ni infraestructura portuaria cercana.

La infraestructura carretera permite la distribución de bienes incluso en comunidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes, donde el tren no llega y la geografía complica el acceso a otros medios de transporte. Un claro ejemplo es la distribución de productos básicos en la sierra Tarahumara y la Huasteca, donde los camiones y vehículos de menor tamaño garantizan el abasto de alimentos y medicinas.

El autotransporte ofrece una adaptabilidad inigualable para el traslado de distintos volúmenes y tipos de mercancías. Desde el movimiento de productos perecederos en unidades refrigeradas hasta el transporte de materiales pesados en plataformas especializadas, este sector permite un abastecimiento eficiente y dinámico.

La entrega de productos en la “última milla” es crucial en la logística moderna. En los centros urbanos, donde la infraestructura ferroviaria no puede penetrar, el autotransporte garantiza entregas rápidas y eficientes. En sectores como el farmacéutico y el agroalimentario, donde la cadena de frío es indispensable, los camiones refrigerados juegan un papel esencial. Datos de la Secretaría de Economía indican que más de 90 por ciento de las medicinas distribuidas en el país utilizan autotransporte debido a su capacidad para mantener temperaturas controladas y realizar entregas programadas con precisión.

La industria de la construcción y el sector energético dependen en gran medida del autotransporte para movilizar maquinaria pesada, tuberías y químicos industriales. A diferencia del ferrocarril, que requiere terminales específicas y transbordos adicionales, el autotransporte puede llevar cargas sobredimensionadas directamente al sitio de destino, reduciendo costos operativos y tiempos de entrega.

El autotransporte de carga es un elemento fundamental en la cadena logística, ya que se conecta con otros modos de transporte a través de terminales intermodales, puertos y aeropuertos. Estas infraestructuras son cruciales para la transferencia eficiente de mercancías, permitiendo el movimiento de productos sin necesidad de manipulación directa, lo que reduce significativamente los costos y los riesgos de daños.

La conexión entre el transporte por carretera y el ferrocarril es esencial para el traslado de carga pesada ya larga distancia. Un ejemplo destacado es el corredor industrial del Bajío, donde las terminales intermodales facilitan el transporte de productos fabricados en camiones hacia estaciones ferroviarias. Desde allí, las mercancías se distribuyen a puertos marítimos o fronteras internacionales, optimizando así la logística de exportación e importación.

En el ámbito marítimo, México cuenta con una extensa red de 117 puertos y terminales marítimas. En estos puntos estratégicos, el autotransporte juega un papel vital en la entrega y recepción de contenedores. Un caso relevante es el puerto de Manzanillo, donde 60 por ciento de las mercancías movilizadas dependen de camiones para su distribución final, lo que subraya la importancia de la interconexión entre ambos modos de transporte.

Para el sector logístico de alta velocidad, como el comercio electrónico y el transporte de productos perecederos, el autotransporte se encarga de la última milla. Esto implica el traslado de mercancías desde los aeropuertos hasta su destino final, garantizando entregas rápidas y eficientes.

Diversos sectores económicos dependen de la eficiencia del autotransporte y su integración con otros medios de transporte. Entre los productos más transportados en México, destacan los alimentos y bebidas, sector que representa el 20 por ciento del total de la carga movilizada. La rapidez en la distribución es crucial para evitar pérdidas por caducidad, lo que exige una logística precisa y eficiente. Asimismo, los productos automotrices, dado que México es el cuarto exportador mundial de autopartes, se benefician de terminales intermodales en Guanajuato y Puebla, facilitando el traslado eficiente de componentes entre fábricas, puertos y fronteras, fortaleciendo la cadena de suministro de este sector. Finalmente, el sector de químicos y farmacéuticos exige estrictos controles de temperatura y tiempos de entrega, por lo que la intermodalidad asegura la continuidad en la cadena de frío, garantizando la integridad de los productos durante todo el proceso de transporte.

A pesar de su importancia, el autotransporte de carga enfrenta diversos desafíos que pueden afectar su eficiencia y competitividad. Uno de los principales problemas es el estado de la infraestructura carretera. Aunque México cuenta con una extensa red de caminos y autopistas, muchas de ellas requieren mantenimiento y modernización para garantizar condiciones óptimas de circulación. El deterioro de las vías no solo incrementa los costos operativos de las empresas transportistas, sino que también aumenta el riesgo de accidentes y retrasos en la entrega de mercancías.

Otro reto significativo es la seguridad en las carreteras. El robo de carga y los asaltos a transportistas son problemas recurrentes en varias regiones del país, lo que genera costos adicionales en términos de seguros y medidas de protección. La falta de una estrategia integral para combatir estos delitos afecta la confianza de las empresas y puede disuadir la inversión en el sector logístico.

La inseguridad en las carreteras mexicanas representa uno de los principales desafíos para el autotransporte de mercancías. Los robos, asaltos y actos de violencia afectan no solo la seguridad de los operadores, sino también la economía nacional, incrementando los costos logísticos y el riesgo en la distribución de bienes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron más de 9 mil denuncias por robos al autotransporte de carga, de los cuales más de 80 por ciento ocurrieron con violencia.

De las denuncias presentadas por diversas cámaras de transporte, las zonas con mayor incidencia delictiva se concentran en:

• Estado de México: Principal corredor de carga del país, con altos índices de robos en las autopistas México-Querétaro y México-Puebla.

• Puebla: Punto clave en la distribución de mercancías, con incidencia en el tramo de la autopista Puebla-Orizaba.

• Veracruz: Importante conexión portuaria, con problemas de asaltos en la autopista Córdoba-Veracruz.

• Guanajuato y Michoacán: Estados con altos niveles de violencia, donde los robos suelen implicar violencia extrema y secuestro de operadores.

Las modalidades delictivas más comunes incluyen:

1. Asaltos directos: Intercepción del vehículo por grupos armados.

2. Uso de bloqueos falsos: Delincuentes que se hacen pasar por autoridades para detener y saquear la unidad.

3. Hackeo de GPS: Interferencia con los sistemas de rastreo para evitar la localización del vehículo robado.

4. Sabotaje a unidades: Colocación de obstáculos en la carretera para obligar a detenerse y ejecutar el robo.

La inseguridad en carreteras genera un impacto significativo en la competitividad del sector y en la economía nacional. Entre las principales afectaciones se encuentra el aumento en costos logísticos. Las empresas de autotransporte deben invertir en seguros, escoltas y tecnologías de rastreo, lo que incrementa sus costos operativos hasta en 20 por ciento. El robo de carga genera pérdidas anuales superiores a los 12 mil millones de pesos. Por último, la inseguridad afecta la cadena de suministro, ya que la interrupción de rutas por inseguridad retrasa las entregas, afecta la producción y puede generar desabasto en sectores clave como el alimentario, farmacéutico y automotriz.

Cuando se presentan las denuncias por el robo de vehículos ocurre que ya sea en el momento de estar en la agencia del Ministerio Público los choferes reciben llamadas a efecto de intimidarlos para que las denuncias ya no sean ratificadas, logrando con ello que la impunidad aumente, es por lo que se requiere procedimientos más ágiles y expeditos en la procuración de justicia.

México se adhiere a diversos acuerdos internacionales que salvaguardan el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso y la protección judicial efectiva. Entre los más destacados se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 8 de este documento consagra el derecho de toda persona a recurrir a los tribunales nacionales competentes en busca de amparo contra actos que vulneren sus derechos fundamentales. Asimismo, el artículo 10 garantiza el derecho a ser escuchado públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en 1981, establece en su artículo 14 el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad ante un tribunal competente, independiente e imparcial, con todas las garantías del debido proceso. Este pacto es un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos en México.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José”, reconoce en su artículo 8 las garantías judiciales, asegurando el derecho a la defensa y el principio de igualdad ante la ley. El artículo 25 de esta convención establece el derecho a un recurso judicial efectivo. Ambos artículos son esenciales para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México.

Los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en 1985, reafirman la importancia de una justicia independiente, imparcial y eficiente para garantizar el estado de derecho. Estos principios son fundamentales para la consolidación de un sistema judicial sólido y confiable en México.

Además de estos tratados, México también es parte de otros instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En la legislación nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) consagra el derecho a la impartición de justicia en diversos artículos fundamentales. El artículo 17 establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar sus derechos, garantizando que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones prontas, completas e imparciales. Además, prohíbe la prisión por deudas de carácter civil.

El artículo 20 de la CPEUM garantiza el debido proceso en materia penal, incluyendo los derechos de la víctima y del imputado. Este artículo es esencial para asegurar que todos los ciudadanos tengan un juicio justo y equitativo.

El artículo primero obliga a todas las autoridades a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales ratificados por México. Esto significa que todas las autoridades deben actuar de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las bases del sistema acusatorio y garantiza el derecho a un proceso penal justo. La Ley General de Víctimas reconoce el derecho de las víctimas a acceder a la justicia, obtener reparación integral y recibir asesoría jurídica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios jurisprudenciales relevantes en materia de acceso a la justicia. La tesis 1a./J. 95/2011 establece que el acceso a la justicia no solo implica la posibilidad formal de acudir a los tribunales, sino también la existencia de mecanismos procesales efectivos para garantizar la tutela judicial. La tesis 1a./J. 49/2016 establece que el derecho a la impartición de justicia pronta y expedita implica que las resoluciones deben emitirse en términos razonables, evitando dilaciones indebidas

De un análisis integran del Código Nacional de Procedimientos Penales no se advierte que dentro de las fases del proceso esté la ratificación de las denuncias, sin embargo, es una práctica que en diversas fiscalías de la República, sigue ocurriendo, en demérito de la impartición de justicia, es por ello que la presente iniciativa tiene como propósito establecer de manera clara y precisa que a efecto de continuar con la investigación de los hechos delictivos, denunciados, no será necesario, en ningún caso, la ratificación de la denuncia siempre y cuando ésta se haga de manera presencial.

A efecto de brindar mayor claridad, respecto de la adición en el texto legal, se comparte el siguiente cuadro comparativo:

Por las razones expuestas, si se comete a consideración de esta soberanía a la siguiente, iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de ratificación de denuncias

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 16. Justicia pronta

...

Se prohíbe la práctica de solicitar una nueva comparecencia de los denunciantes para la ratificación de la denuncia.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-caminos

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/979845/20250 220_Monitor_Comercial_del_T-MEC_EEUU_Noviembre_2024_Final.pdf

3 https://www.inegi.org.mx/temas/transportes/#informacion_general

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2025.– Diputados y diputadas: Francisco Javier Borrego Adame, Olegaria Carrazco Macías, Alejandra del Valle Ramírez, Mónica Herrera Villavicencio, Aniceto Polanco Morales (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 329, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Aniceto Polanco Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Suscribe, diputado Aniceto Polanco Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, quien, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 329, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de acuerdo con la siguiente:

La democracia es la expresión más clara de legitimación de un gobierno que representa la voluntad de los ciudadanos y por ende representa una forma de mantener la paz y la armonía dentro de un territorio, siendo el instrumento en donde se materializan los cambios que son necesarios para expresar la voluntad de la ciudadanía, incluyendo la pluralidad de composición de una nación en donde se manifiestan distintas necesidades con diferentes vertientes como: sociales, culturales, económicas, educativas y de género.

Es así como la democracia es uno de los valores sociales que se buscan en cualquier sociedad que aspire a tener una expresión máxima de la voluntad de la ciudadanía y es a través del voto y la elección de sus representantes populares en donde se manifiestan sus necesidades más apremiantes.

En muchos de los países en vías de desarrollo ha sido un logro el poder tener elecciones legítimas y legales, para lograr este gran avance han sido décadas de luchas constantes y de reformas electorales con la finalidad de brindar certeza y legitimidad en los procesos electorales, como ha sido el caso de nuestro país.

La lucha por el ejercicio pleno de los derechos electorales ha sido una lucha constante no solo de los mexicanos que radican en el territorio nacional sino también de los mexicanos que radican fuera del territorio nacional.

Sin embargo, en este escenario no estaba contemplado el derecho de los ciudadanos migrantes que radicaban en otros lugares del mundo, donde se uniera a la manifestación de la voluntad plena, de la mayoría de los ciudadanos por medio del voto en las urnas, el día de la jornada electoral.

El derecho al voto es un derecho irrestricto contemplado en el artículo 35, fracción I y II, de la Carta Magna, donde establece el derecho de los ciudadanos de votar y ser votados.

Algunas limitantes consideradas son la territorialidad, que representaba un obstáculo para que los ciudadanos radicados en otros países, no pudieran expresar su voluntad para incidir en la forma de gobierno, que aspiraban los representara eficazmente, dado que la característica de ser mexicano con residencia en otros lugares del mundo los excluía en la elección de sus representantes, impidiendo que a través de ellos pudieran injerir en la toma de decisiones en las políticas públicas que repercutían  de manera directa en las condiciones de su vida.

Se reconoció que el voto migrante es la representación más pura de la democracia efectiva y de la representación de las minorías, trayendo como consecuencia el plantearse la necesidad de que todos los mexicanos tienen derechos plenos por el simple hecho de ser mexicanos y que la condición de territorialidad no debería de ser un obstáculo para el ejercicio de este derecho; es hasta el año de 2005, en donde toma relevancia el derecho de votar de los migrantes, donde se buscaba principalmente el materializar la manifestación de la voluntad de los ciudadanos radicados en el extranjero, en ese momento, el Estado mexicano reconoce que el lugar de la residencia no es un factor que les impida el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales.

Teniendo como antecedente el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) otorga a los ciudadanos de los Estados ratificados el derecho “ de votar y ser elegidos en periodo de elecciones... con restricciones razonables.”

Sin embargo, muchos Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que han ratificado el ICCPR han continuado restringiendo el derecho de voto a los ciudadanos residentes en el extranjero por una serie de motivos, y por lo general, a lo largo de décadas a partir de la adopción del ICCPR, se ha considerado que negar los derechos al voto por residencia extranjera es en sí misma una “ restricción razonable”. Gran parte del discurso se ha centrado en plantear si un ciudadano residente en un país debe tener influencia sobre la elección del gobierno de otro país (aunque sea el país del cual la persona es ciudadana), en particular en el contexto en el que el ciudadano residente en el extranjero no puede contribuir al fisco de su país “de origen”

Siendo la anterior afirmación una falacia dado que los mexicanos que nos encontramos radicando fuera del territorio nacional, si nos vemos afectados por las políticas públicas y el marco jurídico de nuestra nacionalidad de origen dado que continuamos bajo el amparo de la Constitución Política.

Debemos de estar conscientes que no existen mexicanos de primera ni de segunda y que el estar fuera del territorio nacional, no debe de ser una limitante de nuestros derechos políticos electorales y que los derechos deben de ser respetados.

Debemos de considerar que el fenómeno de la migración es un fenómeno inherente a la naturaleza humana, que en muchas ocasiones es resultado de diversos factores de orden socio-económico en donde la principal motivación es la de buscar mejores condiciones de vida.

De ahí la importancia de permitir a la ciudadanía migrante ejercer su derecho al voto en los distintos órdenes de gobierno, ya que su primer acercamiento con los gobernantes se inicia a nivel municipal en la integración de sus autoridades, con esta modificación podrán apoyar con su voto a sus familiares y connacionales que siguen viviendo en el municipio, estado o en el país para elegir aquellos candidatos que sean aptos para mejorar las condiciones socio-económicas y de vida de los habitantes del distrito electoral por el cual se postulan o en su caso negarles su voto a aquellos candidatos o partidos que no realicen su trabajo correctamente en beneficio de su electorado.

Un reconocimiento al voto de los migrantes es el ejercicio de su sufragio al elegir al Poder Ejecutivo, ahora bien, no solo para la elección de Presidente o Presidenta de la República, asimismo debería ser tomado en cuenta su voto para la revocación de mandato, con esta iniciativa se pretende incorporar a los migrantes en todas las elecciones que se realizan en México en los diferentes poderes y órdenes de gobierno; en las cuales el migrante tiene el derecho pleno de ejercer su voto de forma: universal, libre, secreta y personal.

Aunado a lo anterior; actualmente los migrantes contribuyen a la economía nacional de forma importante, podemos citar la información del Anuario de migración y remesas México 2024 donde indica que:

“En 2023, la mayoría de las remesas (82.2 por ciento) se recibieron a través de instituciones no bancarias siendo la transferencia electrónica el medio más relevante (99.0 por ciento) de envío. Guanajuato es la principal entidad receptora de remesas (8.6 por ciento del total) y San Cristóbal de las Casas el principal municipio receptor. Sobresale que de 2013 a 2023, Chiapas pasó de 520 millones a 4 mil 367 millones de dólares”.

En la siguiente gráfica podemos observar las principales entidades federativas y municipales que se benefician de las remesas que envía la ciudadanía migrante,  podemos concluir lo siguiente: al recibir más remesas es porque existe más población migrante de esa región del país, como lo hemos mencionado este fenómeno se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida para el migrante y los familiares que se quedan en México, de existir gobiernos eficaces en esas zonas habría menos migración de mexicanos.

Se considera que aproximadamente existen 12 millones 270 mil personas inmigrantes en el mundo.

En Estados Unidos viven 12 millones de migrantes mexicanos, de los cuales 52.6 por ciento de la población migrante son hombres y 47.4 por ciento mujeres.

La mayor parte de esta población migrante radica en California, Texas, Arizona e Illinois, ya que, residen 2 de cada 3 personas migrantes mexicanas en la Unión Americana.

En 2024 aportaron ingresos a México de aproximadamente 66 mil 500 millones de dólares al país, lo que representa 3.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, de acuerdo con estadísticas presentadas en el Anuario de Migración y Remesas México” edición 2024 de BBVA Bancomer

No basta con mencionar que son héroes nacionales y que son los que aportan alrededor de más de 60 millones de dólares al año, es necesario dar un trato de igualdad con los mexicanos que radican en el territorio nacional.

En este sentido corresponde su derecho a votar en las elecciones para la elección de candidatos del Poder Judicial: jueces, magistrados, ministros. Lo anterior en razón de que los migrantes o sus familiares en algún momento de su vida tendrán la necesidad de recurrir al poder judicial, por asuntos en materia familiar, civil o penal.

Los mexicanos debemos de mostrar un espíritu de unidad y de identidad que permita la garantía de sus derechos constitucionales, no solo considerados en la Carta Magna sino también considerados en los convenios internacionales de los que México es parte.

Actualmente los mexicanos radicados en el exterior pueden votar en las elecciones de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores, así como gobernadores de las entidades federativas, y jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que lo determinen las constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

El derecho al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero ha sido conquistado por numerosas luchas, a lo largo de las décadas, por distintas organizaciones civiles, la mayoría de ellas se encuentran en el exterior principalmente en Estados Unidos de América.

Con esta iniciativa; se busca que el Estado mexicano se revindique con las y los mexicanos residentes en el extranjero que apoyan económicamente a México por medio de las remesas, reconociéndoles su derecho pleno de ejercer su voto en el global de las elecciones que se realizan en el país para poder elegir a sus representantes de los tres poderes.

Único. Se reforma el artículo 329, numeral 1 de la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales

Por lo anterior se propone lo siguiente:

Por lo expuesto y fundado se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 329, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero deberán ejercer su derecho al voto para la elección de:

a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Senadores.

c) Diputados federales.

d) Diputados locales.

e) Gobernadores.

f) Jefe (a) de gobierno de la Ciudad de México.

g) Presidente municipal.

h) Jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.

i) Jueces y magistrados de los Poderes Judiciales de los estados.

j) Consultas populares

k) Revocación de mandato

2. ...

3. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de 2026 de conformidad con los calendarios electorales que establezca el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y los Organismos Públicos Locales en el ámbito estatal respectivamente.

Segundo. Los congresos de los estados tienen 180 días naturales para homologar y armonizar su marco jurídico electoral.

Tercero. Los Órganos Públicos Locales de los estados en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población deberán realizar una coordinación interinstitucional para realizar las acciones necesarias para poder cumplir con la presente ley de acuerdo a los calendarios electorales respectivos.

Cuarto. El Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y el Consejo Nacional de Población deberán realizar una coordinación interinstitucional para realizar las acciones necesarias para poder cumplir con la presente ley.

Notas

1 https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/8337c ac4e22a2d2eebd5886b4b0a01bf0daa87d640fcd3c1e9c44a223e4f5123.pdf

2 Anuario de migración y remesas México 2024 (2024, 3 de diciembre). Libro resultado de la colaboración entre el Consejo Nacional de Población (Conapo), Fundación BBVA y BBVA.... Bbvaresearch.com; BBVA Investigación.

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-anuario-de-mig racion-y-remesas-2024/

3 https://www.bbva.com/es/mx/de-los-12-millones-de-migrantes-mexicanos-en-estados -unidos-uno-de-cada-tres-son-indocumentados/

4 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2025.– Diputados y diputadas: Aniceto Polanco Morales, José Luis Montalvo Luna, Karina Margarita del Río Zenteno, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Mónica Herrera Villavicencio, Nora Yéssica Merino Escamilla, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Zenyazen Roberto Escobar García (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje educativo a través de la felicidad, a cargo del diputado Juan Antonio González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Juan Antonio González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXVI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6 numeral 1, fracción I, artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje educativo a través de la felicidad, al tenor de la siguiente:

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño vigente desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y aprobada por el Senado y ratificada por nuestro País en el mismo año, reconoce que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y compresión”.

Dicha convención determina que en todas las medidas concernientes a las niñas y los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el “ interés superior del niño”, concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: “la expresión interés superior del niño (...) implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

En este sentido al ser nuestro país parte de dicha Convención está obligado a asegurar a las niñas y los niños la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de aquellos ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

No obstante, la obligación legal que tenemos como nación, existe un compromiso moral por llevar a cabo todas aquellas acciones que beneficien a las niñas y los niños y en el presente caso a los educandos, en este contexto hago la presente iniciativa.

Existe un consenso internacional plasmado en el citado documento, en el sentido de que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño (termino que ocupa la Convención sobre derechos del Niño) hasta el máximo de sus posibilidades.

En esta tesitura la educación, al ser una actividad humana, preponderante, que obliga a buscar permanentemente su excelencia; implica una evolución constante ante los retos que se le presentan, generados principalmente por la tecnología y el acceso a la información.

Hoy contamos con mayor cantidad de información, sin embargo, observamos una evidente crisis civilizatoria en lo social y comunitario, en lo ecológico, en las relaciones humanas, en lo cultural en el desarrollo integral y el bienestar como derechos fundamentales.

Los problemas emocionales afectan el estado de ánimo y pueden ocasionar déficit de atención, depresión o hiperactividad, estos factores se ven exponenciados en la pre adolescencia y en la adolescencia.

Existen estudios, informes e investigaciones nacionales e internaciones que dan cuenta de la relación que existe entre las emociones y los resultados académicos. PISA es el programa de evaluación internacional de estudiantes, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, este programa monitorea el rendimiento de las y los estudiantes de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades en lectura, matemáticas y ciencias, para afrontar desafíos de la vida real.

Las actitudes de las y los estudiantes hacia la educación pueden estar condicionadas por sus profesoras o profesores, compañeras o compañeros o el contexto escolar. PISA 2009 intentó descubrir si las y los jóvenes de 15 años sienten que lo aprendido en la escuela es útil para ellos, tanto en lo inmediato como en el futuro.

Dicho programa de evaluación sostiene que, en los países de la OCDE, alrededor de 9 sobre 10 estudiantes afirmaron que no piensan que la escuela ha sido una pérdida de tiempo (91 por ciento) y piensan que la escuela les ha enseñado cosas que han sido útiles en un empleo (88 por ciento). Un 76 por ciento de las y los estudiantes piensa que la escuela los ha preparado para su vida adulta, y 74 por ciento cree que la escuela ha ayudado a darles la confianza para tomar decisiones.

Señala también que, en la mayoría de los países, las y los estudiantes que piensan que la escuela es útil tienen mejores resultados en las pruebas de lectura de PISA, y las y los estudiantes que tienen resultados altos en lectura suelen afirmar que la escuela es útil. En 48 países y economías, aquellas o aquellos estudiantes que se desempeñaron bien en lectura tienden a demostrar mayores actitudes positivas hacia la escuela que aquellas o aquellos que tuvieron menores resultados en dichas pruebas.

PISA afirma que, en los países y economías participantes, las actitudes positivas de las y los estudiantes hacia la educación están relacionadas con actitudes positivas hacia las y los profesores. Estas asociaciones se refuerzan mutuamente: las y los estudiantes que tienen buenas relaciones con sus profesores o profesoras y que estudian en clases que son estimulantes para el aprendizaje pensarán que la escuela es útil y sus actitudes positivas hacia la escuela generan un ambiente escolar aún más propicio.

PISA concluye que las actitudes de las y los estudiantes hacia la educación y su desempeño en lectura se refuerzan mutuamente del mismo modo que sus actitudes hacia la escuela y el ambiente en el aula. Esto significa que, en cierta medida, las propias actitudes de las y los estudiantes pueden modelar sus experiencias individuales de aprendizaje.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, a través del Instituto de Estadística en el informe “Habilidades para el progreso social: El poder de las habilidades sociales y emocionales”, señala que: las habilidades cognitivas, incluyendo las medidas a través de pruebas de aptitud y calificaciones académicas, influyen en la posibilidad del éxito educativo y laboral de las personas. También predicen resultados más amplios como la salud percibida y la participación social y política, así como la confianza. A su vez, las habilidades sociales y emocionales, como la perseverancia, la sociabilidad y la autoestima, han demostrado tener influencia sobre numerosas mediciones de logros sociales, incluyendo una mejor salud, un mejor bienestar y menores posibilidades de tener problemas de conducta. Las habilidades cognitivas y socioemocionales interactúan, se estimulan unas a otras y dan a las niñas y los niños la capacidad de tener éxito dentro y fuera de la escuela.

Dicho informe señala que: “la educación puede contribuir a aumentar el número de ciudadanos motivados, comprometidos y responsables mediante el fortalecimiento de las habilidades que importan. Aptitudes cognitivas como la lectoescritura y la resolución de problemas son cruciales. Sin embargo, los jóvenes que tienen una base social y emocional sólida pueden prosperar mejor en un mercado laboral sumamente dinámico y determinado por las habilidades si perseveran y trabajan mucho. Es más probable que puedan evitar enfermedades físicas y mentales si controlan sus impulsos, tienen estilos de vida saludables y mantienen relaciones interpersonales sólidas. El cultivo de la empatía y el altruismo en la sociedad los preparan mejor para brindar apoyo social y acciones que protegen el ambiente. Al controlar las emociones y adaptarse al cambio, también pueden estar más preparados para capear las tormentas de la vida, como la pérdida del empleo, la desintegración familiar, la internación o la victimización”

Continúa señalando el informe referido, que: “El análisis de los datos de las pruebas PISA muestra que los niños cuyos padres leen, escriben palabras, cuentan historias y cantan canciones con ellas y ellos no sólo tienden a tener mejores puntajes en comprensión lectora, sino que también tienen mayores motivaciones para aprender (OCDE, 2012). De igual modo, las actitudes y prácticas disciplinarias de los padres cumplen un papel importante por la influencia que ejercen sobre las condiciones sociales y emocionales de los niños (Kiernan y Huerta, 2008). Las relaciones solidarias que generan apegos saludables afectan de manera positiva la comprensión y regulación de las emociones en las niñas y los niños, así como sus sentimientos de seguridad y el gusto por la exploración y el aprendizaje (Noelke, de próxima aparición).

Las habilidades sociales y emocionales se desarrollan de manera gradual, sobre la base de las habilidades constituidas durante la primera infancia y la movilización de nuevas inversiones a través de entornos e intervenciones innovadoras en materia de aprendizaje. Según sugieren las pruebas, las inversiones en habilidades sociales y emocionales deben comenzar en una etapa temprana para todos. En el caso de los niños desfavorecidos, la inversión en esas habilidades con la anticipación suficiente constituye un aporte importante a la reducción de las desigualdades socioeconómicas”.

El citado informe establece que, el desarrollo de las habilidades debe ser holístico y coherente, lo cual significa que las familias, las escuelas y las comunidades tienen un importante papel en él; ese papel, además, tiene que ser consecuente para garantizar la eficiencia de los esfuerzos hechos en cada contexto. Los programas escolares existentes pueden mejorarse mediante la promoción de relaciones positivas entre padres e hijos, así como entre tutores y niños. Las pruebas surgidas de los programas de intervención focalizados en los grupos desfavorecidos aportan conclusiones similares.

Si bien es cierto, que en el caso de nuestro país la Ley General de Educación, misma que es objeto de la presente iniciativa; prevé ya, la educación socioemocional, abordando lo expuesto, también lo es que la tendencia actual con respecto a la educación, al decir de diversos especialistas entre ellos la psicóloga Lea Waters, directora del Centro de Psicología Positiva en la Universidad de Melbourne, consiste en cuestionarse ¿por qué cambiar la forma en que educamos a los niños? Lo que involucra la definición del objetivo de una escuela que hoy se asume como una institución académica, y según su dicho la psicología positiva sugiere que las escuelas pueden ser instituciones de bienestar.

Lo anterior atendiendo principalmente al tiempo que las niñas y los niños pasan en la escuela y a la importancia y trascendencia que tiene en su vida su estancia en la escuela. Tal y como se ha expuesto en los estudios realizados por organismos internacionales como PISA las actitudes de las y los estudiantes hacia la educación pueden estar condicionadas por sus profesores o profesoras, compañeros o compañeras o el contexto escolar demostrando  que las actitudes positivas hacia la educación propician una actitud positiva hacia sus profesoras y profesores y un mejor ambiente en el aula, lo que se traduce en mayor aprovechamiento académico, lo que a su vez reitera el informe expuesto por  la UNESCO en el sentido de que los programas escolares existentes pueden mejorarse mediante la promoción de relaciones positivas entre padres e hijos, así como entre tutores, profesores, profesoras y niñas y niños, en conclusión, la escuela y el proceso de aprendizaje en el que se involucran padres, profesorado y educandos debe erigirse en un contexto positivo, siendo el propio proceso de aprendizaje positivo en sí mismo, para mejorar y fortalecer las habilidades socioemocionales lo que se traducirá en mejor aprovechamiento académico y principalmente en educandos sanos y felices y finalmente en personas sanas y felices.

En este sentido uno de los principales exponentes de la psicología positiva Martín E.P. Seligman, señala que, una actitud positiva no sólo ayuda a ser feliz, sino que hay estudios que han demostrado que ayuda a tener éxito personal y laboral. De ahí la importancia de incluir la felicidad como un medio efectivo para lograr el aprendizaje. Seligman afirma que la felicidad puede aprenderse y ponerse en práctica, que, para experimentar bienestar, las personas necesitan sentir emociones positivas como la paz, la gratitud, la satisfacción, el disfrute, la esperanza, la curiosidad y el amor

Seligman define la psicología positiva como el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus motivaciones y capacidades.

Al decir de la psicóloga Lea Waters enseñar psicología positiva en las escuelas es un antídoto para la depresión, mejora estados positivos para la satisfacción en la vida e impulsa la creatividad y el aprendizaje.

En el distrito que represento, se han realizado diversas encuestas a las y los jóvenes de educación media superior con respecto a ¿qué les hace feliz? Las respuestas consideran entre otros aspectos: tener una familia, convivir con sus compañeras o compañeros, practicar algún deporte, atender una mascota, hacer ejercicio, aprender cosas nuevas, ir a la escuela y tener expectativas de desarrollo personal a futuro, destaco que, varias de estas respuestas están íntimamente vinculadas con su actividad escolar.

Un escenario posible en lo educativo es lograr que alumnas y alumnos al igual que las maestras y maestros sean felices en las aulas, porque de esta manera aprenderían mejor unos y otros enseñarían, orientarían o conducirían mejor dicho proceso.

En este sentido, es vital considerar a la familia, que debe ser el principal motor para alcanzar la felicidad plena y autentica, así como la convivencia con los amigos les hace estar contentos partiendo de que la convivencia escolar debe ser: democrática, sana, pacífica; entendida como una relación social tal como lo menciona la nueva escuela mexicana (NEM) y el Marco Curricular Común (MCCEMS). Asimismo como seres humanos requieren y necesitan socializar sus emociones. (SEP. DOF; Acuerdo 17/08/22).

Las familias son durante el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, un factor determinante en la búsqueda de la felicidad y esto se puede lograr con acciones sencillas que implican de entrada, la conciencia de la importancia de la familia en la consecución de la felicidad, una comunicación efectiva, demostrar amor incondicional, comprensión, educar con valores y límites. Generar esta conciencia de la importancia de la familia puede ser resultado de la aplicación de la psicología positiva en las escuelas, de implementar la felicidad como medio para el bienestar y en consecuencia para lograr aprendizaje y crecimiento personal.

En esta tesitura se precisa definir que es la felicidad, tarea no menor, Hans Kelsen en su obra ¿Qué es la justicia? al tratar de definir la justicia y la complejidad de definirla realiza un silogismo con la felicidad para dejar claro que la justicia al igual que la felicidad son totalmente subjetivas, porque, lo que puede hacer feliz a una persona puede no hacer feliz a otra.

La UNESCO reconoce esta subjetividad en la felicidad al tiempo de reconocer que su definición varía según las culturas.

Así, podemos para efectos de la presente iniciativa reconocer la subjetividad de la felicidad y definirla como una emoción o conjunto de emociones que se asocian a cuestiones positivas que son útiles para combatir las emociones negativas y que permite generar bienestar, podemos afirmar válidamente que existe una relación simbiótica entre felicidad y bienestar, el bienestar produce felicidad y la felicidad produce bienestar.

Tal y como se ha expresado con anterioridad esta iniciativa no es ajena ni desconoce el trabajo que actualmente se realiza para desarrollar habilidades socioemocionales, sin embargo, la propuesta que se realiza tiende efectivamente a implementar en la educación la felicidad como un medio para el aprendizaje y en suma para el bienestar.

Esta idea ya es aplicada por la UNESCO en su programa “Escuelas felices”. La UNESCO entiende por escuela feliz un lugar que favorece el aprendizaje, la salud y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades.

La iniciativa de escuelas felices de la UNESCO ayuda a las partes implicadas en educación a situar la felicidad del alumnado y el cuerpo docente, no como una contrapartida de los logros académicos, sino más bien como una plataforma integral desde la que se mejoren y amplíen las experiencias y los resultados del aprendizaje. Éste puede ser un ingrediente clave de las experiencias escolares felices, creando así un círculo virtuoso que vincule felicidad y aprendizaje.

La UNESCO plantea que, al dar prioridad a experiencias atractivas y colaborativas en la escuela probablemente se podrán mejorar los resultados del aprendizaje. La felicidad en la escuela es un factor importante para garantizar que todos los alumnos completen una educación primaria y secundaria gratuitas, equitativas y de calidad con resultados de aprendizaje pertinentes y eficaces para 2030 cumpliendo así uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocido como meta 4.1. por la propia UNESCO.

Dentro de este contexto la Secretaría de Educación Pública desarrolla la nueva escuela mexicana en un Plan de 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edad para los que la educación es obligatoria. Así, la NEM es la institución del Estado mexicano responsable de la realización del derecho a la educación en todo el trayecto de vida de las y los mexicanos. Esta institución tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación hasta concluir sus estudios, adaptado a todas las regiones de la República.

La NEM se caracteriza por una estructura abierta que integra a la comunidad. Prioriza la atención de poblaciones en desventaja (por condiciones económicas y sociales), con la finalidad de brindar los mismos estándares, para garantizar las mismas oportunidades de aprendizaje a todas y todos los mexicanos. Garantiza condiciones de excelencia en el servicio educativo que proporciona en cada nivel, modalidad y subsistema; así como en cada localidad, municipio y entidad con el fin de lograr el bienestar y la prosperidad incluyente.

La reforma a los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, que impulsará la Nueva Escuela Mexicana. Se reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas con identidad propia que tienen garantizado el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, culturales y educativos, igual que las maestras y los maestros, las autoridades educativas y el resto de la sociedad.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos activos de la educación; con sus acciones cotidianas ejercen su derecho a transformar la realidad a través de una educación integral que se despliega en todos los espacios de la escuela, no sólo en el aula.

El Estado está obligado a garantizar este derecho desde el nivel inicial hasta la educación superior vigilando, especialmente, que las y los estudiantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, mujeres, personas con alguna discapacidad y los sectores marginados del país, tengan condiciones para ejercer su derecho a la educación en todos sus niveles, tipos y modalidades.

La nueva escuela mexicana menciona como aprendizaje activo que la innovación y creatividad, deben ser un requisito fundamental primordial e imperativo para impartir el conocimiento y que el aprendizaje sea significativo, en el día a día, se continúa empleando estrategias de enseñanza rigurosa, mecánicas y tradicionales; si un alumno no aprende cosas que le signifiquen algo, se van a ir del plantel; por ello, los aprendizajes deben ser significativos y situados, para que cuando los pongan en práctica, fuera del salón, fuera de la escuela, en su contexto, en la calle, en la tienda, en la cancha de futbol, en cualquier lugar en el que se encuentren, al aplicar ese conocimiento, el aprendizaje adquiere un verdadero sentido y significado; y aprender, se convierte en una verdadera experiencia de vida, también eso le hará feliz y estará a gusto en la escuela.

Planteamiento que la iniciativa pretende

Los sistemas educativos actuales están sometidos en su mayoría, a problemas en el aprendizaje, al analfabetismo y al retraso educativo; al abandono escolar de niñas, niños y jóvenes, la desigualdad en las sociedades que afecta al aprendizaje, el flagelo de la salud y la afectación al bienestar, las tecnologías digitales y el desajuste entre la educación y el empleo. Los responsables de la toma de decisiones en educación enfrentan el reto de definir la prioridad entre la diversidad de necesidades que plantea el proceso de aprendizaje y los fenómenos del mismo aprendizaje, que compiten entre sí.

Estas competencias, requieren planteamientos políticos, económicos y sociales, y, sobre todo, la promoción integral del concepto “Escuelas Felices”, para enriquecer y fortalecer los preceptos y acciones del aprendizaje.

Esto, es un elemento fundamental y objetivo, es la parte medular de las experiencias escolares felices, creando con ello, un espacio con virtudes socioemocionales, que enlaza la felicidad y al aprendizaje.

En síntesis, la UNESCO expresa por escuela feliz a un espacio que favorece al aprendizaje, a la salud y al bienestar de las personas, de las familias y de las comunidades; por tanto, eso es lo que pretendo con la presente, apoyar los cuatro pilares de las escuelas felices, (personas, procesos, lugares y principios), para ayudar a los que deciden en la educación, a desglosar y entender el concepto de felicidad en las escuelas con criterios que puedan traducirse en medidas para aceptar en el sistema global del aprendizaje.

Esta propuesta, pretende insertar nuestro sistema educativo en esta corriente para sumarlo efectivamente a las estrategias implementadas por organismos como la UNESCO, esta iniciativa se presenta como un punto de partida, como la base a considerar para que se genere debate y conclusiones que se conviertan en la aplicación de estrategias que propicien que acudir a la escuela, sea una experiencia feliz y productiva, que permita mejorar el desempeño académico de las y los docentes, de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.

Las escuelas felices contribuyen a alcanzar los objetivos del desarrollo unido del aprendizaje, dando prioridad a las experiencias atractivas y colaborativas en las instituciones educativas, mejorando los resultados de la enseñanza y el aprendizaje. La felicidad es un factor importante para garantizar que todas las alumnas y alumnos completen la educación primaria, secundaria, media superior y superior gratuitas, equitativas, de calidad, con resultados de un aprendizaje óptimo, eficaz y con amor, tal como lo establece el humanismo mexicano.

Asimismo, que se amplíe a las y los docentes, las alumnas y alumnos de cualquier escuela, manteniendo espacios y prácticas felices que tengan enfoques que abarquen todo el sistema como integrar en la currícula un tiempo para brindar actividad a las y los alumnos, a las y los docentes tales como la yoga y les permita unos minutos de relajación par que ejerzan un mejor desempeño toda vez que este ejercicio activa los neurotransmisores u hormonas que generan la felicidad como son la serotonina, endorfinas, oxitocina y la dopamina, esto con el fin de replantear la educación desde la óptica de escuela feliz e inculcando un valor importante que es el amor, tomando como punto de definición a las personas, los procedimientos, los lugares y los principios que propicien, que ir a la escuela, sea una experiencia feliz y productiva.

La esencia primordial del presente proyecto, el cual, argumento a través del siguiente esquema:

Por tanto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje educativo a traves de la felicidad

Único. Se reforman el artículo 11, la fracción I del artículo 12, la fracción IX del artículo 15, se reforma la fracción IX del artículo 16, se reforma la fracción VI del artículo 18, se reforma el primer párrafo al artículo 24 y se reforma el primer párrafo al artículo 59 todos de la Ley General de Educación, para quedar como se indica a continuación:

Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad implementando la felicidad como un medio para fortalecer la enseñanza.

Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para:

I. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo a través de acciones que impulsen la felicidad como complemento para fortalecer el aprendizaje colaborativo;

II. a V. ...

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país, implantar la felicidad como un medio para fortalecer la enseñanza y lograr un mejor aprendizaje para el bienestar de los educandos, y

X. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país.

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Además, responderá a los siguientes criterios:

I. a VIII. ...

IX. Será integral porque educará para la vida y estará enfocada al desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social a través de la implementación de acciones que fortalezcan la felicidad en la enseñanza y el aprendizaje educativo, y

X. ...

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente:

I. a V. ...

VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de contenidos y formas, implantando la felicidad como un medio para fortalecer la enseñanza y lograr un mejor aprendizaje para su bienestar, el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;

VII. a XI. ...

Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación media superior promoverán el desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales, a través de aprendizajes significativos e implantando la felicidad como un medio para fortalecer la enseñanza y lograr un mejor aprendizaje en áreas disciplinares de las ciencias naturales y experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así como en áreas de conocimientos transversales integradas por el pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, la educación física y el aprendizaje digital.

...

...

Artículo 59. En la educación que imparta el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza a través de la implementación de acciones que fortalezcan la felicidad como un medio para el aprendizaje.

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/ instruments/convention-rights-child

2 González Hernández Juan Antonio. La felicidad como un medio para lograr el aprendizaje. Diálogos desde la experiencia: una docencia en movimiento. Editorial Tranding Edition. México 2023 p. 165

3 PISA In focus 24

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/ 2013/01/what-do-students-think-about-school_g17a2235/bdc 8238f-es.pdf

4 Instituto de la Estadística de la UNESCO (UIS) (2016). Habilidades para el progreso social: El poder de las habilidades sociales y emocionales. Traducción española del original OECD (2015). Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills. Montreal: UIS.

5 Íbid.

6 Íbid.

7 Íbid.

8 Waters Lea Conferencia Educación Positiva; Ciencia y Práctica. Instituto de Ciencias del Bienestar Integral Universidad Tecmilenio.

https://cienciasdelafelicidad.mx/videos.html

9 UNESCO “Escuelas Felices” para un mejor aprendizaje.

https://www.unesco.org/es/node/71558

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de marzo de 2025.– Diputados y diputadas: Juan Antonio González Hernández, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, Karina Margarita del Río Zenteno, María de los Ángeles Ballesteros García, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Mónica Herrera Villavicencio, Nora Yéssica Merino Escamilla, Rafaela Vianey García Romero, Rosario del Carmen Moreno Villatoro, Zenyazen Roberto Escobar García (rúbricas).»